INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 12, numeral 2, del Reglamento de la Contingencia Sanitaria, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a diversas iniciativa con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 23 de septiembre de 2021 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2021.– Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (rúbrica), presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para opinión.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes, a que realicen una auditoría integral del programa social La Escuela es Nuestra, con la finalidad de informar a la ciudadanía el ejercicio de los recursos, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conacyt y a la STPS, a tomar las medidas pertinentes para atender las demandas de los integrantes del programa Cátedras Conacyt y garantizar el cumplimiento de sus derechos laborales, a cargo del diputado Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, en coordinación con la SHCP, el SAT y la STPS, a liberar estímulos fiscales a empresas para poder deducir aportes tributarios, y que recaigan en el ISR o en el ISN, a fin de ayudar a mexicanos de 45 años y adultos en si-tuación de vulnerabilidad durante esta pandemia, logrando una inserción e inclusión laboral, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias, a atender el funcionamiento de las alarmas sísmicas dañadas en la Ciudad de México, a cargo del diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Conagua y a la Profepa, a realizar acciones tendientes al saneamiento y rescate de la cuenca del río Duero, a cargo de la diputada Adriana Campos Huirache, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Medio Ambiente, y Recursos Naturales, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a revisar con base en evidencia científica los distintos tratamientos alternativos para la prevención y combate al virus SARS-CoV-2, como complementos o coadyuvantes de las dosis suministradas en la Estrategia Nacional de Vacunación, a cargo de la diputada María Teresa Castell de Oro Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la persona titular del Poder Ejecutivo federal y a la persona titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que conforme a sus atribuciones otorguen las facilidades necesarias para el ingreso, tránsito y salida del territorio mexicano, aun cuando su pasaporte se encuentre vencido a los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, derivado de la situación política por la se encuentran en su país, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a nivel federal y del Estado de México, a realizar una investigación a la C. Delfina Gómez Álvarez, por los hechos evidenciados por el INE que pueden constituir faltas administrativas graves de cohecho y en caso de encontrarlas afirmativas, procedan a las sanciones correspondientes, suscrita por los diputados Mariana Gómez del Campo Gurza y Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Victoriano Wences Real, diputado federal a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La lucha de los pueblos indígenas de México por el pleno reconocimiento de sus derechos, tuvo un punto de inflexión en 1994, con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas. Hasta entonces, había predominado, tanto en la concepción jurídica como en la política institucional relativa a los pueblos y comunidades indígenas, una visión integracionista, es decir, una perspectiva sustentada en la idea de que la mejor forma de resolver la cuestión indígena era a través de su plena integración en la cultura mestiza nacional. En esta concepción, el Estado debía generar condiciones para diluir las diferencias culturales, lingüísticas, regionales y organizativas que caracterizan a los pueblos originarios, en aras de una especie de homogenización cultural y una identidad mestiza.

Las negociaciones de paz entre el gobierno federal y el EZLN estuvieron marcadas por las demandas, por parte de los zapatistas, de que se realizaran una serie de reformas legislativas e institucionales encaminadas al pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas. Dichas negociaciones derivaron en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, los cuales constituyen el referente más completo e integral de las exigencias que los pueblos indígenas han planteado al Estado mexicano. El contexto y el contenido de este documento histórico, trasciende claramente la perspectiva integracionista antes mencionada, y esboza los parámetros de una nueva relación entre el Estado, los pueblos indígenas y el resto de la sociedad mexicana.

En los Acuerdos de San Andrés, firmados el 16 de febrero de 1996, las partes reconocieron que “los pueblos indígenas han sido objeto de formas de subordinación, desigualdad y discriminación que les han determinado una situación estructural de pobreza, explotación y exclusión política, y que para superar esa realidad se requieren nuevas acciones profundas, sistemáticas, participativas y convergentes de parte del gobierno y de la sociedad, incluidos, ante todo, los propios pueblos indígenas. Asimismo, se reconoció que se requiere la participación de los pueblos indígenas, para que sean actores fundamentales de las decisiones que afectan su vida, y reafirmen su condición de mexicanos con pleno uso de derechos que por su papel en la edificación de México tienen ganada por derecho propio, y que esa nueva relación debe superar la tesis del integracionismo cultural para reconocer a los pueblos indígenas como nuevos sujetos de derecho, en atención a su origen histórico, a sus demandas, a la pluriculturalidad de la nación mexicana y a compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, en particular el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.” i

En un análisis de los Acuerdos de San Andrés, realizado por el experto Francisco López Bárcenas, se señala que, en principio, el gobierno federal fue congruente con la perspectiva planteada en el párrafo anterior y por lo tanto, “se comprometió a reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución federal, así como sus derechos a la libre determinación y lo que ella implica: autoafirmación, autodefinición, autodelimitación y autodisposición. Como consecuencia de lo anterior, se reconocía su derecho a proclamar su existencia, decidir sus formas de gobierno y organización política, social, económica y cultural, y el Estado se comprometía a ampliar la participación y representación política de los pueblos indígenas en el ámbito local y nacional. También se comprometía a impulsar cambios jurídicos y legislativos; reconocer los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas; garantizar su pleno acceso a la justicia ante los órganos estatales; reconocer sus sistemas normativos internos para solución de conflictos, así como sus formas específicas de organización, con objeto de incluirlos en el derecho positivo y promover sus manifestaciones culturales.” ii

Asimismo, el Estado mexicano asumió otros compromisos, tales como “impulsar políticas culturales nacionales y locales de reconocimiento y aplicación de los espacios de los pueblos indígenas para la producción, recreación y difusión de sus culturas; asegurarles educación y capacitación; garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas; impulsar la producción y el empleo; y proteger a los indígenas migrantes. Todo lo anterior llevaba implícito el compromiso de establecer una nueva relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas, misma que debería sustentarse en principios como el pluralismo, entendiendo por tal la convivencia pacífica, productiva, respetuosa y equitativa en lo diverso; la sustentabilidad, para asegurar la perduración de la naturaleza y la cultura en los territorios que ocupan y utilizan los pueblos indígenas; la integralidad, coordinando las acciones de las distintas instituciones y niveles del gobierno que inciden en la vida de los pueblos indígenas, con la participación de estos últimos en las decisiones en cuanto a gasto social y políticas públicas; la participación y libre determinación.” iii

En suma, señala López Bárcenas, el compromiso asumido por el gobierno federal en la firma de los Acuerdos de San Andrés con el EZLN, incluía una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y al sistema jurídico en su conjunto para garantizar a los pueblos indígenas el ejercicio de sus derechos políticos, de jurisdic-ción, sociales, económicos y culturales; el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de derecho público, así como el derecho de los municipios con población mayoritariamente indígena a asociarse libremente; y el fortalecimiento de la participación indígena en el gobierno, la gestión y administración en sus diferentes ámbitos y niveles. Con ello se garantizaba que en las legislaciones de los estados de la República quedaran establecidas las características de libre determinación y autonomía que expresaran las aspiraciones de los pueblos indígenas.

El compromiso de llevar dichos Acuerdos a la CPEUM se cumplió hasta el año 2001, con la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas promulgada en ese año. Sin embargo, la reforma constitucional finalmente aprobada no fue aceptada por el EZLN ni los diversos grupos que componen el movimiento indígena mexicano. Incluso, diversos sectores de la sociedad civil, expertos, intelectuales, académicos, organizaciones de derechos humanos, entre otros actores, expresaron su rechazo a la reforma constitucional de 2001, por considerar que no expresaban los aspectos más trascendentes de los Acuerdos de San Andrés, como, por ejemplo, el reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Por ejemplo, tres mil personalidades, organizaciones y colectivos inconformes con la reforma constitucional, firmaron el documento “Por el reconocimiento de los derechos y cultura indígenas”; entre ellos se encontraban el premio Nobel de Literatura José Saramago, el sociólogo francés Alain Touraine y la dirigente de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, Ebe de Bonafino. iv

En este orden de ideas, la presente iniciativa plantea la necesidad de una reforma constitucional para reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, tema crucial contenido en los Acuerdos de San Andrés que no fue plasmado en la mencionada reforma constitucional de 2001. La reforma que se propone en la presente Iniciativa, impactaría en el artículo 2o. de la CPEUM, que es el artículo donde, en virtud de la reforma de 2001, se reconocen los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

Aunque, como se dijo, la reforma de 2001 es claramente insuficiente, es pertinente referir cuál es el contenido del artículo 2o. constitucional, a efecto de contextualizar los alcances y la necesidad de la reforma que se plantea a través de la presente iniciativa. El artículo 2o. reconoce que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

A partir de esta importante definición, el mencionado artículo constitucional reconoce los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos y comunidades indígenas. Reconoce el derecho a la autonomía, a la libre determinación, al uso de sus sistemas normativos y sus propias formas de organización; su derecho al desarrollo integral, a la educa-ción, a la salud, a proyectos productivos, a conservar sus lenguas y culturas. Si bien es cierto que algunas disposiciones cruciales de los Acuerdos de San Andrés no están plasmadas en el artículo 2o. constitucional vigente, también es cierto que los derechos reconocidos son de una gran importancia y constituyen un avance en la lucha de los pueblos indígenas por su reivindicación histórica. Se les reconoce como sujetos de derechos colectivos, y ya no solo como individuos que necesitan la asistencia del Estado para vivir.

Ahora bien, es imperioso identificar el problema de que tales derechos fundamentales de los pueblos indígenas, recono-cidos en el 2o. constitucional, no se pueden ejercer a cabalidad, mientras no se les reconozca como sujetos de derecho público, que es la reforma que plantea la presente iniciativa. En tanto no se haga esta reforma, es prácticamente imposible que los pueblos indígenas hagan realidad su derecho a la autonomía, a la libre determinación o al desarro-llo integral y sustentable, porque carecen de recursos, personalidad jurídica y patrimonio propios, elementos estos últimos que podrían adquirir si se les reconoce como sujetos de derecho público.

A efecto de precisar el objetivo de la presente Iniciativa, es pertinente señalar cuál es la forma en que el artículo 2o. constitucional define a los pueblos indígenas respecto a su status jurídico. En el segundo párrafo del apartado A, dicho artículo establece lo siguiente:

“A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

I. a VIII. ...

Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspira-ciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.”

Como puede observarse, en el apartado A, donde el artículo 2o. constitucional establece el derecho a la autonomía y a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, ahí mismo se establece que éstas serán reconocidas como entidades de interés público, y no como sujetos de derecho público, como se estableció en los Acuerdos de San Andrés. Esta disposición limita significativamente la capacidad de los pueblos y comunidades indígenas de participar directa e integralmente en la gestión de sus decisiones, en la libre determinación de sus formas de organización, de sus prioridades y aspiraciones; esto, debido a que el estatus de entidades de interés público implica la tutela del Estado y la carencia de personalidad jurídica para ejercer su derecho a la autonomía y la libre determinación como pueblos.

Se nulifica, así, la posibilidad de los pueblos y comunidades indígenas de formar parte de las estructuras de gobierno, ya que, en lugar de reconocerlas como sujetos de derecho público, las considera como entidades de interés público. Porque, conforme a nuestro ordenamiento jurídico nacional, el interés público es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades individuales o colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado. Mientras que las personas jurídicas colectivas sujetos de derecho público, se refieren a la existencia de un grupo social con finalidades indisolubles, permanentes, voluntad común, que forman una personalidad jurídica distinta a la de sus integrantes, poseen una denominación o nombre; un domicilio y un ámbito geográfico de actuación; patrimonio propio y régimen jurídico específico.

Debemos tener claro que, a pesar de que en la CPEUM se reconoce su derecho a la libre determinación y la autonomía, si los pueblos y comunidades indígenas siguen siendo declarados como entidades de interés público, se convierten en sujetos pasivos de la actividad gubernamental, es decir sujetos a la intervención del Estado, quien debe gestionar su bienestar, además de negarles personalidad jurídica. Con-cebir a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, implica no sólo reconocerles sus derechos y garantizar el principio de libre determinación, sino también que, en un marco de libertad y autonomía, estos decidan su vida presente y futura. De esta manera, podrán actuar, decidir y conducirse como pueblos con una personalidad colectiva y con base en sus propias aspiraciones, estructura organizativa y territorial, fortaleciendo así sus culturas, su desarrollo y participación política.

A fin de ilustrar los alcances y la importancia del tema, es necesario refreír lo que al respecto establecen de forma puntual los Acuerdos de San Andrés. En el documento titulado: “Propuestas Conjuntas que el gobierno federal y el EZLN se comprometen a enviar a las instancias de debate y decisión nacional, correspondientes al punto 1.4 de las Reglas de Procedimiento”, se expresa:

“Se propone al Congreso de la Unión reconocer, en la legislación nacional, a las comunidades como entidades de derecho público, el derecho de asociarse libremente en municipios con población mayoritariamente indígena, así como el derecho de varios municipios para asociarse, a fin de coordinar sus acciones como pueblos indígenas.

Las autoridades competentes realizarán la transferencia ordenada y paulatina de recursos, para que ellos mismos administren los fondos públicos que se les asignen, y para fortalecer la participación indígena en el gobierno, gestión y administración en sus diferentes ámbitos y niveles. Corresponderá a las legislaturas estatales determinar, en su caso, las funciones y facultades que pudieran transfe-rírseles.” v

Es patente que el compromiso entre las partes firmantes de los Acuerdos de San Andrés, es decir el gobierno federal y el EZLN, contemplaba el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público. En la cita anterior, se ilustra que tal reconocimiento, además de hacer posible la libre determinación, la autonomía, el derecho al desarrollo y el acceso a la jurisdicción del Estado, promovería la reconstitución de los pueblos a través de la libre asociación y determinación de los pueblos municipios con población mayoritariamente indígena. De igual forma, en los Acuerdos de San Andrés se tiene clara noción de que, al ser sujetos de derecho público, los pueblos indígenas adquirirían, personalidad, capacidad y derecho a que se les transfieran recursos públicos para ser administrados y ejercidos directamente por ellos, es decir para establecer las bases del autogobierno.

De este modo, los pueblos y comunidades indígenas se constituirían como un cuarto orden de gobierno, junto con la Federación, las entidades federativas y los municipios. Al respecto, es pertinente traer a colación una sugerencia rea-lizada recientemente por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California. Dicha Comisión asegura que, “al considerar a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, implicaría que sean reconocidos como un sujeto colectivo, tal como los propios Ayuntamientos, quienes tienen derechos, obligaciones y capacidad de adquirir bienes, generando así sus propias normas de acuerdo con sus facultades, siendo así reconocida su capacidad de definir de manera autónoma su forma de gobierno tal y como lo establece el Artículo 2º Constitucional.” vi

Para abundar en la necesidad de la reforma planteada en la presente Iniciativa, es pertinente mencionar que, en junio del 2003, el Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, realizó una visita oficial a México y en las conclusiones de su Informe, recomendó al Gobierno y al Congreso de la Unión, revisar a fondo la Reforma Cons-titucional del 2001. Entre sus principales recomendaciones indicó:

“El relator especial recomienda al Congreso de la Unión reabrir el debate sobre la reforma constitucional en materia indígena con el objeto de establecer claramente todos los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de acuerdo a la legislación internacional vigente y con apego a los principios firmados en los Acuerdos de San Andrés”.

Lo anterior, permite dimensionar el carácter internacional del proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. El conjunto de derechos colectivos de naturaleza política, económica, social y cultural, presentes en las negociaciones de los Acuerdos de San Andrés, están plasmados en diversos Instrumentos Internacionales de los que México forma parte, destacadamente el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estos Instrumentos Internacionales reconocen derechos fundamentales a los pueblos indígenas, cuyo ejercicio efectivo requiere, necesariamente, ser reconocidos como sujetos de derecho público en el sentido antes descrito.

Finalmente, vale la pena tener presente la realidad de pobreza, marginación y exclusión que siguen padeciendo los pueblos y comunidades indígenas de México, porque la reforma que plantea la presente iniciativa, es decir reconocerlos como sujetos de derecho público, seguramente impactaría positivamente para la recuperación de su dignidad y mejores condiciones de vida.

Por lo tanto, hay que tener presente la riqueza y la diversidad cultural que para México significan sus pueblos indígenas. De conformidad con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México 6.1 por ciento de los hombres y 6.1 por ciento de las mujeres de 3 años y más habla alguna lengua indígena. Es decir, 7 millones 364 mil 645 personas, de las cuales, 48.6 por ciento son hombres y 51.4 por ciento son mujeres. Una de las expresiones de la gran diversidad cultural de México, se observa en el número de lenguas indígenas que se hablan en nuestro territorio. Actualmente, contamos con 68 lenguas maternas, las cuales tienen 364 variantes a lo largo y ancho del país. En 2020, las principales lenguas indígenas habladas por la población de 3 años y más son: náhuatl (22.4 por ciento), maya (10.5 por ciento), tzeltal (tseltal) (8.0 por ciento), tzotzil (tsotsil) (7.5 por ciento), mixteco (7.2 por ciento) y zapoteco (6.7 por ciento); en conjunto estas seis lenguas son habladas por el 62.2 por ciento del total de hablantes de lenguas indígenas en el país. vii

En cuanto a la dimensión de la población indígena en México, es importante hacer referencia a otras mediciones adicionales al censo, para darnos una idea más precisa de la dimensión de la población y las culturas indígenas. Estas mediciones echan mano de la llamada autoadscripción como criterio para cuantificar la población indígena. Diversas mediciones han estimado que en el país son hasta 25 millones de personas las que se reconocen como indígenas. Esto quiere decir que, alrededor del 20 por ciento de la población mexicana se autoadscribe como indígena. viii

Sin embargo, debemos considerar siempre que la diversidad cultural sustentada en los pueblos indígenas, coincide con una profunda desigualdad, que presenta como su principal rasgo el hecho de que la población de origen indígena padece índices de pobreza y marginación sensiblemente más altos respecto a la población no indígena. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en la medición de la pobreza 2018-2020, informa que, mientras la población no indígena en situación de pobreza es del 41.5 por ciento, la población indígena en pobreza es de 76.8 por ciento. Es decir, en proporción, la pobreza entre los pueblos y comunidades indígenas es casi el doble que la pobreza reinante en la población no indígena. A manera de ilustrar someramente la desigualdad de género, que se acentúa al interior de los pueblos y comunidades indígenas, es pertinente señalar que las mujeres indígenas en situación de pobreza son el 83.5 por ciento, mientras que, como se dijo, en la población indígena en general tal proporción es de 76.8 por ciento. ix

En materia de pobreza extrema, la población no indígena en tal situación asciende al 6.8 por ciento, en tanto que la población indígena en pobreza extrema asciende a 35.7 por ciento. Esto quiere decir que la proporción de los pueblos y comunidades indígenas en condiciones de pobreza extrema, es casi seis veces más grande que en la población no indígena. Esta expresión de la profunda desigualdad de la sociedad mexicana, donde la población indígena es hasta seis veces más pobre y marginada que la población no indígena, es verdaderamente intolerable, porque, en el caso de la pobreza extrema, estamos hablando de una situación donde no tienen recursos e ingresos suficientes ni para obtener la alimentación más básica, donde padecen todas las carencias sociales medibles en materia de educación, salud, alimentación, servicios básicos, entre otros.

En conclusión, es imperioso que se reconozca a nivel constitucional a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, en función de lo anteriormente argumentado. Es verdad que la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en su artículo 3, declara ese reconocimiento, sin embargo, se trata de una Ley secundaria tiene un impacto bastante limitado.

El siguiente cuadro ilustra el objeto de la reforma planteada en la presente iniciativa:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único. Se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

...

...

...

Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y capacidad para autogobernarse.

...

A. ...

I. a VIII. ...

Las constituciones y leyes de las entidades federativas es-tablecerán las características de libre determinación y au-tonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de los pueblos y comu-nidades indígenas como sujetos de derecho público.

B. ...

Los pueblos y comunidades indígenas, en tanto sujetos de derecho público, recibirán, administrarán y ejercerán directamente recursos públicos transferidos por la Federación y las entidades federativas, mismos que asignarán a las prioridades de desarrollo que libremente decidan.

...

I. a IX. ...

...

...

C. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

i Francisco López Bárcenas, “Los Acuerdos de San Andrés, proceso constituyente y reconstitución de los pueblos indígenas”, consultado el 14 de septiembre de 2021, disponible en

https://www.redalyc.org/pdf/325/32544732009.pdf

ii Ibid

iii Ibid

iv Ibid

v Propuestas Conjuntas que el Gobierno Federal y el EZLN se comprometen a enviar a las Instancias de Debate y Decisión Nacional, correspondientes al punto 1.4 de las Reglas de Procedimiento”, consultado el 13 de septiembre de 2021, disponible en

https://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/mdtsanjose/indig enous/propuest.htm

vi “Comunidades y pueblos indígenas, sujetos de derecho público: CEDHBC”, consultado el 16 de septiembre de 2021, disponible en

http://www.derechoshumanosbc.org/noticias/comunidades-y-pueblos- ind%C3%ADgenas-sujetos-de-derecho-p%C3%BAblico-cedhbc

vii “Población indígena”, Consultado el 13 de septiembre de 2021, disponible en

http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Poblacion_in digena.pdf

viii En el país, 25 millones de personas se reconocen como indígenas: INALI”, consultado el 13 de septiembre de 2021, disponible en

https://www.inali.gob.mx/es/comunicados/701-2019-02-08-15-22-50. html

ix “Medición multidimensional de la pobreza en México 2018 — 2020”, consultado el 13 de septiembre de 2021, disponible en

https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2018_2020/P obreza_multidimensional_2018_2020_CONEVAL.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2021.– Diputado Victoriano Wences Real (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afro-mexicanos, para opinión.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

EXHORTA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, A QUE REALICEN UNA AUDITORÍA INTEGRAL DEL PROGRAMA SOCIAL LA ESCUELA ES NUESTRA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades competentes a practicar una auditoría integral al programa La Escuela es Nuestra e informar así a la ciudadanía sobre el ejercicio de los recursos, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las autoridades competentes a practicar una auditoría integral exhaustiva del programa social La Escuela es Nuestra, a fin de informar a la ciudadanía sobre el ejercicio de los recursos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Para 2022, la Secretaría de Educación Pública solicitó un presupuesto de 364 mil 484 millones de pesos, lo que significa un incremento en términos reales de 4 por ciento respecto a 2021.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de 2022 se advierte que, aunque el presupuesto solicitado a programas y acciones para mejorar la infraestructura escolar del país tendría un incremento del 9 por ciento en términos reales respecto al destinado en 2021, para el próximo año se destinarían 14 mil 763 millones de pesos, es decir, 4 por ciento del presupuesto de educación.

Estos recursos se concentrarán en cinco programas: La Escuela es Nuestra, Mantenimiento de Infraestructura, Programa nacional de reconstrucción, Proyectos de infraestructura física educativa y el Programa de mantenimiento e infraestructura física educativa.

Salta a la vista y es alarmante que si bien se trata de cinco políticas que atenderán la infraestructura educativa, el programa La Escuela es Nuestra concentra los recursos pues de acuerdo con la propuesta, para este programa se están solicitando 13 mil 964 millones de pesos, un incremento en términos reales de 11 por ciento respecto a 2021. La Escuela es Nuestra es uno de los programas prioritarios de la administración federal. Este programa se incorporó al PEF en 2019.

Originalmente su objetivo era mejorar las condiciones de la infraestructura y el equipamiento de planteles públicos de educación básica por medio de la asignación de un subsidio económico directo al comité escolar de administración participativa (CEAP), conformado por las figuras docentes, madres, padres, tutores y alumnos con los siguientes cargos:

• Presidente (madre, padre, tutor o cuidador).

• Secretario (madre, padre, tutor o cuidador; directivo, docente o figura educativa).

• Tesorera (madre o tutora).

• Dos vocales (madre, padre, tutor o cuidador; directivo, docente o figura educativa).

• Un estudiante (alumna o alumno a partir del cuarto grado, sin derecho a voto y con autorización de madre, padre o tutor).

Las funciones del CEAP son:

• Recibir y administrar los recursos asignados al plantel.

• Realizar el diagnóstico y elaborar el plan de trabajo.

• Ejecutar las acciones y acuerdos adoptados en la asamblea escolar.

• Llevar el registro y comprobación de los gastos.

• Rendir cuentas del uso y aprovechamiento de los recursos.

En 2021 se ampliaron sus objetivos y se incluyeron subsidios a los CEAP y al personal docente para servicios de alimentación en los planteles y la ampliación del horario de las escuelas entre seis y ocho horas diarias. 1

Pero a raíz del regreso a clases presenciales el 30 de agosto del presente año (desde marzo de 2020 a fin de evitar la propagación de contagios a causa de la pandemia por covid-19), han sido detectadas que las condiciones de los planteles educativos no son óptimas porque a lo largo de todos esos meses no se les dio ningún tipo de mantenimiento.

De acuerdo con datos del primer Informe de la Jornada Nacional en Apoyo al Regreso Seguro a las Escuelas, elaborado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 48 mil 667 escuelas requieren reparaciones de infraestructura y más de 31 mil planteles no cuentan con agua potable.

Las escuelas con necesidades de tipo hidráulico, de electricidad y sanitarias están concentradas sobre todo en los estados de Guanajuato, Tamaulipas, Puebla y Guerrero, de acuerdo con información contenida en el informe antes mencionado.

El programa La Escuela es Nuestra había ejercido al segundo trimestre de 2021 el 83 por ciento del presupuesto asignado, de 10 120 800 000 pesos; sin embargo, con un subejercicio de un poco más de 1 000 000 000 de lo que se tenía previsto.

En 2008 se creó el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), mediante decreto por el que se expide la Ley General de la INFE en el Diario Oficial de la Federación.

El Inifed emite normas y especificaciones técnicas, participa en la elaboración de normas mexicanas, y elabora guías operativas para la administración de los recursos destinados a la infraestructura educativa.

En 2019 se propone desaparecerlo pasando el presupuesto a manos de la SEP, para no desentonar con la tendencia centralista de la administración pública federal y su obsesión por centralizar la dispersión de recursos, ahora quienes recibirían los recursos serán las sociedades de padres de familia de preescolares, primarias y secundarias del país con el fin de que ellos sean quienes cuiden las instalaciones educativas, a través del programa La Escuela es Nuestra. 2

Derivado de lo anterior, a partir de 2019 se observa que el presupuesto para el Inifed se reduce drásticamente y, en contraparte, el de La Escuela es Nuestra cada año ha tenido un incremento sumamente considerable:

La Escuela es Nuestra, una transferencia directa a cada uno de los CEAP, es considerado un subsidio y por ende forma parte del gasto corriente y no como gasto en infraestructura, lo cual repercute en que la inversión en infraestructura educativa se mantenga a la baja.

Entre 2010 y 2021, el gasto público en infraestructura educativa ha caído en promedio 21.6 por ciento real cada año. Tan sólo en 2021, el presupuesto asignado a este propósito asciende a 240 mdp, lo que resulta 79.1 por ciento menor en términos reales que el ejercido en 2020.

De 2019 a 2021, educación básica y servicios científicos y tecnológicos son los que han tenido subejercicios constantes. El rubro de otros servicios educativos y actividades inherentes ha tenido anomalías año con año, ya que el presupuesto aprobado en el PEF contra la Cuenta Pública siempre tiene aumentos considerables.

En temas de la educación pública en México, es verdad que hay incremento anual del presupuesto. Sin embargo, más de 98 por ciento corresponde a gasto corriente, por lo que la inversión es decreciente en este campo.

La decisión de esta administración no está del todo planeada, como tristemente nos han acostumbrado, ya que es necesario que especialistas analicen el mantenimiento y la construcción de una escuela, y no una sociedad de padres de familia, con lo que aumenta el riesgo de accidentes fatales en las escuelas.

La desaparición del Inifed trae una serie de problemáticas; el mayor de todos, que no habrá expertos en temas de infraestructura para tomar decisiones.

El segundo es a partir de la creación del programa La Escuela es Nuestra, no existe un fondo que sea específico para temas de infraestructura en escuelas. Con este programa, se le otorga facultades de decisión al CEAP, dejando a un lado la inversión regular en infraestructura y mantenimiento.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a incluir en el programa anual de auditoría del siguiente ejercicio fiscal una exhaustiva revisión del programa social La Escuela es Nuestra, con objeto de que los resultados que arroje dicha auditoría sean públicos y se informe a la ciudadanía sobre la forma en que han sido ejercidos los recursos de dicho programa.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la secretaria de la Función Pública a realizar una revisión a detalle del actuar del personal encargado de llevar a cabo la selección de los planteles por ser beneficiados por los componentes del programa social La Escuela es Nuestra, y del personal encargado de la asignación de recursos; esto, a fin de informar a la ciudadanía si no hubo irregularidades en dichos procesos.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, a rendir un informe pormenorizado a la opinión pública respecto a los planteles intervenidos por el programa La Escuela es Nuestra, y enumerar todas las mejoras llevadas a cabo en los planteles educativos beneficiarios del programa, así como montos ejercidos en cada uno de los beneficiados y la relación de comités escolares de administración participativa que hayan solicitado y recibido recursos del programa en cometo durante los ejercicios fiscales de 2019 a 2021, a fin de tener certeza de cómo han sido ejercido los recursos destinados al mejoramiento por medio del programa La Escuela es Nuestra.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, a garantizar que las reglas de operación del programa La Escuela es Nuestra se elaboren de modo que cuenten con más y mejores herramientas de fiscalización y transparencia, y se agregue la obligación de que sean presentadas las evidencias de resultados del programa que permitan una adecuada fiscalización del destino del gasto de dicho programa y se eviten la discrecionalidad y corrupción en el uso del gasto asignado a este sensible programa.

Quinto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, a atender las necesidades de infraestructura educativa apremiantes de mantenimiento preventivo y correctivo en los centros educativos, instalaciones eléctricas y, en especial, los servicios de agua potable en atención de la contingencia sanitaria a causa del covid-19.

Notas

1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610347&fecha= 26/01/2021

2 DOF, 4 de enero de 2021,

https://www.dof.gob.mx/imagesnew/word.jpg

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2021.– Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrup-ción, para dictamen.

EXHORTO AL CONACYT Y A LA STPS, A ATENDER LAS DEMANDAS DE LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA CÁTEDRAS CONACYT Y GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS DERECHOS LABORALES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Conacyt y la STPS a tomar las medidas conducentes a atender las demandas de los integrantes del programa Cátedras Conacyt y garantizar el cumplimiento de sus derechos laborales, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y a la Secretaría de Trabajo y Previsión social (STPS) a que en el ámbito de sus atribuciones tomen las medidas pertinentes para atender las demandas de los integrantes del programa “Cátedras Conacyt” y garanticen el cumplimiento de sus derechos laborales.

Consideraciones

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (en adelante Conacyt) es un organismo descentralizado del Estado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que goza de autonomía técnica, operativa y administrativa, con sede en la Ciudad de México. 1

Dicho Consejo fue creado el 29 de diciembre de 1970 por disposición del honorable Congreso de la Unión, con el objetivo de impulsar el desarrollo científico del país a través de la formación de cuadros profesionales de recursos humanos, el fomento y financiamiento de proyectos de investigación, así como la difusión de la información tecnológica y específica que se concluyera de estos.

Además de las actividades mencionadas, actualmente esta institución es la responsable de la organización y administración del sistema de becas para que la población mexicana tenga la oportunidad de estudiar un posgrado, ya sea dentro del país o en el extranjero, la coordinación del Sistema Nacional de Investigadores y la creación de políticas públicas en humanidades, ciencias, tecnología e innovación de México.

Para garantizar la ejecución de dichas tareas, el Consejo cuenta con 26 centros públicos de investigación y otorga cada año alrededor de 85 mil becas de posgrado para maestrías, doctorados, posdoctorado y especialidades. Por otro lado, también financia el trabajo de más de 30 mil personas investigadoras de las cuales alrededor de dos mil colaboran en diversas instituciones públicas en el país.

Esta última actividad nació en el 2014 cuando se lanzó el programa Cátedras Conacyt con el objetivo de posicionar a investigadoras e investigadores en las Instituciones de Educación Superior Públicas, en los centros públicos de investigación y en las entidades del sector público federales y estatales, de tal manera que se formen áreas especializadas y prioritarias de estudio superior dentro de la administración pública del país.

Las Cátedras Conacyt son dirigidas a jóvenes investigadores (la edad promedio es de 36 años) con doctorado, instituciones de educación superior públicas, centros públicos de investigación y en general a instituciones públicas de cualquier del nivel de gobierno estatal o federal que se dediquen a la investigación.

Dentro de este proyecto las instituciones presentan “planes de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, que tengan por objetivo atender problemas de importancia nacional” de manera que aquellos que se consideren de mayor relevancia y calidad son elegidos por el Conacyt para asignar entre una hasta cinco cátedras por proyecto, las cuales son ocupadas por candidatos que la Institución beneficiada propone, que a su vez tienen que ser ratificados por el Consejo.

Esta política pública tiene grandes beneficios para el país, ya que gracias a ella hay personas investigadoras que pueden ocupar cargos públicos y desarrollar técnica y científica-mente un tema en favor de México y su población, a la vez que disponen de un salario y prestaciones aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por otro lado, las instituciones públicas también se ven beneficiadas al reclutar recursos humanos expertos en áreas específicas para llevar a cabo proyectos institucionales sin tener que disponer de su propio presupuesto para hacerlo.

Según cifras oficiales del propio Conacyt, “actualmente mil 76 a investigadoras e investigadores desarrollan 664 pro-yectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico en 132 instituciones de todo el país, de los cuales el 75 por ciento pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SIN) y el 42 por ciento es ocupado por mujeres”.

En cuanto a la distribución de las Cátedras es el Consejo quien las determina de acuerdo con la prioridad de los temas conforme al contacto nacional en relación con el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. De tal manera, que a la fecha los catedráticos están desplegados en cinco tipos distintos de proyectos, de la siguiente forma:

-Desarrollo Tecnológico: 27 por ciento.

-Ambiente: 14 por ciento.

-Desarrollo Sustentable: 14 por ciento.

-Salud: 14 por ciento.

-Conocimiento del Universo: 12 por ciento.

-Sociedad: 11 por ciento.

-Energía: 8 por ciento.

Esta política funcionaba de manera favorable, de tal forma que desde el 2014 más de 6,420 jóvenes se habían inscrito al Padrón de Jóvenes Investigadores con la intención de unirse a Cátedras Conacyt como medio para incorporarse al mercado laboral del país. Sin embargo, recientemente se han dado una serie de arbitrariedades han afectado la situación laboral de los investigadores de las Cátedras, por ejemplo, el hecho de ser asignados en las listas de “personal de confianza” de las instituciones en las que están colaborando, a pesar de no pertenecer formalmente a ellas.

En ese sentido, quienes integran este programa han comenzado la búsqueda de mecanismos que les garanticen el cumplimiento de sus derechos laborales de tal manera que en búsqueda de una negociación para la firma de un contrato colectivo, algunos de los integrantes de las Cátedras se han unido al Sindicato Independiente de Trabajadores de Investigación de Cátedras Conacyt (Siintracátedras), el cual se encuentra registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social desde el 20 de febrero del 2020.

No obstante, no han recibido respuesta alguna y, por el contrario, el 26 de agosto del 2021, a través del comunicado 236 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se informó la creación del Estatuto de Personal Académico (EPA), en el cual se establece que para seguir siendo parte del programa de Cátedras es necesario comprobar “su inserción laboral en la institución receptora o en cualquier otra”, es decir, que deberán ser contratados formalmente por alguna entidad distinta al Conacyt.

Diversos investigadores han manifestado su inconformidad con dicha decisión pues la consideran una precarización laboral. De tal manera que, en días recientes, a través de la red social Twitter, utilizando la etiqueta #BuscoTrabajo, denunciaron lo sucedido. A continuación, se mencionan algunos ejemplos que demuestran el sentir de las y los académicos:

“#BuscoTrabajo. Soy doctora en Ciencias Sociales y me especializo en antropología de las violencias y de la justicia, metodologías y espistemologías feministas y colaborativas. Actualmente soy Catedrática @Cona-cyt_MX y para conservar mi trabajo tengo que buscar trabajo.”

“#BuscoTrabajo Doctor en Sociología. SNI 1. Especia-lista en sociología de grupos armados, violencia criminal y política de drogas. Experiencia en investigación, docencia, vinculación y difusión. Catedrático @Cona-cyt_MX. Pero, para conservar mi empleo tengo que buscar empleo.”

“#BuscoTrabajo para conservar mi trabajo como cátedra Conacyt. Soy doctora en Ciencias de los alimentos, SNI1, trabajo con alimentos de origen vegetal y su función en la prevención y el tratamiento enfermedades crónicas no transmisibles.”

Resulta importante mencionar que el Conacyt tiene la obligación de promover la participación de la comunidad científica en el sector público. Lo anterior de acuerdo al artículo 2, fracción IX de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que a la letra expone lo siguiente:

“ Artículo 2. El Conacyt tendrá por objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo federal y especializada para articular las políticas públicas del gobierno federal y promover el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país. En cumplimiento de dicho objeto le corresponderá al Conacyt, a través de los órganos que establece esta Ley y de sus representantes, realizar lo siguiente:

I a VIII...

IX. Promover la participación de la comunidad científica y de los sectores público, social y privado en el desarrollo de programas y proyectos de fomento a la investigación científica y tecnológica y al desarrollo tecnológico;

X a XXX...”

Por otro lado en cuanto a las obligaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece:

“ Artículo 40. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I a XVIII...

XIX. Promover la democracia sindical y el acceso a la contratación colectiva;

XX a XXII...”

Ante tales circunstancias, hago un llamado a las autoridades correspondientes a realizar las acciones necesarias para solucionar esta situación, con la intención de hacer cumplir lo establecido en la Ley, ya que tanto al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología como a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social les corresponde atender las demandas y necesidades de las y los investigadores, toda vez que son parte esencial para el desarrollo del país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a que, en el ámbito de sus atribuciones, tome las medidas pertinentes para atender las demandas de quienes integran el programa “Cátedras Conacyt” y garantice el cumplimiento de sus derechos laborales.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a que, en el ámbito de sus atribuciones, tome las medidas pertinentes para atender las demandas de quienes integran el programa “Cátedras Conacyt” y garantice el cumplimiento de sus derechos laborales.

Nota

1 Artículo 1 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, 5 de junio de 2002.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre del 2021.– Diputada Norma Angélica Aceves García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, A LIBERAR ESTÍMULOS FISCALES A EMPRESAS PARA PODER DEDUCIR APORTES TRIBUTARIOS A FIN DE AYUDAR A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a liberar con la SHCP, el SAT y la STPS estímulos fiscales a empresas para poder deducir aportes tributarios, que recaigan en el ISR o en el ISN, a efecto de ayudar a mexicanos de 45 años y adultos en situación de vulnerabilidad durante esta pandemia, logrando una inserción e inclusión laboral, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Ana Karina Rojo Pimentel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero sustenta el derecho a la no discriminación por actos que tengan por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, ya sea por origen étnico, género, edad, discapacidades, condición social, salud, religión, opiniones o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo quinto provee la libertad de ocuparse en la profesión, industria, comercio o trabajo que se le acomode siendo lícito y la única razón para vedarse es por determinación judicial, se ataquen derechos de terceros o por resolución gubernativa. Estando alertas y de conocimiento por los obstáculos causados por la enfermedad de covid-19, y que, tomando en cuenta los avances en la generación de empleos, hay aún números alarmantes respecto a la desocupación laboral.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), durante el segundo trimestre de 2021, se tomó como totalidad la población de 15 años y más, que representa a 97.7 millones de mexicanos.

De esos 97.7 millones que representan el cien por ciento, sólo 57.7 millones (59 por ciento) se encuentra categorizada como población económicamente activa (PEA), que se refiere a todas las personas en edad de trabajar, o contaban con una ocupación durante el periodo de referencia o no contaban con una, pero estaban buscando emplearse con acciones específicas. Así, la PEA tiene 4.2 por ciento de población desocupada (2.4 millones de personas de 15 años y más), es decir abiertamente desempleada.

Sin embargo, la población no económicamente activa (PNEA) representa 41 por ciento, es decir 40 millones de personas que no participan en la actividad económica ni como ocupados ni como desocupados.

De ese 41 por ciento de PNEA como totalidad, 19.8 por ciento se encuentra disponible para ocuparse laboralmente, es decir, 7.9 millones de mexicanos de 15 años o más dispuestos a emplearse.

Ahora, teniendo el contexto de la situación del país, y tomando sólo los datos de la población económicamente activa brindadas por el Inegi y su ENOE, la población desocupada de 45 años y más pasó de 641 mil 112 desempleados en el segundo trimestre de 2020 a 544 mil 67 en el segundo trimestre de 2021. Contando con un detrimento en el desempleo de apenas 97 mil 45 mexicanos en un año.

Por lo anterior, sabemos que los adultos de 45 años y más, añadiendo a los adultos en situación de vulnerabilidad, necesitan de un impulso frente a las generaciones más jóvenes en cuanto a la oportunidad de ocuparse y participar de manera activa en la situación económica del país.

Se toma como un acto de discriminación que vulnera los derechos de los mexicanos y como excusa la asunción que los adultos y el avance de las tecnologías de la información y la comunicación no son compatibles o imposibles de dominar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de la honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que esta honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo federal para que, de acuerdo a su facultad plasmada en el artículo 39, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Sistema de Administración Tributaria y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, liberen estímulos fiscales a empresas para poder deducir aportes tributarios, y que recaigan en el Impuesto sobre la Renta (ISR) o en el Impuesto sobre Nómina (ISN), a fin de ayudar a mexicanos de 45 años y adultos en situación de vulnerabilidad durante esta pandemia, logrando una inserción e inclusión laboral.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2021.– Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

SE ATIENDA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS SÍSMICAS DAÑADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias a atender el funcionamiento de las alertas sísmicas dañadas en la Ciudad de México, a cargo del diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del PAN

El diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción 2, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de diversas dependencias a atender el funcionamiento de las alarmas sísmicas dañadas en la Ciudad de México, al tenor de los siguientes

Antecedentes

La Ciudad de México fue fundada sobre los cimientos de un enorme sistema de lagos que conforman el Valle de México. Dichos cuerpos de agua, actualmente se encuentran canalizados a través de mega estructuras hidráulicas y canales pluviales. Esto ha ocasionado que derivado de los asentamientos humanos, la Ciudad de México se hunda al menos 50 centímetros al año. 1

La ubicación de México la hace propensa a vivir sismos fuertes debido a que está en la llamada zona de subducción. Este tipo de zonas son partes de la tierra donde una placa de la corteza terrestre se desplaza lentamente debajo de otra. En el caso de México, una placa oceánica, la de Cocos, se desliza gradualmente bajo la placa continental, la de Norteamérica

Con el tiempo se crea tensión por la fricción entre las placas y, en determinado momento, la tensión es tal que la energía reprimida se libera en forma de sismo.

La zona de subducción responsable de los dos terremotos recientes va a lo largo de la costa de Centroamérica, desde el centro de México a Panamá, dijo Gavin Hayes, un investigador geofísico del Servicio Geológico de Estados Unidos. Hay otras zonas de subducción en el mundo que, dicen los expertos, son las causantes de la mayoría de los terremotos más potentes. 2

En conjunto, la Ciudad de México por sus condiciones de asentamiento y la ubicación geofráfica del país, hacen totalmente vulnerable a la capital ante movimiento telúricos de gran magnitud.

El 19 de septiembre de 1985, México había sufrido el peor terremoto del tiempo moderno, cobrando alrededor de 10 mil vidas y más de 200 inmuebles dañados.  Derivado de este terremoto, la sociedad mexicana y gobierno, tomaron consciencia sobre la eventual desgracia que podría suscitarse en un futuro incierto. Por lo que se aplicaron diversas políticas en materia de protección civil y prevención de desastres.

Treinta y dos años después, el país sufrió un par de terremotos de magnitudes altas; el primero de 8.1 grados sobre la escala de Richter, y el segundo de 7.1 grados. El segundo, más devastador que el primero, pues su epicentro se suscito a 100 km de la capital del país generando la caída de decenas de inmuebles y cobrando más de 700 vidas.

La Ciudad de México, cuenta con una red de altavoces que tienen diversas cámaras de videovigilancia de la CDMX, siendo una herramienta de difusión que permiten transmitir alertas e información de seguridad a la ciudadanía como sismos, incidentes de alto riesgo, incluso el voceo de personas extraviadas.

Derivado del macro simulacro realizado el pasado 21 de junio de 2021 en la Ciudad de México, a través de redes sociales, cientos de ciudadanos se manifestaron para señalar que los altavoces de sus colonias o cercanías no funcionaron, enviando la ubicación de los mismos y que a continuación se presentan:

Lo anterior, se hizo del conocimiento de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, a través de un oficio girado a su oficina entregado el 2 de julio del presente año.

El pasado 7 de septiembre, un sismo 7.1 grados golpeó a la Ciudad de México, sin dejar lesionados ni inmuebles dañados, sin embargo, nuevamente se presentó la problemática sobre la inoperancia de los altavoces, pues en diversas colonias de la alcaldía Benito Juárez siguieron sin funcionar a más de 2 meses de enviar la solicitud a la jefa de gobierno. Gracias a las denuncias de los vecinos por redes sociales, se pudo realizar un listado de los aparatos que no funcionaron o sonaron a un nivel muy bajo debido a la falta de mantenimiento.

A continuación, se presentan los altavoces que no funcionaron el 7 de septiembre en el sismo antes mencionado de las colonias de Benito Juárez siendo más de 15 colonias afectadas.

Derivado de lo anterior, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México licitaron un contrato por 97 millones de pesos con la empresa Accuracy It Consulting, con el objetivo de renovar el sistema análogo a un sistema digital “IP” a los más de 11 mil altavoces de la Ciudad de México.

Dicha empresa ha recibido anteriormente diversos contratos por parte del Gobierno de la Ciudad, acumulando casi 900 millones de pesos entre 2018 y 2021.

De acuerdo con el C5, la infraestructura de altavoces análogos, instalados en su mayoría en 2009, es obsoleta, “por lo que se requiere integrarla al sistema de altavoces con tecnología IP, misma que actualmente ya opera en el C5 con un esquema de alta disponibilidad”.

El 11 de abril pasado el C5 realizó una prueba sonora de los altavoces, de la que se desprendió que solamente el 3.2 por ciento de los 12 mil 826 postes con altavoces, equivalente a 413 postes, no funcionó, por razones como falla eléctrica, falla en el enlace de comunicación, amplificador dañado, entre otras. 3

Por lo anteriormente expuesto, se considera urgente atender el problema del funcionamiento de los altavoces en la Ciudad de México para prevenir a la población ante un posible sismo de magnitud de desastre, así como conocer cuál es el avance en el mantenimiento y renovación de los altavoces realizados durante el presente año por parte de las empresas contratadas por el gobierno de la Ciudad de México.

Considerandos

1. Que con fundamento en los artículos 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México correspondiente al apartado de Ciudad Segura, inciso A, Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil, establece que:

“Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.”

2. Que con fundamento en el artículo 16, Ordenamiento Territorial, inciso I, Vulnerabilidad, resiliencia, prevención y mitigación de riesgos, numeral 1 del mismo ordenamiento de la Ciudad de México, el gobierno de la ciudad garantizará la seguridad de las personas, estableciendo medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que reduzcan la vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad humana. Asimismo, establece en su inciso A lo siguiente:

“El gobierno de la ciudad garantizará la seguridad de las personas, estableciendo medidas de prevención, mitigación y gestión integral de riesgos que reduzcan la vulnerabilidad ante eventos originados por fenómenos naturales y por la actividad humana.”

3. Que con fundamento en el artículo 85 de la Ley de Gestión integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, correspondiente al Sistema de Alerta Temprana y alertas, avisos, y quejas en materia de protección civil:

“El Sistema de Alerta Temprana de la Ciudad de México se conformará por los sistemas existentes y que estén operando en el territorio, como el Sistema de Alerta Sísmica; el Sistema sobre el Índice de Radiación Ultravioleta, el Sistema de Calidad del Aire y otros de competencia federal a cargo de Conagua, las Secretarías de Salud Federal y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) serán coordinados operativamente para efectos de alertamient o por la Secretaría, en coordinación con las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.”

4. Asimismo, el artículo 86 del mismo ordenamiento, destaca que el Sistema de Alerta Temprana de la Ciudad de México es un derecho para los residentes de la Ciudad de México, se tendrá que promover a través de tecnologías de información y comunicación. Ésta deberá ser clara y oportuna con base en el conocimiento del riesgo y monitoreo del potencial peligro debiendo tomar en cuenta, cuando menos, los siguientes aspectos:

I.- ...

II.- Los equipos de medición, monitoreo, transmisión, adquisición y procesamiento de la información que se requieran, así como los sistemas para difundir las alertas. Para efectos de lo anterior deberán contemplarse aspectos relacionados con la operación y mantenimiento del sistema, designación de los responsables de la operación de este, así como, la adopción de modelos que permitan, en su caso, el pronóstico de intensidad y definición de umbrales para su activación;

III.- Los mecanismos de difusión y comunicación para diseminar las alertas a la población en riesgo y a las autoridades. Se deberán implementar canales y protocolos que se emplearán para la diseminación de datos e información; y

IV.- ...

5. Que con fundamento en el artículo 89 de la misma ley, establece que es competencia de la secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México lo siguiente:

“ La Secretaría promoverá la instalación de sistemas de alarma audible y visible conectados al Sistema de Alerta Sísmica en puntos de la ciudad geográficamente estratégicos y de afluencia masiva, a fin de prevenir a la población en caso de un sismo, en los términos que establezca el reglamento. Asimismo, el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México (C5), a través de la infraestructura instalada, difundirá los alertamientos públicos audibles y visuales ante todo tipo de fenómeno perturbador, realizando en todo momento las pruebas y el mantenimiento necesarios para asegurar su correcto funcionamiento.”

6. Que de conformidad con el Manual Administrativo del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5); el Centro fue creado para fortalecer y crecer los servicios que proporciona el Centro para la Atención a Emergencias y Pro-tección Ciudadana  de la Ciudad de México (CAEPCCM), teniendo como objetivo la captación de información integral para la toma de decisiones en las materias de protección civil, procuración de justicia, seguridad pública, urgencias médicas, movilidad, medio ambiente, servicio a la comu-nidad, emergencias y desastres...

7. Que de conformidad con el decreto por el que modifica el diverso por el que se crea el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, en sus resolutivos primero y segundo que a la letra señala:

Primero. Se crea el órgano desconcentrado denominado Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México en adelante (C5) adscrito a la jefatura de gobierno del Distrito Federal cuyo objetivo es la captación de información integral para la toma de decisiones en materia de protección civil, procuración de justicia, seguridad pública, urgencias médicas, movilidad, medio ambiente, servicio a la comunidad, emergencias y desastres. Mediante la integración y análisis de información captada a través de su centro integral de vídeo, monitoreo, de la utilización de las herramientas tecnológicas

Y en el resolutivo segundo que señala que el “C5” tendrá las siguientes atribuciones:

I. a IV.- ...

VII.- Administrar y operar la infraestructura, herramientas tecnológicas, servicios, sistemas o equipos de comunicación y geolocalización de que se disponga; y

VIII. a XIX ...

XX.- Implementar y contratar los servicios, sistemas y equipos de comunicación o geolocalización, equipa-miento e infraestructura tecnológica que sean necesa-rios para el cumplimiento de su objeto.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados LXV Legislatura, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta de manera respetuosa a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, a que implemente las acciones necesarias para dar mantenimiento a los miles de altavoces que emiten la alerta sísmica que no funcionan o tienen deficiencia en el servicio; y que son controlados por el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México.

Segundo. Se exhorta de manera respetuosa y en el ámbito de sus atribuciones al coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, maestro Juan Manuel García Ortegón, a que publique los avances en el cum-plimiento de los contratos relativos al mantenimiento y renovación de los altavoces que emiten la Alerta Sísmica.

Notas

1 El Financiero 2021.- ¿La Ciudad de México se está hundiendo?.- Página web:

https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2021/05/08/la-cdmx-se-esta- hundiendo-estudio-sugiere-que-si-y-no-hay-algo-que-pueda-detenerlo/

2 The New York Times 2017.- ¿Por qué México sufre tantos sismos fuertes?.- Página web:

https://www.nytimes.com/es/2017/09/22/espanol/america-latina/por -que-mexico-sufre-tantos-sismos-fuertes.html

3 Forbes 2021.- Contrato de altavoces C5 a empresa que vendió archiveros a Policía.- Página web:

https://www.forbes.com.mx/contrato-de-altavoces-del-c5-a-empresa -que-vendio-archiveros-a-la-policia/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2021.– Diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.

SE LLEVE ACABO EL SANEAMIENTO Y RESCATE DE LA CUENCA DEL RÍO DUERO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, la Conagua y la Profepa a realizar acciones tendentes al saneamiento y rescate de la cuenca del río Duero, a cargo de la diputada Adriana Campos Huirache, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Adriana Campos Huirache, diputada a la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Comisión Nacional del Agua y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a efecto de que realicen acciones tendientes al saneamiento y rescate de la cuenca del río Duero, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La cuenca del río Duero se localiza en el noroeste del estado de Michoacán y se encuentra a una altura de dos mil metros sobre el nivel del mar, con una superficie de 2 mil 531 km2. Pertenece a la jurisdicción de la región administrativa número VIII Lerma—Pacífico, en la región hidroló-gica 1 Lerma Santiago y específicamente en la denominada zona hidrológica río Lerma — Chapala. i

El río Duero nace en los manantiales del poblado de Carapan en la región conocida como La Cañada de los Once Pueblos, perteneciente al municipio de Chilchota, cruza por los valles de Zamora y Guadalupe y la Ciénega de Chapala, uniéndose al río Lerma en los límites de Michoacán y Jalisco, cerca de la población de Ibarra en el municipio de Briseñas, con un recorrido total de 75 km en línea recta. ii

Al referirse a los antecedentes históricos de la cuenca, Aguirre Olguín señala que el aprovechamiento del agua en la zona se remonta a la época prehispánica y un ejemplo de lo anterior lo es el nombre del valle donde se localiza Zamora, Tziróndaro, palabra de origen purépecha que significa “Lugar de Ciénegas”. Entre los restos prehispánicos de infraestructura hidráulica se tienen los terraceados que eran construcciones para cambiar el cauce del río con el fin de tener terrenos para uso agrícola. iii

Los climas predominantes dentro de la cuenca van de semicálido a subhúmedo con tendencia a templados, mientras que la cobertura vegetal y el uso de suelo que caracteriza a la cuenca del río Duero son muy diversos, siendo de destacarse que el uso agrícola y los asentamientos humanos ocupan prácticamente la mitad del territorio, reconociéndose la existencia de los siguientes tipos de vegetación: bosque de pino; bosque de encino; matorral subtropical, y vegetación halófila. iv Dentro de la fauna acuícola de esta cuenca se encuentran los acociles, las carpas, las cheguas, el bagre, el gupy, el pescado blanco, el charal, la lamprea y la sardina de Orandino. v

En la zona se cultivan maíz, trigo y sorgo, pero la fresa adquiere especial importancia, dada su cercanía con varios de los puntos de distribución de comercio a nivel nacional y con varias de las empresas congeladoras y empacadoras localizadas principalmente en Celaya e Irapuato. Michoacán ocupó en 2019 el primer lugar en producción de fresa con 564 mil 554 toneladas, lo que constituyó un aumento del 24.1 por ciento con respecto al año anterior, destacándose el municipio de Zamora en la producción de este fruto. Vale la pena señalar que de las poco más de 8.3 millones de toneladas cosechadas de fresa en el mundo, 7.8 por ciento tiene origen en los fresales de México. La fresa mexicana tiene reconocimiento internacional y en 2019 se consolidó un nuevo máximo histórico en volumen exportado: 286 mil 915 toneladas, las cuales alcanzaron un valor de 912 millones de dólares. Los principales clientes de las exportaciones mexicanas son los Estados Unidos, Canadá, Hong Kong, Arabia Saudita, Japón, el Reino Unido, Costa Rica, Perú, Kuwait, El Salvador y Panamá. Nueva Zelanda, Líbano y Tailandia adquirieron la frutilla de México por primera vez. vi

De un análisis realizado hace algunos años en 25 sitios representativos de la cuenca se concluyó que la totalidad de las muestras analizadas no cumplían con lo previsto en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 (SSA 2000) para el caso del uso y consumo humanos, normativa en el cual se estipula que el agua destinada a dicho propósito necesita de la ausencia de coliformes totales y de Eschirichia coli, por lo que se requiere de un proceso de potabilización en las mismas. A decir de algunos especialistas, la presencia de tales bacterias constituye un indicador de las amenazas, impactos y presiones a que pueden estar sometidos los manantiales. vii

De conformidad con un estudio relativo a la operación, cantidad y calidad de los manantiales de la cuenca del río Duero en 43 por ciento de estos se presentaron amenazas de impacto negativo por la presencia de una fuente de contaminación, ya sea por aguas residuales, crecimiento demográfico u otras actividades.

“El deterioro de la calidad microbiológica del agua se ha convertido en un motivo de preocupación a nivel regional dado el crecimiento agrícola en el ámbito del cultivo de frutillas (fresa, zarzamora, frambuesa, etcétera), cuyos estándares de inocuidad son muy estrictos. El agua es fundamental en el cumplimiento de este requisito. La problemática que enfrentan los manantiales es muy variada, por lo que es necesario emprender una serie de trabajos para su restauración, protección y mejor aprovechamiento, tales como el cercado perimetral, la reforestación, la limpieza de maleza acuática, el mantenimiento de la infraestructura disponible, la reubicación de abrevaderos y lugares de lavado de ropa”, señalaron los investigadores quienes concluyeron que “los manantiales presentes en la cuenca del río Duero son abundantes y de buena calidad química, no así en términos microbiológicos ya que se encontró la presencia de E. coli en un porcentaje importante de ellos, haciéndolos de alto riesgo a la salud humana, por lo que para su uso doméstico requiere de un proceso de potabilización. El caudal total medido acumulado en manantiales fue de 8.526 m3/s, lo que es suficiente para cubrir las demandas de los diversos sectores económicos. Sin embargo, es importante reconocer que al ser parte del caudal del río Duero, su deterioro es inmediato ya que al mismo se vierten de manera directa descargas de aguas residuales lo que provoca su contaminación”. viii

A pesar de los años transcurridos desde la publicación de la investigación en comento y de los numerosos llamados hechos por la sociedad civil y los representantes populares, a efecto de que sea atendido el problema de la contaminación existente en el río Duero, lo cierto es que ésta persiste y se manifiesta a través de la presencia de jabón, ácidos y otras sustancias nocivas en el agua, lo que pone en riesgo la vida de miles de personas, la salud del ecosistema y la viabilidad de diversas actividades agrícolas, como, por citar sólo un ejemplo, el cultivo de fresas, tal y como lo han advertido representantes de productores. ix

La situación es de tal gravedad en la región que, incluso, en el Parque Nacional Lago de Camécuaro se han venido presentando descargas de aguas contaminadas, lo que ha hecho peligrar la belleza del sitio que hasta hace poco era un espacio idílico propio para el descanso de las familias michoacanas.

Es por todo esto que se vuelve indispensable la intervención de las autoridades competentes en materia hídrica y medio ambiental, a efecto de que realicen acciones tendientes a sanear la cuenca del río Duero, las cuales podrían consistir en la instalación o reparación de plantas tratadoras, la verificación de descargas a los cuerpos de agua, el saneamiento de los cauces y la vigilancia sobre el crecimiento de las áreas urbanas, entre otras.

Ante lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Comisión Nacional del Agua y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a efecto de que realicen acciones tendientes al saneamiento y rescate de la cuenca del río Duero.

Notas

i Silva García, José Teodoro; Ochoa Estrada, Salvador; Manantiales de la Cuenca del Río Duero Michoacán: operación, calidad y cantidad. Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, México, 2015.

ii Ibid

iii Aguirre, op. cit.

iv Aguirre Olguín, Jessica, Niveles de vulnerabilidad acuífera mediante el método SINSTASC en la cuenca hidrológica del Río Duero, Michoacán, México, 2010.

v Guzmán Arroyo, Manuel; López Hernández, Martín y Seefoó Luján, J. Luis, Los manantiales de la cuenca del Río Duero, ¿es posible y deseable preservarlos?, El Colegio de Michoacán, Instituto Michoacano de Cultura, México, 2010.

vi Fuente: Panorama Agroalimentario 2020. Datos de un campo que avanza sin dejar a nadie atrás, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, México, 2020. Consultado en <Atlas-Agroalimentario-2020.pdf (inforural. com.mx)> el 19 de agosto de 2021 a las 20: 35 horas.

vii Silva, op. cit.

viii Ibid

ix Zavala, Ana María, “Contaminación del río Duero, colapsaría economía del campo. Se requiere de dos mil millones de pesos para sanear el cauce”, México, 28 de febrero de 2020, El Sol de Zamora. Consultado en < Contaminación del río Duero, colapsaría economía del campo - El Sol de Zamora. Noticias Locales, Policiacas, sobre México, Michoacán y el Mundo>, el 19 de agosto de 2021 a las 22: 45 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2021.– Diputada Adriana Campos Huirache (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, y Recursos Naturales, para dictamen.

SE REVISE, CON BASE EN EVIDENCIA CIENTÍFICA, LOS DISTINTOS TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE AL VIRUS SARS-COV-2

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a revisar con base en evidencia científica los tratamientos alternativos para prevenir y combatir el SARS-CoV-2, como complementos o coadyuvantes de las dosis suministradas en la estrategia nacional de vacunación, a cargo de la diputada María Teresa Castell de Oro Palacios, del Grupo Parla-mentario del PAN

La suscrita, María Teresa Castell de Oro Palacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a revisar con base en evidencia científica los tratamientos alternativos para prevenir y combatir el SARS-CoV-2, como complementos o coadyuvantes de las dosis suministradas en la estrategia nacional de vacunación, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La llegada del SARS-CoV-2 (coronavirus) ha modificado el panorama mundial del cuidado de la salud pública, tanto en el ámbito social como en las estrategias implantadas por los países para combatir el virus, la enfermedad que provoca y sus secuelas.

Lo anterior, debido principalmente al desconocimiento global acerca del virus, ya que, a casi dos años de su descubrimiento, las cifras que ha dejado a su paso son enormes. Tan sólo en México, hasta el 3 de septiembre del presente año se contabilizaron 3 millones 428 mil 384 casos de personas contagiadas de covid-19, enfermedad causada por el SARS-CoV-2, de las cuales, lamentablemente perdieron la vida 263 mil 140, según cifras del gobierno federal. 1

Ante dicho escenario, los organismos de salubridad se han dado a la tarea de implementar una serie de medidas con la intención de reducir los índices de contagio por covid-19, como el lavado frecuente de manos, el resguardo en casa, mantener la sana distancia, el uso de mecanismos de barrera (cubrebocas, caretas, etcétera), así como la aplicación de las vacunas desarrolladas por distintos laboratorios.

No obstante, la realidad del país provoca que miles de familias mexicanas no se puedan permitir la suspensión de actividades, conseguir los insumos de protección o, en el peor de los casos, obtener los medicamentos necesarios para hacer frente a la enfermedad.

Aunado a lo anterior, la desinformación ha propiciado el consumo de sustancias como el dióxido de cloro o la ivermectina, mismas que no cuentan con ninguna evidencia científica que demuestre un efecto positivo para fortalecer el sistema inmune o combatir al SARS-CoV-2 una vez que entra al organismo, sino lo contrario, pueden causar cuadros de intoxicación si se consumen en altas cantidades.

Otro tipo de acciones sin sustento científico que se han vuelto populares para supuestamente contrarrestar el covid-19 son los enjuagues nasales con sustancias salinas, la exposición a altas temperaturas, beber cloro o desinfectante, rociarse con alcohol, consumir suplementos de vitaminas, comer ajo e incluso aplicarse vacunas contra la influenza; y si bien algunas son menos riesgosas que otras, lo que se demuestra es que la población se encuentra preocupada y en busca de otro tipo de alternativas para cuidarse.

Las vacunas desarrolladas a la fecha resultan cada vez menos efectivas, lo cual resulta visible con el incremento de la tasa de personas vacunadas que contraen la enfermedad, producto principalmente de la gran capacidad de mutación del virus, que actualmente cuenta con variantes como la británica (B.1.1.7), la sudafricana (B.1.351), la brasileña (P.1), la india (B.1.617) o la andina (C.37). 2

El peligro de dichas mutaciones reside en el hecho de que cada vacuna está diseñada para inocular sub unidades del virus en comento para preparar al sistema inmunológico del receptor en caso de que este acceda, pero lógicamente se pierde efectividad con las variantes nuevas, ya que la ten-dencia de los virus al mutar es evadir las defensas del cuerpo.

Resulta indispensable que la población cuente con medios alternativos para el tratamiento de la enfermedad en caso de contagiarse, ya que a pesar de contar con un esquema de vacunación completo, los propios centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), reconocen que ninguna vacuna cuenta con 100 por ciento de efectividad, y aunque reducen las posibilidades de sufrir afecciones graves, el portador puede padecer la denominada “infección en vacunados” y esparcir el virus. 3

Los CDC también concluyen que la efectividad de la inmunización, aun recibiendo las 2 dosis, no siempre alcanza los niveles óptimos de protección, debido a las particu-laridades metabólicas de cada persona, sus conmorbidades y estilo de vida, por lo que, los mismos centros sugieren continuar con las mismas precauciones que las personas no vacunadas.

Por ello, la posibilidad de contraer el virus y presentar síntomas será latente, mismos que, aunque pueden ser menores, podrían causar molestias y requerir tratamientos paliativos.

Ante esta problemática y teniendo en cuenta que aún no es posible hablar de un medicamento capaz de curar en su totalidad la enfermedad ocasionada por el Coronavirus, es que resulta indispensable pensar en estrategias no supletorias, sino complementarias, que permitan coadyuvar con los tratamientos preventivos y poscovid-19.

Algunos han sido reconocidos en el marco normativo mexicano, como el caso de la herbolaria, donde se establecen los requisitos necesarios para los remedios en esta área, su fabricación, almacenamiento y distribución, con el fin de garantizar productos de calidad que cumplan con los requerimientos para funcionar como una alternativa real.

Dado lo reciente del tema y las pocas investigaciones respecto a tratamientos alternativos, vale la pena reiterar que dichas terapias son planteadas como complementarias a los esquemas de vacunación establecidos, siempre y cuando se demuestre estadística y científicamente un impacto favorable.

Incluso, la Organización Mundial de la Salud, a través del programa Solidarity, impulsa la búsqueda de la mayor cantidad de tratamientos posibles para combatir el covid-19, a través de ensayos en 500 hospitales de 30 países. 4Entonces, vale la pena considerar el trabajo de los científicos mexicanos que en este momento realizan pruebas sobre los ya citados tratamientos, en pro de contribuir a superar la complicada situación que padece la humanidad.

En el país, la primera fase de vacunación inició el 24 de diciembre, en el hospital Rubén Leñero, de la Ciudad de México. A la fecha se han administrado 87 millones 750 mil 381 dosis a 59 millones 334 mil 972 personas, lo que arroja 28.32 por ciento de mexicanos con el esquema completo. 5Ello demuestra que la estrategia para combatir el virus a la fecha no ha podido alcanzar una parte significativa de la población, por lo que se crea una incertidumbre, acerca de cuánto tiempo tardara su aplicación.

De tal manera, a pesar de la implantación de la Jornada Nacional de Vacunación contra el covid-19, los contagios siguen incrementándose afectando a gran parte de la población, incluso, con rebrotes potencialmente peligrosos como el de la tercera ola.

Con base en lo anterior, se vuelve necesario que el Estado mexicano contemple los tratamientos alternativos que han demostrado mayor eficacia, y que cuenten con mayor respaldo técnico, científico, metodológico, y cumplan con los protocolos adecuados en materia de salubridad tienen el potencial de convertirse en un elemento preventivo ante el Coronavirus, toda vez que la Ley General de Salud faculta en el artículo 134, fracción XIV, a la Secretaría de Salud para llevar a cabo las medidas necesarias para prevenir las enfermedades consideradas por el Consejo de Salubridad General, el cual reconoce el covid-19 como una enfermedad grave de atención prioritaria, por lo que establecerá las medidas de preparación, prevención y control de la epidemia de enfermedad por el SARS-CoV-2. 6

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a revisar con base en evidencia científica los tratamientos alternativos para prevenir y combatir el SARS-CoV-2, como complementos o coadyuvantes de las dosis suministradas en la estrategia nacional de vacunación.

Notas

1 Secretaría de Salud, Informe técnico diario covid-19,México, 2021.

2 Universidad Nacional Autónoma de México, Coronavirus. Las mutaciones de los virus y el papel que juegan en una pandemia,México, 2021. Consultado en

http://ciencia.unam.mx/leer/1128/coronavirus-las-mutaciones-de-l os-virus-y-el-papel-que-juegan-en-una-pandemia

3 Centers of Disease Control and Prevention, Hospitalization Surveillance Network covid Net, Atlanta, 2020.

4 Organización Mundial de la Salud, Ensayo clínico Solidaridad sobre tratamientos contra la covid-19.Consultado en

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-20 19/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for -covid-19-treatments

5 Expansión, “México: covid 19. Vacunas administradas”, México, 2021.

6 Diario Oficial de la Federación, “Acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV-2 (covid-19) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha epidemia”, México, 23 de marzo de 2020.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2021.– Diputada María Teresa Castell de Oro Palacios (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

SE FACILITE EL INGRESO, TRÁNSITO Y SALIDA DEL TERRITORIO MEXICANO A LOS CIUDADANOS DE VENEZUELA, AUN CUANDO SU PASAPORTE SE ENCUENTRE VENCIDO

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal y el secretario de Relaciones Exteriores a dar facilidades para el ingreso, el tránsito y la salida del territorio mexicano, aun con pasaporte vencido, a los venezolanos, dada la situación política en que se encuentran en su país, a cargo del diputado Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y demás disposiciones jurídicas aplicables, se permite somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal y el secretario de Relaciones Exteriores a otorgar conforme a sus atribuciones las facilidades necesarias para el ingreso, el tránsito y la salida del territorio mexicano, aun con pasaporte vencido, a los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, derivado de la situación política en que se encuentran en su país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el Consejo Noruego para los Refugiados, más de 5 millones de venezolanos han huido de su país debido a “la represión y escasez de alimentos y medicinas desde 2014, convirtiéndola en una de las mayores crisis de desplazamiento en el mundo”.

Según datos de la Organización de Estados Americanos, antes de la llegada de la pandemia, cerca de 5 mil venezolanos huían diariamente de su país.

El país sudamericano ha estado en la lista de “crisis de desplazamiento desatendido” todos los años durante los últimos seis, con poca atención internacional prestada a la emergencia. En 2020, Naciones Unidas recibió menos de 40 por ciento de los fondos de ayuda solicitados para auxiliar a los venezolanos necesitados dentro del país y a los que habían huido a naciones vecinas.

La emergencia humanitaria en Venezuela ha mostrado pocas señales de ceder bajo el peso de la crisis económica y política; es de destacar que 1 de cada 3 venezolanos padeció inseguridad alimentaria a finales de 2020 y 30 por ciento de los niños menores de 5 años padeció desnutrición crónica.

Por si no fuera poco, la pandemia de covid-19 ha exacerbado una situación humanitaria ya grave para personas vulnerables, con el sistema de salud empujado al borde del colapso y con la amenaza del retorno de otras enfermedades infecciosas.

En el marco de la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos, 1 celebrada en junio de este año, Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, declaró que la pandemia está “causando devastación en América Latina y el Caribe, que hace que los refugiados y migrantes de Venezuela se enfrentan a crecientes problemas de protección”.

Diferentes actores en el terreno aseguran que las condiciones de vulnerabilidad con las que llegan las personas venezolanas a los países de acogida son cada vez más críticas con un aumento significativo del número de menores de edad y mujeres que están ingresando por estas vías.

La Oficina de la Secretaría General para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos de la OEA 2 instó a unir esfuerzos en toda la región para reforzar las vías regulares para cruzar fronteras en 2021 y facilitar mecanismos de protección para una población que huye por razones humanitarias.

Ante las trabas del Servicio de Administración, Identi-ficación, Migración y Extranjería de Venezuela, para renovar o expedir pasaportes, en junio de 2019, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, firmó un decreto para extender la validez de los pasaportes venezolanos vencidos, por cinco años. Esta resolución fue reconocida por Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil y Panamá.

Considerando que la emisión de pasaportes y otros documentos de identificación es necesaria para salvaguardar los derechos humanos relacionados con el derecho a la identificación, así como el derecho a la movilidad, especialmente de los migrantes y refugiados venezolanos; y que el régimen que usurpa la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela ha obstruido la emisión de dichos documentos agravando la violación de los derechos humanos de la diáspora venezolana, es urgente que nuestro país autorice el ingreso, tránsito y salida de los nacionales venezolanos al tenor del Decreto número 6, 3  expedido por Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela que extiende de manera automática la vigencia hasta por cinco años de todos los pasaportes expedidos por la República Bolivariana de Venezuela.

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la protección amplia y progresiva de los derechos humanos; considerando que asimismo las autoridades tienen la obligación de promoverlos, se fundamenta la solicitud a los titulares del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que en el ámbito de su competencia salvaguarden la integridad de los migrantes venezolanos que se encuentran en el territorio nacional, y los que tengan intención de refugiarse en el país.

La Constitución mexicana recoge el espíritu plasmado en los tratados de internacionales en derechos humanos estipulado en su artículo 11 que consagra el derecho a recibir asilo y refugio por razones de carácter humanitario.

De igual forma, el artículo 89 de la Constitución, fracción X, facultad a la persona titular del Ejecutivo Federal dirigir la política exterior observando siempre la protección y promoción de los derechos humanos.

El artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece que corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores conducir la política exterior.

Asimismo, el artículo 5 de la Ley sobre Refugio, Protección Complementaria y Asilo Político acciona diversos principios, conceptos y criterios que deberán observarse para las personas, en particular la no sanción por ingreso irregular, cuando su vida peligre por los motivos o en donde existan razones fundadas para considerar que estaría en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Dicha hipótesis se enuncia en el artículo 6 de la misma ley.

Es facultad de la Secretaría de Relaciones Exteriores promover y coordinar acciones públicas, estrategias y programas orientados a la protección y asistencia de refugiados, además de promover soluciones duraderas a la problemática que enfrentan los refugiados (artículo 15 Ley sobre Refugio, Protección Complementaria y Asilo Político).

En esa misma tesitura, conforme al artículo 28 de la misma Ley, establece que la Secretaría de Relaciones Exteriores podrá otorgar protección complementaria al extranjero que requiera protección para no ser devuelto al territorio de otro país donde peligre de ser sometido a tortura, u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.

La Ley de Migración, conforme a sus principios, sustenta que la política migratoria del Estado mexicano debe de sujetarse a la hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana en este sentido, los tratados en derechos humanos y el derecho internacional.

En conclusión, conforme a los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano debe de garantizar y reconocer a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional, bajo, entre otros, el supuesto de que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal y el secretario de Relaciones Exteriores a otorgar conforme a sus atribuciones las facilidades necesarias para el ingreso, el tránsito y la salida del territorio mexicano, aun con pasaporte vencido, a los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, derivado de la situación política en que se encuentran en su país.

Notas

1 Declaración en la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos: ACNUR, Declaración en la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos.

2 Informe de situación de la crisis de migrantes y refugiados venezolanos (OEA): 2 SR-OEA (oas.org)

3 Decreto número 6, por el que se conceden atribuciones especiales de los servicios consulares en el extranjero para el resguardo del derecho a la identificación de la diáspora venezolana: Decreto-006-2019-Atribuciones-especiales-de-los-servicios-consulares-en-el-extr anjero-para-el-resguardo-del-derecho-a-la-identificacion-de-la-diaspora-venezol ana.pdf (embajadavenezuela.org)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2021.– Diputado Jorge Triana Tena (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

SE INVESTIGUE A LA C. DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, POR LOS HECHOS EVIDENCIADOS POR EL INE, QUE PUEDEN CONSTITUIR FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES DE COHECHO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades federales y mexiquenses a investigar a la ciudadana Delfina Gómez Álvarez por los hechos evidenciados por el INE que pueden constituir faltas administrativas graves de cohecho y, de encontrarlas afirmativas, sancionarlas, suscrita por los diputados Mariana Gómez del Campo Gurza y Jorge Triana Tena, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados Mariana Gómez del Campo Gurza y Jorge Triana Tena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta Cámara proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados solicita a la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, realicen una investigación a la ciudadana Delfina Gómez Álvarez por los hechos evidenciados por el Instituto Nacional Electoral, que pueden constituir faltas administrativas graves de cohecho y, en caso de encontrarlas afirmativas, procedan a las sanciones correspondientes, conforme a los siguientes

Antecedentes

La corrupción es un problema que ha dañado fuertemente a países e incluso un factor determinante que impide el desarrollo económico, político y social. Este mal afecta directamente a toda la población, desde una persona que no recibe una atención médica, hasta la construcción de mega obras que ponen en riesgo a poblaciones enteras.

Es importante señalar que no basta con descender lugares en los índices de “percepción”, sino que para que ello sea efectivo es necesario llevar a cabo acciones concretas que sancionen y eliminen la corrupción. Asimismo, la orga-nización no gubernamental Transparencia Internacional, ha señalado que en México aún es un tema “delicado” que no se impongan sanciones en los casos y redes de corrupción que son revelados a la opinión pública e incluso puntualizó, “el riesgo de impunidad tras conocerse estos casos y no haber identificado sanciones firmes por parte de las autoridades, sigue latente”.

El pasado 3 de septiembre, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó a dos partidos políticos: Partido del Trabajo (PT) y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el primero con casi 120 millones de pesos y el segundo con cuatro millones 529 mil 225.06 pesos por la acreditación de esquemas irregulares de financiamiento.

La actual secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez ejerció como presidenta municipal de Texcoco, Estado de México, de 2013 a 2015, puesto del cual solicitó licencia para postularse como candidata a diputada federal por el partido Morena. El INE señaló que durante esta gestión, Delfina Gómez llevó a cabo un sistema de financiamiento paralelo, que dio como resultado el beneficio al partido Morena por dos millones 114 mil 612.5 pesos, los cuales no fueron reportados.

Lo anterior deriva de una queja presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), en la cual denunció que se aplicaban descuentos vía nómina a empleados del municipio de Texcoco y del DIF municipal, recursos que eran entregados a Sara Iveth Rosas Rosas y María Victoria Anaya Campos, ambas empleadas cercanas a la entonces presidenta municipal y con puestos de confianza. El dinero descontado era bajo el rubro de “Grupo de Acción Política” a 550 empleados, reteniéndoles hasta 10 por ciento de su sueldo o depositados mediante cheques, los cuales ascendieron a más 13 millones de pesos.

Además de la sanción impuesta por el INE, se dio vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México por posibles delitos electorales; a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y a la Unidad de Inteligencia Financiera.

Resulta importante señalar que al fungir como presidenta municipal de Texcoco, Estado de México, ostentaba el cargo de servidora pública, por lo que su responsabilidad administrativa era imperativa. Bajo este rubro de legalidad, la Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla, como una falta administrativa grave, el servidor público que exija por sí o a través de terceros, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración consistente en dinero o “donaciones”.

Considerandos

I. Que el artículo 6, fracción I, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de las y los diputados.

II. Que conforme al artículo 4 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, son sujetos de dicha ley los servidores públicos y aquellas personas que habiendo fungido como tal se ubiquen en el supuesto de la misma.

III. Que de acuerdo con el artículo 11 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización serán competentes para investigar y substanciar el procedimiento por faltas administrativas graves.

IV. Que conforme al artículo 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas “Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte”.

V. Que de acuerdo con el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas la prescripción por faltas administrativas graves será de siete años.

VI. Que de acuerdo con el artículo 78 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas las sanciones a los servidores públicos por faltas graves consistirán en:

“I. Suspensión del empleo, cargo o comisión;

II. Destitución del empleo, cargo o comisión;

III. Sanción económica, e

IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

A juicio del tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaladas, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de la falta administrativa grave”.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con el siguiente resolutivo

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita a la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de la Contraloría del Estado de México, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, realicen una investigación a la ciudadana Delfina Gómez Álvarez, por los hechos evidenciados por el Instituto Nacional Electoral que pueden constituir faltas administrativas graves de cohecho y, en caso de encontrarlas afirmativas, procedan a las sanciones correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2021.– Diputada y diputado: Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Triana Tena (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen.