«Iniciativa que reforma el artículo 30 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, César Agustín Hernández Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa por el que se reforma la fracción la fracción VIII del artículo 30 de la Ley General de Educación , de conformidad con la siguiente

La atención por la pandemia del Covid-19 se ha centrado prioritariamente en la prevención, detección y respuesta al virus, sin embargo, más allá de la morbilidad y la mortalidad, también estamos acumulando efectos secundarios, muy graves. Uno de ellos, es el deterioro de la salud mental de las niñas, niños y adolescentes que, de no ser cuidada, atendida y acompañada, sus consecuencias podrían ser fatales.

Evidentemente, la forma de apreciar y vivir la vida ha cambiado radicalmente para todos, debido al confinamiento, las restricciones a la movilidad, la pérdida del empleo o de fuentes de ingresos, el incremento de la violencia familiar tanto física, psicológica como sexual, el padecimiento de la propia enfermedad, la muerte de familiares o amigos; así las personas estamos experimentando: angustia, miedo, incertidumbre, desconfianza, tristeza, vulnerabilidad, necesidad de supervivencia e incluso duelos.

Aunado a lo anterior, las niñas, niños y adolescentes, además, se han enfrentado a la suspensión de las clases que los alejo de sus amigos, maestros y personal de la escuela, debiendo tomarlas por medios tecnológicos, lo que en algunos casos generó una gran brecha de desigualdad en varios aspectos, como: la brecha digital ya que no todos cuentan con computadora, conexión a internet o incluso con una televisión o señal de transmisión en casa, lo cual en algunos casos se ha convertido en una limitante para los educandos.

De igual manera, hay infantes que se han enfrentado a la perdida de seres queridos, (habiendo incluso quienes quedaron en estado de orfandad), otros, desgraciadamente están sufriendo violencia familiar, física, emocional o incluso sexual, sin olvidar una posible mala nutrición; hay quienes incluso, están cayendo en adicciones a sustancias psicotrópicas y desgraciadamente también existen datos de niños que han incurrido en el suicidio.

Los registros e informes están arrojando datos duros direccionados especialmente con nuestros menores, los cuales, muestran el panorama al que debemos hacer frente, pues las afectaciones a la salud mental de las niñas, niños y adolescentes no es cosa menor, como Legisladores debemos estar comprometidos con su futuro y su calidad de vida, no debemos olvidar que: los niños son el futuro del mañana.

A continuación, se exponen algunos datos de lo que nuestros menores están enfrentando a consecuencia de esta pandemia.

Violencia familiar

“En México, hay una dura realidad para 52.8 por ciento de las niñas, niños y adolescentes de entre 1 y 14 años, pues han experimentado métodos de disciplina violenta (manazos, nalgadas) en sus hogares, lo cual ha dejado graves secuelas para su desarrollo.” 1

Por su parte, el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración presentó en agosto del presente año, un Informe denominado “Impacto de la pandemia en niños y niñas” en el cual precisó que:

– “Durante el primer semestre de 2021, se registraron 129 mil 20 carpetas de investigación por violencia familiar; un aumento de 24 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior revirtiendo la tendencia descendente en el delito.

– En el primer semestre de 2021, los casos por parentesco alcanzaron el 65.96 por ciento.

– Las niñas y adolescentes son las más violentadas (92.81 por ciento).” 2

Lesiones por violencia

En cuanto a este tipo de delito contra niños, niñas y adolescentes el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, señaló los siguientes datos:

– “En 2020, 75.78 por ciento de las lesiones ocurrieron en el hogar.

Fuente. Informe “Impacto de la pandemia en niños y niña.” Ver https://www.unicef.org/mexico/media/5966/file/Documento%20informe%20anual%20202 0.pdf

– En el 73.29 por ciento de los casos, la persona responsable tenía algún parentesco con la víctima.

– El 81.6 por ciento de las víctimas fueron niñas y adolescentes mujeres.

– Durante el primer semestre de 2021, los casos por parentesco alcanzaron el 65.96%. Las niñas y adolescentes son las más violentadas (92.81 por ciento).

– Tipos de violencias (enero a julio 2021):

- 37.85 por ciento violencia psicológica.

- 29.69 por ciento violencia sexual.

- 26.33 por ciento violencia física.

- 4.51 por ciento Abandono o negligencia.

- 1.63 por ciento violencia económica.” 3

Salud mental

En el Informe Anual 2020 para México, el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, (UNICEF), en el país, Christian Skoog, señaló que “con el distanciamiento social y la educación a distancia, las niñas, niños y adolescentes han tenido que cambiar drásticamente sus rutinas y la interacción con sus compañeros de clase y amigos, además de que “el confinamiento prolongado ha afectado su salud mental y emocional, por lo que han mostrado señales de irritabilidad, ansiedad, estrés y falta de concentración.” 4

Por su parte, la encuesta #ENCOVID19CDMX, desarrollada por el Gobierno de la Ciudad de México, “registra altos niveles de ansiedad y depresión entre las personas entrevistadas. En diciembre 2020, 32 por ciento presentaban síntomas severos de ansiedad y 25 por ciento de depresión.” 5

En este mismo orden de ideas, un sondeo rápido realizado en el 2020 por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, (UNICEF), sobre el “impacto del Covid-19 en la salud mental de adolescentes y jóvenes,” en el que se amplificó las voces de 8 mil 444 adolescentes y jóvenes de 13 a 29 años en nueve países y territorios de la región, da cuenta de los sentimientos que los adolescentes enfrentaron en los primeros meses de respuesta a la pandemia y la situación en el mes de septiembre 2020, aportando los siguientes datos:

– “ 27 por ciento reportó sentir ansiedad y 15 por ciento depresión en los últimos siete días. Para el 30 por ciento, la principal razón que influye en sus emociones actuales es la situación económica.

– 46 por ciento reporta tener menos motivación para realizar actividades que normalmente disfrutaba.

– 36 por ciento se siente menos motivada para realizar actividades habituales. Esto es 1 de cada 2 siente menos motivación.

– 43 por ciento de las mujeres se siente pesimista frente al futuro.” 6

Adicciones

El Informe sobre la Situación de la Salud Mental y el Consumo de Sustancias Psicotrópicas en México 2021, elaborado por la Secretaría de Salud, (Ssa) en coordinación con la Comisión Nacional contra las Adicciones, (Conadic), refiere lo siguiente:

– “El consumo de sustancias es el mayor problema de salud pública respecto a los temas de salud mental, tal vez a la par o incluso por encima; condiciones como la depresión y la ansiedad son altamente incapacitantes y deben ser atendidas con el mismo nivel de prioridad.

– Los usuarios de sustancias psicoactivas que demandaron tratamiento presentaron una edad promedio de 25.4 años, de los cuales 8.26 por ciento de los usuarios fueron menores de edad (11 a 17 años), y 15.8 por ciento eran estudiantes.

– En relación con la historia de consumo y acceso al tratamiento, los usuarios iniciaron el consumo de cualquier sustancia psicoactiva (incluyendo alcohol y tabaco) en promedio a los 13.6 años, la sustancia de impacto la comenzaron a usar en promedio a los 16 años, es decir, pasaron solo 2.5 años entre la experimentación y el consumo de la sustancia de preferencia.

– En 2020, 1,735 personas fallecieron teniendo como causa asociada el consumo se sustancias psicoactivas, de los cuales 109 fueron menores de 19 años equivalente a 10 por ciento.” 7

Suicidio

“A escala mundial, más de 800 mil personas se quitan la vida, lo que equivale a que se ejecuta 1 muerte cada 40 segundos. La OMS también refiere que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años, después de los accidentes de tránsito. En los adolescentes de 15 a 19 años, el suicidio es la segunda causa de muerte entre las niñas (después de las afecciones maternas) y la tercera entre los niños (después de los accidentes de tránsito y la violencia interpersonal).” 8 La población de niños, niñas y adolescentes es la que más corre peligro de tener conductas suicidas. Además, se ha señalado que, por cada suicidio, aproximadamente hay 20 personas que lo intentan. 9

En relación con el suicidio en niñas, niños y adolescente, el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, del informe citado con antelación, preciso los siguientes datos:

– “En 2020, hubo 1 mil 150 suicidios de niños y niñas, (cifra récord).

– La tasa de suicidios en niños y niñas aumentó 12 por ciento (de 4.63 a 5.18) entre 2019 y 2020, llegando a un máximo histórico.

– Los suicidios de niñas y niños entre 10-14 años aumentaron 37 por ciento y 12 por ciento en adolescentes mujeres entre 15 y 19 años.

– El pensamiento suicida en adolescentes aumentó de 5.1 por ciento a 6.9 por ciento de 2018 a 2020.

– La conducta suicida en adolescentes aumentó de 3.9 a 6.0 por ciento, de 2018 a 2020.” 10

A mayor abundamiento, a causa de la enfermedad por el Covid-19 muchos infantes han sufrido la pérdida de sus cuidadores primarios o secundarios. “Entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de abril del 2021, 32 niños se quedaron sin ambos tutores, más de 33 mil perdieron a su madre, y 97 mil a su padre. A esto se suma que 9 mil 807 padecieron la pérdida de alguno de sus abuelos.” 11 Los niños huérfanos o desprovistos de sus cuidadores a menudo se enfrentan a consecuencias adversas como el estigma social, la depresión, angustia, discriminación, entre otras.

Con base en lo anterior podemos arribar a las siguientes conclusiones:

– El distanciamiento social y la educación a distancia, las niñas, niños y adolescentes han tenido que cambiar drásticamente sus rutinas y la interacción con sus compañeros de clase y amigos.

– El confinamiento, el estrés y la inseguridad económica contribuyeron a la vulnerabilidad de los niños frente a la violencia en sus hogares.

– El aumento de los niveles de estrés derivados de la inseguridad económica y alimentaria que han vivido las familias durante la pandemia contribuyó a que niños, niñas y adolescentes se enfrentaran a más episodios de violencia familiar.

Los trastornos de salud mental aumentan el riesgo de otras enfermedades y contribuyen a lesiones no intencionales e intencionales y en el peor de los casos llegar al suicidio.

Desde luego que la emergencia sanitaria por Covid-19 está generando importantes retos para la operación de los servicios de prevención, hoy, nos encontramos ante un momento clave para reestructurar el futuro de la niñez, además de replantear soluciones de manera innovadora para asegurarle a cada niña, niño y adolescente el acceso pleno a sus derechos.

Como podemos ver, urge brindar apoyo y acompañamiento a los educandos en temas de salud mental, y que mejor manera que incorporando estos temas en los planes y programas de estudio, pues sin duda lo que está pasando, está dejando huella en la memoria de nuestros niños, niñas y adolescentes, una marca que será imborrable, por lo cual estamos obligados a salvaguardar su derecho a la salud y a la educación en su conjunto.

Lo que se busca con esta iniciativa es incentivar el cuidado de la salud mental, la prevención de los trastornos mentales, sus consecuencias, así como la prevención, atención y posvención del suicidio en las niñas, niños y adolescentes.

El Estado está obligado a priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación, para tal efecto, debe garantizar el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional, en tal caso la salud mental se volverá un factor fundamental para resarcir daños del pasado, tener un mejor presente y prevenir en el futuro.

La depresión no tiene edad. Los ataques de pánico no son una exhibición. La ansiedad no es una exageración. La baja autoestima no es un juego. Sin lugar a dudas la salud mental es tan importante como la salud física. Con la vida no se juega.

Presento esta iniciativa, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Suicidio celebrado el 10 de septiembre, a fin de prevenir un tema sensible que viene afectando en el seno de las familias mexicanas, me refiero, precisamente al acto por el que una persona se quita vida, el cual, puede ser advertido sí desde el entorno familiar y educativo, ponemos atención en la salud mental de nuestros niñas, niños y adolescentes.

En razón de lo anterior, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 30 de la Ley General de Educación.

Artículo Único. Se reforma la fracción VIII del artículo 30 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 30. ...

I. a VII. ...

VIII. La promoción de estilos de vida saludables, la educación para la salud, incluyendo el cuidado de la salud mental, la prevención de los trastornos mentales, sus consecuencias, así como la prevención, atención y posvención del suicidio, la importancia de la donación de órganos, tejidos y sangre;

...

Único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Informe Anual 2020, UNICEF. Página 39, ver

https://www.unicef.org/mexico/media/5966/file/Documento%20inform e%20anual%202020.pdf

2 Informe Anual 2020, UNICEF, pág. 26 y 27. Ibidem

3 Ídem

4 Informe Anual 2020, UNICEF, pág. 26 y 27. Ibidem

5 Encuesta #ENCOVID19CDMX, realizada por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social (Evalúa Ciudad de México) en colaboración con UNICEF (el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide) de la Universidad Iberoamericana. ((Levantamiento realizado entre el 29 de noviembre y el 10 de diciembre de 2020). Ver

https://coronavirus.onu.org.mx/covid-19-cdmx-y-unicef-publican-r esultados-de-nuevo-levantamiento-de-encuesta-sobre-impactos-en-infancia-y-adole scencia

6 El impacto del Covid-19 en la salud mental de adolescentes y jóvenes. UNICEF. Ver

https://www.unicef.org/lac/el-impacto-del-covid-19-en-la-salud-m ental-de-adolescentes-y-j%C3%B3venes

7 Informe sobre la Situación de la Salud Mental y el Consumo de Sustancias Psicotrópicas en México 2021. Secretaría de Salud en coordinación con Comisión Nacional contra las Adicciones. Ver

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/648021/INFORME_PA IS_2021.pdf

8 Cada 40 segundos una persona se suicida. Organización Mundial de la Salud, 9 de septiembre de 2019. Visible en

https://www.who.int/es/news-room/detail/09-09-2019-suicide-one-p erson-dies-every-40-seconds

9 Salud mental, depresión y suicidio en personas adolescentes y jóvenes, 20 de septiembre de 2019. Visible en

https://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2014/05/dfensor_ 09_2017.pdf

10 Impacto de la pandemia en niños y niñas. Ibídem

11 México tiene 131 mil niños huérfanos por Covid: The Lancet. Ver notal en

https://www.arenapublica.com/politicas-publicas/mexico-tiene-131 -mil-ninos-huerfanos-por-covid-lancet

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2021.– Diputados y diputada: César Agustín Hernández Pérez, Ana Laura Huerta Valdovinos, Marcos Rosendo Medina Filigrana (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 42 Bis y adiciona el 46 Bis a la Ley Federal del Trabajo, suscrita por el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Víctor Manuel Pérez Díaz, diputado de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, y suscrita por las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 Bis de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

El pasado 31 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General, encabezada por el titular del Ejecutivo Federal, decretó emergencia sanitaria en nuestro país, a causa de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, en dicho decreto se acordaron diversas medidas extraordinarias, con el fin de evitar la dispersión y transmisión de dicho virus.

Además, se exhortaron a los distintos niveles de gobierno, para que implementaran estrategias en materia de salud y atender a los residentes de cada una de las entidades federativas, incluyendo a los distintos grupos económicos que conforman al sector productivo, y con ello adoptar de manera inmediata modalidades de teletrabajo o trabajo a distancia, sin que implique para los trabajadores realizar actos de manera presencial en actividades no esenciales.

Nuestro país se está enfrentando a una de las mayores crisis económicas que se ha presentado en las últimas décadas, y como consecuencia repercute directamente a los más desfavorecidos. El gobierno federal, demuestra su incapacidad para resolver las principales afectaciones económicas y sanitarias de México.

Uno de los ejemplos más llamativos son los dedicados a la industria del entretenimiento, a la compra y venta de alimentos preparados, o lugares enfocados a la recreación, dichos sectores han reportado pérdidas no solo económicas sino en reducir su plantilla laboral, para hacer frente a la crisis que los afecta, en su mayoría, a aquellos en los que se permitía la conglomeración de personas.

Ahora bien, la importancia de definir en la Ley Federal del Trabajo el concepto de actividades esenciales de acuerdo con la declaratoria de contingencia sanitaria permitirá a los trabajadores brindarles una certeza jurídica en cuanto a la emergencia que pueda llegar a presentarse. Por lo que, es necesario que los trabajadores, sujetos a la Ley Federal del Trabajo cuenten con herramientas jurídicas y garanticen sus derechos laborales.

La importancia de establecer las actividades esenciales en la Ley Federal del Trabajo deviene de un impulso por establecer el respeto a las garantías de los derechos laborales. La pandemia está afectando a muchos de los sectores productivos en varias partes del mundo; como referencia, de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo OIT, informó que en México el 44% de la plantilla laboral se encuentra en un riesgo muy alto de verse afectado, aproximadamente 24 millones de trabajadores puede que se les disminuya su salario. 1

Es por lo que, de acuerdo con la propuesta, las actividades relacionadas con el sector salud, por obvias razones, se considerarán como esenciales; el sistema de salud y sus derivados serán fundamentales para hacer frente a cualquier situación de emergencia con carácter sanitario. Además, con la inclusión del sector médico, las autoridades encargadas de normar los lineamientos deberán coordinarse de manera contundente y efectiva para hacer frente a la emergencia sanitaria.

La pandemia ha puesto en evidencia que la procuración e impartición de justicia no se puede suspender, esto para atender las demandas de los ciudadanos que requieren de más y mejores condiciones de seguridad. Por lo que, las fiscalías, el poder judicial y la seguridad pública tuvieron que implementar diversas medidas de higiene, y la aplicación de nuevas modalidades para atender a las posibles víctimas, a través de medios digitales en sistemas electrónicos.

Aunado a lo anterior, con esta reforma, los integrantes del sistema de procuración e impartición de justicia, podrán reforzar su rendición de cuentas ante la ciudadanía, como por ejemplo el establecimiento de líneas de acción para su actuación con la nueva modalidad, la implementación de tecnología que permita tanto a los ciudadanos como a las autoridades llevar a cabo las acciones judiciales correspondientes y por último, presentar de manera continua y permanente los informes sobre sus criterios y resoluciones en el sistema de justicia penal con base en el respeto a los derechos humanos ante la posible contingencia de emergencia sanitaria.

Es innegable que hay determinados servicios que por razón de su naturaleza no pueden ser interrumpidos, como son la venta de productos alimenticios, distribución de agua potable y gasolina, el uso de los servicios de telecomunicaciones, producción agrícola, servicios de transporte de pasajeros y de carga, servicios funerarios, entre otros. Por lo que se está garantizando que los productos y servicios de primera necesidad logren abastecer a la mayoría de la población en una época de emergencia.

Por último, de acuerdo con el Inegi, durante la contingencia sanitaria se perdieron poca más de 10 millones empleos; lo anterior al pasar la población ocupada en el primer trimestre de 2020 de 57 millones de personas a 47 millones de personas en el segundo trimestre de 2020.

Por lo anterior, y como parte de un Plan Integral de Reactivación Económica, es necesario contar con un seguro de desempleo a fin de garantizar un ingreso por una temporalidad de 4 meses y cuyo monto pueda cubrir por lo menos el costo de la canasta alimentaria, para de esta manera las familias mexicanas no queden desprotegidas al no tener un ingreso.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de la Honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto:

Decreto por el que se reforma el artículo 42 Bis y se adiciona un artículo 46 Bis de la Ley Federal del Trabajo

Único. Se reforma el artículo 42 Bis y se adiciona un artículo 46 Bis de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 42 Bis. En los casos en que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria, conforme a las disposiciones aplicables, que implique la suspensión de las labores, se estará a lo dispuesto por el artículo 429, fracción IV de esta Ley.

La declaratoria de contingencia sanitaria a que se refiere el párrafo anterior, deberá contener aquellas actividades que, por su naturaleza se realicen de manera presencial, estas podrán seguir funcionando u operando de manera total o parcial de conformidad con lo establecido por las autoridades sanitarias, considerando las siguientes actividades esenciales:

I. Las que son directamente necesarias para atender la contingencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud. También los que participan en su abasto, servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la disposición adecuada de los residuos peligrosos biológicos-infecciosos (RPBI), así como la limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención;

II. Las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en la defensa de la integridad y la soberanía nacionales; la procuración e impartición de justicia; así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal;

III. Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, el de recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados; servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada; guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos; telecomunicaciones y medios de información; servicios privados de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales; logística (aeropuertos, puertos y ferrocarriles), así como actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación;

IV. Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno, y

V. Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a saber: agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica.

Además de las fracciones establecidas anteriormente, las actividades económicas que puedan operar de manera parcial se podrán llevar a cabo bajo las medidas sanitarias establecidas por las autoridades correspondientes.

Artículo 46.- ...

Artículo 46 Bis. - En caso de que los trabajadores se vean afectados por la rescisión de las relaciones de trabajo contarán con un seguro de desempleo hasta por cuatro meses, de conformidad con lo dispuesto por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como dependencia responsable de la operación de los lineamientos aplicables.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social contará con ciento ochenta días naturales para emitir los lineamientos sobre la operación del Seguro de Desempleo.

Nota

1 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-riesgo-alto-por-la-pandemia-44-del- empleo-en-Mexico-OIT-20201009-0014.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.– Diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 51 Bis y reforma el 61 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por los diputados Lorena Piñón Rivera y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez y diputada Lorena Piñón Rivera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 51 Bis y reforma el artículo 61 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, al tenor de la siguiente exposición

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (AGONU) en su resolución 64/255 emitida 1 de marzo de 2010, proclamó el periodo 2011-2020 como Decenio de Acción para la Seguridad Vial, con el propósito fundamental de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el planeta, alentando acciones en los planos nacional, regional y mundial. 1

En consecuencia, la AGONU presentó Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011—2020”, 2 en cuyas consideraciones mencionaba que cada año, cerca de 1.3 millones de personas fallecían a raíz de un accidente de tránsito —más de 3 mil defunciones diarias— y más de la mitad de ellas no viajaban en automóvil. Entre 20 y 50 millones de personas más sufren traumatismos no mortales provocados por accidentes de tránsito, que constituyen una causa de discapacidad en todo el orbe. 90 por ciento de las defunciones por accidentes vehiculares tienen lugar en los países de ingresos bajos y medianos, donde se halla menos de la mitad de los autotransportes en todo el mundo. Entre las tres causas principales de defunciones de personas de entre 5 a 44 años figuran los traumatismos causados por el tránsito.

De acuerdo con estos antecedentes, la AGONU estimaba que sin medidas inmediatas y eficaces, dichos traumatismos se convertirán en la quinta causa mundial de muerte, con unos 2.4 millones de fallecimientos anuales. Ello se debe, en parte, al rápido aumento del mercado de vehículos de motor sin que haya mejoras suficientes en las estrategias sobre seguridad vial ni la planificación del uso del territorio. Se ha estimado que las colisiones de vehículos de motor tienen una repercusión económica de 1 a 3 por ciento en el producto interno bruto nacional. La reducción del número de heridos y muertos por accidentes de tránsito mitigará el sufrimiento, desencadenará el crecimiento y liberará recursos para una utilización más productiva.

Es claro que las unidades de autotransporte de carga juegan un rol muy importante en el traslado de mercancías entre los diferentes centros de consumo, tan sólo en México, más de 80 por ciento de los productos se transportan por este medio.

Existe una gran variedad de unidades vehiculares empleadas para el transporte de carga pesada, tanto por tamaño y capacidad como por tipo de carga (carga sólida, líquida, a granel, etcétera), dentro de esta diversidad se ubican camiones unitarios, unidades motrices y unidades de carga. Las unidades motrices, por su función, comúnmente llamados tracto camiones, requieren conectarse a unidades de carga (semirremolques), formando así una unidad articulada con capacidad automotriz, incluso es posible conectar varios semirremolques a un mismo tracto camión constituyendo de esta forma configuraciones multiarticuladas.

Si bien se han regulado sobre ciertas condiciones mecánicas que deben cumplir los vehículos de autotransporte de carga para poder circular con doble remolque como lo son: freno auxiliar de motor, sistema antibloqueo para frenos (ABS), suspensión de aire y dispositivo regulador de la velocidad (vehículo gobernado en su velocidad a través de la computadora del motor hasta una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora—km/h), pero este tipo de medidas no evitan que sigan ocurriendo accidentes, porque el tipo de frenos que tienen los tráileres no son aptos para detener de forma oportuna y eficaz el peso que trasladan, pues estudios realizados por académicos indican que el segundo remolque tarda hasta 7 segundos en comenzar con la activación del mecanismo de frenado, con una fuerza de fricción que obviamente contrarresta que se detenga el automotor y el primer contenedor articulado.

Los accidentes automovilísticos se pueden percibir diariamente en las diversas rutas de las carreteras federales o fuera de estas. Estos accidentes pudieron haberse ocasionado por diversos factores, entre los que podemos mencionar los siguientes: descompostura mecánica en el sistema de frenos, falta de capacitación de la persona que opera la unidad, falla en los neumáticos, avería en el sistema eléctrico de la unidad, accidentes causados por el poco control que se tiene sobre la segunda caja, invasión de carriles, etcétera.

Ahora bien, en México la mayor parte de los accidentes ocasionados, se deben a aquellos vehículos de carga; ya sea de semirremolque, remolque y doble remolque. Estos últimos causan en el país más de mil 600 accidentes al año y aproximadamente más de mil decesos. México ocupa el séptimo lugar entre los países con mayor número de accidentes viales, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Además, en 2017 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hizo una revisión a la regulación mexicana en materia de transporte de carga. 3 De acuerdo a su análisis, el transporte de mercancías por vía terrestre es el modo más importante en México, en términos de producción, volumen y empleo. Más de la mitad del valor del comercio internacional de México se realiza por vía terrestre, la mayor parte del mismo en la frontera con Estados Unidos de América (EUA). Los instrumentos regulatorios más importantes para el transporte terrestre se relacionan con seguridad, dimensiones de peso y tamaño, la importación de vehículos usados y las emisiones.

También se refiere que la fatiga de los conductores es una causa preponderante en accidentes. Casi todos los países miembros de la OCDE regulan la cantidad de horas al volante y los tiempos de descanso para los choferes comerciales, pero no existen límites legales sobre tiempos de manejo continuo en México.

Los vehículos pesados en México son usados e importados particularmente de EUA, y con frecuencia se trata de vehículos con varios años de uso y que probablemente estén equipados con estándares más bajos en términos de seguridad y tecnología de control de emisiones.

México tiene uno de los récords más bajos en seguridad de carreteras dentro de los países miembros de la OCDE, en términos de fallecimientos y lesiones graves per cápita por vehículo. La falta de recursos para la aplicación y la coordinación inadecuada entre oficinas gubernamentales son características comunes en México. La regulación sobre pesos y dimensiones en México fue revisada y actualizada recientemente. Los cambios en los límites de pesos y dimensión de camiones tienden a ser un tema controversial en los países miembros de la OCDE, debido a que existen puntos de vista muy fuertes por parte de los actores involucrados con puntos de vista contrarios.

Así la OCDE expuso sus siguientes recomendaciones:

– Aumentar los recursos disponibles para aplicación y verificación del cumplimiento de la regulación.

– Completar y adoptar, como asunto prioritario, la regulación sobre horas de servicio.

 – Introducir estándares de emisiones en la regulación para vehículos importados de segunda mano

– Fundamentar cualquier cambio en los límites de peso y dimensión en evidencia empírica que permita realizar un análisis costo-beneficio sobre los cambios propuestos.

Los datos más recientes del Anuario Estadístico de Accidentes en Carreteras Federales (2019) del Instituto Mexicano del Transporte, 4 que se refiere exclusivamente a la red carretera vigilada por la Guardia Nacional (GN) durante 2019. Reportaron 12 mil 56 siniestros que dejaron un saldo de 3 mil 44 personas fallecidas en el lugar de la colisión y 8 mil 501 lesionados; los daños materiales ascienden a mil 175 millones de pesos. La movilidad en la red analizada, de casi 50 mil kilómetros de longitud, se cuantificó en más 157 mil millones de vehículos-kilómetro.

De los 12 mil 56 siniestros registrados, participaron 19 mil 388 vehículos —entre los que se incluyen vehículos ligeros (12 mil 199), articulado (2 mil 346), camión unitario (mil 514), motocicleta (mil 82), doble articulado (844), camión de pasajeros (mil 514), bicicleta (98) y otros (906, incluye no identificados, diversos y ferrocarril).

En los saldos absolutos destacan Veracruz (mil), Guanajuato (742) y Jalisco (633), que agrupan 2 mil 375 colisiones que dejaron un saldo de 607 fallecidos y mil 595 lesionados. Un indicador que refleja la severidad de las colisiones es la relación entre el número víctimas (muertos y lesionados) y el número de percances con víctimas; en este rubro sobresalen Sonora, Durango y Michoacán.

Para ampliar la magnitud de los accidentes más allá de las carreteras federales, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) 5 registró 362 mil 596 en 2019 a nivel nacional en estados, municipios y alcaldías, sin considerar la red carretera federal. De estos accidentes en carreteras estatales o en territorio de municipios y alcaldías, participaron 15 mil 65 vehículos de carga.

Del total de muertes registradas en 2019, 49.01 por ciento fueron conductores (2 mil 22), 24.19 por ciento pasajeros (998); 22.52 por ciento peatones (929) y 4.26 por ciento otro tipo de víctimas (176). Del total de heridos registrados en 2019, 46.88 por ciento corresponde a conductores (42 mil 997); 35.02 por ciento a pasajeros (32 mil 124); 14.83 por ciento a peatones (13 mil 609) y 3.25 por ciento a otro tipo de víctimas (2 mil 983).

Por otro lado, con base en datos más recientes, en México hay al menos 450 mil unidades de transporte de carga de los que casi 8 por ciento son camiones de doble remolque que además representan un deterioro progresivo a las carreteras del país por el desgaste que se produce al trasladar el peso de éstos.

En nuestro país se permiten los camiones de doble remolque de hasta 31 metros de largo, que va de punta a punta de la unidad con cargas que llegan hasta las 75.5 toneladas de peso. Si comparamos estas dimensiones y peso con otras naciones de primer mundo encontramos que:

- Canadá, establece como límite máximo 50 toneladas de carga en un vehículo de 25 metros de longitud máxima.

- En Alemania, Bélgica, España, Finlandia, Italia y Suiza, son 43 toneladas que además no rebasan los 20 metros de dimensión.

- EUA, autoriza para estos vehículos de transporte hasta un máximo de 24 metros de largo y el cual no debe exceder el peso de no más de 40 toneladas. Cabe considerar, que en varios estados de EUA estos camiones están estrictamente prohibidos. 6

Si realizamos una comparación entre la normatividad que tienen otros países con el nuestro, simplemente nos quedamos prácticamente vulnerables ante un accidente de tránsito, sobre todo porque hoy en día es común ver que estos camiones circulan en lugares en las cuales ponen en mayor riesgo a los automovilistas.

Al respecto, el 24 de febrero de 2018 entró en vigor la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017, sobre pesos y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal. Dicha norma establece que estas unidades deben de contar con espejos auxiliares, luces automáticas, frenos antibloqueo, sistema de localización de GPS, reducción de la velocidad máxima a 80 kilómetros y circular con un mínimo de 100 metros de separación con respecto a otros vehículos pesados, sólo por mencionar algunos de los protocolos que marca dicha norma. 7

De lo anterior resalta que los nuevos lineamientos contemplan que el peso bruto vehicular máximo para el tipo de camiones doble remolque sea de 66.5 toneladas, mismos que se podrán incrementar en 1.5 toneladas en cada eje motriz y una tonelada en cada eje de carga, que da como resultado un peso máximo de 75.5 toneladas. Finalmente, si se compara con los estándares internacionales, el país supera en gran medida las dimensiones de longitud y carga máxima.

En virtud de lo anterior, si hacemos un análisis entre la norma de 2014 y la actual, encontramos que el límite de peso de transporte para los camiones full 8 no cambia; de la anterior norma se preveía que los camiones fullque no cumplían con ciertas condiciones de seguridad sólo podían transportar hasta 66.5 toneladas y si las cumplían podían cargar hasta los 75.5 toneladas. Entonces el único cambio que se encuentra es que ahora es obligatorio para todos los camiones de doble remolque cumplir por lo estipulado en la norma, de lo contrario serán acreedores de las sanciones de dicha norma.

Pero no sólo son los camiones de doble remolque y su exceso de carga los que provocan accidentes, también tenemos aquellos camiones semirremolque y de carga sencilla, los cuales en los últimos años también han dejado grandes pérdidas humanas, materiales y económicas. Lo que destaca de estos vehículos es que por lo general vienen encarrilados y al perder el control o quedarse sin frenos, se estrellan con lo que encuentran a su paso. Tal y como ocurrió el 13 de abril de 2017, cuando un camión cisterna impactó un autobús de pasajeros en una carretera entre Michoacán y Guerrero, donde fallecieron 24 personas calcinadas.

Como se puede apreciar, en la mayoría de los accidentes ocurridos se ve involucrada una unidad de carga. Ante esto se puede apreciar que aun cuando el reglamento especifique el protocolo de seguridad para prevenir accidentes, ya se ha visto superado. Por lo que es necesario tomar medidas más severas que ayuden a fortalecer la seguridad de todos los ciudadanos que transitan a través de carreteras federales y fuera de estas.

La finalidad de esta iniciativa es eliminar el uso del transporte de doble remolque, como una condición de seguridad para las personas que viajan en otras unidades y los transeúntes, así como de los mismos operadores de dichas unidades, estableciendo que al convertirse en ley, haya un plazo de 12 meses para que salgan de la circulación los doble remolque y los empresarios del autotransporte articulado puedan hacer las adecuaciones necesarias para operar.

Finalmente, con el fin de disminuir los diversos acontecimientos que se han presentado en los últimos años y que han provocado la pérdida de vidas humanas, bienes materiales y pérdidas económicas, proponemos ante esta soberanía la siguiente reforma de ley, que se presenta en la siguiente tabla para su mayor entendimiento:

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 51 Bis y se reforma el artículo 61 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Único. Se adiciona el artículo 51 Bis y se reforma el artículo 61 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte federal, para quedar como sigue:

Artículo 51 Bis. Queda prohibida la circulación en carreteras y caminos del territorio nacional a unidades de autotransporte de carga con doble articulación, remolques o semirremolques.

Artículo 61. Los autotransportes de carga de procedencia extranjera deben cumplir con las dimensiones establecidas para circular en las carreteras y caminos del territorio nacional descritas en el artículo 51 Bis de la presente ley.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Se establece un plazo de 12 meses para que salgan de la circulación los vehículos de doble remolque, para que los empresarios del autotransporte articulado puedan hacer las adecuaciones necesarias para operar.

Segundo. A la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá de realizar de inmediato las adecuaciones a la NOM-012- SCT-2-2017 “Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las carreteras de jurisdicción federal”, de conformidad a lo estipulado en el presente ordenamiento.

Tercero. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto.

Notas

1 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (2010). Resolución 64/255 en sitio web:

https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road _traffic/UN_GA_resolution-54-255-es.pdf

2 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (2011). Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial  en sitio web:

https://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/plan_spanis h.pdf?ua=1

3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2017). Reporte sobre regulación mexicana en materia de transporte de carga en sitio web:

https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Resumen-Regulacion-Tr ansporte-Mexico.pdf

4 Instituto Mexicano del Transporte (2019). Reporte en sitio web:

https://imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/dt80.pdf

5 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2020). Reporte en sitio web:

https://www.inegi.org.mx/programas/accidentes/default.html# Tabulados

6 La Razón. (2018) ¡Basta ya! de camiones de doble remolque. Febrero 05, 2019, de La Razón Sitio web:

https://www.razon.com.mx/columnas/basta-ya-de-camiones-de-doble- remolque/

7 Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017, Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508944&fecha =26/12/2017

8 Los vehículos de doble remolque conocidos como full-tráiler

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2021.– Diputadas y diputado: Lorena Piñón Rivera, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Adriana Lozano Rodríguez, Alberto Villa Villegas, Alma Carolina Viggiano Austria, Ana Laura Huerta Valdovinos, Anabey García Velasco, Andrea Chávez Treviño, Antonio de Jesús Ramírez Ramos, Armando Antonio Gómez Betancourt, Arturo Bonifacio de la Garza Garza, Brenda Espinoza López, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, Cristina Amezcua González, Cristina Ruiz Sandoval, Daniela Soraya Álvarez Hernández, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Elvia Yolanda Martínez Cosío, Erika de los Ángeles Díaz Villalón, Esther Martínez Romano, Eufrosina Cruz Mendoza, Fernando Marín Díaz, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, Héctor Chávez Ruiz, Hiram Hernández Zetina, Javier González Zepeda, Jesús Alberto Velázquez Flores, Jesús Roberto Briano Borunda, Johana Montcerrat Hernández Pérez, José Guadalupe Fletes Araiza, José Miguel de la Cruz Lima, Juan Luis Carrillo Soberanis, Julieta Mejía Ibáñez, Karina Marlen Barrón Perales, Laura Lorena Haro Ramírez, Leonel Godoy Rangel, Lidia Pérez Bárcenas, Luis Edgardo Palacios Díaz, Marco Antonio Natale Gutiérrez, María del Refugio Camarena Jáuregui, María Magdalena Olivia Esquivel Nava, Mariana Erandi Nassar Piñeyro, Mariela López Sosa, Marisela Garduño Garduño, Miguel Sámano Peralta, Mónica Herrera Villavicencio, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Navor Alberto Rojas Mancera, Olga Juliana Elizondo Guerra, Óscar Gustavo Cárdenas Monroy, Otoniel García Montiel, René Figueroa Reyes, Roberto Carlos López García, Rodrigo Fuentes Ávila, Rodrigo Sánchez Zepeda, Rosa María González Azcárraga, Sayonara Vargas Rodríguez, Sofía Carvajal Isunza, Sonia Murillo Manríquez, Wendy Maricela Cordero González (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona los artículos 132 de la Ley Federal del Trabajo y 11 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, Jasmine María Bugarín Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan la fracción XVI Ter al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 11 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al tenor de la siguiente

De acuerdo con datos de la organización Inclúyeme, en América Latina hay 85 millones de personas con discapacidad. La mayoría de estas personas (80 por ciento) no nació con una condición de discapacidad, sino que la adquirieron entre 18 y 64 años de vida. 1 Lo anterior da cuenta de que todos estamos expuestos a sufrir alguna discapacidad a lo largo de nuestra existencia, ya sea temporal o permanentemente.

Las personas con discapacidad son uno de los sectores sociales que más barreras y dificultades enfrentan para acceder a derechos básicos como la educación y el empleo en nuestra región. Una muestra de lo anterior es que 3 de cada 4 personas con discapacidad en América Latina se encuentran desempleadas. 2

El derecho al trabajo es fundamental porque éste es el medio a través del cual las personas buscan asegurar la cobertura de sus necesidades básicas, por ello, constituye un elemento indispensable para asegurar el cumplimiento de otros derechos humanos.

El Estado tiene la obligación de generar las condiciones necesarias a fin de que todas las personas en edad de trabajar, incluidas aquellas que tienen alguna discapacidad, tengan un empleo, no sólo para acceder a una vida digna en el plano económico, sino como un medio para alcanzar la superación y la realización personales.

La diversidad es un valor y que la discapacidad es una forma más de la diversidad humana. Por lo anterior se debe impulsar la construcción de sociedades con entornos que tomen en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad con el propósito de garantizar que éstas puedan vivir una vida plena y enfrenten menos dificultades para acceder a la salud, a la educación, al empleo y a la protección social, rompiendo así con el innegable vínculo que hoy existe entre discapacidad, exclusión y pobreza.

Bajo esta lógica, los gobiernos de distintos países han intentado impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, enfocándose en los principios de igualdad de oportunidades y no discriminación, a través de la creación e instrumentación de diversas leyes, políticas públicas y programas.

México cuenta con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, expedida en 2011, la cual desde su creación contempla un capítulo relativo al Trabajo y al Empleo que establece lo siguiente:

Artículo 11. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad, que les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral. Para tal efecto, realizará las siguientes acciones:

I. Prohibir cualquier tipo de discriminación por motivo de discapacidad en la selección, contratación, remuneración, tipo de empleo, reinserción, continuidad, capacitación, liquidación laboral, promoción profesional y asegurar condiciones de trabajo accesibles, seguras y saludables;

II. Diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad atendiendo a su clasificación, en el sector público o privado, que protejan la capacitación, empleo, contratación y derechos sindicales, en su caso, de las personas con discapacidad;

III. Elaborar e instrumentar el programa nacional de trabajo y empleo para las personas con discapacidad, que comprenda la capacitación, creación de agencias de integración laboral, acceso a bolsas de trabajo públicas o privadas, centros de trabajo protegido, talleres, asistencia técnica, formación vocacional o profesional, becas en cualquiera de sus modalidades, inserción laboral de las personas con discapacidad en la administración pública de los tres órdenes de gobierno, a través de convenios con los sectores público, social y privado;

IV. Proporcionar asistencia técnica y legal a los sectores productivos, social y privado, en materia laboral de discapacidad, que así lo soliciten;

V. Revisar las normas oficiales mexicanas a efecto de permitir el pleno acceso y goce de los derechos en materia laboral establecidos por la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

VI. Fomentar la capacitación y sensibilización al personal que trabaje con personas con discapacidad en el sector público o privado;

VII. Promover medidas a efecto de que las obligaciones laborables no interrumpan el proceso de rehabilitación de las personas con discapacidad; y

VIII. Las demás que dispongan otros ordenamientos.

Por otra parte, también en el ámbito federal, se han instaurado diversos beneficios para estimular a las empresas a contratar personas con discapacidad como los que se enlistan a continuación:

– En 2003, a fin de fomentar el empleo de las personas con discapacidad, el Ejecutivo Federal propuso otorgar un incentivo que permitiera a los patrones deducir 20 por ciento del salario que recibe el trabajador con discapacidad que contrate. 3

– En 2014, se aumentó el porcentaje de deducción referido, el cual consiste en la posibilidad de deducir un monto equivalente al 100 por ciento del Impuesto sobre la Renta retenido y enterado de esos trabajadores, siempre y cuando el patrón esté cumpliendo las obligaciones contenidas en la Ley del Seguro Social y obtenga del Instituto Mexicano del Seguro Social el certificado de discapacidad del trabajador. 4

– Hoy, las empresas que contraten a personas con discapacidad pueden elegir entre el estímulo fiscal señalado en el párrafo anterior, o bien, deducir de los ingresos acumulables un monto adicional equivalente a 25 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas con discapacidad contratadas, siempre que cumplan con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley del Seguro Social (párrafo segundo del artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta). 5

– Adicionalmente, los empleadores pueden deducir el 100 por ciento de las adaptaciones realizadas en sus instalaciones que impliquen adiciones o mejoras que tengan como finalidad facilitar a las personas con discapacidad el acceso y uso de las mismas (fracción XII del artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta). 6

– Asimismo, en los procedimientos de obra pública y en la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios que utilicen la evaluación por puntaje, se otorgan puntos adicionales a aquellas empresas que comprueben que por lo menos el 5 por ciento de su personal son trabajadores con discapacidad contratados con seis meses o más de antigüedad (segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público). 7

En el mismo sentido, tanto el estado de Tamaulipas como la Ciudad de México son entidades que en el ámbito de su competencia otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que contratan personas con discapacidad.

En el primer caso se estima en 25 por ciento de subsidio al Impuesto sobre Nóminas cuando las empresas ocupan 10 por ciento o más de su planta de trabajadores con personas jóvenes, mayores o con capacidades diferentes y de 50 por ciento cuando ocupen 20 por ciento o más.

La Ciudad de México aplica descuentos que van de 20 a 30 por ciento sobre el pago de la tasa de 3 por ciento del Impuesto sobre Nóminas al patrón que demuestre tener en su plantilla laboral cuando menos a 20 por ciento de trabajadores con discapacidad, adultos mayores o madres solteras.

No obstante lo anterior, esto no ha sido suficiente para garantizar la inclusión laboral de todas las personas con discapacidad en el país. A pesar de que la Carta Magna establece en el artículo 1o. que todas las personas en México gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y que está prohibida la discriminación motivada por las discapacidades, lo cierto es que una parte significativa de las personas con discapacidad siguen enfrentando serias dificultades para acceder a lo que consagra el artículo 123 constitucional, es decir, el derecho de toda persona al trabajo digno y socialmente útil.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de los 115.7 millones de personas de 5 años y más que habitan en el país, 7.7 millones (6.7 por ciento) son consideradas como población con discapacidad. Este mismo documento muestra que existe una amplia diferencia en la tasa de participación económica entre la población que no tiene discapacidad y la que sí vive con alguna, pues en el primer caso alcanza 65.4 por ciento, mientras que para el segundo este indicador llega al 38.5 por ciento. 8

Además, cabe destacar que existe una brecha de ingresos considerable entre las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad, pues las primeras reciben por su trabajo el 66.5 por ciento de lo que ganan las segundas. 9

El hecho de que la tasa de personas con discapacidad desocupadas sea casi del doble que la correspondiente a la de las personas sin discapacidad se explica en buena medida por la existencia de ciertos estereotipos que nos hacen concebir a las personas con discapacidad como enfermas, no aptas, incapaces, improductivas, como una carga para las empresas, dependientes o como objetos de cuidado, lo cual no solo representa una idea falsa, sino también ofensiva y perjudicial para las personas que viven con alguna discapacidad.

Las personas con discapacidad pueden ser tanto o más productivas que las personas que no viven con alguna condición de este tipo. Además, al brindarles la oportunidad de devengar un salario, las personas con discapacidad potencian no sólo su capacidad productiva, sino su capacidad como consumidores de bienes y servicios, mejorando con ello la distribución del ingreso en una sociedad.

Para potenciar la empleabilidad de las personas con discapacidad algunos países han optado por establecer en su legislación sistemas de cuotas que obligan al sector público y a las empresas a incluir en sus plantillas laborales a un número determinado número de trabajadores con esta condición.

Este mecanismo surgió en Europa tras la primera Guerra Mundial y, al principio, los únicos beneficiarios eran los veteranos de guerra que habían quedado mutilados en actos de servicio, quedando exentos de esta obligación los pequeños empleadores. Tras la Segunda Guerra Mundial, los sistemas de cuotas se ampliaron para abarcar a los civiles discapacitados y se adoptaron en países de todo el mundo. La instauración de este tipo de sistemas se justifica porque ha demostrado ser efectiva para contrarrestar las bajas tasas de empleo que enfrentan las personas con discapacidad.

Alemania fue uno de los primeros países en adoptar en 1974 un sistema de cuotas. Actualmente, el Libro 9 del Código Social, de 2002, señala que los empleadores públicos y privados con al menos 20 empleados habrán de garantizar que al menos un 5 por ciento de ellos sean personas con discapacidad. Quienes no cumplen con la cuota obligatoria deben pagar una tasa compensatoria fija por cada puesto de la cuota no cubierto. Esta suma se destina a promover la rehabilitación y el empleo de personas con discapacidad y puede utilizarse, por ejemplo, para dar subvenciones a los empleadores que superen la cuota obligatoria o para ayudarles a sufragar los costes adicionales que ocasione la contratación de una persona con discapacidad. 10

En Austria, la Ley de Empleo para la Discapacidad exige a las empresas que proporcionen al menos un empleo a un trabajador con discapacidad por cada 25 trabajadores no discapacitados, una regla que se aplica estrictamente mediante una penalización por incumplimiento en forma de tasa compensatoria. El Fondo Compensatorio se utiliza para promover la inclusión de las personas con discapacidad en el empleo, por ejemplo, mediante subsidios salariales, subsidios para las adaptaciones en el lugar de trabajo y primas para los empleadores que superen su cuota obligatoria. 11

En el ámbito latinoamericano, Ecuador cuenta con un sistema de cuotas para el empleo de discapacidad que abarca tanto a los empleadores públicos como a los privados que tengan al menos 25 empleados. Desde 2010, las personas con discapacidad deben representar un 4 por ciento del número total de empleados. La legislación también incluye disposiciones relativas a las tasas por no respetar las cuotas establecidas. 12

Por su parte, en Japón la cuota para personas con discapacidad varía en función del índice de empleo a tiempo completo y del desempleo en el mercado de trabajo global. Los empleadores que dispongan de una fuerza de trabajo de 200 o más empleados regulares están obligados a pagar una tasa por cada empleado por debajo del nivel estipulado por ley de un 1.8 por ciento de la fuerza de trabajo total. 13

Finalmente, en Tailandia la Ley para la Participación Ampliada de las Personas con Discapacidad, de 2007, establece un cupo de empleo para los empleadores públicos y privados de una persona con discapacidad por cada 100 empleados. Los empleadores que incumplan las normas pueden ofrecer una concesión de su negocio, proporcionar ventas o servicios u ofrecer formación profesional para personas con discapacidad. Aquellos que incumplan estas opciones estarán obligados a efectuar un pago compensatorio.

La Ciudad de México considera desde hace años una cuota laboral para las personas con discapacidad en las entidades de la Administración Pública local, las cuales, de acuerdo al artículo 24 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, están obligadas a destinar 5 por ciento de las plazas de creación reciente y de las vacantes a la contratación de personas con discapacidad.

Lamentablemente, lo anterior no es aplicable al resto de las entidades federativas del país.

En este sentido, es importante recalcar que los estereotipos son en realidad barreras estructurales que impiden o limitan a las personas con discapacidad el ejercicio pleno de sus derechos. Al respecto, conviene resaltar que, de conformidad con un modelo social de la discapacidad con enfoque de derechos humanos, ésta debe ser entendida como “una problemática social que surge de la interacción de las personas con ciertas características (físicas, sensoriales, intelectuales, psicoemocionales) y la interacción con las barreras de su entorno (físicas o actitudinales)”. 14 Nuestra labor como legisladores es contribuir a retirar las barreras estructurales que afectan a las personas con discapacidad.

En virtud de lo anterior, el trabajo no puede ser visto como un favor o un acto de caridad que pueda otorgarse de manera arbitraria, pues se trata de un derecho humano inherente a todas las personas el cual permite a sus titulares vivir de manera plena e independiente.

Por lo expuesto, la que suscribe somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan la fracción XVI Ter al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 11 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Primero. Se adiciona la fracción XVI Ter al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

I. a XVI Bis. (...)

XVI Ter. Destinar, por cada 50 trabajadores, el cinco por ciento de las plazas de creación reciente y de las vacantes a la contratación de personas con discapacidad.

XVII. a XXXIII.- (...)

Segundo. Se adiciona el artículo 11 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 11. (...)

Artículo 11 Bis. Es obligación de todas las autoridades de la Administración Pública Federal y de la Administración Pública de las entidades federativas destinar el cinco por ciento de las plazas de creación reciente y de las vacantes a la contratación de personas con discapacidad.

Artículo 12. (...)

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase, “¿Por qué existimos?”, Incluyeme.com. Consultado el 13 de septiembre de 2021. Disponible en

https://www.incluyeme.com/

2 Ibídem.

3 Véase “Estímulos y beneficios para empresas que contraten personas con discapacidad”, Gobierno de la República, México, sin fecha. Disponible en

http://setracoahuila.gob.mx/descargar/EstimulosyBeneficios.pdf

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 Véase “Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre)”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, comunicado de prensa núm. 638/19, 2 de diciembre de 2019. Disponible en

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019 /discapacidad2019_nal.pdf

9 Véase “Sólo 39 por ciento de las personas con discapacidad tienen empleo; ganan 33.5 menos”, Aristegui Noticias, 7 de marzo de 2018. Disponible en

https://aristeguinoticias.com/0703/mexico/solo-39-de-las-persona s-con-discapacidad-tienen-empleo-ganan-33-5-menos-impunidad-cero/

10 Véase Organización Internacional del Trabajo, “Lograr la igualdad de oportunidades en el empleo para las personas con discapacidad a través de la legislación”, segunda edición, Suiza, 2014. Disponible en

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–-ed_emp/–-ifp_skills/d ocuments/publication/wcms_322694.pdf

11 Ibídem.

12 Ibídem.

13 Ibídem.

14 Véase Díaz Figueroa, Mariana. “El derecho al trabajo de las personas con discapacidad, elemento necesario para su efectiva inclusión social”, Impunidad Cero, marzo de 2018, 24 páginas. Disponible para descargar en:

http://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=56&t=el-derecho -al-trabajo-de-las-personas-con-discapacidad

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 12 de octubre de 2021.– Diputadas y diputados: Jasmine María Bugarín Rodríguez, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, Mónica Herrera Villavicencio, Pedro David Ortega Fonseca (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 58 y 116 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este honorable Congreso iniciativa con proyecto de decreto al tenor de los siguientes

La evolución histórico-legislativa de la industria eléctrica mexicana se compone por 5 etapas generales:

Primera etapa: tiene lugar a fines del siglo XIX, cuando se instalan las primeras plantas eléctricas en ríos o en aprovechamientos mineros y textiles; con la finalidad de autoabastecer los procesos industriales de los que formaban parte.

Segunda etapa: se presenta cuando los avances tecnológicos permiten distribuir para distancias cortas, líneas y transformadores de energía de bajo voltaje. Dando pie a la creación de empresas eléctricas municipales que abastecerán para el alumbrado y transporte público, para después dirigirse a consumidores comerciales y residenciales.

Tercera etapa: a mediados del siglo XX con mejores avances tecnológicos permiten construir grandes plantas generadoras que desarrollan los primeros sistemas de transmisión y transformación de altos voltajes que hacen posible los suministros de grandes volúmenes de energía para largas distancias.

Cuarta etapa: las mejoras a las infraestructuras de redes eléctricas aceleran el proceso de electrificación para otorgar mejor eficiencia y eficacia.

Quinta etapa: Siendo la última hasta el momento, es la que revoluciona a la industria eléctrica con base a la generación de energía a partir de fuentes renovables. Considerando lo más relevante la presencia de generadores independientes que venden fluido eléctrico a grandes consumidores o empresas eléctricas públicas que posteriormente crea un mercado eléctrico. 1

Dicho lo anterior en nuestro país nace la industria eléctrica en 1879, en el marco de los sectores minero y textil, pero el legislador tardará muchos años en la creación del primer marco normativo de carácter sectorial.

Durante el gobierno de Porfirio Díaz se reconoció al sector eléctrico con carácter de servicio público; colocándose las primeras lámparas “de arco” en la Plaza de la Constitución, comenzando así la iluminación en la Ciudad de México. Después de la Revolución Mexicana se volvieron a realizar el alumbrado público en distintas regiones del país, siendo que en 1937 había 18.3 millones de habitantes de los cuales sólo siete millones de mexicanos contaban con electricidad.

Aunado a lo anterior y a la existencia de empresas privadas de aquel entonces, que otorgaban servicio de suministro eléctrico que presentaban un bajo servicio de calidad y con precios muy elevados; por ello el gobierno federal creó el 14 de agosto de 1937 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el objetivo de organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 2

La Comisión Federal de Electricidad es una de las mayores empresas eléctricas gubernamentales del mundo con el objetivo de proveer el suministro de electricidad a todo el país, con base en los principios técnicos y económicos.

Conforme a la Ley de la Comisión Federal de Electricidad establece en el artículo 5 que:

La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado mexicano. 3

A pesar de la existencia de instituciones gubernamentales para el suministro eléctrico en el país, aún existían empresas privadas con concesiones otorgadas por los gobiernos anteriores y que a pesar de ello solo 44 por ciento del pueblo mexicano contaba con este servicio. Por lo que en 1960 el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica, convirtiéndose en un suceso histórico con la finalidad del brindar un servicio eficiente y de calidad para el pueblo mexicano, principalmente a las zonas rurales y más marginadas del país.

En el informe de gobierno del entonces presidente Adolfo López Mateos mencionó lo siguiente:

“...la política que se ha trazado el Ejecutivo (...) está encaminada a que, como en el caso del petróleo y de los carburos hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos, la prestación de servicios públicos de generación, transformación y abastecimiento de energía eléctrica, sea realizada por instituciones gubernamentales, órganos de la nación.

México ha sostenido tradicionalmente la tesis de que los recursos naturales y las fuentes de energía básicas, han de estar al servicio de la colectividad y de la elevación de los niveles de vida del pueblo mexicano”. 4

Las principales características del sector eléctrico mexicano son:

– Mejores prácticas internacionales de Gobierno Corporativo.

– Estrategias comerciales, financieras y de inversiones.

– Promoción de proyectos de gran magnitud y de mejora tecnológica.

– Adquisiciones prioritarias para un diagnóstico de su situación operativa y financiera.

En nuestro país la energía eléctrica es un bien final indispensable y 99 por ciento de las viviendas habitadas del país tienen electricidad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27 párrafo sexto establece lo siguiente:

“[...] Corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica”. 5

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) deberá regular y promover las actividades que establece la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética en su artículo 41, fracción III, que menciona:

“La generación de electricidad, los servicios públicos de transmisión y distribución eléctrica, la transmisión y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público y la comercialización de electricidad [...]”.

Por lo que es únicamente el Estado el único que tiene por objeto regular la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica.

A nivel nacional existen aproximadamente 226.4 millones de focos de los cuales las y los mexicanos utilizan 162.2 millones de focos ahorradores fluorescentes equivalente a 72 por ciento, 37.2 millones de focos incandescentes equivalente a 16 por ciento, y 27 millones de focos ahorradores LED equivalentes a 12 por ciento. 6

Dicho lo anterior en localidades menores a 15 mil habitantes, 30 por ciento de los focos son incandescentes y apenas se está incorporando los focos LED, lo que significa que aún falta mucho por recorrer para la integración de focos mucho más avanzados que los tradicionales.

Mapa 1. 7

El Proyecto Nacional para la Sustitución de Focos Incandescentes por Lámparas Fluorescentes Compactas desde su creación hasta el 29 de mayo de 2017 el Fideicomiso para el Ahorro de Energía (Energía) reportó los beneficios para el estado de Sonora:

– Lámparas programadas: 1 millón 43 mil 40 unidades.

– Lámparas entregadas acumuladas: 948 mil 530 unidades.

– Avance del programa de entrega: 90.9 por ciento.

– Beneficiarios atendidos: 189 mil 706 familias.

– Ahorro en consumo de energía: 56.8 gigawatts hora por año (GW/h/año). 8

Aunque el programa tenía una finalidad benéfica para el estado de Sonora, no fue suficiente el esfuerzo del Gobierno federal de aquel entonces para resolver la gran problemática de los altos consumos domésticos de energía eléctrica en la entidad.

México se encuentra dividido en tres regiones: la región cálida extrema que abarca el norte del país, la región templada que es el centro del país y por último la región tropical que se refiere al sur del país.

La región cálida extrema corresponde a las entidades federativas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; encontrándose la mayoría de ellos en la frontera norte con los Estados Unidos de América.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizó 43.5 millones de televisiones en uso en todo el país, además la mayoría de las familias mexicanas cuenta con algún electrodoméstico que necesita energía eléctrica para su funcionamiento.

Dicho lo anterior el uso frecuentemente de aparatos como focos, electrónicos o electrodomésticos; principalmente ventiladores, calefactores o aire acondicionado en aquellas zonas geográficas que por sus altas y/o bajas temperaturas sean indispensables para la vida cotidiana y la creciente urbanización en zonas que anteriormente eran consideradas rurales, ha expuesto la necesidad que aumente la distribución y suministro del servicio eléctrico.

En la capital del estado de Sonora 70 por ciento de los habitantes gastan en verano en promedio de mil 500 a 2 mil pesos por el uso frecuente e indispensablemente necesario de ventiladores y el restante 30 por ciento tiene recibos superiores a los 3 mil pesos.

Con la pandemia mundial generada por el virus SARS-CoV-2 o Covid-19 ocasionó un colapso en el sector salud, económico, laboral, educativo entre muchos otros que incluso cambió el estilo de vida como se tenía conocido, siendo de esta manera que nuestro país no fuera la excepción a esta tragedia global.

Que asimismo el Gobierno federal público en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se establece las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (Covid-19)”, estableciendo evitar la asistencia a centros de trabajo, la suspensión de actividades escolares, así como las actividades de los sectores público, privado y social a excepción de las actividades declaradas como esenciales. 9

Además, el Gobierno federal hizo el llamado a la población en general de las medidas de prevención sanitarias, así como la campaña pública de “Quédate en Casa” y la jornada nacional de “Susana Distancia”, para que de esta manera se disminuyera la propagación del virus.

La campaña pública de “Quédate en Casa” promovida a través de la Secretaría de Salud, tiene la finalidad de mitigar los contagios entre la población, lo que provocó que las y los ciudadanos aumentaran sus tarifas eléctricas domésticas.

El estado de Sonora no fue la excepción en el aumento de costos por el suministro eléctrico que además se encuentra geográficamente en una zona de clima extremo donde las temperaturas son muy altas en el día en donde los aparatos de ventilación son sumamente necesarios, pero que conllevan un alto consumo de energía eléctrica que se ve reflejado en los recibos.

De acuerdo con el Inegi en 2018 se registró que existían 774.2 mil habitantes en situación de pobreza, originado por los anteriores sexenios presidenciales. 10

Inclusive la pandemia que ha generado crisis económica, la luz eléctrica se volvió un servicio que no todos los mexicanos podrían pagar y los habitantes del estado de Sonora, específicamente el Distrito 2 Federal del Estado de Sonora que está compuesto por los municipios de Nogales, Agua Prieta, Arizpe, Bacoachi, Cananea, Cucurpe, Fronteras, Ímuris, Magdalena, Naco y Santa Cruz.

La mayoría son municipios donde prevalece principalmente la pobreza, aunado al clima extremo con temperaturas por encima de los 47 grados centígrados (° C), lo que resulta que la luz sea un lujo que los sonorenses no puedan costearse.

Mencionado todo lo anterior, propongo la iniciativa con reforma a la Ley de la Industria Eléctrica a considerar que se bajen los costos de tarifa eléctrica en las entidades que se encuentren geográficamente en zonas de clima extremo, como el estado de Sonora que cuenta con temperaturas muy altas y muy bajas en todo el año, y que aunado a ello miles de sonorenses en su mayoría se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Único. Se adiciona un párrafo segundo del artículo 58 y se reforma el primer párrafo del artículo 116 de la Ley de la Industria Eléctrica.

Artículo 58. (...)

La CRE promoverá ajustar las tarifas al menor costo en las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas que se ubiquen geográficamente en zonas de clima extremo.

Artículo116. La Secretaría establecerá políticas y estrategias para suministrar electricidad a las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas al menor costo para el país, además en las que se ubiquen geográficamente en zonas de clima extremo; en congruencia con la política energética prevista para el desarrollo del sector eléctrico y promoviendo el uso de las energías limpias.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Cortés, Josefina. Derecho Administrativo y Sector Eléctrico. 1a ed., México, Porrúa, 2007, pp. 41-43.

2 Comisión Federal de Electricidad. Historia de la CFE.

https://www.cfe.mx/nuestraempresa/pages/historia.aspx

3 Ley de la Comisión Federal de Electricidad, 2014.

4 De Rosenzweig, Francisco. El sector eléctrico en México. 1a ed., México, Porrúa, 2007, p. 14.

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2021.

6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares 2018.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encevi/2018/doc/en cevi2018_presentacion_resultados.pdf

7 Ídem.

8 Smart Energy Sonora. Mapa de Ruta de Energía de Sonora. 2017.

https://coees.sonora.gob.mx/images/archivos/mapa-de-ruta-de-ener gia-sonora-final-8-agosto.pdf

9 Diario Oficial de la Federación. Acuerdo por el que se establece las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), 24/03/2020.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha =24/03/2020

10 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Medición multidimensional de la pobreza en Sonora 2018.

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/PublishingImag es/Pobreza_2020/Cuadro_1_Sonora.JPG

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2021.– Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona los artículos 239-A a la Ley del Seguro Social y 154 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las y los suscritos, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente la iniciativa con proyecto de decreto en materia de pensión rural digna, con base en la siguiente

I. Las y los trabajadores del sector rural se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad a causa de los bajos ingresos que obtienen y de las carencias sociales que padecen, y que reproducen una dinámica de pobreza y falta de acceso a derechos fundamentales. Conforme a datos del informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), más de 16 millones de personas son trabajadoras del sector rural, 1 y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que más del 60 por ciento de los trabajadores de este sector cuentan con 40 o más años, y casi el 10 por ciento tienen entre 75 y 85 años. 2

Es fundamental destacar que el 45 por ciento de los trabajadores del campo son subordinados y remunerados, el 37.1 por ciento trabaja por cuenta propia, el 12.6 por ciento son trabajadores sin sueldo y tan solo el 5.3 por ciento son empleadores.

Los sueldos que se pagan son de aproximadamente 18.5 pesos por hora trabajada, y tan solo 7 de cada 100 trabajadores obtienen un aguinaldo 3 y la mayoría de los trabajadores no son afiliados a las instituciones de seguridad social a pesar de que la Ley del Seguro Social lo establece en el artículo 237-B de la manera siguiente:

“ Artículo 237-B.- Los patrones del campo tendrán las obligaciones inherentes que establezca la presente Ley y sus reglamentos, adicionalmente, deberán cumplir lo siguiente:

I. [...]

II. Comunicarán altas, bajas y reingresos de sus trabajadores, así como las modificaciones de su salario y los demás datos, en los términos del reglamento correspondiente, dentro de plazos no mayores de siete días hábiles; y

III. Expedirán y entregarán, constancia de los días laborados y de salarios totales devengados, de acuerdo a lo que establezcan los reglamentos respectivos.”

La realidad es que, de acuerdo con datos del Informe 2016 por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para el cierre del mes de abril tan solo existen 287,336 trabajadores eventuales del campo afiliados a este sistema, y en el régimen obligatorio como trabajadores eventuales se ubican 35,255 y tan solo 18,809 en el régimen voluntario. 4 Adicionalmente, se estima que casi 500.000 adultos mayores del campo reciben el apoyo del Programa de Pensión Universal para Adultos Mayores. No obstante, lo anterior, permanece un gran rezago en la cobertura de servicios de seguridad social y pensión para todos los trabajadores del campo.

Por ello, no sorprende que de acuerdo con la última Encuesta de Jornaleros Agrícolas 2019, “La población jornalera agrícola está entre los sectores más desprotegidos en materia de seguridad social: no tiene un acceso generalizado a los servicios de salud ni a los sistemas de seguridad social”. 5 En el mismo sentido, Coneval destaca que la carencia social más sobresaliente en el campo es no tener acceso a una pensión. 6

Asimismo, en el primer trimestre de 2019, trabajaron 6,591,243 personas en el sector primario, de las cuales 5,783,472 trabajan en la informalidad, o sea el 87.7 por ciento se emplea en actividades no reguladas bajo condiciones vulnerables que no garantizan sus derechos laborales como vacaciones, aguinaldo, acceso a instituciones de salud, entre otros que marca la ley.

En nuestro país existen 3 tipos de jornaleros, en primer lugar, las y los trabajadores del campo quienes viven y trabajan en el lugar de origen o donde radican, el segundo tipo las y los migrantes temporales que trabajan en la agricultura intensiva (cultivos de exportación en otras entidades federativas) y en el último los migrantes asentados en las regiones de agricultura intensiva. 7

La Ley del Seguro Social en su capítulo X de la Seguridad Social en el Campo, en sus artículos del 234 al 239 establecen la seguridad social a los jornaleros agrícolas de la siguiente manera:

– Que las mujeres y los hombres del campo que tengan el carácter de trabajadores    independientes, respecto de quienes no medie ninguna relación de subordinación laboral, los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios.

– Los trabajadores asalariados, eventuales y permanentes en actividades del campo, se comprenden en el artículo 12, fracción I, de esta ley y accederán a la seguridad social en los términos y formas que establezca la misma.

– El Instituto podrá verificar que los patrones del campo se encuentran al corriente en cuanto al cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivadas de esta ley, previamente al otorgamiento de los subsidios, apoyos o beneficios, derivados del Presupuesto de Egresos de la Federación, que dichos patrones del campo soliciten al gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

– A solicitud del Instituto, y de acuerdo con el convenio que éste firme con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sader) para este fin, esta última suspenderá la entrega de subsidios, apoyos, o beneficios que, con cargo a su presupuesto provengan del Presupuesto de Egresos de la Federación, a patrones del campo que no cumplan las disposiciones en materia de seguridad social establecidas en esta ley.

– Los indígenas, campesinos temporaleros de zonas de alta marginalidad y todas aquellas familias campesinas, cuya condición económica se ubique en pobreza extrema, tendrán acceso a las prestaciones de solidaridad social, bajo la forma y términos que establecen los artículos 214 a 217 de esta ley.

Asimismo, tras la reforma en materia laboral publicada el DOF el 1 de mayo de 2019 en el artículo 279 Quárter, señala que:

“El patrón llevara un padrón especial de los trabajadores contratados por estacionalidades, para registrar la acumulación de estás a fin de establecer la antigüedad en el trabajo y, con base en la suma de estás, calcular las prestaciones y derechos derivados del tiempo sumado de trabajo”.

Vale la pena destacar que los trabajadores del campo son el grupo económicamente activo de mayor edad, es decir se mantienen trabajando hasta los 70 años, lo que se explica en gran medida por la falta de un sistema de pensiones adecuado para el campo.

El reconocimiento de los trabajadores del sector rural en el sistema de seguridad social se ubica en la Ley de Seguridad Social en su artículo 5 fracción XIX, de la siguiente manera:

“ XIX. Trabajador eventual del campo: persona que es contratada para labores de siembra, deshije, cosecha, recolección, preparación de productos para su primera enajenación y otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, forestal o mixta, a cielo abierto o en invernadero. Puede ser contratada por uno o más patrones durante un año, por periodos que en ningún caso podrán ser superiores a veintisiete semanas por cada patrón. En caso de rebasar dicho periodo por patrón será considerado trabajador permanente. Para calcular las semanas laboradas y determinar la forma de cotización se estará a lo previsto en la ley y en el reglamento respectivo.”

El acceso a la seguridad social es un derecho consagrado en el artículo 123 apartado A fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente:

“ XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.”

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 27 fracción XX señala lo siguiente:

“ Artículo 27. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.

El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.”

Asimismo, es importante señalar que el trabajo de las personas que se dedican a las actividades agrícolas y del campo tienen la necesidad de promover, proteger y preservar la salud, la dignidad humana, los derechos fundamentales del trabajo tanto a nivel personal como colectivo y de sus familias, en aras de ampliar su bienestar social y condición de vida.

Al respecto, la fracción IV del artículo 154 y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, señala que:

“ Artículo 154.  Los programas del gobierno federal impulsarán una adecuada integración de los factores del bienestar social como son la salud, la seguridad social, la educación, la alimentación, la vivienda, la equidad de género, la atención a los jóvenes, personas de la tercera edad, grupos vulnerables, jornaleros agrícolas y migrantes, los derechos de los pueblos indígenas, la cultura y la recreación; mismos que deberán aplicarse con criterios de equidad

IV. Para la atención de grupos vulnerables vinculados al sector agropecuario, específicamente etnias, jóvenes, mujeres, jornaleros y discapacitados, con o sin tierra, se formularán e instrumentarán programas enfocados a su propia problemática y posibilidades de superación, mediante actividades económicas conjuntando los instrumentos de impulso a la productividad con los de carácter asistencial y con la provisión de infraestructura básica a cargo de las dependencias competentes, así como con programas de empleo temporal que atiendan la estacionalidad de los ingresos de las familias campesinas”.

Otro aspecto para considerar en materia internacional son las reglas del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que disponen diversas herramientas en el sector laboral para el sector agrícola, autoridades y productores, entre ellas el de fortalecer la autoevaluación, reglas y cumplir con las legislaciones sobre el trabajo digno, y buenas prácticas (prohibir el trabajo infantil, trabajo forzado) que garanticen los derechos de los trabajadores del campo. 8

En este sentido, es preciso destacar que a causa de la pandemia de Covid-19 debemos considerar la fragilidad económica en la que se encuentra este sector, especialmente a los pequeños productores rurales que vieron disminuidos sus ingresos en diversas regiones. Por ello, debemos constituir políticas públicas que apoyen el crecimiento de este sector y que redunde en sus derechos laborales que permitan contar con una mejor vida para sus familias y un retiro digno mediante la creación de un Fondo de Pensión Rural. 

II. Este panorama obliga al Estado mexicano a tomar acciones concretas para garantizar el acceso de todos los trabajadores del campo a un retiro digno, lo que constituye un derecho fundamental de todos los trabajadores. Por ello, proponemos lo siguiente:

– La creación de un Fondo de Pensión Rural financiado a través del Presupuesto de Egresos de la Federación para el beneficio de todos los trabajadores del campo que cumplan con los requisitos de retiro por edad o cesantía en edad avanzada en los términos de la Ley de Seguridad Social. Este Fondo de Pensión Rural será independiente de otros programas sociales a cargo del Ejecutivo Federal, las entidades federativas y los municipios.

– La obligación de realizar inspecciones periódicas por parte de las autoridades facultadas para asegurarse de que los trabajadores del campo se adscriban a los servicios de seguridad social.

– Mediante una disposición transitoria, se plantea el ordenamiento de todos los programas en materia de política de seguridad social para el campo, ya que se estima que hay al menos 6 programas distintos que buscan atender este tema.

– Mediante este Fondo de Pensión Rural, se proveerá de manera vitalicia a los trabajadores del campo retirados un ingreso que se ajustará de conformidad con el salario mínimo vigente que así determine la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). actualmente sería de $4,300 pesos mensuales.

– Con esta medida se contribuirá a garantizar el acceso a la seguridad social, un derecho fundamental que permitirá reducir la pobreza y las carencias en el sector rural mexicano, uno de los más vulnerables del país.

Por lo anteriormente expuesto, se sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona el artículo 239-A a la Ley del Seguro Social, así como un cuarto y quinto párrafo a la fracción III del artículo 154 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para crear el Fondo de Pensión Rural

Artículo Primero. Se adiciona el artículo 239-A a la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 239-A. Las y los trabajadores del campo tendrán derecho a una pensión para el retiro que será otorgada a través del Fondo de Pensión Rural. Dicho fondo será previsto cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación conforme a la legislación aplicable.

El Fondo de Pensión Rural es un instrumento de seguridad social universal en beneficio de las y los trabajadores del campo. Dicho fondo será administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social conforme a lo establecido en el reglamento respectivo y procurará la inscripción de las y los trabajadores del sector rural que cumplan los requisitos de edad previstos en la presente ley.

La cuantía de las pensiones del Fondo de Pensión Rural deberá actualizarse conforme al salario mínimo vigente establecido por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo cuarto y quinto a la fracción III del artículo 154 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 154.[...]

[...]

I. y II. [...]

III. [...]

[...]

[...]

De igual manera, el Ejecutivo federal establecerá el Fondo de Pensión Rural para fomentar, financiar y promover un instrumento de seguridad social universal para el mejoramiento de las condiciones de trabajo de las y los trabajadores del campo en el pleno ejercicio de sus derechos sociales del sector rural y sus comunidades.

El Fondo de Pensión Rural será administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social y de conformidad a lo que establece el artículo 239-A de la legislación de dicha materia.

IV. a VI.[...]

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto Mexicano del Seguro Social contará con un plazo de 180 días, a partir de la entrada en vigor del presente decreto para emitir el Reglamento del Fondo de Pensión Rural.

Tercero. El Poder Ejecutivo federal realizará las adecuaciones necesarias para dotar de suficiencia presupuestal al Fondo de Pensión Rural, en los términos del presente decreto y la legislación aplicable.

Cuarto. El Poder Ejecutivo federal realizará una evaluación sobre los distintos programas en materia de política de seguridad social y apoyo a adultos mayores del sector de desarrollo rural, procurando el ordenamiento, transparencia y eficacia de esta, con el objetivo de unificarlos y transitar hacia un esquema de acceso universal a través del Fondo de Pensión Rural establecido en el presente decreto.

Notas

1 Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados. “Jornaleros Agrícolas en México”, noviembre 2015. Recuperado de:

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-78-15.pdf

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía Inegi, “Estadísticas a propósito del día del trabajador agrícola”, 11 mayo de 2016. Recuperado de:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/agricola201 6_0.pdf

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, Idem.

4 Informe Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social, año 2015-2016. Recuperado de:

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/informes/20152016/2 1-InformeCompleto.pdf

5 Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados. “Jornaleros Agrícolas en México”, junio 2019. Recuperado de:

http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/21Jornaleros_agricolas.pdf

6 “Así es la pobreza en México”, El Financiero, 2016. Recuperado de:

http://www.elfinanciero.com.mx/pages/asi-es-la-pobreza-en-mexico .html

7 Ibídem

8 Jornaleros Agrícolas, Reporte en México 2019, “CEDRSSA, Cámara de Diputados”. Recuperado de:

http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/21Jornaleros_agricolas.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2021.– Diputados: Arturo Bonifacio de la Garza, Jorge Álvarez Máynez, Gerardo Peña Flores (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 35 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Edna Gisel Díaz Acevedo, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en el ejercicio de la facultad que conferida en los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I, II, III y IV del artículo 35 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Planteamiento del Problema

Los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México son los órganos de gobierno más cercanos a la ciudadanía y, en consecuencia, son los encargados de atender sus más básicas necesidades. En materia de deporte y cultura física, sin embargo, la mayor parte de ellos no cuenta con un plan estructurado para generar una política pública que desarrolle y fomente estas actividades y es usual observar acciones desordenadas y sin ningún fundamento, por lo que resulta indispensable establecer la obligación de que todos ellos cuenten con un Plan Municipal de Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, el cual podrá ser evaluado por instituciones de educación superior, públicas o privadas, en coordinación con las autoridades municipales.

Argumentación

El deporte constituye un factor que promociona y transforma la calidad de vida, de salud, de educación de la población, así como de organización comunitaria. A partir de la práctica de actividades deportivas, se ha desarrollado el deporte institucionalizado que, a través de federaciones, ha podido avanzar hacia la consolidación de actividades deportivas de alto rendimiento. Por el otro lado, encontramos el deporte social que estimula la práctica deportiva por toda la población, sin distinciones ni discriminaciones.

Las políticas públicas, entendidas como un plan de acción que se dirige a resolver problemas detectados en el ámbito social, se han desarrollado para atender demandas sociales. Sus fases pueden estar definidas, en primera instancia, como el reconocimiento del problema; el diseño de las acciones y su implementación y, por último, su evaluación. Es un proceso dinámico y cada etapa debe retroalimentar a las otras, para detectar las desviaciones que pudieran alejar a la política pública del cumplimiento de sus objetivos y, en su caso, rediseñar las acciones para generar nuevas que contribuyan a eliminar estas derivaciones.

A partir de los diversos problemas de salud que se han detectado en la población mexicana, la práctica del deporte social constituye una demanda y una herramienta de prevención y ha evolucionado desde una actividad realizada solo por deportistas de alto rendimiento o profesionales, a ser una actividad practicada por las personas para mejorar su salud física o, simplemente, para generar espacios de esparcimiento y ocio productivos.

En nuestro país, la vigente Ley General de Cultura Física y Deporte establece como principios fundamentales del ejercicio del derecho a la cultura física y el deporte que son actividades para todas y todos, un elemento esencial de la educación, un estímulo para el desarrollo afectivo, físico, intelectual y social y un factor de equilibrio y autorrealización, sus programas deben fomentar, cuantitativa y cualitativamente, la cultura física y el deporte, para lo que se debe contar con infraestructura adecuada y la generación de sistemas de financiamiento y administración eficientes y estables, que fomenten la investigación, información y documentación como elementos indispensables para su desarrollo, entre otros. 1

Entre sus peculiaridades, el ámbito deportivo requiere una forma de organización y una forma específica para desarrollarse. Es por ello, que se ha decidido que el Estado debe impulsar políticas públicas, desde los tres órdenes de gobierno, que fomenten estas prácticas y que cada uno de ellos, asuman sus responsabilidades, incorporando a la iniciativa privada y a las organizaciones de la sociedad civil con el objeto de potenciar las posibilidades y ampliar la práctica del deporte social, elevar los estándares de calidad y mejorar los resultados en el deporte profesional y de alto rendimiento.

Las políticas públicas, en materia deportiva, en consecuencia, deben diseñarse de tal forma que involucren a todos los actores sociales y políticos, a partir de lineamientos generales consensados en el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, pero que generen políticas coherentes hacia las entidades federativas y los municipios, de tal forma que no sólo se atiendan las necesidades particulares del deporte profesional o de alto rendimiento, sino que se universalice la práctica del deporte social, apostando por su masificación.

En nuestro país, el primer organismo gubernamental que tuvo por encomienda el fomento y promoción deportivas fue el Instituto Nacional de la Juventud, creado en 1950. Posteriormente, bajo el mandato de Luis Echeverría se creó el Instituto Nacional del Deporte, cuya principal encomienda era “promover el mejoramiento físico y moral de los mexicanos a través del deporte”. 2 Fue en 1981, cuando se crearon el Consejo Nacional del Deporte y, en la Secretaría de Educación Pública, la Subsecretaría del Deporte, como mecanismos para popularizar el deporte no profesional. En 1988 se creó la Comisión Nacional del Deporte y, en 1990, se expidió la primera Ley de Fomento y Estímulo al Deporte, vigente hasta el año 2000, cuando se expidió la primera Ley General del Deporte, por virtud de la cual se creó la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte como un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública.

Será en 2011, cuando constitucionalmente sea reconocido el derecho al deporte. Con ello y con la emisión de una nueva Ley General de Cultura Física y Deporte en 2013, se obliga a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a promover, fomentar y garantizar este derecho. Sin embargo, y a pesar de que la Ley establece la obligación de crear los Sistemas Municipales de Cultura Física y Deporte y que incluiría a los deportistas destacados que habitaran en el municipio y a los representantes de la iniciativa privada que desarrollaran ahí sus actividades, estas obligaciones son atendidas en la menor parte de los municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

Es por esta razón que resulta imprescindible que estas autoridades generen un Plan Municipal de Desarrollo de la Cultura Física y Deporte y que éste sea evaluado por las instituciones de educación superior, públicas o privadas, en coordinación con las autoridades municipales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman las fracciones I, II, III y IV del artículo 35 de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Único. Se reforma el artículo 35 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 35. Los Municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las Leyes locales en la materia, tendrán las siguientes atribuciones:

I. Proponer, coordinar y evaluar la política de cultura física y deporte municipal y de la demarcación territorial. La evaluación la podrán realizar, en coordinación con las autoridades municipales, instituciones de educación superior, públicas o privadas;

II. Diseñar y aplicar los instrumentos y programas de las entidades federativas, Municipales y de las alcaldías en cultura física y deporte, acorde con los programas nacional, de las entidades federativas y regionales;

III. Diseñar, aplicar y evaluar el programa municipal y de la alcaldía de cultura física y deporte, para lo cual deberán contar con un Plan Municipal de Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte;

IV. Coordinarse con la Conade, las entidades federativas, los Municipios y las alcaldías de la Ciudad de México para la promoción, fomento y desarrollo de la cultura física y deporte;

V. a VIII. ...

Primero. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los municipios y alcaldías contarán con el plazo improrrogable de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para emitir los planes a que se refiere el presente.

Notas

1 Artículo 3 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fpdf%2FLGCF D_200521.pdf&clen=645211&chunk=true

2 Moreno Guerrero, Regina. Políticas Públicas y deporte, un análisis de la municipalización deportiva en Lerma, Estado de México, en Encrucijada, Revista Electrónica del Centro de Estudios en Administración Pública, Septiembre-diciembre 2015, en

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer. html?pdfurl=https%3A%2F%2Fbibliotecauvirtual.files.wordpress.com%2F2019%2F06%2F politicas-publicas-del-deporte.pdf &clen=727254&chunk=true

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.– Diputada Edna Gisel Díaz Acevedo (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona los artículos 13 y 41 Bis de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Edna Gisel Díaz Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, en el ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan la fracción IV Bis al artículo 13 y el artículo 41 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte.

Planteamiento del problema

El deporte social, como política pública de promoción y fomento de la actividad física tiene particular importancia de frente a los graves problemas de salud que traen consigo las comorbilidades como la obesidad y el sobrepeso.

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en 2018,

... el 22... por ciento de las niñas y los niños menores de 5 años están en riesgo de padecer sobrepeso... Para ese año, 18 por ciento de las niñas y los niños de entre 5 y 11 años tenían sobrepeso; en aquellos que viven en el ámbito rural el porcentaje es de 17 por ciento... el 21 por ciento de los adolescentes y jóvenes hombres y el 27 por ciento de las mujeres de 12 a 19 años tienen sobrepeso... Y la cifra aumenta: en la población de 20 años o más, los hombres (42 por ciento) reportan una prevalencia más alta que las mujeres (37 por ciento), pero en ambos géneros la cifra es mayor respecto de la infancia y la adolescencia... Finalmente, el grupo de edad que concentra mayores niveles de obesidad es el de las personas que tienen entre 30 y 59 años. El 35 por ciento de los hombres y el 46 por ciento de las mujeres en ese rango de edad tienen obesidad; es decir: uno de cada tres hombres y poco menos de la mitad de las mujeres... 1

El deporte social resulta una estrategia efectiva de combate a la obesidad y el sobrepeso, por ello es ingente que la autoridad municipal, la más cercana a las y los ciudadanos cuente con recursos presupuestales que se destinen para proyectos específicos en esta materia y que éstos sean distribuidos por el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte y que éstos no sean controlados políticamente por la Comisión de Cultura Física y Deporte.

Debemos recordar que la Ley General de Cultura Física y Deporte faculta a la Conade para el control y manejo de los subsidios destinados al fomento del deporte social. Este es el objeto del Programa S269 Cultura Física y Deporte, cuyos objetivos son los siguientes:

Impulsar la participación en eventos deportivos de los atletas preseleccionados y seleccionados nacionales, del deporte convencional y adaptado, mediante apoyos económicos otorgados por la Conade. Apoyar económicamente a los entrenadores que brindan atención técnica metodológica a los deportistas en formación y alto rendimiento (convencional y adaptado) a través de los órganos de cultura física y deporte que sean sujetos de apoyo.

Otorgar apoyos económicos mediante becas deportivas a atletas con resultados destacados en el ejercicio fiscal, en competencias nacionales e internacionales.

Beneficiar a los municipios para la operación de Centros del Deporte Escolar y Municipal, a fin de promover la práctica regular y sistemática del deporte social.

Promover la práctica deportiva sistemática y regular de niños y jóvenes, mediante el otorgamiento de apoyos económicos a los órganos de cultura física y deporte, para la realización de eventos multideportivos nacionales, que fomenten la cultura física y el surgimiento de nuevos valores deportivos.

Favorecer el desarrollo de la cultura física en la población, a través de eventos de actividades físicas y deportivas, de forma regular, organizada, sistemática e incluyente. 2

Este programa contó en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021 con 2 mil 100 millones de pesos. Dados los amplios objetivos de este programa, resulta evidente que serán los municipios quienes menos recursos reciban para el desarrollo de sus actividades, por lo que proponemos que la Cámara de Diputados destine recursos específicamente para el desarrollo de proyectos municipales. El cumplimiento de las metas y la supervisión de la aplicación del gasto deberá correr a cargo del Sinade, el cual entregará un informe a este órgano legislativo en el mes de octubre de cada año, con el objeto de guiar la asignación presupuestal del año fiscal siguiente, cuyo monto no deberá ser inferior al del año anterior.

Por lo expuesto y fundado ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adicionan la fracción IV Bis al artículo 13 y el artículo 41 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte

Único. Se adicionan la fracción IV Bis al artículo 13 y el artículo 41 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 13. Mediante el Sinade se llevarán a cabo las siguientes acciones:

I. a IV. ...

IV Bis. Administrar los recursos presupuestales destinados a los proyectos de fomento, promoción y estímulo del deporte y la cultura física de los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, determinados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. El Sinade determinará los mecanismos de evaluación del cumplimiento de las metas de estos proyectos y supervisará la aplicación de los recursos, de lo cual entregará un informe a la Cámara de Diputados, en el mes de octubre de cada año.

V. ...

Artículo 41 Bis. La Cámara de Diputados asignará, en el Presupuesto de Egresos de la Federación recursos suficientes para los proyectos que entreguen las autoridades municipales, enfocados en el desarrollo de las capacidades institucionales en materia de fomento, promoción y estímulo del deporte y la cultura física en su ámbito territorial. El monto anual de estos recursos no podrá ser menor al del año fiscal inmediato anterior.

Estos recursos serán administrados por el SINADE y entregados a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México como subsidios. El SINADE establecerá los métodos para determinar el cumplimiento de las metas establecidas en los proyectos y supervisará la aplicación de los recursos, sin menoscabo de las facultades de fiscalización del gasto y evaluación de políticas públicas que tengan otras entidades.

Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Cámara de Diputados asignará en la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para estos subsidios una cantidad equivalente a la establecida para el programa S269.

Notas

1 https://www.mexicosocial.org/estos-son-los-niveles-de-sobrepeso-y-obesidad-en-m exico/

2 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html? pdfurl=https por ciento3A por ciento2F por ciento2Fcontraloriasocial. conade.gob. mx por ciento2Fdocumentos2020 por ciento2F2 por ciento2520ESQUEMA por ciento25202020 por ciento2520V3.pdf& clen=587483&chunk=true

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2021.– Diputada Edna Gisel Díaz Acevedo (rúbrica).»

«Iniciativa de decreto, por el que se declara 2022 como Año de los Hermanos Flores Magón, a cargo de la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena

Irma Juan Carlos, diputada a la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, y en los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone se declare el 2022 como “Año de los Hermanos Flores Magón”, al tenor de la siguiente

La historia de México se ha construido a través de la vida de sus héroes. Ellas y ellos no solo significan una historia, también marcan una época y señalan un cambio. Como historia es un pasado que debemos mantener en la memoria; como época debe servimos de guía; y como cambio debe significar una mejoría permanente para México.

Hoy vengo a proponer esta iniciativa con proyecto de decreto para reconocer la labor de mis paisanos oaxaqueños, los tres hermanos Flores Magón. Enrique, Ricardo y Jesús. Los tres fueron precursores de la revolución mexicana y su aportación para México no solo es notable, es, además imborrable. Y aunque puede parecer reiterativo hay que decirlo: significan historia, época y marcan un cambio.

Pero, además, tengo que ser sincera, aunadas a las razones ya expuestas, también tengo motivos personales para destacar el reconocimiento de los hermanos Flores Magón. Ellos nacieron en el municipio oaxaqueño de San Antonio Eloxochistlán, que pertenece al distrito de Teotitlán de Flores Magón. Eloxochistlán, como le conocemos coloquialmente en nuestra región, tiene una doble maternidad y es el mejor ejemplo de la pluralidad de Oaxaca. Sus primeros fundadores fueron los zapotecos, después llegaron los mazatecos. Y fue en este municipio en donde en los años 1871 nació Jesús, en 1874, Ricardo, y en 1877, Enrique.

Ricardo, con justa razón, ha sido uno de los más homenajeados. Incluso, en el 27 de abril del año 2000 en el Diario Oficial de la Federación se ordenó colocar en letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro. Sin embargo, es menester reconocer la labor de los tres hermanos.

Ha sido muy estudiada la obra de los hermanos Magón, basta por mencionar el nombre de algunos estudios del tema como son Diego Abad de Santillán, Xóchitl López Molin, Jacinto Barrera Bassols, Andrew Grant Wood, entre muchos otros. Todos coinciden en que el magonismo no fue un liderazgo, sino que se trató precisamente de una causa revolucionaria en el cual los hermanos desempeñaron tres principales papeles en contra de la dictadura de Porfirio Díaz: el de ideólogos, difusores y revolucionarios.

Como ideólogos abiertamente le señalaron a la dictadura sus abusos pues dijeron lo siguiente:

 “La falta de escrúpulos de la actual dictadura para apropiarse y distribuir entre sus favoritos ajenas heredades, la desatentada rapacidad de los actuales funcionarios para adueñarse de lo que a otros pertenece, ha tenido por consecuencia que unos cuantos afortunados sean los acaparadores de la tierra, mientras infinidad de honrados ciudadanos lamentan en la miseria la pérdida de sus propiedades. La riqueza pública nada se ha beneficiado y sí ha perdido mucho con estos odiosos monopolios”. 1

En el programa del Partido Liberal, en el que cuidaron de precisar que “ha sido preciso limitarse a puntos generales y evitar todo detalle, para no hacer difuso el programa, ni darle dimensiones exageradas” aportaron las bases para suprimir el servicio militar obligatorio, al cual calificaron como “tiranía de las más odiosas”; exigieron las manifestaciones de pensamientos; promovieron la supresión de los tribunales militares; exigieron la instrucción de la niñez; pidieron eliminar las garantías del clero; enaltecieron la profesión magisterial; propusieron el reconocimiento a los derechos laborales; pugnaron por la eliminación de los impuestos notoriamente inicuos; y justificaron la confiscación de los bienes de los funcionarios enriquecidos indebidamente.

Particularmente, vale reiterarlo, fueron impulsores de los derechos de los trabajadores. Muchos de dichos derechos ya se han hecho realidad y otros siguen pendientes. Fueron los primeros que, en el derecho nacional, exigieron una jornada laboral de máximo 8 horas y de un salario mínimo pues manifestaron que “El trabajador no es ni debe ser en las sociedades una bestia macilenta, condenada a trabajar hasta el agotamiento sin recompensa alguna”. Fueron, también los primeros, en exigir un reconocimiento al trabajo doméstico. Pugnaron por la higiene en el trabajo. Y además propusieron “La creación del Banco Agrícola, para facilitar a los agricultores pobres los elementos que necesitan para iniciar o desarrollar el cultivo de sus terrenos”.

Pero no solo fueron ideólogos. También fueron difusores. Reconocida es su labor en los tres periódicos de oposición de la época: el Hijo del Ahuizote, Excélsior y Regeneración. Por lo que se refiere al Hijo del Ahuizote, este fue fundado, en 1885, por Daniel Cabrera. Pero años más tarde fue arrendado por Ricardo y Enrique Flores Magón. Este periódico se caracterizó por su estilo satírico y directo. Ahora bien, por lo que respecta a Excélsior este fue un intento más de los hermanos Flores Magón para difundir las ideas revolucionarias en contra de la dictadura. También es de mencionar a Regeneración, el periódico más emblemático de los hermanos, mismo que fue fundado en 1901 y fue el motivo de la persecución y el encarcelamiento de los hermanos Flores Magón.

Además de ideólogos, difusores, los hermanos Flores Magón también fueron revolucionarios; en este aspecto se debe reconocer su notable influencia y activismo en las huelgas de Cananea, Río Blanco y en la Rebelión de Acayucan.

Los anteriores hechos sirven, sin duda, como justificación para la iniciativa aquí propuesta. Pero si esto no fuera suficiente, quiero recordar unas palabras de Ricardo Flores Magón, que escribió como respuesta a la carta de Nicolás T. Bernal:

En mis veintinueve años de luchar por la libertad lo he perdido todo, y toda oportunidad para hacerme rico y famoso; he consumido muchos años de mi vida en las prisiones; he experimentado el sendero del vagabundo y del paria; me he visto desfalleciendo de hambre; mi vida ha estado en peligro muchas veces; he perdido mi salud; en fin, he perdido todo, menos una cosa, una sola cosa que fomento, mimo y conservo casi con celos fanáticos, y esa cosa es mi honra como luchador.

Esas palabras de Ricardo son las mismas palabras de los hermanos. Estuvieron en peligro, estuvieron en prisión y vivieron diversas calamidades, pero su honra como luchadores no se perdió y es momento de recordarles a las nuevas generaciones la vigencia de ese honor. Un honor de alto calado social y revolucionario en beneficio de la sociedad mexicana.

En síntesis, los hermanos Flores Magón han dado grandes aportes a la historia, a la época y al cambio, no solo por ser precursores de la revolución mexicana, sino también por aportar a la revolución de las conciencias a través del periódico regeneración, principal herramienta de cambio en nuestro proyecto alternativo de nación.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Artículo Único. El honorable Congreso de la Unión declara el 2022 como “Año de los Hermanos Flores Magón”.

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2022 y concluirá su vigencia el 31 de diciembre del mismo año.

Artículo Segundo. Se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública federal para que, durante el año 2022, en toda la documentación oficial se inscriba la leyenda: “2022, Año de los Hermanos Flores Magón”.

En estricto apego al principio de distribución de competencias, se invita a los demás Poderes de la Unión, Órganos Constitucionales Autónomos, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a adherirse al presente decreto.

Artículo Tercero. El Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con los Poderes Legislativo y Judicial Federales y los Órganos Públicos Autónomos, establecerá un programa de actividades para conmemorar el año de los Hermanos Flores Magón.

Nota

1 Programa del Partido Liberal

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2021.– Diputadas y diputado: Irma Juan Carlos, Alma Delia Navarrete Rivera, Gustavo Contreras Montes (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, a cargo del diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Arturo Roberto Hernández Tapia, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan el párrafo sexagésimo octavo, con lo que se recorre el orden de los subsecuentes, al artículo 4; y el capítulo IV, “De los organismos auxiliares de bienestar animal”, integrado por los artículos 151 Bis y 151 Ter, al título noveno, “De los órganos de coadyuvancia”, de la Ley Federal de Sanidad Animal, en materia de bienestar animal.

Las normas deben avanzar y evolucionar en la medida que la sociedad se transforma. Las exigencias, los problemas y sus posibles soluciones deben ser congruentes con las reformas aprobadas. El Poder Legislativo debe mantenerse cercano a las necesidades y realidades del pueblo.

Planteamiento del problema

La violencia animal, es la antesala a la violencia social, “en la actualidad vivimos, de manera constante, en un clima de inseguridad e incertidumbre. La violencia se expresa de formas relacionadas entre sí. Diariamente nos vemos sacudidos por hechos dramáticos que nos preocupan y conmueven”. 1

Tal reflexión debería ser analizada de manera muy seria: “El maltrato animal es, a la vez, un factor que predispone a la violencia social y, al mismo tiempo, una consecuencia de la misma. Forma parte de la cascada de la violencia que nos va alcanzando a todos como individuos y como sociedad. La violencia es “un acto intencional que puede ser único o recurrente y cíclico, dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar a otros. Casi siempre es ejercida por las personas de mayor jerarquía, es decir, las que tienen el poder en una relación, pero también se puede ejercer sobre objetos, animales o contra sí mismo”. 2

Los efectos de la violencia pueden ser devastadores. Ésta inhibe el desarrollo de las personas y, en ocasiones, puede causar daños irreversibles. Además, entre sus niveles existe la crueldad, “una respuesta emocional de indiferencia o la obtención de placer en el sufrimiento o dolor de otros, o la acción que innecesariamente causa tal sufrimiento; ha sido considerada un disturbio sicológico. La crueldad de los niños, que incluye a los animales, es un signo clínico relacionado a desórdenes antisociales y de conducta”. 3

En las familias en las que hay violencia, “ésta es más frecuentemente dirigida hacia los más débiles, lo que incluye ancianos, mujeres, niños y animales de compañía. El maltrato hacia los animales es tolerado por aquellos que lo observan; se minimizan sus causas y sus efectos, y los padres, maestros y comunidades que no dan importancia al abuso animal en realidad incuban una bomba de tiempo”, 4 de ahí la importancia de no permitir ningún tipo de violencia y de cooperar a fin de que esta disminuya en todo nuestro entorno, y sobre todo en los animales, el bienestar animal forma parte de nuestra empatía como sociedad hacia todo ser vivo.

Por ello ante la tendencia de proteger a los animales es importante profundizar en tal concepto, “el concepto bienestar animalincluye tres elementos: el funcionamiento adecuado del organismo (lo que entre otras cosas supone que los animales estén sanos y bien alimentados), el estado emocional del animal (incluida la ausencia de emociones negativas como el dolor y el miedo crónico) y la posibilidad de expresar algunas conductas normales propias de la especie”. 5

Debemos tomar en cuenta que no todas las conductas son igualmente importantes en lo que, al bienestar del animal, “desde un punto de vista práctico, la indicación más clara de que una conducta es importante en sí misma es el hecho de que el animal muestra una respuesta de estrés o manifiesta conductas anormales cuando no puede expresar la conducta en cuestión. La conducta de nidificación de la cerda antes del parto o la conducta de hozar de los cerdos son ejemplos de estas conductas importantes. Estos tres principios no son necesariamente contradictorios, sino que en muchas ocasiones son complementarios”. 6

Es importante profundizar en este análisis: “De acuerdo con esta propuesta, la valoración del bienestar animal debe tener en cuenta cuatro aspectos:

– ¿Se alimenta a los animales de forma correcta?

– ¿Se aloja a los animales de forma adecuada?

– ¿Es adecuado el estado sanitario de los animales?

– ¿Se sacrifica con la menor crueldad a los animales para consumo humano?

– ¿Refleja el comportamiento de los animales un estado emocional adecuado?

– Este último aspecto puede ser el más novedoso y controvertido. De una forma muy sencilla, hace referencia al hecho de que los animales no deberían experimentar miedo, dolor, frustración o cualquier otro estado emocional negativo, al menos de forma crónica o muy intensa”. 7

El bienestar animal “es un tema complejo con múltiples dimensiones científicas, éticas, económicas, culturales, sociales, religiosas y políticas. Se trata de un asunto que suscita un interés creciente en la sociedad civil y constituye una de las prioridades de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). La OIE, a solicitud de sus países miembros, es la organización internacional responsable de la elaboración de normas en la materia.

La estrategia mundial de bienestar animal de la OIE se desarrolló a partir de las experiencias de las actividades realizadas en las regiones y en los países y busca garantizar una orientación y coordinación constantes de las actividades de la Organización en este campo. Adoptada en mayo de 2017 por todos los países miembros, se elaboró con el objetivo de lograr un mundo en el que el bienestar de los animales se respete, promueva y avance, de manera que complemente la búsqueda de la sanidad animal, el bienestar humano, el desarrollo socioeconómico y la sostenibilidad del ambiente”. 8

La adopción de los principios de bienestar animal en América, así como en los diferentes países han introducido “los aspectos considerados como prioritarios por la OIE en sus recomendaciones, es decir, el sacrificio de los animales para el consumo humano, el transporte por vía terrestre y marítima y el sacrificio decente con fines de control de enfermedades, además de los aspectos de protección animal y de investigación”. 9

Para lograr estos objetivos “se realizó un estudio de caso tomando el ejemplo de Chile, país exportador emergente con una población ganadera promedio de la región. Para poder aplicar lo establecido por la Ley y lograr sus objetivos, se promulgó el Decreto Supremo número 342, que establece el Reglamento sobre Funcionamiento de Mataderos, Cámaras Frigoríficas y Centrales de Desposte y fija el equipamiento mínimo para estos establecimientos.

El reglamento incorpora aspectos de bienestar animal en los establecimientos de faenamiento. Menciona instalaciones para el ingreso, la recepción y el manejo de los animales antes y en el transcurso de su faenamiento. Además, menciona las condiciones de insensibilización que deben aplicarse a los animales antes del sacrificio”.

Los diferentes países en América han incluido el tema de bienestar animal de manera complementaria en sus diferentes normas secundarias, y aunque no han adoptado una ley exclusiva en el tema, si lo han incorporado en sus ordenamientos jurídicos racionados con la materia.

Ponemos algunos ejemplos de marco normativo sobre bienestar animal en algunos países de América:

En el caso de Chile como en otros países americanos buscar de diversas formas incluir las recomendaciones de las normas internacionales de la OIE, siendo estas impulsadas por la demanda social y los movimientos en pro de la protección de los animales.

La estrategia se basa en la continuidad del desarrollo de las normas internacionales en consulta con los países miembros y “los principales actores internacionales, el desarrollo de las competencias de los servicios veterinarios, una buena comunicación con los gobiernos y una mejor sensibilización del tema, sin olvidar el apoyo a los países miembros en lo que toca la implantación de estas normas.

Según las normas internacionales de la OIE, bienestar animal designa el “estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere”.

Las directrices que guían a la OIE en materia de bienestar de los animales terrestres incluyen también las «cinco libertades», enunciadas en 1965 y universalmente reconocidas, para describir los derechos que son responsabilidad del hombre, es decir, vivir

– libre de hambre, de sed y de desnutrición;

– libre de temor y de angustia;

– libre de molestias físicas y térmicas;

– libre de dolor, de lesión y de enfermedad; y

– libre de manifestar un comportamiento natural.

En cuanto al bienestar de los animales acuáticos, la OIE formula recomendaciones relativas a los peces de cultivo (excepto para las especies ornamentales) e insta a recurrir a métodos de manipulación que sean apropiados a las características biológicas del animal, así como un entorno adaptado a sus necesidades”. 10

Hoy más que nunca la sociedad civil participa en la protección de los animales, en el bienestar de ellos, tanto personas físicas u organizaciones del tercer sector entre otras se han involucrado en la protección de los derechos de estos seres vivos, siendo fundamental promover la participación de estos en las actividades del Estado, y en la protección de estos derechos.

La Ley Federal de Sanidad Animal en su artículo tercero señala que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación es la autoridad responsable de tutelar la sanidad y el bienestar animal, y contempla a los Organismos auxiliares de sanidad animal, que son aquellos autorizados por la Secretaría y que están constituidos por las organizaciones de los sectores involucrados de la cadena sistema producto y que coadyuvan con ésta en la sanidad animal.

Sin embargo, es pertinente incluir en dicha norma a los organismos auxiliares de bienestar animal, que serían los autorizados por la secretaría a fin de coadyuvar en el conjunto de actividades encaminadas a proporcionar comodidad, tranquilidad, protección y seguridad a los animales durante su crianza, mantenimiento, explotación, transporte y sacrificio, en los términos que dicha secretaría determine en los tres niveles de gobierno.

Promover órganos auxiliares de bienestar animal por el Estado sobre todo a nivel municipal y de las alcaldías se justifica por la prontitud y cercanía con la gente preocupada por el cuidado y protección de los animales, siendo este nivel de gobierno donde se presenta el maltrato animal el cual debe ser prevenido.

Consideramos fundamental incluir en los ordenamientos vigentes el bienestar animal bajo la rectoría del Estado y la participación de la sociedad en las políticas públicas, con la siguiente propuesta de reforma de la Ley Federal de Sanidad Animal:

Ley Federal de Sanidad Animal

Por eso y ante la imperiosa necesidad de actualizar según las condiciones sociales cambiantes los ordenamientos federales y, con ello, establecer normas que promuevan el bienestar animal, proponemos el siguiente

Decreto por el que se adicionan el párrafo sexagésimo octavo, con lo que recorre el orden de los subsecuentes, al artículo 4; y el capítulo IV, “ De los organismos auxiliares de bienestar animal” , integrado por los artículos 151 Bis y 151 Ter, al título noveno,“ De los órganos de coadyuvancia” , de la Ley Federal de Sanidad Animal, en materia de bienestar animal

Único. Se adicionan el párrafo sexagésimo octavo, con lo que recorre el orden de los subsecuentes, al artículo 4; y el capítulo IV, “De los organismos auxiliares de bienestar animal”, integrado por los artículos 151 Bis y 151 Ter, al título noveno, “De los órganos de coadyuvancia”, de la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 4. ...

...

Organismos auxiliares de bienestar animal: Los autorizados por la Secretaría y que están constituidos por las personas físicas o morales cuyas actividades están encaminadas a proporcionar y promover el bienestar animal.

...

...

Artículo 151 Bis. Para la coordinación y ejecución de las campañas o los programas sobre bienestar animal, la Secretaría autorizará a las personas físicas o morales interesadas en coadyuvar como organismos auxiliares de cooperación en materia de bienestar animal.

Los organismos auxiliares de bienestar animal, deberán solicitar y obtener de la Secretaría la aprobación o autorización.

Los requisitos y procedimientos para la integración y operación de los organismos auxiliares de bienestar animal se establecerán en las disposiciones reglamentarias que determine la secretaría.

Artículo 151 Ter. La Secretaría promoverá que en cada nivel de gobierno exista al menos un organismo auxiliar de bienestar animal.

La Secretaría en todo caso estará facultada para revocar la autorización otorgada a algún organismo auxiliar de bienestar animal, cuando determine que desapareció la causa que justificó su otorgamiento o que no cumple con su función.

Único. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.animanaturalis.org/p/1332/maltrato-animal-antesala-de-la-violencia- social

2 https://www.animanaturalis.org/p/1332/maltrato-animal-antesala-de-la-violencia- social

3 https://www.animanaturalis.org/p/1332/maltrato-animal-antesala-de-la-violencia- social

4 https://www.animanaturalis.org/p/1332/maltrato-animal-antesala-de-la-violencia- social

5 https://www.fawec.org/es/fichas-tecnicas/23-bienestar-general/21-que-es-el-bien estar-animal

6 https://www.fawec.org/es/fichas-tecnicas/23-bienestar-general/21-que-es-el-bien estar-animal

7 https://www.fawec.org/es/fichas-tecnicas/23-bienestar-general/21-que-es-el-bien estar-animal

8 https://www.oie.int/es/que-hacemos/sanidad-y-bienestar-animal/bie-nestar-animal /

9 https://web.oie.int/boutique/extrait/rojas549565.pdf

10 https://www.oie.int/es/que-hacemos/sanidad-y-bienestar-animal/bie-nestar-animal /

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2021.– Diputados: Arturo Roberto Hernández Tapia, Gustavo Contreras Montes (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 50 y adiciona el 52 Bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por el diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, párrafo 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, referente al derecho a la salud mental.

I. La Organización Mundial de la Salud estableció el 10 de octubre como el “Día Mundial de la Salud Mental”, en la propone que la promoción de la salud mental “consiste en acciones que creen entornos y condiciones de vida que propicien la salud mental y permitan a las personas adoptar y mantener modos de vida saludables. Entre ellas hay una serie de acciones para aumentar las posibilidades de que más personas tengan una mejor salud mental”.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4o. el derecho a la salud de todas las personas en México.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental como “un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. En este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad”.

En este mismo sentido la OMS indica la importancia de la promoción de la salud mental a partir de “acciones que creen entornos y condiciones de vida que propicien la salud mental y permitan a las personas adoptar y mantener modos de vida saludables. Entre ellas hay una serie de acciones para aumentar las posibilidades de que más personas tengan una mejor salud mental”.

Por su parte el Instituto Mexicano del Seguro Social define la “Salud Mental” como:

Es el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno socio-cultural que los rodea, incluye el bienestar emocional, psíquico y social e influye en cómo piensa, siente, actúa y reacciona una persona ante momentos de estrés.

La salud mental es la base para el bienestar y funcionamiento efectivo de una persona y su comunidad.

II. La Ley General de Salud en su artículo 73 indica que para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán:

– El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas con carácter permanente que contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad.

– La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, así como el conocimiento y prevención de los trastornos mentales y del comportamiento;

– La realización de programas para la prevención y control del uso de substancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan causar alteraciones mentales o dependencia;

– Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, así como de sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, a fin de favorecer el acceso oportuno de la atención;

– La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud en todos sus niveles de atención, que permita abatir la brecha de atención;

– La promoción de programas de atención, que consideren, entre otros, los hospitales de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos;

– La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental;

– La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud;

– La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente niñas, niños y adolescentes, y

– Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la población.

Por lo mencionado con antelación podemos ver que se han implementado algunas de las recomendaciones que ha dictado la OMS para tratar de promocionar la salud mental en todas las personas, pero ¿y en las niñas, niños y adolescentes?

Sabemos que solo para las niñas, niños y adolescentes se encuentra la detección del riesgo que puedan sufrir trastornos mentales y su comportamiento, pero no observamos un poco más acerca de promocionar y cuidar la salud mental de las niñas, niños y adolescentes; no es lo mismo tratar de atender ya la enfermedad que el tratar de prevenirla, o, no es el mismo tratamiento que se lleva a cabo con un adulto que con un menor de edad.

Por ello, la OMS propone que la promoción de la salud mental depende en gran medida de estrategias intersectoriales. Entre otras formas concretas de fomentar la salud mental se pueden mencionar:

– Las intervenciones en la infancia precoz (por ejemplo, la creación de un entorno estable que atienda las necesidades de salud y nutrición del niño, lo proteja de las amenazas y le proporcione oportunidades de aprendizaje precoz e interacciones que sean sensibles, le den apoyo emocional y estimulen su desarrollo).

– El apoyo a los niños (por ejemplo, programas de creación de capacidades y programas de desarrollo infantil y juvenil).

III. La Secretaría de Salud en el Programa de Acción Específico Salud Mental y Adicciones 2020-2024 indica -a partir de la información OMS-, que “la mitad de los trastornos mentales comienzan a los 14 años o antes, por este motivo, la población los niños, niñas y adolescentes constituyen una población prioritaria para las acciones de promoción y prevención de la Estrategia Nacional de Salud Mental y Adicciones”.

Por ello, el Consejo Nacional de Salud Mental y Adicciones realizará las acciones necesarias para impulsar que hacia 2024 por lo menos el 0.10% de niños, niñas y adolescentes del país reciban acciones de promoción de salud mental y prevención de adicciones.

Lo anterior, con la finalidad de garantizar el acceso equitativo de la población a servicios integrales de atención en salud mental y adicciones.

IV. La reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que se propone a esta Soberanía es la siguiente:

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción XVI del artículo 50 y se adiciona un artículo 52 Bis en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

Artículo Único. Se reforma la fracción XVI del artículo 50 y se adiciona un artículo 52 Bis en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:

I. a XV. ...

XVI. Establecer medidas tendentes a que en los servicios de salud se detecten y atiendan de manera especial los casos de niñas, niños y adolescentes con problemas de salud mental en todos los niveles de atención;

XVII y XVIII. ...

...

...

...

Artículo 52 Bis. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán a efecto de incrementar la investigación multidisciplinaria en materia de salud mental a efecto de promover estrategias, campañas y acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención,  promoción  y atención de la salud mental, sustentada en evidencia científica a efecto de garantizar el bienestar emocional, psicológico y social de niñas, niños y adolescentes.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.– Diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, respecto a la sustitución de plaguicidas en defensa del éste, a cargo del diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como del artículo 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XXV, XXVI y XXVII del artículo 3o., recorriéndose el orden de las fracciones subsecuentes; la fracción VI del artículo 5o.; la fracción IV del artículo 34 y el segundo párrafo del artículo 144 y se adiciona una fracción XXI del artículo 15 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

El maíz ( Zea mays L.) constituye uno de los cultivos más importantes del mundo, no sólo por ser uno de los granos alimenticios más antiguos que se conocen, 1 sino por ser uno de los alimentos más productivos que proveen cantidades significativas de nutrientes, sobre todo calorías y proteínas, como base de sustento y medios de vida de la población y como parte de la cultura de las comunidades. 2 El desarrollo y permanencia del maíz se debe a las selecciones que fueron realizadas por los pequeños agricultores de Mesoamérica —especialmente en México— y que se ha extendido por todo el mundo a lo largo de los siglos para ser utilizado para múltiples propósitos. 3

No obstante, el gran crecimiento poblacional y el aumento en la demanda de productos agrícolas en las últimas décadas, así como las afectaciones que han sufrido la sostenibilidad productiva de estos cultivos por factores bióticos —tales como enfermedades, malezas y plagas— han propiciado la necesidad de utilizar productos químicos, como los plaguicidas, para controlar o eliminar estas plagas y enfermedades y mejorar las cosechas. 4 Aunado a lo anterior, los sistemas productivos de monocultivo utilizados particularmente en la producción de cereales, también han contribuido a la utilización de productos fitosanitarios que permitan mantener su producción masiva. 5

Sin embargo, las aplicaciones de estos plaguicidas constituyen un serio riesgo para la salud y para el medio ambiente. 6 Se ha demostrado que los plaguicidas tienen efectos graves en el medio ambiente, son responsables de la afectación de especies no blanco, que son de gran beneficio para la biodiversidad —tales como las abejas, mariposas y aves— y que estos polinizadores son imprescindibles para el funcionamiento adecuado de los ecosistemas. En el caso del maíz, al igual que en otras plantas y animales, la acumulación de estas sustancias en los suelos y el agua, ha provocado que éstos lo asimilen, dispersándose en otros ecosistemas.

Particularmente, en el caso de México, se estima que no se ha considerado los potenciales impactos directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos, que este tipo de sustancias pueden ocasionar al medio ambiente y a la salud, causando un grave problema de salud pública y de contaminación de suelos, agua, y por consiguiente, del deterioro de los ecosistemas. Desde 1993 en México se han registrado casos de intoxicación aguda por plaguicidas, los cuales incrementaron hasta en 67 mil 711 casos en todo el país durante el periodo 1995-2012. Los estados en los que consistentemente se reportó presentaron las tasas más altas de incidencia de intoxicación aguda por plaguicidas a lo largo de ese periodo, fueron Nayarit, Colima, Morelos y Jalisco. De la misma manera, los estados de Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro y Sinaloa presentaron una tendencia hacia el incremento de intoxicación aguda por plaguicidas al final de dicho periodo. 7 

Del 15 de julio al 8 de agosto de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 43 escritos de queja, en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría a de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), por actos y omisiones en perjuicio de la población en general, en relación con la falta de acciones de carácter administrativo, normativo y de políticas públicas, para la restricción del uso de plaguicidas altamente peligrosos que ha vulnerado los derechos humanos a la alimentación, a la salud, al medio ambiente y al acceso a la información. 8

En estas quejas se denunció que existen registros de plaguicidas vigentes que contienen sustancias activas prohibidas en tratados internacionales debidamente ratificados por el Estado mexicano, y sustancias que ya han sido prohibidas en otros países, lo que vulnera el principio precautorio que rige la materia ambiental. Además que la ausencia de la definición jurídica de los “plaguicidas altamente peligrosos”, ha generado la inexistencia de las condiciones adecuadas para el debido cumplimiento del “principio de sustitución”, que exige el remplazamiento de sustancias peligrosas por otras menos contaminantes. 9

Al respecto, la CNDH determinó que efectivamente en el marco jurídico mexicano en materia de plaguicidas se permite la comercialización y el uso de diversos plaguicidas y de sustancias cuya alta toxicidad ha sido documentada por organismos internacionales —como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Red de Acción en Plaguicidas— y cuyo uso ha sido prohibido incluso por algunos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, tales como el Protocolo de Montreal y los Convenios de Rotterdam y Estocolmo, y por lo tanto, estas autoridades han omitido, en consecuencia, realizar las acciones necesarias que conlleven a su debida gestión, como la prohibición de uso, comercialización, distribución, retiro progresivo de registros concedidos y generación de la normatividad complementaria que en el ámbito de sus competencias corresponde.

En el caso del Convenio de Rótterdam 10 —el cual facilita el intercambio de información sobre los productos químicos que han sido prohibidos o rigurosamente restringidos por uno o más gobiernos nacionales, así como las formulaciones de plaguicidas extremadamente peligrosas— restringe el uso de 35 plaguicidas, de los cuales México únicamente ha prohibido la importación de 20 de ellos, permitiendo el intercambio de 10 de estos conforme a determinadas condiciones y respecto a los otros no se ha pronunciado.

Por su parte, el Convenio de Estocolmo 11 —el cual tiene por objeto proteger la salud y el medio ambiente contra los contaminantes orgánicos persistentes (COP’s), a través del fortalecimiento de las legislaciones nacionales y la instrumentación de planes nacionales de implementación y hace referencia a la necesidad de tener presente el criterio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río, para la protección de la salud humana y el medio ambiente frente a los COP’s— enlista 33 COP’s causantes de efectos adversos en la salud humana y los ecosistemas, de los cuales 17 son plaguicidas, y respecto a los cuales el Estado mexicano sólo se ha adherido a las condiciones del tratado para 8 de estos últimos. 12

Respecto al Convenio de Viena sobre la Protección de la Capa de Ozono 13 —en el cual se reconoció el agotamiento de la capa de ozono por el uso de ciertos compuestos químicos que resultan dañinos, como los compuestos clorofluorocarbonados (CFC) — se promueve la adopción de medidas legislativas y administrativas para el control y eliminación progresiva de la producción y consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono, y se hace alusión al principio precautorio ante la falta de conocimiento y de estudios sobre los impactos sinérgicos y acumulativos de ciertas sustancias, que pueden constituir un riesgo para la conservación de la capa de ozono, lo cual no se ha regulado en ninguna disposición legal del sistema jurídico mexicano.

Por su parte, la FAO aprobó en 2006 el Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM); en el cual se incluyó la prohibición progresiva de los plaguicidas altamente peligrosos y la promoción de buenas prácticas agrícolas, a fin de lograr la minimización de los efectos adversos importantes en la salud humana y el medio ambiente el Programa Internacional sobre Seguridad Química de la OMS publicó en 2009, y en la que se incluye un listado de los ingredientes activos de plaguicidas catalogados como extremadamente peligrosos. 14 La Red de Acción en Plaguicidas publicó en 2016 el “Catálogo de PAP”, el cual engloba 297 sustancias; en la que se integró los criterios definidos por distintas organizaciones como la Organización Mundial de Salud, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, el Protocolo de Montreal, los Convenios de Estocolmo y de Rotterdam. Asimismo, dicha Red publicó en 2017 la Lista Consolidada de plaguicidas prohibidos, la cual integra los datos de 370 ingredientes activos cuyo uso ha sido severamente restringido o vedado, al menos en 106 países, de los cuales en México se ha prohibido sólo un número mucho más reducido.

De la misma manera, la Universidad Autónoma de Nayarit en 2017 informó a la CNDH que en México están autorizados 183 ingredientes activos de plaguicidas altamente peligrosos, que están incluidos como proscritos en convenios internacionales vinculantes, que se pueden clasificar como extremadamente peligrosos, por su poder letal, carcinogénico, mutagénico, tóxico en reproducción, perturbador endócrino, muy bioacumulable, muy persistente en agua, suelo o sedimento, muy tóxico en organismos acuáticos, muy tóxico en abejas. 15

Consecuentemente, la CNDH emitió diversas recomendaciones a las autoridades responsables antes mencionadas a fin de que den cumplimiento a los tratados en materia de sustancias tóxicas contenidas en plaguicidas de los que México es parte; emitan los lineamientos para la prohibición o regulación de los plaguicidas altamente peligrosos durante todo su ciclo de vida, en el marco normativo nacional aplicable, tomando en cuenta, lo estipulado en los Convenios de Estocolmo y Rotterdam, en el Protocolo de Montreal, así como lo señalado por organismos internacionales, como la FAO-OMS y la Red de Acción en Plaguicidas; ampliando los criterios para determinación de la peligrosidad de éstos, así como identificar los que representan un riesgo significativo para la salud, la alimentación y el medio ambiente.

Para dar parte del cumplimiento de la referida recomendación de la CNDH, el 31 de diciembre de 2020, la Semarnat emitió el “Decreto por el que se establecen las acciones que deberán realizar las dependencias y entidades que integran la administración pública federal, en el ámbito de sus competencias, para sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen como ingrediente activo, por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente”, en la que se estableció un periodo de transición para lograr la sustitución total del glifosato hasta el 31 de enero de 2024, a fin de que durante ese periodo las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente y Recursos Naturales promuevan e implementen alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas al uso del glifosato, ya sea con otros agroquímicos de baja toxicidad, con productos biológicos u orgánicos, con prácticas agroecológicas o con uso intensivo de mano de obra, que resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente.

De esta manera, con la finalidad de contribuir a lograr una mejor regulación de los plaguicidas y promover la protección del derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la salud, a través de la presente iniciativa de reforma se propone realizar diversas modificaciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), de manera que se incluyan los conceptos de “plaguicida”, “plaguicidas altamente peligrosos” y de “precaución”, así como para prohibir la utilización de los plaguicidas altamente peligrosos o aquellos que estén prohibidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

En virtud de que el concepto de plaguicidas altamente peligrosos no se regula en ningún marco normativo nacional y solamente se establece una clasificación de plaguicidas en la NOM-232-SSA1-2009 según su toxicidad y en atención a los riesgos ecológicos y el efecto adverso a la flora y fauna terrestre y acuática que causan. Por lo cual, se retoma el término de “plaguicidas altamente peligrosos” que se incluyó en el Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas de la FAO, definiéndolos como: “aquellos que reconocidamente representan una peligrosidad aguda o crónica particularmente elevados para la salud o el medio ambiente, de acuerdo con los sistemas de clasificación internacionalmente aceptados, como los de la OMS o el SGA, o por figurar en acuerdos o convenciones internacionales pertinentes con carácter vinculante. Además, podrán considerarse muy peligrosos y tratarse como tales aquellos plaguicidas que, en condiciones de uso en un país, parezca que ocasionan un daño grave o irreversible para la salud o el medio ambiente”. 16

En el caso del concepto de “plaguicidas” actualmente se regula en el Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos, que fue emitido por la Semarnat el 13 de febrero de 2014 y el cual lo define como “cualquier sustancia o mezcla de sustancias que se destine a controlar cualquier plaga, incluidos los vectores que transmiten las enfermedades humanas y de animales, las especies no deseadas que causen perjuicio o que interfieran con la producción agropecuaria y forestal, así como las substancias defoliantes y las desecantes”. 17 Por lo cual, se retoma dicho concepto para armonizarlo con la presente ley ambiental y al considerar que es el término más adecuado.

Por otro lado, considerando lo que determinó la CNDH respecto a que es necesario que en la gestión y autorización de los plaguicidas se aplique el principio precautorio basado en el establecimiento de medidas para prever más que para remediar. Debido a que diversos estudios e informes internacionales, como el Informe del Plenario de la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, consideran que no existen estudios concluyentes sobre los posibles efectos de exposición de ciertos plaguicidas, tanto en humanos como en los distintos organismos y sobre el medio ambiente en general, así como de los efectos acumulativos y sinérgicos s a largo plazo. 18

Por lo que a fin de poder restringir el uso y comercialización de estas sustancias y de otras actividades que involucren un daño grave o irreversible al medio ambiente y respecto a los cuales no exista certeza científica absoluta, es necesario que se pueda aplicar el principio precautorio y prohibir la utilización, comercialización e importación de los plaguicidas altamente peligrosos o que estén prohibidos en los tratados internacionales de los que México es parte. Especialmente considerando que, si bien en los ordenamientos ambientales mexicanos no se regule dicho principio, no obstante el artículo 27 constitucional regula la necesidad de preservar el equilibrio ecológico y evitar la destrucción de los elementos naturales en perjuicio de la sociedad e impone determinados requisitos para evitar el daño ambiental. 19

A la luz de lo anterior, a fin de regular el uso, comercialización e importación de los plaguicidas altamente peligrosos se proponen las siguientes modificaciones y adiciones a la LGEEPA:

Decreto por el que se reforman las fracciones XXV, XXVI y XXVII del artículo 3o., recorriéndose el orden de las fracciones subsecuentes; la fracción VI del artículo 5o.; la fracción IV del artículo 134 y el segundo párrafo del artículo 144 y se adiciona una fracción XXI del artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo Único. Se reforman las fracciones XXV, XXVI y XXVII del artículo 3o., recorriéndose el orden de las fracciones subsecuentes; la fracción VI del artículo 5o.; la fracción IV del artículo 134 y el segundo párrafo del artículo 144 y se adiciona una fracción XXI del artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. a XXIV.

XXV. Plaguicida: cualquier sustancia o mezcla de sustancias que se destine a controlar cualquier plaga, incluidos los vectores que transmiten las enfermedades humanas y de animales, las especies no deseadas que causen perjuicio o que interfieran con la producción agropecuaria y forestal, así como las substancias defoliantes y las desecantes.

XXVI. Plaguicidas Altamente Peligrosos: aquellos plaguicidas que reconocidamente representan riesgos graves, crónicos e irreversibles particularmente para la salud o el medio ambiente, de acuerdo con los sistemas de clasificación internacionalmente aceptados como los de la OMS o el [Sistema Global de Productos Químicos], o por figurar en acuerdos o convenciones internacionales pertinentes con carácter vinculante.

XXVII. Precaución. Principio que prevé postergar o impedir la adopción de medidas que involucren el peligro de daño grave o irreversible al medio ambiente ante la falta de certeza científica absoluta.

XXVIII. Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitat naturales;

XXIX. Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro del ambiente;

XXX. Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su deterioro;

XXXI. Recursos biológicos: Los recursos genéticos, los organismos o partes de ellos, las poblaciones, o cualquier otro componente biótico de los ecosistemas con valor o utilidad real o potencial para el ser humano;

XXXII. Recursos Genéticos: Todo material genético, con valor real o potencial que provenga de origen vegetal, animal, microbiano, o de cualquier otro tipo y que contenga unidades funcionales de la herencia, existentes en el territorio nacional y en las zonas donde la nación ejerce soberanía y jurisdicción;

XXXIII. Recurso natural: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del hombre;

XXXIV. Región ecológica: La unidad del territorio nacional que comparte características ecológicas comunes;

XXXV. Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó;

XXXVI. Residuos peligrosos: son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que le confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio y por tanto, representan un peligro al equilibrio ecológico o el ambiente;

XXXVII. Restauración: Conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales;

XXXVIII. Secretaría: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

XXXIX. Servicios ambientales: los beneficios tangibles e intangibles, generados por los ecosistemas, necesarios para la supervivencia del sistema natural y biológico en su conjunto, y para que proporcionen beneficios al ser humano;

XL. Vocación natural: Condiciones que presenta un ecosistema para sostener una o varias actividades sin que se produzcan desequilibrios ecológicos, y

XLI. Educación Ambiental: Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas más racionales a favor del desarrollo social y del ambiente. La educación ambiental comprende la asimilación de conocimientos, la formación de valores, el desarrollo de competencias y conductas con el propósito de garantizar la preservación de la vida.

XLII. Zonificación: El instrumento técnico de planeación que puede ser utilizado en el establecimiento de las áreas naturales protegidas, que permite ordenar su territorio en función del grado de conservación y representatividad de sus ecosistemas, la vocación natural del terreno, de su uso actual y potencial, de conformidad con los objetivos dispuestos en la misma declaratoria. Asimismo, existirá una subzonificación, la cual consiste en el instrumento técnico y dinámico de planeación, que se establecerá en el programa de manejo respectivo, y que es utilizado en el manejo de las áreas naturales protegidas, con el fin de ordenar detalladamente las zonas núcleo y de amortiguamiento, previamente establecidas mediante la declaratoria correspondiente.

Artículo 5o. Son facultades de la Federación:

VI. La regulación y el control de las actividades o sustancias consideradas como altamente riesgosas conforme al principio de precaución, y de la generación, manejo y disposición final de materiales y residuos peligrosos para el ambiente o los ecosistemas, así como para la preservación de los recursos naturales, de conformidad con esta Ley, otros ordenamientos aplicables y sus disposiciones reglamentarias;

Artículo 15. Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios:

I. a XX. ...

XXI. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.

Artículo 134. Para la prevención y control de la contaminación del suelo, se considerarán los siguientes criterios:

IV. La utilización de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, debe ser compatible con el equilibrio de los ecosistemas y considerar sus efectos sobre la salud humana a fin de prevenir los daños que pudieran ocasionar . Se prohíbe la utilización de los plaguicidas altamente peligrosos o aquellas sustancias o compuestos que estén prohibidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte;

Artículo 144. Atendiendo a lo dispuesto por la presente Ley, la Ley Federal de Sanidad Vegetal y las demás disposiciones legales y reglamentarías aplicables, la Secretaría coordinadamente con la Secretarías de Salud, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía, participará en la determinación de restricciones arancelarias y no arancelarias relativas a la importación y exportación de materiales peligrosos.

No podrán otorgarse autorizaciones para la importación de plaguicidas, fertilizantes y demás materiales peligrosos, cuando su uso no esté permitido en el país en el que se hayan elaborado o fabricado o esté prohibido por algún tratado internacional del que el Estado mexicano sea parte.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes.

Segundo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en un periodo máximo de tres años, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá lograr la sustitución total de los plaguicidas altamente peligrosos y de aquellas sustancias o compuestos que estén prohibidos por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, a fin de que durante ese periodo se promuevan e implementen alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, ya sea con otros agroquímicos de baja toxicidad, con productos biológicos u orgánicos, con prácticas agroecológicas o con uso intensivo de mano de obra, que resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el medio ambiente.

Tercero. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales un periodo máximo de tres años, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá armonizar la legislación reglamentaria y las normas oficiales mexicanas en la materia, de acuerdo con lo establecido en el presente decreto.

Cuarto. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en coordinación con las Secretarías de Salud, de Agricultura y Desarrollo Rural y de Economía, en un periodo máximo de tres años, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá modificar las restricciones arancelarias y no arancelarias relativas a la importación y exportación de materiales peligrosos de acuerdo con lo establecido en el presente decreto.

Notas

1 R.L. Paliwal. Introducción al maíz y su importancia. Disponible en:

http://www.fao.org/3/x7650s/x7650s02.htm

2 FAO. Capítulo 6 Comparación del valor nutritivo del maíz común y del maíz con proteínas de calidad. Disponible en:

http://www.fao.org/3/t0395s/t0395s09.htm

3 CIMMYT (2021). Fifty Years of Maize Research in the CGIAR: Diversity, Change, and Ultimate Success. Disponible en:

https://repository.cimmyt.org/bitstream/handle/10883/21633/64151 .pdf?sequence=3&isAllowed=y

4 Julieta Strada, Alejandra Ricca, et. al. Evaluación de residuos de plaguicidas en granos de maíz (zea mays l.) y trigo (triticum aestivum l.) Posterior a la aplicación en el almacenamiento y en el campo. Asociación Interciencia. P. 413. Disponible en:

https://www.redalyc.org/pdf/339/33923401002.pdf

5 CASAFE (2007) Guía de Productos Fitosanitarios para la República Argentina. Tomos I y II. 13o. ed. Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes-República Argentina. Buenos Aires, Argentina. P. 2252.

6 Aldana Madrid ML, Valdez Hurtado S, et. al. (2008). Insecticide residues in stored grains in Sonora, México: Quantification and Toxicity Testing. Bull. Env. Contam. Toxicol. P. 80: 93-96.

7 Gutiérrez S.J.J. (2013). Panorama histórico de morbilidad y mortalidad por intoxicación por plaguicidas en México 1995-2012. Boletín Epidemiológico 33-35 (30), 1-35 (Secretaría de Salud, México)

8 CNDH (2018). Recomendación No. 82/2018 sobre la violación a los derechos humanos a la alimentación, al agua salubre, a un medio ambiente sano y a la salud, por el incumplimiento a la obligación general de debida diligencia para restringir el uso de plaguicidas de alta peligrosidad, en agravio de la población en general. Ciudad de México. 26 de diciembre de 2018. P. 8. Disponible en:

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2018/Rec_2 018_082.pdf

9 Ídem.

10 Al cual se adhirió el Estado Mexicano el 4 de mayo de 2005, que entró en vigor a nivel internacional el 24 de febrero de 2004 y cuyo Decreto promulgatorio fue publicado en el DOF el 2 de agosto de 2005.

11 Aprobado en 2001 y ratificado por el Estado Mexicano el 10 de febrero de 2003 y cuyo Decreto promulgatorio fue publicado en el DOF el 17 de mayo de 2004.

12 CNDH (2018). Op. Cit. P. 3.

13 Aprobado y firmado el 22 de marzo de 1985, cuyo Decreto promulgatorio fue publicado en el DOF el 22 de diciembre de 1987.

14 CNDH (2018). Op. Cit.

15 CNDH (2018). Op. Cit.

16 FAO (2014). Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas. Disponible en:

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_P esticides/Code/Code_Spanish_2015_Final.pdf

17 Artículo 2, fracción XXXVIII del Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos.

18 IPBES/4/19, Plenario de la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, Cuarto período de sesiones, Kuala Lumpur, 22 a 28 de febrero de 2016.

19 CNDH (2018). Op. Cit. P. 35

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2021.– Diputados y diputadas: Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Cristina Amezcua González, Eufrosina Cruz Mendoza, José Guadalupe Fletes Araiza, Karina Marlen Barrón Perales, Laura Lorena Haro Ramírez, Lorena Piñón Rivera, María del Refugio Camarena Jáuregui, Mariana Erandi Nassar Piñeyro, Miguel Sámano Peralta, Óscar Gustavo Cárdenas Monroy, Rodrigo Fuentes Ávila, Sayonara Vargas Rodríguez, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 65 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, a cargo de la diputada Alma Griselda Valencia Medina, del Grupo Parlamentario de Morena

Alma Griselda Valencia Medina, diputada federal de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a la consideración de esta Soberanía la siguiente

I) Definición y antecedentes

El Derecho de asilo es un derecho internacional de los derechos humanos, que puede disfrutar cualquier persona fuera de su país de origen en caso de persecución política.

El “ asilo”, es la protección que encuentra una persona, objeto de persecuciones por parte de las autoridades de un Estado, en aquellas hipótesis en que dichas persecuciones se enfrentan ante la prohibición de su persecución dentro de ciertos espacios competentes de la autoridad de otro Estado, sin que éste tenga la obligación de facilitar su continuación entregando al refugiado a las autoridades del Estado que pretende ejercer tal persecución. 1

Por otra parte, el llamado “derecho de asilo”, en general, se ha entendido tradicionalmente como una facultad jurídica soberana de conceder refugio a individuos perseguidos, condicionándose su ejercicio a una casi absoluta discrecionalidad por parte de los Estados.

 Sin embargo, recientemente, se ha venido hablando de un “derecho de asilo” para el individuo, el cual ha sido de hecho consagrado en buen número de países a través de dispositivos e instrumentos constitucionales, pero sin poderse predicar hasta ahora un general de derecho” en sentido internacional. 2

Lo que sí está plenamente consagrado en derecho internacional es la facultad jurídica para todo Estado soberano de garantizar el asilo en su territorio a toda persona que fundadamente así lo solicite y siempre y cuando el Estado en cuestión no esté bajo ninguna obligación contractual de realizar lo contrario, como puede ser el caso de las convenciones de extradición en que el Estado sea parte. 3

Conforme a derecho internacional, el otorgamiento de asilo no constituye en sí mismo un acto inamistoso, y esto debe necesariamente aplicarse de igual forma a la aceptación por el Estado de asilo de las posibles declaraciones del sujeto en busca de refugio, relativas al hecho de que ha sufrido o teme llegar a sufrir persecuciones en su país de origen.

De ninguna manera, la actitud del Estado de asilo puede llegar a interpretarse como interferencia o posible intervención en los asuntos domésticos del otro Estado en donde se presume la persecución. 4

Para México, el Derecho de Asilo, reviste una particular importancia, en razón de su tradición humanitaria. Durante el siglo XIX el Gobierno Mexicano brindó protección a miembros del grupo de pueblos originarios “Kikapú”, quienes huían de la persecución que enfrentaban en Estados Unidos. 5

1. En los años cuarenta, durante el gobierno del General Lázaro Cárdenas del Río, se brindó protección a miles de ciudadanos españoles que escapaban de la Guerra Civil y lo que a la postre se convertiría en la dictadura de Francisco Franco;

2. En los setenta, se ofreció refugio a miles a los sudamericanos que escapaban de las dictaduras militares de América del Sur, como la de Paraguay, con Alfredo Stroessner, en 1954; Brasil, con Humberto de Alencar Castelo Branco, en 1964; Bolivia, con Hugo Banzer, en 1971; Uruguay, con Juan María Bordaberry; Chile, con Augusto Pinochet, en 1973; Argentina, con Jorge Rafael Videla, en 1976; y Haití, con Francois Duvalier, “Papa Doc”, y sus Tonton Macut´s, llegando al extremo de orquestar un operativo clandestino, la “Operación Cóndor”, que fue un sistema de cooperación entre los regímenes del Cono Sur para perseguir a la oposición política de izquierdas que duró aproximadamente hasta 1980.

3. A mediados de los años ochenta y principios de los años noventa, finalmente, se dio un éxodo masivo hacia México, principalmente de ciudadanos de países Centroamericanos sumergidos en los conflictos armados en Centroamérica, como lo eran Nicaragua y el Salvador.

4. En México han encontrado asilo una serie de personalidades y líderes en distintos ámbitos que incluye al ideólogo soviético León Trotsky, el director de cine español Luis Buñuel, el expresidente argentino Héctor Cámpora y la Premio Nobel Rigoberta Menchú.

5. Más recientemente, México otorgo asilo político al depuesto Presidente de Bolivia, Juan Evo Morales Ayma, derrocado por el ejército de aquel país mediante un golpe de Estado. Para ejemplificar la trascendencia de esta decisión soberana, basta ver el comunicado emitido por el Gobierno de México la que a la letra señala:

“ Posicionamiento del Gobierno de México sobre otorgamiento de asilo a Evo Morales 6

Comunicado No. 397

Latinoamérica ha sido testigo de lamentables y violentos acontecimientos en los que el orden constitucional se rompe y autoridades democráticamente electas se ven obligadas a abandonar todo para proteger su vida y su seguridad.

El derecho internacional reconoce que un individuo puede solicitar a un Estado del que no es nacional, como consecuencia de situaciones que surjan en el Estado de su nacionalidad, el reconocimiento como asilado.

México se ha caracterizado por su tradición en materia de protección a asilados a lo largo de su historia. Se ha mostrado como un Estado incluyente y solidario cuyas puertas han estado abiertas para quienes han tenido la necesidad de abandonar sus países.

Dos ordenamientos en el marco jurídico internacional sustentan el otorgamiento de asilo: la Convención sobre Asilo de La Habana de 1928 y la Convención sobre Asilo Diplomático firmada en Caracas en 1954. La legislación mexicana también reconoce el otorgamiento del asilo político en su Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de 2011.

Les informo que hace unos momentos recibí una llamada del presidente Evo Morales, mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país.

En términos de la legislación vigente, la Cancillería mexicana, previa opinión de la Secretaría de Gobernación, en voz de la secretaria Olga Sánchez Cordero, ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales, por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que enfrenta en Bolivia, en donde su vida e integridad corren riesgo. En este sentido, se procederá a informar al Senado de la República el desarrollo de estos hechos de relevancia para nuestra política exterior, solicitando su respaldo a esta decisión. Asimismo, hemos informado al Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, para que, bajo el derecho internacional, proceda a otorgar el correspondiente salvoconducto y las seguridades, así como garantías de que la vida, integridad personal y libertad del señor Morales no serán puestas en peligro y que podrá ponerse en seguridad.

Cabe recordar que el primer ordenamiento en materia de asilo data de 1853 cuando México y Colombia suscribieron un tratado de no extradición por delitos políticos. Nuestra tradición ha sido siempre por la protección de los perseguidos políticos. La tradición también tiene como base los artículos 11 y 15 de nuestra Constitución. México ha concedido protección a personajes como Giuseppe Garibaldi, José Martí o Víctor Raúl Haya de la Torre.

El otorgamiento de asilo es un derecho soberano del Estado mexicano que va acorde con sus principios normativos en política exterior de protección de los derechos humanos, de respeto a la autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de controversias y de no intervención.

La decisión del Gobierno Mexicano se ha hecho del conocimiento de la Organización de Estados Americanos y se hará del conocimiento de la Organización de las Naciones Unidas, invocando la protección internacional a la vida y la integridad de Evo Morales.”

En este sentido, el Derecho de Asilo, cobra actualidad, ya no es solamente una referencia histórica, sino derecho vivo en nuestro país.

En la actualidad, dentro de estos flujos migratorios, existe un número importante de personas que escapan de su país de origen por persecución individualizada, o bien, por una situación objetiva, ya sea porque son amenazados ante la situación de un conflicto armado u otra circunstancia general grave que ponga en riesgo su vida, seguridad o libertad.

México se ha enfrentado en los últimos meses a un creciente número de solicitudes de asilo y refugio a raíz de la crisis política venezolana y las caravanas de migrantes. Las solicitudes pasaron de 2.137 en 2014 a 29.631 en 2018, según datos oficiales.

Entre enero y octubre de 2019, 62.299 personas habían solicitado permiso para asentarse en México.

En el 2020 y 2021 la migración proveniente de países del llamado triángulo del norte centroamericano y de Haití ha sido particularmente explosiva en el número de solicitantes de refugio.  

II) Marco jurídico

A) Legislación México

El sistema jurídico mexicano contempla diversos instrumentos normativos, Constitucionales, convencionales y legales, referentes al Derecho de Asilo.

Nuestro país que se ha caracterizado por su tradición en materia de protección a refugiados y asilados a lo largo de su historia, se ha mostrado como un Estado incluyente y solidario, cuyas puertas han estado abiertas para quienes han tenido la necesidad de abandonar sus países de origen por diversos motivos. A nuestro país han llegado personas que han realizado importantes contribuciones a la cultura, a la educación, al desarrollo científico, etc., enriqueciendo con su pensamiento, trabajo y tradiciones a nuestra sociedad.

La reforma constitucional en materia de derechos humanos promulgada el 10 de junio de 2011, incorporó en el artículo 11 constitucional un segundo párrafo que a la letra señalaba:

“ En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones.”. 7

Esta redacción fue modificada mediante una reforma Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2016, 8 depara ampliar la posibilidad de solicitar y concederAsilo; Se modifica la parte en que señala,  que  los “En caso de persecución, por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo” y se establece que  “Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo.”

En este orden de ideas, la redacción del párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos quedo como sigue:

“ Artículo 11....

Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones.”

Por su parte el artículo 15 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la letra reza:

“ Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.”

Por lo que toca a la figura del “ refugio” , el 27 de enero de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, y el 21 de febrero de 2012 se publicó su Reglamento.

En cuanto a la figura del “ asilo”, el 30 de octubre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones, así como la denominación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria; para quedar como “Ley sobre refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político”, y se reformaron y adicionaron diversos artículos de la Ley de Migración, que tiene como principal objetivo regular esta figura.

Para la reglamentación del Asilo Político, se cuenta de manera preponderante con la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político 9 Ley, que regula el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político.

Esta Ley, en su artículo 2º establece las definiciones de Asilo Político y Asilado, misma que señala:

“ Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Asilo Político: Protección que el Estado Mexicano otorga a un extranjero considerado perseguido por motivos o delitos de carácter político o por aquellos delitos del fuero común que tengan conexión con motivos políticos, cuya vida, libertad o seguridad se encuentre en peligro, el cual podrá ser solicitado por vía diplomática o territorial. En todo momento se entenderá por Asilo el Asilo Político.

II. Asilado: El extranjero que encontrándose en el supuesto establecido en el artículo 61 de la Ley recibe la protección del Estado Mexicano.”

Por su parte los Lineamientos para Atender Solicitudes de Asilo y Refugio, de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, y lo define como “la protección que el Estado mexicano otorga a un extranjero considerado perseguido por motivos o delitos de carácter político o por aquellos delitos del fuero común que tengan conexión con motivos políticos, cuya vida, libertad o seguridad se encuentre en peligro”. 10

B) Instrumentos internacionales

A nivel internacional existen diversos tratados en materia de derechos humanos que contemplan al Asilo como un Derecho.

Es decir, la comunidad internacional ha incorporado el Derecho de Asilo como parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

En este sentido, y de acuerdo a señalado por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diversos tratados internacionales, en materia de Derecho de Asilo, de los que el Estado Mexicano sea parte, son norma vigente, por lo que “ todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar” el Derecho de Asilo en México, “de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad...”

La reglamentación del derecho de asilo como un Derecho Humano, tuvo inicio con la Convención sobre Asilo, 11  Firmada en La Habana, el 20 de febrero de 1928 en la Sexta Conferencia Internacional Americana, y que en su artículo 2º. señala:

“ Artículo 2

El asilo de delincuentes políticos en Legaciones, navíos de guerra, campamentos o aeronaves militares, será respetado en la medida en que, como un derecho o por humanitaria tolerancia, lo admitieren el uso, las Convenciones o las leyes del país de refugio y de acuerdo con las disposiciones siguientes:

Primero: El asilo no podrá ser concedido sino en casos de urgencia y por el tiempo estrictamente indispensable para que el asilado se ponga de otra manera en seguridad

Segundo: El Agente Diplomático, Jefe de navío de guerra, campamento o aeronave militar, inmediatamente después de conceder el asilo lo comunicará al Ministro de Relaciones Exteriores del Estado del Asilado, o a la autoridad administrativa del lugar si el hecho ocurriera fuera de la capital.

Tercero: El Gobierno del Estado podrá exigir que el asilado sea puesto fuera del territorio nacional dentro del más breve plazo posible; y el Agente Diplomático del país que hubiere acordado el asilo, podrá a su vez exigir las garantías necesarias para que el refugiado salga del país respetándose la inviolabilidad de su persona.

....”

Por su parte la Declaración Universal de Derechos Humanos 12 (1948), reconoce en su artículo 14 el derecho básico al Asilo:

“ Artículo 14.

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.”

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 13  (1948): Asimismo, en su artículo XXVII establece:

“ Artículo XXVII. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacionales.”

“En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”. 14

De manera casi inmediata, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre del mismo año de 1948 se establece que:

“Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacionales”. 15

Esto evidencia la obligación de los Estados de adecuar la legislación interna a los estándares internacionales, velando por el cumplimiento de diversos Derechos y garantías fundamentales que han sido reconocidas a través del desarrollo jurisprudencial del Derecho de asilo, estableciendo criterios precisos, sin dar lugar a la posibilidad de tomar decisiones de manera discrecional.

En el mismo orden de ideas el Convenio sobre Asilo Diplomático, 16  adoptado en Caracas, Venezuela, 28 de marzo de 1954, señala:

“ Artículo I

El asilo otorgado en legaciones, navíos de guerra y campamentos o aeronaves militares, a personas perseguidas por motivos o delitos políticos, será respetado por el Estado territorial de acuerdo con las disposiciones de la presente Convención.

Para los fines de esta Convención, legación es toda sede de misión diplomática ordinaria, la residencia de los jefes de misión y los locales habilitados por ellos para habitación de los asilados cuando el número de éstos exceda de la capacidad normal de los edificios.

Los navíos de guerra o aeronaves militares que estuviesen provisionalmente en astilleros, arsenales o talleres para su reparación, no pueden constituir recinto de asilo.

Artículo II

Todo Estado tiene derecho de conceder asilo; pero no está obligado a otorgarlo ni a declarar por qué lo niega.”

Por otro lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 17  (1969) en su artículo 22(7) establece:

“ Artículo 22.  Derecho de Circulación y de Residencia

 7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios internacionales.”

Así mismo, la Declaración de Cartagena sobre refugiados de 1984, Adoptada por el “Coloquio Sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios”, también estipula que es necesaria “la coordinación y armonización entre los sistemas universales, regionales y los esfuerzos nacionales”. 18

En razón de ello, la adecuación exigida por los estándares internacionales a la legislación interna, da cabida a comprender el derecho al asilo como una potestad del Estado, sin embargo, es indudable que también, el solicitante de asilo tiene un Derecho Humano.

La Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos 19 (promulgada en 1981 y de entrada en vigor el 21 de octubre de 1986) este derecho es contemplado en el artículo 12.3:

“ Artículo 12

3. Todo individuo tendrá derecho, cuando esté perseguido, a buscar y obtener asilo en otros países de conformidad con las leyes de esos países y los convenios internacionales.”

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 20 (promulgada en 2007 y de entrada en vigor el 1 de diciembre de 2009), en su artículo 18 garantiza este derecho:

“ Artículo 18

Derecho de asilo

Se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.”

Como puede observarse existe un amplio marco Constitucional, convencional y legal que obliga al Estado mexicano y a todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, a respetar el derecho de asilo de aquellos que lo soliciten.

III) Problemática

Uno de los problemas que afronta tanto el Estado Mexicano, como aquellas personas que buscan solicitar asilo en México, radica en el acceso al pedimento de asilo.

Actualmente, aun cuando el Asilo es un derecho humano reconocido en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, la redacción de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en la práctica, resulta limitativa e incluso restrictiva de la posibilidad de solicitar asilo.

Esto en razón a que según lo establecido en el artículo 65 de esta Ley, únicamente pueden solicitar asilo: 1) los ciudadanos oriundos del país en que se encuentre la representación diplomática o consular ante la que se presente; o 2) cuando estén en territorio mexicano en donde podrán realizar su pedimento en cualquiera las oficinas de la Secretaria de Relaciones Exteriores.

El artículo 65 a la letra reza:

“ Artículo 65. Las Representaciones solo recibirán solicitudes de asilo político de los nacionales de aquellos países ante los que se encuentren acreditadas.

Las Representaciones deberán remitir las solicitudes a la Secretaría de Relaciones Exteriores.”

Esto limita al mínimo la posibilidad de pedir asilo, para aquellos que logran llegar a la legación diplomática mexicana antes de que los conflictos, ya sean colectivos o individuales, se exacerben.

Con ello se deja fuera a quienes desafortunadamente sufren lo mismo, pero no se encuentran en ese territorio.

Esto representa un contrasentido al derecho al asilo y la posibilidad de brindar refugio, dejando fuera del alcance de la protección a, por los menos, los siguientes:

1. A las personas que estando fuera del país de su nacionalidad, ya no quieran, o no puedan regresar a él, por temor fundado a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas.

2. Aquellas que han huido de su país, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.

3. A quienes debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen o como resultado de actividades realizadas, durante su estancia en otro país, tengan fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, o su vida, seguridad o libertad pudieran ser amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.

Esta cortapisa legal debe eliminarse, por ser contraria a lo Establecido en la Carta Magna y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

La posibilidad de acceder a la solicitud de asilo en México debe ampliarse, con el simple hecho de incrementar el espectro de lugares en donde puede hacerse dicha petición de asilo.

Todo lo anterior tiene una sola finalidad, no sólo ajustar la ley nacional con obligaciones internacionales; sino también mantener y fortalecer la tradición humanitaria del asilo en México mediante una correcta implementación de ambas normas jurídicas.

IV) Contenido de la iniciativa

La iniciativa que reforma el párrafo primero, adiciona un párrafo segundo y recorre al anterior para quedar como el párrafo tercero del artículo 65 de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político consiste, en los esencial en:

Primero. Se elimina la traba jurídica del primer párrafo, para que las representaciones, diplomáticas o consulares, recibieran solo las solicitudes de asilo político de los nacionales de aquellos países ante los que se encuentren acreditadas. Y se amplia el espectro para que reciban solicitudes de asilo de todas aquellas personas que lo soliciten y siempre que estén en los países ante los que se encuentren acreditadas.

Segundo. Se adiciona un segundo párrafo, facultando a las representaciones mexicanas en el extranjero, para que también reciban las solicitudes de asilo político a todo extranjero que se encuentre fuera del país de su nacionalidad por los siguientes motivos:

I. Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él;

II. Que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público, y

III. Que debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen o como resultado de actividades realizadas, durante su estancia en o estado nacional, tenga fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, o su vida, seguridad o libertad pudieran ser amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.

Para su mejor comprensión se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

Por las consideraciones expuestas, someto a la consideración del pleno de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el párrafo primero, adiciona un párrafo segundo y recorre el segundo al tercer párrafo del artículo 65 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, para quedar como sigue:

Artículo Único. Se reforma el párrafo primero, adiciona un párrafo segundo y recorre el segundo al tercer párrafo del artículo 65 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

Artículo 65. Las Representaciones recibirán solicitudes de asilo político de todas aquellas personas que lo soliciten y siempre que estén en los países ante los que se encuentren acreditadas.

También recibirán las solicitudes de asilo político a todo extranjero que se encuentre fuera del país de su nacionalidad por los siguientes motivos:

I. Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él;

II. Que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos

internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público, y

III. Que debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen o como resultado de actividades realizadas, durante su estancia en otro estado nacional, tenga fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, o su vida, seguridad o libertad pudieran ser amenazadas por violencia generalizada,agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.

Las representaciones deberán remitir las solicitudes a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Único. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Dictionaire de la Terminologie du Droit International, París, Sirey, 1960, p. 63, préface de J. Basdevant. Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. www.juridicas.unam.mx

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

2 El artículo 10 de la Constitución italiana de 1947, al igual por ejemplo que el artículo 16 de la República Federal de Alemania de 1949, confieren el derecho de asilo a las personas perseguidas por razones políticas. En estos casos el derecho de asilo se concibe como un derecho subjetivo acordado al perseguido político bajo forma de un derecho fundamental que la administración está obligada a respetar.

3 Ver en este sentido la intervención de Perassi en la sesión de Bath del Institut de Droit International: “Un Etat peut accorder asile sur son territoire á toute personne sous la seule réserve des limites découlant des conventions auxquelles il est partie”, Annuaire de l’Institut de Droit International (AIDI), septiembre 11 de 1950, p. 142. En la Resolución adoptada (artículo 1o.), el término asilo designa la protección que un Estado otorga en su territorio, o en otro lugar dependiente de alguno de sus órganos a un individuo que la solicita.

4 Grahl-Madsen, Atle, Territorial Asylum, Londres-Roma-Nueva York, Oceana Publications, Inc., 1980, pp. 12 y 13.

5 Mager Hois, Elisabeth A., Kikapú: Pueblos Indígenas del México contemporáneo, México, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pp. 9-13.

6 Secretaria de Relaciones Exteriores. 11 de noviembre de 2019. Posicionamiento del Gobierno de México sobre otorgamiento de asilo a Evo Morales. Comunicado No. 397.

https://www.gob.mx/sre/prensa/posicionamiento-del-gobierno-de-me xico-sobre-otorgamiento-de-asilo-a-evo-morales

7 DOF. 10 de junio de 2011. Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10 jun11.pdf

8 Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_229_15 ago16.pdf

9 Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRPCAP_301014. pdf

10 Lineamientos para Atender Solicitudes de Asilo y Refugio, de la Secretaría de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos. Julio 2006.

https://extranet.sre.gob.mx/images/stories/asilo/asilo2016.pdf

11 Convención sobre Asilo, Firmada en La Habana, el 20 de febrero de 1928 en la Sexta Conferencia Internacional Americana.

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/convencion_sobre_asilo_la_hab ana_1928.pdf

12 Declaración Universal de Derechos Humanos.

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

La Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III), como un ideal común para todos los pueblos y naciones.

13 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana Bogotá, Colombia, 1948.

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.

14 ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos, diciembre 10 de 1948. Artículo 14.

15 OEA, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948. Capítulo I. Artículo XXVII;

16 Convenio sobre Asilo Diplomático. Adopción: Caracas, Venezuela, 28 de marzo de 1954; Ratificación por México: 6 de febrero de 1957; Decreto promulgatorio DOF 5 de abril de 1957.

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D46BI S.pdf

17 Convención Americana sobre Derechos Humanos.

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_ sobre_derechos_humanos.htm

18 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Declaración de Cartagena sobre Refugiados. Adoptado por el “Coloquio sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios”, celebrado en Cartagena, Colombia, del 19 al 22 de noviembre de 1984.

https://www.acnur.org/5b076ef14.pdf

19 Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos.

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1297.pdf

20 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2019.– Diputada Alma Griselda Valencia Medina (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por la diputada Leticia Zepeda Martínez e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Leticia Zepeda Martínez, a nombre de las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, bajo la siguiente:

El municipio es la forma primera de la sociedad civil, con autoridades propias y funciones específicas, cuya misión consiste en proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar a la comunidad los servicios básicos que la capacidad de las familias no alcanza a proporcionar, es por ello que el municipio es la instancia de gobierno más cercana a los ciudadanos.

Dada su importancia para nuestra sociedad, nuestra Carta Magna establece, en la fracción III de su artículo 115, las funciones y los servicios que serán proporcionados por los gobiernos municipales, los cuales son:

“a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

b) Alumbrado público.

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

d) Mercados y centrales de abasto.

e) Panteones.

f) Rastro.

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera”.

Para que los municipios puedan atender los servicios que la Constitución establece, éstos deben hacerse de los recursos económicos necesarios para ello, de tal suerte que la misma Constitución establece, en la fracción IV del mismo artículo 115, la libertad que tienen los municipios de administrar libremente su hacienda, la que se conforma “de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor”, además dispone que los municipios:

“a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios conforme a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo”.

Como se puede observar, las transferencias federales constituyen una fuente importante de ingresos para los estados y los municipios. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 1 desde la década de los noventas, las participaciones federales, en suma con las aportaciones federales y estatales han constituido la mayor parte de los ingresos de los municipios, así en 1999, año en que esta proporción fue mayor, las participaciones y aportaciones representaron el 60.19 por ciento del ingreso total; en la siguiente década, en el año 2001 se llegó a registrar el 69.11 por ciento de ingresos por estos conceptos; a partir del año 2010, el porcentaje registrado supera el 70 por ciento de los ingresos municipales llegando a ser del 73.91 por ciento en el año 2019, para el año 2020 fue de 73.53 por ciento del total de los ingreso municipales.

Lo anterior pone de manifiesto la total dependencia que los municipios tinene de las transferencias federales.

Es importante señalar que las transferencias federales son integradas por los Ramos Generales que están contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y son los recursos que el Gobierno Federal transfiere a los estados y municipios a través de las participaciones y aportaciones federales, los apoyos para las entidades federativas y los convenios de descentralización, los cuales son: Ramo 28 Participaciones Federales; Ramo 33 Aportaciones Federales; Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos; Ramo 39 Programa de Apoyos Federales para las Entidades Federativas, y los Convenios de Descentralización. 2

En este orden de ideas, el Ramo General 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, se refiere a los recursos que se transfieren a las entidades federativas y a los municipios, correspondientes a las participaciones en ingresos federales e incentivos económicos, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus anexos, así como de conformidad con los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus anexos. 3

Dentro de los fondos de participaciones del Ramo 28 encontramos al Fondo General de Participaciones, que se constituye con el 20 por ciento de la recaudación federal participable y se distribuye mediante la fórmula establecida en el artículo 2o de la LCF, atendiendo a criterios de contribución económica y recaudatorios, ponderados por población.

Este Fondo General de Participaciones se distribuye de la siguiente forma: 4

“I. El 45.17 por ciento del mismo, en proporción al número de habitantes que tenga cada entidad en el ejercicio de que se trate.

II. El 45.17, en términos de un coeficiente que toma en cuenta la eficiencia recaudatoria de cada Estado, premiando a los que recaudaron más.

III. El 9.66 por ciento restante se distribuirá en proporción inversa a las participaciones por habitante que tenga cada Estado, y éstas son el resultado de la suma de las participaciones a que se refieren los numerales I y II en el ejercicio de que se trate (criterio compensatorio)”.

Respecto a la distribución a los municipios, la misma LCF establece, en su artículo 6o., que “Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 20 por ciento de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas...”. Si bien esta disposición de la Ley da la posibilidad a las entidades a aportar un mayor número de recursos al establecer un piso mínimo, para 2019, se observó que únicamente once entidades federativas distribuyen a sus municipios un porcentaje superior al 20 por ciento citado, como es el caso de Aguascalientes (23 por ciento), Baja California Sur (24 por ciento), Campeche (24 por ciento), Colima (22 por ciento), Jalisco (22 por ciento), Nayarit (22.5 por ciento), Oaxaca (21 por ciento), Querétaro (22.5), Sinaloa (22 por ciento), Tabasco (22 por ciento) y Zacatecas (22 por ciento). 5

Lo anterior es de resaltar toda vez que, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), 6 la deuda de los municipios de México mostró una tendencia general creciente del tercer trimestre de 2010 hasta el tercer trimestre de 2017, punto en el que la deuda alcanza su máximo nivel de 51 mil 672.8 millones de pesos (mdp). Esta cifra representa un incremento de 19 mil 884.8 mdp en términos nominales y de 20.1 por ciento en términos reales. Si bien partir de entonces la deuda municipal ha presentado una tendencia en general a la baja, al tercer trimestre de 2020, existe una deuda del orden de los 43 mil 525.2 mdp.

Además el CEFP señala que, al tercer trimestre de 2020, los municipios más endeudados del país, aquellos cuya deuda supera los mil millones de pesos, son los siguientes: Tijuana, Baja California (2 mil 605.9 mdp); Monterrey, Nuevo León (un mil 968.5 mdp); Hermosillo, Sonora (un mil 815.3 mdp); Guadalajara, Jalisco (un mil 652.4 mdp) y León, Guanajuato (un mil 076.1 mdp). La deuda de estos cinco municipios es tal, que su suma representa casi una cuarta parte (el 22.4 por ciento) del total de las obligaciones financieras de este orden de gobierno.

Por su parte, los municipios con las mayores deudas per cápita son Cozumel, Quintana Roo (4 mil 283.0 pesos por persona); Puerto Peñasco, Sonora (4 mil 210.3 pesos); Nogales, Sonora (3 mil 907.6); Agua Prieta, Sonora (2 mil 726.5 pesos); Solidaridad, Quintana Roo (2 mil 701.3 pesos); Guaymas, Sonora (2 mil 050.9 pesos) y San Nicolás de los Garza, Nuevo León (2 mil 026.8 pesos).

Finalmente, el Centro de Estudios señala que los municipios más endeudados como proporción de sus ingresos totales son: Nogales, Sonora (64.4 por ciento); Cozumel, Quintana Roo (62.4 por ciento); Puerto Peñasco, Sonora (61.5 por ciento); y Agua Prieta, Sonora, con 51.9 por ciento.

Aunada a la situación financiera que ya presentaban los municipios del país, la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19, generó un debilitamiento mayor en las finanzas de nuestros municipios del país, especialmente por una floja recaudación de ingresos y un alto gasto en la burocracia.

Así, de un total de 60 municipios evaluados por el Reporte de Vulnerabilidad Financiera de los Municipios 2021, 7 el 65 por ciento reportó finanzas públicas vulnerables, en donde los municipios de Tepic, Cajeme de Ciudad Obregón, y Othón P. Blanco en Chetumal, fueron los peor evaluados con puntuaciones de 28, 27.6 y 25.7 puntos de un total de 100. A estos le siguieron Cuernavaca con 39.2 puntos, Naucalpan de Juárez con 39.6 y Tijuana con 39.8 puntos.

Es por ello que el lograr dotar de mayores recursos a los municipios, a través del Fondo General de Participaciones perteneciente al Ramo 28, les permitirá hacer frente a sus obligaciones financieras y responder correctamente a las funciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga en el ya citado artículo 115, de tal manera que la presente iniciativa propone aumentar el porcentaje participable a los municipios, pasando del 20 por ciento mínimo establecido en el artículo 6º de la LCF, al 30 por ciento como piso para que las entidades federativas  les transfieran del recurso proveniente de dicho Fondo General. Además, se propone que este incremento sea de manera progresiva, al incrementar en un 1 por ciento anual durante un lapso de 10 años.

Como diputados federales no podemos ni debemos olvidar a los municipios, por lo que dotarlos de mayores recursos nos permite responder a la ciudadanía que nos eligió para que, a través de la legislación, contribuyamos a alcanzar una vida mejor y más digna para todos.

En vista de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo dispuesto en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal

Único. Se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 6o. Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 30% de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general, atendiendo principalmente a los incentivos recaudatorios y principios resarcitorios, en la parte municipal, considerados en el artículo 2o. del presente ordenamiento.

...

Los municipios y, tratándose del Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales, recibirán como mínimo el 30% de la recaudación que corresponda al Estado en los términos del último párrafo del artículo 2o. de esta Ley.

...

...

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El incremento al 30 por ciento de las participaciones federales que recibirán los municipios del total del Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos se dará de manera progresiva al incrementarse en un 1 por ciento anual respecto a lo establecido antes de la entrada en vigor del presente Decreto, por un lapso de 10 años hasta llegar al 30 por ciento establecido.

Notas

1 Inegi, “Estadística de finanzas públicas estatales y municipales”, consultado en:

https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDX QueryDatos.asp?#Regreso&c=11289

2 Servicio de Investigación y Análisis, Cámara de Diputados, “Introducción”, consultado en:

http://www.diputados.gob.mx/sia/intranet/sia-dec-iss-07-05/anual izado/intro.htm

3 SHCP, “Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, Estrategia Programática, Ramo 28: Participaciones a Entidades Federativas y Municipios”, consultado en:

https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/bzPX2qB5/PPEF2022/q gp8v2PM/docs/28/r28_ep.pdf

4 Serna de la Garza, José María  “Las convenciones nacionales fiscales y el federalismo en México” /   México :   Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas,   2004, consultado en:

https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/1325-las-conv enciones-nacionales-fiscales-y-el-federalismo-en-mexico

5 López Moguel Ana Isabel y Cuevas Reyes Liliana, Indetec, “La Distribucio?n de las Participaciones Federales a los Municipios en México”, consultado en:

http://www.indetec.gob.mx/delivery?srv=0&sl=2&path=/bibl ioteca/Federalismo_Hacendario/2019_01/8_Lopez_y_Cuevas_01072019_v_extendida_010 72019.pdf

6 CEFP, Cámara de Diputados, “Obligaciones Financieras de los Municipios de México, Tercer Trimestre de 2020”, 17 de diciembre de 2020, consultado en:

https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/documento/2020/cefp0502020 .pdf

7 Patiño Dainzú, Expansión, “El paso del Covid por México debilita las finanzas de los municipios”, 18 de mayo de 2021, consultado en:

https://expansion.mx/economia/2021/05/18/el-paso-del-covid-por-m exico-debilita-las-finanzas-de-los-municipios

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2021.– Diputada Leticia Zepeda Martínez (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 7o. y 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, a cargo del diputado Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Armando Contreras Castillo, diputado de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal , con base en la siguiente:

La artesanía es una de las manifestaciones más visibles de la diversidad cultural de una sociedad, ya que refleja creatividad, identidad y patrimonio cultural. Esta actividad posee un valor patrimonial cultural tangible e intangible que debe ser reconocido, protegido, enriquecido, proyectado y asegurado para el futuro. 1

En México existen 68 pueblos originarios y cada una de ellos cuentan con sus características de arte popular, los artesanos se han valido de los recursos naturales de su región para crear sus diseños, como el barro, madera, textiles, talavera, cobre, entre otros para crear sus diseños, generando diversas fuentes de empleo e ingreso para los artesanos que viven en zonas rurales.

La Cuenta Satélite de la Cultura de México clasifica en ocho grandes áreas a las artesanías, que son las siguientes:

1) Alfarería y cerámica.

2) Fibras vegetales y textiles.

3) Madera, maque y laca, instrumentos musicales y juguetería.

4) Cartón y papel, plástica popular, cerería y pirotecnia.

5) Metalistería, joyería y orfebrería.

6) Lapidara, cantería y vidrio.

7) Talabartería y marroquinería.

8) Alimentos y dulces típicos.

Según datos del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), en México hay 12 millones de personas que realizan una actividad artesanal.

En la Encuesta Nacional de Ingreso en los Hogares (Enigh) de 2018, se indica que la población artesanal que vive totalmente de la venta de sus productos asciende a 1 millón 118 mil 232 personas, de las cuales 610 mil 857 representan el público objetivo del Fonart según datos de la Secretaría de Bienestar. El 20 por ciento del padrón de artesanos del Fonart corresponde a personas adultas mayores de 60 años y más que viven en zonas pobres y marginadas; del total de este padrón, 70 por ciento son mujeres y 30 por ciento hombres, mayoritariamente indígenas.

También, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el 2019, el sector de la cultura generó 724 mil 453 millones de pesos corrientes, de los cuales, las artesanías aportaron 138 mil 291 millones de pesos, lo que representó 19.1 por ciento del sector cultural; asimismo las artesanías emplearon 489 mil 890 puestos de trabajo ocupados remunerados; esto representó 35.1 por ciento de los puestos que empleó el sector de la cultura en su conjunto.

Sin embargo, las cifras anteriormente citadas corresponden a otra realidad, ya que, pese a su importancia económica, social y cultural, la mayoría de las comunidades artesanales del país padecen de múltiples carencias, ya que no cuentan con infraestructura ni condiciones básicas necesarias para generar ingresos permanentes sostenibles de su actividad, carecen de prestaciones laborales y de los espacios indispensables para comercializar sus productos.

Además de que los empleos formales son prácticamente nulos en esta actividad económica, pues sólo 2.8 por ciento de la población que realiza una actividad artesanal tiene un trabajo dentro del marco legal.

Las situaciones adversas que se presentan a los artesanos no terminan aquí, pues existen otras dificultades de primer orden que enfrentan los integrantes del gremio, entre las cuales están la pobreza, discriminación, la baja remuneración económica, el poco reconocimiento social de su labor, la deficiente capacitación y, en general, la falta de más apoyo cualitativo de las instituciones gubernamentales hacia esta primordial actividad económica como inversión, distribución y exportación de los productos artesanales. Tan solo, más de 8.5 millones de artesanos se encuentran en esta situación.

En el Grupo Parlamentario de Morena, legislamos a favor de los pueblos originarios de nuestro país, por este motivo proponemos modificar la Ley Federal para el Fomento a la Microindustria y la Actividad Artesanal, para que con esto podamos impulsar el trabajo de los artesanos, que se encuentran en el  mercado informal y requieren de un fortalecimiento económico, así como el respaldo legal para la protección y comercialización de sus  productos artesanales.

El texto propuesto es el siguiente:

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Decreto por el que reforma la fracción I y fracción II del artículo 7 y se adiciona una fracción VI del artículo 7, un inciso e) a la fracción IX del artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal

Único. Se reforma la fracción I y fracción II del artículo 7 y se adiciona una fracción VI del artículo 7, un inciso e) a la fracción IX del artículo 37 de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal; para quedar como sigue:

Artículo 7o. La Secretaría, con la participación, en su caso, de las demás dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, así como de los Gobiernos de los Estados y Municipios, procurará la aplicación y vigilará el cumplimiento de esta Ley y, en particular, realizará lo siguiente:

I. Determinar las actividades que sea más conveniente desarrollen las microindustrias y señalar las zonas prioritarias para su instalación, incluyendo a los comunidades indígenas, a fin de otorgar mayores estímulos;

II. Fomentar la agrupación de empresas de microindustrias para obtener financiamientos, priorizando los artesanos de las comunidades indígenas, para establecer sistemas de ventas y compras en común de materias primas y productos y, en su caso, prestación de servicios de subcontratación y maquila; y

III. a V. ...

VI. Apoyará a los artesanos que desarrollen sus actividades en las comunidades indígenas que requieran comenzar o emprender una microindustria, otorgando los subsidios correspondientes de acuerdo con lo establecido por la Secretaría.

Artículo 37. Para lograr los objetivos y finalidades establecidos en este ordenamiento, la Comisión realizará las siguientes funciones:

I. a VIII. ...

IX. Fomentar la inversión para la producción y distribución de artesanías, principalmente las realizadas por comunidades indígenas, para lo cual podrá:

A) a D)...

E) Realizar convocatorias para la inclusión de aquellos artesanos que, sin estar formalmente constituidos como una microindustria, su actividad económica y comercial recae en la elaboración de artesanías, con lo que puedan obtener los mismos estímulos económicos que una microindustria.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Centros Sociales y de Opinión Pública, “ Las Artesanías en México, Situación actual y retos”, en línea. Fecha de consulta 23 de septiembre 2021, disponible en:

http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/cesop/lxii/art_mex_ sitact_re.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2021.– Diputado Armando Contreras Castillo (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por el diputado Héctor Israel Castillo Olivares e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Israel Castillo Olivares, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso J) a la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al tenor de la siguiente

Planteamiento del problema

En la segunda década del siglo XXI, México tiene 126 millones 14 mil 024 habitantes. De ellos, 64 millones 540 mil 634 son mujeres (51.2 por ciento) y 61 millones 473 mil 390 hombres (48.8 por ciento) y al menos 15 millones 142 mil 976 personas tienen entre 60 y 100 años o más debido a que la esperanza de vida aumentó para las mujeres a 78 años y para el caso de los hombres a 72 años, de acuerdo con cifras del Censo Nacional de Población y Vivienda (Censo 2020), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La disminución de nacimientos y el aumento de la esperanza de vida han contribuido a modificar la composición de los grupos por edad en la población, por lo que se sostiene que los adolescentes menores de 15 años han disminuido a partir de 2020 hasta un 25.8 por ciento en comparación al 38.3 por ciento en 1990 y en el caso de los jóvenes de hasta 29 años, la cifra aumentó de 29.4 por ciento a 25.5 por ciento. La población adulta, de entre 30 a 59 años, pasó de 25.5 a 37.4 por ciento y, en el caso de las personas adultas mayores, el porcentaje aumentó de 6.2 a 11.3 por ciento; tomando en consideración las estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) 2020, en las que concluye que nuestro país, atraviesa por un proceso de envejecimiento demográfico.

Con base en las Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2016-2050, las mujeres tienen una esperanza de vida, superior a la de los hombres con una brecha de casi 6 años proyectado a 2030, la esperanza de vida será de 76.7 años en promedio. Para las mujeres de 79.6 años y para los hombres de 73.8 años, https://www.gob. mx/segob/prensa/informa-conapo-sobre-la-esperanza-de-vida-de-la-poblacion-mexic ana

Esperanza de vida por entidad federativa 2019

Fuente: Consejo Nacional de Población. Datos abiertos. Indicadores demográficos 1950-2050 (consulta: 20 de enero de 2020), http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza

El Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento (Enasem), de adultos de 50 años y más. Diseñado para evaluar el impacto de la enfermedad sobre la salud, función y mortalidad -parcialmente patrocinado por los Institutos Nacionales de Salud/Instituto Nacional de Envejecimiento (R01AG018016, R Wong, PI) en Estados Unidos y el Inegi—, en el boletín informativo del Enasem: 20-3, octubre de 2020, página 1, sostiene que en el país el envejecimiento se caracteriza por la fragilidad, una condición asociada con resultados adversos, como la dependencia o la mortalidad, cuando se expone a factores estresantes de la vida diaria y como parte de los hallazgos se considera relevante mencionar los siguientes:

1. Las personas frágiles de 60 años o más tienen un 37 por ciento más de riesgo de caídas.

2. El riesgo de fragilidad en los adultos mayores mexicanos es más del doble entre los diabéticos.

3. En el último año de vida, la fragilidad se asocia con un aumento mayor del 50 por ciento en el uso de los servicios de atención médica, incluidas visitas al médico y días de hospitalización, en comparación con las personas no frágiles.

Adicionalmente a la fragilidad de la edad, se ha detectado que el entorno de la mayoría de las personas adultas mayores que viven México no es favorable debido a factores de convivencia adversos como la violencia psicológica, física, económica y sexual o abandono por parte de los integrantes del primer círculo familiar o de parte de la pareja con la que viven. Así como también a las enfermedades crónico-degenerativas que padecen como hipertensión arterial, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, osteoporosis, diabetes mellitus tipos I y II; cardiopatías isquémicas, dislipidemia o colesterol, triglicéridos o ambos en la sangre y enfermedades cerebrovasculares; entre otras, que los conduce a una etapa de envejecimiento discapacitante, altamente vulnerable en términos sociales y económicos.

El Inegi reconoció en el marco de las “Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Población (11 de julio), datos nacionales”, comunicado de prensa número 302/20, el 9 de julio de 2020, p.3, que “el país está pasando por un proceso de envejecimiento demográfico, es decir, por un aumento en la proporción de personas de 60 años o más y la disminución de la población infantil y joven. Ello plantea diseñar políticas orientadas a mejorar el bienestar de vida de las personas que pasan por este ciclo de vida o que en un futuro cercano la transitarán. Así lo manifiesta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuando señala que “en las próximas décadas, muchos países estarán sometidos a presiones fiscales y políticas debido a las necesidades de asistencia sanitaria, pensiones y protecciones sociales de este grupo de población en aumento” (Organización de las Naciones Unidas [ONU], sin fecha, párrafo tercero). Por otra parte, esta transición en la estructura por edad configura un contexto favorable para el desarrollo del país denominado por la comunidad internacional como bono demográfico. Se define como un “fenómeno en el que la población en edad de trabajar es mayor que la dependiente; es decir, niños y adultos mayores” (ONU, 2011, párrafo primero). En México, la razón de dependencia ha disminuido de 81 en 1990 a 60.2 personas dependientes por cada 100 personas en edades activas en 2018 y “seguirá descendiendo hasta entrada la tercera década del presente siglo. A partir de entonces, esta tendencia se invertirá como consecuencia del considerable aumento de la población de la tercera edad”.

Si bien uno de los aciertos del ejecutivo Federal en el marco de presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, es el incremento de 76.2 por ciento al Fondo de pensiones de las Personas Adultas Mayores para 2022, al destinar 238 mil 14 millones de pesos, lo que representa 102 mil 948 millones de pesos más con respecto a este año. Aunque en términos reales, el apoyo que recibirán las Personas Adultas Mayores a partir de los 65 años será de 35 pesos diarios, que depositados bimestralmente ascienden a 3 mil 100 pesos, son insuficientes para cubrir las necesidades especiales más apremiantes del envejecimiento como por ejemplo, la compra de pañales para adulto, debido a la enuresis o mejor conocida, incontinencia urinaria o fecal, como consecuencia de múltiples factores subyacentes que se presenta de manera más recurrente en mujeres que en hombres.

En la Guía de Práctica Clínica Detección, Diagnóstico y Tratamiento Inicial de Incontinencia Urinaria en la Mujer, México; Instituto Mexicano del Seguro Social, 2009, p.9, se reconoce que la incontinencia urinaria constituye un problema médico y social importante; no es obviamente un proceso de riesgo vital, pero deteriora significativamente la calidad de vida de los pacientes, limita su autonomía y reduce su autoestima.

De acuerdo con el doctor Hagerman Ruiz-Galindo, integrante de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Recto y Colon, la incontinencia fecal es otro de los problemas que presentan no sólo las Personas Adultas Mayores sino en pacientes que han superado el cáncer anal o de próstata donde al pasar por una cirugía se ven afectados los nervios que controlan el esfínter; así como enfermedad inflamatoria crónica intestinal, accidentes automovilísticos, entre otros. Asimismo, señala que

[En] México, casi 30 por ciento de las Personas Adultas mayores, que superan los 70 años, presenta incontinencia urinaria, https://www.vertigopolitico.com/todo-menos-politica/bienestar/30-de-los-adultos -mayores-en-mexico-sufre-incontinencia

Resulta revelador el artículo de Angélica Hernández, publicado en El Financiero el 11 de noviembre de 2014, donde da a conocer que en el país

...

...

En 2013 mientras la venta de pañales para niños creció a un ritmo promedio anual de 3.66 por ciento en los últimos seis años, la de pañales para adultos reporta un alza en su volumen de venta de 15 por ciento en promedio anual en el periodo referido, de acuerdo con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del Inegi.

Se comercializaron 371 millones de piezas de pañales para adulto con un costo aproximado de 12.5 pesos por artículo. Lo anterior significa que los pañales de adultos pueden ser hasta cinco veces más caros que los infantiles, debido básicamente al tamaño y la cantidad de material que se requiere para su fabricación,

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/venta-de-panales-para- adulto-crece-15-anual/

Ahora bien, entre el 05 de marzo al 11 de mayo de 2018, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor examinó 41 modelos de las 14 principales marcas de pañales para adulto que se comercializan en nuestro país, de los cuales 14 corresponden a pañales predoblados; 15 a tipo anatómico (abierto) y 12 a tipo ropa interior (pants) para dama, caballero y unisex que cumplen con lo requerido en la normatividad vigente y los consideró una buena inversión,

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/352984/Estudio_de _Calidad_de_Pa_ales_Desechables_para_ Adulto.pdf

La situación de vulnerabilidad que enfrentan la mayoría de las personas adultas mayores, al estar expuestas a una situación de pobreza debido a la reducción de capacidades físicas, el retiro del mercado laboral, condiciones específicas de salud y educación, entre otros factores, impide o reduce significativamente, el poder adquisitivo de consumo de pañales desechables para adulto y tratándose de las familias de bajos ingresos o con empleos informales que cuentan con al menos con una Persona Adulta Mayor, la compra de pañales desechables para dicho segmento de la población constituye un gasto y afectación directa a la economía familiar, que los obliga a elegir opciones en el mercado negro de productos por kilo que no cumplen con la normatividad vigente:

– NOM-002-SCFI-2011, “productos preenvasados. Con-tenido neto. Tolerancias y métodos de verificación”.

– NOM-050-SCFI-2004, “información comercial. Eti-quetado general de productos”.

– NMX-A-049/1-INNTEX-2009, “industria textil. Auxi-liares absorbentes de orina”, parte 1, “Ensayo en producto completo”.

– NMX-A-024-INNTEX-2012, “industria textil. No tejidos. Pañales. Determinación del regreso de humedad y velocidad de absorción en pañales desechables para bebé. Método de prueba” (cancela la NMX-A-024/1-INNTEX-2008).

– NMX-A-259/2-INNTEX-2009, “industria textil. Determinación del pH del extracto acuoso”, parte 2, “pH de pañales y toallas higiénicas”.

El incumplimiento de las citadas normas oficiales mexicanas en los pañales desechables para adulto tiene como efecto inmediato, la imposibilidad de determinación del pH del producto; es decir, la acidez y alcalinidad del material con el que está fabricado el pañal, lo que puede provocar irritación en la piel desencadenándose una serie de daños colaterales como escaras, infecciones cutáneas y alergias entre otras complicaciones de salud que incrementarán el nivel de gasto en las familias.

Asimismo ante la crisis económica que enfrenta México como parte de los efectos de la pandemia provocada por el SARS-Cov2 (Covid-19), en Acción Nacional estamos convencidos que es urgente apoyar a las personas adultas mayores y aquellas con necesidades especiales y sus familias con la tasa del 0 por ciento del Impuesto al Valor Agregado, a productos como los pañales desechables para adulto, por lo que se propone adicionar inciso j) a la fracción I del artículo 2º.- A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado con la finalidad de disminuir el precio de venta de dichos productos, así como a la industria nacional que los fabrica.

Argumentos

A partir de 2013 se identificó como uno de los efectos del aumento de la esperanza de vida de las personas adultas mayores, que las empresas dedicadas a la fabricación de pañales para adulto han aumentado sus ventas, de cada 10 pañales, tres son para personas adultas mayores, https://expansion.mx/negocios/2014/04/01/panales-para-adulto-039absorben039-mer cado

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en el marco de entrega de la serie Documentos de trabajo (Working papers) 2018, dedicado a la radiografía de los ingresos y gastos que tienen los adultos mayores en México, dio a conocer la situación prevaleciente en cobertura de pensiones, ingresos y gastos:

Cobertura

– México tiene una baja cobertura de pensión contributiva —23 por ciento mujeres y 40 por ciento hombres—, la cual ha sido atendida a través del crecimiento en los últimos años de la cobertura de programas asistenciales no contributivos de combate a la pobreza en la vejez —actualmente con cobertura de 53 por ciento en mujeres y 43 por ciento en hombres.

– 26 por ciento de los adultos mayores reporta no tener ingresos por pensión contributiva ni por programas asistenciales.

– La baja cobertura pensionaria en México —que ha sido parcialmente cubierta con programas asistenciales no contributivos de combate a la pobreza en la vejez— tiene su origen, entre otras razones, al vínculo del empleo formal y el derecho a la seguridad social, los altos niveles de informalidad, el desinterés por la seguridad social pensionaria y los requisitos para la obtención de una pensión contributiva.

Ingresos y gastos

– Una tercera parte de adultos mayores tiene ingresos únicamente por pensión.

– Los hogares con adultos mayores tienen mayor porcentaje de gasto en alimentos, hogar, salud y vivienda; mientras que el porcentaje es menor en educación y esparcimiento, transporte y vestido.

– Los hogares con adultos mayores y pensión contributiva tienen mayor porcentaje de gasto en vivienda.

– Los hogares con adultos mayores y pensión no contributiva tienen un mayor gasto porcentual en salud y hogar.

– Los resultados indican que México enfrenta un gran reto en torno a satisfacer las necesidades de los adultos mayores del país que deberá atender en el contexto de un profundo cambio demográfico. En México —y en muchos países en desarrollo— los bajos niveles de cobertura han sido parcialmente cubiertos con programas no contributivos. Si bien dichos programas han permitido ampliar el número de adultos mayores con algún tipo de cobertura —como se ha documentado en este trabajo— éstos no representan una solución estructural al reto de lograr una adecuada combinación de cobertura (cuántos están cubiertos), suficiencia (el monto del beneficio) y sostenibilidad (con qué recursos se paga),

https://www.gob.mx/consar/prensa/nuevo-documento-de-trabajo-ing resos-y-gastos-del-adulto-mayor-en-mexico-la-importancia-de-las-pensiones

Respecto a la tasa de 0 por ciento del impuesto sobre el valor agregado, es necesario mencionar que se trata de actos a los que no se incrementa el importe total a cubrir, pues la tasa de impuesto tiene un valor de cero. Al ser gravados por la LIVA tendrán los mismos derechos de acreditamiento que los actos gravados a 16 por ciento y en dicha tasa, específicamente el consumidor no paga el gravamen. Actualmente solo es aplicable a ciertos bienes y servicios, previstos en el artículo 2o.- A de la LIVA, que a continuación se detallan:

1. Libros, revistas y periódicos.

2. Venta de animales y vegetales no industrializados.

3. Medicinas de patente.

4. Joyería, oro, orfebrería, piezas ornamentales y artísticas.

5. Invernaderos para cultivos.

6. Alimentos procesados para mascotas.

7. Chicles o gomas de mascar.

8. Saborizantes, microencapsulados y aditivos alimentarios.

9. Productos destinados a la alimentación, excepto por jugos y néctares

10. Venta de hielo y agua no gaseosa ni compuesta, en envases menores de 10 litros.

11. Tractores para implementos agrícolas.

12. Caviar, salmón ahumado y angulas.

13. Fertilizante.

14. Ixtle, lechuguilla y palma.

15. Herbicidas, plaguicidas y fungicidas destinados a la agricultura o ganadería.

La tasa de 0 por ciento se aplica también a los prestadores de servicios dedicados a

1. Agricultura o ganadería.

2. Pasteurización de leche.

3. Molienda de granos (maíz, trigo, entre otros).

4. Invernaderos hidropónicos.

5. Despepite de algodón.

6. Sacrificio de ganado y aves de corral.

7. Suministro de agua para uso doméstico.

El 8 de septiembre de 2021, el Ejecutivo federal, en el marco de la presentación de las iniciativas del paquete económico para 2022, anexo D, “Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos”, propuso que los productos sanitarios, como son las toallas, los tampones y las copas sanitarias para uso menstrual, estén sujetos en el IVA a la tasa de 0 por ciento, mediante la adición del inciso j) a la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del IVA, con lo que se espera una disminución del precio de estos productos, de acuerdo con los siguientes argumentos, páginas LX a LXII:

Una de las funciones principales del Estado mexicano es la protección y la promoción de la salud pública de todos los ciudadanos de la república. Aunque el derecho es homogéneo para todos los habitantes sin distinción alguna, la realidad es que por razón de género sus necesidades en materia de salud no son iguales en todos los casos.

Una diferencia importante por género es el proceso de menstruación, función natural del género femenino, cuyo ciclo se repite aproximadamente cada mes.

Para atender este proceso natural existen en el mercado productos sanitarios, como son las toallas, tampones y copas sanitarias para uso menstrual. Dichos productos están gravados en el IVA con la tasa de 16 por ciento. Gravar los productos que atienden la menstruación significa que este impuesto tiene una incidencia económica en las mujeres por una condición biológica y natural del género femenino.

Este impuesto afecta más a las mujeres en situación de pobreza en nuestro país porque no pueden comprar los productos mencionados ante la falta de recursos, derivado del traslado del impuesto que efectúa el enajenante, con los consiguientes efectos negativos en su higiene y riesgos de salud. En efecto, un amplio sector de la población corresponde a mujeres en situación de pobreza que no cuentan con recursos económicos para adquirir dichos productos; por ejemplo, las niñas y adolescentes que habitan en zonas marginadas del país, lo cual incluso perjudica su rendimiento escolar cuando no les es posible acudir a las escuelas.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia se ha pronunciado en el sentido de que “ hay muchas niñas y mujeres que no se pueden permitir comprar compresas o tejidos higiénicos y, a menudo, deben utilizar materiales poco salubres como periódicos, que pueden causar infecciones. En algunos casos, cuentan con tejidos adecuados, pero no con los medios para mantenerlos lo suficientemente limpios para reutilizarlos (...) la falta de un lugar seguro o la capacidad para manejar la higiene menstrual, así como la falta de medicamentos para tratar el dolor relacionado con la menstruación, pueden contribuir a tasas más altas de ausentismo escolar y malos resultados educativos. Algunos estudios han confirmado que cuando las niñas no pueden manejar adecuadamente la menstruación en la escuela, su asistencia y rendimiento escolares se ven afectados”.

Por ello se propone a esa soberanía modificar el tratamiento impositivo expuesto, para que los productos higiénicos mencionados estén sujetos en el IVA a la tasa de 0 por ciento, mediante la adición de un inciso j) a la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del IVA, con lo que se espera una disminución del precio de venta de estos productos.

Con la medida propuesta se cumple con una necesidad ignorada por parte del Estado mexicano, que demanda un tratamiento fiscal acorde con las transformaciones más importantes del siglo XXI y en este contexto, es necesario enfatizar que el envejecimiento de la población debe contar con la misma regulación, por lo que en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, consideramos que el tratamiento impositivo de productos higiénicos a tasa de 0 por ciento del IVA, debe extenderse a productos como pañales desechables para adulto a partir del reconocimiento del derecho a la salud por razón de edad como parte del proceso natural de envejecimiento y las necesidades específicas del grupo etario a partir de los 60 años, entre las que destacan

– La mayoría de las personas adultas mayores presentan padecimientos crónico-degenerativos.

– Las personas adultas mayores con mayor porcentaje de incontinencia urinaria son mujeres, 35 por ciento.

– No hay cifras actualizadas de personas adultas mayores que compran pañales desechables para adulto.

– Las personas adultas mayores de 75 años y más experimentan independencia inestable y riesgo de pérdida funcional.

– Las personas adultas mayores hospitalizadas tienen como causa fracturas, caídas o enfermedades que las conduce a la incapacidad o postración.

– Inversión del bono demográfico:

< población joven

> población adulta mayor

= Envejecimiento de la población.

En la Década del Envejecimiento Saludable 2020-2030, de cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de la conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad, el próximo 1 de octubre, la presente iniciativa pretende abonar a la discusión de estrategias destinadas a la construcción de una sociedad mexicana con inclusión y garantizar las mejores condiciones de vida de las Personas Adultos Mayores que viven en México y alcanzar la meta impuesta por la OMS, añadir vida a los años mediante un envejecimiento saludable.

Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el inciso j) a la fracción I del artículo 2o.- A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Único. Se adiciona el inciso j) a la fracción I del artículo 2o.- A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa de 0 por ciento a los valores a que se refiere esta ley cuando se realicen los actos o las actividades siguientes:

I. La enajenación de

a) a i) ...

...

j) Pañales desechables para adulto.

II. a IV. ...

...

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2021.– Diputado y diputada: Héctor Israel Castillo Olivares, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 388 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de sindicatos minoritarios, a cargo de la diputada Susana Prieto Terrazas, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Susana Prieto Terrazas, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados y otras disposiciones jurídicas aplicables, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 388 de la Ley de Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

Uno de los grandes pendientes para consolidar la libertad y la democracia sindical en nuestro país, es contar con la normatividad para proteger, promover y garantizar la libertad sindical de los trabajadores agremiados en sindicatos minoritarios, lo cual, requiere de hacer efectivo el reconocimiento de la libertad sindical, garantizando el respeto a los derechos humanos de igualdad, la libertad de asociación y la no discriminación a través de un sistema jurídico que salvaguarde los derechos de esta clase de organizaciones.

La libertad sindical como un derecho inherente e inalienable de toda persona humana, ha sido reconocido en el ámbito universal por diversos instrumentos internacionales, tales como la Constitución de Organización Internacional del Trabajo, el Convenio relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho de Sindicación (número 87), la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”), entre otros, los cuales tutelan el derecho humano de asociarse libremente, a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección para la promoción, mejora y defensa de sus intereses para el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores.

Asimismo, el derecho a la libertad sindical ha sido reconocido por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123.

Por ello, se considera inadmisible que se prive a los sindicatos minoritarios de los medios esenciales para defender los intereses profesionales de sus miembros o del derecho de organizar su gestión y su actividad y de formular su programa de acción).

De tal suerte, los elementos para distinguir entre las organizaciones más representativas, de las que no lo son, deben basarse en criterios objetivos y fundarse en elementos que no ofrezcan posibilidad de parcialidad o abuso.

La complejidad de las empresas en México que pueden tener alta fuerza laboral desde el punto de vista cuantitativo o en menor proporción y para ello, es necesario contar con normas jurídicas acordes a nuestra realidad social, que garanticen la efectividad de los derechos de los trabajadores en una sociedad democrática, a través del respeto y defensa de los derechos de los sindicatos minoritarios.

Por ello, las ventajas otorgadas al sindicato más representativo no pueden ser de tal naturaleza que influyan indebidamente en la decisión de los trabajadores para elegir la organización a la que deseen afiliarse, pues las organizaciones minoritarias deben poder ejercer su autoridad, para dicho fin, se propone:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 388 de la Ley Federal del Trabajo, al cual se propone agregar una fracción IV, presentada por la diputada Susana Prieto Terrazas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de regeneración nacional (Morena).

A continuación, se transcribe la propuesta de mérito:

Ley Federal del Trabajo

Decreto por el que se reforma el artículo 388 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de sindicatos minoritarios

Único. Se adiciona la fracción IV del artículo 388 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de sindicatos minoritarios, para quedar como sigue:

Artículo 388. Si dentro de la misma empresa existen varios sindicatos, se observarán las normas siguientes:

I. Si concurren sindicatos de empresa o industriales o unos y otros, el contrato colectivo se celebrará con el que tenga mayor número de trabajadores dentro de la empresa;

II. Si concurren sindicatos gremiales, el contrato colectivo se celebrará con el conjunto de los sindicatos mayoritarios que representen a las profesiones, siempre que se pongan de acuerdo. En caso contrario, cada sindicato celebrará un contrato colectivo para su profesión; y

III. Si concurren sindicatos gremiales y de empresa o de industria, podrán los primeros celebrar un contrato colectivo para su profesión, siempre que el número de sus afiliados sea mayor que el de los trabajadores de la misma profesión que formen parte del sindicato de empresa o de industria.

IV. Deberá respetarse la libertad sindical de los sindicatos minoritarios y sus agremiados, para lo cual, queda prohibido privar a las organizaciones sindicales minoritarias, que no hayan sido reconocidas como las más representativas, de los medios esenciales para defender los intereses colectivos de sus miembros ni del derecho de organizar su gestión y su actividad y de formular su programa de acción.

Se reconocen en favor de los sindicatos minoritarios, los siguientes derechos:

a. El derecho de contar con permisos o licencias con goce de sueldo otorgadas por patrón les otorgue permisos o licencias con goce de sueldo

b. El trabajador tendrá el derecho en cualquier momento, de afiliarse al sindicato minoritario de su elección para la promoción, mejora y defensa de sus intereses.

c. El patrón está obligado a otorgar los permisos o licencias con goce de sueldo, desde el momento en que el Sindicato minoritario se lo requiera, y por el tiempo de duración del encargo sindical.

d. En ningún caso el patrón podrá negarse a otorgar los permisos o licencias con goce de sueldo, las cuales únicamente podrán ser canceladas por resolución judicial, previo acreditamiento de que las facilidades que se otorgan afectan el funcionamiento eficaz de la fuente de trabajo.

e. Los sindicatos minoritarios tienen derecho a recibir las cuotas sindicales de sus agremiados. El patrón está obligado a enterar el pago de las cuotas sindicales.

f. En proporción al número de sus agremiados, los Sindicatos minoritarios cuentan con el derecho de proponer al patrón, aspirantes a plazas de nueva creación, así como percibir la parte proporcional de todas las prestaciones económicas que se deriven de la contratación colectiva y que se paguen en favor del Sindicato mayoritario.

g. Los trabajadores agremiados a los Sindicatos minoritarios tienen derecho, en igualdad de condiciones con respecto a los trabajadores que pertenecen al Sindicato mayoritario, a ocupar vacantes temporales, definitivas, laborar tiempo extraordinario, y en general, a participar de todos los derechos, prestaciones y prerrogativas que se deriven de las condiciones de trabajo y de la contratación colectiva.

h. Los sindicatos minoritarios cuentan con el derecho de organizar su gestión y su actividad y de formular su programa de acción. Queda prohibido limitar los medios de las organizaciones mino-ritarias para defender los intereses profesionales de sus agremiados.

i. Las organizaciones minoritarias tienen el derecho de actuar como portavoces de sus miembros y representarlos frente al patrón, en casos de conflictos individuales, contando con el derecho de integrar las Comisiones Mixtas que se conformen al interior de la fuente de trabajo, cuando se traten asuntos relacionados con alguno de sus agremiados.

j. Las ventajas otorgadas al sindicato más representativo o mayoritario no pueden ser de tal naturaleza que influyan indebidamente en la decisión de los trabajadores para elegir la organización a la que deseen afiliarse. Los patrones y sus representantes tienen prohibido actuar con parcialidad, abuso o injerencia en favor del sindicato mayoritario.

k. Se consideran privilegios inadmisibles de los sindicatos mayoritarios, todos aquellos que les sean otorgados, distintos a los que a continuación se expresan de forma limitativa: La facultad exclusiva de negociar el contrato colectivo de trabajo; prioridad respecto de las consultas con los gobiernos; y prioridad en materia de designación de los delegados ante organismos internacionales. Consecuentemente, todo privilegio en favor de un sindicato mayoritario, que no se ajuste a los límites referidos, se considera inválido y debe ser cancelado.

l. Para pertenecer a un Sindicato minoritario, no se requiere que el trabajador comunique su decisión al Sindicato al que renuncia, basta que el trabajador manifieste su consentimiento ante la organización sindical a la que pretende afiliarse en cumplimiento a sus estatutos.

No se requiere que el trabajador comunique su decisión al Sindicato al que renuncia. El patrón está obligado a otorgarle plena validez a las constancias de afiliación o ingreso, expedidas por los Sindicatos minoritarios.

m. Cualquier violación a los derechos y prerrogativas contenidas en este precepto, por actos u omisiones que impliquen la violación al derecho de la igualdad y la no discriminación, cometido en perjuicio de los sindicatos minoritarios y sus agremiados, el responsable tendrá la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios ocasionados. Los Tribunales Laborales deberán condenar al pago de la indemnización, tomando en cuenta los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, el impacto, la situación económica del responsable y de la víctima, el daño moral, así como las demás circunstancias del caso.

n. Ante la presencia de un acto discriminatorio en el ámbito laboral, además de la indemnización surgida por la violación al derecho de la igualdad y la no discriminación, cometido en perjuicio de los sindicatos minoritarios y sus agremiados, los Tribunales Laborales impondrán al responsable, multas de hasta mil UMAS por cada trabajador afectado, y sanciones tendientes a erradicar los actos de discriminación laboral, para que en un futuro se abstenga de realizar ese tipo de actos.

Estas medidas comprenden el pago de una indemnización adicional equivalente a 90 días de salario en favor del afectado, así como la exigencia de una disculpa pública por parte del patrón y la publicación en lugar visible de la fuente de trabajo, por el término de un año, de la sentencia que resuelva el caso donde se resuelva la existencia de un acto discriminatorio o de diferencia de trato.

Único. El presente decreto entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación

Nota

1 https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resenias_argumentativas/ documento/2016-12/res-JFFGS-0303-11.pdf

Titularidad y administración del contrato colectivo de trabajo. cumplimiento y reconocimiento de cláusulas del contrato colectivo de trabajo”

Palacio Legislativo, a 12 de octubre de 2021.– Diputada Susana Prieto Terrazas (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, a cargo de la diputada Alejandra Pani Barragán, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Alejandra Pani Barragán, diputada del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos, 6o., fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía del Congreso de Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 32-A, del Código Fiscal de la Federación, en los párrafos primero y cuarto, con base en la siguiente

En el marco de la iniciativa de la reforma hacendaria para 2014 se contiene, dentro de las modificaciones al Código Fiscal de la Federación, la eliminación de la figura del dictamen fiscal.

El texto aludido señala que el objetivo de la creación de la obligación en 1959 fue la de “ser un medio para facilitar a la autoridad hacendaria la fiscalización y otorgar certeza a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.”

La exposición aludida, menciona, además, que “ ...No obstante lo anterior, el dictamen fiscal como medio de fiscalización al servicio de la autoridad no ha cumplido el objetivo para el que fue creado” .

A continuación, se presentan los fundamentos necesarios, para estar en condiciones de justificar las razones por las que el dictamen fiscal coadyuba a la autoridad fiscal en el proceso de recaudación y al contribuyente (pequeñas y medianas empresas, Pyme) en el fortalecimiento estratégico y operativo para el oportuno y correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Introducción

El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la federación, como de la Ciudad de México o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Este fue el sustento legal que dio vida a la generación del dictamen fiscal, que es la posibilidad de ampliar la recaudación de ingresos federales, a través de la revisión de la información en poder de los contribuyentes, para que pudieran cuantificar las diferencias que existieran a su cargo y además, que no tuvieran inconsistencias en el cálculo y pudieran cumplir con oportunidad con sus obligaciones fiscales ante las autoridades competentes.

Años más tarde, se tomó la decisión por el Ejecutivo federal de eliminarlo, por lo que se dejaron de recaudar recursos públicos que pudieron haber favorecido diferentes programas públicos federales.

Con base en lo anterior, es que se ha elaborado el presente documento, que es el resultado de una serie de foros fiscales en los cuales participaron empresarios, contadores, abogados, académicos y estudiantes. Las instituciones que coordinaron los foros son: la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Cuernavaca, el Colegio de Contadores Públicos de Morelos, la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan de la Universidad Autónoma del estado de Morelos y la Universidad Interamericana.

En dichos foros, se concluyó que existen alternativas, a través de las cuales se puede colaborar en el fortalecimiento de programas sociales que el gobierno federal ha creado, que por su naturaleza se propone apoyar con los recursos generados por el desarrollo del dictamen fiscal, al programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Se considera que es natural el uso de dichos recursos al programa antes mencionado debido a las siguientes razones:

– El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 1, establece “...el gobierno federal impulsará una nueva vía hacia el desarrollo para el bienestar, una vía en la que la participación de la sociedad resulta indispensable y que puede definirse con este propósito: construiremos la modernidad desde abajo, entre todos y sin excluir a nadie”. Más adelante en el rublo de Desarrollo Sostenible indica “El gobierno de México está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible, que en la época presente se ha evidenciado como un factor indispensable del bienestar. Se le define como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”.

La recaudación obtenida por la implementación de dictamen fiscal, contribuiría al financiamiento del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, es decir, recursos provenientes de las empresas apoyando a jóvenes que se incorporen a las actividades productivas por medio de las empresas. Sin redireccionar recursos que podrían ser utilizados en otros programas sociales.

– Se garantizaría que las empresas tengan un entorno de negocios con certidumbre, cumpliendo de manera voluntaria con sus obligaciones fiscales como resultado del desarrollo del dictamen fiscal.

Fundamentación

1. El dictamen fiscal

1.1. Antecedentes

El inicio del dictamen fiscal fue con la publicación hecha en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el día 30 de abril de 1959 2, donde por decreto presidencial se crea la entonces Dirección de Auditoría Fiscal Federal, la cual en lo sucesivo sería el área responsable de los asuntos relativos al dictamen fiscal. En enero de 1962 se publica en el DOF el oficio 102-119 3, en el que se señala que el causante que hubiere sido dictaminado por contador público, ya no sería revisado por la Dirección de Auditoría Fiscal Federal, en materia de ISR, por los ejercicios dictaminados. Años más tarde, una reforma significativa se presentó con la publicación en el DOF del día 26 de diciembre de 1990 4, en la que se incorpora al Código Fiscal de la Federación el artículo 32-A, el cual establece que para cierto tipo de personas físicas y morales, por los ejercicios fiscales que terminen- a partir del 31 de diciembre de 1990, será obligatorio dictaminar para fines fiscales sus estados financieros; es decir, a partir de esta reforma, existieron los obligados y los voluntarios a dictaminarse. Actualmente, a partir del ejercicio que termina el 31 de diciembre de 2014, se mantiene el dictamen como una opción únicamente para los sujetos que tengan ingresos gravables superiores a 122 millones 814 mil 830 pesos en el ejercicio inmediato anterior, activos superiores a 97 millones 23 mil 720 pesos 5, o un mínimo de trescientos empleados en cada mes en el último ejercicio fiscal inmediato anterior, dejando desprotegidos a los demás contribuyentes. 6

1.2. Objetivo del dictamen fiscal

El dictamen fiscal representa un documento que se deriva, propiamente, de la auditoría de estados financieros, y tiene como principal objetivo otorgar confianza, tanto a los contribuyentes como a las autoridades sobre el razonable cumplimiento de las obligaciones impositivas por parte de los primeros; no constituye, por lo tanto, una declaratoria sobre el exhaustivo examen de la situación financiera y fiscal, sino la opinión razonada de que la información presentada, que ha sido preparada en todos sus aspectos materiales, de conformidad con un marco de información financiera aplicable.

1.3. El dictamen fiscal y la auditoría

La auditoría es una actividad profesional que implica el ejercicio de una técnica especializada y la aceptación de una responsabilidad pública.

Como profesional, el contador público auditor desempeña sus labores mediante la aplicación de una serie de conocimientos especializados que vienen a formar el cuerpo técnico de su actividad; sin embargo, en el desempeño de esa labor, el auditor adquiere responsabilidad no solamente con la persona que directamente contrata sus servicios, sino con un vasto número de personas que utilizan el resultado de su trabajo como base para tomar decisiones de negocios o de inversión. Para aumentar el grado de confianza de los usuarios y estar en posibilidad de llevar a cabo una auditoría, el contador público que dictamina para efectos fiscales, además de estar titulado y registrado en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), debe cumplir diversos requerimientos, como son:

1. Certificación mediante la presentación de un examen de conocimientos y revalidación del mismo cada cuatro años.

2. Entrenamiento y capacitación anual, de al menos 65 horas anuales.

3. Estricto cumplimiento del Código de Ética Profesional.

4. Estar al corriente con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

2. Desventajas de la limitante actual en la elaboración del dictamen fiscal

El no contar con un dictamen fiscal empresas mexicanas en general y las Pyme en particular, pierden diferentes oportunidades de certidumbre, seguridad, mercado, etcétera, adicional a esto, la autoridad fiscal, también limita oportunidades de eficientizar la recaudación. A continuación, se mencionan algunas de ellas:

2.1. Desventajas del contribuyente

1. Que los contribuyentes no realicen los pagos de diferencias por créditos fiscales que la autoridad deja de recaudar y que pudieran ser detectadas en los dictámenes fiscales por contador público.

2. La parte fundamental de las Pyme, que soportan al país obtienen ingresos en el ejercicio entre 40 y 100 millones de pesos, y estos se encuentran sin la opción de acceder al dictamen fiscal.

3. La mayor parte de las empresas no se pueden dictaminar.

4. Los contribuyentes consideran al dictamen fiscal como una herramienta muy valiosa, ya que genera seguridad jurídica a sus accionistas o dueños, más ahora con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado de Dinero).

5. Los contribuyentes tienen la posibilidad de hacer uso de gastos por medio de la compra de facturas falsas, es decir, operaciones simuladas, estas facturas son compradas a las empresas conocidas como “factureras”.

6. Existe la posibilidad de que los contribuyentes empiecen a generar planeaciones fiscales agresivas.

7. No se incluyen a las donatarias autorizadas (instituciones de asistencia privada, así como las universidades del país), que pudieran recurrir al dictamen fiscal para emitir recibos deducibles.

8. Es un requisito para la participación de las licitaciones públicas (limitan la participación de los contribuyentes menores que obtengan ingresos inferiores a 122 millones 814 mil 830 pesos).

2.2. Desventajas de la autoridad fiscal

1. La autoridad fiscal, tiene que usar recursos públicos, para realizar auditorías, considerando que tiene una estructura de personal limitada para poder garantizar una cobertura suficiente de realizar estas revisiones.

2. Pierde la oportunidad de inhibir la posibilidad de que los contribuyentes simulen operaciones, por medio de la compra de facturas (Cfdi) falsas a las denominadas “factureras”.

3. Pierde la oportunidad de identificar a las denominadas “factureras”, ya que, si los contribuyentes estuvieran obligados a dictaminarse, habría la posibilidad de identificar a este tipo de organizaciones con mayor oportunidad.

4. Pierde la oportunidad de inhibir el “huachicoleo” en los contribuyentes que consumen altas cantidades de gasolina.

3. Impactos por la eliminación de la limitante actual en la elaboración del dictamen fiscal.

3.1. Beneficios al contribuyente (pequeñas y medianas empresas) con el dictamen fiscal.

3.1.1. Número de pequeñas y medianas empresas beneficiadas con el dictamen fiscal.

La cantidad de unidades económicas que se ha constituido en México, ha tenido un claro ascenso, salvo en la crisis económica que impactó a nivel global debido a la burbuja hipotecaria de 2010, donde desaparecieron una gran cantidad de organizaciones.

A continuación, se presenta la evolución del número de empresas en nuestro país:

Correspondiente al mismo periodo anterior, se puede distinguir la cantidad de empresas pertenecientes a las pequeñas y medianas que integran el total de empresas mexicanas, cuya gran mayoría se han quedado sin alternativa de dictamen fiscal y como se analizará más adelante enfrentan una alta vulnerabilidad, ante riesgos fiscales inminentes.

La proporción de empresas a las que va dirigida la propuesta del dictamen fiscal, alcanza de entre 97 y 98 por ciento en los diferentes años graficados anteriormente, (de acuerdo a la información de la página oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), consultada el 6 de junio del año en curso). De acuerdo a la gráfica número 2, los datos correspondientes a marzo de 2020, indica que de las 5 millones 487 mil 61 unidades económicas existentes en el país, alrededor de 5 millones 276 mil 619 pudieran ser atendidas con la elaboración del dictamen fiscal.

3.1.2. Impacto en áreas internas de las pequeñas y medianas empresas.

3.1.2.1. Fortalecimiento estratégico

Para Chandler 7, la estrategia es la determinación de las metas y objetivos de una empresa a largo plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para el logro de dichas metas.

El énfasis de Chandler en cuanto al largo plazo hace presumir que una organización no se hace de un día para otro, y que se requiere de mucho tiempo y de la aplicación de recursos suficientes para alcanzar la madurez.

El uso de recursos no se limita exclusivamente a los financieros, también se incluyen los logísticos y humanos. Los procesos de capacitación en las organizaciones deben ir encaminados a la cualificación por competencias de su recurso humano con el fin de establecer ventajas competitivas con relación a la competencia.

Drucker, considerado el padre de la administración moderna, afirma que la esencia de la estrategia está en conocer ¿qué es nuestro negocio? y, ¿qué debería ser? A juicio de Drucker, normalmente las empresas se olvidan de lo más obvio: a qué se dedica la empresa, y- distribuyen su esfuerzo en otras actividades que merman el objetivo principal.

De acuerdo a lo anterior, se puede establecer que las estrategias de una organización, deben estar dirigidas a fortalecer las siguientes dimensiones de una Pyme:

1. Delimitar adecuadamente su modelo de negocio.

2. Evaluar correctamente su mercado, de acuerdo a los cambios constantes y profundos de la realidad global y competitiva contemporánea.

3. Desarrollar y medir correctamente sus procesos internos técnicos y organizacionales, para estar acorde a esos cambios constantes.

4. Diseñar acciones reales de responsabilidad social empresarial desde las perspectivas económica, social y medioambiental.

5. Mantener un proceso constante de actualización para el cumplimiento de las obligaciones legales y fiscales, y reducir el riesgo legal y fiscal, que tienen un alto impacto negativo económico en las Pyme.

6. Desarrollar un proceso de planeación financiera, basado en los puntos mencionados anteriormente para establecer parámetros de evaluación y toma de decisiones permanente bajo condiciones de certidumbre.

3.1.2.1.1. Riesgo fiscal

Como se puede observar en lo expuesto anteriormente, las Pyme enfrentan permanente escenarios de incertidumbre, para lo cual, por medio de la actividad profesional del contador público registrado (CPR), en general y a través del dictamen fiscal en particular se pueden abatir los diferentes riesgos fiscales que enfrentan, otorgando esas acciones al profesional capacitado para ello, con una gran herramienta que es el dictamen fiscal, que es el conector de la reducción de riesgos con el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

El riesgo, es considerado como la vulnerabilidad ante un potencial perjuicio o daño para las organizaciones o empresas.

Cuanto mayor es la vulnerabilidad, mayor es el riesgo; pero cuanto más factible es el perjuicio o daño, mayor es el peligro.

Las consecuencias del riesgo fiscal, serían los daños o perjuicios económicos que repercuten en el patrimonio empresarial o personal, reflejándose en multas, por el hecho de omitir el cumplimiento oportuno o correcto de sus obligaciones fiscales, y en el peor de los escenarios, está el riesgo de penas corporales.

Por lo que las Pyme, son vulnerables por ser omisas a sus obligaciones y corren el riesgo de ser sancionadas y la frecuencia en la misma práctica las coloca como contribuyentes reincidentes, asumiendo un peligro por estar en el supuesto de un delito fiscal, el cual, ya no sólo tiene una sanción pecuniaria por cometer una infracción administrativa, sino que puede ser sujeto de una pena- corporal por estar cometiendo un delito fiscal, entonces rebasó el riesgo para estar en un peligro o en un riesgo inminente. A continuación, se presenta un esquema de riesgo en las Pyme:

El con el dictamen fiscal se logran abatir los siguientes riesgos fiscales, que son los más comunes en las Pyme:

Fuente: Principales riesgos fiscales de la empresa. Orozco Felgueres Loya, Carlos

Nuevamente, con el desarrollo del dictamen fiscal, por su naturaleza, identifica las operaciones que están involucradas en estos riesgos, por lo que es una herramienta estratégica y operativa fiscal para identificar y corregir estas anomalías que- pueden llevar a las Pyme como contribuyentes a riesgos inminentes, generando costos innecesarios 8

3.1.2.2. Fortalecimiento operativo fiscal

El dictamen fiscal, fortalece al interior de las organizaciones en materia fiscal desde una perspectiva operativa, permitiendo que se eficientice desde el origen el cumplimiento de las obligaciones fiscales y con ello el pago correcto y oportuno de las contribuciones, a través de una planeación de las actividades fiscales que les correspondan, se mencionan algunas de éstas:

– Cumplimiento de las obligaciones fiscales, de acuerdo al régimen bajo el cual está constituido el contribuyente, ya que de ello dependerá la manera de pagar impuestos, pues en cada uno, varía la forma de tributar. En términos generales, toda compañía debe pagar el impuesto sobre la renta (ISR), el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS).

– Promueve las bases para mantener un flujo de efectivo sano, esto significa, que los ingresos sean lo suficientemente sólidos como para cubrir los gastos de operación, incluyendo el pago de impuestos.

– Expedir y validar comprobantes fiscales digitales por Internet (Cfdi) o facturas electrónicas de forma correcta, para evitar anomalías en su elaboración y con ello se pueda- llegar a otro tipo de responsabilidades fiscales; además, se tendrá un mejor control sobre los ingresos y egresos.

– Tener en orden los Cfdi, tanto los que se emitieron como los que se recibieron, para evitar discrepancias en la información.

– Almacenar todas las facturas, respaldando electrónicamente los archivos XML, que son los únicos que tienen efectos fiscales para deducir gastos.

– Cumplir en tiempo y forma con las declaraciones.

3.1.3. Impactos que fortalecen la confianza en el contribuyente con el dictamen fiscal.

– El contribuyente goza del beneficio de la revisión secuencial, es decir, en cualquier auditoría, primero la autoridad debe revisar al auditor (sus papeles de trabajo) y en caso de que la documentación no sea la suficiente para la autoridad, entonces podrá revisar al contribuyente. Regularmente las auditorías- terminaban con la revisión del dictamen del auditor. (Artículo 52-A CFF) 9

– La posibilidad de presentar una declaración complementaria por dictamen.

– Imposibilidad de la autoridad de revisar dos veces un mismo dictamen por los mismos hechos, si no lo revisa en el plazo previsto en las disposiciones fiscales (artículo 52-A, tercer párrafo del CFF).

– En el caso de que la autoridad notifique una visita domiciliaria al contribuyente, con el solo hecho de estar dictaminado o se vaya a dictaminar, la autoridad debe concluir la visita anticipadamente. Debe seguir o aplicar la revisión secuencial antes comentada (artículo 47 del CFF).

– Cumplimiento de pago de impuestos espontáneo (10 días posteriores a la presentación del dictamen).

– Reducción del plazo de devolución de saldos a favor (40 a 25 días).

– Uno de los primeros beneficios que da el dictamen fiscal es que goza de gran aceptación y credibilidad en el sector empresarial, financiero y fiscal, tal como se menciona en el primer párrafo del artículo 52 del CFF, donde se afirma que los hechos presentados en el dictamen fiscal se presumirán ciertos salvo prueba de lo contrario.

– Aquellos contribuyentes que cuenten con su dictamen fiscal, gozarán del beneficio de revisión secuencial, el cual es aplicable- cuando la autoridad ejerce sus facultades de comprobación, en cuya primera instancia, primero requerirá al contador público que haya formulado el dictamen fiscal, como lo establece la fracción primera, del artículo 52-A.

3.2. Mayores recursos para la hacienda pública

De acuerdo a la política económica establecida en la cuenta pública del gobierno federal correspondiente a 2019, se establece el siguiente objetivo:

– “Fortalecer el sistema tributario para que sea más progresivo y equitativo a la vez que se incremente la recaudación.

Este objetivo incluye la siguiente estrategia:

– Impulsar mejoras al marco tributario, así como detectar y combatir oportunamente conductas fiscales ilegales, para asegurar que la población contribuya de forma equitativa al financiamiento del desarrollo”. 10

Esta propuesta de reforma, permite ampliar la cobertura para desarrollar el dictamen fiscal en la pequeñas y medianas empresas, mejora indirectamente el marco fiscal, trayendo como consecuencia la identificación de conductas fiscales ilegales y promoviendo que los contribuyentes cumplan oportuna y correctamente con sus obligaciones tributarias.

3.2.1. Efectos del dictamen fiscal en la recaudación y su impacto social

Tomando como referencia el estudio realizado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, AC, en 2013, citado por el doctor Jorge Antonio García Gálvez 11 en 2011 se realizaron 87 mil 97 dictámenes, lo que equivale al mismo número de empresas activas que estuvieron dictaminadas, de un total de 1 millón 42 mil 161 a diciembre de ese año, que representan 8.36 por ciento del total. Continuando con el mismo documento, hubo un total de 13 mil 714 dictámenes que arrojaron diferencias que se tuvieron que pagar a la Tesorería de la Federación por concepto de impuestos y estas representaron un importe de recaudación de 9 mil 259 millones 749 mil 524 pesos.

3.2.1.1. Recaudación por diferencias

La recaudación obtenida por diferencias identificadas en el proceso de dictaminación del ejercicio 2011, transferida a valor presente para 2018, 2019 y abril de 2020 sería de 12 mil 262 millones 686 mil 294 pesos, 12 mil 609 millones 926 mil 901 pesos y 12 mil 691 millones 412 mil 698 pesos 12 respectivamente.

Lo anterior, sin tomar en cuenta que, de acuerdo a las estadísticas publicadas por el SAT en su plataforma de datos abiertos, ha existido un incremento de contribuyentes de acuerdo a lo siguiente:

De acuerdo al cuadro número 2, desde 2011, hasta 2018, 2019 y 2020, ha existido un incremento en el número de contribuyente de 54 por ciento, 63 por ciento y 63 por ciento, respectivamente. Como se mencionó anteriormente, no se considera este incremento para determinar el importe de recaudación favor de la hacienda pública. Sin embargo, si se toma en cuenta para establecer, el impacto en los contribuyentes que hubieran sido dictaminados en los años mencionados.

3.2.1.2. Número de contribuyentes dictaminados

Se toma como premisa que quienes solicitaron la mayor cantidad de dictámenes han sido los contribuyentes del Régimen General de Ley personas morales, quienes han sido los obligados por los rangos de ingresos y valor de los activos que establecía del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, vigente en esa época.

Si determinamos la proporción entre los dictámenes elaborados en 2011 y las empresas que tributaban en el Régimen General de Ley personas morales, el resultado es de 8.30 por ciento, el impacto de los contribuyentes que habrían sido dictaminados en 2018, 2019 y abril 2020, sería el siguiente:

De acuerdo a la información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria, el número de contribuyentes activos no coincide con el de contribuyentes clasificados de acuerdo al régimen fiscal por el que tributan, debido a que un contribuyente puede tributar en más de un régimen 14.

Por lo anterior, se determina la proporción de contribuyentes tributan en el Régimen general de Ley, para con ello, establecer cuántos del total de contribuyentes activos estarían tributando en éste, en 2018, 2019 y abril 2020.

Finalmente, se cuantifica con base en 8.30 por ciento, mencionado en párrafos anteriores, el número de empresas que pudieron ser dictaminadas en período establecido, resultan que para 2018, se hubieran dictaminado 129 mil 942 empresas; 2019, 134 mil 854 y 2020, 134 mil 665.

3.2.1.3. Impacto por entidad federativa en relación a empresas dictaminadas y recaudación por diferencias encontradas

Nuevamente, con base en la información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria, se encuentra identificado el número de contribuyentes activos que tienen su domicilio fiscal en cada entidad federativa, con base en esto y los cálculos establecidos anteriormente es que se obtienen los resultados del número de contribuyentes que pudieron ser dictaminados en el período establecido:

Para 2018, 2019 y 2020, se hubieran dictaminado un total de contribuyentes de 128 mil 960, 136 mil 873 y 136 mil 685, respectivamente, distribuidos por entidad federativa.

Retomando la recaudación que se hubiera obtenido por diferencias identificadas en el proceso de dictaminación, se realiza una ponderación por entidad federativa. El gobierno federal obtendría los siguientes ingresos, de los contribuyentes de cada una:

Cuadro Número 5

Ingresos públicos estimados obtenidos por la federación por el proceso de dictaminación en el período establecido, tomando como base los datos de contribuyentes dictaminados, determinados en el cuadro número 4.

3.3. Impacto social que se lograría por la recaudación de las diferencias identificadas en el proceso de dictaminación.

El programa que la actual administración pública ha denominado Jóvenes Construyendo el Futuro, vincula a personas de entre 18 y 29 años de edad, que no estudian y no trabajan, con empresas, talleres, instituciones o negocios donde desarrollan o fortalecen hábitos laborales y competencias técnicas para incrementar sus posibilidades de empleabilidad a futuro.

Durante la capacitación, hasta por un año, los jóvenes reciben un apoyo mensual de 3 mil 748 pesos y un seguro médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo 16. Lo anterior, resulta un apoyo anual a cada joven de 41 mil 736 pesos.

4. Conclusiones

– Si se considera que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, es para vincular el sector productivo con los jóvenes que no han tenido la oportunidad de estudiar o trabajar; la relación que existe entre la recaudación de contribuyentes por diferencias identificadas en el proceso de dictaminación fiscal y el financiamiento del programa es natural. Las empresas financian el programa de vinculación.

– Por otro lado, el impacto es sustancialmente satisfactorio, debido a que a la fecha ha existido un apoyo a un total de 578 mil 149 jóvenes mexicanos 17

– Tomando los resultados obtenidos, el beneficio que se hubiera logrado en 2019 y 2020 hubiera sido de 280 mil 370 y 282 mil 182 jóvenes respectivamente. El beneficio sería de 3 mil 748 pesos durante el año 12 meses que abarca el apoyo.

– El impacto social en Jóvenes Construyendo el Futuro, se incrementaría si se considera que el dictamen se constituyera como obligatorio.

– Habría un incremento de ingresos públicos para el gobierno federal, si se amplía a la dictaminación de las Pequeñas y medianas empresas en el país.

– Con el dictamen fiscal, se lograría inhibir la posibilidad de que los contribuyentes simulen operaciones, por medio de la compra de facturas (Cfdi) falsas a las denominadas “factureras”.

– Se estaría en reales posibilidades de identificar a las denominadas “factureras”, ya que, si los contribuyentes estuvieran obligados a dictaminarse, se podrían identificar a este tipo de organizaciones con mayor oportunidad.

– Mediante el diseño de una estrategia se estaría en posibilidad de inhibir el “huachicoleo” en los contribuyentes que consumen altas cantidades de gasolina, por este mecanismo ilegal.

Considerandos

Es evidente que al no existir la dictaminación fiscal se dejan de realizar de manera directa o indirecta acciones fiscalizadoras a un gran segmento de contribuyentes. Por ello, afirmamos lo poco conveniente y efectiva que en cuanto a recaudación ha resultado la eliminación del dictamen fiscal, toda vez que esto debería ser en sentido inverso, es decir, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se allegara de mayores elementos jurídicos para justificar un mayor apoyo de la Contaduría Organizada y así lograr una mejor recaudación y presencia fiscalizadora, fortaleciendo la cultura contributiva de los empresarios así como su seguridad jurídica y consolidar la plataforma de un gremio profesional especializado en materia fiscal, en beneficio de todo el país.

Complemento a la propuesta original

La propuesta original del ejecutivo, fue modificada y como es del conocimiento, no se eliminó totalmente el dictamen fiscal, pero sí en la gran mayoría de los casos, puesto que los únicos que, actualmente, pueden dictaminar sus estados financieros son los contribuyentes cuyos ingresos sean superiores a 122 millones 814 mil 830 pesos (Ciento veintidós millones ochocientos catorce mil ochocientos treinta pesos 00/100 moneda nacional), esta disposición deja imposibilitados a los contribuyentes pequeños y medianos que quieran dictaminar sus estados financieros, y que no cumplan con dicho requisito, por tal motivo:

Se propone a esta soberanía que la disposición sea modificada, y que el dictamen fiscal sea de carácter voluntario, es decir sin fijar límites de ingresos, se propone modificar el artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación.

Texto actual del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación

Artículo 32-A. Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales, que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a 122 millones 814 mil 830 pesos, que el valor de su activo determinado en los términos de las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, sea superior a 97 millones 23 mil 720 pesos o que por lo menos trescientos de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior, podrán optar por dictaminar, en los términos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público autorizado. No podrán ejercer la opción a que se refiere este artículo las entidades paraestatales de la administración pública federal.

Los contribuyentes que opten por hacer dictaminar sus estados financieros a que se refiere el párrafo anterior, lo manifestarán al presentar la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta que corresponda al ejercicio por el que se ejerza la opción. Esta opción deberá ejercerse dentro del plazo que las disposiciones legales establezcan para la presentación de la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta. No se dará efecto legal alguno al ejercicio de la opción fuera del plazo mencionado.

Los contribuyentes que hayan optado por presentar el dictamen de los estados financieros formulado por contador público registrado deberán presentarlo dentro de los plazos autorizados, incluyendo la información y documentación, de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de este Código y las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, a más tardar el 15 de julio del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que se trate.

En el caso de que en el dictamen se determinen diferencias de impuestos a pagar, éstas deberán enterarse mediante declaración complementaria en las oficinas autorizadas dentro de los diez días posteriores a la presentación del dictamen.

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere este artículo, tendrán por cumplida la obligación de presentar la información a que se refiere el artículo 32-H de este Código.

Propuesta de reforma al artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación.

Artículo 32-A. Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales, podrán optar por dictaminar, en los términos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público autorizado. No podrán ejercer la opción a que se refiere este artículo las entidades paraestatales de la administración pública federal.

Los contribuyentes que opten por hacer dictaminar sus estados financieros a que se refiere el párrafo anterior, lo manifestarán al presentar la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta que corresponda al ejercicio por el que se ejerza la opción. Esta opción deberá ejercerse dentro del plazo que las disposiciones legales establezcan para la presentación de la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta. No se dará efecto legal alguno al ejercicio de la opción fuera del plazo mencionado.

Los contribuyentes que hayan optado por presentar el dictamen de los estados financieros formulado por contador público registrado deberán presentarlo dentro de los plazos autorizados, incluyendo la información y documentación, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de este Código y las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, a más tardar el 15 de julio del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que se trate.

En el caso de que en el dictamen se determinen diferencias de impuestos a pagar, éstas deberán enterarse mediante declaración complementaria en las oficinas autorizadas dentro de los diez días naturales previos a la presentación del dictamen.

Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere este artículo, tendrán por cumplida la obligación de presentar la información a que se refiere el artículo 32-H de este Código.

Conforme a lo anterior, el texto del artículo 32-A sometidos a su consideración, se expresa de la siguiente manera:

Por lo descrito, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de

Único. Se reforma el párrafo primero y cuarto del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 32-A. Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales, podrán optar por dictaminar, en los términos del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público autorizado. No podrán ejercer la opción a que se refiere este artículo las entidades paraestatales de la administración pública federal.

...

...

En el caso de que en el dictamen se determinen diferencias de impuestos a pagar, éstas deberán enterarse mediante declaración complementaria en las oficinas autorizadas dentro de los diez días naturales previos a la presentación del dictamen.

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Plan Nacional de Desarrollo para el período 2019 - 2024. Diario Oficial de la Federación 12 de julio de 2019.

2 Diario Oficial de la Federación (1959). Jueves 30 de abril de 1959. Tomo CCXXXIII, número 51.

3 Diario Oficial de la Federación (1962). Jueves 18 de enero de 1962. Tomo CCL, número 15.

4 Diario Oficial de la Federación (1990). 26 de diciembre de1990.

5 Diario Oficial de la Federación (2019) Anexo 5 de la Resolución miscelánea fiscal para 2018. Publicado el 24 de diciembre de 2018.

6 Diario Oficial de la Federación (2013). Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación. Lunes 9 de diciembre de 2013.

7 Chandler, A.D. (2003). Strategy and Structure Chapter in the history of the American Industrial Enterprise. New York: Bread Books

8 Drucker, P. (2997). The practice of management. The classic Cruker Collection (Edición revisada, reimpresión). M Belbin (Ed.) EUA: Elsevier

9 Orozco Felgueres Loya, Carlos (2018). Principales riesgos fiscales de la empresa. Editorial (Instituto Mexicano de Contadores Públicos. México.

10 Código Fiscal de la Federación (2020). Ediciones fiscales ISEF. México.

11 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuenta Pública 2019. Postura Fiscal. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Eje 3: Economía. Política económica en 2019.

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP /2019/tomo/I/I50.06.PFF.pdf. Consultado el 25 de junio de 2020.

12 García, Gálvez Jorge Antonio (2014). Importancia del dictamen fiscal en México. Artículo para Horizontes de la Contaduría, número 2, enero-junio 2015, páginas 46-61.

13 El cálculo se realizó tomando como base el Índice Nacional de Precios al Consumidor, desde diciembre de 2011 a diciembre de 2018, 2019 y abril de 2020.

14 Datos abiertos del SAT (2020).

http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vincul o.html?page=giipPorRegimen.html. Fecha de consulta: 25 de junio del año 2020.

15 Los regímenes fiscales que existen a abril de 2020 son: Régimen general de Ley personas morales, Personas morales con fines no Lucrativos, régimen de sueldos y asalariados e ingresos asimilados a salarios, régimen de arrendamiento, régimen de enajenación o adquisición de bienes, régimen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México, régimen de ingresos por dividendos (socios y accionistas), régimen de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, régimen de los ingresos por intereses, sociedades cooperativas de producción que optan por diferir sus ingresos, régimen de incorporación fiscal, régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, régimen de opcional para grupos de sociedades, régimen de los coordinados y régimen de los demás ingresos.

16 Datos abiertos del SAT (2020).

http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vincul o.html?page=giipEntFed.html. Fecha De consulta: 25 de junio de 2020.

17 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2020).

https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/. Fecha de consulta: 25 de junio del año 2020.

18 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2020).

https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/. Fecha de consulta: 25 de junio del año 2020.

Bibliografía

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Orozco Felgueres Loya, Carlos (2018). Principales riesgos fiscales de la empresa. Editorial (Instituto Mexicano de Contadores Públicos. México.

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Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuenta Pública 2019. Postura Fiscal. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Eje 3: Economía. Política económica en 2019.

https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP /2019/tomo/I/I50.06.PFF.pdf. Consultado el 25 de junio de 2020.

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2020).

https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/. Fecha de consulta: 25 de junio de 2020.

Asesores para la elaboración de la iniciativa: Maestro Ludgar Meling Paredes Hernández, maestro José Alberto Pérez Apaez y maestro Pedro Vargas Rico.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2021.– Diputada Alejandra Pani Barragán (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Reyna Celeste Ascencio Ortega, en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de reconocer que toda persona mayor de edad tiene derecho a contraer libremente matrimonio, sin discriminación alguna, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

El objeto de esta iniciativa es que una institución social tenga beneficios para todos, el matrimonio es la unión de dos personas para hacer vida en común, se trata de una unión para el mejor desarrollo de las personas, por lo que no deben existir restricciones y toda persona mayor de edad tiene derecho a contraer libremente matrimonio, sin discriminación alguna.

Las luchas históricas de las minorías, son a cuentagotas, máxime cuando existen convencionalismos basados en prejuicios, odio o intolerancia, apenas en el año 2000 Holanda se convirtió en el primer país del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo; la ley holandesa entró en vigor el 1 de abril de 2001 y ese mismo día se celebraron en Ámsterdam las primeras cuatro bodas bajo esta nueva normativa. Alemania se ha convertido en la última nación europea (2017) en legalizarlo. Sumando catorce países en Europa que lo permiten. 1 Como se aprecia es una brega gradual, que poco a poco va ganando terreno.

Se reitera que el objeto de este proyecto de iniciativa es que por fin se logre el reconocimiento a nivel nacional —y en los estados- el pleno derecho de las personas a contraer matrimonio sin ningún tipo de discriminación, diversas entidades federativas de la República Mexicana como lo son la Ciudad de México, Campeche, Chihuahua, Colima, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nayarit, Hidalgo, Baja California Sur, Oaxaca, San Luis Potosí y Quintana Roo reconocen y permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo sin ninguna discriminación.

En la lucha por el matrimonio igualitario, ha sido fundamental el papel del Poder Judicial Federal que encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en una interpretación progresiva y de interpretación pro persona ha logrado que a fuerza de precedentes ha logrado que en varios Estados de la República reconozcan y acepten las solicitudes de matrimonio sin importar condición y sin generar ningún tipo de discriminación, lo anterior a través de una orden emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que ha señalado que las constituciones o código civiles de algunos Estados como lo son el de Chiapas, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Baja California y Aguascalientes violentan los derechos humanos, por lo que les ordenó aceptar los matrimonios igualitarios. 2

Las minorías, la forma de pensar distinta, las diferencias físicas siempre han sido objeto de intolerancia, en el caso de aquellos que tienen una orientación sexual distinta ha generado que haya un marco de exclusión legal y paralegal hacia las personas de la comunidad LGBTI+ lo que claramente han sido en perjuicio de sus derechos humanos.

Si bien, en una sociedad democrática debe caracterizarse por el pluralismo y reconocer que pueden existir opiniones y sentidos en contrario, ello aplica en forma directa y sin restricciones en el ámbito de los particulares, pero desde el punto de vista del Estado debe privar una política de inclusión, tolerancia y aceptación de la diversidad, por lo que el orden jurídico no debiese establecer condicionantes o restricciones que se orienten por un criterio de discriminación.

Es de resaltar que, en un estado democrático de derecho, opera como principio irrestricto la plena vigencia de los derechos humanos, la igualdad ante la Ley y no discriminación, por lo que cualquier acto del Estado debe ajustarse a tales principios, por lo que no caben restricciones arbitrarias y subjetivas, basadas en la orientación sexual de una persona.

Se debe enfatizar que la institución matrimonial, bajo una concepción amplia y progresiva de derechos, debe orientarse a una unión libre y voluntaria entre dos personas para hacer vida en común, alejada de cualquier concepción histórica o religiosa, el matrimonio es una institución en que dos personas se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua, por lo que debe quedar atrás la concepción de que es exclusivamente el enlace entre un hombre y una mujer.

Cualquier actuación del Estado, sea una sentencia, reglamento o un acto legislativo debe orientarse bajo la igualdad jurídica de las personas, por lo que el matrimonio como institución social de ayuda mutua debe interpretarse y aplicarse bajo la interpretación más favorable para las personas, por lo que se debe evitar cualquier prohibición de acceso a dicha institución, y mucho menos por motivos de orientación sexual de las personas que desean acceder a la misma.

La institución matrimonial tiene como nota esencial la ayuda mutua y la vida en común de dos personas, de ahí que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya determinado que resulta inconstitucional referir que la finalidad del matrimonio sea la procreación o que sólo pueda darse ente un hombre y una mujer, lo que es restrictivo y discriminatorio para los derechos de las personas.

No obstante la interpretación de la Suprema Corte, aún existen legislaciones en las entidades federativas que mantienen a la institución matrimonial bajo la finalidad de la procreación o restringiendo su procedencia exclusivamente entre un hombre y una mujer; lo que antecede genera que un sector importante de la población sea excluido y no pueda contraer matrimonio, así como gozar de los derechos y beneficios de esta institución.

En un México moderno se debe impulsar el pleno desarrollo de todas las personas, y los actos de discriminación provenientes de entes públicos no procuran dicho desarrollo, al respecto la OCDE refiere que una sociedad más igualitaria y con menores actos de discriminación conlleva mejores niveles de desarrollo para la sociedad en su conjunto; 3 la referida organización internacional también abunda sobre los costos económicos de las restricciones por discriminación de género en las instituciones sociales y lo contrasta con los beneficios de aquellos países con instituciones sociales más igualitarias, señalando que la pérdida de ingresos asociada con los niveles actuales de discriminación de género podría ser considerable e incluso abismal, llegando a alcanzar un costo superior a los 12 mil millones de dólares estadounidenses aproximadamente, lo cual equivale al 16% del PIB global actual. No obstante, el desmantelamiento gradual de la discriminación de género en instituciones sociales podría producir beneficios económicos muy importantes, y generar así un aumento anual de la tasa de crecimiento del PIB mundial de entre 0.03 y 0.6 puntos porcentuales para el 2030, dependiendo del escenario político que se contemple.

En refuerzo de lo anterior, en la edición 2019 del estudio de la OCDE, denominado “Society at a Glance” se analizan las tendencias en materia de bienestar social en todos los países de la OCDE. Incluye un capítulo especial sobre las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero (LGBT): sus cifras, cómo califican su condición económica y su grado de bienestar, así como qué políticas pueden mejorar la inclusión de la comunidad LGBT, siendo uno de los aspectos en los que se puede avanzar en el pleno reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, veamos:

Como hemos visto sea desde una concepción democrática y progresiva de los derechos humanos, o bien por los beneficios de desarrollo y bienestar que implica procurar instituciones incluyentes es que se estima plenamente valido y oportuno que en México se permita el matrimonio libremente y dar las bases a fin de las entidades federativas hagan las adecuaciones a sus legislaciones para efecto de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En esta exposición de motivos no sobra reproducir lo que ordena el Artículo 1 en su último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra establece: 4

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Énfasis añadido

Es propicio señalar que con base en el citado artículo primero constitucional es que, aquellas personas del mismo sexo que deseen contraer matrimonio en los Estados de la República en los que aún no han adecuado su legislación es necesario que tramiten un amparo, a fin de que se reconozca por la Justicia Federal un derecho que ya tienen por disposición constitucional, lo que conlleva gastos, así como la eventual pérdida del derecho si el juicio de amparo no se lleva adecuadamente.

Así como en Holanda se dio el primer paso, en nuestro país fue en la Ciudad de México la entidad pionera en adecuar su legislación para permitir el matrimonio sin discriminación de ningún tipo, lo que genero un antecedente de protección amplia de derechos al que se han ido sumando otros estados de la República, pero aún existen reticencias en algunos de ellos.

Al respecto se debe señalar que la Soberanía de los Estados no les alcanza para establecer restricciones que afecten la dignidad de las personas, y no se puede alegar un principio federativo para condicionar los derechos que establece la Constitución Federal que tiene un carácter supremo.

En seguimiento, de lo que debe ser la institución matrimonial, citamos el Artículo 146 del Código Civil para el Distrito Federal que actualmente respecto al matrimonio establece lo siguiente:

“ Artículo 146. Matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el Juez del Registro Civil y con las formalidades que estipule el presente código”. 5

De la anterior conceptualización legal resaltan los valores de respeto, igualdad y ayuda mutua entre las personas, eso es lo que efectivamente caracteriza al matrimonio y no así la orientación o preferencia sexual de una persona.

Lo que antecede como habíamos señalado se ha ratificado por la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha fijado una postura clara sobre lo que representa el matrimonio en los siguientes criterios judiciales:

Época: Novena Época, Registro: 161263, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV. Agosto de 2011, Materia(s): Civil, Constitucional, Tesis: P. XXVI/2011, Página: 881

Matrimonio. No es un concepto inmutable.

Al no definir la institución civil del matrimonio y dejar dicha atribución al legislador ordinario, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite que su conceptualización tradicional pueda modificarse acorde con la realidad social y, por tanto, con la transformación de las relaciones humanas que han llevado paulatinamente a diversas formas de relación afectiva, sexual y de solidaridad mutua, así como a modificaciones legales relativas a la institución del matrimonio, que han derivado en la redefinición del concepto tradicional que de él se ha tenido en cada época, así como a su desvinculación de una función procreativa, como su fin último. Así, aun cuando tradicionalmente el matrimonio hubiere sido considerado únicamente como la unión entre un hombre y una mujer, que entre sus objetivos principales tenía el de la procreación, no se trata de un concepto inmodificable por el legislador, ya que la Constitución General de la República no lo dispone así; además de que la relación jurídica matrimonial ha dejado de vincularse al fin de la procreación, sosteniéndose, primordialmente, en los lazos afectivos, sexuales, de identidad, solidaridad y de compromiso mutuos de quienes desean tener una vida en común.

Época: Décima Época, Registro: 2006534, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Civil, Tesis: 1a. CCXV/2014 (10a.), Página: 548

Matrimonio. El artículo 143, párrafo primero, del Código Civil para el Estado de Oaxaca, en la porción normativa que prescribe“ perpetuar la especie” , como una de las finalidades de esa institución, es contrario a los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El precepto legal citado define la institución del matrimonio a partir de cuatro elementos: a) es un contrato civil; b) celebrado entre un solo hombre y una sola mujer; c) que se unen para perpetuar la especie; y, d) dentro de sus objetivos también está la ayuda mutua que debe proporcionarse la pareja en la vida. Ahora bien, en relación con el tercero de esos componentes, si bien es cierto que históricamente la procreación ha tenido, en determinado momento, un papel importante para la definición del matrimonio y, sin desconocer, por ello, que procrear siga siendo parte importante de las uniones humanas, también lo es que en virtud de la dinámica jurídica, los cambios sociales y culturales, así como la existencia de diversas reformas legales, se ha puesto en evidencia la separación del binomio matrimonio-procreación, pues la decisión de todo individuo de unirse a otro y proyectar una vida en común deriva de la autodeterminación y del derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada persona para la conformación de una familia, sin que tal decisión implique necesariamente el acuerdo de tener hijos en común. Por tanto, la porción normativa del artículo 143, párrafo primero, del Código Civil para el Estado de Oaxaca, que prescribe “perpetuar la especie” como una de las finalidades del matrimonio, atenta contra la autodeterminación de las personas, el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo, sean éstas parejas homosexuales o heterosexuales pues, en ese tema, confluyen tanto aspectos genéticos, biológicos y otros inherentes a la naturaleza humana que llegan a impedir la procreación y, por otra parte, implícitamente genera una violación al principio de igualdad, porque a partir de ese propósito se da un trato diferenciado a parejas homosexuales respecto de las parejas heterosexuales, al excluir de la posibilidad de contraer matrimonio a personas del mismo sexo (so pretexto de la imposibilidad biológica de cumplir con el propósito de procreación); de ahí que si se considera que la función reproductiva “potencial” del matrimonio civil y, por ende, la formación de una “familia con hijos”, no es la finalidad del matrimonio, debe declararse que dicha porción normativa es contraria a los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Época: Décima Época, Registro: 2006876, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Civil, Tesis: 1a. CCLIX/2014 (10a.), Página: 152

Matrimonio. La ley que, por un lado, considera que la finalidad de aquél es la procreación y/o que lo define como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional.

Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como “entre un solo hombre y una sola mujer”. Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente, por lo que procede declarar la inconstitucionalidad de la porción normativa del artículo 143 del Código Civil del Estado de Oaxaca.

Época: Décima Época, Registro: 2009407, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, junio de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Civil, Civil, Tesis: 1a./J. 43/2015 (10a.), Página: 536

Matrimonio. La ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de aquél es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional.

Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como “entre un solo hombre y una sola mujer”. Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente.

Época: Décima Época, Registro: 2010482, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, noviembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Civil, Civil, Tesis: 1a. CCCLIX/2015 (10a.), Página: 950

Adopción. Los matrimonios entre personas del mismo sexo tienen el derecho a ser considerados para realizarla en igualdad de condiciones que los matrimonios entre personas heterosexuales.

Esta Primera Sala ha establecido en varios precedentes que la vida familiar de dos personas del mismo sexo no se limita a la vida en pareja, sino que, como cualquier pareja heterosexual, se puede extender, de así desearlo, a la procreación y la crianza de niños y niñas. También ha destacado que existen parejas del mismo sexo que hacen vida familiar con niños y niñas procreadas o adoptadas por algún miembro de la pareja, o parejas homosexuales que utilizan los medios derivados de los avances científicos para procrear o tienen hijos a través de la adopción, con independencia de que se les permita el acceso al poder normativo para contraer matrimonio. Ahora bien, una vez establecido que no existe razón constitucional para negar a las parejas del mismo sexo el acceso al matrimonio y que es discriminatorio crear una figura alternativa para ellas, esta Primera Sala determina que los matrimonios entre personas del mismo sexo tienen el derecho de ser considerados para adoptar, en igualdad de condiciones que los matrimonios entre personas heterosexuales y cumpliendo con los requisitos pertinentes.

Época: Décima Época, Registro: 2010675, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25. Diciembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Civil, Tesis: 1a./J. 85/2015 (10a.), Página: 184

Matrimonio entre personas del mismo sexo. La definición legal del matrimonio que contenga la procreación como finalidad de éste, vulnera los principios de igualdad y no discriminación.

Las definiciones legales de matrimonio que contengan la procreación como finalidad de éste, vulneran los principios de igualdad y no discriminación contenidos en el artículo 1o. de la Constitución, al excluir injustificadamente a las parejas del mismo sexo de dicha institución, toda vez que no está directamente conectada con dicha finalidad. Como lo ha sostenido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Constitución protege a la familia como realidad social, es decir, todas las formas y manifestaciones de familia que existen en la sociedad, entre las que se encuentran las homoparentales conformadas por padres del mismo sexo con hijos (biológicos o adoptivos) o sin ellos. En este sentido, la distinción resulta claramente sobreinclusiva porque quedan comprendidas en la definición de matrimonio las parejas heterosexuales que no acceden a esta institución con la finalidad de procrear, lo que muestra la falta de idoneidad de la medida para cumplir con la protección de la familia como realidad social, y que se contrapone a lo sostenido por este alto tribunal en el sentido de que ha desvinculado el matrimonio de la función procreativa. Por otro lado, resulta subinclusiva porque excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales, lo que ocasiona que se les prive de obtener los beneficios tangibles e intangibles que otorga dicha institución a estas parejas y a los niños que decidan criar.

Época: Décima Época, Registro: 2019318, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, febrero de 2019, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: XVII.1o.P.A.26 A (10a.), Página: 3147

Pensión derivada del fallecimiento de un trabajador o pensionado. El artículo 57 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, al no prever la posibilidad de que el cónyuge del mismo sexo acceda al derecho relativo, viola los derechos humanos a la igualdad jurídica y a la no discriminación.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010, a partir de una interpretación evolutiva del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sostuvo que éste no alude a un “modelo de familia ideal” que tenga como presupuesto al matrimonio heterosexual y cuya finalidad sea la procreación, sino que tutela a la familia, entendida como realidad social, lo que significa que esa protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones existentes en la sociedad. Por su parte, del artículo 57 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua se advierte una marcada dualidad entre el hombre y la mujer, al no prever la posibilidad de acceder al derecho a una pensión derivada del fallecimiento de un trabajador o pensionado, al cónyuge del mismo sexo, sin que de ese precepto se advierta algún argumento, razón o fundamento que justifique esa exclusión. Por tanto, esta última disposición viola los derechos humanos a la igualdad jurídica y a la no discriminación, contenidos en los artículos 1o. y 4o. constitucionales, al señalar una regulación de beneficios o servicios de seguridad social exclusivamente para las relaciones de sexos diferentes y no encontrarse legalmente justificada dicha diferenciación; de ahí que la negativa de acceder a la pensión por fallecimiento del cónyuge por tratarse de una pareja homosexual, implica otorgar un trato discriminatorio.

Época: Décima Época, Registro: 2020481, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69. Agosto de 2019, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. LXVI/2019 (10a.), Página: 1323

Reconocimiento voluntario de hijo con motivo de la comaternidad en uniones familiares conformadas por dos mujeres. El artículo 384 del Código Civil del Estado de Aguascalientes que excluye la posibilidad de que el hijo de una mujer pueda ser reconocido voluntariamente por su compañera, vulnera los derechos de las uniones familiares homoparentales.

El precepto referido dispone que la filiación de los hijos que nacen fuera de matrimonio resulta, con relación a la madre, del solo hecho del nacimiento, y respecto del padre, únicamente se establece por el reconocimiento voluntario o por sentencia que declare la paternidad. Dicho dispositivo está sustentado en dos premisas básicas, a saber: 1) La procreación natural de un hijo fisiológicamente sólo es posible con la participación de células sexuales de un hombre y una mujer, de modo que genéticamente los progenitores son personas de distinto sexo, por tanto, la filiación se constituye desde la concepción parental heterosexual; y, 2) La filiación debe ser acorde a la relación biológica, por lo que se establecerá entre el hijo y un padre hombre y una madre mujer, presumiendo que quienes lo reconocen son las personas que tienen ese vínculo biológico con él, salvo prueba en contrario. Así, la norma permite constituir la filiación jurídica cuando se cumplan dos requisitos: uno ligado al género, pues una persona sólo puede ser reconocida por un hombre y una mujer, o sólo por uno de ellos; y otro ligado al origen genético, ya que se orienta por la prevalencia de relaciones parentales biológicas, aun cuando la acreditación de esto último, tratándose del reconocimiento voluntario ante el oficial del Registro Civil, no se exige en forma fehaciente sino que se presume a partir del género de quienes reconocen, particularmente respecto del padre, pues basta que se trate de un varón. Sobre esa base, el artículo 384 del Código Civil del Estado de Aguascalientes sólo responde a la protección de los derechos fundamentales de personas heterosexuales no casadas al establecimiento de la filiación jurídica con sus descendientes, pues únicamente permite el reconocimiento voluntario de hijo acorde con las relaciones biológicas, de manera que excluye la posibilidad de que el hijo de una mujer pueda ser reconocido voluntariamente en su acta de nacimiento o en acta especial posterior por otra mujer con quien la madre biológica conforme una unión familiar homoparental en cuyo seno se desarrollará aquél y que sin tener un vínculo genético con el hijo de su pareja, tenga el propósito de crear la relación filial con él para el ejercicio de la comaternidad; esta exclusión entraña una diferencia de trato orientada por el género, que además lleva implícito el rechazo derivado de la orientación sexual de quienes constituyen uniones familiares homoparentales de mujeres, contraria al derecho de igualdad y no discriminación recogido por el artículo 1o. constitucional, y vulnera su derecho de acceder a la procreación y/o crianza de hijos y a establecer la filiación jurídica con éstos, comprendido en el derecho a la protección del desarrollo y organización de la familia previsto en el precepto 4o. de la Ley Fundamental, por lo que el precepto citado resulta inconstitucional.

Época: Décima Época, Registro: 2020482, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 69, agosto de 2019, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. LXVIII/2019 (10a.), Página: 1321

Reconocimiento voluntario de hijo con motivo de la comaternidad en uniones familiares conformadas por dos mujeres. El artículo 384 del Código Civil del Estado de Aguascalientes que excluye la posibilidad de que el hijo de una mujer pueda ser reconocido voluntariamente por su compañera, vulnera el derecho de los menores de edad al pronto establecimiento de su filiación jurídica.

El precepto referido dispone que la filiación de los hijos que nacen fuera de matrimonio resulta, con relación a la madre, del solo hecho del nacimiento, y respecto del padre, únicamente se establece por el reconocimiento voluntario o por sentencia que declare la paternidad. Dicho dispositivo está sustentado en dos premisas básicas, a saber: 1) La procreación natural de un hijo fisiológicamente sólo es posible con la participación de células sexuales de un hombre y una mujer, de modo que genéticamente los progenitores son personas de distinto sexo, por tanto, la filiación se constituye desde la concepción parental heterosexual; y, 2) La filiación debe ser acorde a la relación biológica, por lo que se establecerá entre el hijo y un padre hombre y una madre mujer, presumiendo que quienes lo reconocen son las personas que tienen ese vínculo biológico con él, salvo prueba en contrario. Así, la norma permite constituir la filiación jurídica cuando se cumplan dos requisitos: uno ligado al género, pues una persona sólo puede ser reconocida por un hombre y una mujer, o sólo por uno de ellos; y otro ligado al origen genético, ya que se orienta por la prevalencia de relaciones parentales biológicas, aun cuando la acreditación de esto último, tratándose del reconocimiento voluntario ante el oficial del Registro Civil, no se exige en forma fehaciente sino que se presume a partir del género de quienes reconocen, particularmente respecto del padre, pues basta que se trate de un varón. Sobre esa base, el artículo 384 del Código Civil del Estado de Aguascalientes excluye la posibilidad de que el hijo de una mujer pueda ser reconocido voluntariamente en su acta de nacimiento o en acta especial posterior por otra mujer con quien la madre biológica conforme una unión familiar homoparental en cuyo seno se desarrollará aquél y que sin tener un vínculo genético con el hijo de su pareja, tenga el propósito de crear la relación filial con él para el ejercicio de la comaternidad; esta exclusión restringe la protección de los menores de edad que nacen o se desarrollan en el contexto de ese tipo de unión familiar, al pronto establecimiento de su filiación jurídica, comprendido en su derecho a la identidad, que les permite acceder al pleno ejercicio de otro cúmulo de derechos personalísimos y de orden patrimonial, por lo que esa norma resulta contraria a su interés superior, por ende, contraviene el artículo 4o. constitucional. Lo anterior no desconoce que el derecho a la identidad de los menores de edad contempla entre sus prerrogativas el derecho a que su filiación jurídica coincida con sus orígenes biológicos y, por ello, la tendencia tendría que inclinarse a hacer prevalecer el principio de verdad biológica; sin embargo, ello no es una regla irrestricta, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando lo anterior no es posible por los supuestos de hecho en que se encuentre el menor o porque deban imponerse intereses más relevantes como la estabilidad de las relaciones familiares o privilegiar estados de familia consolidados en el tiempo, es válido que la filiación jurídica se determine prescindiendo del vínculo biológico, pues la identidad de los menores depende de múltiples factores y no sólo del conocimiento y/o prevalencia de relaciones biológicas. En el caso de la comaternidad, resulta relevante por ser lo más protector y benéfico para el menor que nace o se desarrolla en ese tipo de familia, privilegiar de inmediato su derecho al establecimiento de su filiación jurídica frente a las dos personas que asumen para con él los deberes parentales.

Con el objeto de dimensionar la cuestión planteada, se manifiesta que mediante comunicado de prensa núm. 474/19 con fecha 30 de septiembre de 2019 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicó la estadística de matrimonios del año 2018, misma que arrojó información de 501 298 matrimonios. De las 32 entidades que conforman el país, en 26 Estados de la República (7 Estados más que en el año 2017), se registraron un total de 3 359 matrimonios entre personas del mismo sexo (689 más que el año anterior), de los cuales 1 489 se realizaron entre hombres y 1 870 entre mujeres. La edad promedio al casarse es de 31.8 años para los hombres y 28.9 para las mujeres. En 2008 el promedio fue de 28.4 años para los hombres y de 25.5 para las mujeres. En los matrimonios entre personas del mismo sexo, el promedio para los hombres es de 35.3 años y para las mujeres de 33.6 años de edad. 6

Bajo las anteriores premisas es que se propone reformar nuestra Constitución Política, específicamente la presente propuesta va encaminada a reformar el primer párrafo del Artículo 4, y para efectos de una mejor contrastación se expone el siguiente cuadro comparativo a continuación:

Es necesario referir que esta propuesta de reformas propone innovaciones no planteadas en otras iniciativas, particularmente resaltan:

– Obliga tanto al Congreso de la Unión como a las legislaturas locales a que adecuen la legislación correspondiente en un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional.

– Expresamente se señala que, a partir de la entrada en vigor de la reforma, las disposiciones federales y/o locales que limiten el derecho de las personas a contraer matrimonio por condiciones de género, preferencias sexuales, religión o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana no serán aplicables en perjuicio de persona alguna.

– De igual forma no serán aplicables, aquellas disposiciones jurídicas que restrinjan o anulen el ejercicio de algún derecho como cónyuge de un matrimonio que se haya celebrado entre personas del mismo sexo, a partir de la entrada en vigor.

– Las uniones civiles entre personas del mismo sexo que no tengan el carácter de matrimonio, cualquiera que sea su denominación y régimen legal, que se hayan celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma, tendrán el carácter, derechos y obligaciones de un matrimonio desde la fecha en que tales actos jurídicos fueron celebrados y gozaran de plena validez en toda la República.

Para efectos de contrastación se exponen otras iniciativas que guardan la misma finalidad:

Que adiciona un párrafo al artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre matrimonio igualitario, presentada por el senador Juan Zepeda

La iniciativa tiene por objeto garantizar el matrimonio igualitario sin restricción alguna. Para ello propone: 1) definir que el matrimonio es un acto consensual que celebran libremente dos personas físicas de edad ante la autoridad del Registro Civil; 2) precisar que dicho acto y demás sobre el estado civil serán de la competencia exclusiva de autoridades civiles y administrativas; y, 3) señalar que los códigos civiles de las entidades deberán regular la celebración del matrimonio sin restricciones.

Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la constitución política de los estados unidos mexicanos, en materia de matrimonio igualitario, presentada por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña

La iniciativa tiene por objeto establecer lo siguiente:

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona mayor de dieciocho años tiene derecho a contraer matrimonio y no podrá ser discriminada por origen étnico o nacional, género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión y los congresos locales deberán armonizar la legislación respectiva por virtud del presente decreto, dentro de los 120 días siguientes a su entrada en vigor.

Iniciativa que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano (PRD)

Artículo Único. Se adiciona un séptimo párrafo, recorriéndose los demás en su orden, al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 4o. ...

Las familias son el núcleo fundamental de la sociedad y se reconoce la diversidad de las mismas, originadas por género o preferencias sexuales, por lo que no se podrán coartar ni limitar derechos sociales, laborales, contractuales o cualesquiera otros, de sus integrantes, respetando siempre el principio de no discriminación establecido en esta Constitución. Asimismo, se reconoce el derecho al matrimonio como la unión de dos personas, el cual, se celebrará con el libre y pleno consentimiento de los contrayentes, quienes deberán ser mayores de edad. El Estado tomará las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, deberán realizar las reformas a las legislaciones que correspondan en un plazo máximo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de matrimonio igualitario, presentada por el senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona mayor de dieciocho años tiene derecho a contraer matrimonio y no podrá ser discriminada ni restringido el acceso a ese derecho por origen étnico o nacional, género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, orientación sexual, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, las Legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones normativas correspondientes a su legislación local para armonizarla con lo previsto en este Decreto.

Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que suscriben los senadores Angélica de la Peña Gómez y Alejandro Encinas Rodríguez, ambos a la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Artículo 1o. ...Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, la orientación sexual, la identidad o expresión de género, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de las familias.

Toda persona mayor de dieciocho años de edad tiene derecho a contraer matrimonio y no podrá ser discriminada por origen étnico o nacional, género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, orientación sexual, identidad o expresión de género, o cualquier otra que atente contra el libre desarrollo de la personalidad o la dignidad humana.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las Entidades Federativas adecuarán las legislaciones correspondientes a lo dispuesto en el presente Decreto en un plazo no mayor a 60 días a partir de la entrada en vigor del mismo.

Con la anterior glosa de las iniciativas presentadas en la materia se puede advertir de las novedades que presenta este proyecto legislativo, que guarda mayor sencillez en su parte dogmática pero que en la parte transitoria establece disposiciones que dan garantía a los matrimonios previamente celebrados reconociéndoles plenos efectos jurídicos y reconociendo hacia el futuro estos matrimonios, aunque las legislaturas de los Estados no hagan oportunamente las adecuaciones.

Con este proyecto de reforma se satisface una deuda histórica que se tiene sobre todo con el reconocimiento de los derechos a las personas pertenecientes de la comunidad LGBTI+, es momento de que desde la Constitución existe sin interpretación o juicio de amparo de por medio, el derecho de poder contraer matrimonio libremente sin que medie ningún tipo de señalamiento, persecución social o discriminación alguna.

Es necesario el reconocimiento de este derecho a nivel constitucional para efecto de que cualquier persona sin importar su preferencia sexual pueda contraer matrimonio de forma libre y sin temor a ser víctima de discriminación, ratifico mi compromiso como legisladora de crear mejores leyes en las cuales se garanticen los derechos a todas las personas por igual.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del Honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona mayor de edad tiene derecho a contraer libremente matrimonio, sin discriminación alguna.

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Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas locales deberán adecuar la legislación correspondiente conforme lo previsto en este Decreto, dentro de los tres meses siguientes a su entrada en vigor.

Tercero. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, las disposiciones federales y/o locales que limiten el derecho de las personas a contraer matrimonio por condiciones de género, preferencias sexuales, religión o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana no serán aplicables en perjuicio de persona alguna.

De igual forma no serán aplicables, aquellas disposiciones jurídicas que restrinjan o anulen el ejercicio de algún derecho como cónyuge de un matrimonio que se haya celebrado entre personas del mismo sexo.

Las uniones civiles entre personas del mismo sexo que no tengan el carácter de matrimonio, cualquiera que sea su denominación y régimen legal, que se hayan celebrado con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, tendrán el carácter, derechos y obligaciones de un matrimonio desde la fecha en que tales actos jurídicos fueron celebrados y gozaran de plena validez en toda la República.

Notas

1 Matrimonio igualitario una lucha interminable en México. 2 de abril de 2018; José Luis López Rodríguez. Egresado de la Maestría en Derecho Civil de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/a rticle/view/12220/13870#r1

2 ¿Qué estados de México permiten el matrimonio igualitario?

https://www.milenio.com/estados/que-estados-de-mexico-permiten-e l-matrimonio-igualitario

3 https://www.oecd.org/dev/development-posts-existe-una-relacion-entre-la-discrim inacion-de-genero-en-las-instituciones-sociales-y-el-crecimiento-a-largo-plazo. htm

4 Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf

5 Código Civil para el Distrito Federal. Artículo 146. Referente al Matrimonio.

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/codigos/Codigo_C ivil_para_el_DF_1.pdf

6 Comunicado de prensa número 474/19 30 de septiembre de 2019. Inegi presenta la estadística de matrimonios 2018 con información de 501 298 matrimonios

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/ EstSociodemo/EstadisticasMatrimonios2019_09.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los doce días del mes de octubre de 2021.– Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (rúbrica).»

«Iniciativa que expide la Ley de Capitalidad de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Jorge Triana Tena e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pongo a la consideración de esta Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de capitalidad de la Ciudad de México.

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el numeral 1 del artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión, la iniciativa se presenta en los siguientes términos:

1. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver

A lo largo de la historia reciente del urbanismo, existen diversos estudios que dan cuenta de un fenómeno que afecta a las grandes capitales del mundo como sedes de los poderes gobernantes en sus territorios.

Por tanto, el fenómeno de erosión de la calidad de vida de los habitantes de las sedes de los Poderes de la Unión no es exclusivo de la Ciudad de México, ser el habitáculo donde residen las entidades principales que conforman en supremo poder de la Federación, ha derivado en un natural desgaste que abarca lo mismo infraestructura, servicios, movilidad, seguridad ciudadana, capacidad de resiliencia, protección civil e incluso, el equilibrio ecológico y crecimiento de la mancha urbana.

Fenómenos que en su gran mayoría se explican por sí mismos y que concurren por el hecho de ser sede de los poderes, ser centro de toma de decisiones relevantes para millones de mexicanas y mexicanos y porque no han existido a lo largo de las décadas recientes, las políticas y acciones que permitan amortizar dichas afectaciones.

Como consecuencia de ello, existe un mecanismo financiero de carácter constitucional y progresivo a manera de contraprestación, que la federación otorga a la capital, por medio de un fondo que restituye las afectaciones antes mencionadas para los habitantes de la Ciudad de México.

El Fondo de capitalidad es un instrumento financiero por medio del cual se establece en el Presupuesto de Egresos de la Federación un monto suficiente para la realización e implementación de políticas públicas que permitan atemperar la afectación a la calidad de vida de las y los capitalinos por el hecho de ser sede de los Poderes de la Unión.

Por tanto, el Fondo de capitalidad no es un recurso del gobierno, es un recurso de la gente y, como tal, debe garantizarse su entrega y correcto ejercicio.

La ciudad como sede de los Poderes de la Unión

La Ciudad de México es, en términos del artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sede de los Poderes de la Unión y capital de la república.

Esto genera una gran concentración de personas que no viven en la Ciudad de México que, al venir por diversos motivos a ella, requieren de la utilización de los servicios públicos, generando para la ciudad y para sus habitantes un gasto elevado para su mantenimiento funcional.

La ciudad, de acuerdo con el último censo de población del Inegi, del 2020, cuenta con una población de 9 millones, 209 mil, 944 habitantes, 1 y con una población flotante diaria estimada (que puede determinarse como fija) de 1 millón 600 mil personas que vienen a trabajar, y 355 mil estudiantes provenientes mayormente del estado de México.  A esta cifra debe añadírsele la de todas y todos aquellos que diariamente acuden a las diversas dependencias federales a realizar trámites, las que hacen uso de los hospitales del sector salud federal acompañados en muchos casos por más de un familiar, a quienes viene a hacer compras específicas sobre todo en el centro de la ciudad, entre otras.

Para poder dar atención a los habitantes y visitantes de la ciudad, se tiene que destinar una gran de recursos a la creación y mantenimiento de “infraestructura y equipamiento en materia de procuración de justicia, readaptación social, y protección civil y rescate; inversión en infraestructura vial primaria; inversión en infraestructura cultural, turística o de transporte público; Infraestructura, equipamiento y mantenimiento, en materia de vigilancia para la prevención del delito; inversión en materia ambiental; e, inversión en infraestructura y equipamiento que incrementen la recaudación en la Ciudad de México”. 2

Es decir, los capitalinos debemos pagar impuestos locales altos como el predial, muy superior al de cualquier otra ciudad, a fin de que se recaude lo suficiente para el funcionamiento de los servicios que no sólo ellos utilizan, sino todas las personas que llegan por razón de encontrarse aquí la sede de los poderes federales, y que aun siendo elevados, no son suficientes.

Comprendiendo esta realidad, los legisladores federales en la reforma constitucional del 29 de enero de 2016 relativa a la Ciudad de México, dispusieron en su artículo 122, apartado B, que:

“B. Los poderes federales tendrán respecto de la Ciudad de México, exclusivamente las facultades que expresamente les confiere esta Constitución.

El gobierno de la Ciudad de México, dado su carácter de capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión, garantizará, en todo tiempo y en los términos de este artículo, las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales.

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que establezcan las bases para la coordinación entre los poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de México en virtud de su carácter de capital de los Estados Unidos Mexicanos, la cual contendrá las disposiciones necesarias que aseguren las condiciones para el ejercicio de las facultades que esta Constitución confiere a los Poderes de la Unión.

La Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, analizará y determinará los recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad de México en su carácter de capital de los Estados Unidos Mexicanos y las bases para su ejercicio.

...

....

....”

El reto ahora está en crear una disposición que desarrolle y haga cumplir los contenidos de la Constitución federal, en cuanto generar bases para coordinarse entre poderes federales y locales a fin de determinar para su aplicación, recursos necesarios y suficientes como apoyo a la Ciudad de México en su carácter de ciudad capital.

II. Argumentos que la sustentan

La Ciudad de México, como capital de la República Mexicana y sede de los Poderes de la Unión, es el centro de decisión y el espacio de influencia donde se toman importantes decisiones que tienen impacto directo o indirecto en la vida de las y los mexicanos de todo el país.

La capital es el núcleo urbano más grande de la República Mexicana y también su principal centro político, económico, social, académico, financiero, empresarial, turístico, cultural, de comunicaciones, de entretenimiento y de moda.

Con datos del año 2017, la Ciudad de México tuvo un PIB, en 2017, de 568 mil 445 millones de dólares, 13 con un crecimiento medio en ese año de 3.2  por ciento (por encima de la media nacional); dichas cifras representaron el 17  por ciento del total del PIB nacional, siendo la principal economía de México, además de significar una aportación del 25 por ciento al crecimiento económico del país, tan solo durante ese año. Catalogada por los expertos urbanistas como una ciudad global, es uno de los centros financieros y culturales más importantes del mundo, con una de las economías más dinámicas a nivel internacional, y es la número quince a nivel mundial.

El 18 de noviembre de 1824, en el contexto del México independiente, el Congreso optó por el diseño centralista en lo que se refiere a la ubicación geográfica de los Poderes, por lo que decidió crear un Distrito Federal para albergar los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en un territorio que no perteneciese a ningún estado en particular, a fin de evitar la hegemonía de un estado sobre los demás.

Fue en el apogeo del antiguo régimen post revolucionario de 1929 cuando se extinguieron las libertades municipales y se acotaron de manera sensible los derechos político electorales de los ciudadanos del entonces Distrito Federal, sin embargo, con la progresiva y gradual transición a un régimen democrático y con el inicio del fin del partido único, se dio inicio a importantes modificaciones al estatus jurídico de la ciudad, dando inicio en el año de 1988 con la conformación de un órgano legislativo de elección popular (Asamblea de Representantes del Distrito Federal), continuaron en 1997 con la elección de un poder ejecutivo propio (jefe de Gobierno del DF) y en el año 2000, con la elección de los jefes delegacionales.

Un momento decisivo para la vida jurídica de la capital fue la aprobación de la reforma política del año 2016 en donde se estableció un régimen más participativo y aunque el Constituyente todavía no dio el paso decisivo para la tan ansiada transformación del entonces Distrito Federal en un estado de la república, se transitó de un régimen estatutario a uno Constitucional y con la posibilidad de que un Constituyente propio redactara su propia Carta Magna, misma que entró en vigor en el año 2018 y en donde se cambia la denominación de Distrito Federal a Ciudad de México.

Aunque pareciera un gran atractivo para la Ciudad de México el ser sede de los Poderes de la Unión y centro de decisión política, económica y social, los problemas que conlleva esta situación no son menores, uno de ellos es, el impacto que genera en la calidad de vida de sus habitantes, el ser el lugar de residencia de dichos poderes.

Problemas como el padecer uno de los patrones más complejos de movilidad de quienes acuden desde las otras entidades federativas a buscar resolver un trámite, solucionar una problemática o visibilizar una condición en particular, hasta el soportar con cargo directo a los servicios que presta, una población flotante indefinida pero que de acuerdo con los cálculos de urbanistas y expertos, puede llegar a triplicar los nueve millones de habitantes de la Ciudad de México.

El ser sede de los Poderes de la Unión hace que la Ciudad de México sufra un importante desgaste que ha venido erosionando la calidad de vida de los capitalinos, ejemplo de ello es, que tan solo en el año 2017, se calculó que de las más de diez mil marchas y manifestaciones  el 60 por ciento  corresponden a problemas que no fueron generados en la Ciudad de México sino a nivel federal.

Asimismo, y con datos de la Canacope, se estima que cada año la industria alimentaria y de pequeños comercios tiene una pérdida de casi 40 mil millones de pesos; tan solo en el cuadrante ubicado entre las calles de Bucareli, Reforma, avenida Cuauhtémoc y Abraham González (cerca de la sede de la Secretaría de Gobernación) el promedio de duración de un negocio es de seis meses y cada año se reporta el cierre de 60 de ellos.

Asimismo, y como consecuencia de ello, el promedio que pasa un habitante de la Ciudad de México en el transporte público de su casa al trabajo y de regreso es de 30 días al año, sin embargo el promedio se eleva a 45 cuando se trata de trabajadores que laboran en la ciudad pero habitan en las zonas aledañas de Ecatepec, Pachuca, Cuernavaca y Puebla, lo que refiere a un impacto directo en la calidad de vida de las personas.

La erosión de esta calidad de vida y el desgaste -preponderantemente económico.- que padece la Ciudad de México por ser sede de los Poderes de la Unión no es exclusivo de la capital del país, existen casos similares en donde, como consecuencia de un similar diseño y organización política, las capitales de otras latitudes sufren el mismo problema.

Es el caso de Madrid, capital de España, el que puede servir como telón de fondo para encuadrar la situación de la Ciudad de México. En 2006 el parlamento español discutió precisamente el desgaste y la erosión que esta ciudad padece a lo largo de los años como consecuencia de su condición como capital y derivado de un intenso debate, se optó por fortalecerla desde las bases financieras, otorgándole una denominada “Ley de capitalidad y Régimen Especial de Madrid” misma que creaba una “Comisión Interadministrativa de capitalidad” integrada por las tres administraciones (federal, estatal y municipal) y anunciaba los asuntos exclusivos objeto de su atención: seguridad ciudadana, actos oficiales del Estado, manifestaciones y protocolo.

La Ley de capitalidad de Madrid deja en claro que el resto de las funciones legislativas, normativas, administrativas y operativas corresponden únicamente a la administración local. Es a partir de esta definición legislativa sobre el régimen político en Madrid que se procedió a otorgarle partidas presupuestales a los distintos requerimientos de la “capitalidad” a fin de poder distinguir, con precisión, su ámbito de aplicación y responsabilidad.

Siguiendo el ejemplo de España, en el año 2013 se anunció un acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del entonces Distrito Federal para que, en el contexto de la negociación del paquete presupuestal correspondiente a 2014, se incluyera un “fondo de capitalidad” que signifique recursos económicos a la Ciudad de México al prestar servicios por ser la capital del país.

Además, se acordó que, por primera vez, el Distrito Federal tendrá acceso al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). Se resolvió, también, que por  las afectaciones que sufrirá la ciudad debido a la propuesta de reforma fiscal por un monto calculado en 800 millones de pesos, se impulsarán esquemas de compensación con fondos específicos.

El Fondo implica mayor presupuesto por los servicios que presta la Ciudad de México por ser la capital del país. Por lo que también habrá compensaciones de fondos específicos.

En su momento, al presentar dicho fondo, se afirmó la necesidad de establecerlo pues con los cambios, el gobierno de la Ciudad de México pretende compensar los “desequilibrios” financieros entre los estados y la capital.

Dichos recursos fueron destinados a compensar impuestos capitalinos por parte de la administración local, como el pago de predial o de agua y para pago de servicios de salud, justicia, educación en centros administrados por el GDF.

El Fondo de capitalidad queda aprobado para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 al reformar el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, el cual quedó de la siguiente manera:

“Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal reciban dichas entidades se destinarán exclusivamente al reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; al otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías judiciales o sus equivalentes de las procuradurías de Justicia de los estados y del Distrito Federal, los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al equipamiento de las policías judiciales o de sus equivalentes, de los peritos, de los ministerios públicos y de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores infractores; al establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; a la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación; al seguimiento y evaluación de los programas señalados”.

El Fondo de capitalidad operaría bajo las reglas que establecen que una vez que el Ejecutivo federal publica los Lineamientos de Operación del Fondo de capitalidad, el gobierno de la Ciudad de México desarrolla la cartera de proyectos para mitigar los costos asociados a su condición de capital de la República Mexicana.

Lo anterior considerando, entre otros, los siguientes costos de capitalidad que enfrenta la Ciudad de México:

1. Costos de infraestructura vial y transporte público: Construcción de vías vehiculares para aminorar la congestión vehicular derivada de la circulación de vehículos tanto emplacados en la ciudad, como aquellos que no residen en ella, y que por tanto no pagan la tenencia ni los derechos vehiculares en la ciudad;

-Mantenimiento de las vías de rodamiento para mantener la infraestructura vial en óptimas condiciones dada la demanda local y foránea.

-Mantenimiento y dotación del servicio de transporte público que abastezca la demanda de la población residente y la población flotante, como por ejemplo el Metro, Autobuses, Trolebuses, Tren Ligero y Metrobús.

2. Costos de prevención del delito y seguridad pública:

-Cámaras de Vigilancia para la prevención al delito y respuesta inmediata en materia de seguridad pública.

-Operativos y acciones en actos protocolarios, así como en eventos organizados por la Federación.

-Control y vigilancia de manifestaciones públicas dirigidas al Ejecutivo federal.

3. Costos de medio ambiente y recursos naturales:

-Contaminación atmosférica ocasionada por congestión vehicular.

-Recolección y manejo de residuos sólidos generados por no residentes y la población flotante.

4. Costos de conservación de infraestructura cultural:

-Conservación y mantenimiento de inmuebles históricos con valor cultural nacional.

5. Costos de protección civil:

-Requerimientos adicionales de los servicios de los cuerpos de bomberos.

En cuanto los proyectos propuestos son validados por el ejecutivo federal, se celebra un Convenio que materializa la transferencia y posterior aplicación de los recursos del Fondo de capitalidad.

Cabe señalar que, a partir de la aprobación e implementación del Fondo de capitalidad, se desarrollaron en la Ciudad de México los siguientes proyectos:

1. En materia de Infraestructura Vial:

-Construcción de la Línea 6 del Metrobús, la cual cuenta con 37 estaciones que benefician a más de 145 mil personas, así como pavimentación y fresado y re encarpetamiento de vialidades adyacentes.

-Adquisición de más de 200 autobuses nuevos para el Sistema de Movilidad 1 (antes RTP), con tecnología de vanguardia, lo que incrementó la capacidad de atención en aproximadamente 120 mil personas al día.

-Mantenimiento mayor al Tren Ligero de la Ciudad de México, con lo que se logró incrementar la velocidad de paso del Tren en 50 por ciento, al invertirse en nuevos aparatos de cambio de vía, lo que permite transportar a un mayor número de pasajeros: de 145 mil 800 a 158 mil 800 personas en día laborable.

-Se estima que se ha beneficiado a más de 4.5 millones de peatones y ciclistas con el desarrollo de una red de calles completas en vialidades primarias, que forma parte del Programa Pasos Seguros.

2. Prevención del Delito y Seguridad Pública:

-Se disminuyó el tiempo de respuesta de llamadas de emergencia de 4: 53 a 3: 54 minutos, es decir, más del 20 por ciento.

-Se redujeron indicadores de Delitos de Alto Impacto. Por ejemplo: robo a transportista (-28.6 por ciento), robo de vehículo (-19.6 por ciento), Lesiones por arma de fuego (-18.6 por ciento), robo a cuentahabiente (-14.3 por ciento), robo a bordo de taxi (-6.0 por ciento) y robo a casa habitación (-4.8 por ciento).

-Con el uso de 500 patrullas fue posible brindar 234,255 servicios de seguridad y vigilancia en zonas estratégicas, eventos socioculturales y deportivos.

3. Rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos:

-Se intervinieron más de 2,500 m2 de banquetas del Centro Histórico.

-Se rehabilitaron 19,583 m2 de espacio público (parques y jardines), de los cuales más de 1,300 m2 se recuperaron para el uso del peatón.

4. Protección del Medio Ambiente:

-Fueron adquiridas 49 patrullas para inspección y vigilancia para la prevención y atención de delitos en materia medio ambiental, lográndose reducir al mes 572 compuestos orgánicos volátiles, 671 toneladas de óxido de nitrógeno y 72 mil 888 toneladas de bióxido de carbono, que son los principales precursores del ozono y son gases de efecto invernadero.

5. El Fondo de capitalidad tiene un beneficio adicional que es sumamente importante, impulsa el desarrollo económico de la ciudad, brindando empleo. Por ejemplo, las acciones de conservación del espacio público del Centro Histórico que se llevaron a cabo durante 2015, generaron 1 mil 500 empleos directos y 3 mil 600 empleos indirectos.

De esta forma, el Fondo de capitalidad ha tenido la siguiente evolución desde que se constituyó:

A lo largo de ocho años de operación, el fondo de capitalidad generado beneficios palpables para los habitantes de la Ciudad de México, sin embargo, resulta por demás inexplicable que, el fondo de capitalidad no haya sido otorgado por la Cámara de Diputados para los Ejercicios Fiscales 2019, 2020 y 2021.

Incluso, dicho fondo puede contribuir en la atención médica, así como reducir el impacto económico generado recientemente por el virus SARS-CoV2 (Covid-19).

Lo anterior decisión constituye una afrenta en contra de la calidad de vida de los capitalinos, ya que se evidenció además que gobierno de la Ciudad de México asumió ante ella una actitud sumisa, porque lejos de defender los recursos que a lo largo de los años han traído beneficios palpables a los habitantes de la capital, simplemente se dejó pasar bajo el argumento centralista de que “será el Ejecutivo quien opere esos recursos”, con lo que el Fondo de capitalidad corre el riesgo de desaparecer debido al desinterés de los actuales gobiernos de la Ciudad de México.

Por tal motivo, resulta indispensable respetar la progresividad del derecho constitucional de las y los capitalinos a recibir el Fondo de capitalidad, no solo para blindarlo de intereses y de la sumisión del gobierno de la ciudad a los mandatos del Ejecutivo federal sino porque precisamente el Fondo se creó por la condición de la propia Ciudad de México de ser sede de los Poderes de la Unión, condición que prevalece.

Contenido de la Iniciativa

La iniciativa que se presenta se enfoca en establecer los mecanismos de coordinación necesarios entre los poderes federales y locales con la finalidad de garantizar la capitalidad de la Ciudad de México, así como crear los instrumentos de financiación para asegurar la capitalidad.

Para ello, el autor de la presente Iniciativa propone tres capítulos, siendo el de las disposiciones generales, el relativo al Consejo de capitalidad de la Ciudad de México, y el del Fondo para la capitalidad.

En el Capítulo I, se definen los objetivos y alcances de la Ley, de conformidad con los contenidos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 122, apartado B; así como en la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 68.

En el Capítulo II, se crea el Consejo de capitalidad de la Ciudad de México, determinando su conformación, atribuciones y funcionamiento para una eficaz toma de daciones, coordinación y atención sobre los temas específicos de la capitalidad, enlistados en el artículo 8 de la presente Iniciativa.  Se faculta además al Consejo para expedir su Reglamento interno.

Se prevé la participación en el Consejo, de autoridades tanto de los ámbitos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto de carácter federal como local, cuando los temas a tratar lo ameriten.

En este se crea también la Comisión Ejecutiva, órgano para el seguimiento y registro de los asuntos, así como para apoyar en las reuniones ordinarias y extraordinarias  del Consejo. Para la conformación de la Comisión debe atenderse el principio de paridad.

Por último, el Capítulo III fundamenta la participación del gobierno federal en la conformación de un Fondo para la capitalidad, estableciendo el porcentaje a asignarse al mismo y que deberá estar contenido en el Presupuesto de Egresos de cada año.

III. Fundamento Legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad)

Esta iniciativa se presenta con las facultades que al suscrito confieren los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

IV. Denominación del Proyecto de Ley o Decreto

Ley de capitalidad de la Ciudad de México.

V. Ordenamientos a Modificar

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de capitalidad de la Ciudad de México

VI. Texto Normativo Propuesto

Único. Se expide la Ley de Capitalidad de la Ciudad de México, para quedar como sigue:

Ley de Capitalidad de la Ciudad de México

Artículo 1o.. La presente ley es reglamentaria del artículo 122, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es de observancia general. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales mediante el establecimiento de:

I. Las bases para la coordinación entre éstos y los poderes locales de la Ciudad de México en virtud de su carácter de capital de los Estados Unidos Mexicanos; y

II. Los mecanismos para la definición de recursos que se requieran para apoyar a la Ciudad de México, en su carácter de capital de los Estados Unidos Mexicanos, así como las bases para su ejercicio.

Las disposiciones contenidas en la presente Ley deberán garantizar que la Ciudad de México, sea garantista, democrática, solidaria, intercultural, hospitalaria, incluyente, productiva, habitable, segura, sustentable, resiliente, accesible, y global.

Para todo lo no previsto en el presente ordenamiento legal, se aplicarán las disposiciones contenidas en otras leyes relacionadas con las materias que en ésta se regulan.

Artículo 2o.. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3o.. Se crea el Consejo para la capitalidad de la Ciudad de México como órgano colegiado de carácter permanente entre las autoridades federales y de la Ciudad de México cuyo objeto es la coordinación a la que se refiere la fracción 1 del artículo 10 de la presente Ley.

Artículo 4o. El Consejo estará integrado por:

I. El o la representante del Poder Ejecutivo federal, que designe la o el Titular de la Secretaría de Gobernación, cuyo nivel será el de Subsecretario;

II. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien la presidirá;

III. La persona Titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; y

IV. La persona Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

Las personas integrantes a que se refiere este artículo podrán nombrar a un suplente, cuyo nivel no podrá ser inferior al de Director General, quien asumirá las mismas facultades del titular cuando éste no asista.

Tratándose de algún asunto en el que involucre competencia de los Poderes Legislativo y Judicial, tanto de carácter federal como local, se les podrá invitar a participar en las sesiones del Consejo con derecho a voz.

De igual forma, se invitará a sus reuniones con derecho a voz a los y las integrantes del Cabildo de la Ciudad de México, con el objeto de opinar sobre los asuntos en los que puedan contribuir para la mejor coordinación sobre la capitalidad dentro de sus demarcaciones territoriales. Asimismo, podrá invitar a cualquier integrante de la administración pública federal y/o local cuando se vayan a tratar asuntos o temas de su competencia específica.

Artículo 5o. El Consejo emitirá y aprobará su Reglamento Interior, de acuerdos sus facultades determinadas en la presente Ley. Se reunirá trimestralmente de manera ordinaria y en forma extraordinaria tanto como sea necesario a convocatoria de quien lo preside.

Artículo 6o. El Consejo contará para su operación con las siguientes facultades:

I. Establecer mecanismos y lineamiento de apoyo a la Federación, cuando ésta lo requiera;

II. Tomar medidas para asegurar el cuidado de las representaciones diplomáticas, bienes inmuebles y patrimonio de la Federación asentados en el territorio de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política de la Ciudad de México;

III. Determinar los asuntos de interés para la coordinación entre los poderes federales y locales que afecten a las funciones que corresponden a la ciudad como capital de la República;

IV. Impulsar la realización de acciones y programas conjuntos destinados a desarrollar políticas y la celebración de convenios específicos de colaboración;

V. Realizar estudios y analizar los costos de capitalidad, que serán integradas  las propuestas específicas para su integración en el Presupuesto de Egresos de la Federación a través de los fondos específicos;

VI. Deliberar, formular y, en su caso, aprobar propuestas sobre proyectos normativos para la capitalidad;

VII. Garantizar la seguridad ciudadana siempre que esté inmediatamente relacionada con la protección de personas y bienes en acontecimientos internacionales o nacionales que se celebren en la Ciudad de México en su condición de capital de la República;

VIII. Coordinarse con la federación para la organización y celebración de actos oficiales de carácter de Estado;

IX. Vigilar que se cumpla con la protección a las personas y a los bienes inmuebles como consecuencia del ejercicio del derecho de reunión y de manifestación, cuando el ámbito de la convocatoria presente dimensión nacional;

X. Tomar las medidas necesarias sobre cualquier otra materia que pueda afectar de forma significativa a los ámbitos federal y local conjuntamente, que sean  consecuencia directa de su característica de capital de la Ciudad de México; y

XI. Las demás que el Consejo se atribuya para su funcionamiento, y que no sean contrarias a disposiciones legales contenidas en otros ordenamientos.

Artículo 7o. Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo contará con una Comisión Ejecutiva de carácter general y permanente, presidida por la persona Titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, cuya estructura administrativa será determinada por el Consejo, cuidando su composición paritaria. Esta Comisión tendrá entre otras funciones, la de preparar las reuniones del Consejo y dar seguimiento sus acuerdos, así como registrar los Convenios que emanen del Consejo, las demás atribuciones que se definan en el Reglamento del Consejo.

La Comisión Ejecutiva, previa aprobación del Consejo, podrá acordar la formación de comisiones técnicas de composición paritaria, de carácter permanente o temporal, para el estudio de acciones concretas en asuntos determinados.

Artículo 8o. Se consideran costos por la capitalidad de la Ciudad de México los siguientes:

I. Flujo de no residentes que implican costos por costos por efecto desbordamiento de servicios públicos: congestión, seguridad pública, limpieza, salud, educación, conservación y rehabilitación del patrimonio, actividades culturales, concentración de problemas sociales y otros factores que afectan a los costos; y

II. Pérdida de ingresos y aumento de gastos por sustitución de actividad.

Artículo 9o. La persona Titular del Ejecutivo Federal incluirá en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que año envía a la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la disposición contenida en el artículo 73, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos; un monto presupuestado para que la Ciudad de México, como Fondo para la capitalidad que será equivalente como mínimo al 0.25 por ciento de la recaudación federal participable; y que será destinado para cubrir los costos a los que se refiere la presente Ley.

Lo anterior sin menoscabo de los recursos que recibe la Ciudad de México, de distintos ramos presupuestales de la Federación.

Artículo 10. El gobierno de la Ciudad de México podrá destinar los recursos del Fondo a programas y proyectos para:

I. Infraestructura y equipamiento en materia de procuración de justicia, readaptación social, y protección civil y rescate, considerando la capacitación que al respecto requieran los servidores públicos que realicen actividades en dichas materias;

II. Inversión en infraestructura vial primaria y secundaria, incluyendo su construcción, modernización, reconstrucción, ampliación, remodelación, mantenimiento, conservación, equipamiento y el servicio de alumbrado público que su operación requiera;

III. Inversión en infraestructura cultural, turística, de salud o de transporte público, incluyendo su construcción, modernización, reconstrucción, ampliación, remodelación, mantenimiento, conservación y equipamiento, así como la adquisición y renovación del equipo que la complemente, considerando el mantenimiento preventivo y correctivo que para su operación requiera;

IV. Infraestructura, equipamiento y mantenimiento, en materia de vigilancia, que permita desarrollar y aplicar políticas públicas para la prevención del delito;

V. Inversión en materia ambiental, tal como mantenimiento de suelos de conservación, infraestructura hidráulica, y para el manejo integral de residuos sólidos (recolección, traslado y disposición final), incluyendo la adquisición del equipo correspondiente;

VI. Inversión en infraestructura y equipamiento de puntos de recaudación de impuestos locales, así como la inversión para el desarrollo, implementación, equipamiento y operación de estrategias que incrementen la recaudación de la Ciudad de México;

VII. La reconstrucción de la infraestructura pública dañada como consecuencia de fenómenos naturales perturbadores, y

VIII. Los demás que apruebe el Consejo.

Artículo 11. Los lineamientos de operación del Fondo de capitalidad deberán ser aprobados durante el mes de diciembre de cada año por el Consejo y publicados en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su observancia, antes del 1 de enero de cada año.

Artículo 12. Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en la Ciudad de México estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, pero no estarán exentos del cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, incluso aquellos de las entidades federativas y de los municipios dentro del territorio de la Ciudad de México, quienes también pagarán las contribuciones y el uso de los servicios públicos que prestan el Gobierno de la ciudad, o las Alcaldías.

De igual manera, inmuebles ocupados por los institutos políticos nacionales, las entidades paraestatales, las empresas productivas del estado y las entidades de control directo.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Consejo para la capitalidad de la Ciudad de México quedará instaurado dentro de los 90 días posteriores a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Para el ejercicio fiscal 2022, la Cámara de Diputados dispondrá al aprobar el Presupuesto de Egresos de ese año, de un monto inicial de Fondo de capitalidad, de seis mil millones de pesos.

Notas

1 https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/

2 https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/resultados/16_FON-DO_DE_CAPITALIDA D_OK.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 de septiembre de 2021.– Diputado Jorge Triana Tena (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 4o. y 10 de Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, suscrita por el diputado Alan Castellanos Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Alan Castellanos Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4 y 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, al tenor de la siguiente

Uno de los ejes medulares de la economía mexicana es el desarrollo e impulso al crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) derivado de que abundan en el tejido socioeconómico de cualquier país en variables como el número de establecimientos, la generación de empleos, la producción y distribución de bienes y servicios, la distribución del ingreso, la flexibilidad de adaptarse a cambios tecnológicos, la distribución de la riqueza, entre otros. Hoy, los gobiernos de países en desarrollo reconocen esta importancia de las Mipyme por su contribución al desarrollo regional y local.

En México, las Mipyme constituyen un gran porcentaje de las empresas, generadoras de empleo (72 por ciento) y, por ende, su contribución de 52 por ciento al producto interno bruto. 1 Lo anterior es una clara señal de debemos poner atención a este tipo de empresas y verlas como lo que en realidad son: la base de la economía mexicana.

Las pequeñas y medianas empresas (Pyme) cuentan con la más amplia gama de giros productivos, comercializadores y de servicios y tienen la tendencia a realizar actividades autónomas que tienen relación con las empresas más grandes, y de este modo sufriendo la influencia de éstas que suelen someterlas, minimizando sus posibilidades de desarrollo o establecer una interdependencia.

A pesar de ser una fuente muy importante en la economía del país, las Pyme no cuentan con muchos de los recursos necesarios para que se desarrollen de una manera plena y existen en el país grandes problemas que las afectan en gran medida.

En México sólo 7 por ciento de las Pyme ha podido tener acceso y combinar el apoyo del gobierno, en comparación con el 33.6 en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Las formas de ayuda reembolsables han sido las más populares con 5 por ciento de las Pyme. 2 Ello que representa que de cada 100 Pyme mexicanas, sólo 7 han podido tener acceso al apoyo del gobierno a partir de la pandemia de Covid-19, lo que contrasta con casi 34 empresas que lo hacen en promedio entre los países de la OCDE. En contraste, a nivel OCDE, el promedio de Pymes que recibieron apoyos gubernamentales fue de entre 20 y 40 por ciento.

Además, la OCDE informó que la baja productividad de las Mipyme es una de las características del sector en México, donde el organismo identifica un área de oportunidad para mejorar. De igual manera, destaca la necesidad de una mayor digitalización más allá del impulso que tomó el comercio electrónico, aunado a la necesidad de elevar las habilidades informáticas entre el sector, así como en la reducción de los costos administrativos para poder iniciar un negocio.

El país tiene una gran población de microempresas de baja productividad; el sector Mipyme contribuye a 71 por ciento del empleo y 37 del valor agregado, contra el promedio de la OCDE, de 69 y 59, respectivamente, y también tienen una parte importante del autoempleo, con 31.9. 3

De acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Inegi, 4 en México la mayoría de las empresas son micro, pequeñas o medianas y gran parte de la actividad económica y el empleo están estrechamente ligados a ellas.

Durante 2018 se registraron poco más de 4.1 millones de Mipyme en México, clasificadas en los sectores de manufacturas, comercio y servicios privados no financieros. De estas, 4 millones 57 mil 719 son microempresas y 111 mil 958, pequeñas y medianas empresas.

Las microempresas no tienen más de diez empleados y les dan empleo a diez millones de personas. Por otro lado, las pequeñas y medianas empresas les dan trabajo a otros ocho millones de personas; en total, las Mipyme emplean a 18 millones de mexicanos. 5

Estas cifras y datos son de vital importancia pues muestran que el distanciamiento social y el confinamiento, sin duda necesarios para evitar el contagio en esta época de pandemia, han provocado cierre de negocios, estancamiento de la economía y pérdida de fuentes laborales.

Por ello, frente a este escenario, simultáneamente a la estrategia para evitar los contagios y atender a la población afectada por la pandemia; diversos actores han externado la necesidad de apoyos por parte del gobierno federal para las micro, pequeñas y medianas empresas, todos han coincidido en que debe instrumentarse un plan urgente para apoyar a estas unidades económicas con el objetivo de evitar más cierres y pérdida de empleos.

Estas empresas están enfrentando la falta de ingresos por la situación de emergencia sanitaria por el Covid-19, y lo están haciendo sin ningún apoyo del gobierno federal. Las Mipyme que no han despedido a sus trabajadores, es porque han logrado acuerdos para poder bajar salarios sin que se vean en la necesidad de despedirlos, otras han eliminado prestaciones o beneficios para sus colaboradores.

Pero hay otras empresas de este tipo que no tienen los recursos suficientes para poder hacer frente a esta crisis, por lo que todos los indicadores de la economía ya están reflejando los efectos de la perdida de fuentes de empleos, cierres de negocios y falta de apoyos.

Sin duda, son importantes y necesarios los apoyos para las personas que menos tienen y que no cuentan con un empleo formal, pero también lo es, para destinar recursos para las empresas y negocios que crean fuentes de empleo, y que hacen posible que sus trabajadores cuenten con ingresos y seguridad social para ellos y sus familias, lo que a su vez redunda en impuestos para el gobierno y un mayor consumo. Sin empleos formales e ingresos este círculo virtuoso no se complementará.

El objetivo de esta reforma es impulsar las bases para que la Secretaría de Economía promueva e incentive la inversión de capital privado, con el propósito de desarrollar la producción empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas, fortaleciendo su producción y competitividad a escala nacional y global.

Asimismo, la presente iniciativa cuenta con un enfoque particular, dirigido a la inclusión económica de los pueblos indígenas, fomentando sus actividades y costumbres a fin de que representen una cifra importante en el desarrollo económico.

Sobre el particular y de acuerdo con lo establecido con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, las Pymes representan actores claves para incrementar el crecimiento potencial de América Latina. Estas empresas se caracterizan por una gran heterogeneidad en su acceso a mercados, tecnologías y capital humano, así como su vinculación con otras empresas, factores que afectan su productividad, capacidad de exportación y potencial de crecimiento. 6 Debemos establecer las bases para que el Gobierno de México, promueva e incentive la inversión de capital privado para el óptimo desarrollo de la Mipyme que generará un efecto positivo en la economía mexicana.

Por ello no debemos dejar de mencionar el gran problema y falta de desarrollo y emprendimiento económico que padecen las comunidades y pueblos originarios, constituyendo más de 8.5 por ciento de la población, la proporción más elevada de todas las regiones del mundo, pero también son los que tienen a la mayor proporción de personas en situación de pobreza extrema, de acuerdo con un informe de la Organización Internacional del Trabajo. 7

Dicho informe señala también que datos de nueve países latinoamericanos indican que los pueblos indígenas comprenden cerca de 30 por ciento de las personas que viven en pobreza extrema. El promedio mundial de poblaciones indígenas en esa situación es de 19 por ciento. 8

Comparativamente, esa cifra significa que los pueblos autóctonos de América Latina son tres veces más proclives a padecer ese flagelo que otros grupos de población.

Ante esta situación es preciso destacar que México forma parte del Convenio 169 de la OIT, “sobre pueblos indígenas y tribales”, que refiere en mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan y garantizar el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera. 9

Sin embargo, en México continúan prevaleciendo casos de pobreza y pobreza extrema, por lo que es necesario impulsar los mecanismos necesarios a fin de enfrentar los obstáculos en la esfera laboral de emprendimiento y de financiamiento, con el propósito de proveer de soluciones a estos fenómenos.

El país enfrenta una situación similar, ya que, de acuerdo con las cifras del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, en México hay 16 millones 933 mil 283 indígenas, que representan 15.1 por ciento de la población total y existen 68 pueblos indígenas, cada uno hablante de una lengua originaria propia, las cuales se organizan en 11 familias lingüísticas y se derivan en 364 variantes dialectales. 10

De acuerdo con el Inegi, 25.7 millones de personas, es decir, 21.5 por ciento de la población, se autoadscribe como indígena. Mientras tanto, 12 millones de habitantes (10.1 por ciento de la población) señalaron vivir en hogares indígenas. También, el 6.5 por ciento de la población nacional se encuentra registrada como hablante de una lengua indígena, representando a 7.4 millones de personas. 11 Así, la nación continua vulnerable ante la desigualdad, pues de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población hablante de lengua indígena en situación de pobreza aumentó de 75.8 por ciento a 76.8 por ciento y el de la población no hablante de lengua indígena en situación de pobreza cambió de 39.3 por ciento a 41.5 por ciento y respecto al porcentaje de la población en situación de pobreza extrema, entre 2018 y 2020, se observa un incremento en este indicador para ambos grupos al pasar de 35.1 por ciento a 35.7 por ciento para la población hablante de lengua indígena y de 5.2 por ciento a 6.8 por ciento para la población no hablante de lengua indígena. 12

En artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: “En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Además, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico”. 13

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece “impulsar una nueva vía hacia el desarrollo para el bienestar, una vía en la que la participación de la sociedad resulta indispensable y que puede definirse con este propósito: construiremos la modernidad desde abajo, entre todos y sin excluir a nadie”. 14

Por lo expuesto es necesario que en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa se fomente que las micro pequeñas y medianas empresas indígenas tengan apoyos suficientes a través de la planeación y ejecución de los programas y políticas de fomento y desarrollo que el Estado desarrolla, con el propósito de mejorar un mejor ciclo económico de los agentes antes mencionados.

En virtud de todo lo antes expuesto esta propuesta tiene por objetivo establecer dentro de las directrices de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, las bases para que el gobierno fomente la inversión de capital privado para el desarrollo empresarial, así como las actividades productivas de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas de todo México.

Decreto que reforma y adiciona los artículos 4 y 10 a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Único. Se adicionan un inciso e) al artículo 4 y la fracción IV al artículo 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 4. Son objetivos de esta ley

I. Establecer

a) a d)...

e) La Secretaría promoverá e incentivará la inversión de capital público y privado con el propósito de desarrollar la producción empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas, fortaleciendo su producción y competitividad a escala nacional y global.

II. ...

Artículo 10. La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento para la competitividad de las Mipyme debe atender los siguientes criterios:

I. a III. ...

IV. Fomentar la inserción de las actividades productivas y servicios de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicana a nivel regional, estatal y municipal;

V. a X. ...

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Instituto Mexicano para la Competitividad. Desarrollando las Pymes que el país requiere. Disponible en

https://imco.org.mx/pymes_que_requiere_mexico_2009/

2 Perspectivas del emprendurismo y las pequeñas y medianas empresas 2021, OCDE. Disponible en

https://www.oecd.org/publications/oecd-sme-and-entrepreneurship- outlook-2021-97a5bbfe-en.htm

3 Ibídem.

4 Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Inegi. Disponible en

https://www.inegi.org.mx/programas/enaproce/2018/

5 Ibídem.

6 Consultado en Acerca de microempresas y Pymes” . Cepal,

https://www.cepal.org/es/temas/pymes/acerca-microempresas-pymes

7 Organización internacional del Trabajo, “Convenio sobre pueblos indígenas y tribales”, disponible en:

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB: 12100: 0:: NO:: P12100_ILO_CODE: C169

8 Ibídem.

9 Organización Internacional del Trabajo, Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Convenio número 169 de la OIT, “sobre pueblos indígenas y tribales”. Disponible en

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–-americas/–-ro-lima/do cuments/publication/wcms_345065.pdf

10 Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. El mundo indígena 2020: México. Disponible en

https://www.iwgia.org/es/mexico/3745-mi-2020-mexico.html

11 Inegi. “Numeralia indígena 2015”, en Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos Indígenas de México, 2015. Disponible en

https://www.mx/inpi/articulos/indicadores-socioeconomicos-de-los -pueblos-indige-nas-de-mexico-2015-116128

12 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. “Coneval presenta las estimaciones de pobreza multidimensional 2018 y 2020”. Disponible en

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Document s/2021/COMUNICADO_009_MEDICION_POBREZA_2020. pdf

13 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf

14 Gobierno de México. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Disponible en

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha= 12/07/2019

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2021.– Diputados y diputadas: Alan Castellanos Ramírez, Cristina Amezcua González, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Eufrosina Cruz Mendoza, José Guadalupe Fletes Araiza, Karina Marlen Barrón Perales, Laura Lorena Haro Ramírez, Lorena Piñón Rivera, Mariana Erandi Nassar Piñeyro, Miguel Sámano Peralta, Óscar Gustavo Cárdenas Monroy, Rodrigo Fuentes Ávila, Sayonara Vargas Rodríguez, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los párrafos segundo y tercero de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

La discriminación laboral por razón de edad en México es una problemática de gran sensibilidad social que requiere de la búsqueda constante de soluciones. Una realidad que afecta a millones de mexicanos mayores de 35 años, cuyas oportunidades en el mercado laboral son cada vez más acotadas.

Los datos del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) y de la Asociación Mexicana por la No Discriminación Laboral por Edad o Género (ANDLEG), son muy claros en este sentido. Ser mayor de 35 años en México es motivo de discriminación laboral. De acuerdo con el ex presidente de la Asociación Mexicana, Javier Vázquez Robles, el 90 por ciento de las vacantes ofrecidas en el mercado laboral dejan fuera a los mayores de 35 años.

“La oferta laboral disponible para ese segmento poblacional se reduce a 10 por ciento, pero se trata de empleos de bajo salario que no tienen que ver con el perfil académico del solicitante, desperdiciándose así años de experiencia”. 1

La anterior problemática se acentúa aún más al considerar que los empleos a los que las personas adultas mayores pueden acceder se caracterizan por los bajos sueldos. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los adultos mayores son los que en promedio tienen menor ingreso por hora en el trabajo extra doméstico con respecto al grueso de la población. 2 Las personas de este segmento, por lo general, son contratadas en actividades como guardias de seguridad o personal de limpieza.

En el caso de personas de 60 años o más, la vulnerabilidad se acentúa aún más, pues es el grupo que experimenta mayores tasas de analfabetismo. Tal como observa la investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Graciela Irma Bensusán, de cada 10 personas de 60 años o más, 3 no saben leer ni escribir. Este grupo es el que tiene el mayor porcentaje de personas con educación básica incompleta y uno de los más bajos con educación media superior y superior.

Fuente: Acevedo y Bensusán (2012).

Las condiciones del marco normativo mexicano en materia laboral han conllevado a que la reducida escolaridad de este grupo se traduzca en una baja cobertura de la seguridad social y reducidos montos de las jubilaciones. La falta de oportunidades para el crecimiento económico que los adultos mayores experimentaron durante su juventud los lleva a perpetuarse en una situación económica de escasez, por lo cual se ven orillados a engrosar las filas de la informalidad.

Tal como puede apreciarse en la siguiente tabla, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el 81.6 por ciento de personas con 60 años o más carecen de prestaciones laborales.

Fuente: Acevedo y Bensusán (2012) con datos de la base en ende 2011, segundo trimestre.

Es por lo anterior que la falta de certidumbre económica y de acceso a la salud y seguridad social a la hora de envejecer son problemáticas apremiantes, aún pendientes de atender por la presente LXV Legislatura.

El marco jurídico que da fundamento a la no discriminación laboral y la protección de las personas mayores es vasto, pues numerosas disposiciones, tanto del derecho interno como del derecho internacional contemplan mecanismos y disposiciones en esta dirección. El derecho a la igualdad, la no discriminación, a la seguridad social, así como el derecho a vivir y ser tratado con dignidad, son recogidos no solo por diversos instrumentos del sistema universal de derechos humanos, 3 sino también por nuestra Carta Magna.

En su capítulo l. “Derechos Humanos y sus garantías”, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desglosa una serie de derechos universalmente reconocidos como inalienables e inherentes a todo ser humano. Entre ellos, el artículo 1o. (párrafo primero) da fundamento al derecho a la igualdad, así como a la no discriminación (párrafo quinto), mientras el artículo 5o. da fundamento a la libertad profesional, por virtud de la cual a ninguna persona se le puede impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.

De forma complementaria, el artículo 123 constitucional reconoce que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Es de este artículo que se desprende la Ley Federal del Trabajo por la cual se regulan las relaciones laborales entre patrones (empresas privadas) y trabajadores.

Pese a las numerosas disposiciones jurídicas anteriormente enunciadas, es de observar que a la fecha persisten barreras injustificadas que limitan el acceso de este grupo social a sus derechos laborales. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (Enadis), 4 la falta de empleo y la falta de oportunidades para encontrar trabajo son las principales problemáticas a las que hace frente la población de adultos mayores. 5

Adicionalmente, de acuerdo con el informe Pension Policy Notes and Reviews, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) calculó en 2015 que en México el porcentaje de individuos de 65 años y más que vivían en pobreza alcanzó un 31.2 por ciento mientras que el índice promedio de los países que la integran que fue de 12.6 por ciento. 6

Considerando que las proyecciones demográficas de México muestran una clara tendencia al envejecimiento progresivo de la población durante los próximos treinta años, es seguro afirmar que esta se trata de una problemática apremiante, que con certeza presentará grandes retos para la política pública mexicana.

Las proyecciones estadísticas del Consejo Nacional de Población (Conapo) para el año 2050 señalan que la población adulta representará una proporción cada vez más alta, mientras la tasa de natalidad seguirá disminuyendo, reduciendo así la proporción de población joven en el futuro. 7

En suma, estas tendencias permiten anticipar que la capacidad del Estado mexicano para garantizar el derecho al empleo, los ingresos, el retiro y la seguridad financiera de su población será puesta a prueba en los próximos años.

Es en razón a ello que la presente iniciativa tiene por objeto contribuir a la formación de una política pública integral que combata efectivamente la discriminación contra personas mayores de 45 años en los centros de trabajo y que permita su reingreso a la fuerza laboral en condiciones de equidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo a esta soberanía la siguiente el siguiente proyecto de

Único. Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 3o de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 3o....

No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. La Secretaría, en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, deberán garantizar el derecho a no ser discriminado.

No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada; salvo en labores específicas y debidamente justificadas ante la Secretaría, la edad podrá ser motivo para interrumpir o evitar la contratación de una persona.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Notas

1 Portal de Noticias Conapred, disponible en línea:

https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id= 4600&id_opcion

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2005 ). Los adultos mayores en México. Aguascalientes, página 23.

3 Véase ‘Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales’, (artículo 22, párrafo 2 y artículos 6o. y 7o.) y ‘Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales’ (Protocolo de San Salvador), artículos 3o., 6o. y 7o.

4 Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (Enadis), disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/en adis2017_resultados.pdf

5 El 28.5% de los adultos mayores encuestados declaró la insuficiencia de la pensión para cubrir necesidades básicas y el 22 .5% declaró falta de oportunidades para encontrar trabajo.

6 OCDE, Pension Policy Notes and Reviews disponible en:

https://www.oecd.org/els/public-pensions/OECD­ Pension-Policy-Notes -Mexico.pdf

7 Infografía, Proyecciones de la población de México y de sus entidades federativas 2016-2050, disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/390824/lnfograf_a _Proyecciones_de_la_poblacion_de_Mexico.pdf

Cámara de Diputados, a 9 de septiembre de 2021.– Diputada Lilia Aguilar Gil, Andrea Chávez Treviño (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las y los suscritos, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa, con base en la siguiente

I. Pobreza alimentaria en México

La pandemia generada por el Covid-19 dejó a su paso grandes retos y dificultades en nuestro país no sólo en materia sanitaria sino también en los sectores social y económico, lo anterior se refleja en el nivel de pobreza que se presenta entre los mexicanos en la actualidad, datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social muestran que en menos de dos años, hubo un aumento de 9 puntos porcentuales de la pobreza dejando al 50.6 por ciento de la población en estado de vulnerabilidad, asimismo, en este mismo periodo de tiempo la pobreza extrema creció 8 puntos porcentuales llegando al 18.3 por ciento de la población mexicana. 1

Si bien es cierto que lo anterior es consecuencia en parte de los estragos de la pandemia, también es cierto que dicho impacto en la economía se ha generado por las decisiones incorrectas que se han tomado para mitigar el impacto económico en las familias, pues se han implementando políticas públicas que no ofrecen una solución en el largo plazo.

De lo anterior, sabemos que hay algunos sectores que se han ido recuperando mediante la generación de algunos empleos. Sin embargo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía estos avances no son suficientes ya que, entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, el porcentaje de la población con un ingreso menor al valor de la canasta alimentaria aumentó de 35.6 a 39.4 por ciento. Asimismo, el Coneval apunta que hubo un aumento de entre 8.9 y 9.8 millones de personas que no pueden cubrir sus gastos básicos de alimentación. 2

La realidad en nuestro país es que dichas cifras no son más que el reflejo de mexicanas y mexicanos mal alimentados, niñas y niños que no podrán tener un desarrollo físico y mental adecuado y población más vulnerable a no gozar de un buen estado de salud. La pobreza alimentaria representa un problema grave que afecta a más del 50 por ciento de la población mexicana por lo que la atención de esta problemática debe de ser considerada como una prioridad para los tres órdenes de gobierno.

II. La agricultura desarrolla un papel fundamental en todos los países, ya que de esto depende su subsistencia, pues no solo funge como proveedor alimentario, sino también como detónate económico. El sector agrícola contribuye en gran medida al desarrollo económico de los países a través de diversos ramos, pues este llega a funcionar como sustento de los demás sectores de la economía; contribuye con factores productivos del sector rural hacia los demás sectores; ayuda a la disminución de la pobreza; sirve como fuente de mercado interno; y como agroexportador permite la obtención de divisas.

La agricultura es una fuente básica para suministrar de alimentos a cualquiera país del mundo, no importa el grado de desarrollo que este tenga, ya que tanto en naciones desarrolladas como subdesarrolladas generan una fuerte demanda de alimentos, la cual ha venido creciendo de manera acelerada en los últimos años. Sin embargo, si no se abastece la cantidad de alimentos requeridos por la población, esto genera graves afectaciones a las tasas de crecimiento de la economía.

Asimismo, el desarrollo del campo conlleva un requerimiento de trabajadores, ya que en naciones que se encuentran en vías de desarrollo, la mayoría de los trabajadores agrícolas provienen de poblaciones rurales. En este sentido el sector agrícola tiene la tarea de abastecer de alimentos a las grandes urbes, no obstante, ello se debe realizar con una fuerza laboral menor. En países subdesarrollados, el sector agrícola es relativamente más grande en comparación con las naciones del primer mundo, incluso este llega a tener a más del 60 por ciento de su población dependiendo de dicho sector. 3

En el caso de México, el campo continúa siendo un sector estratégico en la economía del país, dando empleo a 6 millones de mexicanos que trabajan en actividades agrícolas. 4 De acuerdo al Consejo Nacional Agropecuario, la agricultura es una de las máximas generadoras de divisas, ubicándose sólo por debajo de la industria automotriz y el sector eléctrico. Durante 2019, la exportación de los principales productos agroalimentarios de México género 11, 592 millones de dólares, siendo el aguacate, berries, jitomate, el brócoli y la coliflor. 5

III. Uno de los sectores más abandonados, por los distintos gobiernos, es la población que vive en, y del, campo. Así lo ha denunciado Luis Gómez Garay, presidente de la Unión General de Obreros, Campesinos y Popular, al señalar que “millones de hombre y mujeres del campo están colapsados y con su quiebra, las comunidades rurales entraron en una crisis permanente “que nos tiene en la miseria, en la marginación y en el abandono”. 6

Conforme con datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2019 por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, más de la mitad de la unidades de producción de granos, el 53.1 por ciento comercializan sus productos con intermediarios y tan solo la cuarta parte lo hace directamente con el consumidor y finalmente el 8.4 por ciento lo obtienen por medio de un crédito o préstamo, señalando los propios productores que uno de los problemas que enfrentan para su venta es por el alto costo de los insumos, la energía eléctrica y la mano de obra. 7

En este sentido es preciso señalar que el sector agrícola o rural, en cualquier Nación, como proveedor de alimentos debe ser considerada como un elemento esencial para el combate a la pobreza, por ello, durante la última década se han implementada diversas políticas públicas con el objeto de erradicar o eliminar las brechas de desigualdad, mediante el aprovechamiento de los recursos que genera el campo ante la gran diversificación de alimentos que se producen en el territorio mexicano.

La desigualdad y la falta de ingresos familiares de las clases más vulnerables ha sido un factor recurrente que limita la autosuficiencia alimentaria, dicho fenómeno no ha permitido detonar las acciones o las políticas públicas para que emane el campo mexicano como uno de los sectores de beneficio para quienes se dedican a esta actividad, enfocados a una mayor producción y autoconsumo nacional.

En nuestro país existe una política social en el sector rural que va más enfocada a los apoyos directos que al fomento productivo del campo, que asegure un aumento en los ingresos de quienes se dedican a las actividades pecuarias o productivas que puedan ser consideradas para el consumo por parte del Gobierno Federal, y con ello, impulsar sus actividades ante el abandono que prevalece en el campo mexicano.

En ese sentido, la Encuesta Nacional Agropecuaria, 2019, de las principales problemáticas reportadas son “el alto costo de insumos y servicios como el combustible, la energía eléctrica, las semillas, los fertilizantes y la mano de obra” y, sin embargo, “solamente el 8.4 por ciento de las unidades de producción obtuvieron algún crédito o préstamo y que el 87.1 por ciento de los productores lo destinaron a la compra de materia prima, 41.7 por ciento lo usó para el pago de mano de obra y únicamente el 5.1 por ciento lo destinó a la compra de maquinaria o equipo”. 8

Asimismo, según indica la referida encuesta, “más de la mitad de las unidades de producción de grano, el 53.1 por ciento, comercializan sus productos con intermediarios y solamente una cuarta parte lo hace directamente con el consumidor y únicamente el 8.4 por ciento obtuvieron algún crédito o préstamo”. 9 De igual manera, se señala, respecto de la producción de granos para el autoconsumo, “el 27.5 por ciento de las unidades lo destinan al consumo del ganado, 75.4 por ciento para consumo familiar y 58 por ciento a la obtención de semilla para siembra”.

Lo anterior cobra sentido puesto que, como apunta Luis Gómez Garay, “no hay estrategias para modernizar la producción ni nacional ni regional. No existe un programa serio de combate de estructura a la pobreza. Y la regresión ya se manifiesta con el incremento de las importaciones agroalimentarias y con ello la pobreza de nuestras comunidades”. 10

Por tanto, Luis Gómez Garay apunta que es indispensable, entre otras cosas, construir una agenda común que reivindique los derechos de los campesinos, a fin de sacar al campo del abandono en que se encuentra, y propiciar su desarrollo y el de sus comunidades.

III. Agenda 2030

Cabe destacar que el Objetivo 2 dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, busca terminar con todas las formas de hambre y desnutrición para 2030 y velar por el acceso a todas las personas, en especial a los niños, a una alimentación suficiente y nutritiva durante todo el año. En ese sentido, es necesario ?promover prácticas agrícolas sostenibles a través del apoyo a los pequeños agricultores y el acceso igualitario a la tierra, la tecnología y los mercados. 11

Actualmente, hay estimaciones que nos indican que cerca de 690 millones de personas en el mundo padecen hambre, es decir, el 8.9 por ciento de la población mundial, lo que supone un aumento de unos 10 millones de personas en un año y de unos 60 millones en cinco años. 12 Por otro lado, el Programa Mundial de Alimentos asegura que alrededor de 135 millones de personas padecen hambre severa, debido principalmente a los conflictos causados por los seres humanos, el cambio climático y las recesiones económicas. 13

Derivado de esta crisis, el Objetivo 2 ha establecido metas específicas para poner fin al hambre y a la malnutrición. Dichas metas son las siguientes:

“ 2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.

2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad.

2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas.

2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra.

2.5 Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha convenido internacionalmente.

2.a Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en los países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados.

2.b Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mundiales, entre otras cosas mediante la eliminación paralela de todas las formas de subvenciones a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos equivalentes, de conformidad con el mandato de la Ronda de Doha para el Desarrollo.

2.c Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, en particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos”. 14

En ese tenor, la presente iniciativa propone: 1) Garantizar que las dependencias y entidades del Gobierno Federal, adquieran los bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o semiprocesados, semovientes, con pequeños productores, productores rurales y agentes económicos con bajos ingresos o en condiciones de pobreza, a que refiere la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; y, 2) Establecer que la Secretaría de Bienestar, en conjunto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, fomente y apoye la adquisición de productos del campo ??a los pequeños productores, productores rurales y agentes económicos con bajos ingresos o en condiciones de pobreza, a que refiere la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a fin de utilizarlos para suministrar lo requerido por las distintas Secretarías y dependencias de la Administración Pública Centralizada, así como para el funcionamiento de comedores comunitarios accesibles a toda la población mexicana, a efecto de garantizar el derecho a una vida sin hambre.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

Primero. Se adiciona la fracción XVI Bis, al artículo 32; y, se reforma la fracción XXII, del artículo 35, ambos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue:

Artículo 32.- A la Secretaría de Bienestar corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. a XVI. [...]

XVI Bis.- Fomentar y apoyar, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la adquisición de productos del campo, es decir, de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o semiprocesados, semovientes a los pequeños productores, productores rurales y agentes económicos con bajos ingresos o en condiciones de pobreza, a que refiere la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a fin de utilizarlos para suministrar lo requerido por las distintas Secretarías y dependencias de la Administración Pública Centralizada, así como para el funcionamiento de comedores comunitarios accesibles a toda la población mexicana, a efecto de garantizar el derecho a una vida sin hambre.

XVII. a XXVI. [...]

Artículo 35.-[...]

I. a XXI. [...]

XXII. Asegurar la adecuada distribución, comercialización y abastecimiento de los productos de consumo básico de la población de escasos recursos, con la intervención que corresponda a las Secretarías de Economía, y de Bienestar bajo principios que eviten su uso o aprovechamiento indebido o ajeno a los objetivos institucionales . Se priorizará la implementación de comedores comunitarios accesibles para toda la población, especialmente a aquellos grupos sociales que enfrentan condiciones de vulnerabilidad;

XXII. a XXIV .[...]

Segundo. Se adiciona un párrafo tercero a la fracción IX, del artículo 41, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:

Artículo 41. [...]

I. a VIII. [...]

IX. Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o semiprocesados, semovientes.

Asimismo, cuando se trate de bienes usados o reconstruidos en los que el precio no podrá ser mayor al que se determine mediante avalúo que practicarán las instituciones de crédito o terceros habilitados para ello conforme a las disposiciones aplicables, expedido dentro de los seis meses previos y vigente al momento de la adjudicación del contrato respectivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 Bis de esta Ley .

Las dependencias y entidades estarán obligadas a priorizar la adquisición de este tipo de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o semiprocesados, semovientes, con pequeños productores, productores rurales y agentes económicos con bajos ingresos o en condiciones de pobreza, a que refiere la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;

X. a XX.[...]

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Una vez publicado el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, las dependencias y entidades de la administración pública federal emitirán los lineamientos para dar cumplimiento a las modificaciones establecidas en el mismo.

Notas

1 “El demoledor crecimiento de la pobreza alimentaria”, El Universal. Recuperado de:

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/paola-rojas/el-demoledor- crecimiento-de-la-pobreza-alimentaria (consultado 11 de octubre de 2021).

2 “El Coneval presenta información referente a la pobreza laboral al segundo trimestre de 2021”, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Recuperado de:

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_resulta-dos_ a_nivel_nacional.aspx (consultado el 11 de octubre de 2021).

3 “Importancia de la agricultura en el desarrollo socioeconómico”, Universidad del Rosario, Argentina, 2020. Recuperado de:

https://observatorio.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2020/08/ Impor-tancia-de-la-agricultura-en-el-desarrollo-socio-econ%C3%B3 mico.pdf (consultado el 11 de octubre de 2021).

4 “Situación del Sector Agropecuario en México”, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA). Recuperado de:

http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/22Situacion_Sector_Agropecu ario_Me%CC%81xico.pdf (consultado el 11 de octubre de 2021).

5 “Agricultura”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2019. Recuperado de:

http://cuentame.inegi.org.mx/economia/primarias/agri/default.asp x? tema=e

6 “Colapsan comunidades rurales por abandono al campo”, El Sol de México. Recuperado de:

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/colapsan-comuni dades-rurales-por-abandono-al-campo-7072487.html (consultado el 11 de octubre de 2021).

7 Encuesta Nacional Agropecuaria, 2019, Inegi. Recuperado de:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ena/2019/doc/rrdp_ ena2019.pdf (consultado el 11 de octubre de 2021).

8 “¿Qué, cómo y cuánto se produce en el campo mexicano?”, México Social. Recuperado de:

https://www.mexicosocial.org/que-como-y-cuanto-se-produce-en-el- campo-mexicano/ (consultado el 11 de octubre de 2021).

9 Ibid.

10 “Colapsan comunidades rurales por abandono al campo”, El Sol de México. Op. cit. Supra nota 3.

11 “Objetivos de desarrollo sostenible”, ONU. Recuperado de:

https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-developme nt-goals/goal-2-zero-hunger.html (consultado el 11 de octubre de 2021).

12 Versión resumida de “El Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2020”, FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF 2020. Recuperado de:

https://www.fao.org/3/ca9699es/CA9699ES.pdf (consultado el 11 de octubre de 2021).

13 Global Report on Food Crises 2020, FSIN. Recuperado de:

?https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000114546/download/?_ga =2.259180110.532182402.1633967419-1176787045.1633967419 (consultado el 11 de octubre de 2021).

14 Organización de las Naciones Unidas. (2015). Objetivo 2: Poner fin al hambre. Organización de las Naciones Unidas. Recuperado de:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/ (consultado el 11 de octubre de 2021).

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a 12 de octubre de 2021.– Diputada y diputado: Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Jorge Álvarez Máynez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género, a cargo de la diputada María Macarena Chávez Flores, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, María Macarena Chávez Flores, diputada federal de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, del reglamento de la Cámara de Diputados, y en observancia del artículo 78 del mismo cuerpo normativo, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 18, numeral 1, 31, numeral 1, 34, numeral 1, inciso c, 43, numerales 1, párrafos uno y dos, 2 y 4, todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género, al tenor de los siguientes

Argumentos

Hablar de la paridad de género es necesario desde un punto de vista doctrinal, pero también desde un punto de vista como sociedad, iniciando desde lo doctrinal podemos citar la definición que el SIL de la página de la Secretaria de Gobernación tiene como producto del estudio exegético de nuestra carta magna y por otro lado también aplicada esta exégesis a otros cuerpos normativos de la materia electoral.

“ Paridad de Género

Principio que se utiliza para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a puestos de representación política. Es un criterio estipulado en la Ley para asegurar la participación igualitaria en la definición de candidaturas. Se prevé en la Constitución que los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros en la integración y postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión y los Congresos de los Estados.

Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales, los cuales deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad. No se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente distritos en los que el partido haya perdido en el proceso electoral anterior.

El Instituto y los organismos públicos locales, en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas no se aceptarán dichos registros. Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista”.

Fuente (s):

-Artículos 4o., 35 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

-Artículos 7, 14, 232, 233, 234 y 364 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

-Artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos.

Iniciando de esta manera la presente exposición, tenemos acerca de este principio reconocido y garantizado en lo constitucional, el cual cita, acerca de la participación equilibrada, justa, y legal, que esta es necesaria para asegurar una igualdad en que, las mujeres y los hombres tengan una participación y representación equilibrada en la vida democrática de nuestro país, la cual, en ambos casos, pero más en lo atinente a las mujeres, lo cual será, en toda su diversidad.

Antecedentes

En México, data desde 1955, año en que las mujeres votaron por primera vez, así fue que, al paso de los años, cada década hemos alcanzado como sociedad algún avance respecto a representatividad, derechos o libertades, por lo que debemos tomar en cuenta que cada logro ha sido siempre gracias a una lucha larga, compleja y llena de desafíos por parte tanto de las mujeres como de los hombres que han apoyado a estas mismas en su lucha. Estos logros van desde la instauración del voto femenino y que con ello se reconociera y garantizara el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, y hasta el establecimiento del principio de paridad en el registro de candidaturas con la reforma constitucional de 2014.

El año de 2019 marcó un punto de avance en el que se concretaron los anhelos de las mujeres mexicanas y de grupos en apoyo a la lucha de estas, pues este fue el año en que se reconoció a la LXIV Legislatura como la primera legislatura paritaria de la historia de México, a esto se unió la declaración: “legislatura de la paridad de género”, además de esto durante esta pasada legislatura se aprobaron como resultado de los trabajos, diferentes reformas a la Constitución Política esto en el interés de incorporar la paridad en todo, lo que representa un logro sin precedentes en nuestro país, esto sirvió para cobrar conciencia de que una participación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de poder y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida (política, económica y social), es lo mejor para asegurar los intereses de todas y todos, lo cual también actualmente es considerado un indicador de la calidad de la democrática de los países.

Al reformarse la constitución en 2019, reforma que buscó el beneficio de la sociedad mexicana al implementar el concepto de paridad en todo, la situación de las mujeres en nuestro país progresó, y se constituyó como un ejemplo a nivel mundial en cuanto a los reflectores que iluminan la lucha y los progresos de la paridad de género, es de esta manera como se avanzó hacia la consolidación de una verdadera democracia representativa, participativa e incluyente, por lo tanto podemos presumir que vivimos una época en la que somos testigos de un momento histórico para las mujeres mexicanas, al dejar por sentado que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los tres poderes del Estado, en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes en los municipios con población indígena. Es de tomar en cuenta que, siendo la Cámara de Diputados la tribuna más alta de nación, sea menester para esta LXV Legislatura continuar el camino de empapar a todo órgano democrático de esta “paridad en todo”.

Desde lo social

Como mujer mexicana, michoacana de nacimiento y legisladora por encomienda de los votantes del 11 federal con cabecera distrital en Pátzcuaro, he atestiguado tanto el antes y el después de las reformas que la paridad de género en cuanto a representatividad ha logrado, pues las mujeres mexicanas hemos alcanzado importantes victorias demostrando con hechos contar con la preparación, las capacidades, y la necesidad de participar en todos los ámbitos de la vida política de nuestro país, tomando la voz para así aportar en la solución de los grandes retos que la Nación Mexicana enfrenta.

La inercia en el sentido de movimiento se presenta en dos estados; movimiento o ausencia de este, en el caso del congreso mexicano la fuerza de las reformas antes citadas constituye una marea la cual es abordada por los legisladores y por ello tenemos la obligación de impulsar y canalizar esta energía en el sentido de permear a todos los órganos de gobierno de ambas cámaras, la paridad en todo, que todos y cada uno de los órganos cuenten y cumplan con una paridad de género, aprobando las reformas legislativas necesarias, catalizando el cambio cultural en favor de la igualdad con el compromiso del Estado, para que las mujeres puedan participar en la toma de decisiones sin ningún tipo de discriminación ni violencia.

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en su publicación del 27 de mayo del presente año, hizo un llamado para obtener la garantía al principio constitucional de paridad, al igual que los derechos político- electorales de las mujeres, así como también se sancione con todo el rigor de la ley los actos y expresiones que constituyan violencia política en razón de género, para de esta manera erradicar prácticas que obstaculicen estos avances con el fin de que nuestro país consolide una verdadera democracia incluyente, plural e igualitaria.

Hago énfasis en que los legisladores del Congreso se unan para garantizar la representatividad de las mujeres que enfrentan mayores desafíos como son las que viven con alguna discapacidad o que son discriminadas por su orientación sexual o identidad de género, así como asegurar que mujeres de todas las etnias indígenas, y las integrantes de la identidad afro mexicana, puedan tener representantes y de esta forma accedan a los espacios de toma de decisiones para que su voz sea escuchada, respetada y considerada para la transformación de las todas las comunidades y pueblos de nuestro país.

Como se vivió la paridad de género en la Cámara de Diputados durante la pasada Legislatura

Durante el periodo que comprende de 2018-2021 y que corresponde a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, se nombró a esta como “De la paridad de género” principalmente por su integración.

El recuento de la paridad de género en el Palacio Legislativo de San Lázaro arroja lo siguiente:

-241 mujeres formaron parte de la LXIV Legislatura; en lo federal, durante la legislatura de 1952 a 1955, hace casi setenta años, solo una ocupaba el cargo de diputada federal.

-20 de 46 comisiones fueron presididas por mujeres.

En la Cámara de Diputados se materializó la paridad de género en su conformación y funcionamiento, ya que a casi siete décadas de que Aurora Jiménez de Palacios fuera electa como la primera diputada, en la pasada LXIV Legislatura, fueron 241 mujeres las que impulsaron diversas causas en favor de este sector de la población.

Podemos resaltar que, desde 1952, al principio de la XLII Legislatura se han abierto de manera progresiva cada vez más espacios para que las ciudadanas tengan mayor representación en esta cámara, a través de sus órganos de gobierno, comisiones y áreas administrativas.

En la LXIV Legislatura de la Paridad de Género se destaca que, en dos de los tres años de ejercicio, es decir más del sesenta por ciento de la cronología de la legislatura, la Mesa Directiva ha sido encabezada por una mujer: en el segundo año la diputada Laura Angélica Rojas Hernández y en el final de esta la diputada Dulce María Sauri Riancho.

En cuanto a las comisiones resalta que 20 de 46 (casi el 50 por ciento) fueron presididas por diputadas tales como Puntos Constitucionales, Hacienda y Crédito Público, Igualdad de Género, Educación, Salud, Seguridad Pública, Justicia, Marina, Derechos de la Niñez y Adolescencia, Juventud y Diversidad sexual, Pueblos Indígenas, Asuntos Migratorios, Atención a Grupos Vulnerables, Deporte, Ciencia, Tecnología e Innovación, entre otras.

Lo anterior se ha reflejado en un funcionamiento más paritario en cuanto a los géneros en lo cotidiano dentro de la Cámara de Diputados, así como en reformas legales y acciones en favor de las mujeres del país.

Es así que a lo largo de la LXIV Legislatura la presencia de las mujeres en la toma de decisiones dentro de lo parlamentario se ha notado en cuanto a la realización de los cambios constitucionales necesarios para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, cerrar la brecha salarial y garantizar la paridad en las instituciones públicas, esto último como materia principal del propósito de la presente iniciativa.

Entre estas reformas podemos mencionar algunas como lo legislado para tipificar la violencia digital, mediática y violación a la intimidad sexual, todas estas en pro de los derechos de las mujeres, así mismo con reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal. 1

El inicio de la LXV Legislatura en el Congreso mexicano

Como en toda pirámide encontramos una base, y en el caso de la Cámara de Diputados en cuanto al tema de paridad de género podemos ver que, al llevarse a cabo la Sesión Constitutiva, donde rindieron protesta de manera presencial 465 de los 500 diputados y diputadas que ocuparán el cargo del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2024, se confirmó que por primera vez en la historia de México, la honorable Cámara de Diputados se mantendrá conformada por 250 legisladoras y 250 legisladores lo cual constituye la base del tema en comento, y que esto además deja un precedente en materia de paridad de género, lo anterior entre comillas, pues avanzando en la revisión de esta paridad de género aplicada a los estratos medios y superiores de la pirámide es decir la media y la cúspide, podemos ver que, por ejemplo en las comisiones no siempre se ha procurado la inclusión mínima de mujeres en su conformación, es decir el 50 por ciento.

En cuanto a  los órganos de gobierno más importantes de Cámara de Diputados, la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, que en el primer caso cuenta con amplia proporción pero, sin una regulación normativa para asegurar este cumplimiento, y en el segundo caso sigue sin cumplir con la mínima participación de ellas, por lo que, no existe esta representación  de forma equilibrada, es decir actualmente no se cumple con una cuota de género en estos órganos de gobierno internos ni se cuenta con un marco reglamentario adecuado que se  encargue de velar por esta paridad.

Veamos a continuación los principales órganos de toma de decisiones al interior del Palacio Legislativo de San Lázaro.

-La Junta de Coordinación Política presenta la siguiente configuración:

-7 integrantes, de los cuales 7 son hombres, y 0 mujeres.

-En el caso de la Mesa Directiva la configuración es:

-11 integrantes, 3 hombres, 8 mujeres (siendo este el único órgano que cumple con amplia participación de la mujer)

Es por esto que, continuando en la exposición de esta problemática desde la perspectiva de género, y así mismo retomando la importancia de la participación de la mujer y respetando lo establecido en materia de paridad de género, es que, propongo que estos dos órganos de gobierno interno del Congreso, así como también sus comisiones, tanto ordinarias como especiales, cuenten con la paridad de género, entendida esta de 50 por ciento mujeres y 50 por ciento hombres para alcanzar una representatividad equilibrada.

Por lo anteriormente expuesto pongo a su consideración la iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman los artículos 18, numeral 1, 31, numeral 1, 34, numeral 1, inciso C, 43, numerales 1, párrafos uno y dos, 2 y 4, todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género, para quedar como sigue:

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 18.

1. En la formulación de la lista para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva los Grupos Parlamentarios cuidarán cumplir con la paridad de género y así mismo que los candidatos cuenten con una trayectoria y comportamiento que acrediten prudencia, tolerancia y respeto en la convivencia, así como experiencia en la conducción de asambleas.

De la Junta de Coordinación Política

Artículo 31.

1. La Junta de Coordinación Política se integra con los Coordinadores de cada Grupo Parlamentario cumpliendo con la paridad de género.

Artículo 34.

1. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes:

a) ...

b) ...

c) Proponer al Pleno la integración de las comisiones, procurando se cumpla con la paridad de género y con el señalamiento de la conformación de sus respectivas Mesas Directivas, así como la designación de delegaciones para atender la celebración de reuniones interparlamentarias con órganos nacionales de representación popular de otros países o de carácter multilateral; con respecto a estas reuniones, en los recesos, la Junta de Coordinación Política podrá hacer la designación a propuesta de su Presidente;

Artículo 43.

1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la legislatura, tendrán hasta treinta miembros, cifra que estará configurada vigilando el cumplimiento de la paridad de género, o el número necesario para garantizar la proporción entre la integración del Pleno y la conformación de comisiones, de tal manera que los Grupos Parlamentarios no pierdan su representación proporcional en ellas y así mismo se dé cumplimiento a la paridad de género. Los diputados podrán pertenecer hasta tres de ellas; para estos efectos, no se computará la pertenencia a las comisiones Jurisdiccional y las de investigación.

...

2. Las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, podrán tener más de treinta miembros y en su conformación se cumplirá con la paridad de género; se incrementarán para incorporar a un diputado de cada grupo parlamentario que no haya alcanzado a integrarse en razón de su proporción, y el número que sea necesario para que los demás grupos no pierdan su representación proporcional en ellas.

3. ...

4. Al proponer la integración de las comisiones, la Junta postulará también a los diputados que deban presidirlas y fungir como secretarios. Al hacerlo, observará el cumplimiento en cuanto a la paridad de género y así mismo cuidará que su propuesta incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos Grupos Parlamentarios, de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el Pleno, y tome en cuenta los antecedentes y la experiencia legislativa de los diputados.

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política este decreto tendrá vigor hasta la instalación de la LXVI Legislatura.

Tercero. Las Comisiones Ordinarias y Especiales deberán cumplir el presente decreto desde su entrada en vigor.

Nota

1 Honorable Cámara de Diputados, (2021), Comunicación

http/diputados.gob.mx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.– Diputada María Macarena Chávez Flores (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Olga Juliana Elizondo Guerra, diputada federal de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción I, numeral 1, del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fomento al mercado interno y sus cadenas de producción, al tenor de la siguiente

El mercado interno es el conjunto de transacciones de bienes y servicios que se demandan y ofrecen en el territorio nacional; 1 entre los beneficios que se obtienen con su fortalecimiento se encuentra la generación de nuevas oportunidades de negocio, crecimiento de colaboraciones comerciales y proyección de los negocios a mayores niveles. 2

El fortalecimiento del mercado interno permite adquirir mecanismos que coadyuven a mejorar el entorno de los negocios, a fin de establecer un estímulo para la inversión y convertirse en la principal fuente de generación de empleos, fomentando de esta manera el desarrollo y el crecimiento de la oferta nacional, el encadenamiento y la modernización del aparato productivo en beneficio del empleo y la economía. Cabe destacar que el mercado local cuenta con un gran dinamismo y por lo tanto incide mayormente en el crecimiento de la economía.

La transformación económica que ha emprendido la presente administración, encabezada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha centrado sus esfuerzos para que la economía del bienestar impulse la reactivación económica, el mercado interno y el empleo, a fin de combatir el resentimiento económico por el peso de la corrupción y la extorsión institucionalizada, por el estancamiento del mercado interno y, desde hace unos años, por la inseguridad generalizada.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, establece entre sus objetivos, la implementación de una recuperación salarial y una estrategia de creación masiva de empleos productivos, permanentes y bien remunerados. Estas políticas públicas, tienen como pilar fundamental la reactivación económica, para lograr que la economía vuelva a crecer a tasas aceptables.

Por su parte, el Programa Sectorial de Economía 2020-2024 se alinea con los principios rectores plasmados en el PND; entre los cuales se propone lograr que la política económica genere bienestar para la población; alentar la inversión privada; impulsar la reactivación económica del mercado interno, a través de la incorporación de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) al sector formal de la economía; el empleo; y la promoción de la investigación científica y tecnológica. 3

Para que nuestro país se conduzca hacia el tan anhelado bienestar social, es menester incentivar la creación de empresas y fortalecer las ya existentes. Comercios que logren crear empleos e ingresos para aumentar la producción y el consumo. Cabe destacar que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas 2018, se registraron poco más de 4.1 millones de Mipymes, de las cuales 97.3 por ciento eran microempresas y 2.7 por ciento eran pequeñas y mediana empresas clasificadas en los sectores de manufacturas, comercio y servicios privados no financieros. 4 Actualmente existen mercados con grandes perspectivas de crecimiento, como por ejemplo el mercado aeroespacial que ha tenido un aumento exponencial, así como la manufactura automotriz, dentro de la cual las pequeñas empresas mexicanas se deben incorporar como fuertes proveedores.

Por otro lado, datos desalentadores proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, demuestran que durante el año 2020, 1 de cada 5 empresas cerró sus puertas. La disminución de los ingresos fue el principal tipo de afectación que reportaron 79.2 por ciento de estos comercios.

Sin caer en el proteccionismo, hay que proteger lo nuestro. Es verdad que tenemos una economía abierta a las exportaciones e importaciones, y que invariablemente

la producción externa en algunos casos puede resultar de mayor calidad y menor costo; sin embargo, hay que blindar los productos y servicios mexicanos, así como sus cadenas de valor, particularmente en las áreas estratégicas, para lograr así, el bienestar social y el progreso económico de la población.

No obstante, las reformas llevadas a cabo en 2013 en materia de actividades económicas del sector social, hicieron que durante los gobiernos neoliberales se desatendiera el mercado interno y sus cadenas de producción, teniendo graves consecuencias para la economía nacional; de ahí que es imperante establecer en la Ley Fundamental la obligación del Estado a fomentarlo, a efecto de no dejarlo como una facultad discrecional de los gobiernos en turno.

La reforma que se presenta es congruente, ya que la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, reglamentaria del artículo 25 Constitucional, tiene como objetivo fortalecer el mercado interno (Fracción X del Artículo 3). Esta legislación no contiene ni un solo elemento más al respecto que permita hacer de su mandato una obligación sine qua none,lo que ha dado pie a la discrecionalidad de su fomento conforme a los intereses del gobierno en turno, o los modelos económicos, los cuales, dicho sea de paso, han estado sujetos a “ensayo-error” durante décadas.

En consecuencia, una vez realizada la adición constitucional, se estaría en condiciones de reformar la norma secundaria a efecto de hacer del fomento al mercado interno y de sus cadenas de producción, una política nacional de planeación para el desarrollo nacional.

En suma, la necesidad de fortalecer el mercado interno y establecer el consecuente mandato en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cobra mayor relevancia a partir de los siguientes datos

– El mercado interno del país se ha visto relegado en las últimas décadas frente al sector externo, desde 1994 con la apertura comercial se les otorgó mayor impulso a aquellos sectores ligados en mayor medida con la demanda externa. Entre el año 2000 y 2018 el consumo privado creció a una tasa promedio anual de 2.21 por ciento; en tanto que las exportaciones lo hicieron en 4.42 por ciento.

– De acuerdo con las expectativas del sector privado, encuestado en enero de 2021 por el Banco de México, el principal factor que podría obstaculizar el crecimiento de la actividad económica en México es, precisamente, la debilidad del mercado interno. Así, los analistas consultados anticipan una recuperación del Producto Interno Bruto (PIB) de 3.74 por ciento para 2021 y que éste se desacelere a 2.61 por ciento en 2022, si bien dicho incremento es superior a la tasa media crecimiento anual (tmca) de 1.9 por ciento (con cifras originales) observada entre 1993 y 2020, es insuficiente para resarcir el daño propiciado por la pandemia del coronavirus y de la contracción del mercado externo.

– Recientemente y vinculado a los efectos de la pandemia, el indicador mensual del consumo privado en el mercado interior mostró un deterioro, al registrar una caída anual de 11.48 por ciento en el periodo enero-noviembre de 2020. No obstante, estos indicadores ya presentaban debilidad, toda vez que la tmca entre 2000 y 2019 fue 1.93 por ciento, y entre 2006 y 2012, fue aún más bajo, de 0.99 por ciento.

– La marcada debilidad de la demanda interna, en particular, en el consumo privado se confirma con la baja que han presentado los ingresos de las empresas comerciales al por mayor que tuvieron una caída anual de 9.72 por ciento, en tanto los ingresos en comercios al menudeo bajaron 9.68 por ciento; mientras que la tmca fue de 0.64 y 1.46 por ciento, respectivamente, entre 2008 y 2019.

– La debilidad en la generación de empleo formal ha sido un factor que influye en el menor crecimiento del mercado interno: 5 entre 2000 y 2020, la tmca fue de 2.39 por ciento. En 2020, el promedio del número total de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue de 19 millones 926 mil 017 personas, lo que significó una disminución de 2.51 por ciento con relación a 2019, afectado por el confinamiento para reducir los contagios de la pandemia. 6

– En años pasados, el salario mínimo sólo aumentaba de acuerdo con el nivel de inflación, con lo que únicamente mantenía su nivel. En 2020, el salario mínimo real tuvo un aumento de 16.07 por ciento, cifra mayor a la tmca de 3.30 por ciento que se registró entre 2000 y 2020; en tanto que, la tmca entre 2006 y 2012 registró una caída de 0.52 por ciento. Mayores incrementos salariales y de generación de empleo permitirán aumentar la masa salarial y reforzar el poder de compra de la clase trabajadora, lo que fortalecería la demanda interna y, con ello, el mercado interno.

– La inversión, como motor de crecimiento interno, ha venido deteriorándose. Un bajo nivel de inversión productiva implica la falta de reposición del capital requerido para la producción de bienes y servicios, lo que limita las posibilidades de crecimiento de la economía nacional.  La tmca de la inversión total fue de 1.99 por ciento entre 1993 y 2019 y de 0.78 por ciento entre 2012 y 2018; mientras que, entre enero y noviembre de 2020, tuvo una reducción anual de 18.84 por ciento (cifras originales); caída más profunda de la registrada en el mismo periodo de 2019 (-4.79%). La reducción de las tasas de interés, que ha disminuido desde 7.12% en enero de 2020 a 4.0% en febrero de 2021, 7  no garantiza un crecimiento robusto de la inversión en el corto plazo, toda vez que se suman factores de incertidumbre en la toma de decisiones de los inversionistas, tales como la debilidad de la demanda interna, la situación económica y política interna del país y los problemas de inseguridad, principalmente, según se expresa en la Encuesta del sector privado levantada por el Banco de México en el mes de enero del presente año. 8

– Con relación al aparato productivo, la tmca de la actividad industrial, para el periodo 2000-2020, ha sido del 0.1 por ciento; si bien reducida por el año atípico de 2020 en el que cayó la producción por los efectos adversos ante las medidas de confinamiento y la suspensión de actividades no esencial para mitigar la propagación de la pandemia de Covid-19, ya venía observando una desaceleración.

– Por sector de actividad, la industria manufacturera ha sido la de mejor desempeño y dinamismo gracias a las ramas orientadas hacia el mercado externo. De ese modo, entre 2000 y 2020 tuvo una tmca de 0.5%; en tanto que la industria de la construcción, vinculada más al mercado interno, prácticamente registró un nulo crecimiento en el mismo periodo.  Cabe destacar que de los 21 subsectores que integran a la industria manufacturera del país, solo ocho mostraron tmca positivas, mientras que el resto tuvo caídas que fluctuaron entre -0.1 y -3.7% a tasa media anual en el periodo citado. Estos sectores son los que enfrentan mayores obstáculos para su desarrollo, tanto por su baja vinculación con el sector externo, como por su limitado componente tecnológico y debilitada cadena de valor al interior del país.  Lo que las convierte en un nicho de oportunidad para fomentar su participación en el mercado interno, a través de perfeccionar sus cadenas de valor; optimizar sus flujos de producción y sustentabilidad, entre otros aspectos.

– El bajo nivel de financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) es otro factor limitante al fortalecimiento del mercado interno. Las altas tasas de interés de la banca comercial inhiben la demanda de crédito; por lo que, las Mipymes recurren a otras fuentes de financiamiento como son los proveedores, que para el Trimestre Julio-Septiembre de 2020, 9 contribuían con más de 77 por ciento del financiamiento a las pequeñas empresas. Asimismo, el crédito otorgado a las empresas ha mantenido una tendencia importante a la baja, ya que después de alcanzar su crecimiento más alto a principios de 2015 con una tasa de 14.4% anual, en 2020 cayó a -4.5%. En este sentido, se requiere facilitar el acceso y las condiciones de crédito a las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el 93 por ciento de los establecimientos productivos en el país y que generan la mayor parte de los empleos. 10

Por lo anteriormente sustentado, la presente iniciativa tiene por objeto fomentar el mercado interno e impulsar sus cadenas de producción a fin de fortalecer la economía nacional de nuestro país, lo que nos permitirá convertirnos en una nación competitiva y de crecimiento exponencial.

La aprobación de esta reforma resultaría de la mayor envergadura para el país, ya que apuntalaría el Plan de Nación de la 4T y vendría a llenar un vacío normativo en materia económica que debe subsanarse a la luz del contexto político actual y de la realidad nacional.

Como legisladores, es crucial la intervención normativa a través de la generación de políticas públicas que permitan reducir las desigualdades, elevar la competitividad y privilegiar el desarrollo. México no debe olvidar que fortalecer el mercado interno es el camino que han seguido los países desarrollados y las economías emergentes más exitosas.

Para tener mayor claridad de la reforma propuesta, se ofrece el siguiente cuadro comparativo:

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fomento al mercado interno y sus cadenas de producción

Único. Se reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 25. ...

...

...

...

...

...

...

...

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad, fomentando el mercado interno y sus cadenas de producción e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.

...

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCADO_INTER-NO.htm

2 http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende/produc-tos-servicios/gesti on/19-mexico-emprende

3 https://www.gob.mx/se/es/articulos/el-programa-sectorial-de-econo-mia-2020-2024 -fomentara-el-desarrollo-economico-y-contribuira-al-bienestar-de-la-sociedad-me xicana?idiom=es

4 https://www.gob.mx/se/articulos/inegi-presenta-resultados-de-la-en-cuesta-nacio nal-sobre-productividad-y-competitividad-de-las-Mipymes-enaproce-2018

5 http://www.inegi.org.mx

6 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/414831/Cuadr_pti-co_2018_verimpr esa.pdf

7 Banxico, banco central, Banco de México

8 https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/miscelaneos/%7 B1085E51C-BD30-19ED-38A6-AB84CBE57506%7D.pdf

9 Evolución del financiamiento a las empresas abril - junio 2019 (banxico.org.mx)

10 DOF - Diario Oficial de la Federación

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2021.– Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 115 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Navor Alberto Rojas Mancera, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado federal Navor Alberto Rojas Mancera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 115 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

El derecho humano al acceso a la justicia se encuentra previsto en el artículo 17, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el diverso 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este derecho ha sido concebido como la prerrogativa que tienen las personas para acudir ante los tribunales a fin de que se les administre justicia conforme a los términos y plazos que prevé la ley, la cual deberá ser pronta, completa, imparcial y gratuita.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el derecho de acceso a la justicia no se satisface por el mero hecho de que exista un recurso jurisdiccional, sino que este debe ser efectivo en la medida en que el justiciable pueda obtener una resolución en la que pueda ver satisfechos sus intereses y/o pretensiones. En ese sentido, resulta indispensable facilitar que todas las personas puedan obtener justicia por parte de los tribunales de manera mas sencilla y simple.

El juicio de Amparo se ha erigido como uno de la mayor relevancia para nuestro país y se ha convertido en el medio de defensa por excelencia para proteger los derechos humanos contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los diversos Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte. A través de este Juicio se han logrado grandes avances en materia de derechos humanos y como sociedad democrática.

La trascendencia que ha tenido el Juicio de Amparo para millones de personas es incuestionable y ha dado cabida a la emisión de criterios jurídicos de vanguardia para la protección de los derechos fundamentales de todas las personas; sin embargo, también es innegable el alto grado técnico que demanda la tramitación de este Juicio, lo que se traduce en que muchas personas no puedan ver satisfechos sus anhelos de obtener justicia.

Esta iniciativa busca facilitar un poco el camino de los justiciables. Se pretende que los órganos jurisdiccionales llamen de oficio a todas aquellas autoridades que deban tener participación en el Juicio de Amparo bajo la calidad de responsables, sin importar si el accionante lo señaló expresamente en su escrito de demanda.

Es conocido que la incorrecta denominación de una autoridad responsable en el escrito de demanda de Amparo puede traer como consecuencia que los intereses de los quejosos no se vean satisfechos por un error técnico y/o formal, que resulta salvable a través del propio accionar del órgano jurisdiccional.

De tal suerte, es que se pretende que los órganos jurisdiccionales que conozcan de un Juicio de Amparo Indirecto tomen un papel más protagónico en beneficio de la defensa de los derechos humanos de las personas. Los tribunales al formar parte del Estado Mexicano tienen que cumplir con las obligaciones señaladas en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que deben privilegiar la protección de los derechos fundamentales de las personas sobre cualquier tipo de formalismo o tecnicismo.

Que los errores o las deficiencias salvables no trasciendan y/o soslayen los ánimos de justicia que buscan las personas con la promoción del Juicio de Amparo. Que las formalidades y los tecnicismos no sean el pretexto para desestimar las pretensiones de los individuos.

En virtud de los anteriores razonamientos es que se busca adicionar un párrafo al artículo 115 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A fin de otorgar mejores elementos, se procede a realizar un comparativo entre el texto vigente y el propuesto:

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de este honorable Congreso, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 115 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona un párrafo al artículo 115 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 115. De no existir prevención, o cumplida ésta, el órgano jurisdiccional admitirá la demanda; señalará día y hora para la audiencia constitucional, que se celebrará dentro de los treinta días siguientes; pedirá informe con justificación a las autoridades responsables, apercibiéndolas de las consecuencias que implica su falta en términos del artículo 117 de esta Ley; ordenará correr traslado al tercero interesado; y, en su caso, tramitará el incidente de suspensión.

Cuando a criterio del órgano jurisdiccional exista causa fundada y suficiente, la audiencia constitucional podrá celebrarse en un plazo que no podrá exceder de otros treinta días.

Cuando alguna autoridad que deba ser considerada como responsable no fuese señalada en el escrito de demanda, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo de oficio deberá considerarla como tal y le solicitará su informe con justificación en los términos previstos en esta ley.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en Ciudad de México, a los 28 días del mes de septiembre de 2021.– Diputado Navor Alberto Rojas Mancera (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por la diputada Saraí Núñez Cerón e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscribimos, diputada federal Saraí Núñez Cerón y las y los diputados pertenecientes a esta LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, así como en los artículos 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al tenor de la siguiente:

La contaminación ambiental representa un riesgo importante para la salud que puede provocar una carga de morbilidad en las ciudades, lo cual puede conllevar a generar graves enfermedades como accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón y neumopatías crónicas y agudas así como graves problemas de asma.

Según datos proporcionados por la Organización Mundial de Salud, el 91 por ciento de la población vive en lugares donde no se respetan las normas emitidas sobre la calidad del aire, lo que provoca que cada año existan en promedio 4,2 millones de defunciones prematuras relacionadas con su mala calidad, sobre todo en países de bajos y medianos ingresos, siendo las regiones de Asia sudoriental y el Pacífico occidental las más afectadas. 1

El calentamiento global es un grave problema en el mundo debido a diversos factores, entre los cuales se encuentran los gases generados por los vehículos automotores, aunque existen otros contribuyentes más grandes emisores de CO2.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el año 2021 de enero a junio hay 35 millones 496 mil 168 de vehículos circulando en el país. 2

Por lo anterior, la industria automotriz, al conocer el daño que se está causando al ambiente por la emisión de gases, ha desarrollado tecnología que evite la emisión de dichos gases, siendo los vehículos eléctricos e híbridos, los que se han convertido en una alternativa para contribuir con el medio ambiente, así como para generar ahorros en la compra de combustibles, ya que el consumo es menor.

Los vehículos eléctricos son aquellos que utilizan la energía química guardada en una o varias baterías recargables, usan motores eléctricos que se pueden enchufar a la red para recargar las baterías mientras está aparcado, lo cual ha sido el mayor impedimento para la proliferación de este tipo de vehículos, ya que aún no se cuenta con la suficiente infraestructura para la instalación de tomas para su recarga.

Los vehículos híbridos muchas veces confundidos con los eléctricos reciben este nombre porque combinan un motor de combustión interna (gasolina) y uno o más motores eléctricos, lo cual permite que tengan un mejor rendimiento con un menor consumo de energía, esto gracias a los motores eléctricos integrados.

Los autos híbridos, dada su combinación, emiten 80 por ciento menos gases nocivos que los de gasolina, debido al funcionamiento de sus motores eléctricos, de igual manera algo característico de estos autos es que cuentan con materiales especiales que minimizan el ruido que producen, lo cual aporta a disminuir la contaminación auditiva de las ciudades.

Es por lo anterior que la baja adquisición de este tipo de vehículos se debe principalmente al alto costo de los mismos, los cuales pueden oscilar desde 320 mil pesos y hasta los 4 millones de pesos, y aunque su costo es considerado como una desventaja a corto plazo, si se considera su menor consumo de combustible, a largo plazo generará un ahorro.

Si consideramos los costos que el gobierno de México tiene un presupuesto de 70 mil 274 millones de pesos en acciones de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático para este 2021. Esto significan, alrededor de 25.6 millones de pesos por día, de acuerdo con el anexo 16 (transversal) para este rubro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021.

Según datos proporcionados por el Inegi a través de los censos y las cuentas económicas y ecológicas, derivado principalmente de las emisiones contaminantes al aire provenientes de las fuentes móviles como autos particulares, camiones de pasajeros, camiones de carga y taxis, entre otros, consideramos que debemos seguir generando incentivos.

En el contexto internacional, nuestro país destina casi el mismo nivel en gasto en protección ambiental respecto a otros países, la lucha contra la contaminación supone destinar millones de pesos para intentar frenar sus efectos, a través de políticas públicas más eficientes entre ellas, viviendas energéticamente eficientes, mejores y más limpios mecanismos de generación de electricidad, así como una mejor gestión de residuos industriales y municipales, lo que permitiría reducir importantes fuentes de contaminación del aire en las ciudades.

El uso de los vehículos híbridos y eléctricos tiene beneficios comprobados; eficiencia energética, contribución ambiental, menor costo de operación, exenciones en verificación de emisiones y de suspensión de uso en caso de contingencias, exención de impuestos (ISAN y tenencia), sin embargo, esto parece muy poco en comparación con lo realizado en otros países, Los mayores mercados (en orden de importancia) para los vehículos eléctricos son: el mercado europeo, China y Japón, y en tercer lugar Estados Unidos de América (EUA).

Datos de propio Inegi señalan que la venta de vehículos híbridos y eléctricos fue de 4 mil 375 unidades, es decir 270.1 por ciento mayor que lo registrado en el mismo mes de 2020 (1,182 unidades), de acuerdo a la información publicada por el Inegi en el Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) da a conocer el reporte de venta de vehículos híbridos y eléctricos por entidad federativa, donde señala que las ventas de mayo del presente año estuvieron compuestas por 69 eléctricos, 224 híbridos conectables y 4 mil 82 híbridos.

Es por lo anterior la importancia de venta de autos eléctricos en México y promover la deducibilidad de los vehículos nuevos para personas físicas son dos medidas que ayudarían a contrarrestar la baja en la venta de automóviles, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

En entrevista, la propia AMIA menciona lo siguiente:

“La deducibilidad, hemos insistido que se ha quedado corta, que tenemos que elevarla a 300 mil pesos, que debemos ampliarla hacia las personas físicas, ponerle incentivos fiscales que promuevan la renovación vehicular es fundamental. Sí hay maneras de poder promover el mercado nacional y bueno las nuevas tecnologías en donde los incentivos han brillado por su ausencia”, acusó.

El líder industrial señaló que en Estados Unidos se ofrecen hasta 10 mil dólares de apoyos gubernamentales a ciudadanos de California por la adquisición de autos híbridos o eléctricos, mientras que la instalación de infraestructura para carga en comercios alcanza los 4 mil 500 dólares por unidad también en ese país.

En tanto, en México se cuenta solo con un pacto para que la instalación de un segundo medidor de electricidad en los domicilios de propietarios de autos eléctricos no se cobre, así como algunas exenciones locales, como la verificación vehicular o la tenencia y el refrendo de placas los primeros años en la Ciudad de México. Actualmente, en la capital del país circulan alrededor de 10 mil unidades eléctricas e híbridas. 3

Es por lo antes dicho que esta iniciativa pretende incentivar las inversiones de apoyo a medios de transporte menos contaminantes, a través de estímulos fiscales serán deducibles las inversiones en automóviles de vehículos eléctricos e híbridos.

Con esta propuesta estaremos armonizando nuestras leyes en materia fiscal a la agenda 2030 firmada por México en donde los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda, la conocida como Agenda 2030, que recoge los 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) establecidos por la Organización de Naciones Unidad. Cada uno de estos objetivos tiene metas específicas que deben alcanzarse.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en nuestro carácter de integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que se adiciona una fracción IX al articulo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta

Único. Se adiciona una fracción IX al articulo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

I. a VIII. ...

IX. Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos automotrices destinados a la adquisición de automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como los automóviles eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno.

...

...

...

...

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Organizacion Mundial de la Salud, 2016 comunicado de prensa la OMS publica estimaciones nacionales sobre la exposición a la contaminación del aire y sus repercusiones para la salud, recuerado el 16 de agosto de 2021 de la pagina web

https://www.who.int/es/news/item/27-09-2016-who-releases-country -estimates-on-air-pollution-exposure-and-health-impact

2 Inegi 2021, veiculos registraos en circulacion recuperado el 16 e agosto de 2021,

https://www.inegi.org.mx/programas/vehiculosmotor/

3 Luis Fernando Lozano, 2020, Autos eléctricos y beneficios fiscales, pendientes del gobierno con armadoras: Eduardo Solís, revista Forbes, recuerado el 16 de agosto de 2021 de la pagina web:

https://www.forbes.com.mx/autos-electricos-y-beneficios-fiscales -pendientes-del-gobierno-con-las-armadoras-eduardosolis/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2021.– Diputada Saraí Núñez Cerón (rúbrica).»

«Iniciativa que reforman los artículos 11 y 13 de la Ley de la Fiscalía General de la República, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Alma Carolina Viggiano Austria, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción VIII; 13, fracción VII de la Ley de la Fiscalía General de la República, al tenor de la siguiente

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia feminicida de la siguiente manera:

“Artículo 21. Violencia Feminicida: es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 325 del Código Penal Federal”.

De acuerdo con lo anterior, en muchos casos el feminicidio es el resultado de una situación de violencia constante que no debe ser observado, ni investigado de manera aislada, sino que forma parte de un contexto que debe atenderse y estudiarse desde una perspectiva de género, atendiendo a la situación general de la víctima.

En este sentido, si bien es cierto que el feminicidio tradicionalmente ha sido investigado por las instituciones de procuración de justicia como un homicidio doloso donde el sujeto pasivo del delito es una mujer, la realidad es que este tipo penal cuenta con ciertas particularidades que requieren de una investigación delictiva distinta a la del homicidio pues, a diferencia de este último, parte de un componente de discriminación asociado a situaciones sociales y culturales que deben de ser observadas y atendidas durante la investigación penal.

De acuerdo con lo anterior, la principal distinción entre un feminicidio y un homicidio doloso contra la mujer consiste en que primero es un asesinato que se da por razones de género, es decir, que existe un componente de discriminación intrínseco en el acto delictivo. Así, el artículo 325 del Código Penal Federal establece las siguientes razones de género:

“Artículo 325. ...

Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público”.

La primera vez que se utilizó el término feminicidio fue en 1976, en el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra las Mujeres, en Bruselas, para hacer referencia al “asesinato de mujeres realizado por hombres motivado por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de la mujer”. 1

En México, la antropóloga Marcela Lagarde de los Ríos, fue quien construyó el concepto de feminicidio a nivel teórico de la siguiente manera:

“El feminicidio es una ínfima parte visible de la violencia contra niñas y mujeres, sucede como culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos de las mujeres. Su común denominador es el género: niñas y mujeres son violentadas con crueldad por el solo hecho de ser mujeres y sólo en algunos casos son asesinadas como culminación de dicha violencia pública o privada”. 2

Por su parte el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, advierte que los feminicidios son el resultado de la violencia cometida en contra de las mujeres, son actos cometidos por la misoginia y odio hacia este género, donde familiares o desconocidos realizan actos de extrema brutalidad sobre los cuerpos de las víctimas, en un contexto de permisividad del Estado quien, por acción u omisión, no cumple con su responsabilidad de garantizar la integridad, la vida y la seguridad de las mujeres.

A pesar de los esfuerzos que se han realizado para atender la problemática, se advierte que el feminicidio es un problema nacional que se encuentra en aumento, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el feminicidio creció 12.35 por ciento durante los primeros siete meses de 2021, 3 con relación a los mismos meses de 2018. 4

A pesar de estos datos, se advierte una falta de investigación y persecución del delito. Esto es porque uno de los principales problemas a los que se enfrenan las instituciones de procuración de justicia al momento de investigar los feminicidios, es que siguen analizándolos como casos aislados, sin comprender que se trata de una situación de violencia que se encuentra integrada a un sistema social, a una forma de pensamiento y a una situación de discriminación.

Así, la falta de una perspectiva de género, y de una atención al problema de violencia contra la mujer desde una visión sistémica, dificulta la efectiva investigación y sanción de estos delitos.

Precisamente por esos motivos, la presente iniciativa de ley busca integrar entre las funciones de la actual Fiscalía Especializada de Delitos contra la Mujer y Trata de Personas, la investigación y atención del feminicidio.

Es importante advertir que el pasado 20 de mayo de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR). Con lo cual se planteó una estructura orgánica que permite dar cauce al funcionamiento del órgano autónomo constitucional que se encarga de dar seguimiento y atención a la investigación de los delitos en México.

Con la publicación de esta ley se concluyó el proceso de transición de la FGR de la administración pública federal y se dio paso a un nuevo modelo de justicia independiente, eficaz y más transparente. Sin embargo, a pesar de las transformaciones que se realizaron con respecto a la ya extinta Procuraduría General de la República, todavía subsisten algunas instancias que se mantienen igual y que incluso se han debilitado. Tal es el caso de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (Fevimtra)

La Fevimtra se creó mediante el acuerdo A/024/08 publicado en el Diario Oficial de la Federación; su objetivo principal era investigar, perseguir y sancionar los delitos federales cometidos contra las mujeres; 5 Su objetivo principal fue la de dar respuesta por parte del Estado mexicano ante la creciente situación de violencia y la reciente visibilización del fenó-meno de la trata de personas. Ante todo, buscó atender las obligaciones que el país adquirió a raíz de la firma de la Con-vención Americana sobre Derechos Humanos, de la Conven-ción Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Pacto de Belem Do Pará).

Pero uno de los problemas centrales que adoleció desde sus inicios es que esta fiscalía se enfocó más en la investigación de delitos sexuales (pornografía infantil) y trata de personas dejando de lado la atención de los delitos de violencia y de feminicidio.

Hoy, a 13 años de su creación, esta fiscalía no sólo no ha logrado sus objetivos anteriores, sino que se ha debilitado. Durante el primer año de gobierno de la actual adminis-tración, esta institución recibió recortes presupuestales de 26.5 por ciento, mismos que se han mantenido hasta la fecha. Esto se tradujo en un declive importante en el desarrollo de las investigaciones. A manera de ejemplo, se advierte que la investigación del delito de pornografía infantil disminuyó en 69 por ciento pues se pasó de 63 carpetas de investigación abiertas en 2018 a tan sólo 19 en 2019. 6

Por todo lo anterior, es fundamental fortalecer la Fiscalía Especializada de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, a la vez que también es necesario dejar en claro que una de sus actividades también sería la investigación y persecución del delito de feminicidio, visto éste no como un homicidio doloso, sino como un asesinato asociado a las razones de género que se encuentra estrechamente relacionado con los delitos de violencia en contra de la mujer.

Así, se plantea la siguiente propuesta:

Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente

Único. Se reforman los artículos 11, fracción VIII, y 13, fracción VII, de la Ley de la Fiscalía General de la República para queda como sigue:

Artículo 11. La Fiscalía General, para el ejercicio de sus facultades, estará integrada por:

I. a VII. ...

VIII. La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Feminicidio y Trata de Personas;

Artículo 13. Las fiscalías especializadas adscritas a la Fiscalía General, gozarán de autonomía técnica y de gestión, en el ámbito de su competencia y tendrán, sin perjuicio de las facultades que se les concedan, deleguen o, en su caso, se desarrollen en el Estatuto orgánico, las siguientes:

I. a VI. ...

VII. A la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Feminicidio y Trata de Personas, la investigación y persecución de los delitos del orden federal previstos en el Código Penal Federal, relativos al feminicidio, los hechos de violencia contra las mujeres por su condición de género y a los cometidos contra niñas, niños y adolescentes que sean competencia de la federación; y en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos;

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Ctd. Garita Vílchez, Ana Isabel. La regulación del delito de femicidio/ feminicidio en América Latina y el Caribe. Panamá: Secretariado de la Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres, 2012, p.15

2 Lagarde y de los Ríos, Marcela ¿A qué llamamos feminicidio? 1er Informe Sustantivo de actividades 14 de abril 2004 al 14 abril 2005, Comisión Especial para Conocer y dar seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada.

3 https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delic-tiva-del-fuero- comun-nueva-metodologia?state=published

4 https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacion-sobre-violencia-contra-las-muje res-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-emergencia-9-1-1-febrero-2019

5 Acuerdo A/024/08 mediante el cual se crea la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de enero de 2008.

6 https://www.animalpolitico.com/2020/03/fiscalia-delitos-mujeres-in-vestigacione s-recortes/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2021.– Diputada Alma Carolina Viggiano Austria (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Javier Huerta Jurado, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Javier Huerta Jurado, diputado de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, conforme a lo siguiente:

Con la finalidad de que exista una mayor eficacia, eficiencia, legalidad, honradez, rendición de cuentas, transparencia, en el uso y manejo de los recursos públicos y, con ello, la centralización normativa de los mismos, se planteó que las dependencias y entidades cuenten con una unidad administrativa que se encargue de la ejecución y disposición, así como del apoyo administrativo en materia de planeación, programación, presupuesto, tecnologías de la información, de recursos humanos, recursos materiales y demás que las dependencias necesiten. Por lo anterior, el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), señala lo siguiente:

Artículo 20. Las dependencias contarán con una Unidad de Administración y Finanzas encargada de ejecutar, en los términos de las disposiciones aplicables, los servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, programación, presupuesto, tecnologías de la información, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, archivos, y los demás que sean necesarios, en los términos que fije el Ejecutivo federal. En los casos de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Defensa Nacional y de Marina dichos servicios se llevarán a cabo por sus respectivas oficialías mayores.

Para tal efecto, el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecerá, mediante disposiciones de carácter general, el modelo organizacional y de operación de las unidades de administración y finanzas del sector centralizado; esa Secretaría, por conducto de su Oficialía Mayor, coordinará la operación de dichas unidades en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá establecer lineamientos y directrices aplicables a las unidades administrativas que realicen las funciones referidas en este artículo en las entidades paraestatales, tales disposiciones serán igualmente aplicables a las delegaciones u oficinas de representación, en los estados y la Ciudad de México, de las entidades paraestatales.

Del análisis del artículo citado, se enfatiza, entre otras cuestiones, la importancia que representa tanto las oficialías mayores, como las Unidades de Administración y Finanzas (UAF), respecto a la eficiencia, eficacia, legalidad, honradez, rendición de cuentas, transparencia, en el uso y manejo de los recursos públicos, debido a que son los encargados del manejo del presupuesto de las dependencias y entidades a las que se encuentren adscritas. Además, de que la finalidad de éstas está en apoyar al titular de la dependencia o entidad, ya sea una secretaría de Estado o una entidad paraestatal, con el manejo administrativo de la planeación, programación, presupuesto, tecnologías de la información, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, archivos, y los demás que sean necesarios.

De lo expuesto, conviene subrayar que en ello recae la problemática del manejo de los recursos, puesto que, en el párrafo segundo del artículo en comento, a las UAF sólo se les faculta para la organización, operación y coordinación, sin tener la potestad suficiente de nombrar a aquellos funcionarios que le ayuden a manejar eficientemente los recursos asignados, y así llevar el seguimiento puntual sobre el destino y aplicación adecuado del presupuesto asignado.

Es decir, se considera de suma importancia transparentar la gestión y destino de los recursos públicos, ya que por causas de índole gremial o político, se obstaculiza el correcto uso de dichos recursos, un ejemplo claro se puede observar con lo que ha pasado en la compra, adquisición y distribución de medicamentos y equipo médico, así como también de los servicios que brindan los hospitales como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Salud para el Bienestar, para hacer frente a la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19).

Ante este panorama, resulta imprescindible revisar el planteamiento actual del artículo en comento, con el objeto de impulsar un nuevo mecanismo que garantice no sólo el mayor beneficio a los ciudadanos, con la efectiva protección al Erario Público, en vista de que predomina un interés superior, sino que, a su vez, éste coadyuve en la unificación de la parte administrativa con la rendición de cuentas, en materia de registro y contabilidad, contrataciones y remuneraciones de personal, compras de bienes, contrataciones públicas, de adquisiciones, arrendamientos, servicios y ejecución de obra pública y demás que sean necesarios, garantizando la eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez en el uso y manejo de los recursos públicos, propiciando con ello que el Estado pueda cumplir con todas sus obligaciones y no solo con las vinculadas a un solo sector, toda vez que en el supuesto de limitar a nivel central las funciones del titular de la Unidad de Administración y Finanzas, se perdería la esencia del artículo 20 de la LOAPF, desvirtuando de esta forma su finalidad, ya que no se podría transparentar y garantizar la imparcialidad en el manejo de los recursos de la dependencia y entidades a nivel federal.

Dicho de otra manera, la problemática que se expone impacta directamente en la sociedad de forma negativa, por tal motivo, si el oficial mayor o su equivalente en las diferentes dependencias, ostentará la facultad de nombrar a aquellos funcionarios titulares y responsables de las diferentes delegaciones u oficinas de representación en los estados, que para tal efecto administren y transparenten los recursos, en la unificación de un fin común, derivaría en una mejora de la gestión pública.

En razón de lo anterior, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:

Artículo Único. Se reforma el artículo 20, fracciones XXV y XXVI del artículo 31, fracciones IX y XXI del artículo 37, así como la adición de la fracción XII Bis de este artículo y la adición del artículo 45 Bis, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Artículo 20. Las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal, contarán con una Unidad de Administración y Finanzas encargada de ejecutar, en los términos de las disposiciones aplicables, los servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, programación, presupuesto, tecnologías de la información, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, archivos, y los demás que sean necesarios, en los términos que fije el Ejecutivo federal. En los casos de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Defensa Nacional y de Marina dichos servicios se llevarán a cabo por sus respectivas oficialías mayores.

Para tal efecto, el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecerá, mediante disposiciones de carácter general, el modelo organizacional y de operación de las unidades de administración y finanzas del sector centralizado y paraestatal; esa Secretaría, por conducto de su Oficialía Mayor o equivalente, podrá realizar los nombramientos de los funcionarios de las unidades administrativas que realicen las funciones referidas en este artículo y coordinará la operación de dichas unidades en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Asimismo, a través de la Secretaría de la Función Pública se normará y controlará el desempeño de los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá establecer lineamientos y directrices aplicables a las unidades administrativas que realicen las funciones referidas en este artículo en las entidades paraestatales, tales disposiciones serán igualmente aplicables a las delegaciones u oficinas de representación, en los Estados y la Ciudad de México, de las entidades paraestatales.

Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

...

XXV. Colaborar en el establecimiento de la política general en materia de contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, propiciando las mejores condiciones de contratación conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez; emitir e interpretar las normas, lineamientos, manuales, procedimientos y demás instrumentos análogos que se requieran en dichas materias; así como promover la homologación de políticas, normas y criterios en materia de contrataciones públicas;

XXVI. Fungir como área consolidadora de los procedimientos de compra de bienes y contratación de servicios que la propia Secretaría determine; previo dictamen de la Secretaría de la Función Pública;

...

Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

...

IX. Fiscalizar directamente o a través de los órganos internos de control, que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, compras de bienes, contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la administración pública federal;

XXI. Planear, coordinar, aplicar, evaluar y vigilar la política general y de control interno, prevención, vigilancia, inspección y revisión de contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; propiciando las mejores condiciones de contratación conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez;  emitir e interpretar las normas, lineamientos, manuales, procedimientos y demás instrumentos análogos que se requieran en materia de control interno, prevención, vigilancia, inspección y revisión de dichas contrataciones; proporcionar, en su caso, asesoría normativa con carácter preventivo en los procedimientos de contratación regulados por las mencionadas leyes, con excepción de las empresas productivas del Estado;

...

XII BIS.- Coadyuvar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la norma y control del desempeño de los Titulares de las Unidades de Administración y Finanzas a que se refiere el artículo 20 de esta Ley.

Artículo 45 Bis. El titular de la Unidad de Administración y Finanzas de las entidades de la Administración Pública Paraestatal, podrá realizar los nombramientos de los funcionarios de las unidades administrativas y oficinas de representación en las entidades federativas, que realicen las funciones referidas en el artículo 20 de esta Ley, pudiendo exentarlos inclusive del proceso de reclutamiento, selección y evaluación integral.

Único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2021.– Diputado Javier Huerta Jurado (rúbrica).»

«Iniciativa de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de esta soberanía la leyenda “Acta de la Independencia Nacional del 28 de septiembre de 1821”, suscrita por el diputado René Figueroa Reyes e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal René Figueroa Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la leyenda “Acta de la Independencia nacional del 28 de septiembre de 1821”, al tenor de la siguiente

El Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro es un referente de la memoria histórica de México, puesto que en él se han inscrito los nombres de aquellos personajes ilustres, instituciones sobresalientes y acontecimientos históricos que han influido en el devenir de nuestra Nación o han marcado un parteaguas en las diferentes etapas evolutivas de nuestro país.

Así, en la actualidad podemos encontrar que existen 77 inscripciones, de las cuales 59 son nombres de mujeres y hombres destacados en la historia de nuestra patria, 12 conciernen a distinciones de cuerpos legislativos, militares y movimientos sociales, cuatro corresponden a nombres de instituciones de educación civiles y castrenses y dos a frases célebres. 1

Dentro de la gama de los personajes célebres podemos encontrar nombres como los de Benito Juárez García, Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz de Domínguez, José María Morelos, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Francisco I. Madero, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Lázaro Cárdenas del Río, Cuauhtémoc, Nezahualcóyotl y Sor Juana Inés de la Cruz, entre otros.

Además, destacan instituciones tales como el Heroico Colegio Militar, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como las dos últimas inscripciones hechas durante la LXIV Legislatura, una en reconocimiento al Movimiento Estudiantil de 1968 y otra al Exilio Republicano Español.

Sin embargo, y sin ningún afán de menoscabar el mérito o trascendencia de los nombres, las instituciones y hechos inmortalizados en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados, existen dos acontecimientos históricos sin los cuales no podríamos hablar del México Libre y Soberano que hoy somos: La entrada triunfal del Ejército Trigarante en la Ciudad de México que tuvo lugar en fecha 27 de septiembre de 1821 y la firma del Acta de la Independencia nacional del 28 de septiembre del mismo año.

Si bien coinciden los historiadores en señalar que en las primeras horas del día 16 de septiembre de 1810 comenzó la gesta heroica encabezada por don Miguel Hidalgo y Costilla, misma que a la postre concluyó con la Independencia de México, como producto de una serie de circunstancias políticas, económicas y sociales no solamente internas, sino también externas, no fue sino hasta once años después que nuestro país vio cristalizados los anhelos y aspiraciones de sus conciudadanos por lograr su independencia formal y solemne respecto de la Corona Española y, por lo tanto, es hasta el año de 1821 en que se puede hablar del nacimiento de la gran nación mexicana. No es óbice de lo anterior el hecho de todos conocido de que, en las primeras horas de nuestra joven nación aún faltaban por definir las demás cuestiones y avatares inherentes al nacimiento de una nación independiente, sobre todo en lo que concierne a la forma de gobierno que habría de adoptarse, respecto a la constitución de sus cuerpos normativos y respecto a la integración de los órganos de gobierno que habrían de ser los garantes y salvaguardas de la expresión popular.

Sin embargo, dejando de lado las polémicas e intrigas, muchas de ellas innecesarias, que versan respecto a definiciones conceptuales, sobre el papel que jugaron los diferentes personajes que intervinieron y en torno a las fechas de la iniciación o consumación del proceso revolucionario de nuestra Independencia, así como renunciando a toda forma de fobias, filias y parafilias históricas que sólo son producto de vanos e inadmisibles prejuicios ideológicos, políticos e incluso religiosos, en éstas fechas emblemáticas a 200 años de la entrada triunfante del Ejército de las Tres Garantías a la Ciudad de México y de la firma del Acta de nuestra Independencia Nacional, es menester como hijos de ésta Patria, que no condenemos al olvido aquellos hechos y acontecimientos históricos que marcaron el inicio de lo que hoy somos como nación libre y soberana.

Y es que bien sabemos que nuestra historia nacional consigna que el proceso forjador de nuestra Patria no se consumó el día 16 de septiembre de 1810, sino que continuó muchos años después de la muerte de Miguel Hidalgo, con la gesta heroica de hombres de la talla de José María Morelos y Pavón, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y de Agustín de Iturbide; siendo precisamente estos dos últimos quienes, mediante una relación epistolar franca y promisoria, que derivó en un consenso general y unánime para lograr la Independencia de la Nación Mexicana con las bases del Plan de Iguala, establecieron el punto de partida para lograr la declaración definitiva de la Independencia de México respecto de la Corona Española.

También registra nuestra historia que, posteriormente a que se verificó la firma del Plan de Iguala, fueron firmados en fecha 24 de agosto de 1821 por Juan O’ Donojú (el último representante de la Corona Española en territorio novohispano), los Tratados de Córdoba, en donde se declaraba oficialmente la Independencia de lo que fuera la más importante colonia del reino español. Sin embargo, pronto se hizo manifiesto que el reino español no reconoció la validez de los Tratados de Córdoba; por lo que el Ejército Trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide marchó hacia la Ciudad de México, entrando triunfante y de manera solemne en ella el 27 de septiembre de 1821, para dejar de manifiesto el ejercicio de la soberanía y la posesión plena de la legitimidad popular para dirigir a partir de dicho momento los destinos nacionales. Al siguiente día, siendo la fecha 28 de septiembre del mismo año, se firmó el Acta de Independencia 2 y con ello quedó materializado el nacimiento de la Nación Mexicana en un instrumento jurídico válido para todos sus conciudadanos que, en aclamación por la finalización del largo proceso de guerra independentista, supo así que comenzaba ahora un nuevo horizonte para su Patria y sus hijos, celebrando festivamente.

No es óbice de lo anterior el hecho de que nuevamente la Corona Española se negara a reconocer la validez de dicho instrumento, pues aparte de que en términos reales la lucha independentista entre los dos ejércitos en pugna había concluido, a la postre -e irremediablemente para ellos-, a mediados de la década posterior a la fecha antes mencionada, terminaron por realizar el “reconocimiento de estado” de nuestra nación como estado libre y soberano, por lo que sin lugar a dudas el proceso de Independencia de nuestro país culminó con la firma del Acta de Independencia, que constituyó la síntesis de los anhelos nacionales, así como el símbolo del acuerdo político-militar que tuvo trascendentes consecuencias jurídicas y sociales, constituyéndose en el hecho más importante de nuestra historia patria; por lo que en tal virtud -con la generosidad y la gratitud debida a todos los héroes de la Independencia desde su inicio hasta su consumación-, se propone que esta Cámara de Diputados, sede del Poder Legislativo, reconozca y honre como pieza angular de nuestra nación mexicana y como instrumento jurídico formal y solemne que dio origen a nuestra nación mexicana, el “Acta de Independencia del 28 de septiembre de 1821”, inscribiéndola en el Muro de Honor con letras de oro para la posteridad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la leyenda:“ Acta de la Independencia nacional del 28 de septiembre de 1821”

Único. - Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la leyenda “Acta de la Independencia nacional del 28 de septiembre de 1821”.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Comunicación Social de la Cámara de Diputados, Boletín número 2614 “Muro de Honor de la Cámara de Diputados, 196 años de volver la mirada a un pasado de orgullo nacional”, 19 de julio de 2019, consultado en:

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia- de-Noticias/2019/Julio/19/2614-Muro-de-Honor-de-la-Camara-de-Diputados-196-anos -de-volver-la-mirada-a-un-pasado-de-orgullo-nacional

2 Museo Legislativo de la Cámara de Diputados, “27 y 28 de septiembre. Consumación de la Independencia del Imperio mexicano”, 27 de septiembre de 2020, consultado en:

http://museolegislativo.diputados.gob.mx/?p=7613

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2021.– Diputado René Figueroa Reyes (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Alejandro Carvajal Hidalgo, diputado de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, fracción I, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al tenor de la siguiente

El artículo 5o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, señala que la administración de los seguros, prestaciones y servicios establecidos en la citada ley, así como la del Fondo de la Vivienda, del Pensionissste, de sus delegaciones y de sus demás órganos desconcentrados, estarán a cargo del organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con domicilio en la Ciudad de México, que tiene como objeto contribuir al bienestar de los trabajadores, pensionados y familiares derechohabientes, en los términos, condiciones y modalidades ahí previstos.

Estos recursos administrados por el Instituto, se encuentran en la cuenta individual, que el propio trabajador abre en el Pensionissste o, si el trabajador así lo elije, en una administradora, para que se depositen en la misma las cuotas y aportaciones de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de ahorro solidario, de aportaciones complementarias de retiro, de aportaciones voluntarias y de ahorro de largo plazo, y se registren las correspondientes al Fondo de la Vivienda, así como los respectivos rendimientos de éstas y los demás recursos que puedan ser aportados a las mismas.

Es precisamente el artículo 83 de esta ley, en donde se señala que los recursos depositados en la cuenta individual de cada trabajador son propiedad de éste con las modalidades que se establecen en esta ley y demás disposiciones aplicables.

El artículo 251 de la multicitada ley, y que es materia de la presente iniciativa, establece que el derecho del trabajador y, en su caso, de los beneficiarios, a recibir los recursos de su cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en los términos de la presente ley, prescribe en favor del Instituto a los diez años de que sean exigibles, contraviniendo el sentido que nuestro máximo tribunal ha establecido al determinar que es violatorio de las garantías de seguridad y certeza jurídica, y seguridad social, máxime que el derecho a ésta última garantía es IMPRESCRIPTIBLE, tal y como se describe a continuación:

“Registro digital: 165969

Instancia: Pleno

Novena Época

Materias(s): Constitucional, Laboral

Tesis: P./J. 158/2008

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, noviembre de 2009, página 15

Tipo: Jurisprudencia

ISSSTE. El artículo 251 de la ley relativa, al establecer un plazo de diez años para la prescripción del derecho a recibir los recursos de la cuenta individual del trabajador sin precisar el momento de su inicio, es violatorio de las garantías de seguridad y certeza jurídica y seguridad social (legislación vigente a partir del 1o. de abril de 2007).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes ha reconocido que los principios de seguridad y certeza jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se respetan por las autoridades legislativas cuando las disposiciones de observancia general que crean, generan certidumbre a sus destinatarios sobre las consecuencias jurídicas de su conducta al ubicarse en cualquier hipótesis que contemple la norma, por lo que, cuando se confiere alguna facultad a una autoridad, estas garantías se cumplen, cuando acotan en la medida necesaria y razonable tal atribución, en forma tal que se impida a la autoridad aplicadora actuar de manera arbitraria o caprichosa. Por su parte, el sistema de cuentas individuales contenido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tiene como fin brindar certeza jurídica al trabajador sobre los recursos que pagarán su pensión, ya que la cuenta individual es de su propiedad; también se establecen distintas modalidades para que los asegurados puedan retirar los recursos de dicha cuenta individual; sin embargo, el artículo 251 prevé que el derecho a disponer de los mismos prescribirá a favor del Instituto en un plazo de 10 años a partir “de que sean exigibles”, contraviniendo los mencionados principios de seguridad y certeza jurídica, al no señalar con precisión el momento en que comenzará a contar dicho plazo prescriptivo, aunado a que no prevé que se dé oportunamente algún aviso al asegurado o a sus beneficiarios, a efecto de evitar que opere la prescripción de su derecho a disponer de los recursos de su cuenta individual, lo que evidencia la incertidumbre jurídica sobre el particular y la violación a la garantía de seguridad social que consagra el artículo 123, Apartado B, fracción XI, constitucional, al privar a los trabajadores de disponer en su momento de los recursos acumulados en la referida cuenta para contar con una pensión, máxime que el derecho a ésta es imprescriptible.

Amparo en revisión 220/2008. Alma Rosa Sandoval Rodríguez y coagraviados. 19 de junio de 2008. Mayoría de ocho votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.

Amparo en revisión 218/2008. José Luis Olivares Cervantes y coagraviados. 19 de junio de 2008. Mayoría de ocho votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.

Amparo en revisión 219/2008. José del Carmen de la Torre Mendoza y coagraviados. 19 de junio de 2008. Mayoría de ocho votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.

Amparo en revisión 221/2008. Socorro Fregoso Fragoso y coagraviados. 19 de junio de 2008. Mayoría de ocho votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.

Amparo en revisión 229/2008. Rosa Carmina Barrera Salinas y coagraviados. 19 de junio de 2008. Mayoría de ocho votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretarios: Georgina Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Ávalos Díaz, María Marcela Ramírez Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ruiz Padilla y Luciano Valadez Pérez.

El Tribunal Pleno, el treinta de septiembre en curso, aprobó, con el número 158/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de septiembre de dos mil ocho.” 1

Aplicabilidad de preceptos declarados inconstitucionales

Tiene aplicación la de Tesis Jurisprudencial P./J. 191/2008:

“ ISSSTE. Efectos del amparo concedido respecto de los artículos 25, segundo y tercer párrafos, 60, último párrafo, 136, 251 y décimo transitorio, fracción IV, de la Ley Relativa (legislación vigente a partir del 1o. de abril de 2007).

La declaratoria de inconstitucionalidad de los citados preceptos legales, así como del décimo transitorio, fracción IV, en la porción normativa que precisa “siempre y cuando el trabajador tenga una antigüedad mínima en el mismo puesto y nivel de tres años. Si el trabajador tuviere menos de tres años ocupando el mismo puesto y nivel, se tomará en cuenta el sueldo inmediato anterior a dicho puesto que hubiere percibido el trabajador, sin importar su antigüedad en el mismo”, conlleva para las autoridades responsables el deber de no aplicarlos a los quejosos hasta en tanto no sean abrogados o reformados, así como a aplicar las disposiciones relativas al sistema de pensiones que aquellos elijan conforme a la interpretación que de las mismas realizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun cuando a partir de dicha interpretación se haya declarado su constitucionalidad. Para los efectos antes precisados, las autoridades responsables deberán dictar las medidas que sean necesarias a efecto de que todas las autoridades que con motivo de sus funciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, tengan conoci-miento del alcance de sus efectos y de las personas amparadas por el mismo.”

Derivado de la declaratoria de inconstitucionalidad y la concesión del amparo, se prohíbe que los citados Artículos le sean aplicados a las y los quejosos que obtuvieron el amparo, lo cual, a contrario sensu, implica que tales Artículos, a pesar de haber sido declarados inconstitucionales, le serán aplicados a las personas que no se ampararon, lo que representa la violación sistemática de sus Derechos Humanos.

Omisión legislativa

Uno de los principios fundamentales del Derecho Constitucional es el de la supremacía de la Constitución, que consiste en la cualidad de fungir como la norma jurídica superior que da validez y unidad al orden jurídico nacional; así la Constitución es la fuente última de validez de un ordenamiento, de tal suerte que para que una norma jurídica sea válida, requiere encontrar su fundamento de validez en la Constitución.

La omisión legislativa en materia constitucional significa no hacer aquello a lo que se estaba constitucionalmente obligado. Las omisiones derivan del incumplimiento de mandatos constitucionales concretos que vinculan al legislador a la adopción de medidas legislativas de concreción constitucional.

Podrá hablarse también de la existencia de una omisión legislativa inconstitucional cuando, existiendo la norma legislativa, sus carencias sean tales que la convierten en inútil respecto del mandato contemplado por la Constitución.

En apoyo a lo anterior, se cita la tesis jurisprudencial P./J. 11/2016.

Omisiones legislativas. Sus tipos

En atención al principio de división funcional de poderes, los órganos legislativos del Estado cuentan con facultades o competencias de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio, y en su desarrollo pueden incurrir en diversos tipos de omisiones. Por un lado, puede darse una omisión absoluta cuando aquéllos simplemente no han ejercido su competencia de crear leyes ni han externado normativamente voluntad alguna para hacerlo; por otro lado, puede presentarse una omisión relativa cuando al haber ejercido su competencia, lo hacen de manera parcial o simplemente no la realizan integralmente, impidiendo el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes. Ahora bien, combinando ambos tipos de competencias o facultades -de ejercicio obligatorio y de ejercicio potestativo-, y de omisiones -absolutas y relativas-, pueden presentarse las siguientes omisiones legislativas: a) Absolutas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo tiene la obligación o mandato de expedir una determinada ley y no lo ha hecho; b) Relativas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo emite una ley teniendo una obligación o un mandato para hacerlo, pero lo realiza de manera incompleta o deficiente; c) Absolutas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide no actuar debido a que no hay ningún mandato u obligación que así se lo imponga; y, d) Relativas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide hacer uso de su competencia potestativa para legislar, pero al emitir la ley lo hace de manera incompleta o deficiente. 2

Los órganos legislativos, en el desarrollo de sus funciones, pueden incurrir en diversos tipos de omisiones; una de ellas puede presentarse cuando al haber ejercido su competencia, lo hacen de manera parcial, o como ocurre en este caso, en contravención a los principios rectores contemplados en la Constitución.

Jurisprudencia como fuente del derecho

La jurisprudencia no sólo es fuente de derecho, es la expresión viva del pasado, del presente y de futuro posible del derecho. Independientemente del sistema, lo reconozca la ley expresamente o no, hay consenso sobre la importancia de la jurisprudencia y de que en la realidad se comporta como una auténtica fuente de Derecho.

A la jurisprudencia se le reconocen diversas características positivas:

1. Tiene una importancia trascendental supliendo las deficiencias de una determinada legislación, integrando, completando, esclareciendo normas insuficientes o notoriamente precarias, dando un sentido exacto a los textos;

2. Puede ser modificada por la dinámica judicial sin necesidad de reformas legislativas;

3. Le da autoridad a los principios en ausencia del texto legal;

4. Neutraliza textos legales peligrosos; e

5. Inspira nuevas leyes o reformas de las existentes.

Es usual que las decisiones de los tribunales inspiren al Poder Legislativo a promulgar o modificar leyes.

En conclusión, derivado de la declaratoria de inconstitucionalidad provista por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las Tesis Jurisprudenciales invocadas, se considera necesaria la adecuación legal que corrija las omisiones legislativas que desde 2008, han causado perjuicio al ejercicio de los derechos humanos de las trabajadoras y los trabajadores al servicio del Estado.

Por lo cual, la presente iniciativa tiene como objetivo no vulnerar el ejercicio de los derechos del trabajador y, en su caso, los beneficiarios, bajo la premisa de la prescripción ahí contenida, violentando con ello las garantías de seguridad y certeza jurídica y seguridad social contenido en nuestra Carta Magna.

Es importante precisar que esta propuesta legislativa, no tiene impacto presupuestal, ya que los fondos acumulados en la cuenta individual por disposición legal e interpretación de la corte, son propiedad del trabajador con las modalidades que la ley establece, por lo que no podría considerarse que pertenecen al instituto de seguridad social o las administradoras de fondos para el retiro.

Para que mi propuesta sea más entendible, se muestra el siguiente cuadro comparativo

Por lo antes expuesto y fundado, el suscrito legislador, propongo a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Artículo Único. Se reforma el artículo 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 251. El derecho del trabajador y, en su caso, de los beneficiarios, a recibir los recursos de su cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en los términos de la presente Ley, es imprescriptible.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Recuperado de:

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/165969. Consultado el 8 de octubre del 2021.

2 Recuperado de:

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/175872. Consultado el 8 de octubre del 2021.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días de octubre del 2021.– Diputados: Alejandro Carvajal Hidalgo, Leonel Godoy Rangel (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Miguel Ángel Varela Pinedo e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Miguel Ángel Varela Pinedo, y las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de nuestra facultad conferida en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en base en la siguiente

Desde tiempos antiguos, los seres humanos han viajado de un lugar a otro en busca de mejores condiciones de vida. Hace miles de años buscaban mejores climas, alimento y nuevos territorios en donde sobrevivir, en la actualidad, las causas de la migración no son muy distintas.

Cada año millones de personas salen de sus lugares de origen con el objetivo de mejorar su calidad de vida, economía, huyendo de la violencia, la guerra o por persecuciones políticas e ideológicas. Datos de la Organización de las Naciones Unidas reportan que los migrantes internacionales representan el 3.6 por ciento de la población mundial, siendo uno de los principales destinos Estados Unidos de América con 51 millones de personas migrantes, es decir: el 18% mundial, seguido por Alemania con 16 millones, Arabia Saudita con 13 millones, Rusia con 12 millones y Reino Unido con 9 millones de migrantes.

El “Anuario de Migración y Remesas en México 2021”, 1 señala que en el año 2020 habían 11.2 millones de personas mexicanas migrantes en el mundo, de las cuales el 97% se ubica principalmente en Estados Unidos, siendo este el principal destino a nivel mundial.

Así también, informa que, la principal causa de la emigración de mexicanos es en busca de trabajos mejor remunerados, mientras que reunirse con la familia, fue el motivo más importante de regreso a su comunidad de origen.

Los datos anteriores permiten observar que los migrantes mexicanos deciden emigrar a otro país en busca de mejores oportunidades de vida, sin embargo, añoran regresar a sus hogares y ayudar desde donde están a sus familias, prueba de ello son las remesas, que mes con mes envían sus familiares para contribuir al gasto del hogar y construir un patrimonio. Estas remesas se han catalogado en dos tipos, las remesas familiares y las comunitarias, estas últimas, con la finalidad de contribuir al desarrollo de sus comunidades de procedencia.

Para nuestro país, las remesas son de suma importancia pues actualmente representan el 3.8% del Producto Interno Bruto. El pasado año 2020, pese a la pandemia de Covid 19 en el mundo, las remesas que nuestros connacionales enviaron a México crecieron 11.4 por ciento, lo que refleja los fuertes lazos y el compromiso de nuestros migrantes con sus familias que se encontraron en una situación complicada por la crisis sanitaria, este año no será la excepción, puesto que el Banco de México reporto que en los primeros siete meses de 2021, las remesas mostraron un aumento de 23. 5%, respecto al mismo periodo anterior.

Por lo que las remesas se han convertido en una fuente significativa de ingresos no solo para una gran cantidad de familias, sino para nuestro país, tan es así que el Presidente de la Republica presumió en su último informe de gobierno, como un logro, el aumento del flujo de remesas, a pesar de que el motivo del crecimiento fue la recuperación económica de Estados Unidos de América.

La realidad es que nuestros migrantes a pesar de estar lejos de su país y familias, nunca se olvidan de sus comunidades y buscan siempre formas de participar en la mejora de sus lugares de origen, un ejemplo de lo anterior lo son denominados “clubes de migrantes”, los cuales surgen en Estados Unidos y son “organizaciones que se identifican con una misma comunidad de origen en México”, 2 con la finalidad de promover la cultura, tradiciones y realizar acciones que promuevan el desarrollo de su tierra natal.

Es así que, como una respuesta a los esfuerzos de los migrantes mexicanos el gobierno federal implementa el “Programa 3x1 para Migrantes”, en el año 2002, comprendiendo a 27 entidades federativas y más de mil asociaciones de migrantes organizados en “clubes”. El objetivo del programa era que cada nivel de gobierno (municipal, estatal y federal) invirtiera la misma cantidad que los migrantes, sumando tres pesos de la administración pública, por cada peso de la comunidad migrante, para la realización de proyectos de desarrollo en sus comunidades de origen, como obras de infraestructura social, educativa, deportiva, salud o que generan oportunidades de empleo.

Este programa que estuvo vigente durante 17 años, beneficio a cientos de comunidades en nuestro país, y acompaño los esfuerzos de los gobiernos municipales y estatales en el financiamiento de obra pública para los municipios, que sin duda son unos de los más marginados del país, puesto que son justamente las comunidades más expulsoras de migrantes.

Sin embargo, el actual gobierno federal decidió eliminar el “Programa 3x1 para Migrantes” para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, bajo el argumento de que se tenían denuncias de corrupción en su implementación, lo cual hasta la fecha no ha sido comprobado.

Los beneficios del “Programa 3x1 Para Migrantes” se vieron reflejados en el esfuerzo tripartita de los tres órdenes de gobierno al realizar diversas obras de infraestructura publica con la participación de los clubes migrantes, representando para muchas regiones del país una oportunidad de desarrollo, si bien, es verdad que  necesitaba mejoras, como todo programa era perfectible y podría haberse adaptado, en lugar de desaparecerlo de tajo, dejando sin otra alternativa a cientos de municipios del país.

Esta decisión provoco un vacío, que ha tenido como resultado que esos municipios y comunidades dejaran de recibir el apoyo de clubes migrantes, los cuales tienen la firme voluntad de seguir apoyando e invirtiendo en su tierra natal, no solo porque allí radica su familia, sino porque tienen la esperanza de regresar algún día y desean encontrar progreso a su retorno.

Es por ello, que  se propone a esta soberanía incorporar en nuestra constitución, junto con los demás programas sociales considerados como prioritarios por este gobierno, la obligación del estado mexicano de fomentar la participación de la comunidad migrante en la generación de desarrollo y bienestar en sus comunidades de origen, como reconocimiento al gran esfuerzo y sacrificio que realizan nuestros connacionales al enviarnos parte del fruto de su trabajo como remesas familiares y comunitarias.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto ante esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

A cargo del diputado Miguel Ángel Varela Pinedo y suscrita por las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Único. Se adiciona un último párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

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El Estado fomentará la participación de la comunidad migrante mediante el establecimiento de políticas públicas que promuevan la participación de asociaciones y organizaciones de migrantes para que en colaboración con entidades y municipios contribuyan de manera equitativa en la realización de obras de infraestructura social, educativa, deportiva y de salud en sus comunidades de origen.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 “Anuario de Migración y Remesas en México 2021” publicado por Fundación BBVA y el Consejo Nacional de Población, el cual puede ser consultado en la siguiente página electrónica:

https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/anuario-de-migracion- y-remesas-mexico-2021/

2 “Los clubes de migrantes mexicanos en Estados Unidos en la búsqueda...”, Carlos Alberto González Zepeda, Universidad Autónoma Metropolitana, el cual puede ser  consultado en la siguiente página electrónica:

file:///C:/Users/mykri/Downloads/4422-37-12777-1-10-20170518.pdf

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 7 de octubre del 2021.– Diputado y diputada: Miguel Ángel Varela Pinedo, Elvia Yolanda Martínez Cosío (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de los Impuestos al Valor Agregado, y sobre la Renta, a cargo de la diputada Adriana Lozano Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Adriana Lozano Rodríguez, diputada federal de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 6 del inciso b) de la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y se adiciona la fracción I del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al tenor de la siguiente

Las formas de vida, la composición familiar y las maneras de relación han cambiado sustancialmente en los últimos años, dando paso a nuevos fenómenos sociales y también a problemáticas diversas; tal es el caso de lo que sucede en torno a los animales domésticos o de compañía, comúnmente conocidos como mascotas, que han sido reconocidas por diversas legislaciones a nivel internacional y nacional, debido a los múltiples abusos y maltrato de los que, desafortunadamente, han sido y son objeto. La materia jurídica ha evolucionado otorgándoles una serie de derechos, al reconocerlos como seres vivos y sintientes, en consecuencia, se atribuyen obligaciones para sus dueños, así como para la ciudadanía en general, ejemplo de ello, es la Constitución Política de la Ciudad de México que, entre otros aspectos, ordena lo siguiente:

“ Artículo 13

Ciudad habitable

A...

B. Protección a los animales.

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común.

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en abandono.

3. La ley determinará:

a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la persona;

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad;

c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano;

d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y

e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en abandono”.

Además, el ordenamiento antes referido, en su artículo 16 establece que el Gobierno de la Ciudad implantará la coordinación interinstitucional para la prevención, mitigación, auxilio, atención, recuperación y reconstrucción ante la ocurrencia de una emergencia, siniestro o desastre, privilegiando la integridad de las personas, su patrimonio y la protección de los animales en su calidad de seres sintientes. Por otro lado, en el artículo 23 mandata como deberes de las personas respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes, así como brindarles un trato digno y respetuoso.

En este sentido, es de hacer notar que no solo la CDMX, sino que, en la gran mayoría de las entidades federativas se sanciona administrativa y penalmente la violencia animal, inclusive, estableciendo penas privativas de la libertad a los infractores. En realidad, en nuestro país desde hace ya muchas décadas la legislación ha estimado la necesidad de salvaguardar a los animales, de ahí que, conforme al contexto que imperaba en 1871, el Código Penal del Distrito Federal sancionaba con multa el maltrato propinado a los animales de carga.

La violencia dirigida hacia los animales ha sido abordada fundamentalmente en tres vertientes: 1) como una problemática que afecta a la sociedad al considerarla como un detonador de la violencia social; 2) como una conducta que afecta la salud de las personas; y 3) como una acción dirigida a proteger a los animales en sí mismos con independencia de las implicaciones que tenga para el ser humano.

En lo concerniente al tercer punto arriba señalado, sin desdeñar los otros, es de hacer notar que es, a mi juicio, el de mayor avanzada, toda vez que en tanto seres vivos sintientes que forman parte de una especie, del medio ambiente y del hábitat, deben estar protegidos por las leyes y las autoridades. Tal argumento, se vislumbra ya en diversos documentos internacionales y en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al estimar que en materia de equilibrio ecológico debe prevalecer la justicia medioambiental, la cual “no sólo atiende al derecho de los seres humanos de vivir en un medio ambiente sano y digno, sino también protege a la naturaleza por el valor que tiene en sí misma”.

“Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos, por lo que dicho Tribunal advierte una tendencia a reconocer personería jurídica y, por ende, derechos a la naturaleza, no solo en sentencias judiciales, sino incluso en ordenamientos constitucionales”. 1

El criterio referido del Tribunal Supremo, evidentemente se hace extensivo a los animales domésticos, toda vez que resulta incuestionable que forman parte de la naturaleza y que merecen protección, de ahí la importancia de reconocerles personería jurídica, más aún si consideramos que los seres humanos somos responsables de su bienestar, ya en calidad de dueños o como parte de la sociedad y de una humanidad que en el curso de su historia los domesticó para su beneficio y disfrute.

Ahora bien, resulta de explorada materia científica que “el maltrato animal es un factor que predispone a la violencia social y, al mismo tiempo, una consecuencia de la misma”, al ser la violencia dirigida generalmente hacia los seres más vulnerables. En este orden de ideas, por ejemplo, existe evidencia de como muchos asesinos seriales en su infancia cometieron actos brutalmente violentos contra sus animales de compañía, o bien, como las personas que abusan y maltratan de los animales son proclives a dañar a otras personas, toda vez que su centro psicoemocional se encuentra alterado e incapacitado para anidar sentimientos de compasión, afecto, consternación, etc.

A mayor abundamiento, es de enfatizar que el bienestar de los animales se encuentra estrechamente relacionado con el derecho a la salud de las personas, en el caso específico que nos ocupa, no sobra decir que la falta de cuidado hacia las mascotas deriva en enfermedades que se trasmiten a los seres humanos ya sea por las heces fecales que se encuentran en las vías y espacios públicos, así como por aquellas ocasionadas por la falta de vacunas, atención médica y alimentación adecuadas.

Por las razones antes señaladas, es que la presente Iniciativa tiene por objeto reformar y adicionar la Ley, a efecto no gravar el impuesto al valor agregado el alimento procesado para las mascotas (perros, gatos y pequeñas especies), así como hacer deducibles por el concepto de gastos personales los pagos por honorarios médicos veterinarios y gastos hospitalarios, efectuados por el contribuyente para sus perros, gatos y pequeñas especies. Disposiciones que no aplican para los comestibles procesados que no son considerados alimento, como premios o golosinas, así como para los servicios estéticos o aquellos que no estén relacionados con la salud de los animales.

Con el fin de precisar las motivaciones, es oportuno enumerar los argumentos centrales sobre los que descansa la presente propuesta:

1. Prevenir y evitar el maltrato de los animales, así como garantizar las condiciones necesarias para su bienestar, haciendo valer el principio in dubio pro natura (a favor de la naturaleza);

2. Privilegiar la salud de las personas, al asegurar que los animales domésticos cuentan con la alimentación y salud adecuadas, a efecto de evitar que constituyan un factor de trasmisión de enfermedades a las personas, garantizando con ello el derecho humano a la salud;

3. Fomentar una cultura de cuidado y protección hacia los animales domésticos que inhiba la violencia, abuso y maltrato de los que son objeto, lo cual reportará importantes beneficios a la sociedad como un mecanismo más de prevención de la violencia;

4. Garantizar el libre desarrollo de la personalidad al reconocer implícitamente en la ley que, actualmente las mascotas son concebidas como un miembro más de muchas familias, e incluso que, para un gran porcentaje de personas, la compañía de los animales domésticos favorece su desarrollo y contribuye a su bienestar físico y psicoemocional; y

5. Dejar en claro que existe una obligación ética y moral de las personas hacia los animales domésticos, por lo que les deben proporcionar alimentos y servicios de salud adecuados para su bienestar, para lo cual el Estado deberá establecer las condiciones propicias, justas y proporcionales que permitan el cumplimiento de dicha obligación y la recepción de los satisfactores esenciales para los animales.

El espíritu de la propuesta que aquí se plantea, ha sido una demanda reiterada de la sociedad civil organizada, de las y los profesionales de la salud, así como de diversos sectores sociales y ciudadanos, específicamente desde el 11 de diciembre de 2013 que entró en vigor la reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en el marco de la reforma fiscal impulsada por la pasada administración como parte de las denominadas reformas estratégicas -las cuales, dicho sea de paso, lastimaron la economía familiar y nacional-. Esta reforma, entre otros aspectos, en el numeral 6, del inciso b), de la fracción I, del artículo 2-A, exenta a los alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies utilizadas como mascotas en el hogar, de la tasa del 0 por ciento a los valores a que se refiere dicha ley; lo cual implica que el precio del alimento para las mascotas está gravado con el 16 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En razón de lo anterior, desde hace siete años, se han impulsado un cúmulo de Iniciativas por parte de distintos grupos parlamentarios con la finalidad de revertir las disposiciones señaladas, no obstante, estas no han sido consideradas por estimar que afecta las finanzas públicas el dejar de recaudar el IVA de los alimentos, sin embargo, no se ha tomado en cuenta el costo-beneficio de ello, a la luz de las consideraciones expuestas y de otras muchas variables que necesariamente deben ser tomadas en cuenta para no agotar el tema solamente en una operación aritmética.

Bajo los principios y valores de la Cuarta Transformación, la justicia social no admite reduccionismos, por lo que es preciso aclarar que el IVA a los alimentos procesados (latas, sobres y croquetas) para las mascotas, repercute y va en detrimento de la economía familiar que fue lastimada sistemáticamente en el pasado y que, en los tiempos actuales, por el Covid-19 ha sufrido uno de los mayores impactos de las últimas décadas.

La justicia social es para quienes integran a la sociedad nacional, particularmente para emparejar las circunstancias de quienes más lo necesitan, de ahí que los animales domésticos, no pueden ser mirados como ajenos a la sociedad, a su contexto y a su circunstancia específica; no se trata de equipararlos jurídicamente a los seres humanos, sino de asentar en las leyes el trato que deben propinarles tanto sus dueños como sujetos obligados como el Estado en su calidad de autoridad y garante del orden social.

Por otro lado, sería contrario a la justicia social y al pensamiento democrático, señalar como se hizo en el sexenio gubernamental pasado que las mascotas se encuentran solamente en los hogares de mayores ingresos porque esto no es verdad, como tampoco es real que los hogares más humildes no se preocupan por sus mascotas. Los animales domésticos y la humanidad han tenido una evolución paralela que no está ligada al ingreso-gasto, sino a una relación estrecha y de acompañamiento mutuo que se ha gestado por siglos.

El alimento para las mascotas de ninguna manera puede ser equiparado con el caviar, los chicles o los jarabes para preparar refrescos, por lo que gravar con el IVA el alimento procesado de las mascotas, implica asumir que este es un artículo suntuario o de lujo, y si esto es así, entonces las mascotas también lo son, lo cual significaría que las personas pobres no tienen derecho a gozar de la compañía y beneficios de una mascota, razonamiento totalmente alejado de la justicia social y completamente cercano a ese régimen de privilegios que ha zanjado profundos abismos de desigualdad.

En este mismo sentido, es de señalar que, tampoco es un lujo o un servicio del que pueda prescindirse la atención médica y hospitalaria de las mascotas, ya que la salud de los animales domésticos y la de los seres humanos están estrechamente relacionadas y ambas son esenciales para su respectivo bienestar, de ahí que, las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, permanentemente emprenden campañas gratuitas de vacunación, esterilización y servicios médicos para los perros y gatos, sabedores que en última instancia, la falta de vacunación repercutirá negativamente en la salud humana.

Perfeccionar la legislación en beneficio de los animales, es incorporar una visión progresista a la norma, es marcar el sendero de una visión animalista y humanista en un área tan compleja como la fiscal. El humanismo parte del respeto a la existencia y el bienestar del “otro”, sin supremacías ni egocentrismos, y la política fiscal de la administración actual apunta a la equidad recaudatoria y distributiva para alcanzar la justicia social, en esta tesitura y bajo este entendimiento, es que se plantea la presente propuesta, la cual tiene como objetivo central, el bienestar de los seres humanos y de los seres sintientes.

En suma, el trato que le otorguemos a los animales es el reflejo de la sociedad que somos y del tipo de Estado que tenemos.

A efecto de clarificar las reformas propuestas, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

En razón de lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta H. Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de

Primero. Se reforma el numeral 6, del inciso b), de la fracción I, del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 2o.-A. ...

I....

...

a)...

b)...

1. a 5...

6. Comestibles procesados que sean considerados alimento para perros, gatos y pequeñas especies, utilizadas como mascotas en el hogar.

c) a i)...

...

II. a IV....

...

Segundo. Se adiciona la fracción I del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 151...

I. Los pagos por honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición, prestados por personas con título profesional legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes, así como los gastos hospitalarios, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que dichas personas no perciban durante el año de calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, y se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de servicios. De igual forma, aplicarán las disposiciones anteriores para los pagos por honorarios médicos veterinarios y gastos hospitalarios, efectuados por el contribuyente para sus perros, gatos y pequeñas especies, excepto los derivados de procedimientos estéticos o aquellos que no estén relacionados con la salud de las mascotas.

...

...

...

...

II a VIII ...

...

...

...

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2022.

Segundo. Para el cabal cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá expedir en un plazo de 30 días naturales posterior a su entrada en vigor, las normas reglamentarias, lineamientos, acuerdos o decretos que estime necesarios.

Nota

1 https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub. aspx?AsuntoID=195934

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2021.– Diputada Adriana Lozano Rodríguez (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Omar Enrique Castañeda González, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Omar Enrique Castañeda González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el articulo 132, fraccion XXVII Bis de la Ley Federal del Trabajo con base en lo siguiente

Planteamiento del problema

Una de las demandas de la sociedad contemporánea es el legislar con perspectiva de género, las conclusiones convenidas en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Ecosoc) de 1997 definen la perspectiva de género como: “El proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad entre los géneros”. Legislar con perspectiva de género, en pocas palabras, significa que haya una igualdad sustantiva entre el hombre y la mujer en diversos ámbitos de la vida, siendo los permisos de paternidad uno de los temas pendientes a legislar.

Hoy en día no podemos hablar de una igualdad entre el hombre y la mujer en materia de licencias parentales. Actualmente el artículo 132, fracción XXVII Bis de la Ley Federal de Trabajo mandata que los patrones están obligados a otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante, en tanto que el artículo 170 fracción I señala que las madres trabajadoras tienen derecho a un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto. Durante el siglo XX los permisos laborales se otorgaban de manera exclusiva a las mujeres, con el devenir de los años eso ha cambiado, la inserción de la mujer en el mundo laboral ha cambiado los roles familiares, el hombre ha dejado ser el proveedor único económicamente, comparte ahora junto con la madre el ser sostén económico del hogar y la crianza de los hijos. A partir de la década de 1950 en los países escandinavos se produce un cambio hacia la concepción a estas prestaciones (permisos de paternidad) como un recurso para promover la conciliación de la vida laboral y familiar y la igualdad de género. Así, se extendieron los permisos a los varones una vez pasado el plazo de recuperación obligatoria para las mujeres tras el parto. 1

Argumentación

En algunos países el permiso parental se compone solo de los derechos individuales no transferibles, mientras que en otros países es un derecho de la familia. El permiso o licencia por paternidad está destinado a los padres solamente, por lo general para ser tomados poco después del nacimiento de un hijo, con el fin de posibilitar al padre pasar tiempo con su compañera, el recién nacido y los hijos mayores (Moss, 2014) 2.

México se encuentra rezagado en los días que se otorgan en la licencia de paternidad. Las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual México forma parte, promedian 8.1 semanas de licencia por paternidad con goce de sueldo.

Beneficios

El permiso remunerado por paternidad ayuda a que los padres puedan establecer vínculos con sus hijos e hijas, contribuye al desarrollo saludable de los lactantes y los niños, además de reducir la depresión materna y cerrar la brecha de la igualdad de género.

De acuerdo con un estudio elaborado por el Ernst & Young (EY) y el Instituto Peterson de Economía Internacional (2019) entre los beneficios que hay por licencia de paternidad extendida se encuentran los siguientes 3:

1. Instrumento activo de los padres en el cuidado de los hijos/as:

Según el estudio “la licencia de paternidad y la participación de los padres con sus niños” demuestra que los padres que se toman un descanso cuando nacen sus hijos participan más en la vida de sus hijos que además favorecen los resultados cognitivos emocionales y de salud física y esto trae como resultado una relación más satisfactoria con ellos y las madres les ofrezca la oportunidad de desarrollarse a la par en el ámbito laboral y por consecuencia tener más tiempo para enfocarse en el trabajo.

2. Equidad de género: De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al reconocer el derecho a la licencia de paternidad en la legislación nacional, los gobiernos, los trabajadores, los empresarios y la sociedad en su conjunto afirman públicamente que valoran el trabajo de las mujeres y de los hombres por igual.

3. Contratación sin sesgos de género: Cuando las organizaciones cuentan con una licencia de paternidad extendida el personal de selección no podrán considerar más conveniente contratar a un hombre pues la licencia generará un gasto tal como en las licencias de maternidad.

4. Mujeres en posiciones de liderazgo: La licencia de paternidad contribuye a que las madres no tengan que cargar con los cuidados de sus hijos/as exclusivamente y logren un balance entre su vida laboral y su vida personal, lo que les permitirá posteriormente tener tiempo para alcanzar posiciones de liderazgo dentro de sus organizaciones.

5. Para las empresas: los hombres que e involucran en la vida temprana de sus hijos tienden a reportar una mayor satisfacción con la vida y una mejor salud tanto física y mental que los que se preocupen por interactuar con sus hijos. También están más motivados y enfocados en su trabajo al regreso y también fortalece la confianza con el equipo de trabajo misma que se ve reflejada en la productividad del trabajador

Las licencias de paternidad sin duda alguna coadyuvan a que el hombre tenga más participación en la crianza de sus hijos, Brandth y Kvande (2009); O’Brien, 2009; Meil, (2013) 4 señalan que el permiso por paternidad promueve la participación de los hombres en el cuidado y la educación de los niños, asimismo incrementa la colaboración en el trabajo doméstico e incide favorablemente en el crecimiento laboral de las madres.

Datos de la encuesta Internacional de Masculinidades y Equidad de Género (Images) para Brasil, Chile y México revelan que los hombres que han visto a sus propios padres participar en las tareas domésticas se involucran con más frecuencia en el trabajo del hogar. Esta “transmisión intergeneracional de los cuidados” puede contribuir poderosamente a la transformación de las relaciones de género y a disminuir la desigualdad. Además, abre un abanico de posibilidades futuras tanto para los niños como para las niñas (Barker, 2011).

Financiamiento

Las licencias de maternidad son pagadas en su totalidad (87 por ciento de las cuotas obrero patronales) por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y no por las empresas, buscar que las licencias de paternidad sean subsidiadas por el IMSS no resulta viable, diversas proyecciones financieras realizadas por el Instituto y organismos especializados en finanzas señalan que el IMSS tiene viabilidad financiera hasta 2030, por lo que las licencias de paternidad representarían otra carga a sus frágiles finanzas. Una propuesta sería que las empresas den una aportación, un porcentaje el trabajador a través de un esquema de Afore y otro porcentaje el gobierno federal.

Pérez Cándido (2019) menciona que en los países desarrollados los pagos generalmente provienen de algún tipo de fondo contributivo, basado en contribuciones de los empleadores y a menudo de los empleados, o en ocasiones con contribuciones de impuestos generales. Los costos se combinan o se colectivizan, en lugar de que los empleadores individuales paguen a sus propios trabajadores

Contexto internacional

En Latinoamérica, los permisos de paternidad resultan inequitativos al comparar los permisos por maternidad y paternidad, la región tiene políticas diferentes para mujeres y hombres (Pautassi y Rico, 2011). También se observa que en las regulaciones laborales los derechos de cuidado se enfocan (y en muchos casos se limitan) a las madres, bajo el supuesto de que son las principales cuidadoras de los niños (Lupica, 2016).

La extensión de permisos parentales en varios países de la región de acuerdo con Pérez Hernández Cándido. (2019) 5. Recomendaciones para implementar una política de permisos parentales en México,ser divididos en tres grupos:

– Países que tienen nueve meses o más de permiso parental bien pagado (al menos 66 por ciento del sueldo regular percibido): Austria, Bulgaria, Quebec en Canadá, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Hungría, Islandia, Japón, Lituania, Noruega, Polonia, Rumania, Eslovenia y Suecia. En la mayoría de los casos, incluyen un periodo para la madre, uno para el padre y otro compartido. En ellos, generalmente, el pago del permiso tiene un tope máximo.

– Países que proporcionan de cuatro a siete meses de permiso parental bien pagado, a menudo limitados al permiso por maternidad y un corto permiso por paternidad: varios países de Europa Occidental continental como España, pero también otros como Nueva Zelanda y Brasil.

– Países que otorgan menos de cuatro meses de permiso parental bien pagado, a menudo limitados al permiso por maternidad y un permiso por paternidad muy corto: países de habla inglesa como Australia, Canadá, Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos, además de Bélgica, China, Francia, Israel, Italia, Corea, Letonia, Malta, México, Países Bajos, la Federación de Rusia, Sudáfrica y Suiza (Blum et al., 2018).

En consecuencia, la presente iniciativa tiene como propósito aumentar los días de licencia de paternidad de 5 a 31 días con goce de sueldo, el padre tomará 15 días obligatorios y los otros 16 los tomará en cualquier momento siempre y cuando sea en los primeros doce meses de vida del infante, este segundo periodo podrá realizarse en diferentes bloques los cuales podrán ser escalonados, no deberán ser menores a tres días y deberán contar con autorización del patrón.

De acuerdo con diversos estudios el primer año de vida de los niños son cruciales para su desarrollo cognitivo y biológico. Pérez Cándido (2019) menciona que, en algunos países, como España, se han establecido esquemas de ampliación progresiva del permiso por paternidad para lograr equipararlo con el permiso por maternidad 6. Dicho permiso contempla dos facetas: un periodo obligatorio que deberá ser tomado por el padre inmediatamente después del nacimiento de su hijo o hija, y otro que podrá ser diferido y tomarse en cualquier momento dentro de los primeros doce meses de vida de su hijo o hija.

La crianza de los hijos no compete solo a la madre, sino también al padre, se ha peleado mucho dentro de la esfera gubernamental para que exista una equidad entre hombres y mujeres tanto en el ámbito público como en el privado; más que equidad debe existir una igualdad sustantiva, los padres deben tener la obligación jurídica y moral de hacerse cargo de la crianza sus hijos desde el momento de su nacimiento. Está demostrado que un padre que está involucrado en los cuidados de su hijo al momento de su nacimiento coadyuva a que el infante tenga una mejor relación con él, lo que trae consigo un mayor desenvolvimiento y una sana convivencia del infante con el padre y madre.

México y los países de Latinoamérica se encuentran rezagados con respecto a los países de Europa occidental, sobre todo los nórdicos. Reformar el artículo 132, fracción XXVII Bis, de la Ley Federal de Trabajo abonaría a que México tenga una legislación progresista en la materia, asimismo nos colocaría como el primer país en la región que abandera el tema del aumento en los días de licencia de paternidad, derivado de ello surgirían temas como las nuevas masculinidades y el rol del padre en la crianza de los hijos, los cuales podrían debatirse desde el ámbito público y privado. Reformando el presente artículo lograríamos tener una sociedad mexicana cada vez más igualitaria y justa entre el hombre y la mujer.

Por lo expuesto, me permito presentar ante el pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el articulo 132, fracción XXVII Bis de la Ley Federal del Trabajo

Artículo Único. Se reforma la fracción XXVII BIS del Artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. ...

VII. ...

VIII. ...

IX. ...

X. ...

XI. ...

XII. ...

XIII. ...

XIV. ...

XV. ...

XVI. ...

XVI Bis. ...

XVII. ...

XVIII. ...

XIX. ...

XIX Bis. ...

XX. ...

XXI. ...

XXII....

XXIII. ...

XXIII Bis. ...

XXIV. ...

XXV. ...

XXVI. ...

XXVI Bis. ...

XXVII. ...

XXVII Bis. Otorgar permiso de paternidad de cinco días laborables con goce de sueldo, a los hombres trabajadores, por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante; al momento del nacimiento del infante el padre tendrá que tomar 15 días de manera obligatoria, los otros 16 días los podrá tomar en cualquier momento siempre y cuando sean durante los primeros doce meses de vida, este segundo periodo podrá realizarse en diferentes bloques, los cuales podrán ser escalonados, no deberán ser menores a tres días y deberán contar con autorización del patrón.

XXVIII. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www2.unwomen.org//media/field%20office%20americas/docu-mentos/publicaci ones/2018/8/snc_gua%20parentales_web.pdf?la=es&vs=624.

2 Asuntos de género; Batthyány Karina, Genta Natalia, Perrotta Valentina; octubre de 2015. Avanzando hacia la corresponsabilidad en los cuidados, Análisis de las licencias parentales en el Uruguay. Página 47. Naciones Unidas.

3 María Fernanda. (2019). Licencias de paternidad: ¿Qué beneficios trae? Aequales.

https://aequales.com/licencia-por-paternidad-que-beneficios-trae /

4 Pérez Hernández Cándido. (2019). Recomendaciones para implementar una política de permisos parentales en México. Página 13. (primera edición, México: Early Institute, AC.

5 Pérez Hernández Cándido. (2019). Recomendaciones para implementar una política de permisos parentales en México. Página 17. (primera edición, México: Early Institute, AC.

6 Pérez Hernández Cándido. (2019). Recomendaciones para implementar una política de permisos parentales en México. Página 19. (primera edición, México: Early Institute, AC.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2021.– Diputado Omar Enrique Castañeda González (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al INE a fortalecer mecanismos de control para asegurar que los espacios destinados a grupos vulnerables sean ocupados por población con esas características; y a los organismos públicos electorales de los estados, a replicar tales acciones, a cargo de la diputada Mónica Herrera Villavicencio, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Mónica Herrera Villavicencio, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el cual la Cámara de Diputados exhorta al Instituto Nacional Electoral y a los organismos públicos electorales a realizar acciones afirmativas en pro de los grupos vulnerables y fortalecer los mecanismos de control de selección de participantes para asegurarse que sean parte de esa comunidad, a fin de garantizar el derecho a la participación e inclusión social, con base en los siguientes

La discapacidad es una condición de vida que a la fecha, de acuerdo con los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al año 2020 en el país existen 20 millones 838 mil 108 personas con limitación para la vida cotidiana o discapacidad, de un total de 126 millones 14 mil 24. Esto representa 16.53 por ciento de la población total del país, dato que es significativo si lo expresamos diciendo que aproximadamente 1 de cada 7 mexicanos presenta una limitación o discapacidad.

La participación de las personas con discapacidad, como la que suscribe, en la vida cotidiana, pública y política de los países siempre ha sido un tema de controversia y amplia discusión, ya que como ciudadanos mexicanos, la Constitución política mexicana, como máximo ordenamiento legal en el país, nos da la facultad de votar y ser votados, nos garantiza el derecho de asociación, de divulgación de las ideas y de participación política, sin embargo, en la vida real, la falta de movilidad, de accesos adecuados a los espacios públicos, la falta de recursos económicos por la escasez de empleos para personas con discapacidad y la discriminación a la que nos enfrentamos, hacen que sea casi imposible para las personas como yo poder ser nominados por un partido político y poder participar en un proceso constitucional para lograr alcanzar un espacio público de elección popular como el que hoy orgullosamente ostento.

Considerandos

Que, en vista de estas condiciones, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 13 de diciembre de 2006, a través de su asamblea general, aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual tiene como objetivo fundamental asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos para las personas con discapacidad, la cual nuestro país firmó y ratificó en su Protocolo Facultativo el 30 de marzo de 2007, convirtiéndose así en parte de los estados comprometidos a proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.

En dicha convención nuestro país se comprometió a garantizar a las personas con discapacidad la posibilidad de gozar de sus derechos políticos en igualdad de condiciones con las demás personas, obligándose a promover el derecho de estas personas con discapacidad a que sean elegidas mediante el voto popular y empeñándose en hacer todo lo posible para que las personas con discapacidad puedan presentarse como candidatos en las elecciones populares y ejercer cargos o desempeñar cualquier función pública en todos los niveles de gobierno.

Derivado de estos acuerdos, en mayo de 2011, a la par de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se promulgó la Ley para la Inclusión de Personas con Discapacidad, la cual establece como los principios que deberán observar las políticas públicas del Estado mexicano la equidad y la igualdad de oportunidades entre otras, así como en su artículo 4o. establece que las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que dicta el orden jurídico mexicano, sin distinción alguna, así como las medidas contra la discriminación que tienen como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra que no lo sea, en una situación comparable, creando así las Acciones Afirmativas.

Las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural, por lo que con la promulgación de dicha ley, quedó fijada como prioridad de la administración pública adoptar toda clase de medidas de acción afirmativa positiva para beneficiar y compensar en sus diferencias a las personas con discapacidad.

Como resultado de lo anterior señalado, el Instituto Nacional Electoral (INE), el pasado el 15 de enero de 2021, ordenó medidas para favorecer a las personas comprendidas dentro de los grupos vulnerables, entre ellas destacó que, en materia de discapacidad, partidos y coaliciones deberán postular fórmulas de candidaturas integradas por personas con discapacidad en seis de los 300 distritos que conforman el país. Asimismo, en las listas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional, los partidos políticos nacionales deberán postular dos fórmulas integradas por personas con discapacidad. Dichas fórmulas podrán postularse en cualquiera de las cinco circunscripciones electorales y deberán ubicarse en los primeros diez lugares de la lista respectiva.

Esto puso en aprietos a aquellos partidos políticos que no acostumbran abrir sus espacios a personas con perfiles indígenas, personas trans, afromexicanas y con discapacidad, porque no contaban con esos cuadros políticos dentro de sus filas, recurriendo a la improvisación y a colocar en estas listas a parientes y amigos que tuvieran esta condición, o más grave aún, haciendo pasar a personas sin discapacidad o pertenencia a grupos vulnerables, como si lo fueran, restándole así la oportunidad a quienes sufren de una discapacidad o pertenecen a algún grupo vulnerable de poder acceder a un cargo de elección popular.

En mi caso, como beneficiaria de estas acciones afirmativas, tuve la oportunidad de participar en el proceso electoral de 2021, en el cual tuve la oportunidad de visitar los nueve municipios de mi distrito, recorriendo sus localidades y recogiendo en cada una de ellas sus necesidades y sus aspiraciones, pero sobre todo, dando un ejemplo a las personas que como yo, sufren de una discapacidad de que el Estado mexicano se está transformando y que día a día, con el trabajo de nuestro Presidente de la República y las instituciones, se generan más espacios y oportunidades para quienes formamos parte de los grupos vulnerables y que deseamos participar en la vida política.

Como resultado de estas decisiones, el día de hoy en esta honorable Cámara de Diputados se encuentran integrados ocho compañeros que presentan una discapacidad, así como personas de origen indígena, personas trans y personas de origen afromexicano; sin embargo, en el camino nos encontramos con muchas fallas de los procesos de selección de estos candidatos, que permitieron que personas ajenas a estos grupos vulnerables se beneficiaran de estas acciones afirmativas obteniendo un puesto de elección popular o cuando menos la nominación a alguno.

Por lo anterior expuesto y contado con su apoyo a la lucha por un país más inclusivo pero sobre todo más justo, es que se somete a su consideración la siguiente proposición con

Primero. Se exhorte a los organismos públicos locales electorales de los estados de la República a que repliquen las acciones afirmativas ordenadas por el INE en enero de 2021 para que se obligue a los partidos políticos a incluir a personas pertenecientes a grupos vulnerables en sus propuestas de candidatos a puestos de elección popular.

Segundo. Se exhorte al Instituto Nacional Electoral y a los organismos locales electorales a que, en el uso de sus atribuciones y a través de los organismos correspondientes, se tomen todas las previsiones y medidas necesarias a fin de asegurar de que en las propuestas que presenten los partidos políticos para cumplir la cuota de personas con discapacidad o grupos vulnerables, realmente se cumpla con las condiciones de salud, preferencia sexual u origen que se requieren para manifestarse como perteneciente a un grupo vulnerable, esto en atención de evitar que impostores se beneficien de las acciones afirmativas dirigidas a estos grupos poblacionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2021.– Diputada Mónica Herrera Villavicencio, Miguel Torruco Garza, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Cecilia Márquez Alkadef Cortés (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a solucionar el desabasto de medicamentos anticancerígenos a escala nacional para garantizar el derecho a la vida y la salud de niños y adolescentes, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

Las y los suscritos diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del Pleno de esta Cámara, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a solucionar en calidad de urgente y de manera permanente, el desabasto de todos los medicamentos cuya finalidad sea el  tratamiento del cáncer en todas sus modalidades a nivel nacional, con la finalidad de garantizar el derecho a la vida y la salud de las niñas, niños y adolescentes, conforme a los siguientes:

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha mencionado que aproximadamente 280 mil niños en edades de 0 a 19 son diagnosticados con cáncer en todo el mundo, en el caso de América Latina y el Caribe, se estima que por lo menos son 29 mil menores diagnosticados, de los cuales 10 mil no podrán superar esta enfermedad.

El cáncer infantil contempla diversos tipos de tumores, dentro de los más comunes se encuentran la leucemia, el cáncer cerebral, el linfoma y los tumores como el neuro-blastoma y el tumor de Wilms. La ONU ha puntualizado que las defunciones evitables debidas a los cánceres infantiles se producen como consecuencia de la falta de diagnóstico, los diagnósticos incorrectos o tardíos, y las dificultades para acceder a la atención o el abandono del tratamiento, entre otras.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha señalado que es necesario mejorar los diagnósticos y tratamientos contra el cáncer infantil, al ser una de las principales causas de muerte en niñas, niños y adolescentes en las Américas.

Adicional a la falta de diagnósticos y tratamientos, el Covid-19 agravó la situación, pues aquellos pacientes con cáncer tienen un mayor riesgo de desarrollar dicho virus de forma más grave y potenciar su mortalidad. De acuerdo a la encuesta regional de oncólogos pediátricos en veinte países de América Latina, al inicio de la pandemia los servicios de atención del cáncer infantil fueron suspendidos.

Asimismo, dicha encuesta señala que México fue uno de los países en el que más del 60 por ciento de los casos, modificaron la quimioterapia por escasez de los fármacos y aplazaron o retrasaron de forma indefinida las sesiones de radioterapia.

La Universidad Nacional Autónoma de México, en la publicación de la Gaceta UNAM, señaló que en nuestro país el cáncer infantil es un problema de salud pública y constituye la segunda causa de muerte y primera por enfermedad en niños de 5 a 14 años, dando como resultado el fallecimiento de más de dos mil niñas y niños cada año.

En México se vive una crisis por falta de medicamentos para las quimioterapias, como consecuencia, madres y padres de familia se han unido para exigir soluciones a través del “Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer”, quienes han comentado que “el problema es que las autoridades no le dan solución al problema a largo plazo, ellos solo compran el medicamento para el hospital que lo requiere en ese momento, pero para un lapso de unos 15 días”, asimismo han señalado que esta circunstancia se ha agudizado por el cambio de esquema para la compra de medicamentos y por efectos de la crisis sanitaria.

El movimiento en comento puntualizó que hay más de 20 hospitales federales y 15 centros de salud a nivel local que han registrado entre un 70 y 90 por ciento de desabasto de quimioterapias y han afirmado que existe una escasez de por lo menos 39 claves de medicamentos para tratar el cáncer infantil, contabilizando más de mil días sin medicamentos oncológicos, por lo que resulta urgente proveer de los insumos necesarios a todos los hospitales y clínicas del país, para que ninguna niña, niño o adolescente pierda la vida a falta de ellos.

I. El artículo 6, fracción I, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de las y los diputados.

II. Conforme al artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

III. Conforme al artículo 25, párrafo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar.

IV. Conforme al artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

V. Conforme al artículo 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que todas las decisiones que tome el Estado deberán velar y cumplir con el interés superior de la niñez, garantizando sus derechos como satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con el siguiente resolutivo:

Único. Se exhorta al gobierno federal a solucionar en calidad de urgente y de manera permanente, el desabasto de todos los medicamentos cuya finalidad sea el  tratamiento del cáncer en todas sus modalidades a nivel nacional, con la finalidad de garantizar el derecho a la vida y la salud de las niñas, niños y adolescentes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2021.– Diputadas: Mariana Gómez del Campo Gurza, María del Carmen Escudero Fabre (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Cultura, el INBA, el INAH y diversas autoridades en la materia a llevar a cabo gestiones para la restauración y el mantenimiento del mural de la biblioteca del hospital general Dr. Pedro López, a cargo del diputado Brasil Alberto Acosta Peña, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Brasil Alberto Acosta Peña, integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, a la directora del Inbal, Lucina Jiménez López, y al director del INAH, Diego Prieto Hernández, así como a las instancias correspondientes del sistema de cultura del estado de México, a llevar a cabo las gestiones necesarias para la restauración y mantenimiento del mural de la biblioteca del Hospital General Dr. Pedro López, así como otras instalaciones del mismo hospital, ubicado en Zoquiapan en el municipio de Ixtapaluca.

El mal de Hansen, conocido más comúnmente como lepra, es una enfermedad crónica causada por el bacilo Mycobacterium leprae, y afecta en gran medida la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos. Y es una de las enfermedades que, además del intenso sufrimiento físico que causa en los afectados, lleva aparejado el mal de la exclusión social y la discriminación. Así lo describen diversas fuentes literarias desde la antigüedad, reflejando el rechazo para los enfermos y sus familias.

Fue hasta 1940 cuando se comenzó a descubrir la eficacia de algunos fármacos que irían sentando las bases del tratamiento multimedicamentoso que curaría la lepra. Pero lo cierto es que fue considerada incurable hasta antes de 1981, según datos de la OMS, 1 y durante mucho tiempo las formas de tratar con el mal fueron variadas. En México, la incapacidad de dar tratamientos, la falta de médicos especializados,  así como otros factores, llevó a que se establecieran múltiples dispensarios a lo largo de la república, pero al final carecían de las mismas posibilidades, no abasto de tratamientos ni de médicos y para la década de los treinta, muchos estaban ya rebasados en cuanto a capacidad y conocimientos médicos para el manejo de los pacientes, la propia Ciudad de México pese a contar con el hospital militar de Tlalpan y el dispensario Ladislao de la Pascua, ahora hospital dermatológico, se vio superada, los medios periodísticos describían la situación como: “enfermos que están cayéndose a pedazos y viviendo en extrema pobreza, hacinados con sus hijos a quienes condenaban a la enfermedad”, el mismo medio decía después que, “aquellas personas eran considerados como un estorbo para la sociedad o piltrafas humanas”. Otros medios afirmaban que ciertas colonias, como la Buenos Aires y la Obrera eran almácigos de leprosos. 2

A tan evidente falta de soluciones al problema de salud en 1936, la Campaña contra la Lepra, encabezada por el general Lázaro Cárdenas y por los doctores Jesús Gonzalez Ureña y posteriormente Fernando Latapí, encontró cómo una de las soluciones para el tratamiento de los cientos de enfermos del mal de Hansen, la creación de pequeños lazaretos y leprosarios, uno de ellos, quizá el más importante, fue el leprosario Dr. Pedro López, que se inauguró en 1939 y que ha evolucionado de nosocomio leprológico a hospital dermatológico y finalmente, hoy en día, a un hospital de segundo nivel insigne del oriente del estado de México.

Dentro de sus instalaciones, cuando funcionaba como asilo de enfermos de lepra, contaba con más de 20 pabellones para que los asilados vivieran, tierras para que trabajaran, biblioteca, casino, billar, lavandería, cárcel, iglesia, cocina, comedor, entre otros establecimientos para que los pacientes pudieran desarrollar su vida ahí, al mismo tiempo que ser tratados y observados por los médicos. El terreno que se ocupó para establecer el lazareto era la hacienda de Zoquiapan, de la que se adaptó una parte y se construyó otra. Destaca además de su arquitectura, la forma art deco de las letras que señalan a los edificios, el tipo de mini ciudad, el vitral de la iglesia del nosocomio y un mural pintado en 1946 en los cuatro muros de lo que antes fuera la biblioteca, mismo que expresa parte de la historia de la lepra, desde los diferentes tipos de enfermedad, hasta médicos destacados e institutos que se encargaban del cuidado y estudio de los hanesianos en México y el mundo.

Después de que las posibilidades de dar un tratamiento a los enfermos del mal de Hansen fuera en aumento, el lazareto se convirtió en un hospital, que sigue aún funcionando y que recientemente obtuvo del gobierno de México, la condecoración Miguel Hidalgo, en Grado Placa, al personal de salud que labora en el hospital, por su lucha contra la Covid-19.

Hoy día, aún se conservan parte de las instalaciones adaptadas en el hospital, pabellones que se han convertido en consultorios u oficinas, otra parte ha sido parcialmente abandonada y una porción más del terreno, en donde por cierto se encuentra el casino, se donó para la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca. En el nosocomio aún viven asilados quienes por decreto presidencial son poseedores de una casa y tierras, además de que son atendidos por el personal del hospital.

Tomando en cuenta estos antecedentes procedemos a la:

Como se ha visto en los antecedentes, el Hospital Dr. Pedro Lópezse reviste de una gran importancia para el tratamiento de la salud, pero además de ello, esta soberanía estima pertinente el estudio tanto del conjunto de sus instalaciones como de sus aportaciones culturales por parte de las autoridades gubernamentales encargadas de salvaguardar la historia y cultura de México, para que reconozcan el incalculable valor histórico que tienen las instalaciones del hospital, por ejemplo, parte de ellas perteneció a la Hacienda de Zoquiapan, cuya construcción es del siglo XIX, y que se ampliaron cuando se construyeron los pabellones y otras áreas. El conjunto que funciona como el hospital de referencia que ha sido durante ya mucho tiempo, podría verse beneficiado por una declaración que ayude a darle el reconocimiento que se merece, además de, quizá, asegurar la memoria histórica del hospital, de Ixtapaluca, y del estado de México.

El hecho de que la hacienda haya sido edificada en el siglo XIX hace jurídicamente posible, al menos en primera instancia, que se obtenga una declaratoria de monumento histórico, según la propia Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 3 cito a la letra los artículos 35 y 36 de dicha norma, señalando en negritas las partes aplicables a la edificación perteneciente a la hacienda:

Artículo 35. Son monumentos históricos los bienes vinculados con la historia de la nación, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país, en los términos de la declaratoria respectiva o por determinación de la Ley.

Artículo 36. Por determinación de esta Ley son monumentos históricos:

I. Los inmuebles construidos en los siglos XVI al XIX, destinados a templos y sus anexos; arzobispados, obispados y casas curales; seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso; así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos; al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y militares. Los muebles que se encuentren o se hayan encontrado en dichos inmuebles y las obras civiles relevantes de carácter privado realizadas de los siglos XVI al XIX inclusive.

En el mismo tenor, el artículo 41 declara que será una zona de monumentos históricos:

Artículo 41. Zona de monumentos históricos, es el área que comprende varios monumentos históricos relacionados con un suceso nacional o la que se encuentre vinculada a hechos pretéritos de relevancia para el país.

En 1936, año en que se mandata a construir el área de los pabellones y demás instalaciones en las que vivirían los enfermos, la lepra era un problema nacional de gran relevancia, el asilo de Zoquiapan significó, de primer momento, un avance en las políticas de salud que permitió atender a muchos pacientes de todo el país. Su relevancia es tal, que fue la última leprosería con ese carácter a nivel nacional, como ya se ha dicho en los antecedentes. Por lo que su cuidado y conservación histórica es necesaria. Además, hoy en día el hospital cuenta con un museo que debe ser reconocido, documentado y catalogado por las autoridades correspondientes, se trata del Museo Dr. Santamaría. Como también se advirtió en los antecedentes, el asilo contaba con una iglesia construida por el reconocido arquitecto Israel Katzman, misma que se encuentra adornada por un vitral de gran valor artístico.

Por otro lado, un aspecto digno de protección y estudio es el mural que se encuentra pintado en las cuatro paredes del edificio que otrora funcionara como biblioteca (hoy área de enseñanza). Por lo que puede leerse fue pintado en 1946, y que en la actualidad ha sido afectado severamente por la humedad, adjunto a esta proposición el material fotográfico probatorio. En este sentido, la misma ley, pero a través del Inbal y no del INAH, como en el caso de la hacienda y el museo, también puede certificarlo como una obra artística con carácter de monumento:

Artículo 33. Son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que revistan valor estético relevante.

Para determinar el valor estético relevante de algún bien se atenderá a cualquiera de las siguientes características: representatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de innovación, materiales y técnicas utilizados y otras análogas.

Tratándose de bienes inmuebles, podrá considerarse también su significación en el contexto urbano.

Las obras de artistas vivos que tengan la naturaleza de bienes muebles no podrán declararse monumentos artísticos.

Podrán ser declaradas monumentos las obras de artistas mexicanos, cualquiera que sea el lugar donde sean producidas. Cuando se trate de artistas extranjeros, sólo podrán ser declaradas monumentos las obras producidas en territorio nacional.

La declaratoria de monumento podrá comprender toda la obra de un artista o sólo parte de ella. Igualmente, podrán ser declaradas monumentos artísticos o quedar comprendidas dentro de las zonas de monumentos artísticos, obras de autores cuya identidad se desconozca.

La obra mural de valor estético relevante será conservada y restaurada por el Estado.

Se observa a simple vista que el mural cumple con los siguientes requisitos de ley:

1. Valor estético relevante;

2. Representatividad, inserción en determinada corriente estilística (muralismo);

3. Significación en el contexto urbano;

4. El artista no se encuentra vivo;

5. De artista mexicano producida en México.

6. Se encuentra dentro de un edificio que en sí mismo ya representa una corriente artística y arquitectónica de los años 30 y 40.

7. Finalmente, al tratarse de una obra mural de 1940, es responsabilidad del estado su conservación y  restauración.

Fotografía panorámica de tres de las cuatro paredes del mural, y ampliación de una de las zonas que requiere más atención.

Estos puntos, denotan la pertinencia de esta proposición, no se debe olvidar que fueron muchas las personas a quienes se les violentaron sus derechos humanos, y que, por ignorancia y un trato incapaz, se les mancillo por completo la vida. La historia debe preservarse, porque el que no conoce su historia lleva en sí la condena de volver a repetir los errores del pasado.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto y fundado, ponemos a consideración de esta honorable soberanía, el siguiente:

Primero. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, a la directora del Inbal, Lucina Jiménez López, y al director del INAH, Diego Prieto Hernández, así como a las instancias correspondientes del sistema de cultura del estado de México a llevar a cabo las gestiones necesarias para la restauración del mural de la biblioteca del hospital general Dr. Pedro López, ubicado en Zoquiapan en el municipio de Ixtapaluca.

Segundo. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, a la directora del Inbal, Lucina Jiménez López, y al director del INAH, Diego Prieto Hernández, así como a las instancias correspondientes del sistema de cultura del estado de México, a llevar a cabo las gestiones necesarias para el mantenimiento del vitral de la iglesia ubicada dentro de las instalaciones del Hospital Dr. Pedro López.

Tercero. Se exhorta a la titular de la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, a la directora del Inbal, Lucina Jiménez López, y al director del INAH, Diego Prieto Hernández, así como a las instancias correspondientes del sistema de cultura del estado de México, a llevar a cabo un estudio sobre la relevancia histórica de las instalaciones del mencionado hospital, a efecto de determinar su posible protección y mantenimiento. Así como a posibilitar los recursos humanos necesarios para clasificar el Museo Dr. Santamaría.

Notas

1 Disponible en:

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/leprosy

2 Información obtenida de diversos medios, rescatada por Ignacio González Villarreal, en su tesis “Aislar y vigilar. La campaña contra la lepra en México, 1930-1946”, disponible en:

https://repositorio.unam.mx/contenidos/aislar-y-vigilar-la-campana-contra-la-lepra-en-mexico-1930-1946-292111?c=plwwJ9&d=false&q=humanidades&i=1&v=1&t=search_0&as=0

3 Disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2021.– Diputado Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SSPC a emitir de manera urgente la declaratoria de emergencia respecto a Ecatepec de Morelos, México, y liberar recursos del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales que permitan reparar los daños tras las torrenciales lluvias y atender a los afectados, a cargo de la diputada Marisela Garduño Garduño, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Maricela Garduño Garduño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

El 6 de septiembre de 2021, el pronóstico meteorológico para la tarde-noche en Ecatepec de Morelos indicaba una precipitación pluvial de entre 4 y 6 milímetros. Sin embargo, la tormenta excedió de 24, lo que superó la capacidad del sistema de drenaje para desalojar las aguas pluviales.

La lluvia que inició cerca de las 18: 00 horas y se prolongó durante más de una hora de manera intensa, aunque continuó lloviendo toda la noche; la tormenta se concentró en la zona de la Sierra de Guadalupe, las principales afectaciones se reportaron en las avenidas San Andrés, Insurgentes, Vía Morelos y Avenida Central, donde se concentró toda el agua que bajó de las comunidades de la parte alta de la Sierra de Guadalupe, donde se registró el desbordamiento de las barrancas de San Andrés, Izcalli, Ecatepec y Tierra Blanca; lo que dejo al menos 15 comunidades afectadas, como San Cristóbal, Nuevo Laredo, la Quinta Zona y la zona de San Andrés de la Cañada, entre otras.

Derivado de las fuertes lluvias registradas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó el fallecimiento de dos personas en Ecatepec, arrastradas por la corriente.

El gobierno municipal activó de manera emergente el Plan Mixtli, donde colaboran las direcciones del Servicio del Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec de Morelos, Movilidad, Protección civil y bomberos, Servicios Públicos, Medio ambiente, y Seguridad Publica, para atender las contingencias en temporada de lluvias y apoyar a la población.

Se instalaron seis módulos en las llamadas “zonas cero” de inundaciones: Avenida Nuevo Laredo, en la colonia del mismo nombre; avenida Nacional, en Santa María Chiconautla; en vía Morelos, a la altura del hospital 76 del IMSS, colonia Urbana Ixhuatepec, y en avenida Pichardo Pagaza, en la Quinta Zona del municipio; y otros dos módulos en Jardines de Morelos.

En varias calles de la zona centro de San Cristóbal que resultaron afectadas se han realizado labores de limpieza, como Adolfo López Mateos, Juárez, Agricultura, Nicolás Bravo y Zapata, entre otras, así como comunidades como Río de Luz, Nuevo Laredo, Hank González y Polígonos 1 a 3, entre otras.

Cientos de casas dañadas, pérdidas materiales, personas que perdieron todo...

Las autoridades estiman que los afectados serían más de 100 mil personas. Dada la magnitud de esta tragedia, se requiere que la Secretaría de Seguridad Ciudadana emita urgentemente la Declaratoria de Emergencia para el municipio de Ecatepec de Morelos, y así poder pueda acceder a los recursos del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales para hacer frente de manera inmediata a los daños desencadenados por las lluvias y su efecto en la población.

Por lo expuesto someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Único. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a emitir de manera urgente la declaratoria de emergencia para el municipio de Ecatepec de Morelos en el Estado de México, así como a liberar los recursos necesarios del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales que permitan reparar los daños ocasionados por las lluvias torrenciales en el municipio y para la atención a las víctimas.

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a 9 de septiembre de 2021.– Diputada Maricela Garduño Garduño (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y sus homólogas locales a garantizar la prevención y el control del cáncer de mama en las instituciones del SNS, a cargo de la diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, diputada del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente

El cáncer de mama desafortunadamente es una enfermedad frecuente en mujeres y desde el 2006 se ha colocado como la primera causa de muerte por tumores malignos en nuestro país. 1

Según datos del Inegi, en 2019 por cada 100 mil mujeres de 20 años o más se reportaron 35.24 casos nuevos de cáncer de mama. 2 A nivel nacional, la tasa de mortalidad por este cáncer es de 17.19 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años o más. 3

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que en 2020 se diagnosticaron 2,3 millones de mujeres y 685 mil fallecimientos a nivel mundial. 4

Algunos de los factores por los que aumenta el riesgo de contraer este padecimiento son los siguientes:

– Envejecimiento

– Obesidad

– Consumo de alcohol

– Antecedentes famlliares por cáncer de mama

– Exposición a radiación

– Historial reproductivo

– Consumo de tabaco

– Terapia hormonal 5

Entre el 60 al 80 por ciento de las muertes por cáncer de mama en el mundo son prevenibles con detección temprana y/o tratamiento. De 70 a 75 por ciento de las muertes evitables ocurren en países en vías de desarrollo. 6

En nuestro país las mayores tasas de mortalidad se encuentran en Chihuahua, Ciudad de México, Baja California y Baja California Sur. Ocupando el segundo lugar se encuentran los estados de Querétaro, Coahuila, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes, Tamaulipas y Nayarit. Por último, se encuentran Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Campeche, Colima, Guerrero, Morelos, Hidalgo, Tabasco. 7

No obstante en 2019 el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que permitía la atención de enfermedades que implican costos elevados por el grado de complejidad y especialidad se eliminó de la Ley General de Salud, lo que generó incertidumbre y dejo sin garantía a 56 millones de mexicanos 8 debido a la suspensión y falta de acceso a tratamientos por los cambios normativos y administrativos que generó la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.

A partir de 2020 los nuevos casos diagnosticados de cáncer de mama se atienden en el Hospital Juárez de México, el Hospital General de México y el Instituto Nacional de Cancerología, en donde acuden 22 mil pacientes con cáncer de mama. Sin embargo, la situación derivada por la pandemia llevó a que el 83 por ciento de pacientes suspendieran sus tratamientos, el 70 por ciento ha tenido que pagar de sus propios ingresos algún tratamiento además de la escases de medicamentos. 9

Aunado a la cancelación de programas para realizar mastrografías de tamizaje o exploración mamaria para adaptar las instalaciones médicas a Hospitales que brinden atención Covid, 10 por lo que ante el temor de las pacientes a asistir a instituciones de salud se redujó la tasa de incidencia debido a la falta de estudios, lo que provocará detecciones tardías y pocas posibilidades de éxito en los tratamientos.

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) ha realizado estudios que demuestran que la tendencia en la mortalidad por cáncer de mama disminuye hasta en 35 por ciento en mujeres que se practicaron la mastografía de manera regular, es decir que la detección es fundamental para salvar la vida de las pacientes. 11

El cáncer de mama es una enfermedad crónico-degenerativa y su tratamiento en las etapas 0 y I: tienen un 97 por ciento más posibilidades de sobrevida de más de 5 años. En las etapas II y III que son el 70 por ciento de pacientes, tienen una probabilidad de 82 por ciento de vida. En la etapa IV el 15 por ciento de los pacientes su sobrevida a 5 años es de 36 por ciento. La detención en la adecuada etapa puede salvar vidas. 12

La Organización Mundial de la Salud recomienda tamizar al 70 por ciento de la población asintomática entre 40 y 69 años para que la tasa disminuya en un 20 y 30 por ciento, sin embargo en nuestro país se realiza al 15 por ciento debido a que de las 327 unidades de mastografía adscritas a la Secretaria de Salud unicamente funcionan 175. 13

Por otra parte, la organización #0Desabasto señala que las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social al 2018, invirtieron 36 pesos de cada 1000 para adquirir tratamientos para mujeres y el año que mayor porcentaje de gasto para compra de medicamentos fue el 2013 con un monto de 27,378,515.47 pesos. 14

Con datos analizados del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados se identifica que el Instituto Nacional de Cancerología se le aprobaron para el ejercicio fiscal de 2021 1,494.5 millones de pesos (mdp) y el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2022 contempla una asignación de 1,915.9 mdp, lo que implica un crecimiento de 23.6 por ciento. En lo que respecta al Ramo 12 de Salud en el Anexo 13 se identifica un incremento nominal de 79.2 millones de pesos al Programa de Salud Materna, Sexual y Reproductiva de pasar en 2021 de 2026.8 mdp a 2,103.5 mdp para 2022.

Sin embargo, durante el ejercicio fiscal de 2021 a este mismo programa se le recortó el 46.79 por ciento del presupuesto quedando en 948 millones 247 mil y con datos al tercer trimestre, su ejercicio alcanzó solo el 7.1 por ciento anual, lo que representa 143 millones de pesos en un país donde el cáncer de mama es la primera causa de muerte en las mujeres.

El Estado mexicano debe garantizar tratamientos, intervenciones y medicamentos en la etapa 0, I, II, III y IV para cumplir con el derecho a la salud de las mujeres establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En concordancia con la Coalición Mexicana por la Salud Mamaria, en la bancada naranja levantamos la voz para que las mujeres y personas que padecen cáncer de mama reciban a tiempo su tratamiento y también para que las autoridades mejoren las políticas pùblicas para su prevención, detección y atención.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno, la siguiente proposición con

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal mediante la Secretaría de Salud, así como a las Secretarías de Salud estatales a priorizar acciones de prevención, atención y control del cáncer de mama en coordinación con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a garantizar el acceso a la salud de manera efectiva asegurando el abasto de insumos, medicamentos, tratamientos e intervenciones para las pacientes con cáncer de mama en los centros de atención, hospitales e instituciones del Sistema Nacional de Salud.

Notas

1 Cáncer de Mama, Seminario Actual de la Medicina, Disponible en:

http://www.facmed.unam.mx/eventos/seam2k1/2008/abr_01_ponencia.html#:~:text=En%20M%C3%A9xico%2C%20el%20c%C3%A1ncer%20de,9.7%25%20en%20relaci%C3%B3n%20con%20el

2 Comunicado de prensa 462/20, Estadísticas a propósito del día mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Cancermama20.pdf

3 Comunicado de prensa 462/20, Estadísticas a propósito del día mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Cancermama20.pdf

4 OMS, Cáncer de mama, 2021, Disponible en:

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/breast-cance r

5 OMS, Cáncer de mama, 2021, Disponible en:

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer

6 Harvard Global Equity Iniative

7 Comunicado de prensa 462/20, Estadísticas a propósito del día mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Cancermama20.pdf

8 Nexos, ¿Quiénes están en riesgo con la llegada del Insabi? Lo que sabemos sobre el extinto Seguro Popular, Georgina Jiménez, disponible en:

https://datos.nexos.com.mx/quienes-estan-en-riesgo-con-la-llegada-del-insabi-lo-que-sabemos-sobre-el-extinto-seguro-popular/

9 The Lancet Oncology, (febrero 2021), Villareal, et al.

10 Hospital Juárez de México. ¿Qué hacemos?, Disponible en:

https://www.gob.mx/salud%7Chjm/que-hacemos

11 Instituto Nacional del Cáncer, Estadísticas del cáncer, Disponible en:

https://www.cancer.gov/espanol/cancer/naturaleza/estadisticas

12 Fuente: Just, Wilking, Johnson, Luciani, Caza, The Oncologyst. Facts and Figures, 2014-2020 y Mohar, Reynoso et al; Journal of Global Oncology 2017

13 Directorio de Unidades con Mastógrafo, CNEGSR 2021

14 10 años con sobreprecio en medicinas para cáncer de mama, 2021, disponible en:

https://poderlatam.org/2021/03/10-anos-de-sobreprecio-en-medicinas-para-cancer-de-mama/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2021.– Diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de BC a resolver de fondo su problema financiero con la CFE para garantizar el suministro de los habitantes de la zona Costa del estado, a cargo de la diputada Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia, diputada a la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo con base en la siguiente

El viernes pasado los habitantes de Baja California fuimos informados mediante oficio público por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que la Comisión Estatal de Agua de Mexicali, del gobierno de Baja California, tiene un adeudo de más de 163 millones de pesos, correspondientes al consumo de energía eléctrica del 1 de agosto a la fecha.

Debido a ello la CFE se ha visto obligada a suspender el suministro de energía eléctrica al acueducto que traslada el agua del río Colorado a los habitantes de la zona costa de Baja California, situación que de no resolverse de manera emergente, resulta en un inminente riesgo de que en las próximas semanas las y los residentes de los municipios de Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito, y Ensenada, puedan sufrir un serio desabasto de agua, lo que significaría un grave problema de salud pública, así como para las actividades económicas, sociales y productivas de esta importante región fronteriza del país.

Resulta importante precisar, que durante los dos últimos años el gobernador del estado de Baja California, estableció una política de cobro del agua a deudores, mediante un convenio con un despacho privado de nombre Fisamex, en donde a éste último se le asignó el pago de 20 por ciento del cobro total a los deudores morosos.

Los cobros realizados por dicha empresa asciende a mil 800 millones de pesos, de los cuales el despacho privado, en la época de la austeridad republicana, ha recibido la cantidad de 360 millones de pesos por concepto de asesoría y servicios.

La pregunta inicial es ¿Por qué le pagan 360 millones a un despacho particular y no paga 163 millones a la CFE, para garantizar el suministro de agua a los más de 5 millones de habitantes de la zona costa de Baja California?

Ante esta situación desproporcional y de desventaja, en donde a los usuarios de Baja California, el gobierno del estado les negó el derecho de audiencia o el establecimiento de una mesa de diálogo, para hacer las aclaraciones correspondientes, el Ejecutivo del estado de Baja California se defiende ante el argumento inoportuno que lo que pretende cobrarle la CFE es un abuso y que por eso no lo ha pagado, olvidando que su actitud para con los usuarios del servicio de agua en el estado fue abusivo y arbitrario.

En paralelo a esta información, el semanario Zeta, el mismo viernes pasado, mediante un trabajo de investigación periodística, informó a la población que el gobierno del estado, a menos de un mes de terminar su mandato, ha retenido de forma ilegal  en los últimos dos años las participaciones federales por un monto de más de mil 300 millones de pesos, destinadas al municipio de Tijuana, ante el silencio, el disimulo o la complicidad de quienes tienen la responsabilidad de realizar las acciones jurídicas, políticas y sociales para impedir que estas acciones se consumen.

Las y los ciudadanos de Baja California nos encontramos ante una grave y delicada problemática de salud pública y entorpecimiento del desarrollo económico y de producción derivado del inminente desabasto de agua, producto de las omisiones del Ejecutivo del estado de Baja California. Por lo tanto, estamos ante una problemática que estaría afectando a más de los 2 millones 561 mil 514 de habitantes que representan los municipios afectados, por lo que urge ejecutar las soluciones oportunas y a su vez, que el gobierno del estado de Baja California esclarezca cuentas y que dejando a un lado los caprichos y arbitrariedades, permita el libre ejercicio del derecho humano consagrado en el artículo 4o. constitucional, en su párrafo sexto, que establece claramente que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita diputada federal somete a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Baja California, para que, a la brevedad, se resuelva de fondo el problema financiero que sostiene con la Comisión Federal de Electricidad, a efecto de que se garantice el suministro de las y los habitantes de la zona costa de Baja California.

Segundo. Que esta honorable Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de que garantice la entrega oportuna de las participaciones federales aprobadas por esta soberana asamblea a los ayuntamientos de Baja California.

Tercero. La Cámara de Diputados solicita de manera respetuosa a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para que, en el pleno ejercicio de sus facultades y atribuciones, incorpore en su Programa Anual de Auditorías, la revisión y la entrega oportuna de las participaciones federales de los municipios de Baja California, y que, en caso de encontrarse irregularidades, finque responsabilidades a las autoridades que incurran en las mismas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.– Diputada Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos y los gobiernos locales a legislar sobre la despenalización del aborto, a cargo de la diputada Sandra Luz Navarro Conkle, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Sandra Luz Navarro Conkle, diputada federal de la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Que en fechas pasadas del mes de septiembre de 2021, por mayoría de 10 votos de los ministros el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); emitió declaratoria por la que se establece que es inconstitucionalidad criminalizar el aborto de manera absoluta, asimismo, se pronunció por garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir.  Lo anterior a partir de declarar la invalidez del Artículo 196 de Código Penal de estado de Coahuila; mismo que en su contenido, establecía pena de prisión para la mujer que voluntariamente practicara un aborto, o a quien la hiciere abortar con el consentimiento de la misma .

Que con las recientes reformas al Poder Judicial, basta con una decisión del Pleno por mayoría de ocho votos y en el caso de la Salas de cuatro,  para sentar Jurisprudencia, lo anterior en consideración de lo establecido por los párrafos decimoprimero y decimosegundo del Artículo 94 Constitucional. 1 De suerte que, la declaratoria de la SCJN radica ahí su trascendencia histórica puesto que al reconocer el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su propio cuerpo en el caso de embarazos no deseados, en su fondo también logra coadyuvar a la mitigación de las condiciones de violencia que viven las mujeres en México.

Que la decisión de los ministros de la SCJN resulto luego de dos días de debate, en el que se discutieron acciones de inconstitucionalidad respecto a legislación de los estados de Coahuila y Sinaloa, que penalizaban la práctica del aborto con cárcel de uno a tres años, mientras que en el otro había un blindaje con un supuesto que protege la existencia de vida desde el mismo momento de la concepción. No obstante el criterio superó los sesgos tradicionalista, ya que se definió en el entendido de la autonomía de la mujer y personas gestantes para decidir sobre la maternidad, esto, más allá de conceptos sobre la vida prenatal.

“ Hablar de una idea de la vida sobrepasa al derecho y un Tribunal Constitucional no puede sustentar sus decisiones en apreciaciones parciales y subjetivas, sino universales... El asidero del derecho penal para sancionar no es potestad del Legislador, sino de los Derechos Humanos, lo demás son sofismos que obnubilan el problema de las mujeres... de lo que deben hacerse cargo los estados es de garantizar la salud pública  y la seguridad” dijo la Ministra Margarita Ríos Farjat; mientras, en el desahogo del mismo debate, el Ministro ponente del proyecto, Luis María Aguilar Morales añadió que,“ se destierra la amenaza de la prisión sobre las mujeres y el estigma” 2

Al realizar la declaratoria de invalidez, el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente del Tribunal Constitucional, mencionó que: “... hoy es un día histórico para todas la mujeres mexicanas y las personas gestantes... A partir de hoy, es un parteaguas en la historia de todas las mujeres, sobre todo de las más vulnerables. Con este criterio unánime del Tribunal Constitucional, no sólo se invalidan las normas que fueron objeto de discusión, sino que se establece un criterio obligatorio para todos los jueces y juezas del país. A partir de ahora no se podrá, sin violar el Criterio de la Corte y de la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este Tribunal...” 3

Que la postura de la SCJN ha cambiado sustancialmente en referencia al aborto ha cambiado paulatinamente desde 2007, año en el que se despenalizó la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Se añade que el 7 de julio declaró inconstitucional la existencia de un plazo determinado para abortar cuando se trate de un caso de violación, y obligó al estado de Chiapas a modificar este punto en su legislación; la cual, fuere usada como argumento para que en 2018 se le impidiera la interrupción del embarazo joven de 17 años con parálisis cerebral, pues la gestación había cumplido los 90 días determinados para el caso. 4

Que al realizar la declaratoria se hizo mención del derecho que tienen las personas gestantes, lo cual incluye a las personas de la comunidad LGBT+, con ello se reconoce la no binariedad del derecho. Así también, se obliga a jueces penales de primera instancia de legalidad por vía incidental, no sólo a los de amparo, para inaplicar los tipos penales que criminalizan el aborto, de manera que se libera a la persona.

Que en nuestro país el derecho a la protección de la salud de las mujeres es un derecho humano previsto en el párrafo segundo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reza: “ el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos” . Mientras que en la Declaración Universal de Derechos Humanos, señala en su artículo 25, lo siguiente que: “ Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios...” De igual manera, el artículo 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, reconoce que: “ toda persona tiene el derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales”

Que si bien en la Ciudad de México, Veracruz, Hidalgo y Oaxaca, con mayor claridad se han hecho reformas para despenalizar la práctica del aborto; mientras que en Baja California, Baja California Sur y Sonora se han hecho cambios normativos recientes, mediante los cuales se amplían las causales de aborto o establecen un procedimiento para que las mujeres tengan acceso a la práctica en las situaciones permitidas por la ley, esto  implica que sea una conducta permitida y da a la mujer la posibilidad de libremente practicar o no practicar un aborto durante las primeras doce semanas de gestación, de este modo como se trata de una conducta permitida, se acepta que las mujeres que quieran practicarla puedan acudir a los hospitales públicos locales para pedir que les presten el servicio de interrupción del embarazo. No obstante, entenderemos que hay una desigualdad para las mujeres en todo el país, ya que cada entidad federativa tiene vigentes diversas disposiciones, se añade por ejemplo, que en algunos como Guanajuato, incluso se han registrado casos de mujeres que han sido procesadas por homicidio en razón de parentesco.

Que en México se calcula que hay entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos al año, situación que pone en riesgo la salud de la misma cantidad de mujeres y personas gestantes, dado que no es garantía de salubridad para quien se practique el aborto, en muchos de los casos la pobreza, los menores grados de escolaridad, la revictimización y la discriminación, son agravantes que ponen en riesgo la vida  de las mujeres y personas gestantes. El derecho a decidir sobre su propio cuerpo es quizás una de las aristas más importantes en el debate sobre el tema de la despenalización, la conciencia necesaria para hacer efectivo este derecho se han venido permeando cada vez más a los estratos sociales que otrora no recurrían o consideraban la práctica como opción.

Que en la actualidad, de acuerdo con los códigos penales de las 32 entidades federativas del país, la interrupción del embarazo es legal si el producto proviene de una violación, en 29 no se penaliza a las mujeres si el aborto de produce de manera “imprudencial”, en 23 se permite si hay riesgo de vida de la mujer, en 15 cuando hay riesgo para alguno de los rubros de la salud, en 16 cuando hay alteraciones graves al producto, mientras que en Michoacán y Yucatán se permite por razones económicas. Además existe la NOM- 46, la cual permite que las víctimas de violencia sexual en todo el país puedan acceder a los servicios de interrupción legal del embarazo, sin necesidad de acudir a la policía. 5

A razón de lo anterior enunciado, toda vez que al no hacer reformas en materia de la despenalización del aborto tanto a nivel federal como local, y con ello garantizar el acceso a los medios necesarios para realizar dicha práctica en centros de salud pública. Y por considerar que es un tema de necesaria justicia a favor de las mujeres y personas gestantes de México. Por considerar que es un legítimo derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes, porque es parte de las contribuciones necesarias para mitigar las condiciones de violencia contra las mujeres; porque superar los condicionamientos ideológicos provenientes de postulados religiosos y centrar las decisiones estatales y de política pública en un entendido laico significa una conquista cultural natural de una sociedad progresista. Por las mujeres y personas gestantes que han perdido la vida al practicarse un aborto en condiciones no salubres. Por una nación laica, donde el Estado guarde su espacio debido y la visiones religiosas se ciñan a la esfera de los personal y privado.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante el pleno la siguiente proposición con

Primero. La Cámara de Diputados de Honorable Congreso de la Unión, exhorta a los Congresos de los estados de: Baja California Sur, Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, para reformar, adecuar y homologar su legislación en materia de despenalización del aborto, en función del fallo que emitiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión,  exhorta a las y los Gobernadores de los estados de: Baja California Sur, Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, para garantizar a través de sus servicios de salud pública la práctica del aborto, en consideración del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la materia.

Notas:

1. Véase: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-dere-chos/article/view/15941/16774

2. Véase: https://elpais.com/mexico/2021-09-07/la-suprema-corte-de-mexico-despenaliza-el-aborto.html

3. Tomado de: https://www.eleconomista.com.mx/politica/SCJN-declara-inconstitucional-la-penalizacion-del-aborto-20210907-0063.html

4. Véase: https://elpais.com/mexico/2021-09-07/la-suprema-corte-de-mexico-despenaliza-el-aborto.html

5. Tomado de: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Aborto-clandestino-cuarta-causa-de-muerte-materna-en-Mexico-20190307-0068.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 28 de septiembre de 2021.– Diputada Sandra Luz Navarro Conkle (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía reconoce al Ejecutivo federal por su labor al frente de la presidencia pro témpore de la Celac y los trabajos llevados a cabo en la sexta Cumbre de jefas y jefes de Estado y de gobierno, el 18 de septiembre de 2021, a cargo del diputado Fernando Marín Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Fernando Marín Díaz, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79 numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por lo que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión reconoce la labor realizada por el Ejecutivo federal durante el tiempo que asumió la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), así como de los trabajos llevados a cabo durante la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Celac, realizada el 18 de septiembre de 2021, con base en las siguientes:

El pasado 18 de septiembre de 2021, se celebró la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, Celac”, donde se llevó a cabo un trabajo conjunto entre los treinta y tres países miembros y que dio como resultado la “Declaración de la Ciudad de México 1”.

La Declaración refleja la necesidad de la región Latinoamericana y del Caribe por el reconocimiento y respeto de su soberanía nacional, su participación en el escenario global y, principalmente, la visión humana y pacífica con la que se conduce.

La Declaración contiene 44 puntos, entre los que se encuentran aquellos relativos al reconocimiento pleno de sus gobiernos, su diversidad, el diálogo como el mecanismo ideal para la resolución de los conflictos entre los países miembros.

Así mismo, cabe resaltar que uno de los temas sensibles fue el relacionado a la pandemia global de Covid-19, la cual trajo consigo la necesidad de establecer mecanismos de coordinación entre los países miembros para contar con un plan regional para la atención de la pandemia, la obtención de vacunas y la producción e investigación de las diversas vacunas generadas por países de la región como son: Cuba, México, Chile y Argentina.

Se reconocen los esfuerzos para que en fechas próximas se lleve a cabo la Asamblea Mundial de la Salud, con carácter extraordinario y logren concretar el instrumento internacional correspondiente, de la Organización Mundial de la Salud para la preparación y respuesta frente a las pandemias.

De igual manera, se agradece la propuesta presentada por México, como presidente Pro Témpore, para la creación del Fondo Celac para la respuesta integral a Desastres, que beneficiará a los Estados miembros.

Otro punto que cabe destacar, corresponde a los logros alcanzados en la Cumbre, para la promoción, conservación y revitalización de la cultura y de las lenguas de los pueblos indígenas a través del establecimiento del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas que aportará para el intercambio de la riqueza cultural e histórica de la región y el reconocimiento de los pueblos indígenas u originarios y afrodescendientes, para que nunca más sean marginados.

De igual forma, se reconoce el esfuerzo de los Estados para acabar con todas las formas de discriminación y racismo contra los pueblos indígenas u originarios y afrodescendientes.

Por último, pero no menos importante, se hace un particular reconocimiento al Ejecutivo federal y extensivo a los miembros de la Celac en su conjunto, por haber concretado la firma del Convenio Constitutivo para la creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio, ALCE, por sus siglas, que sin lugar a dudas contribuirá en la investigación, desarrollo y transferencia de tecnologías entre los Estados latinoamericanos y caribeños, con miras a la exploración del espacio ultraterrestre con fines pacíficos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con el siguiente:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión reconoce al Ejecutivo Federal por su labor al frente de la Presidencia Pro Témpore de la Celac y los trabajos llevados a cabo durante la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, Celac, llevada a cabo el 18 de septiembre de 2021.

Nota

1 Recuperado de:

https://www.gob.mx/presidencia/documentos/declaracion-de-la-ciud ad-de-mexico-celac-2021?idiom=es. Consultado el 18 de septiembre de 2021

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2021.– Diputado Fernando Marín Díaz (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se solidariza con los afectados por los recientes fenómenos hidrometereológicos ocurridos en el país y exhorta a las autoridades federales a realizar acciones conducentes a prevenir situaciones de riesgo y daños e identificar y atender a los damnificados, acelerando los apoyos y trabajos para la reconstrucción, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, Gerardo Peña Flores, Mariela López Sosa, Óscar Almaraz Smer, Rosa María Gonzalez Azcarraga y Vicente Verastegui Ostos, diputados federales por el estado de Tamaulipas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Seguridad nacional, bien común, derecho universal, guerra, mercancía, veneno, fuente de vida, cambio climático, pueden ser sinónimos de agua. El agua potable se ha convertido en un tema fundamental de debate en todo el mundo. No existe actividad humana con la que el agua no tenga relación, y las problemáticas alrededor de ella son tan diversas como sus actores.

De manera especial, México padece importantes problemas de agua de diversa índole: de infraestructura, de conservación, de financiamiento, de contaminación, de distribución, de equidad en el acceso, de gestión, además de enfrentar también una alta vulnerabilidad por el cambio climático global.

Los ciclones tropicales, lluvias atípicas o huracanes representan fenómenos determinantes para México desde varios puntos de vista: condiciones meteorológicas, operación de obras hidráulicas, control de inundaciones, producción de alimentos y energía, economías regionales, protección civil, desarrollo sustentable de las comunidades, transporte de personas y mercancías, etcétera.

Desde esta perspectiva, uno de los fenómenos más importantes y que más peligro representan para la población por los desastres que ocasionan son las lluvias y huracanes. México, por su ubicación geográfica, es un país altamente vulnerable a la influencia de los huracanes originados tanto en el océano Atlántico como en el Pacífico nororiental.

La temporada de huracanes en México comprende del 15 de mayo al 30 de noviembre para el Pacífico nororiental y del 1 de junio al 30 de noviembre para el océano Atlántico. Los meses de agosto y septiembre son los de mayor recurrencia, mientras que junio, julio y octubre se comportan de una manera homogénea, aunque con un menor número de eventos.

Según datos del informe “Medidas de protección contra inundaciones basadas en la naturaleza, principios y orientaciones para la implementación”, del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, las inundaciones representan el peligro natural más frecuente y perjudicial del mundo, dejando daños quiza más de 2,500 millones de personas entre los años de 1994 y 2013, y representando pérdidas de más de 40 mil millones de dolares en los años comprendidos de 1998 y 2010.

Por si no fuese suficiente lo anterior, se prevé que, las décadas proximas, derivado del cambio climático, el crecimiento demográfico, la urbanización e invasión de la mancha urbana, los daños e impacto de las inundaciones costeras, fluviales y pluviales aumentará de manera considerable.

Los fenómenos de origen hidrometeorológico, en especial los ciclones tropicales, son las que ocasionan los mayores daños debidos a los efectos destructivos e inundaciones. A últimas fechas, diversos estados de la república se han visto gravemente afectados por inundaciones, por mencionar algunos podemos señalar Michoacán, estado de México, Oaxaca, Hidalgo y Chiapas, que en días pasados vivieron las siguientes afectaciones:

Nora, tormenta tropical, que a su paso por Michoacán dejó derrumbes, el desbordamiento del río Chuquiapan, carreteras destruidas, inundaciones, deslaves, afectaciones a la economía regional, comercios y viviendas, además se cerró la navegación y se cancelaron vuelos.

El estado de México, que en días pasados vivió varias escenas trágicas por inundaciones y deslaves provocados por lluvias atipicas, dejando no solo un cúmulo de pérdidas en infraestructura, en bienes y la economía, sino que además llego a la lamentable situación de pérdidas humanas y más de 19 colonias afectadas, con entre 120 y 150 mil habitantes.

De manera especial, mencionamos la triste y grave situación que se vivió en Hidalgo, en donde además de los cuantiosos daños económicos y de infraestructura, el desbordamiento de los ríos Tula, Rosas y Salado, llegó a el lamentable fallecimiento de 17 pacientes del Hospital General de Zona 5 en Tula.

Así podemos seguir listando catástrofes, sin embargo, obligado para nosotros es señalar de manera puntual lo sucedido en Tamaulipas, estado que por su ubicación geográfica dispone con un litoral de 420 km que abarca desde la desembocadura del río Bravo en el norte, hasta el río Pánuco en el sur. Esta característica coloca a Tamaulipas dentro de una zona vulnerable por ciclones tropicales que se originan en el océano Atlántico durante la temporada de ciclones comprendida del 1 de junio hasta el 30 de noviembre.

Es así que las constantes amenazas por fenómenos naturales y los desastres que conllevan, son parte de la historia de Tamaulipas. Lo que más alla de ser normalizado ocupa ser atendido de manera prioritaria. Resulta obligación hacer lo necesario para que la ciudadania deje de ser objeto de los peligros, riesgos y consecuencias provocadas por estos fenómenos desastrozos.

En México se reconoce al agua como un asunto estratégico y de seguridad nacional, hoy en día, se ha convertido en elemento central de la política ambiental, y más aún, en un factor clave de la política de desarrollo social y de la política económica; su disponibilidad condiciona la posibilidad de desarrollo de algunas regiones del país y su calidad es factor determinante para la salud y bienestar de la población.

Las diputadas y los diputados federales del estado de Tamaulipas consideramos que, debido a los constantes fenómenos naturales perturbadores que afectan al estado de Tamaulipas, la atención de emergencias y desastres se convierte en un elemento fundamental de protección a la población y las autoridades deben contar con protocolos definidos para cada caso.

Por otro lado, el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales está regulado en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que es de competencia municipal. Finalmente, creemos que en el artículo 4o., párrafo quinto, cuando se habla de que: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar...”, se incluye al agua, ya que ésta es un recurso natural que forma parte de nuestro medio ambiente, por lo que ahí, indirectamente, se estatuye el derecho al agua.

El párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Esa garantía es reconocida en la Observación General número 15 de 2002 de la Organización de las Naciones Unidas, que destaca la importancia de la realización progresiva del acceso al agua potable segura y asequible y al saneamiento básico para todos y todas. Es también reconocida por la Resolución 64/292 de 2010 de la Asamblea General de Organización de las Naciones Unidas (ONU), que reconoce el derecho humano al agua; además, con en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 de la ONU se busca garantizar agua limpia y saneamiento para todos.

Históricamente el manejo de los recursos hidráulicos ha resultado fundamental para la subsistencia y el desarrollo de nuestro Estado. Actualmente, el manejo del agua y su infraestructura, además de ser una prioridad para los tamaulipecos, implica una gran responsabilidad no solo por parte de sus operadores y administradores, sino de los tres órdenes de gobierno, fundamentalmente por parte de la Federación que aporta los recursos y opera las políticas centralizadas para fortalecer y optimizar el funcionamiento de las instalaciones hidráulicas.

Para tomar las decisiones más adecuadas y evaluar los daños que causan los fenómenos meteorológicos y los efectos de estos sobre la población y sus bienes afectables, así como las características físicas que dieron origen a los mismos, es necesario saber con precisión estos datos, a fin de mejorar la política de prevención de los desastres principalmente de origen hidrometereológico, ya que la tendencia es el incremento de las inundaciones y tormentas, atribuible al calentamiento climático, la limitada capacidad de absorción del agua en las superficies urbanizadas, la deforestación, etcétera.

Es un hecho que, aun cuando el recurso asignado en el paquete económico para el ejercicio fiscal 2022 refiere recursos al sector de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y en especial a la Comisión Nacional del Agua, es urgente que los mismos se implementen y ejecuten de manera eficaz y eficiente.

Resulta necesario diseñar instrumentos para transferir y reducir los riesgos por desastres, así como fomentar la cultura de la autoprotección con la finalidad de no subestimar el impacto de éstos por parte de las aseguradoras, y de reducir la carga tributaría hacia el gobierno y los particulares, tenemos que ser disruptivos y comprender que lo tradicional no es el camino, ya que en este tópico, el manejo de desastres siempre se ha limitado a responder a los apoyos, a sanear las calamidades ocasionadas por fenómenos naturales, sin embargo, es hora e cambiar y mejorar, por ello debemos empezar a considerar prioritarias las medidas preventivas, no solo porque es un derecho vivir tranquilo y seguro, sino que además resulta más costeable economicamente prevenir y planear que reconstruir.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se solidariza con las familias afectadas por los recientes fenómenos meteorológicos que han afectado en diversas latitudes del país, y exhorta al gobierno federal para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil presente a la brevedad posible ante la opinión pública, un censo de los afectados, de los daños a viviendas e infraestructura pública, así como el análisis de costos relativos a la reconstrucción y el mecanismo de implementación de los recursos para la reparación de daños y apoyo a las familias y negocios afectados por los fenómenos hidrometeorológicos durante este 2021.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Comisión Nacional del Agua en coordinación con las autoridades estatales y municipales del estado de Tamaulipas en sus particulares competencias, implementen las campañas y acciones necesarias de desazolve y mitigación de riesgos ante la llegada de fenómenos naturales de tipo hidrometeorológicos.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con los 32 estados de la República Mexicana y de manera particular con el gobierno del estado de Tamaulipas, se lleven a cabo las acciones para la actualización e implementación del Programa Hídricos de las Cuencas, así como los programas adicionales al Programa Nacional Hídrico, de conformidad con lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales (artículo 3o., fracción XLII), y se presenten las acciones para solucionar las diversas problemáticas como inundaciones recurrentes, contaminación del líquido vital y escasez de agua potable; así mismo, se realicen los estudios de factibilidad y las acciones preventivas para la construcción de bordos de protección para reencausar las corrientes de los ríos y canales que representen un riesgo a la población en caso de fenómenos de origen hidrometeorológicos.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Comisión Nacional del Agua, se realice una evaluación minuciosa y/o diagnósticos de las condiciones que presenta la infraestructura hidráulica en el estado de Tamaulipas y haga público los resultados.

Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus competencias y en coordinación con las autoridades estatales y municipales del estado de Tamaulipas, realicen un censo del numero de plantas tratadoras de aguas residuales, cuerpos de agua y presas, así como el estado y las condiciones que guardan, asimismo, se implementen los mecanismos para el buen funcionamiento de estas a fin de garantizar a la población el acceso al agua.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2021.– Diputada y diputados: Mariela López Sosa, Óscar Almaraz Smer, Gerardo Peña Flores (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SE sobre el PROY-NOM-237-SE-2020, “servicios educativos-disposiciones a las que se sujetarán los particulares que presten servicios en la materia”, para que considere todas las normas jurídicas vigentes que regulan el quehacer educativo, a cargo de la diputada Cynthia Iliana López Castro, del Grupo Parlamentario del PRI

Cynthia Iliana López Castro, diputada federal por la Ciudad de México, integrante de esta Sexagésima Quinta Legislatura y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo que disponen los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, elevó a la digna consideración de esta Soberanía, la presente propuesta con punto de acuerdo con el objeto de realizar exhortó a la Secretaría de Economía, con base en las siguientes:

Desde agosto del año 2020, la Secretaría de Economía ha llevado a cabo trabajos para realizar el anteproyecto de la NOM 237, cuyo propósito es establecer las disposiciones a las que se sujetarán todos los proveedores que presten servicios educativos a cambio de una contraprestación económica, proporcional a los servicios ofrecidos e instalaciones habilitadas para los mismos de acuerdo a su objeto. A su vez, tiene como finalidad establecer los derechos de los consumidores que contraten dichos servicios.

Para el 12 de mayo de 2021, ya avanzado el proceso de creación de la norma, se publica en el Diario Oficial de la Federación con la calidad de proyecto de norma oficial mexicana (PROY-NOM-237-SE-2020, Servicios educativos-Disposiciones a las que se sujetarán aquellos particulares que presten servicios en la materia), producto del trabajo de la Dirección General de Normas y del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), proyecto que una vez publicado se sujetó a consulta pública durante 60 días naturales posteriores a dicha fecha, concluyendo tal consulta pública el 11 de julio del año en curso.

Ahora mismo dicho proyecto de norma se encuentra en la etapa de revisión de los comentarios que los interesados aportaron, para dar respuesta a cada uno de dichos comentarios, para modificar el proyecto de norma y afortunadamente para cancelar el proyecto de norma cuando derivado de los comentarios recibidos en el periodo de consulta pública, se estime que no hay materia por no ser necesaria su expedición.

Y es justamente en este último escenario en el que nos encontramos, derivado de una reciente reforma constitucional en materia educativa, que expresamente reconoce en su artículo 3o. el derecho fundamental a la educación, dejando bastante claro que la educación es un servicio público intangible y permanente, dando paso a la nueva Ley General de Educación vigente en la que ya se encuentran debidamente establecidos los mecanismos para:

1. El ejercicio del derecho a la educación;

2. Lo necesario para alcanzar la equidad y la excelencia educativa;

3. La función de la nueva escuela mexicana;

4. Manifiesta claramente los fines de la educación;

5. Los criterios conforme a los que se deberá impartir la educación;

6. Deja de manifiesto que la educación debe ser integral, lo que significa que se fundamenta  bajo el principio de intangibilidad de la dignidad humana, siendo el servicio educativo un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que permitan al individuo alcanzar su desarrollo personal y profesional, como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y mejoramiento de la sociedad de la que forma parte; durante este proceso es posible referirse a las personas con los términos: estudiante, alumno, discípulo e incluso aprendiz, a los maestros como educadores y cuando se trata de menores de edad a sus representantes legales llamarles padres de familia;

7. Se fortalece al Sistema Educativo Nacional en el que se concentrarán y coordinarán los esfuerzos del Estado, de los sectores social y privado, para el cumplimiento de los principios, fines y criterios de la educación establecidos por la Constitución y las leyes de la materia, del cual nos sentimos honrados de formar parte, priorizando siempre al educando;

8. Distingue sin dejar lugar a duda, los diferentes tipos de educación, pasando por la indígena, la humanista, la inclusiva y para personas adultas; alcanza disposiciones para el fomento de la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación;

9. De esta Ley General emanan disposiciones que regulan, la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad y derechos;

10. La capacitación de los docentes y el personal que labora en los planteles de educación;

11. Promueve la cultura de la paz y no violencia para generar una convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos;

12. Establece lineamientos a que deberán sujetarse la distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela;

13. Conforme a los criterios asequibilidad y adaptabilidad genera condiciones para que todo tipo de población ya sea indígena, afromexicana, rural, marginada o personas con discapacidad, ejerzan el derecho a la educación;

14. Dispone que las madres y padres de familia o tutores son corresponsables en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años y no solo deben participar sino también acercarse a la mayor posibilidad de información y orientación para cumplir con su obligación ciudadana;

15. Dispone la formación para el trabajo;

16. Se considera utilizar el avance de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, con la finalidad de fortalecer los modelos pedagógicos de enseñanza aprendizaje, la innovación educativa, el desarrollo de habilidades y saberes digitales de los educandos, además del establecimiento de programas de educación a distancia y semipresencial para cerrar la brecha digital y las desigualdades en la población;

17. Se revaloriza a las maestras y los maestros considerando al magisterio como agente fundamental en el proceso educativo, constituyendo el sistema integral de formación, capacitación y actualización, para las maestras y los maestros para que sea permanente el fortalecimiento de la formación docente;

18. Respecto de los espacios físicos donde se lleva a cabo la actividad educativa, dispone las condiciones que debe darse para garantizar su idoneidad y la seguridad de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, emitiendo los lineamientos para establecer las obligaciones que deben cumplirse para los procesos de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, certificación, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la prestación del servicio público de educación;

19. Se considera la emisión de una Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica y Media Superior, el cual es un documento de carácter operativo y normativo que tendrá la finalidad de apoyar la planeación, organización y ejecución de las actividades docentes, pedagógicas, directivas, administrativas y de supervisión de cada plantel educativo enfocadas a la mejora escolar, atendiendo al contexto regional de la prestación de los servicios educativos;

20. Se dispone la creación del Consejo Técnico Escolar por plantel, con su respectivo Comité de Planeación y Evaluación para formular un programa de mejora continua que contemple, de manera integral, la infraestructura, el equipamiento, el avance de los planes y programas educativos, la formación y prácticas docentes, la carga administrativa, la asistencia de los educandos, el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades educativas y los contextos socioculturales y obviamente evaluar sus avances;

21. Se establece el Sistema de Mejora Continua de la Educación previsto en la fracción IX del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que será coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, organismo que contará con un Consejo Ciudadano honorífico, integrado por representantes de los sectores involucrados en materia educativa.

Que del propio artículo 3o. constitucional y la Ley General de Educación que de él emana, se constituye el Sistema Educativo Nacional, cuyos integrantes son entre otros: los educandos; las maestras y los maestros; las madres y padres de familia o tutores, así como a sus asociaciones; las autoridades educativas; las autoridades escolares; los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios; considera parte del Sistema Educativo Nacional la formación para el trabajo, la educación para personas adultas, la educación física y la educación tecnológica. Para la educación especial buscará la equidad y la inclusión, la cual deberá estar disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas establecidas en la Ley General de Educación y de acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población, podrá impartirse educación con programas o contenidos particulares para ofrecerles una oportuna atención. Desde la educación básica hasta la superior, así como por las relaciones institucionales de dichas estructuras y su vinculación con la sociedad mexicana, sus organizaciones, comunidades, pueblos, sectores y familias; se concentrarán y coordinarán los esfuerzos del Estado, de los sectores social y privado, para el cumplimiento de los principios, fines y criterios de la educación establecidos por la Constitución y las leyes de la materia.

Que se establece la corresponsabilidad social en el proceso educativo, fomentando la participación de los actores sociales involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje, así como de los particulares, ya sean personas físicas o morales para que coadyuven en el mantenimiento de las escuelas.

Igualmente dispone los derechos y obligaciones de las madres y los padres de familia o tutores de los educandos, corresponsables del proceso educativo, tanto como personas físicas como a través de asociaciones de los mismos.

Que también regula que en cada escuela se pueda instalar y operar un Consejo de Participación Escolar o su equivalente, el cual será integrado por las asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros, para que entre otras cosas puedan: promover cooperativas con la participación de la comunidad educativa, coadyuvar en la dignificación de los planteles educativos, a través del Comité Escolar de Administración Participativa, y llevar a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para la protección civil y la emergencia escolar.

Que se prevé que en cada municipio, se podrá instalar y operar un Consejo Municipal de Participación Escolar en la Educación, integrado por las autoridades municipales, asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros, para que entre otras cosas puedan: gestionar el mejoramiento de los servicios educativos, promover en la escuela y en coordinación con las autoridades, los programas de bienestar comunitario, proponer la entrega de estímulos y reconocimientos de carácter social a los educandos, maestras y maestros, directivos y empleados escolares que propicien la vinculación con la comunidad, y en general, realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio.

Y también podrá instalarse y operar un consejo equivalente en cada Entidad Federativa denominado Consejo Estatal de Participación Escolar en la Educación, como órgano de consulta, orientación y apoyo.

Que está dispuesto todo lo relativo al servicio social que deben prestar las personas beneficiadas directamente por los servicios educativos de instituciones de los tipos de educación superior y, en su caso, de media superior que así lo establezcan, así como las tutorías y acompañamientos e inclusive las prácticas profesionales, que benefician al bien común y permiten ejercitar los conocimientos adquiridos.

Que dispone que medios de comunicación masiva, de conformidad con el marco jurídico que les rige, en el desarrollo de sus actividades contribuirán al logro de los fines de la educación, gracias a esta disposición en la Ley General de Educación es que ahora mismo durante la pandemia causada por el Covid-19, se logró la implementación del programa nacional “Aprende en Casa”.

Que dispone que los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional tendrán validez en toda la república. Las instituciones del Sistema Educativo Nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados deberán registrarse en el Sistema de Información y Gestión Educativa y tendrán validez en toda la República. La Secretaría promoverá que los estudios con validez oficial en la república sean reconocidos en el extranjero, y también prevé cómo se validan los estudios de los extranjeros en nuestro país.

Que dedica un título completo a la educación impartida por particulares, quienes podrán impartir educación considerada como servicio público en términos de Ley General de Educación, en todos sus tipos y modalidades, con la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios que otorgue el Estado, en los términos dispuestos por el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la misma ley ya mencionada.

Además de cumplir con lo dispuesto por la Ley General de Educación, también se especifican los requisitos que se deben cumplir de forma especial, la información que se debe publicar para dar seguridad al usuario del servicio educativo, el otorgamiento obligatorio de becas, el cumplimiento con la evaluación y vigilancia que hacen las autoridades educativas, los refrendos de las autorizaciones, los mecanismos para el cumplimiento de los fines de la educación impartida por los particulares, y en general todas y cada una de las actividades y relaciones que los particulares con autorización o registro de validez de estudios tienen en el desempeño de la labor educativa coadyuvante con el Estado mexicano.

Es de llamar la atención que no hay mención alguna respecto de que la educación sea susceptible de comercializarse, será porque no constituye un acto de comercio, y por ende las actividades que realizan los particulares con autorización o registro de validez de estudios, debe regirse por las disposiciones legales vigentes para la actividad educativa en general y sus específicos, que como queda claro, regula y prevé a detalle el servicio educativo, protegiendo siempre al educando que está al centro de esta noble y necesaria labor, que con la participación de los particulares el Estado mexicano ha podido ir históricamente, proporcionando a la ciudadanía mayores oportunidades sin que signifique un costo directo al erario mexicano.

Que además de todo lo antes citado, existen incontables leyes, reglamentos, códigos, decretos, acuerdos, programas, manuales y circulares, entre otros, a los que se deben ajustar quienes presten el servicio educativo.

Dado que todo en materia educativa ya está regulado, y lo que no es materia educativa también ya se encuentra regulado en alguna norma jurídica, lo ético, lo sano para la ciudadanía es que se estime que no hay materia y no es necesaria la expedición de la NOM 237, procediendo a la publicación de la cancelación del proyecto.

A todo lo antes expuesto habrá que agregar que nos encontramos en un contexto crítico para los ciudadanos y para las instituciones de educación particular ya que, se calcula que casi 2 millones de estudiantes, de diferentes niveles académicos, se han dado de baja de las escuelas particulares durante esta pandemia. No obstante, no existe claridad de que estos estudiantes que dejan las aulas de escuelas particulares que prestan el servicio educativo sean acogidos por el sistema educativo que prestan las Instituciones Educativas del Estado.

Consecuencia de tan complejo escenario, se estima que 4 de cada 10 escuelas desaparecerán, lo cual representaría la desaparición de 18 mil 657 escuelas particulares tan solo de inicio. De acuerdo con la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), la “mayoría de sus afiliados tendrán una disminución del 30 por ciento en matrícula, mientras que otros podrían llegar al 60 por ciento menos”. 1

Al tratarse de un tema de gran impacto para millones de alumnos y sus familias, y siendo el Congreso una instancia cuya característica esencial es el diálogo y los acuerdos, resulta pertinente utilizar esta alta tribuna para hacer un exhorto a la Secretaría de Economía.

Por ello en lo antes expuesto, presento el siguiente:

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, como la emisora del proyecto de norma oficial mexicana “PROY-NOM-237-SE-2020, Servicios educativos-Disposiciones a las que se sujetarán aquellos particulares que presten servicios en la materia”; para que considere todas las normas jurídicas vigentes que regulan el quehacer educativo entre las que ya existen normas que cumplen con lo planteado por el proyecto de NOM que nos ocupa; para que tome en cuenta todas las artistas y detalles que conforman la urdimbre educativa, que considere que con las normas jurídicas vigentes el destinatario final del servicio educativo está protegido desde todos los ángulos posibles y los prestadores del servicio educativo más que nunca supervisados y cuando es necesario sancionados; exhorto para que en función de que, como ya ha quedado establecido, no hay materia por no ser necesaria su expedición, se cancele dicho proyecto en bien de los ciudadanos mexicanos.

Nota

1 https://observatorio.tec.mx/edu-news/educacion-privada-a-la-baja-mexico

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2021.– Diputada Cynthia Iliana López Castro (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al SAT a construir opciones que permitan atender con oportunidad el rezago de los trámites y proteger a los contribuyentes, con servicios y herramientas para cumplir las obligaciones fiscales en cada etapa, a cargo del diputado Daniel Murguía Lardizábal, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Daniel Murguía Lardizábal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Servicio de Administración Tributaria a que, en la medida de lo posible, se construyan alternativas que permitan atender de manera oportuna el rezago prevaleciente en sus trámites y proteger a los contribuyentes, brindándoles los servicios y herramientas requeridas para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en cada una de sus etapas, con base en las siguientes:

El impacto de la pandemia Covid-19 en el Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Con motivo de la pandemia, el SAT se ha visto afectado directamente en sus funciones presenciales y en los servicios prestados a través de plataformas digitales. Para evitar una propagación de contagios, limitó su funcionamiento por medio de la implementación de acciones que prevenía la formación de aglomeraciones en sus instalaciones.

Otra de las principales afectaciones que tuvo el SAT, fue la reducción de su personal, con el objetivo de sanear finanzas y poder solventar los impactos de la pandemia.

Se estima que en la actualidad cuenta con una cifra de 31 mil 449 empleados para el primer trimestre del 2021, es decir, mil 20 trabajadores menos en relación con el mismo periodo de 2020. Son en total 4 mil 418 empleos menos que en el mismo período de 2018, lo que significa una disminución del 12.31 por ciento del personal. 1

El gobierno se vio obligado a priorizar el distanciamiento social a causa de la pandemia, lo que llevo a limitar el acceso a espacios físicos (en especial el acceso presencial a las oficinas del propio SAT), reduciendo significativamente la circulación de personas dentro de las instalaciones.

Con la reducción en la circulación de personal y contribuyentes, se tuvieron que incrementar los servicios a través de plataformas digitales, buscando crear alternativas para los trámites que normalmente se efectúan dentro de las oficinas de manera presencial. Sin embargo, los resultados obtenidos por la implementación de estas acciones llevaron a un resultado completamente distinto al esperado.

La saturación de trámites y sus afectaciones sobre los contribuyentes

Derivado de los problemas que se ha enfrentado el SAT, se ha potencializado una saturación de trámites tanto en línea como presenciales. Existe una gran problemática dentro de las plataformas digitales, especialmente en la generación de citas que son requisito para completar trámites dentro del propio SAT.

De acuerdo con una encuesta emitida por la Coparmex, 87 por ciento de agremiados han tenido dificultades para conseguir citas en el SAT; 65 por ciento ha tardado 30 días en lograrla y, una vez obtenida, 78 por ciento acusó que le fue asignada por lo menos un mes después. 2 Esto es un reflejo de la problemática mencionada, y que tiene a los contribuyentes varados por la falta de atención y conclusión de trámites.

Cabe destacar que, de acuerdo con diversas notas, el trámite más solicitado es la solicitud o renovación del certificado de la firma electrónica, sobre todo para personas físicas, que se realiza presencial. La e.firma es la que permite a un contribuyente realizar trámites y servicios por internet ante el fisco, así como en otras dependencias, entidades federativas, municipios y en la iniciativa privada, que tiene la validez de una firma autógrafa. 3

Algunos representantes de los empresarios, contadores y despachos fiscales han manifestado su preocupación entorno a este aspecto, ya que, la regularización fiscal de las propias empresas y de sus trabajadores se realiza de forma presencial y que aún no existen herramientas que puedan agilizar los trámites de forma digital. No es algo que afecte sólo a las pequeñas empresas, sino que, también afecta a las medianas y grandes corporaciones que ven frenada su recuperación económica y les impide la creación de nuevos empleos formales.

Si un contribuyente no posee su firma electrónica, o si no se encuentra regulado en los demás temas fiscales, entonces, este no podrá cumplir con sus obligaciones tal como se cita el siguiente artículo:

Artículo 31. Fracción IV. Son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como de los estados, de la ciudad de México y del municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes...

Por lo argumentado, se somete a la consideración de esta soberanía, los siguientes

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria a que, en medida de lo posible, se construyan alternativas que permitan atender de manera oportuna el rezago prevaleciente en sus trámites y proteger a los contribuyentes, brindándoles los servicios y herramientas requeridas para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en cada una de sus etapas.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria a que en el marco de sus atribuciones amplié el plazo establecido para la recepción y generación de citas designadas para la atención presencial de los contribuyentes.

Notas

1 El Contribuyente. Recorte de personal del SAT, una de las causas de la falta de citas: Coparmex. En línea, consultado el día 23 de septiembre de 2021. Disponible en:

https://www.elcontribuyente.mx/2021/08/recorte-de-personal-del-sat-una-de-las-causas-de-la-falta-de-citas-coparmex/

2 La Jornada. Problemas con sistema SAT y la generación de venta de citas. En línea, consultado el 23 de septiembre de 2021. Disponible en:

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/15/estados/problemas-con-sistema-sat-genera-venta-de-citas-cce/

3 El Universal. Oficinas del SAT entre el abandono de citas y la saturación. En línea, consultado el 23 de septiembre de 2021. Disponible en:

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/oficinas-del-sat-entre-el-abandono-de-citas-y-la-saturacion

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2021.– Diputado Daniel Murguía Lardizábal (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a reactivar el Programa de Estancias Infantiles, suscrita por la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza e integrantes del PAN y de diversos grupos parlamentarios

Los suscritos, las diputadas Mariana Gómez del Campo Gurza, Mónica Becerra Moreno, Sayonara Vargas Rodríguez, Sue Ellen Bernal Bolnik, Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda y Diana María Teresa Lara Carreón, y el diputado Xavier González Zirión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta Cámara, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a reactivar el programa de estancias infantiles, conforme a los siguientes:

El 11 de enero del año 2007 comenzó a operar el Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, con el objeto de disminuir la vulnerabilidad de los hogares en los que el cuidado de los hijos recaía en una madre trabajadora o con intención de incorporarse al mercado laboral, estudiante o un padre solo, mediante la entrega de apoyos para cubrir parte de los gastos del servicio de cuidado y atención infantil y la creación de espacios que permitieran aumentar la oferta.

En el 2007 el apoyo consistía en otorgar hasta 700 pesos mensuales por cada niña o niño en edad entre 1 y 3 años 11 meses y de 1 a 5 años 11 meses, en casos de discapacidad, monto que se entregaba directamente a quienes operaban la estancia, asimismo, se brindaba un subsidio de hasta 35 mil pesos a quienes deseaban crear y operar una estancia infantil, con la intención de que pudieran adecuarla y equiparla. En el año 2017, diez años después de continuar en operación del programa, el apoyo aumentó hasta los a 900 pesos por cada niña o niño y 1800 pesos en casos de discapacidad, para la creación y operación de una estancia, el montó ascendió hasta los 70 mil pesos.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) refirió en el “Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. Recuento de la evidencia de las evaluaciones 2007— 2019” que al realizar un subsidio del programa de estancias a la población con ingresos bajos, aumentaba la probabilidad para conseguir empleo y con ello estar en posibilidad de permanecer más horas en el trabajo, por lo tanto, se favorecía el acceso y permanencia en el mercado laboral, impactando directamente en elevar el consumo de alimentos y atacar la desnutrición, puntualizando los beneficios en la socialización y el comportamiento.

Las evaluaciones también identifican mejoras en la socialización de los infantes y diversidad de su dieta. Las niñas y niños que tienen mayor exposición al programa cuentan con mejoras en el puntaje de la escala de comunicación. Las hijas y los hijos de las titulares que no trabajaban antes de entrar al programa son los que más se benefician en cuanto al desarrollo del comportamiento individual-social y este efecto es mayor conforme aumenta la exposición al programa.

La demanda en el uso del Programa de Estancias Infantiles (PEI) rebasó el uso de guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, entre los años 2007 y 2017, disminuyéndolas hasta en 12.8 por ciento y 11.6 por ciento respectivamente, por lo tanto, el PEI tenía una mayor cobertura, tanto en atención a niñas y niños, como en el número de estancias.

El PEI benefició a casi 2 millones de madres y padres de familia y atendió a más de 2 millones de menores de edad. En las entidades federativas con más beneficiarios se encontraban en el estado de México con 12.2 por ciento; Veracruz con 7.2 por ciento; Puebla con 5.6 por ciento; la Ciudad de México con 5.5 por ciento; y Jalisco con 3.2 por ciento.

Las personas usuarias de este programa, en su gran mayoría, son mujeres jefas de familia y madres solteras, que en el 85 por ciento trabajaban, como empleadas domésticas, vendedoras, entre otros, es decir, no contaban con IMSS o Issste, por lo que el programa daba la posibilidad de contar con un trabajo o permanecer en el, aumentar las horas laborales en la semana o incluso tiempo para estudiar.

El 28 de febrero del año 2019, el gobierno federal, mediante una publicación en el Diario Oficial de la Federación, canceló el Programa de Estancias Infantiles bajo el argumento de eliminar la corrupción e irregularidades, por lo que cambió la operación del programa para dar directamente el dinero a las beneficiarias.

Como consecuencia de la cancelación del programa han cerrado estancias dejando sin trabajo al personal que en ellas laboraban. Asimismo, de las más de 321 mil mujeres beneficiadas en el 2018, se redujo a menos de 170 mil solo en 10 meses, es decir, hay más de 150 mil menores que no cuentan con un cuidado de estancia, por lo tanto, es necesario la reactivación de dicho programa para atender la necesidad tanto de las madres y padres de contar con un espacio de cuidado procurando su derecho al trabajo y por otro lado, atender el interés superior de la niñez.

I. El artículo 6, fracción I, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de las y los diputados.

II. Conforme al artículo 23, párrafo primero, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

III. Conforme al artículo 25, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

IV. Conforme al artículo 26, párrafo segundo, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.

V. Conforme al artículo 4, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que todas las decisiones que tome el Estado deberá velar y cumplir con el interés superior de la niñez, garantizando sus derechos como satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento.

VI. Conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 2, párrafos segundo y tercero, refiere:

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales en los que México forma parte.

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con el siguiente resolutivo:

Primero. Se exhorta al gobierno federal, en particular a la Secretaría de Bienestar, a reactivar de forma urgente el Programa de Estancias Infantiles, con una amplia cobertura de personas beneficiarias, así como elevar el número de estancias, a fin de salvaguardar los derechos constitucionales tanto de niñas, niños y adolescentes, como los de las madres y padres de familia.

Segundo. Se exhorta al gobierno federal para que en las decisiones que tomen y que involucren a niñas, niños y adolescentes, procure el interés superior de la niñez.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2021.– Diputadas: Sonia Murillo Manríquez, Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbricas).»

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al de la Ssa y la Dirección General de Normas de la SE a revisar, analizar y ratificar la NOM-041-SSA2-2011, relativa a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, el control y la vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, a cargo de la diputada María Magdalena Olivia Esquivel Nava, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita diputada María Magdalena Olivia Esquivel Nava, integrante del Grupo Parlamentario de morena, de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 numeral 1 fracción I, 65 numeral 1, 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 fracciones I y II, 100 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de ésta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

1. Que las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), son regulaciones técnicas de observancia obligatoria, expedidas por dependencias gubernamentales y tienen como finalidad, establecer regulaciones técnicas respeto a la información, especificaciones, procedimientos, instrumentos de medición y metodologías que deben cumplir los bienes y servicios para comercializarse en México. Además de definir las características que deben reunir dichos servicios cuando, estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana; así como aquellas relativas a terminología y las que se refieran a su cumplimiento y aplicación.

2. Que la Secretaría de Economía del gobierno de México, a través de la Dirección General de Normas, tiene como competencia, a través de la Dirección General de Normas, aplicar la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y la Ley Federal de Protección al Consumidor en el ámbito de competencia de la entidad, así como las disposiciones derivadas de dichas leyes, en lo relativo a la formulación, revisión, expedición, difusión y evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas.

3. Que las NOM deben ser revisadas cada 5 años a partir de su entrada en vigor. Cada quinquenio, deberán analizarse y, en su caso, realizar un estudio de su espíritu. Cuando su periodo venza en el transcurso del año inmediato anterior y, como conclusión de dicha revisión y/o estudio, se podrá decidir su modificación, cancelación o ratificación. Tal como lo estipula el párrafo cuarto, del artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el cual a la letra dice:

“Las normas oficiales mexicanas deberán ser revisadas cada 5 años a partir de la fecha de su entrada en vigor, debiendo notificarse al secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización los resultados de la revisión, dentro de los 60 días naturales posteriores a la terminación del período quinquenal correspondiente. De no hacerse la notificación, las normas perderán su vigencia y las dependencias que las hubieren expedido deberán publicar su cancelación en el Diario Oficial de la Federación. La Comisión podrá solicitar a la dependencia dicha cancelación.”

Así como el último párrafo del Artículo 51-A, de la misma Ley, establece:

“La revisión, actualización o cancelación de las normas mexicanas deberá cumplir con el mismo procedimiento que para su elaboración, pero en todo caso deberán ser revisadas o actualizadas dentro de los 5 años siguientes a la publicación de la declaratoria de vigencia, debiendo notificarse al secretariado técnico los resultados de la revisión o actualización. De no hacerse la notificación, el secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización ordenará su cancelación.”

4. Que la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011. Tiene por objetivo establecer los lineamientos para la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama; es de observancia obligatoria para todo el personal de salud, profesional y auxiliar de los sectores público, social y privado pertenecientes al Sistema Nacional de Salud que brinden atención médica en materia de cáncer de mama.

5. Que según datos exhibidos en internet por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades (SSA2) (Ccnnpce) de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, 1 la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 9 de junio de 2011 y entró en vigor el 10 de junio de 2011. Asimismo, en el documento antes señalado, comprende como fecha de primera revisión quinquenal el 10 de junio de 2016 y como fecha límite de la primera notificación el 9 de agosto de 2016. Sin embargo, para la segunda y tercera revisión (estipuladas estas, cada cinco años), no aparece ninguna fecha programada, lo que indica que no ha habido revisión, ni ratificación de la NOM en comento.

6. Que según lo estipulado en el Artículo 3 de las Reglas de Operación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades (Ccnnpce) de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, es el órgano colegiado de dicha Secretaría, encargado de la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas en materia de su competencia, de La Secretaría de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, los lineamientos y demás disposiciones aplicables. 2

7. Que, con base en el marco precedente, queda claro que a la fecha no ha sido ratificada la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, lo cual significa una gran problemática ya que dicha acción deja en estado de incertidumbre y vulnerabilidad a las personas que necesitan atención médica contra el cáncer de mama, así como aquellas que, derivado de la misma enfermedad, requieren un tratamiento de reconstrucción mamaria. De ahí que es menester exhortar de manera respetuosa al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades (Ccnnpce) de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, es el organismo encargado de ratificar la, con la finalidad de no perder su vigencia, tal y como lo estipula la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en sus artículos 51; así como a la Secretaría de Economía con base en su competencia para la revisión y evaluación de dicha NOM. Lo anterior para evitar que haya obstáculos y pretextos para la atención de las personas que padecen dicha enfermedad.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Primero. Se exhorta de manera respetuosa al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades (Ccnnpce) de la Secretaría de Salud de Gobierno de México, para que se revise, analice y ratifique la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2- 2011 relativa a la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama.

Segundo. Se exhorta de manera respetuosa a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, con base en su competencia para que revise y evalúe la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2- 2011 relativa a la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama.

Notas:

1. Cfr. Revisión Quinquenal de las Normas Oficiales Mexicanas, Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades (SSA2), sitio de consulta:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/63607/CCNN_prevencion_enfermedades.pdf

2. Cfr. Reglas de Operación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades. Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Secretaría de Salud:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/15911/Reglas_Oper acion_CCNNPCE.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México, a los doce días de octubre de 2021.– Diputada María Magdalena Olivia Esquivel Nava (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SRE a generar condiciones para que los mexicanos inmunizados con la vacuna Sputnik-V u otra puedan ingresar sin restricciones en cualquier país, a cargo del diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del PAN

El diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,  en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción 2, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a generar las condiciones necesarias para que los mexicanos inmunizados con la vacuna Sputnik-V o cualquier otra vacuna, puedan ingresar a cualquier país sin restricciones, al tenor de los siguientes:

El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus Covid-19 oficialmente como una pandemia mundial. Tras la declaración de la OMS, diversos países pusieron en marcha medidas para prevenir contagios masivos, incluido México.

Actualmente en el sitio https://datos.covid-19.conacyt.mx/ se reportan 3 millones 645 mil 599 casos positivos confirmados, con un total de 289 mil 744 defunciones estimadas

La metodología del semáforo epidemiológico arroja los siguientes datos sobre las Entidades Federativas y su color en el semáforo

Fuente: https//datos.covid-19conacyt.mx/#SemaFE

Los avances en la vacunación, se dan de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación, el cual permite el desarrollo de programas estatales para organizar la aplicación de vacunas contra el Covid-19. Con datos de ourworldindata.org, para el 27 de septiembre al menos 48.8 por ciento de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19  y 34.5 por ciento ha completado su esquema de vacunación.

De acuerdo al sitio http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/ informacion-de-la-vacuna/, se han vacunado a 107 millones 31 mil 525 personas.

Con información publicada en el mismo portal, se reporta un calendario de la entrega de vacunas y sus respectivas farmacéuticas desarrolladoras siendo las de mayor cantidad Astra Zeneca. CanSinoBio, PfizerBioNTech y Sputnik-V.

Hoy en día en muchas entidades se mantienen un proceso abierto y permanente de vacunación para mayores de 18 años.

La aplicación de las diversas vacunas, se ha reportado como segura, independientemente de su plataforma de diseño, dosis de esquema completo, y fase de ensayo clínico, de acuerdo con la Cofepris. Es decir, la recomendación para toda la población ha sido que se vacunen independientemente de la vacuna que corresponda, de acuerdo a la distribución y aplicación en las entidades que varía en cada caso. Como un ejemplo, a la gran mayoría de personal educativo se le aplicó la vacuna de CanSinoBio, de una sola dosis.

Con el regreso paulatino a las actividades en el esquema de “Nueva Normalidad” (respetando el uso de cubrebocas, distanciamiento social y realización de actividades esenciales), el turismo ha sido de las actividades que poco a poco han recuperado su afluencia y derrama económica.

México es un país turístico, y destino de miles de personas anualmente, por lo que se reconoce al turismo como actividad fundamental para el desarrollo económico de las regiones de nuestro país. Sin embargo, también es cierto que muchos mexicanos tienen la necesidad de viajar por diversas causas, incluyendo visitar a familiares, estudios o trabajo, incluso de manera turística.

El 12 de septiembre se publicó una nota, la cual afirmaba que los mexicanos serán de los primeros turistas en viajar al extranjero, y que “la nueva normalidad no ha hecho que los gustos de los viajeros latinoamericanos cambien mucho. El 41 por ciento de los mexicanos (...) tienen en la mira a Estados Unidos”. 1

Del mismo modo, organizaciones promotoras de turismo en Estados Unidos calculan que a partir del verano de 2021 se reanude en gran medida el turismo hacia ese país, por lo que es importante que en 2019, 18 millones de turistas mexicanos viajaron a Estados Unidos, dejando una derrama económica de 18 mil millones de dólares.

Ante este panorama, en el que el turismo, los viajes de trabajo, académicos, de esparcimiento y de visita a familiares residentes, representan un alto número del turismo de los mexicanos, por lo que la vacunación es pieza fundamental para realizar estos viajes con el menor riesgo posible.

En este mes, el gobierno de Estados Unidos anunció que pronto se permitiría la llegada de viajeros extranjeros vacunados contra el Covid-19, sin embargo dentro de estas reglas que se presume entrarán en vigor en noviembre del 2021. Se excluye a personas que han recibido las dos dosis de la vacuna Sputnik-V de Rusia. 2

Millones de dosis de esta vacuna han sido aplicadas en nuestro país, por lo que esta postura de rechazo a las personas vacunadas con Sputnik-V es una limitante importante para los potenciales viajeros a Estados Unidos y otros países.

De confirmarse esta acción por parte del gobierno de Estados Unidos, podría suponerse discriminación hacia los vacunados con Sputnik-V, hasta que se no demuestre de manera certera la ineficacia de la vacuna, por lo que las autoridades deben poner especial atención para prevenir estos casos de probable discriminación.

Por este motivo, se considera necesario que existan condiciones necesarias para que los mexicanos que recibieron la vacuna Sputnik-V o cualquier otra, puedan ingresar a los países que deseen, sin restricción alguna, contando con todo el apoyo de las autoridades mexicanas en los países que correspondan.

Derivado de lo anterior, se presentan los siguientes:

Primero. Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en su artículo 26: Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Segundo. Que de acuerdo al artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de: Dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomáticos y consular (...), velar en el extranjero por el buen nombre de México; impartir protección a los mexicanos.

Tercero. Que la Ley del Servicio Exterior Mexicano en su artículo 1, define al mismo como “El cuerpo permanente de servidores públicos, miembros del personal diplomático del Estado, encargado de representarlo en el extranjero y de ejecutar la política exterior de México. Del mismo modo establece que este Servicio Exterior Mexicano depende del Ejecutivo Federal, y su dirección y administración está a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores

Cuarto. Que la ley referida anteriormente define como actividades diplomáticas las acciones desarrolladas por servidores públicos en el ámbito de las relaciones internacionales, con la finalidad de cumplir los objetivos de la política exterior, incrementando la presencia, impacto y prestigio de México en el mundo.

Quinto. Que en la ley referida se define como “embajada” a la representación permanente del Estado mexicano ante el gobierno de otro país, cuyas principales funciones son de carácter político. También se refiere a las mismas como “misiones diplomáticas”

Sexto. Que la ley antes mencionada en su artículo 1 Bis, establece que la Oficina Consular es la representación del Estado mexicano ante el gobierno de otro país, en la que se realizan de carácter permanente las siguientes funciones: proteger los intereses de México y los mexicanos que se localicen en su circunscripción, fomentar las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre ambos países. (...)

Séptimo. Que en el artículo 2, fracción II, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano establece que corresponde al Servicio Exterior: “Proteger la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero y ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas reclamaciones”.

Octavo. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación define a la discriminación como: toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento , goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades (...)

Noveno. Que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 2, establece que: - Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva participación en la vida política, económica, cultural y social (...)

Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado someto a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión LXV Legislatura la siguiente proposición con:

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a generar las condiciones necesarias para que los mexicanos inmunizados con la vacuna Sputnik-V o cualquier otra vacuna, puedan ingresar a cualquier país sin restricciones.

Notas

1 https://www.forbes.com.mx/forbes-life/viaje-turismo-mexicanos-via-jeros-extranjeros/

2 https://www.eluniversal.com.mx/mundo/nuevas-reglas-de-viaje-de-eu-cierran-la-puerta-viajeros-completamente-vacunados-con-spuntnik-v

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2021.– Diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Morelos a realizar acciones de infraestructura y obra pública que eviten el deslave de cerros como consecuencia de la temporada de lluvias y actualizar el Plan Estatal de Protección Civil, a cargo del diputado Klaus Uwe Ritter Ocampo, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito diputado Klaus Ritter Ocampo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 6º, numeral 1, fracción I, 79 numeral 1, fracción II y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo por el que la H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Morelos a realizar las acciones de Infraestructura y obra pública correspondientes para evitar el deslave de cerros como consecuencia de la temporada de lluvias y revisar el Plan Estatal de Protección Civil a fin de actualizarlo en la materia., con base en los siguientes:

I. El calentamiento global es considerado como el mayor reto al que se enfrenta la humanidad de los próximos cincuenta años. El deterioro del clima ha provocado que los fenómenos naturales de tipo hidrometeorológico aumenten en intensidad, generando temporadas más largas de huracanes, lluvias más intensas. Y, con ello, una respuesta del planeta a su propio deterioro que impacta en la preservación de la vida y la seguridad de las personas, sus bienes y su entorno.

En México, el cambio climático se manifiesta cada año con la presencia de huracanes y ciclones tropicales de mayor intensidad con respecto a los ocurridos el año anterior. Ejemplo de ello, es que para la presente temporada de huracanes, que abarca de los meses de junio a septiembre de cada año, se presentarán un número importante de depresiones y frentes fríos que generen interacciones con canales de baja presión provocando lluvias intensas y chubascos en gran parte del territorio nacional.

Para este año, la Comisión Nacional del Agua ha pronosticado lluvias intensas en 9 Entidades Federativas y muy fuertes en otros 17, entre ellos, en el Estado de Morelos.

II. Por su parte, desde el día 2 del mes de septiembre del presente año, la Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan DN-III en Morelos como consecuencia de las intensas lluvias que se registraron en las últimas horas de ese día en la entidad y que provocó el desbordamiento del Río Apatlaco, barrancas y canales de riego en Cuernavaca, Jiutepec y Xochitepec, y también inundó decenas de casas en Jojutla.

Debido a la lluvia que ha caído en esta región, la unidad de los electricistas, Panchimalco y Los Naranjos sufrieron afectaciones. Desde temprana hora, Protección Civil y bomberos de Jojutla, la policía municipal, Obras Públicas y personal del ayuntamiento brindó el apoyo correspondiente; misma situación en Jiutepec, donde se desbordó la barranca de la Unidad Habitacional de Ciudad Chapultepec. El agua ocasionó daños en al menos unas 15 viviendas.

III.  Ese mismo día, en Cuernavaca se tuvo el reporte de dos viviendas afectadas por un derrumbe en la colonia Rancho Cortés, dos árboles colapsados en las colonias Jardines de Cuernavaca y Santa María. Aunado a esto, personal de la Dirección de Atención de Emergencias y Desastres acudieron a la atención de un árbol colapsado sobre la autopista México-Cuernavaca a la altura del kilómetro 75, el cual provocó la obstrucción de los carriles en dirección a la capital del estado.

También se atendió un reporte de deslave sobre la colonia Altavista s.in que al momento se reporten personas lesionadas tras este incidente. De igual forma, en Jiutepec hubo tres viviendas con encharcamientos dos en la colonia Las Fincas y una en San Francisco Texcalpan.

Ante el pronóstico de posibles lluvias durante los próximos días, las autoridades de Protección Civil hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar tirar basura en las calles y así no afectar el desfogue de los drenajes pluviales. Así como evitar transitar en zonas de alto riesgo de inundación, principalmente en puentes, vados y pasos a desnivel.

IV. Apenas el pasado 22 de septiembre, la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Morelos en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, atendieron el reporte de varios desgajamientos de cerro sobre la carretera hacia Buenavista del Monte y hacia el Estado de México, producto del reblandecimiento del terreno a causa de las lluvias de los últimos días.

Estos deslaves obstaculizaron gran parte de la carretera por lo que fue necesario utilizar maquinaria para liberar dicha vía de comunicación y retirar aproximadamente 90 metros cúbicos de tierra y piedra.

Vecinos del cerro de Vista Hermosa, de Jiutepec, piden a las autoridades que los reubiquen ante el miedo de que se desgaje la zona y ocurra una tragedia similar como a los del cerro del Chiquihuite, en el Estado de México.

Los afectados señalan que hace cinco días, como consecuencia de las intensas lluvias que cayeron sobre el territorio morelense, y la actividad de la mina que se localiza en las inmediaciones, detectaron la aparición de varias grietas en la tierra. En la calle Prolongación Diamante, donde están asentadas alrededor de 16 familias, se registró un asentamiento importante de entre 40 y 50 centímetros de profundidad, y con ello aumentó el temor de un derrumbe.

Después de las imágenes que circularon en redes sociales y medios de comunicación sobre el desgajamiento de una parte del cerro del Chiquihuite, en el contexto de la presente temporada pluvial, los habitantes en comento tienen miedo de que les pueda pasar algo similar.

Reportaron la situación a las autoridades del municipio e incluso, señalaron que el alcalde Rafael Reyes realizó una visita de supervisión, y se comprometió a tomar las medidas necesarias.

La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (Cepcm) acudió en días pasados a realizar la evaluación y supervisión de reportes de agrietamientos sobre la colonia Vista Hermosa del municipio de Jiutepec.

Personal de la Dirección de Atención de Emergencias y Desastres así como de la Subdirección de Gestión Integral de Riesgos asistieron a la zona para llevar una inspección de la zona para identificar la magnitud de las grietas presentadas, principalmente en la prolongación diamante.

Enrique Clement Gallardo, titular de la Cepcm, detalló que se inició un proceso de apoyo al municipio a través de la gestión de estudios técnicos por parte del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y del Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para la valoración del riesgo en la que se encuentra la población que habita ese sitio.

Por su parte, Francisco Javier Barona Téllez, director general de Protección Civil y Rescate del municipio de Jiutepec, precisó que se han tomado acciones preventivas, principalmente, la notificación a 16 familias que habitan en esa zona y la implementación de refugios temporales mientras se hacen los estudios correspondientes.

Durante la visita a la zona, ambos funcionarios coincidieron en hacer un llamado a la población a evitar construir o lucrar con terrenos en zonas de riesgo, ya que esto puede ocasionar tragedias o inclusive pérdidas humanas si se presentara una emergencia.

Primera. Para esta H. Cámara de Diputados, la protección de la vida y la seguridad de las personas transita de manera forzosa por la implementación y revisión de políticas públicas, obras y servicios que tengan como prioridad el uso de la ciencia, la tecnología y el desarrollo, como elementos fundamentales para prevenir situaciones de riesgo.

Respecto de la problemática objeto del presente Punto de Acuerdo, un deslave es una caída de rocas o tierra desde una ladera, en forma lenta o rápida, que se produce en épocas de lluvia o a causa de un sismo. Dependiendo de la magnitud, destruye todo lo que se encuentra a su paso.

En la costa, sierra y en la región oriental ocurren deslizamientos porque gran parte de México tiene regiones y zonas altas.  La mayoría de los deslaves se presenta durante las estaciones lluviosas.  Cuando el suelo recibe una gran cantidad de agua, la tierra se ablanda y se desprende formando flujos de lodo, que se precipitan pendiente a bajo. La deforestación también es una causa de los deslizamientos, porque el suelo queda desprotegido.

Con base en el Atlas Nacional de Riesgos y experiencias en el conocimiento de los peligros en las Entidades Federativas donde las características del terreno lo vuelven propenso a deslaves, se recomienda que de manera permanente las Unidades de Protección Civil deben monitorear las zonas de cerros, laderas y taludes consideradas inestables por su pendiente pronunciada, deforestación, saturación del suelo, entre otros factores; especialmente si existen asentamientos humanos en la parte baja

Como una de las principales acciones de expertos es difundir en sus demarcaciones los avisos de alertamiento por la llegada de frentes fríos o lluvias intensas y alertar a la población asentada en la parte baja de los cerros, laderas y taludes del peligro de deslave o deslizamiento de suelo; se trata de un fenómeno de ocurrencia constante por lo que las recomendaciones son prácticamente redundantes, sin embargo, las acciones son esporádicas debido a que los instrumentos rectores de la política estatal de Protección Civil y gestión integral de riesgos va  a la zaga con respecto a la ocurrencia de un fenómeno de esta naturaleza.

Segunda. Aunque los deslaves han ocurrido en casi todos los estados del país y pueden causar daños considerables, éstos son causados por fuerzas o eventos naturales, como lluvias intensas y deshielos, temblores por un terremoto, erupciones volcánicas y la gravedad.

En el caso del Estado de Morelos, sus características orográficas y su ubicación en el centro del país lo vuelve propenso a este tipo de eventos de la naturaleza, comprometiendo la infraestructura, las zonas habitacionales, los caminos y puentes. También se vuelve un foco de riesgo para los asentamientos irregulares establecidos en laderas, orillas y desniveles como consecuencia del crecimiento desordenado de la mancha urbana.

Existe coincidencia por parte de especialistas en el hecho de que un deslave no es provocado únicamente por factores ambientales, sino también influye la actividad humana que se centra en la tala de árboles, falta de canalización de aguas o construcciones de casas en terrenos con problemas geográficos y no autorizados, es decir, que los deslaves también pueden ser ocasionados por la ejecución de obras en zonas de riesgo.

Para prevenirlos, se deben realizar una serie de medidas de mitigación de los fenómenos que los causan, para disminuir la vulnerabilidad de la infraestructura y para evitar tragedias, como las que han ocurrido recientemente en el Estado de Morelos, se recomienda planear un desarrollo urbano enfocado a no seguir invadiendo esas zonas y, si se hace, debe haber acciones para minimizar el riesgo de obras sin planeación, el identificar cambios en las viviendas, establecer un lugar seguro para evacuar, observar el drenaje de agua, fijarse si aparecen grietas en los cimientos y aceras, en las pendientes cercanas a la casa o negocio, poner atención a pequeños desprendimientos, movimiento de desechos, o árboles con una inclinación creciente, todas ellas, medidas que deben establecerse a partir de la actualización de los Planes de Protección Civil correspondientes.

Tercera. Que para esta H. Cámara de Diputados, las acciones de prevención de riesgos forma parte de toda una cultura de promoción de la Protección Civil, misma que se respalda en estudios, análisis y el trabajo de la comunidad científica y especialistas en Gestión de Riesgos; por ello, a fin de evitar la ocurrencia de fenómenos como los deslaves, los Atlas y Programas Estatales de Protección Civil de las Entidades Federativas -particularmente del Estado de Morelos- deben ser constantemente actualizados; asimismo, se deben generar acciones coordinadas a fin de que en las zonas de alto riesgo de deslave, se lleven a cabo obras de mitigación y adecuaciones a fin de evitar que un evento de la naturaleza cobre vidas y separe familias enteras, solo por negligencia o falta de adecuación del marco operativo.

Por lo anteriormente expuesto, el que suscribe, somete a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Único. La Cámara de Diputados hace un respetuoso exhorto al Gobierno del Estado de Morelos a fin de que, a través de las instancias correspondientes, lleve a cabo a  las adecuaciones necesarias de infraestructura y obra de carácter público a fin de evitar los deslaves de cerros en la entidad, como consecuencia de la temporada anual de lluvias, y con ello, se instruya a la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado a revisar y actualizar los Atlas de Riesgos y los respectivos Planes de Protección Civil con énfasis en la prevención y la protección de vidas humanas.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 28 del mes de septiembre de 2021.– Diputado Klaus Uwe Ritter Ocampo (rúbrica).»

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los congresos locales a abstenerse de aprobar las leyes de ingresos municipales que contengan el derecho por alumbrado público; y a los ayuntamientos y la CFE, a abstenerse de formalizar convenios de colaboración por los que se establezcan términos y condiciones para la recaudación del derecho por alumbrado público, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito diputado Carlos Sánchez Barrios, en uso de las facultades que le confiere la ley, y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde hace casi dos décadas, ha declarado la inconstitucionalidad de artículos de diversas Leyes de Ingresos Municipales que estipulan el cobro del Derecho por Alumbrado Público, el cual es recaudado por la Comisión Federal de Electricidad, a través los recibos por consumo de energía eléctrica. En la siguiente tabla, se enlistan, como ejemplo, 12 sentencias en las que se declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén el cobro de la citada contribución:

El máximo tribunal ha concluido, entre otras cosas, que el DAP pertenece a la categoría de los impuestos y no de derechos, vulnera los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, porque no se toma en cuenta el costo global del servicio que presta el municipio, sino un elemento ajeno, como es el valor catastral del predio o el consumo de energía eléctrica.

Así, el DAP en realidad es un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica, tributo que es competencia exclusiva de la Federación, razón por la cual resulta contrario a lo previsto por el artículo 73, fracción XXIX, numeral 5º, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, las Leyes de Ingresos de los Municipios tienen una vigencia anual, por lo que cuando la corte resuelve, en varias ocasiones éstas ya no están en vigor y el cobro fue ejecutado durante todo el ejercicio fiscal, en detrimento de la ciudadanía.

Agrava la situación, el hecho de que aún conociendo la jurisprudencia, las legislaturas estatales sigan aprobando leyes de ingresos que contravienen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que los municipios y la Comisión Federal de Electricidad continúen firmando Convenios que amparan el cobro del Derecho por Alumbrado Público.

El pago adicional de contribuciones anticonstitucionales atenta contra el bienestar de los hogares e impone una carga extra a los negocios, que en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, representa un freno a la recuperación económica del país.

Por las anteriores consideraciones, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Primero: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía estatal, exhorta a los Congresos de las entidades federativas a abstenerse de aprobar las leyes de ingresos municipales, que contengan el derecho por alumbrado público.

Segundo: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a municipios y a la Comisión Federal de Electricidad a abstenerse de formalizar Convenios de Colaboración por los que se establezcan términos y condiciones para la recaudación del Derecho por Alumbrado Público.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2021.– Diputado Carlos Sánchez Barrios (rúbrica).»