LXV LEGISLATURA
del congreso de los estados unidos mexicanos
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna
Diario de los Debates
Eugenia García Gómez
SUMARIO
De la Comisión Permanente, por la que comunica la clausura del segundo receso del tercer año de ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura.De enterado
De la Comisión Permanente, por la que remite dos acuerdos relativos a dictámenes aprobados por la Primera Comisión y la Tercera Comisión.Se turnan a la Junta de Coordinación Política
Del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, con la que remite su Informe semestral de labores, correspondiente al periodo del 1 de diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021. Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para su conocimiento
De la Universidad del Mar, con la que remite el Informe de la auditoría externa sobre su matrícula, correspondiente al segundo trimestre abril-junio de 2021.Se turna a las Comisiones de Educación, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento
De la Universidad del Istmo, con la que remite el Informe de la auditoría externa sobre su matrícula correspondiente al primer semestre octubre de 2019-febrero del 2020, segundo semestre marzo de 2020-julio del 2020; primer semestre octubre de 2020-febrero del 2021, y segundo semestre marzo de 2021-julio del 2021.Se turna a las Comisiones de Educación, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento
De la Universidad Autónoma Indígena de México, con la que remite el Informe de la auditoría externa sobre su matrícula correspondiente del periodo de enero-junio de 2021.Se turna a las Comisiones de Educación, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento
De la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, con la que remite el Informe de la auditoría externa sobre su matrícula correspondiente al trimestre noviembre de 2020-febrero del 2021.Se turna a las Comisiones de Educación, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento
De la Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla, con la que remite el Informe de la auditoría externa sobre su matrícula correspondiente del periodo febrero de 2020-julio 2021.Se turna a las Comisiones de Educación, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento
De la Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán, con la que remite el Informe de la auditoría externa sobre su matrícula correspondiente al segundo semestre 2021.Se turna a las Comisiones de Educación, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento
Del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, por la que solicita su incorporación al Grupo Parlamentario del PRD.De enterado
De la Coordinación del Grupo Parlamentario del PRD, con la que comunica el alta del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, a dicho grupo.De enterado. Actualícense los registros parlamentarios
De la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, por la que solicita su incorporación al Grupo Parlamentario de Morena.De enterado
De la Coordinación del Grupo Parlamentario de Morena, con la que comunica el alta de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, a dicho grupo.De enterado. Actualícense los registros parlamentarios
De la Cámara de Senadores, por medio de las cuales:
-Remite la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la SHCP a realizar adecuaciones presupuestarias y ampliar sustantivamente las asignaciones a los programas que benefician a niños y adolescentes, presentada por senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PAN.Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su atención
-Remite proposición con punto de acuerdo para exhortar a la SHCP a seguir incrementando el monto del estímulo fiscal al IEPS y extender la vigencia de esta medida transitoria, presentada por senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PAN.Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su atención
-Remite la proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía a incluir en el proceso de análisis, discusión y aprobación del proyecto de PEF de 2022 recursos para la conclusión y operación del proyecto del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, presentada por el senador José Alberto Galarza Villaseñor, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención
De los diputados Miguel Pavel Jarero Velázquez y Mario Alberto Torres Escudero, ambos de Morena, se recibieron sendas solicitudes de licencia para separarse del cargo de diputado federal. Aprobadas, comuníquense
Las ciudadanas y ciudadanos Santy Montemayor Castillo, Félix Durán Ruiz, Jesús Estrada, Bruno Blancas Mercado y Ana Laura Valenzuela Sánchez, rinden la protesta de ley y entran en funciones como diputadas y diputados federales
MINUTAS
De la Cámara de Senadores, se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para modernizarlo conforme a principios de eficiencia, justicia y transparencia.Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen
INICIATIVAS DE CONGRESOS LOCALES
Del Congreso del Estado de Chihuahua, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 98 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen
INICIATIVAS DE SENADORES
De la Cámara de Senadores, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso j) al artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el senador Juan Manuel Zepeda Hernández. del Grupo Parlamentario de MC.Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
De la Cámara de Senadores, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Remedios Solidarios para la Atención de la Pandemia por Covid-19, presentada por senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PAN.Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión
De la Cámara de Senadores, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso d) de la fracción XXV del artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del PVEM.Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
De la Cámara de Senadores, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del PAN.Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
De la Cámara de Senadores, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo XII, "De los pagos por servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de educación básica y media superior", al título VII, "De los estímulos fiscales", de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN.Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
De la Cámara de Senadores, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, presentada por senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PAN.Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
De la Cámara de Senadores, se recibió la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley del Seguro Social, presentada por el senador Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen
INICIATIVAS
La Presidencia de la Mesa Directiva informa que durante la reunión de este órgano, celebrada el día de hoy, se acordó dispensar el trámite y someter a discusión y votación la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento que la Cámara de Diputados aplicará durante la situación de emergencia y la contingencia sanitaria en las sesiones ordinarias y extraordinarias durante la LXV Legislatura, suscrita por los coordinadores de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados
A consulta instruida por la Presidencia, se considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato
En consecuencia, está a discusión el proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento que en la Cámara de Diputados aplicará durante las situaciones de emergencia y la contingencia sanitaria, en las sesiones ordinarias y extraordinarias durante la LXV Legislatura
Para exponer la posición de su grupo parlamentario, participan:
-El diputado Salomón Chertorivski Woldenberg, de MC
-La diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del PT
-La diputada Ali Sayuri Núñez Meneses, del PVEM
-El diputado Santiago Creel Miranda, del PAN
Desde la curul, para hacer moción de procedimiento, intervienen:
-El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del PT
-El diputado José Elías Lixa Abimerhi, del PAN
Durante la discusión en lo general, se expresa:
-La diputada Sonia Rocha Acosta, del PAN, a favor
En votación económica, se considera suficientemente discutido en lo general
La Presidencia informa a la Asamblea que la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto se realizará de viva voz, en términos a lo dispuesto por el artículo 138, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados
La Presidencia solicita a las diputadas y los diputados permanecer en sus curules y esperar al personal de apoyo para que emitan su voto de viva voz, indicando su nombre, grupo parlamentario y el sentido del voto. Una vez concluida, la Presidencia solicita a la secretaría proceder al cómputo de la misma y dar cuenta con el resultado
Aprobado por unanimidad, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento que la Cámara de Diputados aplicará durante las situaciones de emergencia y la contingencia sanitaria en las sesiones ordinarias y extraordinarias durante la LXV Legislatura. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación
El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe, en nombre propio y de diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia
La Presidencia instruye a la Secretaría, consultar a la asamblea si se considera de urgente resolución, se le dispensan los trámites, y se somete a discusión y votación de inmediato.Se considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites
Para sustentar sendas mociones suspensivas, participan:
-La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del PRI. No se toma en consideración
-El diputado Jorge Triana Tena, del PAN.No se toma en consideración
-El diputado Miguel Ángel Torres Rosales, del PRD.No se toma en consideración
-La diputada Mirza Flores Gómez, de MC.No se toma en consideración
Para fijar la postura de su grupo parlamentario, intervienen:
-La diputada Elizabeth Pérez Valdez, del PRD
-El diputado Salvador Caro Cabrera, de MC
-El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, del PT
-La diputada Sonia Mendoza Díaz, del PVEM
-El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, del PRI
-La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del PAN
-La diputada Lidia García Anaya, de Morena
Durante la discusión en lo general, se expresan:
-El diputado Gerardo Peña Flores, del PAN, en contra
-La diputada Aleida Alavez Ruiz, de Morena, a favor
-El diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño, del PRI, en contra
-La diputada María del Rocío Corona Nakamura, del PVEM, a favor
-La diputada Kathia María Bolio Pinelo, del PAN, en contra
-El diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de Morena, a favor
-La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del PRI, en contra
-La diputada Lilia Aguilar Gil, del PT, a favor
-El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, de MC, en contra
-El diputado Marco Rosendo Medina Filigrana, de Morena, a favor
-El diputado Marcelino Castañeda Navarrete, del PRD, en contra
-El diputado Mario Enrique Castañeda González, de Morena, a favor
Agotada la lista de oradores, se considera suficientemente discutido, en lo general
La Presidencia informa los artículos que se han reservado para su discusión en lo particular en relación con el proyecto de decreto
La Presidencia solicita a las diputadas y los diputados permanecer en sus curules y esperar al personal de apoyo para que emitan su voto de viva voz, indicando su nombre, grupo parlamentario y el sentido del voto. Una vez concluida, la Presidencia solicita a la secretaría proceder al cómputo de la misma y dar cuenta con el resultado
Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados del proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia
La Presidencia informa a la asamblea que, en virtud de que se han registrado 40 oradores de alrededor de 60 reservas al dictamen a discusión, se ha tomado la determinación de agrupar las reservas y hacer consideraciones en el tiempo de los oradores
Desde la curul, el diputado José Elías Lixa Abimerhi, del PAN, hace moción de procedimiento. La Presidencia hace aclaraciones
Durante la discusión en lo particular, presentan sus propuestas de modificación:
-La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres, del PAN, a los artículos 1, 4, 11, 12, 23, 28 y 47. No se admiten a discusión
-El diputado Fernando Torres Graciano, del PAN,>a los artículos 1 y 10. No se admiten a discusión
-El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del PT, a los artículos 3, 19, 33, 37, 40 y 41, quien durante su intervención retira sus propuestas relativas a los artículos 3 y 40. Se admiten a discusión
Para referirse a las propuestas de modificación, intervienen:
-La diputada Sandra Simey Olvera Bautista, de Morena, a favor
-El diputado José Elías Lixa Abimerhi, del PAN, en contra
-El diputado Leonel Godoy Rangel, de Morena, a favor
Desde la curul, para responder alusiones personales, se expresan:
-El diputado José Elías Lixa Abimerhi, del PAN
-El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, del PT
Continúan las intervenciones relativas a las propuestas de modificación:
-El diputado Jorge Álvarez Máynez, de MC, en contra
-La diputada Andrea Chávez Treviño, de Morena, a favor
-El diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del PAN, en contra
Suficientemente discutidas. Se aceptan y se reservan para su votación nominal en conjunto
-El diputado Santiago Torreblanca Engell, del PAN, a los artículos 5, 21, 22, 35 y 36. No se admiten a discusión
-El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del PRI, al artículo 5. No se admite a discusión
-El diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, de Morena, al artículo 5. No se admite a discusión
-El diputado Felipe Fernando Macías Olvera, del PAN, a los artículos 7 y 42. No se admiten a discusión
-La diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del PAN, a los artículos 7 y 37. No se admiten a discusión
-La diputada Gina Gerardina Campuzano González, del PAN, a los artículos 8, 9, 11 y 43. No se admiten a discusión
-La diputada Maribel Martínez Ruiz, del PT, retira su propuesta de modificación al artículo 8
-La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, de MC, a los artículos 9, 11 y 36. No se admiten a discusión
-El diputado Roberto Carlos López García, del PRI, al artículo 9. No se admite a discusión
-La diputada Yolanda de la Torre Valdez, del PRI, al artículo 10. No se admite a discusión
-La diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del PRI, al artículo 10. No se admite a discusión
-El diputado Mariano González Aguirre, del PRI, al artículo 11. No se admite a discusión
-La diputada Olga Luz Espinosa Morales, del PRD, a los artículos 12, 26, y 55. No se admiten a discusión
-La diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, del PRI, a los artículos 18 y 33. No se admiten a discusión
-El diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del PRD, al artículo 35. No se admite a discusión
-La diputada María Elena Limón García, de MC, a los artículos 24, 25, 26 y 38. No se admiten a discusión
-La diputada Sayonara Vargas Rodríguez, del PRI, a los artículos 27, 34 y 35. No se admiten a discusión
-La diputada Cynthia Iliana López Castro, del PRI, a los artículos 41 y 42. No se admiten a discusión
-La diputada Cristina Amezcua González, del PRI, al artículo 44. No se admite a discusión
-El diputado Reynel Rodríguez Muñoz, del PRI, al artículo 43. No se admite a discusión
-El diputado Mario Mata Carrasco, del PAN, una propuesta de adición de un artículo transitorio. No se admite a discusión
La Presidencia solicita a las diputadas y los diputados permanecer en sus curules y esperar al personal de apoyo para que emitan su voto de viva voz, indicando su nombre, grupo parlamentario y el sentido del voto. Una vez concluida la votación, la secretaría da cuenta con el resultado
Aprobados los artículos reservados, en términos del dictamen y con las modificaciones aprobadas por la asamblea
Se aprueba, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales
La Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, ordena que antes de que se devuelva la minuta con proyecto de decreto al Senado de la República, se realicen las correcciones que demanda el buen uso del lenguaje y la claridad del mismo, sin modificar lo aprobado por el pleno
La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en lo que establece el artículo 24, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, declara que han sido constituidos los siguientes grupos parlamentarios para la LXV Legislatura: Grupo Parlamentario de Morena, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
En consecuencia, a partir de la presente fecha se estará a lo que dispone el numeral 2 del artículo 24 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Publíquense los documentos constitutivos de los grupos parlamentarios en la Gaceta Parlamentaria
ASISTENCIA
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Solicito a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Se informa a la Presidencia que se tienen registrados 466 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (a las 21: 37 horas): Se abre la sesión ordinaria, correspondiente al miércoles primero de septiembre del año 2021.
ORDEN DEL DÍA
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXV Legislatura.
Miércoles 1 de septiembre de 2021
Acta de la sesión constitutiva.
Comunicaciones oficiales
De la Comisión Permanente
Comunica la clausura de su segundo receso del tercer año de ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
Remite acuerdos aprobados.
Del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles
Remite el Informe semestral de labores, correspondiente al periodo del 1 de diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021.
De las universidades del Mar; del Istmo; Autónoma Indígena de México; Intercultural del estado de Puebla; Interserrana del estado de Puebla-Chilchotla; e Interserrana del estado de Puebla-Ahuacatlán
Remiten los Informes semestrales de resultados de las auditorías externas realizadas a sus matrículas.
Del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel
De la Coordinación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
De la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra
De la Coordinación del Grupo Parlamentario de Morena
De la Cámara de Senadores
Remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones, para realizar adecuaciones presupuestarias, amplíe sustantivamente las asignaciones a los programas que benefician a las niñas, niños y adolescentes, en sus diferentes etapas: primera infancia, niñez y adolescencia, presentada por senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a seguir incrementando el monto del estímulo fiscal al Impuesto Sobre Producción y Servicios (IEPS), así como a extender la vigencia de esta medida transitoria, presentada por senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Remite proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2022, se incluyan los recursos para la conclusión y operación del proyecto del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, presentado por el senador José Alberto Galarza Villaseñor, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Solicitud de licencia de diputados
Toma de protesta de diputados
Minuta
Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para modernizar el sistema ferroviario bajo principios de eficiencia, justicia y transparencia.
Iniciativa del Congreso del Estado de Chihuahua
Con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 98 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Iniciativas de senadores
Con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso j) al artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el senador Juan Zepeda del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Remedios Solidarios para la Atención de la Pandemia por covid-19, presentada por senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso d) de la fracción XXV del artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo XII “De los pagos por Servicios de Enseñanza Correspondientes a los Tipos de Educación Básica y Media Superior” al Título VII “De los Estímulos Fiscales” de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentado por el senador Juan Antonio Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, presentada por senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley del Seguro Social, presentada por el senador Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.
Propuesta de acuerdos de los órganos de gobierno
Iniciativas
Con proyecto de decreto, por el que se expide el Reglamento que la Cámara de Diputados aplicará durante las situaciones de emergencia y la contingencia sanitaria en las sesiones ordinarias y extraordinarias durante la LXV Legislatura, suscrita por los coordinadores de los Grupos Parlamentarios.
Que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona los artículos 30 y 78 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 24 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Declaratoria de la constitución de los grupos parlamentarios para la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados.»
ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: En términos del artículo 96 del Reglamento, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión constitutiva.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: En votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al acta de la sesión constitutiva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión constitutiva de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión, celebrada el domingo veintinueve de agosto de dos mil veintiuno.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las once horas con treinta y tres minutos del domingo veintinueve de agosto de dos mil veintiuno, la secretaria general, Graciela Báez Ricárdez, informa que cuenta con la documentación relativa a las diputadas y diputados electos, las credenciales de identificación y acceso de los mismos, la lista completa de las y los legisladores que integrarán la Cámara y la identificación de la antigüedad en cargos de legislador federal de cada uno de ellos, de conformidad con lo establecido en el numeral tres del artículo quince de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, menciona a la y los siguientes diputados electos, a quienes corresponde integrar la Mesa de Decanos: Augusto Gómez Villanueva, como presidente; Carlos Francisco Ortiz Tejeda, Óscar Cantón Zetina, y Alberto Anaya Gutiérrez, como vicepresidentes; Leonel Godoy Rangel, Amalia Dolores García Medina, y Marco Humberto Aguilar Coronado, como secretarios; y los invita a ocupar sus lugares en el presídium.
Presidencia de la Mesa de Decanos Diputado Augusto Gómez Villanueva
La Presidencia, de conformidad a lo establecido en el artículo quince, numeral cuatro de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, instruye a la Secretaría efectúe la comprobación del quórum para realizar la sesión constitutiva.
Acto seguido, a las once horas con cuarenta y seis minutos, con la asistencia de cuatrocientos sesenta y cinco diputadas y diputados electos, el presidente de la Mesa de Decanos declara abierta la sesión constitutiva de la Cámara de Diputados de la Sexagésima Quinta Legislatura.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a las medidas de control y prevención ante el contagio del coronavirus covid-19, así como al orden del día.
Puestos todos de pie, el ciudadano Augusto Gómez Villanueva, rinde protesta como diputado y como presidente de la Mesa de Decanos, y posteriormente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral seis del artículo quince de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, toma la protesta de ley a las diputadas y diputados electos a la Sexagésima Quinta Legislatura.
La Presidencia de la Mesa de Decanos emite un mensaje a la Asamblea, con motivo de la constitución de la Sexagésima Quinta Legislatura de la Cámara de Diputados.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a los resolutivos de los siguientes acuerdos:
• Por el que se define la constitución de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión durante la Sexagésima Quinta Legislatura. De enterado, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
• Por el que se postula a las diputadas y diputados que habrán de integrar la Mesa Directiva para el primer año de ejercicio de la Sexagésima Quinta Legislatura. De enterado, publíquese en la Gaceta Parlamentaria.
Acto seguido, de conformidad con los artículos quince, numerales siete y ocho, y diecisiete, numerales uno, dos y tres de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se procede a la elección de la Mesa Directiva correspondiente al periodo mencionado a través de votación por cédula.
A continuación, la Presidencia informa a la Asamblea, la mecánica a seguir para que las diputadas y los diputados emitan su voto mediante cédula, la cual se realizará de la siguiente manera: en un primer momento, la Secretaría hará el llamado a las diputadas y los diputados mediante el sistema de audio instalado en el Palacio Legislativo, misma que se realizará en cuatro bloques compuestos por ciento veinticinco diputadas y diputados cada uno, los cuales estarán conformados de acuerdo a la letra inicial de su primer apellido, sin considerar el grupo parlamentario al que pertenezcan; por lo que solicita a la Asamblea estar atentos para que, en el momento que escuchen su nombre, las diputadas y los diputados pasen al frente de la Presidencia para recibir la cédula en donde emitirán su voto, una vez realizado lo anterior, se les solicitará depositar la cédula en la urna que se encuentra en la Secretaría de la Mesa de Decanos.
La Presidencia, a las doce horas con doce minutos, decreta un receso de quince minutos, con la finalidad de concluir la elaboración de las cédulas de votación.
A las doce horas con treinta y un minutos, la Presidencia reanuda la sesión.
La Presidencia, instruye a la Secretaría dar cuenta a la Asamblea con comunicación del diputado electo a la Sexagésima Quinta Legislatura, Rogelio Franco Castán. De enterado.
Una vez que todos los bloques de legisladores, han registrado el sentido de su voto, mediante cédula, la Presidencia instruye a la Secretaría dar cuenta a la Asamblea con el resultado final.
Por mayoría calificada de cuatrocientos noventa y un votos a favor, y una abstención, se aprueba el acuerdo por el que se postula a las diputadas y diputados que habrán de integrar la Mesa Directiva para el primer año de ejercicio de la Sexagésima Quinta Legislatura, misma que es integrada por las siguientes diputadas y diputados: Sergio Carlos Gutiérrez Luna, como presidente; Karla Yuritzi Almazán Burgos, Santiago Creel Miranda, y Marcela Guerra Castillo, como vicepresidentes; Brenda Espinoza López, Karen Michel González Márquez, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, Jasmine María Bugarín Rodríguez, Reginaldo Sandoval Flores, Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz, y María Macarena Chávez Flores, como secretarios. La Presidencia de la Mesa de Decanos hace la declaratoria respectiva e invita a los integrantes de la Mesa Directiva electa pasen a tomar posesión de sus cargos.
Presidencia del Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna
Puestos todos de pie, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna rinde protesta como presidente y acto seguido toma la protesta de los demás integrantes de la Mesa Directiva.
Puestos todos de pie, la Presidencia declara:
“Hoy veintinueve de agosto de dos mil veintiuno, la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente a la Sexagésima Quinta Legislatura, se declara legalmente constituida para el desempeño de sus funciones”.
Puestos todos de pie, se entona el Himno Nacional Mexicano.
El presidente instruye se comunique por escrito la constitución de Sexagésima Quinta Legislatura de la Cámara de Diputados y la integración de la Mesa Directiva, al presidente de la República, a la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Congresos de los estados, y al Congreso de la Ciudad de México.
Finalmente, la Presidencia emite un mensaje a la Asamblea, con motivo del inicio de la Sexagésima Quinta Legislatura.
La Presidencia levanta la sesión a las trece horas con treinta minutos y cita a la Sesión de Congreso General para la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la Sexagésima Quinta Legislatura, que tendrá lugar el próximo miércoles primero de septiembre de dos mil veintiuno, a las diecisiete horas, informando que el registro de asistencia estará disponible a partir de las quince horas, en las mesas de registro que, para tal efecto, se instalarán en el lobby del Salón de Sesiones.»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta de la sesión constitutiva.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el acta de la sesión constitutiva. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Aprobada el acta.
COMUNICACIONES OFICIALES
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Brenda Espinoza López: Se recibió oficio de la Comisión Permanente, por el que comunica la clausura de su segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Poder Legislativo Federal.– Comisión Permanente.
Secretarios de la Cámara de Diputados.– Presentes.
Me permito participarles que el día de hoy la Comisión Permanente clausuró su segundo receso del tercer año de ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura.
Atentamente
Ciudad de México, a 25 de agosto de 2021.– Senadora Elvia Marcela Mora Arellano (rúbrica), secretaria.»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: De enterado.
La secretaria diputada Brenda Espinoza López: Se recibieron de la Comisión Permanente dos acuerdos aprobados.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Poder Legislativo Federal.– Comisión Permanente.
Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.– Presentes.
Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, con el siguiente punto de acuerdo:
“ Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Turismo, de Hacienda y Crédito Público, y de Marina, así como a sus equivalentes locales en Quintana Roo, para que, en el ámbito de su competencia y ejercicio de sus facultades, intensifiquen las acciones orientadas a la prevención atención y combate oportuno a la problemática que ocasiona la llegada masiva de sargazo en el Caribe mexicano.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, considerando la naturaleza regional del problema del sargazo y su impacto en diversos países del Caribe y en las actividades económicas de origen multinacional, se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que promueva acciones que coadyuven a la resolución de la problemática y al aprovechamiento integral del sargazo.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Diputados y al Senado de la República para que, de conformidad con sus atribuciones, contemplen la problemática integral del sargazo y fomenten soluciones a la misma”.
Atentamente
Ciudad de México, a 25 de agosto de 2021.– Senadora Elvia Marcela Mora Arellano (rúbrica), secretaria.»
–––––––– o ––––––––
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Poder Legislativo Federal.– Comisión Permanente.
Secretarios de la Cámara de Diputados.– Presentes.
Me permito hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, con el siguiente punto de acuerdo:
“ Primero. En el marco de la conmemoración de los 500 años de la conquista, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, hace un pronunciamiento para reconocer el heroísmo del pueblo y gobierno de la histórica ciudad México-Tenochtitlan en su defensa contra la invasión española durante el asedio del 26 de mayo al 13 de agosto de 1521.
Segundo. En el marco de la conmemoración de los 500 años de la conquista, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como al Congreso de la Ciudad de México para que, con respeto a su autonomía y en el ámbito de sus respectivas competencias, consideren la conveniencia de otorgar el título de ‘Heroica’ a la Ciudad de México, en reconocimiento al pueblo y gobierno de la histórica ciudad México-Tenochtitlan, en su defensa contra la invasión española durante el asedio del 26 de mayo al 13 de agosto de 1521”.
Atentamente
Ciudad de México, a 25 de agosto de 2021.– Senadora Elvia Marcela Mora Arellano (rúbrica), secretaria.»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
La secretaria diputada Brenda Espinoza López: Se recibió del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles el informe semestral de labores, correspondiente al periodo del primero de diciembre de 2020 al 31 de mayo del 2021.
«Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles.
Diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a la fracción XV del artículo 311 de la Ley de Concursos Mercantiles, en mi carácter de director general del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, presento a esa honorable asamblea, informe semestral de labores del Instituto, correspondiente al periodo del 1 de diciembre de 2020 al 31 de mayo de 2021.“”
Atentamente
Ciudad de México, 26 de agosto de 2021.– (Firmado Electrónicamente) Édgar Manuel Bonilla del Ángel, director general.»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para su conocimiento.
La secretaria diputada Brenda Espinoza López: Se recibieron de diversas instituciones educativas los informes semestrales de resultados de las auditorías externas a sus matrículas.
«Universidad del Mar.
Diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputadosdel honorable Congreso de la Unión.– Presente.
Por instrucciones del doctor Modesto Seara Vázquez, rector de la Universidad del Mar, y en cumplimiento de lo señalado en la fracción III del artículo 34 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2020, y dado que el acuse de recepción de mi similar de fecha 7 de julio del año en curso es poco legible, y con la finalidad de no incurrir en faltas por cuestión de omisión, sírvase encontrar el informe de la matrícula consolidada de aspirantes, nuevo ingreso y reingreso, correspondiente al segundo trimestre abril-junio de 2021 y primer semestre enero-junio de 2021, con corte al 25 de junio del año en curso, se anexa copia del informe semestral de resultados de la matrícula al mes de marzo de 2021, el cual también se encuentra publicado en el sitio web oficial de la Universidad del Mar (www.umar.mx).“”
Sin más por el momento y en espera de haber cumplido satisfactoriamente con esta obligación, me es grato enviarle cordiales saludos.
Atentamente
“Mare nostrum veritabile faciendum”
Puerto Ángel, Oaxaca, a 23 de agosto de 2021.– LCE José Luis Ramos Espinoza (rúbrica), vicerrector de Administración.»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Túrnese a las Comisiones de Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La secretaria diputada Brenda Espinoza López: «Universidad del Istmo.
Diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura.– Presente.
Por instrucciones del doctor Modesto Seara Vázquez, rector de la Universidad del Istmo (Unistmo), y en cumplimiento de lo señalado en la fracción III del artículo 34 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercido Fiscal de 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2020, anexo al presente le envío un cuadernillo conteniendo el dictamen de la auditoría externa practicada a la matrícula de esta institución educativa, el cual también se encuentra publicado en el sitio web oficial de la Universidad del Istmo www.unistmo.edu.mx.“”
Derivado de las instrucciones por la contingencia a causa de la pandemia del Covid-19, siguiendo los lineamientos de las autoridades de Salud del gobierno federal, se envía escaneado al siguiente correo: adela.pina@diputados.gob.mx
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad Ixtepec, Oaxaca, a 9 de abril de 2021.– LCE Eugenio Cortés Hernández (rúbrica), vicerrector administrativo.»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Túrnese a las Comisiones de Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La secretaria diputada Brenda Espinoza López: «Universidad Autónoma Indígena de México.
Diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Mesa Directiva del honorable Congreso de la Unión.– Presente.
Con un atento saludo se envía, en archivo adjunto PDF, informe de matrícula auditada por el despacho de contadores públicos Valenzuela Mayorquín y Asociados, SC, correspondiente al primer semestre de 2021, dando así cumplimiento a lo establecido en el título cuarto, capítulo II, artículo 34, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021.“”
Sin otro particular, le reitero mi más atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Los Mochis, Sinaloa, a 19 de agosto de 2021.– Maestro Ignacio Flores Ruiz (rúbrica), rector.»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Túrnese a las Comisiones de Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La secretaria diputada Brenda Espinoza López: «Universidad Intercultural del Estado de Puebla.
Maestra Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública.– Presente.
Respetada secretaria, por este medio reciba un fraternal saludo de la comunidad universitaria intercultural del estado de Puebla, ocasión que aprovecho para remitir a la dirección a su digno cargo la auditoría externa de matrícula correspondiente al primer semestre del ejercicio fiscal de 2021, efectuada en nuestra casa de estudios de manera virtual por los especialistas en gestión industrial y educativa MindfaQturing, a fin de dar cumplimiento a lo que establece el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021, en el título cuarto, capítulo II, artículo 34, fracción III, que a la letra señala que “Las instituciones públicas de educación superior estarán obligadas a la práctica de auditoría externa de su matrícula, debiendo enviar los resultados de ésta, así como un informe semestral específico sobre la ampliación de la misma, tanto a la Cámara de Diputados como a la Secretaría de Educación Pública”.
Por lo anterior se anexa al presente el dictamen de la auditoría de matrícula y el informe semestral de la variación de la matrícula.“”
Sin más por el momento, agradezco su atención y quedo de usted.
Atentamente
Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla, a 5 de agosto de 2021.– Maestro Guillermo Garrido Cruz (rúbrica), rector.»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Túrnese a las Comisiones de Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La secretaria diputada Brenda Espinoza López: «Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla.
Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.– Presente.
Por este conducto me permito enviar un cordial saludo, asimismo y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 34, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021, anexo de forma impresa el informe de resultados de la auditoría externa a la matricula febrero-julio del ciclo escolar 2020-2021 de la Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla, realizada por AJ Corporativo Consultores Empresariales y de Gobierno, representado por el contador público certificado José Concepción Barragán Larios.
Esta información se encuentra disponible en el apartado de transparencia de la Dirección de Planeación y Evaluación en la página web con la liga:
http://uich.edu.mx/
Sin otro particular quedo a sus apreciables órdenes.
Atentamente
Chilchotla, Puebla, a 25 de agosto de 2021.– Licenciado César Eduardo Romero González (rúbrica), director de Planeación y Evaluación.»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Túrnese a las Comisiones de Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La secretaria diputada Brenda Espinoza López: «Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán.
Diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta del honorable Congreso de la Unión.– Presente.
Con el gusto de saludarle y en atención a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021, en su título cuarto, capítulo II, artículo 34, fracción III, que a la letra señala:
“Las instituciones públicas de educación superior estarán obligadas a la práctica de auditoría externa de su matrícula, debiendo enviar los resultados de ésta, así como un informe semestral específico sobre la ampliación de la misma, tanto a la Cámara de Diputados como a la Secretaría de Educación Pública”.
Al respecto hago llegar adjunto el informe de matrícula auditada correspondiente al primer semestre de 2021 de la Universidad Interserrana del Estado de Puebla Ahuacatlán.“”
Es pertinente mencionar que el mes de enero de 2022 se presentará el informe correspondiente al segundo semestre 2021.
Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes.
Atentamente
Ahuacatlán, Puebla, a 25 de agosto de 2021.– Yuriana Nava Vergara (rúbrica), directora general y rectora.»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Túrnese a las Comisiones de Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
La secretaria diputada Brenda Espinoza López: Se recibió oficio del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, por el que comunica la intención de incorporarse al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Diputados.– LXV Legislatura.
Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.– Presente.
El suscrito, Francisco Javier Huacus Esquivel, diputado federal electo por mayoría relativa, en el distrito 12 de Apatzingán, Michoacán, con fundamento en los artículos 90, primer párrafo; 35, fracción III; 51 y los párrafos segundo y tercero del artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 14, numeral 4, y 26, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; manifiesto mi libre voluntad de formar parte como integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para los trabajos legislativos de la Cámara de Diputados en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión.
Sin más por el momento, agradezco sinceramente la atención prestada a la solicitud expresada en este documento y aprovecho la ocasión para enviarle un saludo fraternal, no sin antes reiterarle la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.
No omito manifestarle que para cualquier duda o aclaración se puede comunicar con la licenciada Zaira Lucero Piña Martínez al número celular 55 3848 1627.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de agosto de 2021.– Diputado Francisco Javier Huacus Esquivel (rúbrica).»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: De enterado.
La secretaria diputada Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz: Se recibió oficio de la Coordinación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que comunica la incorporación del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel a este Grupo Parlamentario.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Diputados.– LXV Legislatura.
Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.– Presente.
Por medio de la presente y con fundamento en el numeral 2 del artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, así como en la fracción XII del artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito informarle que a partir del 29 de agosto de 2021, el diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, se incorpora a nuestro Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados.
Lo anterior para los efectos legales parlamentarios y administrativos a que haya lugar.
Agradeciendo de antemano la atención, le reitero la seguridad de mis consideraciones.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de agosto de 2021.– Diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica), coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: De enterado. Actualícense los registros parlamentarios.
La secretaria diputada Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz: Se recibió oficio de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, por el que comunica la intención de incorporarse al Grupo Parlamentario de Morena.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Diputados.– LXV Legislatura.
Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.– Presente.
La que suscribe, diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, integrante de la LXV legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción XII, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito informarle mi intención por dejar de formar parte del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, asimismo, solicito mi incorporación al Grupo Parlamentario de Morena.
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de septiembre del 2021.– Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica).»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: De enterado.
La secretaria diputada Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz: Se recibió oficio de la Coordinación del Grupo Parlamentario de Morena, por el que comunica la incorporación de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra a este grupo parlamentario.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Poder Legislativo Federal.– Cámara de Diputados.
Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.– Presente.
A través de este medio con fundamento a los numerales 1 y 2 del artículo 16 del Reglamento de la Cámara de Diputados, respetuosamente le comunico que, a partir del 1 de septiembre de 2021, Olga Juliana Elizondo Guerra se incorpora al ejercicio del cargo de diputada federal.
Sin otro particular, agradeciendo la atención, que brinde a la presente, reciba un coordial saludo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de septiembre de 2021.– Diputado Moisés Ignacio Mier Velasco (rúbrica), coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: De enterado. Actualícense los registros parlamentarios.
La secretaria diputada Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz: La Cámara de Senadores remite dos proposiciones con puntos de acuerdo por los que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizar adecuaciones presupuestarias a diversos grupos.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores.
Secretarios de la Cámara de Diputados.– Presentes.
Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que, en el ámbito de sus atribuciones, se realicen adecuaciones presupuestarias, amplíe sustantivamente las asignaciones a los programas que benefician a las niñas, niños y adolescentes, en sus diferentes etapas: primera infancia, niñez y adolescencia.“”
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Ciudad de México, a 29 de abril de 2021.– Senadora María Mercedes González González (rúbrica), secretaria.»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su atención.
La secretaria diputada Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores.
Secretarios de la Cámara de Diputados.– Presentes.
Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a seguir incrementando el monto del estímulo fiscal al impuesto sobre producción y servicios (IEPS), así como a extender la vigencia de esta medida transitoria, a fin de apoyar la capacidad de compra de las familias mexicanas, respaldar la recuperación de pequeñas y medianas empresas e incentivar la urgente reactivación de la economía nacional.“”
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Ciudad de México, a 29 de abril de 2021.– Senadora María Mercedes González González (rúbrica), secretaria.»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su atención.
La secretaria diputada Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz: La Cámara de Senadores remite proposición con punto de acuerdo por el que solicita que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2022, considere y destine recursos para la conclusión y operación del proyecto del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, presentado por el senador José Alberto Galarza Villaseñor, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores.
Secretarios de la Cámara de Diputados.– Presentes.
Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador José Alberto Galarza Villaseñor, del Grupo Parla-mentario de Movimiento Ciudadano, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 2022, se incluyan los recursos para la conclusión y operación del proyecto del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara.“”
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Ciudad de México, a 20 de abril de 2021.– Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica), secretaria.»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
SOLICITUDES DE LICENCIA
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Solicito a la Secretaría dar cuenta con las solicitudes de licencia.
La secretaria diputada Jasmine María Bugarín Rodríguez:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Diputados.– LXV Legislatura.
Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.– Presente.
El suscrito, diputado Miguel Pavel Jarero Velázquez, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción XVI; artículo 12, fracción V, y del artículo 13 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ante usted con el debido respeto, solicito licencia al ejercicio de mi cargo como diputados federal de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, por un tiempo indefinido, a partir del 1 de septiembre de dos mil veintiuno.
Lo anterior con el objeto de que sea sometida a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, en su caso, en la siguiente sesión de ese órgano legislativo.
Sin otro particular, le reitero la más alta de mis consideraciones distinguidas.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de septiembre de 2021.– Diputado Miguel Pavel Jarero Velázquez (rúbrica).»
–––––––– o ––––––––
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Diputados.– LXV Legislatura.
Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.– Presente.
Por el presente escrito, con base en la fracción XVI, numeral 1 del artículo 6° y la fracción II del numeral 1, del artículo 12, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito licencia en el cargo que actualmente desempeño de manera indefinida a partir del día 1 de septiembre de 2021.
Sin otra cuestión en particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 29 de agosto de 2021.– Diputado Mario Alberto Torres Escudero (rúbrica).»
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Miguel Pavel Jarero Velázquez para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el primer distrito electoral del estado de Nayarit, a partir de esta fecha.
Segundo. Se concede licencia, por tiempo indefinido, al diputado Mario Alberto Torres Escudero, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en la tercera circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.
Tercero. Llámese a los suplentes.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría, en votación económica, si son de aprobarse.
La secretaria diputada Jasmine María Bugarín: En votación económica, se consulta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Aprobadas. Comuníquense.
TOMA DE PROTESTA
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Honorable asamblea, se encuentran a las puertas de este salón de sesiones las ciudadanas y los ciudadanos Santy Montemayor Castillo, diputada federal electa en la tercera circunscripción plurinominal; Félix Durán Ruiz, diputado federal electo en el distrito electoral 1 del estado de Nayarit; Jesús Estrada, diputado federal electo por la tercera circunscripción plurinominal; Bruno Blancas Mercado, diputado federal electo en el distrito electoral 5 del estado de Jalisco; y Ana Laura Valenzuela Sánchez, diputada electa en la cuarta circunscripción plurinominal.
Se designa en comisión para que las y los acompañen al acto de rendir protesta, a las siguientes diputadas y diputados. Karen Castrejón Trujillo, Kevin Angelo Aguilar Piña, Laura Lynn Fernández Piña, Pedro Armentia López, Luis Alberto Mendoza Acevedo y Alberto Villa Villegas.
La secretaria diputada Jasmine María Bugarín: Se pide a la comisión cumplir con este encargo, observando las medidas de sana distancia, para prevenir riesgos de contagio. Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Ciudadanos Santy Montemayor Castillo, Félix Durán Ruiz, Jesús Estrada, Bruno Blancas Mercado y Ana Laura Valenzuela Sánchez, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada y diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?
Las ciudadanas Santy Montemayor Castillo y Ana Laura Valenzuela Sánchez y los ciudadanos Félix Durán Ruiz, Jesús Estrada y Bruno Blancas Mercado: Sí, protesto.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Si así no lo hicieren, que la nación se los demande. Felicidades, diputadas y diputados, bienvenidos a esta LXV Legislatura. Pueden tomar asiento.
MINUTAS
LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Jasmine María Bugarín: La Cámara de Senadores remite minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para modernizar el sistema ferroviario bajo principios de eficiencia, justicia y transparencia.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores.
Secretarios de la Cámara de Diputados.– Presentes.
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para modernizar el sistema ferroviario bajo principios de eficiencia, justicia y transparencia, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.
Atentamente
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 29 de abril de 2021.– Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, secretaria.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores.
PROYECTO DE DECRETO CS-LXIV-III-2P-046
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVIARIO, PARA MODERNIZAR EL SISTEMA FERROVIARIO BAJO PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA.
Artículo Único. Se reforman las fracciones V, X, XI, XII, XVI y XVIII del artículo 6 Bis; el párrafo primero y la fracción IV del artículo 11;el párrafo primero y tercero del artículo 35; el artículo 36 Bis; el párrafo segundo y el actual párrafo cuarto del artículo 46; el artículo 47; la denominación del actual Capítulo X “De la Verificación” para quedar como “Del monitoreo y la verificación”; el artículo 57; las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII, IX, X y XI del párrafo primero, y los actuales párrafos segundo y tercero del artículo 59; y el artículo 62; y se adicionan las fracciones VII Bis, VII Ter, X Bis y X Ter al artículo 2; un párrafo segundo, tercero y cuarto al artículo 19; un párrafo cuarto recorriéndose el actual párrafo cuarto para quedar como quinto y un párrafo sexto al artículo 24; un párrafo cuarto al artículo 35; un artículo 36 Quáter; un párrafo tercero recorriéndose el actual párrafo tercero para quedar como cuarto, un quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno recorriéndose el actual párrafo cuarto para quedar como décimo y los párrafos decimoprimero, decimosegundo y decimotercero al artículo 46; un artículo 56 Bis; un artículo 58 Bis; las fracciones V Bis, IV Ter, XII, XIII, XIV, XV, XVI , XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXVIII al párrafo primero, los párrafos segundo y tercero, recorriéndose el actual párrafo segundo para quedar como cuarto, un párrafo quinto recorriéndose el actual párrafo tercero para quedar como sexto, y un párrafo séptimo al artículo 59; un artículo 59 Bis de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para quedar como sigue:
Artículo 2. ...
I. a VII. ...
VII Bis. Modelo de Costos Ferroviario: modelo para estimar los costos de los movimientos y actividades del servicio ferroviario, que la Agencia deberá utilizar para las funciones establecidas en esta ley;
VII Ter. Permisionario: Titular del permiso a que se refiere el artículo 15 de esta ley;
VIII. y IX. ...
IX Bis. Sistema Uniforme de Cuentas: Sistema de cuentas que provee instrucciones que los concesionarios y permisionarios deben seguir para realizar sus registros contables y de estadísticas operativas, y define los códigos y las categorías de las cuentas que deben utilizar para dichos registros. La información relacionada con este sistema será entregada a la Agencia en los términos que determine esta ley;
IX Ter. Servicios y Cargos Diversos: Aquellos que podrá prestar el concesionario, asignatario y permisionario de manera complementaria al Servicio Público de Transporte Ferroviario, los cuales podrían ser entre otros, almacenaje, demoras, derecho de piso, Arrastre dentro de la Terminal, renta de Equipo Tractivo y de grúas, detención en tránsito y limpieza del Equipo de Arrastre;
X. a XIII. ...
Artículo 6 Bis. Corresponde a la Agencia el ejercicio de las atribuciones siguientes:
I. a III. ...
Establecer bases de regulación tarifaría y fijar las tarifas del servicio público de transporte ferroviario cuando no existan condiciones de competencia efectiva;
V. a IX. ...
X. Registrar las tarifas máximas de flete, para los efectos previstos en el artículo 46,así como verificar que dichas tarifas permitan prestar el servicio público de transporte de carga ferroviario en condiciones satisfactorias de calidad, eficiencia, competitividad, seguridad, permanencia, uniformidad y equidad, en los términos establecidos en esta ley y demás disposiciones aplicables;
XI. Registrar los servicios diversos, sus reglas de aplicación y sus tarifas, cualquier otro cargo, así como verificar que estas reglas y tarifas permitan prestar el servicio público de transporte de carga ferroviario en condiciones satisfactorias de calidad, eficiencia, competitividad, seguridad y permanencia, uniformidad y equidad, en los términos establecidos en esta ley y demás disposiciones aplicables;
XII. Elaborar, registrar y publicar la estadística de los indicadores referentes a los servicios, eficiencia operativa, administrativa y de atención que deberán prestar a los usuarios, considerando los criterios o principios que sean reconocidos internacionalmente para tal efecto, así como los demás que deriven de la aplicación de esta ley;
XIII. a XV. ...
XVI. Realizar estudios e investigaciones en materia ferroviaria y emitir resoluciones, lineamientos y disposiciones de observancia obligatoria para los concesionarios, permisionarios y usuarios de los servicios ferroviarios. Asimismo, deberá emitir:
a) Los formatos y lineamientos para registrar tarifas máximas ante la Agencia, en términos del artículo 46 de esta ley;
b) Los lineamientos a través de los cuales la Agencia determinará la existencia de indicios de explotación de precios, tratándose de tarifas aplicables a servicios, así como a contraprestaciones aplicables a derechos de paso;
c) Los lineamientos para la determinación y evaluación de la eficiencia operativa, administrativa y de atención a que los concesionarios están obligados a cumplir, y
d) Los lineamientos para la generación de información estadística sobre niveles de cumplimiento en niveles de servicio.
XVII. ...
XVIII. Expedir y administrar el Sistema Uniforme de Cuentas y el Modelo de Costos Ferroviario, así como solicitar a los concesionarios todo tipo de información que permita el ejercicio de sus atribuciones. La información que se solicite podrá incluir, entre otras, la relativa a los criterios que los concesionarios utilicen para la determinación de las tarifas y para la aplicación de descuentos; información respecto de las vías operadas por cada concesionario; características y condiciones de convenios celebrados entre concesionarios o entre éstos y los usuarios. Cuando la información sea solicitada por casos de incumplimiento, los concesionarios contarán exclusivamente con 10 días hábiles para hacer entrega de ella, con máximo una única prórroga justificada por un plazo igual, y
XIX. ...
...
Artículo 11. Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de 30 años, y podrán ser prorrogadas, en una o varias ocasiones, hasta por un plazo que en total no exceda de 30 años, siempre que el concesionario:
I. a III. ...
IV. Hubiera realizado el mejoramiento de las instalaciones y la calidad de los servicios prestados durante la vigencia de la concesión, de acuerdo con las verificaciones sistemáticas practicadas conforme a los indicadores de eficiencia, seguridad y los demás que se determinen en los reglamentos respectivos y demás disposiciones aplicables.
Artículo 19. Los concesionarios o permisionarios en ningún caso podrán ceder, ni en forma alguna gravar, transferir o enajenar la concesión o el permiso, los derechos en ellos conferidos, así como los bienes afectos a la concesión, a ningún gobierno o Estado extranjero.
Los concesionarios y permisionarios estarán impedidos a negar el servicio público de transporte ferroviario de carga a cualquier usuario que se los solicite y no deberán realizar actos que resulten discriminatorios en contra de algún usuario o concesionario, a través de cualquier vía: oportunidad, calidad o precio. Se considerará que existe trato discriminatorio cuando el trato que se le dé a algún agente sea menos favorable que el prestado a otro agente en circunstancias similares.
En ningún caso, los concesionarios podrán generar procesos administrativos adicionales innecesarios en los puntos de interconexión que generen actos discriminatorios al prestar el servicio de interconexión, de tal forma que, en las interconexiones ,los carros tendrán la misma prioridad, secuencia y trato, como si se trataran de carros del concesionario que sea titular de la vía en que se encuentre el derecho de paso.
Para evaluar y, en su caso, sancionar el incumplimiento a las obligaciones establecidas en este artículo, la Agencia podrá solicitar a los concesionarios cualquier información que considere necesaria.
Artículo 24. ...
...
...
La Agencia será la encargada de publicar trimestralmente la información estadística sobre el cumplimiento con los niveles de servicio, eficiencia operativa, administrativa y de atención a que los concesionarios están obligados.
Los servicios ferroviarios podrán interrumpirse total o parcialmente, previa autorización por parte de la Secretaría, por:
I. a IV. ...
Salvo el caso establecido en la fracción II anterior, mismo que, para su interrupción, no requerirá de la autorización previa; no obstante, el concesionario deberá dar aviso a la Secretaría dentro de las 3 horas siguientes al evento.
Artículo 35. Los concesionarios, a cambio de una contraprestación previamente convenida, deberán prestar a otros concesionarios los servicios de interconexión, derecho de arrastre, de terminal y servicios diversos requeridos para la prestación del servicio público de transporte ferroviario.
...
Para determinar los criterios o principios para fijar las condiciones y contraprestaciones a que se refiere este artículo, la Agencia podrá solicitar la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica. Los concesionarios deberán remitir a la Secretaría copia de los convenios que celebren en términos del presente artículo.
Para fijar las contraprestaciones a que se refiere el párrafo anterior, la Agencia utilizará como base el Modelo de Costos Ferroviario.
Artículo 36 Bis. Cuando la Agencia sea notificada de la resolución, por medio de la cual la Comisión Federal de Competencia Económica determine la ausencia de condiciones de competencia efectiva en cierta ruta o trayecto, siempre que medie la petición de un concesionario, la Agencia deberá establecer nuevos derechos de paso, así como las condiciones y contraprestaciones que resultarán aplicables.
Para determinar los criterios o principios para fijar las condiciones y contraprestaciones a que se refiere este artículo, la Agencia considerará los criterios o principios que sean reconocidos internacionalmente para derechos de paso y podrá solicitar la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica.
Para fijar las contraprestaciones a que se refiere el párrafo anterior, la Agencia utilizará como base el Modelo de Costos Ferroviario.
Artículo 36 Quáter. Los concesionarios en cuyas vías existan derechos de paso otorgados a otros concesionarios, tendrán la obligación de reportar trimestralmente a la Agencia al menos la siguiente información:
I. Nombre de los usuarios o del concesionario en favor del cual se otorgó el derecho de paso;
II. Señalamiento sobre si la contraprestación fue establecida con el concesionario de origen o con el usuario;
III. Contraprestación pactada con cada usuario o en su caso con un concesionario, así como reglas de aplicación;
IV. Información de cada flete transportado mediante el uso del derecho de paso (usuario, producto, volumen transportado, contraprestación total pagada, contraprestación unitaria aplicada, número de carros involucrados en fleto, momento de llegada del flete origen, momento de interconexión, tiempo en que los carros tuvieron que encontrarse en algún tiempo, maniobras requeridas y costo de éstas, aspectos administrativos aplicados);
V. Información sobre cotizaciones de contraprestación, que no llegaron a un acuerdo, indicando motivo por el cual las partes no llegaron a un acuerdo, y
VI. En caso de que el derecho de paso no se encuentre en uso o con un nivel de uso limitado, señalar las razones por las que el concesionario considera que el o los derechos de paso que se encuentran en la vía concesionada al mismo no están siendo utilizados.
Por su parte, los concesionarios, que mantengan en su favor derechos de paso sobre otras vías, tendrán la obligación de reportar trimestralmente a la Agencia la siguiente información:
I. Nombre de los usuarios o del concesionario en favor del cual se otorgó el derecho de paso;
II. Señalamiento sobre si la contraprestación fue establecida entre concesionarios o entre el concesionario de la vía en que se encuentra el derecho de paso y el usuario;
III. Contraprestación pactada con el concesionario otorgante del derecho de paso;
IV. Información de cada flete transportado mediante el uso del derecho de paso (usuario, producto, volumen transportado, contraprestación total pagada, contraprestación unitaria aplicada, número de carros involucrados en fleto, momento de llegada del flete origen, momento de interconexión, tiempo en que los carros tuvieron que encontrarse en algún tiempo, maniobras requeridas y costo de éstas, aspectos administrativos aplicados);
V. Información sobre cotizaciones de contraprestación, que no llegaron a un acuerdo; indicando motivo por el cual las partes no llegaron a un acuerdo, y
VI. En caso de que el o los derechos de paso que el concesionario tiene derecho a utilizar no sean usados o tengan un uso limitado, señalar las razones por las que el concesionario considera que el o los derechos de paso que tiene derecho a utilizar no son utilizados.
La Agencia podrá requerir información adicional a los concesionarios sobre el uso de derechos de paso, si considera que ello es necesario para vigilar y garantizar la eficiencia del servicio ferroviario.
Se considerará que un derecho de paso se utiliza mínimamente cuando se haya utilizado en una proporción igual o menor a veinte por ciento del tráfico total que haya utilizado el tramo respectivo.
Asimismo, en caso de identificar indicios de ausencia de condiciones de competencia efectiva, en términos del artículo 47 de esta ley, la Agencia deberá solicitar a la Comisión Federal de Competencia Económica el inicio de un procedimiento para evaluar la ausencia de condiciones de competencia efectiva y/o la existencia de insumos esenciales o barreras a la competencia.
La Agencia deberá publicar un informe anual en el que determine el nivel de uso de los derechos de paso existentes en el sistema ferroviario; lo cual deberá publicarse antes de que finalice el primer mes calendario de cada año. Este informe deberá describir las acciones que la Agencia ha realizado y hará para promover la eficiencia del sistema ferroviario, mediante el uso de los derechos de paso.
Artículo 46. ...
Los concesionarios y permisionarios cada dos años registrarán ante la Agencia, previo a su entrada en vigor, las tarifas máximas aplicables a la prestación del servicio público de transporte ferroviario, servicios auxiliares y a la prestación de los servicios diversos, atendiendo a las características específicas de cada servicio, debiendo publicarlas en medios electrónicos. Cualquier tarifa pactada en lo particular entre un concesionario y usuarios, deberá estar disponible en todo momento a petición de la Agencia.
Los concesionarios registrarán sus tarifas, bajo los formatos y lineamientos que para estos efectos emita la Agencia.
...
Específicamente, los concesionarios registrarán sus tarifas con al menos la siguiente información:
I. Tarifa de transporte de carga;
II. Desglose de todos los componentes de la tarifa de transporte de carga, así como cargos adicionales, incluyendo cargos por combustible, cargos de renta diaria de carros, cargos por demora, cargos por derechos de piso y otros cargos que pudieran aplicar;
III. Metodología utilizada para calcular cada uno de los componentes de la tarifa de transporte de carga, y cargos adicionales, incluyendo el cargo por combustible, la renta diaria de carros, cargos por demora y derechos de piso y otros cargos que pudieran aplicar;
IV. Tarifa integrada, incluyendo el desglose de todos sus componentes;
V. Cargos adicionales, incluyendo la definición clara del concepto a que se refiere cada cargo adicional;
VI. Reglas de aplicación de cada concepto incluyendo las excepciones que el usuario podrá ejercer para eliminar el cargo o acceder a una reducción de la tarifa de transporte de carga, y
VII. Procesos de reclamación de que dispone el usuario, los tiempos en los cuales debe ejercerlos, así como los tiempos máximos en los que el concesionario deberá dar respuesta a la petición de aclaración o reclamación.
La Agencia podrá, en cualquier caso, solicitar información adicional sobre cualquier servicio, antes del registro de su tarifa respectiva.
Cualquier metodología dirigida a que el concesionario traslade al usuario el costo de un elemento que pueda variar en el tiempo, deberá darse a conocer al usuario y deberá ser proporcional para únicamente permitir el traslado del costo respectivo, pero no cobros adicionales o desproporcionales.
Previo a registrar las tarifas de los concesionarios, la Agencia deberá emitir una opinión de conveniencia dirigida a los concesionarios, mediante la cual la Agencia indicará al concesionario si las tarifas máximas y reglas a registrar podrían limitar la eficiencia de la red ferroviaria. Para emitir la opinión de conveniencia la Agencia utilizará como base el Modelo de Costos Ferroviario. Emitida la opinión de conveniencia, los concesionarios podrán modificar las tarifas y/o reglas a registrar, o solicitar que sean registrar las tarifas y/o reglas que inicialmente fueron presentadas ante la Agencia.
La Agencia deberá solicitar a la Comisión Federal de Competencia Económica que determine si hay ausencia de condiciones de competencia efectiva, en cierta ruta o rutas producto-origen-destino, si al emitir la opinión de conveniencia, o en cualquier momento en el ejercicio de sus atribuciones, la Agencia identifica que un concesionario se encuentra explotando precios; según sea definido en los lineamientos que para estos efectos emita la Agencia.
Cualquier modificación a las tarifas máximas de servicios diversos y cargos, así como modificaciones a las metodologías registradas, deberá ser registrada ante la Agencia antes de su aplicación, debiendo el concesionario o permisionario acompañar la justificación correspondiente. Previo al registro de esta modificación, la Agencia deberá de emitir una Opinión de conveniencia y proceder en los términos de los párrafos anteriores, según resulte aplicable. La Agencia podrá emitir recomendaciones respecto de los incrementos propuestos. Asimismo, la Agencia podrá, en cualquier momento, en caso de estimarlo conveniente, solicitar la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica para que proceda en términos de sus facultades.
En la aplicación de las tarifas de transporte de carga, los concesionarios y permisionarios estarán obligados a separar cada uno de los componentes de la misma, así como su metodología de cálculo. Para estos efectos, los concesionarios deberán separar los componentes de la tarifa originados dentro y fuera del territorio nacional conforme a los lineamientos que emita la Agencia.
Todos los concesionarios estarán obligados a separar de una ruta de tráfico interlineal los componentes de las tarifas que correspondan a los tramos del concesionario de origen y el concesionario de destino o, en su caso, aplicarán sólo la tarifa acordada con el usuario únicamente por la porción del tramo total que le corresponda en caso de que el usuario haya optado por este tipo de acuerdo segmentado conforme al artículo 36 Ter de esta ley.
En caso de que el usuario solicite con el concesionario de origen o destino la aplicación de la tarifa integrada por la totalidad de la ruta, el concesionario de origen o de destino, según corresponda, estará obligado a integrar el total de costos de los concesionarios participantes en la ruta para realizar la gestión administrativa y acuerdo comercial requerido.
Artículo 47. La Agencia fijará las tarifas del servicio público de transporte ferroviario cuando la Comisión Federal de Competencia Económica determine que no existen condiciones de competencia efectiva.
Para los efectos del párrafo anterior, previa audiencia de las partes, la Agencia con base en el Modelo de Costos Ferroviario fijará las tarifas conforme a las cuales deberá prestarse el servicio público para el usuario solicitante, garantizando en todo momento la eficiencia del servicio.
A petición de algún usuario, la Agencia podrá establecer derechos de paso, en lugar de fijar las tarifas en la ruta producto-origen-destino de que se trate, dicha petición deberá atenderse por parte de la Agencia incluso si ya se fijaron las tarifas, en cuyo caso, éstas primeras no serán aplicables al transporte de carga que utilice el usuario que presentó la solicitud.
Las tarifas deberán establecerse según lo estipulado por el Reglamento, teniendo el carácter de tarifas máximas y se mantendrán mientras subsistan las condiciones que la motivaron.
Capítulo X Del monitoreo y la verificación
Artículo 56 Bis. La Agencia expedirá y administrará el Sistema Uniforme de Cuentas y el Modelo de Costos Ferroviario.
Los concesionarios tendrán la obligación de entregar a la Agencia la información derivada del Sistema Uniforme de Cuentas que sea determinada mediante lineamientos, la cual será utilizada para la expedición y administración del Modelo de Costos Ferroviario, entre otros objetivos regulatorios. Tales lineamientos garantizarán que los concesionarios entreguen a la Agencia la información de manera detallada y uniforme.
La Agencia deberá evaluar continuamente las tarifas registradas por los concesionarios y las contraprestaciones que los concesionarios reporten, con base en los resultados actualizados del Modelo de Costos Ferroviario. Al hacer esta evaluación, en caso de que la Agencia identifique indicios sobre explotación de precios deberá solicitar, de forma inmediata, a la Comisión Federal de Competencia Económica el inicio de un procedimiento para evaluar la ausencia de condiciones de competencia efectiva y/o la existencia de insumos esenciales o barreras a la competencia.
Asimismo, la Agencia verificará anualmente que los concesionarios mantengan su información contable con base en el Sistema Unitario Contable y que la información reportada a la Agencia sea veraz.
La Agencia deberá publicar en su página de internet un informe anual en el que determine el nivel de competitividad y eficiencia que refleja el sistema ferroviario mexicano, tomando en cuenta los costos y tarifas que enfrenta. Este informe deberá ser publicado antes de que termine el primer mes calendario del año, y deberá describir las acciones que la Agencia ha realizado y realizará para promover la eficiencia del sistema ferroviario.
Para emitir el Sistema Uniforme de Cuentas y el Modelo de Costos Ferroviario, la Agencia considerará los criterios o principios que sean reconocidos internacionalmente para la actividad ferroviaria; en particular considerará la experiencia de países socios comerciales con un modelo de operación ferroviaria similar al de México, donde la empresa que opera y mantiene una vía férrea es la misma que opera los trenes que corren por esa vía.
El Sistema Uniforme de Cuentas deberá ser consistente con los principios generalmente aceptados de contabilidad, aunque pueden contener instrucciones específicas asociadas con la actividad ferroviaria; y proveerá información completa, confiable, consistente y suficientemente desagregada sobre las actividades ferroviaria y sus costos para que la Agencia pueda cumplir de manera efectiva con sus responsabilidades regulatorias. En particular este sistema proveerá la información necesaria para que la Agencia pueda expedir y administrar el Modelo de Costos Ferroviario.
El Modelo de Costos Ferroviario se expedirá con el objetivo central de estimar los costos de los movimientos y actividades ferroviarias. La metodología del modelo se enfocará en establecer una relación de causalidad entre el tráfico ferroviario y los costos registrados en el Sistema Uniforme de Cuentas, así como los costos de depreciación y propiedad del capital invertido, pero reconociendo que algunos de estos costos pueden ser costos fijos que no varían libremente con el tráfico o costos comunes entre diferentes tipos de tráfico. Con base en este modelo, la Agencia estimará los costos unitarios que requiera para emitir las opiniones de conveniencia a que se refiere el artículo 46 de la presente ley, fijar las tarifas a que se refiere el artículo 47 de la presente ley, y establecer las contraprestaciones a que se refieren los artículos 35 y 36 Bis de la presente ley.
Artículo 57. La Secretaría y la Agencia, en función de sus atribuciones, verificarán el cumplimiento de esta ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. Para tal efecto, los concesionarios y permisionarios estarán obligados a permitir el acceso a los verificadores de la Secretaría o la Agencia a sus instalaciones; a transportarlos en sus equipos para que realicen la verificación en términos de la presente ley, y en general, a otorgarles todas las facilidades para estos fines.
La Secretaría o la Agencia, por sí o a través de los verificadores, podrá requerir a los concesionarios y permisionarios, informes con los datos que permitan a la Secretaría conocer la operación y explotación del servicio ferroviario.
Las visitas de verificación de la Secretaría o la Agencia se sujetarán a lo establecido por el reglamento y las leyes supletorias de la materia.
Artículo 58 Bis. Se consideran indicios de la ausencia de condiciones de competencia efectiva las siguientes:
a) Se presente una posible existencia de explotación de precios, en términos de los lineamientos que para estos efectos emita la Agencia;
b) Cuando durante los últimos tres años, los usuarios de una ruta o trayecto solo han utilizado otros modos de transporte para mover el 20% o menos de los volúmenes totales que ha trasladado en esa ruta, y
c) Cuando en una ruta producto-origen-destino sólo resulte viable el uso de una ruta ferroviaria y no haya una ruta intermodal viable.
Artículo 59. ...
I. Prestar el servicio público de transporte ferroviario sin la concesión respectiva, con multa de ciento doce mil a doscientas veinticuatro mil veces la Unidad de Medida y Actualización;
II. Prestar el servicio público de transporte ferroviario con equipo cuyas condiciones no cumplan con los reglamentos correspondientes y demás disposiciones aplicables, con multa de setenta mil a doscientas veinticuatro mil veces la Unidad de Medida y Actualización;
III. No mantener las vías férreas en buen estado operativo, con multa de noventa mil a ciento ochenta mil veces la Unidad de Medida y Actualización;
IV. Aplicar tarifas de flete y de servicios diversos superiores a los registrados ante la Agencia o si éstas no se aplican en igualdad de condiciones a los usuarios para servicios comparables, con multa de noventa mil a ciento ochenta mil veces la Unidad de Medida y Actualización;
IV Bis. Aplicar cargos dirigidos a trasladar a usuarios o costos que varíen en el tiempo bajo metodologías que impliquen cobros adicionales o desproporcionales, con multa de noventa mil a ciento ochenta mil veces la Unidad de Medida y Actualización;
IV Ter. Incumplir con la obligación de registrar las tarifas y cargos máximos aplicables al servicio ferroviario en los términos establecidos en el artículo 46 de la presente ley, con multa de ciento doce mil a doscientas veinticuatro mil veces la Unidad de Medida y Actualización;
V. Conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de enervantes, con multa al infractor de diez mil a cincuenta y seis mil veces la Unidad de Medida y Actualización; y suspensión de la licencia respectiva por un año; cuando el conductor acumule una segunda infracción, se le cancelará la licencia respectiva.
En el supuesto anterior, al concesionario del servicio de transporte se le impondrá una multa de veinte mil a ciento doce mil veces la Unidad de Medida y Actualización;
VI. Rebasar los máximos de velocidad establecidos o no respetar las señales, con multa al infractor de diez mil a cincuenta y seis mil veces la Unidad de Medida y Actualización; y suspensión de la licencia por seis meses por la segunda infracción, y cancelación de la misma por la tercera infracción.
En el supuesto anterior, al concesionario del servicio de transporte se le impondrá una multa de veinte mil a ciento doce mil veces la Unidad de Medida y Actualización;
VII. Conducir vehículos de transporte ferroviario sin la licencia que exige la ley, con multa al infractor de diez mil a cincuenta y seis mil veces la Unidad de Medida y Actualización.
En el supuesto anterior, al concesionario del servicio de transporte se le impondrá una multa de veinte mil a ciento doce mil veces la Unidad de Medida y Actualización;
VIII. Destruir, inutilizar, desactivar, remover o cambiar una señal establecida para la seguridad de las vías férreas o del equipo ferroviario, con multa al o los infractores de diez mil a sesenta mil veces la Unidad de Medida y Actualización;
IX. Ejecutar obras que invadan o perjudiquen una vía general de comunicación ferroviaria, con multa al o los infractores de cincuenta y seis mil a ciento ochenta mil veces la Unidad de Medida y Actualización, además de que será aplicable lo señalado en el artículo siguiente;
X. Incumplir con los lineamientos en materia de emisiones de ruido y otros contaminantes atribuibles al tránsito ferroviario que se realice al interior de zonas urbanas o centros de población, diez mil a sesenta mil veces la Unidad de Medida y Actualización;
XI. Negar a otro concesionario el ejercicio de un derecho de paso obligatorio en términos de esta ley, con multa de ciento doce mil a doscientos veinticuatro mil veces la Unidad de Medida y Actualización;
XII. Establecer procedimientos administrativos adicionales innecesarios en puntos de interconexión, con multa de noventa mil a ciento ochenta mil veces la Unidad de Medida y Actualización;
XIII. Realizar cualquier acto u omisión que tenga por objeto o efecto impedir, limitar o interrumpir el servicio público de transporte de carga, con multa de ciento doce mil a doscientos veinticuatro mil veces la Unidad de Medida y Actualización;
XIV. Afectar, limitar o interrumpir el servicio de transporte público de carga por causa de controversias entre el concesionario y el usuario, con multa al o los infractores de ciento doce mil a doscientos veinticuatro mil veces la Unidad de Medida y Actualización;
XV. Afectar, limitar o interrumpir el servicio de interconexión por causa de controversias entre los concesionarios, con multa al o los infractores de ciento doce mil a doscientos veinticuatro mil veces la Unidad de Medida y Actualización;
XVI. Incumplir con la obligación de entregar en tiempo y forma la información a que se refiere el artículo 36 Quáter de esta ley, con una multa de cincuenta y seis mil a ciento doce mil veces la Unidad de Medida y Actualización;
XVII. Incumplir con la obligación de entregar en tiempo y forma la información a que se refieren los artículos 24 y 56 Bis de esta ley, con una multa de cincuenta y seis mil a ciento doce mil veces la Unidad de Medida y Actualización;
XVIII. Entregar información falsa a la Agencia, en cumplimiento a las obligaciones de esta ley o en atención a un requerimiento o verificación de la Agencia, con multa de ciento doce mil a doscientas veinticuatro mil veces la Unidad de Medida y Actualización;
XIX. Incumplir con la obligación de separar cada uno de los componentes de las tarifas que los concesionarios aplican en el cobro de éstas, o incumplir con los criterios de almacenamiento administración de la información contable que determinen los lineamientos del Sistema Unitario Contable, con una multa de cincuenta y seis mil a ciento doce mil veces la Unidad de Medida y Actualización;
XX. Incumplir con los requerimientos de información que sean notificados por la Agencia, con multa de veinte mil a noventa mil veces la Unidad de Medida y Actualización por día de incumplimiento;
XXI. Obstaculizar la realización de una visita de verificación por parte de la Agencia, con multa de ciento doce mil a doscientos veinticuatro mil veces la Unidad de Medida y Actualización;
XXII. Realizar actos de discriminación en materia de oportunidad, calidad o precio, al prestar u ofrecer el servicio público de carga, en contra de algún usuario u otro concesionario o permisionario, con multa de cincuenta y seis mil a ciento doce mil veces la Unidad de Medida y Actualización;
XXIII. Interrumpir, sin previa autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la operación de la vía férrea o la prestación del servicio público de transporte ferroviario, total o parcialmente, salvo en los casos expresamente permitidos por esta ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, o cualquier otra disposición, con multa de ciento doce mil a doscientos veinticuatro mil veces la Unidad de Medida y Actualización;
XXIV. Aplicar tarifas de flete o de servicios diversos superiores a las registradas ante la Agencia con multa de cincuenta y seis mil a ciento doce mil veces la Unidad de Medida y Actualización;
XXV. Incumplir los programas para hacer frente a las contingencias o siniestros que se presenten con multa de cincuenta y seis mil a ciento doce mil veces la Unidad de Medida y Actualización;
XXVI. No presentar las Reglas generales de conservación y mantenimiento para cada clase de vía férrea otorgadas mediante concesión, asignación o permisos en los plazos previstos con multa de cincuenta y seis mil a ciento doce mil veces la Unidad de Medida y Actualización;
XXVII. No presentar los informes técnicos de los siniestros en los términos señalados en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y el Reglamento del Servicio Ferroviario, con multa de cincuenta y seis mil a ciento doce mil veces la Unidad de Medida y Actualización, y
XXVIII. Cualquier otra infracción a lo previsto en esta ley, con multa de diez mil a doscientos veinticuatro mil veces la Unidad de Medida y Actualización.
Los ingresos a los que se refieren las fracciones anteriores serán los acumulables para el agente involucrado en la conducta ilícita, excluyendo los obtenidos de una fuente de riqueza ubicada en el extranjero, así como los gravables si éstos se encuentran sujetos a un régimen fiscal preferente, para los efectos del Impuesto sobre la Renta del último ejercicio fiscal en que se haya incurrido en la infracción respectiva. De no estar disponible, se utilizará la base de cálculo correspondiente al ejercicio fiscal anterior.
La Agencia podrá solicitar a los agentes infractores o a la autoridad competente la información fiscal necesaria para determinar el monto de las multas a que se refiere el párrafo anterior.
En caso de reincidencia, la Agencia podrá imponer una multa equivalente hasta el doble de las cuantías señaladas.
Se considerará reincidente al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada y haya causado estado, realice otra conducta prohibida por esta ley, independientemente de su mismo tipo o naturaleza.
Para los efectos del presente Capítulo, se entiende por Unidad de Medida y Actualización la vigente al momento de cometerse la infracción.
Para la determinación del monto de las multas establecidas en el presente artículo, la Agencia deberá considerar los siguientes elementos: la gravedad de la infracción, tomando en consideración, entre otras cuestiones, el daño causado, los indicios de intencionalidad y la duración de la infracción; la capacidad económica del agente infractor; la afectación al ejercicio de las atribuciones de la Agencia; la reincidencia; y, en su caso, el cumplimiento espontáneo de las obligaciones que dieron origen al procedimiento sancionatorio, el cual podrá considerarse como atenuante de la sanción a imponerse.
Artículo 59 Bis. Para verificar el cumplimiento a cualquier disposición de esta ley, del Reglamento, disposiciones administrativas o lineamientos que sean emitidos, la Agencia podrá requerir información en cualquier momento a los concesionarios, permisionarios o usuarios, estando estos obligados a presentar tal información en los términos en que lo requiera la Agencia en un plazo no mayor a 10 días hábiles.
En casos debidamente justificados, la Agencia podrá otorgar una única prórroga de 10 días hábiles, para desahogar un requerimiento de información, en términos del párrafo anterior.
En caso de que algún concesionario, permisionario o usuario obstaculice las verificaciones de la Agencia, ésta adoptará sus resoluciones bajo la mejor información disponible y tomará como ciertos los hechos relacionados a posibles infracciones a esta ley, sobre los cuales la Agencia esté ejerciendo sus facultades de verificación. Esto sin perjuicio de las sanciones que resulten aplicables.
Artículo 62. Para declarar la revocación de las concesiones, permisos y autorizaciones, así como la suspensión de servicios, se estará a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto.
Tercero. Dentro de un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, el Ejecutivo Federal deberá emitir las adecuaciones correspondientes al Reglamento del Servicio Ferroviario. Cualquier procedimiento no previsto en este decreto deberá ser regulado en el Reglamento del Servicio Ferroviario bajo principios de inmediatez y economía procesal.
Cuarto. Dentro de un plazo de 180 días naturales, la Agencia deberá emitir y publicar en el Diario Oficial de la Federación:
I. Los formatos y lineamientos bajo los que los concesionarios deberán presentar a la Agencia su solicitud de registro de tarifas máximas, en términos del artículo 46 de esta ley;
II. Los lineamientos bajo los que la Agencia deberá emitir las opiniones de conveniencia reguladas por el artículo 46 de esta ley;
III. Los lineamientos bajo los que la Agencia determinará los términos y contraprestaciones a aplicar en derechos de pasos en que exista desacuerdo entre las partes, o en aquellos que sean establecidos derivado de una declaratoria de ausencia de condiciones de competencia efectiva emitida por la Comisión Federal de Competencia Económica;
IV. Los lineamientos bajo los que la Agencia determinará la existencia de indicios de explotación de precios, tratándose de tarifas aplicables a servicios, así como a contraprestaciones aplicables a derechos de paso;
V. Los lineamientos sobre determinación y evaluación de la eficiencia operativa, administrativa y de atención a que los concesionarios están obligados a cumplir, y
VI. Los lineamientos para la generación de información estadística sobre niveles de cumplimiento en niveles de servicio.
Quinto. Las concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, se sujetarán a las disposiciones vigentes en el momento de su otorgamiento. Las concesiones que estuvieren en proceso de otorgamiento se sujetarán a lo previsto por el artículo 11 del presente decreto.
Sexto. Para la determinación de la prórroga del plazo de las concesiones otorgadas con antelación al presente decreto, dicha prórroga podrá ampliarse, de manera excepcional, hasta por un plazo no mayor a 35 años. En el resto de los casos, se deberá estar a lo dispuesto por el artículo 11del presente Decreto.
Séptimo. La Agencia contará con un plazo de 360 días naturales, posteriores a la publicación del presente decreto, para emitir:
I. Informe en el que determine en qué trayectos es necesario crear nuevas líneas para la prestación del servicio de transporte de carga, con el objetivo de impulsar la competitividad de este servicio en México, y
II. Plan de acciones para la creación de las líneas ferroviarias señaladas en la fracción anterior.
Para determinar los criterios que utilizará para generar este informe, la Agencia deberá solicitar opinión a la Comisión Federal de Competencia Económica.
La falta de publicación de cualquiera de los lineamientos antes mencionados de ninguna forma limitará las facultades que esta ley otorga a la Agencia. En todo caso, los procedimientos relacionados con estos lineamientos deberán ser desahogados por la Agencia siguiendo los principios enunciados en esta ley.
Octavo. Las obligaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, se cubrirán con cargo a los presupuestos aprobados de los ejecutores de gasto responsables para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, sin que ello implique la autorización de recursos adicionales para tales efectos
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 29 de abril de 2021.– Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar (rúbrica), presidente; senadora Nancy de la Sierra Arámburo (rúbrica), secretaria.»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.
INICIATIVAS DE CONGRESOS LOCALES
LEY GENERAL DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
La secretaria diputada Jasmine María Bugarín: Se recibió del Congreso del estado de Chihuahua, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 98 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
«Congreso de Chihuahua.
Diputada Dulce María Sauri Riancho, presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.– Presente.
Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia de la iniciativa ante el Congreso de la Unión número LXVI/INICU/0019/2021 XIII P.E., por medio de la cual el honorable Congreso del estado de Chihuahua envía iniciativa con carácter de decreto, a efecto de adicionar al artículo 98, un tercer párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la finalidad de realizar una mejora regulatoria en materia de colaboración de autoridades para garantizar una mayor protección a niñas. niños y adolescentes migrantes.
Asimismo, me permito informarle que el dictamen que da origen a dicha resolución, se encuentra para su consulta en la página oficial del honorable Congreso del estado:
http://www.conqresochihuahua2.gob.mx/biblioleca/dictamenes/arch ivosDiclamenes/11927.pdf
Sin otro particular por el momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Chihuahua, Chihuahua, a 24 de agosto de 2021.– Diputada Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), presidenta del honorable Congreso del estado.»
«Congreso de Chihuahua.
La Sexagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, reunida en su decimotercer periodo extraordinario de sesiones, dentro del tercer año de ejercicio constitucional, tiene a bien emitir la siguiente resolución con carácter de
Iniciativa ante el honorable Congreso de la Unión
Primero. La Sexagésima Sexta Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua. tiene a bien enviar ante el honorable Congreso de la Unión, iniciativa con carácter de decreto para adicionar al artículo 98, un tercer párrafo. de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:
Artículo Único. Se adiciona al artículo 98, un tercer párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar redactado en los siguientes términos:
Artículo 98. ...
En aquellos casos en que una niño, niño o adolescente sea canalizado a un albergue asistencial en el extranjero, el Instituto Nacional de Migración deberá compartir la información obtenida con el personal consular correspondiente de la localidad en la que se encontrará la niña, niño o adolescente dentro del territorio extranjero y dar seguimiento para que se cumpla la cadena de su protección.
Transitorio
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. De conformidad con el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remítase copia de la presente resolución al honorable Congreso de la Unión, para los efectos conducentes.
Dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil veintiuno.– Diputada Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), presidenta; diputada Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino (rúbrica), secretaria; diputado Jesús Villarreal Macías (rúbrica) secretario.»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.
INICIATIVAS DE SENADORES
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
La secretaria diputada María Macarena Flores: Se recibió de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso j) al artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, presentada por el senador Juan Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores.
Secretarios de la Cámara de Diputados.– Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Juan Manuel Zepeda Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso j) al artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.“”
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Ciudad de México, a 27 de abril de 2021.– Senadora María Merced González González (rúbrica), secretaria.»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
SE EXPIDE LA LEY DE REMEDIOS SOLIDARIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA POR COVID-19
La secretaria diputada María Macarena Chávez Flores: Se recibió de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Remedios Solidarios para la Atención de la Pandemia por covid-19, presentada por la senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores.
Secretarios de la Cámara de Diputados.– Presentes.
Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Remedios Solidarios para la Atención de la Pandemia por Covid-19.“”
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Ciudad de México, a 29 de abril de 2021.– Senadora María Merced González González (rúbrica), secretaria.»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
La secretaria diputada María Macarena Chávez Flores: Se recibió de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso d) de la fracción XXV, del artículo 79 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Raúl Bolaños Cacho, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores.
Secretarios de la Cámara de Diputados.– Presentes.
Comunico a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el inciso d) de la fracción XXV del artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.“”
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Ciudad de México, a 29 de abril de 2021.– Senadora Nancy de la Sierra Arámburo (rúbrica), secretaria.»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
La secretaria diputada María Macarena Chávez Flores: Se recibió de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 151 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores.
Secretarios de la Cámara de Diputados.– Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.“”
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Ciudad de México, a 29 de abril de 2021.– Senadora Nancy de la Sierra Arámburo (rúbrica), secretaria.»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
La secretaria diputada María Macarena Chávez Flores: Se recibió de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el Capítulo XII, De los pagos por servicios de enseñanzas correspondientes a los tipos de educación básica y media superior, Título Séptimo, De estímulos fiscales de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senador Juan Antonio Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores.
Secretarios de la Cámara de Diputados.– Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo XII, “De los pagos por servicios de enseñanza correspondientes a los tipos de educación básica y media superior”, al título VII, “De los estímulos fiscales de la Ley del Impuesto sobre la Renta”.“”
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Ciudad de México, a 29 de abril de 2021.– Senadora Nancy de la Sierra Arámburo (rúbrica), secretaria.»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
La secretaria diputada María Macarena Chávez Flores: Se recibió de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, presentada por senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores.
Secretarios de la Cámara de Diputados.– Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.“”
La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y 178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha iniciativa, que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Ciudad de México, a 29 de abril de 2021.– Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica), secretaria.»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
LEY DEL SEGURO SOCIAL
La secretaria diputada María Macarena Chávez Flores: Se recibió de la Cámara de Senadores iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley del Seguro Social, presentada por el senador Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores.
Secretarios de la Cámara de Diputados.– Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en esta fecha y por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, se rectificó el turno de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Ley del Seguro Social, presentada por el senador Américo Villarreal Anaya, el 11 de marzo de 2021, misma que fue turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos, Segunda, de esta Cámara.“”
Para ser remitida a la Cámara de Diputados, para su análisis y dictamen.
Ciudad de México, a 25 de marzo de 2021.– Senadora Nancy de la Sierra Arámburo (rúbrica), secretaria.»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.
INICIATIVAS
SE EXPIDE EL REGLAMENTO QUE LA CÁMARA DE DIPUTADOS APLICARÁ DURANTE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA Y LA CONTINGENCIA SANITARIA EN LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DURANTE LA LXV LEGISLATURA
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Honorable asamblea, esta Presidencia informa que, en reunión de Mesa Directiva celebrada hoy primero de septiembre, se acordó dispensar en trámite y someter a discusión y votación la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento que la Cámara de Diputados aplicará durante la situación de emergencia y la contingencia sanitaria en las sesiones ordinarias y extraordinarias durante la LXV Legislatura, suscrita por los coordinadores de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados.
En tal virtud, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, si la iniciativa en comento se considera de urgente u obvia resolución y se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: En votación económica se consulta si la iniciativa se considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Mayoría por la afirmativa. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se considera de urgente resolución y se le dispensan todos los trámites.
En consecuencia, está a discusión el proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento que en la Cámara de Diputados aplicará durante las situaciones de emergencia y la contingencia sanitaria, en las sesiones ordinarias y extraordinarias durante la LXV Legislatura.
De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar postura hasta por cinco minutos a cada uno. Tiene el uso de la palabra el diputado Salomón Chertorivski Woldenberg, de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
El diputado Salomón Chertorivski Woldenberg:Muy buenas noches a todas y a todos. Con su venia, señor presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante, diputado.
El diputado Salomón Chertorivski Woldenberg: Y le pediría, por favor, si lo que hoy diga, de manera íntegra pudiera quedar asentado en el Diario de los Debates.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Así será, diputado.
El diputado Salomón Chertorivski Woldenberg: Muchas gracias. El tema del reglamento es fundamental para poder regresar a los trabajos parlamentarios de manera segura, minimizando riesgos para todas y para todos. Conviene cuidar nuestra salud, conviene cuidar la salud de quienes aquí laboran, conviene cuidar la salud de nuestros familiares. Y por ello este es un tema que nos convoca a la unidad, a trabajarlo juntos. Por ello, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano decidió acompañar en la Junta de Coordinación Política este reglamento.
Sin embargo, nos resulta muy relevante decir que existen hoy los elementos técnicos-científicos para que podamos regresar a este espacio de manera presencial todas y todos con mínimos riesgos. Es muy importante para el trabajo parlamentario podernos volver a encontrar. El virus estará con nosotros por mucho tiempo, por lo mismo, necesitamos poder regresar lo antes posible de manera presencial.
¿Por qué ya muchísimas personas en nuestro país, incluyendo a las niñas y a los niños, regresaron a sus escuelas y a sus actividades laborales y las diputadas y los diputados no ponemos el ejemplo y regresamos todos a trabajar, por supuesto cumpliendo todas y cada una de las medidas que cuiden nuestra salud y la de nuestros seres queridos?
Le damos un voto de confianza a la Mesa Directiva, por supuesto a la Secretaría General, y pedimos, reiteramos la necesidad de realizar un censo a profundidad de diputadas, diputados y de todo el personal que labora en esta Cámara para conocer quiénes ya estamos vacunados, cuáles fueron las fechas de nuestras vacunas, quiénes ya tuvimos contacto con el virus, quiénes ya nos enfermamos y ya lo enfrentamos, y por ello tener también las fechas en lo que esto sucedió. Y el seguimiento puntual de nuevos casos para poder tomar las medidas puntuales.
Por supuesto, toda información personal que sea debidamente protegida. Estamos a favor de tener reglamentos que orienten nuestra salud y la de quienes aquí laboran, pero creemos que, en los próximos días, en las próximas semanas, con un buen censo y basando nuestras decisiones en la evidencia y en los números, podrán dictar que lo que más conviene a este parlamento es que ya nos volvamos a encontrar todas y todos de manera presencial. Es, por supuesto, por nuestra salud, pero también para poner el ejemplo de que tenemos que aprender a convivir en este nuevo planeta, en este nuevo México. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado Chertorivski. Tiene la palabra la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez:Muy buenas noches, compañeras y compañeros diputados. Con su permiso, diputado presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: No cabe duda que la pandemia nos ha golpeado de manera muy fuerte, muy profunda, no solamente aquí en nuestro país, sino a nivel mundial. El tema de la pandemia y de las lamentables pérdidas humanas, que seguramente muchos de nuestros familiares, amigos, conocidos, incluso compañeras y compañeros diputados han sufrido, es muy lamentable.
Sin embargo, no podemos detenernos, es necesario que hagamos uso de la tecnología para poder sacar adelante nuestra tarea legislativa, y efectivamente, hay una frase bien dicha que va así: Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra.
Es decir que, si nosotros ya exigimos que poco a poco se vayan dando las condiciones para que las y los ciudadanos mexicanos nos vayamos incorporando poco a poco a nuestra vida laboral y que incluso en las escuelas, las niñas y los niños ya estén tomando clases, también es cierto que tenemos y podemos tomar todas las medidas para que muy pronto aquí en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados podamos regresar a sesionar de manera presencial.
Entendemos que el Reglamento es necesario por el momento, pero también estamos conscientes que habrá sesiones en las que nuestra presencia será fundamental, y en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos que los trabajos legislativos apremian.
Estamos convencidos que tenemos que seguir consolidando la cuarta transformación y tenemos que seguir sacando adelante este gran proyecto de nación que encabeza nuestro presidente de la República, y que incluso nos ha puesto el ejemplo. Él no se ha detenido, a diario sale a trabajar, da las conferencias con todas las medidas. Incluso hace giras de trabajo los fines de semana, y esto no significa que tampoco nos podamos exponer o expongamos a los demás, pero que poco a poco empecemos a integrarnos en esta nueva normalidad.
Seguramente el Reglamento pues será momentáneo, ahora lo necesitamos porque somos un número importante de legisladoras y legisladores, pero también es cierto que tomando todas las medidas necesarias en un momento determinado podamos estar sacando nuestra tarea legislativa tal como no lo marca la ley y como nosotros mismos hemos tomado protesta y nos hemos comprometido con nuestro pueblo y con nuestra nación de hacer una tarea pues con mucha responsabilidad para sacar adelante a nuestro país.
Así que, compañeras y compañeros, por el momento seguramente estaremos asistiendo a las sesiones de manera semipresencial, pero también estoy segura que muy pronto todas y todos estaremos integrados en este recinto y en este pleno legislativo. Es cuanto y muchas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Ali Sayuri Núñez Meneses, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
La diputada Ali Sayuri Núñez Meneses:Buenas noches, con la venia de la Presidencia. Sin duda alguna, al igual que la sociedad y la economía, la política, lo público y, desde luego, las labores parlamentarias se encuentran en cambio constante.
Una de las tareas que compone la función legislativa es entonces la revisión continua de nuestro orden jurídico con la finalidad de modernizar, actualizar y adecuar a la realidad y a los tiempos que vivimos las leyes y normas que nos rigen, garantizando con ello que sigan manteniendo su vigencia y no sean rebasadas por las circunstancias.
En la pasada legislatura ya tuvieron que abordar temas en los cuales claramente nuestro marco jurídico se había quedado rezagado. Hace mucho tiempo que existían las condiciones técnicas y las alternativas tecnológicas para introducir en nuestro reglamento la posibilidad de celebrar sesiones a distancia y de votar de manera telemática y, sin embargo, estas no se encontraban contempladas hasta que la pandemia de coronavirus obligó a este Poder Legislativo a hacer las modificaciones pertinentes con el objetivo de evitar que el trabajo de la Cámara siguiera paralizado.
En este sentido es de destacar que el Congreso de la Unión haya tenido la capacidad para encontrar la manera de reanudar sus actividades y superar la parálisis legislativa que vivió durante los primeros meses de la pandemia cuando se recurrió al confinamiento como método para intentar cortar la cadena de contagios entre la población.
Fue precisamente hace un año que se aprobó un reglamento de contingencia, el cual permitió a la Cámara el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales a través de un sistema de sesiones semipresenciales, aprovechando el uso de las tecnologías digitales y estableciendo la presencia mínima de legisladores requeridos.
Una de las cosas que se debe corregir es la inclusión de estos cambios no solo en un reglamento con vigencia transitoria que tenga que renovarse cada que comienza una legislatura, sino en la Ley Orgánica y en el reglamento que nos rige de forma permanente a fin de dar certeza al actual Poder Legislativo frente a las situaciones que generan incertidumbre y que pudieran otra vez detener la actividad parlamentaria.
Se trata entonces de establecer las bases jurídicas para las sesiones vía remota siempre con un mínimo de legisladores presentes, cuando existan causas como desastres, medidas de protección civil y circunstancias que pongan en riesgo la vida, la salud y la integridad de la población.
En el Partido Verde celebramos la versión del reglamento de contingencia aprobado por la legislatura pasada que haya sido adicionada, reformada y mejorada, incluyendo observaciones de todos los grupos parlamentarios para poder aprovechar las áreas de oportunidad existentes.
En ese sentido, resaltamos el hecho de que se incluyeran otras causas para determinar que una sesión se lleve a cabo bajo modalidad semipresencial más allá de las situaciones sanitarias, ello garantizará que la marcha de esta Cámara no se detenga.
Igualmente, destacamos que haya habido apertura para encontrar un mecanismo que permitiera reducir al máximo los casos en los cuales se tenga que celebrar una sesión presencial, siempre y cuando la Junta de Coordinación Política lo apruebe por las dos terceras partes de su voto ponderado, lo cual reducirá la posibilidad de contagios en momentos en que no haya condiciones para que la totalidad de la asamblea se reúna.
Quiero cerrar conminándolos a tomarse en serio lo dispuesto por el Reglamento que vamos a aprobar, a respetar lo que en él se establece que es por el bien y la salud de todos no solo de nosotros los legisladores, sino de miles de personas que colaboran con esta Cámara. Es cuanto.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputada. Tiene ahora la palabra el diputado Santiago Creel Miranda, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El diputado Santiago Creel Miranda:Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Con su venia, señor presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante, secretario diputado.
El diputado Santiago Creel Miranda: Siendo esta mi primera intervención en tribuna, en esta legislatura, quiero empezar por saludar a todas las diputadas y diputados presentes, integrantes de esta asamblea.
Quiero acompañar el saludo haciendo votos que este Reglamento que hoy se pone a consideración sea un Reglamento que nos permita cumplir de mejor manera nuestras funciones y, de esta forma, producir los bienes públicos que México demanda.
El día de hoy vengo a hablar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y lo vengo hacer para hablar a favor de este Reglamento de Contingencia, para poder enfrentar de mejor manera la pandemia en nuestro trabajo legislativo.
Lo quiero hacer por tres aspectos fundamentales: el primero de ellos tiene que ver que este Reglamento tiene un sustento en un acuerdo de consenso pleno. Proviene de la Junta de Coordinación Política, en donde todos sus integrantes, en representación de sus grupos parlamentarios lo han aprobado.
Empezamos bien, es la primera iniciativa, es el primer acuerdo político y el primero por consenso pleno.
Yo creo que esto es algo que debemos reconocer y que nos sirva de guía, de faro para los trabajos que están por venir.
Lo segundo. Este Reglamento concilia muy bien dos valores que son difíciles de conciliar. Por una parte, la salud. Y por otra parte nuestras libertades y nuestros derechos constitucionales, legales y reglamentarios.
Y hace una adecuada combinación entre los protocolos de salud y el ejercicio de nuestros derechos constitucionales que todos tenemos y que nadie ni nada nos puede impedir a que vengamos aquí al pleno y a que utilicemos la tribuna.
¿Qué hace el Reglamento? El Reglamento establece una fórmula de asistencias presenciales con asistencias a distancia. Y establece en esta ocasión mínimos, pero no máximos.
¿Qué quiere decir esto? Que cualquier diputada o diputado puede asistir, independientemente si es convocado o no por su grupo parlamentario. Entonces, tendrá la libertad, y por tanto, e igualmente la responsabilidad de asistir, bajo todos los protocolos que establece el Reglamento.
Y el tercer aspecto que me parece fundamental, es que es un Reglamento que ya tuvo vida. Es un Reglamento que viene ya vigente desde hace un año. En la pasada legislatura se hicieron algunos ajustes, lo cual también es muy conveniente a la luz de la propia realidad, pero tiene esa experiencia, y sin duda ese Reglamento evitó muchos contagios. Claro, no todos, porque es un virus que es imposible de hablar en términos de no poderse contagiar de manera absoluta.
Hubo contagios, mi solidaridad para las diputadas y los diputados que se contagiaron y, por supuesto, mis condolencias y mi pésame para los legisladores y legisladoras que hoy no están presentes, para sus familias, particularmente, para sus amigos y para sus compañeros.
Un Reglamento es eficaz en la medida que se cumple, que esa es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, cumplir el Reglamento.
Cuidémonos cada uno de nosotros para cuidar a los demás, así cuidaremos a nuestras familias y a toda la sociedad. A votar por la salud, a votar por este Reglamento. Muchas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado Creel.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna:¿Con qué objeto, diputado Noroña? Sonido en la curul del diputado Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Moción de procedimiento, diputado presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante, diputado Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): Solo recordarle a la Mesa Directiva, que somos pares y que se ha sentado un precedente que no debe sentarse, de que quien está en la Mesa Directiva si va a participar en el debate debe pedir la palabra desde su curul y no desde la Mesa Directiva. Creo que sería adecuado. Nadie le va a negar su derecho a ninguna compañera o compañero legislador que esté en la Mesa Directiva quiera participar en el debate, pero cuando va a participar en el debate se separa de la Mesa, se va a su curul, se mantiene en su curul durante el debate y luego ya vuelve a tomar su responsabilidad en la Mesa Directiva.
Yo pediría que los integrantes de esta Mesa respetaran esta forma de pares que tenemos las legisladoras y legisladores.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se toma nota y se hará la valoración conducente en la próxima sesión de Mesa Directiva. Con esta intervención se cierra el plazo para el registro de reservas... ¿Con qué objeto, diputado Lixa? Sonido en la curul.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi(desde la curul): Diputado presidente, sobre el procedimiento que se ha controvertido en este momento, si me da oportunidad.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante, diputado Lixa.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Primera consideración, y ya que la Mesa Directiva lo va a valorar, creo que vale la pena tener en cuenta que la referencia que hace el Reglamento a la oportunidad de pedir la palabra desde curul hacia los integrantes de la Mesa Directiva, es precisamente para las intervenciones que se hacen desde curul. Es decir, las mociones. Primer punto.
Segundo punto. Tomemos en cuenta que ahora ni siquiera hay curules asignadas.
Tercer punto. El diputado Santiago Creel, hizo un posicionamiento de grupo debidamente registrado ante la Mesa Directiva por el grupo parlamentario como corresponde de acuerdo al Reglamento. Únicamente para hacer esas precisiones. Le agradezco mucho, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado Lixa. Se toma en consideración para en su momento ser consideradas en la reunión de Mesa Directiva. Con esa intervención se cierra el plazo para el registro de reservas. Está a discusión en lo general.
De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, del Reglamento, se otorgará el uso de la palabra hasta por cinco minutos, para que las diputadas y los diputados se posicionen en contra o a favor.
Tenemos un solo registro en pro, de la diputada Sonia Rocha Acosta, del Partido Acción Nacional. Se le concede la palabra, hasta por cinco minutos.
La diputada Sonia Rocha Acosta:Con el permiso de la Presidencia. Diputadas y diputados, hoy comienza la LXV Legislatura del Congreso de la Unión. Con gran orgullo podemos decir y reconocer que se trata de la primera legislatura con paridad plena, enhorabuena a todas las mujeres, enhorabuena a México por este gran impulso a la agenda de igualdad de la equidad de género.
Arrancamos esta nueva legislatura de la entrega del informe, o con la entrega del informe del gobierno presidencial, que de manera puntual y concisa reales estaremos analizando, tanto en comisiones, como por supuesto, en el pleno de esta Cámara.
Estaremos atentos a las distintas convocatorias que se realicen para llevar a cabo las comparecencias de los titulares de las dependencias del Ejecutivo federal, quienes están obligados a acudir ante esta soberanía para conocer de primera mano el estado que guarda la administración pública.
De igual forma estaremos dando cauce a las agendas legislativas de los grupos parlamentarios con la presentación de iniciativas y proposiciones con puntos de acuerdo a través del proceso legislativo que el marco jurídico del Congreso nos señala.
Para que estos trabajos del período ordinario se lleven a cabo, necesitamos ponernos de acuerdo en las reglas básicas que guíen nuestras labores en este muy particular contexto, por supuesto de la emergencia del covid-19.
Son tiempos en que la crisis sanitaria se encuentra en uno de sus peores momentos y no podemos bajar la guardia. Con esa misma responsabilidad es necesario que pongamos a prueba las herramientas y los mecanismos tecnológicos para que los trabajos no paren, que no haya una parálisis legislativa, sino que, por el contrario, encontremos las mejores formas para la deliberación de los temas legislativos sea y cuente con la participación plural de todas las fuerzas políticas en el Congreso.
De este modo, diputadas y diputados, es que consideramos pertinente la aprobación de este nuevo Reglamento del Congreso para la contingencia sanitaria con el objeto bien definido de dar cauce a los trabajos legislativos con los ciudadanos y previsiones necesarias para evitar problemas de salud en esta Cámara.
Debemos garantizar la participación de cada legislador y cada legisladora, debemos cuidar que ningún legislador se sienta excluido, por supuesto, del debate parlamentario.
Recordemos que el uso de la voz en esta tribuna parlamentaria es un derecho de todos. Este nuevo Reglamento garantiza que la participación, tanto presencial como por vía remota de diputadas y diputados, cuente con la validez jurídica necesaria. En Acción Nacional estamos a favor de este nuevo Reglamento.
Algunos de nosotros tuvimos el honor de ser parte de la legislatura pasada, y con ello la oportunidad de conocer de primera mano la puesta en marcha de un nuevo modelo que consideró las sesiones presenciales y, por supuesto, semipresenciales. Ya tuvimos esa experiencia y viendo en retrospectiva, hoy estamos en posibilidad de renovarla al haber hecho esta evaluación, de lo que funcionó en su momento y aquellos aspectos a mejorar que en el dictamen que tenemos a discusión contempla, por supuesto.
Estamos ciertos de que hoy existe la voluntad por parte de las fuerzas políticas aquí representadas para asumir los preceptos contenidos en este nuevo Reglamento, que parten de los principios fundamentales de representatividad y pluralidad, y que los debates parlamentarios se conduzcan con un entorno, por supuesto, de respeto y tolerancia.
Algo que no podemos permitir es que, bajo el pretexto de las sesiones semipresenciales, se corte la posibilidad de poner sobre la mesa la discusión de los temas de agenda política que sí les importan a los ciudadanos, que sí les importan a los que representamos.
Durante la legislatura pasada esta Cámara olvidó su función de representación, al no agendar debate sobre los problemas más sentidos de esta sociedad, había una consigna para evitar que se hablara de los temas de salud, de los problemas económicos, de la inseguridad, de los casos de corrupción de la actual administración, entre muchos asuntos públicos que quedaron en el tintero.
La nueva conformación de la Cámara, sin duda, abonará a que los temas de interés de los ciudadanos puedan ser considerados en estas sesiones. Pedimos, así como hoy se observa esta voluntad de transitar hacia puntos de encuentro, como lo es este dictamen, también podemos acudir al llamado que ha hecho la ciudadanía de alcanzar acuerdos a favor de México y dejar de lado la polarización que tanto lastima a la sociedad.
Nuestro grupo parlamentario estará abierto al diálogo republicano y al encuentro entre los actores políticos para construir un mejor futuro para nuestro país.
Hoy las diputadas y los diputados de Acción Nacional ratificamos nuestro compromiso con las instituciones democráticas, con la división de Poderes, con la República y con el federalismo.
Nos asumimos en esta nueva cuenta como una oposición responsable, crítica y propositiva. Estamos listos, con pasión, los temas, para tratar los temas de legislar, para representar y para ejercer nuestras facultades de control parlamentario.
Mis mejores deseos para que este primer acuerdo sea el reflejo de una legislatura que se distinga por avanzar y no por retroceder. Una legislatura que construya y no destruya a los sistemas de las instituciones, por el diálogo y no por los monólogos. Enhorabuena por este inicio de sesiones. Que la historia juzgue nuestra labor. Gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias. Les recuerdo a las y los integrantes de este pleno, atenerse al tiempo indicado por esta Presidencia.
Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría, en votación económica si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: En votación económica, se consulta a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Suficientemente discutido en lo general.
En virtud de que en términos del artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados no se presentó reserva alguna para su discusión en lo particular, procederemos a la votación del proyecto de decreto en lo general y en lo particular en un solo acto.
La votación de este asunto se realizará de viva voz, conforme a lo dispuesto por el artículo 138, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Por lo que se les solicita atentamente permanecer en sus curules y esperar el personal indicado para que, de viva voz, emitan su voto, indicando su nombre, grupo parlamentario y el sentido del voto.
Esta Presidencia designa para recoger la votación en este asunto a las siguientes diputadas secretarias: secretaria Michelle González Márquez, para que registre los votos a favor; secretaria Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, para registre los votos en contra; y a la secretaria Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz, para que registre las abstenciones.
Iniciaremos la votación del lado derecho de esta Presidencia.
Diputadas y diputados, les pido por favor que guarden orden, se sienten en las curules para que sea ágil la votación y certera. Adelante.
(Votación de viva voz)
Proceda la Secretaría con el cómputo de la votación y, en cuanto esté lista, dé cuenta con el resultado de la misma.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: Señor presidente, se emitieron 491 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Aprobado, en lo general y en lo particular, por 491 votos, el proyecto de decreto por el que se expide el Reglamento que la Cámara de Diputados aplicará durante las situaciones de emergencia y la contingencia sanitaria en las sesiones ordinarias y extraordinarias durante la LXV Legislatura. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
SE EXPIDE LA LEY DE JUICIO POLÍTICO Y DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: El siguiente punto del orden del día es la presentación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que expide la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por diez minutos.
El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputadas, diputados, hoy damos inicio a una nueva legislatura que además de ser la primera que se configura con una paridad total, inicia con claridad en sus compromisos de no desperdiciar ni un instante en la encomienda de seguir impulsando aquellos proyectos que modernicen el andamiaje legal de nuestra nación.
Por eso me presento ante ustedes para dar cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y que abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Una de las principales consecuencias de este proyecto será la abrogación de una ley anacrónica, plagada de vericuetos legales e incompatibles con las ideas del combate a la corrupción e impunidad que, puedo asegurar, unen a quienes hemos sido honrados con esta encomienda legislativa.
De contar con su voto a favor, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos ha de dar un paso a la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia.
Un marco jurídico moderno, respetuoso del debido proceso, pero, sobre todo, que corresponde con agilidad, legalidad y justicia a la demanda colectiva que nos dice no más impunidad. Impunidad que, como todos sabemos, se ha refugiado por décadas en el fuero, esa mal utilizada figura constitucional que concede inmunidad procesal penal a los altos servidores públicos y que en realidad ha servido para fraguar un esquema de protección para las complejas redes de corrupción y delincuencia organizada desde la función pública.
El fuero debería cumplir una función de los cargos estratégicos para la estabilidad, permanencia y continuidad de las funciones torales del Estado, pero se ha traducido en un privilegio de franca impunidad. De este modo, trascendemos de un catálogo de cuasidelitos y faltas oficiales que mantenían elementos subjetivos y discrecionales de una normatividad que privilegia las formalidades esenciales del proceso y que mantiene una lógica procedimental que fue muy difícil de hallar en la ley que hoy estamos abandonando.
En la iniciativa que se presenta se plasma el resultado de la investigación realizada en su momento por la Comisión de Gobernación y Población de la pasada legislatura, en la que advertimos que la ley vigente, Ley de Responsabilidades, mantiene un intrincado y rebuscado serial de procedimientos que no tienen como finalidad la justicia, sino más bien crear posibilidades para que el funcionario corrupto, pero útil al viejo régimen, encuentre recovecos y eluda la imposición de una sanción.
Ante los casos notorios de corrupción de ex servidores públicos que en el pasado se sirvieron del esfuerzo de una nación para forjar su patrimonio, no podemos hacernos ciegos y sordos si se acompaña de pruebas y elementos de convicción, el repudio y reproche social deben transformarse en soluciones que rompan con la impunidad y el cómplice silencio que reinó en el pasado.
El reproche social creciente fue escuchado por legisladoras y legisladores que en su momento avalaron la viabilidad de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia que contiene en la iniciativa propuesta a su consideración.
Hoy, el reto es refrendar el compromiso con la nación y votar en congruencia con lo que habremos de defender durante toda esta legislatura.
Por ello, pido atentamente a la Presidencia que con fundamento en el artículo 65, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados se considere esta propuesta como de urgente resolución. Habrá quienes digan que la dispensa de trámites no es urgente, que no es necesaria, que no se justifica. Quien así lo diga y lo sostenga es obvio que está a favor de que prevalezca la corrupción y la impunidad.
Quiero destacar que ya se ha realizado una reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue publicada en el Diario de la Federación el 19 de febrero de 2021, con objeto de eliminar el sistema de impunidad que privilegiaba al presidente de la República. Es precisamente esa reforma la que da materia a la presente iniciativa. Se trata de regular el procedimiento constitucional que permitirá someter a juicio penal al presidente cuando en el ejercicio de función incurra en delitos de traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.
Claro, claro que no somos iguales. Nosotros nos debemos al pueblo, y el pueblo quiere que se acaben prácticamente privilegios y que la impunidad llegue a su fin. Nosotros estamos aquí para cumplir, para cumplirles. Claro que sí, vamos y estamos dispuestos y a combatir y erradicar la corrupción. A nosotros claro que nos urge, a nosotros claro que nos interesa. Por ello pido a todas y, a todos, un voto a favor de esta iniciativa. Es cuanto, presidente, compañeras y compañeros. Muchas gracias.
«Iniciativa que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para efecto de que sea considerada de urgente resolución y puesta a discusión de inmediato, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosEl 21 de julio de 2021, en sesión del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el Diputado Federal Rubén Cayetano García presentó, a nombre propio y de las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario Morena, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Población para dictamen, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión, ambas de la Cámara de Diputados.
Dicha iniciativa tenía por objeto reglamentar la reforma constitucional a los artículos 108 y 111 aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial el 19 de febrero de 2021, por la que se suprimió el beneficio de inmunidad procesal penal al Presidente de la República, estableciendo un procedimiento mediante el cual podría ser imputado y juzgado, durante el tiempo de su encargo, por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana, terminando así una añeja tradición constitucional que permitía la impunidad del mandatario, más que proteger su delicado encargo.
Al respecto, la iniciativa comenzaba por establecer:
“La Cuarta Transformación ha permitido sentar las bases para la consolidación democrática y para avanzar en el combate a la corrupción y la impunidad. En este sentido, la reciente reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero, publicada en el Diario de la Federación el 19 de febrero de 2021, representó un paso firme para eliminar el sistema de impunidad que existía desde la ley suprema y que brindaba protección y privilegios al Presidente de la República y, al mismo tiempo, violentaba el principio de igualdad ante la ley.
En consecuencia, dicha reforma estableció en al artículo 108, segundo párrafo, constitucional que:
‘Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.’
Lo anterior, implica que el titular del Poder Ejecutivo Federal podrá ser imputado y juzgado en el tiempo que se encuentre en funciones no sólo por traición a la patria y delitos graves del orden común, sino que además por la comisión de i) delitos por los que pueden ser acusados todos los servidores públicos o particulares que incurran en hechos de corrupción, con todos sus efectos y consecuencias, conforme a lo previsto en el artículo 109, fracción II, constitucional; ii) delitos electorales, que por su gravedad implican un agravio contra la democracia representativa, y por los que pueden ser acusados tanto servidores públicos como particulares, y iii) todos aquellos delitos por los que pudieran ser enjuiciados los particulares.
Asimismo, la mencionada reforma modificó el artículo 111 constitucional, a fin de señalar en su cuarto párrafo que:
‘Para proceder penalmente contra el Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable.’
Al respecto, conforme a lo establecido en el artículo 110 constitucional, la Cámara de Diputados procederá a formular la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración absoluta del número de miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el respectivo procedimiento y con audiencia del inculpado. El Senado, a su vez, se constituirá en Jurado de Sentencia.
Esta reforma termina con un régimen de excepción que protegía al Presidente de la República y sienta las bases constitucionales para combatir, erradicar y sancionar la corrupción, como desde hace décadas lo ha demandado la sociedad. En suma, estas modificaciones a la Carta Magna representan la construcción de un nuevo régimen jurídico para juzgar al Presidente de la República durante el tiempo en que ejerza sus funciones, amplían las causas de su responsabilidad penal y eliminan la opacidad en el ejercicio del cargo del Titular del Poder Ejecutivo Federal.”
Adicionalmente, la iniciativa hacía notar que diversas disposiciones de la actual Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos son obsoletas y generan ambigüedades, conflictos normativos y otros problemas de aplicación a la hora en que la Cámara de Diputados desarrolla un procedimiento de Declaración de Procedencias e, incluso, cuando ambas cámaras federales ejercen sus atribuciones relacionadas con el Juicio Político. Amén de que dicha legislación está derogada en la mayor parte de su articulado, por la emisión de la legislación que articula el Sistema Nacional Anticorrupción y el esquema general de responsabilidades administrativas.
Sin duda, la citada Ley Federal debe ser finalmente abrogada y, en su lugar, debe emitirse un nuevo marco normativo que permita el ejercicio de las atribuciones materialmente jurisdiccionales que la Constitución confiere a una y otra cámaras del Congreso de la Unión. La iniciativa, precisamente, propuso un proyecto de decreto que cumplía con ese parámetro.
El 11 de agosto de 2021, las comisiones de dictamen y de opinión presupuestal cumplimentaron su función y fue emitido el Dictamen de la Comisión de Gobernación y Población con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, mismo que fue remitido a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el 13 de agosto. Sin embargo, por motivos diversos, el Pleno de la Cámara de Diputados no pudo abordar en discusión el Dictamen de referencia.
En dicho instrumento legislativo, se reconoce que la nueva Ley proyectada no tiene impacto presupuestario. Con fecha 5 de agosto de 2021 el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas emitió, por medio del Oficio CEFP/DG/509/21, su valoración de impacto presupuestario, en los siguientes términos:
“El impacto presupuestario de las Iniciativas se determina conforme al artículo 19 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en donde se establece que la creación de unidades administrativas o plazas adicionales, programas nuevos, destinos específicos de gasto público o nuevas atribuciones, generan un impacto presupuestario para la Administración Pública Federal.
La iniciativa tiene por objeto actualizar la legislación relacionada con los procedimientos ante el Congreso de la Unión en materia de juicio político y declaración de procedencia, así como las disposiciones sobre responsabilidades administrativas aplicables a los servidores públicos con la reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la misma manera se actualizan las referencias a la Ciudad de México, a la sustitución del salario mínimo por unidad y medida de actualización en el cálculo de las sanciones derivadas del incumplimiento de obligaciones como la expedición de copias certificadas y se eliminan los títulos derogados con la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Para ello, la iniciativa propuesta incorpora un Título Primero con Disposiciones Generales estableciendo los sujetos de responsabilidad política en el servicio público; las causales y sanciones en el juicio político; las autoridades competentes y el procedimiento en el juicio político; los sujetos de responsabilidad penal en el servicio público; las autoridades competentes y el procedimiento penal de las personas servidoras públicas, las autoridades competentes y el procedimiento para proceder penalmente contra el Presidente de la República.
En el Título Segundo Procedimientos ante el Congreso de la Unión en materia de Juicio Político y Declaración de Procedencia, se actualizan las normas procedimentales en la materia, en cuanto al juicio político y declaración de procedimiento en armonización con la legislación vigente, así como se incorpora un Capítulo IV De la Responsabilidad Penal del Presidente de la República.
Se incorpora el Título Tercero Disposiciones Comunes para los Capítulos II y III del Título Segundo, que en la Ley Federal de Servidores Públicos era el Capítulo IV y deroga el Título Quinto De las Disposiciones Aplicables a los Servidores Públicos del Órgano Ejecutivo del Distrito Federal en la Ley Federal de Servidores Públicos.
De la revisión de las modificaciones, adiciones y elementos derogados por la iniciativa se concluye que se trata de una actualización de los procedimientos, así como una armonización de conceptos normativos, con otros dispositivos legales relacionados, lo que no generaría un impacto presupuestal puesto que se trata de funciones ya existentes en el Poder Legislativo y no se crean instituciones nuevas.”
Frente a ello, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados emitió opinión, en el mismo sentido planteado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el 11 de agosto del año en curso. Opinión que la comisión dictaminadora hizo propia en su Dictamen.
El Dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Población aprobó con razonables modificaciones la iniciativa de mérito, bajo los siguientes argumentos generales:
• La nueva ley es reglamentaria de los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio político, Declaración de Procedencia y responsabilidad penal del presidente.
• La reciente reforma a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero, publicada en el Diario de la Federación el 19 de febrero de 2021, representó un paso firme para eliminar el sistema de impunidad que existía desde la Ley Suprema y que brindaba protección y privilegios al presidente de la República y, al mismo tiempo, violentaba el principio de igualdad ante la Ley.
• Al expedir una nueva ley se actualiza, definen y regulan los procedimientos que permitan sancionar a servidores públicos que han violentado el buen funcionamiento de las instituciones públicas o, que con sus conductas u omisiones han recaído en responsabilidad penal, más aún si el perjuicio deriva de una conducta contraria a la normativa jurídica penal, ejecutada por el titular del Ejecutivo Federal.
• La nueva norma se apega al texto constitucional permitiendo determinar la responsabilidad de funcionarios de alto nivel que han incurrido en violaciones graves a la Constitución, a las Leyes Federales o que han hecho uso indebido de fondos y recursos federales; sancionándolos con su destitución e inclusive con la inhabilitación.
• En la Declaración de Procedencia que surge con motivo de la solicitud del Ministerio Público para retirar la inmunidad procesal (fuero) de un servidor público y poder ejercer la acción penal, se realizan precisiones procedimentales que se apegan a los principios constitucionales del debido proceso y de garantía de audiencia como son las actuaciones; notificaciones; diligencias; ofrecimiento, calificación y desahogo de pruebas.
• Tales precisiones para la Declaración de Procedencia resultan relevantes, toda vez que en los últimos procedimientos que se han sustanciado, es frecuente que los imputados manifiesten violaciones procedimentales por una interpretación jurídica imprecisa y a su conveniencia.
• Es de fundamental importancia contar con un único órgano instructor e investigador como lo es la Sección Instructora, para agilizar el procedimiento y garantizar el debido proceso en el Juicio Político y la Declaración de Procedencia.
• En el caso de Juicio Político contra las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, las diputadas o los diputados de las Legislaturas Locales, las Magistradas o los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorguen autonomía, se determina que la sentencia sólo tendrá efectos declarativos y la misma se comunicará a la Legislatura Local respectiva para que, en ejercicio de sus atribuciones, proceda como corresponda en estricta observancia de lo decretado.
• Los procedimientos a que se refiere la Ley no podrán suspenderse durante los recesos de las Cámaras de Diputados o de Senadores, por lo que las Comisiones y Secciones de que se trate deberán continuarlos hasta que concluyan su intervención y se encuentren en estado de declaración o resolución por parte de dichas Cámaras, según sea el caso.
• Si se trata de Declaración de Procedencia seguida en contra del presidente de la República, la presidenta o presidente de la Cámara de Diputados, deberá solicitar a la Comisión Permanente que convoque a esa Cámara a un periodo extraordinario de sesiones a fin de que ésta se erija en órgano de acusación. Lo propio hará la presidenta o presidente de la Cámara de Senadores cuando ésta deba erigirse en Jurado de Sentencia.
La presente iniciativa hace suyo el propósito y la argumentación esgrimida en la Legislatura que recién finaliza.
Tenemos presente que la Reforma constitucional de febrero de 2021 es un paso importante en el abatimiento de ese sistema de impunidad en que se ha transformado la inmunidad procesal penal que la Constitución Federal otorga a los altos servidores públicos.
Nuestro país se encuentra en un proceso de transformación de su vida pública. Uno de los ejes fundamentales es el combate frontal y decidido al flagelo de la corrupción política y gubernamental, y sistema de impunidad que trae aparejado el llamado Fuero Constitucional, bajo cuya sombra floreció durante décadas un complejo sistema de contubernio para delinquir desde el servicio público, casi con naturalidad.
El fuero debía cumplir una función de protección de los cargos estratégicos para la estabilidad, permanencia y continuidad de las funciones torales del Estado, pero se ha traducido en un privilegio de franca impunidad.
A ello obedeció la reforma a los artículos 108 y 111 constitucionales. Tienen por objeto, reiteramos, eliminar el sistema de impunidad que privilegiaba al Presidente de la República. El propio titular del Poder Ejecutivo Federal nos mandó, en dos ocasiones, la iniciativa.
Pues bien, esa reforma da materia a la presente iniciativa. Se trata de regular el procedimiento constitucional que permitirá someter a juicio penal al Presidente, cuando en el ejercicio de su función incurra en delitos de traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.
Pero también, a partir de los trabajos emprendidos por la LXIV Legislatura para reactivar los procedimientos jurisdiccionales que corresponden por mandato constitucional a ambas cámaras del Congreso de la Unión, puede constatarse que la actual Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es una norma obsoleta.
Por ello, es también intención de nuestra iniciativa el actualizar esa legislación, sus formalidades y etapas procesales, las garantías que otorga para el respeto de los derechos procesales y de defensa, la forma misma en que se desarrollan las actuaciones, a la luz del nuevo sistema penal acusatorio adversarial.
Nuestra lucha seguirá siendo, lo reitero, para eliminar el fuero constitucional y terminar definitivamente con los resquicios en que puede refugiarse la impunidad. En tanto conseguimos derrotar las resistencias que aún ofrecen quienes se beneficiaron de ese privilegio durante el régimen pasado, queremos actualizar y agilizar las funciones jurisdiccionales de la Cámara de Diputados, al mismo tiempo que otorgar mayor certeza y seguridad jurídica a quienes son sujetos de alguno de los procedimientos: el juicio político, la declaración de procedencia y, en adelante, el procedimiento que permitirá procesar penalmente al Presidente de la República.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de
DecretoArtículo Único. Se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, para quedar como sigue:
Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia
Título Primero Capítulo Único Disposiciones GeneralesArtículo 1. Esta Ley es reglamentaria de los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio político, declaración de procedencia y responsabilidad penal del Presidente de la República.
Tiene por objeto regular:
I. Los sujetos de responsabilidad política en el servicio público;
II. Las causas y sanciones en el juicio político;
III. Los órganos competentes y el procedimiento en el juicio político;
IV. Los órganos competentes y el procedimiento para la declaración de procedencia respecto del enjuiciamiento penal de las personas servidoras públicas señaladas en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
V. Los órganos competentes y el procedimiento en materia de responsabilidad penal del Presidente de la República.
Artículo 2. Son sujetos de esta Ley las personas servidoras públicas mencionadas en los artículos 110, primer y segundo párrafos, y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 3. Son órganos competentes para aplicar la presente Ley las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, en el ámbito de competencia que les confieren los artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 4. La información que se genere u obtenga con motivo de la aplicación de esta Ley, será pública en términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Título Segundo Procedimientos ante el Congreso de la Unión en materia de juicio político y declaración de procedencia Capítulo I/ Sujetos, causas de juicio político y sancionesArtículo 5. Son sujetos de juicio político las personas servidoras públicas que se mencionan en el artículo 110, primer y segundo párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, las Diputadas o los Diputados de las Legislaturas Locales, las Magistradas o los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, las y los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como las y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales otorguen autonomía, podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, en cuyo caso la resolución se comunicará a las Legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, proceda como corresponda en estricta observancia de lo decretado en definitiva por la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos erigida en jurado de procedencia y, en su caso, publique y comunique tal resolución para el efecto de que las autoridades locales o federales correspondientes actúen en consecuencia.
Artículo 6. Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de las personas servidoras públicas a que se refiere el artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
Artículo 7. Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho:
I. El ataque a las instituciones democráticas;
II. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, laico y federal;
III. Las violaciones a los derechos humanos;
IV. El ataque a la libertad de sufragio o a la posibilidad material de emitirlo;
V. La usurpación de atribuciones o el uso ilícito de atribuciones y facultades;
VI. Cualquier violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma, o a la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;
VII. Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior, y
VIII. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales.
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.
El Congreso de la Unión valorará la existencia y gravedad de los actos u omisiones a que se refiere este artículo. Cuando se advierta que aquellos puedan constituir hechos delictuosos, se dará vista al Ministerio Público para los efectos conducentes.
Artículo 8. Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará a la persona servidora pública con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público desde diez hasta treinta años.
Capítulo II Procedimiento en el Juicio PolíticoArtículo 9. Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular por escrito denuncia contra una de las personas servidora pública de las comprendidas en el primer y segundo párrafos del art. 110 y demás disposiciones relativas de la Constitución Federal, ante la Cámara de Diputados por las conductas a las que se refiere el artículo 7o. de esta Ley, así como por las conductas que determina el segundo párrafo del artículo 5º de esta Ley, por lo que respecta a las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, las Diputadas o los Diputados de las Legislaturas Locales, las Magistradas o los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales otorguen autonomía.
En el caso de ciudadanos, pueblos y comunidades indígenas del país serán asistidos por traductores para elaborar la denuncia, si así lo solicitan. En tal caso, la denuncia deberá presentarse por escrito en idioma español y podrá acompañarse de una versión en la lengua del denunciante.
La denuncia deberá estar sustentada en datos o indicios suficientes para establecer la existencia de un hecho que esta Ley señala como causa de juicio político y estar en condiciones de presumir la responsabilidad de la persona denunciada. En caso de que la persona denunciante no pudiera aportar pruebas o elementos de prueba tendientes a sustentar los datos o indicios señalados en la denuncia por encontrarse éstas en posesión de una autoridad, la Comisión Jurisdiccional, ante el señalamiento del denunciante, podrá solicitarlas para los efectos conducentes.
Las denuncias anónimas no producirán ningún efecto.
El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que la persona servidora pública desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones.
Artículo 10. Corresponde a la Cámara de Diputados sustanciar el procedimiento relativo al juicio político, actuando como órgano de acusación, y a la Cámara de Senadores fungir como Jurado de Sentencia.
La Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento de juicio político por conducto de la Comisión Jurisdiccional.
Una vez integrada la Comisión Jurisdiccional en la Cámara de Diputados conforme lo establece la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a propuesta de las Juntas de Coordinación Política, la Cámara designará a cinco miembros de la Comisión para que integren la Sección Instructora, órgano que tendrá bajo su responsabilidad la instrucción de los procedimientos dispuestos en esta Ley.
La Sección de Enjuiciamiento de la Cámara de Senadores se integrará, cuando sea requerido, en los mismos términos dispuestos en el párrafo anterior.
Artículo 11. El juicio político se substanciará conforme al procedimiento siguiente:
I. El escrito de denuncia se deberá presentar ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados y ratificarse ante ella dentro de los dos días hábiles siguientes a su presentación. De no ratificarse la denuncia en los términos señalados, se tendrá por no presentada;
II. Una vez ratificada la denuncia, la Secretaría General de la Cámara de Diputados la turnará a la Comisión Jurisdiccional para la tramitación correspondiente.
III. La Comisión Jurisdiccional procederá, en un plazo no mayor a treinta días hábiles, a determinar si la persona denunciada se encuentra entre las personas servidoras públicas a que se refiere el artículo 110, primero y segundo párrafos, y demás disposiciones relativas, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, procederá a determinar si la denuncia contiene datos o indicios suficientes que justifiquen que la conducta atribuida corresponde a las enumeradas en los artículos 5o., segundo párrafo, o 7o. de esta Ley, según sea el caso, y si permiten presumir la existencia del hecho que esta Ley señala como causa de juicio político y la probable responsabilidad de la persona denunciada. y, por tanto, amerita la incoación del procedimiento. En caso contrario la Comisión desechará de plano la denuncia presentada notificando a los denunciantes dicha circunstancia.
En caso de que se presentaran pruebas supervenientes desde el momento en que la denuncia fuera desechada y hasta dentro de los tres días hábiles siguientes a que hubiera surtido efectos la notificación al promovente a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión Jurisdiccional deberá volver a analizar la denuncia que ya hubiese desechado por insuficiencia de pruebas, en un plazo no mayor a diez días hábiles;
IV. La resolución que dicte la Comisión Jurisdiccional desechando una denuncia será entregada inmediatamente a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para que ésta la someta a la consideración del Pleno en su siguiente sesión a efecto de que resuelva en definitiva si se desecha la denuncia o se continúa con el procedimiento, y
V. La determinación que dicte la Comisión Jurisdiccional declarando procedente la denuncia será remitida directamente a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados en un plazo no mayor de tres días hábiles a partir de la fecha en que se haya dictado dicha resolución.
Artículo 12. La Sección Instructora practicará todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho materia de la denuncia; estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la participación que haya tenido la persona denunciada.
Para ello, la Sección Instructora notificará a la persona denunciada sobre la materia de la denuncia, dentro de los tres días hábiles siguientes a que la reciba, haciéndole saber su garantía de defensa y que deberá, a su elección, comparecer o informar por escrito, dentro de los siete días hábiles siguientes a la notificación respectiva, para el efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga sobre los hechos imputados en la denuncia y ofrezca las pruebas que considere convenientes y que tengan relación con esos hechos. La persona denunciada deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, dirección de correo electrónico para los mismos efectos, apercibido de que de no hacerlo se le harán todas las notificaciones correspondientes mediante los estrados de la Sección Instructora. En el mismo escrito y durante cualquier etapa del procedimiento podrá nombrar a las personas que conformarán su defensa, autorizándoles expresamente para tal efecto, quienes deberán acudir ante la propia Sección a protestar el cargo mediante documento oficial que les acredite como Licenciados en Derecho.
Artículo 13. Concluido el plazo de siete días hábiles a que se refiere el artículo anterior, la Sección Instructora abrirá un período de prueba de 20 días hábiles dentro del cual recibirá las pruebas que ofrezcan la persona denunciante y la persona servidora pública, así como aquéllas que la propia Sección estime necesarias.
Si al concluir el plazo señalado no hubiese sido posible recibir las pruebas ofrecidas oportunamente o a juicio de la Sección Instructora es preciso allegarse de otras podrá determinar la ampliación del plazo en la medida que resulte estrictamente necesario, por una sola vez y por un periodo igual.
En todo caso, la Sección Instructora calificará la pertinencia de las pruebas ofrecidas, de manera libre y lógica, desechando las que a su juicio sean improcedentes, debiendo en este supuesto razonar su acuerdo, tomando en consideración la pertinencia de las mismas.
Artículo 14. Terminada la instrucción del procedimiento se pondrá el expediente a la vista de la persona denunciante, de la persona denunciada y de su defensa por un plazo común de tres días hábiles, a fin de que tomen los datos que requieran para formular alegatos, que deberán presentar por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a la conclusión del plazo mencionado.
Artículo 15. Transcurrido el plazo para la presentación de alegatos, se hayan o no entregado éstos, la Sección Instructora formulará sus conclusiones en vista de las constancias del procedimiento. Para este efecto, analizará clara y metódicamente la conducta o los hechos imputados y hará las consideraciones jurídicas que procedan para justificar el sentido de su instrucción.
De igual manera deberán asentarse en las conclusiones las circunstancias que hubieren concurrido en los hechos.
Artículo 16. La Sección Instructora deberá entregar sus conclusiones a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dentro de los diez días hábiles siguientes al en que precluya el plazo para presentar alegatos, a no ser que por causa razonable y fundada se encuentre impedida para hacerlo, en cuyo caso podrá solicitar al Pleno de la Cámara, por única vez, que apruebe la ampliación del plazo hasta por quince días hábiles para perfeccionar la instrucción.
La Sección Instructora formulará su dictamen en vista de las constancias del procedimiento, analizando clara y metódicamente la conducta y los hechos imputados y hará las consideraciones jurídicas pertinentes para justificar sus conclusiones.
Artículo 17. Si de las constancias del procedimiento se desprenda que no se cuenta con elementos para acreditar la responsabilidad de la persona denunciada, la Sección Instructora propondrá en el dictamen que se declare que no ha lugar a acusar en su contra por la conducta o el hecho materia de la denuncia que dio origen al procedimiento.
Si de las constancias se desprende la responsabilidad de la persona denunciada, las conclusiones deberán establecer lo siguiente:
I. Que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia;
II. Que se encuentra acreditada la responsabilidad de la persona denunciada, por lo que ha lugar a acusarlo ante el Senado de la República;
III. La sanción que a su juicio debería imponerse de acuerdo con el artículo 8o. de esta Ley, y
IV. Que, en caso de ser aprobadas las conclusiones, se envíe la declaración correspondiente a la Cámara de Senadores, en concepto de acusación, para los efectos legales respectivos.
De igual manera deberán asentarse en las conclusiones las circunstancias que hubieren concurrido en los hechos.
Artículo 18. La Sección Instructora hará entrega de sus conclusiones a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que ésta dé cuenta de las mismas a las y los integrantes de la Cámara y los convoque a sesión, misma que deberá realizarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de las conclusiones, para que conozca y resuelva sobre la imputación, lo que será notificado por la Presidencia a la persona denunciante y a la persona denunciada, para que aquélla se presente por sí y ésta lo haga personalmente, asistida de su defensora o defensor, a fin de que aleguen lo que a su derecho convenga.
Artículo 19. El día señalado conforme al artículo anterior, la Cámara de Diputados se erigirá en órgano de acusación, previa declaración de su Presidenta o Presidente. Acto seguido, una Secretaria o Secretario dará lectura a las constancias procedimentales o a una síntesis que contenga los puntos sustanciales de éstas, así como a las conclusiones de la Sección Instructora. Acto continuo, se concederá la palabra a la persona denunciante e inmediatamente después a la persona denunciada o a su defensa, o a ambos si alguno de éstos lo solicitare, para que aleguen lo que convenga a sus derechos.
La Sección Instructora podrá replicar y, si lo hiciere, la persona denunciada y su defensora o defensor podrán hacer uso de la palabra en último término.
Retiradas la persona denunciante y la persona denunciada y su defensa, la Cámara de Diputados procederá a discutir y a votar las conclusiones propuestas por la Sección Instructora.
Artículo 20. Si la Cámara de Diputados resolviese, por mayoría absoluta del número de los miembros presentes en la sesión, que procede acusar a la persona denunciada, la Presidenta o Presidente remitirá la acusación a la Presidenta o Presidente de la Cámara de Senadores, dentro de los dos días hábiles siguientes. La Cámara de Diputados designará a una comisión de tres diputados integrantes de la Sección Instructora para que sostenga la acusación ante el Senado.
En caso contrario, si la Cámara de Diputados resolviese, por igual mayoría, que no procede acusar a la persona denunciada, resolverá concluido el procedimiento y ordenará el archivo del asunto como totalmente concluido. En su caso, la persona servidora pública continuará en el ejercicio de su cargo.
Artículo 21. Recibida la acusación en la Cámara de Senadores, su Presidencia la turnará, en un plazo de tres días hábiles siguientes a su recepción, a la Sección de Enjuiciamiento, la que emplazará a la Comisión de diputados a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, a la persona acusada y a su defensora o defensor, para que presenten por escrito sus alegatos dentro de los cinco días hábiles siguientes al emplazamiento.
Transcurrido el plazo que se señala en el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos, dentro de los diez días hábiles posteriores, la Sección de Enjuiciamiento formulará sus conclusiones en vista de las constancias que conforman el expediente de mérito, en las cuales propondrá la sentencia y, en su caso, la sanción que a su juicio deba imponerse a la persona acusada, de acuerdo con el artículo 8 de esta Ley, expresando los preceptos legales en que se funde,
De estimarlo necesario, por sí o a petición de los interesados, la Sección de Enjuiciamiento podrá escuchar directamente a la comisión de diputados que sostienen la acusación en términos del artículo 20 de esta Ley, a la persona acusada y su defensa. Asimismo, la Sección de Enjuiciamiento podrá disponer la práctica de otras diligencias que considere necesarias para formular sus conclusiones, las cuales deberán desahogarse en un plazo no mayor a diez días hábiles, durante el cual no correrá el plazo dispuesto en el párrafo anterior.
Emitidas las conclusiones, la Sección procederá a entregarlas, dentro de los dos días hábiles siguientes, a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.
Artículo 22. Recibidas las conclusiones, la Presidenta o Presidente de la Cámara de Senadores anunciará que ésta debe erigirse en Jurado de Sentencia dentro de los dos días hábiles siguientes a la entrega de dichas conclusiones, así como dictar su sentencia dentro de los tres días hábiles siguientes, e instruirá a la Secretaría de la Mesa Directiva para que cite a la comisión de diputados a que se refiere el artículo 20 de esta Ley, a la persona acusada y a su defensa, para que se presenten el día que se señale para la sesión.
El día y hora señalados, la Presidenta o Presidente de la Cámara de Senadores la declarará erigida en Jurado de Sentencia y procederá conforme a lo siguiente:
I. La Secretaría dará lectura a las conclusiones formuladas por la Sección de Enjuiciamiento;
II. Acto continuo, se concederá la palabra a la comisión de diputados a que se refiere el artículo 20 de esta Ley, a la persona servidora pública y a su defensora o defensor, y
III. Retiradas la persona acusada y su defensora o defensor, y permaneciendo la comisión de diputados antes citada en la sesión se procederá a discutir y a votar las conclusiones y se dictará la sentencia que corresponda.
Si la sentencia fuere condenatoria, deberá ser aprobada por resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión.
Por lo que respecta a las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, las Diputadas o los Diputados de las Legislaturas Locales, las Magistradas o los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales otorguen autonomía, la Cámara de Senadores se erigirá en Jurado de Sentencia dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de las conclusiones correspondientes. En este caso, la sentencia que se dicte tendrá únicamente efectos declarativos y la misma se comunicará a la Legislatura Local respectiva para que, en ejercicio de sus atribuciones, proceda como corresponda de acuerdo con las respectivas normas aplicables, para la debida observancia de la resolución del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Capítulo III Procedimiento para la Declaración de ProcedenciaArtículo 23. Corresponde a la Cámara de Diputados substanciar el procedimiento a que se refiere el presente Capítulo actuando como Jurado de Procedencia.
Artículo 24. El procedimiento de declaración de procedencia sólo podrá ser instaurado previa solicitud que presente el Ministerio Público ante la Cámara de Diputados cuando se encuentren debidamente cumplidos los requisitos procedimentales para el ejercicio de la acción penal en contra de alguna de las personas servidoras públicas mencionadas en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En todo caso, se actuará de acuerdo con las disposiciones contenidas en el presente Capítulo.
Artículo 25. La solicitud del Ministerio Público a que se refiere el artículo anterior deberá presentarse por escrito ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados y deberá ser ratificada ante ella dentro de los tres días hábiles siguientes a su presentación. De no ratificarse la denuncia en los términos señalados, se tendrá por no presentada. En la solicitud, el Ministerio Público deberá acompañar copia certificada de todas las constancias que integran la carpeta de investigación, en su caso, si las investigaciones y diligencias fueron agotadas y está en posibilidad de ser judicializada deberá acompañar la resolución sobre el ejercicio de la acción penal.
Ratificada la solicitud, la Secretaría General la turnará dentro de los tres días hábiles siguientes a la Sección Instructora para la tramitación correspondiente.
Artículo 26. La Sección Instructora practicará todas las diligencias necesarias para establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad de la persona inculpada en su comisión.
La Sección Instructora procederá, en un plazo no mayor a diez días hábiles, a determinar si la persona imputada se encuentra entre las personas servidoras públicas a que se refiere el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como sí la solicitud del Ministerio Público contiene las pruebas o los elementos de prueba tendientes a acreditar la existencia del delito y la probable responsabilidad de la persona inculpada. De ser el caso, incoará el procedimiento; en caso contrario, la Sección desechará de plano la solicitud presentada por notoria improcedencia.
El desechamiento de plano será entregado inmediatamente por la Sección Instructora a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para que ésta lo someta a la consideración del Pleno en su siguiente sesión a efecto de que resuelva en definitiva si se desecha la solicitud o se continúa con el procedimiento.
El Ministerio Público podrá presentar nueva solicitud si con posterioridad aparecen nuevos indicios, pruebas o elementos de prueba que lo justifiquen.
Artículo 27. Cuando la Sección Instructora hubiere determinado la incoación del procedimiento, procederá a:
I. Notificar la resolución a las partes, en el plazo de tres días hábiles,
II. Informar a la persona imputada la materia de la solicitud de declaración de procedencia presentada en su contra por el Ministerio Público, hacerle saber sus garantías de audiencia y defensa y correrle traslado de las constancias aportadas por el Ministerio Público;
III. Emplazar a la persona imputada a que comparezca, dentro de los siete días hábiles siguientes a la notificación respectiva, mediante escrito que presente en forma física o por correo electrónico, para que manifieste lo que a su derecho convenga sobre los hechos comprendidos en la solicitud, y ofrezca las pruebas que considere pertinentes, las que deberán guardar estrecha relación con la solicitud de declaración de procedencia notificada, así como con los hechos imputados en la misma, y
IV. Requerir a la persona imputada que señale domicilio y dirección de correo electrónico para oír y recibir notificaciones, así como a las personas que autorice para su defensa, autorizándoles expresamente para tal efecto, quienes deberán acudir ante la propia Sección a protestar el cargo mediante documento oficial que les acredite como Licenciados en Derecho.
Artículo 28. Concluido el plazo de siete días hábiles a que se refiere la fracción III del artículo anterior, la Sección Instructora dictará un acuerdo sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas y para la admisión ordenará las medidas que resulten necesarias para su preparación y desahogo, fijando, en su caso, día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, la que tendrá lugar dentro de los quince días hábiles siguientes. Dicha resolución deberá ser notificada al Ministerio Público y a la persona inculpada dentro de los tres días siguientes a que se dicte la misma.
En todos los casos, las diligencias de investigación que el Ministerio Público hubiere practicado con relación a la solicitud formulada y las que lleve a cabo por su cuenta durante el procedimiento de declaración de procedencia, ya sea por estar pendientes de respuesta o de materializarse, por superveniencia o por nuevas denuncias en contra del mismo solicitado, podrán ser aportadas hasta antes del cierre de la instrucción de éste y deberán ser tomadas en consideración por la Sección al emitir su dictamen.
Si al concluir el plazo señalado en el párrafo primero del presente artículo no hubiese sido posible desahogar las pruebas admitidas o sea preciso allegarse de otras, la Sección Instructora podrá ampliarlo por una sola vez y por un periodo igual.
La Sección Instructora calificará la idoneidad de las pruebas ofrecidas, de manera libre y lógica, desechando las que a su juicio sean improcedentes, debiendo en este supuesto explicar y justificar las razones que tuvo para dicha determinación tomando en consideración la pertinencia de las mismas.
Artículo 29. Terminada la instrucción del procedimiento, se pondrá el expediente a la vista de la persona acusada y su defensora o defensor, por un plazo de tres días hábiles, a fin de que tomen los datos que requieran para formular alegatos, los cuales deberán presentar por escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes a la conclusión del plazo citado en primer término.
Artículo 30. Transcurrido el plazo para la presentación de alegatos, se hayan o no entregado éstos, la Sección Instructora formulará su dictamen en vista de las constancias del procedimiento. Para este efecto, analizará clara y metódicamente la conducta y los hechos imputados y hará las consideraciones jurídicas pertinentes para justificar su dictamen.
De igual manera, deberá asentar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que hubieren concurrido en los hechos.
Artículo 31. Si a juicio de la Sección Instructora no se acreditan la existencia del posible delito o la probable responsabilidad del imputado, el dictamen será en el sentido de declarar que no ha lugar a proceder en contra del servidor público imputado, quien conservará la inmunidad procesal penal constitucional.
Si la Sección Instructora encuentra elementos suficientes para presumir la probable responsabilidad de la persona servidora pública en los posibles delitos imputados, emitirá un dictamen en el que se declare que ha lugar a proceder a retirar la inmunidad procesal penal, quedando el Ministerio Público en aptitud de ejercer sus atribuciones constitucionales en contra del imputado ante la autoridad judicial competente.
Artículo 32. La Sección Instructora deberá entregar su dictamen a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dentro de los diez días hábiles siguientes al en que termine el plazo para la presentación de los alegatos, a no ser que por causa razonable y fundada se encuentre impedida para hacerlo, en cuyo caso podrá solicitar a la Cámara, por conducto de la Mesa Directiva, por única vez, que se amplíe el plazo para perfeccionar la instrucción hasta por quince días hábiles.
Artículo 33. Recibido el dictamen, la Presidenta o Presidente de la Cámara de Diputados dará cuenta al Pleno, ordenará la inmediata publicación de una versión pública en la Gaceta Parlamentaria y anunciará que la Cámara debe erigirse en Jurado de Procedencia dentro de los dos días hábiles siguientes al de recepción del dictamen, lo que notificará al Ministerio Público, a la persona inculpada y a su defensora o defensor para que se presenten el día que se fije para tal efecto.
Artículo 34. El día fijado, previa declaración de la Presidenta o Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el jurado de procedencia procesará el dictamen de la Sección Instructora y actuará de conformidad con lo siguiente:
I. La Secretaría de la Cámara dará lectura al encabezado y los resolutivos del dictamen respectivo;
II. Acto continuo, se concederá la palabra al Ministerio Público, a la persona acusada y a su defensora o defensor, y
III. Retirados la persona acusada y su defensora o defensor, así como el Ministerio Público, el jurado de procedencia discutirá y votará el dictamen, previa presentación del mismo por parte de la Sección Instructora, y hará la declaratoria que corresponda.
Artículo 35. Si la Cámara de Diputados declara por mayoría absoluta de sus miembros presentes en la sesión que ha lugar a proceder contra la persona imputada, ésta quedará inmediatamente separada de su empleo, cargo o comisión y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes para que actúen con arreglo a la ley.
En el caso de que la Cámara declare, por igual mayoría, que no ha lugar a proceder penalmente a la persona imputada, no habrá lugar a procedimiento ulterior, pero tal declaración no será obstáculo para que el procedimiento penal inicie o continúe su curso cuando la persona servidora pública haya concluido el desempeño de su empleo, cargo o comisión, pues la misma no prejuzga sobre los fundamentos de la imputación.
Por lo que respecta a las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, las Diputadas o los Diputados de las Legislaturas Locales, las Magistradas o los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales otorguen autonomía, a quienes se les hubiere atribuido la posible comisión de delitos federales, la declaración de procedencia que al efecto dicte la Cámara de Diputados se remitirá a la legislatura local respectiva, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda en estricta observancia de lo decretado en definitiva por la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos erigida en jurado de procedencia y, en su caso, publique y comunique tal resolución para el efecto de que las autoridades locales o federales correspondientes actúen en consecuencia.
Artículo 36. Cuando se siga un proceso penal a una persona servidora pública de las mencionadas en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin haberse dado cumplimiento a lo dispuesto en el presente Capítulo, la Presidencia de la Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente librará oficio al órgano jurisdiccional que conozca de la causa, a fin de que suspenda el procedimiento en tanto se plantea y resuelve si ha lugar a proceder en su contra.
Capítulo IV De la Responsabilidad Penal del Presidente de la RepúblicaArtículo 37. En términos de lo dispuesto por el artículo 108, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadana o ciudadano.
Artículo 38. El procedimiento podrá ser instaurado previa solicitud presentada por el Ministerio Público, cuando se encuentren debidamente cumplidos los requisitos procedimentales para el ejercicio de la acción penal en contra de la persona titular de la Presidencia de la República.
En la solicitud, el Ministerio Público deberá acompañar copia certificada de todas las constancias que integran la carpeta de investigación, en su caso, si las investigaciones y diligencias fueron agotadas y está en posibilidad de ser judicializada deberá acompañar la resolución sobre el ejercicio de la acción penal.
Artículo 39. Recibida la solicitud, la Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento dispuesto por el Capítulo II del Título Segundo de esta Ley, de acuerdo con lo señalado en el cuarto párrafo del artículo 111 de la Constitución.
Artículo 40. Concluida la instrucción, si el dictamen emitido por la Sección Instructora considera procedente la solicitud del Ministerio Público, la Cámara de Diputados se constituirá en órgano de acusación y, de aprobarlo, continuará el procedimiento ante el Senado de la República.
Artículo 41. Recibida la acusación, la Cámara de Senadores sustanciará el procedimiento en términos de lo dispuesto en la presente Ley hasta erigirse en Jurado de Sentencia, pero en este caso la resolución se orientará a establecer si se encuentra o no acreditada la probable responsabilidad de la persona titular de la Presidencia de la República en la comisión del delito o delitos de que se le acusa, en términos de la legislación penal aplicable.
Artículo 42. Si el Jurado de Sentencia encuentra probablemente responsable a la persona titular de la Presidencia de la República, en la sentencia resolverá con base en la legislación penal aplicable.
Título Tercero Capítulo Único Disposiciones Comunes para los Capítulos II, III y IV del Título SegundoArtículo 43. Las denuncias o querellas anónimas no producirán ningún efecto.
Artículo 44. Las actuaciones de las Cámaras de Diputados y de Senadores se fundamentarán y motivarán debidamente.
En términos de lo dispuesto por los artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son inatacables todas las resoluciones emitidas en los procedimientos dispuestos en esta Ley, tanto las dictadas por las Cámaras de Diputados y de Senadores, por sí o erigidas en jurado de procedencia o de sentencia, así como las formuladas por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados y por la Sección de Enjuiciamiento de la Cámara de Senadores.
Artículo 45. En ningún caso podrá dispensarse un trámite de los establecidos en los Capítulos II, III y IV del Título Segundo de esta Ley.
Artículo 46. Cuando alguna de las Secciones o de las Cámaras deba realizar una diligencia en la que se requiera la presencia de la persona sujeta a alguno de los procedimientos dispuestos en esta Ley, se emplazará a ésta para que comparezca o conteste por escrito a los requerimientos que se le hagan; si la persona emplazada se abstiene de comparecer o de informar por escrito se entenderá que contesta en sentido negativo.
Las Secciones practicarán las diligencias que no requieran la presencia de la persona sujeta a procedimiento encomendando al Juez de Distrito que corresponda las que deban practicarse dentro de su respectiva jurisdicción y fuera del lugar de residencia de las Cámaras, por medio de despacho firmado por la Presidenta o Presidente y una Secretaria o Secretario de la Sección respectiva, al que se acompañará testimonio de las constancias conducentes.
El Juez de Distrito practicará las diligencias que le encomiende la Sección respectiva, con estricta sujeción a las determinaciones que aquélla le comunique.
Todas las comunicaciones oficiales que deban girarse para la práctica de las diligencias a que se refiere este artículo, se entregarán personalmente o se enviarán por correo, en pieza certificada y con acuse de recibo, libres de cualquier gasto. Aquellas que involucren a una ciudadana o ciudadano, pueblo o comunidad indígena, podrán remitirse, a elección de éstos, en español o traducirse a lengua indígena que cuente con expresión escrita.
Artículo 47. Quienes integren las Secciones y, en general, las Diputadas, los Diputados, las Senadoras y los Senadores que hayan de intervenir en algún acto del procedimiento deberán excusarse si concurre alguna de las causas de impedimento que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Artículo 48. Presentada la excusa o la recusación, se calificará dentro de los tres días hábiles siguientes en un incidente que se substanciará ante la Sección a cuyos miembros no se hubiese señalado impedimento para actuar. Si hay excusa de la mitad o más integrantes de una Secciones, se nombrarán suplentes para que actúen exclusivamente en la calificación de la excusa respectiva.
Artículo 49. Tanto la persona sujeta a procedimiento como la persona denunciante o solicitante podrán pedir de las autoridades las copias certificadas de los documentos que pretendan ofrecer como prueba ante las Secciones correspondientes.
Las autoridades estarán obligadas a expedir dichas copias certificadas, sin demora, y si no lo hicieren las Secciones, a instancia del interesado, señalarán a la autoridad omisa un plazo razonable para que las expida, bajo apercibimiento de imponerle una multa de diez a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, la que se hará efectiva si la autoridad incumple. Si resultase falso que el interesado hubiera solicitado las constancias, la multa se hará efectiva en su contra y se dará vista al Ministerio Público.
Por su parte, las Secciones o las Cámaras solicitarán las copias certificadas de constancias que estimen necesarias para el procedimiento, y si la autoridad de quien las solicitase no las remite dentro del plazo que se le señale, se impondrá la multa a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 50. Las Cámaras no podrán erigirse en órgano de acusación, Jurado de Sentencia o Jurado de Procedencia, sin que antes se compruebe fehacientemente que la persona denunciada, su defensor o defensora, la persona denunciante y, en su caso, el Ministerio Público, han sido debidamente notificados.
Artículo 51. No podrán votar en ningún caso las Diputadas, los Diputados, las Senadoras o los Senadores siguientes:
I. Que hubiesen presentado la denuncia o querella contra la persona servidora pública, o
II. Que hayan aceptado el cargo de defensora o defensor, aun cuando lo renuncien después de haber comenzado a ejercer el cargo.
Artículo 52. En los procedimientos a que se refiere esta Ley, los acuerdos y determinaciones de las Cámaras se tomarán en sesión pública, excepto cuando el interés en general exija que la audiencia sea privada, a juicio de la instancia que corresponda o las que determine la sección instructora en actuaciones propias.
Artículo 53. Cuando en el curso de un procedimiento de los mencionados en los artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, seguido a una persona servidora pública, se presentare una nueva denuncia de juicio político o solicitud de declaración de procedencia en su contra, se procederá respecto de ella con arreglo a esta Ley, hasta agotar la instrucción de los diversos procedimientos, procurando, de ser posible, la acumulación de ellos.
Si la acumulación fuese procedente, la Sección formulará en un solo documento sus conclusiones o dictamen, que comprenderán el resultado de los diversos procedimientos.
Artículo 54. Las Secciones y las Cámaras podrán disponer las medidas de apremio y apercibimientos que fueren procedentes, mediante acuerdo de la mayoría de sus miembros presentes en la sesión respectiva
Artículo 55. Los procedimientos a que se refiere esta Ley no podrán suspenderse durante los recesos de las Cámaras de Diputados o de Senadores, por lo que las Comisiones y Secciones de que se trate deberán continuarlos hasta que concluyan su intervención y se encuentren en estado de declaración o resolución por parte de dichas Cámaras, según sea el caso.
Si se trata de juicio político o de procedimiento seguido en contra del Presidente de la República, la Presidenta o Presidente de la Cámara de Diputados deberá solicitar a la Comisión Permanente que convoque a esa Cámara a un periodo extraordinario de sesiones a fin de que ésta se erija en órgano de acusación. Lo propio hará la Presidenta o Presidente de la Cámara de Senadores cuando ésta deba erigirse en Jurado de Sentencia.
Si se trata de un procedimiento de declaración de procedencia, la Presidenta o Presidente de la Cámara de Diputados solicitará a la Comisión Permanente que convoque a esa Cámara a un periodo extraordinario de sesiones para que ésta se constituya en Jurado de Procedencia.
Artículo 56. Las declaraciones o resoluciones aprobadas por las Cámaras con arreglo a esta Ley, se comunicarán al día hábil siguiente, para su conocimiento y efectos legales, a la Cámara a la que pertenezca la persona denunciada, salvo que fuere la misma que hubiese dictado la declaración o resolución, o bien, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Presidente de la República, si se tratara de algún integrante del Poder Judicial Federal o de la Administración Pública Federal, respectivamente, o directamente al Presidente de la República cuando se trate de éste.
Por lo que hace a las personas servidoras públicas federales de los órganos constitucionales autónomos, las resoluciones o declaraciones respectivas, se comunicarán a sus órganos de gobierno o equivalentes, para los efectos legales correspondientes.
En todo caso, las declaraciones y resoluciones a que se refieren los párrafos que anteceden, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 57. En todo lo no previsto por esta Ley, en las discusiones y votaciones se observarán las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los reglamentos de cada Cámara, y demás disposiciones jurídicas aplicables.
En las cuestiones relativas al procedimiento que no prevea esta Ley, así como en la valoración de las pruebas se observarán las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, se atenderán, en lo conducente, las del Código Penal Federal.
Artículo 58. En todo momento, cualquiera que sea la etapa de los procedimientos, al advertir las secciones que está presente una causa de improcedencia, previo estudio y justificación, presentarán ante la Mesa Directiva de la cámara correspondiente un proyecto de sobreseimiento para que sea puesto a la consideración del Pleno a efecto de que determine, por el voto de la mayoría de los presentes, si debe o no continuar el procedimiento.
TransitoriosPrimero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada el 31 de diciembre de 1982 en el Diario Oficial de la Federación.
Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente ordenamiento.
Cuarto. Los procedimientos seguidos a las personas servidoras públicas conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que, a la entrada en vigor de esta ley, se encuentren en trámite, deberán sustanciarse hasta su conclusión de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes al momento en que se iniciaron.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de septiembre de 2021.– Diputado Moisés Ignacio Mier Velazco (rúbrica).»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado Jaime Humberto.
Pido a la Secretaría que consulte en votación económica, con fundamento en el artículo 82, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados si la iniciativa se considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.
La secretaria diputada Brenda Espinoza López: En votación económica, se consulta si la iniciativa se considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación.
Anuncio a esta asamblea que tenemos cuatro mociones suspensivas, por lo que concedo la palabra a la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar la moción suspensiva, hasta por tres minutos.
La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo:Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, buenas noches. La ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento, ni la subordinación justifica violentarla.
Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos preocupados por los trámites procedimentales tan atropellados que la mayoría y sus aliados proponen para discutir temas de enorme relevancia para el país.
Cuando pensábamos que habíamos visto todo, vuelven a retar nuestra capacidad de asombro. Luego de tres años brincándose procesos legislativos, rescatando propuestas de legislaturas pasadas, evitando los debates en comisiones y absolutamente cerrados a escuchar propuestas, inician esta nueva legislatura mal y de malas. No aprenden.
A inicios de 2018 Morena y sus aliados aprobaron la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos rescatando una minuta de 2011. ¿En qué acabó? Que ha sido un gran problema para México aplicar esta reforma gracias a los graves errores que cometieron, a que fue impugnada y a que tuvimos que volver a legislar. La volvieron a impugnar y todavía está pendiente de resolverse ese asunto.
Hoy, Morena y sus aliados vuelven al mismo error con la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, al violentar nuestro procedimiento legislativo.
Primero buscaron un dictamen aprobado en la legislatura pasada para ser discutido en el pleno, se dieron cuenta del error, del atropello contra el artículo 288 de nuestro Reglamento y en menos de tres horas, deciden, por el voto ponderado que tienen en los órganos de gobierno, incorporar una iniciativa al orden del día para ser tramitada de urgente resolución con dispensa de todos los trámites.
No entendemos cuál es la prisa, pudieron cambiar la redacción, incorporar párrafos o cambiar palabras, lo que supone que debería requerir una revisión que en un par de horas evidentemente no puede realizarse.
Pretender que el primero de septiembre, durante la primera sesión de esta legislatura, sea discutida y votada esta propuesta que aproximadamente el 70 por ciento de los integrantes de esta Cámara desconoce, atenta contra el principio de deliberación democrática y el derecho a la participación de las fuerzas políticas en condiciones de igualdad.
Es grave que no acrediten la urgente resolución para traer al pleno este asunto sin haberse discutido y votado en la comisión. Ya la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado al respecto, existe jurisprudencia y no basta que una mayoría apruebe la dispensa de trámites, porque es necesario exponer las razones que llevan a calificarla como urgente, y aquí nadie lo sabemos.
Es un acto de responsabilidad legislativa discutir este asunto en la comisión, abrir parlamento abierto para recibir opiniones de especialistas, debatirlo, escucharnos y construir en conjunto sería el camino correcto.
En el PRI creemos que el juicio político debe ser una garantía del sistema constitucional para sancionar a los servidores públicos que incumplan con sus responsabilidades, pero no podemos avalar...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputada, por favor.
La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo: Concluyo, señor presidente. Pero no podemos avalar un proyecto que responde a presiones políticas, porque en la premura está el riesgo de afectar la gobernabilidad de nuestro país. Les pedimos su apoyo para esta moción suspensiva, sean responsables. Tengan tantita dignidad y respeto a la autonomía de este Poder Legislativo.
«Moción suspensiva a la iniciativa que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, presentada por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 114, fracción IX y 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados. sometemos a consideración la siguiente moción suspensiva, respecto de la iniciativa con dispensa de trámite por la que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, con base en la siguiente:
Exposición de MotivosEl Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presenta la siguiente moción suspensiva por considerar que existe una violación grave al procedimiento legislativo respecto de la iniciativa con dispensa de trámite que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, en los términos siguientes:
No se acredita la urgencia para procesar la iniciativa con dispensa de trámite, vulnerando el principio de deliberación democrática en condiciones de igualdad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha declarado la inconstitucionalidad de leyes de este honorable Congreso de la Unión bajo el argumento de que la presentación ante el Pleno de una propuesta legislativa, sin el debido conocimiento de la asamblea, prevé la existencia de vicios del procedimiento legislativo, trascendentes a la calidad democrática de la ley, suficientes para invalidarla.
Tal es el caso de la Acción de Inconstitucionalidad 6/2018 y sus acumuladas 8/2018, 9/2018, 10/2018 y 11/2018 contra de la Ley de Seguridad Interior. De la lectura a las consideraciones de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, los ministros determinaron que la Junta de Coordinación Política no acreditó el asunto de urgente y obvia resolución, ni expresó motivación alguna al respecto para someter a discusión y aprobación un asunto ante el Pleno.
La ministra Norma Piña Hernández plasmó consideraciones tendentes a esclarecer que es una exigencia esencial del procedimiento legislativo que se respete el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas representadas, en condiciones de libertad e igualdad.
Así, para que se respete dicho principio, una condición necesaria es que se tenga conocimiento del dictamen que será sometido a discusión con la antelación suficiente para que pueda ser estudiado adecuadamente; pues, de lo contrario, es evidente que esa circunstancia priva de valor racional a la deliberación llevada a cabo en esa sesión.
Consecuentemente, en términos de nuestra atribución legal conferida por el artículo 20, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la Mesa Directiva debe asegurar el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno y garantizar que en los trabajos legislativos prevalezca lo dispuesto en la Constitución y la ley; por lo que, dispensar de los trámites parlamentarios correspondientes sin que exista una justificación objetiva contravendría nuestro mandato legal.
En este sentido, pretender que el 1 de septiembre durante la primera sesión de la LXV Legislatura, sea discutido un asunto con dispensa de trámite por el Pleno que no acredita la urgencia, se convierte en una grave vulneración al principio de deliberación democrática, porque se trata de una legislatura nueva, con nuevos actores políticos que apenas se están incorporando a sus funciones y que no tendrán el tiempo necesario para establecer un debate sobre un tema que fue discutido en una legislatura anterior.
Por lo antes descrito y sobre todo, porque el Partido Revolucionario Institucional entiende la gran importancia de actualizar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que fue publicada originalmente en 1982 y que la nueva propuesta merece ser debatida y procesada bajo el más estricto apego al procedimiento legislativo, es que solicitamos se tramite la siguiente:
Moción SuspensivaPrimero. Se suspenda la discusión de la iniciativa con dispensa de trámite que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia.
Segundo. La iniciativa sea turnada a la Comisión de Gobernación y Población para su discusión y votación en los términos reglamentarios.
Atentamente
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de septiembre del 2021.– Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica).»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputada. Recuerdo nuevamente a las diputadas y diputados sujetarse al tiempo otorgado por esta Presidencia. Ahora concedo la palabra al diputado Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional... Perdón, perdóneme.
Consulte la Secretaría, en votación económica, si toma en consideración de inmediato para su discusión la moción suspensiva.
La secretaria diputada Brenda Espinoza López: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se desecha.
Tiene la palabra el diputado Jorge Triana Tena, del Partido Acción Nacional, para presentar moción suspensiva, hasta por tres minutos.
El diputado Jorge Triana Tena:Con su permiso, diputado presidente. Vengo a esta tribuna a presentar una moción suspensiva sustentada en el artículo 122 de nuestro Reglamento interno, pero antes de fundamentarla debo explicar qué hay detrás de esta moción suspensiva.
Primero que nada, aclarar que estamos haciendo un acto extralegal, no ilegal, extralegal, pero íbamos a hacer uno ilegal. Hasta antes de ayer, en la Junta de Coordinación Política se pretendía revivir, hacer un refrito de una iniciativa de la legislatura anterior hacia esta, violentando claramente el artículo 288 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
Se pretendía hacer sin ningún tipo de tapujo y fuimos nosotros, la oposición, quienes advertimos la ilegalidad de este acto y vinieron a corregirlo, qué bueno que nos hicieron caso, les agradecemos mucho, pero vinieron a corregirlo mal. Lo correcto era regresar este dictamen, regresar este proyecto a la comisión y lo que hicieron fue presentar una iniciativa nueva, que en realidad no es nueva, es un copy pastede la anterior, tan es así que la persona que vino a fundamentar el proyecto a esta tribuna aludió a los estudios que llevó a cabo la Comisión de Gobernación durante su análisis, por cierto, la iniciativa también fue turnada a la Comisión de Presupuesto en opinión y jamás llegó esta opinión.
Entonces estamos ante un acto extralegal, ante una simulación, una faramalla, no es una iniciativa nueva, es la misma iniciativa que ilegalmente se pretendía sobrescribir en esta legislatura y se pretende hacer obviando todos los trámites del proceso parlamentario. Esto tiene su fundamento en el artículo 82 de nuestro Reglamento, claramente así lo dice, se permite que haya esta obviedad de trámites en tres casos, la primera en tratándose de una iniciativa preferente, claramente no estamos ante una de ellas. Dos, ante una que ya fue sujeta a publicidad con dos días de anticipación, tampoco estamos ante la urgencia y obviedad, no se justifica la urgencia y obviedad.
Llama la atención enormemente que la persona que fundamentó el dictamen en esta tribuna dijera con todas sus letras “estar en contra de la dispensa del trámite de este proyecto es estar a favor de la corrupción”. No señores, no se confundan, estamos a favor de que se norme la figura de juicio político, ¿por qué? Porque no ha habido un solo caso de juicio político que haya llegado a buen puerto bajo las reglas ambiguas que tenemos en este momento.
Estamos a favor de regular también por supuesto a la Sección Instructora y el juicio de declaración de procedencia para que no suceda lo que sucedió la legislatura pasada cuando de manera ilegal se modificó la conformación de ese órgano para favorecer a una de las posiciones internas.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputado.
El diputado Jorge Triana Tena: Por supuesto que concluyo, diputado presidente. Tan estamos a favor de combatir a la corrupción que creemos que esto se tiene que estudiar con calma, que en el Senado presentamos una iniciativa para...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputado.
El diputado Jorge Triana Tena: reformar el artículo 110 constitucional, presidente, puede poner orden para que concluya.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputado, por favor. Concluya.
El diputado Jorge Triana Tena: Si pueden recuperar los segundos que me están quitando, por favor, para concluir.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Les pido orden en la asamblea.
El diputado Jorge Triana Tena: Gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Le doy 10 segundos para concluir, diputado.
El diputado Jorge Triana Tena: Por supuesto, tan estamos en contra de la corrupción que creemos que es indispensable que en este momento personas como Manuel Bartlett...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado.
El diputado Jorge Triana Tena: Involucrado en dos... acusado de tener bienes por más de mil millones de pesos de manera ilegal sean sujetos a juicio político...
«Moción suspensiva a la iniciativa que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, presentada por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y, con fundamento en los artículos 114 numeral 1, fracción IX y 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente moción suspensiva a la discusión de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con base en los siguientes:
Antecedentesa. El día 21 de julio del 2021, fue recibida en la Comisión Permanente, iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada por el diputado Rubén Cayetano García, y suscrita por diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Morena.
b. En la misma fecha fue recibida en la Cámara de Diputados, turnándose a la Comisión de Gobernación y Población con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.
c. El día 13 de agosto del 2021, fue aprobado el dictamen correspondiente en la quinta reunión extraordinaria de Comisión de Gobernación y Población, ordenándose su remisión a la Mesa Directiva para los efectos legales y reglamentarios, según consta en el acta de la Comisión de Gobernación y Población, tocante a la quinta reunión extraordinaria, celebrada el viernes 13 de agosto de 2021, la cual fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el 16 de agosto del mismo año.
d. Que dicho dictamen se encuentra en poder de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, según consta en el documento “ Dictámenes en poder de la Mesa Directiva, actualizado al 23 de agosto de 2021” entregado por la presidenta de la Mesa Directiva Dulce María Sauri Riancho al secretario de Servicios Parlamentarios Hugo Cristian Rosas de León, para el efecto de que éstos sean devueltos a las comisiones legislativas de la LXV Legislatura en calidad de proyectos, en términos de lo dispuesto por el articulo 288 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
e. Que con fecha 1 de septiembre del 2021, se recibió en la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada.
ConsideracionesI. Que de acuerdo con el articulo 114 fraccion IX del Reglamento de la Cámara de Diputados (en adelante el “Reglamento”) se establece el recurso de procedimiento legislativo para solicitar una moción para la suspensión de una discusión.
II. Que de acuerdo con el artículo 122 numeral 1 y 2 del Reglamento dicha moción tiene por objeto interrumpir la discusión de algún asunto puesto a la consideración del Pleno, la cual deberá presentarse por escrito ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados antes de que inicie la discusión en general del asunto del cual se quiere suspender su discusión.
III. Que como se observa en el rubro de antecedentes de esta moción, la pretendida discusión de la iniciativa que en esta fecha se presenta en la Cámara de Diputados, encuentra su antecedente próximo en el dictamen elaborado y aprobado en la Comisión de Gobernación y Población de la LXIV Legislatura, y que se encuentra sujeto al procedimiento específico que para la discusión de los asuntos que pasan de una legislatura a otra se encuentra previsto en el Reglamento de la Cámara de Diputados, debiéndose devolver a la Comisión Dictaminadora en calidad de proyectos, para que ésta determine si serán procesados para su nueva discusión, conforme a lo previsto en el artículo 288.
Dicha disposición establece a la letra lo siguiente:
Artículo 288. 1. Los dictámenes de iniciativas, minutas y puntos de acuerdo que se encuentren en poder de la Mesa Directiva serán devueltos a las comisiones correspondientes en calidad de proyectos. Las comisiones deberán elaborar un acuerdo dentro del primer mes de sus trabajos a partir de su instalación donde señalen qué proyectos serán desechados y cuáles serán procesados para su nueva discusión.
En caso de que un proyecto de dictamen corresponda a Comisiones Unidas, la comisión que encabeza el turno será la encargada de realizar el acuerdo señalado en el numeral anterior.
IV. Que, aunado a lo anterior, la iniciativa que ahora se pretende discutir, violenta el texto constitucional que ordena la discusión sucesiva en ambas Cámaras de todo proyecto de ley o decreto, debiéndose observar la forma, intervalos y modo de proceder previstos en la Ley del Congreso y sus reglamentos. Dicha disposición a la letra dispone:
Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones:
A. a I. ...
Cabe señalar que esta disposición constitucional puede considerarse protectora de la esfera representativa de la Función Pública, de manera tal que deberá observarse estrictamente los procedimientos fijados en ley para permitir la participación de todos y cada uno de los diputados en el procedimiento de discusión de un asunto, lo cual implica el previo análisis del mismo.
V. Que esta iniciativa no amerita su discusión inmediata, pues no se encuentran motivos suficientes para considerarla como de urgente u obvia resolución, además considerando que ésta no está siendo presentada bajo ningún trámite de preferencia, situación que, inclusive si se llegare a dar, su procedimiento está claramente previsto en el texto del tercer párrafo del artículo 71 constitucional al referirse al trámite de las iniciativas preferentes que presente el Presidente de la República, y conforme al cual, ésta deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales, y si transcurrido dicho plazo no se cuenta con el dictamen correspondiente, la iniciativa podrá ser discutida y votada en el Pleno. Dicha disposición establece lo siguiente:
Artículo 71
...
El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.
...
VI. Que, respecto al trámite específico previsto en el Reglamento de la Cámara de Diputados, las iniciativas que presenten las y los diputados deberán sujetarse a los trámites establecidos en el Reglamento, según se establece en el artículo 77 numeral 1:
Artículo 77. 1. El derecho de iniciativa es irrestricto, pero en el caso de las que presenten las diputadas y los diputados, su turno se sujetará a los requisitos y trámites establecidos en este Reglamento.
2. a 4. ...
Lo anterior implica que la iniciativa estará sujeta al procedimiento de dictaminación respectiva en las Comisiones competentes, conforme a lo previsto en el artículo 80 y demás aplicables del mencionado Reglamento.
VII. Que la discusión de la iniciativa no cumple con los requisitos previstos para la inclusión de asuntos en el orden del día. Al pretender discutir la iniciativa bajo el argumento de urgente u obvia resolución debieron haberse cumplido los requisitos exigidos en el numeral 4 del artículo 65 del Reglamento, por cuanto hace a que en el acto no se dio a conocer el documento correspondiente.
Artículo 65. 1 . ...
2. ...
3. ...
4. Cuando se requiera que algún asunto sea tramitado de urgente u obvia resolución, deberá señalarse expresamente al momento en que sea registrado ante la Junta, quien deberá circular entre los grupos el documento en archivo electrónico o impreso con el contenido de la propuesta. Los casos de excepción deberán ser acordados por la Junta.
VIII. Que el no dar a conocer el texto de la iniciativa con la anticipación requerida violenta el derecho de las minorías al limitar su participación en condiciones de igualdad respecto a la participación en los debates a que tenemos derecho todos los legisladores, ello, toda vez que no se están proporcionando los insumos necesarios que nos permitan estudiar y opinar debidamente respecto de la propuesta presentada.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce que los ciudadanos que ejercen una función pública deben gozar de las oportunidades que le permitan ejercer su función en condiciones de igualdad, lo cual implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación.
De esta manera, al someter la aprobación de la iniciativa en comento a la aprobación de este Pleno, sin haberse permitido realizar el debido análisis por todos y cada uno de los legisladores que aquí nos encontramos, se vulnera nuestro derecho de ejercer la función pública, en este caso, a ejercer nuestra función legislativa, lo cual incide directamente en los derechos de los ciudadanos.
Aunado a lo anterior, la aprobación de la reforma que pretende discutirse va en contra de los elementos mínimos que debe tener un Estado para considerarse democrático en la modernidad según Norberto Bobbio, según el cual ninguna decisión tomada por la mayoría debe limitar los derechos de la minoría.
Por tanto, la iniciativa en comento debe ser debidamente revisada, además que, si se llegare a encontrar que la iniciativa corresponde al texto del dictamen aprobado en la LXIV Legislatura al que se ha hecho referencia en el rubro de antecedentes, se estaría incurriendo en un flagrante fraude a la Ley.
Por las consideraciones expuestas y tomando en cuenta la normatividad vigente que rige el procedimiento legislativo a que deben sujetarse los asuntos que se presentan a esta Cámara de Diputados, solicito someter a consideración de esta asamblea los siguientes:
PetitoriosPrimero. Se suspenda la discusión de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Segundo. Que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados realice el turno correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a la Comisión competente de esta LXV Legislatura, a efecto de que ésta emita el dictamen correspondiente en los tiempos y formalidades previstas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de septiembre del 2021.– Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Retiren el sonido.
Diputadas y diputados esta Presidencia ha sido consecuente en otorgar 30 segundos adicionales y a partir de ese momento les he hecho el llamado para que concluyan a quienes han participado. Yo les pido que se atengan al tiempo otorgado para evitarnos estas polémicas. Es cuanto.
Consulte la Secretaría en votación económica si toma en consideración de inmediato para su discusión la moción suspensiva.
La secretaria diputada Brenda Espinoza López: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Mayoría por la negativa, señor presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se desecha.
Tiene la palabra el diputado Miguel Ángel Torres Rosales, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar moción suspensiva, hasta por tres minutos. Adelante, diputado.
El diputado Miguel Ángel Torres Rosales:Buenas noches, diputadas y diputados, con su venia, señor presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
El diputado Miguel Ángel Torres Rosales: A nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en esta LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente moción suspensiva a la discusión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, tomando en consideración que el pasado 29 de septiembre, las diputadas y los diputados integrantes de esta LXV Legislatura protestamos guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.
Este acto solemne significa un compromiso indeclinable a favor del Estado de derecho y de las normas con las que se rige esta soberanía.
Sin embargo, en la primera sesión ordinaria del primer periodo del primer año legislativo, se nos propone violar este juramento y este compromiso.
Se está poniendo a debate un dictamen que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, acordado por la Comisión de Gobernación y Población en la LXIV Legislatura. Esto es un grave problema procedimental.
El artículo 288 del Reglamento de la Cámara de Diputados es muy claro al respecto, establece que los dictámenes generados en las legislaturas anteriores, en poder de la Mesa Directiva, sean devueltos a las comisiones, en calidad de proyectos. Las comisiones dictaminadoras deberán acordar, durante el primer mes de sus trabajos luego de su instalación, qué proyectos serán desechados y cuáles serán procesados para su discusión.
Al momento, hay que precisarlo, no se han instalado las comisiones ordinarias, por lo que se está llegando al despropósito de poner a consideración del pleno un proyecto de dictamen que no está avalado por un órgano auxiliar de esta soberanía.
La actual legislatura no es una continuación de la anterior, eso hay que resaltarlo y hay que dejarlo muy claro. Ni es un apéndice de la misma ni en su naturaleza jurídica ni en su conformación.
No hay fundamento para que el pleno, reunido en este momento, conozca de un producto legislativo que le es totalmente ajeno. Esto no significa que nuestro grupo parlamentario se niegue a discutir el tema de fondo ni se opone a que haya acuerdos de voluntades para empezar los trabajos legislativos.
Tampoco buscamos bloquear el trámite de asuntos cuando el pleno considere necesario dispensar trámite de alguno de ellos, sino todo lo contrario. Estamos sentando un precedente muy nefasto que operaba, precisamente, en las legislaturas en que no se respetaban los principios de tolerancia e inclusión.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputado.
El diputado Miguel Ángel Torres Rosales: Eran los tiempos en que se decía: acuerdo mata Reglamento. Y no estamos dispuestos a seguir en esa ruta. Muchas gracias, señor presidente.
«Moción suspensiva a la iniciativa que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, presentada por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura.– Presente.
A nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Asamblea la presente moción suspensiva, a la discusión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al tenor de las siguientes
ConsideracionesEl pasado domingo 29 de agosto, las diputadas y diputados integrantes de ésta LXV Legislatura protestamos guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes que de ella emanen.
Este acto solemne significa un compromiso indeclinable a favor del Estado de Derecho y de las normas con las que se rige esta soberanía.
Sin embargo, en la primera sesión ordinaria del primer periodo del primer año legislativo, se nos propone violar este juramento y este compromiso.
Se está poniendo a debate un dictamen que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, acordado por la Comisión de Gobernación y Población. Es un tema de fondo, que requiere la mayor apertura y la mayor discusión, de cara a la sociedad, con transparencia, minuciosidad y exhaustividad.
Nos parece inadmisible poner a discusión, con dispensa de trámites esta versión de un dictamen que quedó en calidad de proyecto en la pasada legislatura y que no pudo ser conocido por el Pleno.
Al momento, no se han instalado las comisiones ordinarias, y, sin embargo, un tema sustantivo se está poniendo en este momento a discusión, avasallando con el use de una mayoría que seguramente no conoce aún ni el fondo ni el contenido de una iniciativa de esta dimensión.
La actual legislatura no es una continuación de la anterior, ni un apéndice de la misma, ni en su naturaleza jurídica ni en su conformación.
Esto no significa que nuestro grupo parlamentario se niegue a discutir el tema de fondo, que es la función jurisdiccional del Congreso, ni se opone a que haya acuerdos de voluntades para empezar los trabajos legislativos, tampoco busca bloquear el trámite de asuntos cuando el Pleno considere necesario la dispensa de trámites. Todo lo contrario.
Estamos sentando un precedente muy nefasto, que operaba precisamente en las legislaturas en que no se respetaban los principios de tolerancia e inclusión.
En el Grupo Parlamentario del PRD nos parece fundamental que prevalezca el respeto irrestricto a nuestra normatividad. No estamos dispuestos a conceder que comencemos la legislatura con un apresuramiento, ni bailar al ritmo de los caprichos del Presidente de la República, que es quien esta detrás de este apresuramiento.
Hay maneras de procesar este asunto debidamente y con agilidad. Se puede constituir la comisión que dictamine este asunto, hacer un parlamento abierto. Escuchar a la sociedad, a los expertos. Ser cuidadosos y profesionales.
Debemos entender que los tiempos del avasallamiento de una mayoría artificial que predominó en la Legislatura LXIV ya terminaron porque así lo dispuso la ciudadanía que devolvió el equilibrio y la pluralidad a esta Asamblea. Honremos esa voluntad, honremos nuestra protesta y trabajemos sobre la base de la certeza y el respeto al estado de derecho.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, de manera respetuosa el Grupo Parlamentario del PRD presenta a esta honorable Asamblea la siguiente Moción Suspensiva a la discusión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Moción SuspensivaÚnico. Se aprueba la presente Moción Suspensiva a la discusión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con objeto de que sea turnada a una Comisión Dictaminadora para su respectiva valoración y estudio.
Suscribe
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de septiembre de 2021.– Diputado Miguel Ángel Torres Rosales (rúbrica).»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría, en votación económica, si toma en consideración de inmediato para su discusión la moción suspensiva.
La secretaria diputada Brenda Espinoza López: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor. Mayoría por la negativa, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se desecha.
Tiene la palabra la diputada Mirza Flores Gómez, de Movimiento Ciudadano, para presentar moción suspensiva, hasta por tres minutos.
La diputada Mirza Flores Gómez:Muy buenas noches. Con la venia de la Presidencia.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante, diputada.
La diputada Mirza Flores Gómez: Diputado presidente, respetuosamente le solicito se integre en su totalidad la presente moción suspensiva al Diario de los Debates.
Compañeras, compañeros diputados, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados de este Congreso de la Unión vengo, a nombre de Movimiento Ciudadano, a presentar moción suspensiva sobre el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Esta iniciativa no es de urgente resolución. No estamos declarando emergencia nacional. La propuesta de ley es reglamentaria de los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución Política del Estado mexicano. Tiene por objeto establecer los sujetos de juicio político, responsabilidades, los órganos competentes, procedimiento y el régimen sancionador.
Señala que es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de las personas servidoras públicas redundan en perjuicio de los intereses políticos o públicos fundamentales, de su buen despacho, describiendo la tipicidad de dichos actos.
Describe el procedimiento de juicio político, define el procedimiento para la declaración de procedencia. Pero, resulta fundamental señalar que algunas de las propuestas de este presente proyecto pueden resultar inconstitucionales o en detrimento de los derechos de la ciudadanía.
Este presente proyecto en esencia contiene muchos elementos jurídicos de la ley que se pretende abrogar, por lo que se debería aprovechar para definir claramente diversos actos relativos al juicio político y la declaración de procedencia y, con ello, hacer efectivos estos mecanismos de contrapeso.
Dentro de las cuestiones pendientes a revisar se encuentra el relativo al trámite de los escritos de denuncia de juicio político, que imposibilita que exista una suplencia de la queja en favor de la ciudadanía. Es decir, se exigen que dichos escritos se presenten con datos suficientes, y lo digo entre comillas, con elementos suficientes que vinculen a la persona servidora pública con los hechos denunciados, altamente vulnerable a la personalidad y a la ciudadanía mexicana.
Asimismo, se restringe que solo sea el Ministerio Público quien pueda denunciar la probable comisión de delitos por parte de los servidores públicos, eliminando la posibilidad de que sea una ciudadana o ciudadano que lo realice.
Es decir, la complejidad y la importancia del contenido de la iniciativa en comento, no permite que esta sea discutida de manera tan premeditada.
—Ay, grita, grita, no importa—. Cobra mucha importancia. Cobra relevante importancia que se respeten los tiempos legislativos que marca la norma con la finalidad de respetar los tiempos y los procedimientos para estudiar debidamente este proyecto.
No importa que griten, es una vergüenza que el país vea cómo gritan en vez de escuchar. Venimos a debatir. Este es un parlamento. Es legislar con evidencia, garantizando en todo momento la efectiva vigencia de nuestra Constitución Política.
Solicitamos a la asamblea reflexione...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputada, por favor.
La diputada Mirza Flores Gómez: Concluyo, diputado presidente. Se suspenda la discusión del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide esta ley. Es inadmisible que México...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputada, por favor.
La diputada Mirza Flores Gómez:...tenga a diputadas y diputados que se nieguen a reflexionar en detrimento...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputada.
La diputada Mirza Flores Gómez: ...que están esperando que legislemos para ellos. Es cuanto, señor presidente.
«Moción suspensiva a la iniciativa que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, presentada por la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con fundamento en el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, diputada Mirza Flores Gómez, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura, presenta moción suspensiva, sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, con base a la siguiente:
Exposición de motivosI. Conforme a la parte expositiva del proyecto, se propone abrogar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servicios Públicos, que actualmente regula el procedimiento de juicio político y de declaración de procedencia, y expedir la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia.
De ese modo, la propuesta de ley es reglamentaria de los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto: establecer los sujetos de juicio político, responsabilidades, los órganos competentes, procedimiento y el régimen sancionador; señala que es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de las personas servidoras publicas redunden en perjuicio de los intereses políticos o públicos fundamentales o de su buen despacho, describiendo la tipicidad de dichos actos.
Asimismo, describe el procedimiento del juicio político, señalando lo siguiente: permitir que cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular por escrito, denuncia contra una persona servidora pública, así como el proceso que deba realizarse en caso de que sean personas de comunidades indígenas; determinar que le corresponde a la Cámara de Diputados sustanciar el procedimiento relativo al juicio actuando como órgano instructor y de acusación, y al Senado de la República como Jurado de Sentencia; describe el proceso por el que substanciará el juicio político; y, señala que la Sesión Instructora practicara todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho materia de denuncia y establece los plazos y términos para llevar a cabo el juicio político.
De igual manera, define el procedimiento para la Declaración de Procedencia, conforme a lo siguiente: que le corresponde a la Cámara de Diputados actuar como Jurado de Procedencia; resolver que la declaratoria de procedencia sólo podrá ser emitida previo requerimiento del Ministerio Público ante la Cámara de Diputados; que la Sección Instructora practicará todas las diligencias necesarias para establecer la posible comisión de un delito por parte de la persona acusada y la probable responsabilidad de ésta; delimitar los plazos y términos para proceder o no a la Declaratoria de Procedencia; y, si incorpora el procedimiento para que durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellas delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano y ciudadana.
II. Por otro lado, resulta fundamental señalar que algunas propuestas del presente proyecto pudieran resultar inconstitucionales, o en detrimento de los derechos de la ciudadanía, y de las facultades del propio Congreso, en el ejercicio de mecanismos de control y contrapeso.
En ese sentido, y de un análisis minucioso del proyecto, se advierten las siguientes inconsistencias:
• El artículo 3, de la propuesta señala que las autoridades competentes para aplicar la Ley son las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, lo que va en contra con lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 111 de la Constitución respecto a los congresos locales, es decir que eliminan toda injerencia del procedimiento y va contra del Pacto Federal y considerarse inconstitucional.
• En el artículo 4, señala que toda información será pública, se tendría que revisar su legalidad conforme los principios de transparencia y acceso a la información pública, de lo anterior se considera que puede vulnerar el debido proceso del indiciado.
• En el artículo 8, se amplía el plazo de inhabilitación por un plazo de 10 a 30 años, sin un análisis de proporcionalidad de la pena.
• En el artículo 9, se establecen como requisitos para la procedencia de la solicitud de juicio político la presentación de “datos o indicios suficientes” para “estar en condiciones de presumir la responsabilidad de la persona denunciada”, dicha ambigüedad podría complicar su trámite. Asimismo, amplía el periodo para iniciar un juicio político después de concluido el encargo, a siete años, por lo que es necesario revisar el plazo.
• En el artículo 11, se establece que una denuncia de juicio político puede ser desechada por insuficiencia de pruebas en ésta. Dicha determinación debiera realizarse posterior al periodo de prueba que prevé la ley.
• En el artículo 22, se establece que los congresos locales deberán, respecto del juicio político y posterior a la determinación del Congreso de la Unión, proceder en estricto apego a lo resuelto. Esto es contrario a lo establecido en la Constitución, en su artículo 110, pues establece que la resolución será únicamente declarativa, es decir, no es obligatoria, permite que sean los congresos locales quienes determinen si proceden o no en los términos de lo resuelto por el Congreso de la Unión.
“ Artículo 110.
Los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia locales, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, así como los miembros de los organismos a los que las constituciones locales les otorgue autonomía, solo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de éste título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda” .
• Desde el artículo 24, respecto al procedimiento para la Declaración de Procedencia se restringe sólo a que el Ministerio Público mediante requerimiento solicite ante la Cámara de Diputados la declaración de procedencia, suprimiendo la denuncia o querella por parte de los particulares. En la legislación vigente sí se permite que la ciudadanía presente denuncias, por lo que es necesario incluirlo en la propuesta de ley, a fin de garantizar los derechos de la ciudadanía en el presente mecanismo.
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
“ Artículo 25. Cuando se presente denuncia o querella por particulares o requerimiento del Ministerio Publico, cumplidos los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, a fin de que pueda procederse penalmente en contra de algunos de los servidores públicos a que se refiere el primer párrafo del artículo 111 de la Constitución General de la República, se actuará, en lo pertinente, de acuerdo con el procedimiento previsto en el capítulo anterior en materia de juicio político ante la Cámara de Diputados. En este caso, la Sección Instructora practicará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita. Concluida esta averiguación, la sección dictaminará si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado” .
• En el artículo 35, se establece que los congresos locales deberán, respecto de la Declaración de Procedencia y posterior a la determinación del Congreso de la Unión, proceder en estricto apego a lo resuelto. Esto es contrario a lo establecido en la Constitución, en su artículo 111, pues establece que la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales, es decir, no es obligatoria, permite que sean los congresos locales quienes determinen si proceden o no en los términos de lo resuelto por el Congreso de la Unión.
“ Artículo 111. ...
...
Para poder proceder penalmente par delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los consejos de las judicaturas locales, y los miembros de los organismos a los que las constituciones locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en éste artículo, pero en éste supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda” .
• En el artículo 36, se dispone que cuando se siga un proceso penal a una persona servidora pública, sin haberse dado a la declaración de procedencia, la Presidencia de la Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente enviará un oficio al Órgano jurisdiccional que conozca del asunto para que suspenda el procedimiento en tanto se plantea y resuelve si ha lugar a proceder en su contra. Esto podría resultar contrario a la Constitución que, en su artículo 111, establece que los procesos continúen su curso para las consecuencias que procedan cuando termine el encargo, independientemente de la resolución de la Cámara.
“ Artículo 111. ...
Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.
Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley” .
• En el artículo 38, se limita a que únicamente el Ministerio Publico pueda presentar solicitud de declaración de procedencia en contra del Presidente de la República. Como ya se ha mencionado, actualmente se permite a la ciudadanía presentar escrito de denuncia.
III. El presente proyecto de decreto, en esencia, contiene muchos elementos jurídicos de la ley que se pretende derogar, por lo que se debería aprovechar para definir claramente diversos actos, y ajustar al parámetro constitucional, lo previsto para el Juicio Político y la Declaración de Procedencia, y con ello, hacer efectivos estos mecanismos de contra peso.
Asimismo, la complejidad e importancia del contenido de la iniciativa en comento, no permite que ésta sea discutida de una manera tan premeditada y sin un estudio legislativo previo, esto no solo por las comisiones respectivas, sino también por expertos en la materia, ello a través del desarrollo del ejercicio del Parlamento Abierto.
En ese sentido, se propone a este Pleno una moción suspensiva para interrumpir la discusión del asunto, e impulsar un estudio a fondo y solicitar la figura de Parlamento Abierto.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta a esta honorable Asamblea la presente:
Moción SuspensivaÚnico. Se suspende la discusión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, con la finalidad de que ésta cuente con un estudio a fondo y se instaure el proceso democrático del Parlamento Abierto, en atención a lo anteriormente expuesto.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de septiembre de 2021.– Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica), Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría, en votación económica, si toma en consideración de inmediato para su discusión, la moción suspensiva.
La secretaria diputada Brenda Espinoza López: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, por favor. Mayoría por la negativa, señor presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se desecha.
De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV, del Reglamento, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura, hasta por cinco minutos cada uno, nuevamente rogándoles que se atengan al tiempo otorgado por esta Presidencia.
Tiene la palabra la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
La diputada Elizabeth Pérez Valdez:Buenas noches, diputados, diputadas. Con la venia de la Mesa Directiva. En el PRD no estamos en contra del juicio político. Hoy se pretende aprobar una ley que guarda un parecido de buenas intenciones. El juicio político hacia las y los servidores públicos que incurran en excesos o un mal uso de su función, es algo que todas y todos los mexicanos deseamos. De hecho, ha sido parte de una lucha y una razón del Partido de la Revolución Democrática.
La patria no se construye mediante la justicia, y eso siempre lo hemos exigido las y los perredistas, que se aplique la ley. Deben juzgarse los actos de corrupción de los gobiernos anteriores, por supuesto que sí, pero también, se deben juzgar los actos del actual gobierno y, por supuesto, de sus familiares incondicionales. Eso debe llamarse traición a la patria, si no se hace.
No obstante, debemos detener —a como dé lugar— que nuestro país se siga gobernando y legislando con ocurrencias, como ha sido hasta este momento. La política, el gobierno y el acto legislativo demanda urgentemente profesionales y acciones y trabajo técnico de expertos y de expertas, no impulsivos revanchistas, ni aparentes de buenas intenciones.
Las y los mexicanos no se merecen que actuemos de manera improvisada, de manera visceral, con poca profesionalidad y a los gritos. Quieren hacernos creer, que únicamente se actualiza en esta ley la terminología y la armonizan con la que se usa en los procedimientos del sistema penal acusatorio, cuando en realidad lo que se hace es transgredir el pacto federal y la autonomía constitucional de los órganos especializados del Estado.
Esta iniciativa, convenientemente olvida que, en el caso particular de los servidores públicos de las entidades federativas, las resoluciones de la Cámara de Diputados al hacer la declaratoria de procedencia, no gira instrucciones a los Congresos locales y no tienen por qué ser acatadas en estricta observancia, como lo dice la iniciativa, eso vulnera el pacto federal.
En el caso de los juicios de procedencia, quien otorgue la inmunidad procesal es quien debe retirarla y, en el caso de las y los funcionarios estatales, es el Congreso local quien debe realizar esta función.
Sin embargo, con esta nueva ley quieren ahorrarse vergüenzas y ridículos, como los que pasaron cuando esta Cámara aprobó la declaración de procedencia contra el gobernador de Tamaulipas y estar en condiciones de amenazar a las y los gobernadores de oposición para que actúen mansamente conforme lo indica el señor presidente, so pena de iniciarles un procedimiento que induzca una persecución política en su contra.
Es por ello que le decimos a Morena que la mejor forma de garantizar la impunidad es armar un tinglado que no combata la corrupción y que únicamente asegure que a ningún servidor público afín a sus intereses se le pueda sancionar con sus conductas ilícitas, como lo que hoy hacen. El gobierno de cuarta que tenemos ha dado muestras claras de la protección a sus amigos, a sus parientes, todos ellos más que corruptos. Y el yugo persecutor de quienes osan alzar la voz y oponerse políticamente a sus designios.
Entre los múltiples errores que tiene esta ley podemos señalar que considera que estos procedimientos judiciales... olvidando que lo único que debe resolver el Congreso, en el caso del juicio político, es la responsabilidad política. Y en el caso de la declaración de procedencia, si existen elementos que han probarle el delito y si la o el funcionario señalado pueden tener responsabilidad. Quienes conforman la Sección Instructora y la Comisión Jurisdiccional no son jueces porque no gozan de la autonomía, independencia y profesionalismo que se requeriría en un procedimiento penal.
Por estas razones el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará en contra. Refrendamos que sí estamos a favor del juicio político, pero también refrendamos que estamos a favor de que se aplique la ley. Nuestros compromisos con la justicia y el buen ejercicio de la función pública hoy se verán reflejados con nuestros votos en contra.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputada, por favor. Gracias. Tiene la palabra el diputado Salvador Caro Cabrera, de Movimiento Ciudadano.
El diputado Salvador Caro Cabrera:Con permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en Movimiento Ciudadano estamos convenidos de que México merece una legislación en materia de responsabilidad política que destierre para siempre a los corruptos, a los omisos, a los ineptos y a los violadores de derechos humanos para siempre de la vida pública.
El tema es oportuno pero la iniciativa es mediocre en sus alcances. Los procedimientos bajo los que se está discutiendo el día de hoy y se pretende votar nos deja en vergüenza ante los ciudadanos, ante nuestros hijos, ante nuestras familias en este primer día de sesiones.
La precipitación no solamente es injustificada, es sospechosa. El contenido de esta materia tiene que ser ponderado bajo la sabiduría del proceso legislativo ordinario, pero más esperanzador sería que se diera bajo un ejercicio de parlamento abierto. Se está creando nada más un instrumento de persecución política y se está dejando de lado la posibilidad real de abatir la impunidad.
La verdad de esta legislación es que busca mantener prácticamente la tipificación de las causales de responsabilidad política que solo han servido para que la corrupción impere.
Sospechamos que van a pretender presentar modificaciones para tratar de convertir a los congresos locales en oficialías de partes, contrario a lo establecido en nuestra Carta Magna.
Están dejando fuera temas que para nosotros en Movimiento Ciudadano son muy importantes, porque los hemos promovido a nivel local, que son la no prescripción de las causales de corrupción en materia de juicio político.
Los invitamos, particularmente a la bancada de Morena, que le entremos a esto, a la no prescripción de las causales de juicio político por corrupción. Y, además, en cuanto a las sanciones, nos gustaría que encontrara un lugar la inhabilitación perpetua. Que hagamos el ejercicio de revisar nuestra Constitución y toda nuestra legislación para que esto sea posible.
Más de lo mismo no lo merece México, más de lo mismo no lo vamos a permitir. Pedimos al ponente que retire esta iniciativa para darnos tiempo a llevar el ejercicio de parlamento abierto en una materia tan importante para la vida pública nacional.
Juntos promovamos, construyamos todas las bancadas una legislación ejemplar, fácil de aplicar y que también respete el debido proceso al acusado. De lo contrario invitamos a todos a votar en contra y advertimos que vamos a ir a la acción de inconstitucionalidad si dan este paso, este atraco a la confianza del pueblo de México.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Benjamín Robles Montoya, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
El diputado Benjamín Robles Montoya:Con su permiso, diputado presidente. Compañeras, compañeros.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante, diputado.
El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: La verdad es que es una lástima que tengamos que iniciar funciones legislando temas de la legislatura pasada, que quedaron pendientes por la cerrazón de la oposición, cerrazón que continúa porque están como la Chimoltrufia, vienen a decir en la sesión solemne una cosa y vienen aquí a actuar distinto. Pero, en fin, legislemos.
Miren ustedes, compañeras y compañeros, hasta el 2020 la figura de juicio político estuvo en nuestra Constitución durmiendo el sueño de los justos, sin haberse aplicado una sola vez. Y esto en realidad no debe sorprendernos.
En los más de 70 años de gobiernos priistas y los 12 años de gobiernos panistas era imposible pensar que llevarían a juicio político a uno de los suyos. No ocurrió lo mismo con la declaración de procedencia. Esa figura sí fue utilizada de manera perversa con fines políticos.
En la memoria nacional, ha quedado registrado ese vergonzoso episodio en el que Vicente Fox, cuya presidencia fue igualmente lamentable, utilizó a esta Cámara de Diputados con la anuencia de las bancadas prianistas para tratar de descarrilar a Andrés Manuel López Obrador.
Por eso, compañeras y compañeros, los casos de juicio político contra Rosario Robles y las declaraciones de procedencia contra Francisco García Cabeza de Vaca, Saúl Huerta y Mauricio Toledo, aun formando estos dos últimos de las bancadas y alianzas mayoritarias de la Cámara, son un parteaguas en la historia de este Congreso, pero también en la vida de nuestra Constitución, la ley suprema que nos rige. Y conste que digo esto a pesar de que en el PT nos opusimos al desafuero de Mauricio Toledo por situaciones procesales, como lo expresamos en su momento, que consideramos irregulares.
Pero, precisamente por eso, resulta relevante la aprobación de esta ley. En primer lugar, porque hoy el juicio político, la declaratoria de procedencia y la posibilidad de incoar procedimientos de responsabilidad penal en contra del presidente de la República ya son una realidad. Y, en segundo lugar, porque hay esas figuras, esas herramientas constitucionales no se utilizan de manera facciosa con fines oscuros y perversos, sino que se utilizan para combatir la impunidad.
Esta ley es necesaria, compañeras y compañeros, además, para adecuar nuestro marco legal al texto constitucional vigente, pues regulará varios temas: el procedimiento de juicio político, el procedimiento de declaración de procedencia, así como lo relativo a la responsabilidad penal del presidente de la República, que hoy, por virtud de la reforma constitucional para eliminar el fuero, puede ser imputado y juzgado por prácticamente cualquier delito, igual que cualquier otro ciudadano o ciudadana, y esto, a diferencia de la actual Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que por ser de 1982, no contempla lo relativo a la responsabilidad penal del presidente de la República.
Creo, también, permítanme acotarlo al margen, pero porque vale la pena referirme al caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para recordar que es un asunto que generó aquí una gran discusión constitucional sobre los alcances y efectos de la declaración de procedencia aprobada por esta Cámara de Diputados respecto de servidores públicos en las entidades federativas.
Después de tanta polémica, de controversias y recursos judiciales es un asunto que aún no se ha resuelto por la Corte, no ha sido resuelto por la Corte, y sería bueno que lo resolviera a la brevedad para dar certeza jurídica no solo en el caso de García Cabeza de Vaca, sino también respecto al sentido del texto constitucional. Pero con motivo de la discusión de esta ley creo que vale la pena que esta legislatura le entremos entonces a la revisión del artículo 111 constitucional, particularmente en su párrafo quinto, a fin de que no se vuelva a suscitar una divergencia de interpretaciones que nos lleve a la incertidumbre jurídica como la que hoy existe en el caso del gobernador de Tamaulipas.
Y, podría hablar más, pero diré que a pesar de todo esto en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo vengo a expresar que respaldamos este proyecto de ley y nuestro voto será a favor porque este, compañeras y compañeros, es un ordenamiento legal necesario para la democracia verdadera que tiene México desde 2018, congruencia, compañeros de la oposición, no le sigan haciendo a la Chimoltrufia.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Sonia Mendoza Díaz, del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Sonia Mendoza Díaz:Con permiso de la Presidencia.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante, diputada.
La diputada Sonia Mendoza Díaz: Compañeras y compañeros diputados y diputadas, mantener la vigencia y la pertinencia de las leyes en nuestro país es una función ineludible que tenemos como legisladores a fin de atender las necesidades y exigencia de las y los mexicanos que con su voto nos han permitido ocupar un espacio en esta asamblea.
Nuestra labor legislativa no puede ser postergada cuando nuestro país requiere atender temas de la mayor relevancia como el que el día de hoy nos convoca, la expedición de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, así como la correspondiente abrogación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos tiene como objetivo fundamental mantener actualizada la legislación relacionada con los procedimientos en la materia que se llevan a cabo en el Congreso de la Unión, en concordancia con las recientes reformas realizadas a los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de nuestro país, mismas que tuvieron como fin establecer en el texto constitucional que para proceder penalmente contra el presidente de la República solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores.
Con la aprobación de la ley que se pone a nuestra consideración el día de hoy, se atiende la exigencia de la ciudadanía de sancionar a funcionarios públicos en el ejercicio de sus empleos o encargos hagan mal uso de sus funciones y facultades.
O bien, a aquellas personas que cuentan con inmunidad procesal, por la naturaleza de su investidura e incurran en alguna conducta ilícita, considerada como grave.
Para lograr lo anterior, resulta indispensable, sin duda, contar con mecanismos jurídicos claros y coherentes que permitan al Poder Legislativo llevar a cabo los procedimientos jurisdiccionales para los cuales está facultado.
No se trata de simulación ni de perseguir actores políticos con un peso específico por lo que representan o por sus ideas. Se trata únicamente de garantizar que quien viole la ley no tenga la posibilidad de evadir la acción de la justicia amparándose en el fuero.
Los cambios más importantes que tiene la nueva ley respecto al ordenamiento que se pretende aprobar, están en el establecimiento de los órganos competentes y del procedimiento para proceder penalmente contra el presidente de la República, como ya lo comenté.
Pero también se realizan modificaciones respecto al juicio político y amplía el plazo en que puede iniciarse un procedimiento de este tipo, después de la conclusión de su encargo, pasando de uno a siete años.
Asimismo, se aumenta la duración de la inhabilitación que puede imponerse como sanción derivada del juicio político, aumentando la sanción prevista de uno a veinte años, para quedar en mínimo de 10 y máximo 30.
Además de lo anterior, se actualizan las referencias al Distrito Federal contenidas en la ley que se abroga. Se modifican los nombres de las comisiones y órganos legislativos que ya no existen. Se sustituyen las referencias al salario mínimo por unidad y medidas de actualización y se eliminan los títulos derogados de la legislación del Sistema Nacional Anticorrupción relacionados con las sanciones administrativas para los servidores públicos.
De igual forma, se suprimen las referencias aplicables a los servidores públicos del órgano ejecutivo del Distrito Federal, los cuales están vigentes hasta antes de la reforma al artículo 122 constitucional, que le dio a la Ciudad de México el carácter de entidad federativa y la posibilidad de expedir leyes en esta materia.
De esta manera se da certeza a las y los mexicanos de que el diseño institucional, de nuestro país, para la aplicación de la justicia, en términos políticos y en materia penal, funcionará de manera adecuada, eficaz, gracias a la actualización de los procedimientos y mecanismos para llevar a juicio político a las personas servidoras públicas que se mencionan en el artículo 110 constitucional, y para retirar el fuero, previa solicitud del Ministerio Público, a algunas de las personas servidoras públicas, contempladas en el artículo 111 de nuestra Constitución.
En el Partido Verde estamos convencidos que con la aprobación del presente dictamen se da respuesta a la exigencia ciudadana de luchar de manera frontal, firme y decidida contra la corrupción y la impunidad que se han arraigado en nuestro país durante muchos años, lo cual ha propiciado en diversos funcionarios y servidores públicos que actúen sin escrúpulos y abusen de la investidura para cometer ilícitos. Queremos empezar esta legislatura de la mejor manera, refrendando nuestro compromiso para acabar con los privilegios y hacer valer los principios de rectitud, honestidad y honradez en el servicio público.
Es por ello que el Partido Verde los invita a votar en favor de este dictamen. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros, hoy, en este día de apertura de sesiones, iniciamos nuestros trabajos legislativos discutiendo un tema de la mayor relevancia para México, tristemente procesado de manera ilegal.
El juicio político es una de las instituciones contenidas en nuestra Constitución, que tiene como finalidad garantizar el correcto desarrollo de las funciones de servidores públicos de alto nivel.
A grandes rasgos establece un procedimiento que permite remover e incluso inhabilitar a cualquier servidor público que no cumpla debidamente con su encargo, a través de un mecanismo que garantice que sea los propios representantes del pueblo quienes apliquen o no las consecuencias de este procedimiento.
La declaratoria de procedencia es un mecanismo que sigue ante la Cámara de Diputados para eliminar la inmunidad constitucional que tienen los parlamentarios y algunos altos funcionarios. En México esta inmunidad subsiste, con el objetivo de garantizar la libertad de expresión y evitar el uso del poder punitivo de manera facciosa, como pretende Morena en esta noche.
En consecuencia, con la reforma de los artículos 108 y 111 de la Constitución, esta iniciativa crea un procedimiento especial para juzgar al titular del Ejecutivo a través de un juicio, donde la Cámara de Diputados se erige como parte acusadora y el Senado de la República funge como juzgado de sentencia.
Es evidente la necesidad de regular los procedimientos establecidos en los artículos 108, 109, 110 y 111 de la Constitución, pues la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos ya no responde a las necesidades del país y a la necesidad del pueblo.
Sin embargo, a pesar de la gran relevancia que existe sobre el tema, la iniciativa carece de una adecuada discusión y faltan instrumentos técnicos. Es un albazo de Morena y sus aliados. No se realizó ninguna reunión que nos permitiera recoger y analizar las preocupaciones, sugerencias o recomendaciones de los expertos.
Debemos legislar responsablemente, respetando los principios e instituciones políticas que emanan de nuestra Constitución.
La ley que hoy discutimos presenta deficiencias que vulneran los principios más básicos de los derechos humanos, violenta el debido proceso y atenta contra la separación de Poderes.
Las y los diputados del PRI nos pronunciamos en contra de la presente iniciativa, porque no se trata de un texto jurídico, sino de un instrumento político, cuyos vacíos legales y deficiencias se transforman en un potencial peligro para la estabilidad del país.
A pesar de que el artículo 13 de la Constitución prohíbe la creación de tribunales especiales, la iniciativa de Morena y sus aliados plantea la creación de un tribunal especial para juzgar penalmente al presidente ante el Senado.
Este tribunal especial implica un trato diferenciado, que no necesariamente beneficia al imputado, por el contrario, se corre el riesgo de transformar el proceso penal en uno de corte político, donde la libertad de una persona queda sujeta a la consideración de las mayorías y no a la consideración de un juez, viola el principio de división de Poderes y el sistema de pesos y contrapesos, ya que cuenta con herramientas que permiten amedrentar a todo disidente, a cualquier persona que cuestione o pida cambios o cuestione a este régimen.
Como uno de los tres Poderes de la Unión, el Legislativo tiene la obligación de crear leyes, pero de ninguna manera nos encontramos autorizados para aplicarlas, esa es tarea del Poder Judicial.
Nos pronunciamos en contra de la iniciativa porque consideramos grave que afecte a la presunción de inocencia, el debido proceso y los derechos humanos.
Hoy, con esta ley, no se requieren pruebas para condenar. Debemos cuidar las instituciones del Estado mexicano.
Compañeras y compañeros, la presente iniciativa, tal como está planteada, pone en riesgo la estabilidad del clima político y social del país. Las diputadas y los diputados del grupo parlamentario, votaremos en contra de la presente iniciativa y hacemos un llamado a la prudencia y a que realicemos un análisis y revisión a fondo a fin de generar una nueva protesta.
Basta de simulaciones, la justicia no se politiza. Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley por el hecho de ser justa. Muchas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas.
La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas:Con su permiso, presidente. Bajo el sistema federativo los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad y no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa sin sujeción a las leyes. Benito Juárez.
Lamento que hoy, para Morena, sea prioridad discutir un tema meramente político y no sea prioridad hablar de soluciones que urgen en nuestro país, que hoy enfrentan más de 260 mil fallecidos por el coronavirus, mil 234 feminicidos en lo que va del sexenio, 388 mil nuevas personas desempleadas, más de mil 600 niños fallecidos por cáncer y 72 mil 800 homicidios en lo que va del sexenio.
No empecemos con el pie izquierdo esta legislatura, compañeros, no defraudemos el primer día a la gente aprobando un dictamen que no tiene sustento, ni mérito jurídico, para ser discutido en esta sesión y que a todas luces atenta contra el federalismo y la soberanía de los estados.
Y no se confundan, el Grupo Parlamentario del PAN no defendemos las faltas administrativas, ni hechos de corrupción, ni mucho menos actos en perjuicio del patrimonio del Estado, pero tampoco defendemos, ni vamos a tolerar los caprichos del presidente.
El dictamen que hoy se presenta no está ni cerca de ser una solución a los problemas de corrupción en nuestro país. Este dictamen de ley de juicio político es más bien un instrumento de poder y venganza de un solo hombre. Cualquier partido que tenga mayoría en cualquiera de las Cámaras será suficiente para cambiar el curso de la historia en nuestro país y remover a un presidente o a un gobernador que fue legítima y democráticamente electo.
La aprobación de este dictamen deja a la deriva la estabilidad del país. No podemos permitir que un acuerdo entre algunas cúpulas de poder se anteponga ante la voluntad popular de millones de ciudadanos que tienen el derecho de elegir a sus representantes. Les debemos garantizar a los estados, sin importar el partido o ideología en turno, la autonomía de poder respetar la voluntad de sus ciudadanos y no ser sometidos a las decisiones del Poder federal o de esta soberanía.
Esta ley retoma figuras procesales antiguas que ya no tienen cabida en el sistema de justicia mexicano. Es una ley mediocre e inútil que tiene un espíritu de venganza en contra de los estados que no se han dejado intimidar por ese centralismo que tanto daño le ha hecho al país y al que el presidente y su mayoría nos quieren condenar.
El Grupo Parlamentario del PAN ha impulsado e impulsará cualquier medida que prevenga y sancione el indebido desempeño en cualquier cargo público, así como garantizar a las víctimas el acceso a la justicia. Pero, señores, la justicia no puede ser selectiva, ni mucho menos dictada desde Palacio Nacional.
Es indispensable que pase, por lo menos, por un análisis inteligente y no solo por el sometimiento de voluntades dormidas y sujetas a un solo hombre.
El PAN no es dique para detener la impartición de justicia, pero tampoco seremos tapete para el ejercicio de venganzas públicas. Por si no se han dado cuenta, todavía estamos en una república, no en un Estado autoritario. México y los legisladores del oficialismo morenista y ahora sus aliados cuentan con nosotros, sí, para lograr acuerdos, consensos, debates, para construir. Pero no para burlar el reglamento y aprobar leyes sin análisis.
Pero, bueno, si en lugar de estar pensando en soluciones a los problemas que enfrenta la gente les interesa solo la política electorera, los invito a que sean reflexivos y piensen mejor sus batallas. Como lo dije en la legislatura anterior, estar sometidos al presidente les traerá un costo político, y así fue, así fue. Aunque les cueste reconocerlo, el pasado 6 de junio la gente les dio la espalda, los legisladores del PAN crecimos en número y en cargos públicos. No nos vayamos tan lejos, la Ciudad de México es ejemplo claro de ello.
Señores, no desperdicien esta oportunidad, no sean como sus compañeros de la legislatura anterior, que dejaron de responderle a las mujeres, a los niños, a los enfermos, a sus propias causas. Hoy pueden reivindicar sus causas y esa esperanza que tanto pregonan. Libérense, aquí está el PAN para ayudarles. Es cuanto.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Lidia García Anaya, de Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada Lidia García Anaya:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la impunidad es la mayor amenaza que pone en riesgo la solidez del Estado de derecho mexicano. La corrupción, el abuso del poder y el influyentismo fueron los factores que imperaron durante el régimen neoliberal, pero también los detonantes de su ruina.
En 2018 y en 2021 la ciudadanía votó y ratificó su decisión de desterrar la simulación disfrazada de legalidad, que amparaba a los delincuentes de cuello blanco. Los invito a ver los números de Morena y, aunque se diga que la ciudadanía nos dio la espalda, los números son los números y están presentes en esta LXV Legislatura.
Prueba de esta simulación, ya se ha mencionado aquí el caso de gobernador de Tamaulipas, Javier Cabeza de Vaca, acusado de diversos actos de corrupción, quien en complicidad con el Congreso local interpuso ante la Corte una controversia constitucional, sosteniendo que la privación de la inmunidad procesal del imputado, declarada por la Cámara de Diputados, es una decisión que requiere de la aprobación del Poder Legislativo local, misma que ya ha sido desechada.
De ahí que el dictamen que hoy sometemos a discusión tiene por objeto expedir la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, la cual determina que, si la Cámara de Diputados declara que ha lugar a proceder contra la persona imputada, esta quedará inmediatamente separada de su cargo y sujeta a la jurisdicción de los tribunales competentes.
Establece que en el ámbito local las y los titulares del Poder Ejecutivo, legisladores, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, miembros de los Consejos de las Judicaturas y de los organismos autónomos sujetos a la declaración de procedencia, la Cámara de Diputados se remitirá a la legislatura local respectiva para que, en ejercicio de sus atribuciones, proceda como corresponda en estricta observancia de lo decretado por esta Cámara.
Ya no hay excusa, la nueva legislación dotará de mayor certeza, claridad y congruencia jurídica los procedimientos para llevar ante la justicia a quienes se les acuse y compruebe la comisión de actos ilícitos desde el servicio público.
Las y los diputados de Morena estamos comprometidos con el pueblo mexicano a seguir cerrando las puertas de la impunidad y subsanar los vacíos legales que les ha facilitado a los corruptos eludir y retardar la impartición de justicia.
Queremos ver el voto de los diputados y las diputadas de la LXV Legislatura a favor de combatir la corrupción, pero sobre todo la impunidad. Y desde aquí les digo que los que deberían tener tantita vergüenza es la oposición, porque no quieren combatir la corrupción y muchos menos la impunidad. Quieren seguir viviendo en lo mismo, quieren seguir siendo cómplices de la corrupción.
Para muestra les digo, en Morena, en la LXIV Legislatura se les quitó el fuero a tres legisladores, y dos de ellos de la fracción parlamentaria de Morena, pero les pido que vean en dónde nacieron, de dónde venían, para que les quede claro lo que estoy diciendo. Así es que yo los invito a dar su voto a favor de combatir la corrupción y la impunidad. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Con esta intervención se cierra el plazo para el registro de reservas.
Está a discusión en lo general. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, del Reglamento, se otorgará el uso de la palabra hasta por cinco minutos, para que las diputadas y los diputados se posicionen en contra o a favor.
Tiene el uso de la palabra para hablar en contra, el diputado Gerardo Peña Flores, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El diputado Gerardo Peña Flores:Muy buenas noches, compañeros diputados y compañeras diputadas. Con la venia de la Mesa Directiva.
El ideal partidista, la ignorancia supina, las venganzas, derivadas de la frustración por incapacidad y desconocimiento, no pueden ni deben ser la motivación para legislar. Esta propuesta de ley resulta absolutamente contradictoria al espíritu del Constituyente. Atenta gravemente al federalismo y, por lo tanto, es inconstitucional de facto, absurda y penosa.
No, no legislen con la ira. Recuerden, un día serán oposición y reformas como esta ponen en alto riesgo la libertad de actuación institucional del servicio público que la Constitución otorga. Con absoluta claridad, esta iniciativa tiene el tufo de buscar silenciar a las voces que disienten de la visión oficial y que, de lograrse, sería fracturar nuestro federalismo y nuestra República.
Compañeros y compañeras, entendámoslo en todas sus letras, esta iniciativa atenta contra la autonomía de las instituciones estatales democráticamente electas y debilita la naturaleza misma de su funcionamiento. No existe un poder mayor, en grado o cantidad, a otro.
La Constitución, de manera expresa, concede facultades a los estados de la Unión. Cada uno solo puede hacer lo que las normas le autorizan; de hecho, el federalismo es la única consideración constitucional. En la cláusula residual, los estados soberanos renuncian, a través de la Constitución, a una porción de esa soberanía para formar la federación, pero al mismo tiempo le atan las manos para que ésta no se les imponga.
El fuero no es un privilegio personal, sino una garantía constitucional, es decir, una salvaguarda frente a las posibilidades de abuso de la persecución penal para revertir la legitimidad democrática de un cargo electo o para someter a los Poderes locales.
Sí, sí queremos legislar el juicio político, adelante, pero no nos engañemos, desde el párrafo segundo del artículo 5o., esta ley contiene el dardo envenenado que se pretende votar.
El pasado domingo, los aquí presentes, en nuestro carácter de diputados federales electos levantamos la mano y repetimos un mandato constitucional: Guardar y hacer guardar la Constitución Política y las leyes que de ella emanen. Así es que vamos cumpliendo, no aprobemos al vapor lo que a toda luz es una contradicción tan grave que violenta la Constitución, y legislemos leal y patrióticamente mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión; de no hacerlo, se debilitaría la soberanía de los estados y sería dejar a gobernadores y legisladores locales como meros muñecos de aparador. Es cuanto. Muy buenas noches.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado. Tiene la palabra, en pro, la diputada Aleida Alavez Ruiz, de Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada Aleida Alavez Ruiz:Con la venia de la Presidencia.
Compañeras diputadas y compañeros diputados, la victoria electoral de julio de 2018 tuvo una consigna fundamental: combatir la corrupción y la impunidad sin cortapisas.
La cuarta transformación de la República se enmarca en esta lucha, pues la corrupción política, auspiciada por los gobiernos neoliberales del prianismo, es la causante de la pobreza y marginación de la gran mayoría de los mexicanos y del deterioro de la vida pública nacional.
En esta LXV Legislatura que comienza seremos congruentes con esos principios de lucha irrestricta contra la corrupción. Quien tenga deudas pendientes con la justicia y con la sociedad, deberá pagarlas.
En Morena no protegeremos a servidores públicos ladrones, corruptos, violadores que hayan robado del erario, aceptado sobornos o cometido cualquier tipo de delito, sin importar el color del partido o el personaje.
Reitero, quien haya infringido la ley, tendrá que responder y pagar por sus crímenes. Las y los diputados de Morena seremos garantes de que eso suceda, colocándolos ante la justicia. Terminaron ya los tiempos del proteccionismo partidista.
A la cabeza de este movimiento de reivindicación de la función pública, el presidente de la República propuso la reforma constitucional, y el Congreso dio su apoyo para retirarle la engorrosa inmunidad o fuero y permitir que sea juzgado como cualquier ciudadano común, sin influyentismo, sin dobles discursos, de frente a la sociedad. Con la legislación que hoy discutimos se pone fin a la era de la evasión judicial. La inmunidad procesal que otorga el fuero fue concebida por el constituyente originario como un medio para garantizar el buen desempeño del cargo en beneficio de la sociedad, pero esa idea la corrompieron para beneficio propio o gremial.
Esta ley que discutimos obliga a que los servidores públicos vuelvan a servir al pueblo y que el fuero deje de ser una herramienta para solapar delitos.
Hace un año, esta Cámara de Diputados hizo historia, se puso a la vanguardia al aprobar la reforma constitucional que elimina el fuero al presidente de la República. Una reforma congruente con los postulados de nuestro movimiento, no mentir, no robar y no traicionar.
El presidente da cátedra de congruencia y responsabilidad, y nosotros no podemos ser menos. Hay que continuar con ese camino y, en un futuro no muy lejano, deberemos revisar el retiro del fuero a legisladores y altos funcionarios.
Le tomamos la palabra a quienes dicen que vienen a construir. Este es el momento de demostrar al pueblo de México que están de su lado, no de el lado de los traidores de la patria.
Hoy damos la oportunidad a toda la sociedad mexicana de sentar en el banquillo de los acusados, como a cualquier ciudadano, a altos funcionarios, incluso al propio presidente de la República.
Sí, compañeras y compañeros de oposición, también en la cuarta transformación hemos logrado en tres años lo que ustedes no se atrevieron a hacer en décadas, a abrir la puerta para acusar al presidente y a funcionarios de alto nivel por su probable comisión de delitos.
También, les digo que si alguno de ustedes está pensando que la diputación y esta Cámara serían sus refugios para evadir a la justicia o su medio para cometer fechorías, se equivocaron. No nos va a temblar la mano para hacer uso del juicio político y la declaración de procedencia para que le respondan al pueblo mexicano y a la justicia. Aquí no habrá cabida para las marrullerías, esta ley afina y garantiza el debido proceso y hará que los juicios a altos funcionarios de ninguna manera queden en el cajón del olvido.
El miedo a la aprobación de este nuevo ordenamiento está presente solo en quienes tienen deudas pendientes con la justicia, sobre todo en quienes tienen deudas pendientes con el pueblo de México.
El fuero ya no puede ser considerado más como un privilegio que se le confiere a determinados servidores públicos, pues las responsabilidades que deben cumplir no pueden ser omitidas.
La principal razón es que no debe continuar salvaguardándose el servicio público con la escusa de que se protege en el cargo o que pretenden evitar eventuales acusaciones...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputada, concluya, por favor.
La diputada Aleida Alavez Ruiz:...sin fundamento. Claro que sí, es tiempo ya de la justicia y de cerrar esos pactos de impunidad que ustedes habilitaron en anteriores sexenios. Es cuanto.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias. En contra, tiene la palabra el diputado Angulo Briceño Pablo Guillermo, del PRI.
El diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño:Con su venia, diputado presidente.
Andan muy trabajadores y trabajadoras, compañeros de Morena y sus aliados. Pero, de verdad, nos sorprende la urgencia con la que pretenden aprobar una ley que debe ser un instrumento para combatir la corrupción y terminar con la impunidad.
Contrario a esto, por la urgencia se levanta sospechas de que lo que en realidad quieren es otorgar un instrumento de persecución política, en un régimen presidencial donde la oposición es llamada adversario, pero se les trata como enemigos.
Claro que queremos instrumentos jurídicos que nos permitan terminar con la impunidad. Pero, insisto, esta Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia no es más que otro instrumento de persecución política: justicia selectiva para proteger a sus allegados y para perseguir a sus opositores.
Esta nueva integración de la representación popular exige diálogo, exige consenso, trabajo legislativo, debate amplio; pero, lo contrario, representa la manera urgente de querer aprobar un instrumento político para la persecución política.
La expedición de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia es prueba contundente de la agenda política que se promueve desde el gobierno, bajo el riesgo de establecer un régimen autoritario que premia y protege a sus allegados y persigue a sus opositores. Oposición que, aunque les cueste reconocerlo, ganó más espacios en el pasado proceso electoral porque los ciudadanos nos dieron el mandato para detener tantas locuras.
Desde la discusión de la Comisión de Gobernación, durante la legislatura pasada, el Grupo Parlamentario del PRI señaló las deficiencias que enfrenta esta nueva ley y los riesgos para la vida democrática.
En primer lugar, el decreto a discusión atenta contra el principio de división de Poderes, pues no se desprenden mecanismos reales que abonen a mantener su equilibrio, al contrario, se pervierten con figuras de control político para favorecer intereses del grupo gobernante.
Además, la redacción del artículo 5o. encierra transgresión a la autonomía de las entidades federativas, anteponiendo un carácter profundamente antifederalista e inconstitucional.
Segundo, hay que hacer referencia a que el trámite del Poder Legislativo, a pesar de que se contempla un mecanismo de desahogo en esta Cámara de Diputados, con reglas específicas, limita la certeza jurídica que se le puede dar al proceso, pues la resolución del juicio queda a la suerte de una mayoría absoluta, sin haberse demostrado ningún tipo de culpabilidad; es decir, basta con que reciban la indicación de Morena para que ustedes y sus aliados, desde Palacio Nacional, procedan en contra de opositores incómodos.
También votaremos en contra porque el decreto elimina la subcomisión de examen previo, la cual permite un análisis de la denuncia previo al inicio de un proceso, punto de quiebre para el verdadero trabajo técnico que tiene por objeto un juicio político.
Por otro lado, es oportuno recordar que, detrás de esta iniciativa viene la legislación secundaria en materia de revocación de mandato, que se discutirá en unas horas en el Senado de la República.
Morena, compañeros, nos tiene —a estas horas— discutiendo iniciativas que ponen en riesgo la estabilidad política de México, la garantía a la autonomía de sus instituciones, con instrumentos jurídicos pervertidos que atentan contra nuestra democracia.
En el grupo mayoritario del PRI votaremos en contra, porque esta nueva legislatura tiene la oportunidad histórica de enfrentar los verdaderos problemas, con un ordenamiento jurídico que fortalezca las instituciones y no que concentre más poder en un presidencialismo que raya en el autoritarismo.
Compañeras y compañeros de Morena y sus aliados, entiendo que hoy es un día especial, que muchos de ustedes no tuvieron tiempo de revisar el decreto, porque estuvieron más entretenidos decidiendo qué traje o qué corbata ponerse para la foto, pero les sugiero, con respeto, que —por lo menos— le pidan a sus asesores que les expliquen lo que, seguramente por consigna, ustedes van a aprobar.
Le restan fuerza al Poder Legislativo y le otorgan mecanismos de presión política al Poder Ejecutivo. Sé que van a votar, pero les recuerdo que, luego, hasta a ustedes que son sus aliados los persiguen, cuando ya no les sirven a sus mezquinos intereses. Muchas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado. Tiene la palabra, para hablar en pro, la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
La diputada María del Rocío Corona Nakamura:Con la venia de la Presidencia.
Mucho se ha hablado de la perversión de la cual ha sido objeto nuestro país, una figura como la del fuero, instituida con el fin de proteger a legisladores y funcionarios de la persecución judicial, de la cual pudieran ser objeto derivado del cumplimiento de sus funciones.
Desgraciadamente esta salvaguarda —que tiene su origen en el principio republicano de la separación e independencia de los Poderes— ha sido aprovechada por algunos malos servidores públicos para cometer ilícitos y evadir la acción de la justicia.
En el imaginario de los ciudadanos, el fuero es percibido como un incentivo para el incumplimiento de la ley, al cual tiene acceso una clase privilegiada, como es la clase política.
Creo que todos estamos de acuerdo en que hoy, en nuestro país, se viven tiempos de cambio y que ya no hay cabida para los privilegios. La exigencia ciudadana es que nadie se encuentre por encima de la ley, de modo tal que el acceso a un puesto de elección popular, o bien, a un cargo, empleo o comisión pública de alta jerarquía, ya no puede significar que quienes lo ocupen estén exentos de castigos por los ilícitos que llegaran a cometer.
Si bien el problema con el fuero no es la figura en sí misma, sino el abuso que se ha hecho de ella, lo cierto que en un país como el nuestro, con tanta sed de justicia y tan lastimado por la prevalencia de la impunidad, es indispensable contar con los mecanismos necesarios para que las conductas de los servidores públicos sean ejemplares y se sujeten a los principios de honestidad, decoro y ética con que deben conducirse siempre.
En el mismo sentido, debemos asegurarnos de mantener actualizado el procedimiento legislativo que tiene como propósito sancionar a los servidores públicos de alta jerarquía por actos que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, por violaciones graves a la Constitución, a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.
Nuestro orden jurídico cuenta, además de lo dispuesto en nuestra Carta Magna, con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que norma los procedimientos relativos al juicio político y declaración de procedencia. Sin embargo, se debe aceptar que se trata de una ley desactualizada, pues fue expedida hace 39 años, y en ese lapso han tenido lugar diversas reformas constitucionales y transformaciones en las instituciones que intervienen en los procesos que esta regula.
Sin duda alguna, el cambio constitucional más importante que ha ocurrido en los últimos años, en materia de fuero, ha sido incluir la posibilidad de juzgar al titular del Ejecutivo federal por la comisión de delitos, que tanto han lastimado a nuestra sociedad, como los actos de corrupción y los delitos electorales, y no únicamente por traición a la patria, demostrando con ello que nadie, ni siquiera quien ha accedido a la más alta magistratura de un país, puede evadir la justicia.
Este cambio trascendental no se refleja aún en la norma que regula los procedimientos ante el Congreso de la Unión en materia de juicio político y declaración de procedencia, lo cual representa un claro ejemplo de que debe ser actualizada, a fin de responder, a mejorar su objetivo.
Tampoco debemos pasar por alto, como lo expresé al principio de mi intervención, que se viven tiempos de cambio. La dinámica política se ha transformado en nuestro país, y hay una mayor disposición de las instituciones para comprometerse con la consolidación de un régimen que combata frontalmente a la corrupción y la impunidad, y sin cabida para los privilegios.
En este contexto, los procedimientos relacionados con el juicio político y la declaración de procedencia deben ser vistos como algo cada vez más común. Durante mucho tiempo, desde 1945 y hasta el inicio de la pasada legislatura, hubo menos de una decena de casos en los cuales...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputada, por favor.
La diputada María del Rocío Corona Nakamura: ...el procedimiento para declaración de procedencia en el ámbito federal. Por lo que he expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor del dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputada. Para hablar en contra, tiene la palabra la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
La diputada Kathia María Bolio Pinelo:Con su permiso, diputado presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
La diputada Kathia María Bolio Pinelo: Compañeras y compañeros legisladores, muy buenos días. A lo largo de esta discusión nos ha quedado claro que los únicos argumentos válidos para la mayoría legislativa, conformada por los partidos aliados al gobierno federal en esta Cámara, son los suyos.
Se han encaprichado en aprobar este dictamen sin importar las consecuencias que se generarían al aprobar algo mal hecho y plagado de imprecisiones, y contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la que, por cierto, hace algunos días —hace unos pocos días— prometimos cumplir y hacer cumplir.
Están empezando mal. No han entendido que debemos legislar apegados a los mandatos de nuestra Carta Magna. Se han propuesto regular cuestiones constitucionales en leyes secundarias, lo que genera una aberración jurídica ocasionando, una vez más, que este asunto termine bajo la consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que vergonzosamente se le vuelva a corregir la plana a esta Cámara de Diputados.
De aprobarse esta disposición —repito: inconstitucional—, que obliga a los Congresos locales a acatar las resoluciones de las Cámaras respecto a los juicios de procedimiento, de juicio político y de declaración de procedencia contra servidores públicos locales. Estamos olvidando la autonomía de los Congresos federativos.
Debemos dejar muy en claro que la Comisión de Gobernación y Población de la legislatura pasada omitió, en las consideraciones del dictamen, justificar los cambios realizados respecto a la iniciativa que estamos discutiendo, donde se modifica sustancialmente una sujeción de los Congresos locales a lo que determine la Cámara de Diputados.
La facultad que tendrá ahora la Comisión Jurisdiccional para sustanciar los procedimientos de juicio político, así como la integración de nuevas conductas de tipo delictivo que ahora serán consideradas como causales de juicio político, como lo son el ataque a la posibilidad material de emitir el sufragio y el uso ilícito de atribuciones y facultades. Aquí les pregunto, ¿bajo qué criterios determinaron incluir estas conductas y por qué estas conductas y no otras?
Este dictamen que estamos discutiendo, sospechosamente incluye un trato especial que se busca dar al procedimiento penal que deberá seguirse cuando se acuse penalmente al presidente de la República, donde se encuentre el rediseño que busca hacerse de una integración de la Sección Instructora, pasando de cuatro miembros a cinco.
Una vez más, el grupo mayoritario de esta Cámara busca replicar al interior de las comisiones la posibilidad de imponer sus votaciones, considerando como válidos únicamente sus argumentos, aprovechándose de cualquier espacio que les pueda ser útil en su objetivo de confrontación, deterioro y desaparición de instituciones públicas con el Pacto Federal.
Ante esta serie de vicios desde el inicio de esta discusión, solicitamos que el dictamen sea regresado a la comisión para hacer modificaciones pertinentes propias de esta presente legislatura, así como una nueva valoración de propuestas de los integrantes de la actual legislatura.
Hemos demostrado que el omitir dicho procedimiento, establecido en nuestro Reglamento, deja patente, de nuevo, que la mayoría legislativa de esta Cámara legisla a capricho y cerrazón del presidente de la República, violando reiteradamente el ordenamiento interno que nos rige.
Diputadas y diputados, la sociedad nos exige, hoy más que nunca, realizar un trabajo apegado a estricto derecho, dejando a un lado intereses mezquinos. Los invito a hacer uso correcto de nuestras facultades en el ejercicio del servicio público. Debemos estar conscientes que nuestro trabajo está sujeto a lo que nos permite hacer el texto constitucional, recordándoles que lo contrario también incurre en una conducta que debe ser sancionada, acción de la cual muchos de aquí incurrirán si aprueban el presente dictamen.
Como les dije desde el principio, estamos empezando mal si el mayoriteo en la Cámara aprueba este tipo de legislaciones, hechas a modo y con claros vicios de inconstitucionalidad.
Por lo anterior, reitero el voto en contra de la bancada del Partido Acción Nacional. Por su atención, es cuanto y muy buenas noches.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputada. Tiene la palabra, para hablar en pro, el diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de Morena, hasta por cinco minutos.
El diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros:Gracias, presidente.
Con el permiso de la asamblea. Compañeras y compañeros legisladores, en efecto, venimos a tambor batiente, tenemos prisa, estamos trabajando para estar a la altura del pueblo de México, para cambiar el régimen corrupto que ustedes crearon.
Tenemos un gran reto en esta LXV Legislatura, que en estos tres años que le quedan al primer gobierno de la cuarta transformación cambiemos radicalmente el entramado jurídico para generar más igualdad, más libertad y más bienestar.
Aquí han pasado muchos a decir, a vociferar, a insultar incluso, llenándose la boca diciendo que quieren limitar la corrupción, que quisieran haberle metido mano al dictamen, que sí quisieran limitar la corrupción, pero mientras se desbordó la corrupción en los sexenios que ustedes encabezaron, nadie hizo nada por modificar este régimen especial que protegía al presidente de la República, que le garantizaba impunidad, inimputabilidad y, al contrario, generaron más protecciones o vericuetos en la ley, simplemente para ser inaplicables los preceptos constitucionales.
Ahora se acaba la impunidad, porque estamos reglamentando la posibilidad de castigar al titular del Ejecutivo, no teman a este combate a la corrupción.
Esta ley, como ya se dijo antes, ha sido utilizada para proteger al presidente y es algo inédito en el mundo que sea el propio titular del Ejecutivo el que inicia todo este proceso para quitarse el fuero y para poder enfrentar la ley como cualquier ciudadano; y es inédito en el mundo también que el partido en el poder cambie la Constitución y cambie la ley como ahora lo vamos a hacer, para que sea expedita la declaración de procedencia, el juicio político, para poder imputar al presidente de la República y que sea el Poder Judicial; no, no se atenta contra la división de Poderes. Que siga siendo el Poder Judicial el que procese las acusaciones contra el presidente de la República.
Ustedes, en la oposición de derecha, deberían de facilitar esta legislación y respaldar lo expedito de estos procedimientos, pero su gran estrategia es querer confundir a la opinión pública y, desde esta alta tribuna de la nación, le decimos al pueblo de México que estamos actuando para que todos tengamos igualdad ante la ley, incluso aquellos que antes se protegían, incluso el dignísimo presidente de la República que hoy tenemos, Andrés Manuel López Obrador.
Se retira el fuero con este procedimiento y también tenemos que legislar ese gran pendiente. También lo menciona, pero nadie ha presentado una iniciativa para hacer algo así.
Se tiene que limitar el fuero de los legisladores, se tiene que limitar el fuero de los gobernadores y de todos los que ahora, en este sistema republicano, están gozando de esa protección. Esto fue un compromiso, desde 2018, antes aún, del presidente López Obrador.
Y, en efecto, estamos orgullosos de pertenecer, de representar a este gran movimiento que está cambiando la República, que está cambiando nuestra patria y no tenemos nada que ocultar, siempre hemos estado dando la cara, defendiendo estos procesos, defendiendo; nuestro movimiento tiene un compromiso con desmontar el régimen corrupto que estuvo ejerciéndose durante tantos años.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputado, por favor.
El diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros: Tenemos un compromiso con el combate a la corrupción, con la legalidad, con el combate a la impunidad. Por eso, llamamos...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputado.
El diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros:...a esta LXV Legislatura a hacer historia. Muchas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias. Tiene la palabra, para hablar en contra, la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo:Gracias presidente. Pues dicen que van a agilizar los procedimientos para realizar juicios políticos o declaración de procedencia a los servidores públicos y eliminar los privilegios de responsabilidad penal del presidente de la República. Sin embargo, hoy Morena y sus aliados violentan una vez más la ley. Una vez más le mienten al pueblo, porque ambas afirmaciones son falsas y están muy lejos de lograr ese objetivo.
La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos de 1982 ha sido modificada unas 11 veces desde entonces. La última en 2016 en el marco de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que derogó diversos artículos relacionados con la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, dejándola únicamente vigente para aquellos procedimientos relacionados con el juicio político y la declaración de procedencia.
Están pretendiendo actualizar una ley que contiene procedimientos previstos hace más de 30 años, y eso requeriría un análisis serio a la luz de la legislación actual. Lo que nos están poniendo sobre la mesa es una copia de la ley vigente, con adecuaciones que, en vez de agilizar procedimientos, sólo generan incertidumbre, pero también reflejan su intención de usar la figura de juicio político y declaración de procedencia como herramientas de persecución política.
¿Por qué lo menciono? Veamos el proyecto. Atentan abiertamente contra el federalismo: con una redacción inconstitucional, quieren imponer a los Congresos locales lo que su mayoría decida, violentando la autonomía de los estados.
Pretenden que el juicio político y la declaración de procedencia se inicien con datos o indicios como elementos de prueba, y esto vulnera principios elementales como la presunción de inocencia, el debido proceso y el respeto a los derechos humanos.
En su afán autoritario, pretenden que el pleno actúe como órgano revisor de la Sección Instructora, la cual decide con base en procedimientos y pruebas establecidos en la ley. Ah, pero si la Sección Instructora resuelve que no hay pruebas suficientes para determinar la responsabilidad, el pleno con su mayoría podría cambiar esta resolución vulnerando así garantías procesales a las que toda persona tiene derecho.
Pretenden también eliminar el riguroso turno que obliga a la Sección Instructora a resolver en el orden en el que le son turnados los asuntos. Y ustedes quieren dejarlo a capricho. Pretenden que todas las actuaciones del procedimiento del juicio político y la declaración de procedencia sean inatacables y esto vulnera la tutela jurisdiccional efectiva, pues evitaría que las personas puedan defenderse de esas arbitrariedades si ustedes —que casi no les pasa, ¿verdad?— notifican mal o realizan procedimientos erróneos.
Por lo que se refiere al procedimiento para acusar penalmente al Ejecutivo federal, pretenden mantener esta mentira que han construido de que hoy el presidente no tiene fuero. Eso es mentira, la Constitución establece que, para proceder contra él, primero se realiza un procedimiento aquí en la Cámara y luego en el Senado, que con sus dos terceras partes tendría que decidirlo. Eso, señoras y señores se llama inmunidad procesal.
Preocupa también que su proyecto de dictamen ni siquiera está acorde con nuestra legislación actual. ¿A qué me refiero? En 2013 se aprobó la Ley General de Víctimas, con el objetivo de visibilizarlas, reconocer sus derechos; y en 2014 se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, con una visión garantista y que procura salvaguardar el derecho de las víctimas.
Este dictamen ni siquiera lo menciona. Pareciera que se les pasó, a pesar de que hace poco un diputado federal, por cierto de la mayoría, violentó a un menor y hoy está preso. También, a pesar de que la elección consecutiva se realizó apenas este año, el dictamen que nos presentan no menciona nada sobre aquellos funcionarios que logran su reelección.
Compañeras y compañeros, los diputados del PRI votaremos en contra de este dictamen, porque creemos que, en un sistema democrático e institucional, es inadmisible aprobar un instrumento político cuyos vacíos legales y deficiencias representan un riesgo para la vida política y la gobernabilidad del país.
Estamos aquí para crear leyes que sirvan a la gente, bien pensadas, debatidas, producto de deliberaciones y de parlamentos abiertos. No nos prestamos a legislar con el sello de la sumisión, que caracteriza a la mayoría oficialista, aprobando leyes hechas a modo, con prisas, con errores, que las convierten en normas impugnables y, por tanto, inservibles.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputada. Tiene la palabra, para hablar en pro, la diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
La diputada Lilia Aguilar Gil:Muchas gracias, señor presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
La diputada Lilia Aguilar Gil: Esta podría ser considerada la discusión del sospechosismo, y no sé si la oposición ha hecho esta discusión basada en el sospechosismo, porque el diputado Santiago Creel se encuentra en su bancada y quieren hacer oda del mismo.
Sin embargo, aquí no se ha dado en realidad un debate preciso, sino un debate —diría yo— mentiroso. Primero señalan que esta es una ley inconstitucional. Vamos clarificando que una ley que reglamenta artículos constitucionales, a menos que vulnerara a otros, no puede ser inconstitucional.
Y entonces dice que vulnera la división de Poderes y atenta contra el federalismo, solamente porque fija un procedimiento claro con tiempos y transparencia para que los estados puedan recibir un dictamen de procedencia, que no un juicio sobre probables alegatos de juicio político.
Lo que en realidad estamos viviendo es que este, el segundo asunto que se discute en la LXV Legislatura, abre la puerta a los ciudadanos para que puedan denunciar a aquellos que deberían servirnos, contra aquellos que aún piensan ser herederos de un sistema plutocrático que, a su pesar, se está acabando.
Sí, sí se busca eliminar el sistema de impunidad que existía, y lo que yo no entiendo, y lo pregunto a quienes hagan el uso de la palabra en la oposición, es por qué el fijar un proceso claro, con tiempos, con transparencia, les parece tan fatal.
Es acaso el resultado del hoyo negro que hoy día son los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución lo que causó que Cabeza de Vaca pudiera librarse de un juicio político por una determinación de un Congreso local que, fast track,decidió no solamente que no había procedencia, sino que se rehusó siquiera a analizar los delitos por los que era acusado.
Pareciera, señores y señoras diputadas, que lo que realmente les duele es que esta es una ley para usarse, y es una ley para usarse; pero como el león cree que todos son de su condición, ustedes creen, y vienen a aquí a decir, que va a ser utilizada para la persecución política; bueno, pues probablemente eso es lo que ustedes harían.
Pero en la realidad, lo que dice esta ley es que los ciudadanos pueden abiertamente iniciar un proceso de juicio político en la Secretaría de esta Cámara de Diputados, y que habrá un análisis de la misma que tendrá que ser presentado por una comisión que hará un análisis de las pruebas que se aporten.
Sí. Si lo que les molesta es que esta es una ley que facilita el acceso al derecho a los ciudadanos a poder enjuiciar a aquellos funcionarios públicos que, rompiendo su promesa y su compromiso, hagan mal uso de su posición. Sí.
Y entonces pónganse las barbas a remojar si ustedes creen que van a poder salir adelante con este sistema de impunidad. Ya no será así, pero no porque los persiga nadie, sino porque la ciudadanía entonces estará atenta de lo que ustedes hagan.
Esta finalmente es una verdadera ley, una herencia de un gobierno progresista, y que a nosotros, en el Partido del Trabajo, nos da mucho gusto apoyar. Así que, por favor, en las siguientes intervenciones, más que generalidades y en lugar de venir a acusarnos de que si leímos o no leímos el dictamen, dígannos con precisión qué es lo que realmente están ustedes —si es que lo leyeron— alegando. Muchísimas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputada Lilia Aguilar. Tiene la palabra, para hablar en contra, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo:Con su venia, presidente. Miren, antes que nada, sí hay que dejar dos cosas bien claras: el discurso de esta noche ha oscilado, desde mi perspectiva y lo que he estado escuchando hasta el momento, nadie se opone a modificar, a transformar, lo que ya tenemos establecido desde muchos años y lo que tiene que ver con juicio de amparo, de procedencia —perdón— y el juicio político.
Me parece que todos coincidimos en que hay que modernizar esa parte, que hay vacíos que hay que modificar, y que hay que fortalecer. Y me parece que en esa parte no hay discusión. Pero lo que hay que decir es que, desde la legislatura pasada, hemos estado haciendo las cosas de una manera apresurada, que en la experiencia legislativa reciente nos dice que pongamos atención en acelerar los tiempos.
Es decir, ya son muchas las enmiendas que nos han hecho en otros espacios y nos han regresado las leyes en este sentido, por una sencilla razón: no le hemos dedicado tiempo suficiente para hacer valoraciones y consultas.
Aquí cabría la posibilidad inmediata de hacer una consulta ciudadana. Estamos hablando de democracia participativa y, en un tema tan trascendental, no estamos invitando a gente experta en estos temas a que nos instruyan en estas modificaciones que hoy se están haciendo.
Bien podíamos haber hecho un parlamento abierto donde hubiéramos recogido interesantes propuestas que le dieran mayor validez a lo que hoy estamos haciendo, puesto que nadie de los que estamos aquí se opone a una modificación y a una transformación y mejorar lo que ya tenemos. Eso que quede claro.
Segundo. Me parece que los tiempos y los procedimientos que han caracterizado el trabajo legislativo merecen mayor atención de nuestra parte. Si queremos transformar a México, tenemos que poner atención en la forma en que lo hacemos. Y el andamiaje jurídico que estamos construyendo debe ser sólido, y me parece que ésta no es la manera de incluir otras visiones, otras propuestas.
Ahora bien, yo lo que quiero decir, de manera muy clara, y esta es la posición que nosotros desde Movimiento Ciudadano estamos teniendo, pues es que al Legislativo le corresponde precisamente legislar, no asumir una posición de juez. La impunidad sabemos dónde está, en el andamiaje dónde se encuentra. Ahí hay que fortalecer la impunidad.
El procedimiento, digamos, que recientemente tuvimos en Cámara para establecer un juicio de procedencia y establecer juicio político, y con base en esa experiencia que se tuvo, que no se pudo llegar a lo que se tenía previsto aquí por un grupo en particular, pues me parece que no debe ser la evidencia empírica para hacer legislación.
Por el contrario, me parece que aquí lo que habría que hacer, si queremos ir hacia los estados de manera de que la impunidad no trascienda, pues es consultarlos también, no allanar un pacto federal al federalismo mismo, que de alguna manera no estamos previendo que hay legislaturas que merecen ese respeto y hay gobiernos que merecen la participación y la opinión en este proyecto de dictamen.
Entonces, me parece sumamente importante decir que al Legislativo no le corresponde asumir esa posición.
Hay —me parece— en el Poder Judicial procedimientos que pueden llevar a cabo para que esto que nosotros estamos realizando, y que —hay que decirlo de esta manera— lo que estamos discutiendo es lo que ha prevalecido por muchos años, y que no es otra cosa más que establecer de manera peyorativa darle un mote a veces político a algo que es un procedimiento ético-administrativo. Y lo queremos elevar a un rango digamos de una institución.
Entonces, me parece que es esa parte. Sí tenemos que ser congruentes a la hora de hacer las cosas, y lo que estamos pidiendo es que nos detengamos poquito; lo que estamos pidiendo es tiempo. No estamos pidiendo detener una reforma a este tema. Lo que estamos pidiendo es hacer las cosas pensadas, reflexionadas, donde participe gente experta en estos temas y podamos construir algo que de verdad le dé solidez y nos dé a nosotros una cara diferente ante la sociedad y eso es lo que realmente se está discutiendo en este momento.
Nadie está en contra de que se modifique o se transforme un sistema que ha servido como instrumento político para evidenciar o señalar, pero que, al final del camino, tiene mucha debilidad.
Eso lo sabemos todos. Lo que estamos pidiendo es fortalecerlo de una manera digna; nosotros somos los responsables de ese trabajo de confección y de teje y maneje en el Legislativo. Como diría Porfirio Muñoz Ledo: “qué manera de legislar”. Es cuanto.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado. Tiene la palabra, para hablar en pro, el diputado Marco Rosendo Medina Filigrana, de Morena.
El diputado Marco Rosendo Medina Filigrana:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, es obvio que al viejo régimen le genera molestia que hoy estemos discutiendo esta nueva Ley de Juicio Político y de Declaración de Procedencia.
Les molesta que Morena y los partidos que están haciendo historia estén dando continuidad a las reformas constitucionales de los artículos 108 y 111 que se aprobaron en la LXIV Legislatura.
Les molesta que estemos aboliendo el régimen de privilegios en los que se escudaban quienes eran titulares del Poder Ejecutivo, pero les molesta aún más que sea el propio presidente Andrés Manuel López Obrador el principal impulsor de esta reforma. Por ello. no solamente en una ocasión, sino en dos ocasiones, envió las iniciativas para que el presidente de la República pueda ser procesado penalmente durante el tiempo de su encargo.
El dictamen que hoy tenemos a discusión, precisamente establece el procedimiento constitucional que permitirá someter a juicio político al presidente cuando, en el ejercicio de sus funciones incurra no solamente en delitos de traición a la patria, sino —y eso es lo que más les preocupa a ustedes— en hechos de corrupción, en delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano mexicano.
Por lo que respecta a la declaración de procedencia, aquí se ha venido a decir que tiene muchos años que estaba regulada en la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, pero —en honor a la verdad— era letra muerta. Si las paredes de este recinto hablaran, podrían decir las pocas ocasiones en que se trató algún tema de juicio político o de declaración de procedencia. En esta nueva etapa del país, en la LXIV Legislatura, dos diputados de la mayoría fueron sometidos a declaración de procedencia. Esos son los nuevos tiempos.
Ustedes dicen que puede ser usado como método de persecución política, porque ustedes así lo hacían. ¿Acaso ahora que hablamos de 40 años de este recinto, no lo inauguraron ustedes con una declaración de procedencia contra Díaz Serrano?, y no porque lucharan por la corrupción, sino simplemente como revancha política.
El dictamen que hoy se pone a la consideración de este pleno no es para perseguir; al contrario, es para dar certeza jurídica en los temas de declaración de procedencia, porque se hacen precisiones procedimentales que van apegadas a los preceptos constitucionales que garantizan el debido proceso.
Por eso en este dictamen están previstas precisiones a temas como la garantía de audiencia, como las actuaciones, como las diligencias, como lo que constituye el ofrecimiento, la calificación y el desahogo de las pruebas; pretendemos evitar precisamente que haya interpretaciones a modo que pudieran incluso violentar derechos constitucionales de quienes están sometidos a un instrumento jurídico como el que aquí hemos mencionado.
Les extraña también que sea hoy, primero de septiembre, que estemos tratando estos temas; pero como bien reflexionaba nuestro coordinador parlamentario, en la vida empresarial no se inaugura una fábrica y se manda a los trabajadores a descansar, hoy que inauguramos el periodo ordinario de sesiones estamos aquí trabajando para darle un nuevo engranaje jurídico a este país; estamos aquí trabajando para seguir combatiendo la impunidad que ustedes protegen; estamos aquí trabajando para construir las herramientas jurídicas que permitan un verdadero Estado de derecho; y aquí lo hemos dicho y lo vamos a reiterar, en Morena y en los partidos que juntos hacemos historia vamos a seguir combatiendo el régimen de privilegios en que ustedes se han escudado y del cual han estado viviendo durante muchas décadas, y que este país está harto de estarles soportando. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado. Tiene la palabra, para hablar en contra, el diputado Marcelino Castañeda Navarrete, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Marcelino Castañeda Navarrete:Muy buenos días, ya nos agarró el día, diputadas y diputados. Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
El diputado Marcelino Castañeda Navarrete: Las funciones parlamentarias de control sobre otros Poderes y organismos autónomos del Estado, son de la mayor relevancia. Una de estas funciones es precisamente el control jurisdiccional que las Cámaras del Congreso ejercen a través del juicio político y la declaración de procedencia. Corresponde al Poder Legislativo fiscalizar y controlar las acciones que ejerce el gobierno a través de los servidores públicos.
El Título Cuarto constitucional especifica cuál es la atribución del Congreso en materia de responsabilidad política y penal, compartimos la intención de actualizar estas normas, agilizar la aplicación de los procedimientos que ahí se describen e incorporan disposiciones acordes con el sistema penal acusatorio. Por supuesto, también estamos de acuerdo en la necesidad de fortalecer estos procedimientos para hacer efectiva la función de control de este Congreso.
Sin embargo, esta actualización no puede avasallar el proceso legislativo por el que debe de conducirse la creación normativa, ni contener disposiciones contrarias a las normas supremas consagradas en nuestra Constitución; y precisamente de ahí viene nuestra oposición al presente dictamen, por los vicios, los procedimientos de origen, pues no debieron de tratarse en este pleno sin haber pasado por alguna comisión de esta legislatura.
La Constitución, en el artículo 110, establece que son sujetos de juicio político los Ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales les otorgue autonomía, por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de los recursos federales; se enfatiza que en este caso la resolución será una meramente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponde.
De forma análoga, el 111 constitucional dice que, para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Ejecutivos de las entidades, las declaraciones de procedencia serán para efecto de que se comunique a las legislaturas locales para que, en el ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponde.
Sin embargo, en los artículos 22 y 35 del dictamen se señala que la legislatura local debe de proceder en estricta observancia de lo decretado por la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. De aprobarse el dictamen en el sentido propuesto, el Congreso de la Unión violará estas competencias en las declaratorias de procedencia y en los juicios políticos de servidores públicos de gobiernos locales, así como los principios del federalismo.
Por esta razón, el PRD votará en contra de este dictamen, en congruencia con la protesta formulada en la sesión constitutiva de esta legislatura. Sabemos la reacción del partido en el gobierno a la crítica, que ese partido no acepta el diálogo ni el razonamiento.
Nuestro partido está firmemente comprometido a luchar por erradicar la corrupción, pero no de manera discrecional ni para solapar a parientes ni amigos. Nuestra lucha es porque prevalezca el Estado de derecho y por acabar con la impunidad, pero siempre al amparo de la ley y en estricta observancia del Estado de derecho.
No a la elaboración de leyes por consigna. No a la persecución política, porque la justicia no se aplica de forma selectiva. Es cuanto.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Mario Enrique Castañeda González, de Morena, para hablar en pro, hasta por cinco minutos.
El diputado Mario Enrique Castañeda González:Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
El diputado Mario Enrique Castañeda González: Compañeras y compañeros diputados, ¿que si es urgente dictaminar esta ley que estamos discutiendo? Por supuesto que es urgente. El pueblo de México lleva décadas esperando a que se le haga justicia y que se combata realmente de frente la corrupción y la impunidad.
El tiempo que hoy piden lo han tenido de sobra por sexenios y le han fallado a nuestra nación.
El bloque parlamentario de la cuarta transformación no le va a fallar a nuestra gente, ni le va a fallar al pueblo de México.
El juicio político es el mecanismo para establecer la responsabilidad política por acciones u omisiones graves que hayan cometido servidores públicos. Se trata de un procedimiento para fincar responsabilidades políticas y sancionar a quienes, en ejercicio de sus funciones, hubieren incurrido en abuso o exceso de poder.
Desde el punto de vista de la división de Poderes, es el juicio político el que se establece como un instrumento de limitación y control para asegurar que un poder pueda vigilar y controlar a otro mediante frenos y contrapesos institucionales, en donde el Poder Legislativo tiene una función fundamental, de ahí que corresponda a la Cámara de Diputados, compañeras y compañeros, sustanciar el procedimiento actuando como órgano instructor y de acusación, y a la Cámara de Senadores fungir como jurado de sentencia.
La resolución condenatoria que se prevé tendrá como consecuencia la destitución del o la funcionaria pública y, adicionalmente, podrá imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público de 10 hasta 30 años, dependiendo de la falta.
Es importante actualizar el modelo de juicio político conforme al mandato constitucional y llevar a cabo una armonización que integre los derechos humanos y las actividades de potestad punitiva del Estado, con el objeto de no violentar los derechos de los acusados.
Por estas razones es que el dictamen o discusión que nos presenta la Comisión de Gobernación y Población fortalece el ejercicio de las garantías y obligaciones en materia jurídica, política y administrativa.
Asimismo, es igualmente importante combatir sin tregua la corrupción, la impunidad, el abuso de poder y el mal uso de los recursos públicos, que durante décadas hicieron los del viejo régimen.
Por eso es que no hablamos solamente de un cambio de nombre a la ley, sino de una integración de funciones diseñadas para que el modelo de juicio político sea operante y cumpla con su objetivo.
La justicia política es una forma independiente y, a la vez, complementaria de la justicia penal, ya que asegura que las y los funcionarios públicos señalados en la Constitución sean separados de la vida pública debido a su conducta indeseable y deshonesta en perjuicio de los intereses fundamentales del pueblo.
Ya es tiempo de que se ejerza un verdadero marco jurídico de legalidad. Ya no vamos a solapar la impunidad, la corrupción.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del dictamen en discusión. Es cuanto, compañero presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado.
Consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria diputada Jasmine María Bugarín: En votación económica se consulta a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, gracias. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se considera suficientemente discutido en lo general.
Se informa a la asamblea que, para la discusión en lo particular, se han reservado los artículos 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 55, primero transitorio y cuarto transitorio del proyecto de decreto.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputadas y diputados, procederemos a la votación del proyecto de decreto en lo general, y en lo particular de los artículos no reservados. La votación se realizará de viva voz, conforme a lo dispuesto por el artículo 138, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Por lo que se les solicita atentamente a las diputadas y a los diputados, permanecer en sus curules y esperar a que se active el sistema de sonido de la misma para que indiquen su nombre, su grupo parlamentario y el sentido de su voto.
Esta Presidencia designa, para recoger la votación de este asunto, a las siguientes diputadas secretarias: diputada secretaria Karen Michel González Márquez, para que registre los votos a favor; diputada secretaria Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz, para que registre los votos en contra; y, a la diputada secretaria María Macarena Chávez Flores, para que registre las abstenciones.
Iniciaremos la votación de lado derecho de esta Presidencia, por lo que les ruego tomen sus lugares para poder agilizar la misma. Adelante.
(Votación de viva voz)
Proceda la Secretaría con el cómputo de la votación; en cuanto esté lista, dé cuenta con el resultado de la misma.
La secretaria diputada Brenda Espinoza López: Señor presidente, el conteo y cómputo de la votación arrojó el siguiente resultado: 273 votos en pro, 220 en contra y 0 abstenciones.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Aprobado en lo general, y en lo particular los artículos no reservados, por 272 votos.
Pasamos a la discusión en lo particular. Informo a esta asamblea que se han recibido 40 oradores de alrededor de 60 reservas, por lo que esta Presidencia ha tomado la determinación de agrupar las reservas y hacer consideraciones en el tiempo de los oradores.
Por lo anterior, tiene la palabra la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres, del Partido Acción Nacional, hasta por ocho minutos.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi(desde la curul): Presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna:¿Con qué objeto, diputado Lixa? Sonido a la curul del diputado Lixa.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Moción de procedimiento, y puntualizar un artículo del reglamento, presidente, si me lo permite.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Presidente, únicamente para no sentar un precedente, soy partidario de la decisión que ha comunicado a la asamblea, de la agrupación; únicamente no podemos aceptar el precedente de que sea la Mesa Directiva quien haya decidido agrupar las reservas.
Las reservas las decide agrupar cada orador, de conformidad con el artículo 111 del Reglamento, es decir, todos los grupos hemos manifestado nuestro acuerdo en que así sea para agilizar la sesión, pero creo que vale bien la pena establecer que si algún legislador así lo decidiera puede no apegarse al 111, esto para proteger el derecho de las y los legisladores, presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Diputado Lixa, el acuerdo emanó de un consenso generado en la Mesa Directiva y si algún diputado desea hacer de manera individual las reservas de los artículos no tendré ningún inconveniente, en el entendido de que el acuerdo se orienta en agruparlos, teniendo la consideración, esta Presidencia, del tiempo de exposición que tendrán las y los diputados.
Y aprovecho para hacer una rectificación, la secretaria cantó la aprobación en lo general, y en lo particular de los artículos no reservados, por 273 votos, para que conste esa aclaración.
Continuamos. Iniciamos con la primera reserva, por lo que se concede la palabra a la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres, del PAN, que se referirá a los artículos 1, 4, 11, párrafo primero, fracción III, 12, párrafo primero, 23, 28, adición de un párrafo, y 47. Por lo anterior, se le concede el uso de la voz hasta por ocho minutos.
La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres:Con la venia de la Presidencia.
Compañeros y compañeras diputadas, no pueden existir buenas decisiones entre las prisas y por los caprichos. Evitar los esquemas de reflexión y análisis lleva a un trabajo mediocre, mal hecho y, digámoslo así, ni siquiera por la voluntad de las y los diputados.
Huyen a un debate serio y la consecuencia será un producto autoritario e inútil al país, y no seremos cómplices de eso.
Tendremos que exponer desde esta tribuna algunos de los graves errores que hacen inviable, subjetiva, discrecional y, por tanto, injusta la aplicación de esta propuesta.
Reservamos los artículos 1, 4, 11, 12, 23, 28 y 47, que en lo sustantivo intentan definir el procedimiento de juicio político y declaración de procedencia. La finalidad de estas reservas con propuesta de adición es proponerles un procedimiento legal adecuado, oportuno, que garantice los derechos de las víctimas y los principios que rigen el debido procedimiento.
En el Partido Acción Nacional ha quedado muy claro que estamos a favor de la reglamentación del juicio político, pero estamos en contra de las ocurrencias y de las imposiciones.
Primero. A este proyecto le hace falta garantizar el conocimiento y observancia de los principios rectores del sistema penal acusatorio, que están establecidos en el artículo 20 constitucional, con el objetivo de que las partes involucradas se enfrenten en un proceso jurídico con igualdad de oportunidades.
Segundo. A este proyecto le hace falta garantizar la actuación objetiva, imparcial, transparente, honrada de cada integrante de los órganos dictaminadores, para evitar el uso faccioso de esta herramienta.
Tercero. A este proyecto le hace falta garantizar el respeto a los derechos, los principios y el debido proceso establecido en la Constitución, en leyes generales, por ejemplo, la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Civil, solamente por ponerles algunos ejemplos. Para resumir, a este proyecto le falta legalidad.
La Cámara de diputados y diputadas es un órgano de naturaleza política no jurisdiccional, para muestra recordemos la actuación de algunos integrantes de la Sección Instructora de la LXIV Legislatura, donde este tipo de procedimientos los utilizan más como herramienta de venganza y revanchismo político, que como un verdadero instrumento de administración de justicia.
Por ello, es imperativo regular la actuación de las y los legisladores que integran los órganos dictaminadores, tanto en el procedimiento de juicio político como en declaración de procedencia, para que cumplan su encargo de manera ética, objetiva, imparcial y responsable.
Tenemos que hacer conciencia de que, al administrar y procurar justicia, las y los legisladores deben asumir una nueva obligación que implica conocer y observar los principios básicos que garantizan el respeto a los derechos de la ciudadanía y de las propias víctimas; y si no conocen o conociendo tales principios deciden no observarlos, entonces ustedes también deben de ser sujetos de responsabilidad por transgredir las garantías y derechos establecidos en la Constitución.
Los principios de respeto de los derechos humanos, presunción de inocencia, reserva de actuaciones, objetividad, profesionalismo, honradez, imparcialidad, sigilo de la averiguación previa, entre otros, son algunos principios que todos los órganos jurisdiccionales están obligados a cumplir durante su actuación.
De tal modo que si el objeto de la Comisión Jurisdiccional de la Sección Instructora y de la Sección de Enjuiciamiento de la Cámara de Senadores es determinar responsabilidades de las y los servidores públicos, entonces dichos principios también deben regir la actuación de sus integrantes y del procedimiento que pretende instaurarse para evitar arbitrariedades, discrecionalidad e injusticias, o peor aún, lo que actualmente está sucediendo en nuestro país, que se utiliza el poder para perseguir, para acusar, para hostigar y para difamar a los disidentes, a los opositores, a los adversarios políticos, a todo aquél que se atreva a criticar públicamente las tropelías de un gobierno autoritario, que no titubea en aplastar todo lo que no le acomode, todo lo que le estorbe.
La ignorancia o el desconocimiento de los principios de la presunción de inocencia, del sigilo de la averiguación previa, de los derechos y garantías constitucionales y convencionales no puede ser pretexto para que se avalen violaciones procedimentales.
Que les quede claro que el Partido Acción Nacional no les dará un cheque en blanco para persecuciones políticas. Acción Nacional no avalará aquellos actos que rompan con la legalidad, ni que transgredan los principios y derechos de las y los mexicanos, porque en el PAN no nos debemos a los caprichos de una sola persona, en el PAN nos debemos a México. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputada.
Ahora tiene la palabra...
Perdón. Se consulta a la Secretaría, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Señor presidente, mayoría por la negativa, desafortunadamente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra el diputado Fernando Torres Graciano, del Partido Acción Nacional, quien ha reservado el artículo 1, adición de una fracción, el 10, párrafo tercero; y el 42, adición de una fracción. Le concederemos la palabra, hasta por siete minutos.
El diputado Fernando Torres Graciano:Gracias, presidente. Pues me queda claro que, por muy técnicas y fundamentadas que sean aquí las propuestas, pues no hay ánimo de escuchar y recibirlas. De verdad es que los argumentos que dio la diputada Joanna Torres, pues son argumentos de carácter técnico-jurídico.
En el artículo 1, ya lo explicó ella, que también ya lo reservé y tiene que ver precisamente con eso, la actuación de los integrantes de las comisiones, dos órganos fundamentales en el proceso de sustanciar el juicio de procedencia, como es la Comisión Jurisdiccional y como es la Sección Instructora. Ya lo explicó ella, no voy a abundar. Me quiero referir a esta actuación de estos dos órganos, y que viene parte de su actuación en el artículo 10. Y aquí tenemos nosotros en esta reserva dos propuestas muy claras. Primero la forma en como se debe de integrar.
Antes de entrar a ello yo quisiera hacer la siguiente reflexión. Habría que discutir si el nombre es el correcto, que se llame juicio de procedencia, si el nombre es correcto, y que la ley se llame Ley para el Juicio Político. Este es un órgano político, sin duda, pero también es cierto que una persona podrá ser llevada a un proceso, a un juicio por causas civiles, penales, administrativas, pero nunca por causas políticas.
Si se le llama juicio político es por el órgano que delibera y revisa. Quizás sea la única facultad que un Parlamento tiene, que es de materia jurisdiccional, pero no es respecto de la causa, es respecto de la naturaleza de este órgano, que es un órgano político. Y aquí me parece que estos dos órganos, como es la Sección Instructora y la Comisión Jurisdiccional deben de ser —como cualquier órgano de la Cámara, del Congreso, de los Parlamentos— pues de integración, que garanticen la representación de lo que somos, la representación de lo que cada grupo parlamentario pesa y tiene en el Congreso. Porque es una representación producto de una votación.
Y tenemos que garantizar que la integración de estos dos órganos sea proporcional a lo que cada grupo parlamentario representa. Y evitar que de la Comisión Jurisdiccional se pueda integrar por un solo grupo, porque de esa comisión sale y se integra la Sección Instructora. Y ha pasado que la Sección Instructora representa solamente a un grupo parlamentario. Me parece que eso ya empieza a viciar, porque empieza a politizar lo que debe ser un proceso estrictamente jurídico, con rigor técnico. Y entonces, como viene la redacción, no garantiza que esa Sección Instructora tenga una integración que represente la proporcionalidad de los grupos parlamentarios.
También en esta reserva pedimos que quien es integrante de la Sección Instructora y, al mismo tiempo, integrante de la Comisión Jurisdiccional, pues no pueda participar en ambos órganos. Si me permiten el símil, estaríamos hablando de que pudieran ser Ministerio Público y juez al mismo tiempo, y tenemos que evitar que un legislador participe en ambos órganos. Tienen que estar totalmente separados para garantizar precisamente el no politizar.
También con estas reservas estamos buscando y proponemos que no sean removidos los integrantes de la Sección Instructora porque así le convenga para la causa o para efectos de la resolución un grupo parlamentario. Que no pueda darse esa remoción, salvo causa justificada, como puede ser la recusación o la excusa por parte del legislador.
También buscamos que, en la integración estos órganos, sean totalmente independientes, siempre rija, insisto, el rigor jurídico, y que no se mezcle el tema político con el tema de carácter estrictamente legal. Nos parece fundamental cuidar esta integración de estos dos órganos, porque son los que a final del camino llevan todo el proceso. Hagamos las cosas bien, hagamos las cosas de manera correcta.
Me parece que no es nada del otro mundo pedir hacer correcciones, como es en este caso, en el artículo 10 de esta ley, para que pueda funcionar y funcionar de manera adecuada, correcta, objetiva, apegada a derecho y sin los vicios que pueden causar que seamos un órgano político que, además, lleva procedimientos siempre, por lo regular contra funcionarios que tienen una carga política por su cargo, por su nombramiento, por la forma en cómo llegó a ese cargo, etcétera. Entonces, despolitizar para poder ser apegados estrictamente a lo que es un proceso legal.
También estamos reservando el artículo 42, para darle más claridad, porque es ambiguo. Dice el dictamen: “Si el Jurado de Procedencia encuentra responsable a la persona titular de la Presidencia de la República en la sentencia, resolverá con base en la legislación aplicable”.
La propuesta es que diga: “Si encuentra responsable a la persona titular de la Presidencia de la República en la sentencia, decretará su destitución del cargo y lo sujetará a la jurisdicción del órgano judicial competente, para que continúe el proceso penal del inculpado y, en su caso, hasta la imposición de la pena correspondiente para dar certeza y claridad”.
Por último, me parece que de lo que se trata en esto es simple y sencillamente hacer las cosas bien, y aquí, si me permiten, cito palabras de Montesquieu, que decía: “Una cosa no es justa por ser ley, debe ser ley por ser justa”. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra...
Perdón, consulte la Secretaría, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada María Macarena Chávez Flores: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto, en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien ha reservado los artículos 19, 33, 37, 40 y 41. Se le concede el uso de la voz hasta por ocho minutos.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña:Gracias, diputado presidente. El artículo 3o. también lo había reservado, pero ese lo retiro, y también retiro el artículo 40, que plantea... nuestra intención era que, en el caso del presidente de la República fuera mayoría calificada la que de esta soberanía decidiera, pero me demostró mi compatriota, mi amigo, camarada, Leonel Godoy, que la Constitución establece mayoría simple. Entonces no podríamos pedir en la ley una atribución, mayores requisitos, que los establecidos en la Constitución. Por esa razón retiro también el artículo citado.
Sobre el artículo 9, lo que estamos planteando aquí es la mayoría calificada que está establecida en la ley para los senadores. No, ese no lo tenía yo reservado, perdón.
Artículo 19 y 33. Estamos proponiendo que las sesiones sean presenciales. Sería lamentabilísimo que en una decisión de esta relevancia estuvieras votando a distancia, caminarte a Cabeza de huevo, y que luego el Congreso de Tamaulipas diga que tenga fuero doble.
Entonces me parece que el mínimo de decencia, de corrección, de trato adecuado es que las sesiones sean como ahora se dice, presenciales, porque parece que esta nueva normalidad llegó para quedarse por décadas, no veo para cuándo se resuelva, ¿verdad?
Entonces, artículos 19 y 33, las modificaciones van en el sentido de que sean presenciales. El artículo 37; la redacción pareciera que nos erigimos en jueces y juezas, y nosotros no somos eso, nosotros lo único que determinamos es si hay elementos que permitan percibir que, efectivamente, hay un delito y, sin prejuzgar y sin dejar de lado la presunción de inocencia, procedemos a la determinación del juicio político. Por lo tanto, aquí se incluye respetando siempre el principio de la presunción de inocencia, esa es la modificación al artículo 37.
Y, en el caso del artículo 41, ya me hice bolas aquí con tantos papeles, ya ven que yo me subo siempre con todo en la cabeza, es lo que debo de hacer siempre.
Bueno, en el artículo 41 era lo que yo comentaba, equivocadamente, aquí se incluye que en el caso de los senadores, ya cuando se erigen en jurado, sea por mayoría calificada de dos tercios, así está en la ley. En el caso de las senadoras y senadores su determinación final es por mayoría calificada. Entonces lo que estamos proponiendo es que se incluya: “para aprobar la resolución se requiere la mayoría calificada de las dos terceras partes de las senadoras y los senadores presentes”.
Así es que, para corregir los yerros que haya tenido, hago una síntesis rápida, que es: en el artículo 19 y 33, lo único que estamos planteando es que las sesiones sean presenciales. En el artículo 41 estamos determinando...; en el 37 estamos determinando que se respeta siempre la presunción de inocencia; y en el artículo 41 estamos incluyendo que la determinación de los senadores y senadoras es por mayoría calificada de dos tercios, porque así lo establece la ley.
Como pueden ver, son una serie de precisiones que me parecen absolutamente atendibles, que fortalecen la legislación, que responden a algunas de las preocupaciones de los compañeros de la oposición, aunque francamente creo que su amor no es sincero y, por lo tanto, les pido que voten a favor de que estas reservas se aprueben y se incluyan en la legislación que estamos discutiendo, para que vean solo utilicé cuatro minutos porque aspiraría a que nos vayamos máximo a las 6 de la mañana, porque —para empezar— estuvo un poco fuerte la jornada. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado Noroña. Consulte la Secretaría, en votación económica, si se admite a discusión.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: En votación económica, se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se admite a discusión. La diputada Simey Olvera, de Morena, tiene la palabra para hablar a favor, hasta por cinco minutos.
La diputada Sandra Simey Olvera Bautista:Con su venia, presidente; y con la venia de mi grupo parlamentario, y por supuesto, con la venia del pueblo, que precisamente respalda el compañero Noroña, porque mejora esta propuesta y porque el pueblo siempre ha estado también del lado correcto de la historia.
Y, es precisamente el pueblo quien avala lo que estamos hasta hoy discutiendo, desde que vio que el fuero se mal utilizaba a causa de políticos corruptos que abusaron del poder, es que no quieren más de esto, porque su esencia era positiva, pero por la irresponsabilidad de la vieja política hemos llegado hasta este punto, porque al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie, y es justamente el presidente —nuestro gran y mejor presidente de los últimos tiempos— Andrés Manuel López Obrador, quien enaltece esta frase, y quien ha puesto bajo esta premisa, por lo que estamos viendo que le están dando tantas y tantas vueltas.
¿A qué le tienen miedo?, ¿por qué la demora? Tecnicismos, politiquerías, ahora dicen que hasta albazos; por favor, no hay tiempo qué perder; es sencillo, señoras y señores diputadas, el pueblo manda y el que nada debe, nada teme.
Así que, hagámoslo ya, en letra que garantice y ponga precedente histórico, como todo lo que hemos hecho en esta cuarta transformación, porque —prepárense— claro que vamos por más reformas, y en este primer día lo estamos demostrando, para que nunca más los neoliberales regresen a hacer de las suyas y no traten de persuadir.
Aquí no nos cansamos, no importa la hora, aquí a las 3 de la madrugada con 3 minutos estamos las legisladoras y los legisladores de la transformación. Somos de resistencia, compañeras; décadas de batalla que ni sus métodos truculentos para no tratar estos temas van a poder con nosotros.
Tres años bajo ataques de los que perdieron privilegios, bajo ataques de los chayoteros, tres años con el enojo de unos cuantos, pero ¿qué creen?, con el apoyo y el amor del pueblo, tres años con un régimen diferente.
Por eso, aprovechamos, y desde aquí el reconocimiento y un gran aplauso al presidente y su gabinete por su Tercer Informe de Gobierno. Ya saben, vengan para que aprendan. Un presidente entero, carismático, honesto, un presidente pueblo.
Y los que somos pueblo no necesitamos fuero, ¿o sí? No necesitamos fuero. Y, dicho sea de paso, el presidente tan seguro del cariño de su gente, que va por la renovación del mandato, sí, renovación, porque no va a haber revocación, porque claro que reafirmaremos lo que queremos para que siga salvando a nuestro país.
El buen juez por su casa empieza. Entonces, por primera vez tendremos un presidente al que se le podrá juzgar como a cualquier ciudadano. Y con ello nosotros, sí, en la cuarta transformación, damos ejemplo claro y fuerte de que el cambio va en serio.
Porque con indignación vimos presidentes y además funcionarios haciendo de las suyas, sin mínima preocupación, con un cinismo impresionante. Sabían que no serían juzgados, ya nunca más eso.
¿No les da vergüenza, a la oposición? Aquí se suben a querer retrasar y obstaculizar el trabajo legislativo. Se dicen a favor de una cosa, pero actúan en sentido contrario.
Y aunque sabemos que se inventan tantas artimañas, y que incluso —ojo— podrán utilizar esta declaración de procedencia para señalar a Andrés Manuel. Nuestro presidente es tan grande, tan honesto, que no habrá absolutamente nada que le puedan comprobar.
Por eso, adelante, vamos por la certeza jurídica, vamos por los juicios políticos, vamos a consolidar nuestra cuarta transformación en esta LXV Legislatura. Nosotros, como diputados y diputadas de Morena y de la coalición, claro que estaremos siempre del lado correcto de la historia.
Y claro que apoyamos la reserva del compañero Noroña, porque con la expedición de esta ley se regula de manera clara quiénes son responsables políticamente en el servicio público. Se regulan las causas y sanciones, las autoridades incompetentes y, sobre todo, una claridad en el procedimiento, para que este instrumento del Estado democrático se utilice por fin de manera justa.
Así que vamos, por supuesto, por esta declaración de procedencia. Viva la cuarta transformación. Viva Morena. Y, por supuesto, viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, viva. Es cuanto. Muchas gracias, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias. Tiene la palabra el diputado Elías Lixa, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos. Adelante, diputado.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi:Antes de entrar en materia de la reserva a discusión, considero indispensable atajar tres afirmaciones que se han vertido en esta tribuna.
Que no se cansan, pues claro que no. No se cansan de ser tapetes, aplaudidores, sometidos a la voluntad de un solo hombre. Por supuesto que no se cansan de echar porras, porque son porristas.
Que esto no es un albazo. Miren, yo no sé si conocen la definición de albazo, pero tiene dos acepciones. La primera, la de madrugar la ley. Y la segunda, la de literalmente madrugar, por donde lo vean es un albazo, revisen el diccionario.
Y, si no quieren revisar el diccionario, por lo menos revisen el Reglamento que están obligados a cumplir. Pero, por supuesto, si ni siquiera han leído el dictamen que van a aprobar; llevan un ratito de diputados y ya se creen expertos en Reglamento. Chequen la reglamentación que nos rige. Respétense y respeten su dignidad.
Tercero. Dicen que el que nada debe, nada teme. Lean la reserva que están aprobando. Si nada debieran y nada temieran, entonces, ¿por qué están creando un régimen de excepción al presidente de la República?
Entro en materia. Primero. Nosotros estamos de acuerdo, al 100 por ciento, con una de las dos reservas. Lamentablemente no podemos acompañarla, porque se ha presentado para su votación en conjunto.
Estamos de acuerdo en que se desahoguen estas sesiones de manera presencial y de manera obligatoria para las y los legisladores. No tengamos duda, es una buena medida.
¿Con qué no estamos de acuerdo? En que vienen aquí a decir que el presidente puede ser juzgado como cualquier ciudadano.
No, hombre, a ver, esta farsa de que el presidente ya no tiene fuero solo se la creen ustedes. El presidente es un funcionario público, protegido por la Constitución, a través de diversos artículos tiene fuero. Y lo que están haciendo aquí es que ni siquiera sea juzgado como cualquier otro funcionario que también lo tiene, porque a esos funcionarios la votación que les aplica es de mayoría simple, y ustedes —a través de esta reserva— le están generando una adición, una protección superior, una protección que requiera de las dos terceras partes. Solo el presidente de la República tendría ese trato especial.
De verdad que se necesita o mucha desfachatez, o mucha sinvergüenzada o plena ignorancia, para venir a sostener lo contrario.
Compañeras y compañeros, todas y todos tenemos el derecho de defender cualquier idea y cualquier propuesta. Seré el primero en esta legislatura en defender el mío y, desde luego, el defender el que cada una y cada uno de ustedes tiene, sea cual sea su idea. A lo que no estoy dispuesto es a avalar discursos falsos, mentirosos, que a través de la porra quieren decir una cosa en el discurso y en la ley poner otra.
Eso no solo se llama cinismo, se llama mentira. Y la mentira sostenida en tribuna no se hace verdad en un país que está cansado de la farsa política.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra el diputado Leonel Godoy Rangel, en pro, hasta por cinco minutos.
El diputado Leonel Godoy Rangel:Con su permiso, señor presidente.
Honorables miembros de la Cámara de Diputados, estamos debatiendo las propuestas que hizo el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, a la iniciativa para tener una nueva ley sobre juicio político y declaración de procedencia.
El que me antecedió en la palabra dice que no conocemos el proyecto, pero además señala que estamos queriendo crear un sistema de excepción para el presidente de la República.
Como dicen en derecho, para mejor proveer, diputado, le voy a decir, le voy a leer lo que dice la Constitución, en el artículo 110, que es el del juicio político, que a ese se refiere el artículo 111, en su párrafo quinto.
Dice: para proceder penalmente contra el presidente la República solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. Entonces nos remite, diputado, al artículo 110.
El artículo 110, que se refiere en la parte correspondiente a la declaración de procedencia dice, en el párrafo quinto: para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración —por la Cámara de Diputados— de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado, conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes, dos terceras partes de los miembros presentes en sesión.
No es un trato privilegiado al presidente, es lo que dispone la Constitución, que el Congreso de la Unión aprobó. Por eso, compañeras y compañeros, y con mucho respeto para la oposición, les decimos no solo que sí leímos la iniciativa, sino que creemos que es lo mejor para el país.
En estos tiempos tan difíciles donde está claro que el principal cáncer de México es la corrupción, combatir la impunidad es fundamental y esta iniciativa busca ese propósito, que en materia de servidores públicos, no de funcionarios públicos —como usted dijo—, la Constitución —en el 108— dice que son servidores, somos servidores públicos.
Los servidores públicos tenemos la obligación de actuar con probidad, y quien no lo haga así, que pague las consecuencias. Eso se busca con este proyecto de decreto, tener una ley modernizada, por eso también —lo que decía Gerardo Fernández Noroña—, que un término —que antes yo no conocía— que es las sesiones presenciales, lo establezca así esta ley, para que no quede ninguna duda de la obligación de estar presentes en ese debate tan importante que en su momento se dé de cara a la nación.
Por eso, la propuesta del PT, en su artículo 19, que reclama sesión presencial, en su artículo 33, que también reclama sesión presencial, es procedente, en opinión de las diputadas y de los diputados de Morena.
Lo que ellos señalan en el artículo 37, que una vez que se ha declarado procedente se respete la presunción de inocencia; yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. No lo dijo el diputado, pero estoy seguro de que también está de acuerdo...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputado, por favor.
El diputado Leonel Godoy Rangel: Discúlpeme. Termino diciéndoles que lo que dispone en el artículo 41, de la mayoría calificada, también para nosotros es importante votarla a favor...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputado, por favor.
El diputado Leonel Godoy Rangel: ...Así como las dos terceras partes. Por eso, compañeras y compañeros, votaremos a favor de las observaciones que hizo el Partido del Trabajo. Muchas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Con qué objeto, diputado Elías Lixa.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi(desde la curul): Por alusiones personales, presidente. Múltiples, por cierto.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se le concede un minuto desde su curul, por alusiones personales.
El diputado José Elías Lixa Abimerhi (desde la curul): Gracias, presidente.
Quizá el diputado no escuchó mi participación, y en todo momento dije que el Grupo Parlamentario del PAN está a favor de que existan sesiones presenciales obligatorias. No tenemos absolutamente ningún problema, por el contrario, creemos que es una medida buena. Pero el discurso que me antecedió, lleno de porras, negando albazos, era algo que desde luego no podíamos pasar.
Ya que el diputado recomienda lecturas y dice que no existe un régimen especial, yo le recomiendo leer el artículo 42 de este dictamen envenenado, que le da no solo un régimen especial al presidente, sino que modificaron su propio texto para quitar que lo que procede es la separación del cargo, para poner una figura ambigua sobre la legislación penal aplicable. Desde luego que es un régimen de excepción. Y esa es la parte que no acompañamos.
Las sesiones presenciales, lo dije fuerte y claro, las acompañaremos. Pero desde luego que no acompañamos regímenes especiales ni discursos de porristas. Muchas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputado. Gracias.
Diputado Noroña, con qué objeto. Sonido a la curul del diputado Noroña, por favor.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Es que estas nuevas curules que pusieron yo creo que están peor que las que estaban antes. Por alusiones personales, diputado presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se le concede la palabra por un minuto, diputado Noroña.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (desde la curul): El compañero Leonel Godoy, compatriota y amigo, camarada de lucha, me aludió por nombre varias veces. A ustedes ni siquiera los mencionó e hicieron uso de la palabra.
Dice Acción Nacional que van a cambiar el tono, que van a elevar el debate y se suben a injuriarnos porque apoyamos al líder político más grande que ha tenido el país en décadas, que es el compañero presidente López Obrador.
Por más que les pese, por más que les moleste, por más que les irrite, es una verdad del tamaño pues del que tenga ojos para ver, que vea.
Entonces, yo creo que podemos discutir las preocupaciones puntuales. Yo me subí a decir cuatro cosas puntuales: sesiones presenciales, la presunción de inocencia y dos tercios en el Senado, como lo establece la ley. De eso estamos hablando, no se vayan por las ramas.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra para hablar en contra el diputado Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
El diputado Jorge Álvarez Máynez:Compañeras, compañeros, presidente, la verdad es que muchos aquí se preguntan, muchas, qué está pasando, qué estamos discutiendo, qué se está votando. Miren, lo decíamos hace unos momentos en la sesión de Congreso General, son estrategias de propaganda.
¿No estamos votando una modificación relevante a la ley? ¿No se está discutiendo eso? Es una estrategia de propaganda de Morena al venir a decir aquí que quieren una ley más dura para el desafuero, que la oposición sobrerreaccione; y luego decir: están protegiendo a los corruptos, se pronuncian así porque protegen a Anaya, a Calderón.
Este es el guion diseñado por la propaganda del gobierno, pero no se está discutiendo eso, no se está discutiendo eso. Porque si quisiéramos hablar de impunidad y desafuero, aquí está radicada una denuncia que, por cierto, se les está intentando quitar el derecho a los ciudadanos y a las ciudadanas de presentarla, pero una denuncia de ciudadanas que pidieron el desafuero de Félix Salgado Macedonio, que tiene fuero, aún cuando hay múltiples expedientes de sus agresiones a las mujeres, y que estuvo aquí hace un rato, con su fuero, acompañando la sesión del Congreso General.
No se está discutiendo la impunidad. ¿A quién tienen en la cárcel, a quien han encarcelado? Por favor, hablan de la presunción de inocencia para el presidente de la República, estamos absolutamente a favor, ¿pero por qué solo para el presidente de la República y no para las 100 mil personas que mientras estamos aquí sesionando, están en prisión sin sentencia?
Se les debería de caer la cara de vergüenza de hablar de presunción de inocencia, cuando aprobaron la ampliación de la prisión preventiva de oficio —que es inconvencional—, en el artículo 19 constitucional. Eso no sucede en ningún país democrático. Se les debería de caer la cara de vergüenza, hablar de la presunción de inocencia cuando aplican un criterio selectivo.
¿Dónde está el juicio, el citatorio, la comparecencia ante el juez de los actos de corrupción? Se los dijimos hace un momento, nada más que todavía no lo entienden. Los corruptos son sus corruptos, y esta reforma no tiene otro objeto que replicar esta guerra de propaganda y darle por otro lado protección especial al presidente de la República. Es un cuento de propaganda, pero pueden decir lo que quieran, pueden decir lo que quieran.
La bancada naranja y Movimiento Ciudadano jamás usará esta tribuna para defender a un corrupto, porque no somos como ustedes, que se convirtieron en lo que juraron combatir. Gracias, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado. Tiene ahora la palabra, para hablar en pro, la diputada Andrea Chávez Treviño, de Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada Andrea Chávez Treviño:Con su venia, señor presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
La diputada Andrea Chávez Treviño: Compañeras diputadas y compañeros diputados, inauguro mi participación en esta máxima tribuna para acompañar la propuesta de nuestro compañero Gerardo Fernández Noroña, coincidiendo con el respeto pleno a las garantías para la presunción de inocencia y con los requisitos de presencialidad y de mayoría calificada de los presentes para la Cámara de Senadores como plantea su reserva.
Esta propuesta fortalece el cumplimiento de una de las promesas de la cuarta transformación, que ningún servidor público, incluido el presidente, encuentre protección en su cargo para evadir la justicia en un México que hoy está cambiando, pero que quedó muy herido tras décadas de impunidad.
Destaco que la presente iniciativa, que ahora discutimos en lo particular, reglamenta la reciente reforma de los artículos 108 y 111 constitucionales, para establecer con claridad las causales y el procedimiento a seguir para llevar a cabo los juicios políticos y declaraciones de procedencia, regalándonos la oportunidad de oro para demostrarle a la ciudadanía que, como representantes públicos, estamos convencidas y convencidos de hacer las cosas de manera diferente, poniendo el ejemplo, rechazando como parte del pasado las prácticas que siempre han cobijado la impunidad.
Las y los obradoristas tenemos la fortuna de contar con un líder político que dio la cara en esta soberanía cuando fue injustamente acosado y perseguido en su desafuero, pero por desgracia, en los últimos meses, hemos tenido varios ejemplos de quienes utilizan la evasión para no responder por el daño que le causaron a esta patria y a este pueblo.
A petición democrática del pueblo de México en las elecciones de 2018, el combate a la corrupción ha sido una guía fundamental para nuestro movimiento, algo que la ciudadanía reconoce de manera mayoritaria y aunque algunos hoy simulen ser perseguidos políticos para evadir la responsabilidad de lo que hicieron en el pasado; el proyecto de nación que este grupo parlamentario defiende tiene el reto de devolverle a la ciudadanía la confianza en las instituciones, carentes de compromiso público tras décadas de abusos de los gobiernos neoliberales.
Por fortuna la sociedad de México está cada vez más politizada y en este tiempo hemos hablado mucho, aunque no suficiente, de las distintas conductas delictivas que protagonizaron los expresidentes, desde fraudes institucionalizados —como el Fobaproa— hasta violaciones sistemáticas de derechos humanos como las que se cometieron en el marco de la guerra contra el narcotráfico.
Si algo tenían en común los distintos agravios que los expresidentes cometieron contra el pueblo de México, era que apestaban a impunidad y a corrupción, y que se sabían protegidos por el pacto de silencio entre pares, que hoy algunos legisladores se atreven a ejemplificar con una frase verdaderamente explícita: si tocan a uno, nos tocan a todos, porque —efectivamente— el engranaje de la corrupción siempre estuvo bien aceitado, más allá del partido que estuviera en el poder, y cuando cae un corrupto, tiembla toda la pirámide de impunidad que lo sustenta.
Esta iniciativa, que hoy impulsamos desde el Grupo Parlamentario de Morena, incluye un listado de acciones catalogadas como perjuicio a los intereses públicos fundamentales, como lo es el daño al erario o el manejo indebido de recursos públicos federales, pero también destaca el señalamiento de violaciones a derechos humanos, como un perjuicio público fundamental, elemento que incluso la propia Ley General de Responsabilidades Administrativas de 2016 pasó desapercibido, a pesar del largo historial de violaciones graves a derechos humanos, que se cometieron desde el Ejecutivo federal.
Les recuerdo a quienes olvidan pronto lo que ocurrió en Nochixtlán, Tlatlaya, Atenco o Ayotzinapa, que aún nos hieren, y que algunos de aquí conocen tan bien.
Será obligación nuestra acabar con la simulación política que ha permitido, desde 1909 hasta hoy, que solo 15 personas fueran desaforadas, 4 de las cuales ocurrieron en la legislatura pasada, sin distingos de partidos políticos.
Tenemos la responsabilidad histórica de poner nuestro granito de arena por la dignificación de la vida pública nacional, tan demeritada durante décadas por corruptos y corruptores protegidos por sus pares, ya basta de esconderse en el cargo para evadir los delitos cometidos, ya basta de simular persecución política cuando emerge toda la suciedad que algunos esconden tras carreras políticas poco respetables, es hora de acabar con el pacto de silencio...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya diputada.
La diputada Andrea Chávez Treviño: Concluyo, presidente.
...de la vieja política, acompáñennos en esta reserva para devolverle al pueblo la confianza en sus representantes del pueblo de México, para acabar con la impunidad...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputada, por favor.
La diputada Andrea Chávez Treviño: ...que lacera la dignidad de la política, arriba los de abajo y abajo los privilegios. Muchas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias. Tiene la palabra el diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Partido Acción Nacional, para hablar en contra, hasta por cinco minutos.
El diputado Jorge Arturo Espadas Galván:Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados, con el permiso de la Mesa Directiva y del presidente.
Tenemos que entendernos y escucharnos. Hace unos minutos mi compañero Elías Lixa explicó que estamos a favor, estamos a favor de las sesiones presenciales, sin duda alguna, es un tema que compartimos, completamente lo compartimos.
Pero miren, diputadas y diputados, y me dirijo especialmente, con mucho respeto, a los diputados de la mayoría, este es el Poder Legislativo. Cada uno de ustedes representa al Poder Legislativo y este Poder Legislativo, en nuestro esquema constitucional de división de Poderes vale exactamente lo mismo que el Poder Ejecutivo, ustedes valen lo mismo que el Poder Ejecutivo, lo mismo el Judicial.
Son tres Poderes los que tenemos en este país, y a los tres se nos debe de tratar igual. El Ejecutivo no vale más que el Legislativo, y no puede ser tratado en un régimen diferente.
Hubo muchos argumentos, argucias, maromas, como le quieran llamar, para llegar a esta iniciativa, que viene de un dictamen, que viene de otra iniciativa que establecía en su artículo 35 que todas y todos, pero todas y todos, deberíamos de ser separados del encargo, todos, el Legislativo y el Ejecutivo. Eso establecía la iniciativa, el dictamen no lo retomó y es una reserva que el PAN tiene preparada.
La iniciativa, que no fue registrada en tiempo conforme al Reglamento, y que también viola nuestra norma procesal interna, también la viola, porque hay un tiempo para registrar iniciativas y no fue así. Es igual de violatoria en el proceso.
Esta iniciativa no retoma el considerar al Poder Legislativo —a ustedes diputadas, a ustedes diputados— como un Poder igual que el Ejecutivo, porque todas ustedes, todos ustedes podrán ser separados de su encargo en este esquema, pero el Ejecutivo no, esto ya no existe en esta iniciativa. Existía en la iniciativa original, que era del Grupo Parlamentario de Morena, eh. Lo quitaron en el dictamen y en este truco de iniciativa, y de obviar trámites, no viene. Se le genera un régimen especial al presidente de la República. Así está, así son las cosas.
Revisen el artículo 35 de la primera iniciativa, revisen el artículo 35 del dictamen y revisen el artículo 35 de esta iniciativa. Son tres textos sencillos donde se podrán dar cuenta que al presidente de la República se le genera un régimen especial distinto a los otros Poderes, y los tres Poderes estamos en el mismo rango, ¿por qué le tenemos que generar un régimen especial al presidente, al Ejecutivo? ¿A qué le tenemos miedo?
Tendría que ser la ley igual para los tres Poderes de la Unión, y esta ley no es igual. Y ustedes se degradan ante el Ejecutivo con esta ley, porque ustedes son el Poder Legislativo, y ustedes no se están reconociendo esa investidura, esa dignidad al igual que el Ejecutivo. Ustedes solitos se están degradando, y eso no lo podemos aceptar, revisen el artículo 35. Esa es nuestra diferencia de fondo.
Presunción de inocencia. Tiene razón el diputado de Movimiento Ciudadano, hay muchas personas que están esperando que ese principio les rigiera. Y ese principio es constitucional, no lo tenemos que poner aquí, pero si se pone, no estorba; eso ya está en la Constitución, lo único relevante de esta reserva es la sesión presencial, y en eso estamos de acuerdo; pero en un régimen especial al presidente de la República, nunca, porque el Poder Ejecutivo no está por encima del Legislativo, estamos en un mismo rango.
Y que no haya ilusos, para que no haya desilusionados. Ustedes solitos, al aprobar este artículo, están reconociendo que, a él, a su líder, hay que darle un régimen especial, porque es su líder, pero es el Poder Ejecutivo, no es un hombre, es un Poder, es una investidura.
Y si les duele, como dice un diputado, se esconden en los gritos, porque no pueden venir a debatir, he dicho. Sigan gritando, señal de que seguimos cabalgando, y señal de que vamos a seguir cabalgando. Y aquí no protegemos ni al presidente ni a nadie. Ustedes, ustedes lo protegerán, nosotros no. Muchas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera suficientemente discutida.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: En votación económica, se pregunta si se encuentra suficientemente discutida la propuesta de modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Suficientemente discutida.
Consulte la Secretaría, en votación económica, si se acepta.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: En votación económica, se pregunta si se acepta la propuesta de modificación. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Se acepta y se reserva para su votación nominal en conjunto, con la modificación aceptada por la asamblea.
Tiene la palabra el diputado Santiago Torreblanca Engell, del Partido Acción Nacional, para presentar reserva en los artículos 5, 21, párrafo tercero, 22, 35 y 36. Se le concede la palabra hasta por siete minutos.
El diputado Santiago Torreblanca Engell:Gracias, presidente. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen; y si así no lo hiciere, que la nación me lo reclame.
No han pasado tres días de que hicieron este juramento ante la nación. No sé qué ser humano, qué servidor público, qué persona plenamente consciente, a los tres días de haber hecho un juramento es capaz de violarlo en público.
Los artículos 110 y 111 de la Constitución establecen, en materia de juicio político y de declaración de procedencia, para delitos federales de los titulares de los Ejecutivos de las entidades, diputados locales, magistrados locales, miembros de órganos autónomos, que se seguirá el mismo procedimiento considerado en estos artículos, con la salvedad de que esa resolución —y cito la Constitución— tendrá únicamente efectos declarativos y se comunicará a las legislaturas de los estados para que, en ejercicio de sus atribuciones autónomas, procedan como corresponde.
En los artículos 5o., 22 y 35 de este dictamen, contrario a lo que dice el texto constitucional no sujeto a interpretación, se dice: “Las legislaturas locales estarán obligadas a resolver en estricta observancia lo resuelto por la Cámara de Diputados o de Senadores, según corresponda en uno u otro caso”.
Esta reserva tiene como finalidad ajustar el texto legal al texto constitucional. Ésa es la primera reserva.
La segunda. El artículo 21, que ya se refiere a la sección de enjuiciamiento en el Senado, habla de la posibilidad de que se escuche a la comisión de diputados acusadores, a la parte acusada y a su defensa. El problema es que habla de que esta sección de enjuiciamiento realizará esa audiencia sólo de estimarse necesario. No puede estar una audiencia constitucional del principio de inmediatez y de contradicción sujeta a un capricho de esta comisión. Lo que se está planteando en esta reserva es que baste que lo solicite alguna de las partes.
Finalmente, una reserva sobre el artículo 36. El artículo 36 dice que en cuanto un órgano jurisdiccional esté llevando a cabo un proceso penal contra una persona que tiene fuero, la Cámara de Diputados, a través de su Presidencia, informará de este hecho para que suspenda el procedimiento y lo deje hasta aquí.
Lo que estoy proponiendo y sometiendo a su consideración es que se agregue un párrafo que remita el incumplimiento de esta orden al delito contra la administración de justicia. ¿Por qué? Para que haya una sanción contra ese servidor público.
Amigas y amigos diputados, hoy que lleguen a sus casas, a sus distritos, con sus representados, pero sobre todo con su familia, ¿qué van a hacer, decirles: “Incumplí el juramento que hice hace tres días”, o: “Soy capaz de cumplir mi palabra”? Piénsenlo; es una cuestión de dignidad. ¿Me importa la federación? ¿Me importa respetar el cemento que es la amalgama de esta nación? O, por el contrario, ¿soy un centralista dictatorial que se rinde ante un poder único? De ustedes depende esta votación.
Y pido a los medios de comunicación, pido a la gente que, por favor, vea quién tiene palabra y quién es capaz de violarla a los tres días de haber jurado. Muchas gracias, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado... Perdón. Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del PRI, para presentar reserva respecto del artículo 5o. Se le concede la palabra, hasta por cinco minutos.
El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez:Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, decía Francisco I. Madero que el pueblo que no conoce su historia está condenado a cometer los mismos errores del pasado. Y la verdad es que, si esto lo pusiéramos en práctica, hoy ustedes habrían aprendido un poco de la historia reciente. Y la historia reciente es que, así como están legislando hoy, al vapor, sin consultar ni hacer nada, ya tienen ustedes los resultados: controversias que les han echado atrás sus leyes. Y eso va a pasar precisamente con esto que están haciendo hoy.
Y el tema aquí de fondo no es por qué razón lo están haciendo. Coincido con muchos planteamientos que se han hecho desde la oposición. Ustedes lo único que quieren, lo único que buscan es quedar bien, es ponerse de tapete, y con esa intención mañana pues seguramente buscar un favor político.
Compañeras y compañeros diputados, les pido por favor que al menos escuchen. Lo que estamos planteando los diputados de la oposición es para ayudarles a que las cosas salgan bien, para que no cometan los mismos errores del pasado, pero parece que la historia no les enseña nada. Hoy están poniendo a consideración de esta soberanía una modificación de ley, una ley que puede ser utilizada para amenazar y perseguir a quienes piensan distinto del actual régimen, por qué no decirlo, a los titulares de los órganos autónomos. Vaya, como si no tuviéramos suficiente con lo que pasa todos los días en “la mañanera”. Lo decimos porque hoy no se van a requerir pruebas, y eso va a atentar contra los derechos humanos, pero además va a echar por tierra la presunción de inocencia.
Por otro lado, el pacto federal, y lo afirmo categóricamente, es la base de la democracia y las instituciones de nuestro país, pues permite generar el verdadero equilibrio de poder entre los estados y la federación. Por todos es sabido que cada entidad federativa es soberana, que crea sus leyes y establece los mecanismos necesarios para garantizar el respeto de los derechos ciudadanos. Que quede claro: violar el pacto federal es vulnerar uno de los principios fundamentales que rigen al Estado mexicano.
A pesar de lo anterior, les digo algo: aquí, ustedes están presentando un párrafo, el artículo 5o. dice, copian una parte de lo que dice la Constitución, pero agregan algo para quitar autonomía a los congresos locales. No, compañeros diputados; se los digo desde ahora: esta ley... en unos días más van a tener que recular, van a tener que corregir. Y, nuevamente, les van a enmendar la plana. Pero bueno, finalmente ya están acostumbrados a ello, a que una y otra vez les enmienden la plana porque nunca hacen caso de lo que aquí, con mucho respeto, se les plantea.
Que no quede duda, compañeros y compañeras: de aprobar esta iniciativa como se encuentra actualmente, estaríamos cometiendo un grave atentado contra el federalismo, las instituciones democráticas y el equilibrio de Poderes. Pero, además, seguramente será objeto de múltiples controversias, como he dicho aquí.
Compañeras y compañeros diputados: el principio del pacto federal parte de la autodeterminación de cada estado, permite la formación de leyes y evita la concentración del poder que puede derivar en injusticias y decisiones unilaterales.
Nosotros, como legisladores, no debemos violentar ese pacto ni ser cómplices de una ocurrencia más. Tampoco podemos ir contra la Constitución y establecer que nuestras decisiones prevalezcan sobre procesos locales iniciados para funcionarios locales.
Por ello, la reserva que vengo a presentar busca la eliminación —y ya se ha presentado, ya lo han dicho aquí— del segundo párrafo del artículo 5o. de la presente iniciativa, a fin de respetar el pacto federal y garantizar la autonomía en la resolución de los congresos locales.
Compañeras y compañeros: no se equivoquen; nosotros estamos a favor de la transparencia, de la rendición de cuentas y, por supuesto, del manejo claro y honesto de los recursos públicos.
En lo que estamos en contra y, que quede muy claro, es en legislar al vapor, en la improvisación y, sobre todo...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputado, por favor.
El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez: Concluyo, presidente. Y, sobre todo, en seguir legislando para dotar de más armas al actual gobierno para perseguir a quienes no piensan igual que ustedes. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias. Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión.
La secretaria diputada Brenda Espinoza López: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor; gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor; gracias. Mayoría por la negativa, señor presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra el diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, de Morena, quien reservó el artículo 5o., párrafo segundo. Se le conceden cinco minutos.
El diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez:Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados: el juicio político es el instrumento jurídico aplicable cuando los actos o las omisiones establecidos en el artículo 10 de la Constitución causen perjuicio al interés público por violaciones graves de la Constitución y las leyes federales, así como por el manejo indebido de los fondos y recursos federales.
La declaración de procedencia como procedimiento legislativo en la Cámara de Diputados tiene por objeto remover la inmunidad procesal; es decir, el fuero de los servidores públicos, que está en el artículo 111 de la Constitución, para ponerlos a la disposición de la autoridad judicial, a fin de que éstos los juzguen por posibles delitos cometidos durante el desempeño de su encargo, a petición del Ministerio Público.
Lamentablemente, en el pasado estos procedimientos se pusieron al servicio de interés público y no de la justicia y se causaron para castigar a los adversarios políticos. Por el contrario, una de las premisas fundamentales de la cuarta transformación es el combate frontal de la corrupción y la impunidad.
Por ello hoy vengo a presentar reserva sobre el artículo 5o. del proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, para agregar como sujetos responsables a los magistrados de los tribunales electorales locales.
La Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia es un compromiso, una demanda del pueblo de México. Con la aprobación de esta ley se garantiza la oportuna procuración y administración de la justicia en materia penal para sancionar a los servidores públicos que cometen delitos durante su mandato y se alejan de los principios y valores que rigen su encomienda, cargo o comisión; además, garantiza que al presidente de la República se pueda juzgar como cualquier ciudadano.
Con la aprobación de esta ley se hace efectiva la política de combate de la corrupción de los servidores públicos para evitar así que abusen del cargo o investidura por incurrir en conductas ilícitas sin ser llamados a juicio. Esta ley garantiza una verdadera aplicación de la justicia penal y erradica la impunidad.
En Morena seguiremos legislando para acabar con la corrupción y la impunidad. En Morena garantizamos la legalidad de la Cámara de Diputados para otorgar mayor certeza y seguridad jurídicas a quienes son sujetos de juicio político y de declaración de procedencia. Nunca más el pacto de impunidad, nunca más el régimen de corrupción y de privilegios, nunca más el México de los intocables.
En la cuarta transformación abrazamos los ideales juaristas que rigen el actuar de nuestro movimiento. En México, al margen de la ley nada y por encima de ley nadie. Diputadas y diputados federales: les solicito su voto a favor de la presente reserva para tener un México de legalidad, justicia y seguridad jurídica, sin impunidad ni privilegios para nadie. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión.
La secretaria diputada Brenda Espinoza López: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra el diputado Felipe Fernando Macías Olvera, del PAN, quien reservó los artículos 7o. y 42. Se le concede la palabra hasta por cinco minutos.
El diputado Felipe Fernando Macías Olvera:Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros: lamento profundamente que en el primer día de sesiones estemos legislando caprichos y ocurrencias al vapor, que estemos legislando simulaciones y engaños. Esta ley no va a traer procuración de justicia ni va a retirar privilegios, pero lo que sí tiene esta ley es un cúmulo de deficiencias y un gran ingrediente de venganza política.
Voy a dar dos ejemplos muy puntuales: en el artículo 7o., fracción V, de esta ley, tiene una amplia discrecionalidad donde cualquier servidor público o nosotros, como diputados federales, podemos ser sujetos de responsabilidad política y penal por el simple ejercicio de nuestras facultades de representación. De ese tamaño es la aberración que pretenden aprobar.
Y el segundo ejemplo, más claro y puntual —y me atrevo a decir que es la razón por la cual forzaron que hoy, violentando el proceso legislativo, estemos aquí, en esta madrugada—, tiene que ver con los artículos 35 y 5o., donde esta ley tiene una dedicatoria muy puntual: la venganza política por lo que sucedió con una legislatura local de un estado libre y soberano de oposición que defendió su soberanía, que se defendió de la sistemática persecución contra la oposición y que hoy pretende Morena someter a las legislaturas, a los congresos locales a la voluntad de esta Cámara, a la voluntad de la mayoría, a la voluntad de un partido.
Someter, atacar a un congreso, a una legislatura, a la autonomía de un Estado es atacar la voluntad democrática de la gente, es atacar las libertades democráticas de la gente. Atacar a las legislaturas locales en los congresos es atacar a los equilibrios y los contrapesos.
Compañeras y compañeros de Morena: escuchen lo que dice la gente. Vean lo que pasó en el proceso electoral pasado: les quitaron la mayoría calificada, les quitaron la mayoría absoluta. La gente quiere equilibrio, la gente quiere contrapesos.
El poder absoluto corrompe absolutamente todo. Y el poder absoluto en este país lo tiene hundido en una profunda mediocridad.
Podemos legislar todo lo que quieran; pero si no hay voluntad política de aplicar la ley, no va a pasar nada.
Hoy se llenan en mantos de pureza, compañeros. Hablaron del caso del diputado Saúl Huerta, de Morena, acusado de violación, y pasaron meses prefiriendo voltear a otro lado sin procesarle el desafuero. Y se esperaron hasta los últimos días de la legislatura pasada, cuando ya era irrelevante para quitarle el fuero.
No sean hipócritas. Ahí están Bartlett, Ana Gabriela Guevara, Rocío Nahle, las entregas en efectivo a los hermanos del presidente, y ustedes no dicen ni pío, ustedes no dicen ni pío.
Compañeras y compañeros: lamento profundamente que en la primera sesión no estemos discutiendo lo que duele a este país. Ustedes han generado 10 millones de pobres más, y prefieren estar persiguiendo a la oposición. Han generado el peor desabasto de medicinas y tratamientos, y prefieren perseguir a la oposición. Tienen a este país hundido en la violencia extrema, con 100 mil homicidios dolosos, y prefieren estar persiguiendo a la oposición.
Desde el PAN lo decimos con toda claridad: llegamos aquí a defender la democracia, las instituciones y las libertades, y no vamos a permitir que este país se hunda en la mediocridad y el autoritarismo.
Hoy, Acción Nacional y la oposición lo decimos fuerte y claro: vamos unidos y fuertes para defender a México.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión.
La secretaria diputada Brenda Espinoza López: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor. Mayoría por la negativa, señor presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
La diputada Elizabeth Pérez Valdez ha solicitado que de su reserva sobre el artículo 7o. se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Inscríbase.
Ahora se concede la palabra a la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Partido Acción Nacional, quien reservó los artículos 7o., párrafo primero, fracción II, y 37. Se le concede la palabra, hasta por cinco minutos.
La diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez:Muy buenos días, compañeros y compañeras. Con su venia, señor presidente. En la apertura de la LXV Legislatura los convoco a considerar la importancia y, como aspecto fundamental, anteponer los derechos de todos los mexicanos en nuestra labor legislativa.
En el debate de ideas siempre deben imperar el pluralismo y la congruencia en cada una de las acciones por el bien de la sociedad; sólo así estaremos en posibilidad de ser representados políticamente con los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se concibe la democracia como un conjunto de normas y reglas que garantizan la estabilidad y la gobernabilidad del país. En las instituciones reposan los sentimientos de la nación y, sobre todo, el equilibrio de Poderes, la solución de los problemas y las demandas sociales.
Así, no solamente es considerada una estructura jurídica y un régimen político, sino un sistema de vida, fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de los ciudadanos.
Lo peor que se puede presentar en la directriz de un país es el autoritarismo. Por ello, excluir el término democraciacomo un principio que no deba salvaguardarse por todo servidor público, no sólo las instituciones, sería dejar en estado de indefensión el ideario consagrado en la Carta Magna.
Por otro lado, en materia penal, tratándose de la persecución de los delitos cometidos por servidores públicos, incluidos los que pudiera cometer el Ejecutivo federal, así como los delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana, todos, todos deben ser susceptibles de imputación. Sólo así estaríamos ante la presencia de un Estado de derecho que deba ser respetado desde el Ejecutivo federal, las instituciones en sus diversas esferas jurídicas y sus respectivas competencias.
Por ello, todo delito por el que deba ser sancionado y enjuiciado el Ejecutivo federal deberá ser analizado desde la perspectiva de la tipología del delito, que se encuentra descrita en la ley que impongan las sanciones penales respectivas. De ahí la importancia de considerar incluir el término susceptible de imputación.
Por lo anterior, ante esta tribuna presento dos reservas para que por la mayoría aquí presentes sean tomadas en cuenta y se integren en el dictamen que hoy se pretende aprobar.
La primera tiene la finalidad de integrar el término democracia,en la fracción I del artículo 7o., para que en el perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, en la forma de gobierno republicano, representativo, laico y federal, se considere incluir democracia como el principal principio por salvaguardar y observar por los servidores públicos en sus respectivas responsabilidades.
La segunda reserva consiste en reformar el artículo 37 del decreto. Y tiene como fin que todos los delitos que deban ser sancionados tratándose del Ejecutivo federal, como traición a la patria, hechos de corrupción o delitos electorales, y todos los delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana, todos serán susceptibles de imputación, de conformidad con lo establecido en el artículo 108, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
No al autoritarismo. No a la corrupción: Y no a la impunidad. Hagámoslo por México. Es cuanto, muchas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en los términos del dictamen.
La diputada Saraí Núñez Cerón, quien se reservó el artículo 7o., párrafo primero, fracción VI, ha solicitado que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Inscríbase.
Tiene ahora la palabra la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Partido Acción Nacional, quien reservó los artículos 8o., 9o., 11 y 43, para suprimirse. Se le concede la palabra hasta por siete minutos.
La diputada Gina Gerardina Campuzano González:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional siempre hemos estado a favor de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.
Por supuesto, esto ha sido una lucha histórica del Partido Acción Nacional: que los servidores públicos, así como tienen derechos, tengan obligaciones, pero sobre todo mecanismos de supervisión que garanticen a la sociedad mexicana y sean castigados los servidores que ofendan a la sociedad, los que, aprovechándose de su cargo, de su puesto, cometan un delito y dañen el patrimonio y prestigio de los mexicanos.
Por eso, en el Partido Acción Nacional, con toda responsabilidad, queremos ir más allá de los términos normales.
Por supuesto, la participación ciudadana tiene que ser un factor muy importante. Los ciudadanos tienen el derecho de denunciar, de denunciar a los servidores que cometan algún tipo de delito.
Por eso queremos que las denuncias anónimas existan, y sin ratificación. Queremos incentivar las denuncias protegiendo al denunciante, pues él se va a enfrentar al poder —¡al poder, compañeros!—. Porque no importa quién es el que denuncia sino los hechos que hay detrás de esa denuncia.
Decimos “sí” a la denuncia anónima. El Partido Acción Nacional dice “sí”. ¿Acaso quieren que David se enfrente a Goliat quitándole la resortera, amputándole un brazo? Porque el ciudadano se va a enfrentar al poder, y este gobierno pretende exhibirlo, este gobierno que por si algo se ha caracterizado es por ser un represor y revanchista, que sin sustento alguno legal se pasa la ley por donde ustedes ya saben.
No nos vayamos muy lejos, no nos vayamos muy lejos: la agresión sufrida por nuestra alcaldesa electa Lía Limón, hace solamente dos, tres días, ya estamos de mañana. Clara muestra de que nos enfrentamos día con día con estos gobiernos de Morena son la constante. Ay; gracias, mi reina.
En el PAN, en el PAN buscamos que las sanciones no sólo sean con tintes populistas, sanciones que sólo sostienen elevar las penas: no sirve de nada elevar las penas si el problema de las leyes mexicanas en este gobierno es que no aplica la ley, la consulta.
Cuántas denuncias han hecho ciudadanas y ciudadanos muy valientes, sobre funcionarios que han hecho una bola de raterías de este gobierno de Morena. Por cierto, y este gobierno se ha quedado mira, calladito, mudo. Para las instituciones de este gobierno no es prioridad aplicar la ley, sea quien sea el denunciado.
En el Congreso tenemos la obligación de dar certeza y tranquilidad tanto a los servidores públicos como a los ciudadanos de que haremos nuestro trabajo, que solicitaremos las pruebas necesarias para corroborar o no el delito. Pero que lo hagamos con la independencia que tiene el Poder Legislativo y que no sólo seamos una oficialía de partes que atiende a los caprichos y las conveniencias de su líder.
Estamos obligados a ser un organismo imparcial. Protestamos para hacer cumplir la ley. Protestamos para hacer leyes que sirvan al pueblo mexicano. El combate de la corrupción es un mandato de la gente. Por eso, el pueblo de México retiró millones de votos a Morena en 2021. Perdieron, quieran reconocerlo o no. Se han convertido en la peor versión de lo que tanto criticaron. Ya han demostrado que no tienen verdadera intención de combatir la corrupción. Ni una.
Diputadas y diputados: los representantes del Partido Acción Nacional respetaremos la ley. Pero que les quede clara una cosa: no nos temblará la mano cuando tengamos que aplicarla. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo, gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en su conjunto en términos del dictamen.
Tiene la palabra la diputada Maribel Martínez Ruiz, del Partido del Trabajo, quien ha reservado el artículo 8o. Se le concede la palabra por cinco minutos.
La diputada Maribel Martínez Ruiz:Con su venia, diputado presidente. Y hasta creen que sentimos miedo. ¿Qué tal con las compañeras y los compañeros de la oposición? Mucho nos han acusado, compañeras, compañeros, en esta discusión de legislar con prisa, y hasta han dicho que esa prisa resulta sospechosa. Parece que la oposición tiene memoria de muy corto plazo. De plano, sus nuevas bancadas no están muy bien informadas.
¿No se acuerdan o no saben que ésta es una reforma pendiente de la legislatura pasada? ¿No se acuerdan o no saben que este proyecto estaba listo para ser discutido desde hace casi tres semanas en un periodo extraordinario? ¿Y no se acuerdan o no saben que ustedes, la oposición, obstruyeron esos periodos extraordinarios? Y hoy otra vez quisieron impedir que legisláramos. Eso sí es sospechoso.
Tal vez ustedes no conozcan este proyecto y por eso nos quieren acusar de legislar al vapor; pero nosotras, nosotros sí sabemos desde hace tres semanas lo que dice esta ley. Y no se equivoquen: no somos iguales a ustedes. Nosotros no utilizamos el juicio político ni el desafuero para perseguir opositores, como desvergonzadamente lo hizo el PAN con el apoyo del PRI contra Andrés Manuel López Obrador.
Compañeras y compañeros: presento una reserva sobre el artículo 8o. con la lógica de que el juicio político no basta para sancionar a servidores públicos que traicionen la confianza del pueblo. Esos servidores públicos deben dar la cara ante las autoridades judiciales y se les deben imponer las sanciones penales que correspondan.
La propuesta que planteo es adicionar una parte final al texto en la que se señale expresamente que el procedimiento de juicio político y la sanción que en él se imponga son independientes y se desarrollan sin perjuicio de los procedimientos penales que, en su caso, se sustancien ante las autoridades competentes, así como de las resoluciones y sanciones que en ellos se dicte.
Mi propuesta se funda en la lógica de que el juicio político no basta para sancionar a servidores públicos que traicionen la confianza del pueblo. Para el Partido del Trabajo, es claro que esos servidores públicos deben dar la cara ante las autoridades judiciales y se les deben imponer las sanciones penales que correspondan.
Las diputadas y los diputados del Partido del Trabajo seguiremos impulsando leyes y reformas que respalden el combate de la corrupción emprendido por el presidente López Obrador.
En la cuarta transformación, el combate de la impunidad va; y sí, a pesar de ustedes. La transformación de México va, aunque ustedes no la quieran. El fin de la corrupción y el encubrimiento va, aunque ustedes los añoren. Es cuanto.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión. ¿Con qué objeto, diputada? Sonido en la curul de la diputada Maribel por favor.
La diputada Maribel Martínez Ruiz (desde la curul): Sí, diputado presidente. En aras de agilizar la sesión y toda vez que no alcancé a hacerlo en el micrófono, deseo retirar mi reserva.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No hay materia de consulta. Tiene la palabra la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, de Movimiento Ciudadano, quien ha reservado los artículos 9o., 11, párrafo primero, fracción III, y 36, para suprimirlo. Se le concede la palabra hasta por cinco minutos.
La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía:Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores: presento ante esta asamblea la reserva de los artículos 9o., 11 y 36 en un solo acto, y pido que queden inscritos tal como se inscribieron en el Diario de los Debates.
El día de hoy, los que formamos esta nueva legislatura tenemos la oportunidad de dar al país un instrumento legislativo que retome en su contenido un verdadero ejercicio democrático. En la bancada naranja nos hemos manifestado en favor de un México sin fuero. Sin embargo, este dictamen no regula debidamente el procedimiento del juicio político ni la declaración de procedencia; por el contrario, resulta insuficiente para garantizar que la ciudadanía pueda exigir la rendición de cuentas a las personas servidoras públicas.
Hay un dicho que señala: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Corrupción rampante, impunidad, servilismo, lambisconería... todos los días se hace desde el púlpito mañanero, siempre en busca de culpar y señalar al de enfrente.
¿Con qué cara presentarse ante la sociedad y decirles que los primeros en violentar la ley son los diputados, sólo por querer construir un discurso a modo, sin bases jurídicas para cumplir caprichos personales que tanto daño hacen a México?
En la bancada naranja consideramos necesario establecer claramente que el artículo 9o. como requisito la procedibilidad para denuncias de juicio político, además de eliminar el candado de protección a las personas servidoras públicas en el proyecto que está a discusión y que se plantea que en caso que se encuentre pendiente la resolución de una declaración de procedencia, se envíe un oficio a las autoridades correspondientes para que se suspenda el procedimiento en tanto se plantea y resuelve si ha lugar a proceder contra un servidor imputado.
Esto, claramente, resulta inusual y podría emplearse indebidamente protegiendo al servidor público que podría resultar responsable de la comisión de un delito mediante el refuerzo del fuero.
Asimismo, se busca establecer que las denuncias presentadas por la ciudadanía en materia de juicio político no sean desechadas fácilmente; es decir, que no se exija a la ciudadanía el cumplimiento de los requisitos que se indiquen en el inicio de la investigación por la Cámara de Diputados.
Hoy, México exige poner fin a la impunidad. Sin embargo, legislar al vapor sin escuchar a la ciudadanía y a los especialistas también abona a la falta de justicia, lo que tanto daño hace a nuestro país, igual que transgrede el derecho y violenta el sistema de pesos y contrapesos.
En la bancada naranja abogamos por legislar con evidencia, que nuestro trabajo legislativo sea eficiente y mejore la vida de las personas en el país. Por eso no acompañamos estas disposiciones en los términos en que se proponen y advertimos que, de aprobarse, estaríamos nuevamente legislando mecanismos incongruentes, violatorios e inconstitucionales, fuera de toda lógica jurídica. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias. Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión.
La secretaria diputada María Macarena Chávez Flores: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
La diputada Dionicia Vázquez García, del PT, presentó una reserva sobre el artículo 9o. y ha solicitado que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates, inscríbase.
Se concede ahora la palabra al diputado Roberto Carlos López García, del PRI, quien reservó el artículo 9o., párrafo tercero. Se le concede la palabra hasta por cinco minutos.
El diputado Roberto Carlos López García:Con la venia, señor presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
El diputado Roberto Carlos López García: Compañeras y compañeros, la iniciativa que estamos discutiendo hoy presenta elementos que preocupan, en materia de redacción y de técnica legislativa, y nos pueden llevar a una auténtica inoperancia, pues no especifica correctamente los elementos probatorios legalmente necesarios para llevar a juicio político a un funcionario.
Tal es el caso del artículo 9o. de la iniciativa, el cual establece que la denuncia deberá estar sustentada sólo con datos o indicios suficientes para establecer la existencia de un hecho que esta ley señala como causa de juicio político.
Esta redacción reduce el estándar de pruebas que actualmente se encuentra considerado en la ley vigente, ya que ésta debe requerir la presentación de pruebas documentales o documentos probatorios que nos permitan presumir la existencia de un hecho de la responsabilidad señalada, mientras que en la iniciativa planteada se ve la posibilidad de presentar solamente indicios o datos.
Con esto se corre el riesgo de que se utilice el juicio político como un procedimiento de revanchismo, que podría ser utilizado para amedrentar a grupos sociales, principalmente de la oposición.
La reserva que les estoy planteando busca modificar la redacción del artículo 9o. a fin de mantener el texto actualmente vigente. Esto, con el propósito de evitar la violación del principio de la presunción de inocencia señalado en la Carta Magna.
Todo procedimiento debe quedar al principio de inocencia, y principalmente debemos cuidar el debido proceso para generar certeza y legalidad.
Toda denuncia debe estar sustentada debidamente con las pruebas necesarias para que se pueda proceder sin que se violenten los derechos humanos del acusado.
Compañeras y compañeros: como vemos, esta iniciativa no sólo contiene elementos de fondo que amenazan al federalismo; atenta contra la división de Poderes y, principalmente, contra las instituciones fundamentales para la democracia mexicana.
También contiene errores graves de técnica legislativa, que pueden ser corregidos si se quiere aprobar una legislación sólida y operante.
Hace un rato nos antecedió la reforma del artículo 37; fue aprobada. En ella se garantiza la presunción de inocencia; ojalá. Y, en reflexión, pido a esta soberanía, que en la reflexión pueda ser considerada esta propuesta para garantizar el debido proceso. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión.
La secretaria diputada María Macarena Chávez Flores: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del PRI, quien reservó el artículo 10. Se le concede la palabra hasta por cinco minutos.
La diputada Yolanda de la Torre Valdez:Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, amigos y amigas: desde la LXI Legislatura aún no podemos hacer completamente accesible esta Cámara. Ojalá que hoy, en la legislatura de la inclusión, con ocho diputados y diputadas que por primera vez llegan en ese número a la Cámara, podamos avanzar.
La reserva que vengo a presentar sobre el artículo 10 de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia busca ajustar el conducto por el que la Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento de juicio que le está facultando la ley que estamos discutiendo.
De acuerdo con el texto, esta soberanía podría realizarlo a través de la Comisión Jurisdiccional, la cual después deliberará con base en propuestas emitidas por la Junta de Coordinación Política, y se integrará la Sección Instructora.
Sin embargo, el procedimiento como está planteado en este momento elimina la Subcomisión de Análisis Previo propuesta con anterioridad, limitando la capacidad a análisis y evaluación técnica en todos los casos y las denuncias presentadas.
Esto, desde nuestra visión en el PRI, constituye un instrumento de censura y de liberación sesgada, que podría ser utilizado para generar efectos anticipados, antes de observar el desarrollo y cumplimiento estricto de la ley.
Sin embargo, con ánimo de construir un sistema de certeza y claridad, la propuesta del Partido Revolucionario Institucional en esta reserva busca dar cauce al procedimiento del juicio, a través de un primer filtro receptor, establecido en las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, de Puntos Constitucionales, y de Justicia.
Nuestra propuesta es que estas comisiones designen a cinco miembros de cada una de ellas, acompañadas por su presidente y un secretario por cada una de ellos para que integren la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicios Políticos, facultadas para esta competencia exclusiva, que tiene el propósito establecido en la ley que discutimos.
Con ello eliminamos cualquier posibilidad de que esta propuesta de ley se convierta en un instrumento, herramienta, mecanismo para amenazar y perseguir opositores, así como a los titulares de los organismos autónomos.
La existencia de comisiones en este sentido sirve para generar un contrapeso en la agenda legislativa y blindar el debido proceso, en un entorno de libertades y competencias legales.
Diputadas y diputados: estamos en un momento oportuno de reflexionar —aún es tiempo— sobre las garantías que deben existir tanto en la regulación como en la práctica para prevenir el uso del juicio político como un instrumento de filias y fobias.
Por su naturaleza híbrida en este contexto, en este proceso de juicio político que tiene una arquitectura y una naturaleza político-judicial, el juicio político representa un gran desafío al momento de establecer criterios firmes para delimitar el uso apropiado.
Y hay tres principios que aseguran la legitimidad del proceso, y quisiera que los tomáramos en cuenta porque va a ser importante para hacer una muy buena ley, no sólo con técnica legislativa, sino ajustar a la Constitución a la que estamos obligados, y son la legalidad, la imparcialidad y el debido proceso, principios ineludibles para un Estado de derecho, al que nosotros, la legislatura, estamos obligados
Este poder del Estado... estamos obligados según el parámetro de regularidad constitucional y de convencionalidad a que nos obligan el artículo 1o. de la ley fundamental, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de los que somos parte, que México ha firmado y ratificado el Senado de la República...
Y tenemos varios precedentes importantes que nos dan luz, nos orientan y guían. Tenemos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos Petro Urrego versusColombia. Encontramos Maldonado Ordoñez versusGuatemala. Y encontramos también el caso del Tribunal Constitucional versusEcuador, y muchos más casos que nos pueden orientar, dar luz, orientación y guía para poder legislar no sólo en el marco de la convencionalidad sino en el parámetro de regularidad constitucional. Hay varios más y nos dicen, en esencia, que el juicio político debe garantizar el debido proceso y el respeto de los derechos de los involucrados.
Termino, presidente. Porque me parecería vergonzoso, diputados, que en un enorme descrédito para el Poder Legislativo —termino—, alguna persona sometida a juicio, por falta de debido proceso, la Suprema Corte de Justicia...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputada, por favor.
La diputada Yolanda de la Torre Valdez: ...o la Corte Interamericana tumbaría ese proceso. No pasemos esa vergüenza, esa oportunidad de ajustarnos al debido proceso. Ojalá lo apoyen; de verdad que vale la pena, compañeras y compañeros diputados.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias diputada. Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión.
La secretaria diputada María Macarena Chávez Flores: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
El diputado Héctor Chávez Ruiz, del PRD, reservó el artículo 10, párrafo tercero, y solicitó que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Inscríbase.
Tiene ahora la palabra la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del PRI, quien reservó el artículo 10; adición de un párrafo. Se le concede la palabra por cinco minutos.
La diputada Laura Lorena Haro Ramírez:Con el permiso de la Presidencia. Muy Buenos días a todas y a todos los compañeros. Hagámoslo bien, es por México. Intenten hacerlo bien. La patria es primero.
Quiero presentar esta reserva del artículo 10, en materia de integración de la Sección Instructora, de lo que estamos discutiendo. Y como han hecho mis demás compañeros, ojalá podamos tener un tantito de criterio para reflexionar y, en este sentido, mi intervención tiene que ver con la pluralidad. Espero y supongo que ustedes están a favor de la pluralidad.
El propósito de esta reserva es asegurar, a través de la modificación de la redacción del artículo 10, que la Sección Instructora sea integrada de manera plural y representativa, y creo que desde este momento iremos en coincidencia y votarán a favor de ella.
Algo es muy claro para todos, muy claro, y hoy nos lo dejan más que evidente: a este gobierno, a la bancada mayoritaria no les gusta la pluralidad, les gusta la imposición. Porque debemos decirlo como es: hoy estamos votando un capricho, y no es una petición de las ciudadanas y los ciudadanos; no engañen. De acuerdo con el texto de la iniciativa, la Comisión Jurisdiccional, y a propuesta de la Junta de Coordinación Política, designará a cinco legisladores o legisladoras para integrar la Sección Instructora, que no es otra cosa más que el órgano encargado de instruir los procedimientos de juicio político.
Sin embargo, la iniciativa, sumamente dolosa, señala que la Sección Instructora se debe integrar por diputadas y diputados de cada grupo parlamentario de la Cámara de Diputados. Morena y sus aliados quieren acumular más poder, quieren una sección instructora a modo. Quieren persecución, señores, no justicia.
Por ningún motivo en el Grupo Parlamentario del PRI podemos permitir la censura, la discriminación política. La Cámara se integra por una pluralidad política, que fue decisión de las ciudadanas y los ciudadanos. La Cámara no se integró por imposición de Palacio Nacional. Eso que les nos quede muy claro, y que les quede muy claro a todas y a todos.
En este sentido y para crear una verdadera sección instructora democrática, esta reserva obliga que dicha sección se debe integrar por un miembro de cada partido político distinto. Además, proponemos que la Mesa Directiva emita un acuerdo de su debida y legal integración. Díganme si es mucho pedir.
En el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor del debido proceso, de la garantía de audiencia, de la presunción de inocencia, de la certeza y la seguridad jurídicas, pero sobre todo estamos a favor de una justicia libre de las manos de Palacio Nacional. Nuestro grupo parlamentario está contra la justicia a modo, la justicia por capricho, la justicia con fines de persecución y opresión. Para decirlo más claro: en el PRI estamos contra la justicia selectiva de este grupo mayoritario de Morena y sus aliados.
Como mencionó hace unos momentos el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno: en el PRI ni nos vendemos, ni nos quebramos ni nos doblamos. Por su atención, estoy segura de que van a votar a favor de esta reserva. Muchas gracias, presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión.
La secretaria diputada María Macarena Chávez Flores: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Diputada, ¿está usted bien? Alguien que informe a esta Mesa. Se solicita que servicios médicos atiendan a la diputada por favor. Y solicitamos a servicios médicos que nos reporten inmediatamente cuál es el estado de la diputada, una vez que la hayan atendido.
Continuamos con la sesión. El diputado Mariano González Aguirre, del PRI, ha reservado el artículo 11, párrafo primero, fracción IV, por lo que se le conceden cinco minutos.
El diputado Mariano González Aguirre:Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea: el juicio político es un procedimiento legal constitucional reservado a la jurisdicción y competencia del Congreso de la Unión, donde la Cámara de Diputados se establece como órgano de instrucción del procedimiento y, en su caso, de acusación. Mientras, el Senado participa como jurado de sentencia.
Se trata, pues, de un juicio constitucional cuya tramitación forma parte de los actos formalmente legislativos, de naturaleza jurisdiccional del Congreso. Siendo un procedimiento tan importante y complejo, resulta fundamental dar certeza sustancial al juicio político, plasmado en la fracción IV del artículo 11 de la iniciativa.
De acuerdo con el texto aprobado, la resolución que dicta la Comisión Jurisdiccional desechando una denuncia será entregada inmediatamente a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que ésta la someta a consideración del pleno en su siguiente sesión, a efecto de que resuelva en definitiva si se desecha la denuncia o se continúa con el procedimiento.
En este sentido, la reserva que presento busca modificar la fracción IV, para quedar de la siguiente forma: “La resolución que dicte la Comisión Jurisdiccional desechando una denuncia será entregada a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para efecto de que sea comunicada al pleno y se archive como asunto concluido”.
La iniciativa faculta al pleno de la Cámara de Diputados para conocer de las denuncias desechadas por la Comisión Jurisdiccional, así como para que determine si acepta el desechamiento o si devuelve el expediente de referencia a la comisión, lo que en los hechos constituye una etapa revisora.
En este sentido, habilita al pleno de la Cámara para que se pronuncie sobre un asunto resuelto por la Comisión Jurisdiccional, ya que se espera que éste analice una serie de pruebas presentadas en la denuncia. Es decir, al llevarlo al pleno se convierte en un tema de votos y no precisamente de un proceso jurisdiccional que requiere certeza jurídica para las partes.
Por ello, en el Grupo Parlamentario del PRI proponemos que ante un desechamiento de la Comisión Jurisdiccional, el pleno únicamente pueda conocer, pero no cambiar la determinación tomada por la Comisión Jurisdiccional, ya que ésta deriva de actuaciones procedimentales razonadas.
Compañeras y compañeros: en el Grupo Parlamentario del PRI hacemos un exhorto para que el juicio político cuente con certeza jurídica durante el procedimiento, dotándolo de transparencia y legalidad. Legislemos con responsabilidad. Es cuanto.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión.
La secretaria diputada Brenda Espinoza López: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor; gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor; gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Partido de la Revolución Democrática, quien ha reservado los artículos 12, párrafo primero, 26, párrafo primero, y 55. Se le concede el uso de la voz hasta por cinco minutos.
La diputada Olga Luz Espinosa Morales:Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, muy buenos días. Señor presidente: voy a presentar en esta tribuna la reserva de los artículos 12 y 26 de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, y solicito a usted que el artículo 55, del cual presenté reserva, se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates de la Cámara.
La iniciativa que hoy se debate va a poner las reglas que otorgarán poder a la ciudadanía de levantar la voz a través de sus representantes populares y dar cabal cumplimiento al principio democrático de que si el pueblo tiene el derecho de elegir a sus representantes y gobernantes, también tiene el derecho de destituirlos e inhabilitarlos, pero hoy debemos ser muy cuidadosos, ya que una regulación ambigua en nada favorece la democracia, pero sí puede abrir de par en par las puertas a la tiranía, y hoy estamos frente a un dictamen ambiguo.
La iniciativa puesta a consideración del pleno contiene una serie de adecuaciones del procedimiento que deben llevar a cabo las Cámaras del Congreso y sus órganos auxiliares para desahogar los procesos relacionados con la responsabilidad política y la responsabilidad penal de personas servidoras públicas a escalas federal y, en algunos supuestos, local. En ese sentido, la iniciativa revisa la integración de organismos que intervienen en el proceso, sus etapas y las consecuencias que de él resulten.
Para el Grupo Parlamentario del PRD, es evidente que la actualización que se propone en la iniciativa debe revisarse con el propósito de actualizar procedimientos en aras de alcanzar una justicia expedita, respetando sobre todo el debido proceso y la presunción de inocencia de los inculpados. Lamentablemente, la discusión de esta iniciativa llega al pleno sin la deliberación previa debida, por lo que no se están dando condiciones para un examen minucioso y exhaustivo que debería llevar a cabo este cuerpo colegiado.
En el caso del artículo 12, se establece que en el caso del enjuiciamiento político la Sección Instructora practicará todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o los hechos materia de la denuncia, estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la participación que haya tenido la persona servidora pública denunciada.
La reserva que hoy se presenta, compañeras y compañeros, propone que la Sección Instructora deberá contar con el plazo improrrogable de 90 días, contados desde el día siguiente a la fecha en que se le haya turnado la denuncia, a no ser que por causa razonable y fundada se encuentre impedida para hacerlo.
En el caso del artículo 26, por lo que se refiere a la declaración de procedencia, la Sección Instructora practicará tantas diligencias sean necesarias para establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad de la persona inculpada en su comisión.
En ambos casos se propone una previsión para que, en dado caso, la Sección Instructora pueda solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara que se amplíe el plazo.
Consideramos que la presente reserva mejora el procedimiento, da certeza jurídica y permite al órgano especializado de la Cámara de Diputados encargado de practicar todas las diligencias necesarias la comprobación de la conducta o el hecho que acrediten la responsabilidad política o penal de alguna persona servidora pública y que cuente con el término estrictamente necesario para que pueda formular sus alegatos.
En el Grupo Parlamentario del PRD siempre favoreceremos la construcción de un andamiaje jurídico...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputada, por favor.
La diputada Olga Luz Espinosa Morales: Concluyo, presidente. Un andamiaje jurídico para nuestra nación, pero no estaremos de acuerdo en legislar leyes al vapor que son sólo a capricho del inquilino del Palacio Nacional...
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Concluya, diputada.
La diputada Olga Luz Espinosa Morales: Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No se admite a discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Los diputados Francisco Favela Peñuñuri, del PT; Jesús Fernando García Hernández, del PT; y María del Carmen Bernal Martínez, del PT, reservaron los artículos 13, 14 y 16, párrafo primero, respectivamente, y han solicitado que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates, por lo que se inscribe.
Ahora tiene la palabra la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, del PRI. Tiene reservados los artículos 18 y 33. Se le concede la palabra por cinco minutos.
La diputada María del Refugio Camarena Jáuregui:Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: es un orgullo para mí estar por primera vez en esta gran tribuna, poder representar a todas las personas que decidieron que hoy estuviera aquí, poder representar a mi estado, Jalisco, y a mi país. Agradezco mucho a mi grupo por darme la oportunidad de estar aquí.
Vengo a presentar dos reservas de la ley de juicio político recién aprobada para contribuir a la certeza legal y jurídica del procedimiento.
Para un mejor funcionamiento de la ley, esta reserva busca incluir dos nuevos párrafos en los artículos 18 y 33, a fin de que una vez que se tengan las conclusiones de la Sección Instructora sobre la imputada o el imputado, éstas puedan ser remitidas a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados durante el proceso legislativo, para solicitar inmediatamente que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones y que ésta se constituya en Jurado de Procedencia.
La pertinencia de esta reserva radica en hacer que los instrumentos políticos sean vinculantes y afirmativos. En caso de que se presente un proceso de juicio político, los tiempos deben funcionar para la ley y buscar aminorar las ambigüedades de forma.
Cabe destacar que, hasta ahora, la experiencia de la Cámara se ha visto impedida, como vimos en meses recientes, para proceder en materia de sus facultades constitucionales debido a la falta de precisión en la reglamentación.
Un instrumento como el juicio político debe contar con mecanismos adecuados y un sistema de garantías que permita que el hacer legislativo se desarrolle en tiempo y forma, atendiendo las demandas de la ciudadanía y priorizando las resoluciones que la misma exige.
Compañeras y compañeros diputados: las diputadas y los diputados del PRI exhortamos al pleno a discutir esta reserva para crear armonía legislativa en un proceso tan delicado como el que se está aprobando.
Las reglas con que se procede actualmente no están diseñadas para un nuevo sistema como el que se busca establecer; como muestra están los recientes acontecimientos de julio y agosto, que mostraron que por más voluntad política que exista, se necesita actuar dentro del marco de la ley y el Estado de derecho. Por su atención, gracias. Es cuanto.
Presidencia de la diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa.
La presidenta diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del PRD. Presenta reservas sobre los artículos 22, párrafo tercero, y 35, párrafo tercero. Tiene la palabra por cinco minutos.
El diputado Francisco Javier Huacus Esquivel:Con su venia, diputada presidenta. Solicito que la reserva del artículo 22 se agregue por favor al Diario de los Debates. Y la intervención que haré es sobre el artículo 35.
Compañeras y compañeros: en la reserva que hoy presento buscamos sostener y reforzar los principios que dan sustento al sistema federalista, por lo que planteamos la modificación del artículo 35 para defender las atribuciones del Congreso respecto a los titulares del Poder Ejecutivo en las entidades federativas, diputadas y diputados locales, magistrados y magistradas de los tribunales superiores de justicia locales y, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales, así como los miembros de los organismos a que las constituciones locales pertenecen, manteniendo su autonomía, siendo sujetos a una declaración de procedencia, con carácter exclusivamente declarativo, debiendo ser comunicadas a las legislaturas locales para lo que corresponda.
Hasta hoy, la soberanía popular delega el ejercicio de las funciones públicas en los Poderes de los tres órdenes de gobierno, y las servidoras y los servidores públicos cuyos cargos se deben al voto ciudadano o a los designados en las legislaturas locales rinden protesta frente al órgano legislativo que les proporciona la inmunidad procesal.
Por ello, esta instancia debe determinar si procede o no la sanción que se imponga por medio de una declaratoria de procedencia.
Así quedó demostrado en el procedimiento de declaración de procedencia que se siguió en la Cámara contra el gobernador de Tamaulipas. El Poder Judicial de la Federación nos corrigió la plana dándonos la razón, ya que dicho proceso de desafuero del mandatario no es un proceso unilateral a cargo de la Cámara de Diputados sino un proceso en el que el congreso local tiene participación.
Sin embargo, el proyecto de dictamen aprobado y que ahora se pretende que resolvamos atropelladamente y sin detenimiento pone en juego cuestiones que tienen gran trascendencia para la vida política y pública del país.
De permanecer el dictamen en sus términos, se está atentando contra el sistema federalista, la distribución de Poderes de la República, y se coloca indebidamente a las legislaturas locales en una situación de subordinación ante el Congreso federal, desnaturalizando el pacto federal.
Por ello votaremos contra el dictamen. Sin embargo, quiero aclarar que estamos a favor de establecer la declaratoria de procedencia como un instrumento de aplicación de la justicia, siempre que no se violenten los debidos procesos de los probables y presuntos responsables, ya que debemos evitar caer en deliberaciones maniqueas y que este instrumento legal sea utilizado como herramienta jurídica para la persecución política de adversarios y de quienes no estén del lado de los intereses oficiales o de la autonombrada 4T.
En el Grupo Parlamentario del PRD nos encontramos plenamente convencidos y convencidas de que la lucha contra la corrupción debe ser emprendida como una política de Estado a través de todas las instituciones que, como país, hemos formado y no dejando que la justicia selectiva, guiada por ímpetus vengativos, determine el curso de los procedimientos. Basta ya de polarizar al país. Basta de poner en tensión y conflicto a las instituciones de la República para satisfacer los intereses del grupo en el poder. Debemos pugnar para que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción dejen de estar en manos de sirvientes del presidente.
Por esa razón, diputadas y diputados, les pido su voto a favor de la presente reserva, a fin de honrar nuestra protesta como legisladores federales, que es guardar y hacer guardar la Constitución de la República y las leyes que de ella emanen. Muchas gracias.
Presidencia del diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor; gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor; gracias. Diputado presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
La diputada Margarita García García, del PT, presentó reserva del artículo 24 y ha solicitado que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Inscríbase.
Tiene la palabra la diputada María Elena Limón García, de Movimiento Ciudadano, quien reservó los artículos 24, 25, párrafo primero, 26, párrafo segundo, y 38. Se le concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos.
La diputada María Elena Limón García:Con la venia del presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Adelante.
La diputada María Elena Limón García: Con el permiso del pleno. Y buenos días a todos los que todavía están despiertos. La reserva que presenta la bancada naranja pretende modificar los artículos 24 y 38 del proyecto de discusión. Lo anterior, toda vez que el presente proyecto pretende evitar que la ciudadanía pueda iniciar mediante escrito de denuncia un procedimiento de declaración de procedencia, imposibilitando con ello el ejercicio de un mecanismo de control meramente ciudadano.
En este sentido, se establece que sólo el Ministerio Público pueda denunciar la probable comisión de delitos por servidores públicos y el presidente, eliminando con esto la posibilidad de que la ciudadanía lo realice. Estamos aquí por los ciudadanos, y les estamos negando ese derecho.
En la bancada naranja estamos convencidos de que los mecanismos de rendición de cuentas deben estar en manos de la ciudadanía y de que si la ciudadanía ya cuenta con el derecho de denunciar —mediante la figura de la declaración de procedencia— la probable comisión de delitos por personas servidoras públicas, éste debe mantenerse.
Qué bueno que ya las levanté, compañeras, porque estaban dormidas.
Por eso, Movimiento Ciudadano debe restituir dicho derecho ciudadano en el proyecto que se pone a discusión.
Usted no sabe nada de sororidad, señora. Morena no sólo ha vulnerado la autonomía e independencia entre los Poderes de la Unión, sino que pretende vulnerar a la soberanía de las entidades federativas.
Si bien están ajustando el texto presentado anteriormente, sigue habiendo ambigüedad en algunos artículos. No permitamos que la urgencia —sí, la urgencia de ustedes— nos quite la esencia de las discusiones parlamentarias. La corrupción también se expresa en el trabajo mal hecho, señores y señoras. Aprobar de prisa —sí, de prisa— y en lo oscurito no es ético, ni es el trabajo de los legisladores que sí tenemos memoria, de los legisladores que tenemos un compromiso con el pueblo. Así es que cada legislador que esté comprometido con el mandato no puede aceptar esta reforma. Muchas gracias. Es cuanto.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo por favor; gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo por favor; gracias. Mayoría por la negativa, diputado presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
El diputado Alfredo Femat Bañuelos, del PT, reservó el artículo 27 y ha solicitado que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Inscríbase.
Tiene ahora la palabra la diputada Sayonara Vargas, del PRI, quien ha reservado los artículos 27, 34 y 35. Se le concede la palabra hasta por cinco minutos.
La diputada Sayonara Vargas Rodríguez:Muy buenos días. Con permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: las reservas, una de las reservas que les vengo a presentar tiene como objetivo hacer visible una gran omisión de esta iniciativa al vapor, vinculada a la experiencia de la legislatura pasada con el desafuero del diputado Saúl Huerta, del Grupo Parlamentario de Morena, detenido en flagrancia por delitos de abuso sexual agravado y violación en agravio de una persona de menor edad.
Esta iniciativa atropellada deja a un lado el derecho de las víctimas, un derecho presente en la legislación mexicana y en los tratados internacionales de que el país forma parte.
Sorprende que en este proyecto y con el más reciente desafuero no se considere de ninguna manera este derecho de las personas que buscan justicia, sobre todo si los delitos que originan la declaración de procedencia están relacionados con afectaciones graves, como los menores de edad.
Por otro lado, esta propuesta tampoco prevé ningún mecanismo para asegurar que en caso de que un servidor público sea sorprendido y capturado en el momento de cometer un delito, aprovechando su inmunidad procesal, no se sustraiga de la justicia. De nuevo sirva como ejemplo el diputado Huerta.
Por ello, las reservas que les presento buscan uno, reconocer el derecho de las víctimas en el procedimiento de declaratoria de procedencia, permitiendo la presencia de la víctima en la sesión del Jurado de Procedencia. Con ello se garantizará el principio de transparencia a las víctimas permitiendo que por sí mismas presencien el seguimiento de los resolutivos y las intervenciones del Ministerio Público, del imputado y de la persona encargada de su defensa.
Además, se propone un mecanismo para dar agilidad procesal en caso de flagrancia, reduciendo el plazo para emplazar a la persona imputada para comparecer en el juicio de declaración de procedencia, a fin de manifestar lo que a su derecho convenga, y se incorpora obligación de actualizar constantemente su ubicación al Ministerio Público, para evitar que se sustraiga de la justicia.
Por otro lado, quiero traer a ustedes el tema de la reelección, la cual a escala federal fue aplicada por primera vez en el proceso electoral pasado: como consecuencia, esta legislatura se integra con 143 legisladoras y legisladores que logramos contar con el apoyo de la gente para continuar nuestra labor legislativa.
La reelección fue concebida en la reforma política electoral de 2014, y hoy es una realidad. Sin embargo, con la figura de la elección consecutiva vienen nuevos retos que debemos comenzar a prever. Estamos obligados a pensar ahora en esta figura como un elemento más de la construcción de la democracia mexicana y del sistema electoral, y es un grave error que esta iniciativa no considere cómo afecta la reelección en el ámbito de las responsabilidades de los servidores públicos, tratándose de cargos de representación popular.
Lo preocupante es saber qué sucede si un legislador que pertenece a una legislatura es sujeto de un juicio de procedencia y la Cámara de Diputados procede a retirar la inmunidad procesal para que responda ante la justicia. ¿Qué sucede si ese legislador o legisladora participan en la reelección y gana? ¿Y qué sucede con el fuero en todos estos casos? ¿Es un nuevo fuero o es el mismo fuero?
Por ello, la reserva que propongo busca reformar el primer párrafo del artículo 35 para establecer que, si la Cámara de Diputados declara por mayoría absoluta que ha lugar a proceder contra la persona imputada, ésta quedará inmediatamente separada de su empleo, cargo o comisión y sujeta a la jurisdicción de los tribunales competentes para que actúen con arreglo a la ley. Hasta el momento en que se le dicte una sentencia absoluta, la persona imputada no podrá gozar nuevamente de inmunidad procesal, sin importar que posteriormente acceda a un cargo público que le confiera tal inmunidad. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias, diputada. Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
La diputada Esther Martínez Romano, del PT, reservó el artículo 28, y ha solicitado que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Inscríbase.
La siguiente participación estaba anotada o está anotada para la diputada Shirley Guadalupe Vázquez Romero, del PT, quien reservó el artículo 29, y es la diputada que acaba de sufrir un percance y que manifiesta su intención de participar, por lo que la Mesa Directiva reordenará la participación al final, en espera de que pueda estar en condiciones de participar si así lo desea.
Los diputados Armando Reyes Ledesma, del PT, y Ángel Benjamín Robles Montoya reservaron los artículos 31 y 35, párrafo tercero, y han solicitado que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates, por lo que se ordena que se inscriba.
A continuación, se otorga la palabra a la diputada Cynthia López Castro, del PRI, quien reservó los artículos 41 y 42, por lo que se le concede el uso de la voz por cinco minutos. Adelante, diputada.
La diputada Cynthia Iliana López Castro:Con su venia, presidente. Una vez más, como es su costumbre, entran con el pie izquierdo, violando la Constitución. Una vez más estamos ante un atropello por Morena, una vez más buscan tener atribuciones que no les competen, haciendo una total violación del Poder Judicial.
Esto me recuerda las largas sesiones cuando se quiso ampliar el periodo del presidente de la corte, que terminó siendo anticonstitucional, por una necedad de ustedes. Veo en este inicio de la legislatura —lo cual verdaderamente me da mucha tristeza— que empiezan queriendo hacer un atropello, quitando atribuciones del Poder Judicial. Y, bueno, entiendo que no conozcan esa separación de Poderes porque así fue en los últimos tres años.
El Poder Legislativo no es un órgano judicial: los legisladores tenemos facultades constitucionales para realizar reproches políticos, pero de ninguna manera podemos transformarnos en juzgadores e invadir competencias que corresponden al Poder Judicial.
Lo que se está planteando en esta reforma es muy grave y abre la puerta para imputar delitos por mero revanchismo político. De aceptarlo en esos términos, se ponen en riesgo las instituciones, se ponen en riesgo la institución presidencial y el desarrollo democrático del país. No atentemos contra la gobernabilidad de México, rompamos estos esquemas porque México nos necesita hoy más que nunca. Legisladores responsables: tenemos un país que se está yendo a pique.
Hoy entregan un informe, y en vez de venir a entregar buenas cuentas, arrancan la legislatura queriendo hacer estos atropellos. Parece que han puesto oídos sordos y han sido ciegos contra la demanda que ha dado a la gente... En el corazón del gobierno de la mayoría en la Ciudad de México se perdieron nueve alcaldías. La gente quiso votar contra ustedes; hubo un voto de castigo contra Morena por todos esos atropellos. Llegamos a pensar que iniciarían esta legislatura queriendo construir.
En el informe se dijo que sería importante construir a favor de México. Acto seguido presentan, no escuchan las reservas, no quieren aprobar ninguna reserva, volverán a tener esa mayoría que, afortunadamente, ya disminuyó el número de votos que la ciudadanía no les quiso dar, y hoy vemos un grupo mayoritario nuevamente, totalmente aislado de lo que la gente está pidiendo en las calles, de la demanda social y de cómo tienen al país.
Lo que ustedes están haciendo es una violación de la Constitución. Hay una persecución política en el país, una persecución de periodistas, una persecución de todos lados, pues son intolerantes a la oposición. Con este tipo de reformas demuestran una vez más y entran con el pie izquierdo en esta legislatura, violando atribuciones que corresponden totalmente al Poder Judicial.
Verdaderamente, tenía la esperanza de encontrar una legislatura más congruente con lo que muchos de ustedes dijeron en campaña. Tenía la esperanza de encontrar una legislatura, un grupo por Morena, con más razón y menos violaciones de las atribuciones.
Ninguna de las cuestiones que han hecho, anticonstitucionales, les ha funcionado. La ciudadanía ya no les está dando las oportunidades. Rompamos este esquema, no vulneremos al Poder Judicial ni caigamos en ese tipo de aberraciones; mejor fortalezcamos al Poder Legislativo y cumplamos a México.
Quiero evidenciar que arrancan esta legislatura, la primera sesión, con muchísimas reservas, con un gran debate de todo, con intención de todos de poder participar, queriendo hacer algo que verdaderamente no fortalece el sistema democrático del país.
Lamento mucho, compañeros, lamento mucho verlos, lamento mucho ver cómo inician. Y lo único que les voy a decir es: “Síganle, y en tres años no sólo perderán el corazón, con el que principalmente ganaron en Morena: terminarán perdiendo el país, pues terminarán entregándole el país, entregando el país en pique, como lo están llevando”.
En 3 años lograron perder una votación. Sí ganaron, con 30 millones, y ya perdieron bastantes, y perdieron el corazón de su gobierno. En 3 años nos entregarán la Presidencia. Muchas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión.
La secretaria diputada María Macarena Chávez Flores: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo; gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo; gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Informo a esta soberanía que me han comunicado de servicios médicos que la diputada Shirley Guadalupe Vázquez no se encontrará en condiciones de participar. Le expresamos nuestro deseo de que se recupere con bien, y se tomarán medidas para optimizar el paso del lado en que sufrió el percance; cuenten con ello.
La diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, del PRD, reservó el artículo 42, y ha solicitado que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Inscríbase.
A continuación, tiene la palabra la diputada Cristina Amezcua González, del PRI, quien reservó el artículo 44, segundo párrafo. Se le concede el uso de la voz por cinco minutos... Dígame, diputado Noroña. ¿Con qué objeto? Un segundo, diputada.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña(desde la curul): Sí, pedir que en el caso de nuestra compañera que se lesionó, también su intervención sea inscrita en el Diario de Debates.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Con mucho gusto, diputado. Ahora sí, diputada: adelante.
La diputada Cristina Amezcua González:Buenos días. Con su venia, presidente. Hoy presento la reserva por el que elimina el segundo párrafo del artículo 44 de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal del Juicio Político y Declaración de Procedencia.
Compañeras y compañeros diputados: toda persona tiene derecho a un proceso justo y legal que cumpla los principios establecidos en la norma. Las violaciones del proceso son actos que atentan contra la transparencia, la legalidad y los derechos humanos de las personas acusadas.
Por ello, cuando no se garantiza el debido proceso, toda persona tiene derecho a impugnar las resoluciones. Pese a esto, el segundo párrafo del artículo 44 del presente establece que todas las resoluciones emitidas en los procedimientos dispuestos en esta ley son inatacables. Este precepto es una clara violación de los principios constitucionales, pues deja al acusado en un estado de total indefensión, lo cual atenta contra el debido proceso.
Los artículos 110 y 111 de la Constitución establecen que la resolución definitiva de las Cámaras es inapelable, pero esto no significa que todas las resoluciones derivadas del proceso lo sean.
Por tales motivos presentamos una reserva sobre el párrafo segundo del artículo 44, con objeto de aclarar que las únicas resoluciones inapelables son las definitivas. De esta forma se establece la posibilidad de que las personas acusadas se defiendan ante actos violatorios derivados de las resoluciones propias del proceso.
Compañeras y compañeros diputados: esta reserva busca garantizar el debido proceso y establecer mecanismos justos. Para acusar y condenar a una persona es necesario actuar conforme a la ley. Si se mantiene el artículo 44 tal y como está actualmente redactado, además de caer en una inconstitucionalidad, estaremos violando los principios fundamentales que rigen la formación de un juicio justo. Por lo expuesto los exhorto a apoyar esta reserva. Es cuanto, muchas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión.
La secretaria diputada María Macarena Chávez Flores: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo; gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo; gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
Tiene ahora la palabra el diputado Reynel Rodríguez Muñoz, del PRI, quien reservó el artículo 43, una adición de un artículo. Se le concede el uso de la voz hasta por cinco minutos.
El diputado Reynel Rodríguez Muñoz:Por ser mi primera intervención en esta tribuna, deseo mandar un saludo a mis paisanos guerrerenses, en especial al distrito 01 de Tierra Caliente y norte de Guerrero, con cabecera en Ciudad Altamirano. Muchas gracias por su apoyo y respaldo.
Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: la iniciativa que hoy discutimos es de la mayor relevancia para el devenir de México. No sólo fortalecemos los procesos del juicio político y de la declaración de procedencia sino que, también, establecemos los mecanismos que habrán de seguirse para juzgar al titular del Ejecutivo federal cuando incurra en alguna irresponsabilidad penal.
Se trata de un nuevo panorama nacional. Hoy, todos somos iguales ante la ley, incluido al presidente de la República, quien como ciudadano está obligado a respetar la ley. Por ello, si comete un delito, debe ser denunciado, investigado y, en caso de resultar culpable, sentenciado.
Pero ¿qué ocurre después que el titular del Ejecutivo en funciones es declarado culpable? ¿Quién asume el cargo público para concluir el mandato? La iniciativa no establece qué ocurriría en caso de que se acredite la responsabilidad penal del presidente.
Esto constituye un grave vacío legislativo que puede generar crisis de gobernabilidad y ni la Constitución ni la legislación secundaria establecen un modo de proceder ante este escenario.
Por ello, en el PRI hemos insistido en que es necesario hacer un análisis y revisión a fondo de este tema tan delicado antes de aprobar esta iniciativa. Es importante solventar las deficiencias que contiene, a fin de generar certeza jurídica y evitar una crisis de gobernabilidad.
En el PRI estamos de acuerdo en que el presidente de la República deba ser juzgado en caso de que cometa un delito, pero debemos prever cómo podremos atender la crisis política y de Estado que se derivará de su falta.
Por lo anterior, la resera que presento busca que el artículo 43 quede de la siguiente forma:
Artículo 43. En caso de acreditarse la responsabilidad penal del titular del Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión deberá nombrar a un presidente interino, quien contará con 30 días para convocar a elecciones.
Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Gracias. Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión.
La secretaria diputada María Macarena Chávez Flores: En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo; gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo; gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No se admite a discusión. Se desecha y reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
La diputada Ana Laura Bernal Camarena, del PT, reservó el artículo primero transitorio y ha solicitado que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Inscríbase.
Mismo caso del diputado Marcelino Castañeda Navarrete, quien había reservado el artículo cuarto transitorio. Inscríbase también.
Es el turno de la palabra del diputado Mario Mata Carrasco, del Partido Acción Nacional, quien reservó una adición de un artículo transitorio. Se le concede la palabra hasta por cinco minutos.
El diputado Mario Mata Carrasco:Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras, legisladores y legisladoras; presento a ustedes una reserva sobre la ley de juicio político, en el quinto transitorio.
Por otro lado, gran parte de esta ley es porque estamos ante la embestida más fuerte de un presidente contra sus adversarios políticos. Ni en el momento más oscuro del santanismo, del Porfiriato y de Victoriano Huerta, un mandatario nacional había utilizado las leyes y las instituciones para desahogar sus frustraciones y rencillas personales.
En ésta, la más alta tribuna del país, denuncio la persecución que estoy sufriendo en Chihuahua; y no sólo yo: únicamente por el “pecado” de defender nuestra forma de vida, de exigir que se cumplieran las leyes, se nos despojó del agua para regar más de 70 por ciento de la superficie de los campesinos, y no se la llevaron toda porque se defendió con valentía y arrojo.
Nadie justifica la violencia, pero sí entendemos la desesperación ante un gobierno ciego, sordo y mudo, que nunca quiso utilizar el diálogo ni la aplicación del Estado de derecho; más bien, lo rompió. Tuvo que utilizar el Ejército y la Guardia Nacional para golpear, herir y asesinar. Nos dijeron que iba a ser nada por la fuerza, toda por la razón y el derecho; pero al contrario de Juárez y a la manera más dictatorial y violenta, se abrieron las presas de Conchos, en Chihuahua, golpearon, maltrataron a ciudadanos que solamente querían pelear por el alimento de sus hijos.
Mintieron, mataron a Jessi Silva. Abandonaron por muerto a su esposo, Jaime, y tienen presos a Rosendo, Juan y Juan Carlos, tres campesinos del municipio de La Cruz, a quienes ahora acusan de terrorismo y quieren que pasen toda su vida en prisión.
Detuvieron al líder agricultor Andrés Valle, aplicando justicia selectiva. Mientras, en Michoacán, Oaxaca y muchos estados más se queman vehículos, se invaden las vías federales de comunicación todos los días; nunca hay un solo detenido, mucho menos tratándose de la delincuencia organizada. Ahí hasta disculpas les piden y los dejan libres. Y a Andrés Valle le quieren dar 30 años de cárcel; lo estoy denunciando. El que habla en este momento está siendo perseguido: estoy siendo perseguido junto con otros líderes. Lo dije una y otra vez: “Señor presidente, aliste 3 millones de celdas porque nos vamos a defender”.
Sé que ustedes se creen los carceleros, pero pueden ser los presos del mañana. Esta ley quiere cambiar la Sección Instructora de cuatro a cinco elementos. No estamos tontos; sabemos por qué lo quieren hacer: para tener tres y mandarnos a todos los que les estorbamos a la cárcel. Recuerden: nuevamente los acuso de persecución. En la historia del desafuero... Nunca ha habido un desafuero por cuestiones políticas, seríamos los primeros. Señores, van a abrir una puerta, de lo que se van a arrepentir toda la vida.
No debemos permitir, ustedes no deben permitir que se nos persiga por cuestiones políticas, señores. Y aquí traigo algunos números. Miren... No se preocupen, ahorita volvemos al tema. Para que sepan nada más la cantidad, porque dijeron que no tenían los números. Aquí se los doy. Ustedes no sacaron la mayoría en la última votación. Sacamos 22 millones de votos, el bloque opositor; y ustedes, 19. ¿Sí lo sabían? Consúltenlo. Pero no se preocupen: la historia los va a juzgar. Están permitiendo... Sí sé que en el pasado y que hace años y lo que quieran. Pero ahorita ustedes están rompiendo la ley. Me están persiguiendo por cuestiones políticas, pues hice mi trabajo, no como ustedes. Fui a defender a mi gente, y la voy a seguir defendiendo. Escúchenlo bien: voy a seguir defendiendo a la gente de Chihuahua; no voy a venir a servir de tapete.
Qué lástima, qué lástima que la gente haya desperdiciado su esperanza y, sobre todo, la confianza que les dieron. Es todo y es cuanto.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Consulte la Secretaría en votación económica si se admite a discusión.
La secretaria diputada Karen Michel González Márquez: En votación económica se pegunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo; gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo; gracias. Señor presidente, mayoría por la negativa.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: No se admite a discusión. Se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Hemos concluido la presentación de reservas. Ahora procederemos a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen, y de los artículos 19, 33, 37 y 41 reservados, con las modificaciones aceptadas por la asamblea.
En términos del artículo 138, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se procederá a recoger la votación de viva voz, por lo que se les solicita atentamente permanecer en las curules y esperar para que se active el sonido de las mismas, para que indiquen su nombre, su grupo parlamentario y el sentido de su voto.
Esta Presidencia designa para recoger su votación de este asunto a las siguientes diputadas secretarias: Brenda Espinoza López, para que registre los votos a favor; Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, para que registre los votos en contra; y Jessica María Guadalupe Ortega de la Cruz, para que registre las abstenciones. Iniciaremos la votación del lado derecho de esta Presidencia. Adelante, por favor.
(Votación de viva voz.)
La secretaria diputada Brenda Espinoza López: Señor presidente, el conteo y cómputo de la votación arrojó el siguiente resultado: 266 votos en pro, 205 votos en contra y 0 abstenciones. Es cuanto.
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Aprobados los artículos reservados en términos del dictamen y los artículos reservados con las modificaciones aceptadas por la asamblea por 266 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Esta Presidencia, con fundamento en lo que dispone el artículo 93, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, ordena que antes que se remita la minuta al Senado de la República, se realicen las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de la ley, sin modificar lo aprobado por esta asamblea.
DECLARATORIA DE CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna: Honorable asamblea: esta Presidencia, con fundamento en lo que establece el artículo 24, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, declara que han sido constituidos los siguientes grupos parlamentarios para la LXV Legislatura: Grupo Parlamentario de Morena, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
En consecuencia, a partir de esta fecha se estará a lo que dispone el numeral 2 del artículo 24 del Reglamento. Publíquense los documentos constitutivos de los grupos parlamentarios en la Gaceta Parlamentaria.
CLAUSURA Y CITA
El presidente diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (a las 6: 42 horas): Se levanta la sesión y cito para la próxima, que tendrá lugar el martes 7 de septiembre de 2021, en modalidad por determinar, a las 11: 00 horas. El registro de asistencia estará disponible en las mesas instaladas en el vestíbulo de este salón de sesiones a partir de las 9: 00 horas.
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RESUMEN DE LOS TRABAJOS
• Tiempo de duración de la sesión: 9 horas 05 minutos
• Quórum a la apertura de la sesión: 466 diputadas y diputados
• Comunicaciones oficiales: 17
• Solicitud de licencia: 2
• Toma de protesta: 5
• Minutas: 1
• Iniciativas de congresos locales: 1
• Iniciativas de senadores: 7
• Iniciativas: 2
• Declaratoria de constitución de los grupos parlamentarios
• Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 58
10-Morena, 15-PAN, 13-PRI, 5-PT, 7-MC, 5-PRD, 3-PVEM
DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)