LXV LEGISLATURA
del congreso de los estados unidos mexicanos
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna
Diario de los Debates
Eugenia García Gómez
SUMARIO
Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que corresponde a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del martes 21 de septiembre del 2021, de conformidad con los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO
Del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 8o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen
Del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen
De los diputados Ángel Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
De la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 58 y 116 de la Ley de la Industria Eléctrica.Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen
Del diputado Marco Antonio Pérez Garibay, del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 111 Bis de la Ley de Aguas Nacionales.Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen
De la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo.Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen
De la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen
De los diputados Ángel Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 110 y 132 de la Ley Federal del Trabajo y 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de deducibilidad de pensiones.Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen
De los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.Se turna a las Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Gobernación y Población, para dictamen, y a la Comisión de Justicia, para opinión
Del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen
De la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Mar.Se turna a la Comisión de Marina, para dictamen
De la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la iniciativa con proyecto de decreto que deroga la Fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria del artículo 6o., párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica.Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
De la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la proposición con punto de acuerdo por el que se condena el uso de las instalaciones de la Cámara de Senadores por parte de legisladoras y legisladores de los Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional para albergar a personajes como Santiago Abascal que son conocidos por su discurso de odio, racismo, xenofobia, misoginia los cuales son contrarios a los valores de la democracia y los derechos humanos.Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen
De la diputada Marisela Garduño Garduño, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SSPC, a emitir de manera urgente la declaratoria de emergencia para el municipio de Ecatepec de Morelos en el Estado de México, así como a liberar los recursos necesarios del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales, que permitan reparar los daños ocasionados por las lluvias torrenciales en el municipio y para la atención a las víctimas.Se turna a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen
De la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a SFP, a investigar al Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción, de la SCTG, de Oaxaca, por actos de corrupción en el desempeño de sus labores.Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen
De la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de México, a tomar las medidas necesarias para atender de manera pronta, eficaz y eficiente las afectaciones causadas a la población y a sus bienes por las inundaciones en los municipios de Ecatepec, Coacalco y Nezahualcóyotl y en todas las demás zonas afectadas en la entidad derivado de los fenómenos meteorológicos ocurridos recientemente.Se turna a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen
De la diputada Esther Martínez Romano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segalmex y a la empresa Diconsa SA de CV, a dar cumplimiento a su deber de proporcionar atención especial a los estados afectados por el huracán Grace, abasteciendo maíz y otros productos básicos en los que se reporta desabasto y distorsión del mercado habida cuenta que los particulares suben excesivamente el precio por kilo.Se turna a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen
Del diputado Jaime Baltierra García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Colegisladora, a analizar, aprobar y expedir la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil. Se turna a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen
De la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la CFE y a la CRE, a implementar la Tarifa 1F en diversos municipios de Sonora, por la persistencia de altas tarifas y bajas temperaturas extremas a lo largo de todo el año y por el confinamiento por la pandemia del covid-19.Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen
De la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la proposición con punto de acuerdo por el que esta soberanía se pronuncia en contra de la colaboración de legisladores federales con grupos extranjeros de extrema derecha que promueven la intolerancia, que atentan contra los derechos humanos de las minorías y que violentan las libertades de las y los mexicanos.Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen
Del diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SFP, a integrar y publicar en su portal de internet, un registro público de ex servidores públicos de la APF que se encuentren impedidos para ocupar cargos en la iniciativa privada y las materias en que recaería dicha prohibición. Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen
De la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la STPS, a la SEP y al Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, a revisar y coordinar los lineamientos relacionados con la operación de dichas universidades, para garantizar que éstos no vulneran los derechos laborales de las y los maestros que forman parte de estas instituciones.Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen
Del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al INE, a investigar si la firma por parte de integrantes del GPPAN del Senado de la República del documento conocido como Carta de Madrid, impulsado por políticos y organizaciones de nacionalidad española, contraviene lo dispuesto en los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos.Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen
De la diputada Celeste Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de México, a instruir un plan para combatir el robo de medicamentos en el Sistema de Salud Pública del país con la participación de las dependencias involucradas en el sector salud, entre otras.Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen
Del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a modificar la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la Prevención de la covid-19 en México, para incluir en el esquema de vacunación, a las niñas, niños y adolescentes de 12 a 18 años de edad, con la vacuna Pfizer-BioNTech, que ha sido aprobada por la Cofepris.Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen
Del diputado Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Atención y Seguimiento para informar sobre los trabajos realizados en las obras del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención
De la diputada Marisela Garduño Garduño, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SSPC, a emitir de manera urgente la declaratoria de emergencia para el municipio de Tlalnepantla de Baz en el Estado de México, así como a liberar los recursos necesarios del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales, que permitan atender a las víctimas y apoyar a las familias afectadas por el desgajamiento del Cerro del Chiquihuite.Se turna a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen
Del diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Segob, a investigar la posible violación de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, durante la ceremonia cívica en el Consulado de México en Estambul, Turquía, así como en diferentes entidades federativas.Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen
Del diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, en coordinación con la Secretaría de Salud, a iniciar la vacunación contra el covid-19 entre los niños de 12 años y más, con el propósito de prevenir y disminuir los contagios en todo el país. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen
Del diputado Francisco Favela Peñuñuri, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, en coordinación con Capufe, a implementar un esquema de exención o tarifa especial en el cobro de peaje de las carreteras México-Pirámides y Peñón-Texcoco, a fin de beneficiar a la población que reside en los municipios donde se ubican dichas obras.Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen
De los diputados Ana Lilia Herrera Anzaldo y Brasil Alberto Acosta Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de a acuerdo por el que se exhorta a la STPS y al Conacyt, a establecer unas mesas de diálogo con los miembros del programa Cátedras Conacyt con el objetivo de revisar los requisitos de evaluación previstos en los lineamientos del estatuto de personal académico y elaborar en conjunto una ruta crítica que permita una solución institucional que garantice a las y los investigadores su permanencia en el trabajo y el respeto a sus condiciones laborales.Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 12, numeral 2, del Reglamento de la Contingencia Sanitaria, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 21 de septiembre de 2021 y que no fueron abordadas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2021.– Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (rúbrica), presidente.»
«Iniciativas con proyecto de decreto
1. Que reforma y adiciona el artículo 8o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.
2. Que adiciona el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
3. Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por los diputados Ángel Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
4. Que reforma y adiciona los artículos 58 y 116 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Comisión de Energía, para dictamen.
5. Que adiciona el artículo 111 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Marco Antonio Pérez Garibay, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.
6. Que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
7. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
8. Que reforma y adiciona los artículos 110 y 132 de la Ley Federal del Trabajo y 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de deducibilidad de pensiones, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
9. Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Comisiones Unidas de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Gobernación y Población, para dictamen, y a la Comisión de Justicia, para opinión.
10. Que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
11. Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Mar, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Comisión de Marina, para dictamen.
12. Que deroga la Fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria del artículo 6o.., párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
Proposiciones con punto de acuerdo
1. Con punto de acuerdo, por el que se condena el uso de las instalaciones de la Cámara de Senadores por parte de legisladoras y legisladores de los Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional para albergar a personajes como Santiago Abascal que son conocidos por su discurso de odio, racismo, xenofobia, misoginia los cuales son contrarios a los valores de la democracia y los derechos humanos, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.
2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSPC, a emitir de manera urgente la declaratoria de emergencia para el municipio de Ecatepec de Morelos en el estado de México, así como a liberar los recursos necesarios del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales, que permitan reparar los daños ocasionados por las lluvias torrenciales en el municipio y para la atención a las víctimas, a cargo de la diputada Marisela Garduño Garduño, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.
3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a SFP, a investigar al Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción, de la SCTG, de Oaxaca, por actos de corrupción en el desempeño de sus labores, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México, a tomar las medidas necesarias para atender de manera pronta, eficaz y eficiente las afectaciones causadas a la población y a sus bienes por las inundaciones en los municipios de Ecatepec, Coacalco y Nezahualcóyotl y en todas las demás zonas afectadas en la entidad derivado de los fenómenos meteorológicos ocurridos recientemente, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.
5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segalmex y a la empresa Diconsa SA de CV, a dar cumplimiento a su deber de proporcionar atención especial a los estados afectados por el huracán Grace, abasteciendo maíz y otros productos básicos en los que se reporta desabasto y distorsión del mercado habida cuenta que los particulares suben excesivamente el precio por kilo, a cargo de la diputada Esther Martínez Romano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.
6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Colegisladora, a analizar, aprobar y expedir la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil, a cargo del diputado Jaime Baltierra García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.
7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE y a la CRE, a implementar la Tarifa 1F en diversos municipios de Sonora, por la persistencia de altas tarifas y bajas temperaturas extremas a lo largo de todo el año y por el confinamiento por la pandemia del covid-19, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Comisión de Energía, para dictamen.
8. Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia en contra de la colaboración de legisladores federales con grupos extranjeros de extrema derecha que promueven la intolerancia, que atentan contra los derechos humanos de las minorías y que violentan las libertades de las y los mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.
9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP, a integrar y publicar en su portal de internet, un registro público de ex servidores públicos de la APF que se encuentren impedidos para ocupar cargos en la iniciativa privada y las materias en que recaería dicha prohibición, a cargo del diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.
10. Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la STPS, a la SEP y al Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, a revisar y coordinar los lineamientos relacionados con la operación de dichas universidades, para garantizar que éstos no vulneran los derechos laborales de las y los maestros que forman parte de estas instituciones, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE, a investigar si la firma por parte de integrantes del GPPAN del Senado de la República del documento conocido como Carta de Madrid, impulsado por políticos y organizaciones de nacionalidad española, contraviene lo dispuesto en los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de México, a instruir un plan para combatir el robo de medicamentos en el Sistema de Salud Pública del país con la participación de las dependencias involucradas en el sector salud, entre otras, a cargo de la diputada Celeste Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Comisión de Salud, para dictamen.
13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a modificar la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la Prevención de la covid-19 en México, para incluir en el esquema de vacunación, a las niñas, niños y adolescentes de 12 a 18 años de edad, con la vacuna Pfizer-BioNTech, que ha sido aprobada por la Cofepris, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Salud, para dictamen.
14. Con Punto de Acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de Atención y Seguimiento para informar sobre los trabajos realizados en las obras del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, a cargo del diputado Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.
15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSPC, a emitir de manera urgente la declaratoria de emergencia para el municipio de Tlalnepantla de Baz en el estado de México, así como a liberar los recursos necesarios del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales, que permitan atender a las víctimas y apoyar a las familias afectadas por el desgajamiento del Cerro del Chiquihuite, a cargo de la diputada Marisela Garduño Garduño, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.
16. Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Segob, a investigar la posible violación de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, durante la ceremonia cívica en el Consulado de México en Estambul, Turquía, así como en diferentes entidades federativas, a cargo del diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, en coordinación con la Secretaría de Salud, a iniciar la vacunación contra el covid-19 entre los niños de 12 años y más, con el propósito de prevenir y disminuir los contagios en todo el país, a cargo del diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Salud, para dictamen.
18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, en coordinación con Capufe, a implementar un esquema de exención o tarifa especial en el cobro de peaje de las carreteras México - Pirámides y Peñón - Texcoco, a fin de beneficiar a la población que reside en los municipios donde se ubican dichas obras, a cargo del diputado Francisco Favela Peñuñuri, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.
19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS y al Conacyt, a establecer una mesas de diálogo con los miembros del programa Cátedras Conacyt con el objetivo de revisar los requisitos de evaluación previstos en los lineamientos del estatuto de personal académico y elaborar en conjunto una ruta crítica que permita una solución institucional que garantice a las y los investigadores su permanencia en el trabajo y el respeto a sus condiciones laborales, suscrito por los diputados Ana Lilia Herrera Anzaldo y Brasil Alberto Acosta Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.»
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO
LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
«Iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, Jesús Fernando García Hernández, diputado federal a la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que se dispone en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 8 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el propósito de que se llevena cabo mayores opciones de asistencia en apoyo a este grupo de población, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
Las barreras que impone el entorno social a las personas con discapacidad, las limita para acceder en condiciones de igualdad al desarrollo individual y colectivo; y supone para ellas un impedimento para garantizarles su inclusión plena en la sociedad. Se trata de una situación que dada la importancia y trascendencia que reviste, está reconocida así en la propia legislación en la materia.
Las personas con discapacidad, son identificadas como “aquellas que tienen dificultad para llevar a cabo actividades consideradas básicas”, como el caminar, subir o bajar, ver. oír, hablar o comunicarse, recordar o concentrarse, asearse, vestirse o comer. Incluso hay casos donde se tiene más de una discapacidad, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
En cifras para 2020, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, “más de mil millones de personas viven en todo el mundo con algún tipo de discapacidad”; lo cual representa el 15 por ciento del total de población. De este número, un aproximado a 190 millones “tienen dificultades en su funcionamiento y requieren con frecuencia servicios de asistencia”. Aún más; “el número de personas con discapacidad va en aumento debido al envejecimiento de la población y al incremento de enfermedades crónicas”.
De este número, conforme al Censo de Población y Vivienda de 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hay en México 6 millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad. Esta cifra representa el 4.9 por ciento del total de la población del país. 53 por ciento son mujeres y 47 por ciento hombres.
Con visión de alcance, la Organización de las Naciones Unidas a través de su Secretariado General, presentó en 2019 la Estrategia del organismo para la Inclusión de la Discapacidad; cuya finalidad está en “promover un progreso sostenible y transformador hacia la inclusión de esta situación en todos los pilares de la labor del mismo”.
La Estrategia en comento, cuya elaboración está basada “en un amplio examen institucional dirigido por la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad”, gracias a lo cual, “las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas reafirman que la observancia plena y cabal de los derechos humanos de todas las personas con discapacidad es un componente inalienable, indisociable e indivisible” de todas estas garantías y de las libertades fundamentales; es acogida por la Organización Mundial de la Salud, donde está presente el compromiso de ser un organismo inclusivo “de personas con discapacidades en toda su diversidad” y el de “integrar sistemáticamente la discapacidad en todas las áreas programáticas, especialmente en el ámbito de los países”.
Vale precisar qué de conformidad con la ONU, “la integración de la discapacidad, en combinación con medidas específicas, constituye la estrategia clave para lograr la inclusión y el empoderamiento de las personas con discapacidad y sus derechos humanos”. Un enfoque, abunda, basado en los derechos humanos, el cual “consiste en asegurar que los derechos de las personas con discapacidad se incorporen en la labor de la organización, velar por la participación significativa de estas personas y evaluar los efectos que pueda tener sobre ellas cualquier política o programa”.
El mecanismo, se explica, es también “un modo de lograr que las preocupaciones y experiencias de las personas con discapacidad constituyan una dimensión esencial de la elaboración, aplicación, supervisión y evaluación de las políticas y los programas en las esferas política, económica y social”, de suerte “que las personas con discapacidad se beneficien igual que las demás y no se perpetúe la desigualdad”; donde impere “el objetivo final” consistente en “lograr la igualdad de resultados y fomentar una cultura inclusiva dentro del sistema de las Naciones Unidas”.
Se argumenta que “para poner en práctica la estrategia de inclusión de las personas con discapacidad y sus derechos humanos, es esencial que todo el sistema de las Naciones Unidas disponga de un marco de rendición de cuentas para informar sobre la aplicación de la política”. Un marco, se expone, que “incluirá los indicadores, los cronogramas, la orientación técnica y la asignación de responsabilidades que sean necesarios para la plena aplicación de la política”.
Asimismo, se puntualiza que “ello facilitará la planificación en todo el sistema para determinar las ventajas comparativas de las Naciones Unidas y de las distintas entidades y reducir la duplicación; la evaluación de los progresos y las deficiencias en todos los niveles de la labor de la Organización respecto del empoderamiento y la inclusión de las personas con discapacidad y sus derechos humanos, su bienestar y sus perspectivas en las políticas y en los planos internacional, regional y nacional; y el seguimiento de los resultados de cada entidad y del sistema en su conjunto”.
En el caso de México, entre otras instancias a cargo de la atención de los asuntos que forman parte de la agenda del grupo de población en referencia, está el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), el cual “tiene como objeto establecer la política pública para las personas con discapacidad, así como promover sus derechos humanos, su plena inclusión y participación en todos los ámbitos de la vida” y es una instancia que goza de “autonomía para desarrollar todas las acciones pertinentes en la materia, en coordinación con diversas instituciones del gobierno federal, así como con las Organizaciones de y para las Personas con Discapacidad, expertos y académicos.
El Conadis ha dispuesto así la instrumentación de acciones, tendentes a la atención de las personas con discapacidad, al incluir temas como la “Armonización legislativa, Salud, Educación, Trabajo, Accesibilidad, Turismo, Derechos Políticos, Impartición de Justicia, Deporte, Cultura, Asuntos Indígenas, Asuntos Internacionales, entre otros”.
El programa específico en vigencia, tiene por objetivos “Incorporar los derechos de las personas con discapacidad en los programas o acciones de laadministración pública”. Asimismo, “mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud, así como a la atención de salud especializada”.
Además de “promover el diseño e instrumentación de programas y acciones que mejoren el acceso al trabajo de las personas con discapacidad” y “fortalecer la participación de las personas con discapacidad en la educación inclusiva y especial, la cultura, el deporte y el turismo.”, aparte de “incrementar la accesibilidad en espacios públicos o privados, el transporte y las tecnologías de la información para las personas con discapacidad” y “armonizar la legislación para facilitar el acceso a la justicia y la participación política y pública de las personas con discapacidad”.
En tanto y “tomando en cuenta la visión y objetivo del Programa de Atención a los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “trabaja de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil, y con dependencias de los tres órdenes gubernamentales; a través de promoción, difusión, orientación y acompañamiento en caso de presunta vulneración a los derechos humanos; así como la realización de investigaciones, informes y diagnósticos acerca del estado que guardan los derechos humanos de las personas con discapacidad, a fin de dar a conocer las áreas de oportunidad, coadyuvando con la asertiva toma de decisiones en pro de la inclusión”.
Así, la CNDH cumple el objetivo con el cual se busca “contribuir a la efectiva vigilancia de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a través de tres ejes principales: promoción, protección y supervisión de los derechos de las personas con discapacidad, llevando a cabo actividades de toma de conciencia, orientación y asesoramiento jurídico a las y los servidores públicos, personas con discapacidad, las organizaciones que las representan y a sus familias”.
Paralelo a ello, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), con sustento en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el cual “expresa el compromiso del actual gobierno federal de garantizar el bienestar y los derechos humanos de todas las personas, en especial a los grupos históricamente discriminados, reflejado en el 7 principio rector de la planeación nacional: “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”, anuncia que está en proceso de elaboración el Programa Nacional para la Igualdad y No discriminación (Pronaid) 2019-2024.
El Conapred informa que el próximo Pronaind “será el programa rector de la política nacional antidiscriminatoria para este sexenio, coordinado por la autoridad en la materia e implementado por las dependencias y entidades corresponsables de generar las transformaciones necesarias para desmontar las prácticas discriminatorias normalizadas en distintos ámbitos claves para la gobernanza, el bienestar y el desarrollo de la sociedad, prioritariamente para aquellos grupos sociales desaventajados en sus derechos y oportunidades”.
Es evidente por parte de los organismos del sector público, la aplicación de programas y estrategias diversas en defensa de los derechos humanos de los grupos vulnerables. Se requiere sin embargo no sólo mantener su vigencia, sino también ampliarlas ante lo que los especialistas prevén como un posible aumento de la discapacidad entre la población, dado en parte a la transición epidemiológica que los nuevos patrones de vida imponen.
Así como a la previsión de que la población de personas adultas y de adultos mayores habrá de incrementarse en proporción y cantidad, lo cual supondrá un aumento en el número de casos de discapacidad, al estar comprobado que a edades mayores se presentan con alta probabilidad no sólo limitaciones de carácter físico, sino también el desarrollo de enfermedades diversas.
Se hace necesario así definir estrategias a aplicar, para revertir y prevenir aquellas acciones y actitudes que signifiquen discriminación a las personas con discapacidad; y asegurarles así el respeto irrestricto a sus derechos humanos, garantizándoles igualdad de oportunidades individuales y colectivas para su plena inclusión social.
Es impostergable abatir la brecha de oportunidades para las personas con discapacidad, de suerte tal que este grupo de población pueda ejercer sus derechos a plenitud y que los obstáculos que prevalecen en razón de condiciones físicas, psicológicas y conductuales; no sean más una barrera que les límite su acceso a la integración y el desarrollo que deben ser por igual, comunes a todos.
Se requieren así políticas públicas e iniciativas diversas, de suerte que se articulen acciones que procuren la atención de las personas con discapacidad, donde se les garantice entre otras medidas, accesibilidad física y sensorial a la debida y oportuna información, a oportunidades de trabajo, de salud y de educación, entre otras garantías a las que tienen derecho, en pro de su participación e integración.
Las personas con discapacidad, al estar limitadas por su condición física y sensorial, requieren de ser atendidas con infraestructura de servicios y de asistencia personal, entre otros beneficios que les mejore su acceso a mayores oportunidades de integración; para hacer realidad así los postulados que sobre esta materia se han definido en su oportunidad en los programas específicos a cargo de las instituciones públicas.
La segregación, etiquetamiento, desacreditación y exclusión que viven las personas con discapacidad y que las lleva a ser marginadas, tiende a agravarse ante el hecho de que algunos servicios públicos y privados; como la educación, el transporte y lugares de empleo, entre otros; así como otras actividades diversas de la vida social, no estén precisamente pensados y diseñados para ellas en igualdad de condiciones.
Prácticas como las enunciadas, las cuales parten del “supuesto erróneo de que hay personas normales y anormales”, constituyen una abierta violación a los derechos humanos y que dada la irregularidad que representan es necesario revertir, de suerte tal que con toda legitimidad se les garanticen condiciones y oportunidades, gracias a la aplicación de iniciativas ciudadanas y políticas púbicas, cuyo objetivo sea eliminar aquellas barreras y restricciones que les limita su integración social.
En razón de lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se modifica la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
Artículo Único. Se adiciona una fracción V, pasando a ser la actual V a VI del párrafo primero del artículo 8 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como como sigue:
Artículo 8. ...
I. a V. ...
V. Establecer en locales de concurrencia pública el apoyo de especialistas en diversas formas de comunicación para el auxilio y orientación a las personas con discapacidad, y
VI . ...
Transitorio
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Fuentes de consulta
cuentame.inegi.org.mx/población/discapacidad.aspx
www.un.org/es/content/disabilitystrategy
www.conapred.org.mx
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/
www.cndh.org.mx/programa/32/atencion-las-personas-con-discapacid ad
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2021.– Diputado Jesús Fernando García Hernández (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnera-bles, para dictamen.
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
«Iniciativa que reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, Jesús Fernando García Hernández, diputado federal a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que dispone el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el propósito de garantizar que la producción agrícola nacional sea la primera en comercializarse, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
Amén de constituir un recurso imprescindible en la dieta, gracias al contenido nutrimental que aportan, los granos básicos son en su conjunto un producto fundamental para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria; cuya producción interna demanda ser atendida como una actividad estratégica para el desarrollo nacional, donde se procure la rentabilidad de los productores del sector primario.
México con una producción anual de 27.8 millones de toneladas de maíz, 3.5 millones de trigo panificable, 1.1 millones de frijol y 266 mil de arroz, es aún insuficiente para atender la demanda interna de estos granos y por lo tanto recurre a las importaciones para satisfacer así las necesidades de abasto del mercado nacional.
La apertura comercial de México, que cobra mayor expresión a partir de la entrada en vigor del ya extinto Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), el cual se significó por un acelerado proceso de liberalización del comercio agroalimentario, derivó en un “incremento sostenido de las importaciones de granos y oleaginosas”. Ello, generó a su vez presión en “el sistema nacional de precios y de garantía”, así como en el de concertación; a cargo de los “organismos gubernamentales de regulación y comercialización agropecuaria”.
De acuerdo con el contenido del documento público “Mercado Agrícola Incluyente”, de la autoría del académico José Luis Villagrana Zúñiga, de la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas, “la liberalización abrupta y total del TLCAN para el subsector de granos básicos ha significado una competencia desleal e ilegal para los productores mexicanos”. Cita a los de temporal como los principalmente afectados, al precisar que “por esta razón, la producción nacional se ha desincentivado y las importaciones han aumentado a niveles sin precedente”. Respecto a ello, argumenta que “en 1990, la producción de granos básicos per cápita era de 326.7 kilogramos, mientras que para 1998 se había reducido a 297.6 kilogramos; es decir, una disminución de 8.9 por ciento en dicho periodo”.
Paralelo a esto, “al mismo tiempo, se han incentivado las importaciones al pasar a 9.15 millones de toneladas de granos básicos en 2000”, según el documento y sobre lo cual menciona que “por lo que se refiere al valor total de las importaciones de granos, éste ascendió en siete años de TLCAN a 16 mil 58 millones de dólares”. Ello significa que. en apenas los primeros cinco años del acuerdo comercial con América del Norte, “el valor de las importaciones de granos básicos fue casi el doble que el valor de las importaciones realizadas en los nueve años previos”.
Abunda el documento que “de acuerdo con datos del gobierno mexicano, entre 1994 y 2000 se importaron de Estados Unidos y Canadá 10’000,000 de toneladas de maíz por arriba de la cuota de importación sin pagar un solo centavo del arancel acordado”. Ello significó para México “dejar de cobrar aranceles por 2,385 millones de dólares”. Aún más, “en cuatro años del TLCAN (1996-2000), no se respetó la cuota de importación libre de arancel, mismos años en que se importó maíz por encima incluso de la cuota prevista para el año 2007”. Se especifica asimismo que “en los hechos, a partir del año 3 del TLCAN (1996), y no del año 15 (2008), se completó la liberalización total del comercio del maíz”.
Incluso y “de acuerdo con datos del gobierno de Estados Unidos, desde el primer año del TLCAN (1994) las exportaciones Norteamericanas de maíz a México (3’054,000 toneladas) sobrepasaron la cuota de importación de maíz (2.5 millones de toneladas) sin pagar un solo centavo del arancel acordado en dicho tratado comercial”.
Este proceso al cual se llamó “integración económica”, se caracterizó por una acelerada apertura “en el sector de los granos básicos”, dada “la eliminación total de gravámenes a las importaciones agropecuarias”; donde ocurrió “el abrupto retiro del Estado en la producción y comercialización” de estos productos y que en la práctica dejo a su suerte a los productores primarios del sector rural.
Ocurre así que “la situación de los campesinos que producen granos básicos en el país ha sido precaria, debido a los factores climáticos que afectan a todo el agricultor y cuyas consecuencias negativas son acrecentadas por la marginación en que viven los productores mexicanos”. No obstante, “ellos han sabido lidiar con las fuerzas caprichosas de la naturaleza”. Sin embargo, han sido “las fuerzas desatadas por la integración económica las que dejaron en la quiebra a más de 300 mil maiceros en los últimos 20 años, muchos de ellos parte de familias que habían cultivado sus tierras por generaciones”.
Infructuosa resultó la oposición de “las organizaciones campesinas independientes”, así como de “franjas muy importantes de la sociedad civil” y de “numerosas universidades y centros de investigación”, a los intentos del gobierno mexicano y de sus contrapartes en el TLCAN “de incorporar los granos básicos en la negociación y mucho menos de acordar la eliminación de los aranceles”, toda vez que finalmente “el ejecutivo federal aceptó sacrificar al subsector de granos básicos”; es decir “a la agricultura campesina y a la seguridad alimentaria nacional, en aras de una liberalización comercial fundamentalista”, basada en el supuesto de que se tendrían “ventajas comparativas” y sustentada en la promesa de que se obtendrían “a cambio mayores beneficios para el sector agropecuario y la economía nacional en su conjunto”. Nada más alejado de la realidad.
El documento que se consulta, el cual analiza “la situación de crisis aguda en el campo mexicano”, refiere que “se ha argumentado que las exportaciones fuera de cuota sin arancel eran necesarias para evitar el desabasto nacional dada la insuficiente producción interna, así como para impedir el encarecimiento de los alimentos”; empero, haber eliminado la protección y favorecido las “importaciones masivas a precios dumping es justamente una de las causas principales y no la consecuencia del estancamiento o disminución de la producción nacional de granos básicos”.
Ampliamente ilustrativo, el documento indica que “los precios de los granos básicos han descendido en términos reales como consecuencia de las importaciones masivas sin protección y a las reformas en el sistema de precios, subsidios e intervención gubernamental en las compras y en el abasto”. Respecto a ello, ejemplifica que “el precio del maíz descendió 27 por ciento en 7 años del TLCAN”.
La disminución en los precios, a la cual se suma la desaparición de los subsidios y el aumento en los costos de producción como factores no imputables a los productores, sino más bien a las asimetrías entre las economías de México y los Estados Unidos, son entre otros factores, causa de la crisis “de rentabilidad sin precedentes en todos los productores de granos básicos de todas las regiones agrícolas del país”.
La realidad del campo mexicano refleja que “los productores de granos básicos enfrentan condiciones de producción y comercialización que ningún otro país miembro de la OCDE enfrenta”, dada “la desprotección, la incertidumbre, la indefensión y la desinformación” que se vive en el sector, ya que “los productores nacionales no solamente no saben a que precios van a vender sus productos antes de la siembra sino que ni siquiera en el momento mismo de las cosechas saben si podrán venderlas y a que precios”.
A consecuencia de esto, se han vuelto práctica recurrente las movilizaciones de productores en cada ciclo de comercialización, quienes justamente hacen uso de este recurso precisamente para protestar, gestionar, presionar y negociar condiciones reales de competitividad para sus cosechas.
Si bien las importaciones de granos básicos constituyen una acción necesaria para garantizar la demanda interna frente a la insuficiencia de abasto que se presenta, dado que con ello se satisfacen requerimientos del mercado interno; ocurre también que la medida constituye afectaciones serias, así como una competencia desleal y desventajosa para los productores nacionales cuando es aplicada sin la debida planeación que los proteja.
Así. voces autorizadas y conocedoras del tema, resuelven como urgencia ordenar las importaciones de granos básicos, donde ocurra la planeación estratégica que regule no únicamente activos superavitarios, causados tanto por excedentes de compras al extranjero como por reservas internas, sino qué; y aquí está la parte medular del problema, garantice además la rentabilidad para los productores nacionales del campo.
Ante los imperativos expuestos, el Estado mexicano está llamado a jugar un papel relevante en cuanto a la productividad del sector primario, para garantizar así la autosuficiencia y soberanía alimentaria. Se debe procurar el fomento a la producción y asegurar a productores ingresos económicos suficientes, a través de la aplicación de precios de garantía que considere también la construcción de infraestructura de almacenamiento y la vigencia de mercados de compra oportuna y a valor competitivo.
Los actores del campo mexicano ven con preocupación el hecho de que las políticas de carácter neoliberal, prácticamente han provocado la ruina de miles de productores de granos básicos; quienes han dejado la actividad merced a la falta de apoyos públicos, financiamiento e infraestructura, sí como a los efectos nocivos de importaciones desventajosas e injustamente planificadas.
El sector público debe reconocer qué, en aras de garantizar la continuidad y subsistencia de la actividad agrícola, productores y sus familias se han visto obligados a disminuir sus niveles de consumo y de vida, en rubros fundamentales como la alimentación, vivienda, educación, salud y vestido; amén de haber vendido su fuerza de trabajo en otras actividades que les garanticen ingresos económicos a los que por justicia elemental tienen derecho.
En razón de lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Artículo Único. Se adiciona la fracción XV Bis, recorriéndose las subsecuentes en su orden del párrafo primero, artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como como sigue:
Artículo 35. ...
I. a XV. ...
XV Bis. Planear el abasto interno de cultivos agrícolas básicos, de manera tal que se garantice que la producción nacional sea la primera en comercializarse.
XV. a XXIV. ...
Transitorio
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Fuentes de consulta
www.monografias.com/trabajos73/metrcado-agricola-incluyente/merc ado-agricola-incluyente.shtml
“Planear el mercado interno de productos agrícolas”, ingeniero Manuel Castro Gil. Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2021.– Diputado Jesús Fernando García Hernández (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por los diputados Ángel Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PT
Los suscritos, diputado Benjamín Robles Montoya y diputada Maribel Martínez Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, 78 y 102, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para reducir la tasa del IVA a 10 por ciento, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Nuestro sistema constitucional señala la forma en la que el Estado debe recaudar para realizar las funciones que le son inherentes. Es aquí donde se establece la obligación de todo mexicano y mexicana de contribuir al gasto público conforme lo señala el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, por lo que nuestro sistema financiero lleva a cabo la recaudación de impuestos como son el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, los cuales son fuentes que tiene el Estado para recabar recursos económicos, junto con otras contribuciones o fuentes generadoras de ingresos a nuestro país.
La contribución referente al impuesto al valor agregado, de manera histórica ha aumentado, lo que ocasiona que la ciudadanía, de manera reiterada, haya solicitado que el aumento de los impuestos se detenga, ya que estos ocasionan la carestía de la vida y la complejidad para elevar el nivel de vida, generándose desigualdad social y crecimiento de la pobreza debido a que el aumento del impuesto al valor agrtegado (IVA) no fomenta el consumo, lo inhibe y por consecuencia no existe una economía dinámica que permita un crecimiento de nuestro país por medio del consumo, aun a pesar de que en la actualidad el salario mínimo está aumentando. Esto, como consecuencia de que en nuestra política económica se ha tomado como un fin de la economía nacional la recaudación de este impuesto para obtener recursos públicos y poder costear el desempeño de los Poderes del Estado y de los organismos constitucionales autónomos. Ante esta problemática, no se ha buscado un mecanismo que permita obtener ingresos directos e indirectos por parte la autoridad hacendaria, que tenga por objetivo no sólo la recaudación, sino incluso busque el desarrollo económico del país, razón por la cual socialmente existe un rechazo claro a esta contribución indirecta que se recaba por medio del consumo que realizan las personas de bienes y servicios.
Es importante observar que el impuesto al valor agregado, de manera periódica, se ha incrementado hasta nuestra actualidad, debido a que los modelos económicos neoliberales sólo entendieron el sistema tributario como la finalidad de la economía mexicana, pues la lógica consistía en cambiar el sistema estructural de nuestro país que rompía la armonía económica debido a que las fuentes de ingresos que tenía el Estado mexicano eran las utilidades de la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y las contribuciones en materia fiscal, fuentes que se redirigieron a la iniciativa privada con la reforma al artículo 27 de nuestra Constitución General de la República y la legislación en materia energética. Esto, de acuerdo a la mecánica de distribución del presupuesto que señala la Ley de Coordinación Fiscal, que prevé estas fuentes de ingreso para el Estado mexicano.
El impuesto al valor agregado es un impuesto que afecta el consumo de bienes y servicios de manera directa; este impuesto tiene, como todos los demás impuestos, problemas de recaudación, es decir que aunque el monto o tasa de la contribución se aumente de manera constante o en un mayor porcentaje, no necesariamente se incrementa la recaudación del Estado. Por otra parte, esta contribución impacta de manera negativa en el consumo de los bienes y servicios debido a que aumenta los precios en el mercado; la tasa de esta contribución en la actualidad se encuentra establecida en diversas disposiciones normativas, así como las actividades que deben ser regulados por este impuesto que corresponde a una tasa de 16 por ciento de acuerdo a lo establecido en el artículo 1o., segundo párrafo; 2o.-A último párrafo, 18-D fracción IV y 18-H de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Actualmente el salario ha aumentado en 60.3 por ciento, como lo ha comunicado el gobierno federal, situación que permite el consumo a mayor escala, pero se requiere incentivarlo con la finalidad de que los contribuyentes puedan bajar los precios de los productos como de los servicios que prestan con el objetivo de buscar una mejor recaudación al bajar esta contribución. Esta propuesta busca mejorar la recaudación tributaria y la economía de nuestro país que se encarece por la imposición de una tasa del 16 por ciento del IVA que, sin duda, no mejora el objetivo de la recaudación y aumenta el costo de los bienes y servicios que se adquieren en el mercado.
La contribución que consideramos debe reducirse, se encuentra regulada en diversos artículos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, disposición que deberá ser modificada para reducir la tasa de la contribución a 10por ciento; con ello no sólo se busca modificar este régimen normativo, sino incluso mejorar la recaudación y la economía social mediante la baja de los precios y servicios.
Nuestro planteamiento no parte de la facultad que tiene el Estado para recaudar recursos como un fin en sí mismo, sino que observa el sistema tributario como parte de un todo para que el estado obtenga su financiamiento; es decir, las contribuciones sólo son una herramienta. Esta perspectiva implica observar situaciones económicas como son el salario y los derechos reconocidos en la Constitución Política Mexicana y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte, lo que nos lleva a cambiar el paradigma tributario y buscar alternativas que permitan no sólo la mejora económica institucional, sino la social.
Dicha postura tiene sustento doctrinario en diversas obras, pero únicamente haremos alusión a la que consideramos fortalece la viabilidad de esta propuesta, titulada Justicia tributaria y derechos humanos,en cuyo capítulo Cuarto “El Impuesto al Valor Agregado y los Derechos Humanos: Principio de Capacidad Económica como Derecho y Garantía”se ilustran los derechos humanos que deben ser observados para la reducción o exención del pago de contribuciones y de cómo debe comportarse el legislador tributario frente a la observancia de los mandatos constitucionales en materia de derechos humanos.
Consideramos que esta obra efectivamente puede ayudarnos a entender el por qué de la reducción de la tasa del IVA y del por qué se plantea el marco legal para que se desarrolle una política tributaria que permita no sólo satisfacer los derechos humanos de las personas, sino incluso recaudar lo correspondiente al gasto público y, sobre todo, buscar la eficacia de los aumentos del salario mínimo que sustente el desarrollo económico de nuestro país; por lo que se hacen de referencia obligatoria algunos párrafos de esta obra académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México:
“En el estudio del derecho tributario nuestro acercamiento a los principios de la justicia se hace generalmente al analizar los llamados principios de justicia tributaria, mismos que no siempre han sido contemplados como derechos humanos.
El legislador normalmente ejerce su potestad tributaria verificando no exceder los límites que señalan los principios establecidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución. A saber, verificar que lo recaudado sirva para sufragar el gasto público, procurando la generalidad de la norma tributaria, vigilando que no se vulneren competencias exclusivas de otros niveles de gobierno (federación, estados y municipios), procurando un mínimo de proporcionalidad y equidad, y observando el apego al principio de legalidad. Pareciera que salvando los principios mencionados, cual si se tratara de escollos, la justicia de los impuestos se encontrara asegurada. Por supuesto, otros principios generales del derecho se vigilan a efecto de salvar la constitucionalidad del instrumento tributario que se crea (principio general de legalidad, garantía de audiencia, no retroactividad de la norma, derecho de petición etcétera).
En este documento se analiza el impuesto al valor agregado mexicano a la luz de los derechos humanos y del principio de capacidad económica. Dicho principio, como lo hemos mencionado en otros documentos –en coincidencia con Pedro Manuel Herrera Molina– puede ser visto como la especificación en materia tributaria del principio de igualdad; el cual encuentra su explicación en el ámbito tributario, y su sustanciación como equidad tributaria en el llamado principio de capacidad económica. Además, como también se ha destacado, el principio de capacidad económica permite rescatar un contenido ético que no es posible desprender de otros principios de justicia tributaria como pudieran ser el de legalidad o el de destino al gasto público. El principio de capacidad económica es en nuestra perspectiva el cristal desde el cual es posible observar los distintos impuestos y encontrar posibles inconsistencias o áreas de oportunidad para obtener un mayor respeto en materia de derechos humanos del contribuyente” 1.
“Sabemos que el sistema fiscal mexicano descansa en gran medida en la recaudación de los impuestos federales, destacando el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta (este último con mayor significación económica). Es muy relevante un análisis profundo de los impuestos, en particular de los mencionados, para reconocer si se encuentran a la altura de la nueva exigencia tributaria. Es decir, salvo posibles inconsistencias menores, los impuestos han superado el test de constitucionalidad que el antiguo régimen existía. Es necesario un nuevo análisis para verificar si su formulación ha llegado al límite de cobertura de los derechos humanos o si resulta posible extenderla, planteando modificaciones legislativas, que, sin socavar su eficacia tributaria, otorguen la protección más amplia” 2.
“7) El párrafo décimo del artículo 4o. constitucional consagra el “derecho al acceso a la cultura”. Aunado al derecho a la educación antes comentado es viable exigir al legislador tributario que, por ejemplo, en materia de IVA establezca tasas reducidas a espectáculos o a bienes que son típicamente propiciadores de esa cultura. En la actualidad no sólo libros o revistas (como se contemplan en la LIVA) serían dignos de esta protección, sino que también son elementos muy importantes otros bienes que almacenan contenidos culturales como libros electrónicos o audiolibros, discos o archivos que contengan música, películas, programas computacionales, entre otros.
8) Finalmente, pero no por ello menos importante, destacamos el “derecho a la cultura física y a la práctica del deporte” contenido en el último párrafo del artículo 4o. constitucional. El texto constitucional agrega que corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes. El ordenamiento tributario en general, y el IVA en particular, podrían ser parte de esa promoción exigida por el texto constitucional. Por ejemplo, una tasa reducida al acceso a instalaciones deportivas o a equipamiento deportivo pueden ser parte del fomento y estímulo a la cultura deportiva. Tasa reducida a las bicicletas que, además de ser medio de transporte de miles de personas, es un instrumento de actividad deportiva, podría ser otra medida. No olvidemos que el problema grave de enfermedades ocasionadas por sobrepeso que vive el país puede ser contrarrestado parcialmente con políticas públicas que promuevan el ejercicio físico entre la población” 3
La tasa de 16 por ciento del IVA ocasiona daños a la economía familiar y quien resulta más castigado con esta contribución es la sociedad, amén de que no observa los derechos humanos de las personas. En la obra citada anteriormente, el autor advierte que existen diversas estrategias que pueden mejorar la economía social; por ejemplo, una recaudación en el marco de una política tributaria encaminada a este cambio de paradigma.
Por ello, la presente iniciativa plantea la reducción de la tasa actual de 16 a 10 por ciento del IVA en los siguientes términos:
Por lo expuesto que someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto
Único. Se reforman el párrafo segundo del artículo 1o.; el segundo párrafo de la fracción I del artículo 2o.-A; la fracción IV del artículo 18-D y el artículo 18-H, todos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:
Artículo 1o. ...
I. a IV. ...
El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 10%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.
...
...
...
...
Artículo 2o.-A. ...
I. ...
a) a i) ...
Se aplicará la tasa de 10 por ciento a la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio.
II. a IV. ...
...
Artículo 18-D. ...
I. a III. ...
IV. Calcular en cada mes de calendario el impuesto al valor agregado correspondiente, aplicando la tasa de 10 por ciento a las contraprestaciones efectivamente cobradas en dicho mes y efectuar su pago mediante declaración electrónica que presentarán a más tardar el día 17 del mes siguiente de que se trate.
V. a VII. ...
...
...
Artículo 18-H. Cuando los servicios digitales a que se refiere el artículo 18-B de esta Ley se ofrezcan de manera conjunta con otros servicios digitales no contemplados en dicho artículo, el impuesto al valor agregado se calculará aplicando la tasa de 10 por ciento únicamente a los servicios previstos en el artículo citado, siempre que en el comprobante respectivo se haga la separación de dichos servicios y que las contraprestaciones correspondientes a cada servicio correspondan a los precios que se hubieran cobrado de no haberse proporcionado los servicios en forma conjunta. Cuando no se haga la separación mencionada, la contraprestación cobrada se entenderá que corresponde en 70 por ciento al monto de los servicios a que se refiere el artículo 18-B citado.
Transitorio
Único . El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2022.
Notas
1 Domínguez Crespo César Augusto en Justicia Tributaria y Derechos Humanos; (Juan Manuel Ortega Maldonado, coordinador); Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM; 2018, página 117.
2 Obra citada, página 120.
3 Obra citada, página 145.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 7 de septiembre de 2021.– Diputados: Ángel Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz (rúbricas).»
Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA
«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 58 y 116 de la Ley de la Industria Eléctrica, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, diputada Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este honorable Congreso iniciativa con proyecto de decreto al tenor de los siguientes
Antecedentes
La evolución histórico-legislativa de la industria eléctrica mexicana se compone por 5 etapas generales:
Primera etapa: tiene lugar a fines del siglo XIX, cuando se instalan las primeras plantas eléctricas en ríos o en aprovechamientos mineros y textiles; con la finalidad de autoabastecer los procesos industriales de los que formaban parte.
Segunda etapa: se presenta cuando los avances tecnológicos permiten distribuir para distancias cortas, líneas y transformadores de energía de bajo voltaje. Dando pie a la creación de empresas eléctricas municipales que abastecerán para el alumbrado y transporte público, para después dirigirse a consumidores comerciales y residenciales.
Tercera etapa: a mediados del siglo XX con mejores avances tecnológicos permiten construir grandes plantas generadoras que desarrollan los primeros sistemas de transmisión y transformación de altos voltajes que hacen posible los suministros de grandes volúmenes de energía para largas distancias.
Cuarta etapa: las mejoras a las infraestructuras de redes eléctricas aceleran el proceso de electrificación para otorgar mejor eficiencia y eficacia.
Quinta etapa: Siendo la última hasta el momento, es la que revoluciona a la industria eléctrica con base a la generación de energía a partir de fuentes renovables. Considerando lo más relevante la presencia de generadores independientes que venden fluido eléctrico a grandes consumidores o empresas eléctricas públicas que posteriormente crea un mercado eléctrico. 1
Dicho lo anterior en nuestro país nace la industria eléctrica en 1879, en el marco de los sectores minero y textil, pero el legislador tardará muchos años en la creación del primer marco normativo de carácter sectorial.
Durante el gobierno de Porfirio Díaz se reconoció al sector eléctrico con carácter de servicio público; colocándose las primeras lámparas “de arco” en la Plaza de la Constitución, comenzando así la iluminación en la Ciudad de México. Después de la Revolución Mexicana se volvieron a realizar el alumbrado público en distintas regiones del país, siendo que en 1937 había 18.3 millones de habitantes de los cuales sólo siete millones de mexicanos contaban con electricidad.
Aunado a lo anterior y a la existencia de empresas privadas de aquel entonces, que otorgaban servicio de suministro eléctrico que presentaban un bajo servicio de calidad y con precios muy elevados; por ello el gobierno federal creó el 14 de agosto de 1937 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el objetivo de organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 2
La Comisión Federal de Electricidad es una de las mayores empresas eléctricas gubernamentales del mundo con el objetivo de proveer el suministro de electricidad a todo el país, con base en los principios técnicos y económicos.
Conforme a la Ley de la Comisión Federal de Electricidad establece en el artículo 5 que:
La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado mexicano. 3
A pesar de la existencia de instituciones gubernamentales para el suministro eléctrico en el país, aún existían empresas privadas con concesiones otorgadas por los gobiernos anteriores y que a pesar de ello solo 44 por ciento del pueblo mexicano contaba con este servicio. Por lo que en 1960 el presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica, convirtiéndose en un suceso histórico con la finalidad del brindar un servicio eficiente y de calidad para el pueblo mexicano, principalmente a las zonas rurales y más marginadas del país.
En el informe de gobierno del entonces presidente Adolfo López Mateos mencionó lo siguiente:
“...la política que se ha trazado el Ejecutivo (...) está encaminada a que, como en el caso del petróleo y de los carburos hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos, la prestación de servicios públicos de generación, transformación y abastecimiento de energía eléctrica, sea realizada por instituciones gubernamentales, órganos de la nación.
México ha sostenido tradicionalmente la tesis de que los recursos naturales y las fuentes de energía básicas, han de estar al servicio de la colectividad y de la elevación de los niveles de vida del pueblo mexicano”. 4
Las principales características del sector eléctrico mexicano son:
• Mejores prácticas internacionales de Gobierno Corporativo.
• Estrategias comerciales, financieras y de inversiones.
• Promoción de proyectos de gran magnitud y de mejora tecnológica.
• Adquisiciones prioritarias para un diagnóstico de su situación operativa y financiera.
Exposición de Motivos
En nuestro país la energía eléctrica es un bien final indispensable y 99 por ciento de las viviendas habitadas del país tienen electricidad. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 27 párrafo sexto establece lo siguiente:
“[...] Corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica”. 5
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) deberá regular y promover las actividades que establece la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética en su artículo 41, fracción III, que menciona:
“La generación de electricidad, los servicios públicos de transmisión y distribución eléctrica, la transmisión y distribución eléctrica que no forma parte del servicio público y la comercialización de electricidad [...]”.
Por lo que es únicamente el Estado el único que tiene por objeto regular la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica.
A nivel nacional existen aproximadamente 226.4 millones de focos de los cuales las y los mexicanos utilizan 162.2 millones de focos ahorradores fluorescentes equivalente a 72 por ciento, 37.2 millones de focos incandescentes equivalente a 16 por ciento, y 27 millones de focos ahorradores LED equivalentes a 12 por ciento. 6
Dicho lo anterior en localidades menores a 15 mil habitantes, 30 por ciento de los focos son incandescentes y apenas se está incorporando los focos LED, lo que significa que aún falta mucho por recorrer para la integración de focos mucho más avanzados que los tradicionales.
Mapa 1. 7
El Proyecto Nacional para la Sustitución de Focos Incandescentes por Lámparas Fluorescentes Compactas desde su creación hasta el 29 de mayo de 2017 el Fideicomiso para el Ahorro de Energía (Energía) reportó los beneficios para el estado de Sonora:
• Lámparas programadas: 1 millón 43 mil 40 unidades.
• Lámparas entregadas acumuladas: 948 mil 530 unidades.
• Avance del programa de entrega: 90.9 por ciento.
• Beneficiarios atendidos: 189 mil 706 familias.
• Ahorro en consumo de energía: 56.8 gigawatts hora por año (GW/h/año). 8
Aunque el programa tenía una finalidad benéfica para el estado de Sonora, no fue suficiente el esfuerzo del Gobierno federal de aquel entonces para resolver la gran problemática de los altos consumos domésticos de energía eléctrica en la entidad.
México se encuentra dividido en tres regiones: la región cálida extrema que abarca el norte del país, la región templada que es el centro del país y por último la región tropical que se refiere al sur del país.
La región cálida extrema corresponde a las entidades federativas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; encontrándose la mayoría de ellos en la frontera norte con los Estados Unidos de América.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizó 43.5 millones de televisiones en uso en todo el país, además la mayoría de las familias mexicanas cuenta con algún electrodoméstico que necesita energía eléctrica para su funcionamiento.
Dicho lo anterior el uso frecuentemente de aparatos como focos, electrónicos o electrodomésticos; principalmente ventiladores, calefactores o aire acondicionado en aquellas zonas geográficas que por sus altas y/o bajas temperaturas sean indispensables para la vida cotidiana y la creciente urbanización en zonas que anteriormente eran consideradas rurales, ha expuesto la necesidad que aumente la distribución y suministro del servicio eléctrico.
En la capital del estado de Sonora 70 por ciento de los habitantes gastan en verano en promedio de mil 500 a 2 mil pesos por el uso frecuente e indispensablemente necesario de ventiladores y el restante 30 por ciento tiene recibos superiores a los 3 mil pesos.
Con la pandemia mundial generada por el virus SARS-CoV-2 o covid-19 ocasionó un colapso en el sector salud, económico, laboral, educativo entre muchos otros que incluso cambió el estilo de vida como se tenía conocido, siendo de esta manera que nuestro país no fuera la excepción a esta tragedia global.
Que asimismo el Gobierno federal público en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se establece las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (covid-19)”, estableciendo evitar la asistencia a centros de trabajo, la suspensión de actividades escolares, así como las actividades de los sectores público, privado y social a excepción de las actividades declaradas como esenciales. 9
Además, el Gobierno federal hizo el llamado a la población en general de las medidas de prevención sanitarias, así como la campaña pública de “Quédate en Casa” y la jornada nacional de “Susana Distancia”, para que de esta manera se disminuyera la propagación del virus.
La campaña pública de “Quédate en Casa” promovida a través de la Secretaría de Salud, tiene la finalidad de mitigar los contagios entre la población, lo que provocó que las y los ciudadanos aumentaran sus tarifas eléctricas domésticas.
El estado de Sonora no fue la excepción en el aumento de costos por el suministro eléctrico que además se encuentra geográficamente en una zona de clima extremo donde las temperaturas son muy altas en el día en donde los aparatos de ventilación son sumamente necesarios, pero que conllevan un alto consumo de energía eléctrica que se ve reflejado en los recibos.
De acuerdo con el Inegi en 2018 se registró que existían 774.2 mil habitantes en situación de pobreza, originado por los anteriores sexenios presidenciales. 10
Inclusive la pandemia que ha generado crisis económica, la luz eléctrica se volvió un servicio que no todos los mexicanos podrían pagar y los habitantes del estado de Sonora, específicamente el Distrito 2 Federal del Estado de Sonora que está compuesto por los municipios de Nogales, Agua Prieta, Arizpe, Bacoachi, Cananea, Cucurpe, Fronteras, Ímuris, Magdalena, Naco y Santa Cruz.
La mayoría son municipios donde prevalece principalmente la pobreza, aunado al clima extremo con temperaturas por encima de los 47 grados centígrados (° C), lo que resulta que la luz sea un lujo que los sonorenses no puedan costearse.
Mencionado todo lo anterior, propongo la iniciativa con reforma a la Ley de la Industria Eléctrica a considerar que se bajen los costos de tarifa eléctrica en las entidades que se encuentren geográficamente en zonas de clima extremo, como el estado de Sonora que cuenta con temperaturas muy altas y muy bajas en todo el año, y que aunado a ello miles de sonorenses en su mayoría se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto
Único. Se adiciona un párrafo segundo del artículo 58 y se reforma el primer párrafo del artículo 116 de la Ley de la Industria Eléctrica.
Artículo 58. (...)
La CRE promoverá ajustar las tarifas al menor costo en las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas que se ubiquen geográficamente en zonas de clima extremo.
Artículo116. La Secretaría establecerá políticas y estrategias para suministrar electricidad a las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas al menor costo para el país, además en las que se ubiquen geográficamente en zonas de clima extremo; en congruencia con la política energética prevista para el desarrollo del sector eléctrico y promoviendo el uso de las energías limpias.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Cortés, Josefina. Derecho Administrativo y Sector Eléctrico. 1a ed., México, Porrúa, 2007, pp. 41-43.
2 Comisión Federal de Electricidad. Historia de la CFE.
https://www.cfe.mx/nuestraempresa/pages/historia.aspx
3 Ley de la Comisión Federal de Electricidad, 2014.
4 De Rosenzweig, Francisco. El sector eléctrico en México. 1a ed., México, Porrúa, 2007, p. 14.
5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2021.
6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares 2018.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/encevi/2018/doc/en cevi2018_presentacion_resultados.pdf
7 Ídem.
8 Smart Energy Sonora. Mapa de Ruta de Energía de Sonora. 2017.
https://coees.sonora.gob.mx/images/archivos/mapa-de-ruta-de-ener gia-sonora-final-8-agosto.pdf
9 Diario Oficial de la Federación. Acuerdo por el que se establece las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), 24/03/2020.
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha =24/03/2020
10 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Medición multidimensional de la pobreza en Sonora 2018.
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/PublishingImag es/Pobreza_2020/Cuadro_1_Sonora.JPG
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2021.– Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.
LEY DE AGUAS NACIONALES
«Iniciativa que adiciona el artículo 111 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo del diputado Marco Antonio Pérez Garibay, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Antonio Pérez Garibay, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo cuarto al artículo 111 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, a fin de que los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación a la Comisión Nacional de Agua no puedan ser inferiores a los del ejercicio presupuestario anterior y éste se incremente anualmente.
Exposición de Motivos
En Ginebra, el 27 de noviembre de 2002, en la reunión del Comité de Derechos Económicos y Culturales y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas, se estableció que el agua es fundamental para la vida y la salud. La realización del derecho humano a disponer de agua es imprescindible, para llevar una vida saludable, que respete la dignidad humana. Es un requisito para la realización de todos los demás derechos humanos.
El Comité implementó la medida de aprobar una observación general sobre el agua como derecho humano. Esta constituye una interpretación de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los países que ratificaron el pacto han procurado velar por que la población entera tenga progresivamente acceso a agua de bebida potable y segura y a instalaciones de saneamiento, de forma equitativa y sin discriminación.
En la observación general se declara que, en virtud del derecho humano a disponer de agua, todas las personas deben tener agua suficiente, asequible, accesible, segura y aceptable para usos personales y domésticos. Se exigió que los países adoptaran estrategias y planes de acción nacionales que les permitiera acercarse de forma rápida y eficaz a la realización total del derecho a tener agua. 1
Estas estrategias se han basado en la legislación y los principios relativos a los derechos humanos, tienen que abarcar todos los aspectos del derecho al agua y las correspondientes obligaciones de los países, definir objetivos claros, fijar objetivos o metas que habrá que alcanzar y el plazo para su consecución y formular políticas adecuadas y los indicadores correspondientes.
La importancia de la observación general radica asimismo en que proporciona a la sociedad civil un instrumento que responsabiliza a los gobiernos de la garantía del acceso equitativo al agua.
La escasez de agua constituye uno de los principales desafíos del siglo XXI al que se están enfrentando numerosas sociedades de todo el mundo, México no es la excepción. A lo largo del último siglo, el uso y consumo de agua creció a un ritmo dos veces superior al de la tasa de crecimiento de la población y, aunque no se puede hablar de escasez hídrica a nivel global, va en aumento el número de regiones con niveles crónicos de carencia de agua.
El artículo 4o., párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios; así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”. 2
Al hablar del derecho al agua que todos los mexicanos tenemos, no podemos hablar de acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, sin tomar en consideración lo relativo a la existencia de dicho recurso natural en cantidad y en calidad suficientes, además de considerar factores externos que impactan y determinan su existencia como recurso, tales como el cambio climático, contaminación y la situación geográfica de nuestro país.
Para garantizar el derecho humano al agua, los factores antes enunciados deben ser tomados en cuenta, y establecer lineamientos específicos en la ley, que condicionen tanto del actuar de la autoridad como de los particulares para garantizar la existencia del vital líquido, que si bien está regulado por la ley, reglamentos y disposiciones de carácter general; dicha normatividad es susceptible de mejoras para que en forma clara las obligaciones de manera coordinada o concurrente tienen los tres niveles de gobierno en esta materia.
Al mismo tiempo, deberán considerarse con precisión las facultades de vigilancia y control que deberán ejercer las autoridades, para con ello preservar la cantidad y calidad del agua; así como los procedimientos para la realización de visitas de inspección; imposición de sanciones y, en su caso, la aplicación de medidas de seguridad necesarias, debiéndose establecer procedimientos adecuados.
Por ello resulta de principal prioridad realizar las reformas y adecuaciones conducentes en la ley, a efecto de cumplimentar lo mandatado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ciertos factores afectan la cantidad y calidad del agua. La escasez de agua afecta a todos los continentes. 1.200 millones de personas, casi una quinta parte de la población mundial, vive en áreas de escasez física de agua, mientras que 500 millones se aproximan a esta situación. Otros mil 600 millones, alrededor de un cuarto de la población mundial, se enfrentan a situaciones de escasez económica de agua, donde los países carecen de la infraestructura necesaria para transportar el agua desde ríos y acuíferos. 3
En razón de lo anterior, es que se propone la presente iniciativa, a efecto de que el Estado mexicano siga garantizando el derecho humano al agua, de ahí que es menester adecuar los principios en los que debe sustentarse la política hídrica nacional, señalados en la ley vigente, a efecto de hacerlos congruentes con la nueva realidad y con las reales necesidades de tal vital líquido.
La iniciativa plantea, en primer lugar, incorporar a la legislación, una garantía financiera para sustentar la política hídrica nacional, entre los que destacan, el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, social, económica y medioambiental e implementar un enfoque preventivo de garantizar del agua de manera coordinada y responsable para los mexicanos.
Con esta reforma, las autoridades competentes en materia hídrica, tendrán dentro de sus funciones preservar la cantidad y calidad del agua con una mayor garantía financiera año tras año, ya que, destinando un incremento presupuestario, se contará con un sistema financiero más robustecido y, por ende, se garantizará en el cuerpo normativo actual. Estipulando el incremento en el marco legal se optimizan las condiciones ideales para que esta viabilidad tenga capacidad institucional, y desde la perspectiva económica se podrá contar con recursos mayores, pero, sobre todo, se tendrá una mayor eficacia en la capacidad institucional para hacer efectivos los compromisos en materia de obligaciones de dotación del servicio.
El principal fin es robustecer el Sistema de Financiamiento del Sistema de Aguas, con el objetivo de garantizar el derecho humano al agua. La presente iniciativa propone que los recursos presupuestados ejercidos por la Comisión Nacional de Agua no sean inferiores a los del año presupuestal anterior y tenga anualmente un incremento.
Por lo expuesto y fundado someto a consideración de la LXV Legislatura el siguiente proyecto de
Decreto
Único. Se adiciona el párrafo cuarto al artículo 111 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:
Artículo 111 Bis....
...
...
Los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación a la Comisión Nacional de Agua no podrán ser inferiores a los del ejercicio presupuestario anterior y este mismo, tendrá que incrementarse anualmente.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Observación general número 15: El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales),
https://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-general-no-15-d erecho-al-agua-articulos-11-y-12-del-pacto-internacional
2. Artículo 4o., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
3 “El agua fuente de vida”, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, ONU-DAES,
https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/scarcity.shtm
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2021.– Diputado Marco Antonio Pérez Garibay (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
«Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT
Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los párrafos segundo y tercero de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La discriminación laboral por razón de edad en México es una problemática de gran sensibilidad social que requiere de la búsqueda constante de soluciones. Una realidad que afecta a millones de mexicanos mayores de 35 años, cuyas oportunidades en el mercado laboral son cada vez más acotadas.
Considerando que las proyecciones demográficas de México muestran una clara tendencia al envejecimiento progresivo de la población durante los próximos treinta años, es seguro afirmar que esta se trata de una problemática apremiante, que con certeza presentará grandes retos para la política pública mexicana. Las proyecciones estadísticas del Consejo Nacional de Población para el año 2050 señalan que la población adulta representará una proporción cada vez más alta, mientras la tasa de natalidad seguirá disminuyendo, reduciendo así la proporción de población joven en el futuro. 1
Las tendencias demográficas permiten anticipar que la capacidad del Estado mexicano para garantizar el derecho al empleo, los ingresos, el retiro y la seguridad financiera de su población será puesta a prueba en los próximos años. En razón a ello, la falta de certidumbre económica, de acceso al empleo, la salud y seguridad social son problemáticas apremiantes, aún pendientes de atender por la presente LXV Legislatura.
I. El trabajo y la no discriminación como derechos humanos
El marco jurídico que da fundamento a la no discriminación laboral y la protección de las personas mayores es vasto, pues numerosas disposiciones, tanto del derecho interno como del derecho internacional contemplan mecanismos y disposiciones en esta dirección. El derecho a la igualdad, la no discriminación, la seguridad social, así como el derecho a vivir y ser tratado con dignidad, son recogidos no solo por diversos instrumentos del sistema universal de derechos humanos, sino también por nuestra Carta Magna.
En su capítulo I. “Derechos Humanos y sus garantías”, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desglosa una serie de derechos universalmente reconocidos como inalienables e inherentes a todo ser humano. Entre ellos, el artículo 1° (párrafo primero y quinto) da fundamento al derecho a la igualdad y la no discriminación, mientras el artículo 5° refiere a la libertad profesional, por la cual a ninguna persona se le puede impedir dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que más le acomode, siendo lícitos.
De forma complementaria, el artículo 123 constitucional reconoce que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Es de este artículo que se desprende la Ley Federal del Trabajo por la cual se regulan las relaciones laborales entre patrones (empresas privadas) y trabajadores. En el artículo 3° de esta Ley el trabajo es definido como un derecho y un deber social, las relaciones obrero-patronales no podrán establecerse en condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de edad, origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. 2
El artículo 133 de la Ley reafirma lo anterior al prohibir de manera explícita a los patrones o a sus representantes negarse a aceptar trabajadores por razón de edad, origen étnico o nacional, género, entre otros criterios que puedan dar lugar a un acto discriminatorio. El patrón que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo se hará acreedor de sanciones económicas que pueden ir de 18 mil 872 a 377 mil 450 pesos, (Artículo 994, fracción VI)
Es de observar que la discriminación por razón de edad incluso ha sido tipificada como un delito en el Código Penal Federal, cuyo artículo 149 Ter, fracción II, establece sanciones de uno a tres años de prisión y hasta doscientos días multa a quien por razón de edad (entre diversas razones) menoscabe los derechos y libertades de las personas, negando o restringiendo sus derechos laborales. 3
Los esfuerzos legislativos e institucionales por crear un marco normativo que desvirtué prácticas discriminatorias en el ámbito laboral también se ven reflejados en la expedición de la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación (LFPED), por la cual fue creado el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred). Desde su institucionalización en 2003, el Conapred ha quedado a cargo de verificar que instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales adopten medidas y programas para prevenir y eliminar la discriminación.
Entre las numerosas atribuciones que el artículo 20 de la LFPED confiere al Conapred, cabe destacar que este organismo queda a cargo de generar y promover políticas, programas, proyectos o acciones cuyo objetivo o resultado esté encaminado a la prevención y eliminación de la discriminación.
Debe hacerse notar que, en comparación con otras naciones, México a la fecha carece de una ley particularmente dirigida a proteger los derechos laborales contra actos discriminatorios por razón de edad, tal como es el caso de la Ley de Discriminación por Edad en el Empleo (ADEA, por sus siglas en inglés) en los Estados Unidos. Un ordenamiento jurídico exclusivamente orientado a proteger a los trabajadores mayores de 40 años, abarcado todo aspecto del empleo (la contratación, el despido, la remuneración, las asignaciones laborales, los ascensos, el despido temporal, la capacitación, etcétera). 4
Pese a esta ausencia de un marco normativo específicamente orientado a la protección contra la discriminación laboral por razón de edad, debe resaltarse que la jurisprudencia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha complementado de forma amplia la interpretación que se da al artículo 1° en favor de las personas mayores. El Amparo Directo en Revisión 138/2012 fue el primer caso en que la Corte intervino para fijar los criterios mínimos que deben de cumplir las convocatorias de trabajo emitidas por empresas privadas para que puedan considerarse respetuosas del derecho a la no discriminación.
El debate actual sobre la discriminación laboral por razón de edad ha alcanzado incluso a la difusión de vacantes en plataformas digitales. En el año 2014 el asunto fue llevado ante la Suprema Corte por el Centro Contra la Discriminación 5 contra el Online Career Center México (OCC Mundial) y un anunciante por la difusión de vacantes que limitaban la oferta a una edad determinada, eran dirigidas exclusivamente para un género, o solicitaban CV con fotografía como requisito obligatorio. 6 (Amparo en Revisión 992/2014)
Como resultado de este amparo, en días recientes la Suprema Corte llegó a la determinación de que los anuncios que oferten trabajo y pongan un limite de edad como requisito para las personas interesadas, en efecto, violan el derecho a la no discriminación por edad. El respeto a la no discriminación, como derecho humano, no es limitativo a las relaciones entre individuo-Estado, sino que también es aplicable a las relaciones entre particulares. En observancia del derecho a la libertad de contratación y de la autonomía de la voluntad, los empresarios estarían en plena facultad de hacer a un lado las virtudes de los candidatos, siempre y cuando la razón que motive esa exclusión no sea una de las categorías establecidas en el artículo 1º constitucional, en este caso, la edad. 7
En el ámbito internacional, en primer lugar, cabe referir a los artículos 3° y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por los cuales la no discriminación y el trabajo son reconocidos como derechos básicos e inalienables de todo ser humano.
Si bien este documento no ha logrado formalizarse como un tratado internacional, y por tanto no goza de carácter obligatorio o vinculante, la firma de esta Declaración es considerado como un acontecimiento clave para el desarrollo del sistema internacional de derechos humanos, pues a final de cuentas, es de ella que derivan los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de los cuales México forma parte.
En este sentido, es de resaltar el contenido del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 8 cuyo artículo 7° establece que los Estados Parte reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. El salario equitativo, la igualdad de oportunidades, el descanso, el disfrute del tiempo libre y la limitación razonable de las horas de trabajo son compromisos que México adquirió desde la ratificación del Pacto en 1981 y que, al ser de carácter vinculante, deben ser observados en todo momento por la legislación nacional.
Otro acuerdo internacional en materia laboral ratificado por México es el Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este Convenio establece en su artículo 2° que todos los miembros se obligan a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto.
A los efectos del Convenio, el término ‘discriminación comprende cualquier distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación.
En virtud del control de convencionalidad, 9 también es de relevancia citar el contenido del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (conocido como el Protocolo de San Salvador), cuyo artículo 7° mandata a los Estados Parte a garantizar condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo en sus legislaciones nacionales. 10
II. Estadísticas laborales en México: tasa de empleo, discriminación por edad e igualdad laboral-salarial
Pese a las numerosas disposiciones jurídicas anteriormente enunciadas, es de observar que a la fecha persisten barreras injustificadas que limitan el acceso de este personas adultas y adultas mayores a sus derechos laborales. En este sentido, los datos del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) y de la Asociación Mexicana por la No Discriminación Laboral por Edad o Género (ANDLEG), son muy claros. Ser mayor de 35 años en México es motivo de discriminación laboral. De acuerdo con el ex presidente de la ANDLEG, Javier Vázquez Robles, el 90% de las vacantes ofrecidas en el mercado laboral dejan fuera a los mayores de 35 años.
“La oferta laboral disponible para ese segmento poblacional se reduce a 10%, pero se trata de empleos de bajo salario que no tienen que ver con el perfil académico del solicitante, desperdiciándose así años de experiencia”. 11
Si bien, instrumentos internacionales y nacionales de derechos humanos otorgan una vasta protección contra la discriminación laboral, lo cierto es que en la práctica son cada vez más las empresas que, aunque no señalen explícitamente un filtro de edad, cierran las puertas a miles de mexicanos que ven limitadas sus oportunidades de desarrollo económico y social. 12
En el caso de personas de 60 años o más, esta vulnerabilidad se acentúa aún más al considerar que los empleos ofertados a personas adultas mayores se caracterizan por los bajos sueldos.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los adultos mayores son los que en promedio tienen menor ingreso por hora en el trabajo extra doméstico con respecto al grueso de la población. 13 Las personas de este segmento por lo general, son contratadas en actividades de vigilancia o de limpieza, o incluso, en ocasiones, son contratados para realizar actividades de riesgo o que afectan su salud.
Adicionalmente, cabe observar que este también es el grupo que experimenta mayores tasas de analfabetismo. Tal como observa la investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Graciela Irma Bensusán, de cada 10 personas de 60 años o más, 3 no saben leer ni escribir. Como puede apreciarse en la siguiente gráfica, el mayor porcentaje de personas con educación básica incompleta se concentra en este segmento. 14 La población ocupada de 60 años o más es la que muestra menor nivel educativo, 42.3% tiene primaria incompleta y solo 15.4% cuenta con educación media superior y superior (INEGI, 2018). 15
Las condiciones del marco normativo mexicano en materia laboral han conllevado a que la reducida escolaridad de este grupo derive en una baja cobertura de la seguridad social y reducidos montos de las jubilaciones. La falta de oportunidades para el crecimiento económico que los adultos mayores experimentaron durante su juventud, los lleva a perpetuarse en una situación económica de escasez, engrosando las filas de la informalidad, incluso durante la vejez.
De acuerdo con datos del INEGI (2018), la población de 60 años o más la que muestra el porcentaje más alto de informalidad (74.2 por ciento).
En correspondencia con las anteriores cifras, es de observar que las condiciones laborales de las personas mayores de edad que son más desfavorables respecto a otros grupos de edad. Es el grupo que tiene el menor porcentaje de trabajadores con prestaciones (50%), el más bajo con acceso a los servicios de salud (38%) y con contrato laboral (38.6 por ciento). 16
A los anteriores indicadores, debe añadirse el hecho de que el ingreso por trabajo en los adultos mayores es el más bajo comparado a otros grupos de edad. Este es el grupo de edad que muestra el mayor porcentaje de trabajadores sin ingreso (10%) y remunerados hasta por solo un salario mínimo (29.5%) 17
Las anteriores cifras permiten corroborar los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, 18 la falta de empleo y la falta de oportunidades para encontrar trabajo, en efecto, son las principales problemáticas a las que hace frente la población de adultos mayores. 19
La escasez de oportunidades laborales también viene acompañada de pobreza e insuficiencia para cubrir con las necesidades básicas. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en 2020 el porcentaje de individuos de 65 años y más que vivían en pobreza alcanzó un 24.7% mientras que el índice promedio de los países que la integran que fue de 13.5%. 20
Es importante tomar en consideración que la pandemia SARS-CoV-2 ha agravado aún más la precariedad laboral en la que se encuentran millones de mexicanos. Los efectos de la crisis sanitaria, además de representar una amenaza para la vida de las personas mayores, también representa una dificultad adicional para satisfacer sus necesidades laborales, sobre todo para aquellos que viven en situación de pobreza. Cabe recordar que, de acuerdo con el análisis de impacto de la covid-19 en México realizado por la OIT, se ha llegado a estimar una tasa de desempleo de hasta el 11,7%, lo que equivaldría a aproximadamente 6 millones de personas. 21
Tomando consciencia de que la generación de condiciones favorables para el trabajo digno y libre de discriminación solo será posible como resultado de un esfuerzo interins-titucional entre el Poder Legislativo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Conapred y otros órganos del Estado, la presente iniciativa propone a esta soberanía reformas a los párrafos segundo y tercero del artículo 3o de la Ley Federal del Trabajo, al tenor del siguiente proyecto de
Decreto
Único. Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 3o de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 3o. ...
No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. La Secretaría, en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, deberán garantizar el derecho a no ser discriminado.
No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada; solo en labores específicas y debidamente justificadas ante la Secretaría y con el conocimiento del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la edad podrá ser motivo para interrumpir o evitar la contratación de una persona.
...
Transitorio
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.
Notas
1 Gobierno de México, Infografía, Proyecciones de la población de México y de sus entidades federativas 2016-2050, disponible en línea:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/390824/Infograf_a _Proyecciones_de_la_poblaci_n_de_ M_xico.pdf
2 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Ley Federal del Trabajo, [Texto Vigente, última reforma publicada DOF 12-06-2015]. Disponible en línea:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/156203/1044_Ley_F ederal_del_Trabajo.pdf
3 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Código Penal Federal, [Texto Vigente, última reforma publicada DOF 01-06-2021]
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Codigo_Penal_Fed eral.pdf
4 U.S. Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), The Age Discrimination in Employment Act of 1967, disponible en línea:
https://www.eeoc.gov/statutes/age-discrimination-employment-act- 1967
5 https://www.cecodi.org.mx/
6 Hernández Gerardo, “Vacantes que discriminan no son responsabilidad de los portales de empleos: SCJN” en El Economista, 17 de agosto de 2021, disponible en:
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Vacantes-que-discr iminan-no-son-responsabilidad-de- los-portales-de-empleo-SCJN-20210816-0111.html
7 Santiago Juárez Mario, “Comentario a la sentencia recaída al Amparo Directo en Revisión 992/2014 de la Suprema Corte de México No discriminación en las convocatorias de empleo” en Revista Estudios Constitucionales, Año 14, Nº 1, 2016, pp. 319-338.
8 Organización de las Naciones Unidas (ONU), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, disponible en línea:
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cescr_SP.pd f
9 Herramienta derivada del Expediente Varios 912/2010, por la cual las normas nacionales se encuentran sujetas a la verificación, de conformidad con los compromisos adquiridos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
10 Departamento de Derecho Internacional de la OEA, Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, disponible en línea:
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html
11 y 12 “Discriminación laboral por edad inicia a los 35 - 40 años “en Portal de Noticias Conapred, 14 de enero de 2014, disponible en:
https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id= 4600&id_opcion
13 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2005). Los adultos mayores en México. Aguascalientes, p. 23.
14 Bensusán, G, El modelo mexicano de regulación laboral. México, Ed. Plaza y Valdés, 2000.
15 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Personas de Edad (Adultos Mayores), Datos Nacionales”, 27 de septiembre de 2018, disponible en línea:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018 /edad2018_nal.pdf
16 Ídem.
17 Ídem.
18 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017: Principales Resultados, disponible en línea:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/en adis2017_resultados.pdf
19 El 28.5% de los adultos mayores encuestados declaró la insuficiencia de la pensión para cubrir necesidades básicas y el 22.5% declaro falta de oportunidades para encontrar trabajo.
20 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Pension Policy Notes and Reviews, México, mayo de 2020, disponible en:
https://www.oecd.org/els/public-pensions/OECD-Pension-Policy- Notes-Mexico.pdf
21 Feix Noémie, México y la crisis de la covid-19 en el mundo del trabajo: respuestas y desafíos, Organización Internacional del Trabajo (OIT), octubre de 2020. Disponible en línea:
https://www.ilo.org/mexico/publicaciones/WCMS_757364/lang–es/ind ex.htm
Cámara de Diputados, a 14 de septiembre de 2021.– Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables someto a consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma los artículos 359 y adiciona los artículos 371 bis, 376 y 377 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de transparencia sindical, al tenor de lo siguiente:
Antecedentes
Los antecedentes del sindicalismo en México datan de la Revolución Mexicana, cuando Francisco I. Madero en 1910 crea el Departamento del Trabajo para que estudie la cuestión social que se vive en el país, para 1912 se funda la Casa del Obrero Mundial que funcionaba como centro de agitación y propaganda de los derechos de la clase trabajadora. La clase obrera estaba concentrada en los lugares donde había industrias, principalmente centros mineros y fábricas de textiles, mismos que se encontraban alejados unos de otros lo que impedía la relación entre la clase trabajadora, la otra parte eran artesanos que formaron sindicatos gremiales, los de artes gráficas, los de la construcción, panaderos, sastres, etcétera, los ferrocarrileros aún se encontraban en lucha desplazando a los obreros norteamericanos.
Al promulgarse la Constitución de 1917 se inicia el verdadero periodo de organización de las agrupaciones sindicales, en la ciudad de Saltillo nace la primer Central Sindical Nacional la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), para 1919 se funda el partido Laborista Mexicano (PLM) y el Partido Comunista mexicano (PCM), en 1921 se realiza la Convención Radial Roja en donde se constituye la Confederación General de Trabajadores (CGT), en 1922 se crea la Confederación Nacional Católica del Trabajo.
Después de la depuración de la CROM, en 1933, surge la Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM), conformada por una parte por Lombardo Toledano. Cabe resaltar que en ese momento existían agrupaciones separadas de la Cámara de Trabajo, algunos sindicatos se encontraban influidos por el Partido Comunista, esta Confederación lucharía para ampliar la unidad sindical hasta que todas las organizaciones quedaran asociadas bajo tres principios: la lucha de clases, la democracia sindical y la independencia del movimiento obrero respecto del estado.
Tiempo después nace la Confederación de Trabajadores de México (CTM), misma que surge sin el apoyo del gobierno, diferenciando las asociaciones al tiempo de reivindicar la clase obrera con el pueblo y la nación mexicana, además de proponerse agrupar a las organizaciones sindicales de América Latina y contribuir a la unidad del movimiento obrero mundial; para 1997 se forma otra gran organización sindical en México, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
Aunque tendiendo estas grandes organizaciones sindicales bajo el número de afiliados a estos, ya que cifras presentadas por la población económicamente activa (PEA) en 1978 presentaba un total del 16.3 por ciento del PEA afiliada a un sindicato y para 1998 este porcentaje cayó a 10.4 por ciento, lo que representa una baja en afiliación sindical, una de las implicaciones fue la disminución en las primas sindicales por lo que los trabajadores individuales tenían menos incentivos para sindicalizarse.
Sin embargo, con el paso del tiempo estas organizaciones sindicales que se formaron en nuestro país fueron adquiriendo otros fines, comenzando una desunión entre ellas por situaciones como la intensión de que prevaleciera una teoría filosófica, o el argumento en que la minoría debe acatar los acuerdos de la mayoría en temas religiosos y políticos, impidiendo la libre discusión en las asambleas para tomar acuerdos, por otro lado también realizaban compromisos con empresarios y patrones sin consultar a los trabajadores, olvido de la lucha de clases, corrupción de la mayoría de los líderes sindicales, etc. Fueron algunas de las causas de la debilitación de las organizaciones.
Exposición de Motivos
La mayor parte de estas diferencias, al traer la desunión de organizaciones sindicales, se han vuelto insuperables y estos vicios aún se mantienen, principalmente podemos mencionar los casos de corrupción de líderes sindicales, ya que en un inicio fueron reelecciones antidemocráticas por parte de ellos; enriquecimientos ilícitos; solo se destituían por muerte o cárcel realizando la función de secretarios generales por décadas; existen un sinfín de documentaciones de personajes políticos utilizando las organizaciones sindicales y favores políticos; por otro lado la percepción de sueldos exorbitantes derivados de las cuotas sindicales de los trabajadores.
Muchos de estos líderes fueron intocables, hasta que procedía una investigación sobre los desvíos de las cuotas sindicales, por lo que el sindicalismo se volvió charrísimo, calificativo con el que se describe a un líder corrupto, dicho líder se encuentra controlado por el gobierno y proclive a beneficiar por las buenas o las malas a los patrones; este tipo de actitudes por parte de los líderes, se presentaba tanto en sindicatos locales como en sindicatos nacionales, conocemos casos actuales de algunos sindicatos y/o líderes sindicales que se encuentran bajo investigación, algunos han sido removidos o encarcelados, sin embargo, la mayoría se encuentra aun aprovechándose y enriqueciéndose a costa de los trabajadores.
Se han dado casos en los que líderes sindicales después de acceder a secretarios han aumentado sus riquezas y bienes patrimoniales, conduciendo autos de lujo últimos modelo, portando relojes de oro y joyas deslumbrantes, bienes raíces valuadas en dólares en el extranjero y en el país, gastando miles de pesos en compras de vestidos en el extranjero, paseando en yates, y teniendo como mascotas animales exóticos; violando distintas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, por mencionar algunos tenemos los artículo 356 y 374 en su fracción IV, que a la letra dicen:
“Artículo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses.”
“Artículo 374. Los sindicatos, federaciones y confederaciones, legalmente constituidos son personas morales y tienen capacidad para:
I. a la III. ...
IV. Establecer mecanismos para fomentar el desarrollo y fortalecimiento de la economía de sus afiliados,...”
La finalidad principal del sindicato es el garantizar el interés general de los trabajadores, y a su vez deberá mejorar las condiciones laborales del trabajador, estar a la defensa de sus derechos reconocido a nivel constitucional y en la misma Ley Federal del Trabajo, la esencia de este artículo no se lleva a cabo debido a que los líderes sindicales buscan un interés particular sin considerar y dejando al final a sus representados.
La mala práctica de las directivas sindicales en su administración, al no buscar intereses comunes y beneficiarse particularmente, corrompe la esencia del artículo 123 Constitucional, apartado B, fracción X, que establece el derecho de los trabajadores a asociarse para la defensa de intereses comunes.
Debido a estas situaciones, el pasado mes de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Federal del Trabajo que aprobó el honorable Congreso de la Unión, uno de los temas principales de la reforma fue el de la democracia sindical, que busca garantizar derecho a votaciones libres, directas y secretas para elegir líderes sindicales, otro de sus beneficios es el establecimiento de las condiciones necesarias para el procedimiento de elección como de permanencia, prohibiendo el tiempo indefinido en cuanto al tiempo de duración de las directivas, así mismo se implementa la libertad de negociación colectiva que garantice aplicaciones bilaterales y supere mínimos legales establecidos en salarios y prestaciones; la reforma también menciona que se cancelará el registró del sindicato si sus representantes incurrieran en actos de extorsión; sanciona los actos de injerencia patronal en caso de que se favorezca a un sindicato para tenerlo bajo control; se da una constancia de representatividad que acredita que el sindicato cuenta con la representación de los trabajadores para negociar el contrato colectivo de trabajo o de emplazamiento a huelga; se elimina la cláusula de exclusión por separación, por lo que no podrán ser despedidos los trabajadores que dejen de pertenecer a un sindicato; se especifica se deberán rendir cuentas de manera detalla del destino de las cuotas sindicales; es de resaltarse que anteriormente estas eran practicas violatorias a los derechos de los trabajadores por parte de las directivas sindicales.
Las mencionadas reformas a la Ley Federal del Trabajo son de gran importancia para erradicar el charrísimo de los sindicatos, así como transparentar en el uso de las aportaciones de los trabajadores por medio de las cuotas sindicales, sin embargo considero que nos hace falta castigar y evitar de manera contundente el enriquecimiento de los líderes sindicales, pues no basta con transparentar los recursos de los sindicatos, debemos restringir sueldos y salarios de las directivas, obligar a quienes manejen fondos sindicales a presentar declaraciones fiscales, patrimoniales y de conflicto de interés; esto con la finalidad de supervisar ganancias y gastos de las mesas directivas, ya que al solicitar permiso para desempeñar sus funciones dentro del sindicato, dejan de percibir un sueldo como trabajador, sin embargo ellos auto proponen sus sueldos derivados de las cuotas sindicales, sueldos que en su gran mayoría suelen ser monumentales respecto al que percibían como trabajadores; al no establecerse un tope de lo que deben percibir como sueldo, se corre el riesgo de repetir los viejos vicios; así mismo, creo que además de ser fiscalizados deben de tener un monto máximo de pago y así ser contundentes contra la corrupción dentro de las organizaciones de trabajadores.
Por los motivos anteriormente expuestos someto a consi-deración de este pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 359 y se adicio-nan las fracciones IV y V al artículo 371 Bis, un párrafo tercero al artículo 376 y una fracción IV recorriéndose el último párrafo al artículo 377 de la Ley Federal del Trabajo
Artículo Único. Se reforma el artículo 359 y se adicionan las fracciones IV y V al artículo 371 Bis, un párrafo tercero al artículo 376 y una fracción IV al artículo 377 recorriéndose el último párrafo, todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Ley Federal del Trabajo
Artículo 359. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus represen-tantes, organizar una justa y transparente administración de sus recursos, sus actividades y formular su programa de acción.
Artículo 371 Bis. ...
I. ...
II. ...
III. ...
IV. Las directivas electas de los sindicatos y confede-raciones deberán presentar sus declaraciones de conflicto de intereses, patrimonial y fiscal, inicial, anual y de conclusión de su nombramiento, la encar-gada de recibir dichas declaraciones será la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, así mismo estará facultado el Centro de Conciliación y Registro Laboral.
V. Los sueldos de los Secretarios de la Directiva Sindical por comisión sindical, no podrán ser mayores al 50 por ciento de lo percibido en el centro de trabajo laboral en el que se desempeñaban como trabajadores, en el caso de los sindicatos de trabajadores del apartado A; y del 25 por ciento más en el caso de los sindicatos del apartado B y Organismos Descentralizados.
Artículo 376. La representación del sindicato se ejercerá por su secretario general o por la persona que designe su directiva, salvo disposición especial de los estatutos.
Los miembros de la directiva sindical que sean separados por el patrón o que se separen por causa imputable a éste, continuarán ejerciendo sus funciones salvo lo que dispongan los estatutos.
Los miembros de la directiva sindical se abstendrán de buscar beneficios particulares, que transgredan los principios de sus estatutos.
Artículo 377. Son obligaciones de los sindicatos:
I. ...
II. ...
III. ...
IV. Llevar una administración transparente, justa, y proporcional, dando prioridad a los intereses de los miembros.
Las obligaciones a que se refiere este artículo podrán ser cumplidas a través de medios electrónicos, en los términos que determine la Autoridad Registral.
Transitorio
Único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Bibliografía
- Ley Federal del Trabajo.
- Lombardo Toledano Vicente, Teoría y práctica del movimiento sindical mexicano (Editorial Magisterio, 2010)
- Cruz Jiménez, Francisco, Los amos de la mafia sindical (Temas de hoy, 2013)
- Página oficial de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (Comunicado, noviembre 2019)
- Micrositio de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social sobre la Reforma Laboral
(https://reformalaboral.stps.gob.mx/)
- Bensusán, Graciela; J. Middlebrook, Kevin, Sindicatos y Política en México: cambios, continuidades y contradicciones (FOC, SA de CV, 2013)
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2021.– Diputada Margarita García García (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 110 y 132 de la Ley Federal del Trabajo, y 25 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de deducibilidad de pensiones, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PT
Los suscritos, diputado Benjamín Robles Montoya y Diputada Maribel Martínez Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los artículos 77, 78 y 102, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en materia de deducibilidad de pensiones, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
Según lo ha señalado el Fondo Monetario Internacional (FMI), los países en vías de desarrollo deben de destinar más recursos privados y del propio trabajador para que estos últimos tengan una pensión digna. Hacia el 2050, se tendrá que destinar adicionalmente un 2% del PIB global en pensiones.
En un estudio publicado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro se da cuenta que, con la estructura poblacional de principios del siglo XX, esos sistemas eran sostenibles, ya que la cantidad de jóvenes en la fuerza laboral era mucho mayor que el número de jubilados. En la medida en que se ha ido alargando la esperanza de vida y se observaron otras transiciones demográficas como alteraciones en las tasas de natalidad y mortalidad, así como transformaciones de la dinámica en los mercados laborales, esos sistemas se tornaron financieramente insostenibles desde un punto de vista actuarial. El resultado es que cada vez son más las personas jubiladas en proporción a las activas. Por ende, muchos países enfrentaron problemas fiscales graves derivados del sistema pensionario de reparto.
Ello motivó a realizar reformas que sustituyeran al sistema anterior por uno de cuentas individuales o de capitalización total, conocidos también como de contribución definida, de acuerdo al cual cada trabajador acumulará individualmente los recursos que le servirán para financiar su pensión.
En México el caso es similar, pues si bien la tasa de fertilidad se mantiene relativamente alta, la pirámide poblacional ya está comenzando a invertirse. En 1997 se reformó el sistema de pensiones del IMSS y a partir de ese año, los trabajadores tienen una cuenta individual en donde se depositan sus contribuciones a la seguridad social y sus pensiones serán financiadas con los recursos que tengan acumulados en esa cuenta al momento de su retiro. En 2007 este régimen se extendió a los servidores públicos cotizantes al ISSSTE. En principio, un esquema de cuentas individuales aísla el pago de pensiones de la situación demográfica, pues el beneficio es directamente proporcional al saldo acumulado que a su vez depende de manera importante de la carrera laboral.
Sin embargo, aun en los sistemas de contribución definida, los cambios demográficos son relevantes, sobre todo si consideramos que la pensión toma la forma de un pago vitalicio. Simplemente si el pensionado vive más años la pensión puede resultar insuficiente para financiar dignamente los gastos de la vejez. El aumento en la esperanza de vida en todo el mundo en las últimas décadas ha sido producto, entre otros factores, de cambios tecnológicos dramáticos en la medicina y los cuidados de la salud y en la toma de conciencia de factores negativos como una alimentación desbalanceada, la obesidad y fumar, que se han traducido en políticas públicas para combatirlas. Por otra parte, la longevidad tiene un impacto sobre la salud financiera de cualquier plan de pensiones. Se dice que estos enfrentan un riesgo de longevidad; este se define como el riesgo potencial asociado con el aumento de la esperanza de vida de los pensionados y de los que mantienen algún plan para el retiro (renta vitalicia, pagos programados, etc.). Es decir, depende del aumento de años de vida, de las reglas de beneficios del plan y de la manera en que son retirados los recursos. Ello podría convertirse en pagos mayores a los previstos por los fondos de pensiones y las compañías aseguradoras. El riesgo para los individuos que para su retiro viven de alguna forma de ahorro, es que vivirán más y en consecuencia en algún momento agotarán su fuente de financiamiento. Por lo tanto, este es un tema para el diseño de políticas públicas enfocadas al combate a la pobreza, sobre todo para el estrato de los adultos mayores.
Por tal motivo y dada la relevancia del funcionamiento del sistema de pensiones en México se requieren modificaciones para solucionar algunos de los retos a los que se enfrenta. En 2022, se iniciarán los trámites de retiro de los primeros pensionados bajo el régimen de cuentas individualizadas. Según estimaciones, la mayoría de ellos no alcanzará a obtener una pensión. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) calcula que alrededor de 80,000 personas alcanzarán la edad de jubilación en 2022; sin embargo, 7 de cada 10 personas que debieron haber empezado a trabajar después de 1997 o, al menos, a cotizar ante el IMSS, no acumularán las 1,250 semanas de cotización necesarias para poder acceder, cuando menos, a una pensión mínima garantizada.
Ante este difícil panorama, una posible alternativa es que las y los trabajadores tengan la posibilidad de contar con un fondo de pensiones complementario que les permita obtener mejores rendimientos. Para ello, la presente iniciativa plantea establecer la obligación de los patrones, de brindar al trabajador un fondo de pensiones complementario a los ya establecidos en las disposiciones de seguridad social cuando el trabajador lo solicite.
Si bien es cierto que, en principio, dicha obligación generaría una carga adicional para el patrón, también podría ser generador de beneficios para los mismos, recordando que las prestaciones de previsión social, tal sería el caso del fondo de pensiones complementario, son objeto de deducción, lo que constituye un incentivo para que los patrones cumplan con esta obligación.
En ese tenor de ideas, el artículo 7, párrafo quinto, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, considera como previsión social aquellas erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como el otorgar beneficios a favor de los trabajadores o de los socios o miembros de las sociedades cooperativas, tendientes a su superación física, social, económica o cultural, que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia. Señala, además, que en ningún caso se considerará previsión social las erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores o de socios o miembros de sociedades cooperativas.
Con base en la anterior definición, el artículo 25 de la ley en cuestión establece las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes, entre las que se encuentran contempladas, en la fracción X, las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social.
De lo anterior se desprende, por un lado, que la ley ya prevé la posibilidad de aportaciones complementarias y, por otro, que dichas aportaciones sean deducibles del impuesto sobre la renta para el patrón; dada la preocupación que el tema conlleva, es importante resaltar que la proporción de la no deducibilidad del 53% o 47% por el concepto de previsión social deja en inconsistencia el tema que nos compete, ya que si bien buscamos un bien poblacional, también es importante generar un beneficio global tanto para las personas físicas como para las personas morales quienes llevarían a cabo la misión de fomentar una cultura de ahorro creando y poniendo a disposición de los trabajadores un fondo de pensiones complementario.
Así también, el artículo 27 de la referida ley señala en su fracción XI como requisito para las deducciones en materia de previsión social, que las prestaciones correspondientes se otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores; es decir, la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que las prestaciones en materia de previsión social, como lo son las aportaciones a un fondo de pensiones, son deducibles a condición de que sean otorgadas de manera general.
Así pues, el establecimiento de la obligación que se propone para el patrón no redunda en un perjuicio para sus finanzas, pues le brinda la posibilidad de deducir impuestos con el consecuente beneficio directo para el trabajador, quien contará con un ahorro adicional.
Cabe señalar que los fondos complementarios referidos en la presente propuesta deberán operar bajo las disposiciones de carácter general expedidas por la Consar, en los términos que mandata la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Ahora bien, con el fin de que la deducción sea equilibrada y proporcional para el patrón y, por tanto, constituya un verdadero incentivo, resulta necesario eliminar los topes establecidos en la fracción X del propio artículo 25 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que la propuesta específica consiste en derogar la porción normativa del texto vigente de dicha fracción, posterior al punto y seguido.
De igual forma, tal y como se señaló anteriormente, se plantea la necesidad de establecer la obligación legal expresa del patrón, de brindar a las y los trabajadores un fondo de pensiones complementarios a los ya establecidos en las disposiciones de Seguridad Social, obligación que se propone establecer en el artículo 132 fracción de la Ley Federal del Trabajo, para lo cual proponemos la adición de una fracción XXXIV a dicho artículo.
La necesidad de incorporar dicha obligación de forma expresa radica en que sólo de esa manera se podrá garantizar el carácter de generalidad que exige la fracción XI del artículo 27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, como requisito para las deducciones por gastos de previsión social, asimismo, contemplar que los y las empleadas cuenten con la libertad y facilidad de realizar sus aportaciones a dichos fondos.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Primero. Se reforma la fracción VII y se adiciona una fracción VIII al artículo 110; se reforman las fracciones XXXII y XXXIII y se adiciona una fracción XXXIV al artículo 132, todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:
Artículo 110. ...
I. a VI.
VII. Pago de abonos para cubrir créditos garantizados por el Instituto a que se refiere el artículo 103 Bis de esta Ley, destinados a la adquisición de bienes de consumo, o al pago de servicios. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador y no podrán exceder del veinte por ciento del salario;
VIII. Las aportaciones destinadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones complementarios a los que establece la Ley del Seguro Social o bien para fondos destinados a los planes personales de retiro contratados por el trabajador. Estos descuentos deberán haber sido aceptados o solicitados previamente por el trabajador.
Artículo 132. ...
I. a XXXI. ...
XXXII. Fijar y difundir en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo el texto fiel de la convocatoria y demás documentos que le solicite el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para el desarrollo del procedimiento de consulta a que hacen referencia los artículos 390 Bis y 390 Ter;
XXXIII. Fijar en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo la convocatoria que le solicite el sindicato cuando se consulte a los trabajadores el contenido del contrato colectivo de trabajo inicial o el convenio de revisión, en términos de los artículos 390 Ter y 400 Bis, y
XXXIV. Contratar un fondo de pensiones o jubila-ciones complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social para los trabajadores, cuando estos últimos así lo soliciten. Dichos planes deberán reunir los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Artículo Segundo. Se reforma la fracción X del artículo 25 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:
Artículo 25. ...
I. a IX. ...
X. Las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social, y de primas de antigüedad constituidas en los términos de esta Ley.
...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Ejecutivo Federal realizará, en un plazo de 180 días, las modificaciones necesarias a las disposiciones reglamentarias correspondientes, a fin de armonizarlas con el presente decreto.
Tercero. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro realizará, en un plazo de 180 días, las modificaciones necesarias a las disposiciones de carácter general aplicables a los planes de pensiones, a fin de armonizarlas con el presente decreto.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 21 de septiembre de 2021.– Diputado y diputada: Benjamín Robles Montoya, Maribel Martínez Ruiz (rúbrica).»
Se turna a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL
«Iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de las Leyes Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PT
Los suscritos, diputado Benjamín Robles Montoya y diputada Maribel Martínez Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 77, 78 y 102, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sobre iniciativa ciudadana, de conformidad con la siguiente
Exposición de Motivos
El 20 de mayo de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de iniciativa ciudadana e iniciativa preferente.
Enfocándonos en la figura de la iniciativa ciudadana, dicha reforma fue considerada por muchos, como un importante avance en el camino de la construcción de una democracia participativa, en el que las y los ciudadanos tuvieran a la mano una herramienta que les permitiera participar de manera más directa en los asuntos públicos, en este caso, desde el ámbito de la creación y modificación de nuestras leyes.
Se trataba de la introducción de una figura de democracia directa novedosa para nuestra legislación y nuestro sistema de tradición eminentemente representativa, donde las y los ciudadanos dejan la toma de decisiones de los asuntos públicos a sus representantes y únicamente participan a través del voto mediante el cual eligen a dichos representantes.
Unos pocos días después de la publicación de esa reforma, el 23 de mayo, fue publicada la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por virtud de la cual quedó abrogado el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que recién había sido reformado para introducir parte de la regulación de la iniciativa preferente. Afortunadamente, el Congreso de la Unión tuvo el cuidado de incorporar dicha regulación en el contenido de la naciente disposición.
A pesar de reconocer el avance que representa la introducción de la iniciativa ciudadana en nuestra legislación, durante el debate de dicha reforma en el Senado de la República, el suscrito, entonces Senador por el Estado de Oaxaca, sostuve en tribuna que su regulación no fue una de vanguardia que facilitara el uso de esta figura, sino una que obstaculizaría el ejercicio del derecho de las y los ciudadanos a presentar iniciativas, tomando así parte activa en los asuntos públicos.
El procedimiento que se estableció para la tramitación de la iniciativa ciudadana resulta engorroso, burocrático y profundamente tedioso para el ciudadano interesado en promover una iniciativa ante el Congreso de la Unión, toda vez que, por principio de cuentas, se le exige el apoyo del equivalente al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, que al momento de la aprobación de la reforma representaba aproximadamente cien mil quinientos ciudadanos, requisito que si bien se encontraba establecido en nuestra Carta Magna, resultaba en los hechos prácticamente imposible de cumplir para el ciudadano común.
A esta complicada aduana se suma el requisito de que las firmas sean acompañadas de la clave de elector, o el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente; así también la designación de un representante y finalmente señalar en la parte superior de cada hoja el nombre del proyecto de decreto
En el caso de que los ciudadanos logren cumplir dichos requisitos, las firmas serán remitidas al Instituto Nacional Electoral, el que verificará en un plazo de 30 días, que las firmas recabadas constituyan el porcentaje requerido de la lista nominal de electores, coteje los nombres de los firmantes y dentro de otros treinta días realice un muestreo para verificar la autenticidad de las firmas; en caso de que determine que no se cumple con el porcentaje, el ciudadano podrá impugnar ante el Tribunal Electoral lo cual, lógicamente, tomará más tiempo.
Durante la discusión de la referida reforma no consideramos, como no lo hacemos ahora, que este procedimiento incentive a los ciudadanos a participar directa y activamente en los asuntos públicos; por el contrario, inhibe su participación por varias razones.
La primera de ellas tiene que ver precisamente con la recolección de firmas en una cantidad incluso más grande que la votación que muchos legisladores obtienen en sus respectivos distritos para acceder a su cargo. Por otro lado, es claro que en el contexto de inseguridad que prevalece en nuestro país, las y los ciudadanos tienen desconfianza de facilitar su credencial de elector a una persona desconocida, para que esta tome sus datos, asegurándoles que lo hace con el fin de presentar una iniciativa ciudadana. Finalmente, la larga y complicada tramitación de la iniciativa, desde la recolección de firmas –que puede tomar un tiempo considerable- hasta la determinación del Instituto Nacional Electoral o incluso la resolución del Tribunal Electoral, en caso de apelación, termina por ser en sí misma un inhibidor del uso de esa herramienta ciudadana.
Estamos convencidos que nuestra legislación federal debe prever una regulación de la iniciativa ciudadana mucho más simple, expedita y accesible para las y los ciudadanos, de manera que facilite y fomente la participación ciudadana. Sostenemos que una iniciativa ciudadana debe poder ser presentada incluso por un solo ciudadano, sin que sea necesario el respaldo de un porcentaje desproporcionado e inalcanzable de la lista nominal de electores y una vez presentada, sea turnada a las Comisiones respectivas para que siga el trámite legislativo ordinario, como cualquier otra iniciativa presentada por un legislador en su respectiva Cámara, informándosele al ciudadano de dicho turno.
Con la presente iniciativa, proponemos establecer un mecanismo que resulte mucho más sencillo y accesible para el ciudadano que el que actualmente prevé nuestra legislación, incentivando así su participación activa en los asuntos públicos desde el ámbito del Poder Legislativo Federal, potencializando a la vez la facultad soberana y fundamental del Congreso de la Unión de legislar, pues permitiría a ambas Cámaras allegarse de propuestas legislativas valiosas, provenientes del ámbito social, sin la obstaculización de un procedimiento burocrático, engorroso y poco expedito.
En la lógica de empoderar a las y los ciudadanos, es necesario que las y los legisladores nos cuestionemos a nosotros mismos por qué no establecer un procedimiento sencillo que nos permita recibir propuestas ciudadanas valiosas, que podamos adoptar e impulsar. ¿Qué caso tiene solicitar más de cien mil firmas para legislar sobre una propuesta ciudadana? ¿Por qué debería tener más valor una mala iniciativa firmada por más de cien mil personas, que una excelente iniciativa firmada por cinco o incluso por una?
Por ello, la presente iniciativa plantea las siguientes modificaciones:
I. A la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto
Artículo Primero. Se reforman los incisos p) y q) del numeral 1 del artículo 23; los incisos m) y n) del numeral 1 del artículo 67; los numerales 1 y 3 del artículo 130; los incisos b) y c) del numeral 1 del artículo 131; el numeral 1 del artículo 132; se derogan los incisos r) del numeral 1 del artículo 23; el inciso o) del numeral 1 del artículo 67; el inciso d) y el último párrafo del artículo 131; los incisos a) al e) del artículo 132; todos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 23.
1. ...
a) a o) ...
p) Solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria de los juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , y
q) Las demás que le atribuyan la Constitución General de la República, esta ley y los demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria.
r) Se deroga
2. a 4. ...
Artículo 67.
1. ...
a) a l). ...
m) Solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atención prioritaria de los juicios de amparo, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; y
n) Las demás que le confieran esta Ley y el Reglamento.
o) Se deroga
2. ...
Artículo 130.
1. El derecho de iniciar leyes o decretos compete a las y los ciudadanos , de conformidad con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. ...
3. Las iniciativas ciudadanas seguirán el procedimiento legislativo dispuesto por esta Ley y los reglamentos de cada Cámara. Cumplidos los plazos en los términos que establecen los reglamentos respectivos, sin que haya dictamen de las comisiones, la Mesa Directiva incluirá el asunto en el Orden del Día de la Sesión inmediata siguiente.
Artículo 131.
1. ...
a) ...
b) Contener el nombre completo de la o el ciudadano o ciudadanos, clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente y su firma o firmas, según sea el caso . En este requisito se observará el principio de buena fe; y
c) Nombre completo y domicilio de la o el ciudadano promovente, o del representante para oír y recibir notificaciones .
d) Se deroga
Se deroga
Artículo 132.
1. El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de origen dará cuenta a la Asamblea de toda Iniciativa Ciudadana que sea presentada y le dará el turno que corresponda, debiendo informar de ello al ciudadano iniciante o bien al representante designado por los ciudadanos.
a) a e) Se derogan
Artículo Segundo. Se deroga el inciso e) del numeral 2 del artículo 32; el inciso u) del numeral 1 del artículo 51; los numerales 3 y 4 del artículo 54, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 32.
1. ...
a) y b) ...
2. ...
a) a d) ...
e) Se deroga;
f) a j) ...
Artículo 51.
1. ...
a) a t) ...
u) Se deroga;
v) y w) ...
2. y 3. ...
Artículo 54.
1. y 2. ...
3. Se deroga;
4. Se deroga.
Artículo Tercero. Se deroga el artículo 43 Ter de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para quedar como sigue:
Artículo 43 Ter. Se deroga
Transitorios
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las disposiciones contenidas en el presente decreto serán aplicables a las iniciativas ciudadanas que se encuentren en trámite al momento de su entrada en vigor. Para tal efecto la Cámara que haya recibido una iniciativa ciudadana procederá a darle el trámite correspondiente. En el caso de que se haya remitido documentación al Instituto Nacional Electoral, este la devolverá sin mayor trámite a la Cámara de origen, misma que la procesará conforme lo establecido en el presente decreto.
Tercero. El presente decreto no será aplicable a aquellas iniciativas ciudadanas que hayan concluido en definitiva su trámite, ya sea por no haber logrado el número de firmas requerido o por no haber sido aprobada por las Cámaras del Congreso de la Unión.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 21 de septiembre de 2021.– Diputado y diputada: Benjamín Robles Montoya, Maribel Martínez Ruiz (rúbricas).»
Se turna a las Comisiones Unidas de Régimen, Regla-mentos y Prácticas Parlamentarias, y de Gobernación y Población, para dictamen, y a la Comisión de Justicia, para opinión.
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
«Iniciativa que reforma el artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, Victoriano Wences Real, diputado federal a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Los pueblos indígenas sustentan la composición pluricultural de la Nación mexicana. De conformidad con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México 6.1% de los hombres y 6.1% de las mujeres de 3 años y más habla alguna lengua indígena. Es decir, 7,364,645 personas, de las cuales, 48.6% son hombres y 51.4% son mujeres. Una de las expresiones de la gran diversidad cultural de México, se observa en el número de lenguas indígenas que se hablan en nuestro territorio. Actualmente, contamos con 68 lenguas maternas, las cuales tienen 364 variantes a lo largo y ancho del país. En 2020, las principales lenguas indígenas habladas por la población de 3 años y más son: Náhuatl (22.4%), Maya (10.5%), Tzeltal (Tseltal) (8.0%), Tzotzil (Tsotsil) (7.5%), Mixteco (7.2%) y Zapoteco (6.7%); en conjunto estas seis lenguas son habladas por el 62.2% del total de hablantes de lenguas indígenas en el país. i
El indicador del número de mexicanos que hablan una lengua indígena, da cuanta de la vitalidad y la persistencia de los pueblos originarios en su decisión de conservar sus culturas, sus lenguas y sus formas de organización. Sin embargo, es importante hacer referencia a otras mediciones adicionales al Censo, para darnos una idea más precisa de la dimensión de la población y las culturas indígenas. Estas mediciones echan mano de la llamada autoadscripción como criterio para cuantificar la población indígena. Diversas mediciones han estimado que en el país son hasta 25 millones de personas las que se reconocen como indígenas. Esto quiere decir que, alrededor del 20% de la población mexicana se autoadscribe como indígena. ii
Ahora bien, la condición pluricultural de México, coincide con una profunda desigualdad, que presenta como su principal rasgo el hecho de que la población de origen indígena padece índices de pobreza y marginación sensiblemente más altos respecto a la población no indígena. La población indígena padece una situación de pobreza y marginación más profunda que la población no indígena, lo cual es indicativo de la inaceptable desigualdad que caracteriza a la sociedad mexicana prácticamente desde la época de la caída de Tenochtitlan y la instauración del dominio de España.
Es importante, por lo tanto, hacer referencia a la medición de la pobreza que lleva a cabo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). En la medición 2018-2020, el Coneval informa que, mientras la población no indígena en situación de pobreza es del 41.5%, la población indígena en pobreza es de 76.8%. Es decir, en proporción, la pobreza entre los pueblos y comunidades indígenas es casi el doble que la pobreza reinante en la población no indígena. A manera de ilustrar someramente la desigualdad de género, que se acentúa al interior de los pueblos y comunidades indígenas, es pertinente señalar que las mujeres indígenas en situación de pobreza son el 83.5%, mientras que, como se dijo, en la población indígena en general tal proporción es de 76.8%. iii
En materia de pobreza extrema, la población no indígena en tal situación asciende al 6.8%, en tanto que la población indígena en pobreza extrema asciende a 35.7%. Esto quiere decir que la proporción de los pueblos y comunidades indígenas en condiciones de pobreza extrema, es casi seis veces más grande que en la población no indígena. Esta expresión de la profunda desigualdad de la sociedad mexicana, donde la población indígena es hasta seis veces más pobre y marginada que la población no indígena, es verdaderamente intolerable, porque, en el caso de la pobreza extrema, estamos hablando de una situación donde no tienen recursos e ingresos suficientes ni para obtener la alimentación más básica, donde padecen todas las carencias sociales medibles en materia de educación, salud, alimentación, servicios básicos, entre otros.
Este conjunto de adversidades que experimentan los pueblos y comunidades indígenas de México, obligan a que el Estado mexicano lleve a cabo una serie de acciones sistemáticas encaminadas a construir una relación más justa y equitativa con los pueblos originarios. Así está establecido en diversos Instrumentos Internacionales, tales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, entre otros. Desde luego, hay que puntualizar que el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Esto, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas del año 2001.
Es pertinente considerar que, dicha reforma constitucional derivó del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de 1994 en Chiapas, mediante el cual los indígenas chiapanecos reclamaron el reconocimiento de sus derechos políticos, económicos, culturales y sociales. Las negociaciones de paz llegaron a la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, donde el Estado mexicano reconocía derechos como la libre determinación, la autonomía, el derecho al desarrollo, a conservar sus lenguas y culturas, al acceso a la justicia, a aplicar sus sistemas normativos, a usufructuar y conservar sus recursos naturales, entre otros. Este catálogo de derechos fueron la base de la mencionada reforma constitucional de 2001 y, aunque dicha reforma no retomó cabalmente las propuestas del EZLN, el artículo 2º constitucional reconoce derechos importantes.
A partir de esta situación, diversas leyes secundarias han desarrollado los mandatos constitucionales relativos a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, en temas como la educación, la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, el acceso a la justicia, conservación de lenguas maternas, entre otras. Sin embargo, dicha legislación, así como las políticas públicas a que han dado lugar, incluyendo dependencias como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, no han tenido como resultado la creación de una relación más justa y equitativa entre el Estado, la sociedad y los pueblos y comunidades indígenas.
Este es el problema a cuya solución busca contribuir la presente Iniciativa. Se trata de establecer acciones y medidas, a fin de que las acciones legislativas que tienen lugar en la Cámara de Diputados cuenten con mayor fundamento, tanto normativo como en materia de conocimiento de las diversas vertientes culturales, políticas, económicas y sociales que rodean a los pueblos y comunidades indígenas. En función de esta consideración, resulta necesario que la Cámara de Diputados cuente con los elementos suficientes para revisar y actualizar la legislación en materia de derechos indígenas, que las diputadas y diputados federales puedan disponer de información, estudios, diagnósticos e investigaciones relativos a los diversos aspectos de la realidad de los pueblos y comunidades indígenas, con la finalidad poder realizar acciones legislativas y proponer políticas públicas más determinantes en el objetivo de que los pueblos originarios amplíen y ejerzan plenamente sus derechos.
Esa es la cuestión que se plantea en la presente Iniciativa. La Cámara de Diputados no cuenta con un Centro de Estudios expresamente creado y destinado al estudio de la realidad indígena de México. Es imperioso que exista dicho Centro de Estudios, si realmente se quiere transformar esa realidad. Es pertinente precisar que la Cámara de Diputados cuenta con Centros de esta naturaleza, que contribuyen a que sus funciones legislativas, de evaluación y control tengan fundamentos teóricos y prácticos más sólidos. Los Centros de Estudios con los que cuenta la Cámara de Diputados son los siguientes:
• Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
• Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias.
• Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública.
• Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria.
• Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género.
La necesidad de contar con el Centro de Estudios de la realidad indígena, como ya se dijo, obedece a la evidencia de la pobreza, la marginación y la exclusión persistente que siguen experimentando los pueblos y comunidades indígenas. Esto implica que las acciones legislativas e institucionales deben revisarse a fondo, en función de lo cual cobra pertinencia la existencia de un Centro de Estudios de la realidad indígena, que profundice y contextualice las acciones que emprende la Cámara de Diputados en este tema.
Esa necesidad, además se hace patente por la naturaleza y alcance de las disposiciones contenidas en el mencionado artículo 2º constitucional en materia de derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas de México, los cuales, para garantizar su ejercicio efectivo, requieren enfoques interculturales, interinstitucionales, e integrales en la reglamentación y la implementación institucional respectivas.
En efecto, el artículo 2º constitucional aborda diversas dimensiones y vertientes de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. En el apartado A, se establecen cuestiones de conciencia de la identidad para determinar la pertenencia a un pueblo o comunidad, así como criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. y se establecen derechos fundamentales como la libre determinación y la autonomía. Del mismo modo, se reconocen los sistemas normativos de los pueblos y comunidades, así como su derecho a conservar sus lenguas, culturas e instituciones. En este apartado, se reconoce también el derecho de acceder a la jurisdicción del Estado, a elegir a sus autoridades, entre otros.
En el apartado B del mismo artículo 2º constitucional, se aborda el derecho al desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, estableciendo que éstos participarán en el diseño de programas e instituciones encaminadas a tal objetivo. De igual forma, en este apartado se establecen disposiciones en materia de acceso de los pueblos y comunidades indígenas a la educación, a la salud, a proyectos productivos, a las comunicaciones. También se aborda la protección de indígenas migrantes y la obligación de consultar a los pueblos y comunidades den la elaboración de la Plan Nacional de Desarrollo.
Recientemente, se adicionó un apartado C al artículo 2º constitucional, con el objeto de reconocer a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su auto denominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación. Se establece, de igual forma, que los pueblos y comunidades afromexicanas tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores. Dado que los estudios de la realidad de las comunidades afromexicanas son escasas, es pertinente plantear que el Centro de Estudios que se propone en la presente Iniciativa se dedique también a estudiar la realidad de los pueblos y comunidades afromexicanas.
Este marco constitucional ilustra la complejidad que entraña el proceso de traducirlo en leyes reglamentarias, instituciones y políticas públicas, toda vez que los derechos indígenas, siendo además de carácter colectivo, requieren todo tipo de enfoques que van de lo intercultural y lo transversal, a la visión multidimensional y multifactorial. Por lo tanto, la complejidad de los mandatos establecidos en el artículo 2º constitucional es un factor más que sustenta la necesidad de que la Cámara de Diputados cuente con un Centro de Estudios dedicado expresamente a estudiar la realidad indígena y afromexicana, de forma que las y los legisladores, así como las comisiones legislativas, tengan a su disposición esos enfoques comprensivos al momento de legislar en la materia.
La presente Iniciativa tiene presente que, en el marco de la política de austeridad republicana impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, misma que ha sido retomada en la Cámara de Diputados, resulta de la mayor relevancia la vertiente presupuestal que implica la creación del Centro de Estudios de la realidad indígena.
Es importante que, para hacer posible la concreción de dicho Centro de Estudios, la operación tenga el menor impacto presupuestal posible. En función de ello, se plantea que, en la parte sustancial del nuevo Centro de Estudios, no se realicen inversiones adicionales en la contratación de investigadores, sino que se lleve a cabo un proceso ordenado de reasignación de algunos de ellos que actualmente desarrollan sus actividades en los cinco Centros de Estudios antes mencionados.
Como ya se dijo, la realidad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas es compleja y requiere enfoques multidimensionales, transversales, integrales e interinstitucionales. En materia jurídica, económica, cultural, organización social, lingüística, ambiental, educativa, de salud, entre muchas otras, se requieren perspectivas interculturales, de diversidad, y consideración hacia la naturaleza colectiva de los derechos de los pueblos originarios. Por ello, es pertinente la propuesta de que los investigadores con los que actualmente cuenta la Cámara de Diputados en sus cinco Centros de Estudios puedan, algunos de ellos, los más idóneos de acuerdo con las investigaciones que han realizado, ser transferidos al nuevo Centro de Estudios de la realidad indígena.
En el caso, por ejemplo, del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), algunos de sus investigadores han realizado estudios en materia del presupuesto destinado al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. Por lo tanto, dichos investigadores, u otros que tengan afinidad con el tema social e indígena, podrían ser reasignados al nuevo Centro de Estudios. Desde luego sin que ello afecte significativamente las actividades propias del CEFP.
Un caso especial sería el del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género (CELIG), dada la relevancia que tiene el tema de las mujeres indígenas, y que este Centro ha realizado diversos estudios sobre las condiciones de los derechos de las mujeres y niñas indígenas. Por lo tanto, algunas investigadoras podrían reasignarse al nuevo Centro de Estudios para el inicio de sus trabajos, ya que el CELIG es un “órgano de apoyo técnico apartidista, conformado por especialistas en la elaboración de estudios, análisis e investigaciones con perspectiva de género, que busca contribuir y enriquecer el trabajo de las y los legisladores con el objetivo de impulsar el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Su objetivo consiste en apoyar en forma objetiva, imparcial y oportuna el trabajo legislativo mediante la información analítica y servicios de apoyo técnico que contribuya a promover el adelanto de las mujeres y la equidad de género.” iv
Por su parte, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), cuanta con investigadores que, evidentemente, estudian la realidad rural, agraria, productiva, ambiental, de los pueblos y comunidades indígenas. Por ello, la reasignación de algunos de ellos al nuevo Centro de Estudios sería funcional, toda vez que el CEDRSSA “es un centro de estudios de la Cámara de Diputados que proporciona servicios de apoyo técnico e información analítica requerida por los legisladores, Órganos de Gobierno, Comisiones y Comités, mediante la organización, procesamiento y análisis de información, así como informes, proyecciones, estudios e investigaciones relacionadas con el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria. Además, promueve la colaboración con centros de estudios, e instituciones académicas nacionales e internacionales.” v
Lo mismo puede decirse de los investigadores del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), algunos de los cuales podrían reasignarse al nuevo Centro de Estudios, previa capacitación sobre los diversos enfoques del pluralismo jurídico que se requiere para abordar el tema de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. En el caso del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), puede aplicarse una operación similar, pues sus investigadores tienen experiencia en una diversidad de enfoques de la realidad social mexicana, incluyendo, necesariamente, la realidad social de los pueblos y comunidades indígenas.
Las reasignaciones de investigadores hacia el nuevo Centro de Estudios, debe hacerse sin afectar el funcionamiento esencial de los cinco Centros de Estudios antes mencionados. De este modo, el impacto presupuestal se reduciría sensiblemente, toda vez que la Cámara de Diputados cuenta con áreas específicas que coadyuvarían eficientemente en lo relativo a la estructuración, diseño, organización y capacitación que se requieran para el funcionamiento del nuevo Centro de Estudios. De la misma forma, la Cámara cuenta que personal administrativo que podría auxiliar, en un inicio, en el proceso de inicio de actividades de dicho Centro de Estudios.
La propuesta de reforma para que la Cámara de Diputados cuente con un Centro de Estudios de la Realidad Indígena se ilustra en el siguiente cuadro:
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM)
Como podemos observar, el artículo 49 de la LOCGEUM, establece la existencia de los cinco Centros de Estudio antes mencionados, los cuales están adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios. Esta Secretaría, como lo establece el citado el artículo 49, tiene una serie de funciones y atribuciones, que le permitirían llevar a cabo la creación del Centro de Estudios de la realidad indígena y afromexicana en las condiciones de mínimo impacto presupuestal antes sugeridas, ya que de por sí cuenta con recursos financieros y funcionarios de carrera con capacidad para lograrlo.
Además, cabe señalar que el artículo 47 de la misma LOCGEUM establece que la Cámara tendrá una Unidad de Capacitación y Formación Permanente de los integrantes de los servicios parlamentarios, administrativos y financieros. Es decir, dicha Unidad puede contribuir al diseño, capacitación y formación de los investigadores de los cinco Centros de Estudios existentes que, eventualmente, sean reasignados para la creación del nuevo Centro de Estudios, siempre en la perspectiva de la austeridad, el mínimo o nulo impacto presupuestal y el óptimo aprovechamiento de las capacidades profesionales de los investigadores adscritos a los Centros de Estudios.
Finalmente, cabe reiterar que la creación del nuevo Centro de Estudios de la Cámara de Diputados, contribuirá significativamente a actualizar y profundizar los alcances del marco jurídico de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de México. De igual forma, dicho Centro de Estudios coadyuvará a optimizar el conjunto de instituciones y las políticas públicas destinadas al desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a generar las condiciones propicias para el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.
Ya se hizo mención a los derechos reconocidos en el artículo 2º constitucional, en materia de derechos y cultura indígenas. Ahora, es pertinente mencionar algunas disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que ilustran la necesidad de que los Parlamentos del mundo cuenten con diagnósticos y conocimientos apropiados para impulsar legislaciones y acciones eficientes para hacer efectivos esos derechos.
Dicha Declaración reconoce “la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos. Reconoce y reafirma que los indígenas tienen sin discriminación todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional, y que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos que son indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos. Está convencida de que si los pueblos indígenas controlan los acontecimientos que los afecten a ellos y a sus tierras, territorios y recursos podrán mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades. Reconoce que el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales indígenas contribuye al desarrollo sostenible y equitativo y a la ordenación adecuada del medio ambiente.” vi
Estas consideraciones, empatan con los primeros artículos de la mencionada Declaración, mismos que establecen lo siguiente:
Artículo 1
Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como individuos, al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos.
Artículo 2
Los pueblos y los individuos indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas.
Artículo 3
Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural.
Artículo 4
Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.
Artículo 5
Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.
Para concluir, el artículo 38 de la Declaración establece que los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, para alcanzar los fines de la presente Declaración.
Es decir, la creación del Centro de Estudios de la Realidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de la Cámara de Diputados, contribuirá a la generación de condiciones jurídicas, políticas, institucionales y culturales para que esos pueblos y comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos fundamentales.
Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma el numeral 3 del artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se reforma el numeral 3, del artículo 49, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 49.
1. La Secretaría de Servicios Parlamentarios se integra con funcionarios de carrera y confiere unidad de acción a los servicios siguientes:
a) a f) ...
2. ...
3. La Cámara contará también, en el ámbito de la Secretaría General y adscritos a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, con los centros de estudios de las finanzas públicas; de estudios de derecho e investigaciones parlamentarias; de estudios sociales y de opinión pública; de estudios para el desarrollo rural sustentable y la soberanía alimentaria ; de estudios para el logro de la igualdad de género, y de estudios de la realidad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
4....
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría General y la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, crearán el Centro de Estudios de la Realidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
Notas
i “Población indígena”, Consultado el 13 de septiembre de 2021, disponible en
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Poblacion_in digena.pdf
ii “En el país, 25 millones de personas se reconocen como indígenas: INALI”, consultado el 13 de septiembre de 2021, disponible en
https://www.inali.gob.mx/es/comunicados/701-2019-02-08-15-22-50. html
iii “Medición multidimensional de la pobreza en México 2018 – 2020”, consultado el 13 de septiembre de 2021, disponible en
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2018_2020/P obreza_multidimensional_2018_2020_CONEVAL.pdf
iv “CELIG. ¿Quiénes somos?”, consultado el 14 de septiembre de 2021, disponible en
http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/006_centros_de _estudio/05_centro_de_estudios_para_el_logro_de_la_igualdad_de_genero/01a_quien es_somos
v “CEDRSSA. ¿Quiénes somos?”, consultado el 14 de septiembre de 2021, disponible en
http://www.cedrssa.gob.mx/identificacion_institucional.htm
vi “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, consultado el 14 de septiembre de 2021, disponible en
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2021.– Diputado Victoriano Wences Real (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
LEY FEDERAL DEL MAR
«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Mar, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente Decreto por el que se adiciona un Capítulo VI al Título Segundo, denominado “De la Protección y Preservación de Playas donde se practica el deporte de surcar olas” de la Ley Federal del Mar, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El mar es definido por la Real Academia Española como una masa de agua salada que cubre la mayor parte de la superficie terrestre, pero el mar implica más que una masa de agua sirve para transporte, recreación y en él se encuentran seres vivos que también son de consumo humano, recordemos que México está rodeado por el océano Pacífico, Golfo de California, Golfo de México y el Mar Caribe.
Por lo que nuestro país cuenta con un gran número de playas que son visitadas por nacionales y extranjeros como centros turísticos y vacacionales, debido a la gran biodiversidad que existe en nuestros mares se presta para practicar el buceo, y sirve como centro de estudios para la biología marina.
De hecho, el 8 de enero de 1986 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal del Mar bajo la premisa de cuidar, proteger y supervisar las zonas marinas mexicanas en donde la nación ejerce derechos de soberanía, jurisdicción y otros derechos y en donde se consideran cuáles son las zonas marinas, estipuladas en su artículo 3o., a saber:
“Artículo 3o. Las zonas marinas mexicanas son:
a) El Mar Territorial
b) Las Aguas Marinas Interiores
c) La Zona Contigua
d) La Zona Económica Exclusiva
e) La Plataforma Continental y las Plataformas Insulares y
f) Cualquier otra permitida por el derecho internacional.”
El surf es un deporte muy antiguo, se declara su reconocimiento en 1778 en las islas de Hawái, se define como un deporte acuático que consiste en deslizarse encima de una tabla sobre las olas, la base de este deporte es mantenerse sobre la tabla el mayor tiempo posible, que va desde remar una ola, ponerse de pie en la tabla y realizar diferentes maniobras, giros o trucos apoyados en la fuerza de las mismas olas.
Este deporte contiene una gran cantidad de categorías, algunas variables tienen que ver con el tamaño de la tabla o la forma, el kayaksurf que se practica en kayak, el bodysurf donde no usan tabla sino su propio cuerpo y unas aletas, el kitesurf se practica con esquís, windsurf que se práctica con una tabla y un velero, y el skimboarding que es una variante entre el surf y el skate; estas son de las más reconocidas.
Exposición de Motivos
En México las playas que se consideran para la práctica de surcar olas o surf son las costas en donde lo Estados colinda con el océano Pacífico, por ejemplo:
- En Chiapas: las playas consideradas son Puerto Arista y Puerto Madero.
- En Oaxaca: Playa Zicatela, Playa Marineros, San Agustinillo, Playa Carrizalillo, Zipolite, Punta Conejo, Barra de la Cruz, Chacahua, Huatulco y Puerto Escondido.
- En Guerrero: Playa Bonfil, Playa Troncones, Morro Colorado, El Palmar, La Ropa, La Barrita, El Carrizal, La Condesa, Revolcadero, Playa Ventura.
- En Michoacán: Playa de la Nexpa y La Ticla.
- En Colima: Manzanillo y Cuyutlán
- En Jalisco: Barra de Navidad, Playa Cuastecomate, Playa Arroyo Seco, Melaque, El Tecuán, Playa Mahauas, Playa Peñitas, Quimixto.
- En Nayarit: Sayulita, La Lancha, Playa Burros, Stoner Point Break, Las Islitas, Veneros, San Pancho, El Anclote, Ola Lola de Chacala, Lo de Marcos, Santa Cruz de Miramar, Platanitos.
- En Sinaloa: Playas El Patole, Barras de Piaxtla, Playa Hermosa, Mazatlán.
- En Baja California Norte: Villas del Mar, El Muelle, Popotla, Calafia, Campo Martha, Las Gaviotas, Campo López, El Morro, San Miguel, Stacks, Isla de Todos Santos, Playa Tres Emes, Playa Hermosa, Cabo Colonet, Puerto San Carlos, Puerto Rosarito, Seven Sister.
- En Baja California Sur: Playa Costa Azul, Playa de Bahía Magdalena, Playa Acapulquito, Playa Punta San Carlos, Bahía Escorpión y Todos Santos.
El Comité Olímpico Internacional en 2016 aprobó la incorporación de este deporte para los juegos olímpicos de Tokio 2020 (el cual se encuentra pospuesto debido a pandemia), el surf ya se consideró deporte olímpico, por lo que se consideró un debut olímpico de este deporte en donde fueron convocados los mejores surfistas del mundo para practicar el shortboard que es una variable del surf en donde se la tabla mide 1.8 metros de largo, tiene una punta puntiaguda que ayuda a los giros y es más rápida de maniobrar y es más idónea para llevar a cabo técnicas dinámicas, se consideró la participación de 20 mujeres y hombres en competencias separadas.
Recordemos que los juegos Olímpicos de Tokio 2020, por la pandemia fueron celebrados hasta 2021, para ser exactos se llevaron a cabo del 23 de julio de 2021 al 8 de agosto de 2021 y se consideró que la inauguración del surf como deporte olímpico fue todo un espectáculo, se llevaron a cabo en la playa de Tsurigasaki, en donde asistieron los mejores sufistas del mundo, tal fue la impresión que dejo que para los juegos Olímpicos que se llevaran a cabo en Paris en 2024 está considerado la segunda edición del surf como deporte Olímpico y propusieron la playa de Teahupoo en Tahití, una de las playas con “las olas más famosas del mundo”, así consideradas por los surfistas.
La competencia se basó en una ronda inicial y una principal, en las rondas iniciales participaron de 4 a 5 deportistas y en las rondas principales solo participaron 2 deportistas; estas competencias se llevan a cabo siempre y cuando las condiciones climatológicas lo permitan, se permite a cada atleta tomas hasta 25 olas y se toman en cuenta las 2 con puntuaciones más altas, el jurado se conformó de 5 jueces se califica la clave de compromisos, grado de dificultad, maniobras innovadoras, combinaciones de maniobras con calidad, variedad, velocidad, dominio y estilo.
Como representantes de México en esta disciplina se presentaron Jhony Corzo en competencias varoniles y Leila Takeda para competencias femeniles, ambos de origen oaxaqueño y forjados en las costas del estado de Oaxaca.
Con este antecedente México necesita generar más deportistas en esta nueva actividad olímpica para poder competir en próximos juegos olímpicos, se necesita crear las condiciones propicias para la práctica y entrenamiento en este deporte olímpico y poder competir al nivel de otros países. Además de que existen surfistas mexicanos que han participado en diversos campeonatos representado a nuestro país por lo que considero que tenemos un gran potencial para ser cuna de deportistas de alto nivel en esta especialidad.
Lo que esta iniciativa pretende es cuidar las playas en las que se practica el deporte de surcar olas o surf, pensando que en un futuro no muy lejano México pueda volver a ser sede de unos juegos Olímpicos, cuidando que no se hagan construcciones que puedan afectar el oleaje el cual es propicio para practicar este deporte, y que la Secretaría de Marina esté al cuidado de que no se hagan este tipo de construcciones en playas que sean reconocidas para practicar este deporte.
Por los motivos anteriormente expuestos someto a consideración de este pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona un Capítulo VI al Título Segundo, denominado “De la Protección y Preservación de Playas donde se practica el deporte de surcar olas” de la Ley Federal del Mar.
Artículo Único. Se adiciona un Capítulo VI al Título Segundo de la Ley Federal del Mar, para quedar como sigue:
Ley Federal del Mar
Título Segundo De las Zonas Marinas Mexicanas
...
Capítulo VI De la Protección y Preservación de Playas donde se practica el deporte de surcar olas
Artículo 66. Se preservarán y protegerán las playas don-de se practica el deporte de surcar olas de construcciones o infraestructura que puedan alterar el oleaje para la práctica de este deporte.
Artículo 67. Quienes ocasionen deliberadamente activi-dades que afecten el oleaje de playas consideradas para la práctica de surcar olas serán denunciados penalmente por incurrir en delitos contra el medio ambiente de acuerdo a la legislación federal vigente.
Artículo 68. La protección de estas playas estará a cargo de la Secretaría de Marina de la Armada de México quienes llevarán un registro de las playas reconocidas para la práctica del deporte de surcar olas.
Transitorio
Único. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Bibliografía
- Ley de Rompientes: Una norma que protege las olas y asegura más campeones de surf, SPDA Actualidad Ambiental (martes 6 de agosto, 2019) Recuperado de:
https://www.actualidadambiental.pe/ley-de-rompientes-una-norma-q ue-protege-las-olas-y-asegura-mas-campeones-de-surf/
- Barragán, Zazil. 7 destinos para practicar surf en México, Forbes México (marzo 22, 2016) Recuperado de:
https://www.forbes.com.mx/forbes-life/7-destinos-practicar-surf- mexico/
- Ley de Preservación de las Rompientes apropiadas para la Práctica Deportiva, LEY N° 27280 de la República de Perú, (publicada a los seis días del mes de junio del año dos mil). Recuperado de:
https://www.actualidadambiental.pe/wp-content/uploads/ 2017/01/Ley-N-27280.pdf
- Ley Federal del Mar, Recuperado de:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/124.pdf
- Bio surf camp. Página Oficial
https://www.biosurfcamp.com/es/que-es-el-surf-y-que-tipos-de-sur f-existen/
- Tokyo 2020, Surf (19 de diciembre de 2019)
https://tokyo2020.org/es/deportes/surf/
-Lo que aprendimos: resumen del surf en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (15.08.2021)
https://olympics.com/tokyo-2020/es/noticias/lo-que-aprendimos-re sumen-del-surf-en-los-juegos-olimpicos-de-tokio-2020
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de septiembre de 2021.– Diputada Margarita García García (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Marina, para dictamen.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
«Iniciativa que deroga la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o., Párrafo Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, Mary Carmen Bernal Martínez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción VII, del artículo 19 de la Ley Reglamentaria del Artículo 6º, Párrafo Primero, de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de réplica, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La connotación libertad tiene sus orígenes en la raíz latina “libertatem”, acusativo para “libertas” y ésta del adjetivo “liber” que significa libre; aunque existe otro origen de la raíz indoeuropea (e)leudh- como en griego ?ëåýèåñïò (eléutheros), que significa libre, emparentada con el germánico leudi que deriva al alemán moderno en Leute (gente) refiriéndose probablemente a la gente libre en contrapartida a “Volk” que originariamente era la gente guerrera.
En el sentido de la filosofía del espíritu, se da el nombre de libertad al estado existencial del hombre en el cual, éste es dueño de sus actos y puede autodeterminarse consciente-mente sin sujeción a ninguna fuerza o coacción psicofísica interior o exterior.
De acuerdo con esta corriente, se entiende por acto libre, aquel que se ejecuta con dominio y propiedad en la decisión; esto es, con pleno conocimiento y facultad para realizar otro distinto o, cuando menos, para omitirlo.
La existencia de la libertad es un hecho de experiencia inmediata y universal en la vida humana; un hecho que es, a la vez, el fundamento de la existencia interna como de la coexistencia social del hombre. Y si la coexistencia social implica la vigencia de uno o más sistemas normativos, resulta que el hombre es libre en tanto posee una inteligencia capaz de comprender el sentido normativo de sus actos y una voluntad capaz de decidir la realización de éstos.
La libertad humana opera así, tanto en la esfera de la razón como en la de la voluntad. De ahí que todo, ejercicio de aquélla significa una voluntad ciega ni absoluta ni instintiva, sino racional. Y de ahí también que el grado de libertad interior dependa proporcionalmente del conocimiento del sentido de una acción.
En un análisis del acto libre, pone en evidencia la existencia de los siguientes momentos:
a) Representación: todo proceso activo del hombre implica, en tanto hay conciencia plena del proceso mismo, la representación de los medios y fines de la acción. Es ésta la primera característica del acto libre. Pues no hay, en esencia, acción voluntaria en tanto no haya un conocimiento de las posibilidades de la acción.
b) Deliberación: es este el momento en que la inteligencia juzga las motivaciones del obrar y conoce el sentido, normativo de los actos. Toda supresión del acto deliberativo implicaría mecanizar la acción misma, con lo que ésta dejaría de ser libre.
c) Decisión: es la determinación positiva de la voluntad en el sentido de la acción a realizarse. Es este, quizá, el momento fundamental de la secuencia activa.
d) Ejecución: es la realización exterior y sensorialmente perceptible del proceso volitivo.
En ese sentido, toda teoría del Estado presupone, en cierta medida, una determinada concepción acerca de la libertad individual. La regulación de la libertad individual es, así, el comienzo y el fin de toda organización política. Es la génesis y desarrollo de la dinámica estatal, y las distintas formas a través de las cuales se han manifestado históricamente los Estados, no han sido sino la concreción, más o menos amplia, de libertades individuales, según determinados criterios de distribución.
Unas veces el Estado se organiza según un criterio que distribuye las libertades individuales de tal modo, que, éstas corresponden, en mayor amplitud, a ciertos grupos o clases sociales cuantitativamente pequeños con relación al resto de la sociedad. Es el tipo de organización propia de la autocracia o de la aristocracia representadas, respectivamente, por los antiguos regímenes monárquico-absolutistas y feudales.
Otras veces la organización jurídico-política se asienta sobre la base de una distribución más o menos igualitaria de aquellas libertades según lo evidencian, con distintas gradaciones, los modernos regímenes democráticos representados de un modo general por las actuales formas republicanas.
La creciente curva de socialización de las instituciones que se advierte en la historia contemporánea, es indicio indubitable de que las libertades individuales son distribuidas con un criterio de igualación más estricto, con una evidente tendencia a una mayor nivelación de las posibilidades de acción de un individuo frente a otro.
Esto demuestra que la libertad, en tanto fundamento de la organización estatal, constituye de modo constante la preocupación central del hombre en su afán de equilibrar, dentro de un sistema de regulaciones normativas, las potencias creadoras de su alma.
Derivado de ello, el Estado, a través del derecho positivo ha reconocido diversos tipos de libertades del ser humano, clasificándolas de dos maneras:
1. Libertades individuales: dentro de las que se encuentran las de opinión, de expresión, información, de tránsito o circulación, de pensamiento, de consciencia, de religión, derecho a la vida privad, entre otras.
2. Libertades colectivas: son aquellas que corresponden a un grupo de personas y dentro de las cuales se encuentran las de asociación, de reunión pacífica, la libertad sindical, a la manifestación, entre otras.
Relativo a la libertad individual de expresión, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo 19 establece lo siguiente:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:
a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;
b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6, ha consagrado el derecho a la libertad de expresión, al establecer que “La manifestación de las ideas no será? objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden publico; el derecho de réplica será? ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será? garantizado por el Estado”.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha manifestado que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea oralmente, por escrito, o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley.
Asimismo, dicha Comisión ha reconocido que, no se puede restringir el derecho de expresión por medios indirectos, como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos; de frecuencias radioeléctricas; de enseres y aparatos usados en la difusión de información; mediante la utilización del derecho penal o por cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
Por otra parte, la Convención Americana de Derechos Humanos, establece en su artículo 14.1, que toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.
En concordancia con lo anterior, en fecha 13 de noviembre de 2013, se llevó a cabo la reforma al párrafo primero, del artículo 6 de la Carta Magna, a efecto de contemplar el Derecho a Réplica, entendido como aquel que tiene toda persona a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones que resulten pertinentes, respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas relacionados con hechos que aludan, que sean inexactos o falsos, y cuya divulgación le cause un agravio ya sea político, económico, en su honor, vida privada y/o imagen.
Derivado de lo anterior, en fecha 4 de noviembre de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Reglamentaria del artículo 6o., primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica.
Ahora bien, el artículo 19 de la Ley Reglamentaria del artículo 6º, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica, establece que:
Artículo 19. El sujeto obligado podrá? negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica, en los siguientes casos:
I. Cuando se trate de transmisiones en vivo y la réplica ya se haya realizado;
II. Cuando no se ejerza en los plazos y términos previstos en esta Ley;
III. Cuando no se limite a la aclaración de los datos o información que aludan a la persona, que sea inexacta o falsa y cuya difusión le ocasione un agravio;
IV. [Cuando sea ofensiva o contraria a las leyes;]. Fracción declarada inválida por sentencia de la SCJN Acción de Inconstitucionalidad DOF 24-04-2018.
V. [Cuando la persona no tenga interés jurídico en la información controvertida, en los términos previstos en esta Ley;]. Fracción declarada inválida por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad DOF 24-04-2018.
VI. Cuando la información previamente haya sido aclarada, siempre y cuando se le otorgue la misma relevancia que a la que le dio origen;
VII. Cuando la réplica verse sobre información oficial que en forma verbal o escrita emita cualquier servidor público y que haya sido difundida por una agencia de noticias o medio de comunicación, y
VIII. Cuando la información publicada o transmitida por el medio de comunicación provenga de una agencia de noticias y se haya citado a dicha agencia.
En ese sentido, la fracción VII, del precepto citado, al establecer que el sujeto obligado podrá negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la réplica cuando verse sobre información oficial, atenta contra uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho: la deliberación pública informada.
A través de la independencia y pluralidad de los canales informativos se combate la información sesgada políticamente, o bien, aquella en la que existen conflictos de interés.
La concentración de la información en medios concordantes con líneas informativas de corte oficial genera la carencia de una actividad informadora libre que empobrece a la sociedad democrática e implica un retroceso hacia formas autoritarias de gobierno.
Por ende, no es constitucionalmente aceptable cualquier medida que obstaculice el derecho del ciudadano de disentir de la información que provenga del Estado, pues al contemplarse de esa manera viola lo preceptuado por los artículos 1o. y 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Es por ello que, el objetivo de la presente iniciativa es derogar la fracción VII del artículo 19 de la Ley Reglamentaria del artículo 6º, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho de Réplica, con lo cual se estaría protegiendo de manera justa, tanto el derecho de expresión, pero también el Derecho de Réplica, contribuyendo así a la consolidación de un Estado más democrático.
Con base a lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de este honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de
Decreto que deroga la fracción VII, del artículo 19 de la Ley Reglamentaria del Artículo 6º, Párrafo Primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de réplica, para quedar como sigue
Artículo 19. El sujeto obligado podrá? negarse a llevar a cabo la publicación o transmisión de la replica, en los siguientes casos:
I. a IV. ...
VII. Derogada.
VIII. ...
...
Artículos Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.
Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2021.– Diputada Mary Carmen Bernal Martínez (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
CONDENA EL USO DE LAS INSTALACIONES DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR LEGISLADORES DEL PAN Y DEL PRI POR ALBERGAR A PERSONAJES COMO SANTIAGO ABASCAL
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se condena el uso de las instalaciones de la Cámara de Senadores por legisladores del PAN y del PRI para albergar a personajes como Santiago Abascal, conocidos por su discurso de odio, racismo, xenofobia y misoginia, contrarios a los valores de la democracia y los derechos humanos, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente
Exposición de Motivos
Vox es un partido español de ultraderecha que ha generado polémica debido a sus postulados. Surgió en 2013 en Madrid y se autodefine como un movimiento que lucha contra la corrección política asfixiante. Su proyecto se resume en la defensa de España, de la familia y la vida; y, sobre todo, en expulsar al gobierno de la vida privada de los ciudadanos.
Su presidente es Santiago Abascal quien fue diputado del parlamento vasco en 2009 por el Partido Popular, al que años más tarde renunció.
El jueves 2 de septiembre de 2021, en las instalaciones del Senado de la República, se llevó a cabo una reunión entre legisladores del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, con Santiago Abascal para presentar el Foro Madrid.
La reunión estuvo auspiciada por el senador Julen Rementería, coordinador en el Senado del PAN, y en ella se adhirieron a la Carta de Madrid los senadores del PAN, Julen Rementería, Alejandra Reynoso, Lilly Téllez, Roberto Moya, Víctor Fuentes Solís, María Guadalupe Murguía, Gina Cruz Blackledge, Minerva Hernández Ramos, Mayuli Latifa Martínez, Indira de Jesús Rosales, Nadia Navarro, María Guadalupe Saldaña, Marco Antonio Gama y Juan Antonio Martín del Campo; los diputados de este mismo partido, América Rangel, Saraí Nuñez y Raúl Torres, así como los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lorena Piñón y Manuel Añorve.
En la Carta de Madrid, Vox expone que la que suscribe, Ana Karina Rojo Pimentel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente:
“Una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países. Todos ellos, bajo el paraguas del régimen cubano e iniciativas como el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla, que se infiltran en los centros de poder para imponer su agenda ideológica”.
“El avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones, así como para las libertades y los derechos de nuestros compatriotas. El Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada son elementos esenciales que garantizan el buen funcionamiento de nuestras sociedades, por lo que deben ser especialmente protegidos frente a aquellos que tratan de socavarlos”.
“El futuro de los países de la Iberosfera ha de estar basado en el respeto a la democracia, los derechos humanos, el pluralismo, la dignidad humana y la justicia”
Con este documento Vox se ha presentado ante distintas fuerzas conservadoras hispanohablantes como el mejor embajador de la extrema derecha en América, poniendo en el centro el anticomunismo y llevar a cabo una realineación en la esfera internacional. Sin embargo, detrás de ello se encuentra la idea de reivindicar sus valores y volver a poner a España en el centro, esto sin lugar a dudas es una nueva forma de neocolonialismo.
Vox es un partido que reivindica la dictadura franquista hecho que, por sí solo, basta para considerarlo como enemigo de un país democrático.
Abascal y su partido Vox han generado polémica debido a sus postulados contra el comunismo y abiertamente en contra de libertades y derechos como el aborto, la igualdad de género, la eutanasia, el matrimonio entre las personas del mismo sexo, la migración, el Islam; y en temas como la protección de los animales y el cambio climático.
Vox y sus líderes partidistas han llamado la atención por acusaciones, críticas y expresiones discriminatorias a diversos sectores de la población española. Los discursos de Abascal en específico están cargados de desprecio y odio hacia la actual realidad social y política, la cual, desde su punto de vista, está caracterizada por la hegemonía de feministas supremacistas, de los activistas LGTBI, los migrantes, etcétera.
El 13 de agosto de 2021, la fecha en que México reivindicaba la resistencia indígena, el partido de ultraderecha celebró la derrota de Tenochtitlan a manos de los españoles encabezados por Hernán Cortés.
A través de su cuenta en Twitter, el partido que encabeza Santiago Abascal posteó: “Tal día como hoy de hace 500 años, una tropa de españoles encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición de Tenochtitlán. España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas. Orgullosos de nuestra historia”
Esta visión que justifica las matanzas de los conquistadores con el argumento de que civilizaron a los indígenas. Pero en realidad debemos recordar que con la caída de la gran Tenochtitlán empezó para los pueblos sometidos una era de violencia, sobreexplotación, esclavitud, la conquista fue una catástrofe.
Los legisladores del PAN y el PRI están en todo su derecho de suscribir un acuerdo político con Vox, un partido neofascista, racista, xenófobo, homófobo y misógino. Hecho que desenmascara la verdadera naturaleza de estos legisladores y sus partidos político.
Sin embargo, no cabe, bajo ningún argumento, abrir las puertas de un recinto laico y republicano como el Senado de la República a tolerancia alguna con el fascismo y Vox navega en ese campo. La tolerancia con el fascismo, en cualquiera de sus versiones, siembra del odio y la mentira y socava los cimientos de la democracia.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena el uso de las instalaciones de la Cámara de Senadores por parte de legisladoras y legisladores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional para albergar a personajes como Santiago Abascal que son conocidos por su discurso de odio, racismo, xenofobia, misoginia los cuales son contrarios a los valores de la democracia y los derechos humanos.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 7 de septiembre de dos mil veintiuno.– Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.
DECLARATORIA DE EMERGENCIA PARA EL MUNICIPIO DE ECATEPEC, ESTADO DE MÉXICO, Y REPARACIÓN DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SSPC a emitir de manera urgente la declaratoria de emergencia respecto a Ecatepec de Morelos, México, y liberar recursos del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales que permitan reparar los daños tras las torrenciales lluvias y atender a los afectados, a cargo de la diputada Marisela Garduño Garduño, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Marisela Garduño Garduño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El 6 de septiembre de 2021, el pronóstico meteorológico para la tarde-noche en Ecatepec de Morelos indicaba una precipitación pluvial de entre 4 y 6 milímetros. Sin embargo, la tormenta excedió de 24, lo que superó la capacidad del sistema de drenaje para desalojar las aguas pluviales.
La lluvia que inició cerca de las 18: 00 horas y se prolongó durante más de una hora de manera intensa, aunque continuó lloviendo toda la noche; la tormenta se concentró en la zona de la Sierra de Guadalupe, las principales afectaciones se reportaron en las avenidas San Andrés, Insurgentes, Vía Morelos y Avenida Central, donde se concentró toda el agua que bajó de las comunidades de la parte alta de la Sierra de Guadalupe, donde se registró el desbordamiento de las barrancas de San Andrés, Izcalli, Ecatepec y Tierra Blanca; lo que dejo al menos 15 comunidades afectadas, como San Cristóbal, Nuevo Laredo, la Quinta Zona y la zona de San Andrés de la Cañada, entre otras.
Derivado de las fuertes lluvias registradas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó el fallecimiento de dos personas en Ecatepec, arrastradas por la corriente.
El gobierno municipal activó de manera emergente el Plan Mixtli, donde colaboran las direcciones del Servicio del Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec de Morelos, Movilidad, Protección civil y bomberos, Servicios Públicos, Medio ambiente, y Seguridad Publica, para atender las contingencias en temporada de lluvias y apoyar a la población.
Se instalaron seis módulos en las llamadas “zonas cero” de inundaciones: Avenida Nuevo Laredo, en la colonia del mismo nombre; avenida Nacional, en Santa María Chiconautla; en vía Morelos, a la altura del hospital 76 del IMSS, colonia Urbana Ixhuatepec, y en avenida Pichardo Pagaza, en la Quinta Zona del municipio; y otros dos módulos en Jardines de Morelos.
En varias calles de la zona centro de San Cristóbal que resultaron afectadas se han realizado labores de limpieza, como Adolfo López Mateos, Juárez, Agricultura, Nicolás Bravo y Zapata, entre otras, así como comunidades como Río de Luz, Nuevo Laredo, Hank González y Polígonos 1 a 3, entre otras.
Cientos de casas dañadas, pérdidas materiales, personas que perdieron todo...
Las autoridades estiman que los afectados serían más de 100 mil personas. Dada la magnitud de esta tragedia, se requiere que la Secretaría de Seguridad Ciudadana emita urgentemente la Declaratoria de Emergencia para el municipio de Ecatepec de Morelos, y así poder pueda acceder a los recursos del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales para hacer frente de manera inmediata a los daños desencadenados por las lluvias y su efecto en la población.
Por lo expuesto someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a emitir de manera urgente la declaratoria de emergencia para el municipio de Ecatepec de Morelos en el Estado de México, así como a liberar los recursos necesarios del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales que permitan reparar los daños ocasionados por las lluvias torrenciales en el municipio y para la atención a las víctimas.
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a 9 de septiembre de 2021.– Diputada Marisela Garduño Garduño (rúbrica)».
Se turna a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.
SE INVESTIGUE AL SUBSECRETARIO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y ANTICORRUPCIÓN, DE LA SCTG, DE OAXACA, POR ACTOS DE CORRUPCIÓN
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP a investigar al subsecretario de Responsabilidades Admi-nistrativas y Anticorrupción de la SCTG oaxaqueña por actos de corrupción en el desempeño de sus labores, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a realizar las investigaciones correspondientes al subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción, de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Guberna-mental, Luis Raúl Arzate Libien, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Un funcionario público es una persona física, servidor del Estado designado por elección popular o por nombramiento de autoridad competente, el cual ocupa grados superiores de la estructura orgánica el cual asume funciones de representatividad, iniciativa, decisión y mando.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo define en su artículo 108 como:
“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
...
...
...
...” 1
Este artículo se encuentra insertado en el Título Cuarto que se refiere a las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción y Patrimonial del Estado, por lo que el hecho de ser un servido púbico recaen en el cumplimiento de ciertas responsabilidades y en caso de no cumplirlas se harán acreedores a sanciones.
En la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece en su artículo 7, los principios y directrices que deben seguir los servidores públicos, cuidando siempre en su desempeño los principios de disciplina, legalidad, objeti-vidad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. 2
En caso de no realizar sus actividades conforme el artículo anterior se harán acreedores a sanciones dependiendo la gravedad de la falta cometida, ya que esta misma ley establecen la sanciones para faltas graves y no graves que van desde una amonestación, suspensión, destitución o inhabilitación, sanciones enumeradas en el artículo 75 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En el ámbito local cada estado hace sus adecuaciones sin perder de vista los principios Generales de la ley, tal es el caso de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, en su artículo 5 establece:
“Artículo 5. Todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público.”
De igual manera las sanciones son las establecidas en la Ley General conforme lo establece el artículo 51 de la ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, a saber:
“Artículo 51. Las Faltas administrativas no graves, las Faltas administrativas graves y las de Particulares, serán sancionadas en los términos previstos en los Capítulos I, II, III y IV del Título Cuarto de la Ley General.” 3
Como podemos observar los funcionarios tienen que cumplir con ciertos compromisos a los que los obliga la ley, sin embargo, hay quienes olvidan que están obligados a cumplir con la ley y siguen actuando con prepotencia e irresponsabilidad como es el caso del Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción, de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Luis Raúl Arzate Libien, el cual ha sido denunciado públicamente por realizar reuniones privadas en su oficina en donde se dice no trata asuntos laborales, sino de índole personal además de que en el mes de julio del año en curso, en donde una persona solicitó el trámite de subdivisión de 24 lotes de un predio ubicado en el Puerto Escondido, en donde después de 6 meses de comenzar un trámite con toda la entrega de los documentos requeridos a la Dirección de Catastro el señor Raúl Arzate lo busco para que a cambio del trámite le fueran entregados 2 lotes para el gobernador, ya que de no ser así el trámite no sería autorizado, tal como paso, pero no fue suficiente el que le negaran el trámite, además ha recibido constante hostigamiento para obligarlo a presentarse a un notario público para firmar las escrituras de los terrenos que quieren como pago; estos actos de corrupción han caído en situaciones como el de suplantar personalidad y la falsificación de firmas.
Como podemos observar que el actuar y el comportamiento de este servidor público no es el que se establece en la ley, por lo cual debe ser investigado por actos de corrupción, para que no siga extorsionando a la ciudadanía, más cuando se supone que es un funcionario que está a cargo de esta área dentro de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que investigue al Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción, de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Luis Raúl Arzate Libien, por actos de corrupción en el desempeño de sus labores.
Notas
1 Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2 Artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas
Bibliografía
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Ley General de Responsabilidades Administrativas
- Martínez Platas, Ignacio. Denuncia corrupción y despojo en Instituto Catastral de Oaxaca. Cuarta Plana (sábado, 24 de julio de 2021)
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de septiembre de 2021.– Diputada Margarita García García (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrup-ción, para dictamen.
EXHORTO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, A ATENDER LOS MUNICIPIOS DE ECATEPEC, COACALCO Y NEZAHUALCÓYOTL AFECTADOS POR LOS RECIENTES FENÓMENOS METEOROLÓGICOS
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de México a tomar medidas encaminadas a atender de manera pronta, eficaz y eficiente las afectaciones causadas a la población y sus bienes por las inundaciones en Ecatepec, Coacalco, Nezahualcóyotl y demás zonas de la entidad, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de México a tomar medidas para atender de manera pronta, eficaz y eficiente las afectaciones causadas a la población y sus bienes por las inundaciones en Ecatepec, Coacalco y Nezahualcóyotl y en todas las demás zonas afectadas en la entidad derivado de los fenómenos meteorológicos ocurridos recientemente; asimismo, a implantar acciones preventivas que reduzcan el efecto de las intensas lluvias, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las lluvias son esenciales para la vida, pero si no existen mecanismos de prevención de desastres en los entornos habitados por los humanos estas pueden resultar en situaciones de riesgo que atentan contra la población y sus bienes. En esta tesitura, las inundaciones y el desbordamiento de ríos constituyen en el estado de México las principales problemáticas en la temporada de lluvias.
A los elementos naturales causales de las inundaciones deberemos agregar los factores de carácter antrópico, pues la ocupación, usos de suelo en áreas inundables y desechos sólidos sin ninguna planeación urbana han traído como consecuencia la potencial multiplicación de efectos negativos ante eventuales situaciones de emergencia.
Tal es el caso de diversas localidades en el Estado de México en donde la población ha sido severamente afectada en esta temporada de lluvias y en donde las medidas de prevención por parte del gobierno local han sido insuficientes o inexistentes a pesar de contar con los planes parciales para ello.
Para poner en perspectiva el tema que motiva la presente proposición con puntos de acuerdo, basta mencionar algunos casos extremos que se han presentado en los últimos días y que algunos medios de comunicación relatan:
• La lluvia torrencial de ayer en Ecatepec provocó la muerte de dos personas, inundaciones y corrientes de agua que arrastraron automóviles y puestos semifijos. De acuerdo con el Gobierno municipal, un rayo que cayó en la Colonia Almárcigo Norte causó una descarga eléctrica en una joven de aproximadamente 17 años de edad, lo que le provocó la muerte. En el pueblo de Santa María Tulpetlac, un hombre de 73 años de edad murió tras haber sido arrastrado por el torrente. Hasta ayer en la noche, el hombre era la única víctima mortal confirmada por la Fiscalía mexiquense. 1
• Vecinos de diferentes colonias de Ecatepec pidieron ayuda a las autoridades por los estragos que dejaron las inundaciones de ayer. 2
• Un total de 15 personas que se encontraban en zonas de riesgo por corrientes de agua en Ecatepec, fueron rescatadas por el personal de la Cruz Roja Mexicana. 3
• De acuerdo con la delegación del estado de México de la Cruz Roja, la institución envió una brigada de apoyo humanitario con 33 elementos a las zonas afectadas por inundaciones en la zona oriente de la entidad. 4
• Coacalco, Neza y Ecatepec son los municipios del estado de México más azotados por las fuertes lluvias que causaron inundaciones y peligrosas corrientes de agua.
• En Coacalco, “las precipitaciones causaron el derrumbe del embovedado de un río localizado en la calle Lluvia de la colonia Los Acuales, donde el agua alcanzó un metro y medio de altura”. 5
Por si estos reportes no fueran suficientes, de acuerdo con el Atlas de Inundaciones XXVII del Estado de México Edición 2021, el año pasado, la entidad registró afectaciones por encharcamientos e inundaciones en 75 sitios distribuidos en 90 colonias de 25 municipios de la entidad, con una superficie de 3.74 km2 y una población afectada de 3 mil 155 habitantes. 6
El mayor número de encharcamientos se dio en zonas urbanas y como principales causas se señala que es debido en primer lugar a la infraestructura hidráulica insuficiente, desbordamiento de cauces, falta de mantenimiento, bajadas de aguas broncas de laderas, hundimientos diferenciales de terreno granizadas, entre otros. 7
No obstante lo anterior, la gran cantidad de basura que se acumula en las calles, alcantarillas y cauce de ríos, forman parte de una causal más y que el Atlas de inundaciones 2021 no menciona. Rubén Tovar Díaz, director de Operación de Atención de Emergencias de la Comisión de Agua del estado de México señaló que el personal del grupo Tláloc ha recolectado de noviembre de 2020 a la fecha más de 3 mil 800 toneladas de basura en esos sitios, por lo que llamó a la conciencia de la población a no arrojar desechos en la vía pública. 8 “No tirar basura en la calle y evitar que la gente arroje desechos sólidos (cascajo, basura, animales muertos, etcétera) en los drenajes a cielo abierto y redes de atarjeas” es vital para que no se hagan encharcamientos por el agua pluvial”. 9
La Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Toluca señala que el 60 por ciento de las inundaciones son provocados por la presencia de basura.
De acuerdo con el Plan de Desarrollo 2017-2023 del estado de México a consecuencia del crecimiento urbano y del desarrollo industrial, entre 2007 y 2016 la generación de residuos sólidos en el estado de México creció en 13.2 por ciento. De las más de 100 mil toneladas de residuos sólidos que se generan diariamente en el país, 12.7 mil toneladas (13 por ciento del total nacional) se producen en la entidad, lo cual equivale a 0.7 kilogramos per cápita al día. 10 La inadecuada disposición de los residuos sólidos y el reducido porcentaje de residuos reciclados tienen consecuencias ambientales como la emisión de GEI, la proliferación de fauna nociva y riesgos para la salud humana, así como la contaminación de suelos y cuerpos de agua.
Lo anterior arroja un panorama donde en algunas problemáticas de orden público como el descrito existe una corresponsabilidad de la población afectada por lo que es urgente implementar campañas y fortalecer las existentes de concientización en la población para mantener las calles limpias y no arrojar basura en ellas pues de lo contrario resulta en afectaciones a su propio bienestar.
Esto último es importante subrayar puesto que tanto en el Plan de Desarrollo 2017-2023 del estado de México, ni en el Atlas de Inundaciones XXVII, edición 2021 (desarrollado por la Comisión de Agua del Estado de México, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra), se menciona alguna propuesta de cambios en la infraestructura para evitar las inundaciones así como una campaña de concientización dirigida a la población para que esta no tire basura en las calles, siendo que estos documentos oficiales son la base para el diseño de las políticas públicas.
De acuerdo con diversos especialistas, las medidas para contrarrestar el problema deben de ir más allá de acciones emergentes y atender las condiciones estructurales. Al respecto, el Arquitecto y académico Dante Álvarez las medidas también deben contemplar la reforestación del volcán Xinantécatl y otros cerros adyacentes en el valle; evitar mayor erosión de las montañas; además se debe recuperar los ríos Tejalpa, Verdiguel y Lerma, entre otros, construyendo una ingeniería hidráulica que filtre las aguas pluviales al suelo y también las canalicen río abajo sin contaminarlas. 11
La doctora Susana Bianconi propone juntar el agua de sus techos, mandarlas a cisternas o a tambos rompepicos, plantar al menos un árbol por cada vivienda y no tener patios secos sino patios verdes, aprender a hacer pozos de absorción”. 12
Ambos especialistas insisten en la importancia del involucramiento de la población en las acciones preventivas para evitar inundaciones y futuras tragedias.
Lo señalado es de suma importancia en virtud de que de no atenderse las condiciones estructurales los riesgos en el mediano plazo van a ser mayores y mayor la población afectada. Por mencionar un ejemplo, de acuerdo con la doctora Susana Bianconi, la cantidad de lluvia ha ido en aumento, pues en 1979 llovían 777 milímetros al año, ahora, 40 años después, se estima que llueve de mil 100 a mil 300 milímetros. 13
El artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México señala:
En los casos de riesgo, siniestro o desastre, el o la titular del Ejecutivo del Estado acordará la ejecución de acciones y programas públicos en relación a las personas, sus bienes o del hábitat para el restablecimiento de la normalidad; para ello podrá disponer de los recursos necesarios, sin autorización previa de la Legislatura. Asimismo, podrá ordenar la ocupación o utilización temporal de bienes o la prestación de servicios... 14
En la fracción XXXI del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México se señala que a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra corresponde “expedir la evaluación técnica de impacto en materia urbana de conformidad a los ordenamientos jurídicos aplicables y emitir, a través de la Comisión del Agua del Estado de México, la evaluación técnica de impacto en materia de distribución de agua, así como la de agua, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales”. 15
Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que la prevención y gestión del riesgo ante inundaciones implica la necesidad de desarrollar distintas estrategias de actuación al menos en dos ámbitos: unas dirigidas a generar conciencia en la población en la importancia de no arrojar basura en las calles y otras a la aplicación de medidas directas en trabajos de infraestructura en atención a las condiciones estructurales ante la eventual ocurrencia de situaciones de emergencias.
Por lo expuesto someto a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza, a tomar las medidas necesarias para atender de manera pronta, eficaz y eficiente las afectaciones causadas a la población y a sus bienes por las inundaciones en Ecatepec, Coacalco y Nezahualcóyotl y en todas las demás zonas afectadas en la entidad derivado de los fenómenos meteorológicos ocurridos recientemente; asimismo, a implementar acciones preventivas que reduzcan el efecto de las intensas lluvias.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza, a que se actualice el Atlas de Inundaciones XVII edición 2021 para que éste cuente con un plan integral de prevención que incluyan propuestas de cambio en infraestructura y operación a fin de evitar las inundaciones que se presentan en la entidad por las precipitaciones propias de la temporada de lluvias; una campaña de concientización de la población en no arrojar basura en las calles como una medida de prevención a inundaciones; así como propuestas para la recolección y tratamiento del agua de lluvia para satisfacer las necesidades de agua en la población, para diferentes usos.
Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Desarrollo Urbano y Obra del estado de México a realizar en el ámbito de su competencia campañas de concienciación ciudadana a fin de informar sobre los efectos nocivos de tirar basura en los lugares no establecidos para ello.
Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua y la Comisión del Agua del Estado de México a fortalecer las acciones preventivas referente a las inundaciones que afectan a los habitantes de la entidad, provocadas por el desbordamiento del arroyo, a la altura de Los Acuales, en Coacalco.
Notas
1 Reforma. “Deja tormenta dos fallecidos”, 7 de septiembre de 2021.
2 Reforma. “Piden ayuda vecinos tras inundaciones”, 7 de septiembre de 2021.
3 Reforma. “Piden ayuda vecinos tras inundaciones”, 7 de septiembre de 2021.
4 Reforma. “Rescatan a 15 personas tras lluvias en Ecatepec”, 7 de septiembre de 2021.
5 El Sol de Toluca. “Tormenta deja varias colonias inundadas en Ecatepec y Coacalco”. Disponible en https://cutt.ly/VWG8qHn Consultado el 7 de septiembre de 2021.
6 Atlas de inundaciones XXVII 2021. Disponible en
https://cutt.ly/hmSRAJk Consultado el 7 de septiembre de 2021.
7 Ibídem.
8 asisucede. “Piden generar conciencia y no tirar basura para evitar inundaciones en temporada de lluvias”. Disponible en
https://cutt.ly/6mSYeYx Consultado el 7 de septiembre de 2021.
9 El Sol de Toluca. “¿Qué hacer para evitar inundaciones en las zonas urbanas?” Disponible en https://cutt.ly/2mSAXbb Consultado el 7 de septiembre de 2021
10 Plan de Desarrollo 2017-2023 del estado de México. Disponible en
https://cutt.ly/smNv4fe Consultado el 7 de septiembre de 2021.
11 ADN Noticias. “Inundaciones en el valle de Toluca, ¿por qué ocurren y cómo podemos evitarlas? Disponible en
https://cutt.ly/8mSDGro Consultado el 7 de septiembre de 2021.
12 Ibídem.
13 Ibídem.
14 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Disponible en https://cutt.ly/EmNnsc7 Consultada el 7 de septiembre de 2021.
15 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. Disponible en https://cutt.ly/vmNnTKp Consultada el 7 de septiembre de 2021.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2021.– Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.
EXHORTO A LA SEGALMEX Y A LA EMPRESA DICONSA SA DE CV, A PROPORCIONAR ATENCIÓN ESPECIAL A LOS ESTADOS AFECTADOS POR EL HURACÁN GRACE
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a Segalmex y Diconsa, SA de CV, a cumplir su deber de proporcionar atención especial a los estados afectados por el huracán Grace, mediante el abasto de maíz y otros productos básicos a cuyo respecto se reportan desabasto y distorsión del mercado porque los particulares suben excesivamente los precios, a cargo de la diputada Esther Martínez Romano, del Grupo Parlamentario del PT
Quien suscribe, Esther Martínez Romano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 6 y las fracciones I y V del apartado 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, para exhortar al organismo Seguridad Alimentaria Mexicana y a la empresa de participación estatal Diconsa, SA de CV, a dar cabal cumplimiento a su deber de proporcionar atención especial a los estados afectados por el huracán Grace, abasteciendo maíz y otros productos básicos en los que se reporta desabasto y distorsiones del mercado, habida cuenta de que los particulares suben excesivamente el precio por kilogramo, lo que se espera persista y se incremente ante el escenario de la inexistencia de cosechas, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El fenómeno meteorológico Grace impactó en dos ocasiones a México: el jueves 19 de agosto lo hizo como huracán categoría 1 por la península de Yucatán, donde por fortuna solo dejó algunos daños materiales.
El 21 de agosto, Grace, ya categoría 3, volvió a tocar tierra en las costas del estado de Veracruz, si bien, el ciclón se degradó rápidamente, su peligrosidad aumento al lograr cubrir gran parte del país causando fuertes lluvias en los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo.
La segunda incursión de Grace en territorio nacional causó la muerte de 11 personas: 6 en Veracruz y 5 en Puebla.
En Veracruz dejó graves afectaciones en los municipios de Poza Rica, Tuxpan, Papantla, Gutiérrez Zamora, Álamo y Tecolutla, donde se reportaron miles de viviendas destechadas por los fuertes vientos, cortes de energía eléctrica generalizada y falta de servicio telefónico e internet.
En Puebla, Grace ocasionó fuertes vientos y lluvias causando caída de árboles, postes eléctricos, inundaciones y deslaves, afectando, según datos del gobierno del estado, a 20 mil viviendas en 28 municipios de las sierras norte y nororiental del estado.
Además, dejó incomunicados Hermenegildo Galeana, San Felipe Tepatlán, Amixtlán y Tepango de Rodríguez y sin energía eléctrica a 34 municipios del estado.
En Hidalgo, las fuertes lluvias dejadas por el huracán afectaron los municipios de San Bartolo Tutotepec y Huehuetla, donde el río Camarones se desbordó, también provocó el cierre de la carretera estatal Metepec-Tenango de Doria por derrumbes.
En la Huasteca se registraron inundaciones y el bloqueo de caminos rurales, así como la carretera federal México-Tampico por creciente de ríos y arroyos, así como deslaves.
Las autoridades federales y estatales se han abocado a atender la emergencia provocada por el huracán. Sin embargo, las graves afectaciones ocasionadas por Grace en el sector agrícola de Veracruz, Puebla e Hidalgo, donde se han registrado la pérdida total de sembradíos de naranja, limón, plátano, café, vainilla y maíz.
El gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, informó del inicio de la entrega de apoyos de indemnizaciones a productores de las más de 43 mil hectáreas afectadas en 68 municipios por el paso del huracán Grace en las sierras norte y nororiental del estado.
Sin embargo, a pesar de los apoyos federales y estatales, serán los productores pequeños y de autoconsumo los más afectados por las pérdidas de sus cosechas; igualmente, la población de los municipios afectados por Grace deberá padecer escasez y aumento de precios de granos y alimentos básicos, particularmente de maíz.
En vista de lo anterior, se hace necesaria la intervención de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y Diconsa, para que junto con los gobiernos de los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo, trabajen en la puesta en marcha de un programa emergente a fin de garantizar el abasto de una canasta básica de alimentos en apoyo de las poblaciones afectadas por el paso del fenómeno meteorológico.
Segalmex, Diconsa y los gobiernos de los estados, no solo deberán coordinarse para la atención inmediata de la emergencia a través de la entrega de víveres y productos de limpieza; además, deberán contribuir a garantizar el abasto social de alimentos para salvaguardar el derecho constitucional a la alimentación de los pobladores afectados, como lo establece en la visión, misión, objetivos y valores de Diconsa.
Visión, misión, objetivos y valores
La misión de Diconsa es contribuir a generar la seguridad alimentaria de México, garantizando el abasto social de productos para que el gobierno de la república cumpla con el derecho constitucional a la alimentación de sus habitantes.
Diconsa tiene como visión ser la red de abasto social más grande del país, siendo un grupo de mexicanos con espíritu de servicio, que trabajan unidos para garantizar la distribución de alimentos con alto contenido nutricional y económicamente accesibles, para la población en condiciones de marginación.
Objetivo específico: Facilitar el acceso a productos básicos económicos y de calidad, en forma eficaz y oportuna, para mejorar la seguridad alimentaria de la población en localidades de alta o muy alta marginación con cobertura de tiendas Diconsa.
Adicionalmente, Diconsa coadyuva con gobiernos estatales y municipales en la operación de otros programas especiales, los cuales, al encontrarse en situaciones de emergencia como inundaciones, sismos, huracanes u otros fenómenos naturales, utiliza recursos del Fondo de Desastres Naturales para la adquisición de despensas, artículos de limpieza y complementarios abastecidos por Diconsa.
Los valores que rigen la conducta de los servidores públicos de Diconsa y en general del personal que colabora con el mismo, son el liderazgo, el respeto a los derechos humanos, el interés público, el entorno cultural y ecológico, la equidad de género, la igualdad y no discriminación, y la cooperación.
En razón de lo expuesto, el presente punto de acuerdo busca exhortar a Segalmex y Diconsa a cumplir con su deber de proporcionar atención especial a los municipios de los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo afectados por el paso del huracán Grace, a fin de abastecerlos de productos básicos, en particular de maíz, con la intención de atacar el desabasto y el aumento desproporcionado de los granos, como consecuencia de la pérdida de cosechas.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al organismo Seguridad Alimentaria Mexicana y la empresa de participación estatal Diconsa, SA de CV, a dar cabal cumplimiento a su deber de proporcionar atención especial a los estados afectados por el huracán Grace, abasteciendo maíz y otros productos básicos en los que se reporta desabasto y distorsiones del mercado habida cuenta que los particulares suben excesivamente el precio por kilo, lo que se espera persista y se incremente ante el escenario de la inexistencia de cosechas.
Referencias
https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210823-confirman-t res-muertos-m%C3%A1s-en-m%C3%A9xico-tras-paso-de-grace-y-suman-11
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/21/sube-a-9-la- cifra-de-muertos-por-paso-de-grace-deja-graves-afectaciones-en-veracruz/
https://www.milenio.com/politica/gobierno/aumenta-5-cifra-muerto s-puebla-huracan-grace
https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/grace-causa-estragos-a-s u-paso-por-hidalgo-7115880.html
https://www.inforural.com.mx/grace-deja-graves-afectaciones-en-s embradios-del-norte-de-veracruz/
https://puebla.gob.mx/index.php/noticias/item/6495-inicia-sdr-en trega-de-apoyos-a-productores-afectados-por-huracan-grace
https://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2020/to mo/VII/Print.VSS.01.INTRO.pdf
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548402&fecha=18/ 01/ 2019
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de septiembre de 2021.– Diputada Esther Martínez Romano (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.
EXHORTO A LA COLEGISLADORA, A ANALIZAR, APROBAR Y EXPEDIR LA LEY GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES Y PROTECCIÓN CIVIL
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la colegisladora a analizar, aprobar y expedir la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil, a cargo del diputado Jaime Baltierra García, del Grupo Parlamentario del PT
El que suscribe, diputado Jaime Baltierra García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y la fracción III del numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la Cámara de Senadores para que, en uso de sus atribuciones, analice, apruebe y expida la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Septiembre se ha convertido en el mes negro para el país. El pasado martes 7 de septiembre, como hace 4 y 36 años antes, el país se estremeció con un nuevo sismo con epicentro en el estado de Guerrero, que provocó miedo y pánico entre la población del centro del país.
En los días previos, varias entidades del país también padecen los estragos de las lluvias provocadas por la temporada de huracanes, que cada año cobran su cuota de víctimas.
Con estos eventos, una vez más los fenómenos naturales nos recuerdan cuán expuesta está la población a sufrir daños en sus bienes y personas y la alta responsabilidad que tenemos los diputados para dotar a todos los órdenes de gobierno de los instrumentos jurídicos para prevenir, mitigar y atender las consecuencias de los desastres naturales.
Si bien la frecuencia con la que se presentan este tipo de fenómenos que perturban la paz y tranquilidad de la población ha estimulado la generación de una cultura de la prevención, los esfuerzos aún no han sido suficientes. Ello obedece, entre otros factores, al crecimiento urbano, el desarrollo en vivienda y empresas que se siguen creando en el país, lo que obliga a mantener una permanente actualización en cuanto a las medidas de prevención que deben adoptarse.
Es en esa dirección como el pasado 3 de diciembre, en sesión ordinaria, la LXIV Legislatura aprobó la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil, que establece las bases de coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno en materia de protección civil y de asistencia a la población que infortunadamente padece las consecuencias de los fenómenos naturales.
El dictamen que crea este nuevo ordenamiento abroga la Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012 y sus subsecuentes reformas.
Su confección deriva de diversas iniciativas presentadas por diferentes grupos parlamentarios. Entre los promoventes está la iniciativa presentada por mi compañera del Partido del Trabajo, Margarita García García, que también integraba la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres en la pasada Legislatura.
En su propuesta mi compañera señalaba que la iniciativa tiene como finalidad crear un ordenamiento jurídico con el objeto de establecer las bases de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en materia de gestión integral de riesgos de desastres y protección civil.
Entre los puntos torales que señalaba, propuso la transformación del Sistema Nacional de Protección Civil al Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres y Protección Civil, así como la creación de nuevos instrumentos de plantación y nuevas instancias.
También la iniciativa consideraba un nuevo sistema financiero denominado Fondo para la Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre, el cual tiene como objetivo la promoción y fomento de la actividad preventiva tendiente a reducir los riesgos y disminuir o evitar los efectos del impacto destructivo originado por amenazas naturales.
Entre las consideraciones que presentó señalaba que “El vasto territorio que conforma nuestro país, es muy vulnerable a sufrir una gran cantidad de desastres naturales, tales como: sismos, huracanes, inundaciones, tsunamis, vulcanismo, inestabilidad de laderas entre otros”.
Como ejemplo de lo anterior la diputada ilustraba que “El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) estima que, en promedio, los desastres naturales cobran 480 vidas humanas y 25 mil millones de pesos al año”.
“No cabe duda –agregaba la diputada– que es necesario conocer la vulnerabilidad y cuáles son las medidas de mitigación que se deben de tomar para su mitigación, desafortunadamente ese diagnóstico o atlas de riesgo de nuestro país se encuentra incompleto, de los 2 mil 446 municipios, en México sólo 393 cuentan con un atlas de riesgos y es decir sólo 16 por ciento del país ha sido diagnosticado, pese a que la anterior Ley General de Protección Civil, estableció en el artículo 83 la promoción para la creación de los atlas de riesgo”.
En cuanto a la parte financiera señala que “México invierte en promedio 21 veces más en reconstrucción y atención a desastres que en prevención para hacer frente a los desastres naturales”.
A manera de ejemplo citaba que “4.9 en promedio del total de presupuesto se invierte en prevención, en contrario y citando datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por cada peso que se invierte en prevención se ahorran 10 en atención”, se señalaba en la iniciativa presentada. Esa es la importancia de la prevención en todas las áreas de las políticas públicas.
“Son los argumentos anteriores –concluía mi compañera diputada– algunos el porqué es necesario evolucionar y perfeccionar la antigua ley de protección civil a una Ley General de Gestión Integral del Riesgo del Desastres y Protección Civil, lo anterior es sin duda imperante, ya que la prevención es fundamental para encarar los fenómenos naturales de la mejor manera, logrando con esto salvar la vida de los ciudadanos , y sus pertenencias, así como sus animales de compañía, y teniendo en cuenta el enfoque protector de los derechos humanos”.
Con esa perspectiva y considerando las otras iniciativas presentadas por las diversas fuerzas políticas representadas, el pleno de la pasada legislatura aprobó Ley General de Gestión Integral del Riesgo del Desastres y Protección Civil que precisa las bases de coordinación para la reducción de riesgos de desastres y de pérdidas ocasionadas tanto de vidas como de bienes. Además considera la prevención de nuevos riesgos a través de medidas integradas e inclusivas de carácter económico, estructural, jurídico, social, sanitario e institucional que tienden incrementar la preparación para la respuesta inmediata, la reintegración y reforzar la resilencia.
En su artículo quinto transitorio, el nuevo ordenamiento que abroga la Ley General de Protección Civil y determina que las Secretarías de Hacienda y de Seguridad y Protección Ciudadana deberán emitir las reglas de operación de los programas que atenderán l prevención, atención de emergencias y desastres en un plazo no mayor a noventa días a partir de la entrada en vigor de la ley.
Bajo estas consideraciones y pretendiendo dotar a las autoridades de los instrumentos jurídicos que provean la protección y seguridad de los mexicanos y sus bienes se considera urgente que el Senado de la República concluya la labor legislativa para que la ley aprobada pueda entrar en vigor y cumplir con el objetivo que pretende.
Por todo lo anterior, presento ante el pleno de esta Cámara de Diputados, de urgente u obvia resolución la siguiente resolución con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados, LXV Legislatura, exhorta a la honorable Cámara de Senadores para que, en uso de sus atribuciones, analice, apruebe y expida la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil que aprobó la LXIV legislatura el pasado 3 de diciembre de 2020 y se remitió a esa instancia para sus efectos constitucionales.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2021.– Diputado Jaime Baltierra García (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.
EXHORTO A LA CFE Y A LA CRE, A IMPLEMENTAR LA TARIFA 1F EN DIVERSOS MUNICIPIOS DE SONORA
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE y la CRE a implantar la tarifa 1F en diversos municipios sonorenses por la persistencia de altas tarifas y bajas temperaturas extremas a lo largo del año y el confinamiento por la pandemia de covid-19, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, Ana Laura Bernal Camarena, diputada integrante de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, así como 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes
Antecedentes
El 24 de marzo de 2020 el Gobierno federal público en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se establece las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (covid-19)”, por la pandemia mundial originada por el virus que se originó en la ciudad de Wuhan, República Popular de China.
Por lo que el Gobierno federal realizó las medidas necesarias para disminuir los riesgos de contagios entre la población mexicana, por lo que exhortó al confinamiento temporal de manera de salvaguardar la salud y la de sus familias. Trayendo como consecuencia que en todos los hogares ocuparan más frecuentemente los aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos, generando el aumento de suministro de luz eléctrica.
El aumento en los recibos de luz fue mayor en las entidades federativas que se encuentran en el norte del país, por las altas temperaturas que oscilan mayor a de los 35 grados centígrados (°C). El estado de Sonora se encuentra en la zona pacífico norte del país, donde inclusive tiene temperaturas más altas que el resto de las entidades federativas que comparten la frontera norte.
A comienzos del presente año, el gobierno del estado de Tabasco y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunciaron la eliminación del adeudo histórico en dicha entidad y la firma del convenio para la implementación de la tarifa doméstica 1F, la más baja del espectro eléctrico nacional para ayudar a la economía de las familias tabasqueñas.
Exposición de Motivos
El Estado Libre y Soberano de Sonora es una de las entidades federativas con las más altas temperaturas del país. La temperatura anual es de alrededor de 22 grados centígrados (°C), alcanzando la temperatura máxima promedio de 38°C, y la temperatura mínima en promedio es de 5°C. 1
El ser humano ha buscado la forma de resguardarse principalmente del calor y del frío, por ello ha creado diversos aparatos que ayuden a regular las temperaturas en sus hogares. Y los sonorenses no son la excepción ya que indiscutiblemente necesitan de mínimo un ventilador y calefactor por el clima extremo en el que se encuentra.
Recientemente la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió a la población sonorense de la llegada de una ola de calor que aumentará la temperatura hasta los 47°C, emitiéndose así una alerta por las altas temperaturas, convirtiéndose en un tema sumamente preocupante para la salud de la población, principalmente a los grupos vulnerables.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que en los próximos días las temperaturas máximas en el estado de Sonora oscilan entre los 40 a 45 °C, emitiendo el aviso de precaución y debido cuidado a la salud de sus habitantes. 2
Es de alta necesidad que en cada hogar sonorense exista como mínimo un ventilador y un calentador para regular las altas y bajas temperaturas que se presenta en todo el año.
Dicho anterior, conlleva el aumento en los recibos de luz que afecta los bolsillos de los sonorenses. Por ello la actual gobernadora del estado, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, logró que 33 municipios de los 72 que integran a Sonora, se subsidiará este servicio de primera necesidad. Además, acordó con la Comisión Federal de Electricidad la suspensión temporal de la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), por el uso frecuente de aparatos de ventilación. 3
La tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) es una tarifa que se aplica a los servicios domésticos que registran mayor consumo mensual del límite superior promedio permitido por las tarifas domésticas. 4
El confinamiento por la contingencia sanitaria generada por la pandemia del virus covid-19, generó el aumento de uso de aparatos eléctricos y electrodomésticos que más aumentaron el consumo de energía eléctrica, aparte del ya necesario para la ventilación y calefacción en el hogar.
La Tarifa 1F es aplicable para las regiones del país con temperaturas muy cálidas y que corresponde a los hogares que cumplan con estas características:
• Tener menos de 2 mil 500 Kilowatts-hora de consumo de electricidad promedio mensual.
• Habitar dentro de una región que su temperatura sea de mínimo 33°C durante verano. 5
Si bien el estado de Sonora, específicamente el Distrito 2 Federal que se compone con su cabecera en municipio de Nogales, conformado además por Agua Prieta, Arizpe, Bacoachi, Cananea, Cucurpe, Fronteras, Ímuris, Magdalena, Naco y Santa Cruz; se encuentran en una región con clima seco y semiseco, con temperaturas altas y bajas extremas durante todo el año; que desafortunadamente no cuentan con el beneficio de la Tarifa 1F y deben de pagar la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC).
Por ello, realizó el exhorto a la Comisión Federal de Electricidad a otorgar a la tarifa 1F a todos los municipios del Distrito 2 Federal del Estado de Sonora que no cuentan con esta tarifa subsidiada por el gobierno federal, ya que es la mayoría de la población se encuentra en estado de pobreza, convirtiéndose en un grupo vulnerable, lo que beneficiaría a la economía de las familias sonorenses.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía, a considerar la implementación de la Tarifa 1F en los municipios de Nogales, Agua Prieta, Arizpe, Bacoachi, Cananea, Cucurpe, Fronteras, Ímuris, Magdalena, Naco y Santa Cruz, todos pertenecientes al estado de Sonora, por la persistencia de altas y bajas temperaturas extremas a lo largo de todo el año y por el confinamiento debido a la pandemia de covid-19 que influye radicalmente en los recibos de luz.
Notas
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Clima Sonora.
http://www.cuentame.org.mx/monografias/informacion/son/territori o/clima.aspx?tema=me&e=26
2 Gobierno de México. Pronóstico Meteorológico General. 09/septiembre/2021.
https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pro nostico-meteorologico-general
3 El Sol de Hermosillo. Suspensión de tarifa DAC será de gran ayuda: Pavlovich. 26/abril/2020.
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/suspension-de-tarifa- dac-sera-de-gran-ayuda-pavlovich-5154254.html
4 Comisión Federal de Electricidad. Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC).
https://www.cfe.mx/hogar/infcliente/Documents/tarifaaltoconsumo. pdf
5 Comisión Federal de Electricidad. Tarifa 1f CFE: Precios de luz 2021. https://tarifasdeluz.mx/cfe-tarifas/domesticas-1f#cuando-asigna-cfe-la-tarifa-1 f
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2021.– Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.
PRONUNCIAMIENTO EN CONTRA DE LA COLABORACIÓN DE LEGISLADORES FEDERALES CON GRUPOS EXTRANJEROS DE EXTREMA DERECHA
«Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia contra la colaboración de legisladores federales con grupos extranjeros de extrema derecha que promueven la intolerancia, atentan contra los derechos humanos de las minorías y violentan las libertades de los mexicanos, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura, y de conformidad con lo previsto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, por el que la Cámara de Diputados se pronuncia contra la colaboración de legisladores federales con grupos extranjeros de extrema derecha que promueven la intolerancia, atentan contra los derechos humanos de las minorías y violentan las libertades de las y los mexicanos, con base en las siguientes
Consideraciones
El jueves 2 de septiembre, Santiago Abascal, presidente del partido español de ultraderecha Vox, sostuvo una reunión con los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) Julen Rementería –coordinador de éste–, Alejandra Reynoso, Lilly Téllez, Víctor Fuentes, Marco Gama, Mayuli Latifa Martínez, Nadia Navarro, Indira Rosales, Minerva Hernández, Guadalupe Murguía, Guadalupe Saldaña, Elizabeth Núñez y Roberto Moya.
Como resultado de la reunión, las y los senadores del GPPAN firmaron la Carta Madrid: en defensa de la libertad y la democracia en la iberosfera, donde se plasma un compromiso para detener el avance del comunismo pues, de acuerdo con el documento, “supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones”.
Lo anterior podría pasar como una pifia más del yunquemexicano –que ha fincado sus esfuerzos en denostar y combatir el proyecto de gobierno cimentado en el bienestar de los más desfavorecidos–, a no ser que se adviertan dos cuestiones:
• La reunión celebrada entre Santiago Abascal y las y los senadores del PAN fue de carácter oficial y se llevó a cabo en la Cámara de Senadores; y
• Legisladores federales firmaron un documento impulsado por la fundación española Disenso, que tiene entre sus patronos al líder del partido político de ultraderecha Vox, Santiago Abascal.
Entonces, los senadores del GPPAN recibieron al representante de la derecha más radical de España y líder del partido Vox en el Senado de la República, y suscribieron, en su carácter de senadores, el documento a través del cual acompañan a “su líder español” a combatir el comunismo en el país.
Lo anterior da cuenta de que los legisladores del PAN sirven a intereses extranjeros que para nada están relacionados con la defensa de los derechos humanos o la libertad de las personas, puesto que Vox -partido que lidera Santiago Abascal- se ha caracterizado por impulsar políticas xenófobas y antifeministas (como la propuesta de derogar la ley de violencia de género por considerar que discrimina jurídicamente a los hombres).
De tal suerte, al comprometerse a colaborar con una lucha en contra de las “amenazas comunistas” a nuestro país, en realidad suscribe una política dictada por entidades extranjeras que socava los derechos y libertades de las y los ciudadanos para defender, en todo caso, la propiedad privada.
Si bien algunos legisladores señalaron que la firma fue a título personal, basta con revisar la lista de firmantes de esta carta, en donde se ostentan los cargos públicos de todos aquellos que se comprometen a cumplir la meta trazada por los ultraderechistas españoles, 1 y no será diferente en el caso mexicano.
Asimismo, si fue una coincidencia ideológica entre repre-sentantes políticos de extrema derecha que buscan coartar derechos y libertades de las minorías y que impulsan una agenda machista y retrógrada, esta reunión bien pudo celebrarse en la sede del PAN; no obstante, las y los firmantes de esta Carta lo hicieron en la Cámara de Senadores, que constitucionalmente tiene la facultad exclusiva para aprobar tratados internacionales, 2 lo que envía una señal equívoca a los países iberoamericanos y puede comprometer la participación del país ante organismos internacionales.
Más aún, este personaje que viene a dictar la línea a los políticos de derecha en el país publicó una acusación velada al presidente de la República por “abrazar tiranos y proteger narcos”, 3 lo que deja entrever la verdadera agenda que impulsa en México: desestabilizar un gobierno emanado del pueblo.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe a los extranjeros inmiscuirse en asuntos políticos del país, lo que a todas luces Abascal hizo al reunirse con legisladores y firmar un documento que los compromete a colaborar con su agenda.
En todo caso, quienes firmaron este “compromiso” con su líder español de ultraderecha, están faltando a la protesta que hicieran cuando asumieron su cargo, dispuesto en el artículo 128 constitucional y normado por el Reglamento del Senado de la República, que tradicionalmente reza:
Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.
Los senadores del GPPAN que firmaron ese compromiso, están faltando a su palabra vulnerando las disposiciones Constitucionales, por lo que es nuestro deber reconvenirlos.
Por lo expuesto someto a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión rechaza la colaboración de legisladores federales con grupos extranjeros de extrema derecha que promueven la intolerancia, que atentan contra los derechos humanos de las minorías y que violenten las libertades de las y los mexicanos. Asimismo, las y los integrantes de la LXV Legislatura refrendamos nuestro compromiso para fortalecer el marco legal en favor de los derechos y libertades de las y los ciudadanos.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Jurisdiccional del Senado de la República a valorar la imposición de una sanción a las y los legisladores que, en su calidad de senadores, firmaron la Carta Madrid, lo anterior por auspiciar y promover organizaciones extranjeras que violentan sistemáticamente los derechos humanos y atentan contra las libertades y derechos conquistados por las minorías.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Senado de la República a ofertar cursos sobre política económica, particularmente sobre comunismo, para las y los legisladores que requieran reforzar sus conocimientos en la materia.
Notas
1 Carta de Madrid, Fundación Disenso. Consultado en
https://fundaciondisenso.org/carta-de-madrid/
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 76, fracción I.
3 Abascal, Santiago. @Santi_ABASCAL, 3 de septiembre de 2021. Recuperado de
https://twitter.com/Santi_ABASCAL/status/1433967761894608896 ?s=20
Dado en la Cámara de Diputados, a 14 de septiembre de 2021.– Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.
EXHORTO A LA SFP, A PUBLICAR UN REGISTRO PÚBLICO DE EX SERVIDORES PÚBLICOS DE LA APF IMPEDIDOS PARA OCUPAR CARGOS EN LA INICIATIVA PRIVADA
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SFP a integrar y publicar en su portal de internet un registro público de ex servidores públicos de la APF impedidos para ocupar cargos en la iniciativa privada y las materias en que recaería dicha prohibición, a cargo del diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del PAN
Quien suscribe, diputado Carlos Alberto Valenzuela González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-canos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción 2, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de la Función Pública, maestro Roberto Salcedo Aquino, a que, en ejercicio de sus atribuciones, integre y publique en su portal de internet un registro público de exservidores públicos de la administración pública federal que se encuentren impedidos para ocupar cargos en la iniciativa privada y las materias en que recaería dicha prohibición, por encontrarse en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana. Lo anterior, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Dentro de los reiterados discursos emitidos por el titular del Poder Ejecutivo desde el inicio de su administración ha hablado de impulsar un supuesto ejercicio probo, ético y moral de la función pública, y en la LXIV Legislatura se aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana y entró en vigor el 20 de noviembre de 2019; ley que pudo enriquecerse con la discusión y el debate parlamentario que dicha norma se merecía.
Lamentablemente, esta ley cuenta con una serie de yerros que no pudieron corregirse ante la cerrazón de la mayoría parlamentaria afín al titular del Poder Ejecutivo.
En esta ley se señala como uno de los objetivos “fijar las bases para la aplicación de la política pública de austeridad republicana de Estado y los mecanismos para su ejercicio” y una de las bases que se sometió a un largo proceso de debate fue la redacción del párrafo segundo del artículo 24 el cual al texto dice:
Artículo 24... .
Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años. 1
Posteriormente, y con el fin de identificar a que tipo de funcionarios aplica cumplir esta prohibición, se considera que, conforme al artículo 10, fracción I, inciso c) y al Anexo 3-A del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el DOF el 31 de mayo del 2021, para efectos de dicho Manual se consideran servidores públicos de mando superior a quienes ocupen una plaza de los grupos jerárquicos “G” a “K”:
G-Secretaría de Estado
H -Subsecretaría de Estado, Oficialía Mayor o Equivalente
J -Jefatura de Unidad o Equivalente
K -Dirección General o Equivalente
Ante los diversos cambios de titulares o renuncias en las secretarías de Estado y funcionarios con mando jerárquico superior en las dependencias federales que desde 2019 a la fecha se han suscitado, no se tiene conocimiento público de las actividades que desempeñan exfuncionarios de la presente administración federal y que se encuentran dentro del supuesto del artículo 24 párrafo segundo, podemos tan solo mencionar a los exfuncionarios federales como Irma Eréndira Sandoval Ballesteros -exsecretaria de la Función Pública-, Arturo Herrera Gutiérrez - exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Julio Shcerer Ibarra -exconsejero jurídico de presidencia-, entre otros.
Si bien no existe un mecanismo determinado por la ley que permita dar seguimiento puntual a las actividades de los exfuncionarios y se vigile el cumplimiento de esta prohibición, es necesario que la Secretaría de la Función Pública y con fundamento en el artículo 6 constitucional; la ciudadanía, los entes privados y está soberanía requerimos tener información oficial precisa sobre quienes están limitados a tener relación laboral o participación en empresas privadas cuando la naturaleza de las mismas hayan sido reguladas, supervisadas o se dispongan de información privilegiada por parte del exfuncionario.
De igual manera, los lineamientos en materia de austeridad republicana de la administración pública federal, publicados el 18 de septiembre de 2020, tampoco expresan el mecanismo para garantizar el cumplimiento y vigilancia de esta prohibición; sin embargo, lo más próximo son los numerales 28 y 29 que señalan:
28. La Secretaría, a través de los órganos internos de control en los entes públicos, implementará las medidas para verificar el debido cumplimiento a la política de austeridad republicana prevista en la Ley y en los Lineamientos.
29. Las personas servidoras públicas que, por acción u omisión, incumplan con lo previsto en la ley y en los lineamientos serán sancionadas de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 2
Motivo por el cual resulta obligatorio para la Secretaría de la Función Pública difundir en los medios oficiales del Estado mexicano el listado de los funcionarios impedidos para estar en actividades privadas en las que pudieran estar en el supuesto de la prohibición multicitada.
Asimismo, y tal como lo refiere el artículo 5 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, es responsabilidad de la Secretaría de la Función Pública interpretar y hacer cumplir su aplicación a través de los Órganos internos de Control.
Artículo 5. El cumplimiento de la presente Ley recaerá sobre cada uno de los entes públicos, quienes para su vigilancia se apoyarán de la instancia encargada del control interno.
La Secretaría y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estarán facultadas, en el ámbito de sus atribuciones, para interpretar esta Ley.
Se considera que la discusión de urgente y obvia resolución de este punto de acuerdo, con el fin de que la Ley de Austeridad Republicana se cumpla y se fortalezca, y cubrir un vacío legal que permita al ciudadano conocer mediante la publicación de un registro federal de exfuncionarios que se encuentran en el supuesto de prohibición del párrafo segundo artículo 24 de esta Ley, puesto que a casi dos años de su entrada en vigor, la Secretaría de la Función Pública ha omitido el establecimiento de un mecanismo púbico de difusión y acceso a la información respecto de este asunto y vigilancia de cumplirse la ley.
Por lo anteriormente expuesto , someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de la Función Pública, maestro Roberto Salcedo Aquino, a que, en ejercicio de sus atribuciones, integre y publique en su portal de internet, un registro público de exservidores públicos de la administración pública federal que se encuentren impedidos para ocupar cargos en la iniciativa privada y las materias en que recaería dicha prohibición, por encontrarse en el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Notas
1 Cámara de Diputados. Ley Federal de Austeridad Republicana.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFAR_191119.pdf. Consultada el 6 de septiembre de 2021.
2 Diario Oficial de la Federación. Lineamientos en materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal. Publicado el 18 de septiembre de 2020.
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5600749&fecha=18/ 09/2020. Consultado el 06 de septiembre de 2021.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 21 de septiembre de 2021.– Diputado Carlos Alberto Valenzuela González (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrup-ción, para dictamen.
EXHORTO A DIVERSAS AUTORIDADES A REVISAR Y COORDINAR LOS LINEAMIENTOS RELACIONADOS CON LA OPERACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PARA EL BIENESTAR BENITO JUÁREZ GARCÍA
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la STPS, la SEP y el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García a revisar y coordinar los respectivos lineamientos de operación con objeto de garantizar que no se vulneran los derechos laborales de los docentes, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada federal Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 30 de julio de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. 1 Dicho programa surge como respuesta a encontrar una solución al problema de rezago educativo de tipo superior, y la necesidad de ampliar significativamente las posibilidades de acceso a ese tipo educativo, a través del establecimiento de sedes educativas donde se imparta educación de tipo superior, en municipios ubicados en zonas del país con mayor pobreza y rezago en desarrollo social.
El objetivo de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG) es prestar servicios educativos a los aspirantes que han sido excluidos de su derecho a cursar estudios superiores. De igual forma, aportar conocimientos profesionales para el desarrollo de comunidades y municipios en condiciones de rezago y situaciones de violencia, que les permitan potenciar sus capacidades para alcanzar niveles dignos y adecuados de vida, horizontes de bienestar, la plenitud, desarrollo y creatividad que requieren para enfrentar los retos, necesidades y carencias que plantea su supervivencia.
Según el tercer Informe de Gobierno de la Presidencia de la República, los avances más significativos del programa son:
• Se atendieron 28 mil 87 estudiantes hasta la conclusión del primer ciclo escolar 2021 con 1,002 docentes, en 140 sedes instaladas.
• Para el inicio del segundo ciclo escolar de 2021 se prevé atender a 40 mil estudiantes.
• Desde el inicio del programa, en 2019, se ha duplicado anualmente la matrícula escolar en 37 carreras registradas.
• En materia de infraestructura, se concluyó la primera fase de instalación de 90 sedes y ha comenzado la segunda fase; además
• 50 más esperan concluir la primera fase hacia el término de 2021.
• En este mismo año se dispone de una capacidad instalada dispuesta para atender a 80 mil estudiantes.
Las convocatorias de dicho programa han dado lugar a la incorporación de 28 mil 87 estudiantes y 992 docentes. Ha registrado un total de 36 carreras universitarias ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. Cuenta con 140 sedes educativas en 31 estados del país.
La pieza clave para los resultados antes descritos sin duda alguna son las y los docentes y asistentes académicos que coadyuban en el fortalecimiento de dicho programa, sin embargo, recientemente se ha hecho públicas denuncias respecto de una serie de despidos injustificados realizados desde la Dirección General encabezada por Raquel de la Luz Sosa Elízaga, y la dirección académica de las diversas sedes de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez.
Los reportes mencionan que más de 150 maestras y maestros han sido despedidos injustificadamente a lo largo del país y que debido a eso se han formado asambleas de trabajadores de las Universidades del Bienestar para manifestarse en contra de los despidos que consideran arbitrarios. 2
Adicionalmente, las y los maestros argumentaron que ingresaron a las Universidades a través de un proceso de selección que consideró sus credenciales académicas y experiencia laboral, que la mayoría de las y los trabajadores despedidos cuentan con estudios de posgrado, 60 por ciento con maestría, 24 por ciento con doctorado y 6 por ciento pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, además, de contar con experiencia en trabajo comunitario (organización, gestión y producción). 3
De acuerdo con un documento firmado por 70 trabajadores despedidos en 19 estados de la República, dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el cual se exigieron la intervención de autoridades federales para dar solución a esta problemática, el reconocimiento de sus derechos laborales, la reinstalación de todas y todos los profesores y asistentes académicos que fueron removidos de sus labores, seguridad social conforme lo marca la Ley, cese a los descuentos y retenciones indebidas de jornadas trabajadas, reconocimiento de su antigüedad laboral, pago de jornada laboral completa y libertad de cátedra. 4
Incluso este tema ha sido tratado en la conferencia de prensa de la mañanera y la respuesta del Ejecutivo Federal fue remitir a los perjudicados con la propia directora del Programa, la cual declaró que dichas Universidades son “un programa de subsidios, por lo que no contempla la contra-tación de profesores, ya que, en la retribución económica, los docentes son considerados beneficiarios sociales”. 5
Es decir, para la autoridad los contratos con los maestros son convenios temporales y son considerados como subsidios y por ello no pueden ser considerados como despidos. Entre las denuncias se destaca también que “bajo represión obligan a maestros a firmar convenios de prestación de servicios educativos con el objetivo de no otorgarles derechos laborales”. 6
Lo anterior se confirma al revisar los lineamientos para la instalación/rehabilitación, equipamiento y operación de las sedes educativas del Programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García en el Programa Presupuestal U083, correspondiente al Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, publicados el 31 de marzo de 2021 en el Diario Oficial de la Federación. 7 En los cuales, en el numeral 9 se establece:
9. Distribución general de los recursos federales otorgados al Programa
a) Entrega de subsidios a las Comisiones de Administración y Supervisión. El Organismo destinará hasta un 65 por ciento de sus recursos para procesos de instalación/rehabilitación, equipamiento y operación de las sedes educativas;
b) Entrega de subsidios para convenios por servicios educativos y apoyo administrativo a los servicios educativos. El Organismo destinará hasta un 34 por ciento de sus recursos en la entrega de subsidios y apoyos a docentes, residentes de obra, enlaces administrativos, asesorías técnicas y otros apoyos administrativos;
c) Gastos de operación. El Organismo destinará hasta un 1 por ciento para pago de viáticos, traslado de personas y hospedaje, entre otros gastos indirectos.
Ante tales hechos, es evidente que existen una serie de inconsistencias en la situación laboral de las y los maestros que brindan sus servicios en las Universidades del Bienestar, los reclamos respecto a su situación laboral requieren la atención urgente de las autoridades federales, por ello, considero se requiere una pronta respuesta que permita brindar de certeza jurídica a quienes con su labor ayudan a fortalecer el programa motivo del presente punto de acuerdo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Educación Pública y al Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García para que revisen, de manera urgente y coordinada, los lineamientos relacionados con la operación de las Universidades para el Bienestar para garantizar que éstos no vulneran los derechos laborales de las y los maestros que forman parte de dichas universidades y revisar los mecanismos para brindarles certeza jurídica a sus puestos de trabajo garantizando la estabilidad institucional de dicho programa.
Notas
1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5566761&fecha= 30/07/2019
2 https://lasillarota.com/nacion/docentes-dieron-todo-por-las-universida-des-del- bienestar-ahora-estan-despedidos/560806
3 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Docentes-denuncian-des-pidos-en-la-Uni versidad-para-el-Bienestar-de-AMLO-20210812-0078.html
4 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/profesores-des-pedidos-de-univ ersidades-para-el-bienestar-benito-juarez-garcia-denuncian-agresiones-7076693.h tml
5 https://www.laizquierdadiario.mx/Despidos-en-las-Universidades-del-Bienestar-no -son-contrarios-a-la-politica-de-la-4T
6 https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/mas-despidos-en-universida-des-del-bien estar-7151652.html
7 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5614943&fecha=31/03/ 2021
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 21 de septiembre de 2021.– Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
SE INVESTIGUE SI LA FIRMA POR PARTE DE SENADORES DEL PAN, DEL DOCUMENTO CARTA DE MADRID, CONTRAVIENE LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al INE a investigar si la firma por senadores del GPPAN de la Carta de Madrid, impulsada por políticos y organizaciones españoles, contraviene los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, diputado Juan Carlos Natale López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposicón con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
La semana pasada, dirigentes del partido político español Vox y de la fundación Disenso estuvieron en nuestro país con el objetivo de, según sus propios dichos, “sumar apoyos en defensa de la libertad, el estado de derecho y la democracia”, a través de la firma de un documento conocido como la Carta de Madrid.
De acuerdo a este escrito, “la Iberosfera está integrada por más de 700 millones de personas que cuentan con un gran potencial económico y geopolítico”; sin embargo, aseguran sus promoventes que “una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista, apoyados por el narcotráfico y terceros países”.
“Todos ellos, se afirma, bajo el paraguas del régimen cubano e iniciativas como el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla, que se infiltran en los centros de poder para imponer su agenda ideológica”.
Asimismo, aseguran que “la amenaza no se circunscribe exclusivamente a los países que sufren el yugo totalitario. El proyecto ideológico y criminal que está subyugando las libertades y derechos de las naciones tiene como objetivo introducirse en otros países y continentes con la finalidad de desestabilizar las democracias liberales y el estado de derecho”.
Si se toma en cuenta el origen de la propuesta no sorprende la confusión conceptual exhibida al acusar el secuestro de la región por parte de regímenes totalitarios, cuando en la gran mayoría de los países que la conforman se celebran elecciones democráticas y en muchos casos quienes hoy gobiernan son personajes más afines a las ideas de Vox, o bien, cuando tachan de comunista a cualquier gobierno con una agenda progresista que impulse políticas a favor de los más necesitados, a favor de la recuperación de la soberanía nacional y a favor de la ampliación y protección efectiva de los derechos de sectores como las mujeres, los migrantes y la comunidad lésvico, gay, bisexual, travesti, transgénero, transexual e intersexual (LGBTTTI).
Asegurando que lucha contra lo que considera una corrección política asfixiante, Vox impulsa una agenda antiderechos que va en contra del feminismo, que niega el cambio climático, que criminaliza a los migrantes, que promueve el odio y el racismo y que desdeña a las minorías sociales. Sin embargo, todo eso lo dice abiertamente e incluso muchas de estas ideas forman parte de su plataforma política, así que nadie puede decirse engañado.
Más allá de lo anquilosado que resulta el hecho de revivir posturas correspondientes a la Guerra Fría o de suponer la existencia de una conspiración para imponer una determinada agenda ideológica, es importante revisar si la presencia en México de dirigentes del partido político español Vox y de la fundación Disenso representa una violación a lo dispuesto por nuestra Constitución y por las leyes mexicanas en cuanto respecta a actos de intervencionismo por parte de personajes de nacionalidad extranjera.
Aunque el Partido Acción Nacional (PAN) ha tratado de deslindarse del acto que celebraron sus legisladores la semana pasada en el Senado de la República, diciendo que éste fue realizado a título personal, lo cierto es que como firmante del documento referido figura el Senador Julen Rementería, coordinador del grupo parlamentario y quien por cierto es designado por el Comité Ejecutivo Nacional de ese instituto político. En el mismo sentido, se debe resaltar que en el sitio web de la fundación Disenso se destaca la firma de la Carta de Madrid por parte Fernando Rodríguez Doval, secretario de Estudios y Análisis Estratégicos del PAN.
A pesar de que en principio se trató de negar el acto, Santiago Abascal, dirigente de Vox, confirmó que se reunió con dirigentes del PAN la tarde del jueves 2 de septiembre y mencionó que fue invitado al Senado de la República por Julen Rementeria. “Hoy en el Senado de México hemos presentado el Foro Madrid, nuestra iniciativa para hacer frente al avance del comunismo en las naciones de la Iberosfera”, puntualizó a través de un tuit.
En dicha reunión, que se llevó a cabo el jueves por la tarde, estuvieron presentes 15 senadores del PAN. Así lo confirmó Julen Rementería a través de su cuenta de twitter al escribir que: “Hoy firmé la Carta de Madrid con Santiago Abascal en el Senado de la República. Vamos por la defensa de la democracia, la libertad y la propiedad privada”.
Días más tarde, Santiago Abascal siguió con su impertinencia política, opinando irresponsablemente respecto a los asuntos políticos de nuestro país al referirse al presidente Andrés Manuel López Obrador de la siguiente manera en su cuenta de twitter: “Quienes se abrazan a tiranos y protegen a narcos no van a impedir nuestra causa a favor de la libertad de las naciones”.
En este contexto, vale recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente:
Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución.
El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención.
Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país.
Por su parte, la Ley General de Partidos Políticos establece que:
Artículo 23.
1. Son derechos de los partidos políticos:
a) a g) ...
h) Establecer relaciones con organizaciones o partidos políticos extranjeros, siempre y cuando se mantenga en todo momento su independencia absoluta, política y económica, así como el respeto irrestricto a la integridad y soberanía del Estado mexicano y de sus órganos de gobierno;
Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
a) a l) ...
m) Actuar y conducirse sin ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras, organismos o entidades internacionales y de ministros de culto de cualquier religión;
Respecto a lo anterior, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala lo siguiente:
Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de esta ley;
Artículo 451.
1. Constituyen infracciones a la presente ley de los extranjeros, las conductas que violen lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución y las leyes aplicables.
Artículo 456.
1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:
a) Respecto de los partidos políticos:
I. Con amonestación pública;
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;
Derivado de los preceptos anteriormente citados, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde consideramos oportuno que se investigue si el acto realizado en el Senado de la República la semana pasada entre senadores del PAN y dirigentes del partido político español Vox constituyen una violación a los mismos, por ello planteamos la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral a investigar si la firma por parte de integrantes del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República del documento conocido como Carta de Madrid, impulsado por políticos y organizaciones de nacionalidad española, contraviene lo dispuesto en los artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos Políticos.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2021.– Diputado Juan Carlos Natale López (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
PLAN PARA COMBATIR EL ROBO DE MEDICAMENTOS EN EL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de México a instruir un plan antirrobo de medicamentos en el sistema de salud pública con la participación de las dependencias del sector, entre otras, a cargo de la diputada Celeste Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, Celeste Sánchez Romero, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno de México para que instruya la realización de un plan para combatir el robo de medicamentos en el sistema de salud pública del país con la participación de las dependencias involucradas en el sector salud así como las correspondientes a las áreas de fiscalización, jurídicas y procuración de justicia, entre ellas la Secretaría de la Función Pública, de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Fiscalía General de la República, el Servicio de Administración, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo tercero precisa uno de los derechos fundamentales para la vida con dignidad de todo ser humano: el derecho a la protección a la salud. Sin salud, sin ella el transitar por la vida se desmorona e incluso lleva a la conclusión de la vida misma.
Por ello, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cifró dentro de uno sus 100 compromisos centrales al asumir su mandato Constitucional el 1 de diciembre de 2018 precisamente el de “garantizar a los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos” y cuyo cumplimiento está catalogado como en proceso.
En esta parte, hoy acudo a esta máxima tribuna parlamentaria del país a tocar un punto que lastima profundamente a un amplio segmento de mexicanos en todo el territorio nacional, en las 32 entidades de la República, como es el abasto insuficiente de medicamentos en el sector público de salud, como lo es esencialmente en instituciones rectoras del mismo como el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que concentran la atención de la salud de la gran mayoría de los mexicanos.
El primero de los tres grandes obstáculos del gobierno del presidente López Obrador fue el andamiaje legal construido en el pasado para la compra de fármacos ya que estaba hecho a modo para favorecer a un oligopolio farmacéutico, atando de manos al Gobierno de México para comprar medicamentos que hacen falta a mejor precio y/o en el extranjero cuando fuese necesario.
El segundo obstáculo fue el boicot de estas grandes empresas que, como una verdadera mafia, intentaron impedir que se lograra el propósito de adquirir todos los medicamentos de manera competitiva y a precios justos cuando el Presidente trajo a la luz pública esta red de influyentísimo y corrupción, lo que agudizó desde 2019 un desabasto que existía desde hace décadas, pero del que los medios de comunicación convencionales no hablaban, el pueblo lo sabe.
Los primeros dos obstáculos, la corrupción y el sabotaje, se han vencido, se rompió el sistema de corrupción establecido que impedía comprar medicamentos de buena calidad y a precios justos. Se modificó la ley para hacer legales las compras en el extranjero.
Así, el pasado 20 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Salud, Dr. Jorge Alcocer Varela, anunciaron la conclusión de un proceso de adquisición de medicamentos que involucró a la Organización de las Naciones Unidas a través de sus agencias: la Oficina de las Naciones Unidas y Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y que sumado a una compra sectorial internacional se logró la adquisición de mil 514 millones de piezas de medicamentos y mil 110 millones que son piezas de material de curación que suman un total de 2 mil 624 millones 768 mil 642 piezas, con una inversión de 76 mil 969 millones de pesos y que tendrá que cumplir con este objetivo presidencial.
Esta acción rompió, reitero, quebró el sistema de corrupción que se había establecido y que impedía contar con medicamentos y medicamentos de buena calidad. Además del abasto, esto ha significado también ahorros importan-tísimos para la hacienda pública por el orden de los 18 mil 919 millones de pesos, que representa cerca del 20% del presupuesto programado de este año para este fin.
En el pasado, en el régimen corrupto, el 80% de la compra de medicamentos se concentraba en diez empresas, en donde la mayoría ni siquiera producían medicamentos, eran meras distribuidoras, intermediarios predilectos en las compras gubernamentales; era un multimillonario negocio de una minoría rapaz, ambiciosos sin escrúpulos que medraban con el dolor humano.
Este nuevo sistema de contratación, tanto en lo que corresponde a Unops como la compra con otros países, que consiste en una comprar multianual, permitirá garantizar la adquisición de medicamentos hasta el 2024 y la compra anunciada tiene vigencia que alcanza hasta a mediados del año próximo.
El tercer gran obstáculo para se cristalice el garantizar que los medicamentos lleguen a la gente, es el “huachicol de medicinas”, es decir la corrupción y robo de medicamentos en alguna etapa de la cadena de suministro por parte de intermediarios, funcionarios o empleados del sector salud, con la finalidad de revenderlos y sacar un usufructo económico indebido. Este delito también llamado “robo hormiga”.
Según la Auditoria Superior de la Federación (ASF), en el sexenio pasado, se documentaron irregularidades cometidas en el sector salud en este rubro por 3 mil 137 millones de pesos. Datos de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm) señalan que el robo de medicamentos y el mercado negro representa entre 13 mil millones de pesos y 30 mil millones de pesos anuales, respectivamente, mientras que la Organización Mundial de Salud (OMS), estima que el 10% de los medicamentos a nivel mundial derivan del mercado ilegal.
Ahora, como lo ha reconocido el propio Presidente, sigue un reto no menos descomunal: mejorar el sistema de distribución interno para que lleguen a todos los hospitales los medicamentos, hasta los centros de salud, unidades médicas ubicadas en los pueblos marginados de la sierra, del semidesierto, de las zonas más apartadas y lo que es toral, central, objeto de este punto de acuerdo solicitado a este parlamento: combatir el robo de medicamentos, el “huachicoleo” de las medicinas, que se encuentra enquistado como un cáncer en la parte de abajo, en la conclusión de la entrega de sus medicinas a quien lo necesita.
Las quejas se multiplican por todo el país. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a todos los trabajadores del sector Salud a cuidar los medicamentos, a denunciar actos de corrupción. “Nada de que ingresa al almacén un lote de medicamentos, se firma y sale de nuevo para el comercio ilegal, para la clandestinidad. Que nos ayuden todos los trabajadores del sector Salud y todos los ciudadanos. Cero corrupción en el manejo de los medicamentos. Nada de que no hay medicina en el hospital, pero sí hay en las farmacias cercanas y hasta recomiendan: ‘Ve ahí, porque ahí la vas a encontrar’.”
Lo lamentable es que este robo, este saqueo, no es denunciado de manera formal por los usuarios ante el temor de represalias. De ahí la urgencia porque se adopte un esquema que permita primero detectar con precisión estos actos ilícitos y segundo combatirlos con las acciones legales y penales correspondientes para erradicar esta práctica que lastima profundamente la integridad, la salud y es una amenaza y ataque contra la vida misma de las personas.
El doctor Jorge Alcocer Varela, reconoció: “falta la última milla, que a veces es la más pesada, la que concluye el proceso del almacén a la farmacia y de la farmacia a las manos de los pacientes.... este proceso que involucra elementos administrativos, legales, científicos, médicos, técnicos, logísticos y financieros, no será útil si no se traduce en el cumplimiento cotidiano del artículo 4º de la Constitución para que los mexicanos y las mexicanas reciban cada día de manera gratuita y oportuna el medicamento que su médico le recetó”.
En suma, como lo ha señalado el presidente López Obrador, el siguiente paso, es mejorar el sistema de distribución interno para llevar los medicamentos hasta los rincones más apartados del país. Por lo que la colaboración del sector salud y de los ciudadanos para a cuidar los medicamentos mediante la denuncia de prácticas ilegales, como robos o actos de corrupción, es esencial para culminar con esta noble misión de garantizar medicamentos gratuitos a todos los mexicanos.
Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobierno de México para que instruya la realización de un plan para combatir el robo de medicamentos en el sistema de salud pública del país con la participación de las dependencias involucradas en el sector salud así como las correspondientes a las áreas de fiscalización, jurídicas y procuración de justicia, entre ellas la Secretaría de la Función Pública, de Seguridad Pública, de Hacienda y Crédito Público, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Fiscalía General de la República, el Servicio de Administración Tributaria y las que tenga a bien considerar el Ejecutivo Federal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de septiembre del 2021.– Diputada Celeste Sánchez Romero (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
SE MODIFIQUE LA POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2, PARA INCLUIR A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 12 A 18 AÑOS
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a modificar la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov-2 para incluir en el esquema a los adolescentes de 12 a 18 años, con la vacuna Pfizer-BioNTech, aprobada por la Cofepris, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que respetuosamente se exhorta a la Secretaría de Salud (SSA) para que se modifique la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la Prevención de la covid-19 en México, para incluir en el esquema de vacunación contra la covid-19 a las niñas, niños y adolescentes de 12 a 18 años de edad, con la vacuna Pfizer-BioNTech, que ha sido aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para tal efecto, y con ello se protejan y se coadyuve a prevenir y erradicar la enfermedad en nuestro país; conforme a los siguientes
Antecedentes
La pandemia y la vacunación
A finales de diciembre del año 2019 se informó oficialmente que una nueva enfermedad estaba extendiéndose rápidamente en la provincia de Wuhan, China: la covid-19, ocasionada por el virus SARS-CoV-2. En pocos días, como es de conocimiento público, los contagios alcanzaron a Europa, África y a América, convirtiéndose en una pandemia.
Durante casi un año, los científicos y diversas farmacéuticas hicieron esfuerzos sobrehumanos para investigar lo suficiente sobre la enfermedad y para desarrollar vacunas que fueran inocuas para el ser humano y que permitieran enfrentar este terrible flagelo que ha cobrado una enorme cantidad de vidas en todo el globo.
Gracias al esfuerzo científico, varias vacunas fueron autorizadas para su uso de emergencia en prácticamente todos los países del orbe, incluido México. En nuestra nación, las vacunas que se han recibido, ya sea por donación o por adquisición, son las comúnmente conocidas como Pfizer-BioNTech; AstraZeneca; Moderna; CanSino, Sputnik V, Sinovac y Jannsen.
Si bien ha habido contratiempos, quejas y muchas oportunidades perdidas para mejorar el proceso, la vacunación ha ido avanzando poco a poco en el país. Conforme ha ido pasando el tiempo cada vez más personas han recibido al menos una dosis de alguna de las vacunas antes mencionadas.
A pesar de que las metas que se han fijado por diversas autoridades federales no han sido cumplidas como se hubiera deseado, estamos en una mejor situación que hace un año, cuando no existían aún las vacunas, lo que da esperanza para enfrentar la enfermedad, así como impulsar la recuperación de la economía y de la vida social con mayor velocidad y seguridad.
Desde mayo, el presidente López Obrador anunció que esperaba que en octubre próximo se concluyera con la vacunación de las personas adultas, para estar listos para enfrentar el invierno con toda la población con al menos una dosis. 1
Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declaró desde julio que el final de la vacunación a personas mayores de 18 años en la ciudad se daría el 12 de octubre de 2021. 2
Estamos muy cerca de llegar a octubre, fecha en la que se nos ha prometido que se concluirá con la vacunación de las personas adultas y, de acuerdo con los reportes de la autoridad, el avance en la vacunación continúa.
De acuerdo con la Secretaría de Salud, 3 desde el inicio de la Estrategia Nacional de Vacunación y hasta el 11 de septiembre de 2021, 60 millones 759 mil 845 personas han recibido al menos una dosis de la vacuna, lo que representa 68 por ciento de avance en personas mayores de 18 años.
De esos 60 millones, 39 millones 70 mil 943 personas, es decir, el 64 por ciento cuenta con esquema completo; mientras que 21 millones 688 mil 902, es decir 36 por ciento son nuevos esquemas.
Con las vacunas aplicadas el día 11 de septiembre, se alcanzó un total de 91 millones 720 mil 391 aplicadas, de las 106 millones 376 mil 715 vacunas que se han recibido en México.
Así se aprecia gráficamente la situación de la vacunación en México actualmente:4
La vacunación de niñas, niños y adolescentes
Si bien en la población adulta ha habido avances, en la población infantil y adolescente estos han sido nulos, pues tanto el presidente de la República como el subsecretario de la Ssa, Hugo López-Gatell, han manifestado su negativa a iniciar un proceso de vacunación a niñas, niños y adolescentes. 5
Esto niega flagrantemente y sin motivo, el derecho a la salud de millones de niñas, niños y adolescentes que tienen tanta necesidad de la vacuna y tanto derecho para obtenerla, como cualquier persona adulta.
Esta negativa ocasionó que cientos de padres y madres promovieran demandas de amparo en contra de la negativa a vacunar a sus menores hijos.
La negativa antes mencionada se basa en lo que establece la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la Prevención de la covid-19 en México, que a la letra establece:
“La estrategia de contención de defunciones propone una priorización de grupos poblacionales a vacunar, basada en las características asociadas con un mayor riesgo de morir por covid-19. Para definir los criterios, se realizó un análisis de mortalidad basado en los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que considera características individuales, así como con indicadores de pobreza, desigualdad e informalidad laboral con un nivel de desagregación hasta el municipio de residencia de las personas afectadas.
Ninguna vacuna será aplicada a personas menores de 16 años hasta que se cuente con la suficiente evidencia de seguridad en esta población; actualmente ningún ensayo clínico ha incluido a menores de 16 años.” 6
Ante esta negativa absoluta dictada desde la Política Nacional de Vacunación, es evidente que existe una clara violación de derechos humanos en agravio de niñas, niños y adolescentes, en especial, en cuanto al derecho al acceso a la salud se trata, pues, incluso, su motivación es incorrecta, toda vez que sí existen ensayos clínicos en diversos países que han demostrado la inocuidad de las vacunas en personas de 12 a 18 años y, por ello, una gran cantidad de países, incluyendo a los Estados Unidos de América.
En dicho país, los CDC (Centros de Control y la Prevención de Enfermedades) recomiendan la vacunación de personas de más de 12 años de edad, tal como se aprecia a continuación:
“Los CDC recomiendan que todas las personas de 12 años de edad o más se vacunen contra el covid-19 para protegerse y ayudar a proteger contra el covid-19. La vacunación a una proporción grande de la población es una herramienta fundamental para detener la pandemia. Las personas que están totalmente vacunadas pueden reanudar actividades que solían hacer antes de la pandemia. Obtenga más información sobre lo que usted y su hijo o adolescente pueden hacer una vez que estén totalmente vacunados. Los niños de 12 años de edad o más puede recibir la vacuna contra el covid-19 de Pfizer-BioNTech.” 7
Esto contrastas frente a la negativa absoluta que ha sostenido el gobierno de México sobre la vacunación a menores de edad y, por ello, cientos de demandas de amparo han sido promovidas en todo el territorio nacional.
Pero parece haber un giro en este tema, pues el subsecretario López-Gatell, en entrevista a diversos diarios de circulación nacional y, luego, el 14 de septiembre, en la conferencia mañanera del presidente de la República, admitió que se vacunará a un millón de niños y adolescentes de 12 a 17 años que tienen factores de riesgo para presentar cuadros graves e incluso de morir por covid-19, al declarar lo siguiente:
“Tenemos identificados a un millón de personas de 12 a 17 años con cáncer (leucemia, linfoma, tumores sólidos), insuficiencia renal o hepática, VIH/sida con trasplante de órganos, enfermedades congénitas y otras que disminuyen el sistema inmunológico” 8
Pero este millón de menores que accederían a las vacunas no alcanza para inmunizar a los más de 13 millones de niñas, niños y adolescentes que habitan en México, por lo que es urgente que la Política Nacional de Vacunación se modifique y se permita la vacunación a esta población de 12 a 18 años, con la vacuna Pfizer-BioNTech, que ha sido aprobada por la Cofepris para tal efecto.
Por tal motivo, esta proposición con punto de acuerdo propone exhortar a la SSA para que se modifique la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la Prevención de la covid-19 en México, para incluir en el esquema de vacunación contra la covid-19, a las niñas, niños y adolescentes de 12 a 18 años de edad, con la vacuna Pfizer-BioNTech, que ha sido aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para tal efecto, y con ello se protejan y se coadyuve a prevenir y erradicar la enfermedad en nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario, de urgente resolución, a consideración de esta soberanía, con el siguiente
Punto de acuerdo
Único. El pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, se modifique la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la Prevención de la covid-19 en México, para incluir en el esquema de vacunación contra la covid-19, a las niñas, niños y adolescentes de 12 a 18 años de edad, con la vacuna Pfizer-BioNTech, que ha sido aprobada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para tal efecto, y con ello se protejan y se coadyuve a prevenir y erradicar la enfermedad en nuestro país.
Notas
1 AMLO prevé que en octubre concluirá la vacunación contra el covid-19 en México. El Economista, disponible en
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-preve-que-en-octub re-concluira-la-vacunacion-contra-el-covid-19-en-Mexico-20210518-0036.html
2 CDMX se ‘pone’ como fecha el 12 de octubre para terminar vacunación covid. El Financiero. Disponible en
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2021/07/23/cdmx-se-pone-com o-fecha-el-12-de-octubre-para-terminar-vacunacion-covid/
3 Comunicado 385, de 12 de septiembre de 2021: En México, 68% de la población adulta cuenta con al menos una dosis contra covid-19. Secretaría de Salud. Disponible en
https://www.gob.mx/salud/prensa/385-en-mexico-68-de-la-poblacion -adulta-cuenta-con-al-menos-una-dosis-contra-covid-19
4 Fuente: Our World in Data.
5 AMLO dice que no comprará vacunas covid para niños hasta que se analice si las requieren. Animal Político. Disponible en
https://www.animalpolitico.com/2021/07/amlo-vacunas-ninos-covid- farmaceuticas-negocio/
6 Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2, para la Prevención de la covid-19 en México. Documento Rector, versión 6.0, 11 de mayo de 2021. Secretaría de Salud, páginas 25 y 26. Disponible en
http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/documentos-de-consulta/
7 Vacunas contra el covid-19 para niños y adolescentes. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Gobierno de los Estados Unidos de América. Disponible en
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommen dations/adolescents.html
8 López-Gatell corrige sobre vacunas a menores y ofrece 1 millón de dosis. Expansión Política. Disponible en
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/09/13/lopez-gatell-cor rige-sobre-vacunas-a-menores-y-ofrece-1-millon-de-dosis
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 21 de septiembre de 2021.– Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
COMISIÓN ESPECIAL PARA INFORMAR SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS OBRAS DEL TREN MAYA Y EL CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC
«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se solicita la creación de una comisión especial de atención y seguimiento para informar sobre los trabajos realizados en las obras del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, a cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Eufrosina Cruz Mendoza, diputada federal de la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, como urgente y obvia resolución, la proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita la creación de una Comisión Especial de atención y seguimiento para informar sobre los trabajos realizados en las obras del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, al tenor de las siguientes
Consideraciones
“El Tren Maya es un proyecto para mejorar la calidad de vida de las personas, cuidar el medio ambiente y detonar el desarrollo sustentable”, 1 y “el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es uno de los proyectos estratégicos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.” 2 La integración del corredor económico catalizará las inversiones públicas y privadas a través de la implementación de infraestructura urbana, social y productiva.” 3
Como se ha mencionado, estos son dos proyectos con muchas ambiciones de “desarrollo económico”, no obstante, se desconoce de diversas situaciones que acontecen detrás de estos proyectos. Tal como lo manifiesta el periódico La Jornada: “Durante varios sexenios gubernamentales, poderosos intereses económicos y políticos han tratado de venderle a la opinión pública las innumerables ventajas de construir un corredor transístmico para comunicar al Golfo de México con el Océano Pacífico: un canal de Panamá de la modernidad y la globalización. Con éste, los beneficios que recibiría el sureste del país serían incontables.” 4
“En un libro ya clásico y que sigue vigente: Geopolítica y desarrollo en el istmo de Tehuantepec, editado por el Centro de Ecología y Desarrollo, Cecodes, Alejandro Toledo Ocampo resumió por qué los repetidos intentos imperiales por apoderarse de tan importante región del país:
• Alto potencial de sus numerosas corrientes fluviales;
• Ricas reservas de hidrocarburos;
• Extensas planicies de inundación;
• Vastos recursos pesqueros y forestales;
• Ubicación estratégica respecto a los mercados externos;
• Sociedades rurales tradicionales con evidentes muestras de pobreza y marginación.
También ilustró cómo la historia reciente del istmo es la expresión clara de que el “desarrollo” que preconizan los modernizadores de ayer y de hoy conduce a dañar preciados ecosistemas. Y algo no menos grave: a alterar y destruir hasta sus raíces las estructuras comunitarias y culturales de las poblaciones que por sus conocimientos, manejo racional del medio y comprensión de la naturaleza, asombraron a los conquistadores españoles y a quienes, más recientemente, han estudiado tan vasto territorio y a sus pobladores.
Abundan las pruebas que muestran cómo la concepción tecnocrática vigente desde hace años en México ignora los problemas de la gente, de las comunidades y de la cultura que desde hace siglos forman la base de la organización de los grupos humanos del sureste. En cambio, aparece lo peor de la civilización del petróleo. No solamente se trata de los hidrocarburos sino de ecosistemas de incalculable valor que son destruidos o alterados: planicies costeras, pantanos, lagunas, ríos y estuarios. O las selvas tropicales húmedas como las de Uxpanapa y Chimalapa.” 5
En el istmo de Tehuantepec convergen ecosistemas terrestres y marinos de gran importancia por su diversidad biológica y por los beneficios ambientales que generan. En el istmo central se localizan las sierras Mixe y de los Chimalapas, separadas por el corredor natural de baja altura sobre el nivel del mar, que conecta las planicies costeras del Golfo de México y el golfo de Tehuantepec.
El “desarrollo” dado en el istmo en las últimas seis décadas consiste en la acelerada explotación de mantos petroleros y azufreros; el aumento de la capacidad de refinación del crudo; el establecimiento de cinco grandes complejos petroquímicos; la instalación y operación de un complejo sistema de transportes; oleoductos, gasoductos y combustoleoductos; el crecimiento de la zona urbana y corredor industrial Coatzacoalcos-Minatitlán.
Todo lo expuesto anteriormente ha generado impactos ambientales muy severos reflejados en la devastación de decenas de miles de hectáreas de selvas tropicales húmedas y más del 80 por ciento de los ecosistemas de humedales en el delta del río Coatzacoalcos. Más la contaminación del aire, suelo y, sobre todo, de los cuerpos de agua alterándose la calidad para el consumo humano y la macrofauna acuática del río Coatzacoalcos. Ocurre lo mismo en el río Tonalá, en la laguna del Ostión y en las aguas del litoral del istmo norte, con fuertes descargas bacterianas y microbianas en general, de hidrocarburos y de metales pesados.
Esta situación crítica ha llevado a los especialistas que han estudiado la zona a declarar la región Coatzacoalcos-Minatitlán-Cosoleacaque-Cangrejeras como la de mayor contaminación de agua, suelo y aire de todo el país y a declarar al tramo final del río Coatzacoalcos, un río “muerto”. 6
Por otra parte, “Varias organizaciones ambientalistas, especialistas y ciudadanos aglutinados en el colectivo Articulación Yucatán enviaron una carta a autoridades federales y estatales sobre los impactos del proyecto Tren Maya al acuífero de Yucatán y en particular a la ciudad de Mérida.
El colectivo señala en la misiva su preocupación por la deficiencia en el análisis de los impactos sociales y ambientales del Tren Maya en la península de Yucatán.” 7
Lo antes mencionado definitivamente nos lleva a recapitular lo acontecido con los amparos que el Tren Maya tiene en su contra, tal como lo expone el periódico El Economista: “El segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador puntualiza que hasta el momento el Tren Maya suma seis amparos en su contra, de los cuales algunos tienen suspensión provisional, sin que ello impida la continuidad de las obras.
Otra suspensión definitiva fue concedida a un grupo de personas pertenecientes al pueblo Ch’ol, de las comunidades de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, quienes se ampararon desde el pasado 7 de mayo “en contra del presidente de la República, del secretario de Salud federal y del director general Fonatur”, argumentando violaciones a su derecho a la salud, así como afectaciones ambientales y a sus derechos como comunidades indígenas.
La juez a cargo del caso argumentó que continuar con los trabajos del Tren Maya durante el confinamiento por la pandemia de covid-19 ponía en riesgo la salud de las comunidades ch’ol de los referidos municipios, así como sus derechos a un medio ambiente sano.” 8
De igual modo en este año 2021 se han concedió suspensiones definitivas en contra del Tren Maya, tal como se observa en el portal de internet de Aristegui Noticias en el cual plasma lo siguiente: “Por considerar que existe una incertidumbre sobre el verdadero impacto del proyecto denominado Tren Maya, la Juez Cuarta de Distrito en el estado de Yucatán determinó conceder tres suspensiones definitivas como resultado de tres amparos presentados por dos asociaciones civiles.
Para conceder la suspensión definitiva la juzgadora sostuvo que en el caso cobra aplicación el “principio de precaución, reconocido en el artículo 15 de la Convención de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que opera como pauta interpretativa ante las limitaciones de la ciencia para establecer con absoluta certeza los riesgos a los que se enfrenta la naturaleza, y que, en relación con la administración pública, implica el deber de advertir, regular, controlar, vigilar o restringir ciertas actividades que son riesgosas para el medio ambiente.” 9
En ese sentido, es necesario que nuestro gobierno cumpla con las expectativas de los ciudadanos de nuestro territorio mexicano y en la medida transparentar todo acto realizado el cual será indispensable, ya que ésta es, simultáneamente, garantía de vida democrática, así como de eficiencia y eficacia de la gestión del gobierno.
Debido a ello y a lo que acontece con las obras de Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, es importante aplicar y hacer efectivo lo establecido en el artículo 1 y 2 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tal como lo plasmo a continuación:
Artículo 1. La presente ley es de orden público y de observancia general en toda la República, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información.
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios.
Artículo 2. Son objetivos de esta ley:
I. Distribuir competencias entre los organismos garantes de la federación y las entidades federativas, en materia de transparencia y acceso a la información;
II. Establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información;
III. Establecer procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho de acceso a la información, mediante procedimientos sencillos y expeditos;
IV. Regular los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de los organismos garantes;
V. Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente;
VI. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes;
VII. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, económicas y culturales de cada región;
VIII. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la consolidación de la democracia; y
IX. Establecer los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan.
Es necesario que el gobierno sea transparente en sus actos y decisiones para crear así un ambiente de democracia y libertades. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.
En definitiva, ambos proyectos tienen demasiadas inconsistencias y dudas al respecto, tal como lo mencionan los diversos medios de comunicación y los órganos jurisdiccionales. Es por ello por lo que es necesario y urgente la creación de una Comisión Especial de atención y seguimiento para informar sobre los trabajos realizados en las obras del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Por lo anterior expuesto, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno, como urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se solicita, en términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la creación de una Comisión Especial de atención y seguimiento para informar sobre los trabajos realizados en las obras del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Notas
1 https://www.trenmaya.gob.mx/
2 https://www.o-ru.mx/corredor-interocenico-istmo-de-tehuantepec
3 https://www.o-ru.mx/corredor-interocenico-istmo-de-tehuantepec
4 https://ecologica.jornada.com.mx/2021/03/14/el-corredor-interoceani-co-un-ecoci dio-irreversible-2545.html
5 https://ecologica.jornada.com.mx/2021/03/14/el-corredor-interoceani-co-un-ecoci dio-irreversible-2545.html
6 https://microadmin.jornada.com.mx/ecologica/2021/03/14/los-impac-tos-ambientale s-del-corredor-interoceanico-5401.html
7 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Colectivo-alerta-sobre-impactos-negativ os-del-Tren-Maya-en-la-peninsula-de-Yucatan-20210408-0092.html
8 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Tren-Maya-suma-seis-am-paros-en-su-cont ra-20200902-0093.html
9 https://aristeguinoticias.com/1703/mexico/concede-juez-tres-suspen-siones-defin itivas-en-contra-del-tren-maya/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 21 de septiembre de 2021.– Diputada Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica).»
Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.
DECLARATORIA DE EMERGENCIA Y RECURSOS PARA ATENDER A LAS VÍCTIMAS Y APOYAR A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL DESGAJAMIENTO DEL CERRO DEL CHIQUIHUITE EN TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SSPC a emitir de manera urgente la declaratoria de emergencia respecto a Tlalnepantla de Baz, México, y liberar recursos del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales que permitan atender a las víctimas y apoyar a los afectadas por el desgajamiento del Cerro del Chiquihuite, a cargo de la diputada Marisela Garduño Garduño, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Marisela Garduño Garduño, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguientes
Consideraciones
La tarde del viernes 10 de septiembre de 2021, alrededor de la una y media de la tarde, hubo un derrumbe en el cerro del Chiquihuite. El alud sepulto varias viviendas en la Calle Club Exportadores de Chimalhuacán, en la colonia Lázaro Cárdenas Tercera Sección, en el Municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México, lo que ocasionó un saldo de una persona fallecida, un herido y 10 desaparecidos.
Pobladores y autoridades locales fueron los primeros en llegar e iniciar los trabajos de remoción de escombros para agilizar el auxilio de las personas afectadas por el desgajamiento del cerro.
En el lugar del siniestro laboran de manera conjunta elementos de los tres órdenes de Gobierno como el Ejército, la Guardia Nacional, Brigada de Rescate Topos, Protección Civil estatal y municipal, Bomberos Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza, Base Fénix, Cruz Roja, equipo USAR Ciudad de México, Secretaría de Seguridad del Estado de México, para apoyar y agilizar los trabajos de aseguramiento del cerro para evitar más derrumbes y de remoción de material para localizar posibles personas afectadas.
Autoridades señalan que al menos 126 viviendas deben ser desalojadas de sus hogares por el alto riego que existe en esta zona. Por ello, el municipio de Tlalnepantla habilitó albergues temporales para las familias afectadas en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, calle Club Excursionistas Tzinantécatl esquina calle Montañistas de México, colonia Lázaro Cárdenas Primera Sección; el Comedor Comunitario El Puerto, en avenida del Puerto, esquina Jesús García, colonia El Puerto; el Deportivo Caracoles: calle Uruapan número 3, colonia Constitución de 1917; Albergue 4: Salón Kamakiri, calle Club Sierra 3990, Colonia Lázaro Cárdenas, Primera Sección; y Nuestra Señora del Carmen, calle Guardianes de la Montaña esquina con calle Excursionistas 13, en la colonia Lázaro Cárdenas.
Dada la magnitud de esta tragedia, con el fin de apoyar a las familias que han sido desalojados ya que sus viviendas se encuentran en riesgo por el derrumbe en el Cerro del Chiquihuite; así como brindar apoyos a las personas heridas y a los familiares de la persona que perdió la vida, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a emitir de manera urgente la declaratoria de emergencia para el municipio de Tlalnepantla de Baz en el Estado de México, así como a liberar los recursos necesarios del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales que permitan atender a las víctimas y apoyar a las familias afectadas por el desgajamiento del Cerro del Chiquihuite.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del gobierno municipal de Tlalnepantla de Báez y al titular del Poder Ejecutivo del gobierno del estado de México a que conforme a sus atribuciones les den una pronta y eficaz respuesta a todas y todos los ciudadanos desalojados de su propiedad, así como a los que desafortunadamente perdieron esta, derivado al desgajamiento del Cerro del Chiquihuite, el pasado viernes 10 de septiembre del año en curso.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 21 días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno.– Diputada Marisela Garduño Garduño (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.
SE INVESTIGUE LA POSIBLE VIOLACIÓN DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES, DURANTE LA CEREMONIA CÍVICA EN EL CONSULADO DE MÉXICO EN ESTAMBUL, TURQUÍA
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a investigar la posible violación de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales durante la ceremonia cívica en el Consulado de México en Estambul, Turquía, y en diferentes entidades federativas, a cargo del diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, del Grupo Parlamentario del PRD
Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6 numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
I. Consideraciones
1. El inicio de la Independencia se ubica durante la madrugada del 16 de septiembre de 1810, mediante el llamado al levantamiento armado por el Cura Miguel Hidalgo y Costilla e Ignacio Allende en Dolores Hidalgo, Guanajuato.
2. Este festejo tiene su registro histórico a partir del 16 de septiembre de 1812, donde Ignacio López Rayón celebró en el estado de Hidalgo este memorable grito de libertad.
3. Al año siguiente, José María Morelos y Pavón incluyó en su tratado Sentimientos de la Nación, una solicitud para conmemorar el inicio de este movimiento independentista y para dar reconocimiento a sus iniciadores.
4. El Grito de Independencia es una ceremonia cívica con connotación simbólica e histórica, que podría ser una de las más emblemáticas en México. Para las y los mexicanos, no es un día cualquiera, es el inicio de la conformación de nuestro país como una nación independiente.
5. Sin embargo, pese a lo anterior, el presidente municipal en Ensenada, Baja California, la alcaldesa de Iztapalapa, Ciudad de México, la nueva gobernadora de Campeche y la Cónsul de Estambul, en la celebración del aniversario de la Inde-pendencia, en su arenga mencionaron al actual presidente de México.
6. Tener mayoría en un sexenio, no equivale a ser parte de la historia y mucho menos se equipara a los héroes que nos dieron patria y libertad a las mexicanas y los mexicanos.
7. La fiesta más patriótica que se celebra en nuestro país, así como en representaciones de México en el extranjero, no se puede ver desdibujada por el culto a la personalidad de un individuo. No se debe permitir que se banalice algo tan simbólico como es el grito de independencia. Lo que hicieron los servidores públicos antes referidos no representa el sentir de las mexicanas y los mexicanos.
8. Como servidora o servidor público, especialmente como representante de México en el extranjero, uno de los actos de mayor privilegio es dar el grito de independencia, por lo que es de cuestionarse el papel desempeñado por la Cónsul en Estambul, Turquía. El grito de independencia es nacional, no es exclusivo de ningún partido político, es lo que nos identifica como mexicanas y mexicanos, no sólo en territorio nacional, sino también en el extranjero. Independientemente de si nos referimos a una Cónsul de carrera o general, si tomó o no protesta ante el Senado de la República, su obligación es conducirse con imparcialidad. Además de lo anterior, lamentablemente cuando pronunciaba su arenga en el Consulado, no evitó que la Bandera tocara el piso.
9. Asimismo, el artículo 41 del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, estable que:
“Artículo 41. Quienes conforme a la ley y al presente Reglamento ingresen al Servicio Exterior de carrera deberán rendir protesta de lealtad y servicio ante el secretario, así como conducir su actuación con apego a la legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia.”
10. Cabe señalar, que, en septiembre de 2019, cuando soldados intentaban bajar la Bandera Nacional del asta que se encuentra en el Zócalo de la Ciudad de México, fue apoyado por un grupo de civiles que lucharon contra el viento para poder realizar esta labor. Tan importante es nuestro símbolo patrio, que las ciudadanas y ciudadanos lo aprendemos desde la escuela.
11. Por otra parte, cuando la Bandera de México en ceremonias especiales saludará a otra bandera nacional o extranjera, no debe tocar el suelo. Lo anterior se encuentra establecido en el artículo 13 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera e Himno Nacionales, que a la letra dice:
Artículo 13. La Bandera Nacional saludará, mediante ligera inclinación , sin tocar el suelo, solamente a otra bandera, nacional o extranjera; en ceremonia especial, a los restos o símbolos de los héroes de la patria; y para corresponder el saludo del presidente de la República o de un jefe de Estado extranjero en caso de reciprocidad internacional. Fuera de estos casos, no saludará a personas o símbolo alguno.
Si la ley vela por cuidar de los símbolos patrios, ¿no tiene mayor responsabilidad quien ostenta un cargo en el extranjero de hacer lo mismo? Somos respetuosos de la libertad de expresión, pero no a costa de violentar nuestros símbolos patrios.
Por lo expuesto y legalmente fundado, solicitamos atentamente se apruebe la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a hacer del conocimiento público sobre la posible violación de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, así como por los hechos ocurridos durante la ceremonia cívica en el Consulado de México en Estambul, Turquía, así como en diferentes entidades federativas.
Segundo. Se proceda conforme a la ley en la materia.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 21 de septiembre de 2021.– Diputado Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
EXHORTO A INICIAR LA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 ENTRE LOS NIÑOS DE 12 AÑOS Y MÁS
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a iniciar con la Ssa la vacunación contra el covid-19 entre los niños de 12 años y más para prevenir y disminuir los contagios en el país, a cargo del diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado federal Marco Antonio Mendoza Bustamante, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones II y III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 11 de marzo de 2020 al covid-19 como pandemia y como emergencia de salud pública de interés global, emitiendo una serie de recomendaciones para su control y atención.
Dicho organismo menciona que la enfermedad por coronavirus covid-19 es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. La mayoría de las personas infectadas con el virus experimentarán una enfermedad respiratoria grave y requerirán atención médica. Las personas mayores con enfermedades como la diabetes, cardio-vasculares, respiratorias crónicas o cáncer tienen más probabilidades de desarrollar de enfermarse gravemente, es decir, fallecer a cualquier edad. 1
Dicho organismo menciona que el virus se propaga desde la boca o la nariz de una persona infectada en pequeñas partículas líquidas cuando tose, estornuda, habla, canta o respira. Estas partículas varían desde gotas respiratorias más grandes hasta aerosoles más pequeños.
Lamentablemente la pandemia del covid-19 ha impactado a millones de vidas y ha afectado gravemente a todos los sectores poblacionales principalmente a los más vulnerables.
Para dimensionar la magnitud de esta grave problemática, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través del informe: Estadísticas Sanitarias Mundiales 2021,se estima que el número real de muertes por coronavirus son 2 o 3 veces superior a los 3.4 millones de fallecimientos notificados actualmente, es decir, podrían estar entre los 6.8 y los 10 millones a nivel mundial. 2
La organización destaca que la pandemia de covid-19 supone una importante amenaza para la salud y el bienestar de la población a nivel mundial y dificulta los avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, principalmente.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) describe que para los niños a medida que avanza la pandemia y demuestra que, si bien los síntomas entre los menores infectados siguen siendo leves, las infecciones están aumentando y el impacto a largo plazo en la educación, la nutrición y el bienestar de toda una generación de niños y jóvenes puede alterar la vida. 3
En este mismo sentido, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) señala que en 87 países los niños y adolescentes menores de 20 años representaban una de cada nueve infecciones por covid-19, o el 11 por ciento de los 25.7 millones de infecciones notificadas por estos países. 4
Cabe mencionar que, de acuerdo con medios internacionales, el pasado 5 de mayo de 2021, Canadá declaró el uso de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el covid-19 a partir de los 12 años, convirtiéndose en el primer país para personas tan jóvenes. 5
En este mismo orden de ideas, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos mediante una declaración amplió la autorización el uso de emergencia de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer en niños de 12 años a 15 años de edad. Con esta acción, Estados Unidos de América se convirtió en avalar la vacuna anti covid de Pfizer y BioNTech en adolescentes. 6
Según reportes internacionales, al menos seis países europeos han autorizado la inoculación para los menores, la cual ya fue recomendada por el Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización del Reino Unido como por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. 7
Igualmente, tan solo en el mes de junio, Francia declaró la vacunación para los menores de 12 a 17 años. Hasta el momento, alrededor del 40 por ciento de los jóvenes han recibido al menos una inyección.
Para los países de América Latina según datos periodísticos, Uruguay fue el primer país en iniciar a inocular a menores de entre 12 y 17 años con la vacuna Pfizer a comienzos de junio. Chile, al igual que Uruguay también tiene una de las mayores tasas de vacunación del mundo. 8
Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana también iniciaron a vacunar a niños con comorbilidades a partir de los 12 años, entre junio y julio.
Para el caso de México, sin duda, no existe esfuerzo para atender esta grave problemática. Para ponderar esta situación, de acuerdo con la Secretaría de Salud al corte del 13 de enero de 2021, se registraron un total de 136 mil 917 defunciones confirmadas por el covid-19 y una tasa de letalidad del 8 por ciento a nivel nacional. 9
Y según cifras de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), hasta el 22 de agosto de 2021, hay un aproximado de 156 mil 990 contagios acumulados de SARS-CoV-2 confirmados y asociados en menores de edad. 10
En tanto que en medios periodísticos se han evidenciado el aumento de casos entre este sector poblacional, tan solo en la Ciudad de México, se triplicaron los casos, al pasar de cuatro a 17 en un mes, del 11 de julio al 13 de agosto de 2021.
En este tenor, la titular de la Secretaría de Salud capitalina reportaba sólo cuatro casos en hospitales, pero, para el 1 de agosto ya eran 12, y para el 13 el registro se elevó a 17 menores internados de este año, en medio de una creciente alerta e incertidumbre entre los familiares. 11
El manejo de la pandemia en nuestro país continúa siendo un caos y ha provocado que aumenten los contagios de manera sostenida, no existiendo ninguna prioridad para las niñas, niños y adolescentes de 12 años y más.
A pesar de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha dictaminado procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años. 12
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que en a través de un ensayo de fase III en el que se incluyó a niños de 12 a 15 años, se examinó que la vacuna era muy eficaz y bastante segura en este grupo de edad.
La OMS menciona que, probablemente, los adolescentes, sobre todo los de más edad, transmiten el SARS-CoV-2 igual que los adultos. Por lo que recomienda que los países administren la vacuna a los niños de 12 a 15 años. Por lo que se debe ofrecer la vacunación, junto con los otros grupos de riesgo elevado, que presenten enfermedades concurrentes que aumenten significativamente el riesgo de sufrir síntomas graves de covid-19. 13
Sin duda, la vacunación constituye uno de los elementos medulares para la protección contra las enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas, pues activa las defensas naturales del organismo para que resistan infecciones específicas y fortalezcan el sistema inmunitario.
La vacuna contra el covid-19 permite reducir el riesgo de enfermar de forma grave y mejor protegido. No se alcanzará la inmunidad al 100 por ciento, sin embargo, las consecuencias en el organismo son menores. Los principales beneficios son: seguras y efectivas, protege a las personas que lo rodean y una forma de desarrollar la inmunidad.
La vacunación también es una herramienta fundamental para detener la pandemia. Las personas que están totalmente vacunadas pueden reanudar actividades que solían hacer antes de la pandemia.
De allí la trascendencia del punto de acuerdo, por el que se solicita de manera urgente al titular del Ejecutivo Federal para que, en coordinación con la Secretaría de Salud, inicien la vacunación contra el covid-19 entre los niños de 12 años y más, con el propósito de prevenir y disminuir los contagios en el país.
Es urgente que el Estado mexicano, asuma su responsa-bilidad y garantice la seguridad y bienestar del Interés Superior de la Niñez estipulado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Y en el artículo 4 fracción Novena de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como dice a la letra:
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 14
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que en coordinación con la Secretaría de Salud y en el ámbito de sus atribuciones, inicien de manera urgente la vacunación contra el covid-19 entre los niños de 12 años y más, con el propósito de prevenir y disminuir los contagios en todo el país.
Notas
1 Organización Mundial de la Salud (OMS) (2021) Enfermedad por coronavirus (covid-19). Sitio web:
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
2 Organización de las Naciones Unidas (2021), Estadísticas Sanitarias Mundiales 2021. ONU. Sitio web:
https://news.un.org/es/story/2021/05/1492332
3 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2020). El covid-19 sí afecta a los niños y la pandemia puede dejar una “generación perdida”. Sitio web:
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484262
4 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2020). El covid-19 sí afecta a los niños y la pandemia puede dejar una “generación perdida”. Sitio web:
https://news.un.org/es/story/2020/11/1484262
5 Expansión (2021). Vacunar a los niños contra el covid-19 en los países ricos puede traer problemas. Sitio web:
https://expansion.mx/mundo/2021/05/06/vacunar-a-los-ninos-contra -el-covid-19-en-los-paises-ricos-puede-traer-problemas
6 CNN, Español (2021) La FDA autoriza la vacuna de Pfizer para menores de 12 a 15 años: Sitio web:
https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/10/la-fda-autoriza-la-vacuna- de-pfizer-para-menores-de-12-a-15-anos/
7 AP NEMS (2021). Reino Unido listo para vacunar a jóvenes de 12 a 15 años. Sitio web:
https://apnews.com/article/4e39f8985ba5e65b11fd34ff03441e3f
8 Qué países están vacunando a niños contra la covid-19 y por qué (y cuáles son los de América Latina). Sitio web:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-58590941
9 Versión estenográfica. Conferencia de prensa. Informe diario sobre coronavirus covid-19 en México (2021). Sitio web:
https://www.gob.mx/salud/prensa/version-estenografica-conferenci a-de-prensa-informe-diario-sobre-coronavirus-covid-19-en-mexico-261235?idiom=es
10 Reportan pico de contagios de covid-19 en niños (2021). Sitio web:
https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/r eportan-pico-de-contagios-de-covid-19-en-ninos/ar2250325
11 Los niños mexicanos no están a salvo del covid: han hospitalizado a 8,491. Sitio web:
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/16/en-mexico-ha n-hospitalizado-a-8491-menores-a-causa-del-covid/
12 La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (2021). COFEPRIS emite modificación a la autorización para uso de emergencia de vacuna Pfizer-Biontech; permitirá aplicación a partir de 12 Años. Sitio web:
https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-emite-modificacio n-a-la-autorizacion-para-uso-de-emergencia-de-vacuna-pfizer-biontech-permitira- aplicacion-a-partir-de-12-anos?idiom=es
13 Lo que debe saber sobre la vacuna BNT162b2 de Pfizer-BioNTech contra la covid-19. Sitio web:
https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/who-can- take-the-pfizer-biontech-covid-19–vaccine
14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sitio web:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 21 de septiembre de 2021.– Diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.
ESQUEMA DE EXENCIÓN O TARIFA ESPECIAL EN EL COBRO DE PEAJE DE LAS CARRETERAS MÉXICO-PIRÁMIDES Y PEÑÓN-TEXCOCO
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT a implantar con Capufe un esquema de exención de peaje o tarifa especial en las carreteras México-Pirámides y Peñón-Texcoco para beneficiar a la población de los respectivos municipios, a cargo del diputado Francisco Favela Peñuñuri, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, diputado federal Francisco Favela Peñuñuri, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de está soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Consideraciones
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 tiene como propósito el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo de México, a través del bienestar general de la población, para lo cual precisa que, entre otros aspectos, “el sector público fomentará la creación de empleos, mediante programas sectoriales, proyectos regionales y obras de infraestructura” para “que todos los habitantes del país tengan las oportunidades que exige el ser humano para gozar de una vida digna y que disminuyan en México las enormes diferencias que nos agobian”. 1
Para contribuir y alcanzar tal objetivo, en su más reciente informe de labores, el Gobierno Federal señala que se hizo un “reordenamiento de labores de la Secretaría de Comuni-caciones y Transportes (SCT), para que los beneficios que conllevan las vías de comunicación terrestres, aéreas, marítimas, férreas, así como las telecomunicaciones y el Internet puedan llegar a todas y todos los mexicanos, en especial a los menos favorecidos”. 2
Así mismo, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), establece como uno de sus objetivos prioritarios “contribuir al bienestar social mediante la construcción, modernización y conservación de infraes-tructura carretera accesible, segura, eficiente y sostenible, que conecte a las personas de cualquier condición, con visión de desarrollo regional e intermodal”.
A esto último contribuyen las obras y proyectos de infraestructura, sin embargo es necesario prestar atención especial, pues si bien contar con infraestructura carretera es primordial en el desarrollo de toda sociedad, de su comercio, turismo, economía y vida cotidiana, progreso en vano resulta cuando se cuenta con vías de comunicación y de transporte que al final no le es posible costear a la gran mayoría de población o a la menos favorecida, lo que pone en cuestión los aspectos de accesibilidad y de personas de cualquier condición mencionados en dicho objetivo del programa, pues gran número de población no tiene el ingreso suficiente para cubrir el pago de peaje de autopistas que en algunos casos incluso es la única vía para llegar a otras urbes o centros económicos.
México cuenta con una superficie territorial de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, y una población que supera los 112 millones de habitantes, la mayor parte de su población se desplaza a través de la infraestructura carretera del país, siendo el transporte carretero y vehicular el principal medio de comunicación para los ciudadanos; a través de esta movilidad se detonan actividades que generan desarrollo comercial, industrial, tecnológico, financiero, se mejora la distribución oportuna de bienes y servicios, se promueve la cultura y el turismo en beneficio de nuestra nación.
Para transitar y trasladarse por el territorio nacional, se requiere necesariamente la utilización de vehículos de motor o medios de trasporte que faciliten el desplazamiento, aunado a una red de carreteras cuya infraestructura otorgue garantías de accesibilidad, equipamiento, diseño, protección y seguridad para los ciudadanos.
En datos del Instituto Mexicano del Transporte, la Red Nacional de Caminos de nuestro país tiene una longitud por encima de los 780 mil kilómetros (contempla pavimentados y sin pavimentar), y el Programa Sectorial de SCT precisa que 51,197 kilómetros corresponden a la Red Carretera Federal conformada por 40,583 kilómetros de carreteras federales libres de peaje con 9,167 puentes, y 10,767 de cuota con 1,261 plazas de cobro. 3
Por sus características, las carreteras de peaje o de altas espe-cificaciones se concesionan para su explotación, conser-vación y mantenimiento, a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), así como a los gobiernos estatales o a particulares; mientras que el Gobierno Federal asume la responsabilidad de las carreteras de medias especificaciones y los gobiernos estatales o municipales de aquellas de bajas especificaciones. 4
Capufe es el organismo descentralizado que administra, opera y conserva una red de caminos y puentes de cuota, bajo las modalidades de red propia, red contratada y red correspondiente al Fondo Nacional de Infraestructura; cuya presencia institucional representa el 35% de la Red Nacional de Autopistas y el 60% de la Red Nacional de Puentes en todo el país, conforme lo señala en su informe de labores la SCT.
Todo lo anterior se puede encontrar también integrado en el Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2018-2024, que tiene los objetivos siguientes:
• Lograr el desarrollo regional y el ordenamiento territorial de la nación, con visión de largo plazo.
• Transitar hacia una red intermodal de comunicaciones y transportes integral, eficiente, sustentable, segura y moderna.
• Lograr un sistema de verdadero respaldo a la competitividad nacional y superar la posición de nuestro país en este rubro, que nos ubica en el lugar 62 de 137 países calificados en el orbe.
• Garantizar una infraestructura carretera que se vincule -sin cuellos de botella ni sitios de conflicto sin solución de continuidad- con las infraestructuras de puertos, vías férreas y aeropuertos y sin zonas de riesgo, y que incorpore el equipamiento conveniente para la conectividad de las telecomunicaciones modernas.
• Resolver los puntos de conflicto con la infraestructura de las zonas urbanas, que permita el tránsito ágil y seguro de personas y bienes por el territorio nacional y que dé a todos la posibilidad personal, comercial, cultural y política de conectarse con el resto de los mexicanos y con el mundo.
Así, el gobierno tiene la encomienda de dotar al país de la infraestructura que permita a las personas el ejercicio de otros derechos, como es el de libre tránsito plasmado por los constituyentes en al Artículo 11 de nuestra Carta Magna, que establece que “toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país”. 5
Esta disposición legal para desplazarse por todo el territorio nacional es única y exclusivamente para proteger el derecho que tiene toda persona en cuanto a ente individual, por lo tanto, se protege sólo al individuo y su derecho a transitar libremente, más no protege a los automóviles, objetos o bienes en general.
No obstante, cabe destacar que la movilidad ciudadana por las carreteras del país no siempre es a título gratuito, pues en gran parte de las vías se realiza un cobro o pago de peaje para transitar en ellas.
Al respecto, de acuerdo con cifras de la SCT del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, Capufe registró un ingreso por peaje, a nivel devengado de 26,688.3 millones de pesos, sin IVA. De este monto, el 42.2% correspondió a automóviles, 53.9% a camiones y 3.8% de autobuses. A través del Sistema de Telepeaje, se registraron 99.8 millones de cruces vehiculares que generaron ingresos por 13,975 millones de pesos, sin IVA. Es importante mencionar que, a junio de 2021 el ingreso recaudado en la red operada, a través de telepeaje, representó el 52.4% del ingreso total por peaje. 6
El beneficio e impacto que las autopistas generan en la dinámica social, económica y cultural de las localidades que atraviesa y de las que comunica es innegable, todos los días miles de personas se trasladan entre diferentes comunidades estatales y municipales conectadas por las carreteras de cuota, sin embargo un aspecto negativo de estas obras es que nos son opción accesible al bolsillo de gran parte de la población que, en su mayoría por cuestiones laborales, radica o se desplaza en los municipios donde se ubican, además de no contemplar descuentos o algún tipo de beneficio que haga de estas carreteras una alternativa atractiva.
Evidentemente, los datos de ingreso muestran que no se trata de un problema de recaudación, sino una cuestión de voluntad política para beneficiar a los ciudadanos residentes de muchos municipios del país, que se ven marginados en la condonación de tarifas o disminución de porcentajes de cobro.
En el caso que nos ocupa, se trata de vías que interconectan el oriente de la Zona Metropolitana del Valle de México, que convergen y unen a los municipios del Estado de México y de Hidalgo con la Ciudad de México: las carreteras México– Pirámides y Peñón–Texcoco, que comunican e impactan el área conformada por los municipios de Acolman, Atenco, Axapusco, Chiautla, Chiconcuac, Nopaltepec, Otumba, Papalotla, San Martín de las Pirámides, Temascalapa, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc y Tezoyuca.
Esta zona registra una población de más de 420 mil personas, de la cuál más de 200 mil son personas de 12 años y más económicamente activa según datos del Inegi, 7 es decir, personas que realizan alguna actividad laboral o remunerada que implica traslados y movilización por los caminos del país. Alberga también uno de los primeros lugares del país en ser declarado por la UNESCO, en 1987, como Patrimonio cultural de la Humanidad: la ciudad prehispánica de Teotihuacán, Zona Arqueológica que junto con San Martín de las Pirámides también fue denominada Pueblo Mágico en el año 2015, consolidando el lugar que desde sus orígenes ya venían ocupando entre los principales destinos turísticos del país.
Este tesoro del patrimonio mundial se ubica en la posición número tres de las preferencias de visitantes a museos, monumentos históricos y zonas arqueológicas en lo que va del año, aunque, como en la mayoría de actividades, sus niveles de aforo han disminuido a consecuencia de la pandemia por covid-19. 8
No obstante, con todo y la derrama económica que genera este destino turístico, no se observa un beneficio directo para la población de la zona, o no constituye un factor preponderante para su desarrollo, pues “hay elementos que han limitado esa derrama, por ejemplo, que la mayoría de los millones de visitantes que recibe la zona arqueológica realizan el mayor gasto o consumo en Ciudad de México y que ahí sólo pagan el boleto de entrada. Algunos compran alguna artesanía o consumen alimentos. Lo anterior se debe a que la autopista que comunica directamente la Ciudad de México con la zona arqueológica ha favorecido que los turistas lleguen y se vayan sin pasar por las comunidades aledañas.” 9
Al tenor de esto, resulta necesario que toda obra/proyecto carretero como lo son las autopistas México– Pirámides y Peñón– Texcoco, contemplen un esquema de beneficios directos y tangibles para la población que radica en las localidades en las que se ubican a lo largo de su trazo, sobretodo a todos aquellos que tienen la necesidad de trasladarse en busca del sustento para sus familias, que tienen que cruzar largas distancias para poder estudiar y superarse, en suma, toso aquel que en busca de esas mejores condiciones de vida invierte horas en trayectos más largos porque no le es posible costear los caminos de cuota.
De todo esto también nos da perspectiva el Inegi, de cuya Encuesta Intercensal 2015 y sus resultados se da nota en el portal de Excélsior, con los datos relevantes y reveladores siguientes:
• La población que ingresa al Distrito Federal diariamente para estudiar o trabajar provenientes del Estado de México, Hidalgo y Morelos asciende a un millón 720 mil 145 personas, de las cuales entre 39 y 47 por ciento tardan de una a dos horas en su traslado.
• Como referencia, la gente que ingresa al DF para estudiar o trabajar equivale a 19% del total de la población capitalina que asciende a 8.9 millones.
• Tomando en cuenta el menor tiempo de traslado referido en la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y que para su regreso esta población flotante realiza por lo menos el mismo tiempo, al año se pierden por lo menos unas 386 mil horas hábiles, solamente tomando en cuenta de lunes a viernes.
• Los resultados también revelan que el Estado de México es la entidad que más habitantes envía a la Ciudad de México para trabajar o estudiar, con un millón 676 mil 644 de personas.
• En total, un millón 320 mil 748 mexiquenses que se trasladan a la Ciudad de México para trabajar y representan 21.3 por ciento de la población ocupada del Estado de México. Durante la encuesta 47.3 por ciento revelaron que en promedio tardan más de una y hasta dos horas para llegar a su trabajo.
• En tanto que de los mexiquenses que se trasladan a alguna de las 16 delegaciones para estudiar –355 mil 896 en total– 42.1 por ciento tarda más de una y hasta dos horas para trasladarse a la Ciudad de México. 10
Datos más recientes se tiene con los resultados de la Encuesta de Origen-Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México (EOD) 2017, que recoge información sobre la movilidad cotidiana de los habitantes y las características de los viajes que realizan en 16 delegaciones de la Ciudad de México y 59 municipios conurbados del Estado de México, además de Tizayuca, Hidalgo: 11
• Entre semana se realizan 34.56 millones de viajes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM); El 58.1% es para ir al trabajo y duran entre media y dos horas.
• De los viajes que se realizan para ir al trabajo, el 36.6% duran hasta media hora; el 58.1% tardan de 31 minutos hasta 2 horas y, en el 5.3% de los casos, emplean más de 2 horas. En el caso de la Ciudad de México, 6 de cada 10 viajes tardan de 31 minutos a 2 horas, en tanto que, en los municipios conurbados, el 7.2 % de los viajes emplean más de 2 horas.
• Para regresar al hogar, el 55 % de los viajes duran menos de 30 minutos; el 40.7% tardan de 31 minutos hasta 2 horas, y el 3.8% se prolongan por más de 2 horas.
• Del total de viajes de los municipios conurbados, cerca de 2.25 millones (12.6%) se realizan hacia la Ciudad de México. En tanto que, del total de viajes de la Ciudad de México, 2.16 millones (13.3%) se realizan hacia los municipios conurbados.
• Tan sólo en un día entre semana se registra 8.69 millones de personas que viajan de Municipios conurbados del Estado de México y Tizayuca, siendo en transporte privado (automóvil).
Buscar beneficios para estos segmentos de población, que necesita desplazarse entre ciudades y no precisamente por asuntos recreativos, que sacrifica tiempos por economía y en algunos casos incluso se ve obligada a optar por abandonar sus actividades en ese comparativo costo/beneficio, el procurar y garantizar que las personas ejerzan el derecho de libre tránsito es un tema vigente.
Se trata de algo más que una justa demanda social, es una premisa reconocida por el derecho internacional, plasmada en el Artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, referente al Derecho de Circulación y de Residencia, 12 lo que en cumplimiento de las normas internacionales la hace obligatoria en nuestro país.
Precedentes los hay, pues el tema del cobro de peaje a residentes de comunidades donde se ubican obras de cuota ha sido una preocupación constante y permanente de los Legisladores a lo largo del tiempo, Diputados y Senadores compañeros nuestros y de congresos locales han propuesto en sus ámbitos de competencia iniciativas de ley, puntos de acuerdo y diversas propuestas normativas con el fin de promover esfuerzos de manera conjunta para bajar peajes o exentar del pago a residentes de las zonas donde se ubican las casetas de cobro.
El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado presentó el 30 de abril del 2002 y el 29 de abril de 2011 en la Cámara de Diputados, punto de acuerdo por el que se exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Capufe a disminuir o a exentar a todos los residentes de Ciudad del Carmen que sean propietarios de vehículos del pago de las tarifas del Puente Zacatal, y establecer como una de las funciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la creación de esquemas tarifarios o exenciones de pago a residentes en aras de otorgar beneficios de peaje en las carreteras de cuota donde no existe una vía alterna libre de peaje.
En la LX Legislatura, el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado presentó punto de acuerdo por el que se exhortó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a eliminar o reubicar la caseta de cobro de la carretera Tihuatlán-Tuxpan, en el municipio de Tuxpan, Veracruz.
EL Diputado Armando Reyes Ledezma del Grupo Parlamentario del PT en la Cámara de Diputados, presento una iniciativa en octubre de 2018, para reformar la ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para que en aquellas carreteras, puentes y autopistas con cobro de peaje que estén en operación y administración por CAFUPE o el Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura y su inversión inicial este recuperada, se permita la libre circulación y gratuita de los vehículos particulares con placas nacionales y fronterizas.
Con fecha 08 de diciembre de 2016, el Senador Sofía Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, presento la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer la condonación del peaje de las casetas de la Autopista del Sol en el estado de Guerrero.
Los legisladores locales del Estado de México Exhortaron al secretario de Comunicaciones del gobierno del estado y al Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México para que realicen las gestiones necesarias a fin de que se aplique la condonación al 100% de la cuota de 90 pesos que se cobra en las casetas de entrada y salida del ramal a Valle de Bravo a vecinos de la zona.
Así mismo, se puede mencionar acciones de gobierno como el Programa de Residentes de Capufe, que contempla un esquema tarifario aplicable a 29 Plazas de Cobro de la red operada por este organismo, aunque sólo se otorga a algunas poblaciones aledañas a esas casetas, criterio que bien podría replantearse en beneficio de otro tipo de residentes de municipios y localidades que cubren las autopistas. 13
Es evidente que con estos antecedentes el tema de cobro de peaje sigue siendo un planteamiento recurrente a nivel nacional, requiere soluciones inmediatas para beneficiar a muchos ciudadanos residentes, en suma, falta una mayor sensibilización hacia estos segmentos de la población.
Ante todo, lo expuesto, compañeros legisladores, tenemos la oportunidad de impulsar acciones que mejoren las condiciones de vida de las personas, que beneficien su bolsillo y con ello su economía, que les permita trasladarse a sus hogares en el menor tiempo posible y con esto coadyuvar también al mayor disfrute de sus familias, de sus hogares, actividades de esparcimiento o sencillamente su descanso.
Es un ganar-ganar: se afecta positivamente la economía de las familias y también las finanzas de la obra concesionada.
Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a realizar las acciones necesarias para la implementación de un esquema de exención o tarifa especial en el cobro de peaje de las carreteras México-Pirámides y Peñón-Texcoco, a fin de beneficiar a la población que reside en los municipios donde se ubican dichas obras.
Notas
1 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024. D.O.F. 02-07-2020.
2 Tercer Informe de Labores de SCT.
3 Consultado en:
https://www.gob.mx/imt/
4 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, Evaluación No. 1374-DE “Evaluación de la Política Pública de Redes Multimodales de Transporte”, Auditoria Superior de la Federación (ASF).
5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM.
6 Ibídem, SCT.
7 Estadísticas Censales a Escalas Geoelectorales 2020, Inegi.
8 Datatur, con información del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
9 Hernández Espinosa, R., & Mendoza Ontiveros, M. M. (2020). Teotihuacán y el turismo: la experiencia de los residentes en sus narrativas. Región y Sociedad, 32, e1301. Disponible en:
https://doi.org/10.22198/rys2020/32/1301
10 Sitio Web del Periódico Excélsior:
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/12/24/1065140
11 Encuesta Origen-Destino 2018, Inegi. Sitio:
https://www.inegi.org.mx
12 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).
13 Programa de Residentes, Capufe. Sitio:
https://www.gob.mx/capufe
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2021.– Diputado Francisco Favela Peñuñuri (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.
EXHORTO A LA STPS Y AL CONACYT, A ESTABLECER MESAS DE DIÁLOGO CON LOS MIEMBROS DEL PROGRAMA CÁTEDRAS CONACYT
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS y el Conacyt a establecer con los miembros del programa Cátedras Conacyt una mesa de diálogo donde se revisen los requisitos de evaluación previstos en el estatuto de personal académico y elaborar en conjunto una ruta crítica que permita una solución institucional que garantice a los investigadores su permanencia en el trabajo y el respeto de sus condiciones laborales, suscrita por los diputados Ana Lilia Herrera Anzaldo y Brasil Alberto Acosta Peña, del Grupo Parlamentario del PRI
Los diputados Ana Lilia Herrera Anzaldo y Brasil Alberto Acosta Peña, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha señalado que uno de los pilares de la política en materia de ciencia, tecnología e innovación implementada por el mismo Consejo es el capital humano de alto nivel. En ese sentido en el 2014 fue creado el programa de “Cátedras Conacyt” buscando satisfacer la necesidad de generar una opción para los jóvenes investigadores altamente calificados con la finalidad que se dedicaran exclusivamente a la realización de actividades de investigación y generación de conocimiento, atendiendo al sector educativo y de investigación en nuestro país. 1
Recientemente el Conacyt ha señalado que los instrumentos que establecían el programa de “Cátedras Conacyt”, daban lugar a la discrecionalidad, por lo cual informaron que fue necesario reestructurar los estatutos y realizar mejoras en los derechos laborales “encaminadas a impulsar el desarrollo profesional de los investigadores del programa Cátedras Conacyt”, 2 reestructuración conocida desde el pasado 29 de junio de 2021, fecha en la que el Comité Directivo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) aprobó un nuevo Estatuto de Personal Académico (EPA), mismo que tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones académicas del personal de cátedra del Conacyt, entre los cuales se incluyen los relativos a su ingreso y permanencia. 3
Entre las modificaciones sustanciales a este nuevo estatuto, destaca lo establecido en el artículo 11, que se refiere a la permanencia del personal de cátedra del Conacyt, de conformidad con lo siguiente: 4
“ Artículo 11. El Comité Directivo, con base en el informe de actividades, en la opinión sobre el informe de actividades y en los demás insumos que considere pertinentes, llevará a cabo las siguientes evaluaciones:
I. Una evaluación anual, con el objeto de identificar el grado de desarrollo profesional del Personal de Cátedra Conacyt, así como el cumplimiento de los objetivos y metas señalados en su programa de trabajo.
En los casos de las personas que no tengan antecedentes de haber formado parte del programa, las primeras dos evaluaciones anuales, contadas a partir del ingreso al programa, serán de naturaleza diagnóstica, con el objeto de identificar los aspectos que debe fortalecer el personal de Cátedra Conacyt para lograr su desarrollo profesional y el cumplimiento de los objetivos y metas señalados en su programa de trabajo.
En la evaluación también se valorará el cumplimiento de las obligaciones que establecen los Lineamientos para el personal de Cátedra Conacyt, en particular la relativa a procurar su inserción laboral en la institución receptora o en cualquier otra.
La permanencia del personal de Cátedra Conacyt en el programa estará condicionada al resultado satisfactorio de la evaluación a la que se refiere esta fracción.”
Dicho artículo, en su penúltimo párrafo, hace referencia clara a la obligación de los catedráticos para buscar su inserción laboral, ya sea en su institución o en cualquier otra, y en caso contrario, estos perderán su trabajo dentro del programa “Cátedras Conacyt”, si no lo hacen antes de la presentación de su evaluación anual, la cual además está condicionada a un resultado satisfactorio.
Por su parte, diversos miembros investigadores del programa anteriormente señalado, ya han manifestado su descontento ante el “endurecimiento de los lineamientos” para establecer la permanencia de los catedráticos, ya que se ha mencionado en distintas ocasiones que los miembros “deben buscar un trabajo para poder conservar su actual trabajo”, siendo una modificación sustancial que atenta contra sus derechos laborales, sobre todo en la permanencia de sus trabajos al imponer esta medida la cual no estaba prevista anteriormente. 5
El 27 de agosto del presente año 2021, la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, en reunión con más de 600 miembros activos del programa “Cátedras Conacyt”, con la finalidad de desmentir lo señalado y visibilizar las mejoras, señaló que la nueva normativa contempla el compromiso de los catedráticos para promover su inserción laboral, mejorando los derechos y garantías laborales de los investigadores, asegurando que los nuevos lineamientos siguen los principios de “humanismo, derechos humanos y laborales, así como la equidad de género y la eliminación de toda forma de discriminación”, por lo cual indicó que estas modificaciones aplicadas de forma retroactiva establecerán que los contratos laborales de los catedráticos sean indefinidos, sin condicionarse a la duración de los proyectos. 6 Sin embargo las redes sociales han sido un claro ejemplo del descontento de la comunidad científica, por lo que a través de “Twitter”, se ha viralizado el hashtag “#BuscoTrabajo”, en el cual a través de esta red social, distintos investigadores han señalado que para tener que conservar su trabajo, estos están siendo obligados a buscar uno nuevo, 7 siendo injusto para los miembros del programa de esta institución, quienes cuentan con la preparación para no tener que pasar por estas situaciones, debido a que la mayoría de los afectados cuentan con doctorados en distintas áreas de la ciencia, experiencia en la publicación de libros y artículos científicos, y distintas especialidades científicas, siendo indignante que estas personas que cuentan con trayectoria y experiencia, tengan que buscar trabajo para poder conservar el mismo. 8
Asimismo, los catedráticos han señalado que el programa “Cátedras Conacyt”, no es una especie de beca, sino un trabajo de plaza indefinida, el cual gracias a la modificación de forma “unilateral” de los lineamientos, sin previa consulta y sin tomar en cuenta la opinión de los miembros, han generado una afectación y una nueva preocupación para los catedráticos (Conacyt).
Actualmente existen 1 mil 273 catedráticos contratados dentro del programa “Cátedras Conacyt”, con un salario que promedia alrededor de los 30 mil pesos mensuales, de estos existen 315 catedráticos que conforman el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras Conacyt (Siintracátedras), que ha sido creado para establecer la negociación de un contrato colectivo de trabajo que pueda garantizar sus derechos laborales, 9 por lo que los mismos integrantes del sindicato han señalado que no buscan un aumento salarial o una huelga, lo que únicamente busca es que se les pueda brindar certeza laboral. 10
Es por lo anterior que la doctora Carolina Robledo, quien es catedrática Conacyt, comisionada del Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (CIESAS) y secretaria de prensa del (Siintracátedras), ha señalado que “... el nuevo estatuto hace referencia a que los investigadores catedráticos, son trabajadores con condiciones de permanencia, por lo que se les obliga a buscar otro trabajo ya que en el consejo no hay una certidumbre laboral”. 11 En ese sentido ha señalado que los proyectos desempeñados por los catedráticos, generan resultados en dos o tres años, por lo que se está atentando también con el desarrollo de diversos proyectos científicos. 12
Asimismo, Saraí Miranda Juárez, secretaria de Relaciones Exteriores del Siintracátedras, expresó que después de una revisión exhaustiva, se concluyó que los nuevos lineamientos de cátedras y el EPA “conservan y acentúan la vulneración de los derechos humanos laborales de las cátedras, no cuentan con perspectiva de género y son unilaterales”. 13
Se debe hacer énfasis en que anteriormente la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla, ya había reconocido la precariedad de los contratos, comprometiéndose a solucionar la problemática; sin embargo, la solución ha sido delegarle esa problemática a las instituciones que contraten a los catedráticos, siendo una solución bastante preocupante , ya que desde la creación del programa “Cátedras Conacyt”, es decir a 7 años de su existencia, menos del 5 por ciento de los catedráticos cuentan con una plaza formal en las instituciones en que se desempeñan, ya sean universidades, centros públicos de investigación, e instituciones académicas, toda vez que estas no cuentan con espacio para la contratación de personal, razón por la cual en 2014 se decidió crear el programa “Cátedras Conacyt”. 14
Hasta el año 2018, el programa contabilizó 1 mil 508 cátedras y la realización de 982 proyectos institucionales distribuidos en las 32 entidades federativas que conforman nuestro país; asimismo, este programa funciona como incorporación al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), por lo cual el 78 por ciento de los miembros del programa, se encontraban adscritos al sistema, de los cuales desempeñaban los siguientes niveles: 15
• 48 por ciento en nivel candidato del (SNI);
• 51 por ciento en nivel 1 del (SNI); y
• 2 por ciento en nivel 2 del (SNI).
Se ha demostrado que actualmente la investigación y el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, no es un tema que le interese al gobierno federal, por lo que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022 nuevamente no ha tomado en cuenta a los investigadores, ocasionando que el Conacyt sea uno de los organismos que tendrán menos recursos en comparación con el año inmediato anterior, reduciendo en un 11.26 por ciento los recursos económicos. 16
Adicionalmente, durante el presente año se han manifestado distintas modificaciones que han afectado los derechos laborales de los investigadores, sin embargo el Grupo Parlamentario del PRI ha estado siempre en la lucha de la protección laboral de los investigadores, recordando la presentación de la proposición con punto de acuerdo en julio del 2021 por la diputada Laura Isabel Hernández Pichardo, exhortando al Conacyt a garantizar la libertad de investigación y cátedra, ante la reciente modificación del reglamento del SNI, que eliminó la “evaluación de pares” para el ingreso y permanencia en el sistema, así como la eliminación de estímulos a los miembros del sistema que pertenecían a instituciones privadas, generando una desigualdad de oportunidades y una discriminación a los miembros por el sector en el que se desempeñaban. 17
Estas afectaciones se suman a la problemática de disminución de recursos al Conacyt, que está originando un desmantelamiento paulatino del programa “Cátedrás Conacyt”, ya que la contratación de catedráticos al inicio del programa fue de 342 personas, y en el 2020 únicamente se realizaron 7 contrataciones, con lo cual claramente se está perjudicando el desarrollo científico, tecnológico y de innovación. 18
Ahora más que nunca se tiene que rescatar la ciencia, tecnología e innovación mexicana, y con ello, la permanencia de los miembros investigadores del programa, que desde hace años han sido una parte fundamental para el desarrollo de la investigación en nuestro país, es fundamental poder garantizarles certidumbre y que sus opiniones puedan ser tomadas en cuenta para fortalecer los lineamientos del EPA, reforzando sus derechos laborales y con ello, la continuidad de este programa tan importante.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para establecer de manera urgente mesas de diálogo con los miembros del programa “Cátedras Conacyt”, con el objetivo de revisar los requisitos de evaluación previstos en los Lineamientos del Estatuto de Personal Académico, publicados el 29 de junio de 2021, y elaborar en conjunto una ruta crítica que permita una solución institucional que garantice a las y los investigadores su permanencia en el trabajo y el respeto a sus condiciones laborales.
Notas
1 Ciencia y Desarrollo. Aprovechando el talento Cátedras Conacyt para jóvenes investigadores. Disponible en:
https://www.cyd.conacyt.gob.mx/?p=articulo&id=397 Consultado el viernes 17 de septiembre de 2021.
2 El Universal. Bajo el hashtag #Buscotrabajo, científicos e investigadores denuncian incertidumbre laboral en Conacyt. Disponible en:
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/buscotrabajo-denu ncian-incertidumbre-laboral-en-conacyt Consultado el viernes 17 de septiembre de 2021
3 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Estatuto de Personal Académico, Disponible en:
https://www.siicyt.gob.mx/index.php/normatividad/4955-estatuto-d el-personal-academico-de-conacyt/file
4 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Estatuto de Personal Académico, Disponible en:
https://www.siicyt.gob.mx/index.php/normatividad/4955-estatuto-d el-personal-academico-de-conacyt/file
5 La Silla Rota. “Busco trabajo para conservar mi trabajo”, otra crisis de investigadores de Conacyt. Disponible en:
https://lasillarota.com/nacion/busco-trabajo-para-conservar-mi-t rabajo-otra-crisis-de-investigadores-de-conacyt/560719 Consultado el viernes 17 de septiembre de 2021.
6 La Jornada. Presenta Álvarez-Buylla mejoras en las garantías de los jóvenes investigadores. Disponible en:
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/27/politica/presenta-al varez-buylla-mejoras-en-las-garantias-de-los-jovenes-investigadores/ Consultado el viernes 17 de septiembre de 2021.
7 Forbes. Con el hashtag #BuscoTrabajo, investigadores denuncian al Conacyt. Disponible en:
https://www.forbes.com.mx/con-el-hashtag-buscotrabajo-investigad ores-denuncian-al-conacyt/ Consultado el viernes 17 de septiembre de 2021.
8 Proceso. Científicos e investigadores acusan al Conacyt de obligarlos a “buscar trabajo”. Disponible en:
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/9/15/cientificos-invest igadores-acusan-al-conacyt-de-obligarlos-buscar-trabajo-272026.html/ Consultado el viernes 17 de septiembre de 2021.
9 El Universal. Bajo el hashtag #Buscotrabajo, científicos e investigadores denuncian incertidumbre laboral en Conacyt. Disponible en:
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/buscotrabajo-denu ncian-incertidumbre-laboral-en-conacyt Consultado el viernes 17 de septiembre de 2021.
10 El Economista. “No queremos huelga ni aumento salarial, queremos certeza laboral”: Siintracátedras. Disponible en:
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/No-queremos-huelga-n i-aumento-salarial-queremos-certeza-laboral-Siintracatedras-20210819-0139.html Consultado el viernes 17 de septiembre de 2021.
11 El Universal. Bajo el hashtag #Buscotrabajo, científicos e investigadores denuncian incertidumbre laboral en Conacyt. Disponible en:
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/buscotrabajo-denu ncian-incertidumbre-laboral-en-conacyt Consultado el viernes 17 de septiembre de 2021.
12 El Universal. Bajo el hashtag #Buscotrabajo, científicos e investigadores denuncian incertidumbre laboral en Conacyt. Disponible en:
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/buscotrabajo-denu ncian-incertidumbre-laboral-en-conacyt Consultado el viernes 17 de septiembre de 2021.
13 El Economista. “No queremos huelga ni aumento salarial, queremos certeza laboral”: Siintracátedras. Disponible en:
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/No-queremos-huelga-n i-aumento-salarial-queremos-certeza-laboral-Siintracatedras-20210819-0139.html Consultado el viernes 17 de septiembre de 2021.
14 El Economista. “Para conservar mi empleo tengo que buscar empleo”, denuncian integrantes de Cátedras Conacyt. Disponible en:
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Para-conservar-mi-em pleo-tengo-que-buscar-empleo-denuncian-integrantes-de-Catedras-Conacyt-20210917 -0028.html Consultado el viernes 17 de septiembre de 2021.
15 Ciencia y Desarrollo. Aprovechando el talento Cátedras Conacyt para jóvenes investigadores. Disponible en:
https://www.cyd.conacyt.gob.mx/?p=articulo&id=397 Consultado el viernes 17 de septiembre de 2021.
16 Forbes. Con el hashtag #BuscoTrabajo, investigadores denuncian al Conacyt. Disponible en:
https://www.forbes.com.mx/con-el-hashtag-buscotrabajo-investigad ores-denuncian-al-conacyt/ Consultado el viernes 17 de septiembre de 2021.
17 El Universal. Piden diputados del PRI que Conacyt garantice y otorgue estímulos económicos a investigadores. Disponible en:
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/piden-diputados-del-pri-qu e-conacyt-garantice-y-otorgue-estimulos-economicos-investigadoresconsultado el viernes 17 de septiembre de 2021.
18 El Economista. “No queremos huelga ni aumento salarial, queremos certeza laboral”: Siintracátedras. Disponible en:
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/No-queremos-huelga-n i-aumento-salarial-queremos-certeza-laboral-Siintracatedras-20210819-0139.html
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 21 de septiembre de 2021.– Diputada y diputado: Ana Lilia Herrera Anzaldo, Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.