«Iniciativa que adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, César Agustín Hernández Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa por el que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los demás, al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente

La pandemia asociada al virus SARS-CoV-2 (Covid-19), que nos está afectando desde hace más de un año, además de ser una amenaza para la salud pública, toda vez que ha cobrado en muy poco tiempo cientos de miles de vidas y ha infectado a millones de personas, también; está perturbando la economía mundial al causar desconciertos a nivel económico y social, poniendo en peligro los medios de subsistencia a largo plazo y el bienestar de millones de personas.

Las altas posibilidades del contagio con la interacción humana, el riesgo latente de muerte y las medidas restrictivas, han originado que muchas empresas estén cerrando, lo que está incrementando el porcentaje de desempleo, y se está produciendo un miedo generalizado al futuro, debido al grado de incertidumbre por el cual estamos pasando.

“Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, (1983), los desocupados son todas aquellas personas, de uno u otro sexo, que durante el periodo de referencia cumplen en forma simultánea con los tres requisitos siguientes: i) Sin empleo, es decir, que no tienen ningún empleo, como asalariado o como independiente. ii) Corrientemente disponible para trabajar, es decir, con disponibilidad para trabajar en un empleo asalariado o independiente, durante el período de referencia. iii) En busca de empleo, es decir, que habían tomado acciones concretas para buscar un empleo asalariado o independiente, en un periodo de referencia especificado. Este concepto abarca tanto a las personas que buscaron trabajo pero que trabajaron antes (cesantes), como a los que buscaron trabajo por primera vez (aspirantes).”

“Las proyecciones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, destacan el peligro de que la Covid-19 deje en el mercado laboral mayor desigualdad geográfica y demográfica, más pobreza y menos trabajos dignos.

De acuerdo con la OIT, las tendencias marcan 220.5 millones de desempleo global, 55,9 por ciento de tasa de empleo global y 4,7 por ciento de desempleo en México, tal y como se muestra en las siguientes tablas.” 1

En nuestro país la pandemia sin duda está dejando datos severos y lamentablemente el desempleo no escapa a estas crisis, de acuerdo con la “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía:

• Hay 2,7 millones de personas desocupadas.

• La tasa de desempleo se sitúa en el 4,7 por ciento.

• La tasa de trabajo informal aumentó un 7,7 por ciento hasta situarse en el 55,6 por ciento de la población ocupada. Lo que se traduce en que hay 30,5 millones de personas que trabajan en la informalidad.

• El desempleo afecta notoriamente más a los hombres que a las mujeres. En un año, los hombres sin trabajo pasaron de ser de 1,4 millones a 1,8 millones mientras que las mujeres aumentaron de 724.000 a 911.000 desempleadas.

• La falta de trabajo es más evidente en los sectores con educación más elevada. El 14,2 por ciento de los desocupados no contaba con estudios completos de secundaria, cuando las personas de mayor nivel de educación sin trabajo representan el 85,8 por ciento de los encuestados.

• En términos de edad, los menores de 24 años son el 38,2 por ciento de los desempleados, un aumento de los 11,5 puntos porcentuales respecto al año anterior. Sin embargo, el grupo de 25 a 44 años concentra la mayor población desocupada con el 39,5 por ciento.” 2

Para nadie es ajeno, que el suceso que vivimos nos está obligando a reinventarnos tanto en procedimientos, en políticas públicas, así como, en la redefinición de derechos que permitan de una manera más amable hacer frente a esta enfermedad y sus consecuencias.

Ante esta perspectiva, los legisladores estamos obligados a generar reformas de alta coyuntura que brinden posibles alternativas para aminorar las necesidades de la ciudadanía, pero sobre todo ofrecer la oportunidad de una vida de bienestar, todo ello pese a las circunstancias del mercado laboral.

Debemos estar conscientes de que todos somos susceptibles a contraer el virus, pero no todos tenemos los mismos recursos para enfrentarlo ni para afrontar sus consecuencias, es aquí precisamente, en donde nos toca actuar en favor de todos los ciudadanos, sin limitantes ni diferencias.

Un caso muy particular es el desajuste en el mercado laboral que como ya se expuso están padeciendo millones de personas que, a pesar de estar dispuestos a ofrecer su trabajo en favor de las empresas, la oferta de trabajo por parte de los empleadores es mínima, lo que está causando que tengan una menor calidad de vida, problemas psicológicos, repercusiones en el ámbito familiar y más cuando se tienen hijos que dependen de sus padres o tutores como principal proveedor, entre otros.

Si bien, este gobierno no ha sido omiso a las necesidades de la gente y esta ejecutado más de 150 programas y acciones en materias de alimentación, bienestar económico, educación, medio ambiente sano, no discriminación, salud, seguridad social, trabajo y vivienda; 3de los cuales, subrayo, algunos ya han sido elevados incluso a rango Constitucional, al ser insertados en el artículo 4 de nuestra Constitución Política Federal (publicación en el DOF 8 de mayo 2020), como el apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente, la pensión para personas mayores de sesenta y cinco años, y el sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares, aún nos falta sumar un derecho prioritario para el bienestar: el seguro del desempleo.

En consecuencia, a fin de abonar al esfuerzo de la cuarta transformación buscando “no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera” vengo a proponer que se eleve a rango constitucional el derecho a un seguro de desempleo, el cual sería proporcionado por el Estado en favor de personas que hayan perdido su empleo, debiendo ser suficiente para vivir una vida de bienestar, por el tiempo y forma que determine la ley de la materia.

El derecho al seguro de desempleo debe estar regido bajo los principios de universalidad, justicia social y no discriminación. Sin duda, todos coincidimos en que, las insuficiencias prioritarias hoy en día son dos: a) Satisfacer el ingreso y b) el acceso a la seguridad social (salud), por ello iniciativas como la que vengo a proponer suman al trabajo que nuestro presidente enmarca en su Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, pues permitiría asegurar la accesibilidad a los servicios vitales, así como mantener los hogares a flote.

El cómo y de dónde se brindará este dinero será definido en la Ley Secundaria que en su momento será expedida, pero a manera de preámbulo se sugiere que los recursos sean adquiridos de los capitales ahorrados por la Cuarta Transformación en la ejecución del principio de austeridad republicana, por la venta de muebles e inmuebles decomisados derivados de actos de corrupción; y demás, dineros economizados a lo largo de estos años de gobierno los cuales son operados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), y su distribución podría correr a cargo de la Secretaría del Trabajo y Prevision Social.

Para cerrar esta exposición, de manera enunciativa, quiero citar el antecedente que actualmente existe en el Ciudad de México, en donde su Constitución Política indica en el artículo 10, apartado B, numeral 5, inciso b, lo siguiente:

Artículo 10...

A...

B...

1. a 4...

5...

a...

b. Seguro de desempleo, proporcionando a las personas beneficiarias los recursos y las condiciones necesarias para una vida digna, en tanto encuentran una actividad productiva;

...

En mi contacto con la ciudadanía he sido testigo de la falta de empleos por la que están pasando muchos ciudadanos, desde aquellas personas que desempeñan algún oficio como aquellos que cuentan con alguna preparación académica se encuentran consternados y preocupados por cómo cubrir sus gastos personales y de su familia. Precisamente, haciendo eco de estas voces es que presento esta iniciativa a fin de ofrecer un sustento para las personas que, a pesar de estar buscando un empleo, aún no lo han encontrado.

De elevarse a rango constitucional el derecho de seguro de desempleo, estaríamos blindando, además, a los demás ciudadanos contra la delincuencia, ya que la falta de creación de empleos corre el riesgo de que los problemas de delincuencia aumenten en nuestro país, ante tal panorama estamos obligados a hacer algo, no podemos dejar que México sea gobernado por delincuentes y que las personas que hoy quieren trabajar se vean obligados a tomar salidas de abuso, corrupción y violación a la ley.

En virtud de lo anterior, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo recorriéndose los demás, al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo recorriéndose los demás, al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 123. ...

El Estado proporcionará un seguro de desempleo en favor de los ciudadanos, que les permita llevar una vida de Bienestar, de conformidad con la Ley de la Materia.

...

A...

B...

Primero. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Una vez que entre en vigor la presente reforma, el Congreso de la Unión tendrá 180 días para emitir la Ley que regula el Derecho al Seguro de Desempleo.

Tercero. Las Legislaturas de las entidades federativas y el Congreso de la Ciudad de México, deberán ajustar las normas locales aplicables, en un plazo de ciento ochenta días posteriores a la publicación del presente decreto.

Notas

1 Ver OIT. Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo.

https://www.ilo.org/wesodata/?chart=Z2VuZGVyPVsiVG90YWwiXSZ1bml0 PSJOdW1iZXIiJnNlY3Rvcj1bXSZ5ZWFyRnJvbT0xOTkxJmluY29tZT1bXSZpbmRpY2F0b3I9WyJ1bmV tcGxveW1lbnQiXSZzdGF0dXM9W10mcmVnaW9uPVsiV29ybGQiXSZjb3VudHJ5PVtdJnllYXJUbz0yMD IyJnZpZXdGb3JtYXQ9IkNoYXJ0IiZhZ2U9WyJBZ2UxNXBsdXMiXSZsYW5ndWFnZT0iZW4i

2 El desempleo en México crece en más de medio millón de personas en un año. El País. México - 27 06 21. Visible en

https://elpais.com/mexico/2021-05-27/el-desempleo-en-mexico-crec e-en-mas-de-medio-millon-de-personas-en-un-ano.html

3 Ver Conveval. Inventario Coneval de Programas y Acciones Federales de Desarrollo social. Visible en

https://www.coneval.org.mx/evaluacion/ipfe/Paginas/default.aspx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2021.– Diputado César Agustín Hernández Pérez (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de las Leyes Federal del Trabajo, y del Impuesto sobre la Renta, para crear el seguro de desempleo, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputadas y diputados a la LXV Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que se adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; adiciona el artículo 43 Bis a la Ley Federal del Trabajo y; adiciona un párrafo al artículo 191 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para crear el Seguro de Desempleo, al tenor de la siguiente

1. Definición de Seguro de Desempleo, situación del desempleo en el mundo y experiencias internacionales.

El acceso a un trabajo seguro, productivo y remunerado en forma justa es fundamental para el fortalecimiento de la autoestima de las personas en edad de trabajar y para sus familias, ya que les afirma su sentimiento de pertenencia a una comunidad y les permite hacer una contribución productiva a la familia y al país.

Los gobiernos se enfocan, por lo menos en el papel, en eliminar los obstáculos al empleo y buscan implementar políticas públicas que incentiven la inversión pública y privada y que funcione como un mecanismo que impulse la actividad económica, genere mayores empleos de mejor calidad y también bienestar social. Muchos países del mundo han encontrado en el Seguro de Desempleo, ese mecanismo de política pública que permite cumplir una meta tan complicada.

El Seguro de Desempleo es una prestación monetaria para dar seguridad de ingresos a los trabajadores en caso de desempleo temporal. i En algunos países se define como un fondo de emergencia para hacer frente a eventualidades laborales adversas.

Empero, la definición más cercana que podemos encontrar al propósito del presente proyecto de iniciativa, es la siguiente: “Pago temporal realizado por parte del Gobierno a las personas que cumplan una serie de requisitos, que se hayan quedado sin empleo de forma involuntaria y que estén dispuestos y pueden trabajar de nuevo, para lo que deben inscribirse como demandantes de empleo.” ii

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que el Seguro de Desempleo debe ser considerado por el Estado como un concepto más dentro de la seguridad social de aquellos que ya existen, tales como: asistencia médica, garantía en la seguridad del ingreso (pensión), enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo y maternidad. En México, simplemente el debate se ha retrasado ante la falta de acuerdos políticos y disposición del actual gobierno de instrumentar políticas públicas para atender esta prioridad nacional.

En el marco de la pandemia, la OIT señaló que durante el 2020 el mercado laboral atravesó por la peor crisis registrada desde el 2008 cuando se presentó la crisis financiera y que tuvo características distintas a la de ahora. Hasta el primer semestre de 2021 había 220 millones de personas desempleadas en el mundo y que debido a la crisis sanitaria no han podido conseguir empleo. Además, se estima que estos empleos se recuperarán hasta el año 2023. iii

La OIT también estimó que el aumento sostenido y pronunciado del desempleo pasó de 187 millones de personas en 2019 a 220 millones en el año 2020. Se espera que esta última cifra sea igual al cierre de 2021 y llegue a 205 millones en 2022. iv

La incapacidad de muchas economías para crear los empleos suficientes (exista o no una pandemia o crisis económica) ha originado que muchos gobiernos tomen la decisión de crear un Seguro de Desempleo que “amortigüe” los efectos negativos que supone la falta de un empleo y un ingreso permanente por condiciones ajenas a los propios gobiernos y a los trabajadores.

El Banco Mundial, afirma que el 75 por ciento de las personas desempleadas en el mundo carecen de un Seguro de Desempleo. Señala que en América Latina solo seis países otorgan un apoyo económico a los trabajadores a través de un seguro como este: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay.

En el continente europeo los países que ofrecen un seguro de desempleo son: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, España, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Suecia y Suiza. De acuerdo con la OIT estos países son “los que cuentan con los sistemas más generosos de protección frente al desempleo, dice el informe.”En cambio, países como Australia, Canadá, Irlanda, Japón, Nueva Zelandia, el Reino Unido, y los Estados Unidos se encuentran en la categoría de “sistemas de nivel medio”. v

De cara al futuro, el crecimiento del empleo previsto será insuficiente para cerrar las brechas laborales que la pandemia y la crisis mundial han generado. Dicho de otra manera, los empleos que se logren recuperar en cada uno de los países, parece que serán insuficientes, de mala calidad y poco productivos.

Por eso, en Acción Nacional estamos ciertos de que hoy más que nunca es necesario afrontar con responsabilidad y compromiso social la realidad adversa de desempleo que impera en el país.

Por lo tanto, es imperativo que las diferentes fracciones parlamentarias logremos un acuerdo histórico para crear por primera vez en la historia del país un Seguro de Desempleo para trabajadores formales mayores de 18 años que funcione solamente para casos en que se presenten situaciones de emergencia sanitaria o contingencia económica como un apoyo económico con una temporalidad máxima de 4 meses y, que sea independiente a los programas de empleo que existen actualmente como parte del presupuesto del gobierno federal.

2. El impacto de la pandemia en México: ingresos, desempleo y pobreza

Si bien es cierto que desde el inicio de la actual administración la economía mexicana entró en un periodo de recesión preocupante, la pandemia por Covid-19 evidenció que las decisiones del gobierno federal no eran las correctas.

Desde el segundo trimestre de 2019 la economía mexicana registró ocho trimestres consecutivos de decrecimiento. Sólo hasta el segundo trimestre de 2021, más como un “efecto rebote” que como resultado de decisiones acertadas de política económica, la economía mostró por primera vez un crecimiento importante (ver gráfico 1).

Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia con información de Inegi.

El bajo crecimiento por la deficiencia del gasto público, la incapacidad de retención y atracción de inversión pública y privada, la reducción del consumo y la inestabilidad de la recaudación, han impactado directamente en el empleo y el bienestar de millones de mexicanos.

El contexto en el que se encuentra nuestro país en materia laboral es inestable y complejo. En mayor medida se explica como resultado de decisiones de política pública equivocadas que han frenado la creación sostenida de empleo, pero que en 2020 se agudizó por los impactos de la pandemia por Covid-19 en el ámbito de la salud, la falta de inversión, la pérdida significativa de empleos y la caída del nivel de ingresos. vi

La falta de una respuesta inmediata, inteligente y responsable del gobierno federal mediante la implementación de un programa de reactivación económica obligó a muchas pequeñas y medianas empresas a tomar la decisión de cerrar sus puertas, generó más desempleos y e impactó en el bienestar de muchas familias mexicanas incrementando las cifras de personas en situación de pobreza y pobreza extrema.

Es cierto que nos preocupan las cifras de casos detectados de personas que se han infectado con el virus Covid-19 y nos preocupa mucho más el número de muertes (más de 254 mil personas) que probablemente se pudieron evitar si las respuestas del gobierno hubieran sido inmediatas y si las personas afectadas hubieran tenido los recursos suficientes para poder cubrir sus gastos médicos, sin embargo, el tema del desempleo requiere la misma atención porque sus efectos en la economía son devastadores.

Entre abril y diciembre de 2020, casi 13 millones de personas perdieron su empleo y aunque se logró recuperar el 95% de los empleos perdidos, faltan por recuperar 678 mil 127 empleos para tener los niveles que había en abril del año pasado.

Por otro lado, las familias mexicanas tuvieron menos ingresos, invirtieron menos en educación, y se redujo el número de miembros que aportaban ingresos. Los ingresos de los hogares mexicanos cayeron 5.8% de 2018 a 2020 como resultado del desempleo que generó la pandemia. Asimismo, comparado con 2018 la reducción del gasto de 6.7 por ciento fue mayor que la reducción del ingreso de 5.7 por ciento.

El 90% de los hogares en México tuvieron una reducción de sus ingresos, no obstante, el 10% de la población con menores ingresos reportó un aumento de 1.3% real en su ingreso por hogar.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) reportó que los mexicanos en situación de desempleo retiran en promedio 11 mil pesos de sus AFORES. Durante el primer semestre de 2021, un total de un millón 115 mil trabajadores retiraron 12 mil 407 millones de pesos. Ante este escenario, se reducen las semanas cotizadas e impacta de forma negativa en la obtención de su pensión futura.

Finalmente, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señala que de 2018 a 2020 el número de personas en condición de pobreza creció de 51.9 millones a 55.7, es decir, en México hay 3.8 millones de personas más en pobreza. De este dato, se desprende que la población en pobreza extrema aumentó de 8.7 a 10.8 millones: 1.9 millones de personas más que no cuentan con el recurso suficiente para solventar sus necesidades básicas de alimentación y salud.

En suma, la crisis de salud y económica obligan a México a adoptar medidas urgentes para crear un ingreso básico de emergencia (Seguro de Desempleo) como lo hacen muchos países del mundo en América Latina y Europa. Esta medida debe ser de carácter provisional y estar destinado, en un primer momento, a la parte formal de los trabajadores para después en un proyecto de mayor calado atender a la parte más vulnerable de la población.

3. Los números del Desempleo en México

Como se señaló de forma previa, el mercado laboral en México es inestable y complejo y los resultados que se observan han sido producto de equivocadas decisiones que han impactado de forma directa en tres variables importantes para el bienestar de los mexicanos: 1) Desempleo y retiro de ahorros; 2) Nivel de ingresos y; 3) Pobreza.

La tasa de desempleo por ejemplo ha mostrado un repunte significativo en los últimos tres años; la falta de inversión, la crisis económica por los efectos adversos de la pandemia y la ineficacia de las políticas públicas han incidido en el aumento del desempleo.

En enero de 2019 la tasa de desempleo representó 3.6%, en junio de 2020 en pleno pico de la pandemia la tasa mostró su nivel más alto con 5.5%. El último registro de la encuesta de ocupación de Inegi muestra una recuperación ya que en julio de 2021 el porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 4.0%. A pesar de la disminución mostrada durante el primer semestre del año, la desocupación aún registra cifras superiores respecto al último año de la administración pasada (ver gráfico 2).

Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia con información de Inegi.

La PEA es un indicador que muestra la cantidad de personas que se encuentran integradas al mercado laboral. Al primer semestre de 2021 Inegi mostró que 56.4 millones de personas (95.6%) estuvieron ocupadas en julio de 2021, cifra que aumentó en 6.8 millones de personas en su comparación anual con 2020.

En el mes de referencia, la población desocupada fue de 2.6 millones de personas (4.4% de la PEA), de los cuales 1.5 millones de personas fueron hombres y 1.1 fueron mujeres (ver Gráfico 3).

Gráfico 3

Fuente: Inegi, 2021.

Respecto a julio de 2020 la población desocupada disminuyó en 218 mil personas y la Tasa de Desocupación (TD) fue menor en 1 punto porcentual. vii

Entre las características de las personas desocupadas por grupos de edad, se destaca lo siguiente: viii

• 13.8% de los desocupados no contaba con estudios completos de secundaria y 86.2% tuvo mayor nivel de instrucción.

• La mayor población desocupada se concentró en personas entre los 25 y 44 años (43.6% de participación). No obstante, dicha participación se redujo en 7.3 puntos porcentuales respecto a igual mes de un año antes.

• El grupo de 15 a 24 años representó al 31.6% de los desempleados, con un incremento de 3.8 puntos porcentuales con relación al séptimo mes de 2020.

• De acuerdo con la duración del desempleo, en el mes de referencia el 24.6% de las personas desocupadas buscó un empleo por más de 3 meses, un año antes fue de 18.1%; el 31.4% duró desempleada más de 1 mes y hasta 3 meses, y el 37.6% permaneció en la búsqueda de un empleo hasta por 1 mes.

• Las personas que tardan más tiempo en encontrar trabajo están en el grupo de 45 a 64 años de edad. El tiempo estimado es de más de 6 meses y hasta 1 año.

Es importante resaltar que al inicio de la presente administración, la PEA mostró una contracción a finales de 2019 como resultado de la desaceleración de la actividad económica. Decretada la pandemia, se registró una caída abrupta de (-) 17.5% al detenerse las actividades no esenciales.

Aún a pesar del regreso a las actividades de prácticamente todos los sectores económicos, es posible observar una franca debilidad, toda vez que el gobierno no ha sido capaz de expandir la actividad económica e incentivar el aumento y fortalecer el empleo en el mercado de trabajo. Existen 2.4 millones de personas desocupadas que quieren trabajar y sin embargo no tienen las condiciones para encontrar un empleo ni las condiciones por parte del gobierno que permitan incentivarlo.

Por otro lado, la tasa de subocupación se ha incrementado de forma abrupta. Durante el primer trimestre de 2019 la tasa fue del 7%, al segundo trimestre de 2020 mostró un incremento del 25% producto del confinamiento de los trabajadores y la falta de actividad económica por la emergencia sanitaria. Durante el segundo trimestre de 2021 el valor registrado por la tasa fue de 13.2% y aunque la cifra no parece alta, considerando la magnitud de la pandemia tiene una particularidad importante: viene acompañada de altos niveles de subempleo e informalidad (ver gráfico 4).

Gráfico 4

Fuente: Elaboración propia con información de Inegi.

Por otro lado, es una realidad que tanto la informalidad como el subempleo han representado salidas alternas para aquellos trabajadores que no logran insertarse en el sector formal; no obstante, las implicaciones de ambos fenómenos se vinculan de forma directa con la precarización del trabajo, menos bienestar social y posiblemente, con niveles más altos de pobreza.

Es decir, en muchos casos se trata de empleos donde los trabajadores deben adaptarse a salarios inferiores o incluso a salarios de subsistencia que limitan sus posibilidades de alimentación e incluso, sus necesidades de estabilidad emocional.

Para julio del presente año la población subocupada ix fue de 7.5 millones de personas, cifra inferior en 1.6 millones frente a la del mismo mes de 2020, pero que de igual forma no deja de ser preocupante (ver gráfico 5).

Gráfico 5

En suma, la tasa de subocupación al segundo semestre del año fue de 13.2% de la población ocupada, porcentaje menor que el 18.3% registrado en julio de 2020. Por sexo, la tasa de subocupación en los hombres fue de 13.3% y la de las mujeres de 13.1% en el mes de referencia (ver gráfico 6).

Gráfico 6

Fuente: Elaboración propia con información de Inegi.

Es importante señalar que la población subocupada durante el mes de julio se concentró en los trabajadores subordinados y remunerados con el 49%, con un descenso de 4.1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2020 y los trabajadores por cuenta propia representaron el 39.4%, con un alza de 2.7 puntos porcentuales en igual periodo.

En cuanto a la población ocupada en la economía informal, ésta ha mostrado un importante crecimiento toda vez que acumula a más de 31.8 millones de personas y supera a la ocupación formal en 7.2 millones de personas (el mes pasado la cifra era de 5.9 millones de personas). La ocupación informal de acuerdo al sexo, se concentra en los hombres al representar el 55.9% respecto al registro de 44.1% de las mujeres (ver cuadro 1).

Cuadro 1

Estos valores son importantes porque como se señaló anteriormente, la precarización del trabajo orilla al subempleo y a la informalidad. Si comparamos las cifras del mes de junio y julio, en un mes se incorporaron al mercado de trabajo informal más de 1.3 millones de personas, de los cuales 479.2 mil fueron hombres y 823 mil fueron mujeres.

Está claro que el Covid-19 ha dejado de manifiesto la lentitud con la que se recupera la economía mexicana, la cual es indicador la cantidad de empleos formales que se van a generar; por consecuencia, la informalidad y el subempleo son dos problemas que en el corto plazo debe atender el gobierno federal a través de políticas públicas eficaces que permitan fortalecer el mercado laboral.

Desde hace varios años, ante las ineficaces políticas públicas para reducir la pobreza, el Partido Acción Nacional ha propuesto que se asegure un ingreso a los trabajadores a través de impulsar la Renta Básica Universal como un instrumento que permita reducir la pobreza, que sea un derecho y no una prestación social, que incremente la cohesión social, que beneficie a cada persona que lo solicite y que otorgue una mayor libertad e independencia a las personas, sin embargo no fructificó políticamente por la falta de respaldo del gobierno federal y de la voluntad y madurez política de algunos partidos.

De nueva cuenta, el Partido Acción Nacional con una postura responsable y preocupado por los trabajadores de México, propone la creación del Seguro de Desempleo y que representa la oportunidad para que el gobierno federal y otras fuerzas políticas se reivindiquen y se comprometan con la propuesta para respaldar a los trabajadores que ha perdido su fuente de empleo en un contexto de emergencia sanitaria y crisis económica.

4. Objetivo general del proyecto

Atendiendo a los puntos anteriores, la presente iniciativa busca cumplir con los siguientes objetivos:

1. Crear un Seguro de Desempleo para mitigar los efectos de la tasa de desocupación laboral y falta de ingresos por consecuencia de emergencia sanitaria o contingencia económica, como un apoyo temporal de cuatro meses a trabajadores formales considerando como pago mínimo la Línea de Bienestar de Coneval y;

2. Garantizar un apoyo económico temporal e inmediato de 2.5 veces la Línea de Pobreza Extrema por ingreso en área urbana establecida por el Coneval 1 para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares, lo que será crucial para lograr una reactivación sólida y relativamente rápida.

5. Contenido de la propuesta de reforma

Se reforma la Constitución Política, la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Impuesto sobre la Renta para establecer lo siguiente:

• Establecer el Seguro de Desempleo como un derecho constitucional para todo trabajador formal.

• Otorgar la responsabilidad a la STPS para definir e implementar el padrón de beneficiarios y ejercer el presupuesto para la entrega del apoyo económico.

• Que el Seguro de Desempleo funcione como un apoyo económico independiente a los programas de empleo que existen actualmente como parte del presupuesto del gobierno federal.

• Transparentar la información de los beneficiarios mediante la entrega de informes al Congreso de la Unión.

• Fortalecer la reinserción laboral a través de un programa alterno específicamente de aquellos trabajadores que reciban el apoyo económico.

• Establecer un mecanismo de incentivo fiscal y de promoción del empleo a todos los patrones que contraten personas desempleadas en el contexto de una emergencia sanitaria o contingencia económica.

• Establecer la posibilidad de que exista un presupuesto permanente para el Seguro de Desempleo, es decir, que persista en el tiempo independientemente de que en inicio se otorgue el apoyo durante el año 2022.

6. Beneficios de la iniciativa

Entre los beneficios de la propuesta que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional propone, se resumen en los siguientes puntos:

• Establecer el Seguro de Desempleo como un derecho constitucional de cada trabajador formal.

• Entregar un apoyo directo a los trabajadores formales que perdieron su empleo como resultado de situaciones ajenas a sus decisiones. En 2020, se reportó que 648 mil personas se quedaron sin empleo.

• Garantizar un ingreso mínimo mensual de 2.5 veces el valor de la Línea de Pobreza Extrema por ingreso en área urbana establecida por el Coneval. El monto acumulado durante el periodo del apoyo sería de 17 mil 610 pesos.

• Impulsar de forma indirecta una medida de promoción del gasto y consumo familiar para fortalecer el mercado interno.

• Disminuir el uso de ahorros para el retiro de las personas en situación de desempleo y evitar la desestabilización del sector financiero.

• Ayudar a reducir el número de personas en situación de pobreza como resultado de una pandemia.

7. Cuadro comparativo

Las modificaciones que este proyecto propone, son las siguientes:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; adiciona el artículo 43 Bis a la Ley Federal del Trabajo y; adiciona un párrafo al artículo 191 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para crear el Seguro de Desempleo

Primero. Se adiciona un párrafo último al artículo 4o. de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 4o. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

El Estado garantizará un Seguro a cada trabajador económicamente activo mayor de 18 años que labore en el mercado formal y que haya perdido su empleo, en los términos que establezca la ley.

Segundo. Se adiciona el artículo 43 Bis a la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 43 Bis. Se entiende como seguro de desempleo al pago temporal de un apoyo económico, realizado por el Gobierno a las personas que se hayan quedado sin empleo de forma involuntaria, que estén dispuestas a cumplir con una serie de requisitos que se prevén en el presente artículo.

El Seguro de Desempleo, se entregará a cada trabajador económicamente activo mayor de 18 años que labore en el mercado formal al menos un año previo a la pérdida de su empleo.

El apoyo será igual a 2.5 veces el valor de la Línea de Pobreza Extrema por ingreso en área urbana establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Los recursos serán ministrados de forma mensual hasta por un periodo máximo de cuatro meses.

El Seguro de Desempleo funcionará como un apoyo independiente de los planes y programas de desarrollo social, becas, subsidios, apoyos económicos o cualquier otro por el que se esté beneficiando a los trabajadores o beneficiarios.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social será la dependencia responsable de la operación y entrega de los apoyos, para lo cual emitirá las disposiciones de carácter general a fin de establecer el padrón de trabajadores que serán sujetos del beneficio y los procedimientos para la entrega a cada trabajador.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social se coordinará con las dependencias que correspondan a los gobiernos de las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México para elaborar el padrón de beneficiarios que será publicado por la dependencia en su página electrónica.

La información del padrón de beneficiarios se publicará de forma mensual y por entidad federativa, para lo cual deberá contener el nombre del beneficiario, domicilio, edad, sexo, nombre de la última empresa o establecimiento donde laboró o prestó sus servicios, monto de los recursos ministrados a los trabajadores y la fecha de registro y entrega del Seguro de Desempleo.

En ningún caso los trabajadores dejarán de recibir de manera mensual los apoyos del Seguro de Desempleo, salvo en aquellos casos que los beneficiarios encuentren empleo antes de que se cumpla el plazo máximo establecido por este artículo.

Tratándose de grupos vulnerables el gobierno garantizará de manera inmediata la ministración de los recursos establecidos al Seguro de Desempleo.

Tercero. Se reforma el título del Capítulo II y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 186 y se recorre el subsecuente, todos de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

De los Patrones que Contraten a Personas que Padezcan Discapacidad y Adultos Mayores, y Patrones que Contraten a Personas Desempleadas

Artículo 186. ...

...

...

Se otorga un estímulo fiscal durante un periodo de cuatro meses a quien contrate personas desempleadas y que cumplan con los requisitos que establece el artículo 43 Bis de la Ley Federal del Trabajo, consistente en deducir de sus ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal correspondiente, el equivalente al 25% del salario efectivamente pagado a las personas de 18 años y más. Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del impuesto sobre la renta del trabajador de que se trate, en los términos del artículo 96 de esta Ley.

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los 60 días naturales a la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá expedir las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 43 Bis de la Ley Federal del Trabajo.

Tercero. En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, el gasto programable del Seguro de Desempleo se incorporará a la estructura programática del Ramo 14. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social que considerará los recursos suficientes para su elaboración y ejecución con base en los cálculos presupuestarios que se realicen. El monto de los recursos materiales, humanos, económicos y financieros para la operación del Seguro, serán con cargo al presupuesto de la Secretaría.

Nota

1 Último valor publicado por la Coneval a julio de 2021. Se considera como valor de inicio y aproximado ya que éste es calculado de manera mensual.

Referencias bibliográficas

i Ochoa León, Sara (2015). El Seguro de Desempleo en México y el Mundo. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Reporte Temático Núm. 3 p.3

ii MytripleA (2021). Diccionario Financiero. En

https://www.mytriplea.com/diccionario-financiero/seguro-de-desem pleo/

iii Organización Internacional del Trabajo (2021). “Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo”. Tendencias 2021.

iv Ibídem.

v Organización Mundial del Trabajo (2000). “La mayoría del mundo carece de seguro de desempleo”. Comunicado de Prensa. En

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/ WCMS_ 008584/lang-es/index.htm#:~: text=Alemania%2C%20Austria% 2C%20B%C3%A9lgica%2C%20Dinamarca%2C%20Finlandia%2C%20Francia%2C%20Espa%C3%B1a%2 C%20Islandia%2C,de%20protecci%C3%B3n%20frente%20al%20desempleo%2C%20dice%20el%2 0informe.

vi Oficina Internacional del Trabajo (OIT) (2015). “La importancia del empleo y los medios de vida en la agenda para el desarrollo con prosperidad 2015. Recuperado el día el día 25 de agosto de 2021 en

https://www.ilo.org/global/topics/sdg-2030/documents/WCMS_ 193484/lang–es/index.htm

vii Inegi (agosto, 2021). “Indicadores de Ocupación y Empleo: Cifras oportunas durante julio de 2021”. Comunicado de prensa núm. 501/21, pp. 1-2.

viii Ibídem.

ix Inegi define a la población ocupada como aquella que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas de lo que su ocupación actual les demanda.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 septiembre de 2021.– Diputadas y diputados: Maria Teresa Jimenez Esquivel, Jorge Romero Herrera, Jorge Arturo Espadas Galván, José Elías Lixa Abimerhi, Sue Ellen Bernal Bolnik, José Francisco Yunez Zorrilla, Lorena Piñón Rivera, Mariana Erandi Nassar Piñeyro, Adriana Campos Huirache, Norma Angélica Aceves García, Sayonara Vargas Rodríguez, Laura Lorena Haro Ramírez. (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 1o., 2o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de principios rectores de la política para la inclusión de las personas con discapacidad, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Norma Angélica Aceves García, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la Sexagésima Quinta Legislatura federal, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 1o., 2o., y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de principios rectores de la política para la inclusión de las personas con discapacidad, de acuerdo con la siguiente

“El nuevo paradigma de la discapacidad nos convoca a construir desde el diseño una sociedad inclusiva para todos los grupos poblacionales, destacando que las personas con discapacidad no podrán interactuar con equidad en sus entornos, lo cual los seguirá rezagando en cuanto al desarrollo, limitando su acceso al empleo, la educación y la conservación de la salud, impidiendo su capacidad para la adquisición de viviendas y otros patrimonios, además de estar relegados de la participación en los asuntos públicos”. 1

I. Discapacidad en el mundo

A nivel global, de conformidad con datos del Banco Mundial, 15 por ciento de la población del mundo (aproximadamente mil millones de habitantes) viven con discapacidad, de los cuales entre 110 y 190 millones de personas viven con deficiencias múltiples. 2 Cifra que va en aumento de la mano del envejecimiento de la población y de la incidencia de enfermedades crónicas.

Las personas con discapacidad históricamente han visto mermados sus derechos debido, en gran parte, a la imposibilidad de acceder a su ejercicio y disfrute por las diversas barreras y obstáculos (arquitectónicos, ausencia de medidas de nivelación o acciones afirmativas, de sistemas de apoyos, etcétera), a tal grado que en pleno siglo XXI, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), enfrentan las siguientes problemáticas 3:

• La mitad de las personas con discapacidad no pueden pagar la atención de salud.

• Los datos mundiales indican que las tasas de empleo en los hombres y las mujeres con discapacidad (de 53 y 20 por ciento, respectivamente) son más bajas que las de los hombres y mujeres sin discapacidad (65 y 30 por ciento). En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) esta diferencia es todavía mayor: la tasa de empleo de las personas con discapacidad es de 44 por ciento, frente a 75 por ciento de las personas sin discapacidad.

• La dificultad de las personas con discapacidad para acceder a la educación y al empleo las colocan en una situación de mayor vulnerabilidad de vivir en situación de pobreza.

• Las necesidades insatisfechas de niñas y niños con discapacidad han aumentado considerablemente, ya que los servicios de salud no se han ampliado para satisfacer la creciente necesidad de atención.

• Las personas con discapacidad tienen peores condiciones de vida (alimentación insuficiente, vivienda precaria y falta de acceso al agua potable y el saneamiento) y sus necesidades son mayores, ya que muchas requieren gastar más, en relación a las personas que no viven con discapacidad, en atención de salud, dispositivos de asistencia o apoyo personal.

II. La discapacidad en México

En México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, hay 6 millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9 por ciento de la población total del país. De ellas 53 por ciento son mujeres y 47 por ciento son hombres. 4

En la misma incidencia que a nivel mundial, la estructura por edad de la población con discapacidad en el país tiene una relación directa entre el envejecimiento y el aumento de las tasas de discapacidad. Así, poco más de la mitad de las personas con discapacidad (55.3 por ciento) tiene 60 años y más; 25.5 por ciento tiene entre 30 y 59 años y 19.2 por ciento tiene menos de 30 años. Respecto a este último grupo, cabe mencionar que 14.1 por ciento de las personas con discapacidad se encuentra en edad escolar (entre 6 y 24 años).

Por último, de conformidad con el citado censo poblacional, el tipo de discapacidad reportado con mayor frecuencia es la motriz (39.2 por ciento), seguida de la visual (14 por ciento), intelectual (9.5 por ciento), auditiva (5.3 por ciento) y psicosocial (4.6 por ciento). Por otra parte, 27.4 por ciento de las personas con discapacidad declaró tener dos o más discapacidades.

Asimismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, 5 las personas con discapacidad en México enfrentan las siguientes situaciones:

• Más de la mitad de las personas con discapacidad tiene 60 años y más.

• Tres de cada 10 personas con discapacidad tienen dos o más condiciones que dan origen a su discapacidad.

• Una de cada cinco personas con discapacidad se percibe indígena.

• Una de cada 10 personas con discapacidad carece de servicios básicos en su vivienda.

• Siete de cada 10 personas con discapacidad se encuentran en los estratos socioeconómicos medio bajo y bajo.

• Una de cada dos personas con discapacidad intelectual no sabe leer ni escribir.

• Una de cada dos personas con discapacidad en edad escolar asiste a la escuela.

• Las personas con discapacidad enfrentan mayores obstáculos para incorporarse al mercado de trabajo.

• Una de cada 10 personas de 18 años y más no estaría de acuerdo en que su hijo(a) se casara con una persona con discapacidad.

• El problema declarado con mayor frecuencia por las personas con discapacidad es la falta de transporte y calles adecuadas para su condición.

• Casi nueve de cada 10 personas con discapacidad enfrentan barreras de accesibilidad cuando buscan información sobre algún trámite, servicio o programa gubernamental.

• Tres de cada 10 mujeres de 18 años o más con discapacidad no tienen libertad para decidir si pueden salir de su casa.

• Tres de cada 10 personas con discapacidad de 18 años y más consideran que se les ha negado sin justificación al menos un derecho básico en los últimos cinco años.

III. Inclusión de las personas con discapacidad

El derecho a ser incluido en la comunidad se refiere al principio de inclusión y participación plenas y efectivas en la sociedad que incluye llevar una vida social plena y tener acceso a todos los servicios que se ofrecen al público, así como a los servicios de apoyo proporcionados a las personas con discapacidad para que puedan ser incluidas y participar plenamente en todos los ámbitos de la vida social, en todos los ámbitos y servicios, tales como vivienda, transporte, educación, empleo, actividades recreativas y acontecimientos de la vida política y cultural de la comunidad, como reuniones públicas, eventos deportivos, festividades culturales y religiosos y cualquier otra actividad en la que la persona con discapacidad desee participar. 6

El Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas afirma que a lo largo de la historia se ha negado a las personas con discapacidad la posibilidad de tomar opciones y ejercer el control de manera personal e individual en todas las esferas de su vida, al suponerse que muchas de ellas eran incapaces de vivir de forma independiente la comunidad. 7

Lo anterior, entre otras razones, debido a que los estados no cuentan con mecanismos de apoyo o su prestación está vinculada a determinados sistemas de vida y la infraestructura no se ajusta al diseño universal, aunado a que los recursos se invierten generalmente de manera directa en instituciones y no en el desarrollo de las posibilidades que tienen las personas con discapacidad de vivir de forma independiente, lo que ha dado lugar al abandono, la dependencia de los familiares, la institucionalización, el aislamiento y la segregación. 8

Con el advenimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD) en el año de 2006, los estados parte adoptaron la obligación de promover medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales, programáticas, promocionales y cualquiera que proceda para garantizar la plena efectividad del derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, en favor de las personas con discapacidad, bajo un enfoque con perspectiva de género, atendiendo la complejidad adicional que significa para las mujeres con discapacidad lograr su inclusión en un presente en donde el empoderamiento y desarrollo personal de la mujer debe ser el eje rector de cualquier medida. 9

En México, con la ratificación en el 2008 de la CDPCD, se abrió un nuevo paradigma sobre la concepción de la discapacidad y el modelo que los países y las sociedades deben adoptar para promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de este sector de la sociedad. 10

La incorporación de este instrumento internacional en el marco jurídico nacional tuvo como consecuencia directa la promulgación, en el año de 2011, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPCD) que dispuso la creación de una institución encargada del diseño de las políticas públicas, así como la distribución de competencias en los tres niveles de gobierno destinadas a la inclusión de las personas con discapacidad a través del acceso a sus derechos humanos, en igualdad de condiciones, a través de las acciones afirmativa necesarias y suficientes que permitan a dichos grupos acceder sin restricciones a sus derechos humanos, 11 las cuales deben ser medidas temporales que tengan como finalidad promover y garantizar progresivamente la inclusión de las personas con discapacidad de manera autónoma, 12 que es a lo que debe aspirar todo Estado que se precie de ser garantista, como debe ser nuestro país.

Sin embargo en la actualidad, como lo señalan las cifras del apartado anterior, las personas con discapacidad continúan enfrentándose a diversas desventajas que les impiden el disfrute y ejercicio de sus derechos más fundamentales, por lo que es impostergable que desde la norma fundamental se establezca la inclusión de las personas con discapacidad como un eje de la política nacional que obligue a que los tres poderes en sus tres niveles de gobierno a fortalecer o, en su caso, a diseñar las medidas que aseguren que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones.

IV. Pensiones para las personas con discapacidad en México

El Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas señala que los estados parte tienen la obligación de iniciar una planificación estratégica, con plazos adecuados y dotación de recursos suficientes, en consultas estrechas y respetuosas con las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, para sustituir todo entorno institucionalizado por servicios de apoyo a la vida independiente. 13

Es decir, la obligación del Estado mexicano es implementar una política de inclusión, que a través de adecuaciones estructurales y sistemas de apoyo focalizados a la población con discapacidad, promuevan su inclusión social, entendiendo ésta no como el derecho a recibir un subsidio, sino como la obligación gubernamental de dotar de herramientas a las personas con discapacidad que les permitan acceder a todos sus derechos y, con base en ello, tener la posibilidad de obtener desarrollarse, dentro de lo cual se encuentra aparejada la posibilidad de generar y decidir la fuente de sus ingresos.

En nuestro país, en el año 2019, la presente administración que encabeza el gobierno de México creó la denominada Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. Inicialmente el apoyo económico fue de $2,550.00 (dos mil quinientos cincuenta pesos 00/100 m.n.) bimestrales y a partir de 2021 el monto incrementó a $2,700.00 (dos mil setecientos pesos 00/100 m.n.).

De conformidad con su decreto de creación, que tuvo como origen una reforma constitucional, el objetivo de la citada pensión es contribuir al bienestar y disminuir la brecha de desigualdad de las personas con discapacidad a través de la transferencia de un ingreso bimestral que contribuirá al acceso de una mejor calidad de vida y disminución de la pobreza de este sector poblacional. Así el párrafo décimo cuarto del artículo 4o. de la Constitución federal señala:

“Artículo 4o. ...

[...]

El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y las personas que se encuentren en condición de pobreza.

[...]”.

Ante ello, se hace hincapié en que la mejor y más adecuada política para reducir la brecha de desigualdad de las personas con discapacidad, sustentable y con un enfoque de continuidad en el tiempo, es invertir en todo aquello que se traduzca en la construcción de entorno social y estructural que garantice a las personas con discapacidad gozar de todas las oportunidades que hay en nuestro país, disfrutar de todos sus derechos y competir en igualdad de condiciones; es decir, participar activamente en la vida económica, política y social de México.

Ahora bien, si la decisión de la actual administración ha sido crear la pensión, es necesario hacer unos ajustes que permitan generar un “piso parejo” a partir del cual se logre construir la tan anhelada política de inclusión con un enfoque garantista de derechos humanos y se aleje de una política que segmenta un grupo poblacional que excluye de la posibilidad de acceder a la citada pensión a las personas con discapacidad que con base en la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad, viven con una discapacidad temporal. 14

Hay que recordar que la discapacidad es una condición que, sin importar que se presente de manera temporal, implica una deficiencia que al adentrarse al entorno de la sociedad se enfrenta a distintas barreras y obstáculos para acceder a los derechos humanos en condiciones de igualdad. Es decir, el tiempo que una persona viva con discapacidad requiere del mismo trato que las personas que viven con discapacidad permanente para lograr su inclusión, por lo que la “temporalidad” de la condición de discapacidad en las personas no debe ser un criterio para otorgar o no la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, ya que no se justifica bajo ningún enfoque de derechos humanos el predisponer que una persona con discapacidad tiene más necesidad que otra por el hecho de vivir con dicha condición de manera permanente, con lo que estamos ante una práctica discriminatoria.

Además, es importante señalar que la ley general para la inclusión es muy clara cuando establece que una persona con discapacidad es aquella que vive con “una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal”, lo cual quiere decir que la temporalidad se le da a la particularidad con la que vive la persona con discapacidad, pero nunca a la condición de discapacidad, por lo que no se debe hablar y, mucho menos generar política pública, segmentando a las personas con discapacidad en temporal o permanente.

V. Personas indígenas con discapacidad

Particular estudio merece que se dé a las personas indígenas con discapacidad, quienes por su condición enfrentan situaciones de discriminación multifactorial al pertenecer a dos grupos poblacionales que históricamente han visto mermado el acceso a sus derechos fundamentales.

A nivel mundial, de acuerdo con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Pueblos Indígenas de la ONU, 15 hay alrededor de 54 millones de personas indígena con discapacidad, 16 quienes se enfrentan a las siguientes problemáticas:

• Falta de datos fiables. Muy pocos países disponen de estadísticas sobre las personas indígenas con discapacidad.

• Son mucho más propensas a experimentar discapacidad en comparación con la población general debido al:

- Alto nivel de pobreza.

- Mayor exposición a la degradación del medio ambiente.

- Alto impacto por grandes proyectos de desarrollo.

- Mayor riesgo a ser víctimas de violencia.

• Experimentan múltiples formas de discriminación y obstáculos para el pleno disfrute de sus derechos por su identidad indígena y estado de discapacidad.

• Los pueblos indígenas tienden a desconfiar de cualquier forma de integración que pueda conducir a la asimilación y amenazar sus lenguas, modos de vida e identidades.

• El riesgo de exposición a los desastres y emergencias de las personas indígenas con discapacidad pueden ser elevados debido a que los pueblos indígenas viven en zonas de especial riesgo.

Por su parte, la Red Global de Personas Indígenas con Discapacidad señala que existe una falta de coordinación de los gobiernos locales con las organizaciones de personas indígenas con discapacidad y líderes comunitarios, y por otra parte, las barreras burocráticas han impedido que se cuente y se incluya este grupo en los esfuerzos destinados a la ayuda de las personas con discapacidad pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, que ha propiciado una crisis de discriminación, desigualdad, invisibilidad y exclusión en su contra, que por su situación de vulnerabilidad múltiple agrava su situación. 17

En México, de conformidad con un estudio realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 18 se señala que en nuestro país la información estadística de las personas indígenas con discapacidad aún es insuficiente; sin embargo, se observa un importante esfuerzo en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del año 2014 que aportó elementos estadísticos relevantes:

• Se registró a poco más de 6.8 millones de hablantes de lengua indígena en el territorio nacional de los cuales alrededor de 484 mil son personas con discapacidad (7.1 por ciento). 248 mil mujeres frente a 236 mil hombres.

• En 2014, del total de personas con discapacidad de tres años y más que residen en el territorio nacional, 6.9 por ciento son hablantes de lengua indígena.

Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señala que las desventajas sociales que experimentan las personas pertenecientes a los pueblos originarios las vuelven particularmente vulnerables al resto de las expresiones de marginación o precariedad, lo cual resulta en la profundización de la experiencia de desigualdad o exclusión social en dicha población, sobre todo cuando, además de indígena, se vive con discapacidad.

Al respecto, el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad ha manifestado su preocupación de las condiciones a las que se enfrentan las personas indígenas con discapacidad, haciendo una serie de observaciones a México respecto de la adecuada atención y protección de los derechos humanos de este sector poblacional, observando a lo siguiente 19:

• Se deben fortalecer las medidas tendientes a fortalecer las acciones dirigidas a niñas, niños y adolescentes indígenas con discapacidad.

• Poner especial atención en el escaso acceso a la justicia de personas con discapacidad de comunidades indígenas.

• Mujeres y niñas con discapacidad, especialmente indígenas, son frecuentemente víctimas de la violencia y el abuso, sin que cuenten con medidas efectivas para su protección y reparación de daños.

• Existe una mayor discriminación hacia las personas indígenas con discapacidad en el acceso al mercado laboral;

• Se debe revertir la situación de exclusión, pobreza, falta de acceso al agua potable y saneamiento, vivienda digna y condiciones generales de pobreza en que se encuentran las personas indígenas con discapacidad, así como la falta de información al respecto.

• Es necesario que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas cuente con un programa de trabajo para las personas con discapacidad.

• Recomienda establecer líneas presupuestarias específicas para combatir casos de discriminación interseccional, basadas en la discapacidad, la edad, el género, la pertenencia a pueblos indígenas y la ruralidad.

• Promover la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad que viven en zonas rurales y en comunidades indígenas.

• Adoptar medidas para asegurar la escolarización de niñas, niños y adolescentes con discapacidad que viven en zonas rurales y en comunidades indígenas.

• Redoblar esfuerzos para incluir en las políticas de desarrollo a las personas indígenas con discapacidad, con enfoque comunitario y rural y asegurarse de que sus necesidades y perspectivas se incluyan en las mismas, tomando en cuenta sus opiniones.

• Implementar un sistema de monitoreo periódico de las líneas de acción para pueblos indígenas incluidas en el marco del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad.

• Establecer medidas especiales para eliminar las desventajas agravadas que sufren las personas mayores indígenas con discapacidad en situación de abandono y pobreza extrema.

Como se expone, es necesario que nuestro país fortalezca las acciones emprendidas en favor de las personas con discapacidad y las amplíe con la finalidad de que las mismas beneficien a las personas indígenas con discapacidad con el objetivo de reducir progresivamente sus carencias sociales y fomentar su inclusión al desarrollo, respetando el derechos que tienen las comunidades y pueblos indígenas a que en todo lo que les concierne se realice a través de una consulta estrecha, en pleno respeto de su autonomía.

VI. Áreas de oportunidad en el marco jurídico nacional

Como se expone en los apartados anteriores, las dificultades y desventajas que aún enfrentan las personas con discapacidad hacen necesario que se continúe con el trabajo de fortalecimiento del marco jurídico nacional.

Si bien, la entrada en vigor de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad se ha traducido en una serie de reformas que han fortalecido el marco jurídico nacional, como la creación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como en apartados y artículos específicos de diversas leyes, como las relativas a la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, e inclusive desde la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario continuar con el trabajo legislativo, por lo que la presente iniciativa tiene como objeto fortalecer la Constitución federal, a fin de incidir en una adecuada redacción de términos y fortalecer su alcance en favor de la inclusión de las personas con discapacidad.

a. Reforma al artículo 1o. constitucional:

En este precepto, se señala el término “discapacidades” el cual es impreciso, ya que de conformidad con el artículo 2, fracción IX, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD), la “discapacidad” “(E) es la consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación en una persona, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”, y es oportuno que se señale el termino definido en la LGIPD, ya que la discapacidad es una condición única de la persona que puede estar originada por una serie de particularidades que se traducen en una deficiencia o limitación.

En ese sentido, se propone modificar el término “discapacidades” por “discapacidad”, con la finalidad de adecuar el texto constitucional, con pleno convencimiento de que el respeto a los derechos de todas las personas inicia desde la manera en que nos referimos a ellas o a las características que forman parte de su vida.

b. Reforma al artículo 2o. constitucional:

En lo que comprende a la propuesta de modificación del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), se propone adicionar una fracción X al apartado B, como una estrategia para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, a fin de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno promuevan el establecimiento de políticas sociales para garantizar los derechos de las personas indígenas con discapacidad a través de los principios de accesibilidad y consulta estrecha, con el objetivo de reducir progresivamente sus carencias sociales y fomentar su inclusión al desarrollo.

Lo anterior, con base a lo descrito en el apartado V de la presente, en donde se desarrolla la compleja situación que viven las personas indígenas con discapacidad al enfrentarse a una condición de discriminación multifactorial que transgrede sus derechos humanos.

c. Reforma al artículo 4o. constitucional:

En lo que atañe al artículo 4o. constitucional, se proponen dos adecuaciones:

La primera de ellas tiene como propósito adicionar un nuevo párrafo decimocuarto al referido artículo 4o., recorriendo el actual párrafo y sus subsecuentes, a fin de establecer que “el Estado promoverá la inclusión y el desarrollo integral de las personas con discapacidad tomando como principios la accesibilidad y la participación efectiva de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan”, como un estrategia que permita sentar desde la norma fundamental la importancia de la inclusión y desarrollo integral para las personas con discapacidad, ya que es el mecanismo adecuado, por su alcance e integralidad, a través del cual podrán disfrutar y ejercer sus derechos en igualdad, de conformidad con el apartado III de la presente.

La participación de las organizaciones de la sociedad civil resulta preponderante, es necesario que acompañen los procesos, ya que a través de ellas muchas personas con discapacidad son representadas y cuentan con los conocimientos y especialidades que coadyuven con el gobierno para que las acciones que se generen o busquen implementar sean las adecuadas y cumplan la finalidad en favor de las personas con discapacidad. A través de los años, la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil ha sido tan fundamenta que en el proceso de creación y aprobación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, su participación fue clave.

La segunda propuesta, propone modificar el actual párrafo décimo cuarto, que se propone sea el décimo quinto, del citado artículo 4o. que señala:

“Artículo 4o. ...

[...]

El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y las personas que se encuentren en condición de pobreza.

[...]”.

Lo anterior, con base a lo descrito en el apartado V de la presente, en donde se expone que no se justifica bajo ningún enfoque de derechos humanos el predisponer que una persona con discapacidad tiene más necesidad que otra por el hecho de vivir con una deficiencia o limitación de manera permanente, sobre la temporal, al ser una medida restrictiva que genera una práctica discriminatoria.

Se reitera que la temporalidad señalada en el artículo 2 de la LGIPD es un elemento que forma parte de la definición de “persona con discapacidad” con el espíritu de hacerla más garantista, bajo el principio pro-persona, no en perjuicio o impedimento para el acceso de beneficios o algún derecho.

Finalmente se propone adicionar, en la parte final del actual párrafo décimo cuarto del artículo 4o., la condición de dependencia, entendida como la situación que vive la persona con discapacidad que le impide realizar, por sí sola, acciones elementales de la vida cotidiana como comer, tomar agua, vestirse o bañarse, dependiendo totalmente de otras personas para poder subsistir.

Por lo anteriormente descrito, con fundamento en las disposiciones señaladas, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 1o., 2o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de principios rectores de la política pública para la inclusión de las personas con discapacidad

Único. Se adiciona una fracción X al apartado B del artículo 2o. y un nuevo párrafo catorce, recorriendo el actual y los subsecuentes, al artículo 4o., y se reforma el párrafo quinto del artículo 1o. y el actual párrafo decimocuarto, que se propone pase a ser el decimoquinto, del artículo 4o., todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 1o. ...

...

...

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 2o. ...

...

...

...

...

A. ...

I. a VIII. ...

...

B. ...

...

I. a IX. ...

X. Establecer políticas sociales para garantizar los derechos de las personas indígenas con discapacidad a través de los principios de accesibilidad y consulta estrecha. Con el objetivo de reducir progresivamente sus carencias sociales y fomentar su inclusión al desarrollo.

...

...

C. ...

Artículo 4o. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

El Estado promoverá la inclusión y el desarrollo integral de las personas con discapacidad tomando como principios la accesibilidad y la participación efectiva de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan.

El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas con discapacidad. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y las personas que se encuentren en condición de pobreza o dependencia conforme a lo que estipule la Ley.

...

...

...

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Cámara de Diputados y de acuerdo a sus facultades constitucionales emitirán en un plazo no mayor a 180 días los lineamientos para la ejecución, dispersión y evaluación de la prestación económica a la que se refiere el párrafo decimocuarto del artículo 4o. constitucional, los cuales se someterán a consulta por parte de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan.

Notas

1 Aceves García Norma Angélica, C. (2018). Reseña al estudio: Hablemos sobre Discapacidad y Derechos Humanos. Revista de Administración Pública 145. Volumen LIII, Nº 1 (enero-abril 2018), p.p. 231 a 234.

2 Visto en:

https://www.bancomundial.org/es/topic/disability Consultado el 24 de agosto de 2021.

3 Visto en:

https://www.who.int/es/news-room/facts-in-pictures/detail/ disabilities Consultado el 24 de agosto de 2021.

4 Visto en:

http://www.cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tem a=P Consultado el 24 de agosto de 2021.

5 Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Resultados sobre personas con discapacidad.

6 Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, “Observación general núm. 5 (2017) sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad”, CRPD/C/GC/5. 27 de octubre de 2017.

7 Ibídem.

8 Ibíd.

9 Aceves García Norma Angélica, C. (2018). Reseña al estudio: Hablemos sobre Discapacidad y Derechos Humanos. Revista de Administración Pública 145. Volumen LIII, Nº 1 (enero-abril 2018), p.p. 231 a 234.

10 Ibídem.

11 Artículo 4...

[...]

Las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural.

[...]

12 Op. cit. nota 9.

13 Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, “Observación general núm. 5 (2017) sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad”, CRPD/C/GC/5. 27 de octubre de 2017.

14 Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

[...]

XXVII. Persona con Discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás;

[...]

15 Visto en:

https://www.un.org/development/desa/indigenous-peoples-es/2016/0 7/14/personas-indigenas-con-discapacidad/ Consultado el 24 de agosto de 2021.

16 Aplicando la proporción señalada en el Informe Mundial sobre la Discapacidad (2011), que calcula que el 15 por ciento de la población mundial tiene alguna discapacidad a la cifra estimada de 360 millones de personas indígenas en el mundo.

17 Visto en:

https://www.iwgia.org/es/ip-i-mi/4186-mi-2021-red-global-de-pers onas-indigenas-con-discapacidad.html Consultado el 24 de agosto de 2021.

18 “Estudio sobre el marco de protección de los derechos de las personas indígenas con discapacidad en las comunidades Maya, Otomí y Tarahumara”. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

19 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. “Observaciones finales sobre el informe inicial de México”. 03 de octubre de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2021.– Diputadas y diputados: Norma Angélica Aceves García, Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, José Francisco Yunes Zorrilla, Ma. Elena Serrano Maldonado, Sayonara Vargas Rodríguez, María del Refugio Camarena Jáuregui, Andrés Mauricio Cantú Ramírez, María de Jesús Aguirre Maldonado, Roberto Carlos López García, Marcela Guerra Castillo, Pedro Armentía López, Augusto Gómez Villanueva, María del Rocío Banquells Núñez, Estefania Rodríguez Sarabia Leslie, Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, Olga Luz Espinosa Morales, Miguel Sámano Peralta, Sue Ellen Bernal Bolnik, Melissa Estefania Vargas Camacho, Jazmín Jaimes Albarrán, Cristina Amezcua González, Mariana Erandi Nassar Piñeyro, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Marco Antonio Mendoza Bustamante, Laura Lorena Haro Ramírez, Mariano González Aguirre, María Guadalupe Alcántara Rojas, Ivonne Sabrina Díaz Tejeda Nélida, Lorena Piñón Rivera, Adriana Campos Huirache, José Guadalupe Fletes Araiza, Reynel Rodríguez Muñoz (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Carlos Alberto Puente Salas y Rocío Alexis Gamiño García, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados Carlos Alberto Puente Salas y Rocío Alexis Gamiño García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, integrantes de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

El cuidado del medio ambiente es uno de los principales retos que enfrentamos hoy en el contexto de una acelerada destrucción de ecosistemas y una explotación irresponsable de los recursos naturales y de la riqueza ecológica que ostentamos como país.

En ese sentido, el estudio del cambio climático es de extrema relevancia para la formulación de normas, acciones y políticas públicas que permitan a nuestro país adoptar medidas que atiendan los verdaderos problemas estructurales y de coyuntura que afectan al medio ambiente y a la sociedad en su conjunto.

Como ciudadanos y como legisladores, es nuestra responsabilidad velar por el desarrollo de nuestro país al tiempo que se respete el medio ambiente y que se promueva la eficiencia en el aprovechamiento de los recursos naturales.

El estudio del cambio climático tiene diversos alcances: por un lado, nos permite entender y evaluar el impacto multifactorial que genera en el desarrollo nacional, así como determinar la verdadera incidencia de tal fenómeno en torno a los problemas ambientales actuales.

Es innegable que el desarrollo, la urbanización, el crecimiento industrial y la falta de concientización han tenido efectos adversos sobre el medio ambiente. Asimismo, el crecimiento de los polos urbanos en todo el país que se ha observado en las últimas décadas ha acelerado la explotación de recursos naturales sin que se considere, en la mayoría de los casos, los efectos que esto tiene sobre el medio ambiente.

Sin embargo, para diseñar acciones y políticas orientadas a favorecer el crecimiento al mismo tiempo de trabajar por la conservación de nuestro ecosistema, es necesario primero entender las consecuencias que ha tenido el desarrollo industrial en nuestro territorio, de manera que sea posible identificar mejores prácticas y medidas que fomenten la adopción de procesos más sustentables en todos los sectores de la economía.

Para contrarrestar las externalidades negativas que se han generado como resultado del desarrollo y el crecimiento industrial en las últimas décadas, es necesario iniciar con la generación de conciencia, educación y sensibilización de los problemas que derivan de la contaminación ambiental y la explotación irresponsable de los recursos naturales y sus posibles soluciones.

En ese contexto, los estudios del cambio climático pueden y deben tener un papel fundamental, dada su importancia y utilidad, en la toma de decisiones y el diseño de políticas ambientales que puedan derivar en acciones legislativas concretas.

A través de la creación de un Centro de Estudios del Cambio Climático en el ámbito de la Cámara de Diputados se busca atender tres objetivos primordiales:

1. Generar información y análisis que proporcionen una mejor comprensión de las diversas dimensiones de los problemas ambientales que existen hoy en nuestro país, identificando con claridad tanto los aspectos que conocemos como aquellos sobre los que aún existe incertidumbre.

2. Identificar y proponer las soluciones más apropiadas para la resolución de los problemas ambientales identificados en el contexto de la labor legislativa.

3. Contribuir a la resolución de problemas ambientales a través del monitoreo y la estimación de consecuencias económicas, sociales, sanitarias, políticas y ambientales para delinear soluciones que puedan encontrar cauce mediante la incidencia del Congreso.

De esa manera, el Centro de Estudios del Cambio Climático proporcionará información técnica, oportuna y de alta calidad que permita la formulación de instrumentos legislativos orientados a la conservación de los recursos naturales y al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de cuidado del medio ambiente en todos los ámbitos de la esfera legislativa.

Lo anterior cobra mayor relevancia al considerar que, de acuerdo con el último reporte de la ONU relativo al cambio climático, 1 existe evidencia contundente que demuestra que la actividad humana ha dañado la atmósfera, los océanos y la tierra, provocando cambios repentinos y rápidos en el medio ambiente que pueden llegar a afectar gravemente a la población y a los ecosistemas, problemáticas que no son ajenas a nuestro país.

Asimismo, la creación de un Centro de Estudios del Cambio Climático cobra mayor relevancia ante las estimaciones de que la temperatura global siga aumentando hasta al menos mediados de siglo. En ese sentido, la ONU ha emitido un llamado urgente a la población y a las autoridades para tomar acción en el combate a este problema, ya que, de aumentar la temperatura, se intensificarán los eventos y catástrofes climáticas extremas.

Para poner esto en perspectiva, el incremento adicional en la temperatura puede alterar los ciclos de la precipitación, provocando que los flujos de agua superficial sean más variables en la mayoría de las regiones y generando un aumento de inundaciones y sequías en todo el territorio.

En los últimos años, México ha enfrentado una cifra creciente de fenómenos meteorológicos extremos que han resultado en enormes pérdidas sociales y económicas. Se estima que los eventos ocurridos en la década de 1980 a 1990 causaron pérdidas por 70 millones de dólares, mientras que de 2010 a 2014 ascendieron a 2 mil 174 millones de dólares. 2

En ese mismo sentido, de acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, las inundaciones son el desastre natural más frecuente en México. 3 El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que en 2021 se formarán al menos 29 ciclones tropicales en el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, de los cuales se espera que siete sean tormentas tropicales. Asimismo, se estima que ocho podrían ser huracanes de categoría uno o dos; así como siete de categorías entre 3 y 4. 4

Por otro lado, en los últimos años se han registrado en el país franjas de sequía moderada, severa y extrema en el norte del territorio nacional, así como zonas aisladas anormalmente secas en el sureste y el sur del país. 5

Para poner esto en perspectiva, tan solo durante el mes de noviembre de 2017, México presentó el 8.19 por ciento de su superficie con sequía y el 19.7 por ciento con condiciones anormalmente secas; nuevamente Baja California fue de los estados afectados junto con Sonora y Sinaloa.

Considerando que una de las principales consecuencias de la sequía son los incendios forestales, resultan alarmantes los impactos que generan en la pérdida de ecosistemas, principalmente porque profundizan la destrucción del territorio boscoso de México. De acuerdo con la FAO, anualmente se pierden más de 148 mil hectáreas en nuestro país, desde hace más de 25 años. 6

Por su parte, la Estrategia Nacional de Cambio Climático establece en su diagnóstico que México cuenta con altos niveles de vulnerabilidad ante inundaciones y sequías, que ponen en riesgo la vida de más 61 millones y 54 millones de personas, respectivamente. 7

Por otro lado, y como se mencionaba anteriormente, el crecimiento de las ciudades con una mala planificación urbana tiene importantes consecuencias sobre la capacidad de resiliencia que tienen los centros urbanos ante los efectos del cambio climático. De los 2 mil 456 municipios en los que se divide el país, 480 (20 por ciento) tienen un nivel de vulnerabilidad al cambio climático muy alto o alto y 888 (36 por ciento) se encuentran en un nivel medio. 8Esto pone de manifiesto la necesidad de contar con información medioambiental para la toma de decisiones dirigidas a garantizar el bienestar de toda la población, desde una visión transversal a partir del análisis de un fenómeno de impacto multifactorial.

En tales circunstancias, México ha realizado esfuerzos por incorporar políticas que permitan la preservación del medio ambiente. En el ámbito internacional, nuestro país ha celebrado diversos tratados y asumido obligaciones, que se han traducido en la actualización y creación de leyes y reglamentos en relación con el cambio climático.

En ese sentido, resulta de extrema relevancia que la Cámara de Diputados cuente con un Centro de Estudios del Cambio Climático que permita una mayor penetración de políticas orientadas al cumplimiento de objetivos medioambientales en todas las esferas de la labor legislativa. Al respecto, existen diversos antecedentes internacionales de grupos especializados en la materia que coadyuvan en la evaluación y la implementación de políticas públicas mediante incidencia concreta en los procesos legislativos.

En primer lugar, el Grupo Intergubernamental sobre Expertos de Cambio Climático surgió en 1988 como una iniciativa de la ONU con el objeto de que los distintos gobiernos del mundo evalúen los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos en materia de cambio climático y se propongan estrategias para resolver el problema de cambio climático. El grupo ha realizado cinco informes para la ONU y fue galardonado en 2007 con el Premio Nobel de la Paz. 9

En segundo lugar, derivado de la firma del Acuerdo de París, surgió en 2016 la Red Parlamentaria de Cambio Climático, creada para promover la diplomacia parlamentaria en materia de cambio climático, con el objetivo de intercambiar conocimientos y concretar prácticas efectivas que prevengan y mitiguen tal problemática. En particular, se promueve activamente el uso de energías renovables, así como acciones concretas para reducir el riesgo de la ocurrencia de desastres naturales. 10

En ese sentido, diversos países reconocen la multidimensionalidad de los problemas relacionados con el cambio climático y han establecido dentro de sus Congresos organismos para legislar en materia ambiental que han sido fundados ante la creciente crisis climática y la necesidad de brindar herramientas para que los legisladores discutan y posicionen políticas adecuadas desde el Poder Legislativo.

En Estados Unidos, se autorizó en 2021 la creación de un Comité Selecto en materia de Cambio Climático, que tiene la encomienda de investigar, hacer estudios y generar recomendaciones para que los legisladores generen políticas públicas para combatir este problema. 11Este organismo se ha especializado en acelerar la transición a energías renovables y generación de trabajos verdes, reducir el impacto de emisiones en el sector salud, mitigar el cambio climático y proteger recursos naturales.

En México los centros de estudios de la Cámara de Diputados tienen la finalidad de apoyar a los legisladores y a las comisiones proporcionándoles de forma objetiva, imparcial y oportuna, los servicios de apoyo técnico e información analítica. En ese sentido es indispensable contar con un Centro de Estudios del Cambio Climático que permita generar información para la toma de decisiones con elementos técnicos adecuados para identificar los retos y necesidades propias de nuestro país.

El primer antecedente de los centros de estudios es la Unidad de Estudios de Finanzas Publicas, creada en el año de 1998 y regulada en el artículo 49, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos bajo el ámbito de la Secretaría General y pertenecientes a la Secretaría de Servicios Parlamentarios.

La creación de dicho Centro de Estudios será factor relevante para garantizar que los conocimientos sobre cambio climático se utilicen de la mejor manera para la toma de decisiones en el ámbito público, especialmente para la formulación de instrumentos legislativos diseñados desde una visión transversal para la atención de un fenómeno de impacto multifactorial. Lo anterior, mediante una interacción más eficaz y sustantiva con aquellos profesionales que integran la esfera científica, en beneficio de la labor legislativa.

Desde esa perspectiva, la recopilación y evaluación de información científica y técnica en materia de cambio climático para la determinación y ponderación de impactos específicos en la esfera de la vida pública, será vital para permitir la adaptación de nuestro marco jurídico en un contexto de incertidumbre, en el marco de un medio ambiente cambiante, con crecientes tasas de degradación ambiental y agotamiento de los recursos naturales.

En ese sentido, la creación de un Centro de Estudios del Cambio Climático es esencial para mejorar la calidad de vida de los mexicanos y garantizar el bienestar de las generaciones futuras, habida cuenta de la marcada vulnerabilidad de nuestro país ante un fenómeno que habrá de implicar el establecimiento de un nuevo orden de prioridades en el ámbito nacional e internacional.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 49, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el artículo 49, numeral 3, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 49.

1. y 2. (...)

3. La Cámara contará también, en el ámbito de la Secretaría General y adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, con los Centros de Estudios de las Finanzas Públicas; de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias; de Estudios Sociales y de Opinión Pública; de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria ; de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género; y de Estudios del Cambio Climático.

4. (...)

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/

2 Cenapred (2015), “Desastres en México: impacto social y económico”, infografía.

3 http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/ 39870-inundaciones-desastre-natural-mas-frecuente-en-mexico-senala-el-ibd.html

4 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/637045/DLSLP_ 13052021_36-21_Conagua_informa_sobre_el_inicio_de_la_ Temporada_de_Lluvias_y_Ciclones_Tropicales_2021.pdf

5 Estadísticas del Agua en México (2018), páginas 32-45.

6 FAO (2015), Evaluación de los recursos forestales mundiales 2015, página 12.

7 Estrategia Nacional de Cambio Climático visión 10-20-40, página 33.

8 http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/62Cambio%20Climático%20A. pdf

9 https://www.ipcc.ch/languages-2/spanish/

10 http://parlamericas.org/es/climate-change/about-pncc.aspx

11 https://climatecrisis.house.gov/about

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 13 de septiembre de 2021.– Diputadas y diputados: Rocío Alexis Gamiño García, Carlos Alberto Puente Salas, Kevin Angelo Aguilar Piña, María José Alcalá Izguerra, Jasmine María Bugarín Rodríguez, Juan Luis Carrillo Sobranis, Karen Castrejón Trujillo, María del Rocío Corona Nakamura, Fátima Almendra Cruz Peláez, Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle, José Antonio Estefan Gillessen, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Laura Lynn Fernández Piña, Fausto Gallardo García, Tomás Gloria Requena, Armando Antonio Gómez Betancourt, Luis Arturo González Cruz, Gilberto Hernández Villafuerte, Ana Laura Huerta Valdovinos, Javier Joaquín López Casarín, Juan Pablo Montes de Oca Avendaño, Eunice Monzón García, Marco Antonio Natale Gutiérrez, Juan Carlos Natale López, Consuelo del Carmen Navarrete Navarro, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Luis Edgardo Palacios Díaz, Angélica Peña Martínez. Mario Xavier Peraza Ramírez, María del Carmen Pinete Vargas, Andrés Pintos Caballero, Janine Patricia Quijano Tapia, Antonio de Jesús Ramírez Ramos, Roberto Antonio Rubio Montejo, Ciria Yamile Salomón Durán, Christian Joaquín Sánchez Sánchez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 153-T de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables somete a consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 153-T de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

La capacitación para los trabajadores es un derecho plasmado en nuestra Constitución, además de ser parte de los Convenios que México signo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como lo es el Convenio C142 que habla sobre el desarrollo de los recursos y la Recomendación R195 que trata sobre el desarrollo de los recursos humanos: educación, formación y aprendizaje permanente, en este se establece el adoptar programas y prácticas para formación y orientación profesional y técnica de los trabajadores en las diversas áreas de trabajo.

Este convenio y la recomendación reconocen que el aprendizaje permanente es fundamental para el desarrollo humano, creación de empleo y el crecimiento económico, ya que, al estar mejor preparados y capacitados, a los individuos les será más fácil la inserción laboral.

En la reforma a la Ley Federal del Trabajo publicada el 30 de noviembre de 2012, en el Diario Oficial de la Federación, se anexa un Capítulo III Bis que habla De la Productividad, Formación y Capacitación de los Trabajadores, en donde se hace mención de la obligación de los patrones a proporcionar capacitación a sus trabajadores, ya sea fuera o dentro del centro del trabajo por medio de instituciones, escuelas, organismos o adhesión a sistemas.

En el artículo 153-T se menciona que los organismos instructores tienen el derecho a expedir una constancia, el artículo en mención a la letra dice:

“Artículo 153-T. Los trabajadores que hayan sido aprobados en los exámenes de capacitación y adiestramiento en los términos de este Capítulo tendrán derecho a que la entidad instructora les expida las constancias respectivas, mismas que, autentificadas por la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento de la Empresa, se harán del conocimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto del correspondiente Comité Nacional o, a falta de éste, a través de las autoridades del trabajo a fin de que la propia Secretaría las registre y las tome en cuenta al formular el padrón de trabajadores capacitados que corresponda, en los términos de la fracción IV del artículo 539.”

Rojina Villegas, Rafael (1998) define la obligación como:

“Podríamos decir que los tratadistas modernos definen la obligación como una relación jurídica por virtud de la cual un sujeto llamado acreedor, está facultado para exigir de otro denominado deudor, una prestación o una abstención. Este concepto no prejuzga respecto a la determinación o indeterminación de los sujetos, (...) tampoco se exige que el objeto de la obligación sea patrimonial. Se afirma simplemente que el acreedor está facultado para exigir al deudor una prestación o una abstención.”

Álvarez Ledezma, Mario I. (1995) define derecho como:

“El derecho es un sistema normativo de regulación de la conducta social, producido y garantizado coactivamente por el poder político de una autoridad soberana, que facilita y asegura la convivencia o cooperación social, y cuya validez (obligatoriedad) está condicionada por los valores jurídicos y éticos de los cuales es generador y portador, respectivamente, en un momento y lugar histórico determinados.”

Podemos observar que hay una obligación que el demandante puede exigir al adeudado la prestación, en el tema que nos ocupa al demandante como el capacitado y al adeudado como el capacitador o entidad instructora, por lo que se puede exigir el documento que acredite que fue capacitado; en caso contrario con la definición de derecho la obligatoriedad queda condicionada por valores jurídicos y éticos.

Si el trabajador cumplió con los requisitos solicitados en el curso o capacitación, debería ser una obligación por parte de la entidad instructora expedir su constancia de los aprendizajes recibidos; al no ser una obligación y si un derecho, faculta a la entidad instructora a expedirla o no, con ello se deja en estado de indefensión al trabajador, ya que al no poder obtener su constancia de capacitación no tiene manera de acreditar su experiencia y preparación, pues estos documentos normalmente son de valor curricular y es la manera con la que se cuenta para acreditarse ante el empleador.

También cabe mencionar que en el primer informe del presidente se mencionó la formación y la certificación en el trabajo, definiéndolo de la siguiente manera:

“La Certificación de Competencias Laborales es el proceso a través del cual las personas demuestran por medio de evidencias que cuentan, sin importar cómo hayan adquirido los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para cumplir una función a un alto nivel de desempeño, de acuerdo con el definido en un Estándar de Competencia.”

La certificación es un tema importante para el gobierno federal, para aumentar las posibilidades de las personas a encontrar un trabajo bien remunerado considerando mejores capacidades adquiridas por su preparación, por lo que reiteró la importancia de hacer esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, la Profedet define la capacitación como una oportunidad que ofrece múltiples beneficios, oportunidades para las y los trabajadores que integran una organización y ampliar sus conocimientos y habilidades; además de que destaca como beneficios:

• Calidad y mejora en las tareas,

• Reducción en tiempos y supervisión,

• Solución de problemas con diferente visión,

• Sensibilización ante nuevos retos,

• Desarrollo ético y motivación del personal,

• Creación de equipos de trabajo de alto desempeño,

• Seguridad y autoestima en los trabajadores,

• Mayor especialización, a la vez que flexibilidad en sus tareas,

• Mayor rendimiento y disminución de tiempos de atención en los trabajos que se desarrollan. 1

Por los motivos anteriormente expuestos someto a consideración de este pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que reforma el artículo 153-T de la Ley Federal del Trabajo

Artículo Único. Se reforma el artículo 153-T de la Ley Federal del Trabajo.

Ley Federal del Trabajo

Artículo 153-T. Los trabajadores que hayan sido aprobados en los exámenes de capacitación y adiestramiento en los términos de este Capítulo, la entidad instructora tendrá la obligación de expedir las constancias respectivas, mismas que, autentificadas por la Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento de la Empresa, se harán del conocimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto del correspondiente Comité Nacional o, a falta de éste, a través de las autoridades del trabajo a fin de que la propia Secretaría las registre y las tome en cuenta al formular el padrón de trabajadores capacitados que corresponda, en los términos de la fracción IV del artículo 539.

Único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Página oficial de la Profedet.

Bibliografía

- Convenio C142 sobre el desarrollo de los recursos, OIT.

- Recomendación R195 sobre el desarrollo de los recursos humanos: educación, formación, y aprendizaje permanente, OIT.

- Rojina Villegas, Rafael, Compendio de derecho civil III (Porrúa 1998)

- Montoya Pérez, Oscar. Diccionario jurídico (2016)

- Álvarez Ledezma, Mario I. Introducción al Derecho (Mc Graw-Hill, 1995)

- Primer Informe de Labores, 2018-2019 1 de septiembre de 2019.

-Página Oficial de la Profedet. Recuperado de:

https://www.gob.mx/profedet/es/articulos/la-importancia-de-la-ca pacitacion-para-las-y-los-trabajadores?idiom=es

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2021.– Diputada Margarita García García (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de Cámara de Diputados y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, fracción I y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 40 prevé la forma de gobierno como una república representativa, democrática, laica y federal. Los conceptos de democracia y representatividad que se establecen constitucionalmente, se encuentran estrechamente ligados y no pueden entenderse sin la deliberación democrática, requisito de validez del procedimiento legislativo por mandato constitucional.

La importancia de la deliberación democrática ha sido examinada en múltiples ocasiones, incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual sostuvo que las decisiones colectivas sólo pueden tomarse después de haberse tenido la posibilidad de participar en un debate abierto en el cual se equilibren las razones a favor o en contra de las diversas propuestas que sean discutidas, puesto que la democracia se basa en el principio de igual consideración y respeto a todas las opiniones. 1

Con la evolución democrática en el país y el creciente acceso a tecnologías de la información, la ciudadanía cada vez se encuentra más informada sobre el quehacer legislativo, exigiendo participar en las deliberaciones en el debate público y generando mayor escrutinio sobre las actividades legislativas.

En este sentido, “imponer decisiones a través de negociaciones cerradas a la ciudadanía e ignorando las voces disidentes implica romper con esa finalidad y con la legitimidad que se espera que tenga un sistema democrático. Más aún, empuja a la crispación e impide el entendimiento entre ciudadanos [...]”. 2

En consecuencia, a efecto de garantizar los derechos de participación política de los ciudadanos, una de las obligaciones más importantes que tienen las y los legisladores es escuchar y atender las necesidades de la ciudadanía, para lo cual la figura del Parlamento Abierto resulta fundamental para el cabal cumplimiento de esta obligación.

Este concepto de Parlamento Abierto, ha sido definido por un organismo regional como es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, quien lo ha definido de la siguiente manera:

“Una nueva forma de interacción entre la ciudadanía y el parlamento, que tiene por principios la transparencia y acceso a información sobre las legislaturas nacionales en formatos reutilizables y amigables para las y los ciudadanos. Asimismo, permite la participación de la ciudadanía en el proceso de creación de leyes utilizando las TIC e internet”. 3

En la Declaración sobre la Transparencia Parlamentaria se han desarrollado principios de transparencia del Parlamento, los cuales se han comprometido a promover, entre estos se encuentran los siguientes 4:

1. Promover la cultura de la transparencia a través de la legislación; y

2. Involucrar a los ciudadanos y a la sociedad civil.

El primero de estos, constituye un pilar fundamental para la participación ciudadana en el trabajo parlamentario, el cual conmina a los legisladores a emitir leyes así como reglas internas de procedimiento y códigos de conducta, que promuevan un entorno propicio y que reconozca y proteja, entre otros derechos, el de participación de la sociedad civil y los ciudadanos en el proceso legislativo.

El segundo, impone al Parlamento la obligación de comunicar y vincular activamente a los ciudadanos y la sociedad civil en los procesos parlamentarios y la toma de decisiones, con el fin de representar eficazmente a los ciudadanos y hacer efectivo el derecho de petición de los ciudadanos a sus gobernantes.

Por su parte, el Parlamento Abierto, según la Alianza para el Parlamento Abierto, puede definirse como “la institución legislativa que explica y justifica sus acciones y decisiones —es decir que rinde cuentas—; que garantiza el acceso a la información pública de manera proactiva —es decir es transparente— que involucra en sus procesos la pluralidad de grupos políticos y sociales —es decir que cuenta con mecanismos de participación ciudadana— y que; para todo ello, utiliza estratégicamente las tecnologías de la información y comunicación”. 5

De igual manera, según esta asociación, existen diez elementos que distinguen un Parlamento Abierto:

1) Derecho a la información

2) Participación Ciudadana y Rendición de cuentas

3) Información Parlamentaria

4) Información presupuestal y administrativa

5) Información sobre legisladores y servidores públicos

6) Información histórica

7) Datos abiertos

8) Accesibilidad y difusión

9) Conflictos de interés

10) Legislan a favor del gobierno abierto 6

Sin embargo, en México es manifiesta “la ausencia de mecanismos eficaces, confiables y estables para incluir las inquietudes de la ciudadanía en las actividades parlamentarias, principalmente en el proceso legislativo. Si bien hay espacios y momentos en los que sí hay injerencia por parte de los grupos organizados de ciudadanas y ciudadanos, el grado de participación es variable: Depende del tema que se debate, de los recursos que implica, de la forma que adopta. La misma variabilidad significa que no hay certeza sobre los alcances, aunque sí sobre los límites, de la participación en el trabajo parlamentario”. 7

Esto se ha vislumbrado durante los últimos ejercicios de Parlamento Abierto, en el que la opinión de personas expertas de la academia, de la sociedad civil, de la iniciativa privada y de la ciudadanía en general no ha sido tomada en cuenta mínimamente en el texto normativo de los dictámenes ni, mucho menos, para motivar la expedición de una ley.

Ejemplo de lo anterior, son los argumentos vertidos durante el parlamento abierto de la iniciativa de carácter preferente enviada por el Presidente de la República en materia de industria eléctrica, no fueron considerados en el texto normativo del dictamen. En aquella ocasión, aunque las opiniones y argumentos expresados en el parlamento abierto fueron considerados en el propio dictamen, a la iniciativa enviada desde el Ejecutivo federal, “no se le movió ni una sola coma”. 8Ello representa, sin lugar a dudas, una sumisión del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo.

Igualmente, para el dictamen de la iniciativa que desapareció 109 fondos y fideicomisos en 2020, se convocó a ejercicios de parlamento abierto. En estos foros participaron decenas de personas expertas en materia de ciencia y tecnología, medio ambiente, cine, derechos humanos, protección civil entre muchos otros temas más, sin embargo, las opiniones de estas personas no fueron escuchadas pues los fondos y fideicomisos que les beneficiaban desaparecieron.

En este tenor, resulta imperante que las iniciativas preferentes también sean sometidas a ejercicios de parlamento abierto a fin de que los distintos sectores de la ciudadanía sean escuchados.

Por lo ya expuesto, resulta de vital importancia que la legislación que rige al Poder Legislativo contemple mecanismos eficaces, confiables y estables para que realmente se incluya la opinión de la ciudadanía en la totalidad de los procesos legislativos en los que se realicen este tipo de ejercicios.

En virtud de todo lo expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Primero. Se reforma el artículo 85, numeral 1, fracción VIII, del Reglamento de Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 85.

1. El dictamen deberá contener los siguientes elementos:

I. [...]

II. [...];

III. [...];

IV. [...];

V. [...];

VI. [...];

VII. [...];

VIII. Proceso de análisis, señalando las actividades realizadas, como entrevistas, comparecencias, audiencias públicas o foros, y en su caso demás ejercicios de parlamento abierto que consideren la opinión de personas expertas de la academia, de la sociedad civil, de la iniciativa privada y de la ciudadanía en general, con el fin de tener mayores elementos para dictaminar y garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos y de participación ciudadana. En el dictamen se deberá justificar porqué fueron tomados o no en cuenta los argumentos vertidos en los ejercicios de parlamento abierto;

IX. [...];

X. [...];

XI. [...];

XII. [...]

a. [...]

b. [...]

c. [...]

d. [...]

XIII. [...]

XIV. [...]

XV. [...]

2. [...].

3. [...].

Segundo. Se reforma el numeral 3 del artículo 105 y se adiciona el numeral 3 al artículo 135 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 105.

1. [...]

2. [...]

3. Las comisiones contarán para el desempeño de sus tareas, con el espacio físico y virtual necesario para su trabajo , para la celebración de sus reuniones plenarias , así como para la celebración de reuniones de parlamento abierto. Por conducto de la Secretaría General de Servicios Parlamentarios, contarán con el apoyo técnico de carácter jurídico que sea pertinente para la formulación de proyectos de dictamen o de informes, así como para el levantamiento y registro de las actas de sus reuniones. En todo caso, las comisiones ordinarias contarán con un Secretario Técnico.

Artículo 135.

1. No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a la Constitución.

2. La iniciativa preferente podrá versar sobre cualquier materia y comprender uno o más ordenamientos cuando exista conexidad en los temas.

3. En iniciativas o minutas con carácter preferente, la comisión o comisiones dictaminadoras deberán de realizar al menos dos ejercicios de parlamento abierto que consideren la opinión de personas expertas de la academia, de la sociedad civil, de la iniciativa privada y de la ciudadanía en general.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Senado de la República, dentro de los 60 días siguientes a la publicación del presente decreto, hará las modificaciones correspondientes a su reglamento.

Notas

1 Sentencia a la Acción de Inconstitucionalidad 52/2006 y sus acumuladas, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ponente: Sergio A. Valls Hernández, 4 de enero de 2007,

<https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/Detalle Pub.aspx?AsuntoID=87580>

2 Niembro Ortega, Roberto; “Teorías de la Democracia. El caso Bonilla y la Jurisprudencia”; en La Argumentación constitucional de la Suprema Corte. A diez años de la reforma de derechos humanos. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas e Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro; México; 2021; p. 71.)

3 Cámara de Diputados. (2019). Parlamento abierto “Disposiciones relativas a Transparencia y Acceso a la Información Pública, de las Entidades Federativas.”. Cámara de Diputados. Recuperado de:

<http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-15-19.pdf >

4 Opening parlament.org. (2012). Declaratoria sobre la Transparencia Parlamentaria. Opening Parliament. Recuperado de:

<https://www.openingparliament.org/static/pdfs/spanish.pdf>

5 Alianza para el Parlamento Abierto. (2015,). Parlamento Abierto en México. Alianza para el Parlamento Abierto Recuperado de:

<https://www.parlamentoabierto.mx/principios/>

6 Alianza para el Parlamento Abierto. (2015). Principios de Parlamento Abierto en México. Alianza para el Parlamento Abierto. Recuperado de:

<https://www.parlamentoabierto.mx/principios/>

7 Bohórquez, Eduardo (coord.); Parlamento Abierto, Logros y Retos; Transparencia Mexicana; México; 2013;p.62.;

8 Jiménez, H. (2021). Sin cambiar una coma, diputados avalan reforma eléctrica de AMLO; va al Senado. El Universal. Recuperado de:

<https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/sin-cambiar-u na-coma-diputados-avalan-reforma-electrica-de-amlo-va-al-senado>

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2021.– Diputados: José Mauro Garza Marín, Jorge Álvarez Máynez (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 73 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Elizabeth Pérez Valdez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo del artículo 73 de la Ley de Migración, al tenor de la siguiente

Nuestro país tiene un papel estratégico en el tema migratorio tanto por su posición geográfica como por el creciente flujo migratorio, entre el cual, además, hay un número creciente de mujeres, niñas, niños y adolescentes, convirtiéndose en un país de origen, tránsito, destino y retorno. De hecho, nuestras fronteras son de las de mayor tránsito en el mundo al compartir fronteras con Estados Unidos, Guatemala y Belice. Es país de tránsito y de destino especialmente de trabajadores en la frontera sur y de refugiados. De origen principalmente de migrantes hacia Estados Unidos y Canadá y de retorno, tanto de migrantes mexicanos como centroamericanos principalmente desde los Estados Unidos.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, alrededor de 81 mil migrantes extranjeros ingresaron a nuestro país entre los meses de enero y noviembre de 2020. Siendo principalmente personas de los países de Honduras, Guatemala y El Salvador, en un año marcado por los cierres de fronteras y las restricciones de movimiento debido a la pandemia de Covid-19. Asimismo, el Fondo de las Nacionales Unidas para la Infancia (UNICEF) reveló que desde el inicio del año 2021 las cifras de niñas, niños y adolescentes migrantes paso de 380 a casi 3 mil 500 en tres meses, un incremento nueve veces superior, representando con ello el 30 por ciento de la población migrante.

La principal causa de migración de personas originarias de países de Centroamérica es por la persecución étnica, religiosa, racial, política y cultural empuja a las personas a abandonar su país, así como el impacto en el crecimiento económico y las oportunidades de empleo en los países de origen o en las políticas de migración en los países de destino o por factores medio ambientales que obligan a las personas a dejar su país de origen a consecuencia de desastres naturales, como inundaciones, huracanes y terremotos.

Por lo que es importante señalar que las familias centroamericanas no están emigrando, sino que están huyendo de la criminalidad que se vive día con día en sus comunidades, de la violencia doméstica, de la pobreza, de los desastres naturales y de la pérdida de empleo debido a la pandemia en sus países de origen. En este sentido, se estima que desde 2018, siete caravanas, superando el millar de personas, han cruzado por territorio mexicano con destino final a Estados Unidos.

Recientemente hemos sido testigos de cómo el actual gobierno del presidente López Obrador ha implementado políticas que afectan a las personas migrantes que pasar por nuestro país al realizar un operativo encabezados por la Guardia Nacional en contra la caravana migrante en Chiapas, que han deja lesionados y detenidos, así como el mantener a niñas niños y adolescentes migrantes en albergues violando diversas disposiciones legales así como instrumentos internacionales de los cuales nuestro país forma parte.

Así mismo, no podemos dejar de mencionar la actuación de las autoridades de nuestro país, que han adoptado una práctica similar a la de Estados Unidos, la cual consiste en separar a las niñas, niños y adolescentes migrantes de sus padres y madres, vulnerando con ello la unidad familiar, manteniendo a las niñas, niños y adolescentes migrantes alejados de sus familiares. En este sentido es importante señalar que de acuerdo con la organización Save The Children, separar a los niños de sus familias es cruel y tiene consecuencias emocionales y sociales graves y duraderas, ya que se afecta el estado físico y mental de las niñas, niños y adolescentes, no solo por la falta de atención y acceso a servicios básicos, sino también debido a la violencia y la explotación endémicas, muy frecuentes en localidades fronterizas como Ciudad Juárez, Nogales o Matamoros

Por lo expuesto y fundado, plenamente comprometida con los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y con el fin de garantizar el principio de unidad familiar, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 73 de la Ley de Migración

Único. Se adiciona un cuarto párrafo del artículo 73 de la Ley de Migración, al tenor de la siguiente

Artículo 73. La Secretaría deberá implementar acciones que permitan brindar una atención adecuada a los migrantes que, por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de vulnerabilidad como son las niñas, niños y adolescentes, las mujeres, las víctimas de delitos, las personas con discapacidad y las adultas mayores.

...

...

Las autoridades mexicanas harán lo posible por preservar la unidad y vínculos familiares, velando en todo momento por la protección y salvaguarda de los derechos humanos y el interés superior de la niñez de las personas migrantes que transitan por el territorio nacional. Cuando exista violencia familiar, las autoridades mexicanas podrán llevar a cabo medidas precautorias, a fin de proteger la integridad de las personas que pudieran estar en riesgo.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2021.– Diputadas: Edna Gisel Díaz Acevedo, Elizabeth Pérez Valdez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lidia Pérez Bárcenas, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Lidia Pérez Barcenas, diputada a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 70 y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, párrafo 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 46, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el siguiente

Planteamiento del problema

El Poder Legislativo ha sido una pieza clave en la democratización del país. No obstante, de acuerdo con diversos análisis sobre la calidad de nuestra democracia y estudios de opinión, las Cámaras que lo integran no cuentan con la confianza, credibilidad y reconocimiento social suficiente como instituciones del Estado, garantes de la división de poderes y de nuestro sistema representativo. Esta percepción puede restar legitimidad a las determinaciones de un órgano en donde, por su naturaleza, se configura la voluntad popular.

Se requiere, entonces, explorar formas novedosas de vinculación de los ciudadanos con el Congreso de la Unión para dotarlos de la información relevante y de las herramientas que les permitan influir en las decisiones legislativas que los afectan.

La transición de un régimen autoritario hacia otro donde tenga cabida mayor participación ciudadana en la toma de decisiones, elevará la calidad de nuestra incipiente democracia. Por tanto, es necesario fortalecer los lazos de la Cámara de Diputados con los ciudadanos; integrar a su sistema de Comisiones y Comités la figura y los principios del parlamento abierto, como una de varias medidas que debe adoptar la LXV Legislatura. Ello contribuirá a mejorar sus obligaciones de información y de rendición de cuentas, y acercará a los ciudadanos al ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales de sus representantes, estimulando un nexo permanente de participación y comunicación.

Argumentos que sustentan la iniciativa

La democratización de México no sólo significa elecciones limpias y respeto al voto público; equidad en las contiendas electorales, equilibrio de poderes, acceso a la información y mecanismos de rendición de cuentas. Exige incorporar a los ciudadanos a la toma de decisiones, en el marco de nuestra democracia representativa, que otorgue mayor reconocimiento y legitimidad a las determinaciones públicas que se toman en los ámbitos legislativo y gubernamental.

En las últimas décadas el Congreso mexicano se ha democratizado, fruto del pluralismo en su integración, lo que ha propiciado su mayor independencia. Circunstancia que le ha permitido introducir cambios fundamentales en su organización y funcionamiento, que reflejan de manera más fiel la diversidad política del país. El ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales se ha beneficiado con estos cambios. La legitimidad con que las ha desarrollado ha sido mayor. Sin embargo, la percepción que del Congreso tiene la sociedad no ha mejorado sustantivamente.

Según diversos estudios, la confianza y credibilidad en los Congresos de la región ha decaído. En su informe de datos agregados de 2015, el Latinobarómetro asegura que América Latina sobresale por la mala evaluación de las instituciones democráticas, particularmente los partidos y los Congresos. De acuerdo con este informe, en México el 60 por ciento de los entrevistados tienen una percepción negativa del parlamento y sólo el 17 por ciento se siente representado. 1

En materia de estudios de opinión, en una investigación publicada en 2017 por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República se asevera:

II. Al compararla con otras instituciones de gobierno, el Congreso de la Unión se encuentra entre las que menor aprobación tienen por parte de la ciudadanía. Junto con la policía y los partidos políticos, los legisladores son las figuras políticas con la peor imagen y a las que menos confianza le tiene la población; muy pocos electores se consideran bien representados por sus legisladores; y, si bien la mitad de la población afirma que los temas discutidos en el Congreso son de su interés, en realidad existe poco conocimiento acerca de las funciones de un legislador: 2

Los estudios coinciden con las expresiones que las y los legisladores escuchamos en campo al recorrer los distritos. Muchos ciudadanos ven a las diputadas y los diputados como entes ajenos, que sólo los visitamos al momento de solicitar su voto y luego nos olvidamos de ellos. Nuestros representados tienen escaso conocimiento de las tareas que realizamos y de la importancia de la Cámara de Diputados al ejercer sus funciones de legislación y control, para la marcha de nuestra nación.

Ciudadanos mejor informados, con canales de comunicación y participación más eficaces con las Cámaras del Congreso, fortalecerán al Poder Legislativo y le darán un nuevo impulso al proceso de democratización que vivimos.

La exigencia ciudadana ha llevado al Poder reformador de la Constitución a introducir cambios en el derecho a la información y del sistema de responsabilidades. La reforma constitucional del 7 de febrero de 2014 en materia de transparencia, fijó los cimientos de un nuevo paradigma en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Las bases y principios en que se sustenta este derecho tienen como eje la disposición de que toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública. Asimismo, que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

Las Leyes General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 4 de mayo de 2015, Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 9 de mayo de 2016 y General de Protección Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 26 de enero de 2017, desarrollan ese derecho y establecen las obligaciones en la materia para el Poder Legislativo. A partir del diseño de este sistema nacional de transparencia, los sujetos obligados han abierto la información en su poder y se han sometido con mayor rigor al escrutinio público. Las Cámaras del Congreso paulatinamente han dejado de ser opacas y han creado reglamentos, organismos y procedimientos para poner a disposición de quien lo solicite la información que poseen.

El nuevo sistema nacional recoge, en el artículo 59 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el concepto de gobierno abierto: indica que los organismos garantes, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuvarán con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la puesta en práctica de mecanismos de colaboración para la promoción y aplicación de políticas e instrumentos de apertura gubernamental.

La Ley Federal de Transparencia contiene todo un capítulo sobre gobierno abierto, desarrollado en los artículos 66 y 67, que a continuación se transcriben:

Artículo 66. Las Cámaras del Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo federal, el Poder Judicial de la Federación, los organismos constitucionalmente autónomos y demás sujetos obligados en el ámbito federal, en materia de gobierno abierto deberán

I. Establecer políticas internas para conducirse de forma transparente;

II. Generar las condiciones que permitan que permee la participación de ciudadanos y grupos de interés;

III. Crear mecanismos para rendir cuentas de sus acciones; y

IV. Promover la eficacia tanto en la organización de su trabajo como en su propio desempeño.

Artículo 67. En materia de gobierno abierto compete

I. A las Cámaras del Congreso de la Unión:

a) Permitir, de conformidad con su legislación interna, la participación ciudadana en el proceso legislativo;

b) Publicar activamente información en línea sobre las responsabilidades, tareas y funciones de las Cámaras;

c) Facilitar la formación de alianzas con grupos externos para reforzar la participación ciudadana en las Cámaras;

d) Permitir que la ciudadanía tenga acceso a información más comprensible a través de múltiples canales;

e) Publicar información legislativa con formatos abiertos;

f) Desarrollar plataformas digitales y otras herramientas que permiten la interacción ciudadana con las Cámaras del Congreso;

g) Desarrollar programas divulgativos dirigidos a jóvenes y comunidades históricamente marginadas; y

h) Garantizar que los procedimientos de apertura parlamentaria sean conformes a los estándares internacionales.

II....

En esa perspectiva se expidió, 8 de mayo de 2018, el Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, cuyo objeto es normar la actividad en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales en posesión de este sujeto obligado, archivos y parlamento abierto, con la finalidad de atender a los principios, bases generales y procedimientos que garanticen el cumplimiento de los artículos 6o. y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus normas reglamentarias, así como los tratados internacionales vigentes. Este reglamento contiene el título “Transparencia proactiva y parlamento abierto”.

Como puede observarse existe ya una regulación base sobre el concepto de parlamento abierto orientado a propiciar información de calidad y relevante, así como una mayor participación e interacción ciudadana con la Cámara de Diputados. Sin embargo, es necesario impulsar las medidas necesarias en la LXV Legislatura que inicia sus trabajos, para hacer realidad sus principios y propiciar que los ciudadanos participen en las decisiones parlamentarias que más les atañen.

En materia de información creemos que la Cámara de Diputados ha cumplido aceptablemente con los estándares exigido por las leyes y por el órgano garante. Empero, existe un déficit en materia de participación activa de la sociedad en sus procesos.

Las reformas legales en México en materia de transparencia estuvieron precedidas de iniciativas internacionales para estimular la participación ciudadana en los parlamentos. La Unión Interparlamentaria, organización internacional que agrupa a la totalidad de parlamentos democráticos del orbe, suscribió en 2010 la Declaración de Presidentes de Parlamentos, en la que se comprometen a “hacer nuestros parlamentos más representativos, transparentes, accesibles, efectivos y sujetos a rendición de cuentas y permitir a los diversos componentes de la sociedad, la participación en los procesos políticos decisorios”. 3

A este esfuerzo se sumó en 2011 la Alianza para el Gobierno Abierto, apoyada por 57 países que se comprometieron, entre otras cosas, a fomentar una mayor participación ciudadana en respuesta a las exigencias de transparencia y mejor gobierno. La Tercera cumbre de esta Alianza celebrada en Londres en 2013, incluyó como responsable de la transparencia gubernamental al Poder Legislativo. 4

Otra propuesta internacional que promovió la transparencia parlamentaria se llevó a cabo en 2012, con la presentación de la Declaración sobre Transparencia Parlamentaria, “cuyo propósito fue hacer un llamado a los congresos o parlamentos de distintas partes del mundo a promover mayor transparencia y participación ciudadana en el quehacer legislativo”. 5

En México las organizaciones de la sociedad civil han sido firmes impulsoras de esta agenda al instalar en septiembre 2014 la Alianza para el Parlamento Abierto, cuyo objetivo es promover que los 32 congresos locales y el Congreso de la Unión cumplan con los principios y acciones del parlamento abierto. 6De esa alianza se desprendió una declaración de transparencia legislativa, en la que participaron representantes del Congreso de la Unión. 7

Para la alianza citada, un “parlamento abierto es una institución legislativa que explica y justifica sus acciones y decisiones —es decir rinde cuentas—, que garantiza el acceso a la información pública de manera proactiva —es decir que es transparente—, que involucra en sus procesos la pluralidad de grupos políticos y sociales —es decir que cuenta con mecanismos de participación ciudadana-, y que para todo ello utiliza, estratégicamente las tecnologías de la información y la comunicación”. 8

La Alianza para el Parlamento Abierto ha definido 10 principios, con los que evalúa el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de transparencia, estos son: Derecho a la información; Participación ciudadana y rendición de cuentas; Información parlamentaria; Información presupuestal y administrativa; Información sobre legisladores y servidores públicos; Información histórica; Datos abiertos y software libre; Accesibilidad y difusión; Conflictos de interés y Legislación a favor del gobierno abierto.

En el Diagnóstico de parlamento abierto en México 2017 concluye que si las obligaciones de transparencia son asignatura pendiente, en sentido general, en los órganos legislativos, se puede afirmar que son pocas las buenas prácticas en materias como datos abiertos o información presupuestal y administrativa”. 9

En los cuatro años transcurridos desde que se publicó este diagnóstico ha habido avances en materia de parlamento abierto como se reconoce en diversos estudios 10 y en las calificaciones que a nivel federal el órgano garante ha reconocido a las Cámaras del Congreso de la Unión en el cumplimiento a sus distintas obligaciones de transparencia. Además de que en el debate académico se examinan los impactos que ha tenido la apertura parlamentaria en estimular la participación ciudadana y si ésta ha penetrado en los procesos de toma de decisiones, por ejemplo, en el proceso legislativo de aprobación de leyes.

La discusión sobre el parlamento abierto está más vigente que nunca. Para Khemvirg Puente, por ejemplo, su noción debe incluir no sólo la apertura de los procesos o la incorporación de las plataformas tecnológicas sino estándares de ética e integridad parlamentaria que eviten conflictos de interés, actos de corrupción o comportamientos deshonrosos para la institución. 11

Juan Carlos Cervantes Gómez, al hacer un recuento sobre la interpretación de dicho concepto destaca que la función de información del parlamento es un importante coadyuvante en la consolidación de la vida democrática y medio para superar el modelo de democracia como equilibrio, para pasar al estadio superior de la democracia participativa. Esa función se ha redimensionado a través del parlamento abierto, que reclama órganos legislativos eficaces para involucrar a la ciudadanía en asuntos públicos. 12

Con el triunfo de Morena en las elecciones federales de 2018 y la integración de una mayoría democrática en la Cámara de Diputados se colocó en la agenda del Congreso el fortalecimiento de la democracia participativa. A iniciativa del Grupo Parlamentario se aprobó la reforma constitucional para introducir en el máximo ordenamiento la figura de revocación del mandato del presidente de la república, ejercicio inédito que deberá celebrarse en marzo de 2022. Esta figura se suma a las ya existentes como la consulta popular y la iniciativa ciudadana.

En esa vertiente de preocupaciones se presentaron por diputadas y diputados de Morena durante la anterior Legislatura 5 iniciativas para introducir y desarrollar en la legislación del Congreso la figura del parlamento abierto sin que fueran dictaminadas. 13

Asimismo, en el proceso de integración de las Comisiones ordinarias y los comités de la pasada legislatura, las fuerzas que conformaron la Junta de Coordinación Política acordaron proponer al Pleno, y se aprobó el 12 de marzo de 2019, la creación del comité del parlamento abierto y participación ciudadana, en el marco de “una reforma profunda de la estructura orgánica, el funcionamiento, las facultades y la organización del Congreso de la Unión con el propósito de transformar su vida institucional”. 14El comité fue concebido en dicho acuerdo como un órgano auxiliar de las actividades de la Cámara de Diputados para atender y canalizar las peticiones de la ciudadanía, mantener un diálogo con personas y organizaciones, ampliar la accesibilidad al público de los procedimientos parlamentarios y la participación ciudadana. Además, se definían funciones relativas al fortalecimiento de la accesibilidad a la información parlamentaria; la definición de medios para hacer efectivo el derecho de las personas a participar en los procesos parlamentarios y realizar propuestas de carácter legislativo, así como atender las peticiones de orientación informativa que formulen los ciudadanos a la Cámara o a sus órganos.

El comité de parlamento abierto y participación ciudadana no fue integrado nunca, a pesar de que el 20 de febrero de 2020 el Pleno aprobó un acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos por el que se emiten los lineamientos para la implantación del parlamento abierto de la Cámara de Diputados.

El comité del parlamento abierto sustituiría en reforma posterior la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, el Comité de Información, Gestoría y Quejas, previsto en el artículo 46, párrafo segundo, de este ordenamiento desde la Ley Orgánica de 1999. El hecho es que este Comité tampoco se instaló en la anterior legislatura, incumpliendo con esta obligación y lesionando objetivamente el derecho de petición que tienen los ciudadanos que acuden a la Cámara de Diputados.

Motivada por las anteriores consideraciones, la presente iniciativa tiene como propósito instituir el Comité de Parlamento Abierto y Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de acercar a esta Cámara con los ciudadanos, desarrollar los principios del parlamento abierto y mantener la atención de peticiones que los ciudadanos realizan a la misma y a sus órganos. La reforma no tendría ningún costo adicional puesto que el Comité de Parlamento Abierto sustituiría al Comité de Información, Gestoría y Quejas, cambiando su enfoque sin renunciar a sus tareas de orientación informativa.

En el siguiente cuadro ilustramos los cambios propuestos al artículo 46, párrafo 2, de la mencionada ley.

Aprobar esta reforma significa materializar en la ley que nos rige un instrumento que le permitirá a la representación popular mejorar la relación y el intercambio con sus representados, explorar formas de participación ciudadana más allá de los foros y conferencias que se realizan cuando se estudia la reforma de alguna ley. Significa reforzar su función informativa, instaurar mecanismos para hacer partícipe a las y los ciudadanos de los procesos parlamentarios y de toma de decisiones en sede legislativa.

Fundamento legal

Con base en los motivos expuestos y con fundamento en los artículos 70 y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, párrafo 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 46, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el artículo 46, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 46.

1. ...

2. Para atender y canalizar las peticiones que formule la ciudadanía a la Cámara o a sus órganos, mantener el diálogo con las personas y organizaciones, así como proponer mecanismos de participación ciudadana en los procedimientos parlamentarios, se creará el comité de parlamento abierto y participación ciudadana.

3. a 5. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Valencia Escamilla, Laura. “Congresos locales y el impacto del parlamento abierto en la transparencia y rendición de cuentas”, en Parlamento abierto, principios básicos y experiencias nacionales,México, Cámara de Senadores, Instituto Belisario Domínguez, LXIV Legislatura, 2019, páginas 127-162.

2 De la O López, Felipe. La percepción de las y los mexicanos en el Congreso de la Unión, México, Cámara de Senadores, Instituto Belisario Domínguez, cuaderno de investigación número 37, noviembre de 2017, página 26.

3 Citado por Khemvirg Puente. “Rendición de cuentas y transparencia legislativa subnacional en México (2010-2016)”, en Transparencia legislativa y parlamento abierto, análisis institucional y contextual. Luna Pla, Issa, Puente, Khemvirg, Flores, Imer B. (coordinadores). México, UNAM/IIJ, 2018, página 49.

4 Patiño Fierro, Martha Patricia. “Ruta hacia la apertura legislativa en México: avances en el Congreso de la Unión”, en Parlamento abierto, principios básicos y experiencias nacionales. México, Cámara de Senadores, Instituto Belisario Domínguez, LXIV Legislatura, 2019, páginas 87-123.

5 Ibídem.

6 Méndez Mandujano, Miguel Ángel. “El parlamento abierto como gobernanza interactiva”, en Parlamento abierto, principios básicos y experiencias nacionales. México, Cámara de Senadores, Instituto Belisario Domínguez, LXIV Legislatura, 2019, páginas 13-49.

7 Patiño Fierro, Martha Patricia. “Ruta hacia la apertura legislativa en México: avances en el Congreso de la Unión...”, obra citada.

8 Alianza para el parlamento abierto, diagnóstico de parlamento abierto en México 2017, página 7.

9 En la presentación del Diagnósticos se precisa: “En 2014, un grupo de organizaciones de la sociedad civil comenzamos a trabajar en conjunto para proponer el parlamento abierto en México. Arena Ciudadana, Borde Político, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Gestión Social y Cooperación, Instituto Mexicano para la Competitividad, Impacto Legislativo, OPL, SocialTIC, Sonora Ciudadana, Transparencia Mexicana y Visión Legislativa trabajamos para ese fin: consolidar congresos que cumplan estándares y demandas ciudadanas en materia de apertura parlamentaria”.

10 Al respecto véanse los trabajos recogidos en Parlamento abierto, principios básicos y experiencias nacionales, Cámara de Senadores, Instituto Belisario Domínguez, LXIV Legislatura, México, 2019.

11 Puente, Khemvirg. “Rendición de cuentas y transparencia legislativa subnacional en México (2010-2016)”, obra citada, página 51.

12 Cervantes Gómez, Juan Carlos. “El papel de la función de información política del Poder Legislativo en el fortalecimiento de la representación”, en Anuari de Dret Parlamentari Corts Valencianes (33): 69-112, 2020.

13 Nos referimos a las siguientes iniciativas: de reforma de los artículos 79 y 133 del Reglamento de la Cámara de Diputados, de la diputada Juanita Guerra Mena; de reforma del artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, del diputado Javier Hidalgo Ponce; de reforma de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero, y de reforma del artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la diputada Lorena Villavicencio Ayala.

14 Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea el Comité de Parlamento Abierto y Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, anexo X, 12 de marzo de 2019,

http://gaceta.diputados.gob.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2021.– Diputada Lidia Pérez Bárcenas (rúbrica).»

«Iniciativa de decreto, por el que se declara la LXV Legislatura del Congreso de la Unión como “La Legislatura de la Diversidad y la Inclusión”, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, María Eugenia Hernández Pérez, diputada a la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión como “La Legislatura de la Diversidad y la Inclusión”, al tenor de la siguiente

Declarar que una Legislatura se dedica a un tema digno de conmemoración, contribuye a fortalecer la percepción y el aprecio social por ese tema. Esa declaratoria ayuda a posicionar el tema en el imaginario político y popular, de tal forma que no solo lo hace visible, sino que, además, promueve el debate y la consideración de las diversas ideas que existen en torno a la problemática que entraña el tema en cuestión. Por ejemplo, la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión fue declarada como la Legislatura de la Paridad de Género.

Esta declaratoria no solo rindió homenaje al hecho histórico de que, por primera vez, la integración de la Cámara de Diputados y del Senado de la República quedaba integrada prácticamente con 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de hombres, sino que, además contribuyó a que se llevaran a cabo reformas legislativas y acciones afirmativas destinadas a promover la paridad de género en diversos ámbitos de la vida pública e incluso en las esferas privada y social.

De hecho, la declaratoria de la LXIV Legislatura como la Legislatura de la Paridad de Género contribuyó de alguna manera a que la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados esté integrada con observancia exacta al principio de paridad de género, toda vez que estará compuesta por 250 diputadas y 250 diputados, es decir, la paridad perfecta.

Podemos observar así, que resaltar un tema específico, sobre todo un tema de amplio significado político y social, en la denominación de una legislatura del Poder Legislativo federal, tiene el enorme potencial de promover el diálogo y la formulación de propuestas para la problemática que entraña el tema en cuestión.

En este orden de ideas, la presente iniciativa propone que el Congreso de la Unión declare a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión como “La Legislatura de la Diversidad y la Inclusión”.

La propuesta tiene su razón de ser en que esta LXV Legislatura, sobre todo en la Cámara de Diputados, presenta la composición más diversa e incluyente de la historia, pues habrá 65 diputados de grupos habitualmente marginados, como son los indígenas, afrodescendientes, migrantes, de la diversidad sexual y personas con discapacidad.

En efecto, la Cámara de Diputados contará con 37 diputados indígenas, diez diputados migrantes, ocho diputados que son con discapacidad, seis diputados que son personas afromexicanas y cuatro diputados representantes de la diversidad sexual. i

Estos grupos sociales ya antes habían contado con presencia en el Congreso de la Unión, sin embargo, en esta LXV Legislatura su número es mayor, acercándose a las cuotas establecidas y su representatividad es más sólida, aunque hay que señalar que subsisten algunos vicios que siguen permitiendo que personas que no pertenecen a estos grupos usurpen la diputación, pero en mucho menor medida.

Tal representatividad se logró, en buena medida, gracias a la vigilancia y las correcciones que llevaron a cabo tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los cuales obligaron a los partidos políticos a respetar y garantizar las candidaturas de indígenas, afrodescendientes, migrantes, personas con discapacidad y representantes de la diversidad sexual, y que las candidaturas fueran suficientes y en posiciones competitivas.

Es importante destacar que este nivel de presencia de la diversidad en el Congreso de la Unión, tanto en lo referente al número como en lo relativo a la representatividad, obedece en gran medida a las acciones afirmativas o políticas públicas específicas que se han impulsado desde hace décadas, en respuesta a los reclamos y movilizaciones de estos grupos sociales en demanda de que sus derechos sean plenamente reconocidos.

Tales acciones afirmativas buscan compensar las condiciones que discriminan o segregan a ciertos grupos sociales en el ejercicio de sus derechos. “Pueden definirse como aquellas acciones cuyo objetivo es borrar o hacer desaparecer la discriminación existente en la actualidad o en el momento de su aplicación, corregir la pasada y evitar la futura, además de crear oportunidades para los sectores subordinados”, explica la propia Cámara de Diputados en el informe Acciones Afirmativas publicado en agosto del 2008. ii

En resumen: estoy plenamente convencida que una acción como la declaratoria por parte del Congreso de la Unión de que la LXV Legislatura sea “La Legislatura de la Diversidad y la Inclusión” contribuirá enormemente a visibilizar y consolidar esta tendencia en favor de la presencia y la representatividad de los grupos sociales históricamente marginados y insuficientemente representados en el Congreso de la Unión.

Con esta declaratoria, las diputadas y diputados pertenecientes a estos grupos sociales, podrán sentirse más respaldados para enfrentar los retos que encontrarán en la LXV Legislatura. Por ejemplo, legislar al respecto para que en próximas elecciones puedan tener acceso no solo a la Cámara de Diputados, sino también al Senado de la República y a los congresos locales, ya que las acciones afirmativas son solo de carácter temporal.

Del mismo modo, se sentirán respaldados para trabajar en función del bienestar del grupo social al que representan y no antepongan los intereses del partido que los abanderó o cuestiones políticas e ideológicas externas. Esto es crucial para lograr que la diversidad y la inclusión se consoliden y se traduzcan en mejores condiciones de vida para sus integrantes.

Este reto es fundamental, pues significa el fortalecimiento de la representatividad de las y los diputados provenientes de las cuotas de diversidad e inclusión. Se trata de que las iniciativas y propuestas que presenten se traduzcan en leyes específicas y políticas públicas que consoliden y acrecienten dicha diversidad y representatividad.

Cabe decir que, “lo más probable es que todas las cuotas sí impulsen legislaciones a favor de sus representados directos, sin embargo, eso no significa que la legislación se apruebe. Si a los partidos no les parece relevante o políticamente redituable en el momento, se quedarán en buenas intenciones, en un intento de representar.” iii

Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se declara a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión como “La Legislatura de la Diversidad y la Inclusión”.

Artículo Primero. El honorable Congreso de la Unión declara a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión como “La Legislatura de la Diversidad y la Inclusión”.

Artículo Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, toda la correspondencia oficial de ambas Cámaras del Congreso de la Unión deberá contener al rubro o al calce la siguiente leyenda: “LXV Legislatura: La Legislatura de la Diversidad y la Inclusión”.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

i “Llega la diversidad a la nueva Legislatura del Congreso”, consultado el 28 de agosto de 2021, disponible en

https://www.reporteindigo.com/reporte/llega-la-diversidad-a-la-n ueva-legislatura-del-congreso/

ii Ibid

iii“Principales retos en acciones afirmativas del Congreso”, consultado el 28 de agosto de 2021, disponible en

https://www.reporteindigo.com/reporte/principales-retos-en-accio nes-afirmativas-del-congreso/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2021.– Diputadas y diputados: María Eugenia Hernández Pérez, Víctor Gabriel Varela López, Jaime Martínez López, Javier Huerta Jurado, Azael Santiago Chepi, Alberto Villa Villegas, Martín Sandoval Soto, Otoniel García Montiel, Olga Leticia Chávez Rojas, Manuel de Jesús Narcia Coutiño, Martha Robles Ortíz, Alma Delia Navarrete Rivera, Nancy Yadira Santiago Marcos, Jesús Roberto Briano Borunda, Armando Corona Arvizu, María Isabel Alfaro Morales, Lidia García Anaya, Celestina Castillo Secundino, Claudia Selene Ávila Flores, Rosa Hernández Espejo, Gerardo Fernández Noroña, Janicie Contreras García, Graciela Sánchez Ortiz, Sandra Luz Navarro Conkle, Manuel Guillermo Chapman Moreno, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Alma Anahí González Hernández, Irma Juan Carlos, Juanita Guerra Mena, Leonor Coutiño Gutiérrez, Salma Luévano Luna (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Miguel Ángel Varela Pinedo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que se suscribe, diputado Miguel Ángel Varela Pinedo, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos, en base a las siguiente:

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, actualmente el sector minero metalúrgico en nuestro país representa el 8.2 por ciento del producto interno bruto industrial y el 2.4 por ciento del PIB nacional y coloca a nuestro país en el primer lugar a nivel mundial en producción de plata. 1

La industria minero-metalúrgica mexicana es una de las más competitivas del mundo, ello, derivado de la riqueza geológica de nuestro país, lo cual es un gran incentivo para la atracción de la inversión nacional y extranjera, es así que esta actividad se encuentra presente en 24 de las 32 entidades federativas del territorio nacional y en aproximadamente 127 municipios, logrando en las zonas de extracción minera una derrama económica importante, principalmente por la generación de empleos y el consumo de bienes y servicios, sin embargo también ocasionando un impacto ambiental.

Es en ese sentido es que en la Ley Federal de Derechos para el ejercicio fiscal 2014, se establece el pago de Derechos Especial, Adicional y Extraordinario para empresas mineras, con el objetivo de elevar la calidad de vida de los habitantes en las zonas de extracción minera, ingresos por pago de derechos que se concentrarían el “Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros”, mejor conocido como Fondo Minero.

Este fondo, tenía como propósito mitigar los efectos de la actividad minera en las zonas de realización de esta actividad, proporcionando a los estados y municipios un presupuesto adicional para la ejecución de acciones con un impacto social, ambiental y de desarrollo positivo en las comunidades mineras.

Lo anterior se tradujo en obras de infraestructura social, educativa, transporte, conservación del medio ambiente y movilidad, beneficiando a millones de ciudadanos, durante el tiempo de su implementación. Ello, porque hasta antes de 2019, los ingresos obtenidos por el pago de derechos derivados de la extracción minera, se asignaban en un 77.5 por ciento al Fondo Minero, un 2.5 por ciento se entregaban a la Secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) para la operación de dicho fondo y el 20 por ciento restante eran destinado a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para obras de infraestructura.

De los 77.5 del Fondo Minero, el 62.5 por ciento se destinaba a los municipios en donde se llevaban a cabo las actividades mineras y el 37.5 por ciento se asignaban a la entidad correspondiente, con lo que se financiaban los proyectos de infraestructura.

Sin embargo, y derivado de la discusión del paquete económico para el ejercicio fiscal 2019 se decide cambiar el destino de los recursos del “Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros”, así como la dependencia a cargo de ejercer dichos recursos, rompiendo el vínculo con las comunidades mineras, que son las principalmente impactadas por las actividades de exploración y extracción minera.

Actualmente, el 85 por ciento de los ingresos obtenidos por este derecho especial se destina a la Secretaria de Educación Pública, supuestamente para aplicarse en “acciones para mejorar las condiciones de los centros educativos y de los servicios de salud, así como en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo humano positivo”, y el 5 por ciento se asigna para su administración, mientras que el 15 por ciento restante se asigna un 5 por ciento a la Secretaria de Economía para llevar a cabo acciones de fortalecimiento del sector minero y el 10 por ciento se determina al gobierno federal para proyectos de inversión física.

Lo cierto es, que no queda claro por qué los recursos que deberían quedarse en las zonas impactadas derivado de la actividad minera, terminan yéndose a la Secretaría de Educación Pública, cuando esta cuenta con un presupuesto propio para cumplir con sus objetivos y llevar a cabo proyectos de infraestructura educativa.

Desde la que se aprobó la reforma de 2014, se afectó a 27 estados y 225 municipios mineros, muchos de ellos rezagados y en condiciones de pobreza.

Un claro ejemplo es Zacatecas, entidad con vocación minera, en la que estos recursos adicionales proporcionaban a los gobiernos municipios un impulso importante en el cumplimiento de sus objetivos de proporcionar servicios básicos a la ciudadanía, ya que se destinaban principalmente para obra pública de infraestructura municipal.

Por lo que resulta de suma importancia y además de justicia, que esos recursos regresen a los municipios en donde se realizan las actividades mineras, reconocemos que el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros debía perfeccionarse en cuanto a sus mecanismos de participación ciudadano y de transparencia, pero también estamos conscientes que abandonar a los municipios de estas zonas no es la solución que se requiere.

Derivado de lo anterior, propongo reformar los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos para regresar al Fondo Minero su finalidad y objetivos para que los ciudadanos de las regiones con actividades mineras puedan compensar el impacto en sus comunidades con obras que les permitan mejorar su entorno y su calidad de vida.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado someto ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma y adiciona los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos, en materia del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros

Único. Se reforman y adicionan los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 271. El Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros se integrará con los recursos por derechos sobre minería a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta Ley y deberán ser empleados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, incluyendo:

I. La construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares, así como de espacios públicos urbanos;

II. a V. .....

Artículo 275. Los estados y la Ciudad de México participarán en los ingresos de los derechos sobre minería a que se refiere el artículo 263 de esta Ley, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

Para los efectos del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, no se incluirá en la recaudación federal participable, la recaudación total que se obtenga de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta Ley, y se destinará en un 77.5 por ciento al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, el cual se distribuirá, en un 62.5 por ciento a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales y el 37.5 por ciento restante a la entidad federativa correspondiente, a fin de que se apliquen en términos de lo dispuesto por el artículo 271 de esta Ley, y en un 2.5 por ciento a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para desempeñar las funciones encomendadas en el presente Capítulo.

La distribución de estos recursos entre los municipios y demarcaciones del Distrito Federal, y entre las entidades federativas correspondientes, se determinará con base en el porcentaje del valor de la actividad extractiva del municipio o demarcación del Distrito Federal correspondiente, respecto del valor total de la actividad extractiva en el territorio nacional, de acuerdo al registro estadístico de producción minera que para tales efectos elabore la Secretaría de Economía en el año que corresponda.

Para aplicar los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, se conformará en cada entidad federativa un Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras, el cual estará integrado por un representante de la Adminis-ración Pública Federal, en este caso, por parte del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a cargo del Comité; un representante del gobierno del estado o del Distrito Federal; un representante del o de los municipios o demarcaciones en donde se localicen las actividades mineras; en los casos en donde éstas se realicen en comunidades indígenas o agrarias, un representante de dichas comunidades, así como un representante de las empresas mineras relevantes con actividades en la demarcación.

Los ingresos que obtenga el gobierno federal derivado de la aplicación de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de esta Ley, se destinaran a programas de infraestructura aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejer cicio que corresponda.

Con periodicidad trimestral, las entidades federativas deberán publicar, entre otros medios, a través de su página oficial de Internet, y entregar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información relativa a los montos que reciban, el ejercicio y destino del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, desagregándola en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 “Acciones y Programas, Minería”, Secretaria de Economía, el cual puede ser consultado en la siguiente página electrónica:

https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre del 2021.– Diputado Miguel Ángel Varela Pinedo (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 164 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a cargo del diputado José Antonio Gutiérrez Jardón, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, José Antonio Gutiérrez Jardón, integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a consideración del pleno iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 164 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, al tenor de la siguiente

El 9 de agosto de 2021, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), publicó en su informe anual que se han registrado cambios en el clima en todas las regiones y en el sistema climático en su conjunto. Muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en cientos de miles de años, y algunos de los cambios que ya se están produciendo, como el cambio continuo del nivel de mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios.

Con base en el informe, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las actividades humanas son responsables de un calentamiento de aproximadamente 1.1 grados Celsius desde 1850-1900, y se prevé que la temperatura mundial en promedio durante los próximos 20 años alcanzará o superará un calentamiento de 1.5 grados. Este dato es fruto de la mejora de los conjuntos de datos de observación para evaluar el calentamiento histórico, así como de los progresos en el conocimiento científico de la respuesta del sistema climática a las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el ser humano.

Algunas consecuencias derivadas de los primeros efectos del cambio de temperatura en algunas regiones del planeta que se han identificado son: intensificación del ciclo hidrológico, zonas costeras experimentarán un aumento continuo del nivel del mar, cambios a ecosistemas oceánicos, zonas de la tierra más calientes o cálidas lo que originará inundaciones y fenómenos meteorológicos.

En agosto de 2019, el IPCC publicó un informe especial sobre cambio climático y la tierra, la seguridad alimentaria y los flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas terrestres. En este estudio se detalló el grado de responsabilidad de la agricultura y la ganadería en la producción de gases y pesticidas de control de plaga entre otros factores, resultando alarmante la contribución del sector primario a la aceleración del calentamiento global.

Para los investigadores del IPCC, existe la manera de estabilizar el clima, adoptando medidas rápidas y sostenidas reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero para finalmente lograr cero emisiones netas de CO2. Asimismo, limitar otros gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos, especialmente el metano, derivado principalmente de actividades agroalimentarias, que es de los sectores más contaminantes.

En ese sentido, en el Grupo Parlamentario del PRI somos sensibles a los escenarios prospectivos que el grupo de investigadores del IPCC han establecido, ya que, de no haber retroceso en el método de producción del sector primario, las consecuencias pueden ser devastadoras para las generaciones futuras en nuestro país. En ese sentido, estamos proponiendo medidas legislativas encaminadas a reformar el marco jurídico existente en el ámbito de nuestra competencia y en congruencia con nuestra agenda legislativa sobre un campo sustentable, que tiene como propósito minimizar los impactos ambientales negativos.

En México, los campesinos representan 73 por ciento de las unidades económicas rurales, cerca de 3.8 millones de productores realizan una agricultura familiar de autoconsumo y que no reciben apoyos en bienes y servicios públicos acordes a su regionalización, usos y costumbres y situación económica. Estas unidades de producción no fueron incluidas en el esquema productivo de gran escala y la renta del sector rural sobre la base de la tecnificación sustentable.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura define la agroecología como una disciplina científica: como ciencia, estudia cómo los diferentes componentes del agroecosistema interactúan. Como un conjunto de prácticas, busca sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y estabilizan la producción. Bajo este orden, México debe adoptar medidas y herramientas agroecológicas en sus sistemas de producción primario, que le permitan alcanzar seguridad y soberanía alimentaria sin desproteger el ambiente.

Ley de Desarrollo Rural Sustentable

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) es un ordenamiento jurídico federal que tiene como objetivo instrumentar la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según lo previsto en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La LDRS si bien ya contempla dentro de sus disposiciones normativas el cuidado del medio ambiente en su proemio y en su capitulado, incluyendo la instrumentación de un Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, que tiene dentro de sus objetivos presupuestales medidas apoyando la producción con enfoque ambiental, no establece ni precisa que tipo de estrategias en particular se deben implementar para la producción sustentable.

Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024

En el Programa Sectorial de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2020, se declara que la política agroalimentaria asume el principio de economía para el bienestar, sustentada en la relevancia de los productores de pequeña y mediana escala, quienes constituyen 85 por ciento de los productores agroalimentarios.

En esta nueva política agroalimentaria el programa sectorial impulsará el desarrollo local, con base en criterios claros y precisos sobre la necesidad de alcanzar las metas de producción de alimentos saludables y de calidad para el país, al tiempo que se incrementen los ingresos de los productores rurales. Lo anterior se llevará a cabo a través de factores como asociatividad y organización económica productiva que permitan a los pequeños y a los medianos productores incorporarse a las cadenas de valor, asociarse entre ellos o vincularse estratégicamente con empresas que les permitan el acceso a los grandes mercados.

De manera específica, el programa sectorial en su objetivo 3 propone incrementar las practicas de producción sostenible en el sector agropecuario y acuícola frente a los riesgos agroclimáticos. Reconoce que en el sector primario hay sobreexplotación de los recursos naturales, que se manifiesta en suelos agrícolas deteriorados, mantos acuíferos sobreexplotados, y reducción de la biodiversidad. Establece un nuevo sistema agroalimentario y nutricional justo, saludable y sustentable a través del incremento de la producción y la productividad; sin embargo, no precisa de forma clara además de pagos directos a productor, que otra alternativa sustentable y de cuidado del medio ambiente pueden tener acceso los productores para tratar de alcanzar las metas a las que se refiere el programa sectorial de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

En el Grupo Parlamentario del PRI, con la experiencia que nos respalda, reconocemos la importancia del cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad de los medio de producción, por lo que reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para incorporar un método efectivo de producción agroecológica, permitiría a los productores de pequeña y mediana escala obtener herramientas de extensionismo rural y sostenibles que coadyuben con el medio ambiente y fortalezcan la producción agrícola, forestal y pesquera.

Por lo expuesto y fundado en el proemio de la iniciativa someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:

Único. Se reforma el artículo 164 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Artículos 1o. a 163, ...

Artículo 164. La sustentabilidad será criterio rector en el fomento a las actividades productivas, a fin de lograr el uso racional de los recursos naturales, su preservación y mejoramiento, al igual que la viabilidad económica de la producción mediante procesos productivos socialmente aceptables.

Quienes hagan uso productivo de las tierras deberán seleccionar técnicas preferentemente agroecológicas y cultivos que garanticen la conservación o incremento de la productividad, de acuerdo con la aptitud de las tierras y las condiciones socioeconómicas de los productores. En el caso del uso de tierras de pastoreo, se deberán observar las recomendaciones oficiales sobre carga animal o, en su caso, justificar una dotación mayor de ganado.

Único. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2021.– Diputados y diputadas: José Antonio Gutiérrez Jardón, Rodrigo Fuentes Ávila, José Francisco Yunez Zorrilla, Sue Ellen Bernal Bolnik, Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, María Elena Serrano Maldonado, Sayonara Vargas Rodríguez, María del Refugio Camarena Jáuregui, Andrés Mauricio Cantú Ramírez, María de Jesús Aguirre Maldonado, Pedro Armentía López, Roberto Carlos López García, Augusto Gómez Villanueva, Miguel Sámano Peralta, Melissa Estefanía Vargas Camacho, Jazmín Jaimes Albarrán, Cristina Amezcua González, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Marco Antonio Mendoza Bustamante, Laura Lorena Navarro Zamorano, Mariano González Aguirre, María Guadalupe Alcántara Rojas, Ivonne Sabrina Díaz Tejeda Nélida, Lorena Piñón Rivera, Adriana Campos Huirache, Reynel Rodríguez Muñoz, José Guadalupe Fletes Araiza, Marcela Guerra Castillo (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada federal Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario Morena, en ejercicio de la facultad que confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Para efectos de la presente iniciativa, se entenderá por:

• El Estatuto al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y

• La Corte a la Corte Penal Internacional

Antecedentes y competencia de La Corte.

El genocidio de bosnio en la guerra de los Balcanes y el genocidio en Ruanda en 1994 fueron los dos eventos que detonaron la puesta en marcha de medidas concretas para la creación de un Tribunal de tipo penal que pudiera juzgar y castigar los crímenes de guerra, lesa humanidad y de graves y amplias violaciones a los derechos humanos más elementales y reconocidos.

Es bajo este antecedente que, en julio de 1998 en la ciudad de Roma, Italia, se celebró una conferencia diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas para abordar el tema del establecimiento de La Corte, Corte que se ajustaría a dos principios básicos:

• Nullum crimen sine lege, que significa que no hay delito sin previa ley penal que lo tipifique, y

• Nulla poena sine lege, esto es, ningún castigo sino está establecido previamente.

Es así como se crea El Estatuto que dio lugar a la creación de La Corte y que establece la responsabilidad penal de los individuos que cometan genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, y contempla un mecanismo de enjuiciamiento y cooperación internacional que garantiza que los individuos que incurran en los tipos de delitos anteriormente mencionados no tengan alternativas para evadir la responsabilidad penal que esto conlleva, sin importar el lugar donde se encuentre ni el tiempo que haya pasado desde que se empleo la conducta.

Se reafirma en el artículo 1 de El Estatuto que éste es el instrumento que da lugar a la creación de La Corte bajo lo siguiente:

“Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional (“la Corte”). La Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto.”

El Estatuto también contempla la estructura orgánica de La Corte, así como el procedimiento que debe seguir la misma, esto partiendo de la investigación hasta la dictaminación de una sentencia, un régimen de impugnaciones y también prevé las reglas pertinentes para la ejecución de las penas lo que se conforma con sistemas de revisión y abreviación o reducción se sanciones.

El 17 de julio de 1998, fue aprobado por 120 Estados El Estatuto, sin embargo, entró en vigor hasta el 1 de julio de 2002, después de haber sido ratificado por 60 países.

Posteriormente, en marzo de 2010, 111 países, pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas, ya eran Estados parte de El Estatuto, de estos, 30 son estados africanos, 15 asiáticos, 17 de Europa Oriental, 25 son Estados europeos occidentales y 24 de América Latina y el Caribe, entre estos últimos, México.

El Estatuto define a La Corte como una institución permanente que está facultada para ejercer jurisdicción sobre todas aquellas personas que hayan cometido crímenes graves de trascendencia internacional, esto conforme a lo establecido en El Estatuto en cuanto a su competencia y funcionamiento, funcionamiento que es de carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. La Corte cuenta con personalidad jurídica propia a nivel internacional, además de contar con capacidad jurídica para desarrollar sus funciones y lograr sus objetivos planteados.

Los primeros asuntos tratados por La Corte fueron relacionados con crímenes internacionales derivados de guerras, levantamientos armados y aniquilación de poderes estatales en las Repúblicas Democráticas del Congo, la centroafricana y la de Uganda, estos remitidos por los gobiernos de esos mismos países, también, uno de los primeros casos atendidos por la Corte fue el relacionado a las matanzas de la provincia de Darfur en la República de Sudán, enviado a la Corte por el Congreso de Seguridad de la ONU.

La Corte se considera una extensión de la jurisdicción penal internacional, pues fue creada por un tratado cuya ratificación por parte de la autoridad parlamentaria nacional lo convierte en parte del derecho nacional, esto para que la función de La Corte no afectará la soberanía nacional ni pase por encima de ningún sistema nacional deseoso y capaz de cumplir con sus obligaciones convencionales.

La competencia de La Corte está dedicada solamente a los Estados miembros y su ejercicio es bajo el principio de complementariedad, como se mencionó anteriormente, funcionando como complemento de los sistemas jurídicos nacionales, dicha naturaleza complementaria se establece en el artículo 17 de El Estatuto donde se deja claro que La Corte adquiere competencia ante la inoperancia de las jurisdicciones nacionales, pues señala lo siguiente:

“Cuestiones de admisibilidad

1. La Corte teniendo en cuenta el décimo párrafo del preámbulo y el artículo 1, resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando:

a) El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que tenga jurisdicción sobre él salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo;

b) El asunto haya sido objeto de investigación por un Estado que tenga jurisdicción sobre él y éste haya decidido no incoar acción penal contra la persona de que se trate, salvo que la decisión haya obedecido a que no esté dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo;

c) La persona de que se trate haya sido ya enjuiciada por la conducta a que se refiere la denuncia, y la Corte no pueda adelantar el juicio con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 20;

d) El asunto no sea de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras medidas por la Corte.

2. A fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto determinado, la Corte examinará, teniendo en cuenta los principios de un proceso con las debidas garantías reconocidos por el derecho internacional, si se da una o varias de las siguientes circunstancias, según el caso:

a) Que el juicio ya haya estado o esté en marcha o que la decisión nacional haya sido adoptada con el propósito de sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la Corte, según lo dispuesto en el artículo 5;

b) Que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia;

c) Que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial y haya sido o esté siendo sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia.

3. A fin de determinar la incapacidad para investigar o enjuiciar en un asunto determinado, la Corte examinará si el Estado, debido al colapso total o sustancial de su administración nacional de justicia o al hecho de que carece de ella, no puede hacer comparecer al acusado, no dispone de las pruebas y los testimonios necesarios o no está por otras razones en condiciones de llevar a cabo el juicio.”

En suma, la jurisdicción penal nacional tiene prioridad sobre La Corte y ésta sólo puede ejercer su competencia en dos casos: Cuando el sistema jurídico nacional se vea desplomado y cuando un sistema jurídico nacional rechaza o incumple sus obligaciones de investigar, perseguir, o enjuiciar a personas que se sospecha, han cometido alguno de los crímenes sobre los que tiene jurisdicción La Corte.

Es de señalar que La Corte es una herramienta que nace de la demanda social y la necesidad de perseguir y castigar a los responsables de crímenes como los de lesa humanidad, los de guerra, entre otros para actuar, como se mencionó anteriormente, cuando las instituciones nacionales de justicia carecen de interés y decisión o son incapaces de actuar y combatir la impunidad de los delitos de su competencia.

Los crímenes de la competencia jurídica de La Corte están estipulados explícitamente en el artículo 5 de El Estatuto que señala que:

“Crímenes de la competencia de la Corte

1. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes:

a) El crimen de genocidio;

b) Los crímenes de lesa humanidad;

c) Los crímenes de guerra;

d) El crimen de agresión.

2. La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123 en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará. Esa disposición será compatible con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas.”

Los crímenes de competencia de La Corte anteriormente mencionados están definidos en El Estatuto. En cuanto al genocidio, en el artículo 6 de El Estatuto se define como:

“...cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:

a) Matanza de miembros del grupo;

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;

d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo;

e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.”

Los crímenes de lesa humanidad los define en el artículo 7 de El Estatuto y vale la pena hacer la cita textual, pues algunos de ellos han estado presentes en la historia de nuestra nación y es una de las razones principales por las que se crea esta iniciativa:

“1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato;

b) Exterminio;

c) Esclavitud;

d) Deportación o traslado forzoso de población;

e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;

f) Tortura;

g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;

i) Desaparición forzada de personas;

j) El crimen de apartheid;

k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

2. A los efectos del párrafo 1:

a) Por “ataque contra una población civil” se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política;

b) El “exterminio” comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población;

c) Por “esclavitud” se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños;

d) Por “deportación o traslado forzoso de población” se entenderá el desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional;

e) Por “tortura” se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas;

f) Por “embarazo forzado” se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo;

g) Por “persecución” se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad;

h) Por “el crimen de apartheid” se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen;

i) Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.

3. A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término “género” se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. El término “género” no tendrá más acepción que la que antecede.”

Para lo correspondiente a los crímenes de guerra, El Estatuto en su artículo 8 señala un catálogo extenso de los crímenes que se consideran de guerra, cuya esencia descansa fundamentalmente en las infracciones a los principios internacionales que rigen las acciones bélicas.

México, La Corte y El Estatuto.

Los Estados Unidos Mexicanos han aceptado la jurisdicción de distintos organismos internacionales, tales como la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y La Corte. Sin embargo, la discusión radica en cuanto a los términos en los que se ha aceptado la jurisdicción de dichos organismos, pues en ocasiones las formas pueden afectar directa o indirectamente la eficacia en los hechos de los medios de solución de controversia internacionales.

En cuanto a México, durante la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas para la creación de La Corte llevada a cabo en 1998, guardaba una postura a favor de la creación de dicho organismo, pero con ciertas reservas. El entonces embajador Sergio González Gálvez declaró:

“México apoya firmemente la creación de la Corte Penal Internacional, como un importante paso en el desarrollo del Derecho Penal Internacional, sin embargo, se requiere un Estatuto para este Tribunal que garantice su independencia frente a cualquier organismo internacional, gubernamental o no gubernamental, incluyendo el Consejo de Seguridad de la ONU”

Para la representación diplomática mexicana eran de suma importancia varios aspectos, entre los que destacaban: el definir los casos en los cuales tendría competencia La Corte y que está no sustituyera los sistemas judiciales nacionales en vigor, sino que funcionaran como complemento para castigar individuos responsables de delitos internacionales y que el principio de complementariedad no debía basarse en el consentimiento de los Estados.

México fue uno de los veintiún Estados que decidieron abstenerse de votar del Estatuto de Roma en 1998 por el que se creaba La Corte, sin embargo, fue aprobado en su mayoría.

Fue hasta el 7 de septiembre del año 2000 que México firma El Estatuto por medio de la entonces embajadora de México en Argentina, Rosario Green, esto, durante la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, pues en la resolución final de la cumbre se exhortó a los Estados a ratificar El Estatuto. Este acto obligaba al Estado Mexicano a garantizar que se apliquen las disposiciones de El Estatuto sin modificar o excluir sus efectos.

México firmó El Estatuto tomando en cuenta varias consideraciones jurídicas y políticas dentro de las cuales prevaleció el ánimo de acrecentar la justicia penal internacional. Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores declaró mediante un comunicado que, la decisión de firmar el Estatuto recae en el hecho:

“de que los principios que sustentan esta iniciativa (la creación de la Corte), son convicciones esenciales de la nación mexicana. Se basa también en el reconocimiento mexicano de la culminación del esfuerzo de la comunidad internacional para establecer una jurisdicción penal internacional que garantice la protección de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad en el caso de las violaciones de lesa humanidad”

Mencionada firma se dio bajo el principio de ad-referéndum estipulado en la fracción III del artículo 2 de la Ley Sobre Celebración de Tratados, que es:

“el acto mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos hacen constar que su consentimiento en obligarse por un tratado requiere, para ser considerado como definitivo, de su posterior ratificación”.

Es bajo el mandato constitucional formulado en el artículo 133 de nuestra Carta Magna que manda lo siguiente:

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. ....”

que, un año y tres meses después, el entonces presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, envió al Senado de la República la iniciativa que debía adecuar la legislación mexicana para reconocer la plena jurisdicción de La Corte en territorio nacional, la propuesta inicial que daría entrada a La Corte expresaba lo siguiente:

“La jurisdicción de los tribunales internacionales establecidos en tratados de los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte, será reconocida en los términos y conforme a los procedimientos establecidos en dichos tratados.

En los casos del orden penal, los procedimientos que lleven a cabo dichos tribunales, así como el cumplimiento de sus resoluciones y sentencias, serán reconocidos y ejecutados por el Estado Mexicano de conformidad con lo dispuesto en el tratado internacional respectivo.

Las resoluciones, así como las sentencias irrevocables emitidas por tales tribunales, gozarán de fuerza obligatoria, las autoridades administrativas y judiciales del fuero federal, común y militar deberán garantizar su cumplimiento conforme a lo dispuesto en las leyes”

Entre los argumentos de dicho proyecto de decreto enviado por el Ejecutivo federal destacaron: El conciliar el orden normativo interno con el derecho internacional y el constituir la ratificación de El Estatuto en apoyo a la vigencia del derecho internacional y al rechazo de los graves crímenes que son competencia de la Corte Penal Internacional.

Mencionada iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, Justicia, Derechos Humanos y de Estudios Legislativos de la Cámara Alta. Dichas comisiones encargadas de dictaminar la iniciativa no consideraron conveniente en ese momento establecer una jurisdicción en general de tribunales internacionales, que abría la puesta a que fueran considerados los presentes y futuros tratados ratificados por nuestra nación, por lo que modificaron el proyecto enviado por el ejecutivo, acotando la propuesta.

Quedando como sigue:

“El Ejecutivo federal podrá con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.”

De acuerdo con el Dictamen de las Comisiones Unidas este texto propuesto que modificaba de forma drástica lo enviado por el Ejecutivo federal se justificaba en lo siguiente:

“Estas comisiones proponen adicionar con un quinto párrafo el articulo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose los demás en su orden para que el Senado, garante de la política exterior, autorice el ejercicio de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en el ámbito de su competencia.”

Sin embargo, hubo legisladores que manifestaron su inconformidad con el dictamen, por parte del Senado de la República, el entonces senador Jesús Ortega Martínez de la bancada del Partido de la Revolución Democrática, manifestó que:

“Si no aprobamos plenamente la jurisdicción de la Corte, entonces no estamos siendo congruentes con las virtudes que le reconocemos a la propia Corte. Es necesaria la Corte para ampliar las garantías de respeto a los derechos humanos. Planteamos una reforma Constitucional para que México sea parte de la Corte Penal Internacional, para que el Senado pueda ratificar el Estatuto de Roma, pero la reforma constitucional que queremos hacer no acepta plenamente la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.”

En cuanto a la Cámara de Diputados el entonces Diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos de la bancada del Partido del Trabajo señaló que:

“Estimamos que el contenido del dictamen en sí mismo constituye una reserva a las disposiciones del Tratado de Roma ya que considera que el Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Esto significa que no se admiten de manera lisa y llana, las disposiciones del Tratado de Roma, sino que casuísticamente el Ejecutivo federal y el Senado de la Republica determinaran, termino señor presidente, a quien ponen a disposición de la Corte Penal y a quien no.”

Sin embargo, y a pesar de las posiciones encontradas, la propuesta de las Comisiones Unidas fue aprobada por el pleno de la Cámara de Senadores con 93 votos a favor y 10 en contra, en diciembre del 2002. Posterior a ello y siguiendo con el proceso legislativo que tiene que llevar una iniciativa de Ley, llegó a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para esta cumpliese con su función de cámara revisora, aprobando dos años después la minuta del Senado en los términos que fue enviada. La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio del 2005.

Publicada la reforma constitucional, la cual en su momento fue cuestionada por la redacción también por altas autoridades de La Corte pues establecía en los hechos un posible obstáculo a la plena jurisdicción de la Corte en México, fue entonces que el Senado de la República con fundamento en la fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobó el 21 de junio de 2005 la suscripción a El Estatuto, dicha ratificación senatorial fue depositada ante la Organización de las Naciones Unidas el 28 de octubre del mismo año y en consecuencia, El Estatuto entro en vigor en México el 1ro de enero del 2006. Mencionado acto, posicionó a México como el país número 100 de El Estatuto.

Siguiendo en lo cuestionado por las autoridades de la Corte y por algunos legisladores de aquel entonces, la problemática de México era adecuar El Estatuto dentro de la legislación mexicana para poder tener presente, en la misma, la existencia de La Corte, así como su competencia en territorio nacional. Después de varias propuestas con distintos enfoques, finalmente como se mencionó anteriormente, el poder legislativo decidió agregar un párrafo al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo que se refiere a la competencia sobre la imposición de penas para quedar como sigue:

Artículo 21. ...

...

...

...

...

...

...

El Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

...

...

a) a e) ...

...

...

...

Es de mencionar que en el documento aprobado por el Poder Legislativo para reformar el artículo anteriormente citado solo existe un artículo transitorio relativo a la entrada en vigor del decreto.

Esta postura del gobierno mexicano fue vista como desafortunada desde el punto de vista del derecho internacional, pues como se observa en el párrafo añadido no se tiene un reconocimiento llano de la jurisdicción de La Corte, situación que fue vista por el derecho internacional como una reserva cubierta que no es permitida por el derecho internacional y mucho menos desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. Aunado a esto, el párrafo añadido al artículo 21 de nuestra Carta Magna transgrede de manera indirecta el artículo 120 de El Estatuto que estipula:

“No se admitirán reservas al presente Estatuto”.

Por otro lado, y en el mismo sentido, la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 en su Parte I relativa a la introducción en el artículo 2 fracción d) señala que:

“Se entiende por ‘reserva’ una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a el, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado”.

Esta necesidad expuesta por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas de tener una definición de reserva en el tratado donde se especifican los Derechos de los tratados como lo es la Convención de Viena se hace imperante dado que, de acuerdo con un informe de la Comisión mencionada anteriormente de su 63o. periodo de sesiones:

“... los Estados, al firmar, ratificar, aceptar, aprobar un tratado o adherirse a él suelen formular declaraciones acerca de como entienden algunos asuntos o sobre su interpretación de determinadas disposiciones. Tal declaración puede ser una mera aclaración de la actitud del Estado o puede ser equivalente a una reserva, según modifique o no la aplicación de las clausulas del tratado ya aprobado o la excluya.”

En la práctica se han detectado dos tipos de reservas, las de exclusión y las de modificación. Con las primeras se busca dejar sin efecto disposiciones específicas de un tratado, un ejemplo dentro de la legislación mexicana es la que realizó el Estado Mexicano hacía la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias, la cual señala textualmente que:

“El gobierno de los Estados Unidos Mexicanos hace reserva expresa respecto del párrafo 4 del artículo 22 de esta Convención, exclusivamente por lo que se refiere a la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 125 de la Ley General de Población.”

En la reserva se puede apreciar como deja sin efecto el párrafo 4 del artículo 22 de la Convención.

En cuanto a el segundo tipo de reservar, afectan de manera indirecta determinadas disposiciones de un tratado reduciendo o limitando los efectos jurídicos de estas.

Es por lo anterior que resulta importante citar de nuevo al informe de la Comisión de Derecho Internacional de su 63º período de sesiones, pues descartando que el Estado Mexicano se esté amparando en una clausula facultativa o alguna declaración interpretativa, el texto del octavo párrafo del artículo 21 constitucional, tiene efectos semejantes a los de una declaración unilateral, que la Comisión de Derecho Internacional de la ONU la define en la página 47 de el informe anteriormente mencionado como:

“Una declaración unilateral formulada por un Estado o por una organización internacional en el momento en que ese Estado o esa organización manifiesta su consentimiento en obligarse por un tratado, por la que ese Estado o esa organización se propone cumplir una obligación en virtud del tratado de una manera diferente pero que el autor de la declaración considera equivalente a la impuesta por el tratado, constituye una reserva.”

Bajo este orden de ideas, es que el artículo 21 Constitucional altera los efectos de El Estatuto y se considera una reserva de modificación, pues dicho estatuto cita en sus artículos 12 y 13 el ejercicio de la competencia de La Corte, pero en nuestra Carta Magna esa competencia está sujeta a la aprobación del Senado de la República, por lo tanto, la plena jurisdicción de La Corte no existe en nuestro marco jurídico dado que esta sujeta a un candado político y administrativo.

Situación que deja ver que el Estado mexicano en su empeño por proteger la soberanía nacional ha dejado en los hechos lo que puede llegar a ser la violación de una obligación internacional debido a que lo que estipula ahora el octavo párrafo del artículo 21 de nuestra Carta Magna no se inserta en un acto oportuno para presentar una reserva, como la firma, la ratificación, aceptación o aprobación de un tratado, sino que se instauró en la Ley suprema de nuestra nación, la cual no debe contravenir los tratados internacionales como lo señala la misma. Trastocando así lo dispuesto por el artículo 26 de la Convención de Viena de 1969 que manda que:

“ Pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.”

En este sentido y reforzando lo anteriormente mencionado, es de señalar que la misma Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados de 1969 en los incisos a) y c) de su artículo 19 correspondiente a la sección segunda en materia de formulación de reservas, prevé las condiciones en las que un Estado puede formular las anteriormente mencionadas, y cito textualmente:

“Un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos:

a) que la reserva este prohibida por el tratado;

b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trate; o

c) que, en los casos no previstos en los apartados a) y b), la reserva sea incompatible con el objeto y el fin del tratado.”

Es así y como consecuencia de lo anterior que nuestra legislación actual también contraviene también lo estipulado en la Sección Primera de la Parte III relativa a la observancia, aplicación e interpretación de los tratados en el artículo 27 de la Convención de Viena, que señala que:

“Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado...”.

Es por lo anterior que el marco jurídico mexicano obstruye el objetivo y el fin de El Estatuto, el primero señalado en el preámbulo de este:

“Afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia”.

El segundo, como lo señala del Doctor en Derecho Internacional por la Universidad Estatal M.V. Lomonósov de Moscú, Manuel Becerra Ramírez, en su artículo nombrado “México ratifica el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, después de reformar la Constitución” publicado en el Anuario Mexicano de Derecho Internacional es:

“..., que recordemos es el resultado de un proceso de evolución de las luchas por impedir y en dado caso hacer que los crímenes horrendos que se han dado en la historia reciente de la humanidad no queden sin castigo. Además, tiene un objeto disuasivo pues trata de impedir la comisión de crímenes que atentan contra la humanidad en su conjunto, a través de un mecanismo de jurisdicción que asegura que los que realicen este tipo de crímenes serán llevados a la acción de la justicia. ...”.

Resulta también importante mencionar que existe ya una minuta Proyecto de decreto que expide la Ley Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual se encuentra en la Cámara de Diputados. Dicha minuta fue aprobada en la Cámara de Senadores en 2009 y a la fecha no existen noticias de ella. Sin embargo, El Estatuto, al igual que cualquier otro tratado internacional celebrado por el titular Ejecutivo federal y aprobado por el Senado de la República, de acuerdo a la interpretación de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en diferentes tesis, se encuentra jerarjicamente por encima de cualquier Ley federal, por lo que estaría por encima de cualquier Ley Reglamentaria.

Lo anterior expuesto, demuestra como es que México no se encuentra cumpliendo con diversas disposiciones del derecho internacional y además ha dejado un instrumento de justicia internacional como lo es La Corte, en los hechos, sin efecto en nuestro país, dando lugar así a la presencia de distintos crímenes que entrarían dentro de la competencia de La Corte.

Solo para ejemplificar lo mencionado anteriormente, es prudente recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su informe de actividades 2017 se destaca que de las 97 recomendaciones emitidas por esa dependencia en materia de violación de derechos humanos en 5 reconoció la existencia de violaciones graves que corresponden a detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada, ejecución arbitraria y desaparición masiva de menores de edad, actos que de acuerdo con el artículo 7 de El Estatuto anteriormente citado, podrían estar dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad.

A continuación, se enumeran las 5 Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos relativas a violaciones graves a derechos humanos anteriormente mencionadas:

• La correspondiente a la Recomendación 5VH/2017 que hace referencia a la detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y ejecución arbitraria de cinco victimas, hecho acontecido el 11 de enero de 2016 en el municipio de Tierra Blanca en el estado de Veracruz.

• La correspondiente a la Recomendación 6VG/2017 relativa a la detención arbitraria y desaparición forzada de tres personas, y la retención ilegal de una más, esto acontecido el 19 de marzo de 2016 en el municipio de Papantla en el estado de Veracruz.

• La correspondiente a la Recomendación 7VG/2017 relativa a la matanza de Nochixtlán, donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló violaciones graves a los derechos humanos a la vida, a la seguridad jurídica, a la integridad personal, a la legalidad, a la libertad, al interés superior de la niñez, a una vida libre de violencia, a la verdad y al acceso a la justicia, esto acontecido el 19 de junio de 2016 en el municipio de Nochixtlan en el estado de Oaxaca.

• La correspondiente a la Recomendación 8VG/2017 relativa a las violaciones graves a los derechos humanos en agravio de las 49 personas halladas sin vida en el municipio de Cadereyta en el estado de Nuevo León, hecho acontecido a mediados de mayo del 2012.

• Y, por último, la correspondiente a la Recomendación 9VG/2017 relativa a violaciones graves a los derechos humanos de menores de edad en Estado de Sonora durante 2009 y 2015.

Sumado a estos, tenemos crímenes de Lesa Humanidad señalados por la Organización Internacional “Open Society Justicie Iniciative” en el documento nombrado “Atrocidades Innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México” que hace referencia a la presencia de casos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales conformadas por asesinatos a manos de servidores públicos en el ejercicio indebido de sus funciones, en territorio nacional. Y destaca que no se tratan de casos aislados, sino de actos que se realizan con metodologías similares.

Así como los hechos acontecidos durante la llamada “guerra contra el narco” durante la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, la trágica desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa y la ejecución de civiles por parte de militares en la localidad mexiquense de Tlatlaya, entre otros.

Como se expone, la magnitud de estos problemas es considerable, por ello existe cada vez más una interrelación entre el derecho interno y el internacional, pues es conveniente intentar resolver este tipo de problemas en el ámbito internacional. Aunado a esto, el derecho interno no tiene que ser el instrumento jurídico para el incumplimiento de obligaciones internacionales, como se ha venido mencionando.

Por lo anterior, y con el objetivo de armonizar la legislación mexicana con El Estatuto y con diversas disposiciones del derecho internacional, y de esta manera darle cumplimiento a una de las obligaciones internacionales del Estado Mexicano, y, sobre todo, para coadyuvar a la erradicación de la impunidad que ha habido durante años en materia de violación a los derechos humanos, es que someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto.

Propuesta de Reforma

Decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 21. ...

...

...

...

...

...

...

El Estado mexicano reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

...

...

a) a e) ...

...

...

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El funcionamiento y competencia de la Corte Penal Internacional será bajo los criterios y procedimientos estipulados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Referencias Bibliográficas:

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• CMDPDH. (2016). Crímenes de Lesa Humanidad en México y su Impunidad, disponible en:

https://www.animalpolitico.com/verdad-justicia-y-reparacion/ crimenes-de-lesa-humanidad-en-mexico-y-su-impunidad/Consultado el 11 de agosto de 2020.

• Open Society Justice Initiative. (2016). Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México, disponible en:

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• Raúl Armando Jiménez Vázquez. (2015). La Corte Penal Internacional y la reforma al artículo 21 constitucional, disponible en:

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• Gabriela Rodríguez Huerta. (2017). Reconocimiento de Jurisdicción Internacional. En México en el mundo, Constitución y política exterior(172-179). México: Fondo de Cultura Económica.

Referencias Audiovisuales:

• Cámara de Diputados (2019). Foro por la Paz: nunca más Tlatelolco, nunca más iguala, disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=kQRWD8vMSpA&t=5982s
Consultado el 11 de agosto de 2020.

Referencias Normativas:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

• Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados

• Ley sobre Celebración de Tratados

• Tesis P. IX/2007 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

• Tesis P. LXXVII/99 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2021.– Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y de Salud, en materia de vacunación infantil, a cargo del diputado José Antonio García García, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Antonio García García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio y con arreglo a las facultades y atribuciones conferidas en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Salud, en materia de vacunación infantil, en atención de la siguiente:

El 30 de enero del año 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró emergencia de salud pública internacional la epidemia del brote de coronavirus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad Covid-19, la cual surgió en la ciudad de Wuhan en el país de China. Para el 11 de marzo de dicho año, la Organización declaró que el Covid-19 pasó de ser una epidemia a una pandemia, afirmando el riesgo internacional para el bienestar de la población mundial y exhortando a todos los países a tomar medidas preventivas y de atención para erradicar dicha enfermedad.

El Covid-19 es una enfermedad infecciosa que generalmente ataca el sistema respiratorio. Los síntomas más comunes que ocasiona son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, dolor de garganta, náuseas y vomito. 1

A nivel mundial, el coronavirus hasta el momento ha causado la muerte de más de 4.5 millones de personas. En México hasta el día 5 de septiembre del presente año, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal, se tenía registro de poco más de 3 millones 428 mil casos confirmados de Covid-19, además de que dicho virus ha provocado la muerte de 263 mil 140 mexicanos. 2

Los datos de la dependencia de Salud señalan que los dos estados a nivel nacional con mayor contagios acumulados y muertes a consecuencia del Covid-19, son la Ciudad de México, con 907 mil 219 casos acumulados y 48 mil 862 decesos; y el estado de México, con 342 mil 96 casos acumulados y 30 mil 811 decesos. 3

Lamentablemente esta enfermedad, no solo ha afectado a la población adulta, sino también ha tenido un registro de aumento considerable en niñas, niños y adolescentes, pues de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), los contagios de Covid-19 en dicho sector de la población menor a 17 años de edad, aumentaron en el último año 325 por ciento a nivel nacional, al pasar de 15 mil 985 casos en agosto del 2020 a 67 mil 880 casos en agosto del presente año. Mientras que las defunciones aumentaron 163 por ciento en dicho periodo, al pasar de 254 a 667 decesos. 4

Por grupos de edad, el Sipinna indica que la población de 12 a 17 años, concentro el 57.5 por ciento de los contagios acumulados a partir del resultado positivo de SARS-CoV-2 en el periodo de abril de 2020 ha agosto de 2021.

La Ciudad de México, Tabasco, Guanajuato, el estado de México y Nuevo León son los estados a nivel nacional que concentran el mayor de número de contagios en menores de 17 años, concentrando estás entidades 38 mil 909 casos acumulados, cifra que representa el 57 por ciento del total de contagios a nivel nacional. 5

Lamentablemente en esta tercera ola, lo más terrible ha sido que padres de familia han experimentado la tristeza, la rabia, la desesperación y el dolor de ver morir a sus hijos menores de edad, producto de esta enfermedad.

Pese a dicho contexto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la reanudación de las clases presenciales para el ciclo escolar 2021-2022, el cual inició el pasado lunes 30 de agosto, sin embargo, dicha decisión del Gobierno Federal pareció no ser la correcta y adecuada, ante el incremento de casos y muertes a causa del Covid-19 y en virtud de que actualmente no se tienen las condiciones adecuadas para un regreso a clases seguro de clases presenciales.

De acuerdo con datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), 62 mil 629 escuelas públicas básicas no cuentan con infraestructura básica sanitaria como lavamanos. 6

Dicho centro de investigación refiere además que, en el ciclo escolar anterior, el 27 por ciento de las escuelas de educación básica y el 22.8 por ciento de las escuelas de educación media superior no tuvieron agua potable. Mientras que 17.3 por ciento de las escuelas de educación básica y 15.8 por ciento de las escuelas de nivel medio superior no contaron con sanitarios, de las cuales muchas se encuentran en territorio mexiquense.

Como puede observarse, no existían las condiciones adecuadas ni sanitarias para el regreso presencial de las y los estudiantes, si bien, en el Grupo Parlamentario del PAN, estábamos a favor de que regresarán a clases presenciales, no obstante, estamos en contra de que se haya realizado de manera negligente, sin las condiciones óptimas, sin la planificación adecuada entre las autoridades educativas, los maestros y padres de familia y sobre todo sin que dichos estudiantes hayan sido vacunados.

Respecto al tema de las vacunas, si bien, el gobierno federal ha señalado que no es necesario vacunar a niñas, niños y adolescentes, dado que no existe fundamento científico que sustente la recomendación de aplicarlas en este sector de la población, sin embargo, privilegiadas revistas como “The Lancet”, misma que ha publicado estudios sobre la eficacia de vacunas como Sputnik V, ha señalado en diversas publicaciones, que no hay razón para creer que las vacunas no deban tener la misma protección contra Covid-19 en niños y jóvenes que en adultos, al señalar que ensayos de la vacuna ARNm de Pfizer-BioNTech, demostraron ser suficientes para las autoridades reguladoras en la Unión Europea, Estados Unidos, e Israel y aprobar el uso de esta vacuna para niños y adolescentes en mayores de 12 años. 7

Asimismo, países como China y Emiratos Árabes han aprobado el uso de vacunas contra el Covid-19 en niños de 3 a 17 años, después de haber realizado por parte de sus autoridades sanitarias estudios clínicos que comprobaron y demostraron su efectividad al ser seguras y capaces de estimular una fuerte respuesta inmunitaria entre dicho sector poblacional. 8

Respecto a países de América Latina, actualmente once naciones: Argentina, Colombia, Chile, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Panamá y República Dominicana, Perú y Uruguay, han comenzado efectivamente a vacunar a menores de entre 12 y 17 años. 9

En México, a pesar de que la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó el uso de emergencia de la vacuna de Pfizer contra el Covid-19 para menores de entre 12 y 17 años, al cumplir los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para el grupo etario de referencia, la aplicación de dichas inmunizaciones parece estar muy lejanas para este sector, pues el gobierno federal no tiene contemplado por el momento incluirlos en la Estrategia Nacional de Vacunación contra el Covid-19 y cientos de padres de familia tienen que recurrir a promover amparos ante las autoridades judiciales para poder vacunar a sus hijos.

En este sentido, debe de ser una obligación del Estado mexicano, el proteger y garantizar la salud de las niñas, niños y adolescentes del país, y no excluir su derecho a ser vacunados, a fin de evitar contagios y muertes en este sector de la población, por lo que es fundamental que garantice la disponibilidad y accesibilidad, de las vacunas para todos los menores de edad, sin discriminación.

Es por ello, que la presente iniciativa tiene por objeto establecer que en caso de situaciones de emergencia o epidemias de carácter grave, como la que nos encontramos en estos momentos a consecuencia del virus SARS-Cov2, que produce la enfermedad Covid-19, el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Salud, garantice la vacunación gratuita y universal para toda la población, considerando como grupo prioritario a niñas, niños y adolescentes, a fin de prevenir y combatir daños a su salud.

Cabe señalar que, el Comité de la Convención sobre los Derechos del Niño del ámbito de las Naciones Unidas, ya se ha manifestado en que no se debe de negar a los niños el acceso a la atención médica, incluidos los test, los tratamientos relacionados contra Covid-19 y las vacunas para dicha enfermedad. 10

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Salud, en materia de vacunación infantil

Artículo Primero. Se reforma el segundo párrafo del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 50. ...

I. a XVIII. ...

Asimismo, garantizarán que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a educación y asistencia en materia de principios básicos de salud, nutrición, vacunación gratuita y universal, ventajas de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses y complementaria hasta los dos años de edad, así como la prevención de embarazos, higiene, medidas de prevención de accidentes y demás aspectos relacionados con la salud de niñas, niños y adolescentes.

...

...

Artículo Segundo. Se adicionan un tercer párrafo al artículo 157 Bis 1 y un segundo párrafo al artículo 181 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 157 Bis 1. ...

...

En caso de epidemias de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país, la Secretaría de Salud deberá garantizar la vacunación gratuita y universal para toda la población, considerando como grupo prioritario a niñas, niños y adolescentes, a fin de prevenir y combatir daños a la salud.

Artículo 181. ...

La Secretaría de Salud deberá contemplar en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal un fondo de recursos para prevenir y combatir los daños a la salud que amerite la acción extraordinaria en materia de salubridad general.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá enviar a la Cámara de Diputados un fondo de recursos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 que le permita cumplir con acciones extraordinarias como es la vacunación contra Covid-19 para niñas, niños y adolescentes.

Notas

1 ¿Cuáles son los síntomas de la Covid-19?; Organización Mundial de la Salud (OMS), disponible en la pág.- web.-

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-20 19/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19; consultado el día 31-08-21.

2 Informe Técnico Diario COVID-19 MÉXICO; Secretaría de Salud del Gobierno Federal, disponible en la pág. web.-

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/665439/Comunicado _Tecnico_Diario_COVID-19_2021.08.31.pdf; consultado el día 05-09-21.

3 Ibidem

4 Covid-19 Niñas, niños y adolescentes; Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), disponible en la pág. web.-

https://www.gob.mx/sipinna; consultado el día 01-09-21.

5 Ibidem

6 Covid-19 y regreso a clases: Gasto de inversión en infraestructura sanitaria; CIEP, disponible en la pág. web.-

https://ciep.mx/covid-19-y-regreso-a-clases-gasto-de-inversion-e n-infraestructura-sanitaria/; consultado el día 01-09-21.

7 Kampmann Beate, Okomo Uduak, “COVID-19 vaccines for children in LMICs: another equity issue.”, The Lancet, published: July 30, 2021, DOI:

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01748-7

8 https://www.forbes.com.mx/emiratos-arabes-vacunara-a-menores-de-3-a-17-con-sino pharm/

9 ¿Qué países de América Latina han comenzado vacunar a menores de edad contra el covid-19?; CNN; disponible en la pág. web.-

https://cnnespanol.cnn.com/2021/08/03/que-paises-de-america-lati na-han-comenzado-vacunar-a-menores-de-edad-contra-el-covid-19/; consultado el día 01-09-21.

10 The Committee on the Rights of the Child warns of the grave physical, emotional and psychological effect of the Covid-19 pandemic on children and calls on States to protect the rights of children”; disponible en la pág. web.-

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Down load.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f15&Lang=en

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2021.– Diputado José Antonio García García (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Emmanuel Reyes Carmona, diputado del Grupo Parlamentario de Morena a la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Planteamiento del problema

Los estados están obligados a garantizar salarios justos, igual salario por igual trabajo e igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

Tomando en cuenta que el salario mínimo es la cantidad mínima, fijada por la administración, que debe percibir al menos cualquier persona por desempeñar un trabajo en jornada laboral completa.

Hay que resaltar sobre los avances que se han dado al lograr un incremento términos reales en 44 por ciento, algo que no había ocurrido en más de 30 años. El salario mínimo este año se ubica en 141.70 pesos diarios, es decir, poco más de 4 mil 300 pesos mensuales y esto gracias al esfuerzo de la administración encabezada por el Presidente Constitucional de la República Mexicana, licenciado Andrés Manuel López Obrador, de manera histórica se ha logrado un aumento en la remuneración de las y los trabajadores en nuestro país.

Por lo tanto, y debido al histórico avance se propone modificar el concepto de salario mínimo a salario digno, ya que es la aspiración que se pretende alcanzar al concluir la administración del gobierno federal.

Argumentos

Los estados están obligados a garantizar salarios justos, igual salario por igual trabajo e igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

Tomando en cuenta que el salario mínimo es la cantidad mínima fijada por la administración, que debe percibir al menos cualquier persona por desempeñar un trabajo en jornada laboral completa.

Por lo tanto, el acceso a un salario digno se encuentra vinculado a la equidad e igualdad y proporciona condiciones de existencia dignas a los trabajadores y sus familias. Debe ser determinado en función de factores externos, como el costo de la vida y otras condiciones económicas y sociales imperantes. La remuneración debe ser suficiente para permitir al trabajador y a su familia gozar de otros derechos, como la seguridad social, la atención de salud, la educación y un nivel de vida adecuado, que le permita acceder a alimentos, agua, saneamiento, vivienda y vestido y cubrir gastos adicionales, como los costos de transporte. 1

Ahora bien, el salario digno está directamente relacionado con el derecho al trabajo. El derecho al trabajo es la base para la realización de otros derechos humanos y para una vida en dignidad. Incluye la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado.

En este sentido los compromisos del Estado para eliminar la pobreza se encuentran vinculados, entre otras cosas, al acceso a un salario digno para todas las personas y hemos sido testigos del trabajo que ha realizado la administración que encabeza el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien en estos tres años de administración ha logrado un incremento en términos reales de 44 por ciento, algo que no había ocurrido en más de 30 años. El salario mínimo este año se ubica en 141.70 pesos diarios, es decir, poco más de 4 mil 300 pesos mensuales; lo que representa un gran paso para la eliminación de la pobreza, cuya acuciante cuestión impacta en los derechos humanos.

El derecho al salario digno se encuentra tutelado en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 6.1), 2 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 8.3.a), 3la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 5.e.i), 4la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 5 (artículo 11.1.a), la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 32), 6 la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares (artículos 11, 25, 26, 40, 52 y 54), 7entre otros.

El derecho al trabajo y los derechos relacionados están habilitados e informados por las numerosas normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El preámbulo del Convenio número 168 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 8 establece:

“...la importancia del trabajo y del empleo productivo en toda la sociedad, en razón no sólo de los recursos que crean para la comunidad, sino también de los ingresos que proporcionan a los trabajadores, del papel social que les confieren y del sentimiento de satisfacción personal que les infunden”.

Haciendo un recorrido histórico en nuestro país en cuanto al salario mínimo se puede advertir que a partir del 1 de enero de 2019, aumentó de 88.36 pesos a 102.68 pesos. Para 2020, se aprobó un nuevo incremento de 16 por ciento para el SMGN, el cual, a partir del 1 de enero de este año se instaló en los 123.22 pesos. En 2021 quedó en 141.70 pesos diarios; lo que representa un alza histórica en el país. 9

Por lo que, de conformidad al concepto de salario digno debe garantizar en los trabajadores, tal como está definida por la OIT, debe ser una salario decente para que puedan sostener a sus familias.

En este sentido, se propone la siguiente reforma al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber:

Por lo anteriormente expuesto, presento la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman las fracciones VI, VIII del apartado A y párrafo segundo de la fracción IV apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 123.

A. ...

I. a la V. ...

VI. Los salarios dignos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario digno no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza.

Los salarios dignos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios dignos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

Los salarios dignos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.

VII. ...

VIII. El salario digno quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento.

IX. a la XXXI...

B. ...

I. a la III. ...

IV. ...

En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al digno para los trabajadores en general en las entidades federativas.

V. a la XIV. ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones contrarias al contenido del presente decreto.

Notas

1 Salario digno, consultado el 3 de septiembre de 2021 del sitio web:

https://amnistia.org.ar/derechosenjuego/salario-digno

2 Consultado el 5 de septiembre de 2021, del sitio web:

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx

3 Consultado el 5 de septiembre de 2021, del sitio web:

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

4 Consultado el 5 de septiembre de 2021, del sitio web:

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cerd.aspx

5 Consultado el 5 de septiembre de 2021, del sitio web:

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx

6 Consultado el 5 de septiembre de 2021, del sitio web:

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

7 Consultado el 5 de septiembre de 2021, del sitio web:

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cmw.aspx

8 Consultado el 5 de septiembre de 2021, del sitio web: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB: 12100: 0:: NO:: P12100_ILO_CODE: C168

9 Consultado el 5 de septiembre de 2021, del sitio web:

https://www.gob.mx/conasami/articulos/se-publica-en-el-diario-of i-cial-de-la-federacion-los-salarios-minimos-que-rigen-a-partir-del-1-de-enero- de-2021?idiom=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2021.– Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental, suscrita por los diputados Ana María Esquivel Arrona, Éctor Jaime Ramírez Barba y Saraí Núñez Cerón e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Ana María Esquivel Arrona, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, la diputada Saraí Núñez Cerón y las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77; 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa por el que se adicionan la fracción VIII Bis al artículo 73; la fracción IV al artículo 74 y la fracción IX al artículo 74 Bis de la Ley General de Salud, con base en la siguiente:

Sin duda, la llegada del coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV-2) también llamado Covid-19 no sólo trajo consigo enfermedades corporales, este virus está también afectando de manera significativa a la salud mental de la población a nivel mundial.

Según una publicación de The Lancet Psychiatry, 1un nuevo estudio presentado por el doctor Paul Harrison, de la Universidad de Oxford, señala que los investigadores revisaron los registros de salud electrónicos de más de 236 mil pacientes de Covid-19, en su mayoría de los Estados Unidos, y encontraron que al 34 por ciento se le había diagnosticado una afección psiquiátrica o neurológica en los seis meses posteriores a la infección con el coronavirus.

Las afecciones neurológicas, como accidentes cerebrovasculares y demencia, fueron raras, pero el 17 por ciento de los pacientes con Covid-19 fueron diagnosticados con trastornos de ansiedad y el 14 por ciento con trastornos del estado de ánimo, incluida la depresión.

Los investigadores de Oxford también observaron dos grupos de control de pacientes con influenza y pacientes con cualquier infección del tracto respiratorio (excepto Covid-19) para asegurarse de que sus números no solo reflejaran la experiencia del público en general viviendo una pandemia. 2

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS 2019): “Los trastornos por depresión y por ansiedad son problemas habituales de salud mental que afectan a la capacidad de trabajo y la productividad. Más de 300 millones de personas en el mundo sufren depresión, un trastorno que es la principal causa de discapacidad, y más de 260 millones tienen trastornos de ansiedad.” 3

Un estudio de la misma organización señala que, estimaciones previas a la Covid-19 cifran en casi un billón de dólares las pérdidas anuales de productividad económica causadas únicamente por la depresión y la ansiedad. Sin embargo, algunos estudios revelan que cada dólar gastado en tratamientos de la depresión y la ansiedad basados en datos empíricos genera un retorno de 5 dólares. 4

Según este organismo “la depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración.” 5

Se estima que para el 2030, la depresión será la principal causa de discapacidad. Según la OMS las enfermedades mentales se encuentran entre las más discapacitantes del mundo occidental. Tienen efectos superiores a los de la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares juntas. La soledad y el aislamiento social son dos veces más perjudiciales para la salud física y mental, que la obesidad. 6

Esta organización mundial difunde información relevante sobre la depresión, la cual resulta valiosa para que los gobiernos den cuenta de la magnitud del problema, y de la necesidad de emprender políticas públicas dirigidas a proporcionarle a la población la salud mental requerida que les permita desempeñar de manera normal todas sus actividades cotidianas y alcanzar mejores condiciones de vida.

Externa que: “Cada año se suicidan cerca de 800 mil personas, y el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave se pueden necesitar medicamentos y psicoterapia profesional.” 7

Además, la OMS reconoce que, aunque hay tratamientos eficaces para la depresión, más de la mitad de los afectados en todo el mundo (y más del 90 por ciento en muchos países) no recibe esos tratamientos. Entre los obstáculos a una atención eficaz se encuentran la falta de recursos y de personal sanitario capacitados, además de la estigmatización de los trastornos mentales y la evaluación clínica inexacta. 8

Desafortunadamente, a nivel mundial los sectores poblacionales más afectados por los problemas de salud mental son los niños y jóvenes. El suicidio es la tercera causa de muerte para los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. 9

Las personas con trastornos mentales presentan tasas desproporcionadamente elevadas de discapacidad y mortalidad. Así, por ejemplo, las personas con depresión mayor o esquizofrenia tienen una probabilidad de muerte prematura un 40 por ciento a 60 por ciento mayor que la población general, debido a los problemas de salud física, que a menudo no son atendidos (por ejemplo: canceres, enfermedades cardiovasculares, diabetes e infección por VIH), y al suicidio. A nivel mundial, el suicidio es la segunda causa más frecuente de muerte en los jóvenes. 10

Incluso, el 13 de agosto de 2021, el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, presentó en Palacio Nacional el Impacto de la pandemia en niñas y niños lanzando los siguientes resultados:

El confinamiento, las restricciones a la movilidad, la suspensión de clases y otros factores, han generado afectaciones graves en niñas y niños.

-En deserción escolar señaló que 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron en el ciclo escolar 2020-2021, por causas relacionadas con Covid-19 o por falta de recursos.

-3 millones de éstos son niños y niñas.

En el tema de suicidio indicó que:

-En 2020 hubo 1 mil 150 suicidios de niñas, niños y adolescentes (NNA) que por cierto, es una cifra récord.

-La tasa de suicidios en NNA aumentó 12 por ciento (de 4.63 a 5.18) entre 2019 y 2020, llegando a un máximo histórico.

-Los suicidios de niñas y niños entre 10-14 años aumentaron 37 por ciento y 12 por ciento en adolescentes mujeres entre 15 y 19 años.

-El pensamiento suicida en adolescentes aumentó de 5.1 por ciento a 6.9 por ciento de 2018 a 2020.

-La conducta suicida en adolescentes aumentó de 3.9 por ciento a 6.0 por ciento de 2018 a 2020.

En otro documento sobre el mismo tema, la OMS señala que la depresión es un trastorno mental frecuente en todo el mundo. Se calcula que afecta a más de 300 millones de personas y puede causar gran sufrimiento, alterando las actividades laborales, escolares y familiares. En el peor de los casos puede llevar al suicidio. Cada año se suicidan cerca de 800 mil personas y el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. 11

De acuerdo con Mayo Clinic: La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También denominada “trastorno depresivo mayor” o “depresión clínica”, afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona, y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. 12

13

Es importante señalar que la niñez y adolescencia son etapas únicas en las que las personas se forman y viven diferentes cambios. Los múltiples cambios físicos, emocionales y sociales que se dan en este periodo, tienen implicaciones para el funcionamiento en la edad adulta. Es por ello que la exposición a la pobreza, el abuso o la violencia, pueden hacer que los menores de edad y jóvenes sean vulnerables a problemas de salud mental.

Algunos estudios de investigadores en el tema sugieren que a las personas que padecen depresión en la infancia o la adolescencia les queda una vulnerabilidad, la cual implica una vida adulta con menos amistades, menos redes de apoyo, mayor estrés y menor alcance educacional, ocupacional y económico. 14

En el ámbito de las relaciones internacionales, los Estados se encuentran jurídicamente obligados a cumplir con los tratados internacionales que son signados. El Estado mexicano ha ratificado la mayoría de los instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos y que emanan del Sistema de Naciones Unidas (SNU); lo que requiere armonizar los marcos legales a fin de garantizar una adecuada protección de valores fundamentales.

Por lo anterior, la importancia de los instrumentos internacionales radica en que los Estados voluntariamente y de buena fe aceptan compromisos para garantizar y respetar los derechos humanos a los ciudadanos bajo su jurisdicción. Ese compromiso se traduce también en mayores garantías en espacios nacionales. En el ámbito de la salud, el SNU ha establecido la rectoría mediante la OMS, que en materia de Salud Mental ha llevado a cabo distintas declaraciones y resoluciones para que ésta forme parte de la agenda de políticas públicas para el desarrollo de los países.

De acuerdo con Margaret Chan, ex Directora General de la OMS: “El bienestar mental es un componente fundamental de la definición de salud según la OMS. La buena salud mental hace posible que las personas materialicen su potencial, superen el estrés normal de vida, trabajen de forma productiva y hagan aportaciones a su comunidad.” 15

La OMS reconoce que las estrategias para construir una política pública integrada de Salud Mental deben estar enfocadas en la mejora de los servicios y la atención o las violaciones de los derechos humanos y la discriminación de las personas con trastornos mentales y discapacidades psicosociales, por lo que desde el año 2013 se presentó el Plan de acción sobre Salud Mental 2013-2020 (PASM), teniendo como prioridad la cobertura universal y la prevención.

Según el doctor Aldo Antonio Suárez Mendoza, ex presidente de la Asociación Siquiátrica Mexicana, en nuestro país, después de seis meses de afectación por el virus SARS-CoV-2, se encontró que 63 por ciento de las personas cuestionadas estaban fatigadas, 26 por ciento tenía problemas de sueño y otro 23 por ciento aseguró vivir con ansiedad y/o depresión.

“La Secretaría de Salud reconoce que la atención temprana de la depresión puede prevenir intentos de suicidio o su consumación”. 16

Algunas publicaciones periodísticas nacionales recientes señalan:

Isaura López-El Occidental

Cada mes se registran en Jalisco al menos siete casos de suicidio, una situación que alerta a los profesionales de la salud mental; además, la línea de atención 075 ha tenido picos altos de casi 400 por ciento durante este tiempo de la pandemia.

El director del Instituto Jalisciense de Salud Mental, Francisco Javier Ramírez Barreto, mencionó que llegaron a las 40 mil llamadas, las características principales son de mujeres casadas, con escolaridad universitaria y ocupación amas de casa: “Siendo el principal motivo de consulta la ansiedad y depresión”. 17

Blanca Valadez

Ciudad de México / 31.08.2021 17: 44: 37

“El regreso a clases presenciales y ayuda de profesionales permitirán superar el trastorno de depresión provocado entre los menores de edad por las medidas de mitigación y confinamiento de la pandemia, como ansiedad y depresión, señalaron especialistas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF)”. 18

Unicef

Ciudad de México, 18 de febrero de 2021 — Los hogares en la Ciudad de México siguen enfrentando múltiples efectos de la pandemia por Covid-19 aunque presentan también mejoras en la reactivación de la actividad económica y la ocupación laboral, señala la edición más reciente de la encuesta #ENCOVID19CDMX, desarrollada por el gobierno de la Ciudad a través su Consejo de Evaluación del Desarrollo Social (Evalúa CDMX) en colaboración con Unicef (el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide) de la Universidad Iberoamericana.

La #ENCOVID19CDMX también registra altos niveles de ansiedad y depresión entre las personas entrevistadas. En diciembre 2020, el 32 por ciento presentaban síntomas severos de ansiedad y el 25 por ciento de depresión. 19

En México, el Boletín Epidemiológico Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Sistema Único de Información, es el medio oficial de difusión de la morbilidad del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave). Este boletín difunde los casos nuevos de los padecimientos sujetos a vigilancia por sexo, grupo de edad y entidad federativa y es considerado, el medio de difusión oficial del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave). Se publica cada semana y difunde la información de 142 enfermedades sujetas a Vigilancia Epidemiológica, entre las que se encuentra la depresión clasificada como una enfermedad neurológica. 20

En un comparativo que hacen los especialistas sobre las cifras y datos difundidos por este Boletín correspondiente a los primeros meses de 2018 y 2019, se encontró que la depresión en el país se incrementó 8.2 por ciento de la semana 1 a la 15 de 2019, en comparación con el mismo periodo del 2018.

Esta información revela que para los primeros meses del 2019 ya se habían presentado 35 mil 976 atenciones médicas de este tipo, mientras que en el periodo anterior apenas se tenían 33 mil 221. Es importante considerar que dicho Boletín retoma datos de atención médica del IMSS, Issste, Semar, Pemex, DIF, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de la Defensa Nacional.

En esta comparación que se hace del periodo referido de vigilancia epidemiológica muestra que la Ciudad de México tuvo un repunte de 24.5 por ciento al pasar de 4 mil 748 atenciones en el 2018 a 5 mil 913, durante 2019; mientras que Chihuahua 13 por ciento, alcanzando 3 mil 124 contra 2 mil 761 y Veracruz, 25 por ciento, de 1 mil 762 a 2 mil 208. Por otro lado, hasta la semana epidemiológica 1 del 2020 se reportaron 1 mil 254 casos de depresión y para la semana epidemiológica 6 del 2020 se reportaron 12 mil 822 casos.

Incluso, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) arroja un preocupante aumento de suicidios con la información sobre la condición de salud emocional y sentimientos depresivos; morbilidad sobre trastornos mentales y del comportamiento; suicidios y relación respecto de las muertes violentas. 21

Como se muestra en la gráfica, los incidentes de suicidio han crecido en los últimos 3 años:

En el 2018 hubo 6 mil 808 incidentes; en el 2019 se presentaron 7 mil 223 decesos, y para el 2020 cobro 7 mil 896 vidas.

Por otro lado, información publicada en el Boletín de Información Clínica y Terapéutica de la Academia Nacional de Medicina señala que aproximadamente 1 de cada 5 adolescentes experimentará un cuadro depresivo antes de la edad de 18 años. En el diagnóstico que se hace sobre la depresión en adolescentes en este artículo especializado, se menciona que como las tasas de depresión en adolescentes se incrementan entre los 13 y los 18 años, se estima que la incidencia acumulada para este grupo de edad es similar a la de los adultos; sin embargo, el estudio resalta que, a pesar de la presentación temprana de los síntomas, un porcentaje muy bajo recibe la atención en forma temprana.

Es importante resaltar lo que se infiere en este documento en la materia: “Este hecho señala a la adolescencia como un período crítico, que debe recibir especial atención, ya que se sabe que el suicidio es la tercera causa de muerte de la población joven de entre los 15 a 25 años, y puede ser el resultado de un episodio depresivo previo no reconocido, por lo tanto, la falta de un tratamiento antidepresivo oportuno puede desencadenar consecuencias fatales.” 22

Entre los principales cambios, es el estado de ánimo, ya que, por lo regular, las personas caen en depresión y esto hace que se empiecen a alejar de sus amigos y familiares.

En este tenor, resulta sumamente relevante impulsar acciones dirigidas a promover el bienestar psicológico de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para tener adultos sanos. Protegerlos de experiencias adversas y factores de riesgo, es esencial tanto para su bienestar durante la niñez y adolescencia como para su salud física y mental en la edad adulta.

Por todo lo anterior, se considera necesaria esta iniciativa, puesto que busca subsanar una omisión de la ley y detonar programas y acciones encaminadas a la detección y atención de los casos de depresión y ansiedad, así como otros grupos de riesgo para la prevención del suicidio, prioritariamente en niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Especialmente, en la Ley General de Salud se propone:

La presente iniciativa busca que la Secretaría de Salud, en coordinación con las secretarías federales, así como los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, formule, proponga y desarrolle programas de salud mental, otorgando especial atención a aquellos orientados a la prevención y atención de la depresión y ansiedad en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como otros grupos de riesgo para la prevención del suicidio procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población.

Los padecimientos de depresión y de ansiedad no se eligen ni se desean, son trastornos mentales que están invadiendo el planeta de manera acelerada por las condiciones actuales.

Según la OMS, se requiere de presupuesto para su atención inmediata y para la prevención de suicidios. No es un tema menor, se necesitan menos discursos y más acciones.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea de la Cámara de Diputados, el siguiente:

Decreto por el que se adiciona la fracción VIII Bis al artículo 73; se adiciona la fracción IV al artículo 74; y se adiciona la fracción IX al artículo 74 Bis de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 73. ...

I. a VIII...

VIII Bis. La promoción de programas prevención del suicidio, mediante la atención, orientación e información para las personas que enfrenten factores de riesgo asociados al suicidio, y

IX. ...

Artículo 74....

I....

II. La organización, operación y supervisión de establecimientos dedicados al estudio, tratamiento y rehabilitación de personas con trastornos mentales y del comportamiento;

III. La reintegración de la persona con trastornos mentales y del comportamiento a su familia y comunidad, mediante la creación de programas sociales y asistenciales como residencias y talleres protegidos, en coordinación con otros sectores, para la debida atención de estos pacientes, y

IV. La prevención del suicidio, mediante la atención de personas con trastornos mentales y del comportamiento, así como de otros factores de riesgo asociados al suicidio.

Artículo 74 Bis. La persona con trastornos mentales y del comportamiento tendrá los siguientes derechos:

I a VI...

VII. Derecho a ser tratado y atendido en su comunidad o lo más cerca posible al lugar en donde habiten sus familiares o amigos;

VIII. Derecho a la confidencialidad de la información psiquiátrica sobre su persona, y

IX. Derecho a la atención prioritaria para niñas, niños y adolescentes que enfrentan factores de riesgo, como la depresión y ansiedad, asociados al suicidio, atendiendo al interés superior de la niñez.

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.eurekalert.org/news-releases/538732

2 https://www.dw.com/es/covid-19-y-salud-mental-nunca-antes-hab%C 3%ADa-tenido-ataques-de-p%C3%A1nico/a-57173378

3 Consultado en:

http://origin.who.int/mental_health/es/

4 https://www.who.int/es/news/item/05-10-2020-covid-19-disrupting-mental-health-s ervices-in-most-countries-who-survey

5 Consultado en:

https://www.who.int/mental_health/management/depression/es/

6 https://expansion.mx/opinion/2021/07/01/depresion-causa-discapaci-dad-pandemia

7 Consultado en:

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression

8 Idem

9 Organización Mundial de la Salud (2019). Salud Mental del Adolescente. Datos y cifras. Consultado en:

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-m ental-health

10 http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97488/97892435060 29_spa.pdf;jsessionid=A37551D0DFD43FA5D4AEDBB906778CE8?sequence=1

11 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression

12 https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/depression/ symptoms-causes/syc-20356007

13 https://www.animalpolitico.com/2018/07/depresion-2020-discapaci-dad-mexico/

14 [Kandel DB, Davis M. Adult sequelae of adolescent depressive symptoms. Arch Gen Psychiatry 1986; 43: 255-262.

15 Plan de acción sobre salud mental 2013-2020, Organización Mundial de la Salud 2013

16 https://www.gob.mx/salud/es/articulos/linea-de-la-vida-ayuda-profe-sional-para- personas-con-depresion?idiom=es

17 https://www.eloccidental.com.mx/local/lanzan-la-campana-no-estas-sola-no-estas- solo-estamos-contigo-7160266.html

18 https://www.milenio.com/politica/sndif-clases-presenciales-apoyo-ayudaran-depre sion-ninos

19 https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/covid-19-cdmx-y-unicef-publica n-resultados-de-nuevo-levantamiento-de-encuesta

20 Gobierno de México. Secretaría de Salud. Consultado en:

https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general- de-epidemiologia-boletin-epidemiologico

21 https://www.inegi.org.mx/temas/salud/

22 Academia Nacional de Medicina. Depresión en adolescentes: Diagnóstico y tratamiento. Boletín de Información Clínica y Terapéutica. 2016;15(3): 6-8.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2021.– Diputadas y diputado: Ana María Esquivel Arrona, Éctor Jaime Ramírez Barba y Saraí Núñez Cerón (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Salma Luévano Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Salma Luévano Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la fracción I del numeral I del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Congreso iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inclusión de cuotas para grupos en situación de vulnerabilidad para su accesos real y efectivo a cargos de elección popular, al tenor de la siguiente

Las acciones afirmativas tienen como objetivo fundamental alcanzar la representación o un nivel de participación más equilibrada entre los distintos grupos humanos, y, que, con ese enfoque, la categoría de compensación a grupos históricamente discriminados se sustituye por la compensación a grupos históricamente subrepresentados, así se señaló en la sentencia TEEA-JDC-018/2020, emitida por el Tribunal Electoral de Aguascalientes.

Su implementación obedece a la necesidad de equilibrar a los grupos humanos desventajados con los aventajados.

En la normativa político-electoral sólo se habían implantado acciones afirmativas a través de cuotas, en beneficio de mujeres y poblaciones indígenas, sin embargo, en el proceso electoral 2021, la sentencia SUP-RAP-121/2021, ordenó al INE, la implementación de cuotas en beneficio de otros grupos en situación de vulnerabilidad, de la cual resalta que estos instrumentos hacen realidad la igualdad material y establecen las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades señalando:

... y atendiendo a los cánones de la democracia inclusiva que mandata la previsión igualitaria de todos los derechos para todas las personas, eliminando las barreras fácticas y jurídicas que se antepongan para evitar el debido, pleno y eficaz ejercicio de los derechos de las personas o grupos que se encuentran bajo el influjo de alguna de las categorías sospechosas que, de manera ejemplificativa, se enumeran en el artículo 1o. de la CPEUM, esta Sala Superior, en virtud del mandato constitucional establecido en el numeral antes referido, determina avanzar progresivamente hacia la pertinencia de incluir medidas como las expresadas en este apartado, para todas las personas que histórica, social y culturalmente han sido colocadas en situación de vulnerabilidad.

Como resultado de la anterior resolución progresista, el CG del INE, emitió el acuerdo INE-CG18/2021, por el que implementa acciones afirmativas para personas de la diversidad sexual, discapacitadas y afromexicanas, para luego en el acuerdo INE/CG160/2021 incorporar a personas migrantes, quedando de la siguiente manera:

Finalmente se debe tener en consideración que la sentencia de Sala Superior del TEPJF dio vista al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que, en ejercicio de sus atribuciones, lleve a cabo las adecuaciones conducentes en relación con las medidas afirmativas tendentes a garantizar el acceso efectivo de las personas en situación de vulnerabilidad, al ejercicio del poder público.

De la misma manera es importante señalar que las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para situaciones en desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un plano de igualdad sustancial en el acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores sociales. Este tipo de acciones se caracteriza por ser: temporal, porque constituyen un medio cuya duración se encuentra condicionada al fin que se proponen; proporcional, al exigírseles un equilibrio entre las medidas que se implementan con la acción y los resultados por conseguir, y sin que se produzca una mayor desigualdad a la que pretende eliminar; así como razonables y objetivas, ya que deben responder al interés de la colectividad a partir de una situación de injusticia para un sector determinado. 1

La democracia incluyente debe ser entendida como el mecanismo de participación real y efectiva de los grupos en situación de vulnerabilidad en los cargos de elección popular, al ser estos, las vías de acceso a funciones donde se toman verdaderas decisiones que trascienden en la vida de esos grupos que mantienen una larga brecha de desigualdad frente a los grupos aventajados.

En la resolución del expediente SUP-RAP-121/2020, 2emitida por la Sala Superior del TEPJF, se dio vista al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que, en ejercicio de nuestras atribuciones, llevemos a cabo las adecuaciones conducentes en relación con las medidas afirmativas tendentes a garantizar el acceso efectivo de las personas en situación de vulnerabilidad, al ejercicio del poder público.

Por otro lado y como parte de los antecedentes se hace referencia al acuerdo del INE, con número, INE/CG18/2021:

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-121/2020 y acumulados, se modifican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten los partidos políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los consejos del instituto, para el proceso electoral federal 2020-2021, aprobados mediante acuerdo INE/CG572/2020.

I. Aprobación de los criterios para el registro de candidaturas para el PEF 2017-2018. El ocho de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG508/2017, mediante el cual se establecieron los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular en el Proceso Electoral Federal 2017-2018, entre los cuales se contempló la inclusión de una acción afirmativa indígena. Este acuerdo fue impugnado ante el TEPJF y modificado mediante sentencia recaída al expediente SUP-RAP-726/2017 y acumulados, de catorce de diciembre de dos mil diecisiete. II. Reforma en materia de paridad transversal. El seis de junio de dos mil diecinueve, fue publicado en el DOF el Decreto por el que se reforman los artículos 2o., 4o., 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115; de la CPEUM, en materia de Paridad entre Géneros, conocida como paridad en todo o paridad transversal. III. Reforma en materia de violencia política en razón de género. El trece de abril de dos mil veinte, fue publicado, en la edición vespertina del DOF, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

IV. Solicitud de implantación de acciones compensatorias en materia de candidaturas indígenas. El 21 de julio de 2020, el diputado Alfredo Vázquez Vázquez formuló diversos planteamientos en relación con la implantación y el fortalecimiento de las acciones compensatorias en materia de candidaturas indígenas. En respuesta a lo anterior, mediante el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/6780/ 2020 se señaló que este Instituto tomaría en consideración para la elaboración del acuerdo correspondiente las consideraciones vertidas en su escrito. Asimismo, en fecha 20 de octubre de 2020, dicho diputado reiteró la solicitud aludida. V. Aprobación de la resolución INE/CG187/2020. El 7 de agosto de 2020 fue aprobada la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la que se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, para los procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2021, identificada con la clave INE/CG187/2020. VI. Revocación de la resolución INE/CG187/2020. Mediante sentencia del 2 de septiembre de 2020, dictada en el recurso de apelación identificado con el número SUP-RAP-46/2020, la Sala Superior del TEPJF resolvió revocar la resolución INE/CG187/2020, para el efecto de que el Consejo General emitiera una nueva determinación en los términos establecidos en dicha ejecutoria. VII. Acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del TEPJF. En sesión celebrada el once de septiembre de dos mil veinte, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del TEPJF en el expediente referido en el antecedente que precede, el Consejo General aprobó la resolución INE/CG289/2020. VIII. Acuerdo criterios y plazos relacionados con precampañas. El 30 de septiembre de 2020 se aprobó el acuerdo del Consejo General, por el que se establecen diversos criterios y plazos de procedimientos relacionados al período de precampañas para el PEF 2020-2021, identificado con la clave INE/CG308/2020.

IX. Lineamientos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. En fecha 28 de octubre de 2020, mediante el acuerdo INE/CG517/2020, se aprobaron los “Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género”. X. Sesión de las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos, y de Igualdad de Género y no Discriminación del Consejo General del INE. En sesión pública efectuada el 16 de noviembre de 2020, las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos, y de Igualdad de Género y no Discriminación del INE, conocieron y aprobaron el anteproyecto de Acuerdo por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten los partidos políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los consejos del instituto, para el PEF 2020-2021. XI. Aprobación del acuerdo INE/CG572/2020. En sesión celebrada el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se aprobó el acuerdo del Consejo General por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten los Partidos Políticos Nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el PEF 2020-2021. XII. Impugnación del acuerdo INE/CG572/2020. Inconformes con los criterios establecidos en el referido Acuerdo del Consejo General, los Partidos Políticos Nacionales Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Encuentro Solidario, así como el ciudadano José Alfredo Chavarría Rivera, interpusieron medios de impugnación para controvertir tales criterios.

XIII. Sentencia del TEPJF. En fecha 29 de diciembre de 2020, la Sala Superior del TEPJF dictó sentencia en los expedientes SUP-RAP121/2020 y acumulados, mediante la cual modificó el Acuerdo INE/CG572/2020 a efecto de que este Consejo General determine los veintiún Distritos en los que deberán postularse candidaturas a diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, según la acción afirmativa indígena; y se fijaron los Lineamientos para que se establezcan las medidas afirmativas tendentes a garantizar las condiciones de igualdad sustantiva para la participación política de las personas con discapacidad, así como de otros grupos en situación de vulnerabilidad.

XIV. Solicitud de acción afirmativa para personas residentes en el extranjero. Mediante escritos de fechas nueve, diez y once de enero de dos mil veintiuno, las organizaciones Fuerza Migrante, Frente Nacional de Inmigrantes e Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, AC, solicitaron emitir acciones afirmativas en favor de la comunidad migrante residente en el extranjero en la postulación de candidaturas a diputaciones federales. XV. Solicitud de acción afirmativa para las juventudes. En fecha doce de enero de dos mil veintiuno, las organizaciones Fuerza Ciudadana, AC, Red de Mujeres Jóvenes por la Democracia Paritaria, Espacio Progresista, AC, y el Instituto de Investigación sobre Democracia y Participación Ciudadana, AC, solicitaron se incluyan a las juventudes para ser consideradas como parte de los grupos que buscan representación legislativa federal mediante la postulación a candidaturas tanto por partido políticos como a través de coaliciones.

De la democracia incluyente

10. El artículo 1o. de la CPEUM establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia CPEUM establece.

Asimismo, establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la CPEUM y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Es así que la diversidad de la población que compone la nación mexicana se ve protegida desde el ámbito constitucional, motivo por el cual tanto las autoridades como los entes públicos del Estado mexicano tienen el deber de adoptar las medidas tendentes a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, sin discriminación. El principio de igualdad contenido en los artículos 1o. y 4o. de la CPEUM contiene dos cláusulas a saber: aquella que prohíbe los tratos arbitrarios y la que comprende la prohibición de discriminación. Ambas cláusulas son abiertas, pues no se limitan a un listado específico de categorías de protección, sino que garantizan la igualdad sin distinción por cualquiera de las condiciones de la diversidad humana y prohíben la discriminación por cualquier motivo más allá de los literalmente enumerados. También son autónomas, porque no restringen el ejercicio a la amenaza de algún otro derecho establecido en la propia Constitución, sino que la igualdad está garantizada por sí misma.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la protección en torno a la no discriminación, que es funcional a la igualdad, se amplía porque establece la prohibición de discriminación formal y de facto. La primera se puede presentar por exclusión tácita o por diferenciación expresa, lo cual sucede cuando la norma realiza una distinción injustificada. [Igualdad ante la ley. El legislador puede vulnerar este derecho fundamental por exclusión tácita de un beneficio o por diferenciación expresa, Tesis 1a. CCCLXIX/2015 (10a.), noviembre de 2015.]. Mientras que la segunda, se refiere a una norma, criterio o práctica aparentemente neutral, que afecta de manera desproporcionadamente negativa a un grupo social, en comparación con otros que se ubiquen en una situación análoga o notablemente similar. [Discriminación indirecta o por resultados. Elementos que la configuran, tesis 1a. CCCLXXIV/2014 (10a.), octubre de 2014.]

La cláusula de no discriminación es explícita y protectora en tanto que describe diversas conductas que tengan por objeto o resultado impedir o restringir los derechos humanos de las personas y atentar contra la dignidad humana, ya sea porque se realicen distinciones irracionales e injustificadas, se les nieguen sus derechos o se les excluya.

Esta especificidad de conductas se encuentra expresada en instrumentos internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación; la Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza; y los Principios de Yogyakarta.

Es fundamental que los principios de igualdad y no discriminación se interpreten y apliquen en términos de igualdad estructural o de no sometimiento, porque sin este enfoque se deja al lado la autonomía de las personas y se corre el riesgo de que no se contribuya al combate y erradicación de la brecha de desigualdad.

En la doctrina, Roberto Saba [Más allá de la igualdad formal ante la ley: ¿Qué les debe el Estado a los grupos desaventajados?, Buenos Aires, Siglo XXI, 2016] señala que el enfoque desde la igualdad estructural requiere que se 12 incorpore el análisis del contexto de exclusión sistemática e histórica de grupos o comunidades, y se identifiquen las prácticas sociales, económicas, prejuicios y sistemas de creencias que perpetúan esta desigualdad. Incluso, las prácticas o normas que son neutras, si bien pueden lograr un trato en términos de igualdad formal, continúan excluyendo o no incluyendo a ciertos grupos de personas.

De la Acción Afirmativa Indígena

La CPEUM reconoce en su artículo 2o., párrafo primero, que México es una Nación pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

Dicho artículo reconoce, entre los criterios para identificar a quiénes les aplican las disposiciones relativas a los pueblos indígenas, aquellas personas que se autoadscriben como tales, independientemente de su lugar de residencia o si no hablan alguna lengua indígena.

Asimismo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en su artículo 1, inciso b) señala que son considerados pueblos indígenas aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista, la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, en el artículo 1, numeral 4, señala que “las acciones afirmativas adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la protección que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, [como lo son los derechos político-electorales], no se considerarán como medidas de discriminación”.

De conformidad con la información que arroja la Encuesta Intercensal de 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, respecto de la población que acredita la adscripción indígena, justificó que esta autoridad adoptara una acción afirmativa consistente en que los PPN postulen en sus listas de candidaturas por el principio de representación proporcional nueve (9) personas indígenas en proporción a la población indígena y el número de distritos electorales indígenas de cada una de ellas, a fin de propiciar su mayor participación y representación política, de las cuales al menos 1 fórmula deberá ubicarse en los primeros 10 lugares de cada lista.

Al respecto, en el apartado 5.4.2. de la sentencia dictada por la Sala Superior del TEPJF, en el expediente SUP-RAP-121/2020, se estableció lo siguiente:

(...) De ahí que, en inicio, sea conforme a Derecho que la responsable haya establecido como base mínima para garantizar el acceso y desempeño a los cargos legislativos de elección popular a las comunidades y pueblos indígenas que históricamente han sido segregados en ese rubro, un incremento en el número de cargos reservados para tal efecto, así como la inclusión de dicha medida en los cargos de representación popular, dado que se parte de la dinámica de que este tipo de medidas debe ser progresiva, lo que implica que debe ir en ascenso hasta alcanzar las condiciones jurídicas y fácticas que las hagan innecesarias.

Además, con ella se podría garantizar una ocupación cameral de por lo menos treinta curules con legisladoras y legisladores de extracción indígena, electos por 21 ambos principios, lo que, en buena medida, se apega a los lineamientos definidos jurisdiccionalmente por esta Sala Superior, los que si bien no son de cumplimiento obligatorio, si constituyen un parámetro de validez del acuerdo impugnado, el cual toma como base ciertos elementos, pero potencia e incrementa progresivamente otros aspectos, a fin de reducir la brecha de subrepresentación político-legislativa de los pueblos y comunidades indígenas. En ese estado de cosas, esta Sala Superior considera que la acción diseñada por al responsable es en sí misma progresiva, además de que, contrario a lo que sostiene el recurrente, es congruente con los cánones que definen el respeto al derecho de igualdad y no discriminación por motivos raciales y de género, además de que, contrario a lo que sostiene el recurrente, los razonamientos expresados por el CGINE para dar sustento a su decisión son razonables y objetivos, aun cuando estén basados en un criterio poblacional orientado por las mismas cifras estadísticas utilizadas en el PEF 2017-2018, pues como él mismo impugnante lo señala, no existe ningún instrumento actualizado que permita tomar otro tipo de decisiones.

Además, la medida cuestionada es congruente con el principio pro persona en cuanto que la responsable tomó una decisión progresiva a partir de la información existente, ya que si hubiera reiterado la misma medida que hace tres años, o bien —como el propio impugnante lo asume—, hubiere esperado a contar con información más actualizada para tomar la decisión sobre la medida de equilibrio, como lo es el censo poblacional dos mil veinte del INEGI, equivaldría a tomar una decisión regresiva, lo que de suyo transgrediría los derechos fundamentales de las personas que conforman la comunidad indígena de nuestro país, en la medida que esa determinación fomentaría la consecución de acciones tendentes a sustentar el trato diferenciado que se pretende erradicar.

De lo anterior, se desprende que la Sala Superior del TEPJF consideró conforme a Derecho la acción afirmativa indígena aprobada por este Consejo General, tanto para el principio de mayoría relativa, como por el de representación proporcional; sin embargo, en relación con el número de Distritos en que aplicaría dicha acción afirmativa, estableció lo siguiente:

(...) esta Sala Superior considera hacer las siguientes precisiones. Como se señaló, en los criterios que el CGINE fijó para el registro de candidaturas a postularse en el marco del proceso electoral federal 2017-2018 se dispuso una acción afirmativa en materia indígena por la que los partidos políticos y coaliciones debían postular candidaturas a diputaciones federales por el principio de MR en, al menos, 12 de los 24 distritos electorales uninominales indígenas.

Esos criterios fueron impugnados —originando el expediente SUP-RAP726/2017 y acumulados— ante este órgano jurisdiccional que determinó modificar el citado acuerdo para que, con base en el criterio poblacional, fueran 22 trece Distritos específicos donde los partidos y coaliciones postularan únicamente candidaturas de personas indígenas.

Con ello se garantizaba que efectivamente fueran electas, sin dejar al libre arbitrio de los institutos políticos escoger aleatoriamente los Distritos en los que las postularían. Así, en la sentencia se señaló:

[...] la medida adoptada por el Consejo General permite la existencia de escenarios de participación de personas indígenas y no indígenas en un mismo Distrito, existiendo la posibilidad de que, ante la pluralidad de partidos políticos participantes, no ganen personas correspondientes a tales pueblos o comunidades; consecuentemente, de reiterarse esta situación en los 28 Distritos seleccionados por la autoridad, la medida perdería su efectividad y sus efectos serían limitados.

A partir de lo anterior, esa previsión que esta Sala Superior realizó en 2017 debe tomarse cuenta para el proceso electoral federal que actualmente se desarrolla.

En este sentido, el CGINE deberá modificar su acuerdo para especificar claramente en cuáles de los 21 distritos los partidos y coaliciones deberán postular fórmulas integradas por personas indígenas. Ello, a partir de la información con la que cuenta el instituto, a fin de que la acción afirmativa que se regula tenga efectos reales en los resultados que se obtendrán en la contienda electoral.

De esta manera, a partir del principio de progresividad y congruencia con lo decidido por esta Sala Superior, como se hizo en 2017, se evita que en la contienda electoral compitan candidatos y candidatas indígenas con no indígenas, lo que se traduciría en condiciones posiblemente inequitativas. Asimismo, se da operatividad a la acción afirmativa indígena.

De la Acción Afirmativa a favor de personas con Discapacidad

El 8 de junio de 1999, el plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto, firmó ad referéndum la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

La convención mencionada fue aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el 26 de abril de 2000, según decreto publicado en el DOF del 9 de agosto de ese año. El instrumento de ratificación, firmado por el entonces Ejecutivo federal el 6 de diciembre de 2000, fue depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, el veinticinco de enero de dos mil uno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo X de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

Por tanto, para su debida observancia, el 12 de marzo de 2001, en el DOF se publicó el decreto promulgatorio de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, suscrita en la ciudad de Guatemala, el 7 de junio de 1999.

De conformidad con el artículo I de dicha convención, el término discapacidad” significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.

El término discriminación contra las personas con discapacidad significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

No constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado parte a fin de promover la integración social o el desarrollo personal de las personas con discapacidad, siempre que la distinción o preferencia no limite en sí misma el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad y que los individuos con discapacidad no se vean obligados a aceptar tal distinción o preferencia.

El 30 de marzo de 2007, el plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto, firmó ad referéndum la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.

La convención en cita fue enviada a la consideración de la Cámara de Senadores con la Declaración Interpretativa, así como su protocolo facultativo, siendo aprobados por dicha Cámara alta el 27 de septiembre de 2007, según decreto publicado en el DOF el 24 de octubre de 2007.

El instrumento de ratificación, firmado por el entonces Ejecutivo federal el 26 de octubre de 2007, fue depositado ante el secretario general de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de ese año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 9 de su protocolo facultativo, con la declaración interpretativa señalada.

Por tanto, para su debida observancia, en el DOF de dos de mayo de dos mil ocho se publicó el Decreto Promulgatorio de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el trece de diciembre de dos mil seis; y en el mismo medio de difusión oficial de ocho de diciembre de dos mil once, el Decreto por el que se aprueba el retiro de la Declaración Interpretativa a favor de las Personas con Discapacidad, formulada por el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al depositar su instrumento de ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo.

El 5 de septiembre de 2019 se llevó a cabo la mesa de trabajo para adoptar una acción afirmativa que garantice a las personas con discapacidad el acceso a candidaturas de elección popular del INE. Su objetivo fue generar un espacio de diálogo con organizaciones de la sociedad civil para intercambiar inquietudes, posiciones y sugerencias que permitan adoptar una acción afirmativa que garantice a las personas con discapacidad el acceso a candidaturas de elección popular. Participaron Hugo Rafael Ruiz Lustre, diputado Federal por la LXIV Legislatura; María del Carmen Carreón Castro, entonces magistrada de la Sala Regional Especializada del TEPJF; la doctora Adriana Favela Herrera, consejera electoral de este instituto y las representaciones de 10 organizaciones de la sociedad civil que trabajan con personas con discapacidad: Agustín de Pavia Frías, de Yo También, AC; Rodolfo López Espinoza, de la Federación Mexicana de Sordos, AC; Elsa Falcón y José Arturo Kemchs Dávida, de Fundación Arte Down, AC; José Luis Galeana, del Colectivo 29; Roxana Pacheco, de Discapacidad Motriz, AC; Cinthia Laurel, de Trisomía 21 México, AC; Daniel Maya, de la Asociación de Intérpretes y Traductores de Lengua de Señas de la República Mexicana, AC; Guillermo Hernández Martínez, de la Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad; Alexis Ariel Martínez Salgado, de la Academia Nacional de Lengua de Señas, AC; Héctor Hernández Lizarralde, de Vida Independiente México; y Claudia González Peralta, persona con discapacidad. Se contó con la asistencia de Norma Angélica Aceves García, secretaria de Atención a Personas con Discapacidad del Partido Revolucionario Institucional.

De lo anterior, se advierte que esta autoridad ha realizado acciones tendentes a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29, inciso a), de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo; sin embargo, no ha sido suficiente, porque si bien este Instituto ha llevado a cabo acciones para que las personas con discapacidad puedan participar en las Mesas de Casilla y emitir su voto con ajustes razonables, no ha realizado aquellas que les permita presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno.

Ello es importante si se consideran los resultados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2018, que utiliza la propuesta del Grupo de Washington sobre estadísticas de discapacidad (WG, por sus siglas en inglés) para identificar la condición de discapacidad de las y los habitantes del país.

Con el objetivo identificar a la población que está en mayor riesgo de experimentar barreras en la participación social10, el Grupo de Washington diseñó un conjunto de preguntas para captar el grado de dificultad que tienen las personas para realizar seis actividades consideradas básicas11 (WG, s.f.a). A partir de dicha metodología se considera que una persona tiene discapacidad cuando declara tener mucha dificultad o no poder realizar al menos una actividad por las que se indaga (WG, s.f.b).

Este Consejo General aprobó diferentes acuerdos para garantizar el derecho al voto de las personas con discapacidad y su participación en la organización de las elecciones para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 (PEF 2017- 2018), entre los que destacan:

- Aprobación de los modelos y la producción de los materiales electorales para el PEF 2017-2018 (Acuerdo INE/CG383/2017). En este Acuerdo fue aprobada la mampara especial como materia electoral que se instala en las casillas y sirve para garantizar la secrecía y la libertad del voto a las personas que viven con algún tipo de discapacidad que les impide el acceso al cancel electoral portátil. Asimismo, la base porta urnas, que es un material electoral que se utiliza para colocar la urna en posición ligeramente inclinada y a una altura tal, que facilita el acceso a todas las personas electoras, incluyendo aquellas con alguna discapacidad, para depositar su voto. La etiqueta con el nombre de la elección grabado en Braille, que se coloca en el borde de la ranura de la urna, para apoyar a las personas con discapacidad visual a que ubiquen la elección que corresponda y depositen correctamente su voto. Y, finalmente, este Instituto, en su interés por ofrecer condiciones más igualitarias a las personas con discapacidad, mantiene un esfuerzo continuo en el desarrollo de nuevos instrumentos, elaboró una lupa que se integrará a las casillas para ayudar a las personas con visión baja en la lectura de los textos de las boletas, en particular los nombres de las personas candidatas.

- Aprobación del diseño y la impresión de la boleta y demás documentación electoral para el PEF 2017-2018 (INE/CG450/2017). Con este acuerdo fueron aprobados, entre otros documentos, el Formato de Registro de personas con discapacidad que acuden a votar; las plantillas braille y el instructivo para para las boletas electorales. Cabe señalar que la técnica de impresión de las plantillas braille fue validada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

- Aprobación del protocolo para la inclusión de personas con discapacidad como funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casilla (INE/CG161/2017). Con este acuerdo se establece la posibilidad de que a solicitud expresa de la persona funcionaria con discapacidad, una persona de su confianza la acompañe durante la jornada electoral, la cual podrá estar en la casilla y llevar consigo un distintivo que le identifique como acompañante de la persona funcionaria con discapacidad.

- Aprobación de los Lineamientos de operación de casillas especiales para el voto de las personas hospitalizadas, familiares o personas a su cuidado y personal de guardia, durante la Jornada Electoral del 1o. de julio de 2018 en hospitales. Prueba piloto y dispositivo ordinario (INE/CG431/2018). Con la ejecución de dichos Lineamientos, se instalaron casillas especiales fijas en treinta y un (31) hospitales públicos (uno por cada entidad federativa, salvo Nayarit), para recibir la votación de personas hospitalizadas que pudieran trasladarse hasta la casilla instalada en la entrada del hospital, también para sus familiares o acompañantes y personal de guardia del hospital. Por su parte, en la Ciudad de México se realizó la prueba piloto de una casilla itinerante en el Hospital General Doctor Manuel Gea González, que realizó un recorrido por el interior del hospital para que votaran las personas hospitalizadas que no pudieran trasladarse hasta la casilla fija instalada a la entrada del hospital; recabándose 200 votos.

En 2018, en la LXIV Legislatura, el diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LGPP, específicamente propuso reformar el numeral 4, del artículo 3, y adicionar un inciso u), recorriéndose los demás incisos del numeral 1, del artículo 25, para quedar como sigue:

...

Artículo 3.

...

1. a 3. ...

4. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales. Éstos deberán ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad entre géneros. Se garantizará la participación de las personas con discapacidad en todas las acciones partidarias, así como en las candidaturas a cargos de elección popular.

...

Publicación en la Gaceta Parlamentaria, año XXI, número 5116-II, martes dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho,

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180918-II.h tml#Iniciativa9

Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

a) a s) ...

t) Cumplir las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a su información les impone.

u) Garantizar un porcentaje mínimo de 5 por ciento en sus candidaturas a puestos de elección popular federales y locales reservados a personas con discapacidad; y

v) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables...

La iniciativa se encuentra en la Comisión de Gobernación y Población como Pendiente.

Aunado a lo anterior, en el apartado 5.4.1.3 de la sentencia dictada por la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP-RAP-121/2020, se estableció lo siguiente:

(...) Como se dijo en esta ejecutoria, las autoridades están conminadas a diseñar acciones afirmativas tendentes a garantizar la participación de las personas con discapacidad, lo que se deriva de lo dispuesto en el propio artículo 1o. de la CPEUM, y de los tratados internacionales suscritos y ratificados por México en el rubro.

En efecto, en el apartado 5.4.1.1. de esta sentencia se sostuvo que las normas internacionales aplicables para el caso mexicano, vinculadas con las personas con discapacidad, prevé una serie de Lineamientos a partir de los cuales, los Estados parte están obligados a desempeñar.

Así, se tiene que el Estado Mexicano y, por ende, sus autoridades deben adoptar las medidas pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos por la propia Convención, así como para modificar o derogar leyes, Reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad; que se debe acelerar o lograr la igualdad sustantiva de las personas con discapacidad, así como garantizar los derechos políticos de las personas con discapacidad y la posibilidad de que gocen de ellos en igualdad de condiciones, por lo que se comprometerán a asegurarles participación plena y efectiva en la vida política y pública directamente o a través de representantes, lo que comprende la posibilidad de que sean electas, en cuyo caso, la protección debe alcanzar para tener derecho a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública en todos los niveles de gobierno.

En el caso, al igual que con la acción afirmativa indígena, no existe una reserva de ley que impida al INE desarrollar una acción afirmativa en los términos apuntados, como tampoco existe una ley que deba controlar la medida en que dicha autoridad electoral desarrolla su facultad reglamentaria sobre este punto, por lo que es innegable que no existe un impedimento constitucional y legal para que desarrolle la temática en cuestión.

Por el contrario, existe un mandato constitucional y convencional que le vincula a establecer, desde ya, políticas que garanticen el acceso en condiciones de igualdad para que las personas con alguna discapacidad, puedan ejercer plenamente sus derechos fundamentales en materia político electoral, pues evidentemente forman parte del bagaje de derechos fundamentales que todas las personas tienen garantizadas en términos y para los efectos establecidos en el referido artículo 1 de la CPEUM, de lo que también ya se habló en esta ejecutoria.

(...)

Por ello, el hecho de que ni la CPEUM ni las leyes mandaten expresamente el diseño de medias afirmativas o cuotas, no necesariamente conduce a la conclusión de que esa obligación no existe, dado que las autoridades tienen el deber de hacer realidad los derechos reconocidos en los tratados internacionales.

Así, esta Sala Superior observa que de las disposiciones constitucionales y convencionales antes descritas se desprenden diversas razones que sustentan la obligación del CGINE de generar acciones afirmativas encaminadas a favorecer la participación político-electoral de las personas con discapacidad.

(...)

En mérito de lo anterior, y ante lo fundado de los planteamientos del actor, se debe ordenar al CGINE que lleve a cabo las acciones necesarias y pertinentes para implementar medidas afirmativas que garanticen el acceso de las personas con discapacidad en la postulación de candidaturas para los cargos de elección que habrán de postularse en el actual PEF, las cuales deberán ser concomitantes y transversales con las que ya ha implementado hasta este momento y las que, en su caso, diseñe posteriormente, en el entendido que los PP o los COA podrán postular candidaturas que, cultural y socialmente, pertenezcan a más de un grupo en situación de vulnerabilidad.

En consecuencia, para cumplir y acatar lo ordenado por la Sala Superior del TEPJF, lo conducente es determinar la forma en que se aplicará la acción afirmativa para personas con discapacidad con el objeto de optimizar el derecho al sufragio pasivo de las personas pertenecientes a este grupo de exclusión sistemática e invisibilizados socialmente.

De la Acción afirmativa para personas afromexicanas

El artículo 2o., Apartado C, de la CPEUM establece:

Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores del presente artículo en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.

Fue hasta el nueve de agosto de dos mil diecinueve cuando se publicó en el DOF el decreto por el que se adicionó dicho apartado al artículo 2o. de la CPEUM, con la finalidad de reconocer a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la conformación pluricultural de los Estados Unidos Mexicanos, así como su derecho a la libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.

Antes de dos mil quince, era imposible contar con cifras oficiales acerca de aquellas personas que se reconocían como afromexicanas, pues es hasta la encuesta inter censal de 2015 cuando se incorporó por primera vez una pregunta en torno a la identificación de la población afromexicana en México.

Este Consejo General resalta que la medida adoptada satisface el estándar constitucional del test de proporcionalidad y, por tanto, se ajusta al bloque en materia de derechos humanos, en razón de que tienen un fin constitucional legítimo en cuanto a concretar los compromisos convencionales contraídos por el Estado Mexicano a través de la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas y desdoblar los alcances protectores del artículo 1o., párrafo quinto, en relación con los diversos 35, fracción II, y 41, párrafo primero, Base I, párrafo segundo, de la Constitución federal, específicamente procurando la maximización del ejercicio de los derechos político-electorales de votar y ser votadas, en su vertiente de acceder a candidaturas a cargos de representación popular de la población afromexicana.

La acción afirmativa que se instrumenta es idónea, porque la medida adoptada es acorde para construir un diseño que garantice el derecho de las personas afromexicanas para acceder a candidaturas a cargos de representación popular y sin que se adviertan vías distintas para concretar el avance en el ejercicio del derecho de las personas a ser votadas en favor de este sector de la población.

Asimismo, la medida detallada se considera necesaria, en atención a que la Legislación Electoral actual no prevé un reglado que instituya medidas compensatorias para favorecer el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas afromexicanas, específicamente por lo que hace a garantizar su acceso a candidaturas; además que, la experiencia muestra que la legislación por sí sola no ha sido suficiente para proteger el ejercicio de derechos de las personas pertenecientes a grupos vulnerables y grupos minoritarios como es la población afromexicana, lo que hace necesario implementar mecanismos que garanticen un piso mínimo de acceso a candidaturas.

La medida que se implementa es proporcional, al no constituir una limitación absoluta de ejercicio de derechos, antes bien, es conveniente a lograr el propósito de optimizar el ejercicio de los derechos político-electorales de las población afromexicana, por tratarse de la primera medida afirmativa que se implementa para garantizar y promover el acceso de las personas afromexicanas a un techo mínimo de candidaturas a cargos de representación popular respecto de la integración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

De la Acción Afirmativa a favor de las personas de la diversidad sexual

A nivel internacional, los convenios de protección de derechos humanos aún no tienen definiciones claras y contundentes acerca de proteger a las poblaciones de personas lesbianas, gay, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersex (LGBTTTIQ+), esto en tanto que los instrumentos internacionales vinculantes no mencionan directamente aún la orientación o preferencia sexual y la identidad y/o expresión de rol de género.

Como antecedentes no vinculantes para México se encuentra la Declaración Internacional de los Derechos de Género, la cual fue aprobada el veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y tres, por las personas asistentes a la Segunda Conferencia Internacional sobre Legislación de Transgéneros y Política de Empleo en Houston, Texas, EUA. Entre los derechos considerados en la declaración se encontraron el derecho de las personas a reivindicar la identidad de género, el derecho a la libre expresión de la identidad y el papel de género, el derecho a determinar y modificar el propio cuerpo y el derecho a un servicio médico competente y profesional.

Más tarde, en noviembre de dos mil seis, se formularon y adoptaron los Principios de Yogyakarta, en Indonesia, en el que se hicieron explícitos derechos en relación con la orientación sexual y la identidad de género.

Aun cuando dicha declaración no es vinculante para México, es relevante en cuanto implica una definición clara respecto de los derechos humanos relacionados con la orientación sexual y la igualdad de género al reconocerse como tales el derecho a la igualdad y la no discriminación; derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica; derecho a la vida; derecho a la seguridad personal; derecho a la privacidad; derecho a no ser detenido arbitrariamente; derecho a un juicio justo; derecho de toda persona privada de su libertad a ser tratada humanamente; derecho a no ser sometida a torturas ni a penas, tratos crueles inhumanos o degradantes; derecho a la protección contra todas las formas de explotación; derecho al trabajo; derecho a la seguridad social; derecho a un nivel adecuado; derecho a una vivienda digna; derecho a la educación; derecho a la salud; protección contra abusos médicos; derecho a la libertad de expresión; derecho de libertad de reunión; derecho de libertad de pensamiento; derecho de libertad de movimiento; derecho a procurar asilo; derecho a formar a una familia; derecho a participar en la vida pública; derecho a participar en la vida cultural, entre otros.

Así, aun cuando los Principios Yogyakarta no tienen un carácter vinculante, éstos se han utilizado como referente esencial en la protección de los derechos de la población LGBTTTIQ+, al ser adoptados como parámetros en el diseño e implementación de políticas públicas para la atención de las personas de la diversidad sexual; además, de que se recurre a ellos como costumbre internacional o fuente auxiliar del derecho internacional al incorporarse a la doctrina publicista de mayor competencia de las distintas naciones.

Siguiendo con el plano internacional, el uno de diciembre de dos mil seis, Noruega a nombre de 54 estados de Europa, América -incluyendo México-, Asia y el Pacífico, presentó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas una declaración sobre violaciones a los derechos humanos relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género, en la que por primera vez se integró el tema de la identidad de género en una declaración entregada al órgano encargado de la cartera de los derechos humanos en las Naciones Unidas.

Con posterioridad, el dieciocho de diciembre de dos mil ocho, por iniciativa de Francia y con el apoyo de la Unión Europea, presentó ante el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas una declaración sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género36, la cual contó con el respaldo de 66 países de los 192 que en ese momento conformaban la comunidad internacional.

A nivel interamericano, el tres de junio de dos mil ocho, la Organización de Estados Americanos, a través de su Asamblea General, adoptó la resolución propuesta sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género.

El 23 de abril de 2012, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos presentó el documento denominado Orientación sexual, identidad de género y expresión de género: algunos términos y estándares relevantes.

En los documentos referidos, la Organización de Estados Americanos llama la atención sobre los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos cometidos en agravio de personas en razón de su orientación sexual e identidad de género, y alienta la investigación de violaciones a los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual; recomienda la protección a las personas encargadas de defender los derechos humanos de quienes tienen orientaciones sexuales e identidades de género distintas a la heterosexual; sugiere la creación de estudios a nivel hemisférico sobre estos temas e invita al establecimiento de órganos y organismos de derechos humanos para abordar el tema.

En junio de 2013, en Antigua, Guatemala, las naciones integrantes de la Organización de Estados Americanos aprobaron la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia39 que, como instrumento vinculante para los Estados Parte, por primera vez, reconoce, garantiza, protege y promueve el derecho a la no discriminación por identidad y expresión de género, junto con el derecho a la no discriminación por orientación sexual, entre otros.

En razón de lo anterior, este Consejo General tiene en cuenta que ya desde la Declaración Internacional de los Derechos de Género adoptada el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y cinco, se previó que a las personas de la diversidad sexual no se les puede negar sus derechos humanos ni civiles con base en la expresión del rol de género, así como que tienen derecho a prepararse y ejercer un trabajo o profesión como medio de satisfacción de sus necesidades de habitación, sustento y demás exigencias de la vida.

Asimismo, es referencia que desde la Declaración sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género presentada por Francia ante las Naciones Unidas, es una constante internacional la preocupación por las violaciones de sus derechos humanos y libertades fundamentales basadas en la orientación sexual o identidad de género, así como la violencia, acoso, discriminación, exclusión, estigmatización y prejuicio que se presenta en todas las latitudes por causa de la orientación sexual o identidad de género de las personas pertenecientes a los grupos LBGTTTIQ+.

En la resolución A/HRC/RES/17/1940 adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, a propuesta de Sudáfrica, se expresó la grave preocupación por los actos de violencia y discriminación en todas las regiones del mundo en contra de personas por su orientación sexual e identidad de género y, como parte de la resolución, se solicitó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se realizará un estudio sobre dicha problemática.

En dicho informe se destaca, en lo que aquí interesa, que el Comité de Derechos Humanos ha instado a los Estados parte a garantizar a todas las personas la igualdad de los derechos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con independencia de su orientación sexual y que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su observación general sobre la discriminación incluyó la orientación sexual y la identidad de género como motivos prohibidos de discriminación en virtud del pacto.

En el informe en el rubro de restricciones de libertad de expresión, asociación y reunión, se puntualizó que estos derechos son protegidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos ha instado a los Estados Partes a garantizar a todas las personas la igualdad de los derechos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con independencia de su orientación sexual y que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su observación general sobre la discriminación incluyó la orientación sexual y la identidad de género como motivos prohibidos de discriminación en virtud del pacto.

En el mismo aspecto, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que las personas defensoras de los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans han sido víctimas de violencia y acoso cuando han convocado a reuniones o actos culturales o han participado en manifestaciones por la igualdad de las personas de la diversidad sexual; que en algunos países se niega la protección policial o los permisos para la celebración de esos actos, en ocasiones con el pretexto de que constituyen una amenaza contra la moral y la seguridad pública, y ante la falta de protección policial, las personas manifestantes y sus defensoras han sido agredidas y hostigadas físicamente.

El informe reporta que, en muchos casos, las lesbianas, las mujeres bisexuales y las personas trans corren un riesgo especial debido a la arraigada desigualdad entre los géneros, que restringe la autonomía en la adopción de decisiones sobre la familia, la sexualidad y la vida en la comunidad.

Entre sus recomendaciones, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos explícitamente recomendó que las naciones deben promulgar legislación amplia de lucha contra la discriminación que incluya la discriminación por razón de la orientación sexual y la identidad de género, así como que reconozcan las formas de discriminación concomitantes velando porque la lucha contra la discriminación por razón de la orientación sexual y la identidad de género pueda ser ejercida por estas personas como parte de sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en condiciones de seguridad y sin discriminación por razón de la orientación sexual y la identidad de género.

En el marco interamericano, la Asamblea de la Organización de Estados Americanos adoptó la resolución AG/RES/2435 (XXXVIII-O/08), en la que manifestó su preocupación por los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos cometidas contra individuos a causa de su orientación sexual e identidad de género, y encargó a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos incluyera en su agenda el tema “Derechos humanos, orientación sexual e identidad de género”, a fin de que presentará un documento de análisis de la temática.

El veintitrés de abril de dos mil doce, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos presentó el documento solicitado sobre la situación de los derechos de las personas lesbianas, gay, trans, bisexuales e intersex.

En el documento precisó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entiende por discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de género toda distinción, exclusión, restricción o preferencia de una persona por estos motivos que tenga por objeto o por resultado -ya sea de iure o de facto- anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades, teniendo en cuenta las atribuciones que social y culturalmente se han construido en torno a dichas categorías.

En relación con la interpretación de las disposiciones y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, puntualizó que la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sostenido que la orientación sexual y la identidad de género se encuentran comprendidas dentro de la frase “otra condición social” establecida en el artículo 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en consecuencia, toda diferencia de trato basada en la orientación sexual y la identidad de género es sospechosa y se presume incompatible con la Convención y cualquier Estado en este supuesto se encuentra en la obligación de probar que la misma supera el examen especialmente estricto que se utiliza para medir la razonabilidad de una diferencia de trato.

En el documento se subrayó que en relación con la orientación sexual y su vinculación con el derecho a la vida privada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la orientación sexual constituye un componente fundamental de la vida privada de un individuo que debe estar libre de interferencias arbitrarias y abusivas por el ejercicio del poder público, que existe un nexo claro entre la orientación sexual y el desarrollo de la identidad y plan de vida de un individuo, incluyendo su personalidad y sus relaciones con otros seres humanos, por lo que el derecho a la privacidad protege el derecho a determinar la propia identidad y a formar relaciones personales y familiares en base a esa identidad.

La Comisión Interamericana ha enfatizado que el derecho a la vida privada garantiza esferas de la intimidad que el Estado ni nadie puede invadir, tales como la capacidad para desarrollar la propia personalidad y aspiraciones y determinar su propia identidad, así como campos de actividad de las personas que son propios y autónomos de cada quien, tales como sus decisiones, sus relaciones interpersonales, familiares y en su comunidad.

En el documento se incluye como nota que la organización Global Rights ha identificado que las identidades políticas, sociales, sexuales y de género que abarca las siglas LGBTI existe como concepto colectivo, el cual, ha sido reivindicado por algunas personas y grupos activistas en muchos países para afirmar sus demandas de reconocimiento, espacio y personería legal, esto es, ha sido utilizada con éxito para organizarse política, social y económicamente.

De igual modo, es relevante para este Consejo General que conforme con el principio 25 de la Declaración de Yogyakarta, todas las personas que sean ciudadanas deben gozar del derecho a participar en la conducción de los asuntos públicos, incluido el derecho a postularse a cargos electivos, a participar en la formulación de políticas que afecten su bienestar y a tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a todos los niveles de funcionarias y funcionarios públicos y al empleo en funciones públicas, incluso en la policía y las fuerzas armadas, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

En los Principios de Yogyakarta se recomienda a los Estados que

I. Revisen, enmienden y promulguen leyes para asegurar el pleno goce del derecho a participar en la vida y los asuntos públicos y políticos, incluyendo todos los niveles de servicios brindados por los gobiernos y el empleo en funciones públicas (...), sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género y con pleno respeto a la singularidad de cada persona en estos aspectos;

II. Adopten todas las medidas apropiadas para eliminar los estereotipos y prejuicios referidos a la orientación sexual y la identidad de género que impidan o restrinjan la participación en la vida pública; y

III. Garanticen el derecho de cada persona a participar en la formulación de políticas que afecten su bienestar, sin discriminación basada en su orientación sexual e identidad de género y con pleno respeto por las mismas.

En México, los informes relativos a la discriminación sobre este sector de la población son preocupantes. De acuerdo con datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en su ficha temática sobre las personas (LGBTTTIQ+), conforme con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, casi dos millones setecientas mil personas declaran en el país no ser heterosexuales, lo que representa 3.2 por ciento de la población nacional, pero dicha institución estima que este porcentaje puede ser mayor al ser probable que, dados los prejuicios sobre la diversidad sexual, muchas personas no hayan compartido abiertamente su orientación sexual.

En la ficha temática se apunta que conforme a un estudio demográfico realizado por académicas de la UNAM y El Colegio de México, en México para 2010 había 229 mil 473 hogares liderados por parejas del mismo sexo y tres cuartas partes de dichas familias tenían hijos e hijas.

Tales datos son indicativos de la necesidad y pertinencia de adoptar medidas para garantizar la inclusión de las personas pertenecientes a estos colectivos de la población.

En ese sentido, este Consejo General estima prioritario y de suma relevancia la adopción de una acción afirmativa que construyan escenarios que tornen viable que las personas de la diversidad sexual, como grupo poblacional, puedan acceder a la representación política en la Cámara de Diputados, en la inteligencia que al tratarse del órgano que representa la pluriculturalidad de la sociedad mexicana deben procurarse instrumentos que promuevan la inclusión de este sector de la población y, en relación con ello, la acción afirmativa es la vía idónea para propiciar que puedan participar de la actividad legislativa —como parte de la construcción del Estado—, a efecto de lograr en su favor un estándar de inclusión de representación y con ello, puedan impactar en el aspecto político, social, cultural, económico y en cualquier ámbito de importancia para sus proyectos de vida.

Como antecedentes, se cuenta con la medida adoptada por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca dentro del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en el que a través del Acuerdo del Consejo General IEEPCO-CG-32/2018 estableció los Lineamientos para el registro de candidaturas a Concejalías de los Ayuntamientos y en el que estableció una acción afirmativa en favor de las personas transgénero, transexuales, intersexuales o muxes, al prever lo siguiente:

(...)

22. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de los Lineamientos, en caso de postulación de personas transgénero, transexuales, intersexuales o muxes, la postulación de la candidatura corresponderá al género al que la persona se auto adscriba y dicha candidatura será tomada en cuenta para el cumplimiento del principio de paridad de género. De la cual el partido político postulante deberá informar en el registro correspondiente a la fórmula o planilla de que se trate...

Como se puede ver, el Instituto Estatal y de Participación Ciudadana de Oaxaca posibilitó que se presentaran candidaturas de personas transgénero, transexuales, intersexuales o muxes, y para garantizar el ejercicio de derechos político-electorales de estas personas estableció que la candidatura correspondería al género que la persona se autoadscribiera y en esos términos sería tomada en cuenta para la observancia del principio de paridad de género en la postulación de candidaturas.

La actuación administrativa electoral de referencia fue motivo de revisión ante la Sala Superior del TEPJF en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-304/2018 y sus acumulados que, en lo que aquí interesa, en relación con la protección de los derechos políticos de las personas trans, estableció lo siguiente:

(...)

295 De todo lo expuesto..., es posible extraer las siguientes premisas: (i) La identidad de género es una vivencia interna y subjetiva que a través de la expresión de género se exterioriza para que una persona pueda ser percibida como tal frente a la sociedad; (ii) Las recomendaciones internacionales y los criterios de los tribunales constitucionales han pugnado por señalar que basta la autoadscripción a un género determinado para que el Estado deba reconocer esa situación.

(...)

(vi) Las personas LGBTI tienen derecho a que el Estado adopte acciones positivas o de igualación positiva, que tengan por objeto permitir el acceso efectivo a oportunidades entre distintos grupos vulnerables y el resto de la población; siempre que dichas medidas sean objetivas y razonables. b.3 El acceso de las personas LGBTI a cargos de elección popular 296 Para efectos del presente estudio, conviene traer de nueva cuenta el texto aprobado por el Consejo General del Instituto Local en los Lineamientos: “En caso de postulación de personas transgénero, transexuales, intersexuales o muxes, la postulación de la candidatura corresponderá al género al que la persona se autoadscriba y dicha candidatura será tomada en cuenta para el cumplimiento del principio de paridad de género. De la cual el partido político postulante deberá informar en el registro correspondiente a la fórmula o planilla de que se trate.

297 En primer lugar, se considera que la determinación adoptada por la autoridad electoral es una medida objetiva y razonable que tiene por objeto eliminar barreras de acceso a la postulación de cargos de elección popular, respecto de un grupo históricamente vulnerado y marginado de la vida política.

298 Siendo importante señalar que, la medida no establece la creación de una cuota diferenciada, sino que permite la postulación de candidatos intersexuales, transexuales, transgénero o muxes dentro de la cuota reservada para hombres o mujeres, en función del género con el cual se identifican en el plano interno y que exteriorizan de manera pública.

299 Así, se advierte que dicha medida es acorde con las obligaciones del Estado en cuanto a adoptar las medidas necesarias para impulsar la participación de grupos no visibilizados pero participantes de la política local, como puede ser el colectivo integrado por los muxes, la cual les permita una efectiva participación y potencia el ejercicio de sus derechos político-electorales, en la vertiente de ser postulados y votados a un cargo de elección popular.

300 Lo anterior es así, porque -como quedó señalado con anterioridad- el derecho fundamental a la igualdad jurídica en su dimensión sustantiva, protege tanto a personas como a grupos sujetos a vulnerabilidad, a efecto de erradicar las discriminaciones estructurales que operan en contra de aquéllos, con el objeto de que se disminuyan o erradiquen los obstáculos sociales, políticos, económicos, culturales o de cualquier otra índole que les impidan gozar a plenitud del resto de derechos constitucional y convencionalmente reconocidos a su favor, que en el caso concreto, se traducen en los obstáculos históricos, políticos y sociales que han enfrentado en su condición de indígenas y de personas transgénero.

301 Ahora bien, la medida prevista por los Lineamientos en materia de paridad establecida por la responsable es un derecho en favor de la postulación de ciudadanos que se autoadscriben a un género, que tiene como finalidad que personas interesexuales, transgénero, transexuales y muxes accedan de forma efectiva a la vida política de la comunidad y, particularmente, a cargos en los ayuntamientos.

302 Por ello, el aspecto esencial que debe determinarse reside en establecer si la sola manifestación de una identidad de género basta para que la persona interesada debe ser considerada, dentro de las candidaturas del género al que dice pertenecer.

303 Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que la manifestación de pertenencia a un género es suficiente para justificar la autoadscripción de una persona. Por lo que, bajo un principio de buena fe y presunción de la condición, la autoridad electoral debe llevar a cabo el registro conforme a la autoadscripción manifiesta.

304 Se considera lo anterior, porque si bien es cierto que el Estado Mexicano se encuentra obligado a facilitar el acceso no solo a la justicia sino a condiciones dignas de vida que permita el ejercicio pleno de sus derechos y, entre ellos, los derechos político-electorales, el Estado se encuentra obligado a preservar los principios constitucionales que rigen en la renovación de los órganos de representación nacional, y, de manera particular, el principio de paridad de género.

305 En este sentido, se considera que el Estado debe garantizar que los lugares sean ocupados por personas que de forma auténtica se autoadscriban a tal condición, pues ello es lo que fortalece la irradiación del principio de representatividad y composición pluricultural, pues de llegar a ser electos, éstos representarán no sólo a sus comunidades sino, especialmente, a la comunidad trans, garantizando que los electos representarán los intereses reales de los grupos en cuestión, tendiendo con ello a evitar la desnaturalización de esta acción potenciadora.

306 Lo anterior es así, porque de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1o., 4o., 35, fracción II, y 41, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos, dentro de los que se encuentran la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, así como al derecho al voto pasivo, teniendo las calidades que establezca la ley, pero también se encuentran sujetas a la prohibición de realizar alguna discriminación por razón de género.

(...)

311 En la ley reglamentaria del artículo 1o. constitucional de referencia se estableció la posibilidad de que tanto el legislador, como las demás autoridades competentes del Estado mexicano, adopten medidas excepcionales, extraordinarias, y transitorias, tendentes a proteger la eficacia de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

312 En efecto, en el artículo 5 del ordenamiento legal de referencia, se señaló que no se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por efecto promover la igualdad real de oportunidades de las personas o grupos, ni aquellas distinciones basadas en criterios razonables, proporcionales y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de derechos.

313 De ahí que sea obligación de todas las autoridades del Estado Mexicano, dentro del ámbito de sus atribuciones, garantizar el pleno ejercicio de esos derechos en armonía con los principios constitucionales y demás derechos previstos en el orden constitucional.

314 En ese estado de cosas, si bien es cierto que la autoadscripción de género como parte del libre desarrollo de la personalidad, y del ejercicio del derecho a la autodeterminación de las personas constituye un elemento de la mayor relevancia para el ejercicio de los demás derechos fundamentales, también lo es que, tratándose de aquellos supuestos en los que, su ejercicio exceda el ámbito personal y de reconocimiento del Estado, como lo es el relativo a ser votado, las autoridades se encuentran obligadas a proteger tanto el interés público, los principios constitucionales que rigen el sistema jurídico, y los derechos de los demás.

315 En esa medida, la autoadscripción de una persona resulta suficiente para que la autoridad administrativa electoral la registre como persona postulada a un cargo de elección popular dentro del segmento previsto para el género en el que se auto percibe.

316 En efecto, la obligación de los órganos y autoridades del Estado Mexicano de promover, respetar, garantizar y proteger los derechos humanos, dentro de los que se encuentran los de naturaleza electoral, no se circunscribe sólo a proteger la autoadscripción de la identidad, sino que también les vincula a que las determinaciones que adopten sean congruentes, además, con todos los principios y derechos contemplados en el sistema jurídico y, en el caso, el electoral.

317 Lo anterior toda vez que este tipo de medidas tienen como finalidad dotar de certeza a los contendientes, autoridades y al electorado, respecto de la observancia plena a los principios que rigen las elecciones y, de manera particular, al principio constitucional de paridad, ya que las postulaciones entre hombres y mujeres siempre deben privilegiar el acceso a la igualdad real de oportunidades, con independencia del género al que se autoadscriban.

318 Así, si bien es cierto que el acta de nacimiento rectificada por cambio de sexo es el documento que otorga el reconocimiento del Estado a la expresión de género con el que una persona se autoadscribe en los planos subjetivo y exterior, lo cierto es que, para este órgano jurisdiccional, el exigir la presentación de esta documental para el registro a una candidatura de elección popular en el género al que se autoadscribe, puede traducirse en una carga desproporcionada.

319 Ello, porque si bien existe una obligación a cargo del Estado Mexicano de reconocer la identidad de género sin más requisito que el de autoadscripción, en realidad se trata de un trámite administrativo que no se encuentra disponible en la mayoría de las entidades federativas (incluyendo Oaxaca) o, en el mejor de los casos, no exento de condiciones que los sujeten a la valoración de pruebas médicas, psicológicas, psiquiátricas, genéticas, endocrinológicas que, por su naturaleza, los vuelven trámites discriminatorios, costosos e inaccesibles.

320 En este orden de ideas, este órgano jurisdiccional concluye que, en el caso, bastaba la autoadscripción para que la autoridad responsable procediera al registro de las candidaturas en las condiciones relatadas.

(...)

323 Así, resulta necesario señalar que la autoadscripción como elemento esencial de identidad para que el registro de una candidatura sea computada en espacios destinados a un género específico, no se traduce en una afectación al principio de paridad de género, pues el Estado Mexicano tiene el deber de garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, así como el reconocimiento a la identidad de género, a partir de la manera en que cada persona se autopercibe.

324 Por lo que, como se estableció con anterioridad, este órgano jurisdiccional considera que la manifestación de pertenencia a un género es suficiente para justificar su registro dentro de las candidaturas del género atinente.

325 Sin embargo, dada la obligación del Estado de proteger la paridad en la postulación de las candidaturas, es necesario que esa manifestación se encuentre libre de vicios y que sea acorde con la finalidad perseguida por el Constituyente. Esto es, que la integración de los órganos de gobierno de representación popular permita la inclusión de hombres y mujeres, en observancia al principio de paridad.

(...)

327 En ese sentido, las autoridades encargadas de la organización y calificación de los comicios, se encuentran vinculadas a respetar la autoadscripción de género de las personas, en atención a la obligación del reconocimiento de la identidad y el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

328 Sin embargo, frente a existencia de elementos claros, unívocos e irrefutables, de que alguna manifestación de autoadscripción de género se emitió con la finalidad de obtener un beneficio indebido, en perjuicio de los bienes y valores protegidos en el orden constitucional, en particular, los relativos a la paridad de género, la certeza y al de autenticidad de las elecciones, el órgano electoral se encuentra obligado a analizar la situación concreta, a partir de los elementos con los que cuente, sin imponer cargas a los sujetos interesados y mucho menos generar actos de molestia que impliquen la discriminación de la persona que aspira a ser registrada a una candidatura.

329 Al respecto, esta Sala Superior ha considerado que el Estado mexicano se encuentra obligado a facilitar el acceso a la justicia a los grupos vulnerables, y como personas integrantes de la sociedad mexicana, realizar la interpretación que más favorezca a las personas, a fin de evitar colocarlos en un estado de indefensión.

330 Se tiene que las personas transgénero se les considera un grupo vulnerable, por lo que la autoridad está obligada a no exigir cargas procesales irracionales o desproporcionadas, de acuerdo con su situación de desventaja, sin embargo, tratándose de la postulación de candidaturas a cargos representativos de elección popular, es necesario que no existan elementos evidentes que resten certeza a la autenticidad de la adscripción de género al que afirmen pertenecer.

331 Ello es así, en razón de que el efecto que se genera con el registro atinente, no se limita a garantizar su libertad para autodefinirse o considerarse de un género específico, sino que trasciende al interés público, precisamente porque la finalidad del registro es la de representar a la ciudadanía en los órganos de gobierno, y su postulación incide o afecta en el número de las candidaturas del género al que se adscribe cada persona, ya que disminuye el número de lugares que, en principio, deberían ser ocupados por hombres o mujeres, según sea el caso.

332 Además de ello, solicitar una prueba a la autoadscripción, resulta conflictivo en términos de la certeza respecto de cuáles eran las reglas del juego al momento de los registros.

333 En efecto, los Lineamientos emitidos por el Instituto Local eran muy claros y lo único necesario para acreditar la identidad sexo-genérica era la autoadscripción, por lo que, en consecuencia, las personas en cuestión fueron registradas como mujeres puesto que así lo solicitaron al instituto local.

334 Lo que señala el artículo 16 de los lineamientos referidos, es: En caso de postulación de personas transgénero, transexuales, intersexuales o muxes, la postulación de la candidatura corresponderá al género al que la persona se auto adscriba y dicha candidatura será tomada en cuenta para el cumplimiento del principio de paridad de género. De la cual el partido político postulante deberá informar en el registro correspondiente a la fórmula o planilla de que se trate

335 En consecuencia, solicitar que tal condición se acredite con un acta de nacimiento rectificada o con un comportamiento social determinado es, además de discriminatorio, en este caso, retroactivo y, por tanto, inconstitucional.

336 Por otro lado, habría que tomar en cuenta que no todas las personas manifiestan su identidad sexo-genérica de la misma manera, por lo que no puede pretenderse que su manifestación responda a catálogos o criterios específicos que las autoridades puedan tomar como parámetros objetivos e irrefutables de la identidad.

337 En efecto, el Estado debe respetar y garantizar la individualidad de cada persona, lo que se traduce en la facultad legítima de cada persona de establecer la exteriorización de su modo de ser, de acuerdo con sus más íntimas convicciones. En ese sentido, cada persona desarrolla su propia personalidad con base en la visión particular que respecto de sí misma tenga y de su proyección ante la sociedad.

338 Por ello, este órgano jurisdiccional considera que si la finalidad se sugiere última de que un hombre ocupe el espacio de una candidatura que corresponda ser computada a una mujer, o de que una mujer sea registrada en una candidatura que deba computarse dentro de las correspondientes a los hombres, es la de representar a la ciudadanía, y garantizar su inclusión respetando la identidad de género a la que afirman pertenecer, por lo que la manifestación que, de manera evidente carece de los elementos de espontaneidad, certeza, y libertad, es insuficiente para cumplir con el principio constitucional de paridad en la postulación de candidatos entre hombres y mujeres...

La Sala Superior en su decisión realizó un estudio constitucional y de protección de derechos humanos desde los siguientes ejes:

• Desarrollo constitucional del principio de igualdad.

• Alcances del principio de paridad de género.

• Conceptos fundamentales sobre la identidad LGBTTTIQ+.

• Desarrollo del concepto muxe.

• Construcción social de la identidad de género.

• Desarrollo de la protección internacional y constitucional de los derechos de las personas LGBTTTIQ+.

• El acceso de las personas LGBTTTIQ+ a cargos de elección popular.

En lo esencial y para los efectos de la medida que a través del presente Acuerdo se adopta, la Sala Superior sostuvo que como principio y como derecho, la igualdad implica una obligación a cargo del Estado que demanda el acceso pleno en condiciones de igualdad, entendida ésta de modo sustantivo y no sólo formal; que a nivel nacional, internacional y supra nacional se ha establecido que la igualdad formal reconocida en el sistema jurídico resulta insuficiente para superar la igualdad de hecho que existe en el ejercicio de los derechos de los grupos vulnerables, en especial en el acceso a los cargos de elección.

De forma tal que, si bien la ley debe ser un instrumento activo de la configuración de la política pública para reducir las brechas que separan a los grupos en situación de vulnerabilidad, ésta no es la única medida para establecer reglas de paridad, en virtud de que las autoridades electorales y partidos políticos tienen obligaciones en este tema y, por tal razón, las condiciones sociales que son discriminatorias de ciertos grupos de población justifica el establecimiento de medidas compensatorias como son las acciones afirmativas.

En torno de los derechos de la población LGBTTTIQ+, la Sala Superior consideró que la identidad sexo-genérica de las personas es una de las manifestaciones fundamentales de la libertad de conciencia, del derecho a la vida privada y del libre desarrollo de la personalidad, de manera que, la autoadscripción es el único elemento para determinar la identidad de las personas y el Estado no puede cuestionarla ni solicitar prueba alguna al respecto.

La Sala Superior citó que en numerosas sentencias de tribunales constitucionales de diferentes países se ha señalado la necesidad no sólo de reconocer que personas cuya orientación sexual, identidad de género o sexo no coincidan con aquel que les fue asignado al momento de nacer, tienen no sólo el derecho de elegir aquel con el cual se sientan plenamente identificado, sino que es deber reconocer y garantizar ese derecho por el Estado y tutelarla, de forma tal que, permita potenciar el ejercicio de sus derechos humanos.

A la par, invocó el criterio sostenido por la SCJN al resolver el amparo directo 6/2008, en cuanto a que la identidad de género se integra a partir no sólo de un aspecto morfológico sino, primordialmente, de acuerdo con los sentimientos y convicciones más profundas de pertenencia o no al sexo que le fue legalmente asignado al nacer y que será de acuerdo con ese ajuste personalísimo que cada sujeto decida proyectar su vida, no sólo en su propia conciencia sino en todos los ámbitos culturales y sociales de la misma, de manera que, el derecho a la identidad personal es aquel que tiene toda persona a ser una misma, en la propia conciencia y en la opinión de los otros y, en consecuencia, las personas tienen derecho a cambiar de nombre y sexo en sus documentos oficiales cuando los asignados al nacer no reflejan aquello que consideran su identidad.

Con base en esas consideraciones, sostuvo, entre otras, las premisas consistentes en que la identidad de género es una vivencia interna y subjetiva que a través de la expresión de género se exterioriza para que una persona sea percibida como tal frente a la sociedad; que las recomendaciones internacionales y los criterios de los tribunales constitucionales señalan que basta la autoadscripción a un género determinado para que el Estado deba reconocer tal situación; y que las personas LGBTTTIQ+, tienen derecho a que el Estado adopte acciones positivas o de igualación positiva, que tengan por objeto permitir el acceso efectivo a oportunidades entre distintos grupos vulnerables y el resto de la población, siempre que dichas medidas sean objetivas y razonables.

A partir de lo anterior, la Sala Superior sostuvo que la determinación adoptada por la autoridad administrativa electoral constituyó una medida objetiva y razonable que tuvo por objeto eliminar barreras de acceso a la postulación de cargos de elección popular, respecto de un grupo poblacional históricamente vulnerado y marginado de la vida política; que la medida adoptada no estableció la creación de una cuota diferenciada, sino que permitió la postulación de candidatos intersexuales, transexuales, transgénero o muxes dentro de la paridad de género en las candidaturas de mujeres y hombres, en función del género con el que se identifican en el plano interno y que exteriorizan de manera pública.

Con base en esos elementos, concluyó que la medida fue acorde con las obligaciones del Estado en cuanto a adoptar medidas necesarias para impulsar la participación de grupos no visibilizados, pero participantes de la política local, como puede ser el colectivo integrado por los muxes, la cual les permita una efectiva participación y potenciar el ejercicio de sus derechos político-electorales, en la vertiente de ser postulados y votados a un cargo de elección popular.

Por su parte, el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, este Consejo General adoptó medidas para favorecer la inclusión de las personas de la comunidad de diversidad sexual, a través del Protocolo para Adoptar las Medidas Tendentes a Garantizar a las Personas Trans el Ejercicio del Voto en Igualdad de Condiciones y sin Discriminación en Todos los Tipos de Elección y Mecanismos de Participación Ciudadana, con el cual se establecieron criterios de nivelación para garantizar el ejercicio del voto libre y secreto de las personas trans tales como: otorgar un trato igual a todas las personas; no pedir pruebas de identidad o personalidad jurídica; no cuestionar a la persona sobre su identidad; dirigirse a las personas electoras por sus apellidos tal y como aparecen en la credencial para votar; y llamar a las personas trans de acuerdo con su expresión de género.

De igual forma, el uno de julio de dos mil diecinueve, este Instituto implementó el Protocolo Trans para el personal de la institución en el que estableció como medidas: el procedimiento de rectificación de identidad en el INE que incluye la modificación de su documentos y usuarios en los sistemas informáticos institucionales; el derecho a ser llamadas por el nombre y con los pronombres que elijan, sin necesidad de que su acta de nacimiento refleje su identidad de género; derecho a acceder libremente a las instalaciones del INE, aun cuando no cuenten con documentos que reflejen su identidad de género; derecho a no ser discriminadas por su expresión o identidad de género en la selección, ingreso, capacitación y profesionalización; derecho a un ambiente laboral libre de discriminación y violencia; derecho a la atención brindada por el servicio médico sin discriminación; derecho a que en el espacio laboral e instalaciones sean espacios libres de prejuicios de género y sin discriminación, entre otros.

Tales medidas fueron implementadas en el marco de los compromisos de este Instituto en favor de la inclusión y protección de los derechos humanos de los grupos vulnerables como son las personas de la diversidad sexual.

Este consejo general también tiene en consideración que conforme con los datos obtenidos del proceso electoral federal y locales 2017-2018, los partidos políticos destinaron un número mínimo de candidaturas a personas pertenecientes al grupo poblacional LGBTTTIQ+ o, en su caso, no registraron candidatura alguna, conforme a lo siguiente:

• El Partido de la Revolución Democrática registró una persona trans en una candidatura a diputación local de Campeche y dos personas muxes en candidaturas a dos diputaciones locales en Oaxaca.

• El Partido Verde Ecologista de México postuló dos personas trans en la Ciudad de México, en candidaturas a una alcaldía y una concejalía.

• El Partido del Trabajo, registró a una persona trans como candidata a diputada federal.

• Los restantes partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano y Morena no postularon personas de la diversidad sexual en ninguna de sus candidaturas a cargos de elección popular.

Este Consejo General tiene como referente que al revisar los documentos básicos de los PPN se obtiene que de los 10 con registro nacional, sólo 5 —Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, Morena, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México— prevén en sus documentos básicos cuestiones vinculadas con la identidad de género y expresión de género, la comunidad trans, la no discriminación y sólo 1 de ellos —Morena— prevé en su estructura de órganos de dirección una cartera dirigida a la diversidad sexual, pero ninguno de éstos incluye medidas específicas para promover el acceso de este sector de la población a candidaturas a cargos de elección popular ni mecanismos para favorecer su inclusión en la representación política.

Estos datos son relevantes, porque son concordes con la estadística de candidaturas conferidas a personas de la diversidad sexual en los procesos electorales celebrados en 2017 y 2018, pues evidencia que la insuficiencia normativa partidista para favorecer la inclusión y el acceso a candidaturas de personas de la diversidad sexual es factor que impacta en el reducido número de candidaturas ejercidas por este grupo de población.

En otro aspecto, este Consejo General tiene como referente que a nivel nacional sólo en trece (13) entidades federativas las personas pueden realizar procesos legales para garantizar que las personas de la diversidad sexual puedan ejercer su derecho a definir su identidad de género y la expresión de género conforme con su propia autopercepción, a saber: Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala.

El dato anterior es relevante porque tiene implicaciones para el ejercicio de derechos, pues evidencia que dichas entidades federativas han avanzado en la implementación de las modificaciones de sus legislaciones para garantizar que las personas de la diversidad sexual puedan ejercer en plenitud su derecho a la identidad de género, en la inteligencia que conforme con los criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la SCJN y la Sala Superior del TEPJF antes reseñados, la protección del derecho a la identidad de género y expresión de género, tratándose de personas de la diversidad sexual funge como base indispensable y necesaria para instrumentar la protección del ejercicio pleno de otros derechos como los político-electorales.

Este Consejo General está convencido de que es impostergable e indispensable avanzar en la implementación de medidas que garanticen la inclusión y el avance en la protección de los derechos político-electorales de la comunidad de la diversidad sexual a efecto de que puedan participar de la construcción de la vida política en el país y con ello puedan incidir tanto en la agenda legislativa como en las políticas públicas, por tratarse de un grupo de la población que se inserta en categoría sospechosa por los sesgos de discriminación de que son objeto, lo cual es un compromiso convencional internacional revertir.

En esa medida y a efecto de avanzar en la optimización de la protección y el ejercicio de los derechos político-electorales de la comunidad de la diversidad sexual, se considera idóneo avanzar en la adopción de una acción afirmativa que promueva el acceso de este sector de la población a candidaturas a cargos de elección popular a fin de generar una masa crítica, especialmente a diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, por tratarse la Cámara de Diputados del órgano que representa la pluriculturalidad del país.

Si se tiene presente, por un lado, la representatividad proporcional que debe tener la comunidad de la diversidad sexual y, por el otro, que en el actual PEF las precampañas dieron inicio el veintitrés de diciembre de dos mil veinte; el avance de los procedimientos internos de selección de candidaturas y los acuerdos realizados por los PPN respecto a sus alianzas para la competencia electoral, respecto de las cuales ya han presentado para su registro los convenios de coalición, este Instituto considera pertinente aplicar de forma progresiva la medida afirmativa, de tal manera que para el presente proceso electoral se logre la integración de un porcentaje suficiente para incrementar la participación de esta comunidad en las candidaturas propuestas por los PPN y coaliciones y que, a su vez, resulte significativo para poder transformarse en la posibilidad de inclusión de este grupo a la Cámara de Diputados.

Por ello se estima que debe ser exigible a los partidos políticos y coaliciones, un piso mínimo que permita expandir los derechos de la comunidad de la diversidad sexual que se encuentren dentro de este grupo a partir de una masa crítica, postulando al menos 2 fórmulas de candidaturas integradas por personas de la diversidad sexual en cualquiera de los 300 Distritos que conforman el país, de mayoría relativa, y 1 (una) fórmula por el principio representación proporcional, la cual podrá postularse en cualquiera de las cinco circunscripciones, debiendo ubicarse en los primeros diez lugares de la lista.

Las tres postulaciones deben realizarse de manera paritaria (2/1) con la mínima diferencia por tratarse de un número non. La medida que se implementa no es contraria ni vulnera el principio de paridad de género, pues ambas pueden coexistir a partir de que comparten el objetivo de eliminar cualquier discriminación o exclusión estructural, y son para optimizar la inclusión de grupos que se han visto en situación de desventaja, por lo que no afecta ni desproporcionada o irrazonablemente el referido principio.

Asimismo, para efectos de la acción afirmativa de personas de la diversidad sexual y atendiendo al criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-304/2018, para acreditar la calidad de la comunidad LGBTTTIQ+ será suficiente con la sola autoadscripción que de dicha circunstancia realice la persona candidata, lo que es acorde con una interpretación protectora de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual, según la cual el Estado debe respetar y garantizar la individualidad de cada persona, lo que se traduce en la facultad legítima de establecer la exteriorización de su identidad de género y su modo de ser, de acuerdo con sus más íntimas convicciones.

En caso de que se postulen personas trans, la candidatura corresponderá al género al que se identifiquen y dicha candidatura será tomada en cuenta para el cumplimiento del principio de paridad de género, considerando que en la solicitud de registro de candidatura el partido político deberá informar que la postulación se realiza dentro de la acción afirmativa de persona de la diversidad sexual con el propósito de constatar el cumplimiento de la nominación de las tres candidaturas en los distritos federales electorales y de las cuestiones relativas a la paridad de género.

En caso de coaliciones parciales o flexibles, las personas de la diversidad sexual postuladas por éstas se sumarán a las que postulen en lo individual cada uno de los partidos políticos que las integren, independientemente del partido político de origen de la persona.

En el caso de que se postulen personas no binarias, en reconocimiento de los derechos humanos, políticos y electorales de la comunidad LGBTTTIQ+, las mismas no serán consideradas en alguno de los géneros; sin embargo, considerando, por un lado, que la Sala Superior en la sentencia que se acata determinó que “la inclusión de las acciones afirmativas debe hacerse en observancia plena del principio de paridad de género, el cual debe incorporarse como un eje transversal que rija para todos los efectos conducente (sic) en cualquiera de las medidas” y por otro, que esta autoridad está obligada a garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales como lo es el de paridad de género, así como a prevenir y evitar simulaciones o fraude a la ley por parte de los partidos políticos y coaliciones, este Consejo General considera necesario establecer que no se podrán postular más de 3 (tres) personas que correspondan a dicho grupo.

Este Consejo General destaca que la medida adoptada satisface el estándar constitucional del test de proporcionalidad y, por tanto, es ajustada al bloque convencional en materia de derechos humanos, por ajustarse a un fin constitucional legítimo, por corresponder a un desdoblamiento del alcance protector del artículo 1º, párrafo quinto, en relación con los diversos 35, fracción II, y 41, párrafo primero, Base I, párrafo segundo, de la CPEUM en cuanto a favorecer la inclusión y el ejercicio de derechos político-electorales en su vertiente de ser votado de un sector de la población que históricamente ha sido estigmatizado y excluido de la participación de las decisiones políticas de la sociedad como son las personas de la diversidad sexual.

La medida adoptada es idónea por tratarse de un mecanismo acorde para optimizar y garantizar el derecho de las personas de la diversidad sexual para ejercer su derecho político-electoral a ser votado en su vertiente de acceder a candidaturas a cargos de elección popular —conforme a la argumentación antes desarrollada—, y para ese fin, este consejo general no advierte medidas distintas que puedan garantizar y compensar de manera efectiva la tutela de ese derecho en favor de este grupo minoritario de la población.

De igual modo, la acción afirmativa que se implementa es necesaria, en razón de que el marco legal electoral actual no prevé un reglado que instituya y garantice medidas compensatorias a fin de asegurar que las personas de la diversidad sexual puedan acceder a candidaturas a cargos de representación popular, para con ello revertir los indicadores casi nulos de postulación.

La medida adoptada es proporcional por no corresponder a una restricción absoluta de ejercicio de derechos en tanto que los partidos políticos estarán en libertad de definir cuáles serán los dos Distritos Electorales en donde postularan candidaturas de personas de la diversidad sexual y por esa razón no se estiman excesivas.

Asimismo, la medida constituye un piso mínimo quedando los partidos políticos en libertad para que, conforme a su propia autodeterminación y autoorganización, postular más candidaturas a favor de la inclusión y el acceso de las personas de la diversidad sexual a postulaciones a cargos de elección popular.

De la solicitud de acción afirmativa para personas residentes en el extranjero

Mediante escritos de fechas 9, 10 y 11 de enero de 2021, las organizaciones Fuerza Migrante, Frente Nacional de Inmigrantes e Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, AC, respectivamente, solicitaron a este Instituto emitir acciones afirmativas en favor de la comunidad migrante residente en el extranjero en la postulación de candidaturas a diputaciones, como parte del cumplimiento a la sentencia dictada por el TEPJF en el expediente SUP-RAP-121/2020 y acumulados.

Lo anterior, bajo el argumento de que existen más de 12 millones de personas mexicanas que viven en el extranjero, de acuerdo con las cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las cuales aún no cuentan con mecanismos efectivos de representación en comparación con las instancias legislativas en 17 países.

Así, también manifestaron que algunas entidades como Zacatecas, Guerrero, Chiapas y Ciudad de México ya han establecido mecanismos de representación de la ciudadanía en el extranjero por lo que consideran posible incorporar una diputación migrante a la luz de los principios del multiculturalismo adoptados en el artículo 2o. de la CPEUM.

Aunado a lo anterior, mencionan lo asentado en la sentencia dictada por el TEPJF en el expediente SUP-REC-88/2020, sobre la figura de diputación migrante en la Ciudad de México, en la cual se reconoce que las personas migrantes son parte de “grupos minoritarios (que) han experimentado discriminación, opresión y exclusión por parte de la cultura mayoritaria, ya que las instituciones y, en general, el Estado, se construyeron bajo una idea de que existía una cultura única. Es decir, se reconoce la desventaja que han enfrentado estos grupos minoritarios y, más aún, se adopta una voluntad de querer remediar esta situación. De ahí que se adopten políticas diferenciadas, tales como los derechos especiales en función del grupo”.

De lo anterior, consideran que si en México todas las entidades cuentan con población migrante, y por tanto todas las circunscripciones son susceptibles de incorporar mecanismos de representación para la ciudadanía en el extranjero, proponen que este consejo general “establezca la obligación de los partidos políticos de incorporar al menos dos candidaturas de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero en los primeros diez lugares de la lista de representación proporcional para garantizar su inclusión (...)”

Finalmente, señalan que para las personas residentes en el extranjero es indispensable contar con medios apropiados para tener como personas funcionarias electas que las escuchen y representen desde la misma realidad que viven.

Al respecto, la CPEUM reconoce, en su artículo 35, el derecho de la ciudadanía de votar y ser votadas en elecciones populares y derivado de la Reforma Electoral de 2014, se promulgó la LGIPE, que modificó el procedimiento de voto para las personas connacionales residentes en el extranjero, mediante la creación del libro sexto, “Del voto de los mexicanos residentes en el extranjero” (artículos, 329 a 356), donde se establecen los requisitos, procedimientos, prohibiciones y atribuciones que debe realizar la autoridad electoral, los partidos políticos y la propia ciudadanía mexicana residente en el extranjero para poder emitir su voto desde cualquier parte del mundo.

Aunque, hay que señalar que, debido a la alta población originaria migrante, algunas entidades federativas ya reconocían en la Constitución estatal el derecho de sus personas ciudadanas a votar fuera del país. El primer estado en incluir este derecho en sus ordenamientos legales fue Michoacán (2006) y los demás estados se fueron incorporando paulatinamente.

A 2018 se habían realizado 21 procesos electorales locales:

• Michoacán (2007, 2011 y 2015)

• Chiapas (2012, 2015 y2018)

• Distrito Federal (2012 y 2018)

• Baja California Sur (2015)

• Colima (2015 y 2016)

• Oaxaca (2016)

• Aguascalientes (2016)

• Zacatecas (2016)

• Coahuila (2017)

• Estado de México (2017)

• Morelos (2018)

• Guanajuato (2018)

• Jalisco (2018)

• Puebla (2018)

• Yucatán (2018)

En los Procesos Electorales Federal y Locales, 2017-2018, las personas oriundas de las entidades federativas de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, además de poder votar por la Presidencia de la República y las Senadurías, votaron por el cargo de la gubernatura o jefatura del gobierno de la Ciudad de México, y; adicionalmente, las y las personas jaliscienses pudieron votar por una diputación de representación proporcional (plurinominal).

De la solicitud de acción afirmativa para las juventudes

En fecha doce de enero de dos mil veintiuno, las organizaciones Fuerza Ciudadana, AC, Red de Mujeres Jóvenes por la Democracia Paritaria, Espacio Progresista, AC, y el Instituto de Investigación sobre Democracia y Participación Ciudadana, AC, solicitaron se incluya a las juventudes, en particular a las que se encuentran entre los 21 y los 29 años, para ser consideradas como parte de los grupos que buscan representación legislativa mediante la postulación a candidaturas tanto por partidos políticos como a través de coaliciones.

En su escrito señala que las juventudes es uno de los grupos poblacionales históricamente excluidos de los cuerpos legislativos, pues en la composición del Senado de la República apenas se cuenta con dos senadurías menores de 29 años en un país en el que habitan aproximadamente 30.7 millones de jóvenes.

Sobre el particular, cabe tener presente que conforme a lo establecido por el artículo 58 de la CPEUM la edad mínima para acceder a una senaduría es de 25 años, lo que reduce la posibilidad de incluir personas jóvenes en las candidaturas a este cargo de elección popular.

Por otro lado, señala que como resultado del pasado PEF 2017-2018 únicamente 28 personas jóvenes fueron electas como diputadas, quienes lograron reformas legislativas en favor de las juventudes mexicanas. Finalmente, menciona: “Somos conscientes de que más jóvenes en el congreso no necesariamente se traduce en automático en mejores condiciones para esa población, pero lo que sí sabemos es que el fomento al trabajo conjunto y el acompañamiento de las juventudes en una agenda legislativa transversal no puede seguir siendo postergada o dejada al criterio del dirigente partidario en turno, se requieren políticas de estado que impulsen la verdadera incorporación de las y los jóvenes al poder legislativo (...)”.

Al respecto, desde su creación, el INE ha reconocido la diversidad y riqueza de las y los jóvenes en México como promotores y agentes en el diseño e instrumentación de las políticas públicas en nuestro país.

De igual manera, se ha reconocido el derecho a la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como su potencial formativo que posibilita contar con experiencias prácticas en las que la libre expresión de la opinión y el uso de mecanismos democráticos formen parte del contexto cívico de este grupo de población. Desde 1997, el entonces IFE, en el marco de los Procesos Electorales Federales, ha replicado las consultas infantiles y juveniles como ejercicios que les permiten ejercer su derecho a participar y expresar su opinión sobre los asuntos y los problemas que les afectan.

Cada 3 años, estos espacios han servido para escuchar la opinión de la niñez y la adolescencia que, en 7 emisiones, participaron expresándose sobre diferentes temas:

- Elecciones Infantiles de 1997, “La democracia y los derechos de los niños”;

- Consulta Infantil y Juvenil 2000, “México también cuenta contigo”;

- Consulta Infantil y Juvenil 2003, “Tú tienes mucho que decir”;

- Consulta Infantil y Juvenil 2006 y 2009, “Nuestra elección es participar por la escuela que queremos”; Consulta Infantil y Juvenil 2012, “Democracia y vida digna”; y

- Consulta Infantil y Juvenil 2015, “Por un México con justicia y paz, tu opinión cuenta”.

Recientemente, se realizó el Foro “Acciones desde la fiscalización para fortalecer la participación de los liderazgos juveniles en los partidos políticos” (2019), el cual tuvo como objetivo plantear el adecuado ejercicio de los recursos etiquetados, así como la promoción y diseño de estrategias que propicien el interés y la participación de la juventud en actividades político-electorales.

El resultado de lo que han expresado en cada uno de estos espacios de participación se ha compartido con diferentes instituciones nacionales e internacionales, así como con grupos de personas que se dedican a trabajar por el bienestar de la niñez y la adolescencia mexicana.

Por otro lado, de acuerdo con datos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la participación de personas jóvenes como candidatas se ha incrementado en cada proceso electoral.

• En las elecciones de 2015, del total de postulaciones de mayoría relativa y de representación proporcional, 634 postulaciones fueron de personas menores de 30 años.

• Para las elecciones de 2018, el número de personas postuladas menores de 30 años fue más del doble, subió a 1,868, lo que muestra una progresividad significativa en el compromiso de los partidos políticos con promover la participación política de esta población.

• De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2018, en el país existen 30.7 millones de jóvenes, lo que representa 24.6 por ciento de los habitantes, el porcentaje de personas menores de 30 años postuladas en las elecciones de 2018 fue de 27 de las candidaturas, por lo tanto, es posible corroborar la proporcionalidad entre la población joven del país y las postulaciones de los partidos políticos como se demuestra a continuación.

En razón de lo anterior, este Consejo General considera que las personas jóvenes estarán representadas, tanto por el principio de paridad transversal como en las acciones afirmativas a implementar para personas indígenas, personas con discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual, en las que se conmina a los partidos políticos a postular a población joven en observancia al principio de igualdad sustantiva, en el ámbito de los derechos políticos y electorales, en su calidad de entidades de interés público, y atendiendo la obligación que tienen de implementar las medidas necesarias que permitan que todas las personas puedan ejercer efectivamente sus derechos político-electorales.

Primero. En acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-RAP-121/2020 y acumulados, se modifican los puntos tercero, séptimo, décimo séptimo, décimo noveno, vigésimo segundo y vigésimo octavo del acuerdo INE/CG572/2020, y se adicionan los puntos décimo séptimo bis y décimo séptimo ter conforme a lo siguiente:

Tercero. Las solicitudes de registro de candidaturas (...) deberán contener los datos siguientes:

a) a g) (...);

En caso de ser candidaturas de coalición:

h) e i) (...)

Además, deberán acompañarse de los documentos siguientes:

j) a r) (...);

s) Constancias que acrediten la adscripción indígena conforme a lo establecido en el punto décimo octavo del presente acuerdo, en su caso.

t) y u) (...)

v) Carta bajo protesta de decir verdad, en la que se precise que la persona acredita su adscripción como afromexicana, de la diversidad sexual y/o es una persona con discapacidad, en su caso, de acuerdo con el formato señalado como Anexo Único del presente Acuerdo. w) Certificación médica expedida por una Institución de salud, pública o privada, que dé cuenta fehaciente de la existencia de la discapacidad, que deberá contener el nombre, firma y número de cédula profesional de la persona médica que la expide, así como el sello de la institución y precisar el tipo de discapacidad y que ésta es permanente; o copia legible del anverso y reverso de la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad vigente, emitida por el Sistema Nacional DIF, en su caso.

(...)

Cuarto. a Sexto. (...)

Séptimo. Los documentos que (...)

De igual forma, tales documentos no deberán contener tachadura o enmendadura alguna. Los documentos referidos son

a) a d) (...);

e) La documentación que acredite la adscripción indígena o afromexicana;

f) y g) (...).

h) Cartas y certificación referidas en los incisos q), t), u), v) y w) del Punto Tercero del presente acuerdo.

Octavo. a Décimo Sexto. (...)

Décimo Séptimo. Para el caso de diputaciones por el principio de mayoría relativa, los PPN o coaliciones deberán postular, como acción afirmativa, fórmulas integradas por personas que acrediten su adscripción como indígenas en los 21 Distritos Electorales federales con población indígena que se indican a continuación, de las cuales 11 deberán ser mujeres:

Las personas que fueron electas como diputadas en alguno de los 8 Distritos indígenas en que en el PEF 2017-2018 no fue obligatorio postular personas de esa adscripción, podrán reelegirse por ese mismo Distrito aun cuando en ese momento no se hubiesen acreditado como personas indígenas.

(...)

Lo anterior no resultará aplicable para los partidos políticos que hayan obtenido su registro en 2020 y, por consiguiente, no hayan participado en el anterior proceso electoral federal.

Asimismo, para el caso de diputaciones por el principio de representación proporcional (...)

Décimo Séptimo Bis. Los PPN y coaliciones deberán postular 3 fórmulas de candidaturas integradas por personas afromexicanas en cualquiera de los 300 Distritos Electorales y 1 por el principio de representación proporcional en cualquiera de las cinco circunscripciones, debiendo ubicarla en los primeros diez lugares de la lista. Las cuatro postulaciones deben realizarse de manera paritaria.

Décimo Séptimo Ter. Los PPN y coaliciones deberán postular fórmulas de candidaturas integradas por personas con discapacidad en 6 de los 300 Distritos que conforman el país. Asimismo, en las listas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional, los PPN deberán postular 2 fórmulas integradas por personas con discapacidad. Dichas fórmulas podrán postularse en cualquiera de las cinco circunscripciones electorales y deberán ubicarse en los primeros diez lugares de la lista respectiva. Las postulaciones deben realizarse de manera paritaria.

Dentro de las candidaturas a diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, los PPN y, en su caso, coaliciones, deberán postular cuando menos 2 fórmulas de personas de la diversidad sexual en cualquiera de los 300 Distritos Electorales federales y para el caso del principio de representación proporcional, deberán postular 1 fórmula dentro de los primeros diez lugares de la lista de cualquiera de las cinco circunscripciones electorales. Las 3 postulaciones deben realizarse de manera paritaria (2/1) con la mínima diferencia por tratarse de un número non.

En caso de que se postulen personas trans, la candidatura corresponderá al género al que se identifiquen y dicha candidatura será tomada en cuenta para el cumplimiento del principio de paridad de género, y en la solicitud de registro de candidatura el partido político, deberá informar que la postulación se realiza dentro de la acción afirmativa de persona de la diversidad sexual, a fin de constatar el cumplimiento de la nominación de las 3 candidaturas y de las cuestiones relativas a la paridad de género.

En el caso de que se postulen personas no binarias, en reconocimiento de los derechos humanos, políticos y electorales de la comunidad LGBTTTIQ+, las mismas no serán consideradas en alguno de los géneros; sin embargo, los PPN y coaliciones no podrán postular más de 3 personas que se identifiquen como no binarias.

Décimo Octavo. (...)

Décimo Noveno. Para los efectos del cumplimiento de la acción afirmativa indígena, personas con discapacidad y personas de la diversidad sexual, en el caso de coaliciones parciales o flexibles, las personas que correspondan a las mismas postuladas por éstas se sumarán a las que postulen en lo individual cada uno de los PPN que las integren, independientemente del partido político de origen de la persona.

Vigésimo. y Vigésimo Primero. (...)

Vigésimo Segundo. En caso de que algún PPN o coalición no cumpla con lo previsto en los artículos 14, párrafo 4, 233 y 234 de la LGIPE; 3, párrafo 5 de la LGPP y puntos décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo séptimo bis y décimo séptimo ter del presente Acuerdo, el Consejo General iniciará el procedimiento especial al que se refiere el artículo 235 de la LGIPE, por lo que lo requerirá para que en un plazo de 48 horas, contadas a partir de ese momento, rectifique la solicitud de registro de candidaturas, además de apercibirlo de que, en caso de no hacerlo, le hará una amonestación pública.

(...)

Vigésimo Tercero. a Vigésimo Séptimo. (...)

Vigésimo Octavo. En caso de que algún PPN o coalición solicite la sustitución o cancelación de registro de candidaturas, o que éstas deriven de algún acatamiento de sentencia emitida por el TEPJF, el Consejo General verificará el cumplimiento de las reglas en materia de paridad de género y las acciones afirmativas y, en su caso, aplicará el procedimiento previsto en los puntos vigésimo segundo, vigésimo tercero y vigésimo cuarto del presente acuerdo.

(...)

Vigésimo Noveno. (...)

(...)

Segundo. Se aprueba la respuesta a las solicitudes de acciones afirmativas para personas migrantes y juventudes en los términos establecidos en los considerandos 17 y 18, respectivamente, del presente acuerdo.

Tercero. Comuníquese el presente acuerdo a los consejos locales y distritales, para los efectos legales a que haya lugar.

Cuarto. Notifíquese el presente acuerdo a las organizaciones Fuerza Migrante, Frente Nacional de Inmigrantes e Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, AC, Fuerza Ciudadana, AC, Red de Mujeres Jóvenes por la Democracia Paritaria, Espacio Progresista, AC, y al Instituto de Investigación sobe Democracia y Participación Ciudadana, AC.

Quinto. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por este Consejo General.

Sexto. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que realice las gestiones necesarias a efecto de difundir el presente Acuerdo a través de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Séptimo. Infórmese a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-121/2020 y acumulados.

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 15 de enero de 2021, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene de la Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Honorable Congreso, la Iniciativa con Proyecto que reforman el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos en materia de inclusión de cuotas para grupos en situación de vulnerabilidad para su acceso real y efectivo a cargos de elección popular.

Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma la fracción II del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:

I. ...

II. Poder ser votada en condiciones de paridad y de inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;

III. a IX. ...

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico nacional conforme al presente Decreto dentro de los sesenta días naturales siguientes a su entrada en vigor.

Notas

1 TEPJF. Jurisprudencia 30/2014. Acciones afirmativas. Naturaleza, características y objetivo de su implementación.

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=30/2014& tpoBusqueda=S&sWord=acci%c3%b3n,afirmativa

2 TEPJF. SUP-RAP-121/2020.

https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2020/RAP/121/SUP_2020_RAP_121-94553 2.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2021.– Diputada Salma Luévano Luna (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 11 y 56 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Blanca Araceli Narro Panameño, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Blanca Araceli Narro Panameño, diputada federal de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, al tenor de la siguiente:

La iniciativa que se presenta busca fortalecer la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a efecto de evitar interpretaciones a modo, derivadas de vacíos legales que los desarrolladores inmobiliarios y las constructoras pueden y han utilizado a su favor y en detrimento de los compradores y del proyecto urbano, dado que no existe una indicación expresa en la cual se les obligue a contar con todos los permisos necesarios (documento de alineamiento y número oficial, el certificado único de zonificación de uso de suelo, manifestación de construcción y, de ser necesario, la licencia de construcción especial, entre otros) antes de iniciar la preventa de proyectos habitacionales.

La finalidad de la propuesta apunta por un lado a proteger el patrimonio y los derechos de las y los compradores, así como de sus familias y, por el otro, otorgarles a las autoridades competentes mayores facultades para sancionar a los actores involucrados en caso de infringir la ley, evitando así las consecuencias negativas que supone el estatus actual de la norma en cuestión a distintas escalas y magnitudes, como se explica a continuación.

En primera instancia está la ciudadanía en general y el sector comprador-inmobiliario en específico, quien está expuesto a los posibles fraudes inmobiliarios y a la consecuente pérdida de su patrimonio. Asimismo, el estatus actual de esta ley no concuerda con el derecho a una vivienda adecuada de la nueva agenda urbana aprobada por las Naciones Unidas (ONU) en 2016. Especialmente en lo que se refiere al párrafo donde se señala que “la vivienda no es adecuada si sus ocupantes no cuentan con cierta medida de seguridad de la tenencia que les garantice protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas” 1. De esta manera, la ciudadanía está sobreexpuesta a los fraudes, las estafas y los perjuicios legales que les siguen a los contratos leoninos.

De acuerdo con el Programa Nacional de Vivienda 2017-2024, “La carencia por calidad y espacios de vivienda afecta a 11.1 por ciento de la población, mientras que 19.8 por ciento de la población experimenta carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda. Esta problemática se exacerba en el caso de grupos en condición de vulnerabilidad; la población indígena, por ejemplo, cuenta con mayores carencias por calidad y espacios de vivienda (28.5 por ciento) y por acceso a servicios básicos (57.7 por ciento). Asimismo, el rezago habitacional por deterioro de materiales afectó a 7.2 millones viviendas en 2016, es decir, 22.0 por ciento de todas las viviendas del país. Adicionalmente, a pesar de la existencia de mecanismos como subsidios e instrumentos de financiamiento, México está lejos de garantizar la asequibilidad de la vivienda. De acuerdo con un análisis de los precios de la vivienda asequible de 2015 en 45 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México se coloca como el decimotercer país con menor asequibilidad en la vivienda” 2.

Con la intención de poner en contexto y para remarcar la importancia del mencionado Derecho a una Vivienda Adecuada, citamos parte del folleto informativo número 21 de la ONU-Hábitat:

La vivienda adecuada fue reconocida como parte del derecho a un nivel de vida adecuado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Otros tratados internacionales de derechos humanos han reconocido o mencionado desde entonces el derecho a una vivienda adecuada o algunos de sus elementos, como la protección del hogar y la privacidad.

El derecho a una vivienda adecuada incumbe a todos los Estados, puesto que todos han ratificado por lo menos un tratado internacional relativo a la vivienda adecuada y se han comprometido a proteger el derecho a una vivienda adecuada mediante declaraciones y planes de acción internacionales o documentos emanados de conferencias internacionales. Varias constituciones protegen el derecho a una vivienda adecuada o declaran la responsabilidad general del Estado de asegurar una vivienda y condiciones de vida adecuadas para todos. Los tribunales de varios sistemas jurídicos también han fallado sobre casos relativos al disfrute de ese derecho, abarcando por ejemplo los desalojos forzosos, la protección de los locatarios, la discriminación en materia de vivienda o el acceso a servicios básicos en esta esfera.

El derecho a una vivienda adecuada también ha recibido una creciente atención internacional, en particular de los órganos establecidos en virtud de tratados de derechos humanos, de los acuerdos regionales de derechos humanos y de la Comisión de Derechos Humanos (remplazada en la actualidad por el Consejo de Derechos Humanos), que creó el mandato de un “Relator Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado” en 2000. Estas 2 iniciativas han contribuido a aclarar el alcance y contenido del derecho a una vivienda adecuada 3.

Y bien, para recapitular: en segunda instancia, la ley actual genera una incertidumbre que avala la desconfianza generalizada en torno al mercado y a la carencia de garantías para el consumidor en específico y para el proyecto urbano en general. En este sentido, la adición de un párrafo a esta ley contribuiría, además, a consolidar la referida confianza perdida en el sector inmobiliario-constructor, lo que beneficiaría directamente a la economía nacional dado que garantizaría y otorgaría la liquidez necesaria para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

Si bien es cierto que la ciudadanía puede verificar la credibilidad del desarrollador inmobiliario y/o de la constructora en cuestión mediante la consulta de quejas en la Procuraduría Federal del Consumidor, también es un hecho que no todas las personas saben de la existencia de esta herramienta y, aun así, esto no representa una garante ni mucho menos una certeza jurídica, por lo que, se sostiene como necesaria una intervención en este sector por parte y desde las instancias legislativas para prohibir expresamente la preventa y venta de proyectos habitacionales que no hayan demostrado tener previamente los permisos correspondientes a la construcción a efecto de proteger a la ciudadanía de posibles fraudes que, en su mayoría, representan nada menos que los ahorros de sus vidas.

Pero, además del aspecto económico, están factores de mucho mayor peso. Situémonos en el pasado cercano. En Puebla y en su capital, en Oaxaca y sus pueblos, de igual forma que en Morelos y en la propia Ciudad de México, hemos sido testigos de las consecuencias más trágicas que arrojan estas construcciones irregulares e ilegales. Basta con señalar los malos usos del suelo por parte de constructoras inmobiliarias que, junto con la complicidad de ciertas autoridades municipales y estatales, desobedecieron los reglamentos de construcción con el fin de saciar sus propios beneficios. Esto se reflejó tanto en daños materiales (únicamente en la Ciudad de México las viviendas afectadas ascendieron a 5 mil 180, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) 4que pudieran haber sido evitados, así como con la pérdida de 370 vidas humanas a escala nacional durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, tan sólo por dar un ejemplo reciente y emblemático de esta trágica problemática, ya que las consecuencias del mal uso de suelo que sigue a las construcciones irregulares e ilegales, puede manifestarse de muchas maneras, como en daños a la salud, contaminación de recursos como el agua y la calidad del aire, lo cual se refleja en peores cultivos. También obliga a desplazamientos de la población, causa extinción de especies; se expresa en desertificación y, por todo lo anterior, en fuertes impactos negativos en la economía.

Por lo referido, las secuelas de estas prácticas se extienden a aspectos menos visibles y más graduales, cuyo impacto, a largo plazo, se va a resentir a mayor escala, como es el caso de la ya de por sí acentuada marginalidad social y la degradación medioambiental. La Nueva Agenda Urbana contempla y entiende, además, el aporte de cada cultura al proyecto global y la enorme importancia del cambio de hábitos en lo individual y colectivo, que debemos adoptar si queremos un futuro mejor para nuestras hijas e hijos.

La nueva agenda urbana reconoce que la cultura y la diversidad cultural son fuentes de enriquecimiento para la humanidad y realizan un aporte importante al desarrollo sostenible de las ciudades, los asentamientos humanos y los ciudadanos, empoderándolos para que desempeñen una función activa y singular en las iniciativas de desarrollo. Reconoce además que la cultura debería tenerse en cuenta en la promoción y aplicación de nuevas modalidades de consumo y producción sostenibles que contribuyen a la utilización responsable de los recursos y contrarrestan los efectos adversos del cambio climático 5.

“El desarrollo urbano no planificado y mal manejado puede conducir al aumento de la desigualdad, el crecimiento de villas miseria e impactos desastrosos en el clima”, destacó ONU-Hábitat a propósito de lo referido en su Informe Mundial del Estado de las Ciudades 2016 6.

Si de algo nos ha servido esta pandemia es para reflexionar y deducir que, en un mundo globalizado, los problemas deben ser atacados como tal: de manera global. Que el efecto mariposa se ha exacerbado y que lo que pasa aquí, afecta al mundo entero. Sobre todo, lo que sucede en las grandes urbes, de acuerdo con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, para 2050, 68 por ciento de la población mundial vivirá dentro de los confines de las ciudades 7. Esto significa que una mejora en el ámbito local representaría un bien para la humanidad entera.

En tal virtud y de acuerdo con Joan Closs, el secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible: En esta era en la que vivimos un crecimiento sin precedentes de la urbanización, y en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y otros acuerdo y marcos mundiales para el desarrollo, hemos llegado al momento decisivo en el que entendemos que las ciudades pueden ser fuente de soluciones a los problemas a que se enfrenta nuestro mundo en la actualidad, y no su causa. Si está bien planificada, así cómo correctamente gestionada, la urbanización puede ser un instrumento poderoso para lograr el desarrollo sostenible, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados.

La nueva agenda urbana presenta un cambio de paradigma basado en la ciencia de las ciudades; establece normas y principios para la planificación, construcción, desarrollo, gestión y mejora de las zonas urbanas en sus cinco pilares de aplicación principales: políticas urbanas nacionales, legislación y normativas urbanas, planificación y diseño urbano, economía local y finanzas municipales e implementación local. Es un recurso para que se realice ese ideal común desde todos los niveles de gobierno, de nacional a local, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, las agrupaciones de partes interesadas y todas las personas que consideran que los espacios urbanos del mundo son su “hogar”.

La Nueva Agenda Urbana incorpora un nuevo reconocimiento de la correlación entre la buena urbanización y el desarrollo. Subraya los vínculos entre la buena urbanización y la creación de empleo, las oportunidades de generar medios de subsistencia y la mejora de la calidad de vida, que deberían incluirse en todas las políticas y estrategias de renovación urbana. Esto pone aún más de relieve la conexión entre la Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo 11, que trata de las ciudades y comunidades sostenibles 8.

El mismo Closs dijo que “según el análisis de ONU Hábitat basado en imágenes satelitales, sólo del 20 a 25 por ciento de la urbanización mundial actual está planificada correctamente y que el resto es o muy precaria o espontánea.

El responsable de ONU Hábitat consideró que esta situación constituirá un reto muy grande en el futuro, porque es más difícil corregir una urbanización de baja calidad una vez que la población se ha asentado” 9.

La alusión al denominado efecto mariposa, referido líneas arriba, tiene un objetivo muy concreto. Y es que debemos recalcar, una y otra vez, que además de las afectaciones que esto tiene en lo local, ya sea en el sentido material, para el bolsillo de los compradores e inversionistas y para la economía nacional, de preservar el estatus actual de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, estaríamos contribuyendo a la marginación social, al deterioro ambiental del planeta entero y deteniendo el progreso de la civilización.

La precisión que se propone al marco normativo puede ser el pilar del futuro de las generaciones venideras; un futuro en donde las ciudades operen de un modo sostenible, con un modelo urbano incluyente y en el que queden borrados los hábitos depredadores que han marcado el rumbo de la civilización desde el inicio de la era industrial a mediados del siglo XVIII hasta nuestros días.

Sancionar y prohibir todas las prácticas ilegales que se cometen en el sector constructor-inmobiliario, son la única medida que podemos tomar para poder detener y revertir el avance de la injusticia social, de los daños a la economía, tanto a la nacional como a la de la propia ciudadanía y, lo que es más importante, para lograr mitigar los impactos negativos al medioambiente, sobre todo tratándose de los asentamientos urbanos, ya que éstas son los que conforman gran parte de nuestra aldea global.

Bajo el anterior orden de ideas, es importante señalar que las reformas se plantean en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, toda vez que ésta tiene como objeto: Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio y los asentamientos humanos en el país, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente; establecer la concurrencia de la federación, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional; y fijar los criterios para que, en el ámbito de sus respectivas competencias exista una efectiva congruencia, coordinación y participación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales para la planeación de la fundación, crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de los centros de población y asentamientos humanos, garantizando en todo momento la protección y el acceso equitativo a los espacios públicos.

Por lo antes expuesto se propone adicionar una fracción XXV al artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a fin de establecer de forma expresa en la ley que corresponde a los municipios el prevenir y evitar la preventa y venta de inmuebles para vivienda de conjuntos urbanos o desarrollos habitacionales que no hayan demostrado tener previamente las autorizaciones, trámites, licencias o de uso del suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones, condominios y para cualquier otra acción urbanística, en los términos previstos en la Ley y en las leyes de las entidades federativas que, en su caso, corresponda.

Asimismo, con la finalidad de que dicha obligación no quede en letra muerta, se propone adicionar un párrafo sexto al artículo 56, a efecto de mandatar que las leyes estatales deberán establecer la obligación de las autoridades estatales y municipales, de prevenir y evitar la preventa y venta de inmuebles para vivienda de conjuntos urbanos o desarrollos habitacionales que no hayan demostrado tener previamente las autorizaciones, trámites, licencias o de uso del suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones, condominios y para cualquier otra acción urbanística, en los términos previstos en esta Ley y en las leyes de las entidades federativas que, en su caso, corresponda.

Para ilustrar de mejor manera las modificaciones que se proponen, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo antes expuesto se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Único. Se reforma la fracción XXIV, y se adiciona una fracción XXV recorriendo el orden de las subsecuentes del artículo 11, y se adiciona un párrafo sexto, recorriendo el párrafo subsecuente del artículo 56, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar como sigue:

Artículo 11. Corresponde a los municipios:

I. a XXIII. ...

XXIV. Promover y ejecutar acciones para prevenir y, mitigar el riesgo de los asentamientos humanos y aumentar la Resiliencia de los mismos ante fenómenos naturales y antropogénicos.

XXV. Prevenir y evitar la preventa y venta de inmuebles para vivienda de conjuntos urbanos o desarrollos habitacionales que no hayan demostrado tener previamente las autorizaciones, trámites, licencias o de uso del suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones, condominios y para cualquier otra acción urbanística, en los términos previstos en esta Ley y en las leyes de las entidades federativas que, en su caso, corresponda, y

XXVI. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales.

XXVII. Impulsar y promover un instituto municipal de planeación, cuando se encuentre en un rango de población de cien mil habitantes hacia arriba.

Artículo 56. Cuando se pretenda llevar a cabo cualquier tipo de acción o aprovechamiento urbano fuera de los límites de un centro de población, que no cuente con un plan o programa de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial vigente, o de aquellos proyectos en áreas rurales que requieran la construcción o introducción de obras de cabecera o de redes de infraestructura primaria, se requerirá la aprobación de la creación de un nuevo centro de población o la modificación previa del plan o programa municipal o de centro de población que corresponda, cumpliendo con el procedimiento establecido en la legislación aplicable.

...

...

...

Asimismo las leyes estatales deberán establecer la obligación de las autoridades estatales y municipales, de prevenir y evitar la preventa y venta de inmuebles para vivienda de conjuntos urbanos o desarrollos habitacionales que no hayan demostrado tener previamente las autorizaciones, trámites, licencias o de uso del suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones, condominios y para cualquier otra acción urbanística, en los términos previstos en esta Ley y en las leyes de las entidades federativas que, en su caso, corresponda.

Cuando se inicien obras que no cumplan con lo dispuesto en este artículo, podrán ser denunciadas por cualquier persona interesada y serán sancionadas con la clausura de las mismas, sin perjuicio de otras responsabilidades aplicables.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los congresos de las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días, contados a partir de la publicación del presente decreto para realizar las adecuaciones normativas correspondientes, de conformidad con lo previsto en el presente decreto.

Notas

1 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_ sp.pdf

2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/513675/Programa_ Nacional_de_Vivienda_2019-2024.pdf

3 https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_ sp.pdf

4 http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/ 3721/2017_16_NE_Recuento%20de%20da%C3%B1os_231017.pdf?sequence=1&isAllowed= y

5 http://uploads.habitat3.org/hb3/NUA-Spanish.pdf

6 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2016/10/el-desarrollo-urbano-no-pl anificado-aumentara-la-desigualdad-e-impactara-el-clima-advierte-onu-habitat/

7 http://onuhabitat.org.mx/images/WCR2020/

8 http://uploads.habitat3.org/hb3/NUA-Spanish.pdf

9 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2016/10/el-desarrollo-urbano-no-pl anificado-aumentara-la-desigualdad-e-impactara-el-clima-advierte-onu-habitat/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2021.– Diputada Blanca Araceli Narro Panameño (rúbrica).»