«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal, en materia de robo de identidad, a cargo del diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Vicente Alberto Onofre Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo III Quáter, “Robo de identidad”, y el artículo 390 Ter al Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

El sistema financiero es un engranaje importante para la vida económica y social de México. Las instituciones bancarias y los mercados de valores forman parte de este sector y ayudan en gran medida a dinamizar las actividades económicas que se llevan a cabo tanto en el interior como en el exterior del país. Además, permiten que el capital circule entre deudores, ahorradores e inversionistas, para satisfacer las necesidades financieras de cada uno de ellos.

La alta demanda de los instrumentos financieros ha orillado a que las instituciones bancarias busquen ampliar la accesibilidad y eficiencia de sus servicios mediante el uso y aprovechamiento de la tecnología. La llegada de los cajeros automáticos a México, en 1972, revolucionó el sistema bancario por ser el primer servicio disponible las 24 horas de los 365 días del año. Más tarde, en 2010, las aplicaciones móviles innovaron por su practicidad y constante actualización para realizar de manera digital diversas transacciones como envío de dinero y pagos, entre otras.

Sin duda alguna, el uso de la tecnología en los servicios del sector financiero ha avanzado a pasos agigantados, pero también, han crecido los riesgos al patrimonio de las y los usuarios de la banca, debido a que las tecnologías también están al servicio de la delincuencia.

Los delitos bancarios se han convertido en un problema creciente en el país, e incluso, han evolucionado significativamente con el paso de los años; de tal forma que actualmente se tiene conocimiento de técnicas más sofisticadas como:

• Consiste en el envío de correos electrónicos fraudulentos o duplicados de la página web del banco. Se utilizan para conseguir información personal (contraseñas, números de cuenta o datos de tarjeta de crédito).

• Es el robo de información de tarjetas con el uso de dispositivos instalados en cajeros automáticos y terminales de pago para copiar la información de su banda magnética.

• A través de un mensaje de WhatsApp, “el banco” alerta al usuario sobre una compra sospechosa y envía a la víctima un número telefónico para llamar e impedir el supuesto cargo. Posteriormente, en esa llamada, son solicitados los datos personales del usuario.

• Mediante el uso de troyanos o cualquier tipo de virus digital, el estafador puede tener acceso a información de cuentas bancarias o tarjetas para extraer dinero.

• La víctima es alertada por el delincuente sobre un supuesto riesgo en su cuenta para obtener la clave o PIN, con el objetivo de realizar operaciones.

• Se configura mediante programas informáticos que capturan imágenes o memorizan los datos digitados en los teclados. El delincuente obtiene esta información para extraer dinero de cuentas bancarias. 1

Los modus operandi de los defraudadores han llegado a niveles inimaginables, pues también tienen la capacidad de hackear las líneas telefónicas de los call centers de bancos, organismos gubernamentales y empresas. De esta forma enmascaran su número telefónico y usan grabaciones oficiales de los bancos para obtener la información personal. 2

Todos estos mecanismos tienen un común denominador: la obtención y/o uso de información personal o financiera de la víctima para suplantar su identidad, a fin de realizar operaciones fraudulentas que dañen a su patrimonio.

De acuerdo con datos publicados por la Condusef, en 2019 se contabilizaron 5 millones 207 mil 842 reclamaciones de usuarios de la banca por posible fraude y 54 mil 469 por posible robo de identidad. 3 En 2020 se registraron 4 millones 593 mil 966 reclamaciones por posible fraude y 60 mil 449 por posible robo de identidad; 4 es decir, las incidencias por posible fraude disminuyeron 613 mil 876; no obstante, estas cifras siguen siendo elevadas. Por otro lado, el robo de identidad presentó un incremento de 5 mil 980 reclamaciones.

La Condusef advierte que las causas de reclamación consideradas para ambos rubros fueron

• Apertura de caja sin autorización;

• Apertura de cuenta no solicitada ni autorizada por el usuario, cliente o socio;

• Cargos no reconocidos a través de la utilización del NIP en terminal punto de venta;

• Cargos no reconocidos en la cuenta;

• Cheque pagado no reconocido por el titular;

• Consumos no reconocidos por teléfono o vía internet;

• Crédito no reconocido en el historial crediticio;

• Crédito otorgado sin ser solicitado ni autorizado por el usuario, cliente o socio;

• Disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el usuario;

• Disposición de efectivo en ventanilla o sucursal no reconocida por el usuario;

• Disposición de efectivo en ventanilla, sucursal o cajero automático no reconocida por el usuario;

• El usuario, cliente y/o socio no reconoce haber celebrado contrato con la institución;

• Emisión de tarjeta de crédito sin solicitud;

• Envío o retiro de dinero móvil no reconocida;

• Inconformidad con el cobro de productos o servicios no contratados por el usuario;

• Inconformidad por cargos no reconocidos en la cuenta por otras Instituciones financieras (aseguradoras, bancos, Sofom, etcétera);

• Robo o extravió de valores depositados; y

• Transferencia electrónica no reconocida. 5

El robo de identidad no sólo se limita a cometer hechos ilícitos en materia económica, generando daños patrimoniales en perjuicio de las víctimas, sino también sus alcances llegan a ser mucho más amplios, toda vez que la información y datos personales que fueron robados son aprovechados por el delincuente para suplantar la identidad de la tercera persona y cometer otros actos ilícitos de mayor o menor impacto.

A pesar de que el robo de identidad presenta gran incidencia en todo el país, aún no se encuentra tipificado a escala federal. Si bien la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares establece el capítulo XI, “De los delitos en materia del tratamiento indebido de datos personales”, los supuestos y las sanciones previstos en éste no son aplicables para quienes incurran en el robo de identidad, pues de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de dicho ordenamiento:

Artículo 2. Son sujetos regulados por esta ley los particulares sean personas físicas o morales de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, con excepción de

I. Las sociedades de información crediticia en los supuestos de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia y demás disposiciones aplicables; y

II. Las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales, que sea para uso exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o utilización comercial.

Por tanto, resulta indispensable tipificar en el Código Penal Federal el robo de identidad, pues en gran parte de los casos, no son las personas físicas o morales obligadas a proteger los datos personales quienes llevan a cabo estas conductas ilícitas, sino terceros ajenos que, a través del engaño, obtienen información personal y/o financiera de las víctimas para suplantar su identidad.

Solamente 16 entidades federativas prevén en sus respectivas legislaciones la tipificación de esta conducta delictiva: Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. Sin embargo, dependiendo del estado en cuestión, este delito se denomina de distintas maneras, ya sea robo de identidad, suplantación de identidad o usurpación de identidad; además, las sanciones establecidas varían tanto en las penas de privación de la libertad como en las multas económicas. A manera de ejemplo se señalan las siguientes legislaciones:

Código Penal para el Distrito Federal 6

Artículo 211 Bis. Al que por cualquier medio usurpe, con fines ilícitos, la identidad de otra persona, u otorgue su consentimiento para llevar a cabo la usurpación en su identidad, se le impondrá una pena de uno a cinco años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa.

Se aumentarán en una mitad las penas previstas en el párrafo anterior, a quien se valga de la homonimia, parecido físico o similitud de la voz para cometer el delito establecido en el presente.

Código Penal para el Estado de Baja California 7

Artículo 175 Quinquies. Tipo y punibilidad. Al que por cualquier medio usurpe o suplante con fines ilícitos o de lucro, la identidad de otra persona, u otorgue su consentimiento para llevar a cabo la usurpación o suplantación en su identidad, se le impondrá pena de seis meses a seis años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa. Se aumentarán en una mitad las penas previstas en el párrafo anterior, a quien además se valga de la homonimia, parecido físico o similitud de la voz para cometer el delito así como en el supuesto de que el sujeto activo del delito tenga licenciatura, ingeniería o cualquier otro grado académico reconocido en el rubro de la informática, telemática o sus afines. Serán equiparables al delito de usurpación o suplantación de identidad y se impondrán las penas establecidas por este artículo, cuando se actualicen las siguientes conductas:

I. Al que por algún uso del medio informático, telemático o electrónico alcance un lucro indebido o genere un daño patrimonial para sí o para otro valiéndose de alguna manipulación informática o intercepción de datos de envío, cuyo objeto sea el empleo no autorizado de datos personales o el acceso no autorizado a base de datos automatizados para suplantar identidades;

II. Al que transfiera, posea o utilice datos identificativos de otra persona con la intensión de cometer, intentar o favorecer cualquier actividad ilícita; y

III. Al que asuma, suplante o se apropie o utilice a través del internet, cualquier sistema informático, o medio de comunicación, la identidad de una persona física o jurídica que no le pertenezca.

Código Penal para el Estado de Sinaloa 8

Artículo 177 Bis. A quien por cualquier medio suplante la identidad de otra persona, con fines ilícitos o de lucro para sí o para otra, u otorgue su consentimiento para llevarla a cabo, se le impondrá prisión de seis meses a tres años y de cuatrocientos a seiscientos días multa.

Artículo 177 Bis A. Será equiparable al delito de suplantación de identidad y se impondrán las mismas penas previstas en el artículo anterior:

I. Al que por algún uso de medio informático, telemático o electrónico, obtenga algún lucro indebido para sí o para otro o, genere un daño patrimonial, mediante el empleo no autorizado de datos personales o el acceso no autorizado a bases de datos automatizadas para suplantar identidades;

II. A quien transfiera, posea o utilice, sin autorización de quien deba otorgarla, datos identificativos de otra persona con la intención de cometer, intentar o favorecer cualquier actividad ilícita; y

III. Al que asuma, se apropie o utilice indebidamente a través de internet, cualquier sistema informático, o medio de comunicación, la identidad de una persona física o jurídica que no le pertenezca para ostentarse como tal sin consentimiento de éste, ya sea en beneficio propio o de un tercero.

Código Penal para el Estado de Zacatecas

Artículo 227. Se sancionará con prisión de uno a tres años y multa de cien a trescientas cuotas.

I. Al que oculte su nombre o apellido y tome otro imaginario o el de otra persona, al declarar ante una autoridad;

II. Al que para eludir la práctica de una diligencia judicial o administrativa o una notificación de cualquier clase o citación de una autoridad, oculte su domicilio, designe otro distinto o niegue de cualquier modo el verdadero;

III. Al funcionario o empleado que en los actos propios de su cargo, atribuyere a una persona determinada título o nombre, a sabiendas que no le pertenece y con perjuicio de alguien; y

IV. Al que por cualquier medio manifieste ante la autoridad una nacionalidad falsa.

Artículo 227 Bis. Se sancionará con prisión de uno a cuatro años y multa de doscientas a trescientas cuotas, a quien ejerza ilícitamente un derecho o use cualquier tipo de datos, informaciones o documentos que legítimamente pertenezcan a otro, que lo individualiza ante la sociedad y que le permite a una persona física o jurídica colectiva ser identificada o identificable, para hacerse pasar por él.

Se equiparan a la usurpación de identidad y se impondrán las mismas penas previstas en el párrafo anterior a quienes otorguen el consentimiento para llevar a cabo la usurpación de identidad o se valgan de la homonimia, parecido físico o similitud de la voz para cometer algún ilícito.

Las sanciones previstas en este artículo se impondrán con independencia de las que correspondan por la comisión de otro u otros delitos.

El Registro Nacional de Población ha recalcado a través de sus medios difusión la relevancia que tiene el derecho a la identidad, al ser este un derecho humano reconocido en diversos instrumentos internacionales; refiere que en México hasta hace pocos años, que el concepto de identidad se plasmó como derecho humano reconocido en la Constitución Política, estableciéndose desde entonces con claridad, que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado gratuitamente de manera inmediata a su nacimiento, así como la obligación del estado mexicano de garantizar el cumplimiento de estos derechos.

Asimismo, enfatiza sobre el derecho de toda persona al nombre propio, a la personalidad jurídica, a la nacionalidad y por ende a la identidad, constituye el derecho primigenio que se convierte de manera automática en la llave de acceso a otros derechos esenciales como el derecho a la salud, a la educación, a la protección y a la inclusión en la vida económica, cultural y política del país para cualquier persona. 9

De ahí que, el objeto de la presente Iniciativa es tipificar en el Código Penal Federal el robo de identidad definiendo con mayor precisión y claridad las conductas que configuran estos actos ilícitos, asimismo establecer sanciones ejemplares que eviten la comisión del mismo.

A efecto de tener mayor claridad de la reforma propuesta, se ofrece el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan el capítulo III Quáter, “Robo de identidad”, y el artículo 390 Ter al Código Penal Federal

Único. Se adicionan el capítulo III Quáter, “Robo de identidad”, y el artículo 390 Ter al Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 390 Ter. Comete el delito de robo de identidad el que por cualquier medio obtenga datos personales o financieros con el objetivo de suplantar la identidad de un tercero, con la finalidad de obtener algún beneficio para sí o para otra persona en perjuicio del patrimonio de la persona suplantada, o para la comisión de cualquier otro delito .

A quien cometa este delito, se le impondrá pena de seis a diez años de prisión y hasta doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las medidas y sanciones administrativas que establezcan las leyes correspondientes.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los congresos de las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días, contados a partir de la publicación del presente decreto, para realizar las adecuaciones normativas correspondientes, de conformidad con lo previsto en el presente decreto.

Notas

1 https://www.condusef.gob.mx/?p=tipos-de-fraude

2 https://www.milenio.com/negocios/ciberataques-fraudes-clientes-ban-cos-aumentan -covid-19

3 https://www.buro.gob.mx/general_gob.php?id_sector=40&id_perio-do=30#

4 https://www.buro.gob.mx/general_gob.php?id_sector=40&id_perio-do=30#

5 Ibídem.

6 https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a081549aa7 cee 4622fffa881b53a6bbd00d52179.pdf

7 https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/ Leyes/TOMO_V/20210813_CODPENAL.PDF

8 https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx: 3001/pdfs/leyes/Ley_7.pdf

9 https://www.gob.mx/segob/renapo/acciones-y-programas/derecho-a-la-identidad-la- puerta-de-acceso-a-tus-derechos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2021.– Diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 19 Bis a la Ley General de Turismo, suscrita por la diputada María Teresa Castell de Oro Palacios e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, María Teresa Castell de Oro Palacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, 77, numeral I, y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 19 Bis a la Ley General de Turismo, al tenor de la siguiente

En el país hay una enorme deuda en materia de inclusión para las personas con discapacidad, y si bien se ha avanzado en algunos aspectos, la realidad es que aún se necesita redoblar esfuerzos para garantizar el desarrollo integral de este grupo poblacional y el pleno goce de sus derechos.

Por años, el concepto discapacidad ha sido abordado desde un punto de vista con enfoque al sector médico o de salud, sin embargo, indistintamente de la condición de cada persona; como seres humanos, existen una serie de derechos a los que todos debemos tener acceso por igual, y uno de ellos, es a la recreación.

Para fines del presente decreto, se tomará como base la definición que ofrece la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidad, donde se define que en el rango de las personas con discapacidad se incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 1

En la actualidad, existen aún ciertos obstáculos a los que se tienen que enfrentar aquellas personas que padecen alguna discapacidad, como las sociales, culturales y físicas. Esto último, hablando ya sobre las actividades pertenecientes al ramo turístico, resulta particularmente complejo, ya que son pocos los destinos que se han desarrollado desde un enfoque de accesibilidad e inclusión.

Y si bien han avanzado las investigaciones respecto a cómo aprovechan su tiempo libre las personas con discapacidad, sus necesidades en el tema turístico son escasamente consideradas, lo que incide considerablemente en la oferta de este sector económico. Aunado a lo anterior, las políticas públicas implementadas a nivel federal, estatal y municipal no han impactado de manera real en el diseño de los destinos nacionales.

A pesar de ya estar reconocida la figura en diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, aún es indispensable concretar directrices que transformen en realidad los buenos propósitos a los que se pretende llegar, ya que, de otra manera, sólo establecen precedentes de buenas intenciones que están muy lejos de traducirse en verdaderos beneficios para todas las personas por igual.

Según información del último Censo de Población y Vivienda, de 2020, en México hay 6 millones179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9 por ciento de la población total del país. 2 Además, se prevé que en los próximos años la cantidad irá en aumento por el envejecimiento de la población en general, y si consideramos que en turismo podemos contabilizar a los viajeros con discapacidad provenientes de otros países.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, a 2020 más de mil millones de personas viven en todo el mundo con algún tipo de discapacidad, aproximadamente el 15 por ciento de la población mundial, 3 por lo que hablamos de un número considerable que seguirá en aumento y para el que debemos estar preparados en el marco jurídico y la esfera de protección a sus derechos.

El artículo 7 del Código Ético Mundial para el Turismo, de la Organización Mundial de Turismo, reconoce a esta actividad como un derecho humano universal, estableciendo que con el apoyo de las autoridades públicas, se desarrollará el turismo social, en particular el turismo asociativo, que permite el acceso de la mayoría de los ciudadanos al ocio, a los viajes y a las vacaciones, y se facilitará el turismo de las familias, de los jóvenes y de los estudiantes, de las personas mayores y de las que padecen minusvalías. Además de reconocer el turismo, en el artículo 2, como un instrumento de desarrollo personal y colectivo, que la comunidad internacional debe fomentar para todos los habitantes del planeta. 4

El artículo 24 de la Carta Internacional de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Al igual, la Organización Mundial del Ocio, que trabaja en coordinación con las Naciones Unidas promoviendo las actividades recreativas a través de diversos órganos, tanto públicos como privados, han reconocido al ocio como un derecho humano básico, ubicándolo en el mismo nivel que la educación, el trabajo y la salud, categoría, donde entra el turismo. 5

En esta dirección, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, estableció que el propósito de la misma es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente, 6 que México ha ratificado y, por tanto, hay el compromiso de adecuar el marco jurídico de nuestro país con respecto a los derechos sociales, en los que se incluye el ocio y el turismo, obligando al estado a adoptar las medidas necesarias para que las personas puedan tener un pleno ejercicio de éstos.

En el contexto nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el primer artículo, reconoce y protege los derechos humanos en territorio nacional, y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, faculta a la Secretaria de Turismo a realizar las acciones correspondientes que permitan acceder a los servicios turísticos a todas las personas con discapacidad, no solo en materia de infraestructura, sino en un sentido más amplio, y la Ley General de Turismo, en su artículo 18, hace mención a promover la prestación de servicios turísticos con accesibilidad, que tengan por objeto beneficiar a la población con alguna discapacidad. 7

En el apartado económico, algunos estudios realizados en España recientemente por la Fundación Once en la jornada Turismo Accesible y Vías Verdes, han concluido que las personas con discapacidad llegan a gastar hasta un 30 por ciento más que el resto de los turistas cuando viajan, en virtud a que deben considerar gastos adicionales en función al destino al que lleguen, donde deben cubrir sus necesidades por cuenta propia, que van desde transportes más costosos o especializados, hasta hoteles o restaurantes que se encuentren adaptados, sin mencionar que existe discriminación cuando intentan acceder a ciertas actividades, paseos o eventos donde muchas veces se pretende cobrarles de más con la excusa de que requieren más atención o medidas únicas. 8

Por ello es necesario innovar respecto a las políticas públicas en el sector turístico, de manera que sea posible conjuntar a organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, academia y sector empresarial para garantizar que se sienten las bases legales y económicas para vincular a todos los grupos vulnerables al turismo.

En México se cuenta con el precedente de que la intervención de gobierno a favor de las personas con discapacidad, además de ser una obligación del estado mexicano, también pueden representar grandes beneficios para las industrias involucradas en el sector turístico, como quedó demostrado después de que el número de visitantes a la playa de Cuastecomates, Jalisco, la primera en el Pacífico mexicano adaptada especialmente para recibir a personas con discapacidad, se triplicara, tras habilitar el entorno para facilitar la llegada y esparcimiento de este sector poblacional, además de posicionar al lugar, como un destino relevante dentro del segmento turístico médico o de salud y para el segmento de personas de la tercera edad, no solamente aquellos con discapacidades. 9

Las personas con alguna discapacidad no sólo suelen enfrentarse con entornos sin accesibilidad universal durante sus vacaciones, también con gastos elevados, pues según estimaciones de la Secretaría de Turismo federal retomadas por la Comisión Permanente del Congreso federal en junio de 2017, “a un turista con discapacidad le resulta 40 por ciento más caro viajar a un destino debido a sus necesidades de traslados, acceso y hospedaje”. 10

En este sentido, es posible concluir que, dentro de los elementos más trascendentales de las acciones de Estado respecto al turismo, se encuentra la accesibilidad.

Garantizando el libre acceso de las personas con discapacidad a todo tipo de servicio o atracción turística, se fomenta el respeto a sus derechos humanos, a la vez que se detona una de las actividades económicas más importantes para nuestro país, como lo es el turismo, algo que beneficia tanto social como económicamente a todos los mexicanos.

Por lo fundamentado se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Único. Se adiciona el artículo 19 Bis a la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 19 Bis. La secretaría establecerá convenios con los prestadores de servicios turísticos, para que ofrezcan promociones, incentivos y descuentos a las personas que presenten alguna discapacidad.

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las entidades federativas contarán con un plazo de 90 días para realizar las adecuaciones correspondientes para cumplir lo establecido en el presente decreto.

Notas

1 https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/crpd/pages/disabilitiesconvention. aspx#:~: text=Las%20personas%20con%20discapacidad%20incluyen,de%20condiciones%20con%20la s%20dem%C3%A1s

2 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx

3 Ibídem.

4 https://webunwto.s3.euwest1.amazonaws.com/imported_images/378 26/gcetbrochureglobalcodee

5 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/internationallaw. aspx#:~: text=El%20derecho%20internacional%20de%20los%20derechos%20humanos&text=La%2 0Declaraci%C3%B3n%20U

6 https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/convencion-so-bre-los-derec hos-de-las-personas-con-discapacidad-2.html

7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

8 https://www.fundaciononce.es/es/noticia/las-personas-con-discap

9 Herrera, Luis. “Turismo incluyente, el pendiente de México”, en Reporte índigo,México, 2018.

10 https://www.reporteindigo.com/reporte/turismo-para-personas-con-discapacidad-el -pendiente-de-mexico/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2021.– Diputada María Teresa Castell de Oro Palacios (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 51 Bis 4 a la Ley General de Salud, a cargo del diputado Carlos Iriarte Mercado, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Carlos Iriarte Mercado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente

La pandemia del Covid-19 nos ha permitido ver la necesidad de garantizar la salud en todas sus dimensiones, transitando hacia un modelo de atención centrado en las necesidades y seguridad de las y los pacientes.

Al respecto, la Secretaría de Salud (Ssa) ha enumerado recomendaciones para atender estas necesidades a través de la integración de cuidadores primarios como coauxiliares del equipo de salud durante la estancia intrahospitalaria del paciente pediátrico con Covid-19. 1 Ello, para generar una política de sinergia que integre a las familias y al personal hospitalario.

La Ssa refiere que durante los brotes por Covis-19, en el mundo se ha reportado 2 por ciento de pacientes pediátricos infectados. De este porcentaje, se estima que cerca de 5.9 podría sufrir consecuencias y requerir manejo hospitalario. 2 Lo último es relevante, dado que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), detalla que en México existían, hasta antes de la pandemia, alrededor de 300 mil personas ocupadas en este rubro; pero debido a los brotes, la cifra se vio rebasada como consecuencia de la presión del coronavirus en el sistema hospitalario nacional. 3

Sin embargo, la población pediátrica que requiera de atención sanitaria constante y específica por diagnóstico (como la afectada por Covis-19 y que requiere atención intrahospitalaria, mencionada anteriormente) o discapacidad, no es la única que puede beneficiarse de la integración de un/a co-auxiliar del equipo de salud. Por ello, esta iniciativa busca garantizar también la integración y el reconocimiento del cuidador primario, asistente personal o persona de apoyo como co-auxiliar del equipo de salud, antes, durante y después de la estancia hospitalaria de la o el paciente con discapacidad. 4 Lo último, para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y tomar en cuenta su opinión y decisión, así como sus necesidades de atención y apoyo cuando requieran comunicarse, alimentarse, asearse, trasladarse, u otras actividades.

Estas consideraciones representan derechos inherentes pro persona que deben ser garantizados en función de las necesidades y derechos de los pacientes pediátricos, personas adultas o adultas mayores que requieran de atención constante y específica por edad, diagnóstico o discapacidad, sin distinción de raza, religión, orientación sexual, condición física o socioeconómica ni por ningún otro motivo, a la vez que permitan que un allegado asuma el rol de co-auxiliar del equipo de salud proporcionando cuidados no médicos y acompañamiento en los procedimientos, salas de urgencias, o durante la hospitalización.

Además del trabajo formal de los equipos y el personal de salud, el trabajo no remunerado que los hogares destinan a los cuidados de salud también está relacionado con la prevención, la recuperación y el mantenimiento de la misma. El tiempo que los ocupantes de los hogares mexicanos dedicaron a las actividades de cuidado y mantenimiento de la salud fue de 5 mil 30 millones de horas en 2019. 5 De este total, 69.5 ocurrió dentro de los propios hogares, mientras que el tiempo restante se repartió entre el apoyo a otros hogares o a organizaciones sin fines de lucro. 6 En términos productivos, la Cuenta Satélite del Sector Salud de México (Inegi) da cuenta de que, a 2019, el producto interno bruto ampliado (PIBA) del sector salud contribuyó con 5.6 del PIB nacional. 7 Del total del PIBA, el TNRS aportó 27.3. 8

Esta iniciativa considera también la perspectiva de género y, eventualmente, busca ayudar a redistribuir los trabajos de cuidado de forma más equilibrada entre hombre y mujeres. Según la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (Inegi) de 2019, en México 67 por ciento del tiempo de las mujeres es dedicado a trabajos no remunerados como el trabajo doméstico y voluntario, pero también el de cuidados de algún familiar o allegado. 9 En el caso de los hombres, esta proporción es de sólo 28 por ciento. 10 A escala mundial, la situación es similar. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud y ONU-Mujeres, las mujeres dedican 2.6 veces más tiempo a labores domésticas no remuneradas, incluyendo el cuidado de una o más personas. 11

Reconocer a los cuidadores primarios, asistentes personales o personas de apoyo como coauxiliares del equipo de salud, es un paso legal necesario para que las mexicanas que ya dedican parte de su tiempo a los cuidados de pacientes pediátricos o de una persona adulta o adulta mayor que requiera de atención constante y específica, por edad, diagnóstico o discapacidad, cuenten con el acompañamiento suficiente desde el Estado en materia de capacitación, información y laboral-salarial.

Asimismo, una mayor claridad en torno a los derechos que tendría un coauxiliar de salud, es un incentivo adicional para que los hombres compartan estas tareas en mayor proporción a la que registran los datos más recientes, ya que se elimina el potencial argumento de la ambigüedad legal o de funciones. Como se mencionó anteriormente, esta iniciativa busca impulsar la redistribución del cuidado no remunerado que hoy realizan en su mayoría las mujeres mexicanas, así como promover la corresponsabilidad intrafamiliar en materia de cuidados.

La situación demográfica de México y sus variables también son consideradas en esta iniciativa. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2020 (Inegi), en el país viven 20.8 millones de personas con alguna discapacidad. 12 De ese total, 6.1 millones presentan marcadas dificultades para realizar actividades cotidianas; 13.9 millones lo hacen con dificultad leve o moderada; y 1.5 millones presentan condición mental que amerita algún tipo acompañamiento de salud. 13 Adicionalmente, en 2015, los adultos mayores formaban 10.4 por ciento (12.4 millones de personas) de la población nacional, y para 2030 su proporción crecerá a 14.6 (20.1 millones de personas). 14  Asimismo, se espera un incremento en la “esperanza de vida en México (...) de 75.34 años en 2017 a 76.97 años en 2030”. 15 Esto implica que, con un grado considerable de certeza, cada vez más mexicanas y mexicanos realizarán labores completas o parciales de cuidado a un familiar o allegado. El envejecimiento poblacional es, por ende, una razón adicional para que los cuidadores primarios, asistentes personales o personas de apoyo puedan asumir la figura de coauxiliar de salud, evitando así la ambigüedad legal que, comúnmente, se asocia a la violación de derechos y la precarización de condiciones socioeconómicas.

Es pertinente el caso de Estados Unidos de América, donde la legislación federal contempla una figura similar a la de coauxiliar del equipo de salud (“caregiver”). 16 Dicha figura, dependiendo de las especificaciones plasmadas en las legislaciones estatales, puede recibir capacitación para distintos tipos de cuidados (Alzheimer, diferentes tipos de cáncer, discapacidades motrices en niños y adultos, atención pre o postoperatoria, entre otras condiciones específicas); material informativo impreso o digital; apoyo emocional y psicológico permanente (ya que se reconoce que el cuidado de un familiar o allegado puede ser demandante y estresante); 17 y apoyos monetarios gubernamentales a manera de salario por sus labores de cuidado. 18

Actualmente existen medidas establecidas en los subsistemas de salud que permiten el acompañamiento del paciente por un familiar o allegado. Sin embargo, en el texto legal no se han unificado las figuras para que sean garantes del acceso, goce y ejercicio de los derechos de las y los pacientes pediátricos y de las personas adultas y adultas mayores que requieran de atención constante y específica de otra persona, ya sea por edad, diagnóstico o discapacidad.

Con base en lo anterior y con estricto arreglo a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo Primero y Artículo Cuarto, referente a la Protección de Derechos y la Garantía de Servicios de Salud, se señalan las disposiciones que fortalecen la necesidad de vincular estos derechos en la legislación secundaria:

1. Reconocer que la discapacidad en personas de cualquier edad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas en esta condición y las barreras en su entorno, mismas que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

2. Reconocer que los pacientes pediátricos y las personas adultas y adultas mayores que requieran de atención constante y específica, por edad, diagnóstico o discapacidad, así como sus familiares o allegados, deben recibir la protección y la asistencia necesarias desde el Estado para que las familias, que son una unidad colectiva fundamental en la sociedad, puedan contribuir a que las personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de condiciones.

3. Exigir a las y los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad una atención de la misma calidad que a las demás personas, sin distinción de raza, religión, orientación sexual, condición física o socioeconómica ni por ningún otro motivo, y sobre la base de un consentimiento libre e informado. Entre otras formas, mediante la sensibilización en materia de Derechos Humanos, dignidad, autonomía, transversalidad, y las necesidades de las personas con discapacidad, a través de la capacitación y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y privado.

4. Ofrecer formas de asistencia humana o animal, o de intermediarios, incluidos guías, lectores, intérpretes profesionales de la lengua de señas, y traductores de lenguas indígenas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público.

En consecuencia, es pertinente reiterar que las labores de los cuidadores primarios, asistentes personales o personas de apoyo, forman parte del bloque convencional de los Derechos Humanos, reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del mandato del artículo 133, por lo que estos derechos ya se encuentran referenciados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en los términos del artículo 19 (Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad), en cuyo contexto se lee:

Los Estados parte en la presente convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial que

a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico;

b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta;

c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades. 19

Por lo mismo, se reafirma que las acciones que promueve esta iniciativa se encuentran consideradas en el bloque convencional de los Derechos Humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce la jerarquía de los tratados internacionales que México ha ratificado en un nivel inmediato inferior a la Norma Suprema y por encima de las leyes federales, tal como se lee:

[...] El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de ‘leyes constitucionales’, y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la ley fundamental y por encima del derecho federal y el local [...] 20

Es en el sentido de esta exposición de motivos que, para materializar la configuración del sistema, a fin de atender la creciente dependencia de los pacientes hacia el personal de salud co-auxiliar y brindar un marco de certeza legal para la labor de esta población, la presente iniciativa considera pertinente adicionar un artículo a la Ley General de Salud en los siguientes términos:

Ley General de Salud

Por lo fundado y motivado someto a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el artículo 51 Bis 4 a la Ley General de Salud

Único. Se adiciona el artículo 51 Bis 4 a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 51 Bis 4. Dado el supuesto que los usuarios de los servicios de salud requieran de atención constante y específica, por edad, diagnóstico o discapacidad, proporcionada dentro y fuera de las instituciones de salud, esta Ley reconoce al cuidador primario, asistente personal, o persona de apoyo como co-auxiliar del equipo de salud.

Esta figura tiene derecho a acompañar, asistir, y que le sean proporcionadas todas las facilidades necesarias para colaborar o coadyuvar al apego al tratamiento médico y de salud del usuario, así como a recibir información, formación y acompañamiento integral en salud para garantizar un trabajo digno y un buen desempeño.

Único. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 “Recomendaciones para la integración del cuidador primario como coauxiliar del equipo de salud durante la estancia intrahospitalaria del paciente pediátrico con Covis-19”. Gobierno de México (2020). Disponible en:

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/06/Recomen-da ciones_integracion_cuidador_primario_auxiliar_equipo_salud_estancia_intrahospit alaria_paciente_pediatrico_Covis-19.pdf

2 Ibídem.

3 Estadísticas a propósito del Día de las y los Cuidadores de Personas Dependientes. Inegi (2019). Disponible en

http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/usieg/comunicados/25ene 19/economia/9_cuidadoresdepersonasdependientes_230118-9.pdf

4 “Integración del cuidador primario, asistente personal o persona de apoyo como coauxiliar del equipo de salud antes, durante y después de la estancia hospitalaria del paciente con discapacidad”. Disponible en

https://drive.google.com/file/d/1ZrnNgL1uXtIzP3BESJeyAeNL0cYbJBC y/view

5 Cuenta Satélite del Sector Salud de México-Inegi (2019). Disponible en

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/ StmaCntaNal/CSSS2019.pdf

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 Ibídem.

9 Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo de 2019: Presentación de resultados. Disponible en

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enut/2019/doc/enut _2019_presentacion_resultados.pdf

10 Ibídem.

11 “La contribución imprescindible de las mujeres: sector sanitario y trabajo de cuidados” (2019). OPS-ONU Mujeres. Disponible en

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enut/2019/doc/enut _2019_presentacion_resultados.pdf

12 “CNDH llama al Estado mexicano a actualizar políticas públicas para personas con discapacidad” (2021). CNDH con datos del Inegi a 2020. Disponible en

https://www.cndh.org.mx/documento/cndh-llama-al-estado-mexicano- actualizar-politicas-publicas-para-personas-con

13 Ibídem

14 “Análisis prospectivo de la población de 60 años de edad en adelante”. Sedesol (2017). Disponible en

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/201801/An_lisis_p rospectivo_de_la_poblaci_n_de_60_a_os_en_adelante.pdf

15 Ibídem.

16 “Caregiver support”. USA Government (2021). Disponible en

https://www.usa.gov/disability-caregiver

17 “Help and support for caregivers”. USA Government (2021). Disponible en

https://www.usa.gov/disability-caregiver#item-36997

18 “Get paid as a caregiver for a family member”. USA Government (2021). Disponible en

https://www.usa.gov/disability-caregiver#item-213957

19 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, DOF, 03 de mayo de 2008. Disponible en

https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

20 “Tratados internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución federal”. Novena época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo: X, noviembre de 1999. Tesis P. LXXVII/99. Página: 46. Materia: constitucional. Tesis aislada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2021.– Diputados y diputadas: Carlos Iriarte Mercado, Alan Castellanos Ramírez, Jaime Bueno Zertuche, José Antoio Gutiérrez Jardón, Laura Barrera Fortoul, Laura Lorena Haro Navarro, María Guadalupe Alcántara Rojas, Melissa Estefanía Vargas Camacho, Miguel Sámano Peralta, Oscar Gustavo Cárdenas Monroy, Sue Ellen Bernal Bolnik, Yolanda de la Torre Valdez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Nacional de Procedimientos Penales, en materia de delitos ambientales, suscrita por los diputados Karen Castrejón Trujillo, Eunice Monzón García y Luis Edgardo Palacios Díaz, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, los diputados Karen Castrejón Trujillo, Eunice Monzón García y Luis Edgardo Palacios Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, integrantes de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente

México es considerado un país megadiverso, debido a que forma parte de un grupo de naciones que en su conjunto poseen casi el 70 por ciento de la biodiversidad mundial, a pesar de que ocupan menos del 10 por ciento de la superficie de la tierra.

Somos el quinto lugar con mayor número de especies de plantas, cuarto en anfibios, segundo en mamíferos y primero en reptiles. En total existen más de 108 mil especies descritas en el país, aunque, las autoridades ambientales advierten, podrían ser millones las que habitan en nuestros suelos, aguas u otros sitios recónditos. 1

Se han descrito 23 mil 424 especies de plantas vasculares, mil 107 de aves, 864 especies de reptiles, 528 especies de mamíferos, 361 de anfibios y mil 800 especies de mariposas.

De los 17 países con mayor biodiversidad, el nuestro se ubica en el lugar número 5, después de Brasil, Colombia, China e Indonesia. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas señala que las circunstancias que propiciaron esta riqueza natural son las siguientes: 2

• México cuenta con litorales tanto en el Atlántico como en el Pacífico, junto con Estados Unidos y Colombia.

• Por su posición geográfica, es atravesado por el trópico de Cáncer, lo que nos posiciona dentro de la zona tropical de la Tierra, en donde se encuentra la mayor diversidad de especies.

• Debido a la topografía mexicana, que posee tanto montañas como áreas planas, desérticas y boscosas, es factor determinante en la proliferación de gran variedad de especies producto de sus variadas altitudes, rodeadas de mares y de heterogéneos ambientes, suelos y climas.

• Respecto a las costas mexicanas, pueden encontrarse variedad de ecosistemas como manglares, estuarios, lagunas costeras y arrecifes coralinos. Además, por la separación entre las islas y el continente, se ha dado el aislamiento, circunstancia que ha generado el desarrollo de flora y fauna endémicas.

Como parte de las acciones implementadas por nuestras autoridades en la materia, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) destaca las siguientes:

• El sistema federal de Áreas Naturales Protegidas (ANP), que abarca más de 25 millones de hectáreas (12.96 por ciento del territorio nacional).

• El Pago por Servicios Ambientales (PSA), con una cobertura de 3 millones de hectáreas.

• La operación de más de 12 mil Unidades de Conservación y Manejo de Vida Silvestre (UMA), que cubren alrededor de 39 millones de hectáreas (19.3 por ciento del territorio nacional).

• La silvicultura sostenible, mediante programas comunitarios, certificación de bosques y de plantaciones, así como actividades de reforestación.

• La formulación de Estrategias Nacionales sobre Biodiversidad (EnBioMex), Conservación Vegetal (EMCV), especies invasoras, islas, entre otras.

• Los estudios y estrategias estatales de biodiversidad en 22 entidades federativas.

• El Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SNIB)

Sumado a ello, se debe exaltar que el medio ambiente es considerado un derecho humano consagrado en nuestra Carta Magna, que en su artículo 4o. establece que:

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

...

...

...

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

...

Para la protección de este derecho, se cuenta con un amplio cuerpo normativo; así como las instituciones que se encargan de la vigilancia del cumplimiento de las mismas.

A pesar de ello, contamos con amplia evidencia de que existen daños severos a nuestros ecosistemas, a los recursos naturales y al medio ambiente en su conjunto.

México perdió 262 mil hectáreas de bosque hasta el 2018, de acuerdo con los datos más actualizados del Global Forest Watch. Una de las principales causas de la pérdida de selvas y bosques es el cambio de uso de suelo que se realiza, sobre todo, para la expansión de la ganadería y la agricultura. En algunas zonas del país, la deforestación se asocia con el auge que han tenido cultivos como la soya, la palma africana o el aguacate.

Especialistas de la Universidad de Cambridge destacan que alrededor del 90 por ciento de los cambios de uso de suelo que se registran en el país se hacen en forma ilegal. 3

Respecto a la contaminación por residuos sólidos urbanos tenemos que somos uno de los países con menor responsabilidad respecto a su tratamiento, el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos 4 elaborado por la Semarnat en el 2020, muestra gráficamente la cantidad de basura que generamos en las diversas entidades por día:

Lo anterior, mostrando una realidad innegable que nos obliga a consolidar políticas eficientes que pongan un alto, no sólo a su correcto manejo sino a su reducción desde el origen.

Ahora bien, la presente iniciativa se centra en la biodiversidad cuyos datos resultan aún más alarmantes; de acuerdo con especialistas, el tráfico ilegal de las especies se ha reconocido como un negocio de talla internacional, ya que por su alta demanda involucra grandes cantidades de dinero, en donde nuestro país penosamente se posiciona en el cuarto lugar dentro de esta actividad ilegal.

Solo detrás de los mercados de droga y productos falsificados, se encuentra el tráfico de biodiversidad, en donde se asegura están involucradas redes internacionales que cada día buscan controlar esta ilegal actividad.

En el informe “El tráfico de especies como un caso paradigmático de corrupción transnacional: potenciales aportaciones del control externo gubernamental”, 5 realizado por el Grupo de Trabajo Especializado en la Lucha contra la Corrupción Transnacional y la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, estima que para el 2019 el tráfico ilícito de especies alcanzó un volumen de negocio anual entre 7 mil y 23 mil millones de dólares, lo que lo convierte en una actividad altamente lucrativa y con bajo nivel de sanción para quienes la planean y ejecutan. Dichas personas han visto en América Latina y, en especial, en nuestro país, un campo fértil debido a la riqueza de su biodiversidad.

Como estas actividades existen muchas más que pueden constituir no sólo una afectación al medio ambiente, sino un delito ambiental de conformidad a las leyes ambientales y penales de nuestro país.

Es de señalarse que las leyes ambientales fueron creadas con enfoque preventivo, en donde el objetivo primordial era generar consciencia en la sociedad sobre la importancia de los recursos naturales con los que contamos, así como los servicios ambientales que de ellos emanan; sin embargo, con el paso del tiempo esta legislación ha tenido que ser transformada y armonizada a las exigencias de nuestra realidad que muestra la intervención negativa y dolosa del ser humano en contra de nuestro medio ambiente.

Actualmente, en su mayoría, las leyes de carácter ambiental ya cuentan con su propio apartado de sanciones ante el incumplimiento de los preceptos que la integran; sin embargo, ello no ha sido suficiente para lograr poner un alto definitivo a las acciones que atentan contra el equilibrio ecológico de nuestro país.

Para ello, fue necesario integrar dentro de las leyes penales un apartado especial que sancione dichas actividades dentro del Código Penal Federal denominado “Delitos contra el Ambiente y la Gestión Ambiental”. No obstante, las penas vigentes no resultan lo suficiente coercitivas para poner un alto definitivo a estos delitos.

Como se ha referido, las personas que llevan a cabo dichas acciones asumen el riesgo de cometer estos delitos sabiendo que la imposición de la pena no implicará una pena privativa de la libertad o bien, que las ganancias económicas son superiores y capaces de cubrir las sanciones monetarias impuestas por el juzgador.

En este sentido, se retoma lo que la teoría penal señala respecto al objetivo de la pena que no es otra cosa más que la necesidad de contar con un medio de represión, imprescindible en orden al correcto mantenimiento de las condiciones que hacen posible la convivencia de las personas en una comunidad.

Sin embargo, ello, al menos en el caso de nuestro país, no ha sido la vía para lograr desincentivar la comisión de dichos delitos, sumado a una falta de armonización y actualización legal que ha dejado a los delitos ambientales fuera del catálogo de delitos considerados graves.

Situación advertida por especialistas y legisladores que en ejercicios anteriores han impulsado propuestas para lograr que estos delitos sean considerados graves y con ello elevar las penas y multas, abonando no sólo al cumplimiento de la ley, sino a la protección más amplia de nuestra biodiversidad y recursos naturales.

En ejercicios anteriores, diputados destacaban que la legislación penal federal disponía en el artículo 194 del extinto Código Federal de Procedimientos Penales, aquellas conductas que fueran consideradas delitos graves y en específico la fracción XXXIII Bis, señalaba como delitos graves los delitos contra el ambiente en comisión dolosa; precepto que no fue retomado en el texto del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente.

Hoy, el artículo 167 de referido Código Nacional establece las causas de procedencia de la prisión preventiva para los delitos graves, excluyendo los “delitos contra el ambiente”, situación que consideramos grave por representar un retroceso en la protección de garantía tan fundamental como lo es el derecho a un medio ambiente sano.

Coincidiendo en la necesidad de aplicar el principio de progresividad, como obligación del Estado para garantizar la continuidad en el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos y prohibir el retroceso de los derechos previamente reconocidos en materia ambiental.

Es por ello que se propone una reforma al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales para aumentar y armonizar las penas establecidas en materia de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental; así como para incluir a los delitos ambientales como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Para mayor entendimiento se presenta el cuadro comparativo con las propuestas planteadas:

Código Penal Federal

Código Nacional de Procedimientos Penales

Con dichas reformas se busca la correcta protección de nuestros ecosistemas y, especialmente, armonizar y garantizar la progresividad en lo que respecta a la protección al derecho humano a un medio ambiente sano.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales

Primero. Se reforman los artículos 414, 415, 416, 417, 418, 419, 419 Bis, 420, 420 Bis, 420 Ter y 420 Quáter del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 414.- Se impondrá pena de dos a dieciocho años de prisión y de seiscientos a seis mil días multa al que ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, transporte, abandono, desecho, descarga, o realice cualquier otra actividad con sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas, lo ordene o autorice, que cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente.

...

...

...

Artículo 415.- Se impondrá pena de dos a dieciocho años de prisión y de seiscientos a seis mil días multa, a quien sin aplicar las medidas de prevención o seguridad:

I. y II. ...

...

...

Artículo 416.- Se impondrá pena de dos a dieciocho años de prisión y de seiscientos a seis mil días multa, al que ilícitamente descargue, deposite, o infiltre, lo autorice u ordene, aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal, que cause un riesgo de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua, a los ecosistemas o al ambiente

...

Artículo 417.- Se impondrá pena de dos a dieciocho años de prisión y de seiscientos a seis mil días multa, al que introduzca al territorio nacional, o trafique con recursos forestales, flora o fauna silvestre viva o muerta, sus productos o derivados, que porten, padezcan o hayan padecido, según corresponda alguna enfermedad contagiosa, que ocasione o pueda ocasionar su diseminación o propagación o el contagio a la flora, a la fauna, a los recursos forestales o a los ecosistemas.

Artículo 418.- Se impondrá pena de dos a dieciocho años de prisión y de seiscientos a seis mil días multa, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas, al que ilícitamente:

I. a III. ...

...

Artículo 419.- A quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera aserrada, se impondrá pena de dos a dieciocho años de prisión y de seiscientos a seis mil días multa. La misma pena se aplicará aun cuando la cantidad sea inferior a cuatro metros cúbicos, si se trata de conductas reiteradas que alcancen en su conjunto esta cantidad.

...

Artículo 419 Bis.- Se impondrá pena de uno a diez años de prisión y el equivalente de cuatrocientos a cuatro mil días multa a quien:

I. a VI. ...

...

...

Artículo 420.- Se impondrá pena de dos a dieciocho años de prisión y de seiscientos a seis mil días multa, a quien ilícitamente:

I. a V. ...

...

...

Artículo 420 Bis.- Se impondrá pena de dos a dieciocho años de prisión y de seiscientos a seis mil días multa, a quien ilícitamente:

I. a IV. ...

...

Artículo 420 Ter.- Se impondrá pena de dos a dieciocho años de prisión y de seiscientos a seis mil días multa, a quien en contravención a lo establecido en la normatividad aplicable, introduzca al país, o extraiga del mismo, comercie, transporte, almacene o libere al ambiente, algún organismo genéticamente modificado que altere o pueda alterar negativamente los componentes, la estructura o el funcionamiento de los ecosistemas naturales.

...

Artículo 420 Quáter.- Se impondrá pena de uno a diez años de prisión y de y de seiscientos a seis mil días multa, a quien:

I. a V. ...

...

Segundo. Se reforman las fracciones XVI y XVII; así como se adiciona una fracción XVIII, todas del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 167. Causas de procedencia:

...

...

...

...

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal, de la manera siguiente:

I. a XV. ...

XVI. Enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224, en relación con su séptimo párrafo ;

XVII. Robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades, previsto en los artículos 376 Ter y 381, fracción XVII; y

XVIII. Contra el ambiente y la gestión ambiental, previsto en los artículos 414, 415, 416, 417, 418, 419, 419 Bis, 420, 420 Bis, 420 Ter y 420 Quáter.

...

I. a III. ...

...

...

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase, “México país megadiverso”. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales”, 21 de mayo de 2016. Disponible en:

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/mexico-pais-megadiverso-31 976

2 Véase, “México Megadiverso”. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 6 de septiembre de 2018. Disponible en:

https://www.gob.mx/conanp/articulos/mexico-megadiverso-173682

3 Véase, “Los desafíos ambientales de México para el 2020”, Thelma Gómez Durán, 14 de enero de 2020. Disponible en:

https://es.mongabay.com/2020/01/los-desafios-ambientales-de-mexi co-para-el-2020/

4 Véase, “Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos”, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 15 de mayo de 2021. Disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/554385/DBGIR-15-m ayo-2020.pdf

5 Véase; “El tráfico de especies como un caso paradigmático de corrupción transnacional: potenciales aportaciones del control externo gubernamental”. Disponible en:

https://cites.org/sites/default/files/fauna_e_flora02mar2021SPN_ web.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2021.– Diputado y diputadas: Luis Edgardo Palacios Díaz, Karen Castrejón Trujillo, Eunice Monzón García (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Ángel Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 77, 78 y 102, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo vigésimo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar el derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción, a la fiscalización, a la rendición de cuentas públicas y al combate a la corrupción, de conformidad con la siguiente

Como lo señaló el L.D. Johan Ricardo Matus Marcial el 14 de agosto de 2019 en su publicación “Derecho humano a un medio ambiente sano libre de corrupción”, la corrupción ha sido uno de los males que aqueja a nuestra nación, surgida como una práctica ligada a la vida pública que se ha implantado en nuestra sociedad, llegando a ser equiparable a una costumbre.

De acuerdo con el Latinobarómetro 2018, México se incluye dentro de la región más desconfiada de la tierra con un 22 por ciento de la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, representando el quinto peldaño de los países de América Latina con menos confianza, siendo Brasil el primer sitio.

Sabemos poco de ella pero se aparece en todas nuestras transacciones: en el pago de servicios supuestamente gratuitos como la recolección de basura, en el expendio de litros de gasolina que en lugar de tener mil mililitros como en todo el mundo en México sólo tienen 900 ml., en la emisión de certificados de inglés a maestros que no conocen el idioma, en la asignación por herencia de una plaza vacante que debiera ser concursada, en la ocupación privada de un espacio público a cambio de una renta mensual, en la obtención de una comisión por canalizar recursos a un municipio, en el diezmo cobrado a los trabajadores de una dependencia, en la liberación de un delincuente a cambio de una paga, en la asignación de un proyecto de infraestructura que debió ser licitado, en la entrega de información confidencial para ganar una subasta, en la exoneración de la entrega de impuestos que fueron retenidos, en el desvío de recursos de la federación etiquetados para equipar a la policía o las aulas de las escuelas.

Conocemos algunas de sus causas, pero no logramos comprender cómo se concatenan para constituir un modo de vida. Observamos que tiene consecuencias negativas en el crecimiento, pero la dejamos operar. Sabemos que daña la economía familiar de los más necesitados, que profundiza la desigualdad y que disminuye el bienestar, pero optamos por practicarla. Identificamos a los que la cometen, pero los premiamos con puestos de gobierno y un lugar privilegiado en la sociedad. Estudiamos casos exitosos para erradicarla, pero no los replicamos. La condenamos, pero la justificamos. Hablamos, claro está, de la corrupción.

El derecho humano a un medio ambiente sano libre de corrupción, que emana de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CIC), que fue suscrita en Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996 y entró en vigor por los Estados firmantes un año después, iniciando el proceso de ratificación de las partes, en donde México realizó el acto correspondiente el 27 de mayo de 1997.

La aplicabilidad en México se encuentra fundamentado en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que establece:

Artículo 133.- Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.

Como lo señalan Estefanía Medina y Adriana Greaves en la edición de la revista Nexos de enero 21 de 2020, si en algo coincidimos todas las mexicanas y mexicanos es que el fenómeno de la corrupción presenta un obstáculo al progreso de la sociedad debido, entre otros, a sus efectos negativos en el goce de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La corrupción, como ya se ha reconocido, presenta un impedimento real y muchas veces absoluto en la materialización de los derechos económicos, políticos y sociales de los ciudadanos. En el estudio Corrupción y derechos humanospublicado el 6 de diciembre de 2019 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se señala que: “los Estados no pueden cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos cuando existe corrupción extendida. Por el contrario, la privación de los derechos como la alimentación, la salud, la vivienda y la educación son algunas de las terribles consecuencias que produce la corrupción en los países latinoamericanos.”

México es el país 124 de 180 países a nivel mundial de acuerdo con el índice de Transparencia Internacional del 2020. Es decir que estamos prácticamente al final de la lista. Escándalos como la llamada estafa maestra —un mecanismo descubierto por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Animal Político-, dejaron al descubierto el uso de redes de diversas instancias del gobierno, universidades públicas y empresas privadas para evitar que los recursos destinados a servicios elementales que se traducen en derechos humanos como el acceso a la salud, alimentación, apoyos a personas adultas mayores, fueron cínicamente desviados a causa de estos esquemas de corrupción. En ese contexto, surge una gran interrogante: ¿existe el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción? En su caso, ¿se puede considerar como un derecho humano?

En la sentencia de Amparo Directo 589/2018, el juzgador Fernando Silva García, adscrito al Octavo Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México consideró que:

“Por ende, toda vez que los hechos evidencian que en México existe un severo problema de corrupción, los derechos fundamentales contenidos en los artículos 6, 109 y 134 constitucionales tienen para este juzgador una eficacia reforzada.

De conformidad con lo previsto por los artículos 6, 16, 108, 109, 113 y 134 constitucionales y con la reforma que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, puede concluirse válidamente que la Constitución reconoce los derechos fundamentales a la transparencia, honradez y rendición de cuentas respecto del uso de recursos públicos ya que establece un régimen de actuación y comportamiento Estatal, así como de responsabilidades administrativas.

De lo anterior, este juzgador —como lo señaló en el juicio de amparo 1311/2016— desprende que existe un derecho fundamental a favor de los ciudadanos de vivir en un ambiente libre de corrupción en el que todas las personas servidoras públicas desempeñen su labor con honradez, honestidad ética y transparencia.”

Asimismo, este juzgador advierte que, con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 27 de mayo de 2015, el poder reformador de la Constitución creó el Sistema Nacional Anticorrupción el cual es garantía institucional y procesal de la sociedad para vivir en un ambiente libre de corrupción.

Al tenor de lo anterior, se establece la calidad de derecho humano a un medio ambiente sano contemplado en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna en su vertiente libre de corrupción; además, por la obligatoriedad de aplicación de la Constitución, el Estado se obliga a encaminar esfuerzos legislativos para contrarrestar este mal que aqueja a nuestra sociedad.

A más de lo anterior, el Estado ha fijado una postura política a la erradicación de la corrupción a través de iniciativas y actos tendientes a fiscalizar a los distintos niveles de gobierno, servidores públicos y, en general, a todo aquel ciudadano por el cual se tengan indicios de esta conducta criminal, incluida la ampliación al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) nació como una concesión de un gobierno fallido ante la ciudadanía para aliviar la presión social, a pesar de que la concesión debería ser del pueblo a los gobernantes y no al revés.

La reforma que creó al SNA omitió pagar una deuda histórica con el pueblo: reconocer la soberanía de las y los mexicanos sobre el ejercicio de sus recursos públicos y, por lo tanto, reconocer explícitamente nuestro derecho fundamental a combatir la corrupción.

Hoy en día, un ciudadano común que quiera combatir la corrupción se encontrará con un sinnúmero de barreras, no sólo políticas y fácticas, sino también jurídicas.

Supongamos que alguien se entera de un caso indignante de corrupción; decide hacer algo por su cuenta en lugar de esperar a que el gobierno actúe por iniciativa propia; se organiza, obtiene documentos que prueban el involucramiento de varios políticos y empresarios en una red de corrupción y presenta una denuncia penal en su contra. Recibida su denuncia, las autoridades lo acompañarán a la calle y le cerrarán la puerta. “Nosotros nos encargamos. ¿Qué quiere ver el expediente? No, es que no se puede. Usted no es el afectado. No le violaron ningún derecho”.

La anterior es sólo una de las mil formas en que la falta de un reconocimiento expreso del derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción impide que un ciudadano pueda exigir el correcto ejercicio de los recursos públicos y vigilar a las autoridades en el desarrollo de sus obligaciones anticorrupción.

La exigencia de que el Constituyente Permanente —el órgano encargado de reformar nuestra Constitución— reconozca este derecho es de trascendental importancia por dos razones: i) reconocer el derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción no sólo es posible y deseable, sino que además es necesario si pretendemos que el pueblo sea realmente el soberano del cual emana y para el cual se constituye el poder del Estado; de lo contrario, la soberanía popular seguirá siendo, en gran proporción, un simple discurso legitimador del Estado, una retórica constitucional y no una realidad; y ii) a través de su reconocimiento, el combate a la corrupción se convierte en una labor que puede iniciar desde cualquier trinchera en la sociedad, multiplicando las posibilidades de que realmente se combata la corrupción y reconociendo un derecho que deberíamos tener todas las personas.

Reconocer este derecho implica llevar a cabo una democratización necesaria de la lucha anticorrupción. Si consideramos que la corrupción es un mal sistemático que infecta a millones de individuos y un sinnúmero de relaciones sociales, entonces la mejor apuesta es que la cura venga de un sistema igual de amplio, en el que cualquier persona —y no sólo los órganos del Estado y los cinco representantes de las OSC previstos en el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción— pueda defender y exigir jurídicamente que se respete su derecho a la no corrupción. Así se multiplican las probabilidades de que agentes “sanos” (no corruptos) impulsen los cambios necesarios desde las partes del sistema que se encuentran “limpias”. Frente a la pregunta acerca de ¿quién vigilará a los gobernantes?, tal vez la mejor respuesta sea que serán los gobernados. (Miguel Alfonso Meza, abril 25, 2019, El derecho humano a un ambiente libre de corrupción, reivindicar la soberanía popular, Revista Nexos).

El derecho mexicano acepta la aplicación del derecho internacional dentro del ordenamiento jurídico. Partiendo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encontramos diversas disposiciones tales como los artículos 42, 89 y 76 en las que se reconoce la validez de las normas internacionales. Asimismo, el artículo 133 califica como parte de la Ley Suprema de toda la Unión a los tratados internacionales. (Maestra Elma del Carmen Trejo García, julio 2006, Los tratados internacionales como fuente de derecho nacional).

Legislación internacional

A continuación, se citan los tratados y convenciones internacionales suscritos por México, que se relacionan con la necesidad de adicionar el derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción y al adecuado y eficiente ejercicio del recurso público, así como al fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción.

Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Corrupción.

En su prefacio se asentó lo siguiente:

“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. Este fenómeno maligno se da en todos los países –grandes y pequeños, ricos y pobres– pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo.

La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo. Por consiguiente, me complace que dispongamos ahora de un nuevo instrumento para hacer frente a este flagelo a escala mundial.

La aprobación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción dejará bien claro que la comunidad internacional está decidida a impedir la corrupción y a luchar contra ella. Advertirá a los corruptos que no vamos a seguir tolerando que se traicione la confianza de la opinión pública. Y reiterará la importancia de valores fundamentales como la honestidad, el respeto del estado de derecho, la obligación de rendir cuentas y la transparencia para fomentar el desarrollo y hacer que nuestro mundo sea un lugar mejor para todos”.

En su preámbulo se asentó que:

“Los Estados parte en la presente Convención...

Preocupados por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley...

Preocupados también por los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el blanqueo de dinero, Preocupados asimismo por los casos de corrupción que entrañan vastas cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporción importante de los recursos de los Estados, y que amenazan la estabilidad política y el desarrollo sostenible de esos Estados...

Convencidos de que la corrupción ha dejado de ser un problema local para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías, lo que hace esencial la cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella...

Convencidos también de que se requiere un enfoque amplio y multidisciplinario para prevenir y combatir eficazmente la corrupción...

Convencidos asimismo de que la disponibilidad de asistencia técnica puede desempeñar un papel importante para que los Estados estén en mejores condiciones de poder prevenir y combatir eficazmente la corrupción, entre otras cosas fortaleciendo sus capacidades y creando instituciones....

Convencidos de que el enriquecimiento personal ilícito puede ser particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías nacionales y el imperio de la ley,

Decididos a prevenir, detectar y disuadir con mayor eficacia las transferencias internacionales de activos adquiridos ilícitamente y a fortalecer la cooperación internacional para la recuperación de activos...

Reconociendo los principios fundamentales del debido proceso en los procesos penales y en los procedimientos civiles o administrativos sobre derechos de propiedad...

Teniendo presente que la prevención y la erradicación de la corrupción son responsabilidad de todos los Estados y que éstos deben cooperar entre sí, con el apoyo y la participación de personas y grupos que no pertenecen al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, para que sus esfuerzos en este ámbito sean eficaces...

Teniendo presentes también los principios de debida gestión de los asuntos y los bienes públicos, equidad, responsabilidad e igualdad ante la ley, así como la necesidad de salvaguardar la integridad y fomentar una cultura de rechazo de la corrupción...”

Entre su articulado, contempla lo siguiente:

“Artículo 5. Políticas y prácticas de prevención de la corrupción.

1. Cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.

2. Cada Estado parte procurará establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupción.

Artículo 13. Participación de la sociedad.

1. Cada Estado parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los medios de que disponga y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así como a la amenaza que ésta representa. Esa participación debería reforzarse con medidas como las siguientes:

a) Aumentar la transparencia y promover la contribución de la ciudadanía a los procesos de adopción de decisiones;

b) Garantizar el acceso eficaz del público a la información;

c) Realizar actividades de información pública para fomentar la intransigencia con la corrupción, así como programas de educación pública, incluidos programas escolares y universitarios;

d) Respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la corrupción. Esa libertad podrá estar sujeta a ciertas restricciones, que deberán estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

i) Garantizar el respeto de los derechos o la reputación de terceros;

ii) Salvaguardar la seguridad nacional, el orden público, o la salud o la moral públicas.

2. Cada Estado parte adoptará medidas apropiadas para garantizar que el público tenga conocimiento de los órganos pertinentes de lucha contra la corrupción mencionados en la presente Convención y facilitará el acceso a dichos órganos, cuando proceda, para la denuncia, incluso anónima, de cualesquiera incidentes que puedan considerarse constitutivos de un delito tipificado con arreglo a la presente Convención.

Artículo 32. Protección de testigos, peritos y víctimas.

1. Cada Estado parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno y dentro de sus posibilidades, para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de represalia o intimidación a los testigos y peritos que presten testimonio sobre delitos tipificados con arreglo a la presente Convención, así como, cuando proceda, a sus familiares y demás personas cercanas.

2. Las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo podrán consistir, entre otras, sin perjuicio de los derechos del acusado e incluido el derecho a las garantías procesales, en:

a) Establecer procedimientos para la protección física de esas personas, incluida, en la medida de lo necesario y posible, su reubicación, y permitir, cuando proceda, la prohibición total o parcial de revelar información sobre su identidad y paradero;

b) Establecer normas probatorias que permitan que los testigos y peritos presten testimonio sin poner en peligro la seguridad de esas personas, por ejemplo, aceptando el testimonio mediante tecnologías de comunicación como la videoconferencia u otros medios adecuados.

3. Los Estados parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos con otros Estados para la reubicación de las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo.

4. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán también a las víctimas en la medida en que sean testigos.

5. Cada Estado parte permitirá, con sujeción a su derecho interno, que se presenten y consideren las opiniones y preocupaciones de las víctimas en etapas apropiadas de las actuaciones penales contra los delincuentes sin que ello menoscabe los derechos de la defensa.

Artículo 33. Protección de los denunciantes.

Cada Estado parte considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico interno medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos.”

Convención Interamericana contra la Corrupción

Preámbulo...

“ Convencidos de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos;

Considerando que la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio;

Persuadidos de que el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social;

Reconociendo que, a menudo, la corrupción es uno de los instrumentos que utiliza la criminalidad organizada con la finalidad de materializar sus propósitos;

Convencidos de la importancia de generar conciencia entre la población de los países de la región sobre la existencia y gravedad de este problema, así como de la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción;

Convencidos de la necesidad de adoptar cuanto antes un instrumento internacional que promueva y facilite la cooperación internacional para combatir la corrupción y, en especial, para tomar las medidas apropiadas contra las personas que cometan actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas o específicamente vinculados con dicho ejercicio; así como respecto de los bienes producto de estos actos;

Profundamente preocupados por los vínculos cada vez más estrechos entre la corrupción y los ingresos provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes, que socavan y atentan contra las actividades comerciales y financieras legítimas y la sociedad, en todos los niveles;

Teniendo presente que para combatir la corrupción es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad y que la cooperación entre ellos es necesaria para que su acción en este campo sea efectiva; y

Decididos a hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio...”

T-MEC, con EUA y Canadá (capítulo 27)

“Artículo 27.2: Ámbito de Aplicación:

1. Este Capítulo aplica a las medidas para prevenir y combatir el cohecho y la corrupción respecto a cualquier asunto comprendido en este Tratado.2

Se transcribe el pie de página 2:

2 Para los Estados Unidos, este Capítulo no se aplicará fuera de la jurisdicción de la ley penal federal y, en la medida en que una obligación implique medidas preventivas, se aplicará solo a aquellas medidas cubiertas por la ley federal que rige a los funcionarios federales, estatales y locales;

2. Las partes afirman su determinación para prevenir y combatir el cohecho y la corrupción en el comercio y la inversión internacionales.

Artículo 27.3: Medidas para Combatir la Corrupción:

1. Cada parte adoptará o mantendrá medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delitos en su ordenamiento jurídico, en asuntos que afecten el comercio o la inversión internacional, cuando se cometan intencionalmente, por una persona sujeta a su jurisdicción...

2. Cada parte adoptará o mantendrá medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delito en su ordenamiento jurídico, en asuntos que afecten el comercio o la inversión internacionales....

Artículo 27.8: Solución de Controversias:

1.- El Capítulo 31 (Solución de Controversias), como se modifica por este Artículo, se aplicará a las controversias relacionadas con un asunto que surja conforme a este Capítulo.

2.- Una Parte podrá recurrir a los procedimientos establecidos en este Artículo y el Capítulo 31 (Solución de Controversias) solamente si considera que una medida de otra Parte es incompatible con una obligación conforme a este Capítulo, o que otra Parte de otra manera no ha cumplido una obligación conforme a este Capítulo, de una manera que afecte el comercio o la inversión entre las partes.”

Programa Anticorrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para América Latina.

“Los cinco países latinoamericanos que forman parte de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE - Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México - establecen un puente entre la OCDE, otros países y organizaciones de la región, y contribuyen a alcanzar los objetivos del programa.

El Programa Anticorrupción de la OCDE para América Latina es una plataforma de diálogo sobre la lucha contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros entre las Partes en las convenciones de la OCDE, la OEA y las Naciones Unidas. Participan representantes de una amplia gama de ministerios, agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales de América latina. El programa brinda la ocasión de compartir con países latinoamericanos las mejores prácticas surgidas en el marco del Grupo de Trabajo sobre el Cohecho y, a su vez, la experiencia de los países latinoamericanos enriquece el debate sobre políticas de la OCDE.”

Legislación nacional

En este punto cabe hacer una breve revisión del marco jurídico nacional vigente respecto del derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción, notándose la ausencia especifica de este derecho.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

...

Artículo 19:

(Segundo párrafo)

... El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de... corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones...”

Artículo 109:

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción

Artículo 2. Son objetivos de esta ley:

I. Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México;

II. Establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas;

III. Establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos;

IV. Establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción;

V. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional, su Comité Coordinador y su Secretaría Ejecutiva, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes;

VI. Establecer las bases, principios y procedimientos para la organización y funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana;

VII. Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y del control de los recursos públicos;

VIII. Establecer acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los Servidores públicos, así como crear las bases mínimas para que todo órgano del Estado mexicano establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público; IX. Establecer las bases del Sistema Nacional de Fiscalización, y

X. Establecer las bases mínimas para crear e implementar sistemas electrónicos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización.

Existen igualmente leyes de los sistemas estatales anticorrupción en las 32 entidades federativas del país, sin embargo, ninguna hace referencia al derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción.

Revisando las constituciones políticas de las entidades federativas que contemplan el derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción, encontramos que las constituciones de los estados de Baja California y Tabasco la contemplan, citamos aquí el caso de la Constitución Política del Estado de Baja California, que en su artículo 7, apartado A (último párrafo) establece que:

“Toda persona tiene el derecho humano a vivir libre de corrupción”.

Resoluciones internacionales

En el contexto internacional, existen resoluciones que atienden la importancia de la lucha contra la corrupción para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos, revisamos brevemente las principales que han sido emitidas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, dictó par de resoluciones, en los siguientes términos:

Resolución 1/17 Derechos humanos y lucha contra la impunidad y la corrupción (12 de septiembre de 2017):

“La lucha contra la corrupción guarda una relación inequívoca con el ejercicio y disfrute de los derechos humanos. La impunidad impulsa y perpetúa actos de corrupción.

Por ello, el establecimiento de mecanismos efectivos para erradicarla es una obligación imperiosa con el fin de alcanzar el acceso efectivo a una justicia independiente e imparcial y para garantizar los derechos humanos.

En ese sentido, la Comisión reafirma la importancia que tiene la lucha contra la corrupción para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos, en especial de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.

Resolución 1/18 Corrupcion y derechos humanos (2 de marzo de 2018):

“Considerando que la corrupción es un complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad —civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-, así como al derecho al desarrollo; debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de derecho y exacerba la desigualdad.

a) Al adoptar decisiones en nombramientos o ascensos, afectando los principios de igualdad, transparencia, debido proceso e imparcialidad;

d)... La corrupción tiene un impacto grave y diferenciado en el goce y ejercicio de los derechos humanos por parte de grupos históricamente discriminados,

Enfatizando que la corrupción tiene múltiples causas y consecuencias y en su desarrollo participan numerosos actores, tanto estatales como entidades privadas y empresas y por ello se requiere el establecimiento de mecanismos efectivos para erradicarla con el fin de garantizar los derechos humanos.

Que bajo el marco jurídico interamericano, los Estados tienen el deber de adoptar medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter para garantizar el ejercicio de los derechos humanos frente a las vulneraciones y restricciones que produce el fenómeno de la corrupción.

Recordando que en 2017, la Comisión Interamericana publicó la Resolución 1/17 sobre los Derechos Humanos y la Lucha contra la Impunidad y la Corrupción, en la que afirmó que “la lucha contra la corrupción está indisolublemente ligada al ejercicio y disfrute de los derechos humanos. La impunidad fomenta y perpetúa los actos de corrupción. El establecimiento de mecanismos efectivos para erradicar la corrupción es una obligación urgente para lograr un acceso efectivo a una justicia independiente e imparcial y para garantizar los derechos humanos”.

Recordando que el objetivo de toda política pública para combatir la corrupción debe estar enfocado y ser implementado a la luz de los siguientes principios: el papel central de la víctima, la universalidad e inalienabilidad; indivisibilidad; interdependencia y la interrelación entre los derechos humanos; la no discriminación y la igualdad; la perspectiva de género e interseccionalidad; la participación e inclusión; la rendición de cuentas; el respeto al estado de derecho y el fortalecimiento de la cooperación entre los Estados.

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Estudio publicado el 6 de diciembre de 2019, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corrupción y Derechos Humanos, se señala que:

“Los Estados no pueden cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos cuando existe corrupción extendida. Por el contrario, la privación de los derechos como la alimentación, la salud, la vivienda y la educación son algunas de las terribles consecuencias que produce la corrupción en los países latinoamericanos.”

Resoluciones judiciales nacionales

En el contexto nacional ya han ocurrido importantes precedentes en materia de amparos, así como opiniones calificadas relacionadas, donde se reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente libre de corrupción, se describen a continuación las más trascendentes.

Precedentes en juicios de amparo

Juicio de Amparo # 589/2018 Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Ciudad de México. Sentencia dictada el día 31 de julio 2018.

Considerandos:

Noveno (página 56).- De lo anterior, este juzgador —como lo señaló en el juicio de amparo 1311/2016 desprende que existe un derecho fundamental a favor de los ciudadanos de vivir en un ambiente libre de corrupción en el que todos los funcionarios públicos desempeñen su labor con honradez, honestidad ética y transparencia.

Asimismo, este juzgador advierte que con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 27 de mayo de 2015 el Poder Reformador de la Constitución creó el Sistema Nacional Anticorrupción el cual es garantía institucional y procesal de la sociedad para vivir en un ambiente libre de corrupción.

Décimo Tercero ( página 86).- Efectos de la protección constitucional. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, al resultar fundados los argumentos expuestos por la quejosa en sus conceptos de violación, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que el Presidente de la República, el Senado, o en su caso, la Comisión Permanente, cumplan la ley y la Constitución Federal, específicamente los artículos 14, 16, 73, fracción XXXIX-H, 109, 113 y 134 de la Carta Magna, todo ello en relación con el derecho fundamental de los ciudadanos a vivir en un Estado y sociedad libre de corrupción.

Tesis de Tribunales Colegiados de Circuito, materia Constitucional y Penal (Noveno Tribunal Colegiado, del primer circuito, Amparo en Revisión # 216/2019 Sentencia dictada el 3 de octubre 2019) con Número de Registro # 2021043, publicada el 15 de noviembre del 2019, con el rubro “Derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción”.

Opiniones calificadas relacionadas

Johan Ricardo Matus Marcial en su artículo “Derechos humanos a un medio ambiente sano libre de corrupción”, dice... el reconocimiento al derecho humano a un medio ambiente sano, se encuentra en el siguiente artículo de la normatividad en comento.

“CPEUM

Artículo 4o.-...

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley .

(Énfasis añadido.)

Aplicando una interpretación literal, se comprende que el medio ambiente es exclusivamente en materia de recursos naturales, sin embargo, es preciso someter a estudio la sentencia dictada en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, conforme a lo siguiente:

Sentencia del Amparo en Revisión 307/2016.

La ministra Piña Hernández hace extensiva la interpretación del principio in dubio pro natura dentro de la sentencia sujeta a estudio, al señalar al medio ambiente como un auténtico derecho humano que entraña la facultad de toda persona, como parte de una colectividad, de exigir la protección del medio ambiente en el que se desarrolla.

Analiza la ministra que, este derecho no solo atiende al derecho de los seres humanos de vivir en un medio ambiente sano y digno, sino que también protege a la naturaleza del valor que tiene en sí misma, además sostiene que:

Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que la estrecha conexión entre la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos ha llevado a que múltiples sistemas de protección de derechos humanos reconozcan el derecho al medio ambiente como un derecho en sí mismo, particularmente, el sistema interamericano de derecho humanos.

...

Se trata de proteger la naturaleza y el medio ambiente no solamente por su conexidad con una utilidad para el ser humano o por los efectos que su degradación podría causar en otros derechos de las personas, como la salud, la vida o la integridad personal, sino por su importancia para los demás organismos vivos con quienes se comparte el planeta, también merecedores de protección en sí mismos, por lo que dicho Tribunal advierte una tendencia a reconocer personería jurídica y, por ende, derechos a la naturaleza, no solo en sentencias judiciales, sino incluso en ordenamientos constitucionales

...

De lo anterior, esta Sala concluye que el derecho humano al medio ambiente posee una doble dimensión: una primera que pudiéramos denominar objetiva o ecologista, que protege al medio ambiente como un bien jurídico fundamental en sí mismo, que atiende a la defensa y restauración de la naturaleza y sus recursos con independencia de sus repercusiones en el ser humano; y la subjetiva o antropocéntrica, conforme a la cual la protección de este derecho constituye una garantía para la realización y vigencia de los demás derechos reconocidos en favor de la persona.

Por lo tanto, esta Primera Sala, consciente del reto que implica esta disciplina y reconociendo que la salvaguarda efectiva de la naturaleza no sólo descansa en la utilidad que ésta representa para el ser humano, sino en la convicción de que el medio ambiente exige una protección per se, es que precisa que la vulneración a cualquiera de estas dos dimensiones constituye una violación al derecho humano al medio ambiente.

...

... En su dimensión colectiva, el derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras. Por otro lado, en su dimensión individual, su vulneración puede tener repercusiones directas e indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros.

...

Lo anterior implica que en términos del artículo 4o., en relación con el diverso 1o. constitucional, el Estado mexicano está obligado a garantizar ambas dimensiones del derecho al medio ambiente sano, o, lo que es lo mismo, a velar por una protección autónoma del medioambiente que no esté sujeta a la vulneración de otros derechos.

...

De lo anterior se desprende que una de las dimensiones del derecho al medio ambiente sano se traduce en un principio rector de política pública toda vez que el artículo 4o. constitucional establece que el Estado garantizará el respeto a este derecho, motivo por el cual la corrupción es motivo de política pública, sustentado en instrumento internacional, por lo cual, se comprende como el derecho humano al medio ambiente sano libre de corrupción, lo cual se confirma en la siguiente sentencia:

Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano libre de Corrupción, en la sentencia de Amparo Directo 589/2018, el juzgador Fernando Silva García, adscrito al Octavo Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México consideró que:

Por ende, toda vez que los hechos evidencian que en México existe un severo problema de corrupción, los derechos fundamentales contenidos en los artículos 6, 109 y 134 constitucionales tienen para este Juzgador una eficacia reforzada.

...

De conformidad con lo previsto por los artículos 6, 16, 108, 109, 113 y 134 constitucionales y con la reforma que creó el Sistema Nacional Anticorrupción 49, puede concluirse válidamente que la Constitución reconoce los derechos fundamentales a la transparencia, honradez y rendición de cuentas respecto del uso de recursos públicos ya que establece un régimen de actuación y comportamiento Estatal, así como de responsabilidades administrativas...

De lo anterior, este juzgador —como lo señaló en el juicio de amparo 1311/2016— desprende que existe un derecho fundamental a favor de los ciudadanos de vivir en un ambiente libre de corrupción en el que todos los funcionarios públicos desempeñen su labor con honradez, honestidad ética y transparencia.

Asimismo, este juzgador advierte que con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 27 de mayo de 2015 el Poder Reformador de la Constitución creó el Sistema Nacional Anticorrupción el cual es garantía institucional y procesal de la sociedad para vivir en un ambiente libre de corrupción.

...

(Énfasis añadido.)

Al tenor de lo anterior, se establece la calidad de Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano contemplado en el artículo 4o. de la CPEUM en su vertiente libre de corrupción, además, por la obligatoriedad de aplicación del CIC, el Estado se obliga a encaminar esfuerzos legislativos para contrarrestar este mal que aqueja a nuestra sociedad.

A más de lo anterior, el Estado ha fijado una postura política a la erradicación de la corrupción, a través de iniciativas y actos tendientes a fiscalizar a los distintos niveles de gobierno, servidores públicos, y en general, a todo aquel ciudadano por el cual se tengan indicios de esta conducta criminal, incluido en la ampliación al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa .

Otra opinión calificada relacionada lo encontramos con Alibech Hurtado, quién escribió en su artículo “¿Qué pasaría si fuéramos actores y no espectadores del combate a la corrupción?”:

En octubre de 2018 la organización TOJIL presentó una denuncia por posibles sobornos dentro del procedimiento penal del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, solicitando ser reconocido como víctima. Este carácter le fue negado en última instancia, aun y cuando para los ojos de la gran mayoría, es claro que la colectividad de ciudadanos mexicanos fuimos afectados por los actos de corrupción que impidieron una correcta administración pública. No había duda de que los recursos destinados a programas sociales y servicios públicos no fueron aplicados para el bien de la colectividad y terminaron por ser desviados.

Así, el pasado 20 de julio, TOJIL presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante la cual dos ciudadanas acusamos al Estado mexicano de haber violado las “debidas garantías” previstas en los artículos 8.1, 16.1, 23.1 a) y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en particular por lo que respecta el derecho a ser oído. Consideramos que nos fue violada esta garantía mínima del debido proceso mediante la negativa a participar como víctimas y coadyuvantes en la causa penal por corrupción. Además, consideramos que esta negativa interfirió indebidamente en el ejercicio de nuestros derechos sustantivos a participar en los asuntos públicos y el derecho a defender los derechos humanos.

Más allá de la importancia del caso en particular –desde luego nada menor–, su trascendencia radica en las implicaciones prácticas que el precedente generaría para México y Latinoamérica al reconocer a las víctimas dentro de un procedimiento penal por actos de corrupción. Lo que pareciera como una nueva fórmula para acabar con los esquemas de corrupción institucional al reconocer y hacer efectivos los derechos de las víctimas de corrupción, es en realidad una receta ya vigente en diversos instrumentos internacionales tal como lo previsto en el artículo 13 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Las Resoluciones del Grupo de Trabajo sobre la Convención de la ONU (CAC/COSP/IRG/2016/CRP y CAC/COS P/WG.2/2016/CRP.1) han señalado con claridad la importancia de la participación de las víctimas de corrupción:

Mientras que la Convención no provea una definición sobre quién es víctima de corrupción, es importante adoptar una noción amplia e inclusiva que reconozca tanto a individuos, entidades y estados como posibles víctimas de corrupción.

La sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales juegan un papel importante en asegurar que las víctimas de corrupción sean representadas en los procedimientos, y como tales deben estar facultadas para denunciar el delito, aportar evidencia, representar a las víctimas o presentar denuncias de interés público.

Estos referentes reflejan la importancia que tiene la figura de las víctimas de corrupción no solo para la erradicación de ésta, sino para la defensa de los derechos humanos. Así que esperamos que la CIDH confirme este gran precedente y permita que una vez por todas los ciudadanos dejemos de ser espectadores y nos convirtamos en actores del combate a la corrupción.

Finalmente, no podemos pasar por alto la opinión calificada relacionada de Estefanía Medina y Adriana Greaves en su artículo ¿Existe un Derecho a Vivir en un Ambiente Libre De Corrupción? Donde escribieron lo siguiente:

“Ahora en el ámbito penal tenemos un segundo caso, derivado de una denuncia presentada por MCCI y organización TOJIL, en relación con hechos de gran corrupción posiblemente cometidos por servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Universidad Autónoma del estado de México y particulares en la red de la llamada estafa maestra. En este caso, las organizaciones solicitaron que se les reconociera el carácter de víctima dentro de un procedimiento penal seguido por delitos de corrupción, al tratarse de un bien jurídico de carácter colectivo y tener disposición expresa en la ley de víctimas que establece que tratándose de estos delitos de bien jurídico de carácter colectivo.

Sin embargo, pese a que en última instancia el noveno tribunal colegiado de Ciudad de México determinó confirmar la negativa de considerar a las organizaciones como víctima dentro del procedimiento penal a través de la resolución la revisión de amparo penal 216/2019, emitió cuatro tesis aisladas, respecto de las cuales, se destaca que pese a negar el tema en el fondo, se reconoció la existencia del derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción:

Derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción. No se viola por el hecho de que a una asociación civil que tiene como objeto combatirla no se le reconozca el carácter de víctima u ofendido del delito que denunció, por no estar demostrado que como consecuencia de éste sufrió un daño físico pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales. En la cual, como sugiere el título el tribunal abiertamente reconoce el derecho humano a un ambiente libre de corrupción con base en los artículos 6, 108, 109 y 134 de la CPEUM y con la reforma que creó el SNA que advierten “la existencia de responsabilidades administrativas que tienen como fin tutelar el correcto y cabal desarrollo de la función administrativa y, por ende, establecer, a favor de los ciudadanos, principios rectores de la función pública que se traducen en una garantía a su favor para que los servidores públicos se conduzcan con apego a la legalidad y a los principios constitucionales de honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público... [Énfasis de las autoras]

Los precedentes anteriormente mencionados forman parte de la materialización judicial de una premisa necesaria para el goce y disfrute de otros derechos: el reconocimiento de un derecho primordial a vivir en un ambiente libre de corrupción, como un derecho humano en sí mismo. Concepción sustentada en los criterios de nuestro marco jurídico nacional y a la luz de la interpretación de lo establecido por la Convención en contra de la Corrupción de las Naciones Unidas conocida como la Convención de Mérida, la Convención Interamericana Contra la Corrupción de la OEA, así como en el ordenamiento jurídico mexicano con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, así como el nuevo régimen de responsabilidades de los servidores públicos.

Ahora bien, en un caso diverso se destaca el importante precedente establecido en la sentencia emitida por el juez sexto de distrito de amparo penal en Ciudad de México, quien en el juicio 22/2019 concedió el amparo para que la Organización TOJIL fuera considerada como víctima dentro de la investigación que se sigue en contra de servidores públicos de la ahora Fiscalía General de la República que pactaron la pena de nueve años que le fue impuesta al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa dentro de un procedimiento abreviado.

No obstante, la relevancia de esta importante resolución, la Fiscalía General de la República impugnó el histórico fallo, lo cual llevo el tema al séptimo tribunal colegiado del primer circuito bajo el amparo revisión 159/2019. En una dividida discusión, del 16 de enero de 2020, se definió por mayoría de dos votos (magistrados Antonia Herlinda Velasco y Miguel Enrique Sánchez Frías) revocar la emblemática sentencia de amparo que representaba la democratización de la investigación y persecución de los delitos de corrupción.

La resolución niega a TOJIL su reconocimiento de víctima de delitos de corrupción debido a que la magistrada ponente, Antonia Herlinda Velasco Villavicencio, consideró que la organización no había sufrido ningún daño o afectación en su esfera jurídica como resultado de los delitos denunciados (cohecho y contra la administración pública). Aún más grave, el magistrado Enrique Sánchez Frías sustento su voto en sentido de negar el amparo, argumentando que al haberse dado la posibilidad a la quejosa de presentar la denuncia y que derivado de ello se haya iniciado una investigación, era suficiente para colmar el derecho a la participación ciudadana en combate a la corrupción. Asimismo, que debido a que no se cuenta con datos de que ninguno de los miembros de la organización fue hostigado, amenazado, silenciado por investigar y denunciar estos actos de corrupción, la organización no ha resentido una afectación en lo que él llama la posibilidad de participar en los procesos penal por hechos de corrupción. Aunado a ello, en esta visión el referido magistrado refirió que no puede concederse este carácter debido a que no se acredita la existencia del derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción como un derecho humano, toda vez de ni de la Constitución ni de los tratados internacionales puede advertirse de manera explícita la existencia de este derecho.

Ahora bien, en medio de la obscuridad derivada de criterios sumamente cerrados y tradicionalistas sobre la debida aplicación de los derechos surgió un faro de esperanza, el voto disidente y particular de la magistrada Lilia Mónica López Benítez. Quien en esencia abordó lo siguientes tópicos:

• Recordar que la redefinición del concepto de víctima es esencial para el momento que se vive en la sociedad mexicana;

• Recordó a sus colegas que su labor no era interpretar el derecho de forma estática, sino conforme al principio de progresividad, resaltando que el proyecto presentado por la magistrada Velasco Villavicencio impedía el progreso de los derechos de las víctimas, así como de la lucha contra la corrupción;

• De igual forma resaltó que la reforma del 2011 justamente ampliaba el espectro de aplicación de los derechos humanos y que era su deber como juristas buscar la mayor protección de las personas y replantear y redefinir el concepto de víctimas;

• Que no compartía el sentido ni las razones del proyecto debido a que desde su óptica el marco jurídico actual que contempla el artículo 20 apartado C de la Constitución, en relación con el 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el párrafo quinto del artículo 4 de la Ley General de Víctimas establecen de manera puntual, el derecho de TOJIL a ser víctima de un delito de bien jurídico colectivo, tal como lo es el de cohecho que atenta contra la adecuada administración pública que es un derecho de todos los ciudadanos

• Que más allá del debate que pueda generarse ante la existencia o no, del derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción como un derecho humano, lo cierto es que ese derecho, sea fundamental o no, es en sí mismo un derecho que se traslada en un bien jurídico tutelado por los delitos de corrupción, tal como lo es el de cohecho. Por lo cual, al ser la organización titular del bien jurídico debe reconocerse su carácter de víctima. Incluso al margen de la discusión del derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción como un derecho humano.”

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Artículo Único. Se adiciona un párrafo vigésimo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o.- ...

(Párrafos segundo al décimo noveno) ...

Toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción, a la fiscalización, a la rendición de cuentas públicas y al combate a la corrupción. El Estado garantizará este derecho con la participación de la ciudadanía, de conformidad con el artículo 113 de esta Constitución.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán adecuar su legislación de conformidad con este Decreto en un plazo máximo de ciento ochenta días contados a partir del inicio de su vigencia.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 7 de octubre de 2021.– Diputada y diputado: Maribel Martínez Ruiz, Ángel Benjamín Robles Montoya, (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las suscritas y los suscritos, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa, con base en la siguiente

I. Contexto nacional

La profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país, provocan que la sociedad no confíe en las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, derivado de la falta de transparencia, rendición de cuentas y de resultados a la sociedad. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe) de 2020 elaborada por el INEGI, arrojó que el 65.7 por ciento de quienes tienen 18 años o más creen que los Ministerios Públicos son corruptos; 70.1 por ciento de la población cree que los jueces están vinculados a prácticas de corrupción y sólo el 56 por ciento de los ciudadanos perciben confianza en el trabajo de los Ministerios Públicos. 1

De acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre de 2020, en nuestro país había 211 mil 169 personas privadas de la libertad las cuales 92.3 por ciento, es decir, 194 mil 841 personas se encontraban en centros penitenciarios estatales mientras que 7.7 por ciento, es decir, 16 mil 328 personas estaban recluidas en los centros penitenciarios federales. 2 Según este mismo documento, 92.7 por ciento de la población privada de la libertad son hombres mientras que 7.3 por ciento son mujeres. 3

La prisión preventiva es definida por Óscar Uribe Benítez en el texto La Prisión preventiva en el proceso penal acusatorio y oral de México como “el estado de privación de libertad que el órgano jurisdiccional impone al procesado durante la sustanciación del proceso.” 4 En términos simples, la figura de la prisión preventiva implica que en tanto se determine una sentencia condenatoria o absolutoria y en tanto concluya el proceso penal, una persona es privada de la libertad. Esta figura implica que las personas paguen una condena que aún no les ha sido impuesta. De igual forma, implica que personas que sean declaradas como inocentes purgen una pena que no les corresponde.

En este orden de ideas, es de señalar que de acuerdo con José Luis Gutiérrez, director de la organización AsiLEGAL, la población en prisión preventiva incrementó de manera importante desde la crisis sanitaria generada por la Covid-19. Textualmente, Gutiérrez apunta que:

“...a raíz de la pandemia, justamente la población privada de la libertad aumentó, lo que llevó a que casi 91 mil personas estuvieran en prisión preventiva, un número bastante alto que se asemeja a años como el 2008 o 2009.” 5

De acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021 elaborado por el Inegi, en nuestro país existen en centros penitenciarios federales y estatales 80 mil 114 personas privadas de la libertad que se encontraban sin sentencia o con una medida cautelar de internamiento preventivo; 30 mil 388 no cuentan con una sentencia definitiva, mientras que 88 mil 155 personas sí cuentan con sentencia definitiva. Dicho de otro modo, aproximadamente 110 mil 502 personas privadas de la libertad no cuentan con una sentencia definitiva o ni siquiera con una sentencia condenatoria. 6

Ahora bien, es de señalar que uno de los grupos más afectados con la prisión preventiva son los pueblos y comunidades indígenas. Esto pues de acuerdo con el Inegi, en nuestro país al menos hay 7 mil 11 personas provenientes de los pueblos y comunidades indígenas en prisión de las cuales 85.2 por ciento no tuvo acceso a un intérprete o traductor durante su proceso penal. 7 Lo anterior, sucede en virtud de la falta de abogados y abogadas defensoras, o personas intérpretes y traductoras que tengan conocimiento de la lengua y cultura a la que las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas pertenezcan. De acuerdo con el Inegi, en 2021 apenas 0.01 por ciento del personal técnico o de operación de los centros penitenciarios se dedica a labores de interpretación y traducción. 8 Ello constituye un “verdadero problema para una población que de por sí es vulnerable.” 9

Lamentablemente, la autoridad penitenciaria no logra aún controlar ni sobreponerse a la voluntad de las personas privadas de la libertad. Esto pues según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, en al menos 15 de los 113 centros penitenciarios supervisados existen condiciones de autogobierno o cogobierno. 10 Mientras tanto, al menos en 69 centros penitenciarios existe insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 11 Asimismo, en dicho documento se refiere que existe una deficiente separación entre procesados y sentenciados en al menos 75 centros penitenciarios 12, en otras palabras, la convivencia de personas condenadas con las personas que aún no han recibido una sentencia es cotidiana en 66.4 por ciento de los centros. 13

La situación actual del sistema penitenciario mexicano es deplorable, las personas privadas de la libertad viven en condiciones de hacinamiento y sobrepoblación que violan de manera sistemática los derechos humanos. Según la CNDH, durante 2020, en al menos 43 centros penitenciarios de nuestro país existían condiciones de hacinamiento. 14 La cantidad de centros penitenciarios sobrepoblados en México incrementó de manera notoria en 2020, esto pues se pasó de 106 a 127 centros penitenciarios que tienen una cantidad superior de internos respecto a sus espacios disponibles. 15 Asimismo, es de señalar que en 10 meses, el número de personas privadas de la libertad se incrementó de manera notoria pues el número de internos se incrementó en 13 mil 840. 16

En este tenor, la presente iniciativa busca incidir en uno de los principales problemas del sistema penitenciario: el de la sobrepoblación en los penales y sus consecuencias. México Evalúa a través de su estudio “Situación y Desafíos del Sistema Penitenciario” señala que “el uso y el abuso de la prisión preventiva es una de las principales causas de la sobrepoblación y el hacinamiento en el sistema”. A pesar de que el número de presos continúa aumentando, más de la mitad de los mexicanos no se sienten protegidos ni seguros 17. En este sentido, es preciso comprender que la encarcelación masiva no es la solución a los problemas estructurales que producen la violencia; como lo son la marginación, la pobreza y la falta de oportunidades. Un sistema penitenciario sobrepoblado es incapaz de hacer programas eficientes para la reinserción social efectiva de las y los ciudadanos a la sociedad.

Por su parte, según el diagnóstico “Situación y desafíos del sistema penitenciario” de México Evalúa, en la mayoría de los centros; las condiciones de higiene, la calidad de los alimentos, así como el acceso a servicios de educación, son deplorables, la atención y el equipamiento instrumental médico dentro de las cárceles son insuficientes. Además, no hay una separación entre las áreas destinadas a hombres y mujeres y la mayoría no tienen mecanismos para prevenir eventos violentos.

Por su parte, vale la pena resaltar que a través de las reformas constitucionales aprobadas desde el 2008 18, el Estado mexicano ha recurrido a la creación de una política criminal en donde la prisión preventiva posee un rol eminentemente preponderante. Dicho de otro modo, se consideró a la prisión como “ la respuesta pertinente ante las conductas antisociales”. 19 Sin embargo, tal como apunta el doctor José Buendía Hegewish , “si el crimen rebasa a la autoridad en las calles de algunas ciudades del país, la prisión es el último reducto del monopolio del Estado”, 20 por lo que perder el control de las cárceles evidencia a un Estado incapaz de mantener la seguridad y la paz para la ciudadanía.

También, es de señalar que pese a que en 2019, Jan Jarab, quien fungía como representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derecho Humanos, pidió a las coordinadoras y los coordinadores parlamentarios que integraban la Junta de Coordinación Política así como al entonces presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, abstenerse de ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en el artículo 19 de la Carta Magna 21, el 12 de abril de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que amplió el número de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. 22

En la reforma de 2019 al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se incluyeron en el catálogo de prisión preventiva oficiosa a los tipos penales de feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, violencia sexual contra menores, corrupción, desparición forzada, robo al transporte de carga y huachicol. 23

II. Marco jurídico

En tanto al marco jurídico, es de señalar que la figura de la prisión preventiva oficiosa violenta lo dispuesto en el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, instrumento internacional firmado y ratificado por el Estado Mexicano. Dicho artículo establece a la letra refiere que:

Artículo 11.

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.” 24

De igual manera, vale la pena apuntar que la Convención Americana de Derechos Humanos, también firmada y ratificada por el Estado Mexicano, establece en su artículo 7.3 la prohibición de que una persona sea sometida a detención o encarcelamiento arbitrario. En este sentido, la prisión preventiva oficiosa violenta lo establecido en este artículo toda vez que se encarcela a personas sin una sentencia que demuestre su culpabilidad. Este artículo a letra refiere lo siguiente:

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal

...

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

...” 25

Asimismo, la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce en su artículo 8.2 el derecho a la presunción de inocencia en tanto no se establezca legalmente la culpabilidad de la persona imputada. En este tenor, la prisión preventiva oficiosa, al generar que haya personas privadas de su libertad sin una sentencia condenatoria, sin duda vulnera lo dispuesto en esta convención internacional. Textualmente, dicho artículo establece lo siguiente:

Artículo 8 Garantías Judiciales

...

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;

f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y

h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

...” 26

Por su parte, esta figura también contraviene de manera directa el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puesto que se sanciona a las personas imputadas con la privación de la libertad sin que éstas tengan una sentencia que demuestre su culpabilidad. Este artículo constitucional a la letra establece lo siguiente:

Artículo 20. ...

B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;

...” 27

Ahora bien, resulta evidente que un sistema penitenciario sobrepoblado, como el que existe en nuestro país, genera las condiciones necesarias para la violación sistemática de derechos humanos. Asimismo, es de señalar que la sobrepoblación dificulta que se garantice el derecho constitucional a una reinserción social efectiva. 28 En otras palabras, se están violentando los principios establecidos en el artículo 18 constitucional el cual establece que:

“... el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto”.

III. Debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación

El pasado 25 de octubre de 2021, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó la discusión sobre el Acciones de inconstitucionalidad 130/2019 y su acumulada 136/2019, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversos integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y el Código Fiscal de la Federación, reformados y adicionados mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 8 de noviembre de 2019.

Ello, en razón de que se solicitó la inconstitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, por estimar, entre otras cuestiones, que por contemplar prisión preventiva para diversos delitos fiscales vulneraba los derechos humanos de las personas.

Al respecto, las y los ministros señalaron el carácter inconvencional de la prisión preventiva como medida cautelar excepcional que sólo puede dictarse cuando existe un riesgo comprobado de que la persona eludirá la acción de la justicia o afectará la investigación, sin que sea suficiente la peligrosidad del sujeto o el tipo de delito, pues de lo contrario se vaciaría de contenido el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia. 29

Igualmente, se señaló que la prisión preventiva oficiosa es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la jurisprudencia que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que constituye una figura procesal que afecta el derecho sustantivo de libertad de manera automática, adquiriendo el carácter de una pena anticipada, que no supera un test de proporcionalidad al existir medidas menos restrictivas para conseguir la finalidad perseguida por el legislador.

Por ello, se estima necesario retomar el razonamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de erradicar esta figura legal transgresora de los derechos humanos, así como el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, para efecto de no exceder el margen de configuración legislativa relativo a la previsión de delitos graves contra la seguridad de la Nación y que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Ello, pues es convicción de quienes suscriben que dicho margen debe de ser sumamente estricto y limitado, pues implica la restricción al derecho humano a la libertad personal y al principio de presunción de inocencia; de ahí, que no pueda justificarse o imponerse deliberadamente cualquier ampliación a este tipo de supuestos.

Por lo expuesto, se propone eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa así como los delitos inexcarcelables. Se propone que sea cada juzgador o juzgadora quien determine la sanción preventiva a partir de la evaluación de las circunstancias particulares y concretas de cada caso tomando en cuenta el riesgo fundado de fuga, interferencia en la investigación o el riesgo para la víctima o la sociedad, mas no en función del delito imputado.

En tal virtud, se somete a su consideración, la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 19, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 19. ...

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad.

...

...

...

...

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente decreto.

Notas

1 Inegi. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020. Principales Resultados. Presentación ejecutiva, Inegi. Disponible en:

<http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares /regulares/envipe/2017/doc/envipe2017_presentacion_nacional.pdf>

2 Inegi. (2021). Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021. INEGI. Recuperado de:

<https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspef/2021/do c/cnsipef_2021_resultados.pdf>

3 Ídem.

4 Uribe, Ó. (2009). La prisión preventiva en el proceso penal acusatorio y oral de México. Centro de Estudios de Derecho e investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados. Recuperado de:

<http://biblioteca.diputados.gob.mx/janium/bv/cedip/lx/ppre_p rocpen_acormex.pdf>

5 Pérez, M. (2021). Seis de cada 10 cárceles federales en el país, con sobrepoblación. El Economista. Recuperado de:

<https://www.eleconomista.com.mx/politica/Seis-de-cada-10-car celes-federales-en-el-pais-con-sobrepoblacion-20210603-0011.html>

6 Inegi. Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021. Inegi. Recuperado de:

<https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnsipee/2021/d oc/cnsipee_2021_resultados.pdf>

7 Espinosa, J. (2021). Encarcelados por no hablar español: la agonía de los indígenas en las prisiones de México. El País. Recuperado de:

<https://elpais.com/mexico/2021-07-16/encarcelados-por-no-hab lar-espanol-la-agonia-de-los-indigenas-en-las-prisiones-de-mexico.html#:~: text=En%20M%C3%A9xico%2C%207.011%20personas%20de%20pueblos%20originarios%20est% C3%A1n%20en%20prisi%C3%B3n.>

8 Inegi. Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2021. Inegi. Recuperado de:

<https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnsipee/2021/d oc/cnsipee_2021_resultados.pdf>

9 Ídem.

10 CNDH. (2021). Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020. CNDH. Recuperado de:

<https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021- 05/DNSP_2020.pdf>

11 Ídem.

12 Ídem.

13 Ídem.

14 Ídem.

15 Ángel, A. (2020). “Población en cárceles crece a ritmo récord en 2020: hay 14 mil reos más que al inicio del año.” Animal Político. Recuperado de:

<https://www.animalpolitico.com/2020/12/poblacion-carceles-cr ece-record-2020/#:~: text=Los%20datos%20oficiales%20lo%20prueban, todas%20las%20c%C3%A1rceles%20del%20pa%C3%ADs.>

16 Ídem.

17 “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017. Principales Resultados. Presentación ejecutiva”, INEGI, op. cit., supra nota 1.

18 Domínguez, I. (2021). Absolutismo y prisión preventiva oficiosa en México. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Recuperado de:

<https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derech os/article/view/15690/16621>

19 Zepeda, Guillermo, Situación y Desafíos del Sistema Penitenciario, México Evalúa. Disponible en:

http://mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2016/05/El-Sistema-Pe nitenciario-Mexicano-GZEPEDAL-2013.pdf (consultado el 17 de abril de 2018).

20 Buendía Hegewisch, José, “Seguridad Nacional en un hoyo negro”, Excélsior, sección de opinión, 16 de julio de 2015. Disponible en:

http://www.excelsior.com.mx/opinion/jose-buendia-hegewisch/2015/ 07/16/1034935 (consultado el 17 de abril de 2018).

21 Domínguez, I. (2021). Absolutismo y prisión preventiva oficiosa en México. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Recuperado de:

<https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derech os/article/view/15690/16621>

22 Presidencia de la República. (2019). DECRETO por el que se declara reformado el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa. Diario Oficial de la Federación. Recuperado de:

<https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5557700&f echa=12/04/2019>

23 Senado de la República. (2021). Aprueba Senado ampliación del catálogo de delitos graves para prisión preventiva oficiosa. Senado de la República. Recuperado de:

<http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/bole tines/50315-aprueba-senado-ampliacion-del-catalogo-de-delitos-graves-para-prisi on-preventiva-oficiosa.html>

24 Organización de las Naciones Unidas. (2021). La Declaración Universal de Derechos Humanos.Organización de las Naciones Unidas. Recuperado de:

<https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-huma n-rights>

25 Organización de los Estados Americanos. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Organización de los Estados Americanos. Recuperado de:

<https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_a mericana_sobre_derechos_humanos.htm>

26 Organización de los Estados Americanos. (1969). Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Organización de los Estados Americanos. Recuperado de:

<https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_ americana_sobre_derechos_humanos.htm>

27 Cámara de Diputados. (1917). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. Recuperado de:

<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf>

28 Zepeda, Guillermo obra citada.

29 Ídem.

Dado en el salón de sesiones, el 28 de octubre de 2021.– Diputada y diputado: María Teresa Rosaura Ochoa Mejía , Jorge Álvarez Máynez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, a cargo de la diputada Fabiola Rafael Dircio, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada Fabiola Rafael Dircio, de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Cambio Climático

Planteamiento del problema

De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, se reconoció que los cambios del clima de la Tierra y sus efectos adversos eran ya una preocupación de toda la humanidad.

Se definió como efectos adversos del cambio climático, los cambios en el medio ambiente físico resultantes del cambio climático con efectos nocivos significativos en la composición, la capacidad de recuperación o la productividad de los ecosistemas naturales o sujetos a ordenación, o en el funcionamiento de los sistemas socioeconómicos, o en la salud y el bienestar humanos.

Es decir, el cambio climático generado por las actividades antropogénicas, que amenaza el equilibrio natural del planeta, lo anterior se constata bajo los datos de que en los últimos años se han tenido incrementos de la temperatura a causa de las emisiones de gases de efecto invernadero causando daños definitivos e irreversibles.

La actividad humana es la principal impulsora de estos daños ambientales, según lo dado a conocer en el Informe del 2019 de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios del Ecosistema, un millón de especies de animales y plantas están en peligro de extinción.

Señalando que desde 1900, “las especies nativas han disminuido en al menos 20 por ciento, más del 40 por ciento de anfibios, 33 por ciento de corales y más de un tercio de todos los mamíferos marinos están amenazados”. 1

Otra situación en la que es preciso poner total atención es el desplazamiento por razones de clima, según la  Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) cada año, más de 20 millones de personas deben abandonar su hogar y trasladarse a otros puntos de su propio país debido a los peligros que causan la creciente intensidad y frecuencia de eventos climáticos extremos (como lluvias inusualmente fuertes, sequías prolongadas, desertificación, degradación ambiental, ciclones o aumento del nivel del mar). 2

Por su parte la Organización Panamericana de la Salud manifestó que: “El cambio climático es la mayor amenaza para la salud mundial del siglo XXI. La salud es y será afectada por los cambios de clima a través de impactos directos (olas de calor, sequías, tormentas fuertes y aumento del nivel del mar) e impactos indirectos (enfermedades de las vías respiratorias y las transmitidas por vectores, inseguridad alimentaria y del agua, desnutrición y desplazamientos forzados)” 3.

Entre algunos datos provistos por la Organización, se refiere que a partir de 2030 se estimarían, de continuar en la misma tendencia, 250 mil muertes adicionales por enfermedades sensibles al clima entre los que se encuentran el estrés por calor, desnutrición, dengue y malaria.

Se agregan, el agravamiento de enfermedades circulatorias y respiratorias, mayor mortalidad cardiopulmonar, aumento del riesgo de desnutrición, retraso del crecimiento y consunción infantil, entre otros.

Una población notablemente más afectada es la indígena y afromexicana, derivado a que los Pueblos Indígenas se caracterizan por su profunda relación con el entorno, con sus territorios y la pertenencia con estos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), marcó que los pueblos indígenas están en un marco de alta vulnerabilidad ante las amenazas naturales o las acciones antropogénicas, “esto debido a que ocupan una cuarta parte de la superficie del planeta, protegen 80 por ciento de la biodiversidad del planeta y sus asentamientos de vida se encuentran en zonas de alto riesgo, cerca de riberas, zonas costeras, desiertos, altitudes, montañas que los expone a los diferentes efectos naturales que los pone en un constante desafío para desarrollar métodos de resiliencia y protección de sus identidades” 4.

A pesar de ser una población altamente vulnerable, los pueblos originarios son también parte de una solución a la crisis ambiental, expertos solicitan incluir a los pueblos indígenas y aprovechar sus conocimientos que serán una gran contribución a la conservación, la restauración y el uso sostenible de la naturaleza.

Es por ello que en la Convención Marco se estableció como objetivo; “lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmosfera a un nivel que impida interferencias antropogenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.” 5

Argumentación

En 1992 se firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), a través de este mecanismo nuestro país se obligó a realizar acciones de mitigación del cambio climático, a través de programas, también precisó la necesidad de integrar inventarios sobre los niveles en las emisiones de Gas de efecto Invernadero.

Otro instrumento del cual nuestro país es firmante en el denominado Protocolo de Kioto, el cual tiene data de 1998, en el que se estableció el compromiso de disminuir las emisiones de Gas de efecto Invernadero.

Para 2016 México se anexó al Acuerdo de París, dentro de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el cual busca dar respuesta a las afectaciones del cambio climático.

En concordancia con esos mecanismos en 2012 entró en vigor la Ley General de Cambio Climático, la cual estableció disposiciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático, así como, “garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero” 6.

Es de puntualizar y resaltar que en nuestro país los pueblos indígenas sufren de afectaciones más evidentes por el cambio climático, esto se debe a la fuerte interrelación con la naturaleza y la dependencia de los recursos naturales.

Por ello no es extraño que surgen nuevas perspectivas e investigaciones sobre la situación de los pueblos indígenas y las afectaciones que el cambio climático genera a ellos.

Los pueblos indígenas viven en armonía con la naturaleza y, a pesar de constituir menos de 5 por ciento de la población mundial, ayudan a salvaguardar el 80% de la biodiversidad mundial y son depositarios muchas de las soluciones a la crisis climática 7.

Es por ello que en la reunión alternativa sobre el clima en San Francisco se contó con la participación de representantes de los pueblos indígenas, considerados como expertos en la protección de los bosques y con fuerte trabajo en contra del calentamiento global.

La Organización Internacional del Trabajo y la Oficina de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres también se han manifestado a favor de los trabajos de los pueblos originarios para implementar de manera positiva medidas que ayuden a combatir el cambio climático.

A través de la iniciativa denominada Diálogo de pueblos indígenas sobre cambio climático, biodiversidad y desertificación, en la que participaron Canadá, los Países Bajos y México, se logró la participación de diversos representantes indígenas de todas las regiones geográficas del mundo, con la finalidad de intercambiar experiencias para hacer frente al cambio climático, a la pérdida de la biodiversidad y a la desertificación, entre algunos resultados de ese intercambio se logró identificar qué;

Las soluciones basadas en la naturaleza son una necesidad, y es ineludible trabajar en armonía con la naturaleza, incluyendo los conocimientos tradicionales, ello permitiría obtener soluciones con la participación, conocimientos y gobernanza de los pueblos indígenas.

Asimismo, se conoció a través de esa iniciativa que los Pueblos Indígenas cuentan con prácticas basadas en la naturaleza, que se ajustan con el cumplimiento de objetivos de las Convenciones de Río, que están fundadas con el objetivo de “articular un modelo de desarrollo global que, sin restar independencia a las decisiones nacionales, fuera capaz de trazar parámetros comunes para asegurar, conjuntamente con el desarrollo económico, el bienestar social y ambiental de la humanidad” 8.

En manifiesto de los mismos diálogos se concluyó que es preciso garantizar, respetar y apoyar las diversas visiones de los pueblos indígenas, así como el derecho de tenencia a la tierra y derechos tradicionales, es decir no se puede continuar excusando el enfoque de los pueblos indígenas en los diálogos sobre el cambio climático. 9

La relevancia de la primera participación de los pueblos indígenas en 2014 en una Conferencia de las Partes, la COP-20, permitió exigir un fondo climático indígena y la participación de negociadores de pueblos originarios en las conferencias mundiales del clima, esta petición la realizaron con base en investigaciones científicas que demostraron el aporte que realizan los pueblos indígenas, para preservar el medio ambiente lo que ayuda a salvaguardar el balance climático mundial.

El papel de los pueblos originarios dentro de participaciones en la toma de decisiones era impostergable, con base en el conocimiento de que el cambio climático les afecta de forma directa y que a pesar de ello han permanecido viviendo del conocimiento nato algunas actividades como la agricultura, la pesca, la caza, etcétera.

Sin embargo, se ven amenazados a consecuencia del impacto negativo que genera el cambio climático en sus tierras y comunidades afectando su forma de organización e identidad.

En México se requiere cumplir con las propuestas de privilegiar la transferencia de tecnologías culturalmente apropiadas para las acciones de mitigación y adaptación, y garantizar la protección de la biodiversidad de los territorios indígenas que se encuentra amenazada por los efectos del cambio climático, poniendo en riesgo las prácticas bioculturales que han sido la base de su subsistencia.

México debe avanzar hacia lo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en sus artículos 24 y 25 señalan:

“que las personas indígenas tienen igual derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental y que los Estados deben tomar las medidas que sean necesarias para lograr progresivamente que este derecho se haga plenamente efectivo”.

“Asimismo, se reconoce su derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les incumben para con las generaciones venideras” 10.

Por tal razón es fundamental indagar, por un lado, sobre los efectos, respuestas, subjetividades y conceptualizaciones del cambio climático por parte de los pueblos indígenas, y por otro, sobre la particular vulnerabilidad y exposición que experimentan los pueblos y nacionalidades.

Fundamento legal

Quien suscribe, diputada federal de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Cambio Climático

Artículo Único. Se reforman diversos artículos de la Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 26. En la formulación de la política nacional de cambio climático se observarán los principios de:

I. a XII. ...

XIII. Progresividad...

Al adoptar medidas para hacer frente al cambio climático, se deberán respetar irrestrictamente los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones de vulnerabilidad y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional.

Artículo 45. La comisión tendrá carácter permanente y será presidida por el titular del Ejecutivo federal, quién podrá delegar esa función al titular de la Secretaría de Gobernación o al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se integrará por los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Economía; de Turismo; de Desarrollo Social; de Gobernación; de Marina; de Energía; de Educación Pública; de Hacienda y Crédito Público; de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Artículo 71. Los programas de las entidades federativas...

Los programas de las entidades federativas se elaborarán al inicio de cada administración, procurando siempre la equidad de género y la representación de las poblaciones más vulnerables al cambio climático, indígenas y afromexicanos, personas con discapacidad, académicos e investigadores

Artículo 82. Los recursos para apoyar la implementación de acciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático se destinarán a:

I. Acciones para la adaptación al cambio climático atendiendo prioritariamente a los grupos sociales ubicados en las zonas más vulnerables del país;

I. Bis. Acciones para la adaptación al cambio climático de los pueblos indígenas y afromexicanos.

II. a VIII. ...

Artículo 109. Los tres órdenes de gobierno deberán promover la participación corresponsable de la sociedad circunscribiendo la aportación de los pueblos indígenas y afromexicanos en la planeación, ejecución y vigilancia de la política nacional de cambio climático.

Notas

1 https://www.biodiversidad.gob.mx/

2 https://www.acnur.org/

3 https://www.paho.org/

4 https://www.onu.org.mx/

5 https://unfccc.int/

6 http://www.diputados.gob.mx/

7 https://unfccc.int/

8 https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/

9 https://www.gob.mx/

10 https://www.un.org/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2021.– Diputada Fabiola Rafael Dircio (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 22 de la Ley General de Turismo, a cargo del diputado Saúl Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Saúl Hernández Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Ley General de Turismo, de acuerdo a la siguiente

La importancia del Turismo en México, alcanza un alto grado de desarrollo como consecuencia de las atracciones naturales que el país ofrece, características que aúnan una rica historia y una difusión de paisajes naturales de enorme belleza y diversos climas, temperaturas, biodiversidad y gastronomía.

Se recibe anualmente un amplio número de turistas provenientes de todo el mundo, que genera muchos puestos de trabajo para los locales, derivado de la transcendencia que existe en el país se tiene una política tendiente a favorecer todo lo posible a esta actividad, facilitando continuamente a los visitantes su estadía.

El turismo es impulsor del desarrollo nacional, ya que genera divisas y empleos y participa del progreso regional, es una actividad económica de enorme importancia, contribuyendo en un porcentaje alto en lo que respecta al producto bruto interno.

La capacidad que ofrece México para albergar visitantes de todo el mundo, cabe señalar que la oferta turística está ampliamente segmentada, esto significa que existen distintos circuitos capaces de satisfacer distintos deseos, en efecto, en este sentido el país es enormemente variado, dando cuenta de distintos escenarios que satisfarán los requerimientos de distintos tipos de perfiles.

El turismo es visto por muchos sectores como un conjunto de negocios que, aunque de gran impacto en la economía, no representa un reto especialmente significativo para ser tomado en cuenta de forma particular. México es de los países que dedican una Secretaría de Estado a tan importante sector y con ello elevando su importancia.

El turismo solamente como una actividad productiva puede ser un error que limita su potencial, es evidente la importancia económica que representa para muchos países, entre ellos México, y que la pandemia del Covid-19 ha subrayado de manera significativa, pero, otra de las enseñanzas de este año, es que es también un despresurizador social.

El encierro al que nos ha obligado la situación actual nos ha alejado igualmente de la convivencia social y cultural que se daba en parques, restaurantes, bares, museos, cines y demás centros de descanso y entretenimiento; las pérdidas económicas quedan en evidencia, pero las afectaciones a la vida de las personas también, el anhelo de relajarse, de convivir, de compartir experiencias alrededor de la mesa, aumenta en la misma proporción que el estrés y la ansiedad.

Las personas han caído en cuenta de la importancia de la convivencia social; el mundo tecnológico que se decía que “tanto nos acercaba” se ha dado un duro golpe contra la esencia de la persona humana que, aunque es más consciente de lo que sucede en el planeta gracias al acceso inmediato a la información, se ha dado cuenta de la relevancia del contacto con su prójimo. La revolución digital ha llegado para quedarse, pero reconciliándose con la naturaleza y dignidad de persona humana que se ha impuesto, y es allí en donde el turismo toma ventaja de la visión meramente económica.

La esencia del turismo no es el lucro; no se gasta dinero por hospedarse en un hotel sino por vivir una experiencia, el entorno del negocio turístico es de vital importancia sólo en la medida en que enriquece la experiencia de las personas.

Recuperar los ingresos que ante el Covid-19 se han perdido, no se logrará si el enfoque se centra únicamente en el componente económico, pero sí en cambio, el enfoque es integral y toma en cuenta las necesidades e intereses de las personas, el sector saldrá fortalecido y el 2020 no habrá sido un año perdido del todo.

El ser humano se está dando cuenta de la importancia de mantener un equilibrio entre la actividad económica y la experiencia, debemos preocuparnos, por tanto, no por la salud del turismo sino por su bienestar significando esto que el enfoque debe ser holístico, profundo y de largo plazo. El Turismo debe ser estudiado, investigado y analizado como una industria compleja en sí misma, integral y de gran impacto social, económico y cultural para la persona humana y no meramente como estadística.

La pandemia de Covid-19 y las medidas de contención implementadas por las autoridades han impactado de forma considerable la actividad económica y el empleo, el grado de afectación y recuperación es heterogéneo entre los sectores de actividad, lo que ha influido en el desempeño económico regional, una de las actividades económicas que registró efectos negativos de mayor magnitud y que han tendido a ser más duraderos, es el turismo.

En efecto, si bien la actividad del sector turístico se ha estado reactivando paulatinamente, las expectativas de los contactos empresariales entrevistados para este Reporte Regional prevén que durante 2021 todavía se registren niveles de actividad significativamente por debajo de los observados antes de la pandemia.

Así, dada su interacción con otros sectores, la debilidad en el turismo posiblemente ha tenido efectos adversos sobre el resto de la actividad económica, y de persistir la atonía en esa actividad podría continuar influyendo en menores ingresos para otros sectores.

La pandemia de Covid-19 ha afectado fuertemente la actividad turística en las distintas regiones del país. Al respecto, los resultados las caídas en la actividad del subsector servicios de alojamiento temporal conllevan efectos negativos importantes en el resto de la actividad económica regional.

En específico, los efectos indirectos sobre el valor agregado como proporción del PIB son incluso de mayor magnitud que los directos en todas las regiones del país. Esto puede atribuirse a la gran cantidad de vínculos del sector de servicios de alojamiento temporal con el resto de los sectores de la actividad económica.

Asimismo, se identifica que las caídas en el subsector de servicios de alojamiento temporal tienen repercusiones considerables sobre el empleo, no solo de esa actividad, sino también en otros sectores de la economía.

En el 2021 se anticipa una reactivación en el subsector de servicios de alojamiento con respecto a 2020, si bien se esperan niveles de actividad aún por debajo de los registrados antes de la pandemia, lo que podría tener implicaciones sobre la actividad en distintos sectores de las regiones.

No obstante, debe reconocerse que dichas expectativas están sujetas a cambios conforme se tenga más información de varios elementos que afectan la actividad turística como el número de contagios, la aplicación de vacunas, o las políticas implementadas por las distintas autoridades nacionales e internacionales para contener la pandemia.

Ley General de Turismo

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 22 de la Ley General de Turismo

Artículo Único. Se reforma el artículo 22 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 22. La Secretaría elaborará el Programa Sectorial, que se sujetará a los objetivos y metas establecidas para el sector en el Plan Nacional de Desarrollo. En caso de pandemia deberá contemplar medidas de seguridad al sector turístico, para continuar con la economía para los pueblos mágicos, playas y lugares turísticos del territorio mexicano.

La Secretaría al especificar en el programa las políticas, objetivos y prioridades que regirán a la actividad turística, procurará investigar las características de la demanda y los atractivos turísticos naturales y culturales con que cuenta cada ruta o región.

El Programa Sectorial de Turismo podrá contener entre otros elementos metodológicos de la planificación, un diagnóstico y un pronóstico de la situación del turismo en el país, el ordenamiento turístico del territorio, y las políticas, objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo de esta actividad, con observancia a lo que establezcan los instrumentos jurídicos, administrativos y de política económica que sean aplicables.

Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas

1. https://www.importancia.org/turismo-en-mexico.php

2. https://www.forbes.com.mx/red-forbes-importancia-del-turismo-para-la-persona/

3. https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/reportes-sobre-las-economias- regionales/recuadros/%7BD4778592-D181-F82B-DF53-958D1E9A32D6%7D.pdf

Dado en la Ciudad de México dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2021.– Diputado Saúl Hernández Hernández (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona los artículos 101 y 102 Bis, de la Ley del Seguro Social, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Alejandro Carvajal Hidalgo, diputado de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, fracción I, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 101 y se adiciona el artículo 102 Bis de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, al tenor de la siguiente

El Estado debe garantizar igualdad de oportunidades para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. El embarazo y la maternidad son una de las épocas de mayor vulnerabilidad laboral y familiar por las que pasan las mujeres, es por ello que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, apartado A, fracción V, establece los derechos que tiene la mujer por maternidad, salvaguardando su salud y seguridad durante el embarazo y después del parto, al igual que garantiza un periodo adecuado de descanso, protección contra el despido y normas de lactancia, por dicha condición:

“Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos”. 1

A nivel internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 25, numeral 2, determina que “ la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.” 2

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su Artículo VII, garantiza el derecho de la protección a la maternidad y a la infancia, estableciendo que “toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales.” 3

El Convenio sobre la Seguridad Social (C102), de la Organización Internacional del Trabajo, 4 relativo a la norma jurídica de la seguridad social, del cual México suscribió el 12 de octubre de 1961, en específico la parte VIII del artículo 46 al 52, relativa a las prestaciones de maternidad, comprende el embarazo, el parto y sus consecuencias, estableciendo las normas mínimas que deberán observar los países miembros sobre la protección a la maternidad desde el ámbito de la seguridad social.

La Ley del Seguro Social vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, regula en su tercera sección, de las prestaciones en dinero, en los artículos 101 y 102, y que son materia de esta iniciativa, el derecho de la asegurada a percibir un subsidio en dinero durante el embarazo y el puerperio equivalente al cien por ciento del último salario base de cotización, establece que dicho subsidio lo recibirá durante cuarenta y dos días anteriores al parto y cuarenta y dos días posteriores al mismo, como a continuación se transcribe:

“ Artículo 101. La asegurada tendrá derecho durante el embarazo y el puerperio a un subsidio en dinero igual al cien por ciento del último salario diario de cotización el que recibirá durante cuarenta y dos días anteriores al parto y cuarenta y dos días posteriores al mismo.

En los casos en que la fecha fijada por los médicos del Instituto no concuerde exactamente con la del parto, deberán cubrirse a la asegurada los subsidios correspondientes por cuarenta y dos días posteriores al mismo, sin importar que el período anterior al parto se haya excedido. Los días en que se haya prolongado el periodo anterior al parto, se pagarán como continuación de incapacidades originadas por enfermedad. El subsidio se pagará por períodos vencidos que no excederán de una semana.

Artículo 102. Para que la asegurada tenga derecho al subsidio que se señala en el artículo anterior, se requiere:

I. Que haya cubierto por lo menos treinta cotizaciones semanales en el período de doce meses anteriores a la fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio;

II. Que se haya certificado por el Instituto el embarazo y la fecha probable del parto; y

III. Que no ejecute trabajo alguno mediante retribución durante los períodos anteriores y posteriores al parto.

Si la asegurada estuviera percibiendo otro subsidio, se cancelará el que sea por menor cantidad.” 5

Resulta necesaria esta iniciativa para armonizar los artículos materia de la misma, con las reformas a la Ley Federal del Trabajo publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 30 de noviembre del 2012, que entre otras se modificó la fracción segunda del artículo 170, donde se prevé el descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto, pero además se considera que a solicitud expresa de la trabajadora y previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, se podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo, se transcribe el precepto a continuación:

“ Artículo 170.- Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. ...

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto. A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta ocho semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente.

En caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora.” 6

Por lo tanto, el descanso obligatorio que se otorga a las trabajadoras antes y después del parto, se encuentra esencialmente relacionado con el pago de un subsidio, el cual se otorga en sustitución del salario que percibían por el trabajo prestado hasta antes que les fuese concedida la incapacidad por maternidad.

Lo anterior se sustenta mediante la cita de criterios jurisdiccionales emitidos por los Tribunales Colegiados de Circuito en materia laboral, con números III.3o.T.12 l (10a.) y XVII.17 l:

“ Incapacidad por maternidad. El periodo de descanso anterior y posterior al parto constituye una medida para proteger tanto la salud de las trabajadoras como la del producto de la concepción, por lo que si aquél ocurre antes de la fecha probable fijada por el médico, el resto de los días no disfrutados del periodo prenatal deberán ser transferidos al de posparto.

El artículo 123, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que las trabajadoras durante el embarazo cuentan con los siguientes derechos: a) no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; b) gozarán forzosamente de un descanso de 6 semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y 6 posteriores a éste, debiendo percibir íntegro su salario y conservar su empleo, así como los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo; y, c) en el periodo de lactancia, tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. En este sentido, el periodo de incapacidad forzoso, anterior y posterior al parto, constituye una prerrogativa que, entre otras, el Constituyente Permanente consagró con la finalidad de proteger la salud de las trabajadoras y la del producto de la concepción durante ese lapso de gravidez próximo al parto y con posterioridad a éste, sin menoscabo de sus percepciones producto de su trabajo, para lograr el objetivo que lo llevó a reformar la disposición original, ya que el referido descanso forzoso lo tendrán con goce del salario íntegro por disposición del propio reformador de la Constitución. Luego, a fin de armonizar la reforma del citado artículo constitucional con el sistema jurídico internacional, debe señalarse que el Estado mexicano ha suscrito y ratificado diversos instrumentos internacionales, de donde se colige que coinciden en que, en caso de embarazo, la mujer trabajadora tiene derecho a disfrutar de un descanso retribuido de por lo menos 12 semanas, por ser el tiempo razonable para salvaguardar la protección social a la maternidad y preservar la salud de la mujer y del producto de la concepción. Así, debe señalarse que si el parto ocurre antes de la fecha fijada aproximadamente, con mayor razón debe salvaguardarse la salud de ambos (madre e hijo), pues se trata de un alumbramiento fuera de las características normales, que aconteció por cuestiones inherentes a la naturaleza biológica, pues se trata de un nacimiento prematuro, por ello, tanto la madre como el hijo requieren de mayores cuidados. De ahí que cuando no pueda disfrutarse en su totalidad del periodo prenatal de 6 semanas por haberse adelantado el parto, entonces el resto de los días no disfrutados deberán ser transferidos al periodo de posparto, con la finalidad de salvaguardar la salud de la madre y del hijo, pues es posible que la fecha del parto sea imprecisa, por lo que es necesario atender a las necesidades biológicas de la madre y del infante, ya que con ello se beneficiarían los dos, en virtud de que tal situación permitiría una mayor integración entre ellos, además de que aquélla contará con un periodo mayor respecto de la incapacidad posparto, lo que contribuiría al mejor desarrollo físico, psicológico y emocional de ambos y, asimismo, se preservaría su salud, protegiendo así los derechos fundamentales de la madre trabajadora, consagrados tanto en la Constitución Federal como en los instrumentos internacionales.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.

Amparo directo 315/2012. María Dolores Barba Pulido. 20 de septiembre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Castro León. Secretaria: Martha Leticia Bustos Villarruel.” 7

Por lo anterior resulta indispensable la revisión del oficio número 09 52 17 4000/ 0239, mediante el cual el titular de la Dirección Jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social emite el criterio de interpretación, para efectos administrativos, del artículo 101 de la Ley del Seguro Social, el cual establece que deberá otorgarse a las madres trabajadoras el derecho de transferir hasta cuatro de las seis semanas del período antes del parto para después del mismo y la posibilidad de recibir un certificado por incapacidad que podrá ser de hasta 84 días, el cual podrá ser expedido desde el inicio de la incapacidad, periodo que comprende comprende tanto el previo como el posterior al parto:

“ Primero.- El subsidio por maternidad previsto en el artículo 101, de la Ley del Seguro Social, debe otorgarse a las madres trabajadoras en la misma forma en la que éstas disfrutan de las semanas de descanso concedidas mediante incapacidad del Instituto, por lo que si dichas semanas son transferidas del período antes del parto para después del mismo, en términos del artículo 170, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, el pago del subsidio debe seguir la misma suerte.

Segundo.- La incapacidad para trabajar por maternidad comprende tanto el período prenatal como el postnatal, por lo que no existiría impedimento jurídico alguno para que el certificado por incapacidad en comento se expida desde el inicio de la incapacidad y por el total de días que resulte de la suma de ambos períodos, en los términos señalados en el punto anterior, que podrá ser de hasta 84 días, de acuerdo al planteamiento descrito.

Tercero.- En aquellos casos en los que el parto ocurra en una fecha posterior a la estimada por el Instituto, los días que medien entre estos eventos deberán sumarse a los días amparados por el certificado único de incapacidad para trabajar por maternidad, entregándose a la madre trabajadora el subsidio correspondiente por concepto de enfermedad general, de conformidad con lo previsto en el artículo 143, fracción I, del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social.” 8

En la actualidad y a partir del criterio de interpretación anteriormente citado, y expedido por el multicitado instituto, dichos procedimientos de expedición de un solo certificado de incapacidad que ampare tanto el periodo prenatal como el postnatal, y el pago en una sola exhibición del subsidio son llevados a cabo de manera administrativa ya que no existe ninguna disposición en la legislación vigente que lo permita, lo que representa una omisión legislativa.

En apoyo a lo anterior, se cita la tesis jurisprudencial P./J. 11/2006, emitido por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia constitucional:

“ Omisiones legislativas. Sus tipos.

En atención al principio de división funcional de poderes, los órganos legislativos del Estado cuentan con facultades o competencias de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio, y en su desarrollo pueden incurrir en diversos tipos de omisiones. Por un lado, puede darse una omisión absoluta cuando aquéllos simplemente no han ejercido su competencia de crear leyes ni han externado normativamente voluntad alguna para hacerlo; por otro lado, puede presentarse una omisión relativa cuando al haber ejercido su competencia, lo hacen de manera parcial o simplemente no la realizan integralmente, impidiendo el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes. Ahora bien, combinando ambos tipos de competencias o facultades -de ejercicio obligatorio y de ejercicio potestativo-, y de omisiones -absolutas y relativas-, pueden presentarse las siguientes omisiones legislativas: a) Absolutas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo tiene la obligación o mandato de expedir una determinada ley y no lo ha hecho; b) Relativas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo emite una ley teniendo una obligación o un mandato para hacerlo, pero lo realiza de manera incompleta o deficiente; c) Absolutas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide no actuar debido a que no hay ningún mandato u obligación que así se lo imponga; y, d) Relativas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide hacer uso de su competencia potestativa para legislar, pero al emitir la ley lo hace de manera incompleta o deficiente.

Controversia constitucional 14/2005. Municipio de Centro del Estado de Tabasco. 3 de octubre de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.

El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número 11/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a tres de enero de dos mil seis. 9

Cabe señalar que la presente propuesta no tiene impacto presupuestal, toda vez que dichos procedimientos ya los lleva a cabo el instituto en la practica de manera administrativa; por lo cual, no existe la necesidad de señalar el sustento financiero que permita determinar los gastos generados por la presente modificación.

La presente iniciativa tiene por objeto dotar de la adecuada certeza jurídica a la madre trabajadora en los periodos prenatales y postnatales de maternidad, mediante la expedición de un Certificado Único de Incapacidad por ochenta y cuatro días, al tiempo de plasmar en la legislación aplicable la posibilidad de transferir hasta cuatro de las seis semanas del periodo prenatal al periodo postnatal. Todo ello con la finalidad de salvaguardar el multicitado derecho de maternidad.

Para que mi propuesta sea más entendible, se muestra el siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan un párrafo tercero al artículo 101 y el artículo 102 Bis de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre de 1995.

Artículo Único. Por el que se adicionan un párrafo tercero al artículo 101 y el artículo 102 bis., de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre de 1995, para quedar como sigue:

Artículo 101. La asegurada tendrá derecho durante el embarazo y el puerperio a un subsidio en dinero igual al cien por ciento del último salario diario de cotización el que recibirá durante cuarenta y dos días anteriores al parto y cuarenta y dos días posteriores al mismo.

En los casos en que la fecha fijada por los médicos del Instituto no concuerde exactamente con la del parto, deberán cubrirse a la asegurada los subsidios correspondientes por cuarenta y dos días posteriores al mismo, sin importar que el período anterior al parto se haya excedido. Los días en que se haya prolongado el período anterior al parto, se pagarán como continuación de incapacidades originadas por enfermedad. El subsidio se pagará por períodos vencidos que no excederán de una semana.

El subsidio en dinero a que se refiere el presente artículo, a solicitud expresa de la asegurada que se encuentre certificada de su estado de embarazo por el Instituto, con atención médica institucional o externa, se pagará mediante la emisión de un certificado único de incapacidad por ochenta y cuatro días, el cual deberá ser entregado en una sola exhibición, dentro del periodo de las semanas 34 a 38 de gestación.

Artículo 102....

Artículo 102 Bis. A solicitud expresa de la asegurada, con la previa autorización escrita del médico del Instituto o, en su caso, del médico externo que lleve el control y vigilancia prenatal, y tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo.

En caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora.

Las disposiciones reglamentarias establecerán el procedimiento.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Recuperado de:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf. Consultado el 12 de octubre del 2021.

2 Recuperado de:

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-ri ghts. Consultado el 12 de octubre del 2021.

3 Recuperado de: http://www.oas.org/es/. Consultado el 12 de octubre del 2021.

4 Recuperado de:

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB: 12100: 0:: NO:: P12100_ILO_CODE: C102. Consultado el 12 de octubre del 2021.

5 Recuperado de:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92_310721.pdf. Consultado el 12 de octubre del 2021.

6 Recuperado de:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/92_310721.pdf. Consultado el 12 de octubre del 2021.

7 Recuperado de: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2002802. Consultado el 12 de octubre del 2021.

8 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5449158&fecha= 24/08/2016.

9 Recuperado de:

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/175872. Consultado el 8 de octubre del 2021.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de octubre de 2021.– Diputado y diputada: Alejandro Carvajal Hidalgo, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Kathia María Bolio Pinelo e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Kathia María Bolio Pinelo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

La influencia de la cultura ha sido un factor determinante en el comportamiento diario de la sociedad mexicana, sin embargo, no todo lo transmitido o aprendido durante el paso de los años ha sido positivo, y es ahí donde se requiere el trabajo, el esfuerzo y dedicación de todas y todos para detectar y eliminar lo que causa daño a la ciudadanía, como son los prejuicios y estereotipos que existen en nuestra población y que han generado y siguen generando desigualdad, división, violencia, exclusión social y discriminación, viéndose afectados principalmente los grupos en situación de vulnerabilidad, como el de las personas con discapacidad sector al que hago referencia en esta iniciativa.

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad define discapacidad como

La consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

La condición de discapacidad debe verse como una condición de vida por la que debemos velar y garantizar el acceso a los mismos derechos y oportunidades, porque que no es menos o más que otras condiciones de vida, y nadie está exento de no adquirirla en algún momento de su vida.

Es evidente que se ha avanzado en temas de discapacidad, pero todavía no es suficiente, falta mucho camino por recorrer y sigue faltando mucha más voluntad hacia la construcción de una inclusión social visible, constante y verdadera de las personas con discapacidad en México, aún prevalece una percepción u opinión errónea con respecto a lo que es tener una condición de discapacidad, se le sigue considerando como una dificultad o impedimento para realizar todas las tareas de la vida cotidiana y demás actividades cuyo fin es la superación y el crecimiento personal, la gran mayoría de las acciones en materia de discapacidad que los gobiernos suelen llevar a cabo parten de una visión asistencialista, porque se siguen basando en la falsa creencia de que las personas con discapacidad serán siempre personas dependientes, algo que en pleno siglo XXI debe erradicarse, y es por lo que han luchado y siguen luchando de forma permanente las personas con discapacidad, sus familiares y quienes activamente defendemos su inclusión y sus derechos en todos los ámbitos.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es el máximo instrumento jurídico internacional en materia de discapacidad, nació incluso a propuesta de nuestro país con el objetivo de cambiar el paradigma del trato asistencialista hacia las personas con discapacidad, permitiéndoles desarrollarse en igualdad de condiciones como cualquier otra persona, contando con los mismos derechos, obligaciones y oportunidades como integrantes de la sociedad.

Si bien en México se cuenta aparentemente con las normas jurídicas suficientes para la protección de los derechos de las personas con discapacidad, no es menos cierto que la gran mayoría tiene un enfoque asistencialista, cuando realmente lo que se requiere es que a través de las leyes se garanticen herramientas y mecanismos en el ámbito educativo, laboral, cultural, deportivo, político, social, entre otros, que contribuyan a acortar la brecha de desigualdad y la pobreza en la que se encuentra actualmente este grupo vulnerado a diferencia de otros grupos del territorio nacional, es necesario alentar e impulsar el desarrollo personal en todos los sentidos de las personas con discapacidad ante una realidad adversa que siguen viviendo, por la carencia de oportunidades y las constantes violaciones a sus derechos humanos, reflejando esta situación que lo establecido en las leyes muchas veces resulta letra muerta.

De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México cuenta con una población de personas con discapacidad o con alguna limitación de casi 21 millones, que representa más de 16 por ciento de la población como se muestra en la siguiente tabla:

La presente iniciativa busca sembrar algo inédito en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un camino real y significativo hacia la inclusión de las personas con discapacidad en nuestra sociedad, se propone elevar a rango constitucional el derecho a que todas las personas con discapacidad en México de cualquier edad, cuenten con la ayuda técnica, prótesis y órtesis que requieran de acuerdo a su condición de discapacidad, sin importar si nacieron con una discapacidad o si la adquirieron posteriormente, teniendo el Estado Mexicano la obligación de cumplir y garantizar este derecho, que le permitirá a todo este sector de la población alcanzar una vida plena y un desarrollo integral que les involucrará activamente en la sociedad.

Cabe señalar que no todas las personas con discapacidad hoy en día cuentan con las herramientas necesarias para realizar lo más esencial y elemental en su vida, por eso la importancia de hacer una realidad esta propuesta que abona de manera importante a lo que hasta el momento se ha hecho en materia de discapacidad, se busca que todas y todos tengan acceso a lo que requieren para tener una mejor calidad de vida.

La OMS estima que actualmente sólo 1 de cada 10 personas en el mundo que necesita ayudas técnicas prioritarias, incluidas las prótesis y órtesis, tiene acceso a ello, debido a su alto costo y a la falta de políticas públicas y financiamiento.

La Organización Mundial de la salud define los siguientes conceptos:

Ayuda técnica: Todo producto externo (incluidos dispositivos, equipos, instrumentos y programas informáticos), ya sea producido especialmente o disponible en general, cuya finalidad principal es mantener o mejorar el funcionamiento y la independencia de una persona y, por tanto, promover su bienestar. Ayudas técnicas también se utilizan para prevenir deficiencias y afecciones secundarias.

Órtesis: Dispositivo o producto ortésico de aplicación externa que se utiliza para modificar las características estructurales y funcionales de los sistemas neuromuscular y esquelético.

Prótesis: Dispositivo o producto protésico de aplicación externa que se usa para remplazar total o parcialmente una parte de un miembro ausente o deficiente.

Por lo mencionado, esta propuesta nace de una nueva visión con respecto a la discapacidad, rompe paradigmas en relación a políticas públicas nacionales e internacionales relacionadas con la inclusión de las personas con discapacidad, revive la esencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que se había perdido en el país en los últimos 3 años al verse afectado año tras año el presupuesto de egresos para las personas con discapacidad en México y la falta de apoyo hacia la Conadis.

Esta iniciativa no solamente va a generar de manera directa un beneficio a este grupo vulnerado, sino que fomentará su desarrollo y crecimiento en todos los sectores de la sociedad, que es lo que hoy más que nunca se requiere y con lo que se ha estado en deuda, ya no se requiere más asistencialismo como comúnmente se aplica, con ayudas técnicas, prótesis y órtesis lograremos que las personas con cualquier tipo de discapacidad puedan derribar todas las barreras y obstáculos que tengan enfrente logrando así ser autosuficientes, porque merecen salir adelante y merecen gozar de las mismas oportunidades como cualquier otra persona, su inclusión y su accesibilidad universal en nuestro país debe ser prioridad.

Diseñar políticas públicas basadas en inclusión, igualdad y no discriminación hacia quienes pertenecen a este grupo vulnerado es una deuda de este poder legislativo, por lo que hoy debe ser nuestra prioridad, se debe destinar el recurso suficiente para cumplir con este derecho que busco sea más específico y claro en la Constitución, por lo que reitero que la propuesta es para otorgarle a todas las personas con discapacidad en México el derecho a que el Estado les otorgue la ayuda técnica, prótesis y órtesis que requieran de acuerdo con su discapacidad.

Una beca económica no es garantía de inclusión y de estar avanzando en materia de discapacidad, la presente iniciativa sí lo es, y ante el compromiso adquirido por nuestra nación desde el 30 de marzo de 2007 ratificando la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se debe apostar por todo lo que proteja a las y los mexicanos con discapacidad en el país.

Por lo expuesto y fundado me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ayudas técnicas, prótesis y órtesis para beneficio de las personas con discapacidad en México

Único. Se adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4.-...

...

El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y las personas que se encuentren en condición de pobreza.

Todas las personas con discapacidad sin importar su edad y sin importar su condición de discapacidad ya sea adquirida por nacimiento o posteriormente, el Estado les garantizará la ayuda técnica, prótesis y ortesis que requieran para su inclusión plena a la sociedad.

Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión, en un plazo improrrogable de noventa días, realizará las adecuaciones normativas correspondientes a efecto de cumplir con lo establecido en este presente decreto.

Tercero. El Ejecutivo deberá especificar en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos destinados para el cumplimiento del presente decreto.

Cuarto. Se derogan los demás acuerdos o disposiciones normativas que se opongan al presente decreto.

Referencias

1 https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Discapaci-dad_Discapac idad_01_44ae2514-5d2b-4c7e-ad80-49a3c772ed44

2 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259508/97892435124 88-part1-spa.pdf;sequence=1

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_120718.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2021.– Diputada Kathia María Bolio Pinelo (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona un artículo 6 Bis y reforma el 77 Bis 12 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Sue Ellen Bernal Bolnik , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 6 Bis y reforma el artículo 77 Bis 12 de la Ley General de Salud, con base en la siguiente

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. 1 En 1981, México ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el cual se indica en el artículo 12, que el derecho a la salud debe otorgarse en su más alto nivel posible de disfrute. 2

La Organización Mundial de la Salud establece como objetivo primordial asegurar servicios de salud de calidad para todas las personas que lo que necesiten, sin poner en riesgo su situación económica. 3 En México, el sistema de protección social ha operado desde 1943, con la creación de un sistema de salud público segmentado el cual fue evolucionando con el paso de los años. Este sistema de salud contribuyo a convertir el acceso a la salud en una bandera para combatir la desigualdad y la pobreza de un segmento significativo de la población. 4

México enfrenta importantes desafíos en salud, como son, por ejemplo, la falta de recursos para la atención primaria de las elevadas tasas de obesidad y diabetes que padecemos; así como las barreras de acceso a servicios de salud y elevados gastos de bolsillo. A partir de 2018, las reformas llevadas a cabo en materia de salud y la errada estrategia de atención, así como la radicalización de las políticas de austeridad, han agravado la situación de un sector que, si bien padecía algunas problemáticas, hoy se encuentra en una severa crisis que ha afectado a las instituciones, al personal de salud y a la población que requiere de atención médica. Sumado a esto, acciones desafortunadas como la desaparición del Seguro Popular, el cual fue reemplazado por el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) y en la práctica no ha cubierto mínimamente lo que se había alcanzado, mucho menos satisfacer la la necesidad de cobertura y gratuidad, así como la pandemia provocada por el SARS-Cov2, evidenció aún más la grave situación que atraviesa nuestro sistema de salud.

Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), recomiendan un gasto en salud de al menos 6 por ciento del producto interno bruto (PIB). En México, la inversión para este rubro se encuentra lejos de ese mínimo recomendado para poder tener un avance significativo hacia la cobertura universal y a diferencia de otros, el gasto en salud se ha reducido en los últimos años, siendo uno de los países de la OCDE que menos invierte en salud.

El Inegi 5 en su estudio “Cuenta Satélite del Sector Salud de México”, 2019 informa que en el periodo de 2009 a 2019 la participación promedio del sector salud al producto interno bruto del país fue de 5.6 por ciento y registró un crecimiento promedio anual de 1.6 por ciento en términos reales en igual lapso. Durante 2019 el producto interno bruto ampliado (PIBA) del sector salud fue equivalente a un monto de 1 millón 379 mil 96 millones de pesos (a precios de mercado), que contribuyó con 5.6 por ciento del PIB total obtenido en el país 6

Es de destacar que con lo que genera el sector salud, el gasto público en el sector contrasta con lo anterior, diversas organizaciones independientes han hecho análisis presupuestales del sector salud, ante la falta de claridad con los montos asignados, los cálculos varían en los documentos públicos e independientes referentes al tema, dado que los rubros del sector salud aparecen dispersos en las leyes y proyecto de presupuesto, en el estudio “Presupuesto para el Sector Salud en Tiempos de Covid-19” presentado por Fundar Centro de Análisis e Investigación realizaron el siguiente comparativo de la evolución del presupuesto correspondiente a la función salud:

Fuente: Fundar: “Presupuesto para el Sector Salud en tiempos de Covid-19”

El tema puede ser aún más complejo, si se toma en cuenta que este porcentaje se divide en siete subsistemas presentes en el país (Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Petróleos Mexicanos, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de la Marina, Secretaría de Salud e IMSS Bienestar).

Por otra parte, México Evalúa en su estudio “México Evalúa: Prometer no empobrece” informa que para el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022, el Ejecutivo federal ha enviado una propuesta donde se ha propuesto someter a consideración de esta soberanía un gasto en materia de salud de 704.0 mil millones de pesos, lo que supone un incremento del 15.2 por ciento (105.2 miles de millones de pesos, mmdp) con respecto al monto aprobado para 2021. Esto representaría el 2.8 por ciento como porcentaje del PIB. Esto implica que el gasto en la función Salud representará 11.2 por ciento del gasto público total en 2022. Es de observarse que estos recursos tendrán como destino enfrentar los estragos que han generado la pandemia de Covid 19 y otros gastos en materia administrativa, en la cual se comparte la visión de atender las necesidades de la infraestructura, equipamiento, personal, abastecer el esquema de vacunas y medicamentos.

En este mismo documento la organización detectó que 52 por ciento del incremento en el gasto se asignó a los programas de “Actividades de Apoyo Administrativo” del IMSS a la Secretaría de Salud y al programa de “Adeudos con el IMSS e ISSSTE y fortalecimiento del Modelo Atención Integral de Salud”. A pesar de que este último programa busca destinar recursos al Modelo de Atención Integral de Salud, no se especifica el monto que se ejercerá en dicho modelo, mientras que 39 por ciento del aumento se pretende sea destinado en programas relacionados con servicios médicos y atención a pacientes: “Programa de Vacunación de la SSA”, “Programa IMSS-Bienestar” y el “Programa de Atención a la Salud”. 7

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ha pronosticado que el gasto en salud superará el crecimiento del PIB en los próximos 15 años en casi todos los países que la integran, incluido México. El gasto sanitario per cápita aumentará a una tasa promedio anual de 2.7 por ciento en la OCDE y alcanzará 10.2 por ciento del PIB en 2030. En 2019 posterior a la crisis provocada por la Covid-19 presentó, el informe Panorama de la Salud 2019 exponía los ámbitos en los que el gasto en salud puede ser más eficaz: El aumento del uso de medicamentos genéricos podría reducir el gasto significativamente. Sin embargo, a pesar del progreso realizado en varios países, los medicamentos genéricos solo representan aproximadamente la mitad del volumen de productos farmacéuticos que se venden en los países de la OCDE.

El organismo internacional indica que los sistemas sanitarios y sociales emplean en la actualidad más trabajadores que nunca, y aproximadamente uno de cada diez empleos, en los países de la OCDE, pertenece al sector de la asistencia sanitaria o social. Desplazar algunas tareas que desempeñan los médicos hacia los enfermeros y otros profesionales de la salud puede aliviar las presiones de costos y mejorar la eficiencia. 8

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud indica que la cobertura sanitaria universal (CSU) implica que todas las personas y comunidades reciban los servicios de salud que necesitan sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos. El objetivo de esta es que la población reciba atención médica de calidad sin pasar por problemas económicos como consecuencia de ello. Y esto se logra a través de sistemas sólidos de financiación. La institución refiere que la mejora de la cobertura de los servicios de salud y de los resultados de salud depende de la disponibilidad, accesibilidad y capacidad de los trabajadores sanitarios y asistenciales de proporcionar una atención integrada de calidad centrada en las personas. 9

Independientemente de la crisis sanitaria, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señala que de 2018 a 2020 hubo un alza del número de personas que viven en condición de pobreza, precisa que de 51.9 millones paso a 55.7, en total hay 3.8 millones de personas más en pobreza. Destacando a la población que vive en pobreza que de 8.7 creció a 10.8 millones, lo que resulta una cifra preocupante de 1.9 millones de personas más que no cuentan con el ingreso necesario para cubrir los gastos para su sana alimentación y salud. 10

Lo que preocupa es que ante los hechos que en materia de salud se han presentado, la falta de claridad por los problemas de comunicación que argumentan autoridades del sector y las demandas que los usuarios y derechohabientes han hecho en los últimos años, así como una evidente falta de una planificación certera en el reparto de los recursos públicos; derive a que diversos estudios tanto públicos como no gubernamentales derive en problemas de presupuesto. Si hemos adoptado la austeridad en el servicio público esta se tiene que ver reflejada en la planeación burocrática pero no en los recursos para el más elemental de los derechos para conservar la vida: el derecho a la salud.

Compartimos y exigimos que exista transparencia y rendición de cuentas en estos métodos de acceso y repartición de los recursos públicos y más los etiquetados para el sector salud. Pugnamos porque exista una observación minuciosa en cómo se ejercen, Pero no por ello se tenga que limitar los recursos o se destinen para gastos en compras para el regateo. Otorgar recursos a la salud pública mejorará los planes que se tienen no para tres o seis años si no para un futuro aún más lejano.

En estos años de epidemia del Covid-19 el Inegi informa que, durante 2020, de las 1 millón 86 mil 94 defunciones registradas durante 2020, 58.8 por ciento fueron hombres, 41.1 por ciento mujeres y en 756 casos el sexo no fue especificado. Del total de defunciones, 92.4 por ciento se debieron a enfermedades y problemas relacionados con la salud, mientras que 7.6 por ciento fueron por causas externas, principalmente accidentes, homicidios y suicidios. 11

La atención a la pandemia ha acaparado los recursos del sector salud, y desplazado la atención de otros padecimientos. En 2020 sólo se dieron 168 mil 173 consultas para la atención de cáncer de mama y cervicouterino en unidades de la Secretaría de Salud y de Servicios Médicos Estatales y Municipales, esto contrasta con 43 por ciento del total de consultas en 2019 (383 mil 462). Las consultas en las 101 Unidades de Especializadas Médicas en Enfermedades Crónicas de la Secretaría de Salud, que atienden principalmente a pacientes con diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemia también presentaron una reducción del 49 por ciento con respecto a 2019.

Este cambio de operaciones ha afectado al abasto de medicamentos de todo tipo haciendo ineficiente la atención médica en el servicio público. Por ejemplo: en el IMSS el número de recetas sin surtir aumentó en un 218 por ciento de 2019 a 2020; el número de quejas por desabasto de medicinas aumentó 498 por ciento; se han interpuesto cerca de 200 amparos para que pacientes oncológicos reciban medicamentos que los mantienen con vida, se han registrado más de 500 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por tal desabasto. 12

Las organizaciones México Evalúa, el Centro de Estudios Espinoza Iglesias y Acción Ciudadana Frente contra la pobreza en el marco del Día Mundial de la Salud en 2021, publicaron un comunicado llamado “México enfrenta la peor crisis sanitaria de su historia moderna” en el que manifiestan que el Estado está obligado a prevenir y tratar todas las enfermedades, así como a crear condiciones para el acceso a servicios médicos de calidad. Estas organizaciones demandan que el sistema de salud en México presenta fallas que impiden el pleno ejercicio del derecho a la salud, excluye a 33 millones de mexicanos casi el 26 por ciento y es inequitativo, lo que ha afectado a la población más pobre. 13

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-2019, en ese periodo el país reportó sus peores niveles de vacunación en los últimos 18 años, ya que sólo 18.5 por ciento de los niños menores de un año cuentan con el esquema de vacunación completo 14. Es de recordar que en las entidades federativas hubo protestas por parte del personal médico por fala de insumos de protección esenciales para la atención medica como gafas cubre bocas, guantes, impermeables, gafas; este personal quedo expuesto al contagio del Covid-19. 15

En el Programa Sectorial Derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 se hace el compromiso de construir un sistema universal e integral donde los enfermos reciban tratamiento y las personas sanas no mueran por causas evitables. Nombra como sus pilares:

• El acceso universal de los servicios de salud y medicamentos gratuitos a toda la población,

• El modelo APS-I,

• La reorganización y regulación sanitaria,

• El fortalecimiento de la industria farmacéutica nacional e impulso a la investigación. 16

Los diputados del Congreso de la Unión tenemos la facultad constitucional de votar por el Presupuesto de Egresos cada año, pero al quedar plasmado el objetivo de la presente, quedaría asentada la obligación de planear un presupuesto mayor al 6 por ciento por ciento del producto interno bruto destinado al sector salud. Los recursos que se otorgan al sector Salud por la Federación son derecho para todas y todos los habitantes de México. A pesar de los progresos en cobertura poblacional y aumento en la esperanza de vida.

Esta iniciativa propone adicionar el artículo 6 Bis, de la Ley General de Salud, para alcanzar los objetivos a los que el Sistema Nacional de Salud está obligado a cumplir, para que la Federación destine en el Presupuesto de Egresos, un gasto anual en salud equivalente a por lo menos 6 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional. Por otra parte se pide reformar el artículo 77 Bis 12, de la Ley General de Salud, para que el gobierno federal, conforme a lo que se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación, destine anualmente recursos para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, cuyo monto no deberá ser inferior a 4 por ciento del producto interno bruto nacional, ni menor al del ejercicio fiscal inmediato anterior, en términos de lo que se establezca en las disposiciones reglamentarias y sujeto a la disponibilidad presupuestaria.

Ante la lección que el Covid-19, tenemos que reflexionar nuestras estrategias para que el Estado mexicano desarrolle un sector salud para la fortalecerlo ante los futuros retos a los que inevitablemente todos podemos ser vulnerables.

En México las diferencias políticas deben quedarse a un lado tratándose de la atención a la salud. Hoy los mexicanos deciden el sistema de gobierno que más le convenga y la mayoría decidirá el destino político que requiera. Pero ello no implica el dejar los servicios de salud en un desabasto o en la incertidumbre presupuestal. Ante los riesgos de una crisis económica, una guerra u otra pandemia.

Por ello, se busca que esta reforma que hoy se presenta, abone este esfuerzo para garantizar los recursos presupuestales y se cumpla con los compromisos internacionales, para el derecho humano y garantía constitucional a los habitantes del país al acceso a la salud.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona el artículo 6 Bis y se reforma el artículo 77 Bis 12, de la Ley General de Salud

Primero: Se adiciona el artículo 6 Bis, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 6 Bis. Para alcanzar dichos objetivos, la Federación destinará en el Presupuesto de Egresos, un gasto anual en salud equivalente a por lo menos 6 por ciento del producto interno bruto nacional.

...

Segundo: Se reforma el artículo 77 Bis 12, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 77 Bis 12. El gobierno federal, conforme a lo que se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación, destinará anualmente recursos para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados, cuyo monto no deberá ser inferior a 4 por ciento del producto interno bruto nacional, ni menor al del ejercicio fiscal inmediato anterior, en términos de lo que se establezca en las disposiciones reglamentarias y sujeto a la disponibilidad presupuestaria.

...

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Pol itica.pdf

2 OMS Cobertura sanitaria Universal :

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/universal-he alth-coverage-(uhc)

3 Coneval “Evaluación Estratégica de Protección Social en México”

https://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Estrategicas/Eval uacion_Estrategica_de_Proteccion_Social_en_Mexico.pdf

4 Inegi, Presenta el valor económico del sector salud y su participación en la economía nacional. Considera las recomendaciones y estándares estadísticos internacionales del Sistema de Cuentas Nacionales 2008 de las Naciones Unidas, OCDE, entre otros. Incluye cuadros de resultados con cuentas de producción, generación del ingreso, oferta y utilización, consumo público y privado, valor del trabajo no remunerado en cuidados de salud, puestos de trabajo, además de otros indicadores no monetarios. Última actualización: 11 de diciembre de 2020.

5 Inegi, Cuenta Satélite del Sector Salud de México, 2019 comunicado de prensa núm. 638/20. Consulta en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/ StmaCntaNal/CSSS2019.pdf

6 Fundar “Presupuesto para el Sector Salud en Tiempos de Covid 19”

https://fundar.org.mx/pef2022/presupuesto-para-el-sector-salud-e n-tiempos-de-covid-19/

7 Mexico Evalua. Gasto en Salud en el Presupuesto 2022 Prometer no Empobrece”

https://www.mexicoevalua.org/gasto-en-salud-en-el-presupuesto-20 22-prometer-no-empobrece/

8 OCDE Panorama de la Salud 2019, Consulta en:

https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/elgastoensaludsuperar aelcrecimientodelpiben2030.htm

9 OMS Cobertura sanitaria Universal:

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/universal-he alth-coverage-(uhc)

10 Coneval. Comunicado Número 9 Coneval “Presenta las estimaciones de pobreza multidimensional 2018 Y 2020”

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Document s/2021/COMUNICADO_009_MEDICION_POBREZA_2020. pdf

11 Inegi “Defunciones Registradas en 2020”

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/ EstSociodemo/DefuncionesRegistradas2020_Pre_07.pdf

12 Expansión “En El IMSS recetas sin surtir se triplican y las quejas aumentan”

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/04/29/en-el-imss-recet as-sin-surtir-se-triplican-y-las-quejas-aumentan-48

13 Mexico Evalua: “México enfrenta la peor crisis sanitaria de su historia moderna”

https://www.mexicoevalua.org/mexico-enfrenta-la-peor-crisis-sani taria-de-su-historia-moderna/#_ftn2

14 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición:

https://www.insp.mx/produccion-editorial/novedades-editoriales/e nsanut-2018-nacionales

15 Expansión Personal médico del IMSS protesta por falta de insumos ante el Covid-19

https://politica.expansion.mx/mexico/2020/03/24/personal-medico- del-imss-protesta-por-falta-de-insumos-ante-el-covid-19

16 Programa Sectorial Derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5598474&fecha=17/ 08/2020

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2021.– Diputadas y diputados: Sue Ellen Bernal Bolnik, Alan Castellanos Ramírez, Carlos Iriarte Mercado, Jaime Bueno Zertuche, José Antonio Gutiérrez Jardón, José Guadalupe Fletes Araiza, Laura Barrera Fortoul, Laura Lorena Haro Navarro, María Guadalupe Alcántara Rojas, Mariano González Aguirre, Melissa Estefanía Vargas Camacho, Miguel Sámano Peralta, Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, Oscar Gustavo Cárdenas Monroy, Sayonara Vargas Rodríguez, Xavier González Zepeda, Yolanda de la Torre Valdez (rúbricas).»

«Iniciativa de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la leyenda “Centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública”, a cargo de la diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Flora Tania Cruz Santos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y presidenta de la Comisión de Educación de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como en los criterios para las inscripciones de honor en la Cámara de Diputados, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 2011, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la leyenda “Centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública”, de conformidad con la siguiente

El pasado 3 de octubre, la Secretaría de Educación Pública (SEP) cumplió 100 años de su fundación, durante estos 100 años la Secretaría de Educación.

Actualmente, la secretaria de Educación Pública es Delfina Gómez Álvarez, la primera docente de educación básica en ocupar el puesto, lo cual ha generado un precedente histórico para el país.

El 25 de julio de 1921, se crea la Secretaría de Educación Pública mediante decreto del presidente Álvaro Obregón. Posteriormente, el 3 de octubre del mismo año, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.

El antecedente inmediato se dio en octubre de 1920, cuando José Vasconcelos presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para establecer “una dependencia federal cuyas funciones civilizadoras, llegaran no sólo a una porción privilegiada del territorio, no sólo al entonces Distrito Federal, sino también a toda la República, necesitada, de la acción del poder público y de la luz de las ideas modernas”. Su propósito fundamental era “salvar a los niños, educar a los jóvenes, ilustrar a todos y difundir una cultura generosa y enaltecedora, ya no de una casta, sino de todos los hombres”. 1

El 12 de octubre, el licenciado José Vasconcelos Calderón tomó el cargo de director, convirtiéndose en el primero en ocupar la titularidad de ese organismo. El proyecto con un ritmo enérgico y se abocó a inaugurar escuelas, organizar cursos, editar libros y fundar bibliotecas. Como parte de estas medidas, según reseñó un comunicado de prensa de esa época, ocurrió un incremento en la cantidad de docentes a nivel de primaria. La cifra, que se ubicaba en 9 mil 560 para crear la SEP, casi se triplicó. Luego de dos años de funciones, el organismo registraba 25 mil 312 maestros inscritos. 2

Al ser una institución que ha enfrentado diversos obstáculos en estos 100 años, es que se merece un reconocimiento por su permanencia, por los logros obtenidos para llegar a todas las personas que han sido beneficiarios de la educación pública que ha garantizado el Estado mexicano y que el derecho a la educación continua alcanzando esa progresividad como un principio rector de los derechos humanos, sin duda esta progresividad no se hubiese alcanzado sin la existencia de una institución como la Secretaría de Educación Pública.

Por lo expuesto someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que dispone la inscripción con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados de la leyenda “Centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública”

Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la leyenda “Centenario de la creación de la Secretaría de Educación Pública”.

Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Consultado en

https://www.cndh.org.mx/noticia/decreto-de-la-creacion-de-la-sec retaria-de-educacion-publica#:~: text=El%2025%20de%20 julio%20de%201921%2C%20el%20presidente,Diario%20Oficial%20de%20la%20Federaci%C3 %B3n%20%28DOF%29%20%5B1%5D%20 Fecha de consulta: 11 de octubre de 2021.

2 Consultado en

https://sep-gob.com.mx/historia-sep/#:~: text=Por%20consiguiente %20se%20determinaron%20los%20siguientes%3A%20Historia%20de,Jos%C3%A9%20Vasconce los%20Calder%C3%B3n%20tom%C3%B3%20el%20cargo%20de%20director Fecha de consulta: 11 de octubre de 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de octubre de 2021.– Diputada Flora Tania Cruz Santos (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma los artículos 9o. y 72 de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Paulina Rubio Fernández e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Paulina Rubio Fernández, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 9 y 72 de la Ley General de Educación, conforme a la siguiente:

De conformidad con el artículo 1 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de uni-versalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La niñez es la columna del futuro de la sociedad y por su propia condición, requieren una protección especial del Estado, con énfasis, cuando mueren los padres del menor, quienes naturalmente lo deben cuidar, proteger y están obligados a proveerle la satisfacción de sus necesidades básicas.

Los niños, niñas y adolescentes (NNA) huérfanos son un grupo vulnerable que requiere atención prioritaria, a corto y mediano plazo, por parte de la sociedad y, particularmente, por el sector público.

La Ley del Seguro Social contempla un amplio cuidado a los menores en estado de orfandad, sin embargo, esta protección debe ser universal, teniendo como eje central la subsistencia, el desarrollo integral, y el objetivo de la presente iniciativa, la educación.

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. La educación es necesaria en todos los sentidos. 1

La Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que la educación es un derecho humano fundamental para todo el mundo y este derecho se detalla en la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza. 2

Cuando un menor queda sin la protección de sus padres, el Estado, la ley, subsidiariamente, debe velar por que cuente con una base legal y de política pública que le garantice el acceso a la educación.

El Unicef México publicó en 2018 el informe insignia “Los derechos de la infancia y la adolescencia en México”, el cual ofrece un panorama sobre la situación y condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes en el país, y en el cual se expone que “un 3.7 por ciento del total de la población infantil no reside con ninguno de sus padres biológicos en el hogar que habita”, 3 la mayoría por razón de orfandad.

Para Mario Luis Fuentes, director de México Social, los NNA en condición de orfandad son “un sector de población altamente vulnerable, que requiere de atención inter-disciplinaria que debería incluir trabajo social, psicología, medicina y, desde luego, otro tipo de intervenciones especializadas de los gobiernos para garantizar su adecuada educación y en general, el acceso a condiciones adecuadas de bienestar que garanticen su vida presente y futura.”

Se trata de un apoyo multidisciplinario que debe involucrar a diferentes actores del Estado y que, al menos, debiera proveer una beca que permita a los NNA en condición de orfandad continuar con sus estudios y contar con los medios mínimos para la cobertura de sus necesidades básicas, incluyendo las de carácter sicológico y emocional.

Por ello, propongo establecer en la Ley General de Educación que las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona, con equidad y excelencia, promoverán medidas para facilitar y garantizar la continuidad y conclusión de una educación de excelencia a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hayan quedado en condición de orfandad.

También, propongo estipular que, como parte del proceso educativo, los educandos en condición de orfandad tendrán derecho a recibir becas y apoyos, para que puedan concluir sus estudios hasta la educación media superior y si así lo desean, hasta la educación superior.

Por ello, es necesario que, en términos del último párrafo del artículo 3 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, existan políticas públicas que contribuyan a la formación física, psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes, en este caso, de manera particular a los que se encuentran en condición de orfandad.

Si bien entendemos que el gobierno debe generar programas de atención específica para este grupo vulnerable, y que debe involucrar diferentes áreas de la administración pública, consideramos que por la cercanía y su propia naturaleza, debe ser la Secretaría de la Educación Pública quien tenga un papel coordinador en el cuidado del menor, y dar seguimiento a que los apoyos o becas que reciba, le permitan tener una salud física y psicoemocional adecuada, así como continuar con sus estudios hasta su conclusión, que deberá incluir la educación superior, si una vez cumplida la mayoría de edad, el beneficiario así lo desea.

Adicionalmente a lo planteado, por la coyuntura derivada de la pandemia de Covid- 19, debemos señalar lo siguiente: En una publicación del diario británico The Lancet, se señala que “más allá de la mortalidad y la morbilidad, las emergencias sanitarias conllevan impactos colaterales, como menores que son privados de sus cuidadores o quedan huérfanos. Desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 30 de abril de 2021, se estima que 1 millón 134 mil niños a nivel mundial experimentaron la muerte de sus cuidadores principales, incluido al menos uno de los padres o abuelos que tenían custodia. 1 millón 562 mil niños sufrieron la muerte de por lo menos un cuidador primario o secundario” 4

De acuerdo con la misma publicación, “Un total de 33 mil 342 menores mexicanos perdieron a sus madres, mientras que 97 mil 951 se quedaron sin sus padres a causa del coronavirus; 32 perdieron a ambos padres. 4 mil 429 menores mexicanos se quedaron sin su abuela; 5 mil 342 sin su abuelo y 36 sin ambos. Si se consideran estos datos, la cantidad de niños mexicanos que perdieron a sus cuidadores principales o de custodia se eleva a 141 mil 132.” 5

El 24 de septiembre pasado, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) indicó que “Más de 118 mil niñas, niños y adolescentes a nivel nacional habrían quedado en situación de orfandad a consecuencia de la pandemia por Covid-19. Detalló que, de acuerdo con una investigación realizada en colaboración con los sistemas estatales y municipales, la UNAM y la FAO, 86 mil 188 niñas, niños y adolescentes habrían perdido a su padre, 32 mil 50 a su madre y 124 a ambos.

La investigación, explicó en un comunicado, se basó en la aplicación de un millón y medio de cédulas de evaluación en las 32 entidades del País, principalmente en hogares beneficiarios de programas alimentarios que coordina el DIF Nacional. El coordinador del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud (CIPPS) de la UNAM, Gustavo Olaiz Fernández, precisó que hasta el momento se han recibido más de un millón de cédulas, de las cuales 923 mil ya fueron revisadas y 102 mil están pendientes de analizar”. 6

Nuestro Sistema Jurídico ha priorizado el interés superior de la niñez, por lo que toda legislación, política pública y acciones gubernamentales en general, deben tener siempre este eje rector.

Los casos de orfandad por la pandemia exigen de nosotros medidas urgentes, por lo que propongo estipular en un artículo transitorio que la Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, la Secretaría de Bienestar y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, deberán prever la creación de una beca por razón de orfandad derivada de la pandemia de Covid-19, que les permitan proseguir sus estudios, hasta su conclusión, a todas las niñas, niños y adolescentes, cuyos padres o sostén económico, han fallecido por la pandemia de Covid-19.

Se trata de acciones urgentes y, por su propia naturaleza, transitorias, para proteger un sector vulnerable.

Por técnica jurídica se reforman las fracciones XII y XIII del artículo 9, específicamente sus signos de puntuación, para dar coherencia en el orden del fraccionado de dicho artículo.

Para mayor referencia, se compara el texto vigente, con los párrafos que se proponen adicionar:

Por las consideraciones anteriormente expuestas, es que se somete a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforman los artículos 9 y 72 de la Ley General de Educación

Único. Se reforma la fracción VIII del artículo 72, se reforman las fracciones XII y XIII y se adiciona una fracción IX al artículo 9, de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 9....

I. a XI. ...

XII. Proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos y materiales educativos impresos o en formatos digitales para la educación básica, garantizando su distribución;

XIII. Fomentar programas que coadyuven a la mejora de la educación para alcanzar su excelencia, y

XIV. Promover medidas para facilitar y garantizar la continuidad y conclusión de una educación de excelencia a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hayan quedado en condición de orfandad, así como coordinarse con las distintas áreas de la administración pública que les provean los medios para cubrir sus necesidades básicas para su formación física, psicológica, económica, social, cultural, ambiental y cívica, debiendo dar seguimiento hasta la conclusión de la educación media superior, o el cumplimiento de 21 años y si así lo desea el beneficiario, hasta la conclusión de sus estudios superiores, o el cumplimiento de 25 años.

Artículo 72. ...

...

I. a VII. ...

VIII. Recibir becas y demás apoyos económicos priorizando a los educandos que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación. Los niños que hayan quedado en condición de orfandad recibirán las becas y apoyos que refiere el párrafo anterior, para que puedan concluir sus estudios hasta la educación media superior y si así lo desean, hasta la educación superior, a lo cual la Secretaría deberá dar seguimiento puntual;

IX. a X. ...

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, deberán asegurar en cada ejercicio fiscal programas y acciones que atiendan los objetivos del presente decreto y su correspondiente presupuestación, esto a fin de que se asegure a las y los educandos en situación de orfandad por la pandemia por Covid-19 la continuidad y conclusión de sus estudios, así como un acompañamiento y seguimiento integral en materia de salud física y mental.

Tercero. La Secretaría de Educación Pública deberá vigilar la continuidad de la educación escolarizada de las niñas, niños y adolescentes, cuyos padres o sostén económico, han fallecido por la pandemia de Covid-19, así como el cumplimiento de las becas referidas en el artículo 72, fracción VIII, párrafo segundo, de esta reforma a la Ley General de Educación.

Notas

1 Véase:

http://www.planeducativonacional.unam.mx/CAP_00/Text/00_05a.html Consultado el 18 de septiembre de 2021.

2 Véase:

https://es.unesco.org/news/lo-que-necesita-saber-derecho-educaci on Consultado el 18 de septiembre de 2021.

3 Unicef México, “Los derechos de la infancia y la adolescencia en México”, P. 18. Véase:

https://www.unicef.org/mexico/media/1791/file/SITAN-UNICEF.pdf Consultado el 21 de septiembre de 2021.

4 Véase:

https://sumedico.lasillarota.com/amp/especialidades/la-pandemia- ha-dejado-huerfanos-a-mas-de-131-mil-ninos-en-mexico/337585 Consultado el 14 de septiembre de 2021.

5 Véase:

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/coronavirus-mexico-el-pais- con-mas-huerfanos-por-el-covid-revela-estudio Consultado el 14 de septiembre de 2021.

6 Véase:

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/def ault.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/estiman-por-covid-11 8-mil-huerfanos/ar2264580?v=3 Consultado el 24 de septiembre de 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2021.– Diputada Paulina Rubio Fernández (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, suscrita por el diputado Fernando Torres Graciano e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Fernando Torres Graciano, diputado federal de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, así como las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, al tenor de la siguiente.

El 27 de junio pasado se celebró el Día Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), una fecha que nos recalca la importancia de un motor importante de la economía del país.

Una parte importante del producto interno bruto (PIB) está impulsado por las pequeñas y medianas empresas, que representan más de 99 por ciento de las empresas que hay en el país.

Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que en México las microempresas emplean a 37.2 por ciento de la población ocupada y casi 32 por ciento de su personal tiene un sector de la población en un rango de edad de 41 años o más de edad.

De tal forma que, a pesar del cierre definitivo de poco más de un millón de negocios en México a causa de la pandemia, de acuerdo con cifras del Inegi, la importancia de las Pymes sigue siendo vital, ya que generan el 72 por ciento del empleo.

Por otro lado, las Pymes en Latinoamérica representan el 99,25 por ciento del tejido empresarial de la región, así mismo, debemos saber que en Latinoamérica las Pymes aportan a la generación de empleos un 60 por ciento en promedio, es decir, 6 de cada 10 empleos formales en la región.

Para atacar esta situación tan grave que nos aqueja como lo es la pandemia por el Covid-19, los países de América Latina han adoptado diversas medidas para apoyar las Mipymes.

Por ejemplo, en Argentina el 18 de marzo de 2020 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 4682, emitida por Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), esta medida implica que se extienden, en consecuencia, los términos sobre las inspecciones, evaluaciones, apelaciones, reembolsos y otros procedimientos en relación con asuntos de impuestos, seguridad social y derechos de aduana. Asimismo, el presidente anunció nuevos subsidios para pequeños contribuyentes y trabajadores informales.

Por su parte, Colombia propuso plazos para realizar pagos anticipados de impuestos bajo el régimen “simple” aplicable a los pequeños contribuyentes. Asimismo, se introducen disposiciones especiales para las entidades involucradas en el transporte aéreo comercial de pasajeros, la industria hotelera y los contribuyentes en la industria del entretenimiento, cuya actividad principal sean representaciones teatrales, música en vivo y entretenimiento similar en vivo. Para los grandes contribuyentes, el plazo para el pago de la segunda cuota del impuesto sobre la renta se extendió del 14 al 27 de abril de 2020 al 31 de julio, y para la tercera cuota del 9 al 24 de junio al 31 de agosto.

En Brasil, las medidas anunciadas el 16 de marzo apuntaron a proteger a las personas (especialmente a los adultos mayores) y a mantener las tasas actuales de empleo.

Aquellas centradas en el mantenimiento del empleo en el país incluyen, entre otras, las siguientes:

a) Una extensión de tres meses de la fecha límite para el pago de impuestos federales para las entidades que han optado por tributar bajo el régimen fiscal simplificado (que cubre el impuesto a las ganancias corporativas y otros impuestos y contribuciones sociales) y una extensión de tres meses para que los empleadores contribuyan al fondo de indemnización por despido.

b) Un crédito total de 5 mil millones de reales brasileños del programa de generación de ingresos / fondo de asistencia al empleado que se otorgará a micro y pequeñas empresas. Una reducción de 50 por ciento de ciertas contribuciones sociales obligatorias.

Otro ejemplo en América Latina es Chile, que anunció diversas medidas que, en su conjunto movilizarán en los próximos meses recursos fiscales por hasta 11 mil 750 millones de dólares. Se propuso la suspensión de pagos provisionales mensuales (PPM) del impuesto sobre renta durante los meses de mayo, junio y julio a efecto de facilitar la liquidez de caja a 700 mil empresas.

Además, impulsó el aplazamiento del pago del IVA durante los meses de abril a junio, para empresas con ventas menores a 350 mil unidades de fomento (UF), aproximadamente 11.9 millones de dólares, posibilitando su pago en 12 cuotas mensuales a tasa de interés real 0 por ciento, esta medida facilitaría la liquidez de caja de 240 mil empresas durante el segundo trimestre de este año.

También se adoptó la postergación del pago del impuesto sobre la renta de Pymes para julio de 2020, de conformidad con las declaraciones de impuestos efectuadas el pasado mes de abril.

Se impulsó el aplazamiento del pago de contribuciones de abril para empresas con ventas inferiores a 350 mil UF y para personas con propiedades que tengan avalúo fiscal inferior a 133 millones. Se permitió el pago de esta cuota en cualquier momento del año, aplicándose una tasa de interés real de 0 por ciento.

Además, se aceptó como gasto tributario de todos los desembolsos asociados para enfrentar la contingencia sanitaria generada por la Covid-19. Esta medida permitirá que todos los gastos incurridos por las empresas para prevenir, mitigar y hacer frente a los efectos de la pandemia sean deducibles respecto de sus ingresos tributarios.

Asimismo se dio un acuerdo entre el empleador y trabajador para reducir la jornada laboral, compensando la disminución de la remuneración con recursos del Fondo de Cesantía Solidario, siempre que sean empresas que por ejemplo tengan una reducción del 10 por ciento de sus ventas con respecto al año anterior, empresas que tengan perdidas tributarias avalados por el Servicio de Impuestos en la declaración 2020 sobre impuesto sobre la renta o empresas que se encuentren actualmente en insolvencia de acuerdo a la ley de la materia.

En nuestro país, menos del 10 por ciento de las pequeñas y medianas empresas han recibido apoyos del gobierno y en su mayoría, han transformado sus modelos de negocios.

A lo largo de la pandemia se han lanzado programas como Tandas para el Bienestar y Crédito a la Palabra; sin embargo, no han sido suficientes para sortear la crisis, pues las pymes señalan que el monto de 25 mil pesos no solventa los pagos de nómina o rentas.

Hasta febrero, se habían aprobaron 11 mil solicitudes de Créditos a la Palabra y se comenzó la dispersión de 2 mil apoyos en las modalidades de Empresas Cumplidas y Mujeres Solidarias, cuyo objetivo es dar 20 mil apoyos en cada uno.

Datos de la segunda edición de la Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por Covid-19 en las Empresas (ECovid-IE), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indican que 1 millón 873 mil 564 empresas en el país (86.6 por ciento), ha sufrido diferentes afectaciones por la pandemia.

De esta forma, las Pymes han cambiado sus modelos de negocio ya sea con servicios a domicilio, citas, venta en línea o incursionando en otros sectores con el objetivo de subsistir ante la crisis y la falta de un apoyo serio y responsable por parte del gobierno federal.

De forma independiente a su tamaño, todas las empresas se han visto afectadas (en particular en los sectores de la aviación, el turismo y de servicios como el comercio) de manera que muchas de estas empresas ya han presentado una importante disminución de sus ingresos, el aumento de la insolvencia y la pérdida de puestos de trabajo en sectores específicos, lo que ha traído consigo un impacto negativo en el mercado laboral.

Es por esta razón que es indispensable apoyar e impulsar las Pymes en nuestro país, ya que es un motor fundamental para salir de la crisis económica que ha traído consigo la pandemia.

Dicho lo anterior, el presente proyecto de iniciativa tiene como objetivo que la Secretaría de Economía en coordinación con las demás dependencias federales gestionen apoyos extraordinarios para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y sociales de las Pymes, cuando existan situaciones fenómenos meteorológicos, plagas, epidemias o pandemias, que deriven en la interrupción de las actividades productivas y comerciales.

Es por ello que someto a su consideración el presente proyecto de iniciativa que adiciona una fracción XI al artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Artículo Único. Se adiciona una fracción XI al artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 12....

I a X...

XI. Gestionar ante las autoridades federales competentes, la posibilidad de establecer mecanismos extraordinarios para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y sociales de las micro, pequeñas y medianas empresas, cuando por fenómenos meteorológicos, plagas, epidemias o pandemias, o alguna otra situación similar, la autoridad federal competente determine la interrupción de las actividades productivas y comerciales.

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se cubrirán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto responsables para el ejercicio fiscal de que se trate, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2021.– Diputado Fernando Torres Graciano (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma los artículos 230, 257 y 258 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, del Grupo Parlamentario de Morena

Karla Y. Almazán Burgos, diputada del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa.

Planteamiento del problema

La búsqueda por el reconocimiento, inclusión y la no discriminación en materia de pueblos indígenas constituye un esfuerzo por proteger y preservar los derechos de los pueblos y comunidades de origen étnico.

El derecho a la comunicación y de audiencia como derechos humanos son vinculados al derecho de libre expresión y acceso a la información, es por ello que la preservación de la lengua indígena mediante mecanismos de radiodifusión global que impulsen una igualdad en la comunicación del país es un reto al cual debemos hacer frente.

La comunicación va mucho más allá de la interacción de mensajes entre emisores y receptores; es el intercambio de significados entre miembros de una comunidad en un contexto cultural determinado. 1

A pesar de años de lucha por el reconocimiento de sus derechos humanos, las comunidades Indígenas siguen siendo consideradas como culturas menores por el clasismo de las políticas neoliberales y clasistas.

No obstante, se construyen códigos elaborados desde la cultura local que refuerzan la identidad de los habitantes que es importante socializarlos a través de un medio de comunicación como la radio.

Este medio que se reinventa con el uso de internet y la digitalización hoy cuenta con más de 35 millones de usuarios en todo el país y que contrario a todo pronóstico, tiene entre las personas jóvenes a las principales hacedoras de este medio sonoro.

En este contexto, la radio comunitaria indígena es un modelo que despunta en los últimos 5 lustros, y cada vez es mayor el número de experiencias comunicativas de este tipo creadas desde el seno de sus habitantes a partir de sus códigos, signos, símbolos y necesidades.

Según la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales, realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) el porcentaje de entrevistados con televisor se ubicó en 96 por ciento con un promedio de 1.9 aparatos por hogar.

El 66 por ciento de los entrevistados escuchan contenidos de radio a través de un estéreo o grabadora, mientras que 21 por ciento utiliza su celular. El 86 por ciento de las personas que escuchan radio, lo hacen en el hogar.

De acuerdo a esta encuesta, los contenidos que se oyen en la radio, el 80 por ciento de los radioescuchas prefiere escuchar música, 30 por ciento por noticieros, 21 por ciento por entretenimiento (no especifica cual) 9 por ciento deportivos y 8 por ciento contenidos de ‘’opinión’’.

Es por ello que la comunicación igualitaria es la lucha de los Pueblos Indígenas para exigir y ejercer su derecho a la comunicación. 2

El artículo 2 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho de los pueblos indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas, por lo que el reconocimiento de este derecho implica tres elementos:

• Primero, permitir, fomentar, así como preservar el uso de las lenguas indígenas;

• Segundo, el reconocimiento y respeto de estas lenguas con la misma validez que el español; y

• Tercero, la promoción de estas lenguas como obligación del Estado mexicano, en los espacios educativos e institucionales.

El reconocimiento constitucional del derecho de los pueblos indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas se consolidó en 2003, cuando se creó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígena, teniendo como objetivo regular el reconocimiento, la protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos, comunidades. La migración a espacios urbanos donde se han concentrado grupos de población indígenas que han migrado a distintas demarcaciones del territorio nacional, a su vez promueve la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas con la finalidad de que estas no desaparezcan.

En la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, se reconoce que las lenguas que hablan los pueblos indígenas son el antecedente histórico y preexistente al Estado Mexicano, por lo que es prioritario mencionar que:

1) Las lenguas indígenas son parte del patrimonio cultural y lingüístico de nuestro país.

2) Las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales y tienen la misma validez.

3) El Estado es responsable de reconocer, proteger y promover la preservación, el desarrollo y el uso de las lenguas indígenas nacionales.

De lo anterior se desprende que “los pueblos indígenas son la base de la pluriculturalidad del país fundado en las sesenta y ocho culturas indígenas.”

En virtud de lo anterior es preciso señalar que en México existen varias lenguas maternas, una es el español y otras son las 68 que el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), 3 reconoce como agrupaciones lingüísticas. De esta manera, nuestro país cuenta oficialmente con 69 lenguas maternas, toda vez que son las primeras que aprenden las personas que habitan en las diferentes regiones, entidades y localidades de México.

Dicho Instituto sitio web señala, que en México se hablan 68 lenguas indígenas con 364 variantes, pertenecientes a 11 familias lingüísticas, lo que nos convierte en uno de los países con mayor diversidad en el mundo.

Es vital mencionar que no todos los individuos aprenden primero el español y su aprendizaje depende de la región en la nacen, muchos de los ciudadanos que habitan el país son bilingües, pero no todos hablan otra lengua indígena además del español.

Por su parte los sistemas de radiodifusión en México son muchos, sin embargo, son pocas las comunidades que cuentan con una concesión de radio indígena y en el caso de las emisoras de radio con concesión los contenidos de habla indígena no son suficientes.

Esta problemática implica  la necesidad de una adecuación al marco legal de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para plantear medidas de promoción, difusión y preservación de las lenguas indígenas; luego entonces como órgano legislativo, requerimos ser los impulsores de cambios radicales que visualicen un impacto sustantivo en los medios de comunicación y programas culturales en donde se promuevan la literatura, las tradiciones orales, usos y costumbres, así como el uso de las lenguas indígenas.

Lo anterior para que el derecho a que las lenguas indígenas tengan presencia en los medios de comunicación a nivel nacional sea una realidad en la comunicación de los pueblos y comunidades indígenas de todo el país, fomentándose así la efectiva inclusión y preservación de las referidas lenguas, reflejándose así un auténtico pluralismo lingüístico, cultural y nacional.

Argumentos que la sustentan

En materia de derechos indígenas, el derecho de los pueblos originarios a la comunicación es prioridad para el Estado. La apertura de canales que incentiven la inclusión de la comunicación en lenguas indígenas, a través de radioemisoras a lo largo del país en un contexto de igualdad e inclusión que permitan revalorar nuestra herencia, logrará una transformación en la multiplicidad cultural que rodea cada entidad federativa que comprende el territorio nacional.

Las tradiciones, las diversas lenguas indígenas que se hablan en nuestro país, la expresión culinaria, la cultura, la música tradicional indígena, nos recuerda cada día, la evolución histórica de nuestro territorio, así mismo nos remonta a nuestro pasado, a nuestras raíces, nuestra identidad nacional, es por ello que coadyuvar con mecanismos que generen a corto plazo, la inclusión y promoción de la lengua materna y a largo plazo la preservación de nuestras lenguas indígenas, es el motivo de la Iniciativa que hoy presento ante este honorable Congreso.

El uso de las radiodifusoras a nivel nacional permite el flujo de la comunicación entre los ciudadanos que habitamos el país, las radiodifusoras tienen alcance en el ámbito nacional e incluso a nivel internacional, es decir la comunicación a través de este canal mantiene informados a millones de mexicanos los 365 días del año, México cuenta con aproximadamente mil 500 frecuencias de uso comercial, 140 radios comunitarias con concesión y 18 radios indígenas.

Si bien es cierto que en materia de telecomunicaciones y radiodifusión contamos con un sistema de radiodifusoras que incluyen radiodifusoras privadas, públicas, sociales o comunitarias, también lo es que no todas transmiten contenido que contribuya con el acceso, la preservación, y subsistencia de la lengua, tradiciones y cultura indígena.

Con base en lo anterior es pertinente citar que: el derecho de prestar servicios de telecomunicaciones queda comprendido en los artículos 66 y 67, fracción IV, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 4  que a la letra señala que:

Artículo 66. Se requerirá concesión única para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión.

Artículo 67.- De acuerdo con sus fines, la concesión única será:

IV. Para uso social: Confiere el derecho de prestar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión con propósitos culturales, científicos, educativos o a la comunidad, sin fines de lucro. Quedan comprendidas en esta categoría las concesiones comunitarias y las indígenas; así como las que se otorguen a instituciones de educación superior de carácter privado.

Las concesiones para uso social comunitaria se podrán otorgar a organizaciones de la sociedad civil que no persigan ni operen con fines de lucro y que estén constituidas bajo los principios de participación ciudadana directa, convivencia social, equidad, igualdad de género y pluralidad.

Las concesiones para uso social indígena, se podrán otorgar a los pueblos y comunidades indígenas del país de conformidad con los lineamientos que emita el Instituto y tendrán como fin la promoción, desarrollo y preservación de sus lenguas, su cultura, sus conocimientos promoviendo sus tradiciones, normas internas y bajo principios que respeten la igualdad de género, permitan la integración de mujeres indígenas en la participación de los objetivos para los que se solicita la concesión y demás elementos que constituyen las culturas e identidades indígenas.

Dicho ordenamiento prevé la categoría de uso social contemplando a las concesiones comunitarias y las indígenas en el rubro de explotación comercial sin fines de lucro, con el objetivo de promover y preservar el uso de las lenguas y cultura indígena.

Por su parte el mismo ordenamiento legal prevé en sus artículos 89 y 90 que la operación de concesiones de radiodifusión de uso social se financiaran con donativos en dinero o en especie, aportaciones, cuotas o cooperación de la comunidad ala que prestan servicios así como los requisitos para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión social estableciendo el diez por ciento de radio FM comunitarias e indígenas así como para concesiones comunitarias e indígenas en el segmento de la banda del espectro radioeléctrico AM.

Por lo que es pertinente citar dichos preceptos legales.

Artículo 89. Los concesionarios de uso social, acorde con sus fines, podrán obtener ingresos de las siguientes fuentes: 5

I. Donativos en dinero o en especie;

II. Aportaciones y cuotas o cooperación de la comunidad a la que prestan servicio;

III. Venta de productos, contenidos propios previamente transmitidos de conformidad con su fin y objeto o servicios, acordes con su capacidad tanto legal como operativa sin que se encuentre comprendida la emisión de mensajes comerciales y venta de publicidad, con excepción de lo dispuesto en la fracción VII del presente artículo;

IV. Recursos provenientes de entidades públicas para la generación de contenidos programáticos distintos a la comercialización;

V. Arrendamiento de estudios y servicios de edición, audio y grabación;

VI. Convenios de coinversión con otros medios sociales para el mejor cumplimiento de sus fines de servicio público; y

VII. Venta de publicidad a los entes públicos federales, los cuales destinarán el uno por ciento del monto para servicios de comunicación social y publicidad autorizado en sus respectivos presupuestos al conjunto de concesiones de uso social comunitarias e indígenas del país, el cual se distribuirá de forma equitativa entre las concesiones existentes. Las entidades federativas y municipios podrán autorizar hasta el uno por ciento para dicho fin de conformidad con sus respectivos presupuestos.

Lo dispuesto en esta fracción sólo será aplicable para las concesiones de uso social comunitarias e indígenas.

La ausencia de fines de lucro implica que dichos concesionarios no perseguirán dentro de sus actividades la obtención de ganancias con propósitos de acumulación, de tal suerte que los remanentes de su operación sólo podrán invertirse al objeto de la concesión. Para recibir donaciones en dinero o en especie, los concesionarios de uso social deberán ser donatarias autorizadas en términos de las disposiciones aplicables.

Los concesionarios de uso social que presten el servicio de radiodifusión deberán entregar anualmente al Instituto, la información necesaria con el objeto de verificar que la fuente y destino de los ingresos se apeguen a los fines para los cuales fue otorgada la concesión.

Artículo 90. Para el otorgamiento de las concesiones de radiodifusión para uso público y social, el Instituto deberá tomar en consideración:

I. Que el proyecto técnico aproveche la capacidad de la banda de frecuencias para prestar el servicio;

II. Que su otorgamiento contribuya a la función social de los servicios públicos de radiodifusión y al ejercicio de los derechos humanos de libertad de expresión, a la información y al libre acceso a las tecnologías de la información y comunicación;

III. Que sea compatible con el objeto del solicitante, en los términos de los artículos 86 y 87 de esta ley; y

IV. Su capacidad técnica y operativa, así como sus fuentes de ingreso.

Cumplidos los requisitos, en un plazo máximo de noventa días hábiles contados a partir de la presentación, el Instituto resolverá sobre el otorgamiento de la concesión.

En el otorgamiento de las concesiones el Instituto favorecerá la diversidad y evitará la concentración nacional y regional de frecuencias.

Cumplidos los requisitos establecidos en la ley y aquellos establecidos por el Instituto, se otorgará al solicitante la concesión de espectro radioeléctrico de uso social destinado para comunidades y pueblos indígenas, conforme a la disponibilidad del programa anual correspondiente.

El Instituto deberá reservar para estaciones de radio FM comunitarias e indígenas el diez por ciento de la banda de radiodifusión sonora de FM, que va de los 88 a los 108 MHz. Dicho porcentaje se concesionará en la parte alta de la referida banda.

El Instituto podrá otorgar concesiones para estaciones de radio AM, comunitarias e indígenas, en el segmento de la banda del espectro radioeléctrico ampliada que va de los 1605 a los 1705 KHz. Lo anterior, sin perjuicio de que el Instituto pueda otorgar concesiones de uso público, comercial o social, que no sean comunitarias o indígenas, en el resto del segmento de AM.

El Instituto deberá emitir, y en su caso, actualizar los parámetros técnicos bajo los cuales deberán operar los concesionarios a que se refiere este artículo y llevar a cabo las acciones necesarias para el cumplimiento de lo previsto.

Sin embargo, este ordenamiento legal en su marco jurídico omite incluir globalmente contenidos el uso de las tecnologías de radiodifusión en lenguas indígenas, así como el derecho de audiencia de dichos pueblos.

Es preciso citar que México contaba hace un siglo con más de 125 grupos étnicos, de los cuales 68 desaparecieron ya a lo largo del tiempo, mediante lo que se ha denominado un etnocidio de baja intensidad. 6

Por lo anteriormente contemplado en los artículos 66, 67, 89 y 90 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es pertinente resaltar que un indicador prioritario para incluir en la radio el contenido de las lenguas indígenas tal y como lo propongo en mi exposición de motivos, es el derecho de comunicación y de audiencia para los pueblos y comunidades indígenas, no previstos en este ordenamiento jurídico, ello con la finalidad de dar frente a la batalla por evitar el etnocidio ante el cual han muerto un sin número de lenguas indígenas.

Es vital emplear la figura del pluralismo cultural con contenido de derechos humanos para que con ello se establezca un mínimo de derechos con los que cualquier cultura precisa contar para poder desarrollarse, y ejercer el derecho de los pueblos indígenas para aprender y practicar su idioma.

En importante señalar que las emisoras de radio culturales indígenas, representan una visible y palpable minoría haciéndose difícil cubrir la comunicación de todas las regiones de habla indígena, prevaleciendo así las barreras para una cobertura total en las emisoras de radio del país. Pese a los esfuerzos del Instituto Federal de Telecomunicaciones por otorgar la concesión de bandas de frecuencias de espectro radioeléctrico para uso social de Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, persiste un gran camino por recorrer para emitir mecanismos que permitan preservar dichas lenguas.

Es imperante erradicar cualquier tipo de discriminación en contra de los pueblos y comunidades indígenas, al garantizar sus derechos a la comunicación y audiencia, para fomentar y permitir contenidos etnolingüísticos en el espectro radiofónico con la intención de preservar la riqueza de la lengua y cultura, contribuyendo así a tutelar el derecho que cada persona de habla indígena posee, de conformidad a lo establecido en los artículos 2 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mismos que establecen que se protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, ritos y costumbres, recuerdos y formas específicas de organización social y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado.

Por consiguiente es apremiante adherirnos al Impulso del Estado por promover la tutela y reconocimiento de derechos de los pueblos originarios, aportando desde nuestras trincheras el debido impulso al trabajo el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas,  así como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, sin dejar de señalar los trabajos legislativos vertidos en la LXIV Legislatura para incorporar la reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, ello en un esfuerzo por preservar las lenguas indígenas del país.

Es así que, en la búsqueda por incluirme a los esfuerzos por incorporar y adecuar el marco jurídico mexicano, en el devenir histórico actual en la tarea de incorporar herramientas que fomenten la preservación de las 68 lenguas indígenas en el uso de las telecomunicaciones y las bandas de frecuencia sonora en el que se transmitan contenidos de fomento a la radiodifusión indígena, que permitan fortalecer e impulsar la promoción de las mismas, en la  imperante de necesidad de inclusión de la audiencia de comunidades de habla indígena, es que presento este trabajo legislativo que promueve lograr la presencia de la radio indígena a nivel nacional, con el objetivo de garantizar la interculturalidad y la subsistencia del habla, tradiciones, usos y costumbres, en la búsqueda por integrar una efectiva inserción de nuestras raíces culturales.

Ello con independencia de los múltiples esfuerzos en la autorización de concesiones de radio indígena y comunitaria por los organismos e instituciones competentes.

Sólo con la suma en conjunto de todos nuestros esfuerzos como legisladores de esta Cámara de Diputados, se permitirá reflejar la multiculturalidad, la pluralidad lingüística, la riqueza nacional, teniendo como finalidad la apertura, inclusión y la existencia de contenidos que promuevan las raíces culturales, así como el desarrollo y sostenibilidad de la radio indígena, que son preponderantes para permitir el goce legítimo del derecho a la comunicación y a la libertad de expresión, que todo ciudadano de este país posee, prevaleciendo el derecho a la información en situaciones de riesgo, desastre natural, seguridad, así como el derecho a la libertad de expresión.

Es preponderante y necesario eliminar las barreras de comunicación que impiden una cobertura global de radiofrecuencia indígena, con la finalidad de lograr un adecuado acceso al espectro radiofónico para las audiencias vulnerables y para cada mexicano, logrando así establecerse una política que promueva la diversidad y la pluralidad cultural.

Sirva de sustento a lo anteriormente expresado la siguiente jurisprudencia:

“ Personas y pueblos indígenas. Inconstitucionalidad del artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

En la Constitución General no se establece que el castellano sea el idioma nacional, sino que se le da cabida y pleno reconocimiento a las lenguas indígenas. En el orden jurídico nacional, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas señala que tanto el español como las lenguas indígenas son lenguas nacionales. Adicionalmente, la pluriculturalidad demanda la convivencia de todas las lenguas nacionales, sin establecer regímenes exclusivos o dar preponderancia o preferencia a alguna de ellas. En consecuencia, la porción normativa del artículo 230 que señala que: “En sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios deberán hacer uso del idioma nacional”, resulta inconstitucional, pues establece el uso de una sola lengua nacional -entendida ésta como el español- en las estaciones radiodifusoras de los concesionarios, cuando la Constitución General protege y reconoce de igual manera a las lenguas indígenas. Así, la porción normativa a la que nos hemos referido genera un efecto contrario a la integración y cohesión social, pues establece un ámbito acotado y diferenciado para el ejercicio de los derechos lingüísticos en los medios de comunicación”. 7

Por lo anteriormente vertido y la indispensable inclusión de las lenguas indígenas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, es que propongo la presente iniciativa que promueve  la incorporación de los anuncios publicitarios y/o contenidos en lenguas indígenas durante los horarios de mayor audiencia del día, aperturando un canal para fomentar y salvaguardar el uso y la vigencia de las 69 lenguas maternas de los estados de la República Mexicana, originando y garantizando con ello la tutela de los derechos de comunicación, participación, e intervención de los grupos étnicos que se concentran a lo largo del territorio nacional, generándose así el acceso a la información en las 68 lenguas indígenas, la libre expresión, el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico para cada habitante de este país.

En esa tesitura, se propone la presente iniciativa.

Por todo lo que hasta aquí se ha expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos y aplicables someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 230, Título de la Sección II, artículos 257, 258 fracciones I y IV de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Artículo Único. - Se reforma el artículo 230, el Título de la Sección II, los artículos 257, 258, fracciones I y IV de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 230. En sus transmisiones, las estaciones radiodifusoras de los concesionarios podrán hacer uso de cualquiera de las lenguas nacionales, debiendo incluir contenidos y/o anuncios publicitarios radiofónicos en cualesquiera de las lenguas que forman parte del patrimonio cultural y lingüístico nacional, durante los horarios de mayor audiencia del día, de conformidad con cada zona geográfica y las disposiciones legales aplicables. Las concesiones de uso social indígena podrán hacer uso de la lengua del pueblo originario que corresponda.

En caso de que las transmisiones sean en lengua indígena o idioma extranjero, deberá utilizarse el subtitulaje o la traducción respectiva al español, en casos excepcionales, la Secretaría de Gobernación podrá autorizar el uso de idiomas extranjeros sin subtitulaje o traducción de conformidad con las disposiciones reglamentarias.

Artículo 257. El Ejecutivo federal y el Instituto, en sus respectivos ámbitos de competencia, promoverán condiciones para que las audiencias con discapacidad y las conformadas por pueblos o comunidades indígenas, tengan acceso a los servicios de radiodifusión, en igualdad de condiciones con las demás audiencias.

Artículo 258. Además de los derechos previstos en esta ley y con el objeto de que exista una igualdad real de oportunidades, las audiencias con discapacidad y las que conforman los pueblos o comunidades indígenas gozarán de los siguientes derechos:

I. Contar con servicios de subtitulaje, doblaje al español y lengua de señas mexicana para accesibilidad a personas con debilidad auditiva así como las audiencias conformadas por pueblos o comunidades indígenas. Estos servicios deberán estar disponibles en al menos uno de los programas noticiosos de mayor audiencia a nivel nacional;

II....

III....

IV. Acceso a la guía de programación a través de un número telefónico o de portales de Internet de los concesionarios en formatos accesibles para personas en situación de vulnerabilidad, señaladas en este ordenamiento.

Único. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Cultura Survival, Situación de la radiodifusión indígena en México 2018,

https://www.culturalsurvival.org/sites/default/files/Diagn%C3%B3 stico-La%20Radiodifusi%C3%B3n%20Ind%C3%ADgena%20en% 20M%C3%A9xico%20version%202.pdf, consultado el 19 de septiembre 2021, 2: 37 pm.

2 Idem, Cultura Survival, Situación de la radiodifusión indígena en México 2018.

3 Derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Segunda Edición, julio de 2016, páginas 6-10.

4 Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, texto vigente, última reforma publicada DOF 20 de mayo de 2021.

5 Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, texto vigente, última reforma publicada DOF 20 de mayo de 2021.

6 Martha E. Izquierdo Muciño, UNAM, El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en México, tomado de

https://corteidh.or.cr/tablas/r23274.pdf

7 Amparo en revisión 622/2015. Mardonio Carballo, Manuel. 20 de enero de 2016. Cinco votos de los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. Esta tesis se publicó el viernes 3 de junio de 2016 a las 10: 03 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 21 de octubre de 2021. – Diputadas y diputados: Karla Yuritzi Almazán Burgos, Brenda Espinoza López, Irma Juan Carlos, Jasmine María Bugarín Rodríguez, Jéssica María Guadalupe Ortega de la Cruz, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Mariana Gómez del Campo Gurza, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Manuel Alejandro Robles Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, 76 a 78 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de otorgar la más amplia protección del Estado a menores en contexto de movilidad, de acuerdo con la siguiente

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver

El fenómeno migratorio se ha acentuado en los últimos años. Nuestro país, como un territorio de paso entre Estados Unidos y América Central, el Caribe y del Sur, ha visto incrementar exponencialmente el arribo de seres humanos en busca de mejores oportunidades, ya sea en Estados Unidos de Norteamérica o inclusive, en México mismo.

La realidad nos está convirtiendo en un país de tránsito a uno receptor, aunque en menor medida. Esto ha traído consigo grandes problemas, como robos, violencia, homicidios, violaciones, abuso sexual de parte de miembros pertenecientes a grupos de la delincuencia organizada. También se ha presentado la violación sistemática de los Derechos Humanos de esos migrantes en territorio nacional por parte de representantes del mismo Estado Mexicano, lo cual es indignante y no lo podemos seguir permitiendo.

Dice el Inmujeres que en “México es un país en el que convergen las cuatro dimensiones de la migración: origen, tránsito, destino y retorno, y en cada una de ellas, el género atraviesa los motivos por los cuales se opta por migrar, quiénes migran, las experiencias en el lugar de destino y las relaciones con el país de origen, así como las experiencias de quienes se quedan en sus lugares de origen”. 1

De entre el grupo heterogéneo de migrantes, los más desprotegidos son los niños, los cuales en muchas ocasiones se ven en la necesidad de atravesar por territorio nacional solos, poniendo en riesgo su integridad e incluso su vida. En 2017, datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México señala que “las autoridades migratorias detectaron 18,300 niñas y niños extranjeros (provenientes de países del Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador) en territorio mexicano. De ellos, 16 mil 162 fueron retornados a sus países de origen”. 2

El problema de la migración infantil se disparó enormemente en los primeros tres meses de este año, “pasando de 380 a casi 3 mil 500 en 3 meses, un incremento 9 veces superior, informó este martes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia durante una sesión informativa sobre la situación humanitaria en El Salvador, Guatemala y Honduras”. 3

La acentuación del fenómeno migratorio infantil, se ve reflejado en las siguientes estadísticas que la UNICEF proporciona:

Desde el inicio de 2021, el número de niños, niñas y adolescentes migrantes reportados en México ha aumentado considerablemente, pasando de 380 a casi 3 mil 500...

(...)

Actualmente, un promedio de 275 niños y niñas migrantes adicionales se encuentran en México todos los días, luego de ser detectados por las autoridades mexicanas, esperando para cruzar a Estados Unidos o tras ser retornados, según estimaciones de UNICEF.

(...)

En muchos albergues mexicanos, los niños, niñas y adolescentes representan al menos el 30 por ciento de la población migrante. La mitad de ellos han viajado sin sus padres, lo que supone la mayor proporción jamás registrada en México. México se ha convertido en un país de origen, tránsito y retorno para estos niños, niñas y adolescentes migrantes que provienen en su mayoría de Honduras, Guatemala, El Salvador y México.

(...)

El peligroso viaje desde el norte de Centroamérica hacia Estados Unidos puede durar hasta dos meses en condiciones muy duras. Los desgarradores testimonios de familias migrantes recogidos por los equipos de UNICEF en Ciudad Juárez y Tijuana indican graves abusos de los derechos humanos durante el viaje, como extorsión, abusos sexuales, secuestros y tráfico de personas. Algunas mujeres migrantes centroamericanas contaron entre lágrimas a UNICEF que les privaron de comida, que les confiscaron sus pertenencias, como teléfonos móviles, que durmieron en el suelo y que cubrieron a sus hijos con sus propios cuerpos para mantenerlos calientes por la noche. 4

En 2020, de la mano de la visión humanista de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, nuestro país realizó reformas a la Ley de Migración y a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en materia de Infancia Migrante, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial el día once de noviembre de dos mil veinte, las cuales contemplan lo siguiente:

Un gran logro fue reformar la Ley de Migración para evitar que niños y adolescentes en contexto de movilidad fueran detenidos por ese motivo, priorizando el interés superior de todos los niños, niñas y adolescentes migrantes. Principios que se establecen en los artículos 6 y 11 de la Ley de Migración:

El artículo sexto de la Ley de Migración (reformado totalmente para darle una visión más integral y protectora de los derechos humanos de los menores migrantes) se le añadió un segundo párrafo para quedar de la siguiente manera:

Artículo 6. El Estado mexicano garantizará a toda persona extranjera el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de su situación migratoria.

En el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes se garantizarán, de manera adicional a lo establecido en el párrafo anterior, los derechos y principios establecidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento, incluyendo el de la no privación de la libertad por motivos migratorios.

El principio de no privación de la libertad por contexto de movilidad quedó establecido en el artículo 11 de la ley en comento, en los términos siguientes:

Artículo 11. En cualquier caso, independientemente de su situación migratoria, los migrantes tendrán derecho a la procuración e impartición de justicia, respetando en todo momento el derecho al debido proceso, así como a presentar quejas en materia de derechos humanos, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Constitución y demás leyes aplicables.

Los procedimientos aplicables a niñas, niños y adolescentes migrantes, se regirán por los derechos y principios establecidos en la Constitución, los tratados internacionales, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y demás disposiciones normativas aplicables en la materia. Previo al inicio de dichos procedimientos, se dará aviso inmediato a la Procuraduría de Protección. En todo momento se observará el principio de la no privación de la libertad de niñas, niños y adolescentes por motivos migratorios.

En la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, se legisló en materia de infancia migrante lo siguiente:

Artículo 6. ...

...

En el caso de niñas, niños y adolescentes solicitantes, refugiados o con protección complementaria, además del principio de la no devolución se garantizará el derecho a la unidad familiar.

Artículo 9. En el reconocimiento de la condición de refugiado deberá protegerse la organización y el desarrollo de la familia, así como el interés superior del niño, conforme a lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Artículo 20. ...

Cuando un solicitante en situación de vulnerabilidad haya sido admitido provisionalmente o se encuentre en alguna estación migratoria, la Secretaría valorará las medidas que mejor favorezcan al solicitante, de conformidad con las circunstancias del caso. En ningún momento las niñas, niños o adolescentes solicitantes, independientemente de que viajen o no en compañía de una persona adulta, serán privados de la libertad en estaciones migratorias o lugares habilitados. En el caso de niñas, niños y adolescentes deberá determinarse su interés superior conforme a lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por ello es necesario continuar con la visión humanista y defensora de los Derechos Humanos de los menores en situación de migración irregular que lleguen a nuestro país, para que el Estado mexicano, tenga la obligación constitucional de brindarles la más amplia protección a la luz del interés del menor.

Problemática desde la perspectiva de género

Entre los migrantes, el grupo más vulnerable es el de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, al ser México un país con índices altos de violencia machista, son las niñas y adolescentes más susceptibles de sufrir violencia de género por su condición migratoria irregular al transitar por el país.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) indica:

...las mujeres y las niñas refugiadas y migrantes enfrentan formas de discriminación múltiples e interseccionales que parten de su género, origen nacional, estatus migratorio, y que puede complejizarse si tienen una orientación sexual o identidad de género diversa, origen indígena o una discapacidad. 5

Sin Fronteras expone:

Las mujeres, niños, niñas y adolescentes migrantes son una población vulnerable por motivos de género y edad, así como por su condición de migrantes. La violencia es otro de los factores que aumenta esta vulnerabilidad y que puede estar presente en el proceso migratorio, en el país de origen -en ocasiones motivando la migración- y en los países de tránsito y destino. 6

La migración de niñas no acompañadas ha tenido un incremento importante y para ello, debemos tener los instrumentos legales para brindarles la más amplia protección y evitar se vulneren sus Derechos Humanos por cuestiones de género en específico y de cualquier otra índole.

... en México, registros de la Segob indican que durante 2018 la proporción de niñas no acompañadas fue de 35.8 por ciento y para 2019 fue de 41.5 lo que significa un aumento de casi seis puntos porcentuales.

(...)

Y en estas migraciones las mujeres enfrentan riesgos diferenciados de muchos tipos: mayor riesgo de vivir violencia sexual y por consiguiente embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, a ser víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual o laboral y por supuesto el riesgo a contraer Covid-19. 7

La situación del Covid incrementó la migración femenina, datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), antes de la pandemia de Covid-19, indican:

En México, hasta 2018 y de acuerdo a las estadísticas públicas de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, las mujeres representaban entre el 20 y el 25 por ciento de los flujos migratorios en tránsito irregular, sin embargo, a partir de octubre de 2018 vimos un cambio en la migración y en el último año (2019) las mujeres y las niñas representaron el 40 por ciento de las personas detenidas en estaciones migratorias en todo el país. 8

De 20 o 25 por ciento que las mujeres representaban del total de los flujos migratorios, se pasó a un 40 por ciento durante la pandemia de Covid-19.

De enero a mayo de 2020, las mujeres representaron 40 por ciento de las personas que solicitaron asilo en México. Entre las causas que las obligan a salir de sus países en busca de protección internacional está la violencia de género, la persecución y amenazas en razón de género, hacia ellas o sus familias, y la desigualdad y discriminación. 9

La revista Dfensor, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muestra las siguientes estadísticas aterradoras:

... la mayoría de las mujeres migrantes detenidas en México son de Guatemala, Honduras y El Salvador, y en menor grado de Nicaragua, Ecuador, Brasil, Colombia, República Dominicana y Cuba, así como de países fuera del continente americano. En los últimos años, las niñas representan aproximadamente 23 por ciento de las detenciones en las estaciones migratorias. 10

A todo lo expuesto hay que agregar la información de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que en el informe Impacto de la pandemia Covid-19 en la trata de personasdice que en “el delito de trata de personas, los delincuentes están ajustando sus modelos de negocios a la ‘nueva normalidad’, creada a partir de la pandemia, especialmente mediante el uso indebido de nuevas tecnologías”. 11

(...)

El flujo de menores en contexto de movilidad ha tenido un incremento sustancial principalmente a partir de 2012, “sea en el grupo de 12 a 17 años o en el de menos de 12 años, cuyo monto se duplicó con creces entre 2012 y 2015. De enero a noviembre de 2015, la cifra de menores presentados ya superó el reportado en 2014 (32 mil 293 y 23 mil 96, respectivamente)”. 12

Muchos de esos menores son violentados y lo peor, muchos de sus agresores son funcionarios púbicos. Un reporte de Amnistía Internacional señala lo siguiente: “Existe la extendida creencia —compartida por ONG locales e internacionales y profesionales de la salud que trabajan con mujeres migrantes— de que hasta seis de cada diez mujeres y niñas migrantes son violadas.21 Un estudio realizado en 2006 entrevistó a 90 mujeres migrantes recluidas en la Estación Migratoria de Iztapalapa, de las que poco más de la mitad procedían de Centroamérica. Veintitrés mujeres declararon haber sufrido algún tipo de violencia, incluida violencia sexual. De ellas, 13 dijeron que el autor de la violencia era un funcionario del Estado”. 13

El Estado debe garantizar que ningún niño o niña en situación migratoria sufra ningún tipo de vulneración en sus derechos humanos y menos si el agresor es un funcionario público. Todo aquel funcionario del Estado que violente a menores en contexto de movilidad debe ser castigado con toda la fuerza de la justicia, por ello urge legislar para proteger los derechos de los menores en contexto de movilidad anteponiendo el interés superior del menor.

Las Relatoras Especiales de la ONU, Maria Grazia Giammarinaro y Maud de Boer-Buquicchio, expertas de la ONU en materia de trata y tráfico de personas hacen un diagnóstico lapidario, al decirnos que: “ los sistemas actuales concebidos para proteger a los niños migrantes muestran deficiencias, lo que expone a muchos menores a ser víctimas de la trata, la venta y otras formas de explotación”. 14

... todos los niños que huyen de conflictos, en particular los que viajan solos, son vulnerables a diversas modalidades de abuso: explotación sexual y laboral, a consecuencia del tráfico; ser vendidos y obligados a contraer matrimonio, lo que puede ocurrir en sus casas, las comunidades, la sociedad en general o en lugares donde residen migrantes y refugiados, entre otros, los centros de acogida, los campamentos de refugiados o las instalaciones informales en los lugares de origen, tránsito o destino.

“Pedimos a todos los Estados que redoblen los esfuerzos con miras a proteger a los niños migrantes del tráfico, la venta y otras formas de explotación”, instaron las expertas. “Los niños se ven afectados de manera desproporcionada por los conflictos y desastres, y los que se encuentran separados de su familia son particularmente vulnerables”.

Tanto los niños como las niñas corren el riesgo de sufrir explotación sexual, aunque el riesgo de las niñas sigue siendo mayor, señalaron las relatoras.

(...)

Las expertas criticaron a los Estados que siguen encerrando a los niños migrantes y que dan prioridad a políticas migratorias rígidas por encima de las medidas de protección de la infancia. “ El arresto de niños en situación migratoria irregular nunca puede obrar en aras del interés superior del niño, ya que constituye una violación de sus derechos y es particularmente nocivo para su bienestar”, afirmaron.

Las relatoras insistieron en que, cualquiera que sea el contexto, los Estados tienen la responsabilidad jurídica de identificar, proteger y proporcionar acogida en familias o asistencia análoga a los niños que corren el riesgo de ser víctimas de la explotación, cualesquiera que sean las circunstancias, incluso en situaciones de conflicto o crisis humanitaria.

“ Las medidas de ayuda y protección deben tener en cuenta el interés del niño y las diferencias entre los sexos”, explicaron las expertas en derechos humanos. 15

Texto normativo propuesto

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante el pleno de esta soberanía el siguiente

Decreto que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de otorgar la más amplia protección del Estado a menores en contexto de movilidad

Único. Se adiciona un párrafo tercero y se recorren los subsecuentes del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar la más amplia protección del Estado a menores en contexto de movilidad, para quedar como sigue:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Los niños, niñas y adolescentes en contexto de movilidad que pisen territorio nacional, obtendrán la más amplia protección del Estado mexicano a la luz del interés superior de todos los niños, niñas y adolescentes migrantes.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Inmujeres (sin fecha). Mujeres migrantes: vulnerabilidad y violencia al buscar un mejor proyecto de vida, 10 de octubre de 2021, de Inmujeres. Sitio web:

https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/mujeres-migrantes-vulnera bilidad-y-violencia-al-buscar-un-mejor-proyecto-de-vida?idiom=es

2 UNICEF (sin fecha). Migración de niñas, niños y adolescentes, 10 de octubre de 2021, de UNICEF. Sitio web:

https://www.unicef.org/mexico/migraci%C3%B3n-de-ni%C3%B1as-ni%C3 %B1os-y-adolescentes

3 UNICEF (2021). Se dispara el número de niños migrantes en México durante los tres primeros meses de 2021, 10 de octubre de2020, de UNICEF. Sitio web:

https://news.un.org/es/story/2021/04/1491052

4 UNICEF (2021). Hay nueve veces más niños, niñas y adolescentes migrantes en México en los últimos tres meses, UNICEF, 10 de octubre de 2021, de UNICEF. Sitio web:

https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/hay-nueve-veces -m%C3%A1s-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes-migrantes-en-m%C3%A9xico-en-los

5 ACNUR México (2020). Mujeres y niñas refugiadas y migrantes en mayor condición de vulnerabilidad ante las violencias, 10 de octubre de 2021, de ACNUR México. Sitio web:

https://www.acnur.org/es-mx/noticias/press/2020/3/5e63ce 754/mujeres-y-ninas-refugiadas-y-migrantes-en-mayor-condicion-de-vulnerabilidad .html

6 Sin Fronteras (2004). Violencia y mujeres migrantes en México, 10 de octubre de 2021, de Sin Fronteras. Sitio web:

https://sinfronteras.org.mx/wp-content/uploads/2018/12/Violencia -y-mujeres-migrantes-en-M%C3%A9xico.-Sin-Fonteras-I.A.P.-Agosto-de-2004.-1.pdf

7 Inmujeres (sin fecha). Mujeres migrantes: vulnerabilidad y violencia al buscar un mejor proyecto de vida, 10 de octubre de 2021, de Inmujeres. Sitio web:

https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/mujeres-migrantes-vulnera bilidad-y-violencia-al-buscar-un-mejor-proyecto-de-vida?idiom=es

8 GIRE (sin fecha). Mujeres migrantes, 10 de octubre de 2021, de Gire. Sitio web:

https://genero-covid19.gire.org.mx/tema/mujeres-migrantes/

9 Ídem.

10 Gretchen Kuhner (2011). La violencia contra las mujeres migrantes en tránsito por México, 10 de octubre de 2021, de CIDH. Sitio web:

https://corteidh.or.cr/tablas/r26820.pdf

11 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (sin fecha). Impacto de la pandemia COVID-19 en la trata de personas. Sitio web:

https://www.unodc.org/documents/ropan/2020/Impacto_del_Covid_19_ en_la_trata_de_personas.pdf

12 Segob (sin fecha). Menores migrantes en México. Sitio web:

http://portales.segob.gob.mx/work/models/PoliticaMigratoria/CEM/ Investigacion/EnFoco4.pdf

13 Amnistía Internacional (2010). Víctimas invisibles. Migrantes en movimiento en México, de ACNUR. Sitio web:

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/archivo/7756.pdf?view =1

14 Oficina del Alto Comisionado (2017). “ Los niños migrantes, en riesgo de ser víctimas de la trata y la explotación, al fallar los sistemas de protección”, dicen expertas de las Naciones Unidas. Sitio web:

https://ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?News ID=21916&LangID=S

15 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2021.– Diputados y diputadas: Manuel Alejandro Robles Gómez, Jesús Roberto Briano Borunda, Marisol García Segura, Salma Luévano Luna, Sandra Simey Olvera Bautista, Verónica Collado Crisolia (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita Diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno, lo siguiente:

— Definiciones

Aportaciones federales: Recursos que el Gobierno Federal transfiere a los estados y municipios a través de Fondos que tienen objetivos específicos. 1

Balanza comercial: Es la diferencia entre exportaciones, gasto de los extranjeros en bienes y servicios domésticos e importaciones, gasto de los locales en bienes y servicios extranjeros. 2

Carencia Social: Falta de acceso a bienes y servicios para satisfacer las necesidades básicas de una persona. Es un componente utilizado para la medición de la pobreza en México y cumple con las siguientes características:

1. Rezago educativo.

2. Acceso a los servicios de salud.

3. Acceso a la seguridad social.

4. Acceso a la alimentación.

5. Calidad y espacios de la vivienda.

6. Acceso a los servicios básicos en la vivienda. 3

Competitividad: Conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan la capacidad para atraer y retener talento de inversión en el país. 4 

Crecimiento Económico: Incremento en la producción de bienes y servicios finales en una economía en un periodo determinado. Se calcula como la tasa de crecimiento entre el PIB a precios constantes de un periodo y el de otro, usualmente haciendo comparaciones anuales. 5

Economía informal: Todas las actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que en la legislación o en la práctica, están insuficientemente cubiertas por sistemas formales o no lo están en absoluto. 6

Empleo formal: Incluye a los trabajadores que tienen una relación laboral reconocida por su patrón y que cuenta con sus derechos laborales. En caso de ser trabajadores independientes, son formales aquellos que registran sus actividades laborales ante la autoridad fiscal. 7

Empleo informal: Tipo de empleo donde el empleador no brinda a sus empleados un vínculo laboral reconocido ante la ley ni acceso a las prestaciones sociales que son requeridas por ley. 8

Déficit: Situación económica en la cual los ingresos son inferiores a los gastos.

Gasto público: Es aquel que presenta las erogaciones a los bienes o servicios que va adquiriendo el Estado para satisfacer las necesidades de cada uno de los servicios que requieran cada uno de los individuos.

Impuestos: Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, de las contribuciones de mejores y de los derechos. 9

Impuesto Sobre la Renta (ISR): Contribución que grava los ingresos de las personas físicas o morales residentes en el país, así como de las personas residentes en el extranjero por los ingresos atribuibles a sus establecimientos permanentes ubicados en territorio nacional o aquéllos que proceden de fuente de riqueza ubicada en el país. 10

Índice Nacional de Precios al Consumidor: Indicador cuya finalidad es estimar la evolución de los precios de los bienes y servicios que consumen las familias en México. Es un indicador económico que muestra la variación de los precios en un periodo de tiempo Toma como base la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), con la información construye una canasta de bienes y servicios llamada coloquialmente canasta básica.

Ingresos acumulables: Aquellos que se encuentran gravados para efectos del impuesto sobre la renta.

Ingresos no acumulables: Aquellos que no gravan el ingreso para efectos del impuesto sobre la renta.

Miscelánea Fiscal: Normatividad operativa y técnica. Es un documento con vigencia anual que agrupa y facilita el conocimiento de las reglas emitidas por las autoridades fiscales en materia de impuesto, productos, aprovechamiento, contribuciones de mejores y derechos federales.

Paquete Económico: Conjunto de proyectos legislativos que presenta el Ejecutivo Federal al Poder Legislativo, cada año fiscal para su análisis y aprobación en materia política, hacendaria, ingresos y egresos; y que sirve para el funcionamiento y operación de la gestión gubernamental. 11

Política social: Conjunto articulado y temporalizado de acciones, mecanismos e instrumentos, conducidos por un agente público, explícitamente destinados a mejorar la distribución de oportunidades o corregir la distribución de activos a favor de ciertos grupos o categorías sociales. 12

Presupuesto de Egresos de la Federación: Documento de política pública elaborado por el Ejecutivo Federal y Hacienda, en el que se describen la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos de los tres poderes, de los organismos constitucionalmente autónomos y de las transferencias a los gobiernos estatales y municipales.

PAE: Programa de Apoyo al Empleo.

Rentas: Se refiere a los ingresos que percibe un particular por las actividades económicas que realiza.

Semáforos económicos: Son indicadores que, por su importancia e incidencia en el crecimiento económico y la generación de empleos, permiten hacer un diagnóstico de cómo va México. Son metas cuantificables y objetivas, y cuentan con movilidad periódica y están clasificados en: nacionales, estatales y sectoriales. 13

SNE: Servicio Nacional de Empleo.

SNIP: Sistema Nacional de Intervención Pública.

Superávit: Situación económica en la cual los ingresos son superiores a los gastos.

Tasa anual: El crecimiento del trimestre de análisis frente al mismo trimestre del año inmediato anterior. 14

Tasa anualizada: Para calcularla, se utiliza la fórmula [(1+tasa trimestral) ^4]-1. Esta tasa se utiliza para medir cuánto crecería el país en un año si cada trimestre, creciera al mismo ritmo que el trimestre de análisis. 15

Tasa anual de todo el año: La tasa que compara el crecimiento de todo el año se publica únicamente en el último trimestre, y compara el crecimiento promedio del PIB en todo un año respecto al año inmediatamente anterior. 16

Tasa de desempleo: Porcentaje de la población económicamente activa (PEA) que no tiene empleo y está en busca de uno. Es el cociente entre desempleados y PEA. 17

Tasa trimestral: El crecimiento del trimestre de análisis frente al trimestre inmediato anterior. 18

• PAE

El Programa de Apoyo al Empleo, inicio en el 2001, es la columna vertebral del Servicio Nacional de Empleo, busca ayudar a solucionar las dificultades que enfrentan los buscadores de trabajo y los empleadores para articularse en el mercado laboral, por lo que se otorga atención enfocada a servicios de intermediación laboral, movilidad laboral de jornaleros agrícolas y capacitación para la empleabilidad.

Está conformado por tres subprogramas denominados: Intermediación Laboral, Movilidad Laboral de Jornaleros Agrícolas y Capacitación para la Empleabilidad, por medio de los cuales, con recursos públicos federales, se brindan diversos servicios o apoyos para facilitar el acceso al empleo.

Presupuesto recibido en los últimos años:

• 2018 recibió una partida de 975.3 millones de pesos.

• 2019 el primer año de la presente administración, se redujo a 722.9 millones de pesos (-26%).

• 2020 se redujo a 704.8 millones de pesos (-3%).

• 2021 a 55.5 millones de pesos (-92%).

“Este programa prácticamente desapareció con los ajustes presupuestarios que hubo en el 2021 a raíz de la pandemia” dijo Axel Eduardo González, investigador de la organización México ¿Cómo Vamos?, en una entrevista a El Economista, el 9 de septiembre de 2021.

El director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, Marcelo Delejará expuso “Se hizo inicialmente un recorte muy grande al Servicio Nacional de Empleo y ahora no se está recuperando esa disminución cuando estamos en una situación en la que hay que apoyar a muchos grupos vulnerables para el retorno al mercado de trabajo”.

El último recorte a los recursos del PAE, afecto gravemente al su programa de “Capacitación para la Empleabilidad”, que desapareció del catálogo de servicios gratuitos del SNE este 2021. Dicho programa consistía en el pago de becas de entre uno y tres salarios mínimos, hasta por tres meses, además de un seguro contra accidentes, para personas que tomaban un curso práctico en un centro de trabajo, a petición de los empleadores, para desarrollar o perfeccionar habilidades con la intención de ser contratadas al terminar su formación.

• Importancia de la ocupación

La posición en la ocupación y el tipo de ocupación influyen en los ingresos percibidos. Por ejemplo, la condición de informalidad del empleo acentúa la pobreza laboral: mientras que sólo 8% de los trabajadores formales ganan hasta un salario mínimo, más de 34 % de los ocupados en la informalidad ganan hasta un salario mínimo. Aun cuando el salario mínimo subió $123,22 pesos 19 (equivalente a 5,50 US$ con 1 US$ equivalente a 22,36 pesos mexicanos), dicho ingreso todavía es bajo.

La categoría ocupacional también influye en los ingresos percibidos, en este sentido quienes trabajan por cuenta propia frecuentemente se encuentran en las categorías de ingresos más bajos y no gozan de los mismos derechos laborales ni de sus garantías.

— Antecedentes

Situación antes del Covid-19

El Informe Mundial de la Protección Social 2017-2019 de la OIT expone que México se encuentra apenas por arriba del promedio mundial de cobertura efectiva de la protección social (situado en 45,2%), con sólo 50,3% de la población cubierta por al menos un beneficio de la protección social, cabe aclarar que dicha cifra está por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (61,4%). 20

La evolución del porcentaje de personas con un ingreso inferior al costo de la canasta alimentaria mensual ha sufrido variaciones a lo largo del periodo 2008-2020.

Considerando la crisis económica de 2008-2009, dicha tasa incremento de 33,2% a 40% en el año 2010 y la aceleración siguió hasta alcanzar un pico de 42,8% en 2014, esto durante la administración de un gobierno panista. Sin embargo, la tendencia fue a la baja a partir del año 2017.

Según el Banco de México se ha observado una variación negativa del Producto Interno Bruto (PIB) desde el año 2019.

Fuente: OIT México y la crisis de Covid-19 en el mundo del trabajo: respuestas y desafíos.

Situación durante la pandemia de Covid-19.

El Covid-19 surgió en la ciudad de Wuhan China a mediados en diciembre de 2019. El 24 de febrero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que el virus del Covid-19 tenía potencial pandémico y el 11 de marzo de 2020, 21 la OMS declaró la pandemia mundial.

México reconoció la pandemia por medio del acuerdo emitido por el Consejo de Salubridad General el 23 de marzo de 2020.

La Organización Internacional del Trabajo en su momento informó que en México, 44% del empleo total tenía un alto riesgo de verse afectado por la pandemia, lo que equivale alrededor de 24 millones de trabajadores que podrían experimentar una disminución en horas o salario; incluso, advirtió que la tasa de desempleo podría llegar este año a 11.7% de la población económicamente activa, equivalente a seis millones de personas. Dichas advertencias fueron ignoradas. 22

Tomando en cuenta lo anterior no fue raro que en los primeros meses de la pandemia de Covid-19 se registrara una salida masiva de personas de la fuerza laboral y la pérdida de millones de empleos formales e informales.

Debido a que la fuerza laboral no pudo buscar trabajo por el cierre temporal de las actividades no esenciales, hubo una salida de la actividad y una transición hacia la inactividad. Entre marzo y abril 2020, 12 millones de persones se añadieron a los rangos de la inactividad y la tasa de participación se redujo en 12,3 puntos porcentuales (de 59,8% a 47,5%).

Por si fuera poco, en la nota técnica “México y la crisis de la Covid-19 en el mundo del trabajo: respuestas y desafíos”, la OIT, señaló que en cinco meses se habían destruido más empleos formales que los que fueron creados en todo el 2019.

De la población inactiva, el 40% está disponible para trabajar en abril contra el 15% antes de la pandemia, lo cual representa un incremento de 15 millones de personas.

México tuvo una caída de empleos formales, según el Instituto Mexicano del Seguro Social, se perdieron 1, 117, 584 de empleos formales de marzo a julio 2020, mayoría eran empleos permanentes. 23

Según la Organización Internacional del Trabajo, en México las categorías de trabajadores que fueron más afectados por la caída en los puestos de trabajo son los trabajadores por cuenta propia y también los asalariados. Además, La OIT definió 4 pilares de protección al empleo y a la empresa para mitigar los efectos negativos de la crisis, los cuales son:

• Proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo.

• Estimular la economía y el empleo.

• Apoyar a las empresas, el empleo y los ingresos.

• Fomentar el diálogo social.

Fuente: OIT, Empleo e Informalidad

Un indicador que resume el comportamiento conjunto del empleo y de los ingresos del trabajo individuales es el agregado de ingresos laborales per cápita del conjunto de los trabajadores. 24

Fuente: OIT, Empleo e Informalidad

El informe de referencia de la OIT señalo que se debe “Apoyar los ingresos de los hogares y las transiciones en el mercado de trabajo, en particular para las personas más perjudicadas por la crisis, por medio de políticas activas del mercado de trabajo, servicios públicos de empleo y servicios de asistencia de alta calidad prestados por el sector público. La inversión en estos ámbitos facilita la participación de los trabajadores en el mercado de trabajo y les permite mejorar sus perspectivas laborales adquiriendo mayores competencias”. 25

La OCDE reporto en julio de 2021 que muchas de las personas que perdieron el trabajo en las primeras fases de la pandemia han seguido en paro desde entonces y tienen cada vez más problemas para competir con los ciudadanos cuyos puestos de trabajo han estado protegidos. 26 También advirtió que el empleo debe ser el centro de la recuperación para evitar graves secuelas en la economía y la sociedad. 27

Fuente: Eje Central, Empleo, una crisis que se aproxima.

En julio de 2021, 6 de cada 10 trabajadores en México se encuentran en la informalidad, lo que equivale a 31.8 millones, es una cifra histórica de trabajadores en la informalidad.

José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, advirtió que los datos antes expuestos, pueden detonar en una crisis laboral y de finanzas públicas. 28

El gobierno federal tiene proyecto que en año 2022 el Programa de Apoyo al Empleo (PAE) se mantendrá con recursos limitados, debido a que el titular del Ejecutivo Federal solicitó para el próximo ejercicio fiscal una partida de 56.8 millones de pesos para este fin, dentro de la bolsa que administra la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cabe resaltar que este monto 1.2% inferior en términos reales a lo autorizado para 2021.

La propuesta de Presupuesto de Egresos no contempla ningún programa nuevo para la reactivación de sectores productivos como el campo o el apoyo a Mipymes. Al contrario, busca reducir los recursos destinados a las Secretarías de Economía y de Desarrollo Agrario en casi 50% y 25%, respectivamente. La protección y generación de empleos, también es política social.

Laura González Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial Estado de México, se manifestó acerca del Paquete Fiscal 2021.

“Se tiene que iniciar ya con la planeación de un programa de recuperación económica de largo plazo en la entidad que considere medidas contra cíclicas con incentivos mayores y diferenciados para lograr atraer mayor inversión y empleo, así como retener al existente, ya que las empresas siguen haciendo esfuerzos extraordinarios para mantener, lo más posible, a la mayor parte de sus empleados y eso el gobierno lo debe reconocer”. 29

La Jefa del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez prevé que con las facilidades administrativas que implica el Régimen Simplificado de Confianza, el monto de recaudación por impuesto sobre la renta (ISR) pueda crecer hasta 38.9 por cien to en 2025, respecto de los estimados actuales. De acuerdo con las proyecciones del organismo, en un escenario medio en que se extienda el régimen de confianza para el pago de ISR en una tasa efectiva de entre 1 y 2.5 por ciento de los ingresos facturados, la recaudación por este impuesto puede pasar de 12 mil 49.1 millones de pesos en 2021 a 16 mil 738 millones en 2025.

— Derecho al trabajo

La Carta Magna consagra los derechos mínimos de los trabajadores. Art. 5º Constitucional. Libertad del Trabajo.

“A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión,  industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros, o, por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad.” 30

Por lo tanto, ninguna persona puede ser obligada a dedicarse a algo que no quiere, ni puede impedirse que se dedique a lo que quiera, siempre y cuando esto sea ilícito.

Artículo 2o.- Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así? como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva.

Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón. 31

Asimismo, no debe pasarse inadvertido que de acuerdo con nuestra Carta Magna los órganos jurisdiccionales del Estado mexicano dentro de sus respectivas competencias deben realizar una interpretación a la luz de la convención o tratados de los que nuestro país sea parte, de sus protocolos adicionales, así como de la jurisprudencia internacional siempre con la regla del principio pro homine, que implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre. Por tanto, debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y debe aplicarse en forma obligatoria.

Novena Época. Registro No. 179233 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Febrero de 2005. Materia(s): Administrativa. Tesis: I.4o.A.464 A Página: 1744.

— Principio pro homine. Su aplicación es obligatoria

El principio pro homine que implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio, se contempla en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el siete y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, respectivamente. Ahora bien, como dichos tratados forman parte de la Ley Suprema de la Unión, conforme al artículo 133 constitucional, es claro que el citado principio debe aplicarse en forma obligatoria.

El derecho laboral es:

• Derecho Social.

• Derecho Imperativo.

• Derecho Autónomo. Principios:

• In dubio pro-operario.

• Continuidad. No me pueden despedir sin justificación.

• Estabilidad en el empleo.

• Plataforma de Derechos Mínimos.

• Irrenunciabilidad.

Funciones

1. Informadora.

2. Orientador.

3. Subsanador.

La Declaración Universal de Derechos Humanos parte de la igualdad, establece derechos laborales como la seguridad social, en el artículo 22.

La Organización Internacional del Trabajo señala que los derechos fundamentales laborales, buscan garantizar un mínimo y equivalente nivel de protección social cualquiera que sea el nivel de desarrollo de cada país y su s peculiaridades históricas y culturales. El objeto es garantizar a todo individuo la posibilidad de disponer de los medios necesarios para reivindicar en cada estado (considerando sus especificidades) una contrapartida equitativa a su trabajo.

Los derechos laborales y sociales aparecen plasmados de forma clara en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el protocolo adicional a la Convención, conocido como el Protocolo de San Salvador, entre otros.

• Pacto Mundial para el Empleo

En el año 2009, la Conferencia Internacional del Trabajo, con la participación de los delegados de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores de los Estados Miembros de la OIT, adoptaron el Pacto Mundial para el Empleo. En este instrumento de política global se abordan las repercusiones de la crisis financiera y económica internacional en los ámbitos social y del empleo. El documento promueve una recuperación productiva, centrada en la inversión, el empleo y la protección social. El objetivo fundamental del Pacto Mundial para el

Empleo es proveer una base concertada internacionalmente de políticas diseñadas para reducir el período entre la recuperación económica y la recuperación con oportunidades de trabajo decente. Es un llamado a la acción mundial urgente: nacional, regional y global. 32

Algunas de las recomendaciones son:

• Impulsar la demanda efectiva y contribuir al mantenimiento de los niveles salariales incluso por medio de paquetes de estímulo macroeconómico; ayudar a quienes buscan trabajo:

i) Aplicando políticas activas de mercado de trabajo eficaces y bien focalizadas;

ii) Mejorando las competencias y aumentando los recursos a disposición de los servicios públicos de empleo, de manera que quienes buscan trabajo reciban un apoyo adecuado y que cuando estos servicios colaboren con agencias de empleo privadas, se aseguren de la calidad de los servicios que éstas prestan y de que se respeten los derechos de los trabajadores; y

iii) Poniendo en práctica programas de formación profesional y de desarrollo de competencias empresariales tanto para personas con empleo asalariado como para personas con autoempleo.

• Hacer inversiones en el desarrollo de las competencias laborales, el perfeccionamiento profesional y la readaptación profesional de los trabajadores para mejorar la empleabilidad, en particular de quienes han perdido su trabajo o corren el riesgo de perderlo y de los grupos vulnerables.

• Limitar o evitar la pérdida de puestos de trabajo y apoyar a las empresas para que puedan conservar su fuerza de trabajo, por medio de mecanismos bien concebidos que se pongan en práctica a través del diálogo social y la negociación colectiva.

• Entre estos mecanismos se podrían incluir el trabajo compartido y las prestaciones de desempleo parcial.

• Apoyar la creación de empleo en todos los sectores de la economía, reconociendo el efecto multiplicador de los esfuerzos focalizados.

• Utilizar sistemas públicos de garantía del empleo que ofrezcan empleo temporal, programas de obras públicas de emergencia y otros mecanismos de creación directa de puestos de trabajo que estén bien orientados e incluyan a la economía informal.

• Establecer entornos normativos que sean favorables y propicios a la generación de empleo a través de la creación y el desarrollo de empresas sostenibles. 33

— Agenda 2030 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

México es parte de la Agenda 2030, la cual en el numera ocho, tiene como objetivo “Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos”, 34 a su vez este objetivo se divide en metas, conviene señalar algunas.

Meta 8.3: Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleos decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación y alentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.

Meta 8.5: Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

Meta 8.6: Reducir la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

Meta 8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.

Meta 8.9 Para 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo. 35

El Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe señala.

“La adopción de metodologías en los SNIP responde a la necesidad de homogeneizar y dar consistencia a las demandas de recursos para inversión en las distintas áreas y sectores específicos: para evaluar adecuadamente programas y proyectos, los países deben determinar cómo fueron enunciados, cuál es su enfoque metodológico y cómo serán evaluados sus beneficios económicos, sociales y ambientales. Las estructuras de las metodologías de formulación y evaluación de proyectos tienden a ser similares en los países de la región, variando sólo el grado de profundidad en que se tratan los temas”. 36

Se consultó el repositorio de metodologías de formulación y evaluación de inversión pública, que se encuentra actualizado y no se encontró que México cuente con un Plan de Inversión

Pública, Metodología, Manual o Guía para la evaluación de Proyectos encaminados al objetivo ocho de la Agenda 2030, ni para las metas enunciadas líneas arriba.

— Actas número 5A

En el 2021 se realizó la 109° Conferencia Internacional del Trabajo, los países miembros de la OIT realizaron el acta 5A, Informes de la Comisión de Respuesta a la Covid, entre los compromisos que asumieron esta:

Situar el objetivo del empleo pleno, productivo y libremente elegido y el trabajo decente, las necesidades de las personas más vulnerables y afectadas por la pandemia, y el apoyo a las empresas sostenibles, el empleo y los ingresos en el núcleo de estrategias con una perspectiva de género, destinadas a construir mejor para el futuro después de la crisis y adaptadas a situaciones específicas, teniendo plenamente en cuenta las circunstancias y las prioridades nacionales (...)

A. Crecimiento económico y empleo inclusivos.

a) Prever una recuperación de base amplia y generadora de empleo con oportunidades de trabajo decente para todos, mediante políticas nacionales de empleo integradas, reconociendo el importante papel del sector privado y del sector público y de la economía social y solidaria (...)

f) Fortalecer los sistemas nacionales de servicios de empleo y las políticas nacionales para proporcionar servicios de empleo de calidad a los trabajadores y los empleadores a fin de mitigar las perturbaciones económicas y del mercado de trabajo inducidas por la crisis, reconociendo cuando proceda el papel complementario de los servicios de empleo privados cuando estén debidamente regulados, de conformidad con las normas de la OIT, incluyendo la prohibición prevista en las mismas de cobrar comisiones y gastos a los trabajadores (...)

C. Protección social universal.

b) Mejorar el acceso a la protección contra el desempleo para dar apoyo a los trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo y sus medios de subsistencia debido a la pandemia y para facilitar las transiciones. 37

Dichos compromisos también se encuentran adoptados en la Declaración Ministerial de Trabajo y Empleo del G20.

— Objeto de la iniciativa

El objeto de la presente iniciativa es incorporar el inciso w, en la fracción II, artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para establecer que las previsiones de gasto correspondan a un programa de empleo temporal para quienes lo perdieron a causa de la pandemia de la Covid-19 o de desastres naturales que cada año azotan al país

La creación de un Programa de Empleo Temporal, que tenga como objetivo contribuir a impulsar el empleo a mujeres y hombres que enfrentan la desocupación ocasionada por situaciones económicas y sociales adversas, como es el caso de la emergencia sanitaria o desastres naturales, mediante apoyos económicos temporales en la que intervengan diversas secretarias como: la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Bienestar, Secretaría de Salud y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para atender de manera conjunta e integral el problema del desempleo en regiones o zonas afectadas.

Lo cual haría que México cumpliera con los constructos internacionales de lo que es parte. A demás de que dicha medida prevendría graves consecuencias económicas y mitigaría los estragos de la pandemia de Covid-19 y sobre todo esta medida actuaría como respaldo para las personas que perdieron su empleo a causa de la crisis sanitaria o de los desastres naturales que cada año afecta al país.

Con la intención de una mejor ilustración de la propuesta de modificación se presentan los siguientes cuadros comparativos:

Inciso W, en la fracción II, artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este Pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por medio del cual se adiciona el inciso w en la fracción II del artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Único. Se adiciona el inciso w en la fracción II, artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 41. El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá:

Fracción I ...

a) al e)

II. El proyecto de decreto, los anexos y tomos, los cuales incluirán:

a) al v)...

w) Las previsiones de gasto que correspondan al Programa de Empleo Temporal

Primero: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 México cómo vamos. (2020). Glosario. 13 de septiembre del 2021, de México cómo vamos Sitio web:

https www.mexicocomovamos.mx/glosario/

2 cit.

3 cit.

4 cit.

5 cit.

6 “Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal”, 2015, (No 204), OIT.

7 cit.

8 cit.

9 (CFF, Articulo 2., inciso I)

10 SAT, Glosario. “Informe Tributario y de Gestión”, 1ª ed., Servicio de Administración Tributaria, 2013, p 5.

11 Sistema de Información Legislativa. (2021). Paquete económico. 13 de septiembre de 2021, de Sistema de Información Legislativa Sitio web:

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=174

12 Atria Raúl, “Políticas Sociales. Concepto y Definición”, Estudios Sociales, Chile, 2005, número 116, pp. 55-56

13 Generación de puestos de trabajo formales. (2021).” Generación de puestos de trabajo formales”. 13 de septiembre de 2021, de México cómo vamos Sitio web:

https://mexicocomovamos.mx/semaforo-nacional/generacion-puestos- trabajo/

14 cit.

15 cit.

16 cit.

17 cit.

18 cit.

19 Conasami (2019), Salarios mínimos vigentes partir del 1 de enero 2020, disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/ file/525061/Tabla_de_salarios_m_nmos_vigentes_apartir_del_01_de_enero_de_2020.p df

20 OIT. (2017). “Informe Mundial de la Protección Social 2017 -2019”. 13 de noviembre del 2021, de OIT Sitio web:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–-dgreports/–-dcomm/doc uments/publication/wcms_624890.pdf

21 OMS. (2020). Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la Covid-19 celebrada el 11 de marzo de 2020. 2020, de Organización Mundial de la Salud Sitio web:

https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s -opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19 11-march-2020

22 María Del Pilar Martínez. (2020). En riesgo alto por la pandemia, 44% del empleo en México: OIT. 13 de septiembre de 2021, de El Economista Sitio web:

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En -riesgo-alto-por-la-pandemia-44- del-empleo-en-Mexico-OIT-20201009-0014.html

23 IMSS (2020), datos públicos, trabajadores asegurados:

https://public.tableau.com/profile/imss.cpe#!/vizhome/Histrico_4 / Empleo_h?publish=yes, consultado el 3 de junio 2020.

24 Ibídem pp. 43

25 OIT. (2021). Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo. 14 de septiembre de 2021, de OIT Sitio web:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–-dgreports/–-dcomm/–-p ubl/documents/publication/wc ms_794492.pdf

26 OCDE. (2021). El empleo debe ser el centro de la recuperación para evitar graves secuelas en la economía y la sociedad, afirma la OCDE. 14 de septiembre de 2021, de OCDE Sitio web:

https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/perspectivas-del-empl eo-2021.htm

27 Cit.

28 Tomás de la Rosa. (2021). Empleo, una crisis que se aproxima. 14 de septiembre de 2021, de Eje Ce ntral Sitio web:

https://www.ejecentral.com.mx/empleo-una-crisis-que-se-aproxima/

29 Redacción Así Sucede. (2021). Piden empresarios aplicación oportuna de presupuesto para generación de empleos. 13 de septiembre de 2021, de Así Sucede Sitio web:

https://asisucede.com.mx/piden-empresarios-aplicacion-oportuna- de-presupuesto-para-generacion-de-empleos/

30 (Artículo 5, CPEUM,)

31 (Artículo 2., Ley Federal del Trabajo)

32 OIT. (2009). Acerca del Pacto. 14 de septiembre del 2021, de OIT Sitio web:

https://www.ilo.org/jobspact/about/lang–es/index.htm

33 OIT. (2009). Generar empleo. 14 de septiembre de 2021, de OIT Sitio web:

https://www.ilo.org/jobspact/policy/WCMS_DOC_GJP_ARE_ EMP_ES/lang–es/index.htm

34 ONU. (2021). Objetivos del Desarrollo Sostenible. 14 de septiembre del 2021, de ONU Sitio web:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/

35 ONU. (11 de septiembre de 2017). Objetivo de Desarrollo Sostenible 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico. 13 de septiembre de 2021, de Gobierno de México Sitio web:

https://www.gob.mx/agenda2030/articulos/8-trabajo-decente-y-crec imiento-economico

36 Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe. (2021). Repositorio de metodologías de formulación y evaluación de Inversión Pública. 13 de septiembre del 2021, de Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe Sitio web:

https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/methodologies/cou ntry/22

37 OIT. (16 de junio de 2021). Actas 5A Informes de la Comisión de Respuesta a la Covid. 14 de septiembre de 2021, de OIT Sitio web:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–-ed_norm/–-relconf/doc uments/meetingdocument/wcms_803429.pdf

Dado en la honorable Cámara de Diputados, el día 14 de octubre de 2021.– Diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Verónica Collado Crisolia, del Grupo Parlamentario de Morena

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la suscrita, Verónica Collado Crisolia, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXV Legislatura, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se propone la reforma de los párrafos primero y decimoquinto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente

Para la Organización de las Naciones Unidas, la utilización de un lenguaje incluyente, es de suma importancia para el respeto a los Derechos Humanos de las personas, pero los principales retos del idioma español para una comunicación incluyente en cuanto al género, son la confusión entre género gramatical, género sociocultural y sexo biológico, el nivel de conocimiento de los recursos que ofrece la propia lengua para hacer un uso incluyente en la norma y las asociaciones peyorativas que han heredado del sexismo social algunos equivalentes femeninos, es por esto que ha emitido estrategias útiles, como usar la palabra persona. Por esto, es importante omitir el determinante ante sustantivos comunes en cuanto al género, es por lo anterior que se propone la reforma al primer párrafo del artículo 4 Constitucional que actualmente dice:

La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Para ser sustituido por

Todas las personas son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Referente al párrafo decimoquinto, en el derecho internacional, el artículo 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece el derecho de las personas a contar con un nivel de vida adecuado, que les asegure la salud y el bienestar, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales en diferentes rubros, incluyendo la vejez. 1

En el marco jurídico nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y específicamente mencionando los artículos 1o. y 133, los cuales nos dicen que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad por lo que en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley, que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, además de que nuestra Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con ella, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión, es que, atendiendo a la utilización de lenguaje incluyente, y, aunado a lo anterior, ratificando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la obligación de eliminar todas las formas de discriminación, en particular, la discriminación por motivos de edad, resaltando que todas las personas tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras y que estos derechos, incluido el de no verse sometidas a discriminación fundada en la edad, ni a ningún tipo de violencia, nacen de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano.

Por lo anterior debe reconocerse que todas las personas, deben seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas educativa, económica, social, cultural y política de sus sociedades, abordando los asuntos desde una perspectiva de derechos humanos, que reconoce el derecho a la educación, así como el derecho de las personas mayores al bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al desarrollo humano, social y económico y a la erradicación de la pobreza, es por esto que la administración del Licenciado Andrés Manuel López Obrador, comenzó, en 2019, la aplicación de los programas sociales “Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores”.

Los principales cambios que se aplicaron con respecto a las administraciones anteriores, consistieron en que las pensiones se empezaron a entregar a adultos mayores jubilados o pensionados de manera universal, aunque estos serían para mayores de 68 años, a excepción de las personas indígenas, ya que en su caso se seguiría siendo a partir de los 65 años.

Por lo anterior, el 8 de mayo de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se reformaron y adicionaron párrafos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual tiene como objetivo garantizar el derecho a la protección de la salud a todas las personas.

De manera específica, se elevaron a rango constitucional los programas sociales que ha promovido el presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador. El decreto entró en vigor el 9 de mayo de 2020.

Puntualmente, se adicionó el párrafo 15, que a la letra dice: “Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos, esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad”. 2

En septiembre de 2019, María Luisa Albores González, secretaria de Bienestar, reiteró que la nueva política de Bienestar está enfocada en la universalidad de los derechos humanos, el ciclo de vida de cada persona, así como la participación social y comunitaria. En ese sentido se buscaría eliminar prácticas clientelares y asistencialistas, y los apoyos se recibirían de manera directa a través de una tarjeta bancaria, además informó que estaba por cumplirse la meta comprometida de ocho millones 592 mil 492 adultos mayores, ya que, en ese entonces, se tenían cubiertos, hasta ese entonces, 8 millones 38 mil 469 de ellos.

En ese mismo informe, la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que ese año el monto de inversión fue de 120 mil millones de pesos, en comparación con los 39 mil millones erogados en 2018 con la administración anterior. Además, por instrucciones del presidente, la pensión se pagaría por adelantado comentando lo siguiente:

El programa se nos entregó con cinco millones de beneficiarios, lo que se construyó de 2007 a 2018, de tal manera que estuvimos 11 años en la construcción de ese programa, se tuvieron cinco millones. En seis meses estamos alcanzando los tres millones adicionales. Esa es la velocidad de la Cuarta Transformación. 3

En el segundo informe trimestral del ejercicio fiscal de 2020 correspondiente a los programas del ramo administrativo 20, “Bienestar”, considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se informó que respecto al programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, las personas adultas mayores de 65 a 67 años de edad, que estaban incorporadas en el padrón de beneficiarios del Programa Pensión para Adultos Mayores, activos a diciembre del ejercicio fiscal 2020, era el siguiente:

Como se ve en la tabla anterior, a junio de 2020 se había emitido por lo menos un apoyo económico a 8 millones 86 mil 895 personas adultas mayores, lo que representaba un avance de 95 por ciento respecto a la meta del padrón de beneficiarios que se estableció para 2020, de 8 millones 481 mil 255 personas adultas mayores. De las personas atendidas, 4 millones 512 mil 964 fueron mujeres (56 por ciento) y 3 millones 573 mil 890 fueron hombres (44 por ciento), además de que 41 personas no identificaron su género, de ese total, al 58 por ciento se les emitió el apoyo mediante transferencia electrónica mientras que, al resto, 42 por ciento, se les emitió el apoyo económico a través de transferencia en efectivo, el cual era de 1310 pesos mensuales. 4

Ante estos resultados y con la finalidad de apoyar a una mayor cantidad de adultos mayores beneficiados, el mandatario federal, el domingo 21 de marzo de 2021, mencionó en una conferencia, que la edad para recibir la pensión, bajaría de 68 a 65 años de edad para recibir la pensión, con lo que se estaría beneficiando a otros 10.3 millones de adultos mayores.

Es por lo anterior, es que el 07 de julio de 2021, se emitió el acuerdo por el que se modificó el diverso por el que se emitieron las Reglas de Operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para el ejercicio fiscal 2021, publicado el 22 de diciembre de 2020.

En vista de que la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que la edad para recibir la pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores dice que la edad es de sesenta y ocho años y únicamente en el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos es de sesenta y cinco, para tener congruencia con lo mandatado por el ciudadano presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, se propone la siguiente reforma del artículo 4o. constitucional:

Por lo expuesto y fundado, la suscrita presenta a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente proyecto de

Decreto que reforma el artículo 4o., párrafos 1 y 15, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la pensión a los adultos mayores

Único. Se reforma el artículo 4o., párrafo 15, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. Todas las personas son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y las personas que se encuentren en condición de pobreza.

Las personas mayores de sesenta y cinco años y las y los indígenas y las y los afromexicanos, tienen derecho a recibir por parte del Estado, una pensión no contributiva en los términos que fije la ley.

El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación.

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país. La ley establecerá la concurrencia de la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para esos efectos.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo establecido en el presente decreto.

Notas

1 https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

2 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593045&fecha=08/05/ 2020

3 https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mas-de-ocho-millones-de-adultos-mayores-m exicanos-reciben-pension-universal-al-doble-informa-presidente

4 Segundo informe trimestral de 2020 de la Secretaría de Bienestar,

http://www.bienestar.gob.mx/work/models/Bienestar/Transparencia/ InformesPresupuestoEjercido/SEGUNDO_INFORME_TRIMESTRAL_2020_FFF1.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2021.– Diputadas y diputados: Verónica Collado Crisolia, Adriana Bustamante Castellanos, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, Brenda Espinoza López, Graciela Sánchez Ortiz, José Miguel de la Cruz Lima, Manuel Alejandro Robles Gómez, María del Rosario Reyes Silva, María Magdalena Olivia Esquivel Nava, Marisol García Segura, Olimpia Tamara Girón Hernández, Otoniel García Montiel, Salma Luévano Luna, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Melissa Estefanía Vargas Camacho, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos  6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar para análisis y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

México es uno de los países más atrasados en materia de protección animal, por ello, la necesidad de implementar en nuestra carta magna un artículo el cual regule esta situación a nivel nacional

Del derecho humano a un medio ambiente sano

No existe una fecha exacta en la que se volvió importante la lucha por la reivindicación de los derechos animales, pero existe un consenso, de que el movimiento se volvió viral en varios países a finales de los años setenta del siglo XX, con la obra “Liberación Animal” cuyo autor es un filósofo australiano llamado Pete Singer.

Paralelo al movimiento de la reivindicación de los derechos animales, también se habla de los Derechos Humanos de Tercera Generación, que surgen como respuesta a los problemas y necesidades imperantes en la época, entre esos derechos se encuentra el derecho humano a un medio ambiente sano.

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la que México es parte desde el 7 de noviembre del 1945, se han establecido los derechos fundamentales de los seres humanos, y a través del tiempo se han ido adecuando a la dinámica social, tal es el caso del derecho humano a un medio ambiente sano establecido en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador en 1982, firmado por México en fecha 17 de noviembre de 1983, que a la letra dice:

“Artículo 11 Derecho a un medio ambiente sano

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos. Los Estados parte promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”.

El citado protocolo fue aprobado por la Cámara de Senadores, el 12 de diciembre de 1995, y publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 27 de diciembre del mismo año, y no fue hasta el 28 de junio de 1999 que se publicó la adición del quinto párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecía lo siguiente:

“Artículo 4o. ... Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar...”

El citado artículo se reformó, publicándose en fecha 8 de febrero de 2012 quedando de la siguiente forma:

“Artículo 4o. ... Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. ...”

Es importante señalar que el concepto de “medio ambiente sano” no está definido en los tratados internaciones suscritos por el Estado mexicano ni por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales patrocinó la elaboración del documento titulado “Indicadores de Derechos Humanos sobre el Derecho al Medioambiente en México”, en el que se define al medioambiente como:

“El medio ambiente, como elemento indispensable para la conservación de la especie humana, tiene un carácter colectivo y, por lo tanto, se trata de un bien público cuyo disfrute o daños no sólo afectan a una persona, sino a la comunidad en general. Por lo cual, su defensa y titularidad debe ser reconocida en lo individual y en lo colectivo”.

El alcance individual y colectivo de este derecho humano, vincula a los elementos de la naturaleza (biodiversidad, especies de flora y fauna, el agua, la atmósfera, ecosistemas) como bienes jurídicamente tutelados, ya que inciden directa y proporcionalmente en la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.

Así las cosas, y considerando que los animales que habitan en el planeta son parte intrínseca del medio ambiente en que se desarrolla el ser humano, el Estado Mexicano desde hace 28 años ha sido un agente activo en procurar el derecho humano a un medioambiente sano, creando leyes como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, así como la Ley Federal de Sanidad Animal, que buscan regular y garantizar la protección y bienestar de los animales silvestres y de consumo; sin embargo, la dinámica natural de la sociedad ha hecho que se reformen en varias ocasiones buscando en todo momento adecuarse a la actualidad.

Del marco jurídico en México y a nivel internacional

Hablar de condiciones jurídicas para el reconocimiento, defensa y promoción de derechos a favor de los animales, es retomar esfuerzos históricos a nivel mundial.

• Desde 1850 en Europa se mostraban los primeros avances en leyes en contra del maltrato animal, la “Ley Grammont”, en Francia, incriminó el acto “de maltratar abusivamente” a un animal doméstico.

• En Alemania desde el año 2002, se considera la protección de Estado como un derecho de los animales no humanos.

• En diferentes partes del mundo entre ellas Estados Unidos, Canadá e Inglaterra se han hecho cambios para que la policía, la judicatura, las agencias de servicios de bienestar de la familia, trabajadores sociales, educadores, las agencias de salud mental, empleados de refugios de animales y la Iglesia trabajen juntos en los casos de abuso de animales aun cuando no exista una sociedad protectora de animales en el área, haciendo reportes de los casos en los que consideran que debe intervenir el Estado y fundamentándose en el hecho de que cuando el animal doméstico es maltratado existen amplias probabilidades de que la mujer e hijos también lo sean.

• En América Latina, por ejemplo, Chile, de acuerdo con un estudio realizado por la World Animal Protección se encuentra como el país con mayor bienestar animal dentro del continente americano esto después de que se evaluaran en 50 países con una legislación para promover el bienestar animal, colocándolo a la altura de países europeos.

• Madrid, España, contará dentro de muy poco con una nueva Ley de Protección de Animales de Compañía que multará con hasta 30.000 euros a todo aquel que maltrate o abandone a su mascota.

• Además, esta modificación de la ley de 1990 prohibirá a los refugios sacrificar animales sin importar el tiempo que lleven en el centro.

• Zúrich, Suiza, cuenta con una de las legislaciones más completas del mundo. En esta ciudad se regula el número de animales que puede tener cada persona, los animales tienen derecho a un abogado y aquel que haga daño a su mascota puede enfrentarse a tres años de cárcel y hasta 20.000 francos suizos.

• En el Cairo, Egipto a todos aquellos que maten o hieran intencionadamente a un animal pueden ser penados con hasta tres años de cárcel. Francia tiene una legislación estricta en materia animal. Las multas para los agresores pueden llegar hasta los 30.000 euros y dos años de prisión.

• En el caso de Nueva York, EU, aquellos que maltraten, abandonen, maten o alimenten mal a una mascota tendrán que pagar una multa de 1.000 dólares y podrán pasar un año entre rejas. Si el ensañamiento en estos hechos es mayor, las multas pueden alcanzar los 5.000 dólares y los años de cárcel suben a cinco.

• En Uruguay la legislación en este país va más allá y prohíbe, en algunas ciudades, que los animales sean utilizados en espectáculos, circos o zoológicos. Las multas por maltrato van desde los dos años de cárcel hasta los 68.000 pesos.

Nuestras deficiencias normativas en esta materia son evidentes, al compararnos con otros países o ciudades.

Esto ya que la crueldad y la negligencia con los animales están tipificadas como un delito. En algunos estados también lo son el abandono y el abuso sexual.

Cosas que desgraciadamente en México no encontramos; sin embargo, son necesarias para mejorar la cultura que tenemos en cuanto a la protección de animales.

De la responsabilidad del Estado como promotor de derechos

Como los derechos humanos, los derechos de los animales provienen del conocimiento de las múltiples formas de injusticia de que son víctimas, y en México, reconocer la necesidad de erradicar la violencia en nuestra sociedad, implica traspasar la frontera del reconocimiento y promoción de los derechos humanos para incluir a los animales. Una vez llegados hasta aquí, valores como la solidaridad, la reciprocidad, una relación moral con otras especies de una manera menos egoísta y más interesada por su bienestar, es avanzar como seres humanos. Promover el respeto y protección a los no humanos a través de leyes de bienestar animal, modificando nuestros hábitos que impidan causarles dolor, avanzando como seres humanos con estricto sentido moral. Respetarlos, protegerlos de la violencia, modificar nuestros hábitos que impidan causarles dolor, es avanzar como seres humanos. La verdadera prueba de ética de los seres humanos radica en la relación hacia los seres que ha considerado están a su merced: los animales.

En ese sentido, el Estado juega un papel fundamental como garante de derechos y promotor de una sociedad respetuosa y libre de violencia, debiendo incorporar y desarrollar políticas públicas como mecanismos necesarios para garantizar una educación basada en valores como el respeto a la vida y a la libertad.

La tendencia global sobre este tema ha permeado por ejemplo en la República Federal de Alemania, que desde el año 2002, considera como un deber del Estado la protección de los animales no humanos. Ecuador, Chile y Argentina en América Latina también ya han dado pasos concretos en tal sentido. En las sociedades modernas y avanzadas se considera inaceptable cualquier acción injustificada capaz de provocar dolor y estrés a los animales.

El conocimiento más profundo de estos conceptos de bienestar y sufrimiento de los animales y la elevación del nivel cultural de los pueblos, han originado una inquietud en la especie humana que es el origen de su actual actividad legisladora para proteger a los animales.

El maltrato hacia los animales constituye una grave problemática social y dado que el grado de violencia no discrimina entre raza, color de piel, bandera o idioma, es un problema ampliamente distribuido a nivel mundial.

Es innegable el valor social que estas reformas obtienen, legitimadas por argumentos concretos derivados de los datos científicos e investigaciones aportadas por los expertos de organizaciones como Animal Heroes que son serias y profesionales de la sociedad civil, como lo hace ésta y muchas otras iniciativas en México y otros países.

Estudios psicológicos, ambientales y de comportamiento nos han ayudado a entender su mundo. Con este mejor conocimiento de la capacidad de sufrimiento de las criaturas con quienes compartimos la Tierra, ya no es aceptable para la sociedad el abuso de los animales en los circos para nuestra diversión. Este no debería ser el comportamiento de una sociedad del siglo XXI.

Los legisladores al servicio de la sociedad mexicana están obligados a responder a las necesidades básicas de sus representados, al igual que a las exigencias de cambios que sean tangibles y viables, proyectando al país desde una perspectiva de promoción y respeto de cualquier ser vivo, en donde ya no es posible preservar como “normales”, actos crueles. No es posible considerar que la crueldad hacia los animales es totalmente ajena a la que se puede ejercer hacia otros seres humanos, como anteriormente se puntualiza y desarrolla, las mismas comisiones internacionales de derechos humanos consideran que la protección de los animales se engloba en el derecho humano a un medioambiente sano.

En este entendido, debemos reconocer la urgencia e importancia de defender y procurar la integridad y dignidad de los animales, escuchar el reclamo de sus representados, que a través del cuerpo de organizaciones civiles estructuradas bajo los términos legales correspondientes, especializadas en el tema que nos ocupa, hacen llegar información real, comprobada, documentada y justamente argumentada para legislar de manera responsable al respecto de una legislar por los animales, como un conjunto de medidas de carácter integral que promueven desde distintos ámbitos de la sociedad, una cultura de valor y respeto por la vida de los animales no humanos.

A continuación, se plantea una modificación al artículo 73 constitucional en su fracción XXIX-G para garantizar de una manera adecuada la protección y bienestar de los animales a nivel nacional.

El saber que los animales pueden sufrir por una conducta humana irresponsable es razón suficiente para tener la obligación moral de no inferirles en su integridad física algún daño, lo que corresponde al principio de no maleficencia.

Como podemos observar, es evidente la inoperancia de toda la normatividad en la carta magna, de la que se deriva un bienestar y protección, sumamente limitada para los animales de compañía, los utilizados en las corridas de toros, los utilizados en laboratorios, los de consumo humano y utilizados para el desempeño de algún tipo de trabajo de carga, misma que se ha visto viciada por la corrupción e indiferencia de las autoridades competentes y la falta de políticas encaminadas a su protección, por lo que ante la imposibilidad de que tales disposiciones satisfagan las directrices y los estándares mínimos de protección animal requeridos a nivel internacional, resultaría necesario hacer evolucionar la tutela de este tipo de animales en nuestro sistema jurídico, al elevar a nivel constitucional la posibilidad de que el Congreso de la Unión pueda legislar en materia de protección animal, como una facultad concurrente de la federación, entidades federativas y municipios.

Con la inserción del postulado de protección y bienestar animal en la Carta Magna, se complementaría la regulación que actualmente existe en la fracción XXIX-G del artículo 73 Constitucional, ya que en el texto vigente sólo se regula la protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, por lo que muchas veces se ha dejado de lado la protección adecuada a garantizar la protección y el amor hacia de los animales de compañía, los utilizados en las corridas de toros, los de consumo humano y utilizados para el desempeño de algún tipo de trabajo de carga, emitiendo ordenamientos ineficaces y con poco alcance jurídico.

Una reforma al artículo 73 constitucional sección XXIX-G, resulta indispensable legislar sobre dicha temática, ya que ello permitirá que el Congreso de la Unión, en forma concurrente, pueda emitir leyes más eficaces en la defensa y protección de los derechos de los animales de compañía, los utilizados en las corridas de toros, los utilizados en laboratorios, los de consumo humano y utilizados para el desempeño de algún tipo de trabajo de carga, que las que actualmente existen en las entidades federativas, y sobre todo, ampliar la tutela de sus derechos, lo que también puede contribuir al cambio paulatino de la idiosincrasia de los mexicanos respecto de la protección de este tipo de animales.

Algunos estados de acuerdo al artículo 124 constitucional han incorporado leyes para la protección animal, sin embargo, toda esa normatividad no ha solucionado tal problemática, ya que es importante mencionar que independientemente de que no se cumplan tales disposiciones, las mismas son limitadas en lo que hace a los alcances de la tutela que proporcionan a los derechos de los animales de compañía, los utilizados en las corridas de toros, los utilizados en laboratorios, los de consumo humano y utilizados para el desempeño de algún tipo de trabajo de carga.

Si bien en México, la penalización del maltrato contra los animales es una tendencia en crecimiento que goza de la aprobación de la sociedad, pues la Ciudad de México y estados como Coahuila, Puebla, Baja California Sur, Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Querétaro, Yucatán, Baja California, Aguascalientes, Guanajuato, Colima, Nayarit, Jalisco, estado de México, Oaxaca y Nuevo León ya se han hecho reformas y adiciones a sus respectivos códigos penales para dar una protección más fuerte desde el ámbito legal a los animales, estableciendo multas y penas punitivas, es necesario avanzar desde un enfoque integral que vaya desde el ámbito jurídico hasta el educativo, cultural, de salud, etcétera, sin dejar de tomar en cuenta que sólo el estado de Oaxaca no cuenta con una Ley de Protección Animal, dejando claro que todo esto deberá derivar en una Ley General de Bienestar para los Animales que procure los parámetros generales en todas las áreas de explotación y aprovechamiento.

Ante ese vacío de legalidad y de autoridad en las entidades federativas, tal problemática puede llegar a convertirse en una verdadera contingencia de salud pública, ya que el descuido, maltrato e indiferencia que la sociedad y las mismas autoridades muestran hacia los derechos de los animales, pueden generar en éstos, altos niveles de estrés por las condiciones a que son sometidos, lo que llega a deteriorar su salud y por consiguiente, convertirse en un foco perjudicial para los humanos, ya que por citar algún caso en específico, los animales de consumo humano son sometidos a traslados en condiciones deplorables, lo que les genera temor, dolor y ansiedad, lo que finalmente merma la calidad de su carne, sin omitir las inhumanas formas de sacrificio, o bien, debido al alterado estado emocional que se les genera a los animales de compañía por las precarias condiciones de vida a que son sometidos, puede provocar graves agresiones físicas hacia las personas con las que convive habitualmente.

Es una situación cotidiana, el observar que, por irresponsabilidad, negligencia e inconsciencia de buena parte de la sociedad, existen miles de animales de compañía que deambulan por las calles, mismos que son capturados y trasladados a los centros antirrábicos en donde son sacrificados de forma inhumana, al carecer este tipo de instituciones de la capacitación necesaria y de los instrumentos adecuados para realizarla de manera digna y sin dolor.

Además, debe mencionarse que los animales de compañía suelen ser reproducidos sin control alguno, por individuos sin escrúpulos que se benefician con su explotación, lo que es fomentado por las tiendas especializadas en la venta de mascotas al realizar la venta de éstas.

Otro tipo de problemáticas en torno a los animales que son utilizados para experimentos en laboratorios, los utilizados en trabajo de carga excesivos, los utilizados en las corridas de toros, situaciones que son igualmente de preocupantes, ya que la salud o la vida de esos animales son sacrificadas en virtud de las prácticas comerciales de quienes los tienen en custodia, o utilizados para la diversión como ocurre en las corridas de toros, sin que se les proporcione un trato o condiciones de vida dignas.

Ese menosprecio y agresiones hacia este tipo de animales se acentúan cuando desde la misma legislación civil, se les considera como cosas u objetos susceptibles de ser propiedad de los individuos y, por lo tanto, se tiene la falsa idea de disponer libremente de los mismos.

Lo anterior ha contribuido a que se tenga en nuestra sociedad, una especie de subcultura encaminada hacia el maltrato de los animales, en la que el menosprecio para ellos es visto como algo normal e incluso hasta justificado, lo que ha sucedido por generaciones; los ordenamientos legales y normas oficiales que hemos hecho mención, además de ser incapaces para poder regular esa problemática y proteger eficazmente los derechos de los animales de compañía, los utilizados en las corridas de toros.

Los utilizados en laboratorios, los de consumo humano y utilizados para el desempeño de algún tipo de trabajo de carga, contiene normas que no cuentan con los alcances necesarios para tal efecto, ya que se dejan sin considerarse aspectos importantes de la salud animal, como el emocional, lo que redundara no sólo en la protección de los mismos animales, sino también en el bienestar de los seres humanos.

Recientemente han surgido activistas y diversas organizaciones civiles que protegen a los animales a lo largo del territorio nacional, brindándoles todo tipo de ayuda, adopción y asistencia médica, sólo que al ser impulsado por un pequeño sector de la sociedad, tal función es desempeñada con escasos recursos económicos o con donaciones, destacando que tal medida surge como una inquietud social que trata de subsanar la incapacidad de las autoridades competentes y la falta de políticas encaminadas a la protección de ellos.

En ese sentido, es imperioso considerar de forma amplia, a la protección de los derechos de los animales, pensando no sólo en satisfacer sus necesidades básicas, sino en proporcionarles condiciones dignas de vida, ya sean animales de compañía, de los utilizados en las corridas de toros, de los utilizados en laboratorios, de los de consumo humano y de los utilizados para el desempeño de algún tipo de trabajo de carga.

Se entiende por bienestar animal: el estado positivo de un animal en relación con su ambiente. Se determinará un estado de bienestar tras evaluar:

a. Condición corporal que no ponga en riesgo la vida del animal;

b. Ausencia de patógenos;

c. Ausencia de heridas. En caso de haberlas, deben estar bajo tratamiento;

d. Niveles fisiológicos, y no elevados, de cortisol en heces y sangre o saliva y sangre, de acuerdo con la especie;

e. Ausencia de estereotipias y comportamientos redirigidos, mismos que serán determinados a través de una etograma.

De aquí la necesidad de definir de manera más concreta y diferenciar los conceptos de “maltrato” y “crueldad animal”:

Maltrato: Las formas de maltrato animal pueden ser: directa cuando es intencional y se lleva a cabo mediante conductas agresivas y violentas como la tortura, mutilación que pueden dar lugar en un caso extremo a la muerte del animal, e indirecta realizada a través de actos negligentes respecto a los cuidados básicos que el animal necesita, como provisión de alimentos, de refugio y de una atención veterinaria adecuada, no siendo un caso extraño el abandono.

Crueldad Animal: El concepto de crueldad, generalmente, es definido como la voluntad de causar un dolor o sufrimiento, y en algunas circunstancias el beneficio de un cierto placer relacionado con el logro del hecho cruel de la violencia ejercida en contra de los animales que implique la mutilación que ponga en peligro la vida, tortura, envenenamiento, tormentos, privación habitual o continua de sustento necesario para un animal, tal como el agua, alimento, atención médica o refugio, dar muerte por métodos no previstos en esta ley que los cause o promueva que se trate de esta manera a un animal.

La diferencia jurídica principal implica que con “crueldad” se reconoce un nivel más severo de maltrato. Con este término, el alcance de los hechos incriminados es enormemente restringido, excluyendo el maltrato común (sin crueldad subsecuente). Por ejemplo, en la legislación francesa los tribunales han definido, el concepto de crueldad en el campo de la protección animal:

De acuerdo a estas definiciones judiciales se destaca que los distintos tipos de responsabilidades en que una persona puede incurrir (penal, civil, administrativa, política, laboral, etcétera) descansa en un principio de autonomía, conforme al cual para cada tipo de responsabilidad se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, aunque algunas de éstas coincidan desde el punto de vista material, de modo que un individuo puede ser sujeto de varias responsabilidades y, por lo mismo, susceptible de ser sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones.

Teniendo esto en cuenta es posible advertir que existen sectores de la sociedad que gustan arremeter por entretenimiento, ocio, negocio u otras causas injustificadas en contra de muchas especies animales, maltratándolos, mutilándolos o sacrificándolos, aspecto que resulta alarmante pues es sabido que el grado de desarrollo de una comunidad, también puede medirse por el grado de respeto y valoración hacia los seres más débiles e indefensos y de preservación a todos los integrantes de nuestro medio ambiente natural y social, entre ellos los animales.

Considerar a los animales no humanos como seres vivos y no objetos, capaces de sentir placer y dolor y, por ende, como sujetos a derechos como el de una vida digna, es una premisa fundamental en la evolución del ser humano como un ser con capacidad de consciencia, inteligencia y ética, capaz de promover la construcción de una sociedad más justa y libre en sus diferentes aspectos

Por bienestar animal entenderemos aquel “estado en que el animal, como ser vivo, tiene satisfechas sus necesidades de salud, de comportamiento y fisiológicas frente a cambios en su ambiente, generalmente impuestos por el ser humano”, es decir, la sanidad animal tan sólo será un componente del bienestar animal, ya que éste postulado persigue una protección más amplia, lo que implicara una forma o modalidad en la que los animales, independientemente de su especie, deben ser atendidos por los individuos que los tengan bajo su cuidado, postulado que es más específico dentro de lo que es la conservación del medio ambiente, además de ser más proteccionista de lo que podría representar un simple resguardo.

Así pues, queda claro y comprobado que legislar a favor de la protección de los animales estaremos vacunando a la sociedad contra vicios y comportamientos que la violentan y truncan su desarrollo en todos los aspectos. El defender a los animales del maltrato y la crueldad como seres indefensos ante el dominio de la humanidad, transmite también el mensaje y la enseñanza de que se debe defender a todo aquel que sea víctima de la injusticia, sin importar su especie, edad, género, preferencias, etc. Esto resultará en una sociedad más justa y con valores como empatía, respeto, solidaridad y no discriminación.

Por lo antes expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto. Se reforma la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:

I a la XXIX-F...

XXIX-G.- Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los Gobiernos de las federativas, de los municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como en materia de bienestar y protección de los animales.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo de seis meses, contado a partir de la publicación del presente decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la legislación reglamentaria en materia de bienestar animal.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2021.– Diputadas y diputados: Melissa Estefanía Vargas Camacho, Alan Castellanos Ramírez, Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda, Sodi Miranda, Ana Laura Huerta Valdovinos, Brenda Espinoza López, Diana María Teresa Lara Carreón,   Elizabeth Pérez Valdez, Esther Mandujano Tinajero, Jéssica María Guadalupe Ortega de la Cruz, Laura Barrera Fortoul, Laura Lorena Haro Navarro, Luis Edgardo Palacios Díaz,  Miguel Sámano Peralta, Navor Alberto Rojas Mancera, Olga Luz Espinosa Morales, Oscar Gustavo  Cárdenas Monroy, Sandra Simey Olvera Bautista, Sayonara Vargas Rodríguez, Sue Ellen Bernal Bolnik (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables someto a consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma los artículos 359 y adiciona los artículos 371 bis, 376 y 377 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de transparencia sindical, al tenor de lo siguiente:

Los antecedentes del sindicalismo en México datan de la Revolución Mexicana, cuando Francisco I. Madero en 1910 crea el Departamento del Trabajo para que estudie la cuestión social que se vive en el país, para 1912 se funda la Casa del Obrero Mundial que funcionaba como centro de agitación y propaganda de los derechos de la clase trabajadora. La clase obrera estaba concentrada en los lugares donde había industrias, principalmente centros mineros y fábricas de textiles, mismos que se encontraban alejados unos de otros lo que impedía la relación entre la clase trabajadora, la otra parte eran artesanos que formaron sindicatos gremiales, los de artes gráficas, los de la construcción, panaderos, sastres, etcétera, los ferrocarrileros aún se encontraban en lucha desplazando a los obreros norteamericanos.

Al promulgarse la Constitución de 1917 se inicia el verdadero periodo de organización de las agrupaciones sindicales, en la ciudad de Saltillo nace la primer Central Sindical Nacional la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), para 1919 se funda el partido Laborista Mexicano (PLM) y el Partido Comunista mexicano (PCM), en 1921 se realiza la Convención Radial Roja en donde se constituye la Confederación General de Trabajadores (CGT), en 1922 se crea la Confederación Nacional Católica del Trabajo.

Después de la depuración de la CROM, en 1933, surge la Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM), conformada por una parte por Lombardo Toledano. Cabe resaltar que en ese momento existían agrupaciones separadas de la Cámara de Trabajo, algunos sindicatos se encontraban influidos por el Partido Comunista, esta Confederación lucharía para ampliar la unidad sindical hasta que todas las organizaciones quedaran asociadas bajo tres principios: la lucha de clases, la democracia sindical y la independencia del movimiento obrero respecto del estado.

Tiempo después nace la Confederación de Trabajadores de México (CTM), misma que surge sin el apoyo del gobierno, diferenciando las asociaciones al tiempo de reivindicar la clase obrera con el pueblo y la nación mexicana, además de proponerse agrupar a las organizaciones sindicales de América Latina y contribuir a la unidad del movimiento obrero mundial; para 1997 se forma otra gran organización sindical en México, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

Aunque tendiendo estas grandes organizaciones sindicales bajo el número de afiliados a estos, ya que cifras presentadas por la población económicamente activa (PEA) en 1978 presentaba un total del 16.3 por ciento del PEA afiliada a un sindicato y para 1998 este porcentaje cayó a 10.4 por ciento, lo que representa una baja en afiliación sindical, una de las implicaciones fue la disminución en las primas sindicales por lo que los trabajadores individuales tenían menos incentivos para sindicalizarse.

Sin embargo, con el paso del tiempo estas organizaciones sindicales que se formaron en nuestro país fueron adquiriendo otros fines, comenzando una desunión entre ellas por situaciones como la intensión de que prevaleciera una teoría filosófica, o el argumento en que la minoría debe acatar los acuerdos de la mayoría en temas religiosos y políticos, impidiendo la libre discusión en las asambleas para tomar acuerdos, por otro lado también realizaban compromisos con empresarios y patrones sin consultar a los trabajadores, olvido de la lucha de clases, corrupción de la mayoría de los líderes sindicales, etc. Fueron algunas de las causas de la debilitación de las organizaciones.

La mayor parte de estas diferencias, al traer la desunión de organizaciones sindicales, se han vuelto insuperables y estos vicios aún se mantienen, principalmente podemos mencionar los casos de corrupción de líderes sindicales, ya que en un inicio fueron reelecciones antidemocráticas por parte de ellos; enriquecimientos ilícitos; solo se destituían por muerte o cárcel realizando la función de secretarios generales por décadas; existen un sinfín de documentaciones de personajes políticos utilizando las organizaciones sindicales y favores políticos; por otro lado la percepción de sueldos exorbitantes derivados de las cuotas sindicales de los trabajadores.

Muchos de estos líderes fueron intocables, hasta que procedía una investigación sobre los desvíos de las cuotas sindicales, por lo que el sindicalismo se volvió charrísimo, calificativo con el que se describe a un líder corrupto, dicho líder se encuentra controlado por el gobierno y proclive a beneficiar por las buenas o las malas a los patrones; este tipo de actitudes por parte de los líderes, se presentaba tanto en sindicatos locales como en sindicatos nacionales, conocemos casos actuales de algunos sindicatos y/o líderes sindicales que se encuentran bajo investigación, algunos han sido removidos o encarcelados, sin embargo, la mayoría se encuentra aun aprovechándose y enriqueciéndose a costa de los trabajadores.

Se han dado casos en los que líderes sindicales después de acceder a secretarios han aumentado sus riquezas y bienes patrimoniales, conduciendo autos de lujo últimos modelo, portando relojes de oro y joyas deslumbrantes, bienes raíces valuadas en dólares en el extranjero y en el país, gastando miles de pesos en compras de vestidos en el extranjero, paseando en yates, y teniendo como mascotas animales exóticos; violando distintas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, por mencionar algunos tenemos los artículo 356 y 374 en su fracción IV, que a la letra dicen:

“Artículo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses.”

“Artículo 374. Los sindicatos, federaciones y confederaciones, legalmente constituidos son personas morales y tienen capacidad para:

I. a la III. ...

IV. Establecer mecanismos para fomentar el desarrollo y fortalecimiento de la economía de sus afiliados,...”

La finalidad principal del sindicato es el garantizar el interés general de los trabajadores, y a su vez deberá mejorar las condiciones laborales del trabajador, estar a la defensa de sus derechos reconocido a nivel constitucional y en la misma Ley Federal del Trabajo, la esencia de este artículo no se lleva a cabo debido a que los líderes sindicales buscan un interés particular sin considerar y dejando al final a sus representados.

La mala práctica de las directivas sindicales en su administración, al no buscar intereses comunes y beneficiarse particularmente, corrompe la esencia del artículo 123 Constitucional, apartado B, fracción X, que establece el derecho de los trabajadores a asociarse para la defensa de intereses comunes.

Debido a estas situaciones, el pasado mes de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Federal del Trabajo que aprobó el honorable Congreso de la Unión, uno de los temas principales de la reforma fue el de la democracia sindical, que busca garantizar derecho a votaciones libres, directas y secretas para elegir líderes sindicales, otro de sus beneficios es el establecimiento de las condiciones necesarias para el procedimiento de elección como de permanencia, prohibiendo el tiempo indefinido en cuanto al tiempo de duración de las directivas, así mismo se implementa la libertad de negociación colectiva que garantice aplicaciones bilaterales y supere mínimos legales establecidos en salarios y prestaciones; la reforma también menciona que se cancelará el registró del sindicato si sus representantes incurrieran en actos de extorsión; sanciona los actos de injerencia patronal en caso de que se favorezca a un sindicato para tenerlo bajo control; se da una constancia de representatividad que acredita que el sindicato cuenta con la representación de los trabajadores para negociar el contrato colectivo de trabajo o de emplazamiento a huelga; se elimina la cláusula de exclusión por separación, por lo que no podrán ser despedidos los trabajadores que dejen de pertenecer a un sindicato; se especifica se deberán rendir cuentas de manera detalla del destino de las cuotas sindicales; es de resaltarse que anteriormente estas eran practicas violatorias a los derechos de los trabajadores por parte de las directivas sindicales.

Las mencionadas reformas a la Ley Federal del Trabajo son de gran importancia para erradicar el charrísimo de los sindicatos, así como transparentar en el uso de las aportaciones de los trabajadores por medio de las cuotas sindicales, sin embargo considero que nos hace falta castigar y evitar de manera contundente el enriquecimiento de los líderes sindicales, pues no basta con transparentar los recursos de los sindicatos, debemos restringir sueldos y salarios de las directivas, obligar a quienes manejen fondos sindicales a presentar declaraciones fiscales, patrimoniales y de conflicto de interés; esto con la finalidad de supervisar ganancias y gastos de las mesas directivas, ya que al solicitar permiso para desempeñar sus funciones dentro del sindicato, dejan de percibir un sueldo como trabajador, sin embargo ellos auto proponen sus sueldos derivados de las cuotas sindicales, sueldos que en su gran mayoría suelen ser monumentales respecto al que percibían como trabajadores; al no establecerse un tope de lo que deben percibir como sueldo, se corre el riesgo de repetir los viejos vicios; así mismo, creo que además de ser fiscalizados deben de tener un monto máximo de pago y así ser contundentes contra la corrupción dentro de las organizaciones de trabajadores.

Por los motivos anteriormente expuestos someto a consideración de este pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 359 y se adicionan las fracciones IV y V al artículo 371 Bis, un párrafo tercero al artículo 376 y una fracción IV recorriéndose el último párrafo al artículo 377 de la Ley Federal del Trabajo

Artículo Único. Se reforma el artículo 359 y se adicionan las fracciones IV y V al artículo 371 Bis, un párrafo tercero al artículo 376 y una fracción IV al artículo 377 recorriéndose el último párrafo, todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Ley Federal del Trabajo

Artículo 359. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar una justa y transparente administración de sus recursos, sus actividades y formular su programa de acción.

Artículo 371 Bis. ...

I. ...

II. ...

III. ...

IV. Las directivas electas de los sindicatos y confederaciones deberán presentar sus declaraciones de conflicto de intereses, patrimonial y fiscal, inicial, anual y de conclusión de su nombramiento, la encargada de recibir dichas declaraciones será la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, así mismo estará facultado el Centro de Conciliación y Registro Laboral.

V. Los sueldos de los Secretarios de la Directiva Sindical por comisión sindical, no podrán ser mayores al 50 por ciento de lo percibido en el centro de trabajo laboral en el que se desempeñaban como trabajadores, en el caso de los sindicatos de trabajadores del apartado A; y del 25 por ciento más en el caso de los sindicatos del apartado B y Organismos Descentralizados.

Artículo 376. La representación del sindicato se ejercerá por su secretario general o por la persona que designe su directiva, salvo disposición especial de los estatutos.

Los miembros de la directiva sindical que sean separados por el patrón o que se separen por causa imputable a éste, continuarán ejerciendo sus funciones salvo lo que dispongan los estatutos.

Los miembros de la directiva sindical se abstendrán de buscar beneficios particulares, que transgredan los principios de sus estatutos.

Artículo 377. Son obligaciones de los sindicatos:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. Llevar una administración transparente, justa, y proporcional, dando prioridad a los intereses de los miembros.

Las obligaciones a que se refiere este artículo podrán ser cumplidas a través de medios electrónicos, en los términos que determine la Autoridad Registral.

Único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Bibliografía

- Ley Federal del Trabajo.

- Lombardo Toledano Vicente, Teoría y práctica del movimiento sindical mexicano (Editorial

Magisterio, 2010)

- Cruz Jiménez, Francisco, Los amos de la mafia sindical (Temas de hoy, 2013)

- Página oficial de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (Comunicado, noviembre 2019)

- Micrositio de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social sobre la Reforma Laboral

(https://reformalaboral.stps.gob.mx/)

- Bensusán, Graciela; J. Middlebrook, Kevin, Sindicatos y Política en México: cambios, continuidades y contradicciones (FOC, SA de CV, 2013)

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2021.– Diputadas: Margarita García García, Sandra Simey Olvera Bautista (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Amalia Dolores García Medina, y las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa, con base en la siguiente

I. La minería es uno de los sectores más importantes en las cadenas productivas industriales, ya que aporta la materia prima para el desarrollo de actividades de suma importancia, como para la construcción de casas, carreteras, edificios o la producción de teléfonos celulares, lo cuales requieren una gran gama de minerales para su creación.

En la actualidad la minería está ligada de manera intrínseca a nuestra vida cotidiana, sin embargo, la actividad minera no sólo ha venido a transformar el modo de vida de las personas en fechas recientes, pues el uso de minerales ha marcado a la humanidad a lo largo de su historia, como en su tiempo lo hizo en la denominada Edad del Hierro, donde se comenzó a utilizar este metal para la fabricación de armas y herramientas.

En este sentido, la minería es una parte fundamental de la vida del ser humano debido a los grandes aportes que genera; aunado a que funge como palanca para el desarrollo económico de las naciones que aprovechan la explotación de sus recursos minerales.

II. En México la minería es uno de los sectores productivos más importantes del país, pues esta actividad económica representa el 2.3 por ciento del producto interno bruto nacional y el 8.3 por ciento del producto interno bruto industrial. 1 Asimismo, durante 2020 logró generar 367 mil 935 empleos directos y 2.27 millones de empleos indirectos. 2

Por su parte, de acuerdo al informe anual S&P Global Market Inteligence, América Latina continuó siendo el principal destino de la inversión en exploración minera, concentrando el 25 por ciento de capital a nivel mundial, donde México se posicionó como el segundo país con mayor presupuesto de América Latina.

De igual manera, la minería en nuestro país es una de las actividades económicas que generan más divisas, pues tan solo en 2019 logró generar 18 mil 737 millones de dólares. Mientras que de enero a julio de 2021, la minería logró generar 28 mil 745.3 millones de pesos. Además, entre 2016 y 2019 se generaron 131,016 millones de pesos por concepto de pago de impuestos y derechos. 3

A nivel mundial, México se coloca dentro de los diez principales productores de minerales, ocupando el primer lugar en la producción de plata; el segundo lugar con la fluorita; y el tercer lugar en la producción de celestita, sulfato de sodio y wollastonita. 4 A pesar de lo anterior, México se encuentra lejos de aprovechar toda su capacidad en la explotación de minerales, ya que el 70 por ciento del territorio nacional tiene un gran potencial y solamente el 30 por ciento ha sido explorado. 5

Durante 2020, los Estados que tuvieron una mayor participación en el valor total de la producción fueron Sonora con 35.3 por ciento, Zacatecas con 24.3 por ciento; Chihuahua con 13.7 por ciento; y Durango con 10.3 por ciento.

III. Como se mostró, el sector minero genera diversos beneficios en nuestro país, no obstante, los recursos naturales que se explotan por esta actividad son recursos no renovables, lo cual requiere como contraparte el pago de derechos por parte de aquellos que se benefician. Esto último se logra por medio del pago de derechos en favor del Estado mexicano, algo que se encuentra asentado dentro de la Ley Federal de Derechos.

Bajo esta idea, durante 2013 se llevó a cabo una reforma hacendaria, donde se estableció un pago especial de un derecho adicional a los beneficiarios de la explotación de minerales y sustancias del subsuelo, esto con la finalidad de retribuir con un porcentaje de los recursos obtenidos, a los Estados y Municipios, con la finalidad de elevar la calidad de vida de sus habitantes en las zonas de extracción minera y subsanar alguno de los efectos negativos que la actividad minera llega a ocasionar en estas regiones. 6 Como resultado de lo anterior, se reformaron los artículos 271 y 275, mismos que establecieron la creación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, del cual se llevó a cabo la distribución de los recursos de acuerdo a lo siguiente: 7

“...... en un 62.5 por ciento a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales y el 37.5 por ciento restante a la entidad federativa correspondiente, a fin de que se apliquen en términos de lo dispuesto por el artículo 271 de esta ley, y en un 2.5 por ciento a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para desempeñar las funciones encomendadas......”

Dichos recursos tuvieron como finalidad la inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, como: la construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares; obras de pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales; obras de infraestructura para la protección ambiental; obras para la preservación de áreas naturales y otras obras afectasen de manera positiva la movilidad urbana, tales como sistemas de trenes suburbanos, metrocable de transporte o equivalentes. 8

IV. Si bien la creación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros resultó ser una buena medida para contribuir al desarrollo local, fue entorpecido durante la actual administración, pues en 2019 una nueva reforma a la Ley Federal de Derechos generó un cambio radical al destino de dichos recursos, pues dicho fondo fue sustituido por el Fondo para el desarrollo de zonas mineras, 9 el cual destinaría sus recursos de acuerdo al artículo 275 de dicha ley, de la siguiente manera: 10

“...en un 85 por ciento a la Secretaría de Educación Pública, la cual en un 80 por ciento de la recaudación total de los derechos citados se deberá aplicar en términos de lo dispuesto por el artículo 271 de esta ley y el 5 por ciento restante para desempeñar las funciones encomendadas en el presente artículo; en un 5 por ciento a la Secretaría de Economía, para la realización de acciones de fortalecimiento del sector minero, así como de mejora a los sistemas de registro y control de la actividad minera; y en un 10 por ciento al gobierno federal, mismos que se destinarán a programas de infraestructura aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio que corresponda.”

Con esta reforma, los recursos obtenidos por el pago de este derecho, por parte de las empresas mineras tuvo una disolución absoluta del vínculo creado entre el Fondo y las comunidades y municipios donde hay extracción minera, centralizando la mayor parte de los recursos en la Secretaría de Educación Pública; ello sin tener algún mecanismo de transparencia, además de no contar con la certeza sobre los criterios para asignar recursos y el monitoreo de estos.

Aunado a lo anterior, no se cuentan con alternativas medioambientales ni económicas dirigidas a las poblaciones limítrofes a las zonas de extracción minera, algo que resulta ser de gran importancia debido al impacto ambiental que generan las actividades mineras en las áreas de desarrollo de dichas actividades.

Por ello, el objeto de la presente iniciativa tiene como fin la reasignación de los recursos generados por el pago de derechos de las empresas mineras, ello por medio de la creación del Fondo Sustentable para Regiones Mineras.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos

Único. Se reforman los artículos 271 y 275 de de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 271. El Fondo Sustentable para Regiones Mineras se integrará con los recursos por derechos sobre minería a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta ley y deberán ser empleados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, incluyendo:

I. a V. [...]

Artículo 275. Los estados y la Ciudad de México participarán en los ingresos de los derechos sobre minería a que se refiere el artículo 263 de esta ley, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

Para los efectos del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, no se incluirá en la recaudación federal participable, la recaudación total que se obtenga de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta ley, el cual se destinará en un 62.5 por ciento a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con los Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales, desarrollen infraestructura en materia educativa y el 37.5 por ciento restante a la entidad federativa correspondiente, a fin de que se apliquen en términos de lo dispuesto por el artículo 271 de esta ley.

La distribución de estos recursos se realizará de acuerdo al porcentaje del valor de la actividad extractiva del municipio o demarcación de la Ciudad de México correspondiente, respecto al valor total de la actividad extractiva del territorio nacional, con base en el registro estadístico de producción minera que deberá elaborar la Secretaría de Economía en el año correspondiente.

La aplicación de los recursos otorgados al Fondo Sustentable para Regiones Mineras estará supeditado a la toma de decisiones de los Comités de Regiones Mineras de cada entidad federativa, los cuales estarán integrados de acuerdo a lo siguiente:

I. Un integrante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el cual presidirá el Comité;

II. Un representante del gobierno del estado o de la Ciudad de México;

III. un representante del o de los municipios o demarcaciones en donde se localicen las actividades mineras;

IV. De ser el caso, un representante de las comunidades indígenas o agrarias donde se realicen actividades mineras; y

V. Un representante de las empresas mineras con mayor relevancia en las actividades mineras de la demarcación.

Las entidades federativas deberán publicar de manera trimestral, a través de su página de internet oficial, la información relativa a los recursos asignados por parte del Fondo Sustentable para Regiones Mineras, el ejercicio y destino de estos. Asimismo, deberán entregar un informe, con esta misma información, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano contará con un plazo de 90 días naturales para adecuar su normatividad correspondiente para la aplicación de los recursos provenientes del Fondo Sustentable para Regiones Mineras.

Tercero.  A la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Educación Pública contará con un plazo de 90 días naturales para adecuar su normatividad correspondiente, para la aplicación y administración de los recursos transferidos del Fondo Sustentable para Regiones Mineras.

Notas

1 “Minería”, Secretaría de Economía, 1 de octubre de 2021. Recuperado de:

https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria

2 “Importancia de la minería en México”, Cámara Minera de México, 2020. Recuperado de:

http://www.geomin.com.mx/pdf/panel/litio/ImportanciaMineria_MX_F oroLitio.pdf

3 Ibidem.

4 Ibidem.

5 Ibidem.

6 “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y se abrogan la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (continúa en la Tercera Sección)”, Diario Oficial de la Federación,

7 “Ley Federal de Derechos”, Cámara de Diputados, 2016. Recuperado de:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/243185/Ley_Federa l_de_Derechos.pdf

8 Ibidem.

9 “Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la aplicación y administración de los recursos transferidos del mandato denominado Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, al Fideicomiso Público de Administración y pago denominado Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera.”, Diario Oficial de la Federación, 2019. Recuperado de:

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5577337&fecha=31/ 10/2019

10 “Ley Federal de Derechos”, Cámara de Diputados, 2021. Recuperado de:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/107_200521.pdf

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a 26 de octubre de 2021.– Diputadas y diputados: Amalia Dolores García Medina, Noemí Berenice Luna Ayala, Noel Mata Atilano, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, Jorge Álvarez Máynez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada Elizabeth Pérez Váldez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 73, fracciones II, y XXIX-P, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

El desarrollo social, tecnológico y, en última instancia, económico se compone de una serie de variables y factores de cada país. Uno de esos factores es la inversión pública y su papel como multiplicadora de productividad, competitividad y eficiencia de la economía y el desarrollo de las regiones.

De acuerdo al Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en íngles), México ocupa el lugar 48 entre los 141 países analizados en el Índice de Competitividad Global de 2019 1. Es necesario mencionar que el GCR (Global Competitiveness Report) mide la competitividad a través de 12 pilares organizados en 4 subíndices 2:

Fuente: Elaboración propia con datos de “The Global Competitiveness Report 2019”, https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCom-petitivenessReport2019.pdf

Según datos del mismo reporte, México tiene rezagos en materia de infraestructura, principalmente en temas como utilidad de la infraestructura pública. Las principales fortalezas de México 3 son la flexibilidad laboral y el mercado financiero.

Por otro lado, en el Índice de Desempeño Lógistico del Banco Mundial México ocupa uno de los últimos lugares en el tema de infraestructura, donde obtenemos 2.85 puntos de 5 posibles; esto por la poca factibilidad lógistica que tiene nuestra infraestructura pública.

La infraestructura pública adquiere mayor relevancia al convertirse en un instrumento de cohesión económica y social, de articulación territorial y de mejora a la accesibilidad regional; además de tener el potencial de arrastre económico como instrumento de política contracíclica.

Uno de los problemas detectados en la planeación de la infraestructura es la falta de estudios que indiquen que los proyectos de inversión cuentan con factibilidad urbano-regional. Si bien la ley establece la necesidad de integrar estudios de costo-benefico económico y social, estos resulta insuficientes al insertar los proyectos de inversión a las zonas geográficas.

Establecer la obligación del análisis de factibilidad regional permitirá, incluso, conocer los riesgos sociales que los proyectos conllevan. Grandes obras de infraestructura se han convertido en elefantes blancos a causa de la falta de estos estudios, como lo es la barda perimetral de la Refinería de Salamanca, o infraestructura carretera que ha dividido a comunidades a lo largo y ancho del país como el Arco Norte.

Recientemente hemos visto que un estudio de factibilidad regional hubiera permitido prever que los tiempos de traslado de la Ciudad de México al nuevo aeropuerto de de Santa Lucía serían mayores a una hora, y que la región donde se esta desarrollando la obra no esta interconectada con los principales destinos de quienes hacen uso del transporte aéreo.

Es por ello, que en aras de mejorar la toma de decisiones en la Administración Pública Federal se propone establecer la obligatoriedad de estudios de factibilidad urbano-regional de los proyectos de inversión, mismo que deberá contener los efectos negativos y positivos a nivel regional, los costos inherentes a la construcción y los posibles efectos adversos que se tengan en la región por la obra tanto en el proceso de construcción como en el de operación.

La iniciativa propone incluir, como requisito para la programación de los recursos destinados a programas y proyectos de inversión, la obligación de presentación de un análisis de factibilidad urbano-regional a cualquier proyecto para quedar como sigue:

Por lo expuesto someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Único. Se adiciona una fracción III, recorriendo los subsecuentes, se reforma la fracción IV y se adiciona un inciso b) a la fracción V, todos del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue:

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo 34. Para la programación de los recursos destinados a programas y proyectos de inversión, las dependencias y entidades deberán observar el siguiente procedimiento, sujetándose a lo establecido en el Reglamento:

I. y II. ...

III. Presentar a la Secretaría el análisis de factibilidad urbano-regional, en donde se presenten los beneficios que la obra tendrá en la región, los aspectos negativos, el listado de medidas de mitigación de impactos detectados con costo estimado, responsables de las medidas de mitigación a desarrollar y la planeación para aplicar las medidas.

IV. Registrar cada programa y proyecto de inversión en la cartera que integra la Secretaría, para lo cual se deberá presentar la evaluación costo y beneficio y el análisis de factibilidad urbano-regional correspondiente. Las dependencias y entidades deberán mantener actualizada la información contenida en la cartera. Sólo los programas y proyectos de inversión registrados en la cartera se podrán incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos. La Secretaría podrá negar o cancelar el registro si un programa o proyecto de inversión no cumple con las disposiciones aplicables, y

V. Los programas y proyectos registrados en la cartera de inversión serán analizados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, la cual determinará la prelación para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos, así como el orden de su ejecución, para establecer un orden de los programas y proyectos de inversión en su conjunto y maximizar el impacto que puedan tener para incrementar el beneficio social, observando principalmente los criterios siguientes:

a) Rentabilidad socioeconómica;

b) Factibilidad urbano-regional;

c) Reducción de la pobreza extrema;

d) Desarrollo Regional, y

e) Concurrencia con otros programas y proyectos de inversión.

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 En 2020 el Índice de Competitividad Global no se realizó por la situación generada por Covid-19.

2 Antes de 2018 estos 12 pilares se medían en 3 subíndices: Requerimientos Básicos, Potenciadores de Eficiencia y Factores de Innovación y Sofisticación.

3 En ninguna México aparece en el top 10 por fortalezas del ranking.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2021.– Diputadas: Olga Luz Espinosa Morales, Elizabeth Pérez Valdez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Beatriz Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Beatriz Rojas Martínez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 329, 330, 331, 332 y 333 del Código Penal Federal y adiciona el artículo 67 Bis a la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

De acuerdo con el informe Atención médica del aborto: consideraciones técnicas y normativas, de la Secretaría de Salud, podemos definirlo desde dos puntos de vista: uno médico y uno legal. En el caso de la definición médica, es “cualquier proceso espontáneo o inducido que termine con el embarazo de menos de 20 semanas de gestación o con peso del producto de la gestación menor a 500 gramos”. 1 Desde la perspectiva legal, “de acuerdo con el artículo 329 del Código Penal Federal, “es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”. 2

El aborto puede presentarse en distintas modalidades, desde el quirúrgico, el tardía, mortinato, inducido, espontáneo o involuntario. No obstante, cualquiera de estos puede presentarse en condiciones seguras, inseguras o clandestinas. La penalización del aborto ha llevado a que muchas mujeres lo practiquen de manera insegura y clandestina, poniendo en riesgo su vida.

En el informe Maternidad o castigo: la criminalización del aborto en México, encontramos la siguiente cita que permite comprender el concepto de criminalización del aborto como “la materialización de la construcción social de que la maternidad es la función obligatoria de todas las mujeres; idea que continúa permeando no sólo la cultura, sino todas las instituciones del Estado y que representa una violación a los derechos humanos”. 3

La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OHCHR) generó el informe Aborto. Serie de información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, donde incluyó algunos temas clave que deben ser considerados en torno al aborto, entre los cuales podríamos destacar los siguientes:

1. La penalización de los servicios de salud únicamente para las mujeres, incluido el aborto, es una forma de discriminación en contra de las mujeres.

2. Asegurar los derechos de la mujer exige el acceso al aborto en casos médicos o cuando el embarazo sea resultado de una violación o incesto.

3. Los servicios de aborto legal deben ser seguros, accesibles, económicos y de buena calidad; 4

Los estados deben proteger todos los derechos humanos, en el casi de las mujeres, deben proteger sus derechos con el fin de eliminar la discriminación, violencia y desigualdad ejercida en su contra, por ello la protección de sus derechos debe prever la no criminalización del aborto.

Tratados internacionales

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), exhorta a los estados a tomar todas las medidas necesarias, para cambiar las actitudes sociales y culturales y eliminar prejuicios y las prácticas tradicionales basadas en estereotipos o ideas que discrimen a las mujeres.

México es uno de los estados que ratificó la CEDAW. No obstante, en nuestro país aún existen enormes lagunas jurídicas, pues no se han tomado acciones concretas para modificar diversas disposiciones legales que discriminan a las mujeres, como es el caso de la criminalización y penalización del aborto. El Comité de la CEDAW, en sus diversas recomendaciones a nuestro país, ha señalado que la prohibición del aborto es una forma de discriminación hacia las mujeres.

Es una obligación del Estado mexicano cumpla con las recomendaciones de los tratados internacionales de los que es parte, en este caso la CEDAW, en particular sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en lo que respecta a la interrupción legal del embarazo y garantizar la vida de las mujeres y su derecho a decidir sobre su cuerpo y cumpla con las 63 recomendaciones de los mecanismos internacionales de los cuales forma parte.

Este instrumento internacional instruye a México modificar la legislación que castiga el aborto para eliminar las medidas penales contra las mujeres que decidan interrumpir su embarazo planteando que todos los servicios de salud sean compatibles con las garantías básicas de las mujeres, dicha recomendación es ya reiterada en diversas ocasiones: 2003, 2006, 2008 y 2012, sin hasta ahora cumplirlas en todo el país, pues la armonización de sus leyes en la materia en los niveles federal, estatal y local todavía está pendiente.

Hasta la actualidad México ha incumplido con este compromiso internacional en materia de derechos humanos, porque los códigos penales y civiles de la mayoría de las entidades federativas no han hecho los ajustes legislativos necesarios referentes a la libertad de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo.

Contexto nacional

La despenalización del aborto no es un tema reciente para nuestro país, en los últimos 15 años se han presentado diversas iniciativas con este objetivo, al igual que establecer lo necesario para que las instituciones de salud brinden el acceso a un aborto sin riesgos.

A la fecha, las mujeres pueden abortar de manera libre y segura hasta las 12 semanas de gestación, únicamente en la Ciudad de México desde 2007, Oaxaca en 2019 y muy recientemente en Hidalgo y Veracruz, en junio y julio de 2021, respectivamente, entidades que han garantizado en su legislación este derecho.

No obstante, es imprescindible que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como la decisión sobre sus propios cuerpos, se conviertan en un derecho de todas las mujeres y a lo largo de todo el país. No es posible que mientras unas pueden gozar plenamente de este derecho, otras no sólo lo tengan restringido, además, han sido castigadas, criminalizadas y encarceladas.

Entre 2009 y 2019, fueron sentenciadas 410 mujeres por delitos relacionados con la interrupción del embarazo, 210 sentencias fueron por aborto y las otras 200 por delitos relacionados con él como homicidio, infanticidio, omisión de cuidado.

En nuestro país, el aborto se encuentra regulado por los códigos penales de cada entidad. Por ello, depende de cada regulación local que puedan existir o no excepciones de responsabilidad penal.

Como ya se ha mencionado, en la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz, la mujer puede acudir a abortar a las clínicas antes de la semana doce de embarazo. Por otro lado, tenemos el caso de Michoacán, cuyo código penal, en el artículo 291, no contempla la aplicación de una sanción por abortar si fuera producto de una violación o si la mujer embarazada corra peligro de muerte o un daño grave a su salud.

Otros estados, como Querétaro y Guanajuato, permiten el aborto sin motivo de sanción penal por dos causas: a) si es producto de una violación; y b) si es por una imprudencia culposa. Esto se encuentra regulado en los artículos 142 y 163 del Código Penal de cada estado, respectivamente.

México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 23 por ciento de las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años. 5 De estos, 15 por ciento de los hombres y 33 por ciento de las mujeres no utilizan ningún método anticonceptivo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2019 se contabilizaron 2.1 millones de nacimientos, de los cuales 16.3 por ciento correspondieron a mujeres adolescentes entre 15 y 19 años; además, ocurrieron alrededor de 8 mil 500 nacimientos entre las menores de 15 años, equivalentes a 0.4 por ciento del total. 6

El Consejo Nacional de Población registró un aumento de 30 por ciento de embarazos adolescentes no deseados durante el confinamiento por Covid-19, que implican poco más de 29 mil nacimientos durante 2021.

Parte de estos embarazos son forzados y consecuencia de la violencia sexual que las niñas y adolescentes viven dentro de sus hogares y comunidades.

El embarazo en mujeres adolescentes les genera distintas repercusiones, estigmatizaciones y afecta su vida en todos los ámbitos. Por ejemplo, puede ocasionar que abandonen los estudios por la necesidad de trabajar. La salud de la madre y los bebés puede verse afectada, pues tienen un riesgo mayor de morir durante el embarazo o el parto.

Prevenir que una niña o una adolescente sea madre, es una cuestión de derechos humanos; de acceso a derechos sexuales y reproductivos, para que vivan conforme a su edad, puedan continuar estudiando y tener mejores oportunidades durante su vida.

Garantizar un aborto seguro reduce las muertes de mujeres por abortos clandestinos, pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), son alrededor de 3 millones de mujeres entre 15 y 19 años, las que se someten a abortos peligrosos y clandestinos; este tipo de abortos son realizados, generalmente, por personas que no tienen los conocimientos médicos y en instalaciones sin estándares de seguridad y salubridad necesarios. Los abortos clandestinos se convierten, ante tales circunstancias, en una de las primeras cinco causas de muerte materna; por tanto, es urgente brindar y garantizar la oportunidad de que el aborto no sea castigado, permitiendo que las mujeres acudan de manera segura y salubre a realizarse dicho procedimiento.

Ahora bien, el aborto libre y seguro también puede ayudar a reducir el número de embarazos no deseados. Éstos tienen distintas consecuencias y repercusiones en las mujeres y sus hijos o hijas. Los embarazos no deseados, en el ámbito socio-cultural mexicano, son causados por arraigados patrones culturales misóginos y machistas que restringen el papel de la mujer en la sociedad, educándolas como madres. De esta manera, se reduce y restringe su toma de decisiones respecto a su sexualidad y reproducción. Estos valores machistas y misóginos se compaginan con valores religiosos que provocan una mayor discriminación y desigualdad contra las mujeres.

Los abortos legales pueden evitar que los embarazos o partos no deseados tengan efectos negativos sobre las mujeres, las parejas, los hijos y las hijas, y el resto de la familia. De igual manera, se puede evitar que las mujeres sufran efectos negativos sobre su salud, como depresión o ansiedad. Estas repercusiones negativas aumentan cuando el embarazo es de adolescentes o niñas. De acuerdo con el Inegi, para 2020, 17 de cada 100 embarazos provienen de mujeres adolescentes menores de 20 años. Tan sólo en 2019, de los 2.1 millones de embarazos contabilizados, 16.3 por ciento correspondían a mujeres adolescentes de entre 15 y 19 años. Además, ocurrieron alrededor de 8 mil 500 nacimientos entre las menores de 15 años, equivalentes a 0.4 por ciento del total.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en su sesión del 7 de septiembre de 2021, declaró inconstitucional la criminalización total del aborto, resolviendo por unanimidad de diez votos que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.

Al haberse alcanzado una mayoría que supera los ocho votos, las razones de la Corte obligan a todas y todos los jueces de México; tanto federales como locales. A partir de ahora, al resolver casos futuros, deberán considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta, como lo son los tipos penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación, o las normas que sólo prevean la posibilidad de abortar como excusas absolutorias, pues en esos supuestos la conducta se cataloga como un delito, aunque no se imponga una sanción. 7

De igual forma, el 21 de septiembre de 2021, también la SCJN, emitió un fallo en qué si bien la objeción de conciencia del personal sanitario frente al aborto, contemplada por la Ley General de la Salud de México, es constitucional, pues, no puede entrar en conflicto con los derechos humanos de otras personas. Por tal motivo, esta decisión es complementaria de la resolución en la que se señala que es inconstitucional criminalizar y penalizar el aborto, pues la objeción de conciencia no puede entrar en conflicto con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por lo cual tampoco puede convertirse en un motivo para discriminar a las mujeres.

Con estas decisiones de la SCJN, se exhorta al Congreso de la Unión, para que revise que las normas actuales fijen los límites claros para el ejercicio de dicha facultad siempre “sin poner en riesgo los derechos humanos de otras personas”.

La regulación de la objeción de conciencia queda en manos del Poder Legislativo y de esta manera se abre el camino para que las instituciones de salud cuenten siempre con el personal capacitado para realizar abortos se manera segura.

De esta manera, la decisión de la SCJN además de ser rotundamente clara en no permitir la criminalización de las mujeres por abortar, abre las puertas para que se legisle de una vez por todas a favor de las mujeres.

Este es un momento histórico, la presente iniciativa busca modificar diversas disposiciones que logren dar un paso progresista, para que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo, garantizando la dignidad humana y la protección a la salud.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, no puede ser de acceso limitado sólo para algunas en el país, estos forman parte de los derechos humanos de todas las mujeres y por lo cual deben ser extendidos a todo el territorio nacional.

El espíritu de esta iniciativa es modificar el Código Penal, no derogar por completo los artículos, pues debe mantenerse el castigo para quien obligue a la mujer a abortar sin su consentimiento o conocimiento informado. Se busca que el Código deje de criminalizar y sancionar a las mujeres que aborten de manera libre y se busca garantizar que sea de manera segura y gratuita para salvaguardar su vida. Por tal motivo, se proponen generar modificaciones sustantivas en el Código Penal y la Ley General de Salud para eliminar todas aquellas regulaciones discriminatorias que generan los estereotipos machistas y actitudes misóginas implantadas en nuestra sociedad.

Para ello, ejemplificamos y argumentamos los cambios sugeridos dentro del Código Penal. En el caso del artículo 329, define el aborto, en el texto vigente, como “la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”. La propuesta es definir el aborto como la interrupción del embarazo después de la semana 12 de gestación pues varios estudios científicos aseveran que el embrión, antes de las doce semanas no tiene conciencia, es decir, no es capaz de sentir dolor ni satisfacción. Es posterior a este periodo cuando se han formado las estructuras necesarias para que existan sensaciones conscientes.

De esta manera, contemplando las 12 semanas de gestación, se puede modificar también el artículo 330 y 331 para castigar a quien haga abortar a una mujer, después de estas doce semanas de gestación. Se contemplan los castigos en caso de ser con consentimiento de la mujer o sin su consentimiento y ante situaciones de violencia.

Por ejemplo, en el artículo 332 del Código Penal Federal, se prevén seis meses a un año de prisión para la madre que consienta o aborte de manera voluntaria ante tres circunstancias:

a) Que no tenga mala fama.

b) Que haya logrado ocultar su embarazo.

c) Que éste sea fruto de una unión ilegítima.

Estos tres parámetros, como se puede observar, corresponden con valores y un contexto más restrictivo, donde las mujeres eran consideradas una pertenencia y donde debían mostrar una imagen y comportamientos dictados por la sociedad machista. La imagen de la mujer estaba determinada y restringida, se le prohibían ciertas conductas y actividades. Mantener este artículo en el Código Penal seguiría criminalizando a las mujeres que gocen de su sexualidad de manera libre.

Estos son los preceptos de violencia simbólica, a través de estereotipos y prejuicios de género que se han convertido en leyes y que no corresponden con la actualidad ni las dinámicas en donde se busca eliminar la violencia, discriminación y desigualdad contra las mujeres.

Por otro lado, en el caso de la Ley General de Salud se contempla y respeta la objeción de conciencia, pero se exige y obliga a las instituciones médicas a que cuenten con el personal capacitado y necesario no objetor para que puedan realizar el procedimiento solicitado por la mujer. No obstante, se propone también que cuando la vida de la mujer se encuentre en riesgo y la interrupción del embarazo se torne urgente por dicha situación, no podrá invocarse la objeción de conciencia.

La presente iniciativa cumple con lo mandatado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar inconstitucionales las normas penales que criminalizan el aborto y garantizar la salud de las mujeres.

El siguiente cuadro expone el comparativo de las modificaciones que se plantean:

En tal virtud, tengo a bien someter a consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 329, 330, 331, 332 y 333 del Código Penal Federal y se adiciona el artículo 67 Bis a la Ley General de Salud

Artículo Primero. Se reforman los artículos 329, 330, 331, 332 y 333 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 329. Aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación.

Artículo 330. Al que hiciere abortar a una mujer, después de las doce semanas de gestación, se le aplicarán de uno a tres años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo haga con consentimiento de la mujer embarazada. Cuando fuere sin el consentimiento de la mujer embarazada, la prisión será de tres a seis años y si mediare violencia física o moral se impondrán al delincuente de seis a ocho años de prisión.

Artículo 331. Si el aborto forzado lo causare un médico, cirujano, comadrón o partera después de las doce semanas de gestación, además de las sanciones que le correspondan conforme al anterior artículo, se le suspenderá de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión u oficio.

Artículo 332. Se impondrán de seis meses a un año de prisión, a la mujer embarazada que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar, después de las doce semanas de gestación. En este caso, el delito de aborto sólo se sancionará cuando se haya consumado.

Artículo 333. No es punible el aborto causado sólo por imprudencia de la mujer embarazada, cuando el embarazo sea resultado de una violación, cuando a juicio del médico que la asista emplee razón suficiente para diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales, al límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del mismo, siempre que se tenga el consentimiento de la mujer embarazada o cuando sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada.

Artículo Segundo. Se adiciona el artículo 67 Bis a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 67 Bis. Las instituciones de salud deberán proceder a la interrupción del embarazo en los supuestos donde las causales son excluyentes de responsabilidad penal en caso de aborto, cuando la mujer interesada así lo solicite.

La interrupción del embarazo deberá realizarse en un término de cinco días naturales, contados a partir de que se presente la solicitud y satisfechos los requisitos que se establezcan en la legislación aplicable.

El personal de salud podrá ser objetor de conciencia en la prestación del servicio de interrupción del embarazo y tendrán la obligación de referir a la solicitante con el responsable del servicio de la institución de salud, para que éste a su vez, designe a personal no objetor; cuando sea urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer, no podrá invocarse la objeción de conciencia. Las autoridades de salud deberán contar en todos los casos con personal no objetor que reciba y atienda a la solicitante.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Secretaría de Salud, “Atención Médica del aborto”: Consideraciones técnicas y normativas”, disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/267951/AbortoMedi coWeb.pdf

2 Cámara de Diputados, Código Penal Federal, disponible en

https://mexico.justia.com/federales/codigos/codigo-penal-federal /libro-segundo/titulo-decimonoveno/capitulo-vi/

3 GIRE, Maternidad o castigo. La criminalización del aborto en México, 2018, p. 62. Disponible en:

https://gire.org.mx/wp-content/uploads/2019/11/Maternidad_o _castigo.pdf

4 OHCHR, Aborto. Serie de información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, disponible en:

https://www.ohchr.org/documents/issues/women/wrgs/sexualhealth/i nfo_abortion_web_sp.pdf

5 OCDE, México Country Highligths. Doing Better for Children, disponible en:

https://www.oecd.org/mexico/43590178.pdf

6 Inegi, Natalidad y fecundidad, disponible en:

https://www.inegi.org.mx/temas/natalidad/

7 Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Suprema Corte declara inconstitucional la criminalización total del aborto”, disponible en:

https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp? id=6579

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2021.– Diputadas y diputados: Beatriz Rojas Martínez, Adriana Bustamante Castellanos, Alma Delia Navarrete Rivera, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, Brenda Espinoza López, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, Manuel Alejandro Robles Gómez, María Magdalena Olivia Esquivel Nava, Marisol García Segura, Olga Luz Espinosa Morales, Olimpia Tamara Girón Hernández, Salma Luévano Luna, Sandra Simey Olvera Bautista, Verónica Collado Crisolia (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo de la diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, del Grupo Parlamentario de Morena

La proponente, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, diputada por Zacatecas a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, al tenor de la siguiente

A lo largo de la historia, las mujeres hemos desempeñado un papel muy importante en la vida social, asumiendo la función del trabajo de reproducción y la función de tener bajo su responsabilidad el funcionamiento de las familias y el hogar, que implica un trabajo cotidiano no remunerado ni reconocido como productivo, pero que es fundamental en el desarrollo de las sociedades.

En la actualidad, a estas funciones sociales tradicionales atribuidas a las mujeres, se suman las funciones que han asumido con su creciente participación en las actividades económicas y como miembros del hogar que contribuyen al ingreso familiar. En el medio rural, lo anterior ha significado, por diversas condiciones y factores, su creciente participación directa en la producción de alimentos y la alimentación de sus familias. 1

La población femenina en el medio rural se estima que para 2014 asciende a casi 14 millones, superior en 1.5 millones y 12 por ciento a la reportada para 2000. En 2010, la población indígena (conforme al criterio de autoadscripción) se estimó en 15.7 millones (14 por ciento de la población total), 50 por ciento es del sexo femenino y se estima que 63 por ciento de la población indígena vive en localidades rurales. Con estos parámetros, para 2014 se estima que la población indígena asciende a 16.7 millones, de los cuales 8.3 millones son mujeres y de éstas 5.3 millones habitan en localidades rurales.

La proporción de población rural en algunas entidades representa más de 50 por ciento (Oaxaca y Chiapas), mientras que en 4 entidades es más de 40 (Hidalgo, Tabasco, Guerrero y Zacatecas). En Veracruz, donde habita el mayor número de población rural en términos absolutos (casi 3.0 millones), ésta representa 38.9. En otras 9 entidades, el número de localidades y proporción de población rural son superiores al promedio nacional, mientras que en 16 entidades es significativamente menor que la población urbana: representa menos de 23 por ciento del promedio nacional. 2

En los hogares rurales es menor la proporción con jefatura femenina: en 1990 se reportó 14.3 por ciento de los hogares y para 2010 se estima que aumentó a 19.3. En el medio rural la edad de las jefas de familia tiende a ser avanzada: de cada diez jefas, seis son mayores de 45 años, circunstancia que ubica este tipo de hogares en condiciones de mayor vulnerabilidad en general y situaciones más desfavorables que en los demás hogares. En el medio rural, en particular en la población directamente vinculada a las actividades del campo, la familia tiene una connotación diferente de la que presentan los hogares urbanos, debido a la persistencia de formas de propiedad de la tierra y de producción agropecuaria que tienen su eje en el hogar, en cuyo seno además de encargarse de la reproducción generacional, participa de manera directa con su fuerza de trabajo en la producción de bienes y servicios. En este contexto, desde hace varias décadas los hogares rurales han asumido como una estrategia de sobrevivencia, una mayor participación de las mujeres en el trabajo en los predios familiares, en su contribución al ingreso monetario del hogar y con una tendencia creciente a asumir la jefatura de los hogares, como resultado de procesos de migración masculina, abandono del hogar por fallecimiento o separación conyugal, incorporación a labores remuneradas y una mayor proporción de mujeres en los rangos de mayor edad. Estos procesos tienden a modificar los roles tradicionales de género, al propiciar una mayor participación de las mujeres, pero también en muchas ocasiones tienden a propiciar situaciones de mayor inequidad hacia ellas al tener que asumir más responsabilidades en la supervivencia de los hogares, sin dejar de asumir las tareas domésticas. 3

En las últimas décadas, en nuestro país al igual que en el resto de América Latina y el Caribe, se reconoce un proceso denominado “feminización del campo”, con el cual se hace referencia al aumento en el medio rural de la participación de las mujeres en las actividades productivas, principalmente en las de tipo agropecuario y que también se expresa en una tendencia a incrementar su participación en la propiedad de la tierra: “feminización en la tenencia de la tierra”. Estos fenómenos de feminización en el medio rural, y con mayor énfasis en las localidades de menor tamaño, suelen explicarse como resultado de un proceso de migración más intensivo en los hombres, que ha derivado en la necesidad de que las mujeres asuman directamente el sostenimiento familiar y una participación más activa en las actividades productivas que generan ingresos o proveen alimentos. En los hogares rurales con actividades productivas vinculadas a la tierra, principalmente en los núcleos agrarios y las pequeñas propiedades privadas (minifundios), la migración de los hombres se reemplaza por las mujeres quienes se quedan a cargo de las parcelas y de la generación de ingresos, ya sea a través del uso de la tierra o de su participación en otras actividades. 4

La situación que viven las mujeres, principalmente en el medio rural ha requerido establecer y diseñar políticas públicas dirigidas a combatir las causas históricas y estructurales que han impedido y obstaculizado su desarrollo al limitar, segregar, discriminar o excluir su participación en muy diversos ámbitos.

Aunque el gobierno federal ha incluido como parte de la política de atención integral, diferentes programas que apoyan las inversiones en infraestructura social, no sólo para mejorar la dotación de servicios públicos sino para impulsar las actividades productivas. Estas acciones se han acompañado de diferentes programas específicos orientados a promover la incorporación productiva de las mujeres en las actividades económicas, principalmente para fomentar las actividades agropecuarias en el campo y localidades rurales se necesitan más políticas públicas de largo plazo y permanentes para ayudar a la inserción plena de la mujer al campo con todas las oportunidades de cooperación para que ellas puedan elevar su producción y así disminuir la hambruna tanto del sector como nacionalmente, ya que al tener mayor producción el campo debe resurgir con una visión feminista, ya que ahora las estadísticas nos demuestran que ellas son ahora las que más trabajan en este sector y como tal se deben reorientar dichas políticas en apoyo a ellas.

Derivado de lo anterior es que someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue:

Único. Se adiciona la fracción X al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 19. Son prioritarios y de interés público

I. a IX. ...

X. Los programas para la creación de políticas públicas solidas con una visión estratégica y a largo plazo, para el beneficio de las mujeres rurales como uno de los ejes transversales de la cooperación para la equidad de género, elevando la producción agrícola nacional, redundando en la reducción de hambruna del sector, e incremento la producción en el sector rural.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/1217Condiciones%20econ%C 3%B3micas%20y%20sociales%20de%20las%20mujeres%20rurales%20en%20M%C3%A9xico.pdf Página 1.

2 http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/1217Condiciones%20econ%C 3%B3micas%20y%20sociales%20de%20las%20mujeres%20rurales%20en%20M%C3%A9xico.pdf Páginas 5 y 6.

3 http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/1217Condiciones%20econ%C 3%B3micas%20y%20sociales%20de%20las%20mujeres%20rurales%20en%20M%C3%A9xico.pdf Páginas 7 y 8.

4 Ibídem, página 17.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2021.– Diputadas y diputados: Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, Brenda Espinoza López, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, María Magdalena Olivia Esquivel Nava, Marisol García Segura, Olimpia Tamara Girón Hernández, Salma Luévano Luna, Sandra Simey Olvera Bautista, Verónica Collado Crisolia (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Nacional de Procedimientos Penales, en materia de robo al transporte público, suscrita por el diputado José Antonio García García e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Antonio García García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio y con arreglo a las facultades y atribuciones conferidas en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de robo al transporte público, en atención de la siguiente:

Hoy en día, el transporte público se ha convertido en una de las necesidades más básicas para los ciudadanos, ya que, a través de él, la gran mayoría de personas de cualquier condición tiene la oportunidad de trasladarse a sus centros laborales, educativos o del ámbito social. De esta manera el transporte público se vuelve un servicio indispensable para la movilidad urbana, así como para la vida social y económica del país.

Pese a que el transporte público se ha vuelto indispensable en nuestro país, lo cierto es, que actualmente es uno de los servicios más inseguros, pues los robos perpetuados en dicho transporte, representan una gran problemática para quienes usan este servicio.

Cada día es más común y frecuente ver videos compartidos en las diferentes plataformas sociales donde los delincuentes con lujo de violencia despojan de sus pertenencias a los usuarios de dicho transporte, sin importar si son mujeres o personas de la tercera edad, y que de resistirse al asalto no solo pierden sus pertenecías, sino incluso hasta su vida.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos 3 años, a nivel nacional, de julio del 2018 a julio del presente año se registraron 55 mil 384 robos a bordo del transporte público. 1

Dichos datos del Secretariado Ejecutivo indican, además, que, al 31 de julio del presente año, a nivel nacional se cometieron 8 mil 425 robos en el transporte público, cifra que representó un 11 por ciento más respecto al mismo periodo del año anterior. Ello sin considerar que en nuestro país sólo se denuncian seis de cada 100 delitos que se cometen, por lo que la cifra aumentaría considerablemente.

Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Querétaro y Puebla son los cinco estados a nivel nacional donde suceden el mayor de número de robos en el transporte público, concentrando estas entidades cerca del 90 por ciento de todos los robos a nivel nacional. 2

Por otra parte, datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 3 refieren que, durante el año 2019 se cometieron 8.2 millones de robos o asaltos en la calle o en el transporte público, lo cual representa una tasa de 9 mil 91 robos por cada 100 mil habitantes.

Dicha encuesta infiere también, que el 65.6 por ciento de los casos, lo robado fue dinero, tarjetas de crédito o cheques, mientras que en 56 por ciento de los casos fueron teléfonos celulares.

Para los ciudadanos, viajar rumbo a su trabajo, su escuela, su hogar, representa viajar con miedo, con temor, con la preocupación de ser víctimas de la delincuencia y de no regresar con sus familias.

El robo en el transporte público se ha convertido en uno de los problemas que más preocupan y laceran a los ciudadanos, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del segundo trimestre del 2021, llevada a cabo por el Inegi, señalan que el 71.3 por ciento de la población a nivel nacional de 18 años y más, se siente insegura de viajar en el transporte público, es decir 7 de cada da 10 personas viajan con miedo a ser asaltados. 4

En este sentido y ante las condiciones de inseguridad permanente que actualmente prevalecen en la entidad, resulta necesario desincentivar la comisión del delito de robo en el transporte público a través de acciones efectivas y contundentes en beneficio de las y los mexicanos.

En virtud de ello, la presente iniciativa tiene como objetivo catalogar el robo en transporte público como delito grave e incluirlo dentro del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y sancionarlo, además, con penas de hasta quince años de prisión, para quien cometa dicho ilícito.

Cabe señalar que, de acuerdo con datos del Instituto de Geografía (IGg) de la UNAM, a nivel nacional se realizan diariamente aproximadamente 130 millones de viajes, de los cuales, cerca del 80 por ciento se efectúa en transporte público. 5

Tan solo en la zona metropolitana del valle de México diariamente se realizan 34.56 millones de viajes, de los cuales 15.57 millones de viajes se realizan a través de vagonetas y autobuses colectivos del transporte público. 6

En este sentido, resulta apremiante establecer las medidas necesarias que ayuden a combatir y erradicar de manera contundente el robo perpetrado en el transporte público con el objetivo de que los ciudadanos puedan realizar sus actividades cotidianas sin temor de ser víctima de la delincuencia.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente Iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de robo al transporte público

Artículo Primero. Se reforma el párrafo tercero y se adiciona un cuarto párrafo al artículo 381 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 381....

I. a XVII. ...

...

En los supuestos a que se refieren las fracciones, VIII, IX, X, XVI y XVII, de tres a diez años de prisión.

En los supuestos a que se refiere la fracción VII de ocho a quince años de prisión.

Artículo Segundo. Se reforma la fracción XVII del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue:

Artículo 167. Causas de procedencia

...

...

...

...

...

I. a XVI. ...

XVII. Robo al transporte de carga y de transporte público; en cualquiera de sus modalidades, previsto en los artículos 376 Ter y 381, fracciones VII y XVII.

...

I. a III. ...

...

...

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Incidencia delictiva del Fuero Común; Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, disponible en la pág. web.-

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delict iva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published

2 Ibídem.

3 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2020; Inegi, disponible en la pág. web.-

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2020/doc/en vipe2020_presentacion_nacional.pdf

4 Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); disponible en la pág. web.-

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensu/doc/ensu2021_ junio_presentacion_ejecutiva.pdf

5 Boletín UNAM-DGCS-384; En México 80% de los traslados se hacen en transporte público; diponible en la pág. web.-

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_384.html; consultado el día 31-08-21.

6 Encuesta de Origen-Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México (EOD) 2017; disponible en la pág. web.-

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/ EstSociodemo/OrgenDest2018_02.pdf.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2021.– Diputado José Antonio García García (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, Laura Barrera Fortoul, Alma Carolina Viggiano Austria, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Rubén Ignacio Moreira Valdez y Marco Antonio Mendoza Bustamante, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política; y 6, numeral 1, fracción I, 77 numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones IV y VI, y se adiciona la XI al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

El turismo es uno de los principales sectores económicos a nivel internacional, obteniendo especial importancia en los países con economías emergentes. Esta actividad económica opera como fuente de oportunidades para la modernización socioeconómica y cultural de un área geográfica, siendo el patrimonio un factor de cohesión social. 1

Cada año, el World Travel & Tourism Council elabora un informe sobre el impacto económico y social que el turismo genera dentro de la economía mundial, de acuerdo con el informe de 2019, la contribución directa de la industria turística al producto interno bruto (PIB) mundial superó 2.7 billones de dólares estadounidenses. 2

El turismo se ha transformado en una estrategia exitosa para impulsar el desarrollo y contribuir a combatir la pobreza al generar ingresos y empleos entre otros factores que multiplican la economía de una nación. De acuerdo con el doctor Pedreño, el turismo resulta ser en muchos casos el único elemento que dinamiza la economía de una sociedad, convirtiéndose en una estrategia de captación de divisas que apuntala la salida del subdesarrollo o para recuperarse del declive de otras actividades económicas o productivas. 3

En México, este sector se ha convertido en una actividad económica que genera importantes oportunidades de crecimiento y desarrollo, contribuyendo a elevar la calidad y el nivel de vida de los habitantes. Entre 2009 y 2019, el PIB turístico registró una participación de 8.5 por ciento del correspondiente a la república, es la tercera fuente de divisas después del petróleo y de las remesas de los migrantes. Participan de esta actividad más de 43 mil empresas y genera 7.5 millones de empleos, según reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 4

El turismo es uno de los sectores más afectados por la pandemia provocada por el Covid-19, que ha repercutido en las economías, los medios de subsistencia, los servicios públicos y las oportunidades en todos los países. Según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, se estima que las llegadas de turistas cayeron 74 por ciento en 2020 con respecto a los datos de 2019. 5 El Consejo Mundial de Viajes y Turismo estima que recuperar niveles prepandemia podría llevar hasta 36 meses o tres años, previsión que depende de las potenciales ‘olas’ de contagios.

Según estimaciones del Consejo Empresarial Nacional Turístico y la Universidad Anáhuac, en 2019 esta industria generó en México 25 mil 000 millones de dólares en ingresos, a través de más de 45 millones de turistas. Antes de la pandemia, el país era el séptimo destino turístico mundial. Y todo esto contribuía, antes del Covid, a generar valiosas divisas extranjeras y producir una saldo superavitario en la balanza comercial de casi 15 mil millones de dólares. 6 México se consolidó en 2019 como uno de los 10 países más visitados, con un crecimiento de 9 por ciento anual. 7

Durante la crisis del Covid la industria turística fue fuertemente afectada, a pesar de que México fue de los pocos países que no cerró sus fronteras aéreas en América Latina, las operaciones internacionales llegaron a caídas de más del 95 por ciento. 8 Cerca de 4 millones de empleos directos que genera el turismo, principalmente de mujeres y jóvenes, se vieron afectados. Según un análisis del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac se perdieron cerca de 114 mil plazas de trabajo relacionadas con servicios de hospedaje. 9

La Cámara de la Industria de la Construcción indicó que este año el turismo local creció 300 por ciento desde marzo de 2021, en comparación con el mismo mes del año pasado. Carlos González, CEO de la compañía Visit México, informó que el turismo nacional en México representa cerca del 80 por ciento de la derrama económica mientras que el internacional corresponde al restante 20 por ciento. 10

El turismo local representa 82.5 por ciento del ingreso turístico, de acuerdo con cifras del Inegi. 11 Los “fines de semana largos”, o “puentes”, son descansos obligatorios con motivo de algunos días festivos, se crearon con el argumento de aumentar la derrama económica en el sector turismo, la acumulación de varios días seguidos de asueto permite la convivencia de la familia y fomentar el turismo como una importante fuente productiva en el país. La Ley Federal del Trabajo establece de manera oficial tres puentes o fines de semana largos. El primero en conmemoración al 5 de febrero, el segundo el tercer lunes marzo, en conmemoración del 21 de marzo y finalmente, el último se presenta en el tercer lunes de noviembre, para conmemorar el 20 de noviembre, establecidos por decreto desde la reforma de la ley en 2006.

De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo (Sectur), sólo el primer puente del 2020 dejó una derrama económica de casi 4 mil millones de pesos. El fin de semana largo, del 13 al 16 de marzo, dejó una derrama económica en todo el país de alrededor de 5 mil millones de pesos. 12 El titular de la Sectur, Miguel Torruco, informó por medio de su cuenta de Twitter, que durante el puente vacacional con motivo de la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, se registró un porcentaje de ocupación promedio a escala nacional de 67.7 por ciento. Asimismo, reportó la movilización de 1 millón 662 turistas en los cuartos de hotel que operan en México. 13

Para contribuir a revertir esta compleja situación, desde el poder legislativo se deben concretar medidas que redunden en beneficios concretos para esta actividad económica. El papel que juega el gobierno para impulsar el turismo local es fundamentalmente, así como la participación de las organizaciones de la sociedad civil y la misma comunidad local que también forman parte de los actores presentes en la actividad turística. 14

De esta forma, la medida más eficaz para estimular el mercado turístico interno es la ampliación de los beneficios de los fines de semana largo, lo que además no supone costos fiscales y, muy probablemente, incluso suponga un incremento en la captación fiscal derivada del aumento en el consumo turístico interno.

Para ello consideramos de importancia modificar la Ley Federal del Trabajo para establecer que el descanso asociado al 1 de mayo se aplique en el primer lunes de mayo. De igual forma, establecer que cuando el 1 de enero, el 16 de septiembre y el 25 de diciembre caigan en domingo, el descanso asociado se mueva al lunes siguiente.

Finalmente, en un acto de solidaridad con la industria turística que tantos beneficios le da al país, en el marco de la conmemoración de los 200 años de consumación de la gesta independista del país, se propone establecer que el 27 de septiembre sea día feriado, fecha que además coincide con la conmemoración del Día Mundial del Turismo, y para apoyar a este importante sector en su actividad precisar que el descanso asociado a esta fecha deberá ser fijado el primer lunes de octubre, atendiendo a que los meses que tienen la temporada turística más baja son los de septiembre y octubre.

La concreción de la ampliación de los fines de semana largos se reflejará en importantes beneficios para el país, dentro de los cuales son los siguientes:

Beneficios económicos directos para la industria turística por el aumento en el consumo del mercado nacional derivado de un mayor número de viajes adicionalmente se detona la cadena de proveedores. De acuerdo con el Cicotur Anáhuac, el consumo incremental de los fines de semana largos del 1 de mayo y del 27 de septiembre sería de cerca de 20 mil millones de pesos y en los tres restantes (1 de enero, 16 de septiembre y 20 de noviembre), el consumo incremental podría alcanzar otros 20 mil millones de pesos. 15

Beneficios sociales para los millones de trabajadores de esta noble actividad, así como para las empresas del sector turístico, se estima que en 2018, esta actividad benefició a más 730,000 microempresas que cuentan con menos de 10 empleados. De igual forma, se debe mencionar que los fines de semana largos favorece la convivencia familiar y abaten los altos niveles de estrés, pues de acuerdo con estudios de la Sectur, 90 por ciento de las personas piensa que en los viajes favorece las relaciones familiares. 16

Beneficios para el aparato productivo pues al tener certidumbre sobre los días de asueto, esto reduce el ausentismo y, en consecuencia, se puede planificar de mejor modo la producción industrial.

Beneficios para asistir la memoria histórica, pues al mantener las actividades regulares en el día que se celebran las conmemoraciones cívicas, se favorece que las ceremonias que se realicen al interior de las escuelas e instituciones coincidan con las fechas exactas.

En este sentido, la propuesta de la Iniciativa quedaría como se muestra a continuación:

En atención de lo expuesto sometemos a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman las fracciones IV y VI, y se adiciona la XI al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo

Único. Se reforman las fracciones IV y VI, y se adiciona la XI al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, para queda como sigue:

Artículo 74. Son días de descanso obligatorio:

I. El 1 de enero;

II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero;

III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo;

IV. El primer lunes de mayo en conmemoración del 1 de mayo;

V. El 16 de septiembre;

VI. El primer lunes de octubre en conmemoración del 27 de septiembre consumación de la gesta independentista;

VII. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;

VIII. El 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo federal;

IX. El 25 de diciembre ;

X. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral ; y

XI. Cuando el 1 de enero, el 16 de septiembre y el 25 de diciembre caigan en domingo, el descanso asociado se moverá al lunes.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Orgaz, Francisco. El turismo como motor potencial para el desarrollo económico de zonas fronterizas en vías de desarrollo. Un estudio de caso.

2 Economic Impact Reports,

https://wttc.org/Research/Economic-Impact

3 Pedreño Muñoz, Andrés (1996). Introducción a la economía del turismo en España.

4 Turismo,

https://www.inegi.org.mx/temas/turismo/

5 La oportunidad para todos de reiniciar el turismo,

https://www.unwto.org/es/turismo-covid-19

6 “Presentamos las perspectivas turísticas para México 2019 junto a NRM Comunicaciones”

https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/Presentamos-las-Perspecti vas-Turisticas-para-Mexico-2019-junto-a-NRM-Comunicaciones

7 La crisis del turismo,

https://www.forbes.com.mx/red-forbes-la-crisis-del-turismo/

8 Pierde turismo mexicano 10 mil 668 mdd por Covid-19,

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/pierde-turismo-10-mil-6 68-mdd-por-covid-19/

9 Del dato al relato en turismo,

https://www.anahuac.mx/mexico/cicotur/

10 El turismo local en México creció 300 por ciento,

https://www.cmic.org/el-turismo-local-en-mexico-crecio-300/

11 Indicadores de la actividad turística,

https://www.inegi.org.mx/temas/itat/

12 “Brote de coronavirus no detiene a mexicanos; fin de semana largo deja derrama de 5 mil 173 mdp”: Sectur,

https://www.sinembargo.mx/17-03-2020/3749862

13 “Fin de semana largo deja derrama de 5 mil millones de pesos”: Sectur,

https://www.jornada.com.mx/2020/03/17/economia/021n1eco

14 Ayala Arcipreste, M. (2008) Turismo alternativo y desarrollo regional: tres casos de estudio en la península de Yucatán, México.

15 Ibídem.

16 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2021.– Diputadas y diputados: Laura Barrera Fortoul, Alan Castellanos Ramírez, Alma Carolina Viggiano Austria, Amalia Dolores García Medina, Ana Laura Sánchez Velázquez, Anabey García Velasco, Andrés Pintos Caballero, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Berenice Montes Estrada, Consuelo del Carmen Navarrete Navarro, Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, Éctor Jaime Ramírez Barba, Edna Gisel Díaz Acevedo, Erika de los Ángeles Díaz Villalón, Eunice Monzón García, Frinné Azuara Yarzábal, Gabriel Ricardo Quadri de la Torre, Jessica Ortega de la Cruz, Jesús Fernando Morales Flores, Jorge Arturo Espadas Galván, José Antonio Estefan Gillessen, José Elías Lixa Abimerhi, José Salvador Tovar Vargas, Juan Carlos Natale López, Juan Luis Carrillo Soberanis, Julieta Mejía Ibáñez, Julio César Moreno Rivera, Kevin Angelo Aguilar Piña, Krishna Karina Romero Velázquez, Laura Lorena Haro Ramírez, Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, Luis Alberto Martínez Bravo, Marco Antonio Mendoza Bustamante, Marcelino Castañeda Navarrete, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, María del Refugio Camarena Jáuregui, María Macarena Chávez Flores, María Teresa Castell de Oro Palacios, Mariano González Aguirre, Mario Mata Carrasco, Mario Xavier Peraza Ramírez, Melissa Estefanía Vargas Camacho, Miguel Sámano Peralta, Noel Mata Atilano, Noemí Berenice Luna Ayala, Oscar Gustavo Cárdenas Monroy, Pedro Garza Treviño, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Santiago Torreblanca Engell, Sayonara Vargas Rodríguez, Sonia Murillo Manríquez, Sue Ellen Bernal Bolnik, Wendy González Urrutia (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 171 y 175 de la Ley Federal de Sanidad Animal, en materia de tráfico de ganado, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Olga Juliana Elizondo Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción I, numeral 1, del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, en materia de tráfico de ganado, al tenor de la siguiente

De acuerdo a diversos estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, cerca de 70 por ciento de las enfermedades infecciosas humanas tienen origen animal, 1 las cuales se han convertido en un grave problema tanto a nivel nacional como internacional que afecta severamente la salud de las personas, la economía de los sectores productivos y las finanzas públicas.

En casos extremos, dichas enfermedades, causan daños irreversibles a la salud humana, provocándole incluso la muerte, lo que orilla a los gobiernos a tomar medidas sanitarias extremas que afecta sensiblemente las cadenas de valor, al limitar el comercio de animales, alimentos y material genético animal, lo que provoca la interrupción de su crianza y procesamiento. El comercio también se ve afectado, lo que pone en juego la seguridad alimentaria, así como las exportaciones e importaciones.

El cambio climático a escala mundial y el incremento de la circulación de animales y el tránsito de personas producto del fenómeno migratorio han contribuido en gran medida en la aparición o reaparición de las enfermedades referidas en perjuicio de la salud de las personas, de los sectores ganaderos y de la industria alimentaria, particularmente, lo que agrava aún más el problema. 2

El constante desarrollo de enfermedades, como el ébola, la gripe aviar, la brucelosis, la tuberculosis y el SARS-Cov2, o Covid-19, siguen poniendo en alerta a las autoridades sanitarias en el mundo, ya que constituyen una amenaza latente para la salud pública y la economía de las naciones. Estas enfermedades provocadas por nuevos virus se propagan por el orbe rápidamente, debido a que la mayoría de las personas naturalmente no son inmunes a estas porque las vacunas se crean después de las pandemias, o bien porque las condiciones de salud no son óptimas, debido a diversos elementos socioeconómicos y culturales que las hace más vulnerables.

Generalmente los virus que han causado estas enfermedades provienen de virus gripales que infectan a los animales y, aunque, en algunos aspectos la gripe pandémica se parece a la estacional, la primera puede llegar a ser mucho más letal; por ejemplo, ambas pueden afectar a todos los grupos de edad y en la mayoría de los casos causan una afección que cede espontáneamente y va seguida de una recuperación completa sin que medie tratamiento, no obstante, la mortalidad relacionada con la gripe estacional afecta, sobre todo, a las personas de la tercera edad, mientras que en los otros casos aquejan también a personas que padecen una serie de enfermedades y trastornos subyacentes 3 e incluso, a personas jóvenes que no presentan problemas de salud.

El sector pecuario a escala mundial ha logrado relacionar directamente la capacidad de producción, innovación y adopción de nuevas tecnologías de desarrollo con el fin de mantener y mejorar el estatus zoosanitario de los productos a través de la prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades que afectan a los diferentes sectores; además de evitar afectaciones en la salud pública y a la economía. Esas acciones han permitido que esta actividad forme parte de las grandes fortalezas productivas a escala mundial, de ahí que, el establecimiento de políticas públicas, lineamientos y normatividades en actividades del campo respecto a la sanidad, han logrado que la salud animal tenga un papel importante en la producción, distribución y consumo de los productos alimenticios.

En México, la actividad ganadera representa más de la mitad del territorio nacional. Ocupan cerca de 109.8 millones de hectáreas, lo que permite generar una producción de 6.7 millones de toneladas anuales de carne de ave, bovino, porcino, caprino y ovino, con un valor de exportación que alcanza 3 mil 537 millones de dólares al año. Esa actividad ha colocado al país en el séptimo lugar en la clasificación mundial de productores de proteína animal. 4

Estados Unidos de América mantiene con el país una relación comercial de crecimiento exponencial: tan sólo en 2019, la exportación de ganado bovino creció a 17.6 por ciento, con un aumento de 200 mil cabezas con respecto al ciclo 2017-2018. De acuerdo con el informe de exportación de ganado bovino del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), de los animales exportados 1 millón 13 mil 715 son becerros en pie y 299 mil 416 son vaquillas. 5

El ganado exportado provino principalmente de 20 entidades de la República Mexicana, que cumplieron el estatus sanitario de tuberculosis bovina requerido para exportar por las autoridades sanitarias del país vecino del norte: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 6

La Dirección General de Salud Animal informó que del 1 de enero al 31 de marzo de 2018, se contó con una prevalencia en todo el país de tuberculosis bovina dividida en dos estatus zoosanitarios para la Campaña Nacional contra la Tuberculosis Bovina, de un promedio de 2.5 por ciento la primera con excepción de cuencas lecheras, y la segunda con un promedio de 0.5. 7

Al respecto, es de apuntar que, en México, la tuberculosis se atiende a través de la Campaña Nacional Contra la Tuberculosis Bovina, esta campaña se fundamenta en la NOM-031-ZOO-1995, la cual exige la puesta en cuarentena de los hatos infectados y el sacrificio de animales reactores a las pruebas diagnósticas, inspección en rastros para confirmar y detectar nuevos casos, control de la movilización, reconocimiento y protección de regiones de baja prevalencia, certificación de hatos libres de la enfermedad, seguimiento epidemiológico, además de participar en las diferentes estrategias de difusión y promoción para el control de la enfermedad.

Como parte del objetivo principal de la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios para contribuir con la salud del sector pecuario y con las campañas zoosanitarias, esta ejerce un papel indispensable en el diagnóstico y control de la tuberculosis bovina al producir el derivado proteico purificado, preparado a través de cultivos de Mycobacterium avium cepa D4 (PPD aviar), que es utilizado en la prueba cervical comparativa y Mycobacterium bovis cepa AN5 (PPD bovino), que se emplea en la prueba caudal, prueba cervical comparativa y prueba cervical simple. El diagnóstico oportuno de la tuberculosis bovina y otras enfermedades zoonóticas, han permitido la movilización en territorio nacional de más de 8 millones de cabezas de ganado bovino y 800 mil cabezas exportadas a EU. 8

Otro caso de infección pecuaria detectada en México es la brucelosis, enfermedad infectocontagiosa de origen bacteriano que afecta a bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, equinos, camélidos y perros, que pueden infectar a otros rumiantes, mamíferos marinos y a los seres humanos en un número elevado e inusual en el mismo lugar y tiempo, ya que se propaga con rapidez, lo que ocasiona grandes pérdidas económicas a la ganadería nacional.

El Senasica cuenta con la Campaña Nacional contra la Brucelosis en los Animales, esta campaña tiene sustento en la Norma Oficial Mexicana 041-ZOO-1995, la cual tiene como objetivo lograr controlar y erradicar del territorio nacional la brucelosis en los bovinos, caprinos y ovinos, en las zonas de baja prevalencia, para ello, se realizan diferentes acciones estratégicas, como el sacrificio de animales positivos, vacunación de los hatos infectados y constatación de hatos y rebaños libres; en las zonas de mediana y alta prevalencia la estrategia es la vacunación masiva. Con estas acciones se contribuye a la reducción de la prevalencia en las zonas de riesgo, donde se realizan actividades de diagnóstico y vacunación, lo que ayuda a reducir los casos nuevos de brucelosis humana.

La NOM-001-SAG/GAN2015 establece, entre otros aspectos que, el ganado en México debe contar con un dispositivo de identificación oficial conocidos como “aretes amarillos”, instrumentos autorizados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y empleado por el Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado (Siniiga); la obtención de estos dispositivos se realizan en centros autorizados y en las Uniones Ganaderas a fin identificar de manera única, permanente e irrepetible, así como asegurar el cumplimiento de las normas de trazabilidad y sanidad en el ganado bovino.

El arete amarillo permite identificar la procedencia del animal o colmena, de quiénes son, dónde están y a dónde van, cuántos son los principales centros de producción vaca-becerro, asimismo saber con exactitud la cantidad de animales y registro de áreas con que se cuenta en la industria de la ganadería.

En el caso del ganado bovino, se instalan un par de aretes tipo bandera que se colocan invariablemente en la oreja izquierda del animal y un par de aretes tipo botón que se coloca en la oreja derecha los cuales contienen un código de barras y un número de identificación único, este arete sólo puede ser colocado por los técnicos identificadores autorizados o por los productores identificadores autorizados, ganaderos y apicultores capacitados y autorizados por el Siniiga-Sinida, quienes únicamente podrán identificar a sus propios animales o colmenas dentro de su unidad de producción pecuaria.

Los productores de ganado y los industrializadores de carne deben cumplir con la norma sobre controles sanitarios, ya que de no hacerlo ponen en riesgo el estatus sanitario de su entidad o región y podrían ser sospechosos de un presunto delito como el abigeato, pero, además, no contar con los requerimientos ordenados por la normatividad, les impedirá movilizar su ganado por las “supercarreteras pecuarias”. 9

En noviembre de 2019, México y Guatemala firmaron un Memorándum de entendimiento para regular la introducción a nuestro país de ganado bovino para el sacrificio inmediato y engorda terminal, originario y procedente de Centroamérica con el propósito de dar fin al trasiego de ganado; práctica ilegal que se ha desarrollado por muchos años y que pone en riesgo el estatus sanitario de la ganadería mexicana, este documento pretende garantizar la trazabilidad y seguridad sanitaria de la ganadería, sustentado por el manejo de acciones transparentes y sin corrupción en la importación de ganado de Centroamérica; 10 no obstante, las políticas públicas de sanidad animal implantadas por el actual gobierno federal, que conllevan a la obtención de importantes certificaciones internacionales otorgadas por la calidad y sanidad de los productos ganaderos, el sector Ganadero se encuentra en constante alerta por el continuo ingreso ilegal de ganado bovino procedente de países centroamericanos.

En los estados del sureste mexicano, el ganado en pie es introducido ilegalmente en pangas (lanchas) o en jaulas (tráileres con caja para transporte de ganado) por la frontera entre México y Guatemala, sin ningún tipo de impedimento o revisión sanitaria por parte de las autoridades mexicanas, por lo cual, este ganado no cuenta con las medidas de sanidad establecidas en la normatividad mexicana.

Como es por todos sabido, los principales riesgos sanitarios que representa el tráfico ilegal de ganado son brotes de tuberculosis y brucelosis, así como una competencia comercial desleal en contra los productores ganaderos mexicanos.

Para llevar a cabo estas actividades ilegales en nuestro país, diversas organizaciones delictivas dedicadas al tráfico ilegal de ganado, compran ilegalmente o alteran los certificados de sanidad, aretes de identificación y guías de tránsito, aparentando cumplir con la normatividad nacional y acreditar la legal procedencia del ganado. Se estima que anualmente entran a nuestro territorio ilegalmente cerca de 1 millón de cabezas de ganado, lo que en números reales se traduce en un mercado de 10 mil millones de pesos.

Dicha situación irregular ha creado incertidumbre e inseguridad al sector ganadero nacional y ha alertado a las autoridades sanitarias de México y Estados Unidos, debido a las exportaciones, por lo que de no poner un alto a este problema, podría derivar en el cierre de la frontera para el ganado y los productos mexicanos, y en consecuencia, en el dramático descenso en los precios de la carne en perjuicio del desarrollo del sector y las cadenas comerciales que de ahí se desprenden, pero, sobre todo, estaríamos ante la inminente posibilidad de afectar severamente la salud de las personas tanto al interior como al exterior del territorio nacional.

En virtud de lo expuesto, en nuestro carácter de representantes populares y orgullosos productores ganaderos, presentamos esta iniciativa con el objeto de sancionar a quien introduzca ilegalmente ganado al territorio nacional, lo transporte, comercialice, sacrifique o rompa los cercos sanitarios, altere, reutilice, proporcione información falsa o falsifique los dispositivos de identificación oficial, constancias o dictámenes emitidos por la autoridad sanitaria para la verificación del ganado y campañas zoosanitarias; además las penas se incrementarán en una mitad para el servidor público que por sí o por interpósita persona, participe en cualquier forma o permita la comisión de los ilícitos y se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.

En razón de lo anterior y a efecto de que el ilícito sea sancionado de la misma manera en toda la República y con el mismo rigor, se establece un artículo transitorio para que, en un plazo de ciento ochenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los Congresos de cada entidad federativa armonicen su marco jurídico (reformen, adicionen, deroguen o remitan a la legislación penal sustantiva), evitando con ello que el delincuente se acoja al beneficio de la pena menor o la conducta delictiva se encuadre de manera inadecuada lo que redundaría en una impunidad igual o mayor a la existente.

A mayor abundamiento, es importante puntualizar que el aumento de la pena tiene como sustento la proporcionalidad del daño causado establecido en el artículo 22 constitucional, ya que como se ha expuesto es de dimensiones mayúsculas, ya que la afectación es a la salud de las personas, pudiéndoles provocar incluso la muerte, a su derecho a una alimentación de calidad, a la economía del sector ganadero, a la economía regional y nacional, además de la falsificación o alteración de documentos, sellos e insignias oficiales, es decir va mucho más allá del robo de ganado o la introducción al país de mercancías ilegales, por ello se estima que la pena debe ser impuesta no sólo en razón de la conducta ilícita sino que como ya se señaló, por las terribles consecuencias, daño y afectación que origina. En otras palabras, no es un delito menor, sino que ocasiona severos perjuicios a la sociedad, el cual es perpetrado por toda una cadena delictiva.

Por lo anterior, la reparación del daño considerado actualmente como un derecho, se convierte en un anhelo debido a la complejidad que implica su cumplimiento, ya que es difícil poder determinar y resarcir el daño causado a las diferentes víctimas de este delito, quienes pueden ser tanto los productores como los consumidores finales, además de la afectación económica al sector, así como a las economías locales y nacional; de ahí que, el establecimiento de penas severas se vuelve fundamental ya que estas deben ser proporcionales, a fin proteger la salud de las y los mexicanos, el desarrollo del sector ganadero, los intercambios comerciales, la economía regional y nacional, así como los derechos de los consumidores. No podemos soslayar, además, que la severidad de las sanciones tiene también el propósito de inhibir la conducta delictiva.

La presente propuesta contribuiría a fortalecer la posición del país a escala mundial como uno de los principales exportadores de carne bovina de la más alta calidad.

Para tener mayor claridad de la reforma propuesta, se ofrece el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, en materia de tráfico de ganado

Único. Se reforma el primer párrafo y se adiciona uno segundo al artículo 171, se reforma el primer párrafo y se adicionan uno tercero y uno cuarto al artículo 175 de la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar como sigue:

Artículo 171. Al que ingrese al territorio nacional animales, bienes de origen animal, así como productos para uso o consumo animal y por cualquier medio evada un punto de inspección en materia zoosanitaria y puso en peligro o en riesgo la situación zoosanitaria del país incumpliendo el carácter normativo respectivo, se le impondrá la pena de dos a quince años de prisión y multa de hasta dos mil veces el salario mínimo vigente en la zona económica de la que se trate.

Las penas que correspondan por los delitos previstos en este artículo se incrementarán en una mitad más para el servidor público que por sí o por interpósita persona, participe en cualquier forma o permita la comisión de este y, además, se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.

Artículo 175. Se sancionará con penalidad de dos a diez años de prisión y multa de hasta dos mil veces de salario mínimo general vigente en la zona económica en que se lleve a cabo sin perjuicio de las sanciones administrativas que pudieran generarse:

Al que emita documentos en materia zoosanitaria sin observar los procedimientos establecidos para su expedición.

A quien sin contar con la documentación que acredite su legal procedencia, transporte, comercialice o sacrifique ganado ilegalmente introducido en el territorio nacional.

Al que en cualquier forma altere, reutilice, proporcione información falsa o falsifique los dispositivos de identificación oficial, constancias o dictámenes emitidos por la autoridad sanitaria para la verificación del ganado y campañas zoosanitarias.

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto y de conformidad con el mismo, la legislatura de cada entidad federativa deberá armonizar su marco jurídico.

Notas

1 http://www.fao.org/animal-health/es/

2 https://www.iaea.org/es/temas/salud-animal

3 https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/ pandemic/es/

4 https://www.gob.mx/agricultura/prensa/consolida-mexico-el-septimo-lugar-en-rank ing-mundial-como-productor-de-proteina-animal

5 https://www.gob.mx/senasica/prensa/crece-17-6-por-ciento-exporta-cion-de-ganado -bovino-de-mexico-a-estados-unidos

6 https://www.eleconomista.com.mx/economia/Exportacion-de-ganado-bovino-de-Mexico -a-Estados-Unidos-crece-17.6–20191114-0097.html

7 https://www.gob.mx/pronabive/articulos/tuberculosis-bovina-en-me-xico

8 https://www.gob.mx/pronabive/articulos/tuberculosis-bovina-en-me-xico

9 https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/aretes-amarillos-iden-tificacion-y- movilizacion-animal-sin-riesgo

10 https://www.gob.mx/agricultura/prensa/acuerdan-mexico-y-guatema-la-mecanismos-d e-control-sanitario-para-la-introduccion-legal-de-ganado-bovino-procedente-de-c entroamerica

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2021.– Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica).»

«Iniciativa que deroga el artículo 132 de la Ley del Seguro Social, suscrita por la diputada Noemí Berenice Luna Ayala e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Noemí Berenice Luna Ayala, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, inciso h), y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o., numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 132 de la Ley del Seguro Social, al tenor de las siguientes

La Declaración Universal de los Derechos Humanos 1 establece en su artículo 22 que “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.

Además de lo anterior, reconoce en su artículo 25 que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros”

Por su parte, la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, establece en el artículo 2o. que la seguridad social tiene como finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que será garantizada por el Estado, previo cumplimiento de los requisitos que establezca la ley.

Respecto al otorgamiento de pensión, la Ley del Seguro Social establece en su artículo 127 que cuando ocurra la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez, el Instituto otorgará a sus beneficiarios las pensiones de viudez, orfandad y para ascendientes; además de ayuda asistencial por viudez y asistencia médica.

Por lo que respecta a la pensión de viudez, se dispone en el artículo 130, que tendrá derecho a esta la que fue esposa del asegurado o pensionado por invalidez, y que, a falta de esposa tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido, durante los cinco años que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o con la que hubiera tenido hijos. Se establece que la misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario que dependiera económicamente de la trabajadora asegurada o pensionada por invalidez.

Sin embargo, señala el artículo 132, que no se tendrá derecho a la pensión de viudez cuando:

• La muerte del asegurado acaeciera antes de cumplir seis meses de matrimonio.

• Hubiese contraído matrimonio con el asegurado después de haber cumplido éste los cincuenta y cinco años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del enlace.

• Al contraer matrimonio el asegurado recibía una pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio.

Señala la ley que dichas limitaciones no regirán cuando al morir el asegurado o pensionado la viuda compruebe haber tenido hijos con él.

Por lo que respecta a lo dispuesto por la fracción I del citado artículo 132, se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de votos al resolver el Amparo Directo en Revisión 2396/2017, donde señaló que “...no se puede condicionar el otorgamiento de una pensión a una causa ajena al asegurado, como lo es el fallecimiento”.

Si bien dicho amparo sólo se pronunció respecto a la fracción I de dicho precepto, consideramos que la totalidad del artículo resulta inconstitucional, al violar los derechos de igualdad jurídica y acceso a la seguridad social establecidos en los artículos 1 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La exigencia de seis meses o un año de vigencia del matrimonio con anterioridad al fallecimiento del trabajador o pensionado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) resulta ilegal al condicionar el otorgamiento de una pensión a una causa ajena al asegurado como lo es el fallecimiento.

Ya que ello restringe el acceso a la seguridad social en contravención a lo que dispone el texto constitucional, respecto a que todas las personas gozarán de los derechos humanos establecidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales y que su ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos que establece la Constitución.

De lo anterior, que dicho precepto de la Ley resulte inconstitucional, al establecer una restricción que no consagra el texto constitucional.

La Constitución, considera como fundamental la protección de las familias, por lo que establece en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, que los trabajadores contarán con un seguro de vida, sin que se establezca restricción alguna para acceder al mismo, contrario a las restricciones impuestas por la Ley en comento.

De lo anterior es que se considera que no existen razones para restringir los derechos que consagra el texto constitucional y se propone derogar el artículo 132 de la Ley del Seguro Social.

Por lo expuesto, presento ante esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se deroga el artículo 132 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue

Artículo Único. Se deroga el artículo 132 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 132. Se deroga

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Ejecutivo federal contará con un plazo de 180 días a partir de la publicación del presente decreto para realizar las adecuaciones necesarias a fin de dar cumplimiento al mismo.

Nota

1 La Declaración Universal de Derechos Humanos, 07 de octubre 2021, https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2021.– Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma los artículos 41, 54 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe César Agustín Hernández Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo cuarto de la base I y párrafo segundo de la base IV, del artículo 41; la fracción II del artículo 54 y el inciso f), de la fracción IV del artículo 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente

El pasado 6 de junio 2021, tuvimos elecciones para renovar todos los integrantes de la Cámara de Diputados, es decir; elegimos: 300 diputaciones por el principio de mayoría relativa más 200 diputaciones por representación proporcional. De igual manera, se eligieron aproximadamente un total de 19, 915 cargos locales, divididos en: 15 gubernaturas; 30 renovaciones de congresos locales: 642 diputaciones de mayoría relativa y 421 de representación proporcional; 1,923 ayuntamientos; 2,057 sindicaturas; 14,222 regidurías y 204 concejalías, además de 431 cargos auxiliares divididos en 22 presidencias, 22 sindicaturas y, 88 regidurías, todas de juntas municipales, así como 299 presidencias de comunidad. Más dos elecciones extraordinarias en los municipios de Hidalgo.

En dicha contienda electoral, de conformidad con información del Instituto Nacional Electoral (INE), a nivel nacional participaron los siguientes diez partidos políticos: Partido de la Revolución Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México ( PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Movimiento de Regeneración Nacional ( Morena), Partido Encuentro Solidario ( PES), Redes Sociales Progresistas ( RSP), Fuerza x México ( FXM), l os tres últimos fueron creados en el 2020. 1

De acuerdo con lo establecido en la base I, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Los Partidos Políticos Nacionales son aquellos que cuentan con registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), tienen el derecho de participar en elecciones Federales del Presidente de la República, Senadores y Diputados, así como Locales de: Gobernador, Diputados y Ayuntamientos.

En la presente iniciativa vengo a exponer dos temas fundamentales en los comicios electorales, me refiero a: el porcentaje para que un partido pueda continuar con su registro y a la duración de las campañas. Ambas propuestas, se inscriben dentro del principio que guía los esfuerzos de la Cuarta Transformación: la austeridad republicana, que no es otra cosa que hacer eficientes y congruentes los gastos del dinero público, en beneficio del pueblo.

Primeramente, abordare el tema de la cancelación del registro para los partidos, cuando no obtengan el mínimo requerido de los votos en las elecciones en turno.

La Constitución y la Ley General de Partidos Políticos establecen diversas causas por las que un Partido Político puede perder su registro, entre ellas: obtener al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, o alguna de ellas, o le será cancelado el registro.

En los comicios citados, y de conformidad con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), los Resultados Preliminares y Cómputos Distritales en la Elección de Diputados Federales fueron los siguientes

Fuente: INE “Numeralia de Procesos Electorales 2020-2021.” Fecha de actualización 11/06/2021. 2

De conformidad con lo mencionado, al no obtener al menos el tres por ciento de la votación válida emitida, los Partidos: Encuentro Solidario ( PES), Redes Sociales Progresistas ( RSP) y, Fuerza x México ( FXM) perdieron su registro.

Ahora bien, la ley garantiza que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades, mediante un financiamiento público y uno privado. Respecto del primero, los partidos políticos que mantengan su registro, después de cada elección, tendrán derecho a ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes; además, de las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales; las de carácter específico, entre otras.

Información del Instituto Nacional Electoral (INE), en el 2021, refiere que el financiamiento público para los partidos políticos nacionales, ascendió a un total de $7,194,497,923 el cual se agrupo, como sigue:

Fuente. INE “Numeralia de Procesos Electorales 2020-2021.” Fecha de actualización 11/06/2021. 3

Veamos el desglose de algunos rubros:

En el rubro de actividades ordinarias permanentes los partidos anualmente recibieron:

Fuente. Instituto Nacional Electoral. Financiamiento Electoral Ordinario. 4

En cuanto a los Gastos de Campaña que en esta ocasión al tratarse de elección sólo de diputados correspondió al 30% del financiamiento por actividades ordinarias, fue el siguiente:

Fuente: Instituto Nacional Electoral. Financiamiento Electoral Ordinario. 5

Por otra parte, la regulación en materia electoral también define los topes máximos de gastos de campaña con el fin de procurar la equidad en la contienda. En el año que se expone los candidatos para diputados por mayoría relativa fue de $286,422.00 para precampaña y de $1´648,189.00 para campaña.

Sin duda, el financiamiento de los partidos políticos es un tema central de debate político en México, hay quienes, haciendo eco de las voces de miles de ciudadanos, consideramos que es excesivo el monto de los recursos que reciben del erario público, pero también coincidimos, en que es un recurso necesario para consolidar la democracia. La interrogante sería, cómo mediar este recurso, la respuesta es poniendo reglas más estrictas para la permanencia de los partidos políticos, como lo es subir el porcentaje de la votación requerida al 5 por ciento, tema que es planteado en este proyecto.

Desgraciadamente, el alto financiamiento a los partidos políticos con recursos de origen público y la percepción de pocos o nulos beneficios que recibe la sociedad mexicana de parte de estos institutos, ha coadyuvado enormemente al desprestigio de los mismos y ha minado la confianza ciudadana, siendo hoy día los que menos confianza le generan a los mexicanos.

Cabe destacar, que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional Electoral (INE), “en lo relativo a representación política, 59.2% de la población de 15 años y más está de acuerdo en que gracias a los partidos políticos la gente puede participar en la vida política y 58.4% está de acuerdo con que los partidos políticos son necesarios para hacer que el gobierno funcione. Sin embargo, en lo relativo al grado de acuerdo o desacuerdo con la función de los partidos políticos, el 31.6 % esta algo de acuerdo en la frase: los partidos políticos no sirven para nada.” 6

En nuestro país, para atender dicho pendiente, a partir de la reforma político electoral de 2014 se aumentó el porcentaje para permanecer con el registro de un dos a un tres por ciento, sin embargo, no es suficiente.

Como experiencia internacional, cito la investigación denominada “Supervivencia de Partidos Políticos y sus Reformas en América Latina (1978-2015), con actualización de 2017 que refiere el porcentaje requerido para conservar el registro de un partido político va desde el 2% en países como argentina, República Dominicana y Honduras hasta el 5% en países como Chile, Guatemala y Perú.” 7

En un segundo punto, vengo a plantear el tema de la duración de las campañas electorales.

Actualmente las actividades relativas a las campañas electorales se circunscriben a un tiempo determinado, que estipula el párrafo segundo de la base IV del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señala lo siguiente:

“La duración de las campañas en el año de elecciones para Presidente de la República, senadores y diputados federales será de noventa días; en el año en que sólo se elijan diputados federales, las campañas durarán sesenta días. En ningún caso las precampañas excederán las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales.”

El tiempo establecido como noventa días de campaña para todas las candidaturas a nivel federal en el año en que se elige el Presidente de la República y sesenta días cuando sólo se elijan diputados federales puede considerarse un exceso, que trae consigo un derroche de costos e incluso contaminación, debido al incremento en propaganda y ruido; además, del posible hartazgo de la ciudadanía frente a su amplia duración.

Ante tales cantidades, la sociedad reclama el fortalecimiento de las instituciones electorales, así como, la reducción de los costos que por varias décadas han tenido las contiendas electorales. La ciudadanía exige atención y solución a las grandes necesidades que el país tiene en otras áreas como: la salud, la seguridad y la educación.

Lamentablemente, desde hace muchos años la ciudadanía percibe a las campañas electorales como caras y sin información útil, es decir; de una muy mala calidad.

Como legisladores debemos tomar en cuenta que “los factores más relevantes que influyen en el gasto de una campaña son el tiempo de duración, distancia entre los núcleos de electores, número de poblaciones que el candidato visite, nivel socioeconómico de los electores, número de candidatos contendientes, nivel de precios, infraestructura local y número de actos a realizar, entre otros.” 8

Como podemos ver, la duración de las campañas, no garantiza un resultado. Las campañas extensas, implican mayores requerimientos de financiamiento público para los partidos políticos y sus candidatos; no hay certeza de que el tiempo tenga un verdadero impacto en el debate, ni en la participación ciudadana e incluso se llega al fastidio electoral por parte de la ciudadanía; además, el periodo de duración de las campañas es un factor que determina no sólo el financiamiento público para las campañas sino también el gasto ordinario de las Instituciones Electorales.

Lo anterior, puede quedar bien subsanado mediante un adecuado presupuesto de gastos, el cual debe estar sustentado en una correcta estrategia de la campaña. Bajo ningún argumento se justifica el enorme gasto que actualmente se genera en las elecciones, dado que una buena estrategia de campaña en un tiempo considerable de elecciones, puede ser suficiente para llegar a los electores y obtener su voto.

Algunos panelistas en diferentes foros han mencionado que, “entre algunas ventajas, en caso de disminuir el tiempo de campañas, están las siguientes: Impacto positivo en el costo y uso de los medios; ahorro sustancial de recursos; distribución del ahorro para otros rubros como el desarrollo social o ayuda a los más desprotegidos; mayor facilidad para fiscalizar el gasto; más interés para el ciudadano (no genera fatiga y hartazgo) y reducción sustancial en el costo de la democracia.” 9

En la era actual, la forma de hacer política está en constante evolución, el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, TIC, los diferentes procesos, tanto de los partidos políticos como de los candidatos y los votantes, disponen de una mayor cantidad de información. Lo cual vuelve mucho más eficiente el proceso de comunicación política.

Lo anterior, deja en evidencia que es necesario afrontar los retos del futuro atendiendo a los nuevos recursos, gracias a los cuales podemos establecer que hay nuevos actores políticos: votantes que conocen de antemano los antecedentes, ideología y propuestas de los candidatos; partidos políticos con mejores herramientas para comunicar sus posiciones e ideas, y candidatos que gracias a las nuevas tecnologías, cuentan con las herramientas para hacer llegar sus posturas y políticas a sus posibles votantes.

Con los factores señalados de trasfondo, dan la pauta para realizar la presente propuesta con la finalidad legítima de abatir el costo que tienen para el pueblo de México las campañas políticas.

Lo que se propone en el presente proyecto, contempla las siguientes modificaciones:

A. Proponemos reformar el cuarto párrafo de la base I del artículo 41 de la Constitución, con el objeto de establecer que le será cancelado el registro, al partido nacional que no obtenga al menos el cinco por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión.

B. Además, se plantea reformar el párrafo segundo de la base IV del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de reducir el tiempo de duración de las campañas para senadores de noventa días, a sesenta días y diputados federales de sesenta, a cuarenta y cinco días.

C. Igualmente planteamos reformar la fracción II del artículo 54 constitucional, con la finalidad de ajustar y homologar el porcentaje requerido para mantener el registro para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional.

D. Proponemos la modificación del inciso f) de la fracción IV del artículo 116, para homologar el porcentaje de votación requerido para mantener el registro de los partidos políticos locales.

A lo largo de la historia legislativa, la materia electoral ha dado pauta a varias reformas en aras de perfeccionar las elecciones y de construir una verdadera democracia, y si bien es cierto que, se han tenido avances, nadie puede negar que dentro de las contiendas electorales se han producido confrontaciones paralizantes de las fuerzas políticas por diversos motivos, entre ellos: la falta de equidad en las campañas, la denominada “guerra sucia o campañas negras,” la desinformación y, la inseguridad, que aumenta por la amplia duración de las mismas, y, todo ello en consecuencia el gran despilfarro en costos.

Al aumentar el umbral para la supervivencia de los partidos y reducir los tiempos de campaña se lograría que las organizaciones interesadas en permanecer, meditaran acerca de su verdadero nivel de representación, dejando en el proceso, únicamente a aquellas que si contaran con un importante respaldo social. Lo cual generaría, sin lugar a dudas, ahorros en los gastos de operación, lo que nos permitiría direccionar esos recursos en favor de quienes realmente lo necesitan.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman el párrafo cuarto, de la base I y párrafo segundo, de la base IV, del artículo 41, la fracción II del artículo 54 y el inciso f) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman el párrafo cuarto, de la base I y párrafo segundo, de la base IV, del artículo 41; la fracción II del artículo 54 y el inciso f) de la fracción IV del artículo 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 41. ...

...

I . ...

...

...

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. El partido político nacional que no obtenga, al menos, el cinco por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.

...

II. a la III. ...

IV. ...

La duración de las campañas, para Presidente de la República serán de noventa días, senadores sesenta días y diputados federales cuarenta y cinco días. En ningún caso las precampañas excederán las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales.

...

V. a la VI . ...

Artículo 54. ...

I. ...

II. Todo partido político que alcance por lo menos el cinco por ciento del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional;

III. a VI. ...

Artículo 116. ...

...

I. a III. ...

IV. ...

a) a e) ...

f) Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los asuntos internos de los partidos en los términos que expresamente señalen;

El partido político local que no obtenga, al menos, el cinco por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado el registro. Esta disposición no será aplicable para los partidos políticos nacionales que participen en las elecciones locales;

g) a p) ...

V. a IX. ...

Primero. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión, así como las Legislaturas de las entidades federativas y el Congreso de la Ciudad de México, deberán ajustar las normas federales y locales aplicables, en un plazo de noventa días posteriores a la publicación del presente Decreto.

Tercero. Las disposiciones que contravengan al presente Decreto quedarán sin efecto.

Notas

1. Partidos Políticos Nacionales. INE Ver

https://portal.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacio nales/

2. Numeraria de Procesos Electorales 2020-2021. INE Ver

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/1234 56789/118602/numeraliafinal20072021.pdf?sequence=3&isAllowed=y

3. Ídem

4. Financiamiento anual ordinario. INE Ver

https://militantes-pp.ine.mx/sifp/app/reportesPublicos/financia- miento/reporteFinanciamientoOrdinario?execution=e1s1

5. Ídem

6. Presentan Inegi y el INE los resultados de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020. Visible en

https://centralelectoral.ine.mx/2021/03/24/presentan-inegi-y-el- ine-los-resultados-de-la-encuesta-nacional-de-cultura-civica-encuci-2020/

7. Adrián Porras Flores y Mariana Ramírez Bustamante: Supervivencia de Partidos Políticos y sus Reformas en América Latina (1978-2015). Proyecto de Reformas en América Latina (1978-2015). Washington, D. C. Secretaría de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos.

8. Martínez Silva Mario. Op. Cit, p. 276.

9. Sánchez Escobar Margarita. Democracia y sistema electoral: Duración de las campañas. Revista del Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de la Republica “Belisario Domínguez”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre 2021.– Diputado y diputada: César Agustín Hernández Pérez, Brenda Espinoza López (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona un artículo 4o.-C a la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por el diputado Mario Mata Carrasco e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Diputado Federal Mario Mata Carrasco y las y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 71 y el inciso h del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa con Proyecto de decreto, que adiciona la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de creación del Fondo Hídrico para el Desarrollo de Estados y Municipios aportantes a Tratados Internacionales, conforme a la  siguiente: 

I. Planteamiento del problema a resolver con la propuesta

Que de acuerdo con las necesidades presentadas de forma reiterada por nuestros representados, resulta necesario insistir en que el diseño de las políticas públicas, no es más que el análisis orientado a definir la acción más efectiva para que el gobierno atienda un problema público específico. Por tanto, diseñar una política con estas características requiere de un conjunto de actividades que permitan seleccionar la mejor alternativa para resolver o minimizar una problemática de la sociedad. 1

En esta tesitura se presenta invariablemente la disyuntiva de realizar una correcta elección, cuando existe la necesidad imperante de promover acciones efectivas, que beneficien a la población en general, pero sobre todo, cuando ésta se encuentra agrupada en comunidades que durante años han sido impactadas de manera negativa, debido al cumplimiento de los compromisos que se generan entre países y que muchas veces rebasan la esfera de toma de decisiones a nivel local.

Así pues, surge la impronta de generar inversión física con impacto social y de desarrollo en las regiones donde se lleva a cabo la explotación de recursos naturales, porque los beneficios que este tipo de herramientas brindan para nuestro país y para el mundo, resultan considerables. En este sentido su impacto dependerá de la manera en que son tomadas y consensuadas las decisiones, para que se lleven a cabo los proyectos que resulten realmente sustentables.

Adicionalmente a lo interior, debe tomarse debidamente en cuenta que la optimización de los recursos hídricos que se encuentran en las distintas regiones del país, debieran necesariamente traducirse en obras de conservación de la infraestructura para el sector; en el abastecimiento de agua potable y de saneamiento de la población; en el incremento de la eficiencia de su uso para el sector agrícola, así como en la búsqueda constante de mayores niveles de eficacia en su aprovechamiento.

Por otro lado, vale la pena recordar que los tratados internacionales de aguas procuran establecer políticas de distribución que beneficien a la población, por lo que resulta deseable establecer mecanismos de compensación como parte de una política presupuestal equitativa y permanente, que tenga que ver con el fomento al desarrollo de las entidades, toda vez que de alguna manera éstas están renunciando al uso de recursos hídricos en su propio territorio, para permitir el cumplimiento de los tratados internacionales que benefician al país entero. 2

Por tanto, cabe aclarar de manera precisa, que para los efectos compensatorios de esta propuesta no es necesario considerar pago alguno por parte de los Estados Unidos de América (EUA) y mucho menos por alguno de nuestros vecinos países del sur. Esto tiene que ver con la consideración de que puede ser directamente la federación quien estimule la gestión hídrica sustentable en los estados aportantes, a través de recursos equitativamente asignados, con base en la aportación anual de agua que cada entidad realice al extranjero.

En este contexto, la presente propuesta aplica para todos los estados que tengan que ver con el origen o paso de los diferentes afluentes y ríos del país; como lo son la cuenca del río Colorado, la del río Bravo, así como la del Suchiate, o del río Usumacinta, entre otras; considerando para esto que todas ellas se encuentran en capacidad de aportar los volúmenes necesarios de agua, que contribuyan al cumplimento de las obligaciones mexicanas dentro de los distintos tratados que sean firmados y ratificados.

Con esta referencia tenemos que la propuesta versa en el sentido de que de acuerdo con el total del volumen aportado cada año para el cumplimiento de dichos compromisos, debiera ser recompensada cada entidad federativa con la creación del Fondo Hídrico de Desarrollo para Estados y Municipios aportantes a Tratados Internacionales —FOHDEMTI-, 3 mismo que estará conformado por la recaudación de los ingresos derivados por derechos generados por el volumen de agua contabilizado en millones de metros cúbicos entregados a otros países en cumplimiento de los instrumentos internacionales firmados por la federación y su cálculo estará a cargo de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Por tal motivo, se resume como corolario, que existe la imperiosa necesidad de que sea cubierto por parte del Estado mexicano, el derecho de una justa retribución a favor de las comunidades donde se realizan las actividades de entrega de agua; esto mediante el razonable establecimiento de un porcentaje que resulte acorde con la utilidad neta obtenida y que refleje de manera paralela la obligación de realizar un esfuerzo adicional para conservar y ampliar las posibilidades de utilización del recurso natural que nos ocupa.

II. Antecedentes internacionales

Al respecto de esta propuesta procuraremos referirnos a los eventos más relevantes que se han podido observar en la materia, aunado esto a los que destacan porque tienen que ver con un grupo de normas agrupadas de manera tal que pretenden corresponderse con los derechos y obligaciones sobre cursos de aguas y otros sistemas hídricos, ya sea de la superficie, así como de los considerados de profundidad y que además atraviesan más de un estado nacional.

En este orden de ideas, se tiene la referencia de que se han llevado a cabo variados estudios de situaciones que tienen que ver con aguas y que dichos estudios pueden permitir la realización de proyectos de integración, donde se detonen las posibilidades de equidad internacional tanto en cuanto a costos, como beneficios. 4

Y así es como se localiza un referente por demás importante en cuanto a los recursos naturales de carácter hidráulico, como es la realización de la Convención General ,que tuvo verificativo en la ciudad delimitada por dos apacibles ríos, que se corresponde con la capital de Suiza, la ciudad de Ginebra, misma que se llevó a efecto el 9 de diciembre de 1923, donde se trató de manera general el rubro de las fuerzas hidráulicas que interesan y donde intervienen varios estados.

En esta tónica se tiene, que fue diez años después —específicamente en 1933— cuando se logró la presentación de la Declaración Panamericana de Montevideo Uruguay, ciudad considerada como la Costa de Oro en el contexto de que es una ciudad portuaria de suma importancia puesto que es la capital uruguaya y que además se caracteriza por la búsqueda constante de altos niveles de democracia, a nivel de los países de América Latina.

Así pues, tenemos que fue en las costas uruguayas, bañadas en la zona sur por el río de la Plata y donde a partir de Punta del Este se considera que comienza el océano Atlántico, donde tuvo lugar el planteamiento del tema de los usos de aguas internacionales para propósitos de desarrollo agrícola e industrial.

Por otro lado, se tiene la referencia de que fue en el año de 1959, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su sexta Comisión de la Asamblea General, dio inicio a los trabajos que llevarían a serios planteamientos y discusiones sobre los problemas jurídicos relativos a los usos de los cursos de aguas internacionales para fines distintos de la navegación.

Es de reconocerse que todos estos antecedentes, así como los distintos trabajos realizados por diversas instituciones de los sectores público, privado y social, sirvieron de base para que la Organización de las Naciones Unidas, aprobara y presentara en 1994 un importante documento que plasma en sólo 33 artículos, los Derechos de los Cursos de Aguas Internacionales para Fines Distintos a los de la Navegación.

III. Antecedentes nacionales

Un antecedente de relevancia es sin duda la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, mismo que fue suscrito el 2 de febrero de 1848, y donde quedó definido el aspecto de que los ríos Bravo y Colorado forman parte de la frontera entre los EUA y México y, por otro lado, se avanzó en la delimitación convencional de la frontera terrestre.

Paralelamente, en el propio instrumento, se acordó la designación de un comisionado y un topógrafo por cada país, cuyas funciones serían las de establecer de manera precisa los puntos que definirían la línea divisoria, hecho relevante si consideramos la gran cantidad de problemas que se generaron al respecto de los territorios que le corresponderían a cada nación.

Otro referente importante es el que se conmemora el primero de marzo del año de 1889 en Washington DC, donde el entonces presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el general Porfirio Díaz y Stephen Groven Cleveland, presidente de EUA, suscribieron la Convención para el Establecimiento de una Comisión Internacional de Límites, misma que tuvo por objeto, decidir sobre las cuestiones que se suscitaran en el cauce de los ríos Bravo del Norte y Colorado, instrumento que fue ratificado por las Cámaras de Senadores de ambos países, con el objetivo de facilitar la ejecución de los principios contenidos en el Tratado del 12 de Noviembre de 1884, y evitar la dificultad ocasionada con los cambios que tuvieron lugar en el cauce de los ríos Bravo del Norte y Colorado en la parte que sirve de límite de las dos regiones. 5

Sobresale de manera importante que en dicho documento fue creada la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y EUA (International Boundary and Water Commission) CILA EUA-México, concebida como un organismo internacional direccionado a resolver las diferencias entre los límites y aguas de ambas naciones, integrada equitativamente por una sección mexicana y una estadounidense, cada una de las cuales está dirigida por un comisionado ingeniero designado por el presidente de su respectivo país.

Destaca que las oficinas centrales para el caso de la sección mexicana se encuentran localizadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, y las de la sección estadounidense se sitúan en el Paso, Texas. Cabe detallar que se eligieron estas dos ciudades porque son consideradas como el área de punto medio de la frontera entre México y EUA y la separación geográfica de la línea divisoria fluvial y la línea divisoria terrestre. 6

La definición de dicho espacio para la ubicación de las oficinas tiene que ver con que brinda las facilidades necesarias para que ambos espacios puedan mantenerse en comunicación para verificar la correcta implementación de las actividades cotidianas que les dan vida como institución, entre las que se encuentran la construcción, la operación y el adecuado mantenimiento del conjunto de obras internacionales, la hidromedición de las corrientes internacionales necesarias para la contabilidad y la determinación de la debida propiedad de las aguas de los ríos Bravo y Colorado en cualquier momento, así como la operación diaria de las compuertas de las presas internacionales.

La aparte práctica del tratado, tiene que ver con que EUA cuentan con un gran interés al acceso de las aguas del río Bravo, para incrementar el desarrollo agrícola del sur de su estado de Texas. Paralelamente por el lado de México, la necesidad de agua se direcciona hacia la obtención de un uso permanente y regular de parte de las aguas del río Colorado, con el objeto de mantener e incrementar el desarrollo agrícola del Valle de Mexicali, y paralelamente la necesidad de definir el aprovechamiento de las aguas del río Bravo para su uso en la cuenca baja del río.

Conviene señalar que el tratado de aguas mejoró lo alcanzado en 1906, toda vez que se logró que se reconociera el derecho de México sobre las aguas que le corresponden y que las tablas de entrega de aguas del río Bravo a México, pudieran tener un ajuste positivo en los años de escurrimientos excedentes para que se aseguraran los desarrollos agrícolas en ambos países tanto en el bajo río Bravo como en el río Colorado, así como que se señalaran los plazos para construir las obras estipuladas en el propio tratado.

Es de resaltarse que el tratado de 1944 contribuyó de forma clara a la aparición, en el ámbito del derecho internacional, de algunos nuevos conceptos, que ciertamente están plenamente relacionados con los recursos naturales que se encuentran divididos de manera artificial por las fronteras políticas, entre los cuales sobresalen el derecho legítimo al reparto equitativo y racional de sus aguas, por los países que las comparten y la obligación de los estados de no aplicar al extremo el concepto de soberanía absoluta para usar sus cuencas hidrológicas, si con ese hecho se alteran las condiciones naturales de las corrientes.

Como consecuencia de lo anterior, resulta preciso hacer notar que este tratado de aguas de 1944 no debe modificarse, puesto que evidentemente es altamente benéfico para México, considerando que en el acto de intercambio del producto natural, nuestro país recibe más de mil 800 millones de metros cúbicos (m3) provenientes del río Colorado en poder de EUA, en tanto que México entrega 431 millones de m3 de agua anualmente, a través del río Bravo; 7 que para el caso del estado de Chihuahua se corresponden con una aportación de un promedio anual de 251 millones de m3 de aguas superficiales.

IV. Aspectos conceptuales relevantes

Tenemos por ejemplo que la hidrología es la ciencia que estudia las aguas superficiales y subterráneas de la Tierra, su aparición, circulación y distribución, tanto en el tiempo como en el espacio, sus propiedades biológicas, químicas y físicas, y sus reacciones con el entorno, incluida su relación con los seres vivos. 8

Por otro lado, el Programa Nacional Hídrico, es el documento rector que integra los planes hídricos de las cuencas a nivel nacional, en el cual se definen la disponibilidad, el uso y aprovechamiento del recurso, así como las estrategias, prioridades y políticas para lograr el equilibrio del desarrollo regional sustentable y avanzar en la gestión integrada de los recursos hídricos.

La Conagua tiene dentro de sus antecedentes más relevantes que las instituciones que le antecedieron encontramos a la Dirección de Aguas, Tierras y Colonización creada en 1917, la Comisión Nacional de Irrigación, en 1926, la Secretaría de Recursos Hidráulicos en 1946 y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en 1976.

Así es como Conagua, se constituye jurídicamente como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con funciones de derecho público en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes. Cuenta con autonomía técnica, ejecutiva, administrativa, presupuestal y de gestión, para la consecución de su objeto, la realización de sus funciones y la emisión de los actos de autoridad que conforme a la Ley de Aguas Nacionales le corresponde, así como a los órganos de autoridad a que la misma se refiere. 9

Sobresalen de entre sus funciones más importantes para efectos de esta propuesta, mejorar el desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico, incrementar los recursos presupuestales y financieros públicos y privados y mejorar su distribución y aplicación en los proyectos de inversión del sector hidráulico.

Por otro lado, es de relevancia recordar que a la Conagua le compete la función de mejorar la competitividad institucional mediante el fortalecimiento de la capacidad administrativa, financiera y tecnológica en todas sus áreas, así como consolidar la investigación aplicada y la transferencia tecnológica.

Adicionalmente, el organismo que nos ocupa debe promover el cumplimiento del marco jurídico existente e impulsar el desarrollo de instrumentos que fortalezcan el buen uso y manejo sustentable del agua, así como debe mejorar el sistema de información estratégica e indicadores del sector hidráulico.

Todo esto de forma adicional a su función primordial para efectos de esta propuesta, que versa en la línea de participar en las deliberaciones y acciones en relación con el agua en el concierto internacional de naciones. Así pues sobresale el porqué este organismo debe participar de manera estratégica en un gran número de decisiones en el esquema hidrológico nacional.

En este orden de ideas, tenemos también que el Consejo de Cuenca, es el órgano colegiado de integración mixta, que fungirá como la instancia de coordinación y concertación, apoyo, consulta y asesoría, entre “la Comisión”, incluyendo el Organismo de Cuenca que corresponda, y las dependencias y entidades de las instancias federal, estatal o municipal y los representantes de los usuarios de agua y de las organizaciones de la sociedad, de la respectiva cuenca hidrológica o región hidrológica

Por lo que hace a la Región Hidrológica, sobresale que es el área territorial conformada en función de sus características morfológicas, orográficas e hidrológicas, en la cual se considera a la cuenca hidrológica como la unidad básica para la gestión de los recursos hídricos, cuya finalidad es el agrupamiento y sistematización de la información, análisis, diagnósticos, programas y acciones en relación con la ocurrencia del agua en cantidad y calidad, así como su explotación, uso o aprovechamiento. 10

Normalmente una región hidrológica está integrada por una o varias cuencas hidrológicas. Por tanto, los límites de la región hidrológica son en general distintos en relación con la división política por estados, Distrito Federal y municipios. Una o varias regiones hidrológicas integran una región hidrológico-administrativa.

Llamamos coloquialmente río, a toda aquella corriente de agua natural, perenne o intermitente, que desemboca en otras corrientes, en un embalse natural o artificial, o en el mar.

V. Objetivos de la propuesta

1. Se crea el Fondo Hídrico para el Desarrollo de Estados y Municipios aportantes a Tratados Internacionales (FOHDEMTI). El propósito fundamental del Fondo es el de dotar de recursos a las entidades federativas y municipios que participan en el cumplimiento de los compromisos internacionales, dotando de agua a los países limítrofes mexicanos que hayan suscrito tratados internacionales o instrumentos similares con nuestro país.

El origen del agua es el que se obtiene a través de las cuencas que pasan o tienen su origen en su territorio, por lo que se considera un medio de compensación ideal en proporción directa al volumen de millones de metros cúbicos de agua que aportan, según se corresponda con lo especificado, como resultado de las negociaciones que se desarrollan entre naciones para encontrar soluciones al controversial asunto de la utilización de los recursos naturales.

2. Se determina como se realizará la distribución del Fondo. Una de las cuestiones principales que deben señalarse en cualquier instrumento en que se pretenden manejar recursos económicos, es el señalar con toda claridad quiénes serán los sujetos que podrán contar con el acceso a dichos fondos.

Así se señala en la propuesta que los recursos del Fondo serán entregados por la federación a los estados y de estos a los municipios de manera mensual y con los ajustes anuales correspondientes.

También queda establecido de manera puntual que el monto mínimo de entrega de recursos a las entidades federativas a los municipios sea de por lo menos 30 de ciento de la cantidad que reciban de la federación. El objetivo es establecer que será por convenio y pacto fiscal, que se administrarán y redistribuirán los recursos por concepto los conceptos correspondientes.

3. Se establece la posibilidad de celebrar convenios de colaboración. En esta tónica se deja muy claro que será menester la posibilidad de celebrar convenios de colaboración entre las entidades federativas que estén interesadas en contar con la disposición de los recursos y la federación, dando por sentado que dichos convenios estarán integrados por supuesto los municipios.

Este punto tiene que ver con la utilidad de que queden plenamente definidas las acciones tendientes al fomento de la gestión integrada de los recursos hídricos, así como el hecho de que deben diseñarse las políticas públicas sobre las cuales deberá operarse y mantenerse el fondo a nivel regional y estatal.

Así se propone que será la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con información de la Conagua, de las Comisiones Internacionales de Límites de México con Estados Unidos, Guatemala y Belice, y de los consejos regionales que al respecto se formen, enterará mensualmente a las entidades federativas y de éstas a los municipios las cantidades correspondientes de forma provisional y, en su caso, efectuará el ajuste anual que corresponda conforme a las disposiciones que al efecto emita.

4. Se reitera la obligación de fiscalizar los recursos que se manejen a través del Fondo. En este orden de ideas, el cálculo del valor económico del agua en cada entidad federativa, se determinará con base en la recaudación de los ingresos derivados por derechos generados por el volumen de agua contabilizado en millones de metros cúbicos entregados a otros países en cumplimiento de los instrumentos internacionales firmados por la federación y su cálculo estará a cargo de la Conagua en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Por lo que hace al aspecto fiscalizador la propuesta se direcciona a que el origen, las formas de utilización y destino final de los recursos, serán fiscalizados permanentemente conforme a lo que establece la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto será de gran utilidad a la hora de determinar con exactitud lo que le corresponde a cada estado o municipio, sin detrimento del valor del uso que se le dará al agua.

VI. Cuadro comparativo

VII. Reforma propuesta

Es por todo lo anteriormente expuesto que solicito se privilegie la presentación de esta iniciativa ante esta honorable asamblea, de manera tal que sea este Poder Legislativo, el conducto para el fortalecimiento de la misma.

Decreto que adiciona el artículo 4o. C a la Ley de Coordinación Fiscal

Artículo Único. Se adiciona el párrafo 4o. C a la Ley de Coordinación Fiscal, en los términos siguientes:

Artículo 4o. C. El Fondo Hídrico para el Desarrollo de Estados y Municipios aportantes a Tratados Internacionales, (FOHDEMTI) estará conformado por la recaudación de los ingresos derivados por derechos generados por el volumen de agua contabilizado en millones de metros cúbicos entregados a otros países en cumplimiento de los instrumentos internacionales firmados por la Federación y su cálculo estará a cargo de la Comisión Nacional de Agua en Coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con información de la Comisión Nacional del Agua, de las Comisiones Internacionales de Límites de México con Estados Unidos, Guatemala y Belice, y de los Consejos Regionales que al respecto se formen, enterará mensualmente a las entidades federativas y de estas a los municipios las cantidades correspondientes de forma provisional, y en su caso efectuará el ajuste anual que corresponda conforme a las disposiciones que al efecto emita.

Los municipios recibirán cuando menos el 30 por ciento de los recursos percibidos por las entidades federativas, incluyendo las cantidades que se perciban en tal caso por concepto de compensación y será distribuido en proporción a la recaudación obtenida por volumen de agua estimado.

El FOHDEMTI será equitativamente distribuido, entre los aportantes que oficialmente se registren, de acuerdo con las reglas de operación que al respecto se emitan.

Las Entidades Federativas, podrán celebrar convenios con la Federación, con el propósito de dejar plenamente definidas las acciones, que deberán estar orientadas a fomentar la gestión integrada de los recursos hídricos para operar y mantener las estaciones hidrométricas y climatológicas que sean necesarias para el abastecimiento y control de la información.

Además deberán operar y mantener en los tramos limítrofes de los ríos internacionales, las estaciones hidrométricas y climatológicas que sean necesarias para el abastecimiento y control de la información.

El origen, las formas de utilización y destino final de los recursos, serán fiscalizados permanentemente conforme a lo que establece la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Los recursos para la puesta en marcha de este fondo deberán ser considerados de manera oportuna en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas

1 Corzo Julio, Diseño de Políticas Públicas, IEXE Editorial, México, 2013.

2 Cfr. Para mayor referencia favor de consultar el estudio realizado por el Dr. Humberto Silva Hidalgo, el M.C. Oscar J. Estrada Valles y el Ing. Roque Martínez Amparán, denominado Iniciativa para el pago al Estado de Chihuahua por volúmenes de agua superficial entregada a Estados Unidos, en virtud del tratado de Aguas de 1944, UACH-JCAS-SDR, México, 2017.

3 Ídem.

4 Asín Jorge, Aguas Internacionales Evolución de la Legislación, Revista Ciencia y Cultura, SCIELO, No.10, Marzo del 2002, Bolivia.

5 Para mayor información consúltese la siguiente dirección electrónica:

http://www.cila.gob.mx/tyc/1889.pdf  Revisada el 24 de Noviembre del 2018.

6 Cfr. Consultable en

https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/c-i-l-a-mex-eua  Página revisada el 22 de Noviembre del 2018.

7 Op. Cit cita No. 2.

8 Organización Meteorológica Mundial, Glosario Hidrológico Internacional, UNESCO, Ginebra Suiza, 2012.

9 Ley de Aguas Nacionales, Orden Jurídico Nacional, Secretaría de Gobernación, México, D.O.F. 1º. De Diciembre de 1992.

10 Consultable en la página electrónica de

http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes.php, específicamente en lo que se refiere a las definiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Revisada para efectos de esta propuesta el 20 de Noviembre del 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2021.– Diputado Mario Mata Carrasco (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo del diputado Navor Alberto Rojas Mancera, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado federal Navor Alberto Rojas Mancera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva fracción VI y se recorren las subsecuentes en su orden, al artículo 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al tenor de la siguiente

A través de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Para), el Estado Mexicano reconoció que la violencia contra la mujer constituye una transgresión de sus derechos humanos y lacera su dignidad humana.

La violencia en contra de las mujeres es, sin duda, un problema de la mayor envergadura que debe ser erradicado a través de la coordinación y la cooperación de todas las instancias del Estado Mexicano; sin embargo, una vez acontecido el lamentable hecho, lo correspondiente es que las autoridades se hagan cargo del daño generado, con independencia de ejercer las facultades pertinentes para no dejar impune tan reprochable suceso.

En términos de lo establecido en los artículos 1 de la Convención de Belem Do Para, y 5 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General), la violencia contra las mujeres es concebida como toda acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público.

La Ley General representa un avance importante en lo que respecta a la prevención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, pero también en lo conducente a la atención de las mujeres que han sido víctimas de violencia. En efecto, a través de su articulado se realiza la distribución de facultades entre instituciones de los distintos órdenes de gobierno, regula los diversos tipos de violencia en contra de la mujer y el cómo se expresan en distintos ámbitos, al mismo tiempo que reglamenta lo correspondiente a las órdenes de protección, crea el Instituto Nacional de la Mujer e, inclusive, le da vida al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Como puede verse, la Ley General representa un esfuerzo destacable por parte del legislador federal para combatir la violencia en contra de las mujeres; sin embargo, aún quedan cosas por realizar e implementar para la consecución del objetivo. Al respecto, se ha detectado que existe una insatisfactoria repartición de facultades entre los tres órdenes de gobierno, toda vez que las entidades federativas y la Ciudad de México pueden tener un papel más activo en cuanto a la atención de víctimas se refiere.

En efecto, tanto las entidades federativas como la Ciudad de México cuentan con sus respectivas instituciones de salud que pueden prestar servicios médicos y psicológicos que las mujeres víctimas de violencia requieren para sanar los daños generados por tan reprochables actos.

Por ello, es que se propone anexar una nueva fracción VI, con la finalidad de que quede establecido que las entidades federativas y la Ciudad de México deberán brindar a las víctimas, a través de las instituciones del sector salud, atención médica y psicológica de manera integral, interdisciplinaria y con perspectiva de género.

Con esto se pretende habilitar más instituciones para prestar los servicios dirigidos a paliar algunas de las graves consecuencias que las mujeres sufren en virtud de la violencia ejercida en su contra. Además, el Estado Mexicano se encontraría cumpliendo con su deber constitucional y convencional por garantizar que las víctimas reciban los servicios idóneos para ayudarla a sanar las heridas y seguir adelante con su proyecto de vida.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable Congreso, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una nueva fracción VI y se recorren las subsecuentes en su orden, al artículo 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Artículo Único. Se adiciona una nueva fracción VI y se recorren las subsecuentes en su orden, al artículo 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia:

Artículo 49. Corresponde a las entidades federativas y a la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:

I. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres;

II. Ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la presente ley;

III. Coadyuvar en la adopción y consolidación del Sistema;

IV. Participar en la elaboración del Programa;

V. Fortalecer e impulsar la creación de las instituciones públicas y privadas que prestan atención a las víctimas;

VI. Brindar a las víctimas, a través de las instituciones del sector salud, atención médica y psicológica de manera integral, interdisciplinaria y con perspectiva de género;

VII. Integrar el Sistema Estatal de Prevención, Erradicación y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e incorporar su contenido al Sistema;

VIII. Promover, en coordinación con la Federación, programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las mujeres y de la no violencia, de acuerdo con el Programa;

IX. Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de las mujeres y mejorar su calidad de vida;

X. Proveer de los recursos presupuestarios, humanos y materiales, en coordinación con las autoridades que integran los sistemas locales, a los programas estatales y el Programa;

XI. Impulsar y apoyar la creación, operación o fortalecimiento de los refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema;

XII. Promover programas de información a la población en la materia;

XIII. Impulsar programas reeducativos integrales de los agresores;

XIV. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta ley;

XV. Rendir un informe anual sobre los avances de los programas locales;

XVI. Promover investigaciones sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres;

XVII. Revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas estatales, con base en los resultados de las investigaciones previstas en la fracción anterior;

XVIII. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, en la ejecución de los programas estatales;

XIX. Recibir de las organizaciones privadas, las propuestas y recomendaciones sobre la prevención, atención y sanción de la violencia contra mujeres, a fin de mejorar los mecanismos para su erradicación;

XX. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria para la elaboración de éstas;

XXI. Impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley, así como para establecer como agravantes los delitos contra la vida y la integridad cuando estos sean cometidos contra mujeres, por su condición de género;

XXII. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia;

XXIII. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes en:

a) Derechos humanos y género;

b) Perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y feminicidio;

c) Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales; eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros.

XXIV. Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, características socio demográficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones; los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño. Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia;

XXV. Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, y

XXVI. Las demás aplicables a la materia, que les conceda la ley u otros ordenamientos legales

(...)

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las entidades federativas contarán con el plazo de 180 días contados a partir del siguiente a la entrada en vigor de este Decreto, para realizar los ajustes correspondientes en su orden jurídico e institucional que garanticen la observancia y operatividad del presente.

Dado en Ciudad de México, a los 21 días del mes de octubre de 2021.– Diputado Navor Alberto Rojas Mancera (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, a cargo de la diputada Susana Cano González, del Grupo Parlamentario de Morena

La diputada federal Susana Cano González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o., numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, en materia de paridad de género, al tenor de lo siguiente:

El eje rector que motiva la presente reforma es el principio constitucional que se deposita en el artículo cuarto constitucional, es decir la igualdad y equidad entre la mujer y el hombre, que debe ser no solo una cuestión de terminología teórica, sino una amplia praxis en cuanto a los usos y costumbres de nuestro país, respecto a la técnica legislativa y la aplicación en la redacción del contenido de los ordenamientos normativos.

A partir de la reforma del 27 de diciembre de 1974, se llevó a cabo un gran avance en cuanto al lenguaje jurídico que materializa, la igualdad y equidad entre la mujer y hombre, especialmente por el impacto constitucional que permite elevar a un rango de supremacía normativa de nuestra carta magna dicho principio.

Desde una visión holística, el desempeño de los preceptos de derecho en materia de paridad de género puede concebir una perspectiva de universalidad para su cumplimiento en el interior de los ordenamientos normativos nacionales. Sin embargo, el hecho de configurar bajo esa proyección al diseño constitucional en materia de igualdad y equidad debe continuarse con el pragmatismo legislativo material de usar un lenguaje inclusivo en cada concepto jurídico de las leyes mexicanas.

Desde la Primera Conferencia Internacional de la Mujer en 1975 han transcurrido tres décadas y se ha apreciado un proceso de progresiva comprensión de la amplia complejidad de la discriminación de género, por ende la discriminación surge de las múltiples diferencias respecto al ámbito fisiológico, sociohistóricos y experiencial, sin embargo, el esfuerzo que integra la construcción del trabajo de millones de mujeres que después de cuatro décadas de activismo social, ha contribuido con la formación de una ideología de equidad de género, justicia genérica y democracia participativa, de igual manera podríamos prescindir de encontrarnos en una fase de análisis bobbiano, que  impulsa las metas axiológicas a través de los métodos de implementación de valores al interior de los ordenamientos normativos nacionales, es decir que todo debe estructurarse a partir de la admisión de encontrar a la naturaleza humana como; una línea temporal que busca envolver en su expresión social a la dignidad, paz y libertad conforme a la cultura en cada época. 1

Asimismo, la política positiva que puede demostrarse con la búsqueda de adaptabilidad de las leyes, inserta con determinante marcación un rompeaguas para el establecimiento de un factor universal y una base de impacto normativo a nivel constitucional, para el efecto ordenativo de la postulación de principios con un alcance más amplio e interdependiente para la existencia de técnicas legislativas que apunten, hacía la progresividad de conceptos que tengan como fin el disminuir el sexismo, erradicar la discriminación y hacer de la interdependencia, generalidad, progresividad, e indivisibilidad de estos derechos humanos, una realidad pragmática al interior de cada ley de México.

Después de la publicación de la Ley General para la igualdad entre mujeres y hombres del 2006 en el Diario Oficial de la Federación, su impacto a nivel internacional, permitió que se comprobará la importancia de continuar con procesos legislativos que funcionen como mecanismos, de supletoriedad y complementación de los ordenamientos normativos que establecen, las vertientes para el empoderamiento de mujeres a través del lenguaje jurídico y su impacto al institucionalismo, el gobierno y la aplicación de políticas públicas.

Objetivo de la iniciativa 2

La Organización de las Naciones Unidas advierte que la mitad de la población global está constituida por mujeres, por ende, queda indubitablemente confirmado que la igualdad de género, además de ser un derecho humano fundamental, es esencial para lograr sociedades en pro de la paz, humanista y con la capacidad de desarrollarse de forma sustentable y sostenible, al igual que quedar establecido el empoderamiento de las mujeres, ello estimula la productividad y el crecimiento económico.

A pesar del amplio avance, aún resta mucho recorrido para alcanzar la plena igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, advierte ONU Mujeres. Por ello es de impera importancia disminuir las diversas formas de violencia de género y la accesibilidad a la educación y a la salud de calidad, a los recursos económicos y a la participación en la vida política, para que sea igualitario tanto para mujeres y niñas como para hombres y niños. También es fundamental lograr tanto la igualdad de las y los trabajadores su participación en las posiciones de liderazgo y la toma de decisiones a todos los niveles.

El señor António Guterres (secretario general de las Naciones Unidas) ha manifestado que la misión y visión de la política internacional como al interior de cada Estado del mundo debe ser el uso de los principios de equidad e igualdad al interior de la estructura de cada figura jurídica, su efectividad y aplicación es un reto que le consta a cada legislador, administrador y jefe de Estado.

Con lo hasta ahora motivado y fundamentado, la presente iniciativa es un paso más hacia la progresividad de las leyes que demuestran la realidad de un mundo igualitario y equitativo, con el lenguaje jurídico que permite el disminuir y erradicar de manera amplia con la discriminación, las políticas negativas y continuar con la agenda global sostenible por la misión de un mundo horizontal.

De lo anterior, la reforma permitirá integrar un contenido que fomente la paridad de género al texto normativo de la ley, sin que se generalice en el concepto “trabajadores” a las mujeres, quienes deben ser incluidas en igualdad de condiciones en la descripción de la presente.

Por lo anteriormente expuesto y para mayor claridad presentamos el siguiente cuadro comparativo con nuestra propuesta de reforma:

Por lo anterior expuesto, presentamos el siguiente:

Único. Se reforma el artículo 10 de Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, para quedar como sigue:

Artículo 10. Los sectores privado y social, incluyendo a las personas trabajadoras y las instituciones educativas y de investigación en las que se realice investigación aplicada a la planta productiva, concurrirán a la formulación e implementación de la política nacional de fomento económico, así como del programa especial para la productividad y la competitividad, a través del comité nacional de productividad y en términos de lo dispuesto por esta ley.

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas Mujeres, 2021.

2 Organización de las Naciones Unidas Mujeres, 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2021.– Diputada Susana Cano González (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Araceli Ocampo Manzanares, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción VI del artículo 123, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes

La presente iniciativa, surge de la constante lucha de los trabajadores al servicio del estado en defensa de sus legítimos derechos, de los cuales el gobierno neoliberal ha hecho caso omiso. Particularmente afectados son los trabajadores del Estado que decidieron pensionarse bajo el régimen del artículo décimo transitorio de la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Lo anterior, parte de que la nueva unidad de medida UMA es utilizada para calcular el monto de las pensiones, sin tomar en cuenta que cada año, la pensión pierda poder adquisitivo provocando que su solvencia sea mermada, pues la función de la UMA es la disminución, mientras que el salario mínimo, junto con la inflación y la canasta básica, van en aumento, provocando una situación cada vez más precaria.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos había propuesto desde 2011 que se desvinculara al salario mínimo de diversas figuras que había adoptado como unidad de cuenta y medida de referencia (DOF 2011, 19 de diciembre). Fue hasta el 5 de diciembre de 2014, frente a la presión de incrementar el salario mínimo que el Ejecutivo Federal presentó la iniciativa para la desindexación del salario mínimo que fue publicada el 27 de enero del 2016.

Para instaurar este decreto, el 1 de diciembre de 2016, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos incorporo a la revisión regular de cada año el incremento adicional “monto independiente para la recuperación” de 4 pesos diarios, para situar el aumento relativo en 9.6 por ciento, el más importante en los últimos 17 años, y fijar el salario mínimo en 80.04 pesos diarios, en 2017.

Cabe mencionar que, la exposición de motivos de la iniciativa que dio origen a esta reforma constitucional era quitar la vinculación del salario mínimo a ciertos supuestos y montos que generaban distorsiones no deseadas, al provocar aumentos en costos y pagos de la población que no respondían a mejoras en el poder adquisitivo del trabajador medio y, utilizar el salario mínimo solo como un instrumento de política.

Ahora bien, como han precisado otros compañeros legisladores, con la reforma constitucional se otorgó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) la facultad de calcular y determinar anualmente el valor de la UMA, así como publicar en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros 10 días de enero de cada año los valores diario, mensual y anual, en moneda nacional de la UMA. 1

En este sentido, la UMA estaba siendo creada para calcular el pago de obligaciones y no así para el cálculo de derechos como lo son las pensiones. La UMA tiene la finalidad de la desindexación del salario mínimo, para que este vaya en aumento y se fortalezca el poder adquisitivo de los trabajadores, mientras que la UMA se mantiene por debajo de factores como la canasta básica, la inflación y del mismo salario mínimo.

Para empezar a contextualizar, hablaremos de la rectoría del Estado, ya que es una de las funciones más importantes que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos le asigna, para que éste fomente el desarrollo nacional, y de esta manera, se garantice que el citado desarrollo sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía nacional y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. 2

El artículo 1o. constitucional establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos y dar la protección más amplia a las personas, en especial cuando se trata de grupos en condiciones de vulnerabilidad.

Partiendo de la finalidad que tiene la rectoría del Estado, así como de algunos criterios de los órganos jurisdiccionales en los cuales nos apoyamos para mostrar que es imprescindible la dignificación del pensionado, como representantes populares tenemos el compromiso y la obligación constitucional de garantizar en todo momento los derechos de los pensionados, asegurando que. el cálculo de sus pensiones se realice en salarios mínimos, pues es su naturaleza y estamos hablando de un derecho adquirido y no de una obligación.

Aunado a lo anterior, el artículo 14, primer párrafo, de la Constitución, expone: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.

En este sentido el Estado en conjunto con sus instituciones, son garantes de la aplicación de la legislación, pero con esta nueva Ley se están violando derechos de igualdad, justicia laboral y seguridad jurídica, así como a una pensión digna.

Ahora bien, los criterios que a continuación se transcriben demuestran que la naturaleza de las pensiones nace de la relación del trabajador con el Estado, cuando está en activo, y su percepción es en salarios mínimos, por lo cual el cálculo de las pensiones debe calcularse de la misma forma:

Unidad de medida y actualización. No puede aplicarse para determinar la cuota diaria o la limitante de pago de una pensión, por tratarse de prestaciones de naturaleza laboral regidas por el salario mínimo. 3

Con motivo del decreto de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se modificó el artículo 123, apartado A, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de desindexar el salario, el cual históricamente se utilizó como base y cálculo de los montos de las obligaciones previstas en diversos ordenamientos jurídicos ajenos a la materia laboral, para ahora establecer la unidad de medida y actualización (UMA) para esos fines, reservándose el uso del salario sólo para cuestiones que no sean ajenas a su naturaleza laboral.

En esa virtud, como la pensión de retiro de los trabajadores es una prestación de seguridad social derivada de la relación de trabajo y sustentada propiamente en el salario, incluso para generarla y pagarla se atiende al fondo constituido durante la vida activa laboral, mediante aportaciones del salario percibido, topadas a la cantidad máxima de diez veces el salario mínimo, es claro que esa prestación es laboral; consecuentemente, lo relativo a su monto, actualización, pago o límite máximo debe aplicarse el salario, por no tratarse de cuestiones ajenas a su naturaleza; además, de atender para esos aspectos a la UMA se desnaturalizarla la pensión y se utilizarla un factor económico ajeno a la prestación de seguridad social referida, distinta al salario y ajeno a la pensión, lo cual jurídicamente no es permisible.

Partiendo de este supuesto, donde el salario mínimo solo se podrá utilizar para el cálculo de lo que sea de naturaleza propia, es importante reiterar que las prestaciones tanto de los trabajadores en activo, como de los pensionados, tiene su naturaleza jurídica en el mismo.

Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Amparo directo número 43/2019, 9 de mayo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Escorza Carranza. Secretario: Daniel Sánchez Quintana. *Énfasis añadido Unidad de medida y actualización. Es inaplicable en materia de seguridad social y para el cálculo del incremento de las pensiones otorgadas 4

La UMA, derivada de la adición de los artículos 26, Apartado B, y 123,Aapartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, si bien es cierto que tiene como objeto servir como índice, base, medida o referencia que excluya al salario mínimo de esa función para que éste sea utilizado exclusivamente como instrumento de política social, en los términos apuntados, también lo es que conforme a la iniciativa de la ley para determinar el valor de la UMA, lo precisado no implica que el salario mínimo no pueda seguirse empleando como índice, unidad, medida o referencia para fines propios de su naturaleza, como ocurre en el caso de las disposiciones relativas a la seguridad social y las pensiones, en las que dicho salario se utiliza como índice en la determinación de/límite máximo del salario base de cotización; por tanto, la UMA, no implica que esta unidad de cuenta deba ser utilizada en materia de seguridad social y para el incremento de las pensiones otorgadas, en virtud de que el legislador distinguió que existen casos en /os que debe atenderse al concepto de salario mínimo por disposición expresa de la ley, en concreto, en materia de seguridad social y de pensiones.

Si bien, los Tribunales Colegiados de Circuito emitieron las referidas tesis aisladas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en la contradicción de tesis 200/2020, de fecha 17 de febrero de 2021, que el tope máximo de las pensiones jubilatorias de los trabajadores del Estado, sujetos al artículo décimo transitorio de la Ley del ISSSTE debe fijarse en UMA, ya que consideró que es una prestación administrativa y no laboral. Siendo una vez más afectados los jubilados.

Esta determinación despoja a los trabajadores de su legítimo derecho, pues la UMA, de acuerdo con la interpretación de la norma, debe calcular el monto de pago de diversas prestaciones, multas, crédito y aportaciones de seguridad social, dándole un enfoque de concesión administrativa a la prestación de las pensiones, cuando estas son un derecho adquirido gestado en la vida laboral y su naturaleza es el salario mínimo.

Las aportaciones de seguridad social, constituyen el pago de las obligaciones en activo, no así del derecho a recibir una pensión digna y que esta sea calculada en salarios mínimos.

Los legisladores y jueces no solo omitieron la naturaleza de las pensiones, sino que tampoco previeron los cambios de factores de suma importancia, como el aumento de años en la esperanza de vida, el aumento de la inflación, el aumento de los precios en la canasta básica, dejo de lado que el paso de los años también trae consigo nuevas necesidades, como medicamentos, equipo de apoyo, etcétera.

Empecemos por los datos que tomamos del Conapo, en relación con la esperanza de vida, en 1970 el promedio de vida al nacer era de 59.9 años y aumentó a 75.2 años en 2020. La prolongación de la vida ha hecho que los fallecimientos se centren en edades avanzadas y por enfermedades crónico-degenerativas, para entender mejor este factor pondremos un ejemplo.

Si en este momento (2021) una persona se jubila a los 65 años, tendrá una pensión con un salario mínimo de 4 mil 307.68 pesos mensuales, y si ésta se calculara en UMA su pensión sería de 2 mil 724.44, habría una diferencia de mil 583.24.

Tomando en cuenta cómo ha ido en aumento uno y otro, partiendo de la evolución que se presenta en el recuadro, una proyección a 10 años demuestra que el salario mínimo será de 8 mil 264.69 pesos; y la pensión calculada con la UMA, de 3 mil 746.39, con una diferencia de 4 mil 518.30.

Cifras tomadas de los indicadores del INEGI y de CONASAMI

De forma gráfica, se puede observar el comportamiento del salario mínimo y la UMA, como vemos la constante de la UMA se mantiene, mientras que el salario mínimo va en aumento.

Ahora bien, si revisamos además el comportamiento de la inflación y el Índice Nacional de Precios al Consumidor (Banxico), se aprecia pérdida en el poder adquisitivo:

Otro aspecto para considerar es el número de pensionados en relación con los habitantes y a la población económicamente activa. Para el Censo de población y vivienda 2020, México tenía 126 millones 14 mil 24 habitantes, de los cuales, en el 2021, 55,385,133 es la población económicamente activa, representando 46 por ciento y los jubilados por parte del ISSSTE son 1 millón 230 mil representando .0018 por ciento. Como se desprende, es un porcentaje mínimo de la población pensionado en comparación al trabajador activo.

En concordancia con los elementos señalados, se presenta a continuación un cuadro comparativo del texto constitucional vigente y la propuesta de reforma:

El propio artículo establece que el salario mínimo no podrá utilizarse para calcular índice, unidad, base, medida o referencia, ajenos a su naturaleza, pero la pensión nace del esfuerzo del trabajador durante su etapa en activo y al jubilarse esta pensión debe seguir satisfaciendo las necesidades básicas para una vida digna.

Por lo expuesto, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y con el objetivo de la defensa de los derechos de las personas pensionadas, quien suscribe somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción VI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona un párrafo a la fracción VI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

...

A. ...

I. a V. ...

VI. ...

Quedan exceptuadas las pensiones derivadas de la seguridad social, siendo el salario mínimo la referencia para determinar los montos y las aportaciones que se hagan por este concepto.

Único. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Iniciativa suscrita por diversos diputados de la LXIV Legislatura. Disponible en:

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2020/feb/20200211-II.ht ml#Iniciativa8.

2 Cámara de Diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/leyinfo/doc/1.doc.

3 Registro digital: 2020651, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materia (s): Laboral, Administrativa, Tesis: 1.18o.A.J/8 (IOa.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo 111, página 1801, Tipo: Jurisprudencia.

4 Registro digital: 2019901, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materia (s): Laboral, Tesis: 1.6o.T.170 L (IOa.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo 111, página 2825, Tipo: Aislada.

Bibliografía

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ramírez López, Berenice; y Badillo González, Gabriel. “La UMA y su impacto en las pensiones”, en Consultorio Fiscal número 674. Disponible en

http://ru.iiec.unam.mx/3688/1/La%20UMA%20y%20su%20impacto%20en%2 0las%20pensiones.pdf

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Unidad de medida y actualización. Disponible en

https://www.inegi.org.mx/temas/uma/

Reyes Tépach, Marcial. La rectoría económica del Estado y la planeación del desarrollo nacional (2005). Cámara de Diputados. Disponible en

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SIA-DEC-ICS-07-05.pdf

Destina el ISSSTE más de 263 mil millones de pesos para el pago de pensión. Disponible en

https://www.gob.mx/issste/prensa/destina-el-issste-mas-de-263-mi l-millones-de-pesos-para-el-pago-de-pension

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de octubre de 2021.– Diputadas: Araceli Ocampo Manzanares, Brenda Espinoza López (rúbricas).»