PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en el artículo 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 12, numeral 2, del Reglamento de la Contingencia Sanitaria, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del martes 1 de febrero de 2022 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.– Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (rúbrica), presidente.»

«Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al rector de la UNAM, a proponer ante el Consejo Universitario, modificaciones al Estatuto del Personal Académico (EPA), con el propósito de reconocer definitividad a los técnicos académicos contratados por artículo 51 que cumplan con los requisitos, a cargo de la diputada María Bertha Espinoza Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas autoridades de Puebla, a realizar las acciones para lograr la conciliación entre las partes del conflicto político en Coyomeapan y puedan darse las condiciones de unidad y cohesión social que faciliten la gobernabilidad democrática, a cargo del diputado Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección General del IPN, a instalar una mesa de diálogo, con una representación de 855 personas trabajadoras de apoyo y asistencia a la educación afectadas, con objeto de que revisen las posibilidades de aplicar el incremento de 3.9 por ciento, correspondiente a la revisión salarial de 2021, a cargo de la diputada Lidia Pérez Barcenas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nuevo León, a instrumentar los mecanismos necesarios que garanticen que el "impuesto verde" lo paguen las empresas que contaminen y no se traslade a los ciudadanos, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Jucopo de esta soberanía, a valorar la creación de una subcomisión encargada de estudiar, analizar y atender el desabasto de medicamentos en el sector público de salud, a cargo de la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Junta de Coordinación Política para su atención.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nuevo León, a evaluar la viabilidad de la construcción de un centro comunitario en el municipio de Monterrey, Nuevo León, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Bienestar, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al estado de Nuevo León, a garantizar la materialización del principio de paridad total, derechos de la mujer a una vida libre de violencia política y los derechos político-electorales de las y los ciudadanos, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SICT, a hacer públicos los estudios que garanticen la seguridad de las nuevas rutas, llegadas y salidas consideradas en el rediseño del espacio aéreo en el Valle de México, el estudio de impacto ambiental y los efectos en la salud respecto del ruido excesivo, suscrito por diputados integrantes de los Grupo Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, para que esta soberanía realice un Homenaje a las y los medallistas por México de la XXXII edición de los Juegos Olímpicos y XVI edición de los Juegos Paralímpicos que se realizaron en Tokio, Japón, a cargo del diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, a crear, implementar, y en su caso reforzar programas, planes, proyectos y acciones de cultura física, activación física, recreativos y deportivos, dirigidos a los diversos grupos de la población nacional, a cargo del diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Deporte, para dictamen.»

SE RECONOZCA DEFINITIVIDAD A LOS TÉCNICOS ACADÉMICOS DE LA UNAM CONTRATADOS POR ARTÍCULO 51 QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al rector de la UNAM a proponer ante el Consejo Universitario modificaciones del EPA para reconocer definitividad a los técnicos académicos contratados por artículo 51 que cumplan los requisitos, a cargo de la diputada María Bertha Espinoza Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, María Bertha Espinoza Segura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, eleva a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al rector de la UNAM, doctor Enrique Graue Wiechers, a proponer ante el Consejo Universitario la adición del artículo 20, la reforma del artículo 80 y la adición de un artículo transitorio al Estatuto del Personal Académico, con el propósito de reconocer definitividad a los técnicos académicos contratados por artículo 51 cuando cumplan el procedimiento establecido en el EPA o por tener 20 o más años de antigüedad académica al servicio de la UNAM y haber desempeñado en su dependencia de origen, con manifiesta distinción en su especialidad, el cargo de técnico académico, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. Que los técnicos académicos que alcanzan una antigüedad ininterrumpida en el puesto de 20 o más años de servicio confirman que sus labores han sido y son útiles al cumplimiento de las funciones de investigación y docencia de la Universidad;

Segundo. Que el artículo 19 del EPA establece: “Los técnicos académicos al cumplir tres años de servicio ininterrumpido en una misma categoría y nivel, sin perjuicio de participar en cualquier concurso que se convoque, tendrán derecho a que se abra un concurso de oposición para promoción, con objeto de que se resuelva si es procedente otorgarles la definitividad o promoverlos”. No obstante, en la Universidad un número importante de técnicos académicos alcanzan una antigüedad superior a 20 años de servicio y que aún se encuentran sujetos a la firma de un contrato anual de servicios. La definitividad a este grupo de académicas y académicos, sería un acto de reconocimiento a su trayectoria y de justicia académica por parte de la Universidad a que sirven.

Tercero. Que el artículo 80 del EPA consigna lo siguiente: “El Consejo Universitario, a propuesta de los consejos técnicos, podrá acordar que excepcionalmente, personas de manifiesta distinción en una especialidad, acreditada por varios años de labor y por la realización y publicación de obras, aun cuando no satisfagan alguno o algunos de los requisitos estatutarios, presenten concurso de oposición para ingreso como profesores o investigadores”.

La presente proposición con punto de acuerdo busca que el Consejo Universitario a propuesta del rector de la UNAM modifique este artículo para quedar como sigue: “El Consejo Universitario, a propuesta de los consejos técnicos, podrá acordar que excepcionalmente, personas de manifiesta distinción en una especialidad, acreditada por varios años de labor y por la realización y publicación de obras, aun cuando no satisfagan alguno o algunos de los requisitos estatutarios, presenten concurso de oposición para ingreso como profesores o investigadores. Y, en el caso de técnicos académicos, podrá reconocer definitividad en razón de los años de servicio prestados a la Universidad, que en ningún caso podrán ser menores a 20 años ininterrumpidos”.

Cuarto. Esta proposición con punto de acuerdo propone la adición de un artículo transitorio al Estatuto del Personal Académico que establezca: “Los técnicos académicos contratados por artículo 51, con una antigüedad mayor o igual a 20 años, serán reconocidos como definitivos, a más tardar el 31 de diciembre de 2022”.

Con base a los considerandos anteriores se formula la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor Enrique Graue Wiechers, a proponer ante el Consejo Universitario la adición del artículo 20, la reforma del artículo 80 y la adición de un artículo transitorio al Estatuto del Personal Académico, con el propósito de reconocer definitividad a los técnicos académicos contratados por artículo 51, cuando cumplan el procedimiento establecido en el EPA o por tener 20 años o más de antigüedad académica al servicio de la UNAM y haber desempeñado en su dependencia de origen, con manifiesta distinción en su especialidad, el cargo de técnico académico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.– Diputada María Bertha Espinoza Segura (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

RELATIVO AL CONFLICTO POLÍTICO EN COYOMEAPAN, PUEBLA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a autoridades de Puebla a realizar acciones tendentes a la conciliación entre las partes del conflicto político en Coyomeapan y logar condiciones de unidad y cohesión social que faciliten la gobernabilidad democrática, a cargo del diputado Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Armando Contreras Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que la Cámara de Diputados exhorta al gobierno de Puebla a realizar acciones a fin de que se logre la conciliación entre las partes del conflicto político en Coyomeapan y puedan darse las condiciones de unidad y cohesión social que faciliten la gobernabilidad democrática; al Tribunal Electoral del Estado, a reponer el proceso electoral para elegir a un gobierno municipal indígena atendiendo a la libre determinación del pueblo indígena de Coyomeapan, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, a realizar en el ámbito de sus atribuciones las investigaciones correspondientes por posibles violaciones de los derechos humanos de las personas acusadas por los hechos acontecidos en Santa María Coyomeapan en septiembre de 2021; y a la Fiscalía General del Estado, a retirar los cargos contra las personas privadas de la libertad y brindar garantías que permitan esclarecer lo acontecido en Coyomeapan, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Los diputados federales de Morena y de la coalición Juntos Haremos Historia sabemos que nuestro movimiento se fundó en la necesidad de acabar con aquellas prácticas del gobierno hegemónico del PRIAN, donde el nepotismo era el pan de cada día, y las arbitrariedades en los procesos electorales eran parte del “sistema democrático y electoral” entonces instaurado.

Quienes hemos recorrido los municipios de nuestros distritos y nuestras circunscripciones, conocemos las quejas de la ciudadanía, conocemos sus necesidades, y hemos sido testigos innumerables veces, del hartazgo de la gente respecto a las prácticas de “cacicazgo político” que mayormente se da en comunidades rurales, donde los que en algún momento detentaron el poder gracias a las filas del PRIAN, ahora lo defienden con gran recelo, tienen miedo a perder sus lugares de poder, lugares que ocupan sus esposos, esposas, hermanos, tíos, primos, sobrinos, etcétera.

En el Grupo Parlamentario de Morena somos conocedores de las diversas irregularidades que han enfrentado los procesos electorales a nivel local en los diferentes municipios, donde se ha violentado tajantemente el estado de derecho, y se ha hecho a un lado la voluntad de la militancia, por poner “a los de siempre”, a aquellos que, por haber tenido algún puesto de poder, siguen sobajando a la población y con artimañas han conseguido volver a posicionarse en el poder.

Segunda. Puebla, y muy específicamente Santa María Coyomeapan, no han sido la excepción, debido a los recientes conflictos derivados de las irregularidades en los últimos procesos electorales, donde incluso en julio de 2018 perdió la vida el joven Habath Sánchez Saval, quien en ese momento fungía como “representante de casilla” de nuestro movimiento.

Este municipio es uno de los 217 de Puebla. Se encuentra catalogado por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas como municipio indígena. Su tipología lo posiciona como una zona en la cual se encuentra asentado 70 por ciento o más de población indígena del total de su población náhuatl (en su mayoría) y mazateca.

Forma parte además de uno de los mil 565 municipios rurales que deben recibir atención prioritaria del gobierno federal, de acuerdo con la declaratoria de zonas de atención prioritaria 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2020, pues en él se concentra un alto grado de marginación, rezago y pobreza entre su población.

En el presente año se llevaron a cabo elecciones para el cambio de su ayuntamiento, correspondiente al periodo 2021-2024, en las cuales se vislumbró un conflicto político que al día de la fecha no ha tenido una solución, originado por lo que los pobladores llaman cacicazgo político, ya que entre familia la Celestino han mantenido el poder en el gobierno municipal; iniciando con David Celestino Rosas (2011-2014), Araceli Celestino Rosas (2014-2018), David Celestino Rosas (2017-2021) y Rodolfo García López (esposo de Araceli Celestino Rosas, 2021-2024).

En Morena siempre hemos peleado para que las prácticas de la vieja política que tanto daño le ha hecho a México desaparezcan, esos cacicazgos políticos donde el poder sólo rota entre una misma familia, tal como ahora sucede en aquella cabecera municipal, donde el expresidente municipal David Celestino Rosas ha ido colocando a su familia en puestos clave en la administración municipal, y que ahora han dado la espalda a la ciudadanía.

El domingo 6 de junio de 2021, fecha en que se llevó a cabo la elección del presidente municipal, un grupo de pobladores mantuvieron tomadas las oficinas del Consejo Municipal Electoral, pues aseguraban que durante las votaciones en donde resultó ganador Rodolfo García López, él y su equipo de campaña compraron votos y días antes recurrieron a la intimidación de los habitantes, por lo que exigían el recuento voto por voto. Por esta razón, los habitantes del municipio de Santa María Coyomeapan no aceptaron los resultados y como consecuencia de ello el 22 de agosto del presente año tomaron las instalaciones del Ayuntamiento y otros edificios públicos de la cabecera. No hubo vandalismo en esos hechos y los bienes públicos muebles e inmuebles permanecen en resguardo por parte de la comunidad.

Y que incluso han realizado calumnias y desprestigios a aquellos que no están de acuerdo con su gobierno, al grado que de acuerdo a diversas fuentes (https://m.e-consulta.com/opinion/2021-10-19/coyomeapan-caciquismo-y-miseria) el pasado 22 de agosto, los habitantes, muchos de ellos, lamento decir que simpatizantes de nuestro movimiento, arremetieron contra la presidencia municipal en señal de protesta, sin realizar ningún destrozo ni daño a la propiedad pública, sino simplemente e señal de descontento, bloquearon entradas y salidas.

Inclusive al Movimiento Anticaciquil se le ha dicho que es un movimiento Antorcha Campesina, situación que no es verdad, son calumnias, que tal como lo ha dicho nuestro presidente de la república, “la calumnia no mancha, pero cómo tizna”.

Tercera. Derivado de los puestos de poder que ocupa la familia de David Celestino Rosas, se han liberado diversas órdenes de aprehensión contra diversos integrantes de este movimiento, bajo la integración de carpetas de investigación por hechos delictivo que nada tienen que ver, hechos que han sido manipulados para violentar los derechos de debido proceso y de presunción de inocencia de personas como Basilisia Montaño Gutiérrez, Eruviel Aguilar Gómez, Adán Anastasio González, Gonzalo Martínez Herrera. Por ello no podemos permitir que en pleno 2021 se sigan utilizando instituciones como lo es el Ministerio Público, y la Fiscalía General del Estado de Puebla para cometer semejantes atropellos.

Por lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno de Puebla a realizar de acuerdo con su competencia y facultades acciones a fin de que se logre la conciliación entre las partes del conflicto político en Santa María Coyomeapan y puedan darse las condiciones de unidad y cohesión social que faciliten la gobernabilidad democrática de ese territorio.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Tribunal Electoral del Estado de Puebla a reponer de acuerdo con su competencia y facultades el proceso electoral para elegir a un gobierno municipal indígena atendiendo a la libre determinación del pueblo indígena de Santa María Coyomeapan.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla a realizar de acuerdo con su competencia y facultades las investigaciones correspondientes por las posibles violaciones a los derechos humanos de las personas acusadas por los hechos acontecidos en Santa María Coyomeapan.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Puebla a retirar de acuerdo con su competencia y facultades los cargos contra de las personas privadas de su libertad y brinde garantías que permitan esclarecer los hechos acontecidos en Santa María Coyomeapan.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.– Diputado Armando Contreras Castillo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

SE REVISEN LAS POSIBILIDADES DE APLICAR EL INCREMENTO DE 3.9 POR CIENTO, CORRESPONDIENTE A LA REVISIÓN SALARIAL DE 2021, EN EL IPN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Dirección General del IPN a instalar una mesa de diálogo, con una representación de 855 trabajadores de apoyo y asistencia a la educación afectados, a fin de que revisen las posibilidades de aplicar el incremento de 3.9 por ciento correspondiente a la revisión salarial de 2021, a cargo de la diputada Lidia Pérez Barcenas, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Lidia Pérez Barcenas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, párrafo 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) es una gran institución que ha contribuido al desarrollo del país a través de su oferta educativa. Su origen hunde sus raíces en los gobiernos posrevolucionarios y cristaliza en 1936 durante el mandato del general Lázaro Cárdenas del Río, quien, junto con Juan de Dios Bátiz, da vida a este generoso proyecto. De sus aulas han egresado cientos de profesionistas que se han incorporado a las diversas actividades productivas y de servicios del país, cumpliendo la misión para la que fue concebida.

Como establece su ley orgánica, el IPN es la institución educativa del Estado creada para consolidar, a través de la educación, la independencia económica, científica, tecnológica, cultural y política para alcanzar el progreso social de la nación, de acuerdo con los objetivos históricos de la Revolución, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1

Su misión es formar integralmente a técnicos, profesionistas e investigadores a través de programas pertinentes en distintas áreas del conocimiento; realizar investigación científica y tecnológica; promover la innovación y fomentar la vinculación y extensión con los sectores productivos y social, para contribuir al desarrollo tecnológico, económico, político, social y cultural del país. 2

El Poli, como coloquialmente se le conoce, hoy hace realidad el derecho a la educación de 211 mil 839 alumnas y alumnos para el ciclo escolar 2020-2021, distribuidos de la siguiente manera: 6 mil 354 en el nivel de posgrado; 127 mil 485 en el nivel superior y 78 mil en el nivel medio superior. Imparte 164 programas académicos de posgrado, 46 doctorados, 80 maestrías, 38 especialidades, 78 programas académicos de licenciatura y 57 programas académicos de nivel medio superior. 3

En cuanto a su planta laboral, tiene 16 mil 175 docentes y 9 mil 448 trabajadoras y trabajadores de apoyo.

Actualmente, el IPN ejerce un presupuesto superior a 18 mil millones de pesos, autorizados por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal de 2022.

A esta representación popular se ha acercado personal de apoyo y asistencia a la educación del IPN para denunciar que 855 trabajadoras y trabajadores, ubicados en el rango D del tabulador horizontal de salarios, fueron excluidos del incremento salarial del 3.9 por ciento que las autoridades de la institución pactaron con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 11, y que se pagó el 9 de junio de 2021. Ese aumento no fue reflejado, indebidamente, en el salario tabulado de los mencionados 855 trabajadoras y trabajadores pertenecientes al sector.

Dicho incremento forma parte de una negociación bilateral en torno a las Condiciones Generales de Trabajo, y que antes de esa fecha ya se les había reconocido. Manifiestan que el mencionado aumento directo al salario les ha sido negado sin explicación alguna, constituyendo un acto violatorio del derecho humano a la igualdad de oportunidades laborales.

El ajuste salarial demandado se desprende de un convenio histórico suscrito por autoridades de la SEP y el IPN con la Sección 11 del SNTE: el convenio de homologación firmado en 1980. En la presentación del citado documento tripartita, el entonces director general, doctor Héctor Mayagoitia Domínguez, escribe lo siguiente:

De esta manera, autoridades educativas y delegados sindicales al dar a conocer los derechos y obligaciones de los trabajadores y de los funcionarios, tratan de crear conciencia entre los trabajadores para afirmar la responsabilidad de cada uno de ellos en el cumplimiento de los puntos de este Convenio. Así se responde a la demanda sindical de nivelación salarial al personal administrativo, técnico y manual del Politécnico con los sueldos y obligaciones de otras instituciones de enseñanza como lo son la UNAM y la UAM. 4

Además, en el mencionado convenio se establece en la cláusula XII:

Las condiciones salariales del personal no docente del IPN se revisarán anualmente a partir del mes de febrero a efecto de mantener la nivelación de los nuevos tabuladores los cuales no serán menores con respecto a los de las demás Instituciones Educativas similares de tipo superior en el área metropolitana... 5

Es un compromiso de esta representación popular coadyuvar a la solución de los problemas de los sectores más desprotegidos de la sociedad y, en este caso, de las y los trabajadores de la educación. A ninguna institución educativa conviene un clima de conflicto laboral y de inconformidad de su personal de apoyo, quienes, indebidamente, han recibido un incremento salarial menor al de otras instituciones de educación superior, incumpliendo lo establecido en el convenio de homologación firmado en 1980. Las y los legisladores estamos obligados a velar porque el Instituto Politécnico Nacional siga cumpliendo con su misión educativa en bien de la patria.

Máxime que a pesar de la pandemia provocada por el Sars-Cov2, el IPN incrementó su matrícula para el Ciclo 2022, en un 4.35 por ciento, es decir 9 mil 208 estudiantes más.

Además de que su aporte al combate a este flagelo quedó de manifiesto en varias acciones como su participación en la Comisión Internacional de Expertos, convocada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, para contribuir en los trabajos globales en el desarrollo de una vacuna contra el Covid-19. 6

Hoy cuando las autoridades han anunciado que regresarán a las clases presenciales el 31 de enero del año en curso, se requerirá de sus trabajadoras y trabajadores de apoyo y asistencia a la educación, todo su compromiso con esta noble institución.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional a instalar una mesa de diálogo, con una representación de las 855 personas trabajadoras de apoyo y asistencia a la educación afectadas, con objeto de que revisen las posibilidades de aplicar al salario base el incremento de 3.9 por ciento, correspondiente a la revisión salarial de 2021, que fue asignado al salario tabular de las y los trabajadores del IPN, a partir del 1 de febrero de 2021.

Notas

1 Artículo 1 de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional,

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

2 https://www.institutopolitecniconacional.com/historia (fecha de consulta: 6 de enero de 2022).

3 https://ipn.mx/assets/files/main/docs/Transparencia/2020-Agenda-ene-dic.pdf

4 Convenio SEP-IPN-SNTE-Sección XI, mimeografiado, página 3.

5 Ibídem, página 5.

6 https: www.ipn.mx/assets/ccs/comunicados/2021/12/c-256-2021pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.– Diputada Lidia Pérez Barcenas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

SE GARANTICE QUE EL IMPUESTO VERDE LO PAGUEN LAS EMPRESAS QUE CONTAMINEN Y NO LOS CIUDADANOS NEOLONESES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León a instaurar mecanismos que garanticen que el impuesto verde lo paguen las empresas contaminantes y no se traslade a los ciudadanos, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Marcela Guerra Castillo, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Nuevo León para que instrumente los mecanismos necesarios que garanticen que el “impuesto verde” lo paguen las empresas que contaminen y no se traslade a los ciudadanos, ya que esto ha provocado un alza de precios en los materiales con que se construyen las viviendas, afectando a los sectores más vulnerables de la población, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El problema de la contaminación afecta a las grandes metrópolis de todo el mundo, por lo que corresponde a los gobiernos de los países suscribir compromisos internacionales para mitigar la contaminación y sus afectaciones, mientras que los gobiernos locales deben dictar las regulaciones aplicables de acuerdo a las necesidades de cada región. Y desde luego, corresponde a todos los ciudadanos hacer las acciones más sencillas como cuidado del agua, de la energía eléctrica o usar menos los autos. Solo con la suma de todos estos esfuerzos, podremos ver, respirar y disfrutar de los resultados de un medio ambiente saludable.

Técnicamente, la contaminación ambiental es la presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) en lugares, formas y concentraciones que sean nocivos para la salud, la seguridad o el bienestar de la población, o que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal. 1 Los principales agentes contaminantes del aire son:

-Monóxido de carbono (CO). Se produce por la quema de combustibles como el gas, la gasolina, el petróleo, el tabaco y la madera de chimeneas. Es casos extremos, la inhalación de este gas puede causar la muerte por envenenamiento en pocos minutos, al sustituir el oxígeno en la sangre.

-Óxidos de Nitrógeno (NO, NO2, NOx). Surge por los procesos de combustión como la calefacción, generación de electricidad y motores de vehículos y barcos. Puede causar bronquitis en personas asmáticas y reduce la función pulmonar.

-Dióxido de azufre (SO2). Se genera como resultado de la quema de combustibles fósiles (carbón y petróleo). Afecta a las funciones pulmonares, causa irritación ocular, inflama el sistema respiratorio provocando tos, secreción mucosa y bronquitis crónica.

-Materia Particulada (PM). Son partículas orgánicas e inorgánicas de sulfatos, nitratos, amoníaco que se están suspendidas en el aire. Pueden penetrar y alojarse profundamente en los pulmones y entrar en el sistema sanguíneo. La exposición crónica a materia particulada contribuye al riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como cáncer de pulmón.

-Ozono (O3). Procedentes de las emisiones de vehículos o la industria. Sus niveles son especialmente elevados en época de calor. Puede causar problemas respiratorios, provocar asma, reducir la función pulmonar y dar lugar a enfermedades pulmonares.

De acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación atmosférica en las ciudades y zonas rurales de todo el mundo provoca cada año 4.2 millones de defunciones prematuras. Un 91 por ciento de esas defunciones prematuras se producen en países de bajos y medianos ingresos. Mediante la disminución de los niveles de contaminación del aire, los países pueden reducir la carga de morbilidad derivada de accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neumopatías crónicas y agudas. 2

La capital de mi estado, Nuevo León, enfrenta un problema de contaminación del aire que se ha incrementado año con año. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente, en 2018 se reportaron 204 días de alta contaminación en la zona metropolitana de Monterrey; en 2019 fueron 181 días; en 2020 se registraron 179; y hasta noviembre de 2021 se contabilizaron 194 días de mala calidad del aire, y a reserva de que se publiquen los datos oficiales de diciembre, seguramente 2021 habrá sido el año de más alta contaminación.

Son muchas las fuentes de contaminación en Monterrey y el área conurbada. Se estima que al menos el 50 por ciento 3 proviene del transporte público 4  que da servicio a los 5 millones de personas que viven en Monterrey y sus alrededores, y de los 2.5 millones de autos registrados en el padrón vehicular.

Sin embargo, durante la contingencia por Covid-19 se redujo la movilidad hasta un 60 por ciento pero no se reflejó en una disminución de la contaminación, por lo que habría que replantear las fuentes que la generan.

La otra parte de la contaminación es generada por las pedreras, la refinería de Cadereyta, las termoeléctricas y otras industrias.

Las pedreras son las empresas dedicadas a la extracción de rocas para elaborar diversos materiales esencialmente para la construcción. Su problemática radica principalmente en 4 situaciones:

-La cantidad de contaminantes que vierten en el aire;

-El uso constante de químicos empleados para dinamitar las rocas, que propicia fallas geológicas y que además contamina el suelo;

-No hay programas de mitigación para regenerar la zona en la que se asentó la empresa, una vez que ha extraído todo el material y se ha retirado del lugar;

-Están devastando las montañas de Nuevo León. Las pedreras han dañado los cerros y la zona serrana cercana a la capital, afectando gravemente a los ecosistemas de la región.

Alrededor de 48 pedreras cuentan con registro oficial en Nuevo León, sin embargo, la Asociación de Extractores de Caliza del estado tiene agremiadas a 65 empresas. Lo que significa que varias de ellas podrían estar operando en la clandestinidad.

A inicios de noviembre pasado, el gobernador Samuel García propuso la creación del llamado “impuesto verde”, que tiene varios fines: en primer lugar, es gravar las actividades contaminantes de las empresas y fabricas para que paguen un impuesto que ayude a mitigar el daño ecológico que causan; y en segundo lugar se busca que las empresas inviertan en tecnologías y prácticas que sean amigables con el medio ambiente para que estén exentas de pagar el impuesto verde.

La citada propuesta del Ejecutivo local entró en vigor el primer día de este 2022, sin embargo, en un acto de total abuso, las pedreras decidieron encarecer sus productos para que el consumidor final sea quien verdaderamente pague el impuesto verde.

Si consideramos que las pedreras venden materiales de construcción, el aumento en el precio de estos productos ha provocado que las viviendas se encarezcan y que el ciudadano de a pie termine pagando un impuesto que le corresponde pagar a las empresas que contaminan su medio ambiente y que además le provocaran afectaciones a la salud como las mencionadas anteriormente, las cuales terminaran siendo atendidas por los servicios de salud del estado y con recursos del gobierno. Es decir, ciudadanos y cobierno terminarán pagando los daños que ocasionan estas empresas, pues la contaminación del aire no solo representa un problema ambiental, sino también de salud y a mediano plazo presupuestal, para atender las afectaciones médicas.

Algunos medios de comunicación refieren que las pedreras de Nuevo León han comunicado a sus clientes que sus precios subirán hasta 183 por ciento debido al impuesto verde, por lo que se ven obligados “a aplicar un aumento de precios generalizado a todos los materiales que manejamos”. 5

En este orden de ideas, el gobierno de Nuevo León debe implementar medidas para evitar que los ciudadanos paguen un impuesto que no les corresponde, y para que, los que están obligados a pagarlo no evadan su responsabilidad.

Y es que, como coordinadora del “Grupo de Trabajo para dar seguimiento a la implementación de la Agenda 2030 6  de la Cámara de Diputados”, mi compromiso es legislar en favor de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, 7  y esta proposición con punto de acuerdo, junto con el impuesto verde, abonan a los siguientes objetivos:

Vivir en un medio ambiente sano reduce diversas afectaciones a la salud, algunas de ellas las menciono en párrafos anteriores.

Que las empresas contaminantes de Nuevo León inviertan en tecnología para reducir sus emisiones en sus procesos, es uno de los objetivos del impuesto verde, y desde luego, de esta proposición.

La extracción de rocas que están haciendo las pedreras, está afectando y devastando a los cerros y montañas aledañas a Monterrey, dañando gravemente a los ecosistemas de la región.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honrable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas, exhorta al gobierno de Nuevo León para que instrumente los mecanismos necesarios que garanticen que el “impuesto verde” lo paguen las empresas que contaminen y no se traslade a los ciudadanos, ya que esto ha provocado un alza de precios en los materiales con que se construyen las viviendas, afectando a los sectores más vulnerables de la población.

Notas

1 ¿Qué es la contaminación del aire?. Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México. Disponible en:

https://rama.edomex.gob.mx/que_es

2 Contaminación del aire ambiente. Organización Mundial de la Salud. Disponible en:

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(out door)-air-quality-and-health

3 La contaminación en Monterrey. Disponible en:

https://www.milenio.com/opinion/efren-vazquez-esquivel/no-hay-de recho/la-contaminacion-en-monterrey

4 Al respecto, en la Sesión de la Comisión Permanente del 12 de enero de 2022, presente Punto de Acuerdo para exhortar al Gobierno de Nuevo León a tomar de manera urgente las medidas que estime pertinente para acabar con el problema del transporte de pasajeros. Además de que rinda un informe sobre las acciones implementadas para la renovación e implementación del transporte público de gas natural y eléctrico.

5 El Debate. A partir del 1 de enero las pedreras de Nuevo León subirán hasta 183% los precios de sus productos por el nuevo “impuesto verde” del Gobierno estatal. Disponible en:

https://www.debate.com.mx/economia/Pedreras-de-Nuevo-Leon-subira n-precios-hasta-183-por-nuevo-impuesto-verde-20211219-0039.html

6 Resumen de la Instalación del Grupo de Trabajo de la Agenda 2030:

https://www.youtube.com/watch?v=L21Y48YkAsY&feature=youtu.be Video completo:

https://www.youtube.com/watch?v=6GJfQ3hIfC4

7 Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Disponible en:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarr ollo-sostenible/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.– Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

SUBCOMISIÓN ENCARGADA DE ESTUDIAR, ANALIZAR Y ATENDER EL DESABASTO DE MEDICAMENTOS EN EL SECTOR PÚBLICO DE SALUD

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo de esta soberanía a valorar la creación de una subcomisión encargada de estudiar, analizar y atender el desabasto de medicamentos en el sector público de salud, a cargo de la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Carmen Patricia Armendáriz Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a valorar la creación de una subcomisión para estudiar, analizar y atender el desabasto de medicamentos en el sector público de salud, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El funcionamiento del Estado, como ente de organización política, siempre se encuentra sujeto a la utilización de recursos limitados para la consecución de sus objetivos. Esta premisa, que generalmente se rige por principios como la eficiencia y la eficacia presupuestaria, permite que las instituciones del Estado operen de manera continúa abarcando las necesidades de la población.

Determinados sectores como el sector salud, requieren de aumentos constantes y significativos año con año para surtir las demandas de la ciudadanía; sin embargo, un aumento presupuestario no siempre constituye la única solución para alcanzar los objetivos constitucionales del Estado y sus instituciones.

Por ello, las propuestas y demás soluciones de carácter administrativo y logístico, coadyuvan a garantizar que los principios presupuestales de eficiencia y eficacia en el gasto público sean debidamente atendidos.

No obstante, en algunas ocasiones estas medidas son insuficientes para configurar un estado de bienestar para todas y todos, tal y como ha quedado de manifiesto con la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, comúnmente conocido como Covid-19, en donde una amplia presión en el uso del sistema de salud público ha reducido la capacidad de atender de manera universal a toda persona que lo necesite y, con ello poder satisfacer su derecho a la salud.

El gobierno federal, en la búsqueda de mejores mecanismos para dar eficacia y efectividad al sistema, ha implantado un nuevo modelo para la adquisición de medicamentos y material de curación; a través de la celebración de un convenio entre el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), 1 como resultado del convenio marco entre el gobierno mexicano y la UNOPS, 2 donde por medio de la cooperación técnica se realizarían procesos de licitación internacional a fin de abastecer a las instituciones del sector salud.

Sin embargo y a pesar de la efectividad de este mecanismo, al día de hoy continúa existiendo una queja constante de quienes recurren a las instituciones de salud pública para garantizar su bienestar físico.

La que suscribe, ha recibido a través de las redes sociales, diversas quejas relativas a la escasez de medicamentos y material de curación al interior de las instituciones del sector salud, que permiten suponer fallas en la cadena de distribución bienes, lo cual, impide que los pacientes reciban los insumos necesarios para satisfacer su derecho a la salud.

Sin embargo, la complejidad del sector salud es tal, que resulta imposible ofrecer una solución única para abordar su problemática, toda vez que no se pueden generalizar ni las causas ni los resultados derivados de este aparente desabasto.

Por ello es convicción de quien suscribe este punto de acuerdo, atender la necesidad de revisar cada uno de los casos de denuncias por desabasto de medicamentos e insumos del sector salud, a fin de obtener un diagnóstico preciso que ayude a solventar los problemas del Sistema Nacional de Salud. Revisión de casos que no sólo pretende documentarlos sino, a su vez, buscar soluciones en la vía legislativa para apoyar al sector salud que al día de hoy y derivado de la pandemia, se encuentra ampliamente presionado.

Por tanto, se propone crear una subcomisión de investigación y análisis de desabasto de medicamentos en la que participen las y los integrantes de las Comisiones de Salud, y de Seguridad Social por ser las que engloban a las instituciones de salud a nivel nacional, para que a través de la revisión de casos específicos, el Congreso de la Unión y concretamente la Cámara de Diputados, cuenten con elementos que le permitan elaborar un diagnostico preciso, que se enfoque en ofrecer soluciones de carácter legislativo e incluso, de ser necesario, se aproveche de los mecanismos legales de control político con los que cuenta, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la gestión en el sistema de salud.

Dicha subcomisión se encargaría de revisar las denuncias relacionadas al suministro de medicamentos e insumos de las instituciones de salud pública, que cualquier ciudadano, bajo su propia responsabilidad, formule por escrito ante la Cámara de Diputados.

Por lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44, numeral 4, de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 152 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía y de la Junta de Coordinación Política el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a valorar la creación de una subcomisión para estudiar, analizar y atender el desabasto de medicamentos en el sector público de salud, formada por integrantes de las Comisiones de Salud, y Seguridad Social.

Notas

1 Secretaría de Salud. Acuerdo específico entre el Instituto de Salud para el Bienestar de los Estados Unidos Mexicanos y la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, para la ejecución del proyecto de implantación del denominado “Adquisición de medicamentos y material de curación”, 39 páginas. Consultado en

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/626390/AE_UNOPS_I NSABI_08112020113928__1_.pdf

2 Secretaría de Relaciones Exteriores. Acuerdo marco entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, 15 páginas. Consultado en

https://transparencia.sre.gob.mx/transparencia-catego-rias/categ ory/392-fracc-vi-i-los-acuerdos-interinstitucionales? download=68391: 1-mx-unops-13-feb-19&start=80

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.– Diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política para su atención.

SE EVALÚE LA VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNITARIO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León a evaluar la viabilidad de construir un centro comunitario en Monterrey, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

Honorable asamblea, quien suscribe, Marcela Guerra Castillo, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno de Nuevo León para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, evalúe la viabilidad de la construcción de un centro comunitario en el municipio de Monterrey, Nuevo León, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde las primeras clases de trabajo social impartidas en las universidades de los Estados Unidos de América en el siglo XIX a lo que representa hoy en día, este se ha constituido como una profesión para promover los deberes básicos de la sociedad como el cambio, el desarrollo social, el fortalecimiento y la liberación de las personas.

Esta disciplina y tarea común, observa principios fundamentales como la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad.

Del trabajo social emanan diversos grupos, lugares y asociaciones que realizan diversas actividades, sin embargo, siempre buscan los mismos objetivos.

Una categoría de estas actividades es el servicio comunitario, el cual y busca atender las necesidades y resolver las contingencias que suceden en la comunidad.

“Por lo general, estas actividades son desarrolladas por estudiantes que cursan carreras profesionales. Pues, logran aplicar los conocimientos que han desarrollado durante su formación, con la intención de cooperar y alcanzar el bienestar social en las zonas rurales.

Las comunidades en las que cumplen con estas actividades tienen una particularidad, y es que requieren de esta ayuda debido a incapacidades o desventajas de las que sufren las personas que la conforman”. 1

Además de los beneficios a la comunidad, estos servicios concientizan a sus participantes sobre su importancia y el papel que desempeñan en la sociedad e integran a los ciudadanos a la vida comunitaria. También contribuye a la formación social y cultural, a través de actividades y experiencias que desarrollan los valores en los participantes.

Asimismo, los trabajos en servicio de la comunidad brindan entre otros beneficios, el fortalecimiento a la estructura social y familiar, y principios como el de responsabilidad, pertenencia, satisfacción personal y social, y habilidades para la vida en sociedad.

Estas actividades no representan una competencia o contrariedad para las tareas, trabajos, obligaciones y servicios que realiza el estado, sino son auxiliares y complementarias para el bienestar de la sociedad, por lo que tienen gran relevancia para el desarrollo y la relación existente estado—población, así como para el cumplimiento de objetivos que comparten ambos.

Para que estas actividades puedan ser realizadas, el estado debe proveer de espacios, recursos e infraestructura y asegurar un entorno adecuado para que se cumplan con los propósitos de las actividades como de los centros.

Para ilustrar, podemos mencionar a los centros comunitarios, que son inmuebles y espacios diseñados para realizar actividades educativas, culturales, deportivas y sociales, para el beneficio de la sociedad. Las áreas pueden comprender bibliotecas, salones de lectura, comedores populares, gimnasios, canchas para realizar deportes, salones para impartir talleres, entre otras.

Otro ejemplo de los beneficios que brindan estos espacios son los 394 comedores comunitarios existentes a inicios de 2021 en la Ciudad de México, los cuales repartían entre 65 y 70 mil comidas diarias y cuya demanda aumenta cada vez más. 2 Estos brindan comida a un costo muy bajo o nulo; brindando al menos una comida a quienes no pueden asegurarla.

Diversos medios refieren que, en noviembre del año pasado, el gobernador Samuel García prometió una inversión de 56 millones para la reactivación y rehabilitación de 40 centros comunitarios en el estado. Asimismo, la titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión del estado refirió que “son centros de convivencia, centros de diálogo, en donde realmente buscamos reconstruir el tejido social para lograr que Nuevo León sea el mejor lugar para nacer, para crecer, para educarse y para vivir”. 3

En mayo del año pasado, Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, presentó propuestas para la creación de dos centros comunitarios y de salud en el municipio, estos con una inversión de 160 millones de pesos; sosteniendo que “este tipo de proyectos son para atacar de raíz problemas de inseguridad, de desigualdad, de injusticia... porque a la inseguridad se le ataca con oportunidades”. 4

Nuestro trabajo como legisladores es apoyar con trabajo y acciones para el bienestar y desarrollo de la sociedad a la que representamos; en este sentido, es importante apoyar propuestas como la de los vecinos de la colonia Tanques de Guadalupe, en Monterrey, que busca crear un centro comunitario en las instalaciones de un comedor inaugurado en el 2017, que se encuentra actualmente en estado de abandono.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Nuevo León para que, en el ámbito de sus atribuciones, evalúe la viabilidad de la construcción de un centro comunitario en el predio ubicado en la colonia Tanques de Guadalupe, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno municipal de Monterrey para que implemente los mecanismos a que haya lugar, a fin de asegurar la utilización del predio ubicado en la colonia Tanques de Guadalupe, para su uso como centro comunitario.

Notas

1 Euroinnova. (s.f.). ¿Qué son los servicios comunitarios? 6 de enero de 2021, de Euroinnova. Sitio web:

https://www.euroinnova.edu.es/blog/que-son-los-servicios-comunit arios/amp

2 Efrén Argüelles. (2021). Aumenta 30% demanda de comedores comunitarios en CDMX. 6 de enero de 2021, de Excélsior. Sitio web:

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/aumenta-30-demanda-de-com edores-comunitarios-en-cdmx/1431595

3 Rosalinda Tovar. (2021). Anuncia Samuel inversión para reactivar centros comunitarios. 7 de enero de 2021, de El Horizonte. Sitio web:

https://www.elhorizonte.mx/gobernador-samuel-garcia/anuncia-samu el-inversion-para-reactivar-centros-comunitarios/4053596

4 Notired.mx. (2021). Proyecta Colosio dos centros comunitarios y de salud. 6 de enero de 2021, de Notired.mx. Sitio web:

https://www.notired.mx/nota.pl?id=1458

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 1 de febrero de 2022.– Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Bienestar, para dictamen.

SE GARANTICEN LOS DERECHOS DE LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA POLÍTICA Y LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DE LAS Y LOS CIUDADANOS EN NUEVO LEÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León a garantizar la materialización del principio de paridad total, derechos de la mujer a una vida libre de violencia política y los derechos político-electorales de los ciudadanos, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

Honorable asamblea, quien suscribe, Marcela Guerra Castillo, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Nuevo León para que, en la substanciación de sus procesos legislativos, garantice la materialización del principio de paridad total, derechos de la mujer a una vida libre de violencia política y los derechos político-electorales de las y los ciudadanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La paridad de género se refiere a una participación y representación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de poder y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida (política, económica y social). Es importante resaltar que funge como un indicador para medir la calidad democrática de todos los países. 1

Desde la reforma constitucional de junio de 2014, la paridad de género es un principio que se refiere a la participación equilibrada, justa, y legal, que asegura que al igual que los hombres, las mujeres en toda su diversidad tengan una participación y representación igualitaria en la vida democrática de nuestro país.

Sin embargo, fue hasta la reforma constitucional de junio del año 2019 que se aprobaron reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar la paridad total.

Este avance constituye un logro sin precedentes que permitió a las mujeres participar equilibradamente en todos los cargos públicos y puestos de mando y toma de decisiones del país, lo cual claramente impacta en aspectos políticos, económicos y sociales de la vida de las y los ciudadanos. Asimismo, permite ser un referente nacional e internacional de democracia en México.

Con la reforma constitucional de mérito, especialistas, colectivos de mujeres, legisladoras y ex legisladores coinciden en que es un avance transcendental hacia la consolidación de una verdadera democracia representativa, participativa e incluyente, pues implicó un momento histórico que colocó nuevos horizontes para las mujeres mexicanas, al establecer que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los tres órdenes de gobierno, en los organismos autónomos, en las candidaturas de los partidos políticos a cargos de elección popular, así como en la elección de representantes en los municipios con población indígena. La primera vez que fue implementada esta reglamentación fue en el proceso electoral de 2014-2015; así, constituyó una medida permanente que logró la inclusión de mujeres en los espacios de decisión pública.

Para el Instituto Nacional Electoral, las cuotas de género son un concepto fundamental para la vida política y democrática de nuestro país, ya que buscan la paridad política entre los géneros. Con estas cuotas se pretende producir un cambio de cultural para evitar el predominio de un solo género en la esfera política. 2 No obstante, para lograr esto se requirió de un cambio cultural y actitudinal, tanto en la ciudadanía en general como en las instituciones, a todos los niveles.

Surgieron como una medida en el ámbito nacional e internacional para encontrar un equilibrio en la participación de mujeres y hombres en los órganos de toma de decisiones.

Las mujeres hemos obtenido importantes logros que nos han permitido demostrar con hechos que tenemos la preparación y las capacidades necesarias para participar en todos los ámbitos y tomar voz en la solución de los grandes desafíos que México enfrenta. 3

Sin embargo, aún existen múltiples factores que fungen como resistencia a la participación de las mujeres en los puestos de elección popular, o bien, en los cargos que implican toma de decisiones en nuestro país; particularmente, pensamientos arraigados en la sociedad mexicana, derivados de una herencia ideológica machista y patriarcal, en la que persisten roles y estereotipos discriminatorios que se convierten en violencia política contra las mujeres por razón de género.

Consecuentemente, desde este Poder Legislativo y como representantes de la población, en todas sus formas de diversidad, y particularmente de las mujeres, debemos impulsar y desarrollar todas aquellas acciones afirmativas y mecanismos que permitan una real y eficaz igualdad de género, ya sea desde la aprobación de reformas constitucionales y legales; así como, en la implementación de políticas públicas que permitan que las mujeres puedan participar en la toma de decisiones sin ningún tipo de discriminación ni violencia.

Una vez precisado lo anterior, es importante hacer notar los siguientes antecedentes en la materia:

• El 6 de junio de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad entre géneros.

• El transitorio cuarto del decreto estableció que las legislaturas de los estados debían realizar las reformas correspondientes para procurar la observancia del principio de paridad de género.

• Posteriormente, el 13 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación otro decreto por el que se reformaron y adicionaron distintos artículos en diversas leyes generales, a fin de establecer reglas para combatir la violencia política de género en contra de las mujeres.

• Pese al mandato constitucional y legal, el Congreso de Nuevo León no realizó las reformas que permitieran armonizar su legislación, en materia de paridad y violencia política en razón de género en el ámbito electoral; por ello, el 5 de agosto de 2020, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al resolver el expediente SUP-JRC-14/2020, determinó que se actualizaba una omisión legislativa.

• La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEENL) para que emitiera acciones afirmativas como pudieran ser lineamientos o normas de carácter reglamentario, a fin de materializar los derechos de paridad, derechos de la mujer a una vida libre de violencia política y derechos político-electorales.

• Ante dicha determinación, el 23 de febrero de 2021, el Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEENL) emitió los lineamientos para garantizar la paridad de género en las elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos para el proceso electoral 2020-2021.

Problemática

El 15 de diciembre de 2021, se presentó al interior de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Nuevo León un proyecto de dictamen por el que se pretende armonizar la Constitución y la legislación local con los mandatos de la Constitución Federal y de las Leyes Generales; sin embargo, diversas organizaciones civiles, colectivos, ciudadanas, legisladoras y ex legisladoras rechazaron las reformas constitucionales y legales pues aseguran que atentan contra la paridad total en la elección de candidaturas para ayuntamientos.

Se argumenta el proyecto de dictamen prevé que los partidos políticos y coaliciones cumplan con la paridad de forma vertical, horizontal y transversal en la postulación para los ayuntamientos. Pero, establece reglas más laxas que las emitidas en los Lineamientos de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEENL).

Lo anterior, ya que, si bien establece la postulación del 50 por ciento de candidatas mujeres, no se determinan requisitos para asegurar que compitan en municipios competitivos.

El problema, acusan las agraviadas, es que los partidos políticos postulan mujeres en municipios donde tiene pocas oportunidades de ganar la elección, o bien, en municipios poco competitivos.

Bajo esas acusaciones, la suscrita considera que en todo proceso electoral deben estar garantizados los principios constitucionales de paridad, así como los derechos político-electorales de las mujeres, con el fin de que nuestro país consolide una verdadera democracia incluyente, plural e igualitaria.

Por ello, es necesario hacer referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, de entre los cuales se destaca aquel enfocado en asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Ya que empoderar a las mujeres y promover la igualdad de género es fundamental para acelerar el desarrollo sostenible.

Lo anterior, cobra especial relevancia, ya que, aunque hay más mujeres que nunca en el mercado laboral, todavía hay grandes desigualdades en algunas regiones, y sistemáticamente a las mujeres se les niegan los mismos derechos laborales que tienen los hombres, particularmente tratándose de cargos de elección popular o puestos de mando y decisión.

La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres debe posicionarse en el centro de nuestros esfuerzos para acelerar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al potenciar directamente a las mujeres y al incorporar una perspectiva de género en todos los trabajos de desarrollo, podemos construir un futuro más equitativo y sostenible para todos. 4

En esa virtud, el Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, prevé que la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. 5

Como se mencionó en líneas anteriores, en México, se han logrado avances considerables en esta materia; tan es así que ya hay más mujeres en cargos de elección popular y en posiciones con nivel de mando y decisión, gracias a legislación que fomenta la paridad de género. Sin embargo, a pesar de estos logros, todavía existen muchas dificultades: las leyes y las normas sociales discriminatorias continúan siendo generalizadas, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas a todos los niveles de liderazgo político.

Por todo lo anteriormente expuesto, se analizaron los lineamientos emitidos por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEENL), y se advirtió que en ellos se contempla que los partidos políticos deben registrar un 50 por ciento de la totalidad de postulaciones que realicen de candidaturas a las presidencias municipales con géneros distintos. Salvo que se trate de un número impar, en cuyo caso, la candidatura excedente será para el género femenino. Así, para garantizar la regla establecida en el párrafo anterior, los partidos políticos y coaliciones deben observar las reglas siguientes:

I. Bloques poblacionales. Se dividirán los 51 municipios del estado en 3 bloques poblacionales conforme al número de regidurías que les corresponda de acuerdo con la tabla siguiente:

II. Sub-bloques de competitividad electoral. Se dividirá cada bloque generado con motivo de la fracción I, en 3 sub-bloques de la forma siguiente: porcentajes de votación alta; porcentajes de votación media; y porcentajes de votación baja.

Esta división se realizará para cada partido político de la forma siguiente:

a. Los porcentajes de votación se obtendrán conforme a los resultados de la votación obtenida por el proceso electoral inmediato anterior, y se enlistarán dentro de cada bloque poblacional en porcentajes de mayor a menor.

b. En aquellos municipios en los que el partido político no haya postulado candidaturas en la elección inmediata anterior, se enlistarán al final del bloque que corresponda considerando de mayor a menor el número de población conforme al último censo poblacional emitido por autoridad competente.

En el caso de las coaliciones, se considerará la votación del partido que presente el mayor número de candidaturas en la elección de ayuntamientos para dicha coalición.

III. Principios para garantizar la paridad. Los partidos políticos deben garantizar la paridad de género en cada bloque poblacional y sub-bloques de competitividad electoral, bajo los siguientes principios:

a. Prelación. Los partidos políticos deberán iniciar la asignación correspondiente en el bloque de mayor población, y así sucesivamente hasta agotar los bloques siguientes.

b. Competitividad. Los bloques poblacionales se dividirán en sub-bloques de competitividad alta, media y baja.

c. Transversalidad. Las postulaciones deberán de garantizar la paridad de género en cada bloque y sub-bloque, evitando que las mujeres conformen de manera mayoritaria el sub-bloque de más baja competitividad; y en este último caso, procurando la alternancia de género en el resto de los sub-bloques con baja competitividad.

d. Paridad sustantiva. La totalidad de las postulaciones deberán tener el 50 por ciento para cada género, salvo que la suma de la totalidad de las postulaciones resulte impar, en este supuesto la candidatura excedente se deberá asignar al género femenino.

IV. Coaliciones. Las candidaturas que registren individualmente como partido, no serán acumulables a las de la coalición para cumplir el principio de paridad, y consecuentemente, las que registren como coalición, no serán acumulables a las que registren individualmente como partido político.

En el caso de una coalición parcial los partidos políticos que integren la coalición deberán cumplir con la paridad en la coalición, así como de forma individual en aquellos municipios no coaligados, conforme a las reglas de las fracciones I, II, III y IV.

V. Partidos políticos de nueva creación. Deberán cumplir con la paridad transversal únicamente en términos de la división de bloques poblaciones señalada en la fracción I del presente artículo.

En ningún caso, la totalidad de postulaciones dentro de los 3 bloques poblacionales deberá tener más del 50 por ciento a favor de un solo género, salvo que la suma de la totalidad de las postulaciones resulte impar, en cuyo caso, la candidatura excedente se deberá asignar al género femenino.

Los partidos políticos que hayan conservado únicamente su registro local de la elección anterior, solamente para garantizar la paridad de género, deberá sujetarse a lo previsto en las fracciones I, II y III.

Una vez apuntado lo anterior, es claro para la suscrita que la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León (CEENL), por mandato judicial, tuvo que adentrarse al estudio y determinó, en el marco de sus atribuciones, la forma en que se implementaría la paridad de género en la Ley Electoral local; sin embargo, corresponde al Congreso de Nuevo León analizar, discutir, proponer y aprobar las reformas constitucionales y legales que estime pertinentes para acatar sus obligaciones legislativas.

En esa virtud, sin prejuzgar en el fondo del asunto, como legisladora federal hago un llamado a la unidad y a la pluralidad, respecto de que la legislación local debe atender irremediablemente al orden constitucional federal y a las legislaciones generales; por lo que, con pleno respeto a la autonomía de las entidades federativas, se exhorta al Congreso local a garantizar el principio de paridad total, derechos de la mujer a una vida libre de violencia política y los derechos político-electorales de las y los ciudadanos, dentro de la sustanciación de los procesos legislativos que desarrolle, en pleno uso de su autonomía y facultades constitucionales y conforme a su normatividad interna.

Que quede muy claro, es el Congreso del estado de Nuevo León quien, con plena autonomía constitucional, debe analizar, discutir y aprobar las reformas pretendidas bajo las normas internas que rigen sus actuaciones, pero siempre bajo el más estricto apego a la Carta Magna y a las Leyes Generales aprobadas por el honorable Congreso de la Unión.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la autonomía de las entidades federativas, exhorta al Congreso del estado de Nuevo León para que, en el desarrollo y deliberación de sus procesos legislativos, garantice el principio de paridad total, derechos de la mujer a una vida libre de violencia política y los derechos político-electorales de las y los ciudadanos, en estricto apego a la Constitución Federal y a las Leyes Generales.

Notas

1 Gráfico de una balanza equilibrada, por una parte con el peso de una mujer y del otro lado por un hombre ¿Qué es la paridad de género?, Instituto Nacional de las Mujeres, 21 de septiembre de 2020. Ubicable en la siguiente liga electrónica:

https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/la-paridad-de-genero-un-a sunto-de-igualdad-y-de-justicia?idiom=es

2 Paridad de Género. Participar y votar en igualdad. Instituto Nacional Electoral. Ubicable en la siguiente liga electrónica:

https://igualdad.ine.mx/paridad/ Consultado el 12 de enero de 2022.

3 Gráfico de una balanza equilibrada, por una parte con el peso de una mujer y del otro lado por un hombre ¿Qué es la paridad de género?, Instituto Nacional de las Mujeres, 21 de septiembre de 2020. Ubicable en la siguiente liga electrónica:

https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/la-paridad-de-genero-un-a sunto-de-igualdad-y-de-justicia?idiom=es Consultado el 12 de enero de 2022.

4 Objetivo 5: Igualdad de género, Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ubicable en la siguiente liga electrónica:

https://www.sdgfund.org/es/objetivo-5-igualdad-de-g%C3%A9nero Consultada el 13 de enero de 2022.

5 La Agenda para el Desarrollo Sostenible, Organización de las Naciones Unidas, ubicable en la siguiente liga electrónica:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/ Consultada el 13 de enero de 2022.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 1 de febrero de 2022.– Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

SE HAGAN PÚBLICOS LOS ESTUDIOS QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DE LAS NUEVAS RUTAS, LLEGADAS Y SALIDAS CONSIDERADAS EN EL REDISEÑO DEL ESPACIO AÉREO EN EL VALLE DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a hacer públicos los estudios que garanticen la seguridad de las nuevas rutas, las llegadas y salidas consideradas en el rediseño del espacio aéreo en el valle de México, y el estudio de impacto ambiental y efectos del ruido excesivo en la salud, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD

Quienes suscriben, diputados Ana Lilia Herrera Anzaldo, Cristina Ruiz Sandoval y Xavier González Zirión, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Éctor Jaime Ramírez Barba, Mariana Gómez del Campo Gurza, Gabriel Ricardo Quadri de la Torre y Diana María Teresa Lara Carreón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Salomón Chertorivski Woldenberg, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; y Edna Gisel Diaz Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 25 de marzo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes puso en marcha la primera fase del rediseño del espacio aéreo en el Valle de México, que contempla las operaciones de los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México (AICM) y Toluca.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes mediante un comunicado informó que desde diciembre de 2018, la SICT, a través de los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), ha desarrollado un plan rector para la modernización y reestructura del espacio aéreo mediante la Navegación Basada en la Performance (PBN, por sus siglas en inglés), mismo que permite evolucionar la navegación aérea mediante el uso actual y futuro de la infraestructura en tierra, aprovechando también la tecnología satelital y digital, así como los sistemas tecnológicos avanzados en las cabinas de vuelo, a fin de que las aeronaves puedan navegar en rutas más precisas, directas y eficientes.

Para la reestructuración del espacio aéreo la SCT menciona que ha contado con el apoyo de NavBlue y la participación activa de especialistas, profesionales y académicos representantes de organizaciones aeronáuticas como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO), el Colegio de Pilotos Aviadores, el Colegio de Ingenieros en Aeronáutica, representantes de líneas aéreas y propietarios de aeronaves, operadores de aviación general, aviación militar y colegios de especialistas.

Además, hace referencia a que el nuevo diseño del espacio aéreo ha sido probado en diferentes escenarios y simuladores de vuelo por pilotos nacionales y extranjeros, a fin de asegurar el cumplimiento de los criterios de calidad, eficiencia y seguridad que garantizan la viabilidad operacional de los aeropuertos internacionales Benito Juárez de la CDMX, Toluca y Felipe Ángeles. Y a que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) otorgó la certificación correspondiente a la primera fase de los procedimientos de vuelo de las aeronaves y el rediseño del espacio aéreo, tomando como base la normatividad de la OACI.

Las denuncias, riesgos y afectaciones ciudadanas del nuevo rediseño del espacio aéreo en el Valle de México

A seis meses de este nuevo rediseño, especialistas han alertado de diversos riesgos respecto de esta nueva reestructuración del espacio aéreo ya que existe una cercanía peligrosa entre los diversos aviones que operan en el Valle de México, toda vez que esta primera fase trajo consigo un cambio de rutas con el agravante de un tiempo mucho mayor de vuelo sobre la Ciudad de México en comparación con los procedimientos que se utilizaron desde hace más de 30 años.

El colectivo Más Seguridad Aérea y Menos Ruido ha denunciado que los aviones pasan más cerca de lo adecuado por la orografía de México y menciona que “acercamientos entre aeronaves no previstos en el proyecto, inadecuada separación entre aviones, mayores demoras y sobrevuelos constantes en zonas peligrosas están elevando el riesgo de incidentes, alertaron expertos. Por ello, sugirieron dar marcha atrás al rediseño del espacio aéreo, que fue desarrollado y aplicado para que operen simultáneamente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles (AIFA) en Santa Lucía, y mejor retomar el antiguo esquema que demostró ser seguro por años.”

Los especialistas han considerado que el rediseño es inseguro, inflexible e ineficiente. Es inflexible para los controladores de tráfico aéreo porque quieren obligarlos a respetar las llegadas como están publicadas. Es ineficiente porque hay demoras, patrones de espera y una serie de maniobras para demorar los tráficos en aeropuertos de origen, lo que ha hecho que aerolíneas están incumpliendo con sus horarios de salida o llegada. Es inseguro porque la nueva posición rompe la estructura de aproximación segura.

Se ha señalado que Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam) no siguió todos los lineamientos y reglas establecidos por la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) sobre el tema al hacer el residen, ni tampoco consultó a organismos expertos. Existe opacidad con la que se maneja Seneam con los reportes de incidentes que controladores y aerolíneas realizan por las rutas que se plantearon para aproximarse al AICM

Adicionalmente debido a que hay menor tráfico aéreo por la pandemia y el aeropuerto opera a 70 por ciento de su capacidad, no ha habido un suceso grave, pero conforme se recupere la demanda de vuelos el riesgo de incidentes crecerá y se calcula que se están haciendo 900 operaciones al día, cuando en su periodo máximo eran mil 400.

Todo lo anterior, genera diversas preocupaciones entre colectivos ciudadanos y comités vecinales quienes ven riesgos en esta nueva reestructuración destacando un aumento considerable de riesgo del sobrevuelo sobre la capital y su zona conurbada del Valle de México derivado de las nuevas rutas.

Las aeronaves vuelan más hacia el poniente y muy cerca de la zona montañosa de esa parte de la ciudad, además de que las condiciones meteorológicas que prevalecen en el Valle de México durante más de cuatro meses en el verano y en el invierno, con tiempos prolongados de visibilidad reducida y turbulencia propia de esa estación.

Adicionalmente este nuevo rediseño ha generado afectaciones ciudadanas como:

• Se generó un mayor problema de demoras y sobrevuelos cercanos a la Ciudad de México.

• Varias rutas del rediseño implican por lo menos 40 millas más de vuelo antes de llegar al AICM, y la consecuencia son mayores costos y mayor tiempo de utilización de la aeronave lo que encarece el costo de los vuelos.

• Quienes habitan en el Valle de México han sufrido un aumento muy preocupante en cuanto a la contaminación ambiental provocada por el insoportable ruido que provocan los aviones las 24 horas del día.

Roció Álvarez en su nota “Polémica por el rediseño del espacio aéreo en el Valle de México” recogió diversos comentarios relacionados con el tema, destacando lo postura del  Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta) que refirió que el rediseño aumenta el riesgo de incidentes en los vuelos hacia la Ciudad de México y que las personas son afectadas por la contaminación auditiva debido al incremento del ruido por las nuevas rutas de aterrizaje en el AICM y denunciaron que en hace unos días dos aviones estuvieron a punto de chocar al viajar en direcciones encontradas a la misma altitud, así mismo, que detectaron riesgos debido al mal manejo de los procedimientos que obligan a los controladores a realizar ‘diferentes maniobras’. 1

Por su parte, María Larriva, controladora de tráfico aéreo con 27 años de experiencia, consultora académica, ha denunciado que el nuevo rediseño hace rutas más largas provocando que se vuele más tiempo sobre la ciudad, se gasta más combustible afectando directamente la operación de las aerolíneas. Destacó que en el nuevo aeropuerto no se han hecho pruebas, está fuera de la norma y no es compatible con el aeropuerto de la CDMX.

La especialista Larriva mencionó que los dos aeropuertos, Santa Lucía y AICM son compatibles, pero no podrán actuar a su máxima capacidad y ni al mismo tiempo pues se generarían demoras incalculables, además de que ya se han registrado algunos incidentes, incluso menciona que existen estudios internacionales que así lo demuestran y que con este rediseño solo se generan riesgos de acercamientos y de colisiones.

El reclamo ciudadano ante los tribunales

Esta problemática no es menor y ya ha generado que quienes habitan en la CDMX y en el Valle de México se vean obligados a exigir sus derechos mediante juicios de amparo los cuales hasta el momento son los siguientes: 2

Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México

1. Amparo contra actos omisivos, silencio administrativo. — respecto a la petición 6 de abril de 2021 relativa al rediseño del espacio aéreo de la Ciudad de México. Número de expediente: 371/2021. Fue presentado recurso de queja. Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito- Recurso de Queja 285/2021 — Fue turnado a magistrado ponente Óscar Fernando Hernández Bautista.

2. Amparo contra leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general — Cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Radicado con el número de expediente: 569/2021. Fueron presentados diversos recursos de queja.  Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

- Recursos de Queja 94/2021, 95/2021, 101/2021, 102/2021, 103/2021, es procedente y fundado: “Es improcedente otorgar la suspensión provisional respecto del rediseño del espacio aéreo del Valle de México, porque no se satisfacen el requisito contenido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que la ponderación entre el derecho que tienen los particulares y el interés social inmerso, lleva a concluir que en el caso concreto, se debe privilegiar, por encima del interés particular, el bien común, en tanto que la colectividad tiene interés en la regulación y mejoramiento en la prestación de los servicios de transporte aéreo civil y de Estado.”

- Recurso de Queja 141/2021 — Se desecha el recurso de queja — Es improcedente el recurso, del acuerdo reclamado no se ubica en ninguno de los supuestos del artículo 97, fracción I de la Ley de Amparo.

- Recurso de Queja 143/2021 — Es procedente pero infundado — Admisión de demanda que debió desecharse por falta de interés y de igual forma, desecharse respecto de los Comunicados 045-2021 y 046-2021, ambos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y rediseño del espacio aéreo en el Valle de México, al no constituir actos de autoridad susceptibles de reclamarse en la instancia constitucional.

- Amparo en Revisión 171/2021 — Se remiten los autos a la SCJN para que ejerza la facultad de atracción sobre la inconstitucionalidad del acto reclamado. La Primera Sala resolvió en el sentido de no ejercer el ejercicio de la facultad de atracción

3. Amparo contra leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general - Rediseño del espacio aéreo en el Valle de México. — Omisión sobre el cumplimiento de la NOM-036-SCT3-2017 por parte de AFAC y Seneam.

4. Resolución de declaratoria de utilidad pública (Rediseño del espacio aéreo en el Valle de México). Se encuentra con el número de expediente: 703/2021. Fue desechada la demanda de amparo.

Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México

1. Actos fuera de juicio (rediseño del espacio aéreo en el Valle de México). Se encuentra con el número de expediente: 465/2021. Se remitieron los autos al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, radicado bajo el número de expediente 593/2021.

Desgraciadamente ninguno de estos recursos ha prosperado por lo que ahora el colectivo Más Seguridad Aérea, Menos Ruido recurrirá a instancias internacionales, como el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Lo anterior toda vez que consideran que existe un sesgo en el Poder Judicial ya que todos los amparos y juicios están siendo concentrados en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la CDMX y el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, los cuales ya tienen un criterio previo a los amparos porque son lo que han conocido de los juicios del Nuevo Aeropuerto en Texcoco y del de Santa Lucia.

Además, se ha denunciado que la Seneam en los juicios presenta una serie de quejas sin fundamento para retrasar el avance del procedimiento, por ello a pesar de haber presentado más de 30 amparos y 7 recursos aún no han podido obtener una solución a esta problemática.

Una problemática sin respuesta que afecta a 150 colonias y comités vecinales

El nuevo rediseño del espacio aéreo está afectando a más de millón y medio de personas por las nuevas rutas de los aviones, lo que representa riesgos de seguridad, de su patrimonio y daños a la salud, dentro de las colonias afectadas, las cuales se han unido al colectivo antes citado son:

Lomas de San Ángel Inn

El Pedregal

San Miguel Tecamachalco

La Herradura

Lomas de Tecamachalco, Naucalpan y Huixquilucan

Bosques de las Lomas Miguel Hidalgo y Cuajimalpa

Bosques de las Lomas Cuajimalpa

Lomas de Vista Hermosa

Las Águilas

Lomas de Chapultepec

Bosques de las Lomas

Independencia

Tlacopac

Parques de la Herradura

Bosques de la Herradura

Manuel Ávila Camacho

Jardines del Pedregal

Lomas Altas

Tepepan

Xochimilco

Villa Olímpica

Olivar del Conde

Lomas de Santa Fe

Lomas de Reforma

Merced Gómez

Mixcoac

La contaminación acústica del nuevo rediseño del espacio aéreo

La contaminación acústica es una de las mayores preocupaciones para la población que habita en las zonas urbanas, debido a que es un tipo de contaminación difícil de medir y cuantificar, que no es perceptible con la vista, no deja residuos y, sin embargo, puede causar serios daños a la salud humana. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que, debido a su rango de impacto, la contaminación acústica es la segunda causa de enfermedad por motivos ambientales, sólo por detrás de la contaminación atmosférica, y que representa una amenaza para la salud pública.

La OMS recomienda que el ruido del ambiente no debe sobrepasar los 65 decibeles, aunque en las ciudades más grandes se han llegado a registrar picos de hasta 80 decibeles. En general, los ruidos superiores a los 60 decibeles suelen considerarse como molestos, aunque también dependerá del momento del día en el que se genera, ya que es durante la noche, cuando las personas intentan conciliar el sueño, que más molestos resultan los ruidos.

El impacto ambiental, principalmente en términos de contaminación acústica no está previsto en el proyecto del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles de Santa Lucía, según especialistas, el transporte aéreo tiene un impacto negativo en el sentido de la sensibilidad de los efectos sonoro, principalmente para sectores vulnerables. 3

La contaminación acústica en la Zona Metropolita del Valle de México aumentó a 82 decibles de 45 tolerables, tras el rediseño del espacio aéreo, que provocan las llegadas y salidas de aviones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) 4

El ingeniero civil y consultor de transporte Pablo Ortiz Haro Barrera, publicado en ArchDaily, a través de una comparación de la ruta de 30 vuelos comerciales que se aproximaron al AICM con el diseño anterior y 30 vuelos con el rediseño del espacio aéreo actual, advirtió que el impacto de la contaminación acústica en la capital aumentó un 180 por ciento para los sonidos de una intensidad entre 61 y 64 decibeles.

Diversas organizaciones civiles en el Valle de México han declarado públicamente que el rediseño de las rutas aéreas ha incrementado los niveles de ruido en múltiples vecindarios, y que hasta un millón de personas en toda la capital estarían expuestas a ruidos superiores a los 60 decibeles provocados por la aviación comercial. Respecto al tema, la OACI creó una estrategia llamada “Enfoque equilibrado para la gestión de ruido de las aeronaves”, adoptado durante el 33o. periodo de sesiones de su asamblea en 2011, que consiste en identificar los problemas de contaminación acústica en los aeropuertos y analizar las medidas disponibles para reducir el ruido. El organismo pide directamente que se considere a la comunidad que vive cerca de los aeropuertos en el proceso de establecer estrategias para mitigar los efectos medioambientales de la industria aérea. 5

El artículo 4o. constitucional establece que “toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar y que el Estado garantizará el respeto a este derecho, por lo que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”, mientras el artículo 76 de la Ley de Aviación Civil establece que: “las aeronaves que sobrevuelen, aterricen o despeguen en territorio nacional, deberán observar las disposiciones que correspondan en materia de protección al ambiente; particularmente, en relación a homologación de ruido y emisión de contaminantes”.

El “Estudio de la inmisión acústica del ruido en tierra, producida por el sobrevuelo de aeronaves” en el espacio aéreo del Valle de México, realizado por el colectivo ciudadano “Más Seguridad Aérea, Menos Ruido”, determinó que estamos frente a una grave amenaza de salud pública por el rediseño de las rutas de llegada y salida al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque las mediciones realizadas en las distintas horas del día “excede para todos los puntos el valor recomendado” de decibeles de ruido decretados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 6

La problemática y el Poder Legislativo

Las denuncias presentadas y las alertas de los especialistas no son un tema menor y tampoco son un tema nuevo en el Poder Legislativo ya que en la LXIV Legislatura se presentaron diversos puntos de acuerdo sobre el tema:

• Punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a las autoridades de aeronáutica civil se revise el rediseño del espacio aéreo del Valle de México, a fin de considerar las afectaciones a la población por contaminación acústica generada por las aeronaves. Presentado por el GPPRI.

• Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Agencia Federal de Aviación Civil y a la de Servicios para la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, para que remitan a esta soberanía un informe detallado sobre el plan de rediseño del espacio aéreo en el Valle de México. Presentado por la diputada Lorena Villavicencio Ayala Silvia (Morena).

Estos asuntos no fueron dictaminados por la legislatura pasada y los exhortos que se pretendían realizar para buscar una solución a la problemática denunciada por los vecinos del Valle de México, por las organizaciones civiles y los especialistas, continúa pendiente.

Adicionalmente, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, el pasado 25 de noviembre, presentó una iniciativa para adicionar un artículo 76 Ter a la Ley de Aviación Civil para establecer que medidas, a fin de reducir o evitar el ruido producido por aeronaves, para evitar afectaciones a la salud de las poblaciones del país y afectaciones negativas al medio ambiente por las actividades de navegación aérea, principalmente cumpliendo con los umbrales máximos admisibles del máximo umbral permitido de ruido, mecanismos de monitoreo y seguimiento permanente del ruido aeronáutico para la mitigación del ruido ambiental.

Como legisladoras y legisladores tenemos la responsabilidad de dar seguimiento a los asuntos presentados en las pasadas legislaturas y más cuando las problemáticas denunciadas no han sido resueltas. La preocupación está justificada y se requiere conocer la realidad del nuevo rediseño del espacio aéreo.

Por ello, recogemos las inquietudes de quienes alzan la voz en esta problemática para construir soluciones, por tal motivo someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a la Agencia Federal de Aviación Civil para que hagan públicos los estudios que garanticen la seguridad de las nuevas rutas, llegadas y salidas consideradas en el rediseño del espacio aéreo en el Valle de México, el estudio de impacto ambiental que detalle los efectos de la contaminación acústica y los efectos en la salud respecto del ruido excesivo provocado por las nuevas rutas aéreas, así como las medidas llevadas a cabo para mitigar la contaminación acústica generada.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a la Agencia Federal de Aviación Civil y a la de Servicios para la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, para que hagan público un informe sobre el plan de rediseño del espacio aéreo en el Valle de México que contenga las opciones de rutas aéreas que fueron consideradas y su viabilidad.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a la Agencia Federal de Aviación Civil y a la de Servicios para la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, a instalar mesas de trabajo con especialistas, asociaciones de la sociedad civil y vecinos de las colonias de la Ciudad de México y del estado de México que se ven afectadas por el rediseño del espacio aéreo, con la finalidad de construir un espacio de diálogo institucional que permita atender las quejas y afectaciones ciudadanas, así como prevenir futuros accidentes derivados de las problemáticas denunciadas.

Notas

1 https://realestatemarket.com.mx/noticias/infraestructura-y-construc-cion/32917- polemica-por-rediseno-del-espacio-aereo-en-el-valle-de-mexico

2 Más Seguridad Aérea, Menos Ruido, documento para la difusión ante tomadores de decisión.

3 https://hgrupoeditorial.com/inseguridad-y-contaminacion-amenazas-para-vecinos-d el-aeropuerto-de-santa-lucia/

4 https://realestatemarket.com.mx/noticias/infraestructura-y-construc-cion/35111- aumento-contaminacion-acustica-por-rediseno-de-espacio-aereo

5 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Regulacion-aerea-respon-sabilidad-de-E stado-OACI-20210510-0021.html

6 Más Seguridad Aérea, Menos Ruido, documento para la difusión ante tomadores de decisión.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 1 de febrero de 2022.– Diputadas y diputado: Ana Lilia Herrera Anzaldo, Edna Gisel Díaz Acevedo, Cristina Ruiz Sandoval,  Éctor Jaime Ramírez Barba, Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

HOMENAJE A LAS Y LOS MEDALLISTAS MEXICANOS DE LA XXXII EDICIÓN DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS Y XVI EDICIÓN DE LOS JUEGOS PARALÍMPICOS DE TOKIO

«Proposición con punto de acuerdo, para que esta soberanía homenajee a los medallistas mexicanos de la XXXII edición de los Juegos Olímpicos y XVI de los Paralímpicos, celebrados en Tokio, Japón, a cargo del diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo y las y los diputados de la Comisión de Deporte, integrantes de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por parte del Grupo Parlamentario del Partico Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; en artículo 79, numeral 2, incisos I, II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, desde el 2011, en su artículo 4o. que “Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia”.

Con la recién aprobada reforma constitucional en materia educativa del artículo tercero incluyó que los planes y programas de estudio deben tener una orientación integral que incluya la educación física y el deporte, para la promoción de estilos de vida saludables.

Derivado de lo anterior, es que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece que el Deporte es “salud, cohesión social y orgullo nacional”. Por ello, propone que los ejes rectores sean:

• Es una prioridad la activación física.

• El deporte para todos.

• Apoyo al deporte de alto rendimiento con transparencia.

Estos tres ejes del deporte mexicano permitirán que tenga “un país más sano, con una mejor convivencia social y con una niñez y una juventud plenas”.

En este mismo sentido el Programa Institucional 2021-2024 de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte cuenta con seis objetivos, que son:

1. Mejorar las condiciones de coordinación y comunicación con los miembros del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade), para promover, fomentar y estimular la cultura física y el deporte.

2. Incrementar la calidad y cantidad de los servicios de formación, acreditación, capacitación, certificación, investigación y difusión para contribuir al aumento, actualización y mejoramiento de los profesionales especialistas en cultura física y el deporte.

3. Fomentar la práctica regular de actividades físicas, deportivas y recreativas, coadyuvando a la disminución del porcentaje de sedentarismo en la población.

4. Promover la práctica del deporte de manera sistemática e incluyente desde la iniciación hasta la competencia deportiva de la población, principalmente en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, como una herramienta para contribuir al desarrollo deportivo del país.

5. Incorporar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la formación hacia el deporte de alto rendimiento, a través de procesos de identificación, desarrollo y seguimiento técnico a partir de la participación en eventos multideportivos nacionales.

6. Mejorar los resultados en las participaciones de las y los deportistas de alto rendimiento en eventos del ciclo olímpico, paralímpico y campeonatos mundiales del deporte convencional y adaptado, a través de procesos de preparación, servicios médicos y asistenciales, así como apoyos económicos.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estable la importancia del deporte al decir que “El deporte es otro importante facilitador del desarrollo sostenible. Reconocemos que el deporte contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz promoviendo la tolerancia y el respeto, y que respalda también el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, las personas y las comunidades, así como los objetivos en materia de salud, educación e inclusión social”.

II. La participación de México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrado este año, permitió que deportistas mexicanos obtuvieran 4 medallas de bronce.

Y un excelente desempeño de nuestros atletas de la delegación en las diferentes disciplinas.

También las mexicanas y los mexicanos que participaron en los Juegos Paralímpicos nos han dado 7 medallas de oro, 2 de plata y 13 de bronce.

Sabemos del esfuerzo que hacen los deportistas que nos representan en estas justas olímpicas, trabajo —arduo y constante— además de la energía diaria por dar lo mejor de sí para nuestro país.

También no debemos olvidar a entrenadores y equipo multidisciplinario que con su conocimiento preparan a nuestros deportistas, pues gracias a su trabajo y esfuerzo nos permiten dar resultados en los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos.

III. La Cámara de Diputados aprobó el 9 de febrero de este año el dictamen a la Ley General de Cultura Física y Deporte, para establecer que se otorgarán reconocimientos a las y los deportistas, técnicos y organismos de cultura física y deporte, que corresponde dar a la Comisión Nacional del Deporte.

En este mismo sentido la actual legislatura debe sumarse para reconocer a las mujeres y hombres deportistas, pero también a sus entrenadores, con el fin de reconocer sus esfuerzos y su dedicación por poner en alto a nuestro país en materia de deporte.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 79 del Reglamento, numeral 1, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito pone a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión felicita y reconoce públicamente a las y los jóvenes atletas y a toda la delegación mexicana por su destacada participación en los pasados Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020; y asimismo, solicita hacer en sesión solemne un reconocimiento especial a los deportistas acreedores de alguna medalla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.– Diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

PROGRAMAS DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTIVOS, DIRIGIDOS A LOS DIVERSOS GRUPOS DE LA POBLACIÓN NACIONAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos locales a crear, implantar y, en su caso, reforzar programas, planes, proyectos y acciones de cultura física, activación física, recreativos y deportivos, dirigidos a los diversos grupos de la población, a cargo del diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y las y los diputados de la Comisión de Deporte de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 12 de octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una importante adición al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que “Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia”, lo que más adelante dio paso a la Ley General de Cultura Física y Deporte vigente, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013, abrogando una ley anterior en esta misma materia, publicada el 24 de febrero de 2003, ante la necesidad de crear una ley que estuviera acorde con la realidad de nuestro país, dando vida a ese reciente precepto constitucional.

En esta Ley General de Cultura Física y Deporte vigente —aunque ha sido continuamente reformada por el Congreso de la Unión en diversas disposiciones—, se establece como una ley de orden público y de interés social, así como de observancia general en toda la República, y señala que corresponde su aplicación bajo el principio de la concurrencia entre los tres niveles de gobierno, previsto en la fracción XXIX-J del artículo 73 constitucional; lo que en consecuencia implica establecer las bases generales para la distribución de competencias, coordinación y colaboración entre el Ejecutivo federal por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), las autoridades estatales, las de la Ciudad de México y las municipales y, además, incluye a los sectores social y privado; siendo una ley que establece concretamente en las disposiciones contenidas en su capítulo primero, Del Sector Público; la Sección Segunda, De los Órganos Estatales, de la Ciudad de México y Municipales de Cultura Física y Deporte; así como su sección tercera, De la Concurrencia, Coordinación, Colaboración y Concertación, que señala la participación de las instancias públicas y lo relativo a la interrelación con las entidades federativas, sus municipios, y las correspondientes de la Ciudad de México, de tal manera que tanto la ley como la Constitución nos convoca a todos para que la cultura física y práctica del deporte sea un derecho de ejercicio pleno para toda la población.

Es claro que para las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, ejerzan sus facultades de expedir e iniciar leyes o decretos que establezcan las bases de coordinación con la federación, entidades, sus municipios y demarcaciones territoriales; leyes eficientes que garanticen, en el ámbito de su aplicación, un correcto desempeño, con homologación de criterios, que armonicen y estén acorde con la Carta Magna y la ley general, que distribuyan y precisen con claridad las responsabilidades y competencias, así como generar los mecanismos para una coordinación eficaz con pleno respeto a las atribuciones que a cada autoridad corresponda y, en consecuencia, ello implica la obligación primordial de legisladoras y legisladores para velar por el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos, así como la efectiva aplicación de la ley.

Con esta estructura normativa, no solamente el gobierno federal, sino que también los titulares de gobierno de las entidades federativas y de la Ciudad de México, tienen los elementos fundamentales para generar e implementar diversos planes, programas, proyectos y acciones de cultura física y práctica de deportes, que van dirigidos a la población, unos de orden estatal, y otros más, son del orden municipal y en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, siendo entonces una ordenanza para todo gerente público de promover, fomentar y estimular a la población para adquirir hábitos de vida más saludables, donde la cultura física a través de la práctica de actividades recreativas y deportivas, aporten no solamente a la preservación de la salud física y mental de las personas, sino que también se motive a elevar el nivel de vida social y cultural promoviendo valores que refuerzan la convivencia y la cohesión del tejido social tanto para las personas en lo individual, como en familia y en comunidad, a la vez de aportar en la prevención de enfermedades o para rehabilitación, erradicar el uso de sustancias tóxicas y nocivas, generar lazos de convivencia e identidad para combatir la violencia, proteger y conservar nuestro medio ambiente y entorno social, entre otros beneficios que la cultura física y la práctica del deporte aporta a las personas sin distinguir edad, género o cualquier condición personal, social o económica.

Para los gobiernos federal y locales resulta imperativo que ante las circunstancias que enfrentamos por esta pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, Covid-19 y sus múltiples variantes, que ha afectado gravemente, sensiblemente y profundamente a toda la población sin distinciones, aunado a las condiciones de confinamiento, es entonces que resulta necesario y urgente que se creen y refuercen en su implementación los planes, programas, proyectos y acciones de cultura física y práctica de actividades recreativas y deportivas en todo el país, para participar en el combate de padecimientos relacionados a consecuencia del sedentarismo que ocasionó y agudizó el confinamiento social, y que implica innovar en adaptar y adoptar nuevas formas para proteger la salud y la vida de la población general.

Además, con las recientes elecciones y la conformación de gobiernos con nuevas autoridades en todo el país, y sin importar colores o partidos, es el momento y oportunidad propicios para innovar y mejorar toda acción de gobierno que, a través de promover, fomentar y estimular a la población en actividades de cultura física, recreativas y de deporte, se contribuya en poner al centro la protección de la integridad y la dignidad de todas las personas.

En consecuencia, se hace necesario propiciar las condiciones para incentivar y motivar a las autoridades estatales y municipales, así como las de la Ciudad de México, a crear, implementar o reforzar los programas, planes, proyectos y acciones de cultura física, activación física, deportivos y recreativos estatales y municipales, dirigidos a los diversos grupos de la población nacional, y que de manera permanente se aplique la ley en sus disposiciones tanto de concurrencia, así como reforzar la operación del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, teniendo como objetivo el alcance de su potencial pleno, motivo del presente exhorto.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de gobierno de las entidades federativas y de la Ciudad de México, a crear, implementar y, en su caso, reforzar programas, planes, proyectos y acciones de cultura física, activación física, recreativos y deportivos, dirigidos a los diversos grupos de la población nacional para contribuir en la protección de la salud, la integridad y la dignidad de todas las personas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.– Diputado Rommel Aghmed Pacheco Marrufo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.