«Iniciativa que reforma los artículos 17 a 19 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado federal Arturo Roberto Hernández Tapia, integrante del Grupo Parlamentario Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 17, 18 y 19 de la Ley Agraria, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El campo mexicano es uno de los sectores más importantes de nuestro país, es precisamente por ello que se debe dotar de seguridad jurídica a sus integrantes. El ejido es parte relevante de este sector y los sujetos de derecho agrario, son merecedores de la protección del Estado.

Actualmente la calidad jurídica de “ejidatario” que establece la Ley Agraria ha sido “rebasada en la praxis, los avecindados, posesionarios y comuneros también forman parte de los núcleos agrarios, no obstante, no están en igualdad de condiciones. El simple hecho de ser parte del ejido o la comunidad los hace partícipes de todo lo concerniente a sus actividades, pero al momento de la sucesión estos no cuentan con la posibilidad de formular su lista de sucesión.” 1

Ante situaciones de esta naturaleza, el Legislativo no puede permanecer omiso. La lista de sucesores es el instrumento por excelencia para brindar certeza jurídica a la sucesión de los sujetos agrarios.

Luego entonces, no es concebible que en pleno siglo XXI solamente sea el ejidatario el sujeto autorizado por la ley para poder suceder, pues el núcleo agrario se compone también de avecindados, posesionarios y comuneros, desde luego siempre y cuando se encuentren reconocidos por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente.

Es cierto que el ser titular de derechos agrarios no solamente comprende el derecho de uso sobre las parcelas, sino también los que el reglamento interno del ejido o la comunidad les otorgue sobre las demás tierras ejidales o comunales, y los que legalmente les correspondan por tener esa calidad, pero no por ello es significante de que solo el ejidatario pueda tener la prerrogativa de formular lista de sucesión.

Los derechos agrarios son un cúmulo de prerrogativas de las cuales gozan los sujetos agrarios, concretamente: los ejidatarios. Sin embargo, no debe considerarse obligatorio o necesario gozar de tal cumulo para poder suceder, pues la sola condición de que cualquier sujeto agrario goce del derecho de uso de una o más parcelas, debe ser factor de acceso para poder formular lista de sucesores.

El campo es el espacio de crecimiento y desarrollo de ejidatarios, avecindados, posesionarios y comuneros, así como el de sus hijos e hijas. El Estado mexicano aún no ha saldado la deuda histórica que tiene con los campesinos, lo mínimo que debe hacer es estar a la altura de sus necesidades.

El artículo 27 constitucional es la materia de la aportación del Estado al campo mexicano, sin embargo no basta con reconocer la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidal y comunal, sino también otorgarles seguridad jurídica a sus integrantes.

El artículo 13 de la Ley Agraria establece que: “Los avecindados del ejido [...] son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente. Los avecindados gozan de los derechos que esta ley les confiere”.

Se entiende que para que un avecindado pueda gozar de derechos agrarios, debe ser mexicano, mayor de edad y lo más importante: haber residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal, así como haber sido reconocido por la autoridad competente.

Luego entonces, si el avecindado cumplió con los requisitos que la ley exige, puede gozar de derechos, y si goza de derechos, debe tener acceso a suceder a través de la lista de sucesión.

La Circular número DGRAJ/1.3.1.1/1 de fecha treinta y uno de julio del año dos mil, emitida por el Registro Agrario Nacional, ya señalaba lo siguiente desde entonces:

“Resulta claro que el ejidatario, comunero o posesionario sólo podrá formular una lista de sucesión para el conjunto de sus derechos que detente en cada núcleo agrario, documento que en su oportunidad servirá de base para la transmisión de sus derechos reales y personales, de que fuera titular; es decir, podrá depositar tantas listas como titular sea de derechos agrarios en diversos ejidos o comunidades. 2

Si bien un documento de naturaleza administrativa establecía desde entonces que un comunero o un avecindado pudieran formular su lista de sucesores, en la actualidad aún no se encuentra previsto por la legislación agraria y por ende no se ha elevado a rango de ley.

Lo anterior genera constantes confusiones para un alto porcentaje de los sujetos agrarios, pues ante las anomias legales y ante la imposibilidad de depositar lista de sucesores en el Registro Agrario Nacional o formalizarla ante fedatario público, una vez que los avecindados, posesionarios o comuneros titulares del derecho de uso sobre las parcelas fallecen, es cuando los sucesores acuden ante los Tribunales Agrarios para iniciar un Juicio Sucesorio Intestamentario Agrario, como lo prevé el artículo 163 de la Ley Agraria y el artículo 18 fracción VII de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

Estos juicios, además de ser muy extensos en sus plazos, son costosos para los promoventes, pues mínimamente les genera gastos de transporte de su hogar hasta la sede del Tribunal para acudir a las diligencias —esto en el supuesto de que cuenten con la asesoría y representación de un abogado de la Procuraduría Agraria- porque de no ser así entonces los gastos son aún mayores al contratar los servicios de un abogado particular.

El resultado por antonomasia de las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales agrarios es: no procede la sucesión, toda vez que los promoventes carecen de legitimidad para promover dicho juicio, pues el de cujus no tenía la calidad de ejidatario.

El Comunicado número 36 de fecha nueve de noviembre del año dos mil dieciséis, emitido por el Registro Agrario Nacional, señala lo siguiente con respecto a la lista de sucesores:

Se trata de un trámite gratuito que puede realizarse en los Centros de Atención de las delegaciones del RAN o durante la Jornadas Itinerantes –visitas periódicas a los núcleos agrarios–, con el fin de brindar seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra y, al mismo tiempo, evitar conflictos familiares y gastos onerosos. 3

Es sorprendente que el Registro Agrario Nacional, en su carácter de autoridad administrativa, sea quien tome la iniciativa para brindar certeza jurídica a los sujetos agrarios —incluyendo a los comuneros- y no sea el Congreso de la Unión quien accione la praxis legislativa en la materia para regular esta situación.

En el mismo comunicado se enfatiza el siguiente dato estadístico:

“Sirva como ejemplo, que el 30 por ciento de los juicios que se realizan en los Tribunales Unitarios Agrarios de país, se deben a la falta de designación de sucesores.” 4

Este tipo de datos deben ser un referente a tomar por parte de los legisladores, pues el hecho de que no existan sucesores se debe en primer término a la ausencia de cultura en materia de sucesión y testamento, y en segundo término a que no todos los sujetos agrarios son ejidatarios, por ende se encuentran ante un vacío legal que no les permite formular lista de sucesión, puesto que de acuerdo a las resoluciones de los Tribunales Agrarios no opera el principio general del derecho que dicta que “Lo que no está prohibido, está permitido”.

El artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

En concordancia con el contenido del precepto constitucional, los legisladores federales nos debemos al pueblo, y los avecindados, posesionarios y comuneros son parte del mismo, así como pieza fundamental del crecimiento y desarrollo del campo mexicano.

Luego entonces, justo es que su Congreso les otorgue seguridad jurídica al momento de la sucesión, brindándoles el acceso legal para que al igual que los ejidatarios pueda formular y depositar su lista de sucesores en el Registro Agrario Nacional o formalizarla ante fedatario público, esto siempre y cuando se encuentren reconocidos por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente.

 El siguiente texto apoya la motivación que antecede:

“[...] debió haberse incluido en el texto de nuestra ley fundamental y en su legislación secundaria la pertinente regulación de una institución del derecho agrario que ha subsistido en la historia de la clase campesina, desde su existencia, que son los posesionarios en materia agraria”. 5

Es cierto que la Ley Agraria dispone en su artículo 2 que lo no previsto en dicho cuerpo normativo, se aplicará supletoriamente lo establecido por el Código Civil Federal y el Código de Comercio, sin embargo, es claro que aunque el régimen agrario es similar al régimen de propiedad privada, no son iguales.

No debe olvidarse que el derecho agrario surge del Derecho Social, protegiendo a los sujetos más vulnerables, no así el Derecho Privado, pues éste se encarga de regular las relaciones entre particulares, esto conlleva a que no tiene el mismo tratamiento la sucesión en ambas materias, porque en lo agrario es una lista de sucesión ante una autoridad administrativa que es el RAN (por costumbre general así aplica) y en lo civil es el testamento ante Notario Público.

Entendido esto, es que el poseedor en materia civil tiene el derecho de realizar su testamento, aun teniendo esa calidad, no así el posesionario en materia agraria en la lista de sucesores. Tan no son iguales ambos regímenes que por ello existe todavía el ejido.

En tiempos de la Secretaría de la Reforma Agraria se suscribió un “Convenio de Colaboración y Concertación, que para operar un Programa de Formalización ante Notario Público de las Listas de Sucesores de Ejidatarios, Comuneros y Posesionarios celebran, por una parte, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria, con la intervención del Registro Agrario Nacional, y por la otra, la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, AC”, 6 el cual demuestra que desde entonces y ante la ausencia de regulación por parte del Congreso mexicano, las autoridades administrativas en la materia como el RAN y la Procuraduría Agraria ya celebraban acuerdos con el notariado mexicano para dar formalidad a la sucesión de los sujetos agrarios —incluyendo a los comuneros y posesionarios-, lo cual muestra claramente que la figura del ejidatario ha sido rebasada ante los constantes cambios del campo mexicano.

Por ello la necesidad de que se contemple que los avecindados, posesionarios y comuneros reconocidos por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente, tengan certeza jurídica al momento de la sucesión, brindando el acceso legal en la Ley Agraria para que puedan formular lista de sucesores y depositarla en el Registro Agrario Nacional como autoridad administrativa agraria competente, o bien, formalizarla ante fedatario público como actualmente lo dispone la legislación en la materia para el caso de los ejidatarios.

Para ello incorporo en el siguiente cuadro mi propuesta de decreto a fin de ser analizada:

Ley Agraria

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman los artículos 17, 18 y 19 de la Ley Agraria

Artículo Único. Se reforman los artículos 17, 18 y 19 de la Ley Agraria, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 17. El ejidatario, avecindado, posesionario o comunero, reconocido por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente, será considerado sujeto agrario y  tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad, para lo cual bastará que el sujeto agrario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos o hijas, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona.

La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio sujeto agrario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior.

Artículo 18. Cuando el sujeto agrario no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia:

I. Al cónyuge;

II. A la concubina o concubinario;

III. A uno de los hijos o hijas del sujeto agrario;

IV. A uno de sus ascendientes; y

V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él.

En los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V, si al fallecimiento del sujeto agrario resultan dos o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de tres meses a partir de la muerte del sujeto agrario para decidir quién, de entre ellos, conservará los derechos ejidales. En caso de que no se pusieran de acuerdo, el Tribunal Agrario proveerá la venta de dichos derechos ejidales en subasta pública y repartirá el producto, por partes iguales, entre las personas con derecho a heredar. En caso de igualdad de posturas en la subasta tendrá preferencia cualquiera de los herederos.

Artículo 19. Cuando no existan sucesores, el tribunal agrario proveerá lo necesario para que se vendan los derechos correspondientes al mejor postor, de entre los sujetos agrarios reconocidos legalmente del núcleo de población de que se trate. El importe de la venta corresponderá al núcleo de población ejidal.”

Transitorio

Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial de la Federación.

Notas

1 Estudios jurídicos de propuesta legislativa Julio César Pastor Herrera.

2 Registro Agrario Nacional. Circular número DGRAJ/1.3.1.1/1 [En línea] [Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021] Recuperado de:

http://www.ran.gob.mx/ran/dgaj/Normateca/Documentos/Circulares/A nteriores/Derechos%20individuales/Transmision%20de%20derechos%20por%20sucesion/ Circular%20DGRAJ-1.3.1.1-1.pdf

3 Registro Agrario Nacional. Comunicado número 36 [En línea] [Fecha de consulta: 26 de mayo de 2021] Recuperado de:

https://www.gob.mx/ran/prensa/deposito-de-lista-de-sucesion-un-t ramite-del-ran-que-brinda-seguridad-juridica-y-evita-conflictos-familiares-7952 5#:~: text=Por%20lo%20que%20la%20elaboraci% C3%B3n,ascendientes%20o%20cualquier%20otra%20persona.

4 Idem

5 Ciencia UAT. El Derecho a Heredar de los Posesionarios [En línea] [Fecha de consulta: 02 de junio de 2021] Recuperado de:

https://www.redalyc.org/pdf/4419/441942926008.pdf

6 Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Convenio de Colaboración y Concertación, que para operar un Programa de Formalización ante Notario Público de las Listas de Sucesores de Ejidatarios, Comuneros y Posesionarios celebran, por una parte, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria, con la intervención del Registro Agrario Nacional, y por la otra, la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, A.C. [En línea] [Fecha de consulta: 09 de junio de 2021] Recuperado de:

https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/derech o-notarial/article/download/6874/6177

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2021.– Diputado Arturo Roberto Hernández Tapia (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, suscrita por la diputada Paulina Rubio Fernández e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Paulina Rubio Fernández, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que adicionan diversos artículos a la Ley de Asistencia Social, conforme a lo siguiente:

1. Promover, incentivar y fomentar en todo el país, con la sociedad, empresas, academia y gobierno, una cultura de aprovechamiento y donación de alimentos aptos para el consumo humano, para entregarlos a las personas vulnerables, con carencias alimentarias o con dificultades para acceder a los alimentos.

2. Generar mayor participación, compromiso y responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, en las acciones de donación de alimentos y fomento entre la población, así como en cadenas productivas, tianguis y mercados, sobre los beneficios e incentivos de la donación de alimentos.

3. Promover la participación de los sectores privado, social y académico en las políticas y acciones de donación de alimentos.

4. Incentivar la recuperación, recolección, recepción, almacenamiento, conservación, distribución y entrega a los beneficiarios de alimentos susceptibles de donación;

5. Establecer las bases de la política de Estado en la materia, tales como:

a) Generación de incentivos,

b) Regulación de las bases de coordinación interinstitucional e intersectorial; y

c) Diseño de programas y acciones.

6. Dotar de atribuciones al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para formular, coordinar y ejecutar la política de Estado, con el fin de:

a) Crear programas y acciones en la materia;

b) Ejecutar el presupuesto en la materia; y

c) Capacitar a funcionarios y organizaciones de la sociedad civil; y

d) Promover en las cadenas de suministro la donación de alimentos o servicios relacionados.

7. Prohibir el uso lucrativo o político en la donación de alimentos.

Exposición de Motivos

1. El 25 de septiembre de 2015, más de 150 líderes mundiales asistieron a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York con el fin de aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible. 1

El documento final fue titulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, dicho acuerdo fue adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas. El acuerdo incluye los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas y 230 indicadores, cuyo objetivo es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede atrás para el 2030.

2. En ese contexto México “participó activamente en la definición de la Agenda, fue uno de los más activos en los foros de consulta, participando y liderando el proceso de negociación. No solo presentó propuestas puntuales para incorporar los principios de igualdad, inclusión social y económica, e impulsó que la universalidad, sustentabilidad y los derechos humanos fuesen los ejes rectores de la Agenda 2030. También abogó por la adopción de un enfoque multidimensional de la pobreza que, además de considerar el ingreso de las personas, tomara en cuenta su acceso efectivo a otros derechos básicos como la alimentación, educación, salud, seguridad social y servicios básicos en la vivienda”. 2

3. Derivado de la construcción de dicha agenda ODS 2030, se estableció como objetivo prioritario número 2 “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”.

4. Para contextualizar esta sensible problemática hay que especificar que existe seguridad alimentaria “cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”. 3

5. Por el contrario, hay carencia alimentaria cuando se presentan dificultades físicas o económicas para acceder a ellos; la inseguridad alimentaria está clasificada en leve, moderada o severa, y es mejor conocida como “hambre”.

6. Y como bien lo decía Kofi Annan: “El hambre perpetúa la pobreza al impedir que las personas desarrollen sus potencialidades y contribuyan al progreso de sus sociedades” 4

7. Ahora bien, posterior a los compromisos adquiridos por dichos países y con la finalidad de establecer las acciones necesarias a seguir para cumplir con el objetivo 2, se procedió a medir la proporción de la población con inseguridad alimentaria moderada o severa (carencia por acceso a la alimentación);  y toda vez que los tiempos exigen una mejor formulación de políticas basada en los datos, se recopiló, procesó, analizó y diseminó la información suficientemente desglosada, accesible, oportuna y confiable, arrojando los siguientes resultados actualizados a valores 2018, a nivel entidades y municipios 5 de México.

Fuente: http://agenda2030.mx/ODSind.html?ind=ODS002000050020 & cveind=118&cveCob=99&lang=es#/Indicator, consulado el 20 de julio de 2021.

Fuente: http://agenda2030.mx/ODSind.html?ind=ODS002000050020 & cveind=118&cveCob=99&lang=es#/Indicator, consulado el 20 de julio de 2021.

8. Es importante subrayar que dichas mediciones representan un gran avance. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, manifestó que, “las tecnologías de hoy en día posibilitan la recolección de los datos necesarios para cumplir con la promesa de no dejar a nadie atrás, pero es imprescindible el liderazgo político, los recursos y el compromiso de utilizar las herramientas disponibles en la actualidad.” 6

Es decir, nos muestran nuestra realidad, y podemos observar que en México un 20.4 por ciento de su población tiene carencias alimentarias, de moderadas a severas, es decir 25 millones 531 mil 581 personas tenían carencias alimentarias en el año 2018.

Pero no solo eso, también nos permite identificar con claridad en donde se ubica esta sensible problemática a nivel sociodemográfico.

9. México a lo largo del tiempo, gobierno y sociedad civil organizada, ha adoptado múltiples esfuerzos en acciones concretas y coordinadas, con el fin de combatir la inseguridad alimentaria (el hambre), logrando algunos avances para disminuir el porcentaje, como a continuación podemos observar.

10. Sin embargo esta sigue siendo un problema real y uno de los grandes desafíos de nuestro país, por lo que aún hace falta mucho por hacer para cumplir con el objetivo de un México sin hambre.

11. Paradójicamente, en todo este contexto que se expone de la carencia alimentaria que se vive en el país en pleno siglo XXI, nos encontramos que en 2021, México ocupa el lugar número 12 en la producción mundial de alimentos, dicho por el propio Secretario de Agricultura; quien estima que el valor de producción agrícola, pecuaria y pesquera es de 289 millones 300 mil toneladas a valores de 2020. 7

12. En contraste, en octubre de 2020, durante la puesta en marcha de la aplicación móvil Cheaf, se dio a conocer que en México cada año se van a la basura 20 millones de toneladas de comida en buen estado. 8

13. Es así que el 26 de abril de 2021, la FAO estimó que en México, cerca de 35 por ciento de todos los alimentos preparados y producidos se tiran a la basura, el nivel de desperdicio puede llegar hasta un 40 por ciento si se trata de carnes blancas como el pollo y el pescado y un 37 por ciento para la carne de res. 9

14. Aunado a lo anterior, la ONU estimó que en 2019 se malgastó el 17 por ciento de los alimentos a disposición de los consumidores en hogares, comercios minoristas y restaurantes. 10

15. Este escenario no sólo nos muestra una paradójica realidad, sino toda un área de oportunidad en la que es pertinente hacer un reconocimiento, a quienes de manera desinteresada, desde hace tiempo, a través de la sociedad civil organizada han implementado acciones para combatir el hambre a través de los bancos de alimentos.

16. Por lo anterior, con el compromiso que hemos adquirido ante la sociedad y con el firme propósito de contribuir con el liderazgo de México en el combate a la pobreza y de manera particular con la seguridad alimentaria, propongo esta reforma que permita impulsar las condiciones que a su vez disminuyan las brechas de desigualdad que tanto lastiman al tejido social y limitan el potencial de crecimiento sostenido de nuestro país. 11

17. El objeto principal de la reforma es promover, incentivar y fomentar en todo el país, en conjunto con la sociedad, empresas, academia y gobierno, una cultura real de aprovechamiento y donación de alimentos aptos para el consumo humano, para que a su vez puedan ser entregados a personas vulnerables con carencias alimentarias o con dificultades para acceder a los alimentos y con ello contribuir  la solidaridad alimentaria.

18. Lo cierto es que para cumplir con la política de seguridad alimentaria “es necesaria la movilización de recursos y la participación de todos los órdenes y niveles de gobierno, así como de los actores de la sociedad y los organismos internacionales”, 12 así como de los bancos de alimentos y en general la sociedad civil organizada  que han desarrollado una labor fundamental y muy eficiente ante esta situación del hambre, pero que ha su vez no cuentan con un marco normativo que les permita ser apoyados por el Estado.

19. El éxito de la política en materia de seguridad alimentaria dependerá en gran medida de la participación activa del sector privado, por lo que es necesario considerar a los empresarios no solo como “objetos” del desarrollo, sino como aliados estratégicos y sujetos  indispensables que participarán activamente en el cumplimiento de los nuevos compromisos. En México se han puesto en marcha diferentes procesos que consideran a las empresas como socios para superar los desafíos de la Agenda 2030. 13

20. Otro de los temas que procura la iniciativa es asentar las bases generales y de coordinación entre las partes, que orienten las políticas públicas para promover acciones que generen una cultura de donación y aprovechamiento de alimentos. Consideramos que deben establecerse mecanismos claros para facilitar la participación de los diferentes actores involucrados en la puesta en marcha de la política en materia de seguridad alimentaria, especialmente los relativos a la sociedad civil, aunque el sector privado, los parlamentarios y los gobiernos municipales también son actores clave. Además, se debe analizar la manera más efectiva de crear alianzas público-privadas que compartan información estadística y consigan recursos adicionales a los previstos por el gobierno que conlleven a la consecución de las metas.

21. Sabemos que no es fácil generar una política eficaz, pero con la sensibilización y los incentivos necesarios para recuperar, recolectar, recibir, almacenar, conservar, distribuir y entregar a los beneficiarios, estimulando la donación libre y voluntaria de alimentos, podemos consolidar la política de seguridad alimentaria.

22. Ahora bien, en la actualidad hay una estructura que opera acciones sociales en la materia a menor escala; esa estructura está conformada por los bancos de alimentos y asociaciones civiles. Con esta reforma buscamos ampliar el espectro de participación, colocando al Estado como principal promotor y gestor de las necesidades de la sociedad para lograr un México sin Hambre en el corto plazo.

23. Se busca generar mayor participación de los organismos estatales y municipales, a través de la coordinación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para el desarrollo de las acciones en la materia; que participen en la planeación y ejecución de acciones, y fomenten entre su población, así como en cadenas productivas, tianguis y mercados los beneficios e incentivos de la donación de alimentos.

24. Se dota de más atribuciones al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para formular, coordinar y ejecutar la política de Estado; crear programas y acciones; ejecutar el presupuesto en la materia; capacitar a funcionarios y organizaciones de la sociedad civil y promover en las cadenas de suministro la donación de alimentos o servicios.

25. Incrementa las acciones que deberá contemplar la política de Estado en la materia, tales como la generación de incentivos, creación de las bases de coordinación interinstitucional e intersectorial y la formulación y ejecución de programas y acciones.

26. Por último, se propone prohibir el uso lucrativo o político en la donación de alimentos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado tengo a bien someter a consideración de esta honorable asamblea legislativa, la siguiente iniciativa de:

Decreto que adiciona los artículos 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 y 87, así como el Título Primero y Segundo, De la donación de alimentos, con los siguientes capítulos: Capítulo I, Del objeto y de las disposiciones generales; Capítulo II, De las facultades del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada; Capítulo III, De los bancos de alimentos; Capítulo IV, De los donantes de alimentos y los beneficiarios; y Capítulo V, De los estímulos y sanciones, todos a la Ley de Asistencia social

Artículo Único. Se adicionan los artículos 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 y 87, así como los Títulos Primero y Segundo, De la donación de alimentos, con los siguientes capítulos: Capítulo I, Del Objeto y de las Disposiciones Generales; Capítulo II, De las facultades del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada; Capítulo III, De los Bancos de Alimentos; Capítulo IV, De los Donantes de Alimentos y los Beneficiarios; y Capítulo V, De los Estímulos y Sanciones, todos a la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:

Título Primero

Artículo 1 a artículo 68 [...] 

Titulo Segundo De la Donación de Alimentos Capítulo I Del Objeto y de las Disposiciones Generales

Artículo 69. El Sistema deberá fomentar, regular y coordinar las donaciones gratuitas de alimentos para la satisfacción de las carencias alimentarias de la población vulnerable, con base en las acciones siguientes:

I. Promover, orientar, incentivar y regular las donaciones de alimentos para evitar el desperdicio injustificado;

II. Establecer los principios y criterios que orienten las políticas del Sistema, para promover acciones que generen una cultura de aprovechamiento y donación altruista de alimentos para la población vulnerable;

III. Contribuir a satisfacer las necesidades alimentarias de la población vulnerable;

IV. Fomentar la coordinación de los bancos de alimentos y organizaciones sociales en la materia;

V. Promover la participación de los sectores privado, social y académico en las políticas y acciones; y

VI. Establecer las bases de coordinación interinstitucional e intersectorial, para recuperar, recolectar, recibir, almacenar, conservar, distribuir y entregar a los beneficiarios las donaciones de alimentos.

Artículo 70. El Sistema deberá realizar acciones para inhibir las siguientes prácticas:

I. El desperdicio irracional e injustificado de productos alimenticios, cuando estos sean susceptibles de donación para su aprovechamiento altruista por alguna persona jurídica privada de beneficencia reconocida oficialmente por el Sistema;

II. El uso lucrativo o político de los donativos; y

III. El uso de publicidad de imágenes o nombres personales, en el proceso de donación de alimentos.

Las personas con intención de donar alimentos quedarán exentos de la responsabilidad señalada en la fracción I del presente artículo, cuando habiendo dado cuenta de ello al banco de alimentos u organizaciones sociales, éste no acuda oportunamente a recogerlos.

La obligatoriedad de evitar el desperdicio de alimentos alcanza a la cadena de valor completa de la producción, transformación y distribución de alimentos.

La prevención del desperdicio de alimentos deberá atender el destino útil de sus materias primas, como a productos terminados.

Artículo 71. Es derecho de las personas físicas o jurídicas participar en la cultura de donación y  aprovechamiento de alimentos.

Son beneficiarios de las disposiciones de este título las personas que carecen de los medios necesarios para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas, en términos del artículo 4 de esta Ley.

La donación de alimentos se hará en favor de bancos de alimentos y organizaciones no gubernamentales que realicen labores sociales en el área del combate al hambre. 

Capítulo II De las facultades del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada

Artículo 72. Corresponde al Sistema crear una política transversal en materia de aprovechamiento y donación altruista de alimentos, en coordinación con la federación, entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios, que considere al menos las siguientes actividades:

I. Instrumentar políticas y programas de apoyo, suministro y orientación en materia de seguridad alimentaria;

II. Promover la donación altruista de alimentos entre la población y los sectores público y privado, por medio de campañas permanentes de sensibilización que incluyan la divulgación de sus beneficios e incentivos;

III. Impulsar la creación y fortalecimiento de los Bancos de Alimentos y organizaciones sociales enfocados al manejo y aprovechamiento de las donaciones altruistas.

IV. Propiciar las condiciones de fácil acceso e integración en la política de Estado y programas de apoyo, para garantizar la participación permanente de los consumidores y de los sectores público, social, privado y académico en el cumplimiento del objeto de la presente titulo;

V. Generar los incentivos necesarios para estimular la recuperación, recolección, recepción, almacenamiento, conservación, distribución y entrega a los beneficiarios de alimentos susceptibles de donación;

VI. Crear un ambiente de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México, los municipios, donantes, donatarios y beneficiario, para lograr una adecuada implementación de las estrategias;

VII. Fomentar la participación de las personas, donantes y donatarios, en actividades tendientes a garantizar la seguridad alimentaria; y

VIII. Generar en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la información necesaria para el cumplimiento del objeto  de la presente ley.

Artículo 73. En materia de donación de alimentos, el Sistema deberá:

I. Promover la asistencia alimentaria altruista y participar en los esfuerzos públicos y privados que se desarrollen para tal efecto;

II. Coordinar las acciones respecto a la política de Estado en las actividades de donación de alimentos, servicios y tiempo;

III. Realizar la planeación, instrumentación y ejecución de los programas y acciones de donación de alimentos, servicios y tiempo;

IV. Promover y fomentar entre la población, la donación de alimentos, y la participación en las actividades de recuperar, recolectar, recibir, almacenar, distribuir, conservar y entregar a los beneficiarios las donaciones de alimentos;

V. Operar la infraestructura a su cargo en la promoción e implementación de acciones en favor de la donación de alimentos a los beneficiarios;

VI. Fomentar en las cadenas de suministro, mercados y tianguis de alimentos susceptibles de donación, la importancia y los incentivos de la donación de alimentos;

VII. Supervisar que se cumplan todas las disposiciones contenidas en la presente ley, en sus respectivas demarcaciones territoriales; y

VIII. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables.

Artículo 74. El Organismo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Formular, coordinar y conducir la política de Estado;

II. Generar estudios y bases de datos sobre las necesidades alimentarias, para lo que podrá solicitar el apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Geográfica, así como de las instituciones y asociaciones públicas o privadas señaladas en esta Ley;

III. Instrumentar los programas y acciones en materia de seguridad alimentaria;

IV. Ejercer los presupuestos derivados de la política de estado en materia de seguridad alimentaria;

V. Impulsar y evaluar los programas y acciones en materia de seguridad alimentaria;

VI. Promover la celebración de convenios entre donantes y donatarios, públicos y privados, para incentivar la donación de alimentos, así como, actividades de logística tales como la distribución, almacenaje y aprovechamiento de los alimentos susceptibles de donación.

VII. Coordinar los esfuerzos públicos y privados, destinando las donaciones a bancos de alimentos, y a programas públicos de asistencia y desarrollo social, evitando la saturación de oferta de alimentos en algunas zonas o regiones del Estado en detrimento de otras;

VIII.  Supervisar que el destino de los alimentos se entregue a la población objetivo señalado en esta Ley;

IX. Capacitar permanentemente a funcionarios, donantes y donatarios, en la gestión de la política de Estado;

X. Fomentar la participación de las personas, donantes y donatarios, en actividades tendientes a garantizar la seguridad alimentaria;

XI. Promover en las cadenas de suministro de alimentos susceptibles de donación, los beneficios e incentivos de la donación de alimentos;

XII. Realizar campañas permanentes de sensibilización sobre el desperdicio injustificado de alimentos susceptibles de donación, y de la importancia del aprovechamiento y donación de los mismos;

XIII. Realizar campañas periódicas dirigidas a cadenas de suministro minoristas, medio mayoristas y mayoristas de alimentos susceptibles de donación, sobre la importancia y los incentivos sobre la donación de alimentos;

XIV. Realizar un informe y evaluación anual de la política de Estado;

XV. Formular y mantener actualizado el censo y registro de beneficiarios, de acuerdo al perfil socioeconómico; y

XVI. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables.

Artículo 75. La Secretaría de Salud tendrá las siguientes atribuciones:

I. Supervisar la distribución higiénica de los alimentos e implementar programas de asesoría, capacitación y evaluación en la materia;

II. Elaborar programas alimentarios considerando las estadísticas y zonas con población en riesgo de desnutrición, para encauzar las acciones en dichas zonas; y

III. Formular y difundir los criterios de inocuidad en materia alimentaria, para dar cumplimiento a la presente ley.

Artículo 76. Corresponde al Congreso de la Unión:

I. Incluir una partida presupuestal para el rescate de alimentos de productores agrícolas cuando estos estén destinados al desperdicio, y cuando éstos sean susceptibles de donación para su aprovechamiento altruista por alguna persona jurídica de beneficencia reconocida por el Sistema;

II. Aprobar el presupuesto necesario para la ejecución del programa de donación altruista de alimentos, el cual no podrá ser inferior al ejercido el año inmediato anterior, actualizado con base a la cifra de inflación señalada en los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal que se está presupuestando, en tanto no se satisfaga la demanda alimentaria en el Estado; y

III. Recibir del Sistema, a través de la Comisión Legislativa competente en materia de desarrollo social, los estudios que definan el piso mínimo anual para el funcionamiento de este programa.

Capítulo III De los Bancos de Alimentos

Artículo 77. Los bancos de alimentos son todas aquellas personas jurídicas públicas o privadas de beneficencia que tengan por objeto recibir en donación alimentos, almacenarlos y distribuirlos con la finalidad de satisfacer las carencias alimentarias de la población vulnerable. Estas personas jurídicas estarán sujetas a la legislación sanitaria, además deberán:

I. Tener establecimientos que reúnan las condiciones sanitarias adecuadas para el manejo de alimentos;

II. Tener personal capacitado y equipo para conservar, manejar y transportar higiénicamente los alimentos;

III. Cumplir con las normas oficiales mexicanas y los lineamientos técnicos que al efecto se expidan;

IV. Distribuir los alimentos oportunamente;

V. No comercializar con los alimentos;

VI. Destinar las donaciones a las personas carecen de los medios necesarios para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas;

VII. Evitar y en su caso denunciar desvíos o mal uso de los alimentos en perjuicio de los beneficiarios, productores, comerciantes o de la hacienda pública;

VIII. Informar anualmente al Sistema, sobre los donativos recibidos y los aplicados, sobre el destino final y su aprovechamiento;

IX. Observar las disposiciones administrativas y medidas de control que dicte la Secretaría de Salud y el Sistema, en materia de donación de alimentos mediante instrucciones de carácter general;

X. Realizar convenios con los donantes en los que se especifique, cuando menos, los tiempos de entrega y condiciones o requerimientos para la misma; y

XI. Las demás que determine la ley.

Artículo 78. Se consideran Bancos de Alimentos con reconocimiento oficial a aquellos que obtengan su inscripción con tal carácter ante el Sistema, para tal fin, ésta llevará un registro de éstos, los que para obtenerlo deberán:

I. Establecer en sus estatutos que sus directivos no percibirán retribución lucrativa por el desempeño de sus cargos;

II. Que en caso de liquidación, su patrimonio pasará a formar parte de otra personas jurídica similar o en su defecto al Sistema; y

III. Contar con un manual de funcionamiento.

Artículo 79. Los bancos de alimentos podrán solicitar una cuota de recuperación que no exceda del diez por ciento del valor comercial del producto, siempre y cuando el beneficiario tenga posibilidades de cubrirla.

La imposibilidad de pagar la cuota de recuperación no será motivo para negar el suministro de alimentos al beneficiario.

Artículo 80. Las cuotas de recuperación y balances financieros de las operaciones de los bancos de alimentos deberán reportarse anualmente al Sistema.

Capítulo IV De los Donantes de Alimentos y los Beneficiarios

Artículo 81. Son donantes de alimentos todas aquellas personas físicas o jurídicas que con fines altruistas entregan productos comestibles a los bancos de alimentos u organizaciones sociales en la materia, para su distribución entre la población vulnerable que carece de los medios necesarios para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas.

Los productos comestibles a los que se refiere el párrafo anterior deberán reunir las condiciones necesarias de calidad e higiene a fin de ser aptos para el consumo de los beneficiarios.

Los donantes deberán informar a los donatarios, sobre las condiciones y mecanismos de recuperación, recolección, recepción, almacenamiento, conservación, distribución y entrega de los alimentos susceptibles de donación.

Artículo 82. Los donantes de alimentos quedan exentos de responsabilidad en caso de daño a la salud de los beneficiarios, siempre y cuando los productos alimenticios cumplan con las condiciones que señala esta ley.

Los Bancos de alimentos sólo serán responsables de los daños que se causen, cuando se acredite que existió negligencia o dolo en la recepción, cuidado o distribución de los productos alimenticios.

Capítulo V De los Estímulos y Sanciones

Artículo 83. Los beneficiarios tienen los siguientes derechos:

I. Recibir y aprovechar los alimentos susceptibles de donación de forma totalmente gratuita; y

II. Recibir de los donatarios, los lineamientos de la distribución de alimentos en cuanto a cantidad, variedad y periodicidad, acorde con la disponibilidad; y dichas acciones las llevarán coordinadamente con el Sistema, de acuerdo a la política y programas de apoyo. 

Artículo 84. Los donantes podrán acogerse a los estímulos y beneficios que señale la legislación tributaria, así como a los convenios de colaboración que para tal efecto se realicen entre federación, y las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios.

Artículo 85. El Sistema entregará anualmente un reconocimiento público a los donantes de alimentos que se hayan distinguido por sus contribuciones a favor de los más vulnerables.

Artículo 86. Las violaciones a lo establecido por el presente título, su reglamento y demás disposiciones que de él emanen, serán notificadas por el Sistema o dependencia que corresponda de la administración pública de la Federación, las Entidades Federativas, la Ciudad de México y los municipios, a las instancias de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental correspondientes, para las sanciones administrativas a que dieren lugar.

Artículo 87. Se aplicará a petición de parte o de oficio, independientemente de lo dispuesto por otras disposiciones legales, multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a:

I. Los funcionarios públicos, empleados o directivos de los bancos de alimentos que participen en el desvío de alimentos donados, en beneficio propio o de un tercero y que fueron recibidos por estas personas jurídicas para su distribución, ya sea que se utilicen para su aprovechamiento personal o de terceros que no los requieren. La sanción se aumentará hasta en un cien por ciento cuando se comercialice con estos alimentos;

II. Los que ordenen, participen o practiquen el desperdicio irracional e injustificado de alimentos. Igual sanción recibirán quienes habiéndose solicitado alimentos en donación no los diere y los desperdiciara injustificadamente;

III. Los que teniendo conocimiento de que los alimentos no se encuentran aptos para el consumo, ordene o participe en la donación a los bancos de alimentos o la distribución de los mismos entre la población más necesitada.

IV. Hagan uso político de los programas de donaciones de alimentos; y

V. Lucren con el manejo de las donaciones de alimentos.

Quedan exentos de responsabilidad señalada en la fracción III, del presente artículo, los casos en que hasta antes del momento de hacer entrega a los beneficiarios, los alimentos ya no puedan ser aprovechados para el consumo humano.

Transitorios

Primero. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia tendrá un plazo de 60 días posteriores a la aprobación del Reglamento, para formular la política de Estado en materia de solidaridad alimentaria y sus programas derivados.

Notas

1 www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/ consultado 10 de enero de 2019.

2 Ibid

3 Seguridad alimentaria y Nutricional. programa especial para la seguridad alimentaria-PESA-Centroamérica. consultado en

www.fao.org/3/a-at772s.pdf

4 Seguridad alimentaria y nutricional, conceptos básicos, programa especial para la seguridad alimentaria. Pesa. pág. 1

5 http://agenda2030.mx/ODSind.html?ind=ODS002000050020& cve ind= 118&cveCob=99&lang=es#/Indicator, consulado el 11 de enero de 2019.

6 [1] Naciones Unidad. Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. pág. 3

7 Fuente:

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/04/29/pro-duccion- de-alimentos-en-mexico-supera-expectativas-durante-2020-pese-a-estragos-pandemi a/

8 Fuente:

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cheaf-ofrece-una-soluci on-al-desperdicio-de-alimentos-20201005-0071.html

9 Fuente:

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-Mexico-se-desperdici a-el-35-de-los-alimentos-que-se-producen-hay-que-crear-canales-para-aprovechar- estos-excedentes-Cheaf-20210425-0004.html

10 Fuente:

https://www.reuters.com/article/alimentacion-desperdicio-onu-idE SKCN2AW223

11 Documento rector. Estrategia Nacional de Inclusión ENI, Gobierno de la República. pág. 4

12 Reporte nacional para la revisión voluntaria de México en el marco del foro político de alto nivel sobre desarrollo sostenible, Gobierno de la República

13 Reporte nacional para la revisión voluntaria de México en el marco del foro político de alto nivel sobre desarrollo sostenible, Gobierno de la República. pág. 12

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2021.– Diputada Paulina Rubio Fernández (rúbrica).»

«Iniciativa de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la leyenda “Independencia nacional”, a cargo del diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Alejandro Moreno Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y 262 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como en los Criterios para las inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 2011, someto a consideración de los integrantes del pleno, la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Hacia 1808 la corona española era un remedo del imponente imperio que había construido a partir de sus conquistas en América. Años de inestabilidad y precariedad económica como consecuencia de guerras civiles e intervenciones extranjeras habían dejado a la corona en una situación muy comprometida y con una seria amenaza del otro lado de los Pirineos. Napoleón Bonaparte se adentraba en España con el pretexto de invadir Portugal, aliado de Inglaterra y enemigo mortal de Francia. Aunque las tropas francesas estarían ahí solo de paso, Napoleón no pudo contener sus ansias y decidió ocupar la totalidad de la península para imponer a su hermano mayor, José, en el trono de Madrid. España agonizaba debajo del azul, el blanco y el rojo de la bandera francesa.

Con esta serie de hechos que se sucedían dramáticamente del otro lado del Atlántico, la Nueva España despierta de su letargo y se pone en movimiento. Empieza entonces a hacer combustión entre los criollos un nacionalismo cuya semilla fue sembrada con el trato de segunda del que eran objeto por las autoridades virreinales por el simple hecho de no haber nacido en suelo español. En palabras de Lucas Alamán, los criollos se empezaron a sentir “como si fuesen los herederos de los pueblos conquistados y estuviesen en la obligación de vengar sus agravios...”.

Se empezó a desarrollar así la idea que, sin la decadente influencia de la monarquía española y administrada por los propios nacidos en suelo novohispano, el virreinato de la Nueva España podría desarrollarse plenamente y convertirse en una nación próspera acorde con la riqueza de sus recursos naturales y humanos.

Es así como se fue gestando el movimiento libertario que más de una década después daría a nuestro país su independencia. No fue, sin embargo, un proceso sencillo. La lucha de México por su libertad no fue la típica disputa de la colonia sometida contra la metrópoli explotadora como lo pudo haber sido la revolución estadounidense de 1776. El movimiento emancipador que comenzó en Dolores, por sus alcances y características, tal vez no fue más que la primera de las numerosas guerras civiles que habrían de sucederse una a una en nuestro país a lo largo del siglo XIX. El detalle que hace de ésta la más representativa, además de ser la primera, es que trajo por consecuencia el abrupto corte del vínculo político y económico que se tenía con España.

Todo se empezó a gestar de manera secreta en una serie de conspiraciones que tuvieron lugar en la ciudad de Valladolid, Michoacán. En dicha conspiración participaba un capitán del ejército realista de nombre Ignacio Allende. Cuando la conspiración de Valladolid fue descubierta, los principales cabecillas organizaron una nueva conspiración que tuvo su sede definitiva en Querétaro. Las reuniones se realizaban de manera clandestina en casa del corregidor, Miguel Domínguez. Allende estaba al frente de los conjurados, entre quienes se encontraban el propio corregidor, Miguel Hidalgo y Costilla, Juan Aldama y Josefa Ortiz. El grupo de conjurados buscaría en primera instancia la destitución de los españoles en puestos de gobierno, apoyados por un levantamiento que iniciaría el 1 de octubre. 1

La conspiración fue denunciada el 9 de septiembre y las autoridades virreinales ordenaron el arresto de los involucrados. Al enterarse, Josefa Ortiz envió como mensajero a Ignacio Pérez para avisar a los conspiradores en San Miguel el Grande, después fue presa en compañía de su marido y otros conspiradores. 2 El aviso de la Corregidora llegó a Juan Aldama y fue él quien lo llevó hasta Dolores en la madrugada del 16 de septiembre.

A partir de Dolores, el movimiento encabezado por Hidalgo se movió por varios puntos del Bajío, una de las más prósperas regiones de Nueva España. El número de tropas es desconocido, pero se estima que en su mayor pico pudieron haber sido decenas de miles. En Atotonilco tomaron el estandarte de la Virgen de Guadalupe, hasta ese entonces único elemento unificador de criollos, mestizos e indígenas, y que por ende se convirtió en el emblema del movimiento. 3 Muchos criollos pertenecientes al ejército realista y a las clases medias y altas de la Nueva España simpatizaban inicialmente con la causa de Hidalgo y Allende, pero no estaban de acuerdo con las formas, particularmente con el descontrolado vandalismo y revanchismo de las huestes de Hidalgo, que arrasaban con todo por donde pasaban. Este hecho también empezó a generar un muy agudo enfrentamiento entre Allende e Hidalgo.

Después de saquear Celaya y apoderarse de Salamanca, Irapuato y Silao, el ejército insurgente llegó a Guanajuato el 28 de septiembre. Los españoles de la ciudad se apertrecharon en la Alhóndiga de Granaditas, para tratar de resistir desde ahí el asedio de los insurgentes, pero dada la enorme superioridad numérica, no pudieron resistir. La alhóndiga fue tomada a sangre y fuego, la ciudad fue saqueada y los españoles de la ciudad fueron asesinados sin compasión por la tropa. Después de este evento el movimiento de Hidalgo no volvió a ser el mismo ni al interior ni al exterior. Al interior, las diferencias entre Hidalgo y Allende se hicieron ya insalvables, y al exterior el movimiento empezó a perder apoyos en la sociedad, incluso entre los criollos que anhelaban la independencia.

Luego de tener bajo control prácticamente todo el Bajío, los insurgentes avanzaron hacia la cuenca de México. El 30 de octubre de 1810 los insurgentes derrotaron a los españoles en el monte de las Cruces, gracias en buena parte a la estrategia militar de Allende y Aldama. Al terminar la batalla, los insurgentes se apoderaron de armas y municiones del ejército realista, cuyos remanentes huyeron a la Ciudad de México. Al día siguiente Jiménez y Abasolo fueron enviados a una negociación fallida con el virrey, que se negó a capitular. Allende, Aldama, Abasolo y Jiménez ya planeaban la estrategia para tomar la capital confiados en su superioridad numérica y ante la baja moral de los defensores realistas. Sin embargo, Hidalgo optó por volver a Valladolid, decisión que tensó más la relación con Allende y provocó la deserción de la mitad de la tropa. 4

Después de este crucial momento, todo fue un irremediable declive para los insurgentes, quienes fueron derrotados de manera definitiva en la batalla del Puente de Calderón el 17 de enero de 1811. Los insurgentes ya prácticamente sin apoyos se vieron obligados a huir hacia el norte y en la hacienda del Pabellón, Aguascalientes, Hidalgo fue despojado del mando militar en favor de Allende, quien durante todo el movimiento tuvo que conformarse con ser el segundo al mando, viendo con impotencia cómo las decisiones de Hidalgo condenaban a los insurgentes a la derrota. Nunca se habrá de saber qué hubiera pasado si hubiese sido Allende, disciplinado militar de profesión, quien hubiese tomado el mando del movimiento desde el principio.

En marzo, las diezmadas y desanimadas tropas insurgentes recibieron la invitación del cacique neoleonés Francisco Ignacio Elizondo Villarreal para reunirse con ellos en las Norias de Baján, Coahuila, para comprar armamento en los Estados Unidos de América. Los insurgentes pudieron haber pensado que se trataba de una trampa, pero para como estaban las cosas, no tenían más alternativas y desconfiar era un lujo que ellos lamentablemente no estaban en condiciones de darse. El 21 de marzo los insurgentes llegaron a Acatita de Baján. Primero llegó una carroza con Allende, Aldama, Jiménez e Indalecio, hijo de Allende. Elizondo les recibe, y acto seguido, les captura.

Tiempo después llegó el contingente de Abasolo, que es detenido por realistas. Al final llegó Hidalgo a caballo. Elizondo se encargó personalmente de recibirlo y poco después fue aprehendido. Los prisioneros fueron llevados a Chihuahua, donde se les realizaron juicios sumarios. Allende, Aldama y Jiménez fueron fusilados el 26 de junio; Hidalgo el 30 de julio y decapitados. Sus cabezas fueron colocadas en las cuatro esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, donde permanecieron por 10 años. A Abasolo se le perdonó la vida, pero fue condenado a prisión perpetua por las influencias políticas que tenía su esposa con el virreinato, siendo enviado a la prisión de Cádiz, España, al Castillo de Santa Catalina, donde murió el 14 de abril de 1816 de tuberculosis pulmonar.

Así terminó el movimiento de Miguel Hidalgo. Una ocasión desperdiciada para generar consenso y apoyo entre los criollos que veían con buenos ojos la independencia de la Nueva España. Los hechos de violencia exacerbados de los insurgentes solo desprestigiaron su noble causa. No es de extrañarse que destacados criollos que más adelante tendrían un papel central en los primeros años del México independiente como el consumador Agustín de Iturbide, o los generales Manuel Mier y Terán, Anastasio Bustamante, Pedro Celestino Negrete, Vicente Filisola, Mariano Arista, Mariano Paredes Arillaga, José Joaquín de Herrera, Valentín Canalizo, Miguel Barragán o Antonio López de Santa Anna, muchos de los cuales incluso llegaron a ser presidentes de México, decidieron combatir a Hidalgo a pesar de simpatizar con la causa de la independencia. No es que hayan sido traidores, sino que simplemente, aunque apoyaban el fondo, no podían estar de acuerdo con las formas.

Luis Villoro lo explica de la siguiente forma: “muchos de los precursores del movimiento se transformaron en sus acérrimos enemigos en el instante en que estalla... no consuman la independencia quienes la proclamaron, sino sus antagonistas... el mismo partido revolucionario ocasiona la pérdida de los consumadores de la independencia... Desde el momento en que la revolución de Hidalgo estalló, muchos de los criollos que deseaban quizás la independencia, se alinearon en el partido realista porque la coincidencia de fines no era suficiente para vincularlos con los insurgentes...” 5

El desordenado movimiento de Hidalgo y Allende alcanzó para dar un paso fundamental, el más importante: encender la antorcha. Había ahora que encontrar a alguien quien la portara para alumbrar el camino. Cuando la vida de Hidalgo se apagó, el fuego de su movimiento ya se había extendido por algunas zonas de la Nueva España, ocasionando diversos levantamientos siempre opacados por el de un cura nacido en Valladolid y cuyo genio le dio lustre como ninguno a la guerra de independencia: José María Morelos y Pavón.

A diferencia de Hidalgo, quien actuó bajo el engañoso consejo de la pasión, Morelos fue mucho más cauteloso a la hora de tomar cualquier decisión. Las diferencias entre su movimiento y aquel originado en Dolores son enormes y se pueden resumir en dos simples, pero contundentes puntos: organización y rumbo. El éxito militar de Morelos se sostuvo, además del genio del propio caudillo y de sus principales “brazos” como Bravo, Matamoros y Galeana, en un ejército ejemplar y manejable, constituido por los más aptos, sin hordas vengativas incapaces de someterse a ningún tipo de autoridad.

No en vano el movimiento de Morelos (1811—1815) fue el más organizado, consistente y por añadidura exitoso de cuantos se produjeron en la Nueva España a partir de la abrupta explosión de 1810. Pero el camino de las armas si bien sirve para abrir senderos, no suele alcanzar para ver más allá del brillo de la espada. El Rayo del Sur 6   también sabía que, para avanzar además de piernas, se necesita un rumbo claro. Rodeado de hombres de letras que habían decidido arremangarse sus levitas para unirse a la causa, tales como Victoria, López Rayón y Quintana Roo, Morelos se dio a la tarea de sustentar políticamente lo que exigía con la espada.

Es así como el 13 de septiembre de 1813 nació en la ciudad de Chilpancingo el Congreso de Anáhuac, que habría de buscar estructurar la independencia de la América Septentrional. Es la primera vez que se habla legalmente de independencia, convirtiendo así a la inicial revuelta contra el gobierno encabezada por Hidalgo en 1810 en una cruzada por la independencia total de España.

Inauguró la primera sesión del Congreso en la Catedral de Santa María de la Asunción en la ahora capital del Estado de Guerrero, el inmortal documento del sentir del Generalísimo Morelos plasmado en papel y titulado Los sentimientos de la nación, en el que el otrora cura de Carácuaro enumera sucintamente en 23 puntos las normas fundamentales que habrían de regir a la nación por la cual luchaba, y que sentarían las bases para el primer intento constitucional mexicano, la Constitución de Apatzingán de 1814, la primera constitución mexicana y la segunda en orden de antigüedad de la América Latina, tan solo superada en añejamiento por la Constitución Federal de los Estados de Venezuela que data de 1811.

La Junta de Zitácuaro convocada por Ignacio López Rayón a la muerte de don Miguel Hidalgo en 1811, es el antecedente directo del Congreso de Anáhuac. La Junta se dio a la tarea de buscar instituir una forma de gobierno para la Nueva España al desconocer a la autoridad virreinal. Los decretos gubernamentales emanados de la junta encontraron parcialmente su aplicación en los territorios bajo el control insurgente, sin embargo, el caos y la carencia de un liderazgo fuerte y visible que siguió inmediatamente al fusilamiento del Padre de la Patria desestabilizaron a la junta, que tuvo que abandonar Zitácuaro ante el asedio de las tropas realistas de Félix María Calleja del Rey.

Probablemente el documento más acabado emanado de la Junta de Zitácuaro fue el conocido como Elementos Constitucionales,un primer acercamiento a una estructura legal que diera sustento a una nueva forma de gobierno . Aunque sus lineamientos no podrían considerarse una constitución en forma, bien podría alcanzarles para ser considerados como el antecedente más antiguo del constitucionalismo mexicano.

Con la disolución de la Junta de Zitácuaro debido al avance realista, Rayón mucho más un hombre de letras que de fusiles, dejó de lado las faenas militares para dedicarse de lleno a las legales, cobijado por las bien organizadas fuerzas de Morelos, cuyas hazañas militares ya se habían convertido en leyenda no solo en la Nueva España, sino que incluso habían cruzado el Atlántico hasta llegar a oídos de quien en ese entonces era amo y señor de Europa, Napoleón Bonaparte, de quien se dice exclamó refiriéndose al Rayo del Sur: “Denme dos Morelos y conquisto el mundo...”.

El Primer Congreso de Anáhuac quedó formalmente establecido por los diputados Ignacio López Rayón por Guadalajara, José Sixto Verduzco por de Michoacán, José María Liceaga por Guanajuato, Carlos María Bustamante por México, José María Cos por la provincia de Veracruz y Andrés Quintana Roo por la de Puebla.

El Congreso declaró a Morelos Generalísimo y le otorgó el trato de Alteza Serenísima, pero el caudillo rechazó el término por el de Siervo de la Nación. Aunque la participación de Morelos se avocó a las armas y a la defensa de la soberanía y las leyes que emanaran del Congreso, sugirió una cuestión clave en el desarrollo legal del texto constitucional: La independencia total y absoluta de España y su monarquía. Aun los Elementos Constitucionales de Rayón, aunque trataban temas de independencia y soberanía, seguían delegando en la persona de Fernando VII muchas cuestiones soberanistas, a lo que Morelos se opuso:

En cuanto al punto 59 de nuestra Constitución, por lo respectivo a la soberanía del Sr. D. Fernando VII, como es tan pública y notoria la suerte que le ha cabido a este grandísimo hombre, es necesario excluirlo para dar al público la Constitución. 7

Este retoque necesario al asunto de la soberanía nacional dio como resultado el texto acabado del Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional firmado el 6 de noviembre de 1813 y en el que sientan las bases de la independencia nacional al ser el primer documento legal donde se proclama la separación de la Nueva España con respecto a la metrópoli. En aquella histórica sesión que tuvo lugar en el Palacio de Gobierno de Chilpancingo, el Congreso:

Declara solemnemente, a presencia del Señor Dios, árbitro moderador de los imperios y autor de la sociedad que los da y los quita, según los designios inescrutables de su providencia, que por las presentes circunstancias de la Europa ha recobrado el ejercido de su soberanía, usurpado; que, en tal concepto, queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español; que es árbitro para establecer las leyes que le convenga para el mejor arreglo y felicidad interior, para hacer la guerra y paz y establecer alianzas con los monarcas y repúblicas del antiguo continente no menos que para celebrar concordatos con el sumo pontífice romano, para el régimen de la Iglesia católica, apostólica y romana, y mandar embajadores y cónsules; que no profesa ni reconoce otra religión más que la católica, ni permitirá ni tolerará el uso público ni secreto de otra alguna; que protegerá con todo su poder y velará sobre la pureza de la fe y de sus dogmas y conservación de los cuerpos regulares; declara por reo de alta traición a todo el que se oponga directa o indirectamente a su independencia, ya sea protegiendo a los europeos opresores, de obra, palabra o por escrito, ya negándose a contribuir con los gastos, subsidios y pensiones para continuar la guerra hasta que su independencia sea reconocida por las naciones extranjeras; reservándose al Congreso presentar a ellas por medio de una nota ministerial, que circulará por todos los gabinetes, el manifiesto de sus quejas y justicia de esta resolución, reconocida ya por la Europa misma. 8

Una vez declarada la independía absoluta de la nación y el rompimiento de todo vínculo con España, el Congreso de Anáhuac se dio a la tarea de construir los cimientos de una estructura lo suficientemente fuerte para dar sustento al edificio nacional que se pretendía crear: una constitución propia. Es así como dan inicio las tareas legislativas que habrían de encontrar recompensa el 22 de octubre de 1814 en la forma del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana,documento que pasaría a la historia para quedar inmortalizado con el simple nombre de Constitución de Apatzingán.

El documento constitucional se compuso de 242 artículos divididos en dos títulos: uno sobre los principios elementales constitucionales y otro sobre la forma de gobierno. Su contenido se basaba en los ya mencionados Elementos Constitucionales propuestos por López Rayón y también en gran medida retomaba parte de lo expresado por la liberal Constitución de Cádiz de 1812, sin dejar de lado, por supuesto, las ideas de libertad e igualdad emanadas de dos procesos históricos de altísima influencia en el despertar del pensamiento político latinoamericano: la revolución de independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa.

En la primera parte se establecen los fundamentos de la soberanía, que residía en el pueblo. El medio en el cual se depositaba la soberanía popular era el Congreso. La Constitución extendió la denominación de ciudadano a todos los gobernados, aboliendo así el oprobioso sistema de castas que rigió en el México virreinal: “Se reputan ciudadanos de esta América, todos los nacidos en ella”, menciona el artículo 13 del documento constitucional.

La segunda parte de la Constitución hace referencia a la forma de gobierno. Para tales efectos se tomó en cuenta la división política ya existente en tiempos novohispanos que encontraba en las provincias su núcleo central. Es justamente con esta división provincial que se establecieron los primeros mecanismos electorales para la elección de los representantes. Como antecedente directo de lo que hoy conocemos como distritos electorales, la Constitución de Apatzingán tomó como base la administración parroquial de la Iglesia Católica, haciendo la división con base en los poblados asignados a las parroquias. En su artículo 42 por primera vez se expone la composición política de la nueva nación independiente denominada hasta ese momento “América Mexicana”, quedando integrada por las provincias de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Técpam, Michoacán, Querétaro, Guadalajara, Guanajuato, Potosí, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila y el Nuevo Reino de León.

La Constitución de Apatzingán, aunque había sido creada para regular la totalidad del país, estaba diseñada para tener injerencia de inicio en los territorios controlados por los insurgentes. Pero las leyes, por avanzadas que sean, no regulan el destino de los hombres. Al poco tiempo de haber sido jurada, don José María Morelos fue hecho prisionero en combate y posteriormente ejecutado tres días antes de la Navidad de 1815, en San Cristóbal Ecatepec. Con Morelos también murió ese día la esperanza de que la Constitución de Apatzingán pudiese regular plenamente a la Nueva España.

Sin embargo, el Congreso de Anáhuac y la Constitución de Apatzingán que de él emanó, a pesar de jamás haber entrado en vigor dada la complejidad del entorno en el que fue concebida, ha llegado a ser un documento pilar en la consolidación del constitucionalismo mexicano. Fue la bandera legal que inspiró el coraje y valentía de miles de mexicanos que estuvieron dispuestos a extinguir su vida a cambio de la gestación de una vida nacional. Fue el punto de partida de la independencia nacional, complementando acertadamente con la pluma y con la ley el empuje de los fusiles y las espadas.

A la muerte de Morelos lo que a continuación siguió fue un estancamiento de la lucha por la independencia. 1810 quedaba ya muy lejano, parecía que la antorcha que había encendido Hidalgo finalmente se apagaba. El gobierno Virreinal, en un intento por pacificar de una vez por todas el país, ofreció indulto a todo aquel que alguna vez hubiera portado las armas en contra de la Corona. Muchos insurgentes envainaron su espada y se acogieron al perdón. Otros mantuvieron viva la lucha de guerrillas desde sus feudos, destacando entre ellos la figura de don Vicente Guerrero, cuya forma de rechazar el indulto es hoy una de las frases más entrañables de nuestra historia nacional: “La Patria es Primero”.

Se estima que habían muerto más de un millón de personas en Nueva España después de más de diez años de lucha. Es decir, una sexta parte de la población de la Nueva España había sido asesinada durante la guerra.

Los gastos de guerra, por otro lado, tanto en España como en América, llevaron al reino a la bancarrota. 9 Las minas, muchas de ellas abandonadas, redujeron su producción a una tercera parte de los niveles que se tenían antes de 1810. La producción de las haciendas, de igual forma, fue mermada por falta de mano de obra. Como efecto secundario, la Iglesia dejó de recibir los diezmos habituales. La metrópoli española siguió imponiendo restricciones económicas y solicitando el envío de recursos para coadyuvar a su propia crisis. Los miembros del ejército virreinal estaban descontentos por los bajos sueldos y porque existía una abierta preferencia hacia las tropas expedicionarias que habían llegado de España desde 1812. 10

En España, la revolución iniciada por Rafael de Riego dio inicio al Trienio Liberal y de esta forma se restauró la vigencia de la Constitución de Cádiz. Fueron impuestas medidas anticlericales para restar poder a la Iglesia, entre ellas la expulsión de los jesuitas, la abolición de diezmo y de la Inquisición. Cuando la élite de Nueva España vio afectados sus intereses intentó rechazar la forma de gobierno liberal. Una serie de reuniones, encabezadas por el canónigo Matías de Monteagudo, tuvieron lugar en el oratorio de San Felipe Neri y fueron conocidas bajo el nombre de Conspiración de la Profesa. Sus miembros vieron en Agustín de Iturbide al jefe militar capaz de dar un giro a la lucha de Independencia, la cual en lugar de tener el matiz popular que habían abanderado Hidalgo y Morelos, se convirtió en un proyecto de la oligarquía novohispana que deseaba devolver a Fernando VII su poder absoluto. 11

Una vez que Iturbide logró establecer la paz con los insurgentes, comenzó su campaña epistolar con Guerrero. Ambos próceres dejaron de lados sus diferencias y decidieron unirse en pos de la independencia nacional. Dicho acuerdo se selló en la forma de un abrazo en el poblado de Acatempan el 10 de enero de 1821. Una vez teniendo la aprobación de Guerrero, Iturbide mantuvo su intercambio epistolar con otros jefes realistas para hacerles partícipes de sus intenciones e invitarlos a que se unieran a su proyecto. Con la finalidad de ganar más adeptos, mandó emisarios para explicar sus intenciones a los comandantes realistas Pedro Celestino Negrete, Anastasio Bustamante y Luis Cortázar.

Finalmente, con un apoyo casi unánime por parte de los criollos que participaban en el ejército realista y de los herederos de la lucha insurgente, el 24 de febrero de 1821, Iturbide proclamó el Plan de Iguala el cual se fundamentó en tres garantías: religión católica como única aceptada, unión de todos los habitantes e independencia de la Nueva España.

El documento constaba de veinticuatro artículos que sintetizaban las aspiraciones autonomistas e independentistas de todos los sectores de la sociedad novohispana. Se proponía la creación de una junta, lo cual había deseado Primo de Verdad desde 1808; la abolición de la esclavitud y defensa de la religión católica, lo cual había proclamado Hidalgo en 1810; se establecía que todos los habitantes sin distinción serían considerados ciudadanos, lo cual había proclamado Morelos en 1813; se proclamaba un régimen constitucional, por lo cual luchó Mina en 1817; se buscaba la unión y la paz para terminar con el derramamiento de sangre, lo cual, después de una década de luchas fratricidas, deseaba toda la población; se ratificaban los privilegios y los fueros del clero, lo cual deseaba la Iglesia; y se darían reconocimientos de grado así como recompensas a los militares, lo cual deseaban los miembros del ejército; se pretendía establecer un régimen monárquico moderado constitucional adecuado a la entidad cuyo trono sería ofrecido al propio Fernando VII, o bien, a alguno de los infantes de España, lo cual dejaba la puerta abierta a los que insistían en las ideas absolutistas. Se creó el Ejército Trigarante conformado inicialmente por el ejército Insurgente y por las tropas realistas que se encontraban bajo el mando de Iturbide, quien asumió el puesto de jefe máximo. 12

El Plan de Iguala fue enviado al jefe político superior (virrey) Juan Ruiz de Apodaca, al arzobispo Pedro de Fonte y a otros funcionarios de la Nueva España. En una carta particular, Iturbide le pidió respetuosamente a Apodaca que se uniera a la causa de la independencia, invitándolo a presidir la Junta Gubernativa que se contemplaba en el plan. Pero la respuesta del jefe político superior no fue la esperada, el día 3 de marzo Apodaca publicó un bando exhortando a todos los habitantes a no leer los “planes seductores” de Iturbide. Esta postura fue secundada por el Ayuntamiento de México. Los absolutistas que habían participado en la Conspiración de La Profesa vieron que el Plan de Iguala trastornaba sus planes originales, pues éstos tan solo consistían en proclamar la independencia de la colonia para erigir un trono al monarca absoluto o a alguno de los infantes de España. 13

Al darse cuenta de que Iturbide no era un hombre al que podían manejar fácilmente, el 14 de marzo Apodaca declaró al futuro consumador de la independencia fuera de la protección de la ley y ofreció un indulto general a quienes hubiesen jurado el Plan de Iguala, siempre y cuando reiterasen su juramento de fidelidad al Rey. 14 Al mismo tiempo, mandó formar el Ejército del Sur con una tropa de cinco mil hombres para combatir al Ejército Trigarante. Por aquel entonces, Apodaca fue relevado por Juan O’Donojú, con quien Iturbide entró en contacto epistolar apenas tocó suelo mexicano para presentarle el Plan de Iguala y proponerle un encuentro. O´Donojú, quien era un ferviente liberal, aceptó la oferta de Iturbide y ambos se reunieron en la ciudad de Córdoba. Iturbide logró convencerlo de que la independencia de México era inminente y lo invitó a ser partícipe de ella y no oponer ningún tipo de resistencia.

El 24 de agosto de 1821, O’Donojú e Iturbide firmaron los Tratados de Córdoba en el Portal de Zevallos de aquella ciudad veracruzana. Compuestos por diecisiete artículos en cuyos puntos principales se reconocía la soberanía e independencia del Imperio Mexicano, el cual sería monárquico constitucional moderado. Sería llamado a gobernar Fernando VII o algún otro miembro de la casa real y, en caso de que ninguno de ellos aceptase, las Cortes del Imperio designarían al soberano. Mientras tanto, de acuerdo con lo estipulado en el Plan de Iguala, se formaría una Junta Provisional Gubernativa. 15 La independencia de México estaba hecha en el papel, tan solo había que consumarla en los hechos ocupando la capital del país. Fue entonces que Iturbide comenzó su triunfal regreso desde Córdoba hasta la Ciudad de México.

El 27 de septiembre de 1821, jornada en la que cumplía 38 años de edad, a las diez de la mañana, el jefe máximo encabezó el desfile de entrada a la capital, que partió desde Tacubaya avanzando por el Paseo Nuevo (hoy Bucareli) hasta la avenida Corpus Christi (hoy avenida Juárez), en donde se detuvo en la esquina del convento de San Francisco (a un costado de la Torre Latinoamericana) bajo un arco triunfal. El alcalde decano José Ignacio Ormachea le entregó las llaves de la ciudad a Iturbide. Desfilaron 16 mil 134 efectivos, de los cuales 7 mil 416 eran infantes, 7 mil 955 dragones de caballería y 763 artilleros, quienes transportaban 68 cañones de diferentes calibres. 16

Entre los principales personajes que participaron en ese apoteósico desfile se encontraban mezclados antiguos realistas y antiguos insurgentes, todos hermanados por la causa de la Independencia Nacional.

Es por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones jurídicas aplicables que sometemos a la atenta consideración de esta Asamblea la aprobación de la siguiente Iniciativa con proyecto de:

Decreto que dispone la inscripción con letras de oro en el Muro de Honor de la honorable Cámara de Diputados la leyenda “Independencia Nacional”

Artículo Único. Inscríbase en todo lo alto con letras de oro en el Muro de Honor de la honorable Cámara de Diputado la leyenda: “Independencia Nacional”.

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en coordinación con la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, realizarán los preparativos necesarios y el protocolo de salubridad necesarios a aplicarse en la Sesión Solemne que deberá llevarse a cabo el 28 de septiembre de 2021 para cumplir con lo señalado en el artículo único de este decreto.

Tercero. La Secretaría General llevará a cabo las previsiones necesarias para el ceremonial respectivo.

Notas

1 Jaime Rodríguez, La independencia de la América española, México, Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México, Fideicomiso Historia de las Américas, 2008, p. 283

2 Julio Zárate, La Guerra de Independencia, México, Ballescá y compañía, 1880 , p. 97

3 Rafael Muñoz, México independiente. El despertar de una nación,México, Editorial Internacional, 2009 , p. 98.

4 Julio Zárate, op. cit., p. 100

5 Luis Villoro, El proceso ideológico de la revolución de independencia, México, UNAM, 1977, pp. 13 y 208

6 Uno de los tantos apodos de Morelos apuntando a su capacidad militar.

7 Ernesto Lemoine Villicaña, Morelos, su vida revolucionaria a través de sus escritos y de otros testimonios de la época, Universidad Nacional Autónoma de México. Primera edición. México, 1965, p. 227

8 Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional, en Documentos de la guerra de independencia, pp. 59-60

9 Luis Villoro, op. cit., p. 518

10 Rafael Muñoz Saldaña, op. cit.,p. 132

11 Luis Villoro, op. cit., p. 517

12 Reynaldo Sordo Cerdeño; María Julia Sierra Moncayo; Atlas conmemorativo 1810-1910-2010,México, Siglo XXI Editores, Senado de la República LXI Legislatura, 2010, p. 64

13 Julio Zárate, op. cit., p. 686

14 Ibíd., p. 688

15 Ibíd., p. 749

16 Ibíd., p. 760

Dado en el salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, LXV Legislatura, a 14 de septiembre de 2021.– Diputados y diputadas: Alejandro Moreno Cárdenas, Adriana Campos Huirache, Augusto Gómez Villanueva, Carlos Iriarte Mercado, Cristina Ruiz Sandoval, Cynthia Iliana López Castro, Eduardo Zarzosa Sánchez, Eufrosina Cruz Mendoza, Frinné Azuara Yárzabal, Hiram Hernández Zetina, Jaime Bueno Zertuche, Javier Casique Zárate, Jazmín Jaimes Albarrán, Johana Montcerrat Hernández Pérez, José Luis Garza Ochoa, Laura Lorena Haro Ramírez, Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, Marco Antonio Mendoza Bustamante, María del Refugio Camarena Jáuregui, María Elena Serrano Maldonado, María Guadalupe Alcantara Rojas, Melissa Estefania Vargas Camacho, Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, Óscar Gustavo Cárdenas Monroy, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Paloma Sánchez Ramos, Pedro Armentía López, Ricardo Aguilar Castillo, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Tereso Medina Ramírez, Xavier González Zirión, Yerico Abramo Masso  (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, suscrita por el diputado Carlos Alberto Puente Salas e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Carlos Alberto Puente Salas, en representación de las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, integrantes de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciatva con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Los huertos urbanos son espacios al aire libre o interiores destinados al cultivo de verduras, hortalizas, frutas, legumbres, plantas aromáticas o hierbas medicinales, entre otras variedades, a escala doméstica. Esta práctica se da en el centro o en la periferia de las ciudades, al igual que otros ejemplos de agricultura urbana y periurbana. 1

La agricultura urbana surgió en los inicios de la ciudad industrial del siglo XIX, cumpliendo funciones de subsistencia e higiene pública. En países como Gran Bretaña, Alemania o Francia las autoridades locales y las grandes fábricas se vieron obligadas a ofrecer terrenos a los trabajadores para complementar sus ingresos y mejorar las condiciones de vida en los barrios obreros.

A raíz de la depresión económica de 1893, el alcalde de Detroit ofreció terrenos vacantes a los desempleados para que pudieran cultivar sus alimentos, siendo replicada la iniciativa en otras ciudades de Estados Unidos. Se recurrió nuevamente a esta medida durante la Gran Depresión (1929-1935), periodo en el que este tipo de terrenos se denominaron huertos de emergencia.

Según la arquitecta urbanista Nerea Morán Alonso y el arquitecto Agustín Hernández Aja, los momentos de mayor auge de la agricultura urbana están ligados a crisis económicas y energéticas, que obligan a recurrir a ella para asegurar el autoabastecimiento. 2

La misma coyuntura de escasez vivida durante la Gran Depresión dio pie a la aparición de los llamados Jardines de la Victoria, también llamados jardines de guerra o jardines de alimentos para la defensa, los cuales son igualmente precursores de los actuales huertos urbanos. Se trataba de espacios en las residencias privadas o en los parques públicos en las ciudades más importantes del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial donde se plantaban vegetales, frutas, hierbas aromáticas y medicinales, utilizados para suministrar alimentos a las ciudades en los periodos de escasez sin tener que depender de las importaciones.

A partir de 1960 y 1970, en un momento en el que la crisis de la energía y la recesión económica se hicieron presentes, especialmente, en los barrios de bajos recursos de las ciudades occidentales, vuelven a resurgir los huertos urbanos impulsados por movimientos ecologistas que reivindicaban un mundo más natural, más justo y solidario a través de la búsqueda de formas de autogestión, la integración de grupos sociales excluidos y el desarrollo de comunidades. En estos años nace en Nueva York un movimiento que ocupaba solares para aprovecharlos como huertos. El éxito de este movimiento fue tal que el ayuntamiento llegó a crear una Agencia Municipal que gestionaba la cesión de terrenos públicos para jardines y huertos comunitarios.

También en Europa arraigó la filosofía ecologista y los principios de la autogestión, y comenzaron a organizarse iniciativas similares a las de Estados Unidos. En Gran Bretaña el movimiento de Granjas Urbanas y Jardines Comunitarios surge en esta época y desarrolla proyectos no sólo de huertos, sino también de cría de animales, incorporando la educación ambiental a través de actividades orientadas a los niños.

Los huertos urbanos pensados como ejemplos de sostenibilidad ciudadana en los años 60 del siglo pasado han transformado la agricultura doméstica en mucho más que cultivos de ciudad. Estas parcelas se han convertido en lugares para el ocio, la desconexión, la educación medioambiental y el desarrollo de terapias en entornos naturales. Hoy es habitual que muchos ciudadanos participen activamente en huertos urbanos privados o comunitarios e incluso que los ayuntamientos los contemplen dentro de sus planes de desarrollo urbano con enfoque sostenible.

Aunque a primera vista puede parecer que la agricultura urbana y periurbana son una cuestión sólo para personas mayores, cada vez son más los jóvenes que se interesan por este tema y participan en la gestión de huertos urbanos comunitarios o construyen el suyo propio en sus casas. Los huertos urbanos aportan diversos beneficios, entre los que destacan los siguientes:

• Reducen el número de intermediarios y favorecen el ahorro en transporte, envasado y almacenamiento. De esta forma, los horticultores ganan más y se contamina menos.

• Facilitan alimentos frescos a la población y reciclan desechos domésticos y municipales.

• Fortalecen a las ciudades frente al cambio climático y reducen la huella ecológica.

• Crean comunidad, recuperan áreas subutilizadas, convirtiéndolas en espacios verdes, mejoran el paisaje urbano e impulsan la cooperación, coordinación y las relaciones interpersonales.

• Tienen incidencia en la mejora de los hábitos alimenticios de la población y generan conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.

• Son pequeños pulmones que respiran en las azoteas, contribuyendo a mitigar la contaminación atmosférica de las grandes ciudades.

• Promueven buenas prácticas de agricultura ecológica y generan empleo.

La ecóloga y agrónoma Lily Foster, directora de un huerto urbano en la Ciudad de México, considera que la agricultura urbana es un acto que restablece la conexión del ser humano con la naturaleza y sus semejantes, ayudando también a reducir fuertemente el impacto de la huella ecológica. Asimismo, señala que cuando cultivamos localmente bajamos la cuenta de uso de petróleo, de plástico y de empaques. 3

No obstante los múltiples beneficios asociados a los huertos urbanos, también se identifican algunos riesgos. Es habitual que los horticultores domésticos operen sin licencia ni supervisión, ya que muchos países no reconocen esta actividad en sus políticas agrícolas y de planificación urbana, lo cual puede provocar la generación de ruidos y olores, además de poner en riesgo la salud humana y el medio ambiente si se llegan a filtran pesticidas y abono a las fuentes de agua.

Según consideran diversos arquitectos y urbanistas, si las cosas no se hacen bien los huertos urbanos se pueden convertir en una especie de patio trasero de las ciudades, abandonados, degradados y cubiertos de escombros, por lo cual es necesaria no sólo su promoción, sino también su regulación.

Se estima que 40 por ciento de la basura que se genera en las casas corresponde a restos orgánicos y mucha gente no sabe que esos residuos pueden ser reutilizables, por ejemplo, en la fabricación de composta para huertos urbanos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) asegura que los huertos urbanos pueden ser mucho más ecológicos y eficientes que los tradicionales, llegando a producir hasta 20 kilogramos anuales de alimentos por metro cuadrado.

Se calcula que en el mundo actualmente hay 800 millones de personas involucradas en agricultura urbana, de las cuales unos 60 millones son latinoamericanas.

Se estima que la horticultura puede crear un empleo por cada 100 metros cuadrados de cultivo. Estos puestos de trabajo servirían además para ocupar a colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión.

En Argentina existen en la actualidad 800 huertos comunales que apoyan directamente a 10 mil familias. En Caracas hay 4 mil microhuertos. El programa Hambre Cero brasileño apuesta por la agricultura urbana como una de sus estrategias. La ciudad de La Habana produce hasta 300 gramos de hortalizas diarios por habitante en un 12% de su superficie.

En Europa, Polonia es el país con más metros cuadrados de agricultura urbana por habitante (25.4 parcelas por cada mil personas), seguido de Eslovaquia (16.3) y Alemania (12.3).

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), cerca del 72% de todos los hogares urbanos en la Federación de Rusia cultivan alimentos. Berlín, por su parte, tiene más de 80 mil agricultores urbanos.

En la actualidad existen 700 jardines comunitarios en los diferentes distritos de Nueva York y por todo Estados Unidos numerosos grupos trabajan en una red a escala nacional.

En España, según un estudio del Grupo de Estudios y Alternativas, el número de huertos urbanos supera los 15 mil, en más de 300 municipios.

En México existen proyectos interesantes de asociaciones comunitarias que han puesto en marcha huertos urbanos, especialmente en la Ciudad de México, del mismo modo que algunos gobiernos locales han comenzado a implementar políticas públicas encaminadas a orientar y apoyar a los ciudadanos que quieran crear su propio huerto, aunque estos esfuerzos aún resultan limitados.

En virtud de lo anterior, en el Partido Verde proponemos realizar reformas la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano con la finalidad de promover la creación de huertos urbanos y comunitarios en todas las ciudades del país en aras de propiciar la construcción de modelos regenerativos, educativos, formativos y de vinculación social en torno al cultivo de alimentos.

Para mayor claridad respecto a lo propuesto se presenta a continuación el siguiente cuadro comparativo:

En virtud de lo aquí expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Único. Se reforman la fracción XXXI del artículo 8; la fracción XXVI del artículo 10; las fracciones XIV y XV del artículo 11; asimismo, se adicionan la fracción XXXII, recorriéndose las demás en su orden subsecuente del artículo 8; la fracción XXVII, recorriéndose las demás en su orden subsecuente del artículo 10, y la fracción XXVI, recorriéndose las demás en su orden subsecuente del artículo 11, todos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar como sigue:

Artículo 8. Corresponden a la federación, a través de la Secretaría las atribuciones siguientes:

I. a XXX. ...

XXXI. Elaborar programas y acciones para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en el ámbito de las competencias de la presente Ley y de conformidad con el marco legal vigente, los tratados internacionales aprobados y demás disposiciones jurídicas aplicables, e informará anualmente de sus avances ;

XXXII. Contribuir al desarrollo de ciudades saludables y resilientes a partir de la construcción de huertos urbanos como proyectos integrales y replicables de recuperación y transformación de espacios a través de la agricultura urbana, y

XXXIII. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas.

Artículo 10. Corresponde a las entidades federativas:

I. a XXV. ...

XXVI. Atender las consultas que realicen los municipios sobre la apropiada congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y programas municipales en materia de Desarrollo Urbano ;

XXVII. Legislar y establecer normas para promover la creación de huertos urbanos como proyectos integrales y replicables de recuperación y transformación de espacios a través de la agricultura urbana, y

XXVIII. Las demás que les señalen esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales.

Artículo 11. Corresponde a los municipios:

I. a XXIII. ...

XXIV. Promover y ejecutar acciones para prevenir y, mitigar el riesgo de los asentamientos humanos y aumentar la Resiliencia de los mismos ante fenómenos naturales y antropogénicos ;

XXV. Las demás que les señale esta Ley y otras disposiciones jurídicas federales y locales ;

XXVI. Promover y ejecutar acciones para la creación de huertos urbanos como proyectos integrales y replicables de recuperación y transformación de espacios a través de la agricultura urbana, y

XXVII. Impulsar y promover un instituto municipal de planeación, cuando se encuentre en un rango de población de cien mil habitantes hacia arriba.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las entidades federativas, de conformidad a sus atribuciones y competencias, deberán emitir o armonizar todas aquellas disposiciones legales en cumplimiento al presente decreto.

Notas

1 Véase, “Qué es un huerto urbano”, Ibredrola, compromiso social. Consultado el 9 de diciembre de 2020. Disponible en:

https://www.iberdrola.com/compromiso-social/que-es-un-huerto-urb ano

2 Véase, “Huertos urbanos, la revolución silenciosa”, Revista Es Posible, número 45, Zaragoza, España. Consultado el 9 de diciembre de 2020. Disponible en:

https://www.revistaesposible.org/numeros/72-esposible-45/109-hue rtos-urbanos-la-revolucionsilenciosa#.X9WLrFVKiUk

3 Véase, Zoilo Carrillo, “Huertos urbanos en México, vuelta a valores esenciales para reducir la huella ecológica”, EFE, 21 de febrero de 2018. Disponible en:

https://www.efeverde.com/noticias/huertos-urbanos-mexico-huella- ecologica/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2021.– Diputados: Santy Montemayor Castillo, Carlos Alberto Puente Salas (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Jesús Fernando García Hernández, diputado federal a la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que se dispone en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 8 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el propósito de que se llevena cabo mayores opciones de asistencia en apoyo a este grupo de población, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Las barreras que impone el entorno social a las personas con discapacidad, las limita para acceder en condiciones de igualdad al desarrollo individual y colectivo; y supone para ellas un impedimento para garantizarles su inclusión plena en la sociedad. Se trata de una situación que dada la importancia y trascendencia que reviste, está reconocida así en la propia legislación en la materia.

Las personas con discapacidad, son identificadas como “aquellas que tienen dificultad para llevar a cabo actividades consideradas básicas”, como el caminar, subir o bajar, ver. oír, hablar o comunicarse, recordar o concentrarse, asearse, vestirse o comer. Incluso hay casos donde se tiene más de una discapacidad, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En cifras para 2020, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, “más de mil millones de personas viven en todo el mundo con algún tipo de discapacidad”; lo cual representa el 15 por ciento del total de población. De este número, un aproximado a 190 millones “tienen dificultades en su funcionamiento y requieren con frecuencia servicios de asistencia”. Aún más; “el número de personas con discapacidad va en aumento debido al envejecimiento de la población y al incremento de enfermedades crónicas”.

De este número, conforme al Censo de Población y Vivienda de 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hay en México 6 millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad. Esta cifra representa el 4.9 por ciento del total de la población del país. 53 por ciento son mujeres y 47 por ciento hombres.

Con visión de alcance, la Organización de las Naciones Unidas a través de su Secretariado General, presentó en 2019 la Estrategia del organismo para la Inclusión de la Discapacidad; cuya finalidad está en “promover un progreso sostenible y transformador hacia la inclusión de esta situación en todos los pilares de la labor del mismo”.

La Estrategia en comento, cuya elaboración está basada “en un amplio examen  institucional dirigido por la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad”, gracias a lo cual, “las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas reafirman que la observancia plena y cabal de los derechos humanos de todas las personas con discapacidad es un componente inalienable, indisociable e indivisible” de todas estas garantías y de las libertades fundamentales; es acogida por la Organización Mundial de la Salud, donde está presente el compromiso de ser un organismo inclusivo “de personas con discapacidades en toda su diversidad” y el de “integrar sistemáticamente la discapacidad en todas las áreas programáticas, especialmente en el ámbito de los países”.

Vale precisar qué de conformidad con la ONU, “la integración de la discapacidad, en combinación con medidas específicas, constituye la estrategia clave para lograr la inclusión y el empoderamiento de las personas con discapacidad y sus derechos humanos”. Un enfoque, abunda, basado en los derechos humanos, el cual “consiste en asegurar que los derechos de las personas con discapacidad se incorporen en la labor de la organización, velar por la participación significativa de estas personas y evaluar los efectos que pueda tener sobre ellas cualquier política o programa”.

El mecanismo, se explica, es también “un modo de lograr que las preocupaciones y experiencias de las personas con discapacidad constituyan una dimensión esencial de la elaboración, aplicación, supervisión y evaluación de las políticas y los programas en las esferas política, económica y social”, de suerte “que las personas con discapacidad se beneficien igual que las demás y no se perpetúe la desigualdad”; donde impere “el objetivo final” consistente en “lograr la igualdad de resultados y fomentar una cultura inclusiva dentro del sistema de las Naciones Unidas”.

Se argumenta que “para poner en práctica la estrategia de inclusión de las personas con discapacidad y sus derechos humanos, es esencial que todo el sistema de las Naciones Unidas disponga de un marco de rendición de cuentas para informar sobre la aplicación de la política”. Un marco, se expone, que “incluirá los indicadores, los cronogramas, la orientación técnica y la asignación de responsabilidades que sean necesarios para la plena aplicación de la política”.

Asimismo, se puntualiza que “ello facilitará la planificación en todo el sistema para determinar las ventajas comparativas de las Naciones Unidas y de las distintas entidades y reducir la duplicación; la evaluación de los progresos y las deficiencias en todos los niveles de la labor de la Organización respecto del empoderamiento y la inclusión de las personas con discapacidad y sus derechos humanos, su bienestar y sus perspectivas en las políticas y en los planos internacional, regional y nacional; y el seguimiento de los resultados de cada entidad y del sistema en su conjunto”.

En el caso de México, entre otras instancias a cargo de la atención de los asuntos que forman parte de la agenda del grupo de población en referencia, está el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), el cual “tiene como objeto establecer la política pública para las personas con discapacidad, así como promover sus derechos humanos, su plena inclusión y participación en todos los ámbitos de la vida” y es una instancia que goza de “autonomía para desarrollar todas las acciones pertinentes en la materia, en coordinación con diversas instituciones del gobierno federal, así como con las Organizaciones de y para las Personas con Discapacidad, expertos y académicos.

El Conadis ha dispuesto así la instrumentación de acciones, tendentes a la atención de las personas con discapacidad, al incluir temas como la “Armonización legislativa, Salud, Educación, Trabajo, Accesibilidad, Turismo, Derechos Políticos, Impartición de Justicia, Deporte, Cultura, Asuntos Indígenas, Asuntos Internacionales, entre otros”.

El programa específico en vigencia, tiene por objetivos “Incorporar los derechos de las personas con discapacidad en los programas o acciones de laadministración pública”. Asimismo, “mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud, así como a la atención de salud especializada”.

Además de “promover el diseño e instrumentación de programas y acciones que mejoren el acceso al trabajo de las personas con discapacidad” y “fortalecer la participación de las personas con discapacidad en la educación inclusiva y especial, la cultura, el deporte y el turismo.”, aparte de “incrementar la accesibilidad en espacios públicos o privados, el transporte y las tecnologías de la información para las personas con discapacidad” y “armonizar la legislación para facilitar el acceso a la justicia y la participación política y pública de las personas con discapacidad”.

En tanto y “tomando en cuenta la visión y objetivo del Programa de Atención a los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “trabaja de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil, y con dependencias de los tres órdenes gubernamentales; a través de promoción, difusión, orientación y acompañamiento en caso de presunta vulneración a los derechos humanos; así como la realización de investigaciones, informes y diagnósticos acerca del estado que guardan los derechos humanos de las personas con discapacidad, a fin de dar a conocer las áreas de oportunidad, coadyuvando con la asertiva toma de decisiones en pro de la inclusión”.

Así, la CNDH cumple el objetivo con el cual se busca “contribuir a la efectiva vigilancia de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a través de tres ejes principales: promoción, protección y supervisión de los derechos de las personas con discapacidad, llevando a cabo actividades de toma de conciencia, orientación y asesoramiento jurídico a las y los servidores públicos, personas con discapacidad, las organizaciones que las representan y a sus familias”.

Paralelo a ello, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), con sustento en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el cual “expresa el compromiso del actual gobierno federal de garantizar el bienestar y los derechos humanos de todas las personas, en especial a los grupos históricamente discriminados, reflejado en el 7 principio rector de la planeación nacional: “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”, anuncia que está en proceso de elaboración el Programa Nacional para la Igualdad y No discriminación (Pronaid) 2019-2024.

El Conapred informa que el próximo Pronaind “será el programa rector de la política nacional antidiscriminatoria para este sexenio, coordinado por la autoridad en la materia e implementado por las dependencias y entidades corresponsables de generar las transformaciones necesarias para desmontar las prácticas discriminatorias normalizadas en distintos ámbitos claves para la gobernanza, el bienestar y el desarrollo de la sociedad, prioritariamente para aquellos grupos sociales desaventajados en sus derechos y oportunidades”.

Es evidente por parte de los organismos del sector público, la aplicación de programas y estrategias diversas en defensa de los derechos humanos de los grupos vulnerables. Se requiere sin embargo no sólo mantener su vigencia, sino también ampliarlas ante lo que los especialistas prevén como un posible aumento de la discapacidad entre la población, dado en parte a la transición epidemiológica que los nuevos patrones de vida imponen.

Así como a la previsión de que la población de personas adultas y de adultos mayores habrá de incrementarse en proporción y cantidad, lo cual supondrá un aumento en el número de casos de discapacidad, al estar comprobado que a edades mayores se presentan con alta probabilidad no sólo limitaciones de carácter físico, sino también el desarrollo de enfermedades diversas.

Se hace necesario así definir estrategias a aplicar, para revertir y prevenir aquellas acciones y actitudes que signifiquen discriminación a las personas con discapacidad; y asegurarles así el respeto irrestricto a sus derechos humanos, garantizándoles igualdad de oportunidades individuales y colectivas para su plena inclusión social.

Es impostergable abatir la brecha de oportunidades para las personas con discapacidad, de suerte tal que este grupo de población pueda ejercer sus derechos a plenitud y que los obstáculos que prevalecen en razón de condiciones físicas, psicológicas y conductuales; no sean más una barrera que les límite su acceso a la integración y el desarrollo que deben ser por igual, comunes a todos.

Se requieren así políticas públicas e iniciativas diversas, de suerte que se articulen acciones que procuren la atención de las personas con discapacidad, donde se les garantice entre otras medidas, accesibilidad física y sensorial a la debida y oportuna información, a oportunidades de trabajo, de salud y de educación, entre otras garantías a las que tienen derecho, en pro de su participación e integración.

Las personas con discapacidad, al estar limitadas por su condición física y sensorial, requieren de ser atendidas con infraestructura de servicios y de asistencia personal, entre otros beneficios que les mejore su acceso a mayores oportunidades de integración; para hacer realidad así los postulados que sobre esta materia se han definido en su oportunidad en los programas específicos a cargo de las instituciones públicas.

La segregación, etiquetamiento, desacreditación y exclusión que viven las personas con discapacidad y que las lleva a ser marginadas, tiende a agravarse ante el hecho de que algunos servicios públicos y privados; como la educación, el transporte y lugares de empleo, entre otros; así como otras actividades diversas de la vida social, no estén precisamente pensados y diseñados para ellas en igualdad de condiciones.

Prácticas como las enunciadas, las cuales parten del “supuesto erróneo de que hay personas normales y anormales”, constituyen una abierta violación a los derechos humanos y que dada la irregularidad que representan es necesario revertir, de suerte tal que con toda legitimidad se les garanticen condiciones y oportunidades, gracias a la aplicación de iniciativas ciudadanas y políticas púbicas, cuyo objetivo sea eliminar aquellas barreras y restricciones que les limita su integración social.

En razón de lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Artículo Único. Se adiciona una fracción V, pasando a ser la actual V a VI del párrafo primero del artículo 8 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como como sigue:

Artículo 8. ...

I. a V. ...

V. Establecer en locales de concurrencia pública el apoyo de especialistas en diversas formas de comunicación para el auxilio y orientación a las personas con discapacidad, y

VI . ...

Transitorio

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuentes de consulta

cuentame.inegi.org.mx/población/discapacidad.aspx

www.un.org/es/content/disabilitystrategy

www.conapred.org.mx

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/

www.cndh.org.mx/programa/32/atencion-las-personas-con-discapacid ad

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2021.– Diputado Jesús Fernando García Hernández (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de las Leyes General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y Federal del Trabajo, en materia de prevención de acoso y hostigamiento sexuales, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las y los suscritos, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. La violencia contra las niñas y mujeres es una problemática que ocurre en todos los ámbitos de su vida: en el familiar, escolar, comunitario y en el laboral. Ésta, se ejerce de diferentes formas: emocional, física, patrimonial, sexual y económicamente.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” establece en su artículo 2 que:

“Debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.”

(...)

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar” (....)

Así, tal como se ha considerado, el acoso sexual es una conducta de discriminación y violencia que no puede tener cabida en nuestra sociedad y es una conducta sancionada y sancionable en México y en todo el mundo, pues suprime los derechos de las víctimas y menoscaba su libertad, seguridad y salud.

Este fenómeno se ha visibilizado en los últimos años a nivel mundial, primordialmente en las relaciones laborales y en los lugares de trabajo, ejercido principalmente contra las mujeres, donde ha mostrado tener consecuencias graves no deseadas, que no sólo vulneran los derechos de las víctimas sino también su integridad física, emocional, sexual, así como la forma en que se desenvuelven con su entorno y las personas que las rodean.

Por ello, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce y ha impulsado el derecho de las personas al trabajo libre de violencia y acoso en razón de género; sin embargo, manifiesta que es un problema mundial señalando que, al año aproximadamente doce millones de personas padecen o han padecido de mobbing oprácticas de acoso, hostigamiento o intimidación en el mundo, llegando a considerarlo incluso como una pandemia. 1

En su informe Violence at Work,la OIT consideró que este tipo de violencia que “se producen en los lugares de trabajo de todo el mundo permiten concluir que este problema rebasa en efecto las fronteras de los países, los ámbitos de trabajo o cualesquiera categorías profesionales”. En el mismo encontró que, por ejemplo, en Estados Unidos alrededor de mil personas son muertas cada año en entornos laborales, llegando incluso al extremo de que el homicidio se ha convertido en la principal causa de defunciones en el lugar de trabajo para las mujeres, y en la segunda para los varones.

Esta organización, en el Convenio sobre la Violencia y el Acoso, 2019, 2 señala que no puede permitirse esta violación a los derechos de las personas y los Estados deben buscar acciones para garantizar espacios laborales libres de discriminación y violencia.

Dicho convenio en su artículo 1 señala:

“a) la expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género; y

b) la expresión «violencia y acoso por razón de género» designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual”.

Por su parte, la propia Ley Federal del Trabajo define en su artículo 3o. Bis, lo siguiente:

“ a) Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas; y

b) Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos”.

En México, existe un gran índice de acoso sexual laboral contra las mujeres pues de acuerdo con datos estadísticos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), 2016, las agresiones más comunes ocurridas en el trabajo son las sexuales pues de las mujeres que han enfrentado algún tipo de violencia laboral, el 47.9 por ciento respondió haber sido víctima de agresiones sexuales, el 48.4 por ciento agresiones emocionales y el 3.7 por ciento físicas. 3

Además, esta encuesta revela que el 79.1 por ciento de la violencia contra las mujeres mayores de 15 años en el ámbito laboral ha sido en las instalaciones del trabajo y los prinicipales agresores son, en primer lugar, los compañeros de trabajo y en segundo lugar el patrón o jefe.

En nuestro país, las mujeres, por los roles de géneros establecidos de forma histórica, ya encuentran desventajas para incorporarse al campo laboral pues según las últimas cifras del Inegi las tasas de participación económica de hombres y mujeres son de 74.2 y 41.7 por ciento, respectivamente, según la ENOE 2021. 4

Aunado a esto, la pandemia por Covid-19 ha incrementado las brechas de desigualdad de género en todos los ámbitos, incluido el laboral pues según los datos publicados por Inegi, 7 de cada 10 empleos perdidos eran de mujeres. 5

Si además enfrentan en los centros labores en mayor medida situaciones de discriminación y violencia que afecten su estabilidad emocional, las brechas de desigualdad laboral no disminuirán pues hay mujeres que se ven orilladas a abandonar sus empleos por estos motivos.

Recientemente, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad el 10 de junio de 2019, en su centésima octava reunión, adoptó el Convenio sobre la Violencia y el Acoso, 2019, con el cual se pretende erradicar la violencia y el acoso, principalmente el motivado por razón de género. 6

Si bien este Convenio que entró en vigor apenas el 25 de junio de 2021 no ha sido ratificado por el Estado mexicano, lo cierto es que resulta de la máxima relevancia que, a fin de maximizar los derechos de las mujeres, así como su máxima protección, no puede ser obstáculo para que esta Cámara de Diputados retome lo concebido en dicho instrumento de carácter internacional y se adelante a los cambios que necesita nuestra sociedad.

Por ello, se estima imperativo garantizar mecanismos o medidas que contribuyan a una impartición de justicia completa, que proteja eficazmente a las mujeres contra la explotación económica y laboral, la desigualdad salarial, el abuso sexual y el daño físico y psicológico, a fin de erradicar este tipo de prácticas laborales injustas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 14 y 15 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los artículos 132 y 684-E de la Ley Federal de Trabajo

Primero. Se reforman las fracciones II, III y IV del artículo 14; y las fracciones II, III, VI y VII, y se adiciona una fracción VIII del artículo 15 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 14. Las entidades federativas y la Ciudad de México, en función de sus atribuciones, tomarán en consideración:

I. [...]

II. Fortalecer el marco penal , civil y laboral para asegurar la sanción a quienes hostigan y acosan;

III. Promover y difundir en la sociedad que el hostigamiento sexual y el acoso sexual son faltas graves con consecuencias jurídicas civiles, laborales y administrativas y que, incluso, son delitos, y

IV. Diseñar programas que brinden servicios reeducativos integrales para agresores, así como de reparación integral para las víctimas.

Artículo 15.- Para efectos del abuso sexual, hostigamiento o el acoso sexual, los tres órdenes de gobierno deberán:

I. [...]

II. Establecer mecanismos que prevengan y favorezcan su erradicación en escuelas y centros laborales privados o públicos, mediante acuerdos y convenios con instituciones escolares, empresas y sindicatos. Para ello, podrán implementarse campañas de difusión para garantizar espacios libres de hostigamiento y/o acoso sexual, tomando como mínimo, lo siguiente:

a) Actualizar y proponer en aras de fortalecer los derechos de las victimas, los protocolos que prevengan o en su caso se impida la continuación de actos que implique un acto de hostigamiento o acoso sexual o en situación de riesgo.

b) Proteger a las niñas, adolescentes y mujeres de actos que puedan atentar en contra derecho. Estableciendo acciones y programas que garanticen su integridad y bienestar físico y psicoemocional.

III. Crear procedimientos administrativos claros y precisos en las escuelas y los centros laborales, para sancionar estos ilícitos e inhibir su comisión que eviten su repetición;

IV. a VI. [...]

VI. Proporcionar atención psicológica y legal, especializada y gratuita, a quien sea víctima de hostigamiento o acoso sexual;

VII. Implementar sanciones administrativas para los superiores jerárquicos del hostigador o acosador cuando sean omisos en recibir y/o dar curso a una queja, y

VIII. Establecer medidas que garanticen el acceso a los derechos de las víctimas, en tanto se sustancian los procedimientos a que hubiera lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley General de Víctimas.

Segundo. Se reforma la fracción XXXI del artículo 132 y la fracción XII del artículo 684-E  de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

I a XXX.- [...]

XXXI.- Implementar , de manera conjunta con las y los trabajadores, campañas de prevención, un protocolo para prevenir , erradicar y sancionar la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia , abuso y acoso u hostigamiento sexual, así como para erradicar el trabajo forzoso e infantil;

XXXII y XXIII [...]

Artículo 684-E.- El procedimiento de conciliación se tramitará conforme a las reglas siguientes:

I al XI (...)

XII. Cuando en la solicitud de conciliación se manifieste la existencia de acoso sexual, discriminación u otros actos de violencia contemplados por la ley, la autoridad conciliadora tomará, en todos los casos que lo ameriten, las medidas conducentes para que en ningún momento se reúna o encare a la persona citada a la que se le atribuyen tales actos. En estos casos el procedimiento de conciliación se llevará con el representante o apoderado del citado, evitando que la presunta víctima y la persona o personas a quienes se atribuyen los actos de violencia se reúnan o encuentren en un mismo espacio;

XIII a XIV (...)

(...)

(...)

(...)

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los Congresos de las entidades federativas tendrán 90 días hábiles para la homologación de sus leyes locales con el presente decreto.

Notas

1 OIT, 2006. Aumentan las nuevas formas de violencia en el trabajo. Organización Internacional del Trabajo. Recuperado de

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/ WCMS_070534/lang–es/index.htm

2 OIT, 2019. Convenio sobre la Violencia y el Acoso, 2019. Recuperado de

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB: 12100: 0:: NO:: P12100_ILO_CODE: C190.

3 Inegi (2016) Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh, 2016). Recuperado de

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/e ndireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf

4 Inegi, 2021. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2021) Recuperado de

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/ iooe/iooe2021_03.pdf

5 CNN Español 2021. “Mujeres, las principales afectadas por el desempleo en México durante la pandemia”. Recuperado de

https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/18/mujeres-desempleo-mexico-p andemia-puntos-explicar-problema-orix/

6 OIT, 2019, Convenio sobre la Violencia y Acoso, 2019. Organización Internacional del Trabajo.

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB: 12100: 0:: NO:: P12100_ILO_CODE: C190

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a 30 de septiembre de 2021.– Diputada y diputado: Julieta Mejía Ibáñez, Jorge Álvarez Máynez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 49 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo del diputado Héctor Chávez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

Diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en el ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II; 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ponen a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el artículo 49 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Planteamiento del problema

En 2009, derivado de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia del año previo, se emitió la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde se preveía que la federación, además de los recursos que se entregaban por la vía de la Ley de Coordinación Fiscal, se destinarían subsidios para los municipios y las entidades federativas con mayores índices de violencia. Así, se creó el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), el Subsidio para mando único y, por último, el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (Fortaseg). En esta administración, estos subsidios han sido eliminados, sin embargo, las necesidades que tienen las entidades federativas y los municipios no han desaparecido. Es por ello que, a través de esta iniciativa, se propone establecer claramente la obligación legal del gobierno federal para otorgar estos subsidios, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Argumentación

La violencia en nuestro país ha ido en incremento en los últimos años y, como ha quedado demostrado, la participación de las Fuerzas Armadas no ha ayudado a resolver los problemas de inseguridad. En este sentido, desde el PRD hemos insistido en la necesidad de fortalecer a las instituciones policiales de las entidades federativas y los municipios para que puedan asumir profesionalmente las labores de protección a las y los ciudadanos.

Desde 2009, cuando se creó el Subsemun, las autoridades federales detectaban los municipios con mayores problemas de inseguridad y, en consecuencia, atribuirles mayores recursos con el objeto de fortalecer sus instituciones policiales, conforme a las causas del incremento de la violencia que se concentraban en torno a las desfavorables condiciones laborales de los elementos de seguridad pública, las cuales incluyen insuficiente equipamiento e infraestructura, escasa profesionalización y falta de protocolos de actuación homogéneos que redundaban en la reducida eficacia de las instituciones de seguridad pública estatales y municipales y, consecuentemente, en una mayor incidencia delictiva.

Es decir, estos recursos otorgados como subsidios fueron complementarios de los que se recibían por vía de la Ley de Coordinación Fiscal. Debemos señalar que, a pesar de los múltiples esfuerzos por profesionalizar a sus cuerpos policiacos, en la mayor parte de los casos, no se ha logrado avanzar mucho debido a las dificultades que representa el no recibir recursos federales. Adicionalmente, debemos señalar que los subsidios tenían fines específicos, entre ellos la capacitación para las nuevas labores que representa la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio y la atención primaria a víctimas, así como la capacitación en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Todas estas labores han quedado rezagadas o, en el mejor de los casos, pospuestas debido a la falta de recursos.

En este sentido debemos señalar que los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican, al contrario de lo que se afirma, un incremento en la incidencia delictiva del fuero común, como podemos ver a continuación:

Lo que proponemos es, en esencia, lo siguiente:

Por lo anteriormente expuesto, plenamente comprometidas y comprometidos con el derecho a la seguridad de las y los ciudadanos mexicanos, ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el artículo 49 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Artículo Primero. Se reforma el primer párrafo del artículo 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:

Artículo 142. Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se componen con los recursos destinados a la seguridad pública previstos en los fondos que establece el artículo 25, fracciones IV y VII, de la Ley de Coordinación Fiscal para tal objeto y los recursos que, a través de subsidios destine la Federación para este fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Los recursos que se programen, presupuesten y aporten a las entidades federativas y municipios, así como su ejercicio, control, vigilancia, información, evaluación y fiscalización, estarán sujetos a dicho ordenamiento y a la presente Ley; asimismo, únicamente podrán ser destinados a los fines de seguridad pública referidos en la citada Ley de Coordinación Fiscal y en esta Ley.

...

...

...

...

Artículo Segundo. Se reforma el párrafo primero del artículo 49 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 49. Los gastos de seguridad pública y nacional son erogaciones destinadas a los programas que realizan las dependencias en cumplimiento de funciones oficiales de carácter estratégico. Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se componen con los recursos destinados a la seguridad pública previstos en los fondos que establece el artículo 25, fracciones IV y VII, de la Ley de Coordinación Fiscal para tal objeto y l os recursos que, a través de subsidios destine la Federación para este fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

...

...

...

Transitorio

Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2021.– Diputada y diputado: María Macarena Chávez Flores, Héctor Chávez Ruiz (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones al Código Penal Federal, a cargo de la diputada Andrea Chávez Treviño, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Andrea Chávez Treviño, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el delito de represión al Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Puede afirmarse que es una aspiración de todo estado de derecho lograr que sus instituciones sean tan perfectas que no sea necesario para nadie acudir a vías no institucionales para obtener satisfacción a sus reclamos; por otro lado, esa misma aspiración al parecer la tienen todos los ciudadanos que reclaman por derechos reales que muchas veces no son satisfechos.

No obstante, a pesar de esta aspiración legítima en la realidad histórica y en el presente, los estados de derecho no son perfectos, no alcanzan el nivel del modelo ideal que se pretendería, de modo que ni el estado ni los ciudadanos logran ver realizada la aspiración a que todos sus reclamos sean canalizables por vías institucionales.

Por otra parte, por lo general, los ciudadanos tampoco pretender optar por caminos no institucionales para obtener los derechos que reclaman, sino que eligen éstos sólo para habilitar el funcionamiento institucional, es decir, que en definitiva reclaman que las instituciones operen conforme a sus fines de creación.

Sin embargo, ese reclamo del pueblo se ha visto coartado por la represión, traducida en acciones llevadas a cabo desde el poder, para cohibir o inhibir ciertas actuaciones políticas o sociales, casi siempre con una dosis de violencia.

La protesta social es una característica esencial de la democracia, permite constatar la heterogeneidad del pueblo de México y hace visibles a los sectores sociales acallados y discriminados; de tal forma que el ejercicio del derecho a la protesta o manifestación ha permitido, con el paso del tiempo, irrumpir a los distintos, a los diversos, le ha dado sentido y rumbo al desacuerdo, a la inconformidad y a los impulsos que hacen posible que la realidad sea transformada.

Desde hace décadas este derecho ha sido coartado mediante la criminalización en múltiples formas, usando el derecho penal para castigar a quienes protestan y cuestionan levantando sus voces, tipificando conductas como delitos con el principal propósito de callar y someter; acusando a dirigentes sociales de delitos comunes para así poner en cuestión la honra, prestigio y reputación de esas personas; con detenciones arbitrarias y sobretodo con la descalificación de quienes protestan o denuncian situaciones contrarias a derechos humanos.

Pero la protesta social ha incurrido en la criminalización marcada por su carácter selectivo, entendida como el abuso del derecho penal, contravencional o de faltas contra quienes se manifiestan.

Este fenómeno se sustenta de perjuicios sociales que recaen en ciertos grupos de poder, pero en realidad, lo que está en discusión es determinar quién tiene el derecho a tener el derecho exigido, es por eso que lo grupos hegemónicos utilizan diversidad de herramientas para construir una imagen negativa estigmatizando a quienes les disputan los derechos que estos grupos se atribuyen a sí mismos, pero les niegan a otros.

En los últimos tiempos se ha acentuado el clima de criminalización de la protesta social, es decir que las acciones de resistencia contra el autoritarismo, la denuncia de violaciones de derechos humanos y las acciones de presión sobre las autoridades a efecto de que cumplan con las obligaciones adquiridas, están teniendo cada vez más la consecuencia de que quien ejerza su libertad de expresión sea acusado de algún delito y consecuentemente, llevado a enfrentar algún proceso penal por la defensa de sus derechos.

Es frecuente que se realicen detenciones masivas de personas que sólo están ejerciendo sus derechos, algunas veces las personas son liberadas a las pocas horas tras atravesar una detención arbitraria, pero en otras, los detenidos quedan privados preventivamente de su libertad, a veces incluso, durante periodos extendidos e injustificados.

La criminalización de la protesta social es arraigada pero has sido más visible en los últimos tiempos; no ha sido más que un proceso muchas veces político, jurídico, mediático y social, en el que el Estado emplea acciones represivas y utiliza la legislación penal contra los actores sociales, es decir, el poder punitivo del Estado es habilitado para resolver el conflicto social, por lo que los actos de criminalización buscan anular o al menos restringir el ejercicio de algunos derechos, particularmente el de protesta.

La criminalización de personas que participan en manifestaciones públicas o que las lideren no sólo tiene impacto sobre el derecho de libertad de expresión y reunión, sino también efectos graves y sistémicos sobre el ejercicio de los derechos de libertad de asociación y de participación política. En particular, la criminalización genera una serie de impactos sobre el libre funcionamiento y articulación de las organizaciones, partidos políticos, sindicatos, redes, movimientos u otros grupos a los que pertenecen las personas que adquieren por solo este hecho, la calidad de imputadas.

Acompañada de esta criminalización no podemos dejar de lado la judicialización con lo que coincide la práctica política de deslegitimación y estigmatización de la demanda con la represión policiaca y judicial, que no tiene otro fin las que sancionar la protesta.

Frente a esta realidad creciente, desde 2008 la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, realiza la campaña denominada Protestar es un derecho, reprimir es un delito. Como ya hemos mencionado desde ya hace varios años venimos viviendo un proceso en el cual se equipara y trata como delincuentes a las personas y organizaciones que realizan protestas sociales, y a esta política se le acompaña un discurso que apela a la legalidad y el estado de derecho.

En México, por mucho tiempo, fue común aplicar un derecho que acostumbra hacer lo que no debe: maltratar a quienes tiene la obligación de cuidar; perseguir a quienes debe proteger; ignorar a quienes necesitan más atención y peor aún, servir a quienes debe controlar, es decir, aplicaba un derecho mafioso donde la ley era aplicada de forma discriminatoria, particularmente contra los más pobres y vulnerables, los cuales son justo quienes tienen la valentía de enfrentarse al Estado.

El objetivo de la represión no es otro más que el impedir que un grupo de personas coaccionen los derechos de otros sujetos o incurran en prácticas ilegales, pero si la represión excede los límites legales, los propios represores son quienes actúan bajo un marco de ilegalidad y anulan derechos legítimos como la libertad de expresión o de manifestación.

El uso de la represión busca dar ejemplo en la disuasión de la protesta o sublevación de las clases oprimidas y las autoridades durante largo tiempo no sólo han impedido que aquellos a los que reprimen violen la ley, sino también logran que el resto de la sociedad se reprima a sí misma y no limite los comportamientos reprimidos.

Casos ejemplificadores de la situación de criminalización y represión de la protesta social en México

En México han ocurrido revoluciones, levantamientos armados y guerras desde tiempos prehispánicos, en todos ellos el Estado ha ejercido la represión y la violencia legítima para cumplir sus funciones y lograr los objetivos específicos para los cuales existe.

Ya en el ámbito de la criminalización de los movimientos sociales, el Estado mexicano también tiene pendientes como es el esclarecimiento y la recuperación de la memoria histórica durante la criminalización y represión de los movimientos sociales desde las décadas de los sesenta, la arbitrariedad, corrupción y fabricación de culpables por las autoridades responsables de investigar delitos e impartir justicia, son una práctica común en nuestro país y con la que estamos trabajando para ponerle fin.

No obstante, a lo largo de la historia han existido casos en los que se ha utilizado el sistema penal para coartar las libertades de expresión además de los derechos de asociación y reunión, algunos ejemplos a continuación:

A. Movimiento estudiantil de 1968

La utilización de tipos penales específicamente dirigidos a criminalizar la disidencia y a los movimientos sociales se ve reflejada en el conflicto estudiantil de 1968, sofocado a través de la matanza de estudiantes de Tlatelolco. El régimen autoritario utilizó el delito de disolución social como arma penal preferida para detener a disidentes y utilizar el sistema penitenciario para albergar a presos políticos. Este hecho estaba presente en las mentes de los estudiantes y otros movimientos sociales unidos en 1968, ya que dentro del pliego petitorio de seis puntos al gobierno, se incluía específicamente la derogación del delito de disolución social. 1

B. Operativos en contra del movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos Oaxaqueños

Durante este conflicto miembros de la Sección 22 del Sindicato de Trabajadores de la Educación tomaron el centro de la ciudad en Oaxaca en tanto no se atendieran sus exigencias. El 14 de junio de 2006, la policía local intervino para tratar de desalojar a los miembros del magisterio e hirieron a varias personas. Con posterioridad, el conflicto empezó a escalar y para el año 2007 ya había más de 20 personas muertas, 366 detenidas y 381 lesionadas. 2

Al momento en que se presentó el informe preliminar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) relativo a los hechos ocurridos en Oaxaca en 2006, ya se habían presentado mil 211 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, consecuencia del uso indebido de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, incomunicación, desaparición de personas, daños, lesiones, amenazas y cateos ilegales. 3

Las personas detenidas durante el operativo en Oaxaca se encuentran privadas de su libertad en centros de reclusión federales de mediana a alta seguridad, lejanos a su lugar de residencia y de los hechos. Entre estos centros están: el de Tepic, Nayarit, Matamoros, Tamaulipas y Almoloya de Juárez en el Estado de México.

C. Protestas durante la tercera Cumbre de América Latina, El Caribe y la Unión Europea

La CNDH realizó un informe especial 4 acerca de la criminalización de los manifestantes altermundistas en Guadalajara, el 28 de mayo de 2004, durante la tercera Cumbre de América Latina, El Caribe y la Unión Europea. En este caso, las autoridades de seguridad pública locales detuvieron a decenas de manifestadores y se denunciaron casos de tortura, detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes y casos de incomunicación.

D. Acciones de represión a las movilizaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares en la República Mexicana

Este caso en particular se reprimió a representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares en la República Mexicana cuando se suspendieron las labores en la empresa de Servicios Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, en Michoacán. Dicha asociación ya presentaba un alto grado de confrontación con el gobierno federal y la empresa Minera Grupo México; hubo una intervención del gobierno federal en el desconocimiento de su líder y otros hechos acontecidos en Pasta de Conchos, Coahuila y luego en Cananea, Sonora.

En el caso en cuestión, según consta en la recomendación 37/2006 de la CNDH, la empresa después de solicitar ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social un certificado de inexistencia de los emplazamientos a huelga, consiguieron la intervención de la policía del estado de Michoacán y de la Policía federal para disolver la huelga, por lo que resultaron 21 personas heridas de arma de fuego y 33 trabajadores lesionados.

E. Intervención de la Policía federal y de la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de México en el marco de la protesta social del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra, en San Salvador Anteco y Texcoco, Estado de México

Los hechos se originan por el desalojo de autoridades municipales y estatales en mayo de 2006 de floricultores de Texcoco; posteriormente los pobladores de San Salvador Atenco bloquearon la carretera de Lechería a Texcoco. Esto es un delito federal conocido como obstrucción de las vías federales de comunicación y retuvieron a doce elementos de policías estatales para demandar la liberación de sus compañeros. Posteriormente, al tratar de liberar el bloqueo, 500 policías estatales y efectivos de la Policía federal entraron a domicilios de miembros del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra y detuvieron a 84 personas.

Ese día y el siguiente, 4 de marzo, quedó cercada la población de San Salvador Atenco. La siguiente madrugada, mil 815 efectivos de la policía federal y 700 de la estatal realizaron un operativo con uso de la violencia, el operativo duró todo el día. Hubo 211 personas detenidas, dos muertos y cinco extranjeros expulsados; varias mujeres fueron objeto de ataques sexuales, como se puede documentar en la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada en Delitos Violentos cometidos contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) que no ha realizado arrestos pese a que inició una averiguación previa (instrucción penal) bajo el rubro FEVIM/03/05/2006.

F. Represión y criminalización de los opositores a la presa de La Parota en Guerrero

Este caso se refiere a la criminalización y represión de movimientos opositores a la construcción sin consulta previa de la presa La Parota por la compañía nacional de electricidad mexicana, la Comisión Federal de Electricidad.

Desde julio de 2004, se libraron órdenes de aprensión en contra de opositores y se detuvo a dos comuneros. 5 Uno de los detenidos fue Margarito Castillo Manrique, del Ejido Dos Arroyos, preso en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Acapulco, Guerrero, desde el 16 de diciembre de 2005.

G. Jacinta Francisco Marcial

También se puede encuadrar dentro de los casos de criminalización de la protesta social, los casos de detención de tres indígenas en Querétaro, entre ellos Jacinta Francisco Marcial, quien fue declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional, los eventos que culminaron en la detención de estas personas bajo el cargo de secuestro de agentes federales, comenzaron en un mercado público en la comunidad de Santiago Mexquititlán, en la parte sur del estado de Querétaro. 6

Estos cargos increíbles, bajo los cuales una mujer indígena desarmada podría secuestrar a seis agentes federales fueron suficientemente comprobados a través del testimonio de los agentes federales involucrados en el operativo en contra de los vendedores en el mercado de Mexquititlán, además de una fotografía de Jacinta observando desde la distancia en medio de una muchedumbre.

Este caso es paradigmático ya que no se trata de un tipo penal que parece ajeno a la criminalización de la protesta social; sin embargo, muestra cómo el cúmulo de irregularidades en la investigación, la falta de independencia de los tribunales y la utilización selectiva del proceso penal pueden ser utilizadas de manera abusiva en contra de opositores.

H. Quetzaly Rojas

En noviembre de 2020, Quetzaly Rojas, una joven defensora de los derechos humanos que promueve los derechos de las mujeres en México, salió a la calle para exigir justicia por el asesinato de una mujer de su comunidad.

La policía reprimió violentamente la protesta, disparando munición real al aire para dispersar a la multitud, detuvieron a Quetzaly y la arrastraron adentro del palacio municipal en Cancún, fuera del cual la protesta estaba teniendo lugar, allí la golpearon, la patearon y un policía abuso de ella sexualmente.

Así, la criminalización sucede en un contexto de conflicto social, por un lado un grupo de ciudadanos inconformes con alguna acción del Estado, o bien que reivindican un derecho insatisfecho, y en el otro extremo un gobierno que no tiene vías para procesar esos conflictos ni tiene voluntad para atenderlos, y la consecuencia es que se trata a esos ciudadanos como una amenaza que se debe combatir.

En el recuento se dejan fuera a un sinnúmero de movimientos y casos que también fueron reprimidos y no se investigan ni castiga a los culpables, pero no por ello deja de ser una muestra más de lo que la clase dominante y política son capaces para defender sus posiciones y privilegios.

La intervención penal debe ajustarse a los principios de lesividad e intervención mínima, respetar los límites inherentes a la política criminal y actuar bajo ciertos límites de garantía para el ciudadano.

Uso de la fuerza en las protestas

El recurso a la fuerza pública puede constituir un elemento importante para garantizar el derecho a la protesta y proteger la integridad de los manifestantes, pero de igual forma también representa una importante fuente de violaciones a los derechos de los mismos, ya que para que el uso de la fuerza se encuentre justificado, se deberán satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad.

El Código de Conducta de Naciones Unidas para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, prevé que las fuerzas de seguridad podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas. Los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, reafirman el principio de ultima ratio al prever que los agentes, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y armas de fuego.

Los principios generales sobre el uso de la fuerza, aplicados al contexto de protestas y manifestaciones, requieren que la gestión de los operativos de seguridad sea planificada y de forma cuidadosa y minuciosa por personas con experiencia y capacitación específicas para este tipo de situaciones y bajo protocolos de actuación claros. 7

Es necesario que como país avancemos en regulaciones sobre el accionar de nuestras autoridades encargadas de impartir justicia, en especial sobre el uso de la fuerza y de la actuación policial en contextos específicos de protesta, es esencial que la facultad de detención se ejerza con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, respetando en todo momento el derecho a la intimidad, libertad de expresión y las debidas garantías procesales.

Los contextos de protesta social en los estados deben abstenerse de incurrir en prácticas de detenciones masivas, colectividad o indiscriminadas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que tácticas policiales de detenciones colectivas son incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales como son: la presunción de inocencia, la existencia de una orden judicial para detener salvo en la hipótesis de flagrancia y de la obligación de notificar a los tutores si estos fueren menores de edad. 8

En otro precedente relativo a detenciones masivas, la Corte IDH también sostuvo que una detención masiva y programada de personas sin causa legal, en la que el Estado detiene masivamente a personas que la autoridad supone que podrían representar un riesgo o peligro a la seguridad de los demás, sin indicios fundados de la comisión de un delito, constituye una detención ilegal y arbitraria. 9

Conclusiones

En la actualidad, el Estado mexicano frente a las acciones organizadas de protesta social, ha respondido de forma represiva bajo modalidades como: cierre de los espacios de diálogo, represión policial, descalificación de quienes se manifiestan y protestan, militarización de la vida civil y propiamente lo que denominamos en párrafos anteriores criminalización de la protesta social.

Las calles de nuestro país históricamente han sido campos de batalla entre el pueblo y la autoridad, ninguna democracia que realmente lo sea puede seguir existiendo sin garantizar el derecho a la protesta, la violencia durante la misma venga de quien venga es criticable y no aceptable, observar a policías lanzar piedras contra los manifestantes, usar extintores como método de disuasión o detener arbitrariamente a manifestantes es violencia de Estado y deben ser reconocidas como violaciones a los derechos humanos, la violencia es diferenciada y se equivocan quienes la equiparan, por lo cual debemos tipificar estas conductas con la única finalidad de parar esa persecución que se hace a quienes buscan alzar la voz.

La criminalización ha sido el producto de procesos penales fundados en hechos sobre los que no existe ni se producen evidencias o las pruebas son directamente falsas y en el marco se los cuales se han autorizado medidas aflictivas para las personas, sus familiares y las organizaciones, tales como la prisión preventiva, decomisos, allanamientos, detenciones arbitrarias y registros muchas veces violentos.

La intervención penal debe ajustarse a los principios de lesividad e intervención mínima, respetar los límites inherentes a la política criminal y actuar bajo ciertos límites de garantía para el ciudadano, son de inminente necesidad tipos penales sin ambigüedades y en términos estrictos e inequívocos que definan con claridad las conductas penalizadas.

La protesta social y el conflicto no deben ser necesariamente parte del juego en las sociedades democráticas, pero lamentablemente muchos gobiernos han preferido que el pueblo no se movilice, que no reclame por sus derechos y mucho menos han permitido su emancipación.

Hasta hace un par de años, en nuestro país no podíamos hablar de la existencia de una legalidad plena y de un irrestricto estado de derecho, sin embargo y pese varios logros obtenidos como país, es necesario que sigamos creando un marco jurídico que garantice el cumplimiento y respeto a los derechos humanos, terminando con detenciones arbitrarias e injustificadas, poniendo fin a la violencia contra quien se manifieste libremente y sobretodo haciendo sinónima a la violencia de las protestas con la única finalidad de reprimir la manifestación de ideas.

Es por lo anteriormente expuesto, que se somete a su consideración la iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el delito de represión al Código Penal Federal

Único. Se reforma el Título Tercero Bis del Código Penal Federal en relación con el número de capítulos contenidos, adicionando un capítulo segundo al mismo, para quedar como sigue:

Título Tercero Bis Delitos contra la Dignidad de las Personas Capítulo Primero Discriminación

Artículo 149 Ter

Capítulo Segundo Represión

Artículo 149 Quáter. Comete el delito de represión:

I. Cualquier corporación policial o de las Fuerzas Armadas que haga uso de la fuerza pública y con ello ejerza algún tipo de violencia en contra de cualquier persona que se encuentre manifestándose en cualquiera de sus formas, libre y pacíficamente; y

II. El servidor público que a cargo de la procuración y administración de justicia, ejerza sus actividades de forma negligente o arbitraria con la intención de reprimir actuaciones sociales.

Se le impondrán de uno a cinco años de prisión y de cincuenta hasta ciento cincuenta el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, así como la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de uno a tres años para desempeñar cargo o comisión pública.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido del presente decreto.

Notas

1 Los delitos de disolución social se encontraban en los arts. 145 y 145 bis del CP Federal

2 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez e Instituto para la Seguridad y la Democracia, Manual de seguridad ciudadana, México, 2009, p. 66

3 Comisión Nacional de Derechos Humanos, Informe preliminar de los hechos ocurridos en la Ciudad de Oaxaca a partir del 2 de junio de 2006, 18/12/2006, p. 3.

4 Informe Especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos relativo a los hechos de violencia suscitados en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, 28/5/2004, con motivo de la III Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea

5 “Un Movimiento Social frente a La Parota: construyendo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales desde abajo”, en Ce-Acatl. Revista de la Cultura de Anáhuac, n° 107, p. 21.

6 Para una relatoría de los eventos por parte del Director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez de Derechos humanos que llevó la defensa de Jacinta Francisco Mariscal, ver Luis Arriaga Valenzuela, “Jacinta y la Procuración de Justicia en México”, en Epikea, n° 12

7 CIDH, Informe anual 2015

8 Corte IDH Caso Bulacio vs Argentina. Sentencia del 18 de septiembre de 2003 Punto. 137.

9 Corte Interamericana de Derechos Humanos caso Servellon García y otros vs Honduras, sentencia de 21 de septiembre de 2006, párrafo 134

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2021.– Diputada y diputados: Andrea Chávez Treviño, Antolín Guerrero Márquez, Klaus Uwe Ritter Ocampo (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 10 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Juanita Guerra Mena, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o., numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXVII al artículo 10 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de establecimiento de senderos seguros antidelincuencia en el desarrollo urbano, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Combatir los hechos antisociales y los delitos implica la prevención especial y general de los mismos. Se realiza a través de la formulación de políticas públicas tendientes a prevenir su comisión, con la participación de los sectores público, privado y social, con cada uno de los tres órdenes de gobierno, en su respectivo ámbito competencial; con la coadyuvancia de la comunidad, entre otros, en quejas, denuncias, procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito.

El valor estratégico y fundamental de la seguridad pública es el mantenimiento del orden y la paz públicos, incluso son las condiciones indispensables en el mantenimiento de un estado de derecho e involucran el respeto a los demás valores. Mantener el orden supone que en la convivencia social se respetan las correspondientes reglas, así como los derechos fundamentales de cada persona. Una sociedad ordenada va de la mano con un clima de paz en los diferentes ámbitos de la sociedad. Por ello, estimo que es acertada la frase del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos, Luis Raúl González Pérez, hablar de seguridad pública y derechos humanos es referirse a un “binomio indisoluble, la seguridad pública es la premisa general y piedra angular sobre la que descansa el respeto a los derechos humanos”.

Hay una gran percepción de inseguridad en los entornos desde el comunitario municipal, hasta el de las grandes ciudades, sus habitantes viven con temor a los embates de la delincuencia tanto común como organizada.

La respuesta de autoridades responsables de la seguridad pública y de justicia penal es el abuso de la prisión preventiva y de la pena privativa de la libertad. Esto trae como consecuencia que los hechos antisociales y los delitos se combatan por sus efectos y no por sus causas y que las autoridades deban utilizar todo su tiempo y esfuerzo en la reacción y dejen de lado las estrategias, programas y acciones de prevención.

Sin embargo, una valiosa política de prevención es la implementación de los denominados senderos seguros, mismos que son espacios públicos como calles, callejuelas, avenidas, parques públicos y en general, rutas y zonas de las ciudades detectadas con un perfil de alto riesgo para mujeres que reciben, a partir de una importante intervención de obra pública, mejoras de equipamiento urbano y mantenimiento, así como mayor presencia policial para que transiten de manera segura.

Un sendero seguro implica de manera obligada dos factores: el primero, el de la detección, a partir de un importante análisis en materia de inteligencia y estadística delictiva, detectar las zonas de tránsito con mayor índice de violencia e inseguridad para las mujeres; el segundo, implica un importante esfuerzo de los gobiernos locales para que, una vez detectados estos polígonos de riesgo, se realicen intervenciones consistentes en mejoras al alumbrado, al equipamiento urbano de banquetas, la semaforización, la vigilancia de los tramos viales, la colocación de botones de pánico, cámaras conectadas al sistema de control de la entidad federativa, limpieza permanente de las calles, las banquetas, arroyos vehiculares, pinta de bardas, presencia del estado de fuerza policial y en general, la intervención del gobierno de proximidad en el mantenimiento de estas vialidades.

Los programas y acciones de senderos seguros son casos de éxito en otras latitudes y tienen como finalidad el buscar contribuir positivamente a la erradicación de la violencia de género en la vía pública mediante el mejoramiento del espacio y generar una identidad visual positiva a través de la intervención con pintura mural, Incentivando la participación ciudadana involucrando a comunidades y barrios, promoviendo la paz, la convivencia y la inclusión social, aplicando de manera transversal la perspectiva de género.

Para el cumplimiento de sus objetivos resulta fundamental el conocer de primera mano las necesidades locales y aspiraciones culturales de las y los habitantes y transeúntes, mediante estrategias de diagnóstico participativo y metodologías personalizadas que generen propuestas únicas y adecuadas.

De ahí que una política de senderos seguros implique no solo la intervención de obra pública y servicios sino también de un profundo estudio social del polígono en el que se ubica, a fin de que por medio de la aplicación de la tecnología y la inteligencia al servicio de la seguridad pública, se encuentren las mejores y más adecuadas soluciones de intervención pues cada sendero seguro responde a una serie de especificidades que lo convierte en caso único de estudio.

Por tal motivo, la implementación de programas de senderos seguros debe darse a partir de una visión integral en la que el objetivo sea el erradicar las condiciones que hacen propiciatoria la incidencia delictiva, entre ellas, el descuido del entorno urbano.

Antecedentes de los senderos seguros

En criminología, la teoría denominada “de las ventanas rotas” sostiene que mantener los entornos urbanos en buenas condiciones puede provocar una disminución del vandalismo y la reducción de las tasas de criminalidad.

El miedo al delito provoca ansiedad. En los ciudadanos, esta ansiedad se traduce a descuidar el control informal, a evitar una zona. Es precisamente esto lo que hace que los delincuentes, impulsados por el poco control que existe en esa calle, barrio o ciudad, trasladen ahí sus actividades delictivas, creando aún más miedo al delito en la población. Es un círculo vicioso y la Teoría de las ventanas rotas trata de explicar cómo evitar el delito haciendo que las personas se sientan más seguras, es decir, es una forma de prevención.

En 1969, en la Universidad de Stanford (EEUU), el Prof. Philip Zimpardo realizó un experimento de psicología social. Dejó dos autos abandonados en la calle, dos autos idénticos, la misma marca, modelo y hasta color. Uno lo dejó en el Bronx, por entonces una zona pobre y conflictiva de Nueva York y el otro en Palo Alto, una zona rica y tranquila de California.

Dos autos idénticos abandonados, dos barrios con poblaciones muy diferentes y un equipo de especialistas en psicología social estudiando las conductas de la gente en cada sitio.

Resultó que el auto abandonado en el Bronx comenzó a ser vandalizado en pocas horas. Perdió las llantas, el motor, los espejos, la radio, etcétera. Todo lo aprovechable se lo llevaron, y lo que no lo destruyeron. En cambio, el auto abandonado en Palo Alto se mantuvo intacto.

Es común atribuir a la pobreza las causas del delito, tema en el que coinciden las posiciones ideológicas más conservadoras, sin embargo, el experimento en cuestión no finalizó ahí.

Cuando el auto abandonado en el Bronx ya estaba deshecho y el de Palo Alto llevaba una semana impecable, los investigadores rompieron un vidrio del automóvil de Palo Alto. El resultado fue que se desató el mismo proceso que en el Bronx, y el robo, la violencia y el vandalismo redujeron el vehículo al mismo estado que el del barrio pobre.

¿Por qué el vidrio roto en el auto abandonado en un vecindario supuestamente seguro es capaz de disparar todo un proceso delictivo?

No se trata de pobreza. Evidentemente es algo que tiene que ver con la psicología humana y con las relaciones sociales. Un vidrio roto en un auto abandonado transmite una idea de deterioro, de desinterés, de despreocupación que va rompiendo códigos de convivencia, como de ausencia de ley, de normas, de reglas, como que vale todo. Cada nuevo ataque que sufre el auto reafirma y multiplica esa idea, hasta que la escalada de actos cada vez peores se vuelve incontenible, desembocando en una violencia irracional.

En experimentos posteriores (James Q. Wilson y George Kelling) desarrollaron la ‘teoría de las ventanas rotas’, misma que desde un punto de vista criminológico concluye que el delito es mayor en las zonas donde el descuido, la suciedad, el desorden y el maltrato son mayores.

Si se rompe un vidrio de una ventana de un edificio y nadie lo repara, pronto estarán rotos todos los demás. Si una comunidad exhibe signos de deterioro y esto parece no importarle a nadie, entonces allí se generará el delito. Si se cometen ‘pequeñas faltas’ (estacionarse en lugar prohibido, exceder el límite de velocidad o pasarse una luz roja) y las mismas no son sancionadas, entonces comenzarán faltas mayores y luego delitos cada vez más graves.

Si los parques y otros espacios públicos deteriorados son progresivamente abandonados por la mayoría de la gente (que deja de salir de sus casas por temor a las pandillas), esos mismos espacios abandonados por la gente son progresivamente ocupados por los delincuentes.

La teoría de las ventanas rotas fue aplicada por primera vez a mediados de la década de los 80 en el metro de Nueva York, el cual se había convertido en el punto más peligroso de la ciudad. Se comenzó por combatir las pequeñas transgresiones: grafitis deteriorando el lugar, suciedad de las estaciones, ebriedad entre el público, evasiones del pago del pasaje, pequeños robos y desórdenes. Los resultados fueron evidentes. Comenzando por lo pequeño se logró hacer del metro un lugar seguro.

Posteriormente, en 1994, Rudolph Giuliani, alcalde de Nueva York, basado en la teoría de las ventanas rotas y en la experiencia del metro, impulsó una política de “tolerancia cero”. La estrategia consistía en crear comunidades limpias y ordenadas, no permitiendo transgresiones a la ley y a las normas de convivencia urbana.

El resultado práctico fue un enorme abatimiento de todos los índices criminales de la ciudad de Nueva York.

La expresión ‘tolerancia cero’ suena a una especie de solución autoritaria y represiva, pero su concepto principal es más bien la prevención y promoción de condiciones sociales de seguridad.

No se trata de linchar al delincuente, ni de la prepotencia de la policía. De hecho, debe también aplicarse la tolerancia cero respecto de los abusos de autoridad.

No es tolerancia cero frente a la persona que comete el delito, sino tolerancia cero frente al delito mismo.

Se trata de crear comunidades limpias, ordenadas, respetuosas de la ley y de los códigos básicos de la convivencia social humana, como la que no tenemos ahora.

Por ello, la promovente de la presente iniciativa está convencida de que es la hora en que debemos trascender, dejar de lado viejas paradojas pensando que la inseguridad se resuelve a base de ocurrencias o con más policías sin tener en cuenta factores y diagnósticos integrales; es un grave error de estructura, metodología y de razonamiento técnico en materia de combate a la delincuencia el simplismo vago de colocar “más policía donde se cometen más delitos” sin considerar que la seguridad pública es multidimensional, opera como sistema integrado e integrador y en aquellas partes del mundo donde han tenido éxito las nuevas formas de prevenir el delito es porque con metodología e inteligencia han venido construyendo estrategias de calidad y reformado desde la perspectiva de la democracia y el Estado de derecho a su policía.

Por ello, una de las tendencias más sanas debe ser el esfuerzo por derrumbar los múltiples monopolios, es decir, el ejercicio exclusivo de actividades públicas y privadas que permiten el dominio o influencia y beneficios en pocas manos, en detrimento de las mayorías; la crisis crónica de la policía es el resultado del monopolio que ella mantiene sobre sí misma; las mejores policías en el mundo son las más cercanas al ciudadano y las mejor controladas, en donde participan las y los ciudadanos en tareas de coadyuvancia, de colaboración, como monitores urbanos, como parte de su propia seguridad e incluso, en comités evaluadores pues es claro que el mejor control policial interno, es el externo y ese lo realiza la sociedad.

De ahí, que la propuesta considerada es la de establecer a nivel nacional y desde la perspectiva del desarrollo urbano, la implementación de los denominados senderos seguros en la planeación del entorno local y como parte de una política integral de desarrollo urbano planificado.

Se trata de una propuesta de avanzada en donde por mandato normativo todo el desarrollo urbano del país deberá considerar como parte de una política nacional de planeación, el establecimiento de senderos seguros.

De esta manera, estaremos dando un importante paso en la visión de la seguridad ciudadana desde una perspectiva transversal y trascendente, derrumbando el mito de que la inseguridad es un tema de policías versus delincuentes y dando pasos importantes al establecimiento de mejores mecanismos integradores para el combate frontal a la inseguridad, en cualquier ciudad, en cualquier entorno y en cualquier momento.

Proyecto de Decreto

Artículo Único. Se adiciona una fracción XXVII y se recorren las subsecuentes al Artículo 10 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar como sigue:

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Artículo 10. Corresponde a las entidades federativas:

I. a XXVI. ...

XXVII. Definir y aplicar los lineamientos, políticas y criterios técnicos y operativos para la implementación de senderos seguros en contra de la delincuencia, de carácter municipal y de las alcaldías de la Ciudad de México, en coordinación con las autoridades locales en materia de seguridad ciudadana y prevención del delito, alineando los criterios de desarrollo urbano y desarrollo metropolitano al establecimiento de mecanismos inhibidores del delito y conductas antisociales.

XXVIII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de las entidades federativas deberán armonizar su legislación correspondiente, en materia de desarrollo urbano y de seguridad ciudadana, conforme a lo dispuesto en el presente decreto en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2021.– Diputada Juanita Guerra Mena (rúbrica).»

«Iniciativa que abroga la Ley General de Sociedades Cooperativas, publicada en el DOF el 3 de agosto de 1994, y expide la Ley General de Sociedades Cooperativas, suscrita por el diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El diputado Luis Mendoza Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXV Legislatura, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley General de Sociedades Cooperativas publicada el 3 de agosto de 1994, y se expide la ley general de sociedades cooperativas, al tenor siguiente:

Planteamiento de la iniciativa y argumentos que la sustentan

La importancia de la economía social en el nuevo paradigma de la vida política y económica de México, constituye un eje fundamental sobre el cual debe generarse un mayor enfoque en su desarrollo y crecimiento, de manera que sea un impulsor en la vida económica del país.

Es por ello que la presente iniciativa, es congruente con las necesidades del sector, en concordancia al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el cual establece que “El gobierno Federal impulsará las modalidades de comercio justo y economía social y solidaria”, y propone una mejor legislación para las sociedades cooperativas, como la figura más destacada de la economía social y solidaria.

Por otra parte, siendo el Artículo 25 de nuestra Carta Magna el mandato constitucional bajo el cual se reconoce y se establece el impulso que deben tener las cooperativas como integrantes del sector social, es que se propone renovar el marco jurídico de este rubro como parte integral de la política de estado y que necesariamente ve una necesidad de actualización a los tiempos modernos, tanto económicos, sociales y culturales.

I. Antecedentes

La sociedad se ha desarrollado por la cooperación que se establece entre los seres humanos y que ha prevalecido sobre la codicia, la ambición, el afán acumulativo, la guerra, etcétera.

El cooperativismo se ha manifestado en las relaciones sociales en toda la historia humana, así se encuentran antecedentes cooperativos en Egipto, Persia, Fenicia, Grecia, Roma, India, China y Japón; en México en la época prehispánica se destacaba la economía comunitaria y en la Colonia los indígenas tuvieron diferentes prácticas cooperativas.

De manera indudable influyeron en el desarrollo del cooperativismo mundial: Platón (La República), Tomás Moro (Utopía), Francis Bacón (La Nueva Atlántida) y Etiene Cabet (El Viaje a Icaria). Estos intelectuales proponen la propiedad comunitaria y el trabajo colectivo como elementos determinantes para la eliminación de las desigualdades económicas y así permitir la distribución equitativa de la riqueza social.

Los más destacados promotores del cooperativismo fuero Peter Cornellius Plockboy, John Belleres, William King y Michel Derion (pioneros de las cooperativas de consumo); Felipe Bauchez y Luis Blanc (fundadores de las cooperativas de producción). Roberto Owen innovador de procesos productivos y organizador de las colonias de New Lanark (Inglaterra), La Nueva Armonía (Indiana, EUA), la bolsa de trabajo y los sindicatos nacionales. Charles Fourier, autor del Falansterio. Ambos se destacan como los principales ideólogos del cooperativismo.

Los Pioneros de Rochdale, generaron principios generales llevados a la Cámara de los Comunes del Reino Unido, que se conservan en el cooperativismo actual:

I. Adhesión voluntaria y abierta de los socios;

II. Control democrático de los asociados;

III. La participación económica de los asociados;

IV. Autonomía e independencia;

V. Educación, formación e información;

VI. Cooperación entre cooperativas; y

VII. Interés por la comunidad.

Es importante señalar que en la sociedad mercantil (privada), su racionalidad económica es la ganancia, mientras en el cooperativismo es el mejoramiento permanente de las condiciones de vida de sus integrantes y es una forma productiva, donde los medios y las relaciones de producción pertenecen a los cooperativistas. Lo anterior permite el desarrollo económico sustentable, entendido como el crecimiento del producto distribuido equitativamente entre los miembros de la sociedad para la satisfacción de las necesidades con la armonización del ciclo evolutivo de la naturaleza, para permitir la continuidad de los recursos para las generaciones futuras.

En 1927 en México, se publicó la primera Ley Cooperativa, siendo presidente Plutarco Elías Calles, que restringió el crecimiento económico y político del movimiento cooperativo nacional. En cambio, la segunda ley, promulgada en 1933, por el presidente Abelardo L. Rodríguez tuvo como propósito el fortalecimiento de la naturaleza social de las cooperativas y su organización política; estas dos leyes fueron la base jurídica del cooperativismo en México.

La tercer Ley General de Sociedades Cooperativas con mayor vocación social fue promulgada por Lázaro Cárdenas en 1938, que en conjunto con la Ley del Impuesto Sobre la Renta que concedía la exención a las sociedades cooperativas permitieron el auge del cooperativismo en México y su significativa contribución al crecimiento de la Economía Nacional entre 1934 y 1980; según datos de la Dirección General de Fomento Cooperativo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de 1938 a 1976 existían 6610 cooperativas que integraban a 518 596 cooperativistas.

En 1988, se presenta una fuerte caída del número de cooperativistas que solo ascendían a 349,047 (Datos de la Unidad de Coordinadora de Políticas, Estudios y Estadísticas del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social). En el contexto de crisis recurrentes de la economía y ante la aplicación de la política económica de esos tiempos, la ley de 1938, fue sustituida en 1994 para adecuarla a la globalización económica internacional; es decir a los requerimientos del modelo económico en auge y que se aplicó a nivel mundial.

Cabe destacar que en el año del 2007 se reformó la Constitución Política en la fracción XXIX-N del artículo 73, que incorpora la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia cooperativa. De esta manera se le da un nuevo tratamiento jurídico al derecho social y cooperativo.

Adicionalmente en la última década se reconoce cada vez más, el impacto de las empresas de la economía social a nivel internacional, como generadoras de empleo y mejoras en las condiciones del buen vivir, en armonía con el cuidado del medio ambiente, es decir, un nuevo paradigma sobre el desarrollo sustentable de acuerdo a los ODS de la Agenda 2030 de la ONU. Es muy relevante destacar que las cooperativas han demostrado ser organizaciones con una mayor resiliencia frente a los impactos devastadores de la pandemia causados por el Covid 19.

En México, frente a los cambios económicos, políticos y sociales que se avecinan, la economía social representa una oportunidad para constituirse como un factor esencial de una Política de Estado, de crecimiento económico y que genere condiciones más equitativas para el desarrollo integral de los mexicanos.

II. Importancia internacional de las cooperativas

El cooperativismo internacional, es un modelo económico y social más justo y democrático, que ha mostrado en la época actual, ser una de las palancas más importantes del desarrollo económico, porque tiene un mercado inter-cooperativo internacional, con indicadores destacados en inversión, empleo e ingreso; distribuye de manera equitativa la riqueza que genera y beneficia a cerca de 1000 millones de cooperativistas (Datos de la Alianza Cooperativa Internacional).

Las principales experiencias exitosas se dan en los países asiáticos, en China, India, Japón, entre otros. En 2001, de acuerdo a cifras de la Alianza Cooperativa Internacional 415 millones eran cooperativistas (Ginebra- Informe-Oficial 2001). “Esta espectacular expresión cuantitativa, demuestra fehacientemente que cuando se crean las condiciones para una verdadera promoción de las cooperativas, como lo propugna la recomendación 193 de la OIT; las Cooperativas se convierten en pilares de desarrollo económico y social...y, hacen posible que millones de personas salgan de la pobreza mediante el esfuerzo solidario en beneficio en común...” (Encomenderos, 2009: 52).

Otros ejemplos destacados son Italia con 11000 cooperativas que producen el 6% del producto interno bruto (Página 12, El País, 11 de marzo de 2008.). “En Argentina existen más de 18,000 cooperativas que reúnen a una cifra superior a los 9 millones de miembros; en Bélgica unas 30,000 cooperativas en 2001; en Canadá una de cada 3 personas es miembro de una cooperativa. (Solo el movimiento Desjardins en Quebec reúne a más de 5 millones de socios; en Colombia y Costa Rica un 10% de la población es miembro de cooperativas; en los Estados Unidos un 25% de su población es miembro de una cooperativa; en la India los miembros de cooperativas superan los 240 millones de personas; en Japón una de cada 3 familias es cooperativista; en Kenya una de cada 5 personas es socia de una cooperativa y en Singapur los cooperativistas son 1,400,000, lo que representa una tercera parte de su población” (Escalante Roberto, UDUAL, 2012).

La Alianza Cooperativa Internacional para las Américas, en la Primera Cumbre, realizada en Guadalajara, Jalisco, en el año 2009, en su Declaración manifestó : “la coyuntura actual representa una oportunidad para el sector cooperativo para fortalecer su papel de generador de cohesión e inclusión social porque las cooperativas coadyuvan a la creación de empleos, la movilización de recursos y la generación de inversiones, mitigando los efectos de las crisis, así como la contribución a las economías locales, regionales, nacionales e internacionales.”

A nivel Mundial existe la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) institución no gubernamental que agrupa a las cooperativas nacionales e internacionales de todas las actividades humanas. Tiene 249 organizaciones de 93 países.

La Alianza de manera sintética señala en su Sitio web de la Alianza Cooperativa Internacional, www.ica.coop. Las cooperativas agrícolas representan entre el 80% y el 99% de la producción láctea en Noruega, Nueva Zelanda y los Estados Unidos de América; el 71% de la producción pesquera en la República de Corea, y el 40% de la agricultura en Brasil. Las cooperativas eléctricas en Bangladesh dan el servicio a 28 millones de personas y en Estados Unidos a 37 millones de personas.

Según el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito y la Asociación Europea de Bancos Cooperativos, existen “49,000 cooperativas de ahorro y préstamo ofrecen servicios a 184 millones de miembros en 97 países y 4,200 bancos cooperativos europeos prestan servicios a 149 millones de clientes”.

III. Situación de las cooperativas en México

1. Ausencia de políticas públicas del estado para la promoción y fortalecimiento del cooperativismo nacional

En un contexto de crisis recurrentes de la economía desde 1976 a 1994, de privatización de las empresas públicas, de adelgazamiento del Estado y de disminución de su participación en la economía nacional, especialmente, en la economía social y en el sector agropecuario y pesquero, el abandono del mercado interno y la apertura indiscriminada de la economía nacional hacia el exterior, así como, la nueva inserción de México en la Globalización, mediante Tratados de Libre Comercio, reformas estructurales y la adecuación mediante cambios de la legislación mexicana.

Desde 1982, el Estado Mexicano ha disminuido su participación de manera significativa en la economía nacional, y por consiguiente ha impactado negativamente al movimiento nacional cooperativo.

2. Ineficiencia de las políticas públicas

Con la reforma económica, desde mediados de los años noventa el Gobierno Federal desmontó la estructura de apoyo al sector social para desarrollo. Lo que afectó la producción agropecuaria, pesquera y de servicios, distorsionando la naturaleza del sector cooperativo como parte de la economía social. En este sentido, la nueva legislación cooperativa busca que el sector fortalezca las relaciones con el Estado para generar mayores oportunidades en el mercado y regular distorsiones, brindar apoyo con la creación de infraestructura requerida y propiciar un sólido reconocimiento para el cooperativismo mexicano.

3. Dispersión del movimiento nacional cooperativo

La Ley vigente, bajo la no intervención del Estado, en gran medida dispersa y divide al Movimiento Cooperativista Nacional, al no existir una política de estado para el sector, ni políticas para el fortalecimiento de la integración cooperativa, podemos afirmar que durante la vigencia de la ley ha resultado difícil la integración cooperativa de uniones, federaciones, confederaciones y un órgano de integración nacional. Lo que ocasiona que no se tenga un mercado inter-cooperativo nacional, las ventajas comparativas y las economías de escala, una política educativa que forme el espíritu cooperativo y la generación de cadenas productivas de bienes y servicios.

4. Falta de estadística y de registro del sector cooperativo

En México no se dispone de estadísticas oficiales sobre la participación de las empresas cooperativas en el PIB. No se cuenta con datos precisos acerca del tamaño de la economía social en México. Distintas fuentes señalan que hay alrededor de 15 mil cooperativas de consumo y producción de bienes y 5 millones de cooperativistas, pero también hay otras expresiones que podrían ser ejemplo de esta organización como son los ejidos, pequeños productores, asociaciones de ejidatarios que funcionan como medios de producción, financiamiento, asesoría técnica, entre otros, que juntos representan el 15% de la población económicamente activa”. (www.nuevose-manario24.com.mx No. 136, 2 de abril de 2013). Por consiguiente, esto determina la importancia del cooperativismo y del sector social de la economía. Además no se cuenta con un registro y padrón de las cooperativas existentes en el país, lo que no permite su planeación estratégica.

5. La simulación cooperativa

Una problemática que ha enfrentado el cooperativismo es la simulación que realizan las empresas privadas para eludir obligaciones fiscales y laborales, y aprovechar las ventajas de las sociedades cooperativas. Que ocasiona el desprestigio y el abuso de la figura cooperativa.

6. El modelo cooperativo distinto a la empresa mercantil

Existen diferencias entre la sociedad cooperativa y la empresa mercantil privada, en su racionalidad económica, la primera en su naturaleza social, busca el mejoramiento de la calidad de vida de todos los socios, a quienes se les distribuye equitativamente los rendimientos; la segunda pretende maximizar la ganancia que se distribuye como lucro entre unos cuantos.

IV. Ventajas y justificación de la nueva ley general de sociedades cooperativas

Con la Nueva Ley se proponen adicionar los requerimientos sociales, políticos y económicos actuales para el desarrollo del cooperativismo nacional, como son el establecimiento de títulos sobre el Fomento Cooperativo con políticas públicas, registro y padrón cooperativo y los Organismos de Integración, entre otros. A continuación se presentan algunas adiciones importantes para la nueva ley:

A. Establecimiento de políticas públicas para el cooperativismo.

De acuerdo con el artículo 25 Constitucional, el Estado tiene la obligación de fomentar el crecimiento económico y el empleo, así como una justa distribución del ingreso y la riqueza.

“La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios”.

Así el cooperativismo y la economía social deben tener un tratamiento acorde con la Constitución, donde el Estado participe activamente a favor del Sector Social de la Economía, es indispensable, que éste proporcione los servicios para el bienestar y cambie la política asistencialista. No se trata de crear dependencia del Estado, ni subsidiar la ineficiencia, el corporativismo y el clientelismo. Dicha política como defensa, fomento e intervención que involucre a todas las instituciones públicas, como palanca de arrastre para el desarrollo económico endógeno e interdependiente.

En la nueva Ley Cooperativa en un Título especial se señala que el Estado debe establecer políticas y mecanismos de evaluación sobre:

• Políticas fiscales: incentivos fiscales con relaciones beneficio-costo favorables que generen el retorno de la inversión social (RIS) en favor de las unidades económicas cooperativas que les den permanencia en el largo plazo.

• Políticas financieras: apoyo a las cooperativas de ahorro y préstamo y asignación de fondos para fomentar el comercio inter - cooperativo.

• Políticas técnicas: generación, investigación y difusión de tecnologías; socialización del conocimiento, fomento a la innovación social y a los modelos de incubación.

• Política económica: que sea permanente para que el sector tenga certeza y seguridad en el largo plazo, que el Estado brinde apoyo constante a las empresas sociales, con contratos de adquisiciones, donativos, subsidios, apoyos crediticios y exenciones fiscales.

• Política de protección y salvaguarda de productos endógenos: a través de figuras de significación, distinción y protección de sus saberes y haberes ancestrales, sus técnicas y su relación directa con el territorio, como lo son las artesanías, productos agropecuarios y manufacturas.

• Política de almacenamiento, distribución y comercio popular: deben establecerse las normas que rijan la economía cooperativa y social en México, relativas a la producción y obtención de productos básicos y organizar cooperativas en las centrales de abasto y los mercados públicos para enfrentan a los monopolios de supermercados.

• Política de Contratación Pública: las leyes de obra pública y adquisiciones en todos los niveles de gobierno de forma obligatoria favorecerá a las organizaciones de la economía cooperativa y social.

• Política de Educación y Capacitación cooperativa.

• Difusión: Proporcionar espacios en los medios de comunicación públicos y privados a nivel local y nacional que permitan incentivar el consumo de bienes y servicios ofertados por las organizaciones de la economía cooperativa y social.

• Seguridad Social: garantizar el acceso al derecho a la seguridad social establecida en la ley de la materia.

• Equidad: promover la igualdad entre los géneros y el tratamiento transparente y justo en los intercambios comerciales entre el sector de la economía cooperativa y social y los demás sectores, principalmente de los productos vinculados a la seguridad alimentaria.

B. Se presenta el modelo cooperativo como alternativa y respuesta a la economía informal

La economía informal, ha llegado a representar aproximadamente el 60% de la economía nacional, por lo que son necesarios nuevos mecanismos para incorporarla al sector formal de la economía especialmente al cooperativismo, para que cuente con la seguridad social y las prestaciones que establecen las leyes.

C. Se genera empleo que incidirá en el 15% de la Población Económicamente Activa (PEA), se socializa la propiedad y se combate a la pobreza

Es a través del cooperativismo que se logra conjuntar a la sociedad en empresas sociales donde la cooperativa es la dueña de los medios de trabajo y los socios cooperativistas se distribuyen de manera igualitaria el usufructo o los rendimientos, además, los rendimientos se reparten de manera equitativa, se socializa la propiedad de los medios de producción, se encargan del control científico y administrativo del proceso cooperativo, se logra financiamiento e ingresos para los que participan en los la producción y distribución, se generan empleos dignos y mejor remunerados, son instituciones de educación cooperativa, se combate a la pobreza, en suma se pretende que la sociedad cooperativa sea una herramienta que aporte a la construcción de una sociedad mexicana más humanista, sustentable, gobernable, democrática en el ámbito laboral, solidaria y autogestiva; donde cada ciudadano sea responsable de su propio bienestar y a la vez del de su comunidad. Como señala el lema del año internacional del Cooperativismo: “Las cooperativas ayudan a construir un mundo mejor”

D. Desarrollo económico sustentable

Ante la crisis estructural que tiene la economía mexicana, se requiere de un modelo de desarrollo endógeno, que fortalezca el mercado interno con redistribución del ingreso, generación de empleos, aprovechamiento productivo de la juventud (bono demográfico), protección de los ecosistemas y del medio ambiente, donde las cooperativas tendrían un impacto significativo, como lo demostró el auge cooperativo en el siglo pasado, donde el Sector tuvo una elevada contribución en el desarrollo de la Economía Nacional. Fundamentadas en los principios y valores, existen prácticas cooperativistas de protección a los recursos naturales, así como apoyo al desarrollo de las comunidades donde las organizaciones cooperativas se encuentran asentadas y la elevación de las condiciones de vida de la población.

E. Articulación de las clases de cooperativas

La Ley General de Sociedades Cooperativas como ley dinámica, establecerá la vinculación entre las distintas clases de cooperativas existentes en México acorde con el entorno internacional.

Las cooperativas pesqueras son esenciales porque se localizan en los litorales y en los principales ríos y lagunas del país; las cooperativas de producción y servicios han disminuido su participación en la economía nacional, empero representan a un sector dinámico y significativo que se ubica en la industria, la agroindustria y el sector agropecuario. Las cooperativas de consumo son las más perjudicadas; hoy son pocas las existentes y en virtud de ello es indispensable que la Ley y el estado las fomente.

Las nuevas cooperativas se ubican en los sectores de servicios de las nuevas tecnologías (computación, internet, comunicaciones digitales, etc.). El sector más dinámico del cooperativismo de esta época, que crece de manera exponencial son las cooperativas de Ahorro y Préstamo debido a los quebrantos de los Bancos, las políticas de rescate, el trato a los deudores y a la extranjerización bancaria.

La puesta en marcha de nuevas políticas públicas, requieren un mecanismo de articulación como lo son las sociedades cooperativas, que les otorgue viabilidad social y económica.

F. Evitar la simulación cooperativa

Se incorporan mecanismos donde cualquier persona afectada y autoridad pueden denunciar el acto de simulación ante los órganos jurisdiccionales para que se les sancione y respondan solidaria e ilimitadamente. Se busca proteger a la figura cooperativa de los abusos.

V. Principales cambios

De acuerdo a las necesidades de todas las clases de cooperativas, en la búsqueda que las cooperativas mexicanas alcancen su mayor desarrollo y se establecen políticas públicas y mecanismos de fomento por parte del Estado.

Se establecen las bases para la concurrencia en materia de fomento, financiamiento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de la Federación, los Estados y los Municipios, así como de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, según fundamenta la fracción XXIX-N del Artículo 73 de la Carta Magna.

Establece la definición de sociedad cooperativa y su integración por personas

La persona integra a la cooperativa, aporta su trabajo personal y recursos, participa en la conformación, administración, operación y control de la organización cooperativa, sin fines de lucro en el marco de los valores y principios establecidos en esta Ley. Por lo que es muy importante que las cooperativas se constituyan por personas que no tienen como móvil último la obtención de lucro; sino su objetivo es el mejoramiento de las condiciones de existencia de los cooperativistas y de la comunidad donde se asientan.

Contiene una definición de acto cooperativo

Así se concibe el acto cooperativo, como el conjunto de las actividades económicas que realizan los cooperativistas como la constitución, organización, funcionamiento y extinción de las sociedades cooperativas; además, de las que realizan los socios en la cooperativa, las cooperativas con las cooperativas, éstas con los organismos cooperativos, éstos entre sí, entre otros.

Se le da énfasis a la no intermediación y la insistencia del fin no lucrativo de las sociedades cooperativas, se toma en cuenta la diferencia de la naturaleza de la cooperativa respecto de otros sujetos de derecho y distingue la finalidad que las cooperativas persiguen. Ciertamente el acto cooperativo entraña una acción interesada, pero de naturaleza solidaria y no lucrativa. Por consiguiente, si el acto cooperativo posee una naturaleza jurídica determinada, conforme con su realidad económica y asociativa, no puede ser tratado desde el punto de vista legal igual que el acto de comercio, que es una realidad jurídica distinta, con un trasfondo económico también diferenciado.

Evitar la simulación

La simulación, ha sido aprovechada para la creación de sociedades cooperativas de membrete, que buscan evadir obligaciones fiscales y laborales, que distan mucho de ser auténticas y menos aún practican la doctrina cooperativa. Con el fin de evitar lo anterior, se faculta a cualquier socio o sociedad cooperativa afectada, los organismos cooperativos, autoridades administrativas o fiscales, para demandar ante la autoridad jurisdiccional competente la nulidad del acto simulado.

Se determina que solo las sociedades cooperativas pueden usar las denominaciones alusivas a las mismas y se buscará sancionar a las que simulen a través de las leyes correspondientes. De tal manera que las que simulen responderán en forma solidaria e ilimitadamente y con la consiguiente responsabilidad judicial.

Diferenciar los fines y forma de la organización de las cooperativas respecto de las empresas mercantiles

En la cooperativa la propiedad es social o colectiva donde el capital es un instrumento, un medio del cual se vale un grupo de personas para satisfacer una necesidad, mientras en las sociedades comerciales se apropia del resultado; se apropia de los rendimientos. En las cooperativas no se apropia del resultado porque, de acuerdo con la ley, éste solo tiene derecho a un interés limitado, donde cada asociado tiene derecho a un solo voto, independientemente del monto de su aportación que tenga suscrita e integrada.

Aclara que los fines y forma de organización de las cooperativas, son diferentes a las de las empresas mercantiles; También resulta inconveniente para esta figura societaria no tener claramente definida su naturaleza jurídica, pues por una parte la Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo primero la reconoce como sociedad mercantil y, al mismo tiempo, el artículo 25 de nuestra Constitución Política la considera como parte integrante del Sector Social de la economía y por ende la identifica como una forma de organización para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios, por lo tanto es procedente la derogación de la fracción VI del artículo I y el Capítulo VII con su del artículo 212 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La actividad fundamental de la cooperativa no es la que desarrolla en el mercado con terceros, sino la actividad que ejecuta con sus propios socios, en el cumplimiento de su objeto social.

De acuerdo a la tesis de jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación “9ª. Época; 1ª. Sala; SCJ.F., y su Gaceta XXV, febrero de 2007; Pág. 510”.

“La naturaleza jurídica de las sociedades cooperativas de producción es diversa a las sociedades mercantiles eminentemente capitalista, pues las primeras son de carácter social, esto es, se rigen por los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectiva a través de la realización de actividades económicas de producción y distribución de bienes y servicios; mientras que las segundas no tienen estas características sociales. De ahí que las aludidas cooperativas deben recibir un trato diferente para efectos del Impuesto sobre la renta, pues sería contrario a su objeto equipararlas con otras sociedades, pues si bien tienen como fin la comercialización de bienes y servicios para obtener la mayor ganancia posible, ello es mediante una actividad económica social -no necesariamente mercantil-, lo cual debe entenderse como un medio y no como un fin...”

Descrito lo anterior, es que urge realizar el cambio sustancial en las facilidades jurídicas en materia comercial para que las cooperativas dejen de ser vistas como un ente comercial, y que se respete su fin social.

Actualiza el contenido de las bases constitutivas.

Para ordenar aspectos relacionados con la operación y administración interna de las cooperativas, se busca actualizar el estatuto interno de estas sociedades y ponerlo en concordancia con la propuesta de Ley y con las exigencias del mercado.

Reitera la clasificación de las distintas clases de cooperativas.

Considerando 3 clases de cooperativas: de producción y servicios, de consumo, de ahorro y préstamo, con lo que se reconstruye las diferentes actividades a las que se dedican las cooperativas.

Fortalece las facultades de asamblea, órganos de dirección y comisiones.

El mundo contemporáneo cooperativo, ha experimentado cambios radicales, por lo que es menester aclarar y reordenar las facultades de la asamblea y de los órganos de dirección y comisiones. Con el propósito de lograr una eficiente administración, dirección y control de las actividades de los cooperativistas para facilitar la conducción de las operaciones, de acuerdo al tamaño y especialización de la actividad productiva y de servicios, siempre respetando la toma de decisiones por parte de la Asamblea y el Consejo de Administración.

Reordena los diversos artículos relativos al sector de ahorro y préstamo

En la reforma del 2009, se estableció un conjunto de artículos de este sector dentro de la ley cooperativa, la mayoría enumerados como artículos Bis, lo que dificultaba el conocimiento y lectura, así como generaba confusión entre lo que era para las cooperativas en general y lo específico del Sector. Al adecuarse los artículos de este tipo de sociedades en el cuerpo de la ley, se evitan las anteriores dificultades, y se le da mayor fluidez, coherencia y comprensión.

Conserva el marco legal establecido para el sector de ahorro y préstamo.

Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, como agentes financieros del cooperativismo, impulsarán al sector cooperativo nacional. Representan al sector más numeroso del cooperativismo nacional y durante más de una década lucharon para lograr la incorporación del contenido necesario para su operación en la Ley Cooperativa. En virtud de lo cual, se mantuvo el contenido de los artículos y solo se adecuaron para una mejor comprensión.

Restablece el derecho de las cooperativas de producción y de consumo de realizar actividades de ahorro y préstamo, exclusivamente con sus asociados

En la Ley vigente, existe la disposición de que las cooperativas que no son de ahorro y préstamo no puedan tener este tipo de secciones, lo cual se elimina.

Para que puedan contar con instrumentos internos de capitalización y financiamiento.

Define de mejor manera la participación y vigilancia de los organismos cooperativos

Introduce mayor precisión a las funciones de los Organismos Cooperativos garantizando la autonomía de gestión y libertad plena de asociación, considerando el aspecto de la autorregulación, la vigilancia del sector, y su coadyuvancia con la autoridad en estas materias; en el mismo sentido, le otorga facultades para la representación y para realizar actividades económicas en beneficio de sus asociados de acuerdo con sus objetivos y valores.

Considera la firma de convenios, normas de colaboración, intercambio y asistencia técnica con organizaciones cooperativas y organismos de asistencia técnica al cooperativismo nacional e internacional.

Se incluye un nuevo título de fomento cooperativo

El ordenamiento actual, señala entre las funciones del estado el apoyo a las cooperativas a diferencia del fomento que brindaba la Ley de 1938, por lo que el estado actualmente se desentiende de la promoción del Sector Social de la Economía y especialmente del movimiento cooperativo nacional, situación que ha influido en su debilitamiento y poco desarrollo.

La Recomendación 193 de la OIT, al afirmar que: “los gobiernos deberían adoptar, cuando proceda, medidas apropiadas de apoyo a las actividades de las cooperativas que respondan a determinados objetivos de política social y pública, como la promoción del empleo o el desarrollo de actividades en beneficio de los grupos o regiones desfavorecidos; estas medidas de apoyo podrían incluir, entre otras y en la medida de lo posible, ventajas fiscales, créditos, subvenciones, facilidades de acceso a programas de obras públicas y disposiciones especiales en materia de compras del sector público”.

Con la actual propuesta se busca que existan políticas y programas de fomento, desarrollo, organización y expansión de la actividad económica de las sociedades cooperativas, promovidas a través del estado en colaboración estrecha con las organizaciones cooperativas, como lo propone la OIT.

Ubica a la Secretaría de Economía como responsable del sector.

Propone un orden de relación institucional con la Secretaría de Economía, y la define como la autoridad responsable en el ámbito federal, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Precisa las facultades de fomento, registro y promoción a las organizaciones cooperativas por parte de esta Secretaría. Las cooperativas se forman por individuos de escasos recursos, quienes encuentran en este tipo de organizaciones una forma de empleo y un medio para satisfacer sus necesidades básicas, no obstante, no pueden lograr su pleno desarrollo y a la vez contribuir realmente a la economía nacional sin ayuda del Estado, por consiguiente se propone la Secretaría destine recursos de apoyo al cooperativismo, refaccionando a las sociedades cooperativas que requieran financiamiento para proyectos productivos.

Crea el Registro Nacional de Cooperativas.

Como elemento esencial para la simplificación administrativa, el registro, la autorización y el funcionamiento de las sociedades cooperativas y permitir el desarrollo planificado y ordenado del sector; dada la necesidad de la elaboración y ejecución de políticas públicas que cuenten con información estadística consistente y con el propósito de integrar y actualizar la estadística nacional de las sociedades cooperativas.

La integración de las estadísticas actualizadas del sector cooperativo constituye una tarea estratégica de la cual depende que las cooperativas y sus organismos de integración puedan llevar a cabo una planeación objetiva que permita proyectar el desarrollo del movimiento cooperativo a largo plazo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se abroga la Ley General de Sociedades Cooperativas publicada el 3 de agosto de 1994, y se expide la Ley General de Sociedades Cooperativas, para quedar como sigue:

Ley General de Sociedades Cooperativas

Título Primero Capítulo I Disposiciones Generales

Artículo 1o. La presente Ley es reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo concerniente a las sociedades cooperativas; es de orden público, interés social y de observancia general en el territorio nacional.

Tiene por objeto regular el fomento, la constitución, organización, funcionamiento, disolución y liquidación de las sociedades y los organismos cooperativos en que libremente se agrupen; así como estipular los derechos y obligaciones de sus socias y socios.

Artículo 2o. La sociedad cooperativa es una forma de organización social autónoma con actividades economicas sin fines de lucro, integrada por personas que se unen voluntariamente aportando sus recursos y/o trabajo para realizar actividades licitas y satisfacer necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común, basada en los principios cooperativos reconocidos por la presente ley; con el objeto de procurar el bienestar y mejorar la calidad de vida de sus integrantes.

Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. Acta Constitutiva, al documento social en el que se establecen las bases constitutivas o estatutos sociales referentes a la constitución, organización y funcionamiento de la sociedad cooperativa;

II. Acto Cooperativo: Se considera acto cooperativo, a la función económica directa que realicen los sujetos reconocidos por esta Ley, con el propósito de satisfacer en común una necesidad económica, social o cultural y los actos relativos a la constitución, organización, funcionamiento y extinción de las sociedades cooperativas, así como todos aquellos actos realizados entre:

Las sociedades cooperativas y sus socios;

Las sociedades cooperativas entre sí;

Las sociedades cooperativas y sus Organismos Cooperativos;

Los Organismos Cooperativos entre sí, y

Las sociedades cooperativas, sus Organismos Cooperativos y los Organismos de Asistencia Técnica.

Quedando sometidos dichos actos al derecho cooperativo.

III. Ahorro, a la captación de recursos a través de depósitos de dinero proveniente de socias y socios de las sociedades cooperativas;

IV. Organismos Cooperativos, a las uniones, federaciones y confederaciones que sean integradas por las sociedades cooperativas;

V. Préstamo, a la colocación y entrega de los recursos captados entre socias y socios de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo;

VI. Remanentes, a la diferencia entre el total de ingresos menos el total de costos y gastos del ejercicio, los cuales se consignarán en el estado de resultados y en el balance general;

VII. Secretaría, a la Secretaría de Economia;

IX. Sector Cooperativo, a la estructura económica, social y jurídica que conforman las sociedades cooperativas y los organismos cooperativos; su máximo representante será el Consejo Superior del Cooperativismo;

XI. Socia y/o socio, a la persona que de manera voluntaria forma parte de la sociedad y hubiese cubierto su aportación social en los términos de la presente ley y sus estatutos

Artículo 4o. Para su funcionamiento, las sociedades cooperativas deberán observar los siguientes principios y valores:

Principios

I. Membresía abierta y voluntaria;

II. Control democrático de los miembros;

III. Participación económica de los miembros;

IV. Autonomía e independencia;

V. Educación, formación e información;

VI. Cooperación entre cooperativas;

VII. Compromiso con la comunidad;

VIII. Compromiso con el medio ambiente y la ecología.

Valores

I. Ayuda mutua

II. Responsabilidad

III. Democracia

IV. Igualdad

V. Equidad

VI. Solidaridad

Valores éticos

I. Honestidad

II. Transparencia

III. Responsabilidad Social

IV. Preocupación por los demás

Artículo 5o. El importe total de las aportaciones que las socias y socios de nacionalidad extranjera efectúen al capital de las sociedades cooperativas, no rebasará el porcentaje máximo estipulado en la Ley de Inversión Extranjera.

Las personas extranjeras no desempeñarán cargos de dirección o administración en las sociedades cooperativas, además deberán cumplir con lo descrito por la fracción I del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 6o. Las sociedades cooperativas se podrán dedicar libremente a cualquier actividad económica lícita.

Artículo 7o. Para la resolución de las controversias que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de la presente ley, serán competentes los tribunales civiles, tanto federales como del fuero común.

Artículo 8o. Las personas jurídicas que simulen constituirse en sociedades cooperativas o usen indebidamente las denominaciones alusivas a las mismas, serán nulas de pleno derecho y estarán sujetas a las sanciones que establezcan las leyes respectivas.

Quienes celebren actos simulados en nombre de alguna sociedad cooperativa, responderán personalmente del cumplimiento de los mismos en forma solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o de cualquier índole en que hubieren incurrido.

Para lo no previsto en la presente ley, se aplicará de manera supletoria la Ley General de Sociedades Mercantiles, en tanto no se oponga a la naturaleza, organización y funcionamiento de las sociedades cooperativas.

Título Segundo Capítulo I De la Constitución y Registro

Artículo 9o. En la constitución de las sociedades cooperativas, cuando menos se observará lo siguiente:

I. Se reconocerá un voto por cada socia o socio, independientemente de sus aportaciones;

II. Serán de capital variable;

III. Habrá igualdad esencial en derechos y obligaciones de sus socias y socios;

IV. Tendrán duración indefinida;

V. Se integrarán con un mínimo de cinco socias o socios; excepto las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y las de producción pesquera, las que deberán constituirse cuando menos con veinticinco personas; y

VI. Podrán asociar un número ilimitado de socias y/o socios.

Artículo 10. La constitución de sociedades cooperativas deberá realizarse en asamblea general que celebren las personas interesadas, en dicho evento se deberá redactar un acta que cuando menos contendrá lo siguiente:

I. Datos generales de las personas fundadoras;

II. Nombre de las personas que hayan resultado electas para integrar por primera vez los consejos y comisiones; y

III. Las bases constitutivas.

Las socias y socios deberán acreditar su identidad y ratificar su voluntad de constituir la sociedad cooperativa y de ser suyas las firmas o las huellas digitales que obran en el acta constitutiva, lo cual podrán hacer ante notario o corredor público, juez de distrito, juez de primera instancia en la misma materia del fuero común, presidente municipal, secretario, delegado municipal o titular de las Alcaldias de la Ciudad de México, en cualquier caso, del lugar en donde la sociedad cooperativa tenga su domicilio.

Artículo 11. A partir del momento de la firma del acta constitutiva, las sociedades cooperativas contarán con personalidad jurídica, tendrán patrimonio propio y podrán celebrar actos jurídicos y contratos, así como asociarse libremente con personas físicas y/o personas jurídicas colectivas para la consecución de su objeto social.

El acta constitutiva de la sociedad cooperativa de que se trate, deberá ser inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, fecha a partir de la cual surtirá efectos contra terceros; así como en el Padrón Nacional de Sociedades Cooperativas a cargo de la Secretaria que corresponda a su domicilio social.

La Secretaría elaborará y mantendrá actualizada la estadística nacional de sociedades cooperativas.

Las sociedades cooperativas que tengan participación estatal podrán inscribir su acta constitutiva en la Secretaría, siempre que la autoridad federal, estatal, municipal o de las Alcaldias de la Ciudad de México, manifieste expresamente su autorización para dar en administración o concesión los elementos necesarios para la producción o prestación de servicios.

Artículo 12. Las sociedades cooperativas podrán adoptar el régimen de responsabilidad limitada o suplementada de las socias y socios. La responsabilidad será limitada, cuando las socias o socios solamente se obliguen al pago de los certificados de aportación que hubieren suscrito. Será suplementada, cuando las socias o socios respondan de manera proporcional por las operaciones sociales, hasta por la cantidad determinada en el acta constitutiva.

Artículo 13. El régimen de responsabilidad de las socias y socios que se adopte, surtirá efectos a partir de la inscripción del acta constitutiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Entretanto, todas las socias y los socios responderán en forma subsidiaria por las obligaciones sociales que se hubieren generado con anterioridad a dicha inscripción.

Las personas que realicen actos jurídicos como representantes o mandatarios de una sociedad cooperativa no inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, responderán del cumplimiento de las obligaciones sociales frente a terceros, subsidiaria, solidaria e ilimitadamente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o de cualquier índole en que hubieren incurrido.

Artículo 14. Las bases constitutivas de las sociedades cooperativas cuando menos contendrán lo siguiente:

I. Denominación y domicilio social;

II. Duración, la cual podrá ser indefinida;

III. Objeto social, expresando cada una de las actividades a desarrollar;

IV. Los regímenes de responsabilidad limitada o suplementada de sus socias y socios, debiendo expresar el régimen adoptado en su denominación;

V. Forma de constituir o incrementar el capital social; expresión del valor de los certificados de aportación y su forma de pago;

VI. Requisitos y procedimientos para la admisión, así como las causales de exclusión y separación voluntaria de las socias y socios;

VII. Forma de constituir los fondos sociales, su objeto, monto y criterios para su aplicación;

VIII. Duración del ejercicio social, que deberá coincidir con el año calendario, con excepción del primer ejercicio el cual podrá ser irregular;

IX. Forma en que en su caso el personal deberá caucionar los fondos y bienes a su cargo;

X. El procedimiento para convocar y formalizar las asambleas generales ordinarias y extraordinarias;

XI. Derechos y obligaciones de las socias y socios, y en su caso mecanismos de conciliación y arbitraje en caso de conflicto;

XII. Formas de dirección y administración interna, así como sus atribuciones y responsabilidades;

Las bases constitutivas de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, además de lo anterior deberán de contener, lo siguiente:

XIII. El procedimiento para la elección de consejeros y designación de funcionarios de primer nivel;

XIV. Los requisitos que deberán cumplir las personas que sean electas como consejeros y los designados como funcionarios;

XV. Las obligaciones de los consejeros, así como lo relativo a las obligaciones de los funcionarios de primer nivel;

XVI. Los lineamientos y objetivos generales de los programas de capacitación que se impartirían a las personas electas como consejeros; tomando en cuenta la complejidad de las operaciones y la región en la que opera la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo; y

Será nula de pleno derecho cualquier cláusula o estipulación contenida en las bases constitutivas que vaya en contraposición a lo estipulado en esta ley.

Artículo 15. Las modificaciones de las bases constitutivas, deberán inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, así como en la Secretaría.

Capítulo II De los Distintos Tipos y Categorías de Sociedades Cooperativas

Artículo 16. Forman parte del sistema cooperativo los siguientes tipos de sociedades cooperativas:

I. De consumidores de bienes y/o servicios;

II. De productores de bienes y/o servicios; y

III. De ahorro y préstamo.

Artículo 17. Son sociedades cooperativas de consumidores, aquéllas que se integran por personas físicas, que se asocian con el objeto de obtener en común artículos, bienes y/o servicios para ellos, sus hogares o sus actividades de producción.

Artículo 18. Las sociedades cooperativas de consumidores podrán dedicarse a actividades de abastecimiento, distribución, así como a la obtención de servicios de educación, salud, vivienda, cultura, recreación, y de todas aquellas necesidades básicas para mejorar la calidad de vida de sus socias y socios, pudiendo realizar operaciones con el público en general, siempre que se permita a las personas consumidoras afiliarse a las mismas, en el plazo que establezcan sus bases constitutivas.

Artículo 19. Son sociedades cooperativas de productores, aquellas que se integran por personas físicas que se asocian para trabajar en común en la producción de bienes y/o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual. Independientemente del tipo de producción a la que estén dedicadas.

Artículo 20. En las sociedades cooperativas de productores cuya complejidad administrativa, tecnológica y operativa lo requiera, podrá nombrarse una comisión técnica y un administrador general, previo acuerdo de la asamblea general. La estructura y funciones de éstos serán definidas en las bases constitutivas.

Para la remoción de cualquiera de los integrantes de la comisión técnica o del administrador, se requerirá del acuerdo de las dos terceras partes de la asamblea general.

Artículo 21. Son sociedades cooperativas de ahorro y préstamo aquéllas que se integran por personas físicas y morales, y tienen por objeto realizar operaciones de captación de ahorro de sus socios y colocación de préstamos entre los mismos.

Se regirán por la presente ley, así como por la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Artículo 22. Los términos caja, caja popular, caja cooperativa, caja de ahorro, caja solidaria, caja comunitaria, cooperativa de ahorro y crédito, cooperativa de ahorro y préstamo u otras que expresen ideas semejantes en cualquier idioma, que permita suponer la realización de actividades de ahorro y préstamo, sólo serán usadas en la denominación de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o de sus Organismos Cooperativos, ya sea como palabras simples o como parte de palabras compuestas.

Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo deben utilizar en su denominación, las palabras “Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo”, seguidas del régimen de responsabilidad adoptado o de sus abreviaturas “S. C. de A. P. de R. L.” o “S. C. de A. P. de R. S.” según corresponda.

Las cajas de ahorro a que hace mención la legislación laboral, no estarán sujetas a las disposiciones de la presente Ley.

Artículo 23. Para efectos de la presente ley, se establecen las siguientes categorías de sociedades cooperativas:

I. De Participación Social. Las que para su funcionamiento sólo requieren de su constitución legal, cuyo patrimonio sea aportado por sus socias y socios; y

II. De Participación Estatal. Las que una vez constituidas legalmente, se asocian con autoridades federales, estatales, o municipales, o de las Alcaldias de la Ciudad de México, para la explotación de unidades de producción de bienes o servicios públicos, otorgadas en concesión o administración, o para financiar proyectos de desarrollo económico, a niveles local, regional o nacional.

Capítulo III Del Funcionamiento y Administración

Artículo 24. De manera general, la dirección, administración y vigilancia interna de las sociedades cooperativas estará a cargo de los siguientes órganos:

I. La asamblea general;

II. El consejo de administración;

III. El consejo de vigilancia; y

IV. Las comisiones y comités establecidos en esta ley, así como las demás que designe la asamblea general.

V. Tratándose de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, además de los citados órganos, en las fracciones I a IV anteriores, deberán contar, cuando menos con:

a) Comité de Crédito o su equivalente;

b) Un director o gerente general, y

c) Un auditor Interno.

La Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, podrá establecer excepciones a lo establecido esta fracción, dependiendo del tamaño y Nivel de Operación de la Cooperativa.

Artículo 25. La asamblea general es la autoridad suprema al interior de las sociedades cooperativas, sus acuerdos deberán tomarse por mayoría de votos, los cuales obligan a todos los socios, aún a los ausentes o disidentes. Sus decisiones no podrán estar por encima de la ley, ni las bases constitutivas.

En las bases constitutivas se podrán establecer los asuntos para los que su aprobación se requiera una mayoría calificada.

Artículo 26. La asamblea general establecerá las reglas generales que deben normar el funcionamiento social, y además de las facultades que le concede la presente ley y sus bases constitutivas, resolverá de manera enunciativa y no limitativa sobre los siguientes asuntos:

I. Aceptación, exclusión y separación voluntaria de socias y socios;

II. Modificación de las bases constitutivas;

III. Aumento o disminución del valor de los certificados de aportación, del patrimonio y capital social de la sociedad cooperativa;

IV. Nombramiento, reelección o remoción con motivo justificado de las personas integrantes del consejo de administración y del consejo de vigilancia,

V. Informes de los consejos que deberán contener la situación financiera de la sociedad;

VI. Responsabilidad de las personas integrantes de los consejos, para el efecto de solicitar la aplicación de las sanciones en que incurran, o, en su caso, efectuar la demanda o denuncia correspondiente;

VII. Reparto de remanentes;

VIII. Disolución y liquidación de la sociedad cooperativa;

IX. Tratándose de las Cooperativas de Producción y de Consumo, además conocerá de los siguientes asuntos:

a. Elección en su caso de la persona o personas en quienes recaerá la representación legal de la sociedad cooperativa, métodos para otorgar mandatos en general, así como la aplicación de la firma social;

b. En su caso, percepción de anticipos de remanentes entre socias y socios

c. Los criterios y lineamientos para que el personal contratado por la sociedad cooperativa se incorpore como socia o socio de la misma.

X. En el caso de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, además de los asuntos contenidos en las fracciones I a VIII, conocerá sobre:

a. Aprobación de compensaciones a directivos;

b. Aquellos establecidos en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Artículo 27. Las asambleas generales, serán ordinarias o extraordinarias.

Las Asambleas Ordinarias deberán ser convocadas por lo menos una vez al año dentro de los primeros cuatro meses; las extraordinarias se realizarán en cualquier momento, podrán convocarlas el Consejo de Administración, el de Vigilancia o del 20% del total de los socios.

Las Asambleas deberán ser convocadas, con por lo menos 7 días naturales de anticipación, debiendo ser exhibida en un lugar visible del domicilio social de la sociedad cooperativa; misma que deberá contener la respectiva orden del día; también podrá ser difundida por medios electrónicos y a través del órgano local más adecuado, dando preferencia al periódico cuando exista en el lugar del domicilio social de la sociedad cooperativa, cuando exista en el lugar del domicilio social de la cooperativa.

De tener filiales en lugares distintos, se difundirá también en esos lugares. Se convocará en forma directa por escrito a cada socio, cuando así lo determine la Asamblea General.

Si no atendiera la mayoría de los socios convocados a la primera convocatoria, se convocará por segunda vez con por lo menos cinco días naturales de anticipación, en ese caso, la asamblea podrá celebrarse con el número de socias y socios que concurran, siendo válidos los acuerdos que se tomen, siempre y cuando estén apegados a lo estipulado en esta ley y en las bases constitutivas de la sociedad cooperativa.

De tener filiales en lugares distintos, la convocatoria se difundirá también en esos lugares. Se convocará en forma directa por escrito a cada socia y socio, cuando así lo determine la asamblea general.

Artículo 28. Las bases constitutivas podrán autorizar el voto por carta poder otorgada ante la presencia de dos testigos, debiendo recaer la representación en una socia o socio de la misma sociedad cooperativa, sin que la persona mandataria pueda representar a más de dos socias o socios. Salvo por lo dispuesto en el artículo siguiente.

Artículo 29. Cuando el número de socias y socios superen los quinientos, o residan en localidades distintas a aquélla en que deba celebrarse la asamblea, ésta podrá efectuarse con personas socias delegadas elegidas por cada una de las áreas de trabajo, sucursales o unidades operativas.

Las personas socias delegadas deberán designarse para cada asamblea y cuando representen áreas foráneas, llevarán mandato expreso por escrito sobre los distintos asuntos que contenga la convocatoria y teniendo tantos votos como socias y socios representen.

Las bases constitutivas fijarán el procedimiento para que cada sección, área operativa, sucursal o zona de trabajo designe en una asamblea a sus personas delegadas.

Artículo 30. De manera alternativa, las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, podrán establecer en sus bases constitutivas la participación de delegados electos por los Socios para que asistan a las asambleas a que se refiere la presente Ley, en representación de los propios Socios. El sistema para la elección de delegados que al efecto se establezca en sus bases constitutivas, deberá garantizar la representación de todos los Socios de manera proporcional con base a las zonas o regiones en que se agrupen las sucursales u otras unidades operativas.

Artículo 31. Las actas de las Asambleas Generales Ordinarias de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, serán protocolizadas ante fedatario público y en su caso inscritas en el Registro Público del Comercio.

Artículo 32. El consejo de administración será el órgano ejecutivo de la asamblea general, contará con la representación legal de la sociedad cooperativa y la firma social.

En caso de que las sociedades cooperativas de Producción y Consumo lo requieran, podrán nombrar una persona como administrador general, director o gerente general, cuyas funciones se establecerán en las bases constitutivas de la sociedad.

Artículo 33. El nombramiento de las personas integrantes del consejo de administración se hará por medio de la asamblea general, conforme al sistema establecido en esta ley y en las bases constitutivas. Durarán en su encargo un máximo de cinco años, pudiendo ser reelectos con aprobación de la asamblea general.

Tratándose de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, los consejeros podrán fungir por un periodo de hasta cinco años, según se establezca en sus bases constitutivas, con posibilidad de una sola reelección hasta por otro periodo similar cuando así lo apruebe la Asamblea.

Sus ausencias temporales serán suplidas en el orden progresivo de sus designaciones.

Para garantizar la continuidad en los procesos de toma de decisiones del consejo de administración, en las bases constitutivas de la sociedad cooperativa se deberá estipular un sistema de renovación cíclica y parcial de los consejeros.

Artículo 34. El Consejo de Administración de las sociedades cooperativas de producción y consumo, estará integrado por lo menos, por una persona que funja como presidente, una como secretario y una como vocal.

El Consejo de Administración de las cooperativas de ahorro y préstamo, estará integrado por no menos de cinco ni más de quince Consejeros, que desempeñarán los cargos de Presidente, Secretario y Vocales. Se deberá contar con al menos tres Consejeros suplentes.

Artículo 35. Para desempeñar el papel de consejero en las Cooperativas de Ahorro y Préstamo, las personas deberán observar lo siguiente:

I. Acreditar la experiencia y los conocimientos mínimos que en materia financiera y administrativa establezca la propia cooperativa en sus bases constitutivas;

II. No desempeñar simultáneamente otro cargo como dirigente, funcionario o empleado en la cooperativa de que se trate, así como en otras cooperativas de ahorro y préstamo distintas a los organismos de integración;

III. No desempeñar un cargo público de elección popular o de dirigencia partidista;

IV. No estar inhabilitado para ejercer cualquier cargo, comisión o empleo en el sistema financiero mexicano;

V. No tener parentesco por consanguinidad hasta el primer grado, afinidad hasta el segundo grado, o civil con la persona que funja como Director o Gerente general, o con alguna persona integrante del Consejo de Administración o de Vigilancia de la Sociedad Cooperativa;

VI. No estar sentenciado por delitos patrimoniales dolosos; y

VII. Las demás atribuciones estipuladas en la presente ley, en las bases constitutivas y las que sean determinadas por la asamblea general.

La Asamblea General deberá conocer y evaluar el perfil de las personas candidatas a ocupar el cargo de consejeras, para lo cual podrá hacerse llegar de la documentación e información que estime necesaria, debiendo tomar en consideración su historial crediticio.

Artículo 36. El Consejo de Administración de las Sociedades Cooperativas de Producción y Consumo, tendrá las facultades que expresamente establezcan las bases constitutivas, las que la asamblea general determine, y la firma social para las funciones de la operación de la sociedad cooperativa.

Para el desempeño de sus funciones, deberá reunir los requisitos establecidos en las bases constitutivas y contará con las obligaciones y atribuciones que a continuación se enlistan:

I. Representará a la sociedad cooperativa en los actos que determinen las bases constitutivas, de conformidad con los mandatos que para tal efecto se hayan otorgado;

II. Administrará las operaciones de la sociedad cooperativa, de conformidad con los poderes conferidos;

III. Aplicará las políticas de la sociedad cooperativa, actuando en todo momento con apego a las bases constitutivas y a la normatividad aplicable;

IV. Presentará a la asamblea general, un informe anual sobre su gestión;

V. Presentará los informes sobre la situación financiera y administrativa que guarda la sociedad cooperativa;

VI. Preparará y propondrá para su aprobación, los planes y el presupuesto para cada ejercicio;

VII. Presentará los estados financieros para su conocimiento;

VIII. Aplicará los reglamentos y manuales operativos, de igual manera, propondrá los ajustes y modificaciones que considere necesarios;

IX. Vigilará la correcta elaboración y actualización de los libros y registros contables y sociales de la cooperativa; y

X. Las demás atribuciones estipuladas en la presente ley, en las bases constitutivas y las que sean determinadas por la asamblea general.

Artículo 37. El consejo de administración de las cooperativas de ahorro y préstamo tendrán las siguientes facultades:

I. Establecer las políticas generales de administración de la sociedad cooperativa, así como las políticas para otorgamiento de préstamos;

II. Acordar la creación de los comités que sean necesarios para el correcto desarrollo de las operaciones de la Cooperativa;

III. Autorizar los reglamentos que propongan los comités respectivos y los que el propio consejo determine;

IV. Instruir la elaboración y aprobar los manuales de administración y operación, así como los programas de actividades;

V. Autorizar las operaciones que, de acuerdo a las bases constitutivas de la sociedad cooperativa y por su monto o importancia, necesiten de tal autorización;

VI. Aprobar y hacer del conocimiento de la Asamblea General los estados financieros del ejercicio;

VII. Informar a la asamblea sobre los resultados de su gestión cuando menos una vez al año;

VIII. Atender las observaciones que sean señaladas por el Consejo de Vigilancia;

IX. Nombrar al director o gerente general y acordar su remoción, en este último caso previa opinión del Consejo de Vigilancia, de acuerdo al procedimiento que establezcan las bases constitutivas de la sociedad cooperativa;

X. El Consejo de Administración deberá conocer el perfil del candidato director o gerente general y se someterá a su consideración la documentación e información, que al efecto determine el consejo y permita evaluar la honorabilidad, capacidad técnica, historial crediticio y de negocios de los candidatos;

XI. Otorgar los poderes que sean necesarios tanto al director o gerente general como a los funcionarios y personas que se requiera, para la debida operación de la sociedad cooperativa. Estos poderes podrán ser revocados en cualquier tiempo;

XII. Aprobar los planes estratégicos de la sociedad cooperativa, así como los planes y presupuestos anuales, debiendo someterlos a consideración de la Asamblea general; y

XIII. Las demás que esta ley, la asamblea o las bases constitutivas de la sociedad cooperativa determinen.

Artículo 38. Los acuerdos sobre la administración de la sociedad, se deberán tomar por mayoría de los miembros del Consejo de Administración.

Artículo 39. El consejo de vigilancia será el órgano encargado de supervisar el funcionamiento interno de la Cooperativa, así como el cumplimiento de sus estatutos y demás normatividad aplicable.

Artículo 40. El Consejo de Vigilancia estará integrado por un número impar de personas que no podrá ser mayor de cinco y podra contar con igual número suplentes, mismos que desempeñarán los cargos de Presidente, Secretario y Vocales, designados en la misma forma que los del consejo de administración para cada tipo de sociedad cooperativa, ejerciendo su encargo por el mismo periodo.

Artículo 41. El nombramiento de las personas integrantes del Consejo de Vigilancia, se hará por medio de la Asamblea General, conforme a lo establecido en esta ley y en las Bases Constitutivas.

Durarán en su cargo un máximo de cinco años, pudiendo ser reelectos como máximo hasta por otro periodo similar, con aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea General.

Para garantizar la continuidad en los procesos de toma de decisiones del Consejo de Vigilancia, en las bases constitutivas de la sociedad cooperativa se podrá estipular un sistema de renovación cíclica y parcial de los consejeros.

Artículo 42. El consejo de vigilancia ejercerá la supervisión de todas las actividades de la sociedad cooperativa y tendrá el derecho de veto sólo para que el consejo de administración reconsidere las resoluciones vetadas.

El derecho de veto deberá ejercitarse ante el Presidente del Consejo de Administración, en forma verbal e implementarse inmediatamente por escrito dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la de la resolución. Si fuese necesario, en los términos de esta ley, se convocará dentro de los siguientes treinta días, a una Asamblea General extraordinaria para la atención del conflicto.

Los responsables de vigilancia no podrán participar en decisiones o actos administrativos.

Artículo 43. Las Cooperativas de Ahorro y Préstamo deberán contar con un Director General o Gerente General quien estará encargado de la operación de la sociedad cooperativa.

Tendrá las facultades que expresamente establezcan las bases constitutivas y las que el Consejo de Administración y/o la Asamblea General determinen.

Para el desempeño de sus funciones, deberá reunir los requisitos establecidos en las bases constitutivas y contará con las obligaciones y atribuciones que a continuación se enlistan:

I. Deberá contar con los conocimientos en materia financiera, administrativa y tecnológica, que la propia sociedad cooperativa establezca en sus bases constitutivas;

II. Asistirá con voz pero sin voto a las sesiones del consejo de administración y de las comisiones de la sociedad cooperativa;

III. Representará a la sociedad cooperativa en los actos que determinen las bases constitutivas o el consejo de administración, de conformidad con los mandatos que para tal efecto se hayan otorgado;

IV. Ejecutará las operaciones de la sociedad cooperativa, de conformidad con los poderes conferidos;

V. Aplicará las políticas de la sociedad cooperativa, actuando en todo momento con apego a las bases constitutivas y a la normatividad aplicable;

VI. Presentará a la asamblea general y al consejo de administración, un informe anual sobre su gestión;

VII. Presentará los informes sobre la situación financiera y administrativa que guarda la sociedad cooperativa;

VIII. Preparará y propondrá para su aprobación, los planes y el presupuesto para cada ejercicio;

IX. Presentará los estados financieros al Consejo de administración para su conocimiento y, en su caso, aprobación;

X. Aplicará los reglamentos y manuales operativos, de igual manera, propondrá los ajustes y modificaciones que considere necesarios;

XI. Vigilará la correcta elaboración y actualización de los libros y registros contables y sociales de la cooperativa; y

XII. Las demás atribuciones estipuladas en la presente ley, en las bases constitutivas y las que sean determinadas por el Consejo de Administración y/o La asamblea general.

Capítulo IV De las Socias y Socios

Artículo 44. Esta ley y las bases constitutivas de cada sociedad cooperativa, determinarán deberes, derechos, aportaciones, causas de exclusión de socios y demás requisitos. En todo caso, deberán observarse las siguientes disposiciones:

I. La obligación de consumir o utilizar los servicios que las sociedades cooperativas de consumidores brindan a sus socias y socios;

II. En las sociedades cooperativas de producción, la prestación del trabajo personal de las socias y socios podrá ser físico, intelectual o de ambos;

III. Las sanciones a las socias y socios de las sociedades cooperativas cuando no concurran a las asambleas generales, juntas o reuniones que establece la presente ley; éstas deberán considerar las responsabilidades familiares;

IV. Las sanciones contra la falta de honestidad de socias y socios y personas dirigentes en su conducta o en el manejo de fondos que les hayan sido encomendados, sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales en que incurran;

V. Los estímulos a las socias y socios que cumplan con sus obligaciones;

VI. Los mecanismos para garantizar la participación de las socias y socios en los consejos de administración y de vigilancia, en las comisiones, y demás órganos de la sociedad cooperativa, en condiciones de igualdad y sin discriminación; y

VII. La oportunidad de ingreso a las mujeres, en particular a las que tengan bajo su responsabilidad a una familia.

Artículo 45. Los socios gozarán, al menos, de los siguientes derechos:

I. Participar con voz y voto en la Asamblea General sobre bases de igualdad, disponiendo un solo voto por socio, independientemente de sus aportaciones;

II. Ser elegidos para desempeñar cargos en los órganos de la sociedad cooperativa;

III. Utilizar los servicios de la sociedad cooperativa.

IV. Recibir educación cooperativa;

V. Formular denuncias por incumplimiento de esta Ley o las Bases Constitutivas;

VI. Participar en los remanentes que la Asamblea General determine como repartibles, en su caso;

VII. Recibir el reembolso de los certificados de aportación que estuvieren pagados, por cualquier causa de terminación de membresía con la sociedad cooperativa, de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en la Ley y las Bases Constitutivas, cuando las condiciones económicas de la sociedad así lo permita.

Artículo 46. Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo en sus bases constitutivas deberán prever que los Socios podrán solicitar el retiro de sus aportaciones y ahorros en la Sociedad en cualquier tiempo, siempre y cuando no existan operaciones activas pendientes, en cuyo caso deberán liquidarlas previamente, mediante pago o compensación.

Para el caso de exclusión operará el mismo principio que el párrafo anterior.

Igualmente se establecerá que, en el caso de que varios de los Socios soliciten al mismo tiempo el retiro de sus aportaciones y ahorros, la Cooperativa podrá fijar plazos para la entrega de los montos solicitados, de acuerdo a la disponibilidad de capital de trabajo y al índice de capitalización que deba mantener la Sociedad.

Artículo 47. Los socios deberán cumplir, al menos, con las siguientes obligaciones:

I. Cubrir su parte social;

II. Cumplir sus obligaciones en las comisiones que hayan sido electos.

III. Ejercer su derecho de voz y voto.

Artículo 48. Las sociedades cooperativas de productores podrán contar con personal asalariado, únicamente en los casos siguientes:

I. Cuando las circunstancias extraordinarias o imprevistas de la producción o los servicios así lo exijan;

II. Para la ejecución de obras determinadas;

III. Para trabajos eventuales o por tiempo determinado o indeterminado, distintos a los requeridos para el cumplimiento del objeto social de la sociedad cooperativa;

IV. Para la sustitución temporal de un socio hasta por seis meses;

V. Por la necesidad de incorporar personal especializado altamente calificado; y

VI. Cuando la sociedad cooperativa requiera por necesidades de expansión admitir a más socias o socios, el consejo de administración tendrá la obligación de emitir una convocatoria para tal efecto, teniendo preferencia para ello, sus personas trabajadoras, a quienes se les valorará por su antigüedad, desempeño, capacidad y, en su caso, por su especialización o por ser jefa de familia.

Ante una inconformidad en la selección, la persona que se considere agraviada podrá acudir ante la comisión de conciliación y arbitraje de la sociedad cooperativa, si existiere, misma que deberá resolver por escrito en un término no mayor a veinte días naturales, independientemente de poder ejercer la acción legal que a su derecho convenga.

VII. Las demás cooperativas podrán contar con trabajadores, cuando así lo requiera su servicio prestado, sin más limitaciones que las establecidas en las legislaciones laborales.

Artículo 49. Serán causas de exclusión de una socia o socio:

I. La falta de cumplimiento en forma reiterada de los principios y valores cooperativistas;

II. Incurrir reiteradamente, sin causa justificada, en ineficiencias en sus funciones establecidas en las bases constitutivas, que repercutan en detrimento de las metas y objetivos acordados por los órganos competentes de la sociedad cooperativa; y

III. Infringir en forma reiterada las disposiciones de esta ley, de las bases constitutivas o del reglamento de la sociedad cooperativa, las resoluciones de la asamblea general o los acuerdos del consejo de administración o de las personas que funjan como gerentes o comisionadas.

A la socia o socio que se vaya a sujetar a proceso de exclusión, se le deberá notificar por escrito en forma personal, explicando los motivos y fundamentos de esta determinación, concediéndole un término de veinte días naturales para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga ante el consejo de administración o ante la comisión de conciliación y arbitraje, si existiere, de conformidad con las disposiciones de las bases constitutivas o del reglamento interno de la sociedad cooperativa.

Cuando una socia o socio considere que su exclusión ha sido injustificada, podrá ocurrir ante los órganos jurisdiccionales señalados en el artículo 7 de la presente ley.

Capítulo V Del Régimen Económico

Artículo 50. El capital de las sociedades cooperativas se integrará con las aportaciones de las socias y socios, con los remanentes que la asamblea general acuerde destinar para incrementarlo y las donaciones, subsidios, herencias y legados recibidos a favor de la cooperativa.

Artículo 51. Las aportaciones podrán hacerse en efectivo, bienes, derechos o trabajo y estarán representadas por certificados que serán nominativos, indivisibles y de igual valor.

La valoración de las aportaciones que no sean en efectivo, se hará con base en lo dispuesto en las bases constitutivas o al tiempo de ingresar la socia o socio por acuerdo entre éste y el consejo de administración, con la aprobación de la asamblea general.

La socia o socio podrá transmitir los derechos patrimoniales que amparan sus certificados de aportación, en favor de la persona beneficiaria que designe para el caso de su muerte. Las bases constitutivas de la sociedad cooperativa determinarán los requisitos para que también se puedan conferir derechos cooperativos a la persona beneficiaria.

Artículo 52. Cada socia y socio deberá aportar por lo menos el valor de un certificado. Se podrá pactar la suscripción de certificados voluntarios por los cuales se percibirá el interés que fije el consejo de administración de acuerdo con las posibilidades económicas de la sociedad cooperativa.

Al constituirse la sociedad cooperativa o al ingresar la socia o socio a ella, será obligatorio el pago de cuando menos el diez por ciento, del valor del certificado de aportación.

Artículo 53. El certificado de aportación deberán contener, mínimo los siguientes requisitos:

I. El nombre y domicilio del socio;

II. La denominación y domicilio de la sociedad;

III. El valor nominal de la aportación;

IV. Tipo de certificado (obligatorio o voluntario);

V. Número de control y registro que deberá llevar la sociedad cooperativa;

VI. La firma autógrafa del presidente, secretario del Consejo de Administración o del Administrador General en su caso.

Dicho requisito podrá llevarse a cabo a través de firma impresa o facsímil siempre y cuando sean registradas las firmas de los consejeros respectivos, mediante cualquiera de los siguientes trámites:

a) Mediante procedimiento ante juez de primera instancia, en vía de jurisdicción voluntaria, de la cual se ordenará su inscripción en el registro público de la propiedad y comercio, o;

b) A través de ratificación de firmas que se lleve ante notario público, para su inscripción el registro público de la propiedad y comercio.

Artículo 54. Cuando la asamblea general acuerde reducir el capital aportado por mediante certificados voluntarios, se hará la devolución a las socias y socios que posean mayor número de certificados de aportación, o a prorrata, si todas las socias y socios son poseedores de un número igual de certificados.

Cuando el acuerdo sea en el sentido aumentar el capital obligatorio, todos las socias y socios quedarán obligados a suscribir el aumento, en la forma y términos que acuerde la asamblea general.

Capítulo VI De los Fondos y Reservas Sociales

Artículo 55. Las sociedades cooperativas deberán constituir los siguientes fondos sociales:

I. De reserva;

II. De previsión social; y

III. De educación cooperativa.

IV. De obra social.

La determinación de los Fondos Sociales se hará sobre los remanentes del ejercicio.

Artículo 56. Para el Fondo de Reserva se considerará lo siguiente:

I. Se constituirá mínimo con la cantidad correspondiente al diez por ciento de los remanentes que obtengan las sociedades cooperativas en cada ejercicio social, hasta alcanzar el monto delimitado en las bases constitutivas;

II. El monto delimitado, no será menor del diez por ciento del capital social en las sociedades cooperativas de consumo; del veinticinco por ciento del capital social en las sociedades cooperativas de producción y del diez por ciento de los activos totales en las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

III. Podrá ser afectado cuando lo requiera la sociedad para afrontar las pérdidas o restituir capital de trabajo, debiendo ser reintegrado al final del ejercicio social, con cargo a los remanentes; y

IV. Será administrado por el consejo de administración con la aprobación del consejo de vigilancia y podrá disponer de él, para los fines que se consignan en la fracción anterior.

Artículo 57. Para el fondo de previsión social se considerará los siguiente:

I. Se constituirá con el porcentaje que acuerde la asamblea general sobre los remanentes al cierre de cada ejercicio social; este fondo es aplicable solo a las sociedades cooperativas de producción y de consumo.

II. Se destinará a reservas para cubrir los riesgos y enfermedades profesionales, formar fondos de pensiones, jubilaciones, haberes de retiro de socias y socios, primas de antigüedad y para fines diversos que podrán cubrir gastos médicos, de funeral, subsidios por incapacidad, becas educacionales para las socias y socios así como sus hijas o hijos, guarderías infantiles, actividades culturales, deportivas, y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga y en la medida de lo posible, el apoyo a la comunidad.

III. Al inicio de cada ejercicio la asamblea ordinaria de la sociedad cooperativa, fijará las prioridades para la aplicación de este fondo, de conformidad con las perspectivas económicas de la sociedad cooperativa; y

IV. Será administrada por el Consejo de Administración y ejecutado conforme a los planes y programas aprobados por la Asamblea General.

V. Las prestaciones derivadas del fondo de previsión social, serán independientes de las prestaciones a que tengan derecho las socias y socios por su afiliación a los sistemas de seguridad social.

Las sociedades cooperativas deberán afiliar a los sistemas de seguridad social a sus trabajadores, y podrán afiliar a socias y socios que aporten su trabajo personal y directo, e instrumentar las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, así como de capacitación y adiestramiento, gozando de los beneficios dispuestos en la Ley del Seguro Social.

Artículo 58. Para el Fondo de Educación Cooperativa se considerará lo siguientes:

I. Se constituirá con el porcentaje que acuerde la asamblea general, el cual no podrá ser inferior al uno por ciento de los remanentes al cierre de cada ejercicio social;

II. Se destinará para fomentar y promover la Educación Cooperativa y la relativa a la Economía Social y Solidaria; y

III. Será Administrada por el Consejo de Administración y ejecutado conforme a los planes aprobados por la Asamblea General.

En todas las sociedades cooperativas, será obligatoria la educación cooperativa y la relativa a la economía social y solidaria.

Artículo 59. Para el Fondo de Obra Social se considerará lo siguiente:

I. Se constituirá con el porcentaje que acuerde la asamblea general sobre los remanentes al cierre de cada ejercicio social; este fondo es aplicable unicamente a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

II. Se destinará para la realización de obras sociales, tales como actividades de salud, culturales, deportivas, recreativas y otras prestaciones de naturaleza análoga y en la medida de lo posible, el apoyo a la comunidad, en los términos que establezcan las bases constitutivas y sus estatutos;

III. Al inicio de cada ejercicio la asamblea ordinaria de la sociedad cooperativa, fijará las prioridades para la aplicación de este fondo, de conformidad con las perspectivas económicas; y

IV. Será administrada por el Consejo de Administración y ejecutado conforme a los planes aprobados por la Asamblea General.

Artículo 60. Constituidos los fondos legales, la Asamblea podrá determinar el reparto de remanentes entre sus socios, conforme a lo establecido en sus bases constitutivas y de acuerdo a lo siguiente:

I. En las sociedades cooperativas de consumidores, los remanentes del ejercicio, se distribuirán en razón de las adquisiciones que las socias y socios hubiesen efectuado durante el ejercicio fiscal, y podrán ser en efectivo o en especie, según lo decida la asamblea general.

En caso de que las personas consumidoras ingresen como asociadas a las sociedades cooperativas de consumo, los excedentes generados por sus compras se aplicarán a cubrir y pagar su certificado de aportación.

Si dichas personas no retirasen en el plazo de un año los remanentes a que tienen derecho, ni hubiesen presentado solicitud de ingreso a las sociedades cooperativas, los montos correspondientes se aplicarán a los fondos de reserva, previsión social y educación cooperativa, según lo determinen las bases constitutivas de dichas sociedades.

II. En las sociedades cooperativas de productores, los remanente del ejercicio se repartirán de acuerdo con el trabajo físico o intelectual aportado durante el año, tomando en cuenta que dicho trabajo puede evaluarse a partir de los siguientes factores: calidad, tiempo, nivel técnico, competencia cooperativista, escolaridad, así como factores particulares de cada tipo de sociedad cooperativa.

Título Tercero Fusión, Escisión, Transmisión de Activos y Pasivos, Disolución y Liquidación Capítulo I De la Fusión

Artículo 61. La fusión deberá ser decidida por cada sociedad cooperativa, en asamblea general extraordinaria y por acuerdo de cuando menos las tres cuartas partes de los socios que conformen el quórum.

Para los efectos de la formalización de la fusión, se deberá seguir el mismo trámite que esta Ley establece para su constitución.

Artículo 62. Los acuerdos sobre fusión se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del domicilio de las sociedades que hayan de fusionarse.

Artículo 63. La fusión no podrá tener efecto sino tres meses después de haberse efectuado la inscripción prevenida en el artículo anterior.

Durante dicho plazo, cualquier acreedor de las sociedades que se fusionan, podrá oponerse judicialmente en la vía ordinaria, a la fusión, la que se suspenderá hasta que cause ejecutoria la sentencia que declare que la oposición es infundada.

Transcurrido el plazo señalado sin que se haya formulado oposición, se dará por terminada la fusión y la sociedad que subsista o la que resulte de la fusión, tomará a su cargo los derechos y las obligaciones de las sociedades extinguidas.

La fusión tendrá efecto en el momento de la inscripción, si se pactare el pago de todas las deudas de las sociedades que hayan de fusionarse, o se constituyere el depósito de su importe en una institución de crédito, o constare el consentimiento de todos los acreedores. A este efecto, las deudas a plazo se darán por vencidas.

Capítulo II De la Escisión

Artículo 64. Se da la escisión cuando una sociedad cooperativa denominada escindente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes, que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación denominadas escindidas; o cuando la escindente, sin extinguirse, aporta en bloque parte de su activo, pasivo y capital social a otra u otras sociedades de nueva creación.

La escisión se regirá por lo siguiente:

I. Sólo podrá acordarse por resolución de la asamblea de socios u, por la mayoría de tres cuartas partes;

II. Las partes sociales de la sociedad que se escinda deberán estar totalmente pagadas;

III. Cada uno de los socios de la sociedad escindente tendrá inicialmente una proporción del capital social de las escindidas, igual a la de que sea titular en la escindente;

IV. La resolución que apruebe la escisión deberá contener:

a) La descripción de la forma, plazos y mecanismos en que los diversos conceptos de activo, pasivo y capital social serán transferidos;

b) La descripción de las partes del activo, del pasivo y del capital social que correspondan a cada sociedad escindida, y en su caso a la escindente, con detalle suficiente para permitir la identificación de éstas;

c) Los estados financieros de la sociedad escindente, que abarquen por lo menos las operaciones realizadas durante el último ejercicio social, debidamente dictaminados por auditor externo.

Corresponderá a los administradores de la escindente, informar a la asamblea sobre las operaciones que se realicen hasta que la escisión surta plenos efectos legales;

d) La determinación de las obligaciones que por virtud de la escisión asuma cada sociedad escindida. Si una sociedad escindida incumpliera alguna de las obligaciones asumidas por ella en virtud de la escisión, responderán solidariamente ante los acreedores que no hayan dado su consentimiento expreso, la o las demás sociedades escindidas, durante un plazo de tres años contado a partir de la última de las publicaciones a que se refiere la fracción V, hasta por el importe del activo neto que les haya sido atribuido en la escisión a cada una de ellas; si la escindente no hubiere dejado de existir, ésta responderá por la totalidad de la obligación; y

e) Los proyectos de bases constitutivas de las sociedades escindidas.

V. La resolución de escisión deberá protocolizarse ante notario e inscribirse en el Registro Público de propiedad y de Comercio. Asimismo, deberá publicarse en el periódico oficial del estado del municipio del domicilio social de la cooperativa y en uno de los periódicos de mayor circulación del domicilio de la escindente, un extracto de dicha resolución que contenga, por lo menos, la síntesis de la información a que se refieren los incisos a) y d) de la fracción IV de este artículo, indicando claramente que el texto completo se encuentra a disposición de socios y acreedores en el domicilio social de la sociedad durante un plazo de cuarenta y cinco días naturales contado a partir de que se hubieren efectuado la inscripción y ambas publicaciones;

VI. Durante el plazo señalado, cualquier socio o grupo de socios que representen por lo menos el veinte por ciento del capital social o acreedor que tenga interés jurídico, podrá oponerse judicialmente a la escisión, la que se suspenderá hasta que cause ejecutoria la sentencia que declara que la oposición es infundada, se dicte resolución que tenga por terminado el procedimiento sin que hubiere procedido la oposición o se llegue a convenio, siempre y cuando quien se oponga diere fianza bastante para responder de los daños y perjuicios que pudieren causarse a la sociedad con la suspensión;

VII. Cumplidos los requisitos y transcurrido el plazo a que se refiere la fracción V, sin que se haya presentado oposición, la escisión surtirá plenos efectos; para la constitución de las nuevas sociedades, bastará la protocolización de sus estatutos y su inscripción en el Registro Público la propiedad y de Comercio;

VIII. Los Socios que voten en contra de la resolución de escisión gozarán del derecho a separarse de la sociedad.

IX. Cuando la escisión traiga aparejada la extinción de la escindente, una vez que surta efectos la escisión se deberá solicitar del Registro Público de Comercio la cancelación de la inscripción de las bases constitutivas;

Capítulo III Transmisión de Activos y Pasivos

Artículo 65. Las sociedades cooperativas podrán transmitir activos y pasivos a otra sociedad cooperativa, bajo los siguientes supuestos:

La transmisión de activos y pasivos deberá ser aprobada por la sociedad cooperativa cedente, por su parte la cesionaria deberá aceptar la transmisión de los derechos por acuerdo del Consejo de Administración.

Capítulo IV De la Disolución y Liquidación

Artículo 66. Las sociedades cooperativas se disolverán por cualquiera de las siguientes causas:

I. Por la voluntad de las dos terceras partes de los socios;

II. Por la disminución de socios a menos de lo establecido en esta Ley, conforme a su tipo;

III. Porque llegue a consumarse su objeto;

IV. Porque el estado económico de la sociedad cooperativa no permita continuar las operaciones, y

V. Por la resolución ejecutoriada dictada por los órganos jurisdiccionales competentes.

Artículo 67. La liquidación se practicará con arreglo a las estipulaciones relativas en las Bases Constitutivas o a la resolución que tomen los socios al acordarse o reconocerse la disolución de la sociedad, en Asamblea General de Socios, en la cual se nombrará a uno o más liquidadores.

Articulo 68. La liquidación estará a cargo de uno o más liquidadores, quienes serán representantes legales de la sociedad y responderán por los actos que ejecuten.

Si por cualquier motivo el nombramiento de los liquidadores no se hiciere en los términos que fija este artículo, lo hará la autoridad judicial a petición de cualquier socio.

En caso de ser varios liquidadores, deberán obrar conjuntamente.

Hecho el nombramiento de los liquidadores, el Órgano de Administración entregará a los liquidadores y ante Fedatario Público, todos los bienes, libros y documentos de la sociedad cooperativa en un plazo máximo de cinco días hábiles, levantándose en todo caso un inventario del activo y pasivo.

Salvo el acuerdo de los socios o las disposiciones de las Bases Constitutivas, los liquidadores tendrán las siguientes facultades:

I. Concluir las operaciones sociales que hubieren quedado pendientes al tiempo de la disolución; elaborar un estado financiero y un inventario en un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir de su nombramiento;

II. Cobrar lo que se deba a la sociedad y pagar lo que ella deba;

III. Vender los bienes de la sociedad;

IV. Liquidar a cada socio su haber social;

V. Practicar el balance final de la liquidación, que deberá someterse a la discusión y aprobación de los socios, en la forma que corresponda, según la naturaleza de la sociedad.

El balance final, una vez aprobado, se depositará en el Registro Público de Comercio;

VI. Obtener del Registro Público de Comercio la cancelación de la inscripción de las bases constitutivas, una vez concluida la liquidación.

Artículo 69. En caso de que las sociedades cooperativas deseen constituirse en otro tipo de sociedad o asociación, deberán disolverse y liquidarse previamente.

Artículo 70. Los liquidadores, serán considerados como parte en el proceso de liquidación, vigilarán que los fondos de reserva y de previsión social y, en general, el activo de la sociedad cooperativa disuelta, tengan su aplicación conforme a lo dispuesto en esta ley.

Artículo 71. En los casos de quiebra o suspensión de pagos de las sociedades cooperativas, los órganos jurisdiccionales aplicarán las disposiciones contenidas en la Ley de Concursos Mercantiles.

Título Cuarto Capítulo I De los Organismos Cooperativos

Artículo 72. Para la ejecución de planes de mejora, apoyo a la comercialización y financiamiento y, en general para todo aquello que tienda a dar cumplimiento cabal al ciclo económico y sus funciones, las sociedades cooperativas de productores y consumidores podrán asociarse entre sí, previo acuerdo de su asamblea general.

Los organismos cooperativos adoptarán la figura jurídica de cooperativas y podrán agrupar un mínimo de cinco sociedades cooperativas, con las salvedades propias a su naturaleza; su objeto social es el de representar, promover y defender los intereses de las sociedades cooperativas asociadas, así como las actividades económicas que estas realicen; asimismo, fungir como organismos de consulta del Estado.

Para los efectos de esta ley, son organismos cooperativos los siguientes:

I. Uniones y federaciones;

II. Confederaciones; y

III. El Consejo Superior del Cooperativismo.

Las uniones y federaciones se constituirán como sociedades cooperativas de segundo nivel; las confederaciones como sociedades cooperativas de tercer nivel, y el Consejo Superior del Cooperativismo, como sociedad cooperativa de cuarto nivel de carácter único.

Artículo 73. Los organismos cooperativos deben utilizar en su denominación social la palabra “Unión”, “Federación”, “Confederación” o “Consejo Superior del Cooperativismo” según corresponda.

Asimismo, deberán constituirse ante fedatario público, e inscribir su acta constitutiva en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio y en el Padrón Nacional de Sociedades Cooperativas.

Artículo 74. Las uniones y federaciones pueden dedicarse libremente a cualquier actividad económica lícita, a excepción de las dispuestas por la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y se agruparán de la siguiente forma:

I. Las federaciones podrán agrupar a sociedades cooperativas de la misma rama de actividad económica;

II. Las uniones podrán agrupar a sociedades de distintas ramas de actividad económica; y

III. Las confederaciones nacionales se podrán constituir con varias uniones o federaciones, de por lo menos diez entidades federativas.

Los organismos cooperativos podrán concertar con otras personas físicas o personas jurídicas colectivas, con organizaciones integrantes del sector social de la economía, o con otros organismos públicos, privados y sociales, nacionales o internacionales, todo tipo de convenios o acuerdos permanentes o temporales, para el mejor cumplimiento de su objeto social, pudiendo igualmente convenir la realización de una o más operaciones en forma conjunta, para lo cual deberán establecer con claridad cuál de las organizaciones coaligadas asumirá la gestión o responsabilidad ante terceros.

En ninguna circunstancia, los cargos en los consejos de administración y de vigilancia de los organismos cooperativos podrán ser asumidos por personas que no tengan el carácter de socias.

Artículo 75. Las confederaciones fungirán como instancias de planeación, organización y desarrollo de sus organismos cooperativos asociados, y como órgano de consulta y colaboración del Estado para el diseño, divulgación y ejecución de las políticas, programas, e instrumentos para el fomento y desarrollo de la organización y expansión, de la actividad económica de las sociedades cooperativas.

Las confederaciones nacionales se constituirán con por lo menos diez uniones o federaciones, de por lo menos diez entidades federativas, con excepción de las federaciones de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, las cuales se agruparán en una sola confederación nacional.

Artículo 76. Las disposiciones establecidas por esta ley serán aplicables a los organismos cooperativos; sus actividades son las propias de su objeto social, no tendrán fines de lucro y se abstendrán de lo siguiente:

I. Constituirse con personas físicas;

II. Aplicar las obligaciones de las cooperativas en materia de distribución de excedentes;

III. Nombrar una persona que funja como administradora única y a una como comisionada de vigilancia;

IV. Transmitir derechos patrimoniales derivados de los certificados de aportación;

V. Constituir fondos sociales;

VI. Emitir sanciones fuera de las establecidas en sus bases constitutivas o reglamentos internos;

VII. Realizar actividades político - partidistas o religiosas a nombre de la sociedad cooperativa;

VIII. Realizar operaciones de manera directa o indirecta con personas no asociadas;

IX. Realizar operaciones que sustituyan las actividades o transgredan los intereses de sus asociados; y

X. Realizar aportaciones en el capital social de sus asociados.

Artículo 77. Las sociedades cooperativas determinarán las funciones de las federaciones y uniones; éstas a su vez, las de las confederaciones; y éstas últimas las del Consejo Superior del Cooperativismo.

Las bases constitutivas de los organismos cooperativos, además de satisfacer lo dispuesto en el artículo 14 de esta ley, deberán incluir las siguientes funciones:

I. Coordinar, representar y defender los intereses de sus asociados ante las instituciones gubernamentales y ante cualquier otra persona física o persona jurídica colectiva;

II. Fomentar los valores y principios cooperativos mediante la educación y formación cooperativa; así como promover programas de desarrollo social;

III. Impulsar programas para la constitución de nuevas sociedades cooperativas;

IV. Actuar como mediadores, conciliadores y árbitros en los conflictos que se presenten entre sus integrantes, entre las sociedades cooperativas y sus socias o socios o entre las sociedades cooperativas y los mismos organismos cooperativos, a petición formal de cualquiera de sus asociadas y asociados;

V. Impulsar esquemas de autorregulación y supervisión;

VI. Gestionar la aplicación de programas de fomento cooperativo ante las instituciones. Siendo las sociedades cooperativas con menos socios y recursos la prioridad de esta gestión;

VII. Planear, promover y realizar programas de desarrollo económico y social para sus asociados;

VIII. Gestionar la aplicación de programas de fomento cooperativo ante las instituciones gubernamentales;

IX. Fomentar la educación cooperativa, así como la formación de capacidades y competencias laborales de sus asociadas y asociados, personas directivas y empleadas;

X. Prestar servicios de asesoría jurídica, fiscal, auditoría, contable, técnica, organizacional y/o para la formulación de proyectos;

XI. Promover el desarrollo de cadenas productivas y de valor agregado;

XII. Apoyar la investigación sobre las materias que incidan en las actividades propias de su objeto;

XIII. Procurar la solidaridad y cooperación entre sus asociadas y asociados;

XIV. Difundir los valores y principios cooperativos y las experiencias exitosas;

XV. Contratar personas e integrar personal comisionado a los organismos integrantes; y

XVI. Las demás atribuciones estipuladas en la presente ley, en las bases constitutivas y las que sean determinadas por la asamblea general.

Artículo 78. El Consejo Superior del Cooperativismo, es el máximo órgano integrador y de representación, promoción y defensa en el ámbito nacional e internacional del Movimiento Cooperativo Nacional, de carácter único, constituido conforme a lo dispuesto en esta ley y para los fines que en ella se establecen.

Se constituye como una sociedad cooperativa de cuarto nivel y podrá asociar a todas las confederaciones nacionales constituidas conforme a la ley, que en forma voluntaria decidan hacerlo.

Los organismos e instituciones de asistencia técnica al Movimiento Cooperativo Nacional, podrán afiliarse voluntariamente y participar en las asambleas generales con voz pero sin voto.

Artículo 79. Para la constitución, organización, operación y funcionamiento del Consejo Superior del Cooperativismo, deberá observarse lo previsto en el Capítulo I del presente Título.

Además de las establecidas para los organismos cooperativos, el Consejo Superior del Cooperativismo tendrá las siguientes funciones:

I. Desempeñarse como órgano de consulta y colaboración de los diferentes niveles de gobierno para el diseño, divulgación, ejecución y evaluación de las políticas, programas, e instrumentos, para el fomento y desarrollo de la organización y expansión de la actividad económica de las sociedades cooperativas;

II. Formular recomendaciones a los diferentes niveles de gobierno, encargados de la ejecución de las políticas públicas de fomento cooperativo;

III. Colaborar con el Servicio de Administración Tributaria, emitiendo opinión sobre actos de simulación, respecto de constitución y operación de sociedades cooperativas y organismos cooperativos;

IV. Establecer y actualizar el Sistema Nacional de Educación Cooperativa;

V. Establecer y operar el Sistema Nacional de Capacitación Cooperativa;

VI. Colaborar con la Secretaría, para la inclusión de temas que se relacionen con la economía social y el cooperativismo, en negociaciones de tratados comerciales nacionales e internacionales y la promoción del comercio justo;

VII. Efectuar investigaciones sobre aspectos o ramos específicos de la actividad de las sociedades cooperativas y los relacionados con el Sector Cooperativista Nacional, por cuenta propia, o en asociación con los organismos e instituciones de asistencia técnica;

VIII. Prestar los servicios que determinen sus bases constitutivas en beneficio de sus afiliados, dentro de los niveles de calidad y condiciones que se determinen conjuntamente con las confederaciones;

IX. Designar el árbitro o árbitros, o los conciliadores, cuando los organismos cooperativos se lo soliciten;

X. Solicitar a las confederaciones y a los organismos de asistencia técnica, reportes anuales sobre la operación y los resultados de los programas y acciones que operen en beneficio de sus asociadas y asociados, de conformidad con las bases constitutivas del Consejo;

XI. Establecer relación con instituciones, organismos, asociaciones e instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales, relacionadas con la economía social y el cooperativismo;

XII. Crear estructuras para atender la incubación, formación, comercialización, desarrollo, actualización tecnológica, registro, regulación, financiamiento, vinculación, comunicación social y aquellas que permitan el desarrollo del sector y movimiento cooperativo mexicano, siempre en el marco de los valores y principios consagrados en esta ley;

XIII. Establecer sus reglamentos internos;

XIV. Convocar cada año, a la asamblea general del Consejo Superior del Cooperativismo, donde se informe acerca de las labores realizadas en el año anterior y su concepto sobre la situación económica del cooperativismo, así como el detalle de sus ingresos y egresos;

XV. Llevar a cabo las demás actividades que se deriven de su naturaleza, de sus estatutos y las que les señalen otros ordenamientos legales;

XVI. En sus bases constitutivas establecerá el objeto social, la estructura funcional, órganos de gobierno, derechos y obligaciones de los asociados, y todos aquellos elementos que le son propios a su naturaleza como organismo cooperativo de cuarto nivel; y

XVII. Las demás que se establezcan en la ley.

Artículo 80. Con el propósito de realizar procesos de diagnóstico, evaluación, planeación, programación y prospectiva que fortalezcan el Movimiento Cooperativista Mexicano, se celebrará cada dos años un Congreso Nacional Cooperativo, al que convocará el Consejo Superior del Cooperativismo, independientemente de asambleas, congresos especializados o foros que organicen las confederaciones o el propio Consejo Superior del Cooperativismo; o en caso de que este no emitiera convocatoria, podrá hacerse por acuerdo del veinte por ciento de sus integrantes.

Capítulo II De los Organismos Cooperativos de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo

Artículo 81. Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo deberán agruparse de manera obligatoria en los siguientes organismos cooperativos de integración y representación:

I. Federaciones; y

II. Confederación nacional.

Artículo 82. Las federaciones se constituirán con la agrupación de un mínimo de cinco y un máximo de cincuenta sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, fungiendo como los organismos cooperativos de integración y representación de segundo grado.

Artículo 83. La confederación nacional se constituirá con la agrupación de todas las federaciones de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, fungiendo como el organismo cooperativo nacional de integración y representación de tercer grado del sector cooperativo financiero.

La confederación agrupará a todas las federaciones y será un órgano de consulta y colaboración del Estado para el diseño, difusión y ejecución de las políticas, programas e instrumentos para el fomento y desarrollo de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y sus organismos cooperativos.

Artículo 84. Las federaciones y la confederación, como organismos cooperativos de integración y representación de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, serán instituciones con personalidad jurídica y patrimonio propios, adoptarán jurídicamente la naturaleza cooperativa sin fines de lucro.

Artículo 85. Las actividades de las federaciones y de la confederación serán las propias de su objeto social y tendrán prohibido lo siguiente:

I. Realizar actividades políticas partidistas;

II. Invertir en el capital de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo; y

III. Afiliar a personas físicas o personas jurídicas colectivas y realizar operaciones de manera directa o indirecta con el público.

Artículo 86. Las federaciones y la confederación, podrán realizar las siguientes funciones:

I. Fungir como representantes legales de sus organizaciones afiliadas, ante personas físicas, personas jurídicas colectivas, organismos, autoridades e instituciones tanto nacionales como extranjeras;

II. Proporcionar entre otros, los servicios de asesoría técnica, legal, financiera y de capacitación;

III. Promover la superación y capacidad técnica y operativa de sus organizaciones afiliadas, así como de sus dirigentes y personas empleadas;

IV. Promover la homologación de manuales, procedimientos, reglamentos y políticas, así como sistemas contables e informáticos entre sus organizaciones afiliadas; y

V. Llevar un registro de sus organizaciones afiliadas y publicarlo periódicamente por los medios que consideren convenientes.

Artículo 87. Las federaciones y la confederación, en su reglamento interior, al menos deberán estipular lo siguiente:

I. Procedimiento general para la admisión, suspensión y exclusión de organizaciones afiliadas;

II. Los derechos y obligaciones de las organizaciones afiliadas;

III. Procedimiento general para determinar las cuotas que deberán aportar las organizaciones afiliadas;

IV. Los mecanismos de solución voluntaria de controversias entre las organizaciones afiliadas;

V. El programa de control y corrección interno para prevenir conflictos de interés y uso indebido de información; y

VI. Los procedimientos aplicables para el caso de que las organizaciones afiliadas incumplan sus obligaciones.

Artículo 88. La confederación y las federaciones contarán, al menos, con los siguientes órganos e instancias de dirección, administración y vigilancia:

I. Asamblea general;

II. Consejo directivo;

III. Una persona que funja como directora general o gerente general; y

IV. Un consejo de vigilancia.

Artículo 89. La asamblea general será el órgano supremo de la federación y deberá integrarse con al menos una persona representante de cada una de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo afiliadas, con voz y voto, la cual será electa democráticamente entre sus socias y socios por un periodo de tres años, con posibilidad de una sola reelección.

La federación podrá establecer en sus estatutos un sistema de representación proporcional en el que se asignará a cada sociedad cooperativa de ahorro y préstamo afiliada, el número de votos que proporcionalmente le correspondan, considerando el número de socias y socios y/o activos totales de cada sociedad. En ningún caso una sociedad cooperativa podrá tener más del veinte por ciento del total de votos en la asamblea general de la federación.

Para ser persona representante de la sociedad cooperativa ante la asamblea general de la federación, será indispensable contar con una antigüedad mínima de un año como socia o socio de la sociedad y, preferentemente, ser una persona dirigente o funcionaria de primer nivel de la misma.

A las asambleas generales de las federaciones deberá acudir con voz pero sin voto un representante de la confederación.

Artículo 90. La asamblea general será el órgano supremo de la confederación y deberá integrarse con al menos un representante, con voz y voto, de cada una de las federaciones afiliadas.

La confederación podrá establecer en sus estatutos un sistema de representación proporcional en el que se asignará a cada federación afiliada, el número de votos que proporcionalmente le correspondan, considerando el número de socias y socios y/o activos totales de cada federación. En ningún caso una federación podrá tener más del veinte por ciento del total de votos en la asamblea general de la confederación.

Para ser representante de la federación ante la asamblea general de la confederación, será indispensable contar con una antigüedad mínima de un año como socia o socio de una sociedad cooperativa afiliada a la federación y, preferentemente, ser persona dirigente o funcionaria de primer nivel de la propia federación o de alguna de sus cooperativas afiliadas.

Artículo 91. El consejo directivo de las federaciones y de la confederación, según corresponda, será el órgano de gobierno responsable de la administración general y de los negocios, y de que se cumpla el objeto social del respectivo organismo cooperativo.

El consejo directivo de las federaciones y de la confederación estará integrado por no menos de cinco personas ni más de quince, quienes serán nombrados o, en su caso, removidos por la asamblea general del respectivo organismo cooperativo, debiendo cumplir al menos con los requisitos que para ser consejero de una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo.

Las personas consejeras de las federaciones y de la confederación fungirán por un periodo máximo de cinco años, con posibilidad de una sola reelección cuando así lo aprueben por lo menos las dos terceras partes de la respectiva asamblea general.

Para garantizar la continuidad en los procesos de toma de decisiones del consejo directivo, en las bases constitutivas de las federaciones y de la confederación, se deberá establecer un sistema de renovación cíclica y parcial de sus personas consejeras.

Para ser persona consejera de las federaciones y de la confederación, será indispensable contar con una antigüedad mínima de un año como socia o socio de una sociedad cooperativa.

El consejo directivo de las federaciones y de la confederación se integrará y funcionará de acuerdo a lo establecido en las propias bases constitutivas de cada organismo, sujetándose a lo estipulado en esta ley.

Dichos consejos tendrán la representación de sus respectivos organismos cooperativos, así como las facultades que determinen sus bases constitutivas, entre las cuales deberán considerarse al menos las siguientes:

I. Designar una persona que funja como directora o gerente general;

II. Establecer las facultades de representación; y

III. Designar a una o más personas comisionadas que se encarguen de administrar las secciones especializadas que constituyan los propios organismos.

Asimismo, el consejo directivo de las federaciones y de la confederación podrán establecer los reglamentos y manuales operativos a los cuales deberán ajustarse sus órganos de dirección, administración y vigilancia.

Artículo 92. El consejo de vigilancia de las federaciones y de la confederación, según corresponda, será el órgano encargado de supervisar el funcionamiento interno del organismo cooperativo, así como el cumplimiento de sus estatutos y demás normatividad aplicable.

El consejo de vigilancia de las federaciones y de la confederación estará integrado por no menos de tres ni más de cinco personas, quienes serán nombradas o, en su caso, removidas por la asamblea general del respectivo organismo cooperativo, debiendo cumplir al menos con los requisitos para ser consejero de una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo.

Las personas integrantes del consejo fungirán por un periodo máximo de cinco años con posibilidad de una reelección, cuando así lo aprueben por lo menos las dos terceras partes de la respectiva asamblea general.

Para garantizar la continuidad en los procesos de toma de decisiones del consejo de vigilancia, en las bases constitutivas de las federaciones y de la confederación, se deberá establecer un sistema de renovación cíclica y parcial de sus consejeros.

Para ser una persona integrante del consejo de vigilancia, será indispensable contar con una antigüedad mínima de un año como socia o socio de una sociedad cooperativa.

El consejo de vigilancia de las federaciones y de la confederación se integrará y funcionará de acuerdo a lo establecido en las bases constitutivas de cada organismo, sujetándose a lo señalado por la presente ley.

Artículo 93. La persona que funja como directora o gerente general de las federaciones y de la confederación, será nombrada por el respectivo consejo directivo del organismo cooperativo, debiendo someterlo a ratificación de su propia asamblea general.

Las federaciones y la confederación deberán establecer en sus bases constitutivas, los requisitos, facultades y obligaciones de la persona que funja como directora o gerente general, debiendo aplicar al menos lo señalado para las personas gerentes o directoras generales de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.

Artículo 94. Para el sostenimiento y operación de las federaciones y de la confederación, el respectivo consejo directivo determinará las cuotas que deban pagar cada una de las organizaciones afiliadas, tomando como base los procedimientos aprobados por la asamblea general en el respectivo reglamento interior de cada organismo cooperativo.

Artículo 95. De manera voluntaria las cooperativas de ahorro y préstamo podrán formar parte de cooperativas centrales, las cuales se constituirán con un mínimo de cinco Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, teniendo como objeto organizar en común y en mayor escala, los servicios financieros, económicos y asistenciales de interés de las asociadas integrando y orientando sus actividades, así como facilitando la utilización recíproca de los servicios.

Además de lo estipulado en esta ley, las cooperativas centrales se regirán por lo dispuesto en la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

Título Quinto Capítulo I De la Política de Fomento Cooperativo

Artículo 96. Con el objeto de atender lo dispuesto por el párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a los gobiernos federal, estatal, municipal y de las Alcaldias de la Ciudad de México, la elaboración, ejecución, y evaluación de políticas públicas orientadas a promover y fomentar la actividad cooperativa y de los organismos cooperativos, así como la difusión de los valores y principios en que se sustenta.

Para tales efectos, el fomento cooperativo deberá orientarse conforme a las siguientes bases:

I. Apoyo a la organización, constitución, desarrollo e integración de las propias sociedades cooperativas y de sus organismos cooperativos, como medios para la organización social orientados a una mayor participación de la población en actividades económicas, el impulso del empleo digno y sustentable, redistribución del ingreso, la equidad de género y el desarrollo económico y social sustentable del país;

II. Promoción de la economía social y cooperativista en la producción, distribución, comercialización y financiamiento de los bienes y servicios que generan y que sean socialmente necesarios;

III. Desarrollar acciones que propicien mayor participación de las empresas del sector social en la economía nacional;

IV. Implantación de acciones de control, vigilancia y prevención de acciones de simulación que se realizan por medio del uso de sociedades cooperativas con la finalidad de evadir responsabilidades laborales, fiscales, económicas y sociales;

V. Promover el apoyo al sector cooperativo, a través de escuelas, institutos y organismos especializados en educación, capacitacion e investigacion empresarial, asistencia técnica y las actividades que en este sentido realicen las universidades o instituciones de educación superior en el país;

VI. Impulso a la proveeduría de bienes y servicios que produzcan las sociedades cooperativas a los diferentes niveles de gobierno, observando las modalidades y tendencias internacionales;

VII. Establecimiento de acciones que propicien que las empresas que se encuentren en crisis sean adquiridas por parte de sus trabajadores, por medio de su constitución en sociedades cooperativas;

VIII. Fomento de proyectos de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación;

IX. Respaldo al financiamiento de proyectos de investigación científica en materia cooperativa;

X. Impulso para el acceso a estímulos e incentivos para la integración de las sociedades cooperativas, entre otras acciones, a los apoyos fiscales y de simplificación administrativa;

XI. Incorporación del sector cooperativo en la formu-ación del Plan Nacional de Desarrollo y a las instancias de participación y de representación social de las diferentes dependencias y organismos de la administración pública federal, estatal, municipal y de las Alcaldias de la Ciudad de México;

XII. Prestación de servicios de asesoría y asistencia técnica, legal y económica para la adecuada operación de las sociedades cooperativas y sus organismos cooperativos;

XIII. Concesión o administración de bienes y/o servicios públicos a favor de las sociedades cooperativas y sus organismos cooperativos, por medio de alguna sociedad cooperativa de participación estatal;

XIV. Impulso conjuntamente con las sociedades cooperativas y sus organismos cooperativos, de proyectos de desarrollo social de las comunidades donde operan;

XV. Estímulo de la participación social en actividades de promoción, divulgación y financiamiento de proyectos cooperativos, de tal manera que se fomente la cultura del trabajo asociado, el consumo social y del ahorro, mediante sociedades cooperativas de producción, consumo y de ahorro y préstamo;

XVI. Fortalecimiento de la organización y desarrollo de los organismos cooperativos que forman parte del Movimiento Cooperativista Nacional, como instancias de articulación del sector de promoción y acompañamiento de la economía social y cooperativista;

XVII. Fomento de las acciones de coordinación y colaboración en materia cooperativa con la federación, los estados, municipios y las Alcaldias de la Ciudad de México; así como con países y organismos internacionales de carácter público, privado o social que fortalezcan el cooperativismo mexicano;

XVIII. Impulso a la promulgación de leyes estatales y locales de fomento cooperativo;

XIX. Todas aquellas que se consideren convenientes a efecto de fomentar el desarrollo de las sociedades cooperativas y de sus estructuras de integración económica y de representación gremial; y

XX. Los demás que establezcan las Leyes.

Artículo 97. La planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento a la actividad cooperativa deberán atender los siguientes criterios:

I. El respeto a la naturaleza social del sistema cooperativo, así como a los valores y principios cooperativos establecidos en la presente ley;

II. Reconocimiento de las sociedades cooperativas como organismos de utilidad pública para el bienestar común;

III. Fomento de una mayor participación de la población en actividades económicas formales, la promoción de empleo y el desarrollo del país por medio de sociedades cooperativas; paro lo cual se establecerá en los programas económicos o financieros de los tres niveles de gobierno, presupuestos específicos para el fomento y desarrollo del cooperativismo, que no podrán ser menores al del ejercicio fiscal precedente;

IV. La simplificación, precisión, transparencia, legalidad e imparcialidad de los actos y procedimientos administrativos;

V. La observación de acuerdos, tratados y convenciones internacionales en materia de fomento a la actividad cooperativa;

VI. Aplicación de instrumentos para el fomento, apoyo y estímulo a las sociedades cooperativas, considerando las tendencias internacionales de los países con los que México tenga mayor interacción; y

VII. Para la asignación del presupuesto que incida en la actividad cooperativa mexicana y en los programas de apoyo técnico, económico, financiero o fiscal que establezca el gobierno federal, y que incida en la actividad de las sociedades cooperativas, se observará el establecimiento de derechos y preferencias hacia el sistema cooperativo tomando en cuenta la opinión del Consejo Superior del Cooperativismo.

Artículo 98. Los gobiernos federal, estatal, municipal y el de las Alcaldias de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias y con estricto apego a su autonomía política y administrativa, podrán:

I. Impulsar la expedición de leyes en materia de fomento cooperativo;

II. Celebrar con cualquier entidad de la administración pública en sus tres órdenes de gobierno, así como con los sectores social y privado, convenios y acuerdos de colaboración y coordinación que apoyen los objetivos y prioridades previstos en sus planes, políticas y programas de fomento a las sociedades cooperativas;

III. Las demás que señale esta ley y otras disposiciones del orden federal, estatal o local.

Todos los actos relativos a la constitución, registro y modificación de las sociedades cooperativas citados en esta Ley, estarán exentos de impuestos y derechos fiscales de carácter federal, estatal, municipal y el de las Alcaldias de la Ciudad de México Para este efecto, la autoridad competente expedirá las resoluciones fiscales que al efecto procedan.

Artículo 99. Las dependencias y entidades de la administración pública federal, en el ámbito de sus competencias, deberán implementar acciones de apoyo a las sociedades cooperativas. En particular, realizarán además de lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en coordinación con los organismos cooperativos, las siguientes actividades:

I. La celebración de convenios con los gobiernos estatales, municipales y de las Alcaldias de la Ciudad de México, así como con el sector social y privado, para establecer los programas y acciones de fomento que tengan por objeto el desarrollo económico del sistema cooperativo;

II. Incentivar la incorporación de las sociedades cooperativas y sus organismos cooperativos en los programas de fomento regionales, sectoriales, institucionales y especiales;

III. La celebración de convenios con los colegios de fedatarios públicos, con el objeto de apoyar la constitución de las sociedades cooperativas mediante el establecimiento de cuotas accesibles y equitativas;

IV. La revisión, simplificación y, en su caso, adecuación de los trámites y procedimientos que incidan en la constitución, organización, funcionamiento y fomento de las sociedades cooperativas;

V. Organización de sociedades cooperativas de producción y consumo en las organizaciones de trabajadores del país, así como programas de capacitación organizacional para la generación de autoempleo colectivo;

VI. Promoción de sociedades cooperativas en los sectores de producción primaria, agroindustrial, alimentaria, transformación industrial, bioenergéticos, servicios de vivienda, salud, cultura, arte y recreación, tecnologías de la comunicación y la información, comunicaciones, transporte y servicios turísticos, entre otros; y

VII. Acciones de difusión y comunicación social del Movimiento Cooperativo Nacional, así como de su importancia en el desarrollo económico y social del país.

Artículo 100. A la Secretaría corresponde la vigilancia del adecuado cumplimiento de la presente ley; las políticas y programas federales de fomento de las sociedades cooperativas, que ejercerá sin perjuicio de las funciones de inspección y vigilancia que correspondan a otras dependencias de la administración pública federal, sobre los distintos tipos de sociedades cooperativas, de acuerdo a sus respectivas competencias legales, y con las que deberá actuar en coordinación.

Artículo 101. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá, de común acuerdo con el Consejo Superior del Cooperativismo, con las confederaciones, federaciones y uniones, constituir fondos de garantía que apoyarán a las sociedades cooperativas en su acceso al crédito, mediante el otorgamiento de garantías que cubran el riesgo de los proyectos de inversión.

Las sociedades nacionales de crédito podrán efectuar descuentos a las instituciones de crédito y a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo para el otorgamiento en favor de las sociedades cooperativas, de créditos para la formulación y ejecución de proyectos de inversión, que incluyan los costos de los servicios de asesoría y asistencia técnica.

Para la evaluación de la procedencia de los descuentos, las sociedades nacionales de crédito deberán considerar primordialmente la demostración de la factibilidad y rentabilidad de los proyectos de inversión, la solidez de la organización y la presentación y desarrollo de los planes económicos y operacionales de los organismos cooperativos.

Artículo 102. En caso, de recibir estímulos, apoyos o subsidios públicos las sociedades deben sujetarse a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia, así como informar sobre su uso y resultados derivados de los mismos a la Secretaría de Economía, la cual llevará para estos fines un registro de las sociedades constituidas y de aquéllas que reciban estímulos, apoyos o subsidios públicos para el fomento de sus actividades, garantizando así la transparencia y rendición de cuentas sobre acciones y recursos públicos.

Transitorios

Primero. La presente ley entrará en vigor a los treinta días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se abroga la Ley General de Sociedades Cooperativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de agosto de 1994.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que se opongan a lo dispuesto por la presente ley.

Cuarto. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 11 y 15 de la presente ley, la Secretaria deberá realizar las gestiones necesarias a efecto de llevar a cabo el registro de sociedades cooperativas, a partir del día en que entre en vigor la ley.

Quinto. A más tardar en treinta días naturales posteriores al de la entrada en vigor de la presente ley, el Registro Público de Comercio deberá remitir a la Secretaria, el listado y la documentación correspondiente a los registros de sociedades cooperativas que se encuentren en su poder para integrar el Padrón Nacional de Sociedades Cooperativas.

Sexto. A más tardar en ciento ochenta días naturales posteriores al de la entrada en vigor de la presente ley, la Secretaria deberá emitir el Reglamento de esta Ley, de común acuerdo con el sector cooperativo, con el fin de facilitar la interaccion de las distintas instancias gubernamentales en apoyo al desarrollo y fortalecimiento del propio sector.

Séptimo. A elección de las personas interesadas, los asuntos relativos al registro de sociedades cooperativas y demás que estén en trámite, se podrán continuar hasta su terminación de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas que se abroga, o cancelarse y, en caso procedente, iniciarse conforme a lo dispuesto en la presente ley.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXV Legislatura, a los 30 días del mes de septiembre de 2021.– Diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 20 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Eufrosina Cruz Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 20 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para proteger y garantizar los derechos humanos, politicos y electorales en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Exposición de Motivos

En diversas sociedades internacionales y nacionales, el combate contra la violencia todavía es considerado una labor que le corresponde única y exclusivamente a las autoridades competentes, sin embargo el combate contra la violencia también nos corresponde a cada uno de los individuos que conforman nuestra sociedad.

La violencia se ha vuelto cotidiana y normalizada, que en ocasiones no se pueden percibir en totalidad sus dimensiones reales, se percibe como algo común y natural, incluso es negada por sus propias víctimas, por ello es necesario plasmar y precisar la conceptualización del término violencia.

Por tal motivo, la Organización Mundial de la Salud define la violencia como: El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.

Asimismo, Eduardo González Calleja dirá que la violencia es “la aplicación -o amenaza de aplicación- de una fuerza física intensa de forma deliberada con la intención de causar efectos sobre el receptor de la misma. 1

Por su parte, el sociólogo Joan Galtung señala que: “[...] ‘la violencia’ está presente cuando los seres humanos se ven influidos de tal manera que sus realizaciones efectivas, somáticas y mentales, están por debajo de sus realizaciones potenciales”. 2 “[...] la violencia se presenta en el momento en que los seres humanos se ven intervenidos por otros, de tal forma que sus acciones (cotidianas) bien sean de carácter físico o mental, están por debajo de sus potencialidades (y de sus capacidades)” 3

Dicho brevemente, la violencia es el acto efectivo de intervención, con intencionalidad voluntaria de causar daño, perjuicio o influencia en la conducta de otra persona o en otras personas, y a su vez en sus acciones potenciales. Ese mismo acto de intervención puede ser ejercido sobre la condición material del otro o sobre su psique. “La violencia es la causa de la diferencia entre lo potencial y lo efectivo”. 4

Otros autores y perspectivas teóricas nos presentarán variadas definiciones sobre el concepto, como Sanmartín, quien define la violencia como: “cualquier acción u omisión intencional que daña o puede dañar a un individuo y que, en último extremo, perturba o restringe su capacidad para diseñar la vida en libertad”. 5

A manera de resumen de lo antes mencionado, dichos conceptos de violencia se encuentran estrechamente vinculados con la historia de los seres humanos y sus relaciones; la violencia y sus consecuencias se manifiestan de manera independiente a la valoración o legitimidad que son otorgadas por la sociedad, grupos sociales y personas.

De tal manera, a fin de ir puntualizando en el tema central de la presente iniciativa, manifiesto que el fenómeno que existe en nuestra actualidad sobre la violencia, que se da en múltiples ocasiones contra las mujeres, el cual atenta claramente contra sus derechos humanos, y existe el reconocimiento de que toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, ello ha quedado plasmado en las normas internacionales, las cuales establecen la obligación para los Estados parte de establecer los mecanismos de protección para las personas, respecto de prácticas violatorias de sus derechos, que se dan no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado.

En este sentido, debo mencionar que del análisis del marco normativo vigente en el país se debe realizar una aplicación constante  de las convenciones y tratados internacionales que nuestro Estado ha suscrito y ratificado, ya en materia de protección de los derechos humanos de mujeres y la eliminación de la violencia contra las mujeres, los jueces, magistrados y ministros están obligados a aplicarlos.

En nuestra actualidad existen diversos convenios y tratados internacionales en los que se puede denunciar dichos actos de violencia en contra de las mujeres, así como las distintas formas de prevención, atención, sanción y reparación integral, es por ello por lo que enlistare algunas de ellas, las cuales son:

1. Convención de los Derechos Políticos de la Mujer.

2. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer (Cedaw).

3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

4. Convención de los Derechos Políticos de la Mujer.

5. Convención Americana sobre Derechos Humanos.

6. Carta democrática Interamericana.

7. Declaración Universal de los Derechos Humanos.

8. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Convención de Belém do Pará).

9. Mesecvi. Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará.

10. Norma Marco para Consolidar la Democracia.

11. Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres.

12. Recomendaciones generales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas.

Como se ha mencionado son múltiples los tratados y convenios que regulan la materia de protección de los derechos humanos de mujeres y la eliminación de la violencia contra las mujeres, en ese sentido es necesario e importante conocer el concepto que nuestro marco jurídico establece sobre la violencia contra las mujeres conforme a lo que se establece en el artículo 5, fracción IV, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual transcribo para su mayor comprensión.

“ Artículo 5. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

IV. Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público” 6

Finalmente, es necesario plasmar el concepto sobre la violencia política en razón de género dado que el objetivo principal de la iniciativa es procurar la protección de los derechos humanos, políticos y electorales de las mujeres, por ello es importante conocer el concepto que Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en su artículo 20 Bis:

“ Artículo 20 Bis. La violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.” 7

Como se ha dicho es de suma importancia tomar en cuenta que la violencia política contra las mujeres en razón de género ya que en múltiples ocasiones se encuentra normalizada y en múltiples situaciones es aceptada. Con el paso del tiempo se construyen prácticas tan comunes que los individuos y la sociedad no cuestionan.

Es importante mencionar que existen personas sujetas a responsabilidad por ejercer violencia política en contra de las mujeres en razón de género, como lo son: Los partidos políticos, agrupaciones políticas, aspirantes a las candidaturas sin partido, las precandidatas y los precandidatos, las candidatas y candidatos sin partido a cargos de elección popular, personas físicas y jurídicas, entre ellas medios de comunicación, 8 observación electoral (individual o sus organizaciones), quien ejerza la titularidad de las notarías públicas, organizaciones ciudadanas que pretendan formar un partido político, funcionarias y funcionarios electorales, personas servidoras públicas, ministras y ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión. 9

Acorde con los antes mencionado, en los últimos años persisten múltiples actos de violencia política contra las mujeres por razón de género que obstaculizan el ejercicio efectivo de sus derechos humanos, políticos y electorales. En ese sentido, a continuación plasmaré una imagen que contiene una clasificación de las diversas manifestaciones de violencia política en razón de género, un material básico y sencillo de comprender el cual consiste en visualizar las diferentes manifestaciones de violencia política en razón de género que se encuentran presentes en la vida cotidiana y que muchas veces se confunden, desconocen o en su caso se niegan a observar la realidad de los hechos, el violentómetro que a continuación presentaré pretende será una guía para que las mujeres precandidatas, candidatas o aquellas que se encuentren en funciones, así como mujeres que ejercen atribuciones en un cargo o función en el poder público, identifiquen las conductas que pueden constituir violencia política contra las mujeres en razón de género. 10

Acorde con la imagen anterior es importante mencionar las situaciones más susceptibles que existen en nuestra sociedad  y que las mujeres son víctimas de ello.

Existen patrones estructurales que elevan la probabilidad de que una candidata sea más propensa a ser víctima de estas agresiones, entre ellas que: 11

1. Haya sido víctima en el pasado de violencia política u otros delitos como candidata o persona servidora pública.

2. Pertenezca a partidos opositores respecto al partido gobernante en las 16 demarcaciones territoriales o en el gobierno de la Ciudad de México.

3. Encabece las preferencias electorales al cargo que se postula.

4. Pertenezca a partidos políticos con una tendencia histórica negativa en materia de paridad en la asignación de candidaturas.

4. Se postule en las demarcaciones o en los distritos de la Ciudad de México, con un bajo porcentaje de mujeres electas desde 1997.

5. Personas de la oposición pertenezcan a un género distinto.

6. Sus protestas y ofertas políticas se centren en el combate a la corrupción (contra personas de la oposición, grupos de poder, personas con actividad empresarial, sindicatos, etc.) y contra la delincuencia organizada.

7. Haya sido objeto de violencia en el pasado por realizar activismo en favor de las mujeres, el medio ambiente o la libertad de expresión.

8. Sostengan conflictos con grupos empresariales por temas relacionados con la conservación del medio ambiente o por suspenderles contratos gubernamentales o permisos de operación en otros servicios públicos: transporte concesionado, giros negros, construcción, bares y restaurantes, entre otros.

9. Participe en un distrito o demarcación con una alta incidencia de violencia contra candidatas y personas servidoras públicas en los últimos años.

10. Haya sido víctima en el pasado de delitos que atentaron contra su integridad física o la de sus familiares, colaboradoras y colaboradores cercanos.

11. Como persona servidora pública en el pasado, haya suspendido obras de infraestructura, por ejemplo: de carácter inmobiliario.

12. Carezca de lazos familiares con liderazgos políticos y personas servidoras públicas de primer nivel en los tres Poderes de la Unión y en los tres niveles de gobierno.

13. Se postule en distritos o demarcaciones en donde haya obtenido el triunfo electoral con anterioridad y recibido acusaciones por corrupción.

14. Haya recibido acusaciones de estar vinculada a organizaciones delictivas.

Hay que mencionar que en las elecciones del presente año fueron políticamente violentas tal como lo menciona “El informe Etellek, 12 señala que dentro de esta elección 17 personas decidieron declinar a su aspiración debido a las amenazas, agresiones y constantes violencias, de las cuales podemos señalar seis mujeres que debido al clima electoral adverso, hacia ellas, sus familiares y sus equipos de trabajo, logró que se bajaran de la contienda.” 13

“Ejemplo de la anterior es la candidata a la alcaldía del municipio de Pungarabato, en Ciudad Altamirano, Guerrero, renunció luego de recibir amenazas de una organización criminal que opera en la región de Tierra Caliente. En Morelos la candidata a la presidencia de Xochitepec también renunció después de hacer valer los medios de impugnación correspondientes por las amenazas recibidas, lo que demuestra que el terror es el principal aliado de los agresores y la impunidad su escudo para seguir reproduciendo la violencia.” 14

“En Veracruz, la candidata a la alcaldía de Cuichapa abandonó la contienda electoral por presuntamente recibir amenazas de muerte. Mientras que en Jalisco, dos candidatas por la presidencia municipal en Jilotlán de los Dolores tuvieron que renunciar a su aspiración debido a las amenazas que vivieron aunado a las condiciones hostiles y alarmantes que vive el municipio vecino de Teocaltiche, que a consecuencia del crimen organizado vive un desplazamiento forzado interno. Y no es el único municipio de la región, hay información que señala que en Tequila un partido retiró a un candidato “por temas de paridad”. Sin embargo, extraoficialmente se notificó que ninguna mujer quiso ocupar dicha candidatura al considerar que no existían las condiciones para hacerlo.” 15

“El proceso electoral federal concurrente de 2021 es ya el segundo más violento desde el año 2000. El número de políticos y aspirantes asesinados es 29.5 por ciento superior a las 61 víctimas mortales del ciclo electoral intermedio de 2015; mientras que las agresiones globales (homicidios dolosos, amenazas, privaciones ilegales de la libertad, robos, intimidaciones y otros delitos), registradas hasta el 30 de abril de 2021, superan en 64 por ciento las cifras de violencia que se habían presentado hasta el mismo corte del periodo electoral 2017-2018, el más violento de la historia, a falta de un mes para la jornada electoral del próximo 6 de junio de 2021.” 16

“A 32 días de la jornada electoral del próximo 6 de junio, la violencia contra políticos y candidatos se ha disparado en el periodo de campañas. El Indicador de Violencia Política en México (IVP) de Etellekt Consultores registró 476 hechos delictivos en contra de políticos y candidatos (ver gráfico 1), con un saldo de 443 víctimas, 79 de ellas mortales (12 eran mujeres). La cifra de 443 víctimas globales equivale a un incremento del 64 por ciento en comparación al mismo periodo del proceso electoral 2017-2018.” 17

“De las 443 víctimas globales, 282 son aspirantes y candidatos; en este rubro, el 41 por ciento son mujeres. De estos 282 aspirantes y candidatos, 195 buscaban cargos municipales (69 por ciento), 47 gubernaturas y diputaciones estatales (17 por ciento) y 40 diputaciones federales (14 por ciento). De las 282 víctimas de estos delitos, 31 perdieron la vida en atentados mortales* (6 de ellas eran mujeres), con lo que se alcanza la misma cifra de postulantes a cargos de elección asesinados en el mismo periodo de hace tres años.” 18

“Los 282 candidatos agredidos pertenecen a 31 entidades federativas y 205 municipios del país (8 por ciento del total), el 16 por ciento pertenecen al estado de Veracruz, con un total de 45 víctimas. Le siguen los estados de Guerrero (23), Oaxaca (20), Michoacán (20), Puebla (18), San Luís Potosí (15), estado de México (14), Tabasco (14), Quintana Roo (12), Ciudad de México (11) y Guanajuato (10). Estas 11 entidades concentran el 72 por ciento de las 282 víctimas globales.” 19

“El 78 por ciento de las 282 víctimas pertenecían a partidos opositores a los gobiernos estatales. El 75 por ciento de los 79 políticos que perdieron la vida en atentados eran opositores a los gobernadores de los estados. La violencia letal contra opositores afecta en mayor medida a los aspirantes a cargos de elección municipal.” 20 Tal como se precisa en la siguiente imagen.

“De los 31 aspirantes asesinados (6 mujeres entre las víctimas), 26 perseguían puestos municipales, de estos, el 85 por ciento eran opositores a los alcaldes de los municipios donde buscaban contender electoralmente. Los 3 aspirantes y candidatos que se postulaban por diputaciones estatales pertenecían a partidos opositores a sus respectivos gobernadores, y los dos aspirantes a diputaciones federales, estaban afiliados a partidos opositores al gobierno federal.” 21

Como se ha manifestado y se ha expuesto, en los casos ya mencionados son múltiples las situaciones susceptibles de los actos de violencia política y en específico contra las mujeres por razón de género, los cuales obstaculizan el ejercicio efectivo de sus derechos humanos, políticos y electorales. Por lo cual debo mencionar que en el estado de Oaxaca han ocurrido actos de violencia contra las mujeres por razón de género, tal es el caso del asesinato de la candidata a la alcaldía del municipio de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, Ivonne Gallegos Carreño, la cual fue asesinada en un ataque armado, la exdiputada panista, precandidata a la presidencia municipal de Ocotlán por la coalición PAN, PRI y PRD “Va por Oaxaca”, dicho ataque ocurrió en la carretera federal 175 a la altura de la desviación a Santo Tomas Jalietza, Ocotlán, en la región de los Valles Centrales de Oaxaca.  Este caso es un ejemplo claro y preciso de la violencia política contra las mujeres por razón de género.

De ello derivaron múltiples noticias y notas periodísticas acerca de su asesinato tal como se aprecia en las siguientes imágenes: 22

23

Como se afirma arriba, la violencia política por razón de genero continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en nuestro país.

Es lamentable que la violencia política por razón de género tenga que alcanzar el punto máximo del violentómetro, sin embargo la violencia política en este caso también se expresó en otras formas, a través de las conductas como lo son: La realización y distribución de propaganda política - electoral que degrado su imagen pública, pretendía limitar y anular sus derechos. Por otra parte, buscan difamar, calumniar e injuriar con el propósito de denigrar su imagen pública, divulgaban imágenes, información privada y familiar con el propósito de desacreditarla para poner entredicho su capacidad.

Con el paso del tiempo se construyen prácticas tan comunes que los individuos y la sociedad no cuestionan. La normalización de los hechos da pauta a que se minimice, reste y desprecie la gravedad de los hechos y consecuencias.

Como resultado de dichos actos violentos se estiman opiniones que tienen sustento en prejuicios que presentan los mensajes difundidos por los medios de comunicación, favoreciendo a la distorsión de la violencia política el cual se encuentra normalizada y, por tanto, invisibilizada.

En consecuencia en ocasiones se busca normalizar el odio hacia las mujeres que desean transcender en el ámbito político, dichos actos buscan generar un odio social a estas víctimas a través de la divulgación de información que dañe y menoscabe su imagen pública con la finalidad de justificar o pretender justificar cualquier tipo de violencia, asimismo causarle un daño moral y que con ello no participe, deje de participar o renuncie en la elección de un cargo de elección popular, causando un daño moral irreversible que afecta por completo su dignidad personal, familiar y honorabilidad que se tenia ante la sociedad.

En consecuencia, debo mencionar que el Instituto Nacional y los organismos públicos electorales, en el ámbito de sus competencias, apliquen lo establecido en el artículo 48 Bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual transcribo para su mayor apreciación:

“ Artículo 48 Bis. Corresponde al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Locales Electorales, en el ámbito de sus competencias:

I. Promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres;

II. Incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones sobre las precampañas y campañas electorales en los programas en radio y televisión que difundan noticias, durante los procesos electorales, y

III. Sancionar, de acuerdo con la normatividad aplicable, las conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género”.

Dicho artículo tiene estrecha relación con el artículo 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales:

“ Artículo 20 Bis. Comete el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género quien por sí o interpósita persona:

I. Ejerza cualquier tipo de violencia, en términos de ley, contra una mujer, que afecte el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, o el desempeño de un cargo público;

II. Restrinja o anule el derecho al voto libre y secreto de una mujer;

III. Amenace o intimide a una mujer, directa o indirectamente, con el objeto de inducirla u obligarla a presentar su renuncia a una precandidatura o candidatura de elección popular;

IV. Amenace o intimide a una mujer, directa o indirectamente, con el objeto de inducirla u obligarla a presentar su renuncia al cargo para el que haya sido electa o designada;

V. Impida, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas a cualquier cargo público; rindan protesta; ejerzan libremente su cargo, así como las funciones inherentes al mismo;

VI. Ejerza cualquier tipo de violencia, con la finalidad de obligar a una o varias mujeres a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad, en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales;

VII. Limite o niegue a una mujer el otorgamiento, ejercicio de recursos o prerrogativas, en términos de ley, para el desempeño de sus funciones, empleo, cargo, comisión, o con la finalidad de limitar el ejercicio de sus derechos políticos y electorales;

VIII. Publique o divulgue imágenes, mensajes o información privada de una mujer, que no tenga relación con su vida pública, utilizando estereotipos de género que limiten o menoscaben el ejercicio de sus derechos políticos y electorales;

IX. Limite o niegue que una mujer reciba la remuneración por el desempeño de sus funciones, empleo, cargo o comisión;

X. Proporcione información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas o jurisdiccionales en materia electoral, con la finalidad de impedir el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres;

XI. Impida, por cualquier medio, que una mujer asista a las sesiones ordinarias o extraordinarias, así como a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo;

XII. Impida a una mujer su derecho a voz y voto, en el ejercicio del cargo;

XIII. Discrimine a una mujer embarazada, con la finalidad de evitar el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad, o de cualquier otra contemplada en la normatividad, y

XIV. Realice o distribuya propaganda político electoral que degrade o denigre a una mujer, basándose en estereotipos de género, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales.

Las conductas señaladas en las fracciones de la I a la VI, serán sancionadas con pena de cuatro a seis años de prisión y de 200 a 300 días multa.

Las conductas señaladas en las fracciones de la VII a la IX, serán sancionadas con pena de dos a cuatro años de prisión y de 100 a 200 días multa.

Las conductas señaladas en las fracciones de la X a la XIV, serán sancionadas con pena de uno a dos años de prisión y de 50 a 100 días multa.

Cuando las conductas señaladas en las fracciones anteriores fueren realizadas por servidora o servidor público, persona funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a candidata independiente, precandidata o candidata, o con su aquiescencia, la pena se aumentará en un tercio. Cuando las conductas señaladas en las fracciones anteriores, fueren cometidas contra una mujer perteneciente a un pueblo o comunidad indígena, la pena se incrementará en una mitad.

Para la determinación de la responsabilidad y la imposición de las penas señaladas en este artículo, se seguirán las reglas de autoría y participación en términos de la legislación penal aplicable.”

Es por ello que es importante y necesario reformar la fracción X del artículo 20 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para Proteger y Garantizar los Derechos Humanos, Políticos y Electorales en materia de Violencia Política contra las Mujeres en razón de género.

Dicho lo anterior se añade el siguiente cuadro comparativo donde se expresa detalladamente la porción normativa objeto de la presente iniciativa, con la finalidad de visualizarla con mayor claridad.

Por lo anterior expuesto, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea el presente:

Decreto por el que  se reforma la fracción X del artículo 20 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para Proteger y Garantizar los Derechos Humanos, Políticos y Electorales en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género

Artículo Único. Se reforma la fracción X del artículo 20 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 20 Ter. La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas:

I... a IX...

X.  Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer precandidata, candidata o en funciones y de sus familiares que justifiquen o pretendan justificar cualquier tipo de violencia política digital, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política, así mismo causarle un daño moral y que con ello no participe, deje de participar o renuncie en la elección de un cargo de elección popular, a fin de afectar su dignidad personal, familiar y honorabilidad social, violentando así sus derechos humanos, políticos y electorales, con base en estereotipos de género;

XI... A XXII...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Eduardo González Calleja, “La definición y la caracterización de la violencia desde el punto de vista de las ciencias sociales”, Arbor, 167(657), 2000, p. 154.

2 Joan Galtung, Investigaciones teóricas: sociedad y cultura contemporáneas, Madrid, Tecnos, 1995, p. 314.

3 Ibid. p. 310.

4 Ibid. p. 314.

5 José Sanmartín, “¿Hay violencia justa? Reflexiones sobre la violencia y la justicia basada en los derechos humanos”, Revista de Filosofía, 2008, núm. 43, p. 7 (pp. 7-14).

6 Artículo 5 fr. IV, de la LGAMVLV, disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_010621.pdf

7 Artículo 20 bis, de la LGAMVLV, disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_010621.pdf

8 Acorde a los artículos 1, fracción XXII de la LPECM y 32 fracción IV del Reglamento para el Trámite y Sustanciación de Quejas y Procedimientos de Investigación del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

9 12 Artículo 7 de la LPECM disponible en:

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_PROCE SAL_ELECTORAL_DE_LA_CDMX_3.pdf

10 https://igualdad.ine.mx/mujeres-en-la-politica/violencia-politica/vio-lentometr o/

11 Protocolo de acciones para evitar, erradicar y atender la violencia política de género”, disponible en:

https://www.iecm.mx/wp-content/uploads/2019/07/Protocolo, pági-na 35.

12 https://www.etellekt.com/informe-de-violencia-politica-en-mexico-2021-A30-etell ekt.html

13 https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/de-la-violencia-politi-ca-instituc ional-contra-las-mujeres-en-las-elecciones-2021/

14 https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/de-la-violencia-politi-ca-instituc ional-contra-las-mujeres-en-las-elecciones-2021/

15 https://www.animalpolitico.com/blog-invitado/de-la-violencia-politi-ca-instituc ional-contra-las-mujeres-en-las-elecciones-2021/

16 https://www.etellekt.com/informe-de-violencia-politica-en-mexico-2021-A30-etell ekt.html

17 https://www.etellekt.com/informe-de-violencia-politica-en-mexico-2021-A30-etell ekt.html

18 https://www.etellekt.com/informe-de-violencia-politica-en-mexico-2021-A30-etell ekt.html

19 https://www.etellekt.com/informe-de-violencia-politica-en-mexico-2021-A30-etell ekt.html

20 https://www.etellekt.com/informe-de-violencia-politica-en-mexico-2021-A30-etell ekt.html

21 https://www.etellekt.com/informe-de-violencia-politica-en-mexico-2021-A30-etell ekt.html

22 https://elpais.com/mexico/2021-03-20/una-candidata-baleada-en-oaxaca-se-suma-a- la-lista-de-politicos-asesinados-ante-el-proceso-electoral-de-junio.html

23 https://www.milenio.com/politica/elecciones-2021/oaxaca-ivonne-gallegos-murio-b uscando-presidencia-ocotlan

24 https://www.semmexico.mx/ivonne-gallegos-habia-presentado-una-queja-por-actos-d e-difamacion-un-dia-antes-de-su-asesinato/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2021.– Diputadas y diputados: Eufrosina Cruz Mendoza, Adriana Campos Huirache, Alan Castellanos Ramírez, Amalia Dolores García Medina, Augusto Gómez Villanueva, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Carlos Iriarte Mercado, Carmen Rocío González Alonso, Cynthia Iliana López Castro, Daniela Soraya Álvarez Hernández, Eduardo Zarzosa Sánchez, Jazmín Jaimes Albarrán, Johana Montcerrat Hernández Pérez, Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, Lorena Piñón Rivera, Ma. Elena Serrano Maldonado, Marcela Guerra Castillo, Marco Antonio Almendariz Puppo, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo,  María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María Guadalupe Alcantara Rojas, Mario Gerardo Riestra Piña, Melissa Estefanía Vargas Camacho, Miguel Sámano Peralta, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, Óscar Gustavo Cárdenas Monroy, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Pedro Armenta López, Salomón Chertorivski Woldenberg, Sonia Murillo Manríquez, Tereso Medina Ramírez, Xavier González Zirión (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Salma Luévano Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Salma Luévano Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción I del numeral I del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este honorable Congreso la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 35, 134, la fracción II del artículo 135, 137, 138 y 138 Bis; y se adiciona una fracción III al artículo 135, 135 Bis, 135 Ter, 135 Quáter del Código Civil Federal, en materia de Identidad de Género, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los principios fundamentales es el principio de igualdad ante la ley es incompatible con sistemas legales de dominación como la esclavitud, la servidumbre, el colonialismo o la desigualdad por sexo o religión y se diferencia de otros conceptos, derechos y principios emparentados, como la igualdad de oportunidades y la igualdad social.

La igualdad ante la ley, es el conjunto de deberes, derechos y garantías del ordenamiento jurídico, implica que contenido de las leyes sea igual para todos, o desigual si así corresponde, sobre la fase o en función de la justicia. Igualdad ante la ley, implica que todos debemos cumplir el mandato de la ley, no sólo los órganos del Estado, como, asimismo, tales órganos deben interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico, sin incurrir en discriminación.

La discriminación es una práctica que lamentablemente se ha vuelto cotidiana pues consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo. Hay grupos humanos que son víctimas de discriminación todos los días por alguna de sus características físicas o su forma de vida.

El origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y otras diferencias pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos.

Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que, ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos; lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida.

Para efectos jurídicos, la discriminación ocurre cuando hay una conducta que demuestre distinción, exclusión o restricción, a causa de alguna característica propia de la persona que tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de un derecho; ejemplo de ello son:

1. Impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad, otra nacionalidad o credo religioso.

2. Prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo.

3. Establecer diferencias en los salarios, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales, como puede ocurrir con las mujeres.

4. Negar o limitar información sobre derechos reproductivos o impedir la libre determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas.

5. Negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades y medios.

6. Impedir la participación, en condiciones equitativas, en asociaciones civiles, políticas o de cualquier otra índole a causa de una discapacidad.

7. Negar o condicionar el acceso a cargos públicos por el sexo o por el origen étnico.

A la discriminación en el ámbito normativo le denominamos desigualdad jurídica, pero, ¿Qué es la Desigualdad jurídica? Es el equivalente a la discriminación legal, es decir, en la norma o un tribunal sobre algún individuo. Esto ya sea por motivos económicos ya que las personas que gocen con mayor poder monetario propician que las leyes les sean más flexibles, por motivos raciales y/o procedencia es decir color de piel o país o cuando una persona no puede acceder a la protección legal porque la norma no contempla la posibilidad de adecuarse a su realidad y en casos mucho más graves, cuando el mismo cumplimiento de un precepto o mandato legal trae consigo condiciones de vulnerabilidad para quien lo acata. La discriminación legal a manera de desigualdad jurídica es un tema ampliamente analizado que a lo largo de las últimas tres décadas se debate en la sociedad civil y por el propio Estado y aunque han ido aminorando las condiciones bajo las que se presenta, todavía existen graves consecuencias en las propias normas.

Es por ello que los derechos que acompañan a la identidad deben vincularse con la idea que cada una de las personas tenga de sí misma. La orientación sexual e identidad de género que cada persona defina para ella misma, señalan los principios de Yogyakarta, es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de la autodeterminación, la dignidad y la libertad. Así lo reconoce el Código Civil del Distrito Federal que entiende por identidad de género “la convicción personal de pertenecer al género masculino o femenino, es inmodificable, involuntaria y puede ser distinta al sexo original.” De esta forma la identidad implica el derecho a tener un nombre acorde con el género con el que cada persona se identifique. La actual imposibilidad de sustituir el Acta de Nacimiento cuando se presenta un cambio de nombre, de identidad sexual o ambos a fin de que corresponda con la identidad de género tiene, por supuesto, relación directa con la falta de acceso a otros derechos como los laborales, sociales y culturales.

Sin embargo, la posibilidad de modificar dicho instrumento de nacimiento solo ha sido reconocida en el Código Civil de la Ciudad de México que establece que los jueces autorizarán el levantamiento de una nueva acta por la reasignación para la concordancia sexo-genérica, previa la anotación correspondiente al acta de nacimiento primigenia, siempre y cuando se cumplan las formalidades exigidas por los ordenamientos jurídicos aplicables.

Dentro de la exigencia legítima del derecho a la identidad es necesario tener en consideración las necesidades de grupos particulares como las personas transgénero y transexuales debido a que “la discordancia que experimentan entre su identidad de género y su sexo asignado de nacimiento se reproduce y agrava debido a su carencia de personalidad jurídica acorde con su identidad genérica, de modo que se convierten en indocumentados en su propia patria” lo que los ubica en una posición de grave indefensión.

El reconocimiento de la identidad de género y el cambio de nombre en actas de nacimiento de personas transexuales es más sencillo y económico en la Ciudad de México, pues ahora es un trámite administrativo en el Registro Civil y no requiere peritajes. En ningún caso es requisito acreditar intervención quirúrgica alguna, terapias u otro diagnóstico y/o procedimiento para el reconocimiento de la identidad.

Es de celebrar este avance en la garantía de los derechos fundamentales y en su labor en la construcción de la cultura del trato igualitario y sin discriminación. Debe señalarse la importancia de contar con un acta de nacimiento acorde a la identidad de género que asume cada persona, ya que permite la posibilidad de realizar otro tipo de trámites y solicitar servicios con dicho documento, abriendo la posibilidad de sumar en la construcción de la igualdad y no discriminación para las personas trans, un grupo poblacional que confronta gran discriminación.

Legislar en favor de los derechos de esta comunidad transexual, representa la consolidación del marco jurídico mexicano, ajustado a los tratados internacionales de derechos humanos, que resguardan la integridad del ser humano a partir del reconocimiento y respeto de su identidad.

Como lo refiere la Convención Interamericana de Derechos Humanos plantea la necesidad de que los Estados adopten medidas administrativas y legislativas que garanticen el respeto y reconocimiento legal, así como el derecho de cada persona a la identidad de género que ella defina para sí, asegurándose de que todos los documentos de identidad emitidos por el Estado, en los cuales se mencione la identidad de género, reflejen su autodeterminación, como se menciona en el texto citado.

El reconocimiento legal de la identidad de género de las personas transgenéricas y transexuales se ha logrado en diferentes países, entre los cuales se encuentran Estados Unidos (Illinois, 1961; Arizona, 1967; Luisiana, 1968; California, 1977), Suecia (1972), Alemania (1980), Holanda (1985), Australia (en la parte sur: 1988), Austria (1993), Finlandia (2002), Sudáfrica (2003), Reino Unido (2004) y España (2007) y en los que se permite la rectificación de nombre y sexo en la documentación oficial. Algunos exigen la cirugía previa para el reconocimiento legal de la identidad de género del solicitante.

Datos del Registro Civil de la Ciudad de México, hasta 2019 se han entregado 3 mil 866 actas de cambio de identidad de género y reasignación sexo-genérica.

Es importante señalar que, en el ámbito de validez del Código Civil Federal, con esta reforma las y los ciudadanos mexicanos en el extranjero podrán hacer valer este derecho ante los consulados y las embajadas del país en que se encuentren, beneficiando así a una mayor cantidad de población.

La identidad de género es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva, se relaciona con cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo desde la experiencia personal y cómo lo llevamos al ámbito público; es decir, con el resto de las personas. Se trata de la forma individual e interna de vivir el género, la cual podría o no corresponder con el sexo con el que nacimos.

Por ejemplo en el Código Civil para el Distrito Federal, establece en su artículo 135 Bis, que la identidad de género “es la convicción personal de pertenecer al género masculino o femenino, es inmodificable, involuntaria y puede ser distinta al sexo original”.

Por otro lado, tenemos el concepto de la concordancia sexo-genérica, mejor conocida como la vinculación entre la creencia de una persona para pertenecer al género deseado y el estado físico buscado. El legislador dice que se trata de un proceso de intervención profesional, que permite a la persona obtener concordancia entre sus aspectos corporales y su identidad de género.

Una persona transexual y una persona transgénero son aquellas que por necesidad optan por modificar de manera permanente sus caracteres sexuales, en el primer caso es aquella persona que al padecer disforia de género mantuvo un tratamiento hasta su término, el cual le permitió cambiar su aspecto físico al género deseado, de tal manera que existe una certeza del cambio físico.

En el segundo, a través del reemplazo hormonal, intervenciones quirúrgicas u otras, a fin de adaptar su anatomía a su identidad sexo-genérica; busca inevitablemente la concordancia sexo-genérica. Por otro lado, el travestismo o travesti es una expresión humana caracterizada por el uso, ya sea esporádico, frecuente o permanente de vestimenta, lenguaje, manierismos, etcétera, que en una determinada sociedad se consideran propios del otro género. No padecen ningún trastorno de disforia de género, sólo buscan la apariencia del sexo contrario.

Identidad de género y el derecho a la reasignación sexo-genérica

La identidad de género consiste en la autopercepción que cada persona siente en su fuero interno, mediante la cual asume el género como experiencia individual, sea esta equivalente o no con el sexo asignado al momento de su nacimiento. Incluye también la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de la personalidad que van desde la vestimenta, el modo de hablar o los modales, hasta la modificación de la apariencia o la función corporal a través de técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida.

No debe confundirse la identidad de género con la orientación sexual. Esta se refiere a la capacidad de todo individuo para sentirse atraído emocional, afectiva y sexualmente hacia personas de su mismo género, de diferente género o de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con tales personas.

Se reconocen tres tipologías de orientación sexual: la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad, los cuales no son fijos, cambian de acuerdo con el tiempo y espacio. Por su parte, la identidad de género corresponde a la concepción que toda persona tiene de sí misma, con independencia de su sexo biológico y de la identidad de género que la ha sido socialmente atribuida. Se puede manifestar de diversas formas, una de ellas es el transgenerismo (personas trans), el cual, a su vez, puede incluir a las personas transexuales (transexualismo), a las personas travestis, además de la intersexualidad.

Ambos conceptos se relacionan porque son manifestaciones del libre desarrollo de la personalidad del individuo, de tal forma que la identidad de género de toda persona puede coexistir con la orientación sexual de su preferencia.

Si bien la protección de ambas categorías, identidad de género y orientación sexual, no se encuentra explícitamente recogida en los instrumentos internacionales de derechos humanos de carácter general, como son la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas; la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos; además del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la misma se encuentra implícita en tales instrumentos.

Por lo que hace al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al que México pertenece, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha interpretado el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), relativo a la prohibición de la discriminación por diversos motivos, como el fundamento de protección también de la identidad sexual y de género, categorías que se encuentran implícitas en la referencia que el artículo hace a “otra condición social”:

Artículo 1. Obligación de respetar los derechos

1. Los Estados parte en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

La anterior consideración pone de manifiesto que los criterios específicos por los que está prohibido discriminar, según el artículo 1.1 de la CADH, no constituyen una lista limitativa sino meramente enunciativa. Por consiguiente, al abrir el campo semántico del precepto mediante la inclusión de cualquier “otra condición social”, aunado a una interpretación pro persona, esto es, más favorable a la persona, la CADH prevé también que la identidad género y la orientación sexual son características inherentes a todo ser humano y, por tanto, protegidas contra toda conducta, omisión, norma o prácticas discriminatorias de las autoridades estatales y de particulares.

Como se trata de una condición innata a la persona humana, la identidad de género y la orientación sexual ya aparecen reconocidas en el artículo 5 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en vigor desde el 11 de enero de 2017, que señala:

Artículo 5

Igualdad y no discriminación por razones de edad

Queda prohibida por la presente convención la discriminación por edad en la vejez.

Los Estados parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros.

También los considera condiciones de discriminación el artículo 1 de la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia, adoptada el 5 de junio de 2013:

Artículo 1

Para los efectos de esta convención

1. Discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados parte.

La discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física, incluyendo infecto-contagiosa, psíquica incapacitante o cualquier otra.

En el párrafo 104 de la opinión consultiva número OC-24/17, relativa a la identidad de género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, la CIDH precisó:

...las personas en su diversidad de orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género deben poder disfrutar de su capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida. Ello por cuanto la orientación sexual o identidad de género que cada persona defina para sí, es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, su dignidad y su libertad.

Aunado a ello, la CIDH afirma que el derecho de las personas para autodeterminar su propia identidad sexual y de género deriva del derecho a la identidad, mismo que, a su vez, se desprende del libre desarrollo de la personalidad y del derecho a la vida privada. El derecho a la identidad se vincula además con la dignidad humana, con el derecho a la vida y con el principio de autonomía de la persona (artículos 7 y 11 de la CADH). El reconocimiento de la identidad sexual y de género como manifestación de la autonomía personal es un elemento constitutivo de la identidad de las personas, ligada también al concepto de libertad y autodeterminación de todo ser humano para decidir libremente las condiciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia.

La identidad de género y sexual como elemento esencial de la personalidad se construye no mediante sus predisposiciones biológicas y físicas, sino en virtud de la autopercepción de cada individuo, en ejercicio de su libre desarrollo de la personalidad, autodeterminación sexual y del derecho a la vida privada. Con el reconocimiento, respeto, protección y garantía de dichos derechos los Estados aseguran que los individuos de todas las orientaciones sexuales e identidades de género puedan vivir con la misma dignidad y el mismo respeto al que tienen derecho todas las personas.

En consecuencia, el derecho de toda persona a consagrar y desarrollar su identidad de género autopercibida, implica también su derecho de elegir libremente y cambiar su nombre como mejor le parezca, con la única limitación de que ello no tenga por finalidad evadir la acción de la justicia y sin que se afecte la titularidad de derecho y obligaciones que correspondan a la persona con anterioridad al cambio de nombre, sino que solamente pretenda adaptar su nombre a la identidad género que cada cual defina para sí.

Por tanto, es obligación de los Estados establecer procedimientos expeditos, confidenciales, de carácter administrativo, tendientes a la gratuidad, para que toda persona pueda hacer valer el reconocimiento de su identidad de género autopercibida, mediante la adecuación sus documentos oficiales, así como la posibilidad de cambiar de nombre de pila y la imagen fotográfica, sin que para ello se exijan requisitos irrazonables, patologizantes o discriminatorios como certificados médicos y/o psicológicos, psiquiátricos, los cuales son invasivos y contradicen la autopercepción a que se adscribe cada persona, estigmatizándola. Ello perpetúa los prejuicios atinentes a la construcción binaria de géneros (masculino-femenino).

Lo anterior implica que la identidad de género, al consistir en una construcción del fuero interno de la persona, no está necesariamente asociado a las transformaciones médicas o quirúrgicas del cuerpo, aunque en ocasiones estén presentes. Significa que el procedimiento de adecuación o cambio de nombre, imagen y referencia al sexo o género en los registros y documentos de identidad, no puede exigir al solicitante el que previamente se haya practicado intervenciones quirúrgicas de cualquier tipo ni tratamientos hormonales, esterilizaciones o modificaciones corporales para comprobar la identidad. Ello sería contrario al derecho a la integridad personal (artículos 5.1 y 5.2 de la CADH), al derecho a la vida privada (artículo 11.2), a la libertad personal (artículo 7), y al principio de igualdad y no discriminación (artículo 24 y 1.1).

El mismo criterio ha sido adoptado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio aislado siguiente:

Reasignación sexual. Preeminencia del sexo psicosocial frente al morfológico para respetar a plenitud los derechos de identidad sexual y de género de una persona transexual.

Ante los factores objetivos y subjetivos que definen a una persona, se advierte que tratándose de su identidad sexual y de género, se presenta en la realidad una prelación o preeminencia del factor subjetivo (sentimientos, proyecciones, ideales), sobre sus caracteres físicos o morfológicos (factor objetivo), de manera que derivado de la compleja naturaleza humana, que lleva a cada individuo a desarrollar su propia personalidad con base en la visión particular que respecto de sí mismo tenga, debe darse un carácter preeminente al sexo psicosocial frente al morfológico, a fin de respetar plenamente los derechos de identidad sexual y de género de una persona transexual, al ser aspectos que, en mayor medida, definen tanto la visión que la persona tiene frente a sí misma como su proyección ante la sociedad.

Amparo directo 6/2008. 6 de enero de 2009. Once votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco.

El tribunal pleno, el 19 de octubre en curso, aprobó con el número LXXI/2009 la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a 19 de octubre de 2009.

El 13 de noviembre de 2014 se aprobó una nueva reforma del Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles del entonces Distrito Federal, que fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 5 de febrero de 2015, para simplificar el trámite y para desjudicializar el procedimiento de reasignación sexo-genérica para quienes piden el reconocimiento de una identidad de género, se tomó como ejemplo el modelo argentino.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este honorable Congreso la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 35, 134, la fracción II del artículo 135, 137,138 y 138 Bis; y se adiciona una fracción III al artículo 135, 135 Bis, 135 Ter, 135 Quáter, todos del Código Civil Federal.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Civil Federal, en materia de identidad de género

Único. Se reforman los artículos 35, 134, la fracción II del artículo 135, 137,138 y 138 Bis; y se adiciona una fracción III al artículo 135, 135 Bis, 135 Ter, 135 Quáter, para quedar como sigue:

Artículo 35. En la Ciudad de México estará a cargo de los jueces del Registro Civil autorizar los actos del estado civil y extender las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio administrativo y muerte de los mexicanos y extranjeros residentes en los perímetros de las alcaldías de la Ciudad de México, levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género, previa anotación correspondiente al acta de nacimiento primigenia, así como inscribir las ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte, el divorcio judicial, la tutela o que se ha perdido o limitado la capacidad legal para administrar bienes.

Artículo 134. La rectificación o modificación de un acta de estado civil, puede hacerse ante el juez del Registro Civil , el cual se sujetará a las prescripciones de este código.

Artículo 135. Ha lugar a pedir la rectificación

I. Por falsedad, cuando se alegue que el suceso registrado no pasó;

II. Por enmienda, cuando se solicite variar algún nombre u otro dato esencial que afecte el estado civil, la filiación, la nacionalidad, el sexo y la identidad de la persona.

III. Por existencia de errores mecanográficos y ortográficos.

Artículo 135 Bis. Pueden pedir el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género, previa la anotación correspondiente en su acta de nacimiento primigenia, las personas que requieran el reconocimiento de su identidad de género.

El reconocimiento respectivo se llevará a cabo ante las instancias y las autoridades correspondientes del Registro Civil de la entidad federativa y/o municipio, cumpliendo todas las formalidades que exigen las normas del Registro Civil de la entidad federativa.

Se entenderá por identidad de género la convicción personal e interna, tal como cada persona se percibe así misma, la cual puede corresponder o no, al sexo asignado en el acta primigenia. En ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica alguna, terapias u otro diagnóstico y/o procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género.

Los efectos de la nueva acta de nacimiento para identidad de género realizados serán oponibles a terceros desde su levantamiento.

Los derechos y obligaciones contraídas con anterioridad al proceso administrativo para el reconocimiento de identidad de género y a la expedición de la nueva acta, no se modifican ni se extinguen con la nueva identidad jurídica de la persona; incluidos los provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, los que se mantendrán inmodificables.

Artículo 135 Ter. Para realizar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género, las personas interesadas deberán presentar:

I. Solicitud debidamente requisitada;

II. Copia certificada del acta de nacimiento primigenia para efecto de que se haga la reserva correspondiente;

III. Original y copia fotostática de su identificación oficial; y

IV. Comprobante de domicilio.

El levantamiento se realizará en el juzgado que corresponda, se procederá de inmediato a hacer la anotación y la reserva correspondiente; si se hiciere en un juzgado distinto, se dará aviso mediante escrito al juzgado en que se encuentre el acta de nacimiento primigenia para los mismos efectos anteriormente señalados.

El acta primigenia quedará reservada y no se publicará ni expedirá constancia alguna, salvo mandamiento judicial o petición ministerial.

Una vez cumplido el trámite se enviarán los oficios con la información, en calidad de reservada, a la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional Electoral, Poder Judicial de la Federación, Fiscalía General de la República, Consejo de la Judicatura Federal y a donde se considere pertinente para efectos legales procedentes.

Artículo 135 Quáter. Además de lo señalado en el artículo anterior, para el levantamiento del acta correspondiente, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Ser de nacionalidad mexicana;

II. Tener al menos 18 años de edad cumplidos;

III. Desahogar en el Juzgado del Registro Civil que corresponda, la comparecencia que se detalla en el reglamento y manual de Procedimientos del Registro Civil; y

IV. Manifestar: el nombre completo y los datos registrales asentados en el acta primigenia y el nombre solicitado sin apellidos y en su caso, el género solicitado.

Artículo 137. El trámite de rectificación de acta se seguirá en la forma que establezca el presente código.

Artículo 138. La sentencia que cause ejecutoria por divorcio y adopción se comunicará al juez del Registro Civil y éste hará una referencia de ella al margen del acta impugnada, sea que el fallo conceda o niegue la rectificación.

Artículo 138 Bis. La aclaración, o rectificación de las actas del estado civil, procede cuando en el levantamiento del acta correspondiente, existan errores de cualquier índole y deberán tramitarse ante la oficina del Registro Civil.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Tercero. Se conmina a los Congresos Locales para que en un plazo de 180 días naturales se armonicen las legislaciones civiles con el presente decreto.

Fuentes consultadas

• Los Principios de Yogyakarta: Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género o, simplemente, Principios de Yogyakarta, es un documento que recoge una serie de principios relativos a la orientación sexual

• Güitrón Fuentevilla, Julián. ¿Reasignación para la concordancia sexo-genérica? Organización Editorial Mexicana, 1 de marzo de 2009.

• Barrios Martínez, David; y García Ramos, María Antonieta. Transexualidad: la paradoja del cambio, México, Alfil, 2008, página 129.

• Corte IDH. Caso Atala Riffo y niñas vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C, número 239.

• Aún no firmado por el Estado mexicano.

• Suscrita por México el 13 de noviembre de 2018. Pendiente de ratificación.

• Las opiniones consultivas de la CoIDH tienen carácter únicamente orientador, no obligatorio, para los jueces nacionales. Cónfer la tesis aislada de rubro “Opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Implicaciones de su carácter orientador para los jueces mexicanos”.

• Dichos requisitos fueron los adoptados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de rubro “Identidad de género autopercibida (reasignación sexo-genérica). Requisitos que debe cumplir el procedimiento para la adecuación del acta de nacimiento y demás documentos de identidad”.

• Tesis P LXXI/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXX, diciembre de 2009, página 20.

• Porras Elizondo, Olga Denisse. “Efectos jurídicos del levantamiento de una nueva acta por la reasignación para la concordancia sexo-genérica. Estudio comparativo y propuestas de reforma”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM. Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, www.juridicas.unam.mx Consultada el 15 de agosto de 2019.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 13 del mes de septiembre de 2021.– Diputada Salma Luévano Luna (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de trabajo de las comisiones en conferencia, a cargo de la diputada Karen Michel González Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Karen Michel González Márquez, diputada federal de la LXV Legislatura al Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1; 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de trabajo de las comisiones en conferencia. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el Poder Legislativo en México se deposita en un Congreso General, que se divide en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores. Es decir, es un sistema bicameral.

En un sistema bicameral, las Cámaras pueden actuar de manera conjunta o a través de facultades exclusivas para el cumplimiento de su función principal, que es la formación, discusión, aprobación y expedición de las leyes que integran el orden jurídico mexicano.

En los hechos, para la reforma o expedición de leyes o decretos, en las Cámaras del Congreso de la Unión no siempre impera un trabajo necesariamente coordinado y la aprobación de una ley puede dilatar varios períodos de sesiones o incluso permanecer en la congeladora legislativa.

Si  bien en el Senado de la República se cuentan con disposiciones legales que permiten un trabajo en Conferencia con su colegisladora; en la Cámara de Diputados no se tienen este tipo de previsiones en sus ordenamientos internos.

Por tanto, el objetivo de la presente iniciativa es justamente proponer reformas al Reglamento de la Cámara de Diputados para impulsar la coordinación entre el trabajo de las comisiones de dictamen legislativo y eventualmente entre los dictámenes aprobados en la Cámaras de Diputados y de Senadores.

Por trabajo en conferencia puede entenderse como el que realizan las comisiones de una Cámara con las correspondientes de su homóloga para deliberar sobre iniciativas y proyectos de ley o decreto u otros asuntos que se considere necesario agilizar.

Las primeras disposiciones reglamentarias que fundamentan el trabajo en conferencia se incluyeron con la expedición del Reglamento del Senado de la República de 2010, fruto del consenso entre las diferentes fuerzas políticas representadas en la Colegisladora en las Legislaturas LX y LXI al Congreso de la Unión.

Para la elaboración del dictamen que dio origen al Reglamento del Senado, se tomaron en cuenta seis iniciativas presentadas por Senadores de diversos partidos políticos con representación en esa Cámara.

Los entonces Senadores Gerardo Buganza Salmerón y Lydia Madero García del PAN, Mariano González Zarur del PRI y Raymundo Cárdenas Hernández del PRD expusieron que “la configuración de una democracia representativa en México es resultado de un largo proceso de transformación política que ha derivado en una situación en la que se requiere de la permanente interlocución entre las organizaciones políticas que concurren al Poder Legislativo, toda vez que el Congreso de la Unión es el lugar en el que se encuentran representadas la diversidad de opiniones y puntos de vista de la ciudadanía, es el ámbito en el que se concentra la pluralidad de la sociedad y, en consecuencia, se ha constituido en el centro neurálgico de la vida política del país 1”.

La cita anterior evidencia que, desde hace 20 años resultaba necesario establecer un mecanismo en el marco jurídico del Congreso que permitiera una interlocución permanente entre las diversas fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo.

Evidentemente, dichas fuerzas se encuentran representadas institucionalmente por los Grupos Parlamentarios de los partidos políticos que concurren a las Comisiones de trabajo y los órganos de gobierno de ambas Cámaras.

Confirma lo dicho la exposición de motivos de la referida iniciativa: “ El ejercicio de gobierno desde el Poder Legislativo muestra su eficacia y eficiencia si existe la voluntad política de quienes allí concurren de vencer cualquier obstáculo y avanzar en la construcción de los acuerdos políticos que posibiliten ordenamientos normativos que establezcan lineamientos de acción para la plena vigencia del Estado de derecho, definan los criterios de la política económica, precisen políticas para dar respuesta a las justas demandas de la sociedad e instituyan mecanismos de participación social 2”.

Lo anterior ilustra la importancia del trabajo en conferencia entre las comisiones de ambas Cámaras, porque es un mecanismo que facilita la creación de acuerdos que permitirán la expedición de mejores leyes, a través del diálogo conjunto entre los miembros de ambas Cámaras.

En los hechos existen situaciones que impiden un trabajo plenamente coordinado entre ambas cámaras, en primera instancia porque al ser una de las labores fundamentales del  Congreso de la Unión la expedición de leyes y decretos, la cantidad de productos legislativos es tanta que hace poco viable la aprobación de todos, aunado al hecho de que en diversas ocasiones se aprueban decretos similares que al momento de llegar a la colegisladora enturbia la paternidad de los mismos.

Prueba de ello es que a la fecha de presentación de esta iniciativa, existen 347 minutas remitidas por la Cámara de Diputados pendientes de aprobar en el Senado, y 133 minutas remitidas por el Senado pendientes en la Cámara de Diputados.

Es por lo anterior que se proponen reformar diversos artículos del Reglamento para impulsar el trabajo bicameral a través de mesas temáticas en los ejes de política interior, económica, social y exterior, con el propósito de darle celeridad al trabajo legislativo y privilegiar la aprobación de leyes con el mayor consenso posible entre ambas Cámaras.

Reitero que el espíritu que motiva la presente iniciativa es lograr que se reformen o expidan mejores leyes con el mayor consenso posible.

A continuación, se presenta cuadro comparativo que explica de manera detallada esta propuesta:

Reglamento de la Cámara de Diputados

Por todo lo antes expuesto, se somete a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma la fracción III del artículo 149; la fracción V del artículo 158; la fracción III del artículo 161; el numeral 1 del artículo 168; y se adiciona el artículos 172 Bis del Reglamento de la Cámara de Diputados

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman: la fracción III del artículo 149; la fracción V del artículo 158; la fracción III del artículo 161; el numeral 1 del artículo 168; y se adiciona el artículo 172 Bis; todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 149.

1. La Junta Directiva estará conformada por el Presidente y los secretarios de la comisión o comité, siendo el Presidente su titular.

2. La Junta Directiva de la comisión o comité deberá, en su caso:

I y II. ...

III. Proponer a la comisión la integración de subcomisiones o grupos de trabajo, dentro de la comisión, para la presentación de predictámenes o proyectos de resolución, así como para la coordinación de actividades con otras comisiones, comités, comisiones del Senado de la República para trabajar en conferencia o dependencias del Poder Ejecutivo Federal;

IV a XIII. ...

3. ...

Artículo 158.

1. Para el cumplimiento de sus tareas, las comisiones ordinarias de dictamen deberán realizar las siguientes actividades:

I a IV . ...

V. Decidir la constitución e integración de subcomisiones y grupos de trabajo, así como para la coordinación de actividades con comisiones del Senado de la República para trabajar en conferencia;

VI a XII ....

Artículo 161.

1. El programa anual de trabajo de las comisiones ordinarias de dictamen deberá:

I y II ...

III. Contener criterios generales para la metodología de trabajo, como integración de subcomisiones o grupos de trabajo, para la coordinación de actividades con comisiones del Senado de la República para el trabajo en conferencia, procedimiento de elaboración de dictámenes u oficios de respuesta, y

IV. ...

2. ...

Artículo 168.

1. Las comisiones podrán tener reuniones con carácter ordinario, extraordinario, permanente o en conferencia con sus homólogas del Senado de la República.

Artículo 172 Bis.

1. Las comisiones, en consulta con los órganos directivos de la Cámara de Diputados, podrán trabajar en conferencia con las correspondientes del Senado de la República para deliberar sobre iniciativas y proyectos de ley o decreto u otros asuntos, cuya tramitación se considera necesario agilizar.

2. Los trabajos en conferencia se realizan mediante acuerdo previo con la colegisladora, en los términos de la normatividad interna de cada Cámara.

3. La propuesta para el acuerdo de trabajo en conferencia será aprobada por la Mesa Directiva, previa opinión de la Junta de Coordinación Política, e incluirá al menos el programa de actividades, calendario de reuniones, así como las reglas para su conducción y desarrollo.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas:

1 https://www.senado.gob.mx/64/diario_de_los_debates/documento/ 1278

2 https://www.senado.gob.mx/64/diario_de_los_debates/documento/ 1278

Recinto Legislativo de San Lázaro a 28 de septiembre de 2021.– Diputada Karen Michel González Márquez (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, María Eugenia Hernández Pérez, diputada federal de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El ejercicio del voto popular es crucial para el funcionamiento de las democracias modernas. Votar es un derecho fundamental de los ciudadanos para elegir a sus gobernantes y representantes. Es un derecho que el pueblo se fue ganando hasta llegar al esquema que hoy predomina en México y en casi todo el mundo, es decir, el voto universal, libre, popular, secreto y directo. De esta forma, el voto popular es el mejor instrumento democrático para que la ciudadanía elija a las personas que habrán de integrar los poderes Ejecutivo y Legislativo, tanto a nivel federal como en el ámbito local, incluyendo los ayuntamientos municipales.

En México, el derecho al voto universal se logró desde 1953, cuando se reconoció y se empezó a ejercer el derecho al voto de las mujeres. Desde entonces, no existen restricciones formales para negar el derecho al voto de toda la ciudadanía, independientemente de su género, religión, ingreso económico, nivel de estudios, lengua, o cualquier otro factor. Todos los ciudadanos pueden votar y cada voto vale lo mismo. Ahora bien, el ejercicio efectivo del voto, el sufragio efectivo por el que se luchó originalmente en la Revolución Mexicana de 1910, apenas comenzó a convertirse en una realidad a finales de los años noventa del siglo pasado.

Desde la época del Estado postrevolucionario y hasta finales del siglo XX, los procesos y las instituciones electorales estaban dominadas por el gobierno federal, lo cual, sumado a la existencia de un partido oficial prácticamente único como lo era el Partido Revolucionario Institucional (PRI), generaba condiciones de escasa o nula competencia, donde el PRI ganaba todas las elecciones. Los partidos de oposición no contaban con condiciones para realmente disputar el poder en las urnas y, cuando se daba el caso de una elección competida, el gobierno y el PRI podían manipular libremente la prensa, las casillas electorales, el conteo de los votos y las autoridades electorales.

Votar es un derecho que hace funcionar a la democracia y concreta la soberanía popular, pero no siempre han existido condiciones para que sea un ejercicio más o menos libre e imparcial. De hecho, seguimos en pleno proceso de cambio para hacer que le legislación electoral y las instituciones electorales como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los órganos electorales de los estados sean realmente imparciales, independientes y que garanticen que se respete la voluntad del pueblo expresada en las urnas.

Dicho lo anterior, es pertinente establecer que el objeto de la presente iniciativa es plantear la necesidad de fortalecer el carácter obligatorio del voto. Si bien es cierto que votar es un derecho, con todas las implicaciones y antecedentes antes referidos, consideramos que es muy importante remarcar la disposición constitucional de que votar también es una obligación, porque de esa manera se fomenta la participación crítica y propositiva de la ciudadanía en las decisiones públicas y se garantiza la mayor asistencia a los procesos electorales, lo cual redunda en una legitimidad fortalecida y en la reivindicación del principio de la soberanía popular. Los gobernantes y los representantes surgidos de unas elecciones con los más altos índices de participación, o, dicho de otro modo, surgidos de unas elecciones con bajo abstencionismo, gozarán de una legitimidad y un respaldo popular más sólidos.

En este orden de ideas, es oportuno señalar lo que al respecto se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). En el artículo 35 se refiere al derecho de la ciudadanía al voto: la fracción I establece el derecho a votar en las elecciones populares; la fracción VIII dispone el derecho a votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional; y la fracción IX establece el derecho a participar en los procesos de revocación de mandato. Puede observarse que la Constitución reconoce de forma explícita, inequívoca y amplia el derecho de los ciudadanos a votar en las tres diferentes elecciones que se contemplan, es decir, las elecciones populares, la consulta popular y la revocación de mandato.

Ahora, veamos lo que la CPEUM dispone respecto al voto en la perspectiva de enfocarlo como una obligación. El artículo 36 establece cuáles son las obligaciones del ciudadano de la república, entre las cuales se incluye la obligación de votar. Es importante señalar que, como se verá más adelante, México es de los países que establecen el carácter obligatorio del voto, puesto que en muchos otros países no se establece tal obligatoriedad en sus constituciones. Por la importancia de este artículo a efectos del objeto de la presente iniciativa, se cita de forma íntegra a continuación:

“Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:

I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes.

La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley,

II. Formar parte de los cuerpos de reserva en términos de ley;

III. Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, en los términos que señale la ley;

IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de las entidades federativas, que en ningún caso serán gratuitos; y

V. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado.”

El artículo 36 da cuenta de la importancia que nuestra Carta Magna otorga al voto como una de las obligaciones fundamentales de la ciudadanía. Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, tiene la misma importancia para la república que inscribirse en el catastro o formar parte de los cuerpos de reserva. Es evidente que, al elevar a rango constitucional la obligatoriedad del voto, el Constituyente Permanente considera que esa obligación es tan relevante como formar parte de la defensa de la patria, desempeñar cargos de elección popular o responsabilidades den el municipio.

Ahora bien, es importante señalar que a pesar de la forma tan contundente en que la Constitución establece la obligatoriedad del voto, no estén previstas, ni a nivel constitucional ni en la legislación secundaria aplicable, ningún tipo de sanción específica para los ciudadanos que no cumplen su obligación constitucional de votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato. Esta situación jurídica no debe entenderse como una falta o una deficiencia necesariamente. También puede interpretarse como una decisión basada en la prudencia, una situación que considera las dificultades prácticas de establecer sanciones a cada ciudadano que, por la razón que fuera, no acuda a la cita en las urnas.

Cabe referirse a las diversas experiencias que se conocen a nivel internacional en la materia, a fin de ubicar el tema. En América Latina, es de actualidad el debate en torno a la obligatoriedad del voto; la cuestión radica en determinar cuáles son los mecanismos más adecuados para incrementar la participación ciudadana en los procesos políticos y las elecciones populares. Se parte del reconocimiento de que una participación baja en los procesos político-electorales, o, dicho de otra forma: una abstención elevada en los mismos, tiene como consecuencia que las autoridades elegidas cuenten con escasa legitimidad, lo cual deriva en problemas crecientes de ingobernabilidad y desgaste de la función de gobierno y legislativa.

Por ello, cabe señalar que este dilema sobre si el voto debe ser o no obligatorio se refleja en los marcos jurídicos de los distintos países de América Latina, sin que haya un consenso general para la región. Se pueden identificar dos corrientes principales:

“1. Aquellos países donde el sufragio es concebido exclusivamente como un derecho, como en Nicaragua, República Dominicana y Venezuela;

2. Y aquellos países donde el voto también es considerado una obligación. Esta segunda categoría se subdivide entre aquellos países en los que, a pesar de la obligatoriedad, la ley no prevé sanción por no acudir a votar, como ocurre en Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y Panamá; y los países donde sí se sanciona el incumplimiento de la obligatoriedad de votar, este es el caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay.

En los países donde se sanciona el no acudir a votar, en su mayoría la sanción es una multa; sin embargo, también puede haber otro tipo de consecuencias. Por ejemplo, en Argentina los infractores que no paguen la multa correspondiente no podrán realizar trámites gubernamentales de ninguna índole durante un año; en Bolivia, el incumplimiento del pago de la multa puede llegar a convertirse en días de arresto, y en Perú al no acudir a votar, la autoridad electoral no puede colocar una pegatina en el Documento Nacional de Identidad, lo que impide a la persona realizar transacciones bancarias, firmar contratos civiles y cobrar cheques.” i

La cuestión que se asoma es si el establecimiento de sanciones específicas puede incrementar sustancialmente la participación en las elecciones populares. En otras palabras, se trata de determinar si la amenaza de imponer una multa, días de arresto o impedir que las personas realicen sus transacciones bancarias, sea un medio efectivo y aceptable para estimular la mayor votación posible.

La experiencia que se puede referir, tanto en los países donde existen sanciones efectivas aplicadas a los ciudadanos que no votan, como en los países donde no hay tales castigos, es que las sanciones no siempre son efectivas para cumplir el objetivo fundamental de acabar con el abstencionismo y, por el contrario, generan rechazo y malestar social.

Al respecto, se puede ver que “en México el promedio de participación ciudadana en una elección presidencial es de alrededor del 65 por ciento del listado nominal de electores, mientras que en países donde el incumplimiento a la obligatoriedad de votar se sanciona la participación es de alrededor del 80 por ciento. En México en más de una ocasión se han presentado propuestas para operacionalizar la obligatoriedad del voto, tanto en el Congreso federal como desde la sociedad civil; sin embargo, dichas propuestas difícilmente encuentran apoyo entre la sociedad mexicana.” ii

Es decir, no es tan grande la diferencia entre el nivel de participación electoral en un país que no sanciona la abstención, como México, y la participación promedio en los países que sí prevén sanciones específicas a los ciudadanos, que establecen castigos a las personas que incumplen con la obligación de votar.

A mayor abundancia al respecto, cabe indicar que “en aquellos países en los que está considerada la sanción se observan grandes fluctuaciones en el grado de participación electoral. Un ejemplo extremo aquí sería Venezuela donde, con obligatoriedad del voto en el sistema anterior, se produjo en las elecciones de diciembre de 1993 una abstención sin precedentes de más de 60 por ciento, mientras que con la vigencia del voto facultativo los procesos electorales han tenido márgenes de participación claramente superiores a 50 por ciento. Paraguay, con voto obligatorio, casi duplica el porcentaje de abstención entre 1998 y 2003, al pasar de poco más de 19 por ciento a casi 36 por ciento. Estos resultados demuestran que el grado de participación no depende exclusivamente de la obligatoriedad o no del voto. Sin duda, son variados y complejos los factores que influyen en ella. Así, en determinadas coyunturas, el aliciente para concurrir a votar proviene más del interés (o desinterés) que despiertan las elecciones en un marco político determinado, que de las imposiciones legales.” iii

En conclusión, es evidente que la sanción específica contra los ciudadanos que incumplan con el mandato constitucional de la obligatoriedad del voto, no siempre es la mejor solución para abatir el abstencionismo. Al contrario, puede generar rechazo social y, lo más importante, puede generar una situación donde el abstencionismo siga presente y, a la vez, el poder público deba aplicar las sanciones a las personas que no votan.

Sin embargo, es imperativo encontrar las fórmulas más adecuadas para estimular la mayor participación posible en las elecciones populares. En todo caso, es importante promover una consciencia más amplia sobre la importancia que tiene el hecho de que la ciudadanía entienda la importancia de las elecciones y su participación informada y entusiasta, pues de ese modo se legitiman las autoridades y se consolida la posibilidad de que los gobiernos y los parlamentos sean más representativos y se comprometan a cumplir los compromisos asumidos con la ciudadanía.

Se trata de que los mexicanos asuman la obligación de votar en las elecciones como una forma de expresar su convencimiento de que el voto popular es indispensable para legitimar a los poderes públicos y, a la vez, asegurar que los gobernantes y los legisladores asuman las demandas de los diversos sectores de la ciudadanía. Incluso, como argumento puede esgrimirse el costo económico que la organización de las elecciones representa para la sociedad. Demostrar que los recursos presupuestales que se destinan a las elecciones son tan cuantiosos, que es imperativo que la ciudadanía salga a votar masivamente para que esos recursos públicos no se desperdicien ni se dilapiden en el abstencionismo.

“El gasto promedio por cada voto que se emitió este 6 de junio de 2021 fue de 664 pesos. La cifra se desprende de la suma de los 19 mil millones 593 mil pesos que el INE destinó para la organización de las elecciones federales y los 11 mil 882 millones más presupuestados y aprobados en cada uno de los 32 organismos públicos electorales para estos comicios. En un cálculo realizado, previo a la jornada electoral, el voto de los mexicanos habría costado 414 pesos, si todos los ciudadanos inscritos en el padrón electoral hubieran acudido a las casillas en la jornada del domingo pasado.” iv

Es patente que el costo de las elecciones es sumamente elevado en México y que, por lo mismo, debe la ciudadanía debe acudir a votar sin reservas en todos los procesos electorales. Además, es claro que el abstencionismo, aparte de los estragos que causa en materia de legitimidad y gobernabilidad, resulta en un inaceptable incremento en el costo del voto.

A partir de todo lo anteriormente expuesto, la presente Iniciativa plantea la necesidad de una reforma al artículo 31 de la CPEUM, con el objeto de fortalecer las disposiciones constitucionales de obligatoriedad del voto. Hay que tomar en cuenta que en el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se consagran las principales obligaciones que tenemos los mexicanos hacia nuestra nación, así como indirectamente hacia el resto de los mexicanos.

En lugar de establecer sanciones al abstencionismo, se propone ampliar la noción de obligatoriedad del voto, de tal forma que no sea solo una obligación de la ciudadanía, sino una obligación de los mexicanos en general. Como mexicanos, se tendría explícitamente la obligación de votar y, además de promover el voto entre sus familias y comunidades. En el sentido que se argumentó antes, esta disposición contribuiría a potenciar la disposición y el convencimiento de votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, a partir del impulso cívico y ético de las obligaciones que los mexicanos tienen respecto a la patria, en el contexto de lo establecido en el artículo 31 constitucional.

El siguiente cuadro ilustra el propósito de la presente iniciativa:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona una fracción V al artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

I. Ser responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años concurran a las escuelas, para recibir la educación obligatoria y, en su caso, reciban la militar, en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo;

II. Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar;

III. Alistarse y servir en los cuerpos de reserva, conforme a la ley, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria;

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes; y

V. Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, y estimular entre sus familias y comunidades esa forma de participación, para fortalecer la democracia y la soberanía popular.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

i “Obligatoriedad del voto en América Latina ¿En México debería sancionarse el no participar en las elecciones a las que somos convocadas y convocados?”, consultado el 20 de agosto de 2021, disponible en

https://www.animalpolitico.com/candidata/obligatoriedad-del-voto -en-america-latina/

ii Ibid

iii Mario Fernández y José Thompson, “El Voto Obligatorio”, consultado el 28 de agosto de 2021, disponible en

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/chapters/t ratado-de-derecho-electoral-comparado-de-america-latina/tratado-de-derecho-elec toral-comparado-de-america-latina-chapter-13.pdf

iv “664 pesos, costó al INE y estados cada voto de las elecciones 2021”, consultado el 27 de agosto de 2021, disponible en

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/6/11/664-pesos-costo-al-ine-estados-cada-voto-de-las-elecciones-2021-305674.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de septiembre de 2021.– Diputada María Eugenia Hernández Pérez (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, suscrita por la diputada Patricia Terrazas Baca e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Patricia Terrazas Baca e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someten a consideración de esta honorable soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

En el año de 2020 la economía mexicana sufrió una de las peores contracciones económicas en décadas, del 8.3 por ciento. No sólo no creció, sino decreció, en los escenarios optimistas se espera que al cierre del año de 2021, el país crezca entre un 5 por ciento y un 6 por ciento, por lo que aún en estos escenarios optimistas, este crecimiento no compensa la caída económica del año 2020.

Recordemos que el 3 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue notificada por parte del gobierno de la República Popular China del brote infeccioso provocado por un coronavirus al que se le ha dado el nombre de Covid-19.  El 30 de enero de 2020 la OMS elevó la categoría más alta al brote de coronavirus, categorizándola como una emergencia de salud pública internacional, para finales del mes de febrero de 2020 elevó la clasificación del riesgo a “muy alto”, no sólo en China sino para el resto del mundo, “lo que implica que todos los países deben prepararse para una transmisión comunitaria de gran escala y, al mismo tiempo, identificar cada caso para rastrearlo, garantizando lo más posible la disminución del contagio o incluso para evitar la llegada del virus a las comunidades”. El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró como pandemia al virus Covid-19.

El 27, 30 y 31 de marzo de 2020 el gobierno de México publicó diversas medidas y acciones para hacer frente a la pandemia y que en México ya había comenzado a hacerse presente, el 30 de marzo declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid 19) en México, el 31 de marzo de 2020 publicó las bases del distanciamiento social, que implicaron medidas para restringir temporalmente la totalidad de  las actividades económicas, educativas, sociales, de recreación que no fueran consideradas como prioritarias.

El 29 de mayo de 2020 se publicó el acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas, mediante los cuales se establecieron las medidas sanitarias, señalizadores y fechas a partir de las cuales empezaría la apertura gradual de las actividades económicas, sociales, educativas.

Al 22 de septiembre de 2021, las cifras oficiales reportan un total de 286 mil 723 mexicanos fallecidos, existiendo adicionalmente sospecha de 511 mil 345 muertes de mexicanos que pudieron haber fallecido por la misma causa, lo que coloca a México, como uno de los tres países del mundo con mayor.

Los vaivenes de las decisiones presidenciales respeto a la gravedad y necesidad de vacunar a la población incidieron indudablemente en el retraso de las medidas preventivas que pudieron atenuar las consecuencia sociales y económicas para el país, derivadas de la pandemia.

Al mes de julio de 2021, la inflación anual estimada se espera sea del 5.8 por ciento, mayor en un 93 por ciento a la expectativa planteada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual incide en los precios y costos de bienes y servicios, afectando a la economía de las familias y de las empresas.

Durante 2020 diversos países implementaron no sólo medida de apoyo económico directo para las familias, sino también programas fiscales de apoyo al sector productivo.

En Estados Unidos, durante 2020 la Reserva Federal de los Estados Unidos bajó sus tasas de interés, como una decisión de emergencia para proteger a la economía más grande del mundo del impacto del coronavirus. Durante 2021, el gobierno norteamericano ha planteado un programa agresivo de gasto público que no sólo apoya a la familia, sino también a los pequeños negocios que sumará alrededor de 4 billones de dólares.

El G-7 (Grupo de los siete países más industrializados — Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) durante 2020 implementaron acciones como medidas fiscales cuando sea apropiado para respaldar a la economía mundial.

Se estima que más de un millón de negocios, 20.81 por ciento del total, de acuerdo con el Inegi, cerraron definitivamente en México derivado de las medidas de distanciamiento social para controlar la pandemia y a la falta de apoyos económicos reales por parte del gobierno federal. En materia de empleo, se perdieron el 20 por ciento de las fuentes de empleo generadas por las pequeñas y medianas empresas con respecto al año de 2019. La Organización para la Cooperación y Desarrollo estima que será hasta el año de 2022 cuando el país recupere gran parte de los empleos perdidos.

El crecimiento esperado para México en 2022 difiere entre el 4.1 por ciento de la estimación presentada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el sector privado que la estiman entre un 3 y 3.4 por ciento del PIB.

Durante el año de 2021, Covid 19 ha estado latente con nuevos brotes, aún persisten rezago en la recuperación de empleo en el sector turismo, centros de entretenimiento.

En adición a lo anterior, derivado de los análisis que se han venido realizando en torno a las propuestas fiscales que incluye el Paquete Económico para el año de 2022, observamos que carece de propuestas que incentiven la reactivación económico para sectores estratégicos como el campo, el sector exportador, al campo se le castiga eliminando la exención de hasta 40 salarios mínimos aplicable a las personas físicas que realizan actividades en el sector primario de la economía, al sector exportador, maquiladoras, se le castiga eliminado una opción para determinar la base del pago de sus impuestos. Se incrementa la carga administrativa de forma que de incumplirse implicaría mayores sanciones para los pequeños emprendedores y empresarios, lo cual afectaría la recuperación del empleo y economías locales.

En este contexto, los diputados del Partido Acción Nacional de manera responsable presentamos la presente iniciativa para proponer a esta soberanía el retomar mecanismos que ya contemplaba nuestra legislación tributaria, que no representa un costo fiscal para el Estado, ni condonación de impuestos alguna.

Esta propuesta puede incidir en la economía de las pequeñas y medianas empresas, así como a la defensa de las fuentes de empleo, mediante el restablecimiento en el cuerpo del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la figura de la Compensación Universal, mecanismo que representa la posibilidad de que los contribuyentes recuperen de una manera más ágil los impuestos que el Estado les debe.

A mayor abundamiento, el 28 de diciembre 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, en la cual se incorporó en la fracción VI del artículo 25, una disposición que por el año de 2019 “sustituyó” las normas aplicables a la Compensación de Saldos a Favor de Impuestos, eliminando la posibilidad de que los saldos a favor de un impuesto pudieran aplicarse contra las cantidades a pagar de otro impuesto o contra las retenciones de terceros, disposición que estuvo en vigor desde junio 2004 y que coloquialmente se le denominó como “Compensación Universal”.

En efecto, el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación vigente al 31 de diciembre de 2018 establecía: “Los contribuyentes obligados a pagar mediante la declaración podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor, contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven de impuestos federales distintos de los que se causen con motivo de la importación, los administre la misma autoridad y no tengan destino específico, incluyendo sus accesorios.”

Por otro lado, en la fracción VI del artículo 25 de la LIF 2019, estableció: “a) Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración , únicamente podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio, siempre que ambos deriven de un mismo impuesto, incluyendo sus accesorios... b) Tratándose del impuesto al valor agregado, cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente únicamente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo o solicitar su devolución...”

La justificación de esta medida implementada por el Ejecutivo federal radicó en que, si bien, la compensación a que hace referencia el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, constituyó una simplificación administrativa, con la misma se abrieron espacios de evasión fiscal, incrementándose en los últimos años la tasa promedio de las compensaciones de los saldos a favor del IVA respecto a las devoluciones solicitadas para dicho impuesto.

Este crecimiento indebido, a decir del Ejecutivo federal, sucede también respecto a la aplicación de acreditamiento de impuestos mediante actos ficticios, a través de operaciones soportadas con comprobantes fiscales inexistentes, dando lugar a saldos a favor improcedentes que después son empleados para su compensación con otros impuestos.

Por otro lado, en la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, presentada por el Ejecutivo federal el 8 de septiembre de 2019, argumentó que el Congreso limitó la compensación de los saldos a favor tanto en el Código Fiscal de la Federación, como en la Ley del Impuesto al Valor Agregado mediante la siguiente argumentación:

“En la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2019, el Congreso de la Unión previó en el artículo 25, fracción VI, modificaciones tanto al CFF como a la Ley del IVA, a fin de limitar la compensación fiscal a cantidades que deriven de un mismo impuesto, excluyendo la posibilidad de que se aplique respecto de impuestos retenidos a terceros y, en materia del IVA, limitó la recuperación de los saldos a favor únicamente mediante su acreditamiento contra el impuesto a cargo de los meses posteriores o mediante la solicitud de devolución.

Lo anterior se hizo tomando en cuenta los resultados que en la práctica tuvo la compensación de cantidades a favor contra las que estaban obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas derivaran de impuestos federales distintos de los que se causen con motivo de la importación, los administre la misma autoridad y no tengan destino específico, compensación conocida como “compensación universal”.

En efecto, tanto en la exposición de motivos de la iniciativa, como en el dictamen de la Cámara de Diputados, se expone el abuso que dicha medida provocó en los términos siguientes:

“Si bien es cierto que estas medidas representaron una simplificación administrativa, también lo es que abrieron espacios para prácticas de evasión fiscal. La tendencia de los montos de las compensaciones que los contribuyentes han aplicado en los últimos años ha sido creciente. En efecto, se observa que la tasa de crecimiento promedio de las compensaciones de los saldos a favor del IVA es mayor que la tasa de crecimiento promedio del monto de saldos respecto de los cuales se solicita su devolución. Dichos saldos a favor del IVA se compensan contra pagos que deben realizarse del ISR por adeudo propio o enteros que deben realizarse de impuestos retenidos.

Los mencionados saldos a favor se originan por la aplicación del acreditamiento de impuestos que fueron trasladados al contribuyente en los gastos o en las inversiones que realizan, acreditamiento que corresponde a impuestos causados previamente y que debieron ser enterados al fisco por parte de sus proveedores, lo que en muchas ocasiones no ocurre así, ya sea por una evasión lisa y llana del impuesto a pagar, o bien, porque se realizan acreditamientos ficticios soportados por comprobantes fiscales de operaciones inexistentes, que dan lugar a los saldos a favor que posteriormente se compensan contra otros impuestos, sin existir una revisión o autorización previa por parte de la autoridad. Por ello, para combatir estas prácticas de evasión fiscal se hace indispensable limitar la compensación abierta entre los diferentes impuestos.

Por tal razón, y con el propósito de mejorar la sistemática jurídica, se considera conveniente incluir el tratamiento antes mencionado en el CFF.”

Asimismo, en materia del impuesto al valor agregado, el Ejecutivo federal argumentó lo siguiente:

“ 4. Compensación.

En la LIF para el Ejercicio Fiscal de 2019, el Congreso de la Unión previó en el artículo 25, fracción VI modificaciones, tanto al CFF como a la Ley del IVA, a fin de limitar la compensación fiscal a cantidades que deriven de un mismo impuesto, excluyendo la posibilidad de que se aplique respecto de impuestos retenidos a terceros y, en materia del IVA, limitó la recuperación de los saldos a favor únicamente mediante su acreditamiento contra el impuesto a cargo de los meses posteriores o mediante la solicitud de devolución.

Lo anterior se hizo tomando en cuenta los resultados que en la práctica tuvo la compensación de cantidades a favor contra las que estaban obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas derivaran de impuestos federales distintos de los que se causen con motivo de la importación, los administre la misma autoridad y no tengan destino específico, compensación conocida como “compensación universal”.

En efecto, tanto en la exposición de motivos de la iniciativa, como en el dictamen de la Cámara de Diputados, se expone el abuso que dicha medida provocó en los términos siguientes:

“Si bien es cierto que estas medidas representaron una simplificación administrativa, también lo es que abrieron espacios para prácticas de evasión fiscal. La tendencia de los montos de las compensaciones que los contribuyentes han aplicado en los últimos años ha sido creciente. En efecto, se observa que la tasa de crecimiento promedio de las compensaciones de los saldos a favor del IVA es mayor que la tasa de crecimiento promedio del monto de saldos respecto de los cuales se solicita su devolución. Dichos saldos a favor del IVA se compensan contra pagos que deben realizarse del ISR por adeudo propio o enteros que deben realizarse de impuestos retenidos.

Los mencionados saldos a favor se originan por la aplicación del acreditamiento de impuestos que fueron trasladados al contribuyente en los gastos o en las inversiones que realizan, acreditamiento que corresponde a impuestos causados previamente y que debieron ser enterados al fisco por parte de sus proveedores, lo que en muchas ocasiones no ocurre así, ya sea por una evasión lisa y llana del impuesto a pagar, o bien, porque se realizan acreditamientos ficticios soportados por comprobantes fiscales de operaciones inexistentes, que dan lugar a los saldos a favor que posteriormente se compensan contra otros impuestos, sin existir una revisión o autorización previa por parte de la autoridad. Por ello, para combatir estas prácticas de evasión fiscal se hace indispensable limitar la compensación abierta entre los diferentes impuestos.”

Por tal razón, y con el propósito de mejorar la sistemática jurídica, se considera conveniente incluir el tratamiento antes mencionado en la Ley del IVA.

Por lo anterior, se propone reformar los párrafos primero y segundo del artículo 6o. de la Ley del IVA, con la finalidad de incluir el tratamiento aplicable a la compensación de saldos a favor del IVA, que se encuentra actualmente en la LIF para el Ejercicio Fiscal de 2019.”

Al efecto, es de destacar que la compensación de saldos es una forma de extinguir las obligaciones y se da cuando en la relación tributaria, tanto el Estado como el contribuyente tienen la característica de deudores y a su vez de acreedores.

La limitación actual obliga al ciudadano a recuperar el saldo a favor por medio de la devolución de la misma, el cual es un procedimiento que en ocasiones se ve retardado por requisitos que los funcionarios incorporan de manera arbitraria en sus revisiones.

Aunado ello, el plazo de devolución del impuesto al valor agregado puede llegar a ser mayor a los 40 días que establece el CFF, por lo que la compensación universal era un mecanismo ágil para el contribuyente y para la autoridad para la extinción de obligaciones.

Si bien la eliminación de la compensación universal buscaba supuestamente evitar que se lleven a cabo prácticas elusivas de la recaudación tributaria, la misma afecta a contribuyentes que por la naturaleza de sus operaciones generan saldos a favor, principalmente de impuesto al valor agregado, toda vez que las actividades que desarrollan están afectos a la tasa del 0%, tal es el caso del sector exportador, farmacéutico y del régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, por lo que de manera natural las compras que éstos realizan y que están gravados para efectos del IVA, se convierte en un saldo a favor de IVA, por lo que en ningún momento se originan por ningún esquema de planeación o elusión, sino de las compras de insumos y servicios para realizar sus operaciones.

En el caso del sector exportador, por los saldos a favor del IVA que las empresas que tienen el Esquema de Certificación de Empresas de IVA e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que contemplan los artículos 28-A y 15-A del CFF, tienen la posibilidad de recuperar el IVA en un período menor al establecido en el CFF.

Por otro lado, en el impuesto sobre la renta, los sectores antes descritos tienen un tratamiento preferencial, asimismo, tienen un uso intensivo de mano de obra, por lo que, por su naturaleza y operación se generan saldos a favor de IVA, y a su vez, retienen el ISR a sus trabajadores, originándose así, tanto cantidades a pagar a la autoridad, como cantidades a favor de los contribuyentes, en cuyo contexto, la compensación de saldos a favor vigente hasta el 31 de diciembre de 2018 permitía optimizar los flujos de efectivo de los contribuyentes y del Estado.

Es claro que las medidas de distanciamiento social afectaron a la economía mexicana durante 2020, que, en 2021, se sufren los efectos adversos reflejados en el aumento de los precios de bienes y servicios, México fue el país que sufrió la mayor contracción económica.

Es de destacar que la autoridad fiscal conoce las ventajas de la compensación universal, tan es así que en el quinto párrafo del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación vigente para el ejercicio fiscal de 2020 da la opción para que la autoridad fiscal pueda compensar saldos de diferente naturaleza contra los impuestos propios o retenidos a cargo del contribuyente, tal como se puede observar a continuación:

“ Artículo 23. Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración únicamente podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio, siempre que ambas deriven de un mismo impuesto, incluyendo sus accesorios. Al efecto, bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades actualizadas, conforme a lo previsto en el artículo 17-A de este Código, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor, hasta aquel en que la compensación se realice. Los contribuyentes que presenten el aviso de compensación, deben acompañar los documentos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. En dichas reglas también se establecerán los plazos para la presentación del aviso mencionado. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de los impuestos que se causen con motivo de la importación ni aquéllos que tengan un fin específico.

....

....

....

Las autoridades fiscales podrán compensar de oficio las cantidades que los contribuyentes tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales por cualquier concepto, en los términos de lo dispuesto en el artículo 22 de este Código, aun en el caso de que la devolución hubiera sido o no solicitada, contra las cantidades que los contribuyentes estén obligados a pagar por adeudos propios o por retención a terceros cuando éstos hayan quedado firmes por cualquier causa. La compensación también se podrá aplicar contra créditos fiscales cuyo pago se haya autorizado a plazos; en este último caso, la compensación deberá realizarse sobre el saldo insoluto al momento de efectuarse dicha compensación. Las autoridades fiscales notificarán personalmente al contribuyente la resolución que determine la compensación.”

Es claro que el Código Fiscal de la Federación salvaguardó la posibilidad de las compensaciones de oficio al amparo de que las mismas surgen como consecuencia de un proceso de fiscalización, mediante el cual la autoridad, al ejercer sus facultades, corroboró la existencia del saldo a favor.

Tan la compensación de saldos a favor tiene ventajas para la propia autoridad que para el Ejercicio fiscal de 2022 propone regular y simplificar la corrección de los contribuyentes con el uso de los saldos a favor que éstos tienen previamente declarados.

Por último, es de destacar que durante los años de 2019 y 2021 se han aprobado normas tendentes a combatir y desaparecer las dañinas prácticas de venta de factura y el uso de esquemas  de contratación “laboral” mediante las cuales se defraudaba al Estado, como lo es considerar como delito que atenta la seguridad nacional no sólo la venta de facturas, sino cualquier conducta de defraudación fiscal que rebase un monto específico, así como las recientes reformas que fueron aprobadas durante el año de 2021 para prohibir la subcontratación laboral.

En efecto, la propuesta que presentan los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura pretende liberar flujos de efectivo y dotar al Estado de una herramienta ágil que le permita devolver en el menor tiempo posible a los gobernados las cantidades que el Estado les adeuda, y a su vez, liberar recursos en los contribuyentes para que éstos puedan hacer frente a los compromisos laborales, de crecimiento o mantenimiento de sus unidades económicas ante la difícil situación económica que se ha presentados desde el mes de abril de 2020 y que aún no se ha superado del todo.

Por lo anteriormente expuesto, se propone a esta soberanía la reforma del primer párrafo del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación para restablecer la compensación las cantidades que tengan a su favor, contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven de impuestos federales distintos de los que se causen con motivo de la importación, los administre la misma autoridad y no tengan un destino específico, incluyendo sus accesorios.

Asimismo, atendiendo a la preocupación que el Ejecutivo federal ha expresado para que las compensaciones de impuestos no sean utilizadas para evadir impuestos, la presente propuesta también propone robustecer las facultades de fiscalización y revisión del Estado mexicano estableciendo que los medios de identificación y cumplimiento que ya existen, sean requisitos obligatorios para tener derecho a la compensación de saldos, los cuales se propone sean incorporados mediante la adición de un sexto y séptimo párrafo al artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, en los cuales se incluirían los siguientes requisitos:

a) Contar con firma electrónica avanzada de conformidad con el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación.

b) Contar con opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales para efectos de lo dispuesto en el artículo 32-D del citado Código.

c) Tener acceso al buzón tributario a través del Portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria.

d) Colaborar semestralmente con el Servicio de Administración Tributaria, participando en el programa de verificación en tiempo real de dicho órgano administrativo desconcentrado.

e) Haberse constituido o haber iniciado operaciones con una antigüedad mínima de 3 años a la entrada en vigor de la propuesta presentada.

Con los supuestos anteriores, y al acreditarse que las actividades realizadas por los contribuyentes contemplados en esta disposición se sujetan a la revisión constante de sus actividades, los saldos a favor que pueden ser compensados son verificados previamente por la autoridad hacendaria.

En congruencia con lo anterior, y con la finalidad de participar en un esquema de transparencia y buenas prácticas de los contribuyentes, se propone que quienes son objeto de esta propuesta, no puedan ser beneficiados de la compensación, de actualizarse alguno de los siguientes supuestos:

I. Los contribuyentes que se ubiquen en la presunción establecida en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación y estuvieren en el listado definitivo a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 69-B de este ordenamiento. Asimismo, tampoco será aplicable a los contribuyentes que tengan un socio o accionista que se encuentre en el supuesto de presunción a que se refiere esta fracción.

Tampoco será procedente para aquéllos contribuyentes que hubieran realizado operaciones con contribuyentes a los que se refiere esta fracción y no hubieran acreditado ante el Servicio de Administración Tributaria que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los comprobantes fiscales digitales correspondientes y no hubieran corregido su situación fiscal en los términos del penúltimo párrafo del artículo 69-B de este ordenamiento.

II. Los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los supuestos establecidos en el penúltimo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y cuyo nombre, denominación o razón social y clave en el registro federal de contribuyentes, se encuentren contenidos en la publicación de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria a que se refiere el último párrafo del citado artículo.

III. Los contribuyentes que hubieren efectuado la transmisión indebida de pérdidas fiscales en los términos del Artículo 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación y se encuentren publicados en los términos del octavo párrafo del citado artículo. Tampoco será aplicable la compensación a que se refiere este artículo a los contribuyentes que hubieren disminuido las pérdidas fiscales a que hace referencia este párrafo.

IV.  Los contribuyentes a quienes se les hayan ejercido facultades de comprobación respecto de cualquiera de los cinco ejercicios fiscales anteriores a la entrada en vigor del presente Decreto y se les haya determinado contribuciones omitidas, sin que hayan corregido su situación fiscal.

Con lo anterior, se limita el actuar de los contribuyentes que busquen un beneficio ilícito a través de la compensación a que se refiere el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación.

Al efecto, en el cuadro siguiente se presenta la propuesta comparando el texto vigente con el texto propuesto:

Código Fiscal de la Federación

En materia del impuesto al valor agregado, se propone reformar los párrafos primero y segundo del artículo 6o. para reincorporar la compensación de saldos, con la condición de que se cumplan las medidas antes descritas, a fin de evitar que una figura jurídica como lo es la compensación de saldos sea utilizada para evadir en cumplimiento de las obligaciones fiscales, por lo que en el cuadro siguiente se podrá observar la propuesta aquí descrita.

Impuesto al Valor Agregado

Por lo anteriormente expuesto, con la facultad que nos confiere el artículo 71, Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a consideración de esta Soberanía, el siguiente

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo Primero. Se reforma el artículo 23, primer párrafo; se adiciona el artículo 23, con un sexto y séptimo párrafos, del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 23. Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven de impuestos federales distintos de los que se causen con motivo de la importación, los administre la misma autoridad y no tengan destino específico, incluyendo sus accesorios. Al efecto, bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades actualizadas, conforme a lo previsto en el artículo 17-A de este Código, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor, hasta aquel en que la compensación se realice. Los contribuyentes presentarán el aviso de compensación, dentro de los cinco días siguientes a aquél en el que la misma se haya efectuado, acompañado de la documentación que al efecto se solicite mediante reglas de carácter general que establezca el Servicio de Administración Tributaria.

...

...

...

...

Para los efectos del primer párrafo, los contribuyentes deberán cumplir con lo siguiente:

I. Contar con firma electrónica avanzada de conformidad con el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación;

II. Contar con opinión positiva del cumplimiento de obligaciones fiscales para efectos de lo dispuesto en el artículo 32-D del citado Código;

III. Tener habilitado y actualizado los medios de contacto del buzón tributario a través del Portal de Internet del Servicio de Administración Tributaria;

IV. Acreditar que el inicio de las operaciones ha sucedido con una antigüedad superior a 3 años a la entrada en vigor de esta disposición.

No podrán solicitar la compensación a que se refiere este artículo cuando se actualice alguno de los siguientes supuestos:

I.  Los contribuyentes que se ubiquen en la presunción establecida en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación y estuvieren en el listado definitivo a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 69-B de este ordenamiento. Asimismo, tampoco será aplicable a los contribuyentes que tengan un socio o accionista que se encuentre en el supuesto de presunción a que se refiere esta fracción.

Tampoco será procedente para aquéllos contribuyentes que hubieran realizado operaciones con contribuyentes a los que se refiere esta fracción y no hubieran acreditado ante el Servicio de Administración Tributaria que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los comprobantes fiscales digitales correspondientes y no hubieran corregido su situación fiscal en los términos del penúltimo párrafo del artículo 69-B de este ordenamiento.

II. Los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los supuestos establecidos en el penúltimo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y cuyo nombre, denominación o razón social y clave en el registro federal de contribuyentes, se encuentren contenidos en la publicación de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria a que se refiere el último párrafo del citado artículo.

III. Los contribuyentes que hubieren efectuado la transmisión indebida de pérdidas fiscales en los términos del Artículo 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación y se encuentren publicados en los términos del octavo párrafo del citado artículo. Tampoco será aplicable la compensación a que se refiere este artículo a los contribuyentes que hubieren disminuido las pérdidas fiscales a que hace referencia este párrafo. 

IV.  Los contribuyentes a quienes se les hayan ejercido facultades de comprobación respecto de cualquiera de los cinco ejercicios fiscales anteriores a la entrada en vigor del presente Decreto y se les haya determinado contribuciones omitidas, sin que hayan corregido su situación fiscal.

Disposiciones transitorias del Código Fiscal de la Federación

Artículo Segundo. En relación con las modificaciones a las que se refiere el artículo primero de este decreto, se estará a lo siguiente:

I. Los saldos a favor generados con anterioridad a la entrada en vigor del primer párrafo del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación podrán ser compensados en los términos del citado artículo.

II. El Servicio de Administración Tributaria deberá emitir las reglas a que se refiere el primer párrafo del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación dentro de los 10 días naturales siguientes a la entrada del presente decreto.

Artículo Tercero. Se reforma el artículo 6o., primer y segundo párrafos, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Artículo 6o. Cuando en la declaración de pago resulte saldo a favor, el contribuyente podrá acreditarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en los meses siguientes hasta agotarlo, solicitar su devolución o llevar a cabo su compensación contra otros impuestos en los términos del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. Cuando se solicite la devolución deberá ser sobre el total del saldo a favor. En el caso de que se realice la compensación y resulte un remanente del saldo a favor, el contribuyente podrá solicitar su devolución, siempre que sea sobre el total de dicho remanente.

Los saldos cuya devolución se solicite o sean objeto de compensación, no podrán acreditarse en declaraciones posteriores.

...

Disposiciones transitorias de la  Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo Cuarto. En relación con las modificaciones a las que se refiere el artículo tercero de este decreto, se estará a lo siguiente:

I. Los saldos a favor generados con anterioridad a la entrada en vigor del artículo 6 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado podrán compensarse en los términos del primer párrafo del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación;

II. Los saldos a favor del impuesto al valor agregado podrán compensarse contra las cantidades a cargo del mismo impuesto que se tengan a cargo de meses anteriores al que se hubiera originado el saldo a favor.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2021.– Diputada Patricia Terrazas Baca (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, conforme con la siguiente

Exposición de Motivos

La despenalización del aborto en diversas entidades federativas en México, en las primeras 12 semanas de embarazo significo un gran avance para la igualdad de género en el país, sin embargo, para que el cambio pueda ser más efectivo se tendría que despenalizar a nivel nacional.

Un claro ejemplo se vislumbra en que un gran porcentaje de las mujeres que interrumpen su embarazo en la Ciudad de México provienen de otro estado o inclusive de otro país. Muchas mujeres además de pasar por este momento tan complicado ya sea por creencias, moral o cualquier otra cosa tienen que invertir más dinero para venir a la Ciudad de México y realizar la interrupción del embarazo de forma segura y legal.

El tener que trasladarse a la Ciudad de México genera que muchas mujeres decidan no hacen y opten por realizar procedimientos inseguros y de forma ilegal. Lo que muchas veces termina haciendo que tengan que trasladarse a la Ciudad de México a realizar una limpieza de la cavidad uterina o puede provocar daño en su salud.

Es de reconocer que en nuestro país se vive la problemática de no homogeneidad de los servicios de salud, a través de dispositivos normativos que marquen la pauta a seguir, tanto en la federación como en la mayoría de las entidades federativas no tienen un marco regulatorio que dirija de forma mínima un procedimiento de interrupción legal del embarazo, existe desconocimiento de los procedimientos, falta de capacidad profesional, sin protocolos de actuación que protejan los derechos de la mujer y de los profesionales médicos, además de una nula infraestructura para llevar a cabo éste método de protección a la salud.

Lo anterior, en razón de las dificultades de implementación que presenta la normativa actual, que regula la interrupción legal del embarazo no punible de manera restrictiva. Todo ello denota una preocupación para generar las mejores condiciones de seguridad y salud cuando se acceda a la interrupción legal del embarazo, toda vez, que es un problema de salud pública existente dentro de nuestra sociedad, pero que a la luz de las autoridades federales y de las entidades federativas es un tema olvidado, exceptuando en algunas entidades federativas.

En este contexto, las entidades federativas de nuestro país tienen diversas causales en donde la interrupción del embarazo no se penaliza, por lo cual, el Estado debe garantizar el acceso y disfrute más alto de salud. De manera extraordinaria, se reconocen los avances para la Ciudad de México, contrario sensu se siguen presentando dificultades, de mayor gravedad en las entidades federativas. No existe legislación armónica entre la federación y las entidades federativas, lo cual reviste de una serie de dificultades e irregularidades cuando una mujer intenta acceder a los servicios de una institución de salud pública para interrumpir su embarazo por una causa inimputable. Por ello, se propone modificaciones a la Ley General de Salud, debido a que la ley en comento es un dispositivo el cual establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. Lo cual implica que se adecuen los ordenamientos y procedimientos de acceso a la salud de las entidades federativas a la Ley General de Salud, para acceder a la interrupción legal del embarazo no punible de forma segura, gratuita y con toda certeza de no poner en peligro la vida de ninguna mujer.

Por su parte la propia Corte de Justicia de la Nación expreso que “No tiene cabida dentro de la doctrina jurisprudencial de este Tribunal Constitucional, un escenario en el cual la mujer no pueda plantearse el dilema de continuar o interrumpir su embarazo por un corto periodo de tiempo al inicio de la gestación, pues ello equivaldría a asumir que su dignidad y autonomía personal pueden modularse y restringirse en función de supuestos basados en un constructo social que, antes que mujeres independientes, las configura como instrumentos de procreación”, así lo señala el proyecto avalado por la Corte donde despenaliza la interrupción del embarazo en sus primaras semanas de gestación.

Y así también nos señala que “No tiene cabida, para anular el derecho a decidir, una postura de corte paternalista que apoye la idea de que las mujeres necesitan ser ‘protegidas’ de tomar ciertas decisiones sobre su plan de vida, salud sexual y reproductiva, pues ese acercamiento conlleva una desconsideración de la mujer como un ser racional, individual y autónomo, plenamente consciente de las decisiones que —conforme a su proyecto de vida— son las que considera más convenientes”, dicha postura nos sensibiliza y nos obliga, dándonos herramientas claras para determinar y legislar en la materia, donde permita que a nivel nacional se ajuste el marco normativo para garantizar un acceso a la salud digna y viable a las mujeres que así tomen la decisión de la interrupción de su embarazo.

Hablemos sobre algunos datos respecto a dicha problemática, entre 2002 y 2016, la causa de muerte específica de 624 mujeres fue un aborto; aunque solo el 7% de las mujeres que parió durante ese mismo periodo tenía una escolaridad de preescolar, el 23.4% de las que murieron había estudiado solo hasta ese grado.

¿Qué hay de México? ¿Qué dicen los datos sobre el aborto en el país? ¿cuántas mujeres abortan? ¿quiénes son? ¿quiénes mueren?

La respuesta corta a la pregunta de cuántas mujeres abortan en el país es que no lo sabemos con precisión, porque buena parte de la información o no existe o no se publica (aunque se agradece el esfuerzo titánico de organizaciones como GIRE para exigir, recopilar y publicar mucha de esta información). ¿Qué necesitaríamos para tener un panorama completo del aborto en el país? Sin duda los datos de los procedimientos que tiene lugar en hospitales públicos, pero también sobre abortos practicados en casa, abortos clandestinos y también los practicados en hospitales y clínicas privadas. Esta va a ser por tanto una historia incompleta.

¿Qué sí podemos saber? Gracias a la ENDIREH 2016, cuántas mujeres que reportaron haber estado embarazadas en los últimos 5 años tuvieron un aborto. ¿Qué no podemos saber? Si este aborto fue inducido o espontáneo. La encuesta reporta que 9.4 millones de mujeres de 15 a 49 años dijo haber estado embarazada en los últimos 5 años; de estas, poco más de un millón dijo haber tenido al menos un aborto.

El 71% de las mujeres de entre 15 a 49 años reportó no haber tenido un embarazo en los últimos 5 años; el 25.5% dijo haber de tenido un embarazo, pero no un aborto, mientas que el 3% dijo haber estado embarazada y haber tenido al menos un aborto durante ese periodo. Estos tres grupos de mujeres son muy similares en escolaridad, 39% de las embarazadas, sin importar si abortaron o no y el 34% de las no embarazadas estudiaron hasta secundaria, la escolaridad más común. Mientras que 19% de las mujeres que no estuvo embarazada tiene esa escolaridad, tan solo el 14.7% de las que se embarazaron y no abortaron lo tiene.

La diferencia más notoria en escolaridad es en los porcentajes de los tres grupos que estudió hasta primaria; mientras que el porcentaje de mujeres embarazadas que no abortaron y las que nunca se embarazaron es 16.5%, es tan solo de 13.5% para aquellas que sí tuvieron un aborto. Esta diferencia la compensan en parte con el porcentaje que tiene posgrado, que es de 2.3% para las que tuvieron un aborto, pero solo de 1.1% y 1.3% para las que se embarazaron y no abortaron y para las que no abortaron respectivamente. Es decir, un porcentaje ligeramente menor de las mujeres que abortaron lograron estudiar solo hasta primaria y uno ligeramente mayor tiene un posgrado; tiene en promedio, más escolaridad.

Cuando dividimos a las mujeres según el tamaño de la localidad en la que viven, podemos ver que el porcentaje más grande de mujeres que nunca se ha embarazado al igual que el de las que ha abortado vive en zonas urbanas, mientras que el porcentaje más chico de ambos grupos está en zonas rurales.

Con estos datos podemos saber cuántas mujeres estuvieron en un hospital de la Secretaría de Salud por un aborto, aunque de nuevo no podemos saber el tipo de aborto del que se trató, es decir si fue inducido o espontáneo.

En 2014, 117,921 mujeres recibieron atención obstétrica de aborto en uno de los centros de salud de la Secretaría de Salud. Poco más de la mitad de estas mujeres, 54%, había tenido un parto anteriormente; la edad promedio para ellas al momento de abortar fue de 28 años, mientras que las que nunca habían tenido un parto antes tenían en promedio 22.4 años.

En general, casi todas las intervenciones obstétricas de aborto terminan en la mejoría o la curación de la mujer. De las más de cien mil intervenciones, solo 19 terminaron en defunción. Esto es cierto incluso si se dividen a las mujeres según las semanas de gestación antes de que se practicara el procedimiento.

El aborto por tanto parece ser un procedimiento médico que practican mujeres regularmente y que casi siempre termina en curación o mejoría; sin embargo, para algunas mujeres abortar es poner en peligro su vida. ¿Por qué?

Entre 2002 y 2016, la causa de muerte específica de 624 mujeres fue registrada como “aborto”. Esta cifra es una subestimación de las muertes por aborto, pues no incluye todas las muertes que estuvieron relacionadas con la práctica de uno pero que fueron registradas con una causa de muerte específica, por ejemplo, de sepsis o hemorragia.

Si tomamos a la escolaridad como una medición imperfecta de estatus socioeconómico y comparamos a las mujeres que murieron por causa de un aborto con aquellas que parieron en el país durante el mismo periodo, queda claro que las primeras eran sistemáticamente más pobres que las segundas. Mientras que solo el 7% de las mujeres que parió tenía una escolaridad de preescolar y el 4.5% no tenían ninguna escolaridad, el 23.4% de las que murieron habían estudiado hasta preescolar y el 10.4% no tenía ninguna escolaridad.

Las que mueren por abortar también son sistemáticamente diferentes en su estado civil que las mujeres que paren: un porcentaje mayor era divorciada, viuda y soltera mientras que considerablemente menos estaba en unión libre. Mientras que el 25% de las mujeres que murieron eran solteras, solo el 10.6% de las que parieron entre 2002 y 2016 tenían ese estado civil, por el contrario, el 40% las mujeres que parieron durante ese periodo vivían en unión libre, pero solo el 31% de las que murieron.

El acceso al aborto es un privilegio en el país, no solo porque las causales legales son sistemáticamente ignoradas y obstaculizadas por los estados, violando los derechos de las mujeres a acceder a un aborto seguro, sino también por el simple y sencillo costo económico que implica costear uno. Entonces ¿a quienes les alcanza para abortar?

Si hacemos una sobre simplificación podríamos decir que hay cuatro maneras diferentes de abortar voluntariamente cuando no se trata de una violación o de alguna otra causal legal en los estados: con un aborto clandestino realizado en una clínica pública; con un aborto clandestino realizado con medicamentos; con un aborto legal en una clínica privada en la CDMX o con un aborto legal en un hospital público o clínica especializada de la CDMX.

Según Daniela Tejas Miguez del Fondo de Aborto para la Justicia Social MARIA, un fondo de aborto que aprovecha el marco legal que existe en la Ciudad de México para acortar las brechas de desigualdad y apoyar a mujeres de todo el país a acceder a aborto legal en esta Ciudad, ofreciendo apoyo para pago de transporte, alojamiento, procedimiento, comida y/o medicamentos además de acompañamiento, apoyo logístico, informativo y/o emocional, los abortos clandestinos en una clínica privada pueden costar desde $5 mil hasta $30 mil pesos, dependiendo lo que los médicos quieran cobrar y las semanas de gestación que se tengan; un aborto con medicamentos, cuesta entre $500 y $900, y un aborto legal en la CDMX en una clínica privada puede costar entre $2000 hasta $5000, siempre que el producto tenga menos de 12 semanas.

Entonces ¿a quiénes les alcanza para abortar? Usando la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENOE podemos ver a qué porcentaje de las mujeres mexicanas les alcanzaría con la totalidad de su salario mensual para costear un aborto. Incluso si tomamos el costo menor estimado de cada tipo de aborto, $5,000; $500 y $2,000 pesos respectivamente, vemos que bajo ningún caso a más del 40% de las mujeres del país les alcanza para costear incluso el aborto con medicamentos; si nos concentramos en las mujeres de entre 15 y 25 años, el porcentaje es aún menor.

Solo el 15.6% de las mujeres mexicanas de entre 25 y 29 años pueden costear un aborto clandestino en una clínica privada de 5 mil pesos, 5.3% de las menores de 25; abortar con medicamento es solo asequible para el 19.3% de las mujeres de entre 15 y 25 y tan solo para el 36% de aquellas que tienen entre 25 y 49.

Y es así como, la importancia y relevancia de manifestar que actualmente existen causales no punibles de la interrupción legal del embarazo en cada una de las treinta y dos entidades federativas del territorio nacional. Sin embargo, se vive la problemática de no homogeneidad de los servicios de salud, a través de dispositivos normativos que marquen la pauta a seguir.

Las entidades federativas no tienen un marco regulatorio que dirija de forma mínima un procedimiento de interrupción legal del embarazo, existe desconocimiento de los procedimientos, falta de capacidad profesional, sin protocolos de actuación que protejan los derechos de la mujer y de los profesionales médicos, además de una nula infraestructura para llevar a cabo este método de protección a la salud.

Lo anterior, en razón de las dificultades de implementación que presenta la normativa actual, que regula la interrupción legal del embarazo no punible de manera restrictiva. Todo ello denota una preocupación para generar las mejores condiciones de seguridad y salud cuando se acceda a la interrupción legal del embarazo, toda vez, que es un problema de salud pública existente dentro de nuestra sociedad, pero que a la luz de las autoridades federales y de las entidades federativas es un tema olvidado, exceptuando en algunas entidades federativas.

No existe legislación armónica entre la federación y las entidades federativas, lo cual reviste de una serie de dificultades e irregularidades cuando una mujer intenta acceder a los servicios de una institución de salud pública para interrumpir su embarazo por una causa inimputable. Por ello, se propone modificaciones a la Ley General de Salud, debido a que la ley en comento es un dispositivo el cual establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. Lo cual implica que se adecuen los ordenamientos y procedimientos de acceso a la salud de las entidades federativas a la Ley General de Salud, para acceder a la interrupción legal del embarazo no punible de forma segura, gratuita y con toda certeza de no poner en peligro la vida de ninguna mujer.

La salud es un derecho humano fundamental, consagrado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e instrumentos internacionales, imprescindible para el ejercicio de los derechos humanos. Nuestra Carta Magna, establece el derecho humano de acceso y protección a la salud en su artículo cuarto párrafo tercero que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas, en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.” Asimismo, sobre la importancia de la salud y la garantía que debe ofrecer el Estado se recoge lo siguiente: “Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente.

La efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios, como la formulación de políticas públicas en materia de salud, la aplicación de los programas de salud elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la adopción de instrumentos jurídicos concretos. Además, el derecho a la salud abarca determinados componentes aplicables en virtud de la ley.

El Estado debe garantizar la salud y el acceso a ella. Con la legislación y los mecanismos adecuados para satisfacerlo, en éste sentido la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, es un instrumento internacional de carácter obligatorio para el Estado Mexicano que en su artículo 11, numeral 1, de la fracción F señala lo siguiente: “ el derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción.”

Subsecuentemente en su artículo 12 numeral 1 y 2 signa lo siguiente:

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia.” “. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.” En esta tesitura, existe una preocupación mundial por mejorar la protección y el acceso a la salud en su más alto nivel, por parte de los organismos internacionales, mismos que exigen que los Estados donde el aborto sea legal, se deban poner en práctica los procedimientos para hacer que estos servicios sean seguros y accesibles a las mujeres sin discriminación.

La organización internacional no gubernamental en defensa de los derechos humanos alrededor del mundo, Human Rights Watch señala respecto al acceso a la salud por motivos de interrupción legal del embarazo: “Las mujeres enfrentan restricciones legales o de facto en su acceso al aborto legal y seguro en la gran mayoría de los países del inundo. De hecho, hasta incluso donde el aborto está permitido por ley las mujeres frecuentemente tienen un acceso seriamente limitado a los servicios de aborto por causa de una falta de reglamentación, por servicios de salud inadecuados, o por falta de voluntad política.” En este sentido, señala el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo siguiente: “se ha establecido que el derecho a la salud que incluye la salud sexual y reproductiva exige servicios de salud, incluidos los servicios de aborto legal, que estén disponibles y que sean accesibles, aceptables y de buena calidad.”

En concordancia con lo anterior, es que el Estado Mexicano tiene la obligación intrínseca de garantizar el acceso a la salud con las mejores prácticas en todo el país, incluyendo cuando se trata de la interrupción legal del embarazo no punible. En este tenor, es de importancia mayúscula la Acción de Inconstitucionalidad resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007.

Promoventes: Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Procuraduría General de la República. Quien señala, en términos generales, que la interrupción legal del embarazo constituye un derecho a la salud, por lo tanto, las entidades federativas que lo prevén deben facilitar estos servicios en la menor temporalidad posible.

Con base a los datos mostrados, podemos estar en condiciones de señalar la necesidad de mantener una homologación de los servicios de salud en todo el país, si bien es cierto, cada Entidad tiene su autonomía para regularse, también lo es, que el Estado tiene la obligación de generar directrices fundamentales de garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo por cualquiera de las causales no punibles establecidas por los estados de la República Mexicana.

Por todo lo anterior, es que se propone la armonización de la legislación nacional en concordancia con los instrumentos internacionales, para reforzar y mejorar el acceso a los servicios médicos de interrupción legal del embarazo no punibles, sobre las opciones existentes de interrupción legal del embarazo, los apoyos para las mujeres que se encuentran en esa condición y las alternativas para quien pretende ejercer este derecho.

Con a presente propuesta se busca crear los procesos administrativos, lineamientos, protocolos y reglamentos que mantengan directrices homogéneas, además de legislación en las entidades federativas teniendo como punto de partida la Ley General de Salud, para que tener acceso a un procedimiento de interrupción legal del embarazo.

Recordemos que se emitió una recomendación por parte del Comité de la CEDAW en el año 2012, que señala lo siguiente:

“Armonice las leyes federales y estatales relativas al aborto a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal y amplíe también el acceso al aborto legal teniendo en cuenta la reforma Constitucional en materia de derechos humanos y la recomendación general número 24 (1999) del Comité;”

“b) Informe a los proveedores de servicios médicos y trabajadores sociales que las enmiendas constitucionales locales no han derogado los motivos para interrumpir un embarazo de forma legal y les comunique también las responsabilidades que les incumben;”

“e) Se asegure de que en todos los estados las mujeres que tengan motivos legales que justifiquen a interrupción de un embarazo tengan acceso a servicios médicos seguros, y vele por la debida aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-046- SSA2-2005, en particular el acceso de las mujeres que han sido violada a anticonceptivos de emergencia, al aborto y a tratamiento para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA.”

Por todo lo expuesto y justificado, es que se pretende con la presente reforma facilitar el acceso a los servicios de salud, al más alto nivel. Generar la gratuidad en ello, producir la reglamentación necesaria, tener las instalaciones médicas adecuadas, contar con profesionales preparados, registrar, personal clínico con conocimientos, capacitados en la materia, materiales y equipo, además de un órgano especializado en cada entidad federativa para el procedimiento de interrupción legal del embarazo. En este contexto, es de urgente necesidad llevar a cabo los cambios señalados, con el objeto principal de realizar un eficaz y eficiente acceso a la salud en el tema que se presenta, además de evitar la muerte materna, asegurar la eliminación de dogmas, estructuras sociales, políticas públicas inadecuadas o de simulación, la discriminación y violencia hacia la mujer por razón de género, económico, social o de otra índole. Con la firme convicción de robustecer el marco de actuación. Por tal motivo, señaladas las necesidades en materia de acceso a la salud para la interrupción legal del embarazo, con la necesidad de evitar que el Estado Mexicano sea omiso ante las violaciones de derechos humanos; es que se propone reformar y adicionar un capítulo a la Ley General de Salud que contenga elementos que protejan y garanticen el acceso a la salud de las mujeres que decidan interrumpir de manera legal su embarazo no punible, sino que sea con conocimiento de causa, con profesionales altamente capacitados y en condiciones salubres, con apego estricto de los derechos humanos de las pacientes y de los médicos.

Y a esta iniciativa se suma la modificación al artículo 10 de la Ley General de Salud referente a:

Es de suma importancia extender dicha iniciativa a atender lo ya dispuesto por la Corte de Justicia de la Nación respecto del supuesto de objeción de conciencia ya que en es utilizado en materia de salud, como figura legal, la objeción de conciencia es un tópico que, al haberse legislado como derecho en la Ley General de Salud, verdaderamente genera una controversia donde no debería de haberla, puesto que elementalmente el derecho a la salud de una persona no puede condicionarse, ponerse en riesgo o estar en juego frente a un juicio moral y/o de valor invocado por personal médico del sistema nacional de salud.

Para su mayor comprensión definiremos y daremos una mirada a la figura La objeción de conciencia en medicina (OCM) se define como la decisión individual que toma un profesional de la medicina para dejar de realizar un acto médico científico y legalmente aprobado según la lex artis medica aduciendo la transgresión que dicho acto médico hace a su libertad de pensamiento, conciencia o religión (en otras palabras, sus principios morales y creencias religiosas).

“Es importante hacer notar que tanto la Constitución mexicana como la Declaración Universal menciona el Derecho de “libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia y religión”; en ningún lado se menciona un derecho a desobedecer u objetar normas jurídicas o leyes (...) (Santillán-Doherty, 2018a, p. 293)”.

Sin embargo en la normativa de salud se expresa así: Artículo 10 Bis.- El Personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud, podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta Ley. Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional. El ejercicio de la objeción de conciencia no derivará en ningún tipo de discriminación laboral.

Dado que la colección que nos ocupa está enfocada al ámbito de la salud y bioética, es también importante adoptar la siguiente definición de objeción de conciencia de Patricio Santillán- Doherty (Santillán-Doherty, 2018b): Es importante precisar que dichas convicciones pueden ser religiosas, éticas o filosóficas. Es decir, tanto los creyentes como los no creyentes pueden tener un dilema de conciencia para cumplir con una obligación legal. Lo que importa, en todo caso, es que dichas convicciones constituyan un elemento central de la personalidad moral de la persona (Peces-Barba Martínez, 1988). Es decir, los motivos de conciencia se distinguen de la mera opinión, la cual es mucho más superficial y cambiante.

Una buena manera de profundizar la reflexión en torno a las objeciones de conciencia es diferenciarla de otros fenómenos de resistencia al derecho, en particular, la desobediencia civil y la evasión de conciencia (Ortiz-Millán, 2018b).

De tal suerte que, ante el hecho indiscutible de que el derecho personal de objeción de conciencia no puede de ninguna manera ser priorizado sobre el derecho fundamental a la salud, y asimismo ante el hecho de que la Ley General de Salud regula al Sistema Nacional de Salud que evidentemente Estado Mexicano desde el ámbito público regula, vigila, aplica y sanciona, resulta a todas luces procedente la derogación de dicha figura jurídica en la ley en comento, puesto que bajo ninguna circunstancia se puede poner en entre dicho el actuar del propio Estado para cuando este actúe en cumplimiento del artículo 4 constitucional con el objeto de brindar servicios de salud por conducto de su personal médico y demás personal relacionado.

Es obligación de las instituciones públicas de salud del Gobierno garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor de conciencia en la materia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente adición y reforma:

Decreto por el que se adiciona al segundo párrafo y cuarto del artículo 10 Bis, así como los artículos 71 Bis, 71 Ter y 71 Quater de la Ley General de Salud

Único. Se reforman y adiciona al segundo párrafo y cuarto del artículo 10 Bis, así como los artículos 71 Bis, 71 Ter y 71 Quater de la Ley General de Salud, para quedar como a continuación se describen:

Artículo 10 Bis. ...

Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una emergencia médica, o la necesidad de una intervención para interrumpir de forma legal un embarazo, no podrá invocarse la objeción de conciencia, en caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional.

...

Asimismo, las personas titulares del Sistema Nacional de Salud tienen la obligación de coordinar programas ininterrumpidos de difusión a todo el personal médico y de enfermería respecto su derecho a la objeción de conciencia.

Artículo 71 Bis. Se garantiza la prevención y el acceso a la Interrupción legal del Embarazo de forma gratuita y segura en las condiciones que determina el Sistema Nacional de Salud, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas y la Ciudad de México, en coordinación con las autoridades competentes en la materia. Se interpretarán en el modo más favorable para la protección, salvaguarda y eficacia de los derechos humanos de la mujer que solicita la intervención en particular, este derecho será consagrado por las instituciones públicas aun cuando cuenten con algún otro servicio de salud público o privado. El servicio tendrá carácter universal, gratuito y sin condicionamiento alguno.

Para efectos de la presente Ley, se entiende por interrupción legal del embarazo segura, situaciones en las que la interrupción del embarazo resulta no punible, permitidos por los ordenamientos penales federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, y debe ser garantizada por el Sistema de Salud Pública; la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas.

La interrupción legal del embarazo tiene carácter prioritario de acuerdo a los siguientes puntos:

Que se realice por un médico especialista ginecoobstetra;

Que se lleve a cabo en una clínica acreditada por la Red del Sistema Nacional de Salud;

Que se realice con el consentimiento expreso y por escrito de la mujer embarazada o, en su caso, del representante legal;

Deberá brindarse con perspectiva de género, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, integridad física y moral, libertad ideológica y no discriminación.

Las instituciones de salud pública deberán proporcionar, servicios de consejería médica y social con información veraz y oportuna de los derechos, prestaciones y apoyos públicos de apoyo a la maternidad además de la interrupción legal del embarazo.

Cuando la mujer decida practicarse la interrupción del embarazo, la institución habrá de efectuarla en un término no mayor a cinco días, contados a partir de que sea presentada la solicitud y satisfechos los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables

Artículo 71 Ter. Es obligación de las instituciones públicas de salud del Gobierno Federal, de las entidades federativas y de la Ciudad de México garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud.

Artículo 71 Quater. Cuando sea urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la mujer no podrá invocarse la objeción de conciencia.

Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Honorable Congreso de la Unión, a 28 de septiembre de 2021.– Diputadas: Lidia Pérez Bárcenas, Guadalupe Chavira de la Rosa (rúbricas).»

«Iniciativa de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda “2021, año del bicentenario de la Armada de México”, a cargo del diputado Jaime Martínez López, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Jaime Martínez López, diputado del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la leyenda: 2021, Año del Bicentenario de la Armada de México, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla inició la lucha por la Independencia de México en el pueblo de Dolores, Guanajuato. Después de once años del movimiento armado, Agustín de Iturbide, líder de las fuerzas realistas y Vicente Guerrero comandante de las fuerzas insurgentes del Sur acordaron la publicación del Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821.

En mencionado documento, se establecieron las bases para la Independencia de México y a su vez se creó el Ejército Trigarante compuesto por fuerzas realistas e insurgentes. Aunado a ello, se conformó una Soberana Junta Provisional Gubernativa para hacerse cargo del gobierno, puntos que se ratificaron en los Tratados de Córdoba en agosto de ese año.

Finalmente, el 27 de septiembre de 1821 con la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México se consumó la Independencia, cuya acta se firmó al día siguiente y se creó una Regencia presidida por Iturbide en el Palacio Virreinal (hoy Palacio Nacional).

Para la organización de la administración pública del país, la Regencia creó el 4 de octubre de 1821, cuatro secretarías de Estado (ministerios), las cuales fueron: Negocios y Relaciones Interiores y Exteriores; Justicia y Negocios Eclesiásticos; Hacienda; y la de Guerra y Marina, esta última dirigida por el Teniente de Navío Antonio de Medina Miranda. Con esta acción, inició la historia de la Armada de México como cuerpo de guerra del Estado mexicano.

Mientras tanto, en el puerto de Veracruz, tropas españolas al mando del Mariscal de Campo José Dávila, no reconocieron la Independencia de México, por lo que el 26 de octubre de 1821 tomaron la fortaleza de San Juan de Ulúa, ubicada en una isla frente al puerto, lo que representó un lugar estratégico para un posible intento de reconquista de la Nueva España.

En la Ciudad de México, el 8 de noviembre de 1821, la Regencia promulgó el reglamento de las funciones y atribuciones de las secretarías de Estado, así como la de sus encargados. A la Secretaría de Guerra y Marina, con sede en el ahora Palacio Nacional, se le asignaron los asuntos de guerra en mar y tierra. Así mismo, el 14 de noviembre de ese mismo año, la Junta y la Regencia nombraron a Agustín de Iturbide como Jefe Supremo de ambas armas con el grado de Almirante Generalísimo.

Los funcionarios que conformaron la Secretaría de Guerra y Marina asumieron el cargo el 11 de diciembre. La estructura orgánica quedó de la siguiente manera: Secretario de Guerra y Marina Antonio de Medina Miranda, dos Oficiales Primeros y ocho secciones de las cuales la Sección Tercera Marina estuvo dirigida por el Oficial Segundo José Velasco.

Debido a la amenaza que representaba San Juan de Ulúa para un posible intento de reconquista española, el gobierno de México vio la necesidad de desarrollar la Marina de Guerra, por lo que en 1822 se crearon los Departamentos Navales de Campeche, San Blas y Veracruz; en este último se establecieron los Batallones de Infantería y Artillería de Marina. Ante la falta de buques de guerra, se comisionó al Capitán de Navío Eugenio Cortés y Azúa a Estados Unidos donde adquirió la primera escuadrilla naval, conformada por las goletas Iguala y Anáhuac, las balandras cañoneras Tuxpan, Papaloapan, Tampico, Tlaxcalteca, Chalco, Chapala, Orizaba, Campechana y Zumpango. Cabe mencionar que la Iguala fue el primer buque de la Armada que enarboló la bandera de México, arribó al puerto de Veracruz el 17 de abril de ese año.

Ante el bombardeo realizado por los españoles desde la fortaleza de Ulúa al puerto de Veracruz el 25 de septiembre de 1823, los buques y el Batallón de Infantería de Marina de la Armada Nacional llevaron a cabo un bloqueo naval que se decretó el 8 de octubre de ese año. En 1824, se adquirió una segunda escuadrilla integrada por la fragata Libertad y los bergantines Bravoy Victoria, para incrementar su poder naval.

El 16 de agosto de 1825, el presidente Guadalupe Victoria nombró al Capitán de Fragata Pedro Sainz de Baranda y Borreyro, Jefe del Departamento de Marina de Veracruz y comandante de la escuadrilla nacional, a quien se le asignó la tarea de reorganizar las fuerzas navales ante la amenaza de una incursión de buques de guerra españoles. Posteriormente, del 5 al 11 de octubre de 1825, se avistaron buques que intentaron arribar a San Juan de Ulúa, pero la posición de la escuadrilla mexicana bloqueó el acceso principal al fondeadero, lo que provocó la retirada de los buques españoles.

Ante la imposibilidad de recibir auxilio, la escasez de víveres, pertrechos y a las enfermedades que se produjeron en la fortaleza debido al exitoso bloqueo naval, los españoles se rindieron el 17 de noviembre y días después, el 23 de noviembre del mismo año zarparon rumbo a La Habana, Cuba; este hecho significó la consolidación de la Independencia nacional.

A lo largo del siglo XIX, la Armada de México se distinguió por participar en algunos combates navales para salvaguardar la soberanía nacional. Durante la campaña de hostigamiento al comercio español en costas de Cuba entre 1827 y 1828, proyectó su poder naval fuera de sus litorales al combatir diferentes buques españoles, una de las batallas más destacadas fue la de Mariel, cuando el bergantín mexicano Guerrero enfrentó a la fragata Lealtad el 11 de febrero de 1828. Posteriormente, durante el conflicto con Texas entre 1830 y 1845, destacó la victoria de los vapores Guadalupe y Moctezuma, así como de la goleta Águila, al mando del capitán de Navío Tomás Marín, contra una escuadrilla texana en la Batalla Naval de Campeche el 16 de mayo de 1843.

Paralelamente, al conflicto con Texas, en 1838 Francia invadió México, por lo que tropas de Marina, al mando del capitán de Fragata Blas Godínez Brito, defendieron San Juan de Ulúa durante el bombardeo efectuado por los barcos de guerra franceses. Otro de los triunfos de la Armada se dio durante el contexto de la guerra con Estados Unidos (1846-1848), cuando la estrategia defensiva del Capitán de Navío Tomás Marín evitó el desembarco de las tropas norteamericanas en Alvarado en 1846. Al año siguiente, destacó la participación del Teniente de la Armada Sebastián José Holzinger, cuando defendió el baluarte de Santa Bárbara durante el asedio norteamericano a la ciudad de Veracruz en marzo de 1847.

Durante la Guerra de Reforma, integrantes de la Armada, al mando del Capitán de Fragata Juan Emilio Foster, comandante de la Guardia Nacional de Marina, defendieron los principios liberales de la Constitución de 1857 y al gobierno del Presidente Benito Juárez.

El Porfiriato representó un avance significativo para la Armada Nacional, ya que se adquirieron varios buques de guerra y se creó la Escuela Naval Militar en el puerto de Veracruz. Durante la segunda invasión estadounidense, los cadetes de la Escuela Naval Militar, junto con el pueblo de Veracruz, defendieron el puerto el 21 de abril de 1914; en este hecho murió el Cadete Virgilio Uribe Robles y días después el Teniente José Azueta Abad.

Los ideales de la Revolución Mexicana se plasmaron con la promulgación de la Constitución el 5 de febrero de 1917, en la que se nacionalizó la Marina con las reformas al Artículo 32, donde se estipuló que para pertenecer a la Marina de Guerra era necesario ser mexicano por nacimiento y para las tripulaciones de los buques mercantes lo serían las dos terceras partes de ella.

En el contexto de la Segunda Guerra Mundial se le dio autonomía al Departamento de la Marina Nacional, al separarse de la Secretaría de la Defensa Nacional (anteriormente Secretaría de Guerra y Marina) en 1939, lo que dio pie a la creación de la Secretaría de Marina el 31 de diciembre de 1940, fue así como comenzó la base de la estructura institucional actual, donde sobresale la Armada de México como componente operativo de la Secretaría de Marina.

El 13 de febrero de 1976, el estado mexicano establece la zona económica exclusiva en 200 millas náuticas, lo que representó contar con una superficie marítima nacional de 3 149 920 kilómetros cuadrados, donde se tienen los derechos de exploración y explotación de los recursos naturales. Esto significó incrementar la responsabilidad de la Armada de México, la cual amplió y modernizó su flota de superficie y aérea para proporcionar la vigilancia y seguridad en la misma.

La Armada de México, una de las instituciones más respetadas del país, tiene por misión el “emplear el poder naval de la federación, para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país, apegado a lo que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan y los tratados internacionales de los que México forma parte”, además de ser una de las instituciones más comprometidas en promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

El personal naval ha trabajado para formar una institución abierta a los retos que exigen la construcción de un país próspero y con responsabilidad global. Permanentemente emplea los recursos humanos, materiales y económicos, fortalece su capacidad de respuesta operativa, consolida la inteligencia naval, moderniza procesos, sistemas e infraestructura e impulsa la investigación, el desarrollo tecnológico y la industria naval.

Los marinos mexicanos realizan actividades de guardia costera para proteger el medio ambiente marino, salvaguardar la vida humana en la mar, combatir la piratería en el mar, a la delincuencia organizada, el tráfico ilícito de personas, armas y estupefacientes. Apoya a la población a través del Plan Marina y proporciona ayuda humanitaria internacional cuando es necesario.

La Armada de México se mantiene a la vanguardia al participar en el despliegue de personal en operaciones de paz en la ONU, en atención a la población vulnerable y a las organizaciones de la sociedad civil de diferentes países. 1

En conclusión, la Armada de México desde su creación el 4 de octubre de 1821, hasta la actualidad, ha sido garante de la soberanía nacional y pilar en la construcción de México como nación. Su devenir histórico se engrandece con hombres y mujeres de mar, quienes cimentaron y edificaron con los más altos valores éticos, morales y humanos esta noble institución. Sus incontables proezas realizadas con honor, esfuerzo, sacrificio y valor podrían enmarcarse en el heroísmo nacional y el más profundo patriotismo, logrando con esto el honor y prestigio que orgullosamente ha alcanzado esta Institución.

Es por tal razón que, en reconocimiento al compromiso permanente de la Armada de México la cual siempre se ha incorporado al esfuerzo nacional para alcanzar los proyectos de seguridad y desarrollo de nuestra nación, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Armada de México, considero meritorio enaltecer y distinguir el nombre de la Armada de México por su trayectoria histórica como garante de la independencia, la paz y el desarrollo económico de la nación, plasmando con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo el reconocimiento a sus 200 años de existencia ininterrumpida.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se ordena inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, la leyenda 2021, Año del Bicentenario de la Armada de México

Artículo Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda 2021, Año del Bicentenario de la Armada de México.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 “En cuatro años, México participó en 83 despliegues de personal Militar y Policial para Misiones de Paz de la ONU”. Senado de la Republica, Coordinación de Comunicación Social, 07 julio 2019.

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletine s/45445-buscan-fortalecer-relacion-bilateral-mexico-malasia.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2021.– Diputado Jaime Martínez López (rúbrica).»