INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 12, numeral 2, del Reglamento de la Contingencia Sanitaria, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 3 de febrero de 2022 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.— Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (rúbrica), presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma los artículos 164 y 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de prácticas agroecológicas, a cargo del diputado José Antonio Gutiérrez Jardón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta SFP, a investigar posibles conflictos de interés y posibles actos de corrupción cometidos por José Ramón López Beltrán, Carolyn Adams y la empresa petrolera Baker Hughes, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conacyt, a que en el nuevo Reglamento de Becas para el Fortale-cimiento de la Comunidad de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación se establezcan acciones afirma-tivas para apoyar a las becarias embarazadas y se evite establecer cualquier disposición discriminatoria por dicha condición, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía, al Conamer y al Conacyt, a realizar sus actividades con un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de género, y a realizar dichas acciones con relación a la propuesta de modificación al Reglamento de Becas para el Fortalecimiento de la Comunidad de Huma-nidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, a cargo del diputado Carlos Madrazo Limón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nuevo León, a terminar con la problemática de transporte de pasajeros que afecta a las y los neoleoneses, y publicite las acciones llevadas a cabo para la renovación e implemen-tación del transporte público de gas natural y eléctrico en el estado, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Insabi, a que publicite las acciones llevadas a cabo para garantizar la cobertura universal de los servicios de salud a todas las personas que habitan el estado de Nuevo León, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a investigar con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y de interés superior de la niñez, el caso de la adolescente violada en San Juan Colorado, Oaxaca, así como a considerar la destitución de diversas funcionarias de dicha dependencia, suscrito por los diputados Maribel Martínez Ruiz y Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF, a realizar una nueva auditoría al municipio de Nochixtlán, Oaxaca, del ejercicio fiscal 2021, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

«Iniciativa que reforma los artículos 164 y 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de prácticas agroecológicas, a cargo del diputado José Antonio Gutiérrez Jardón, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, José Antonio Gutiérrez Jardón, diputado federal de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración del pleno de este recinto legislativo la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 164 y 190 fracción V de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 9 de agosto de 2021, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), publicó en su informe anual que se han registrado cambios en el clima en todas las regiones y en el sistema climático en su conjunto. Muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en cientos de miles de años, y algunos de los cambios que ya se están produciendo, como el cambio continuo del nivel de mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios.

Con base en el informe, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las actividades humanas son responsables de un calentamiento de aproximadamente 1,1 ºC desde 1850-1900, y se prevé que la temperatura mundial en promedio durante los próximos 20 años alcanzara o superara un calentamiento de 1,5 ºC. Este dato es fruto de la mejora de los conjuntos de datos de observación para evaluar el calentamiento histórico, así como de los progresos en el conocimiento científico de la respuesta del sistema climática a las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por el ser humano.

Algunas consecuencias derivadas de los primeros efectos del cambio de temperatura en algunas regiones del planeta que se han identificado son: intensificación del ciclo hidrológico, zonas costeras experimentarán un aumento continuo del nivel del mar, cambios a ecosistemas oceánicos, zonas de la tierra más calientes o cálidas lo que originará inundaciones y fenómenos meteorológicos.

En agosto de 2019, el IPCC publicó un informe especial sobre cambio climático y la tierra, la seguridad alimentaria y los flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas terrestres. En este estudio se detalló el grado de responsa-bilidad de la agricultura y la ganadería en la producción de gases y pesticidas de control de plaga entre otros factores, resultando alarmante la contribución del sector primario a la aceleración del calentamiento global.

Para los investigadores del IPCC, existe la manera de estabilizar el clima, adoptando medidas rápidas y sostenidas reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero para finalmente lograr cero emisiones netas de CO2. Asimismo, limitar otros gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos, especialmente el metano, derivado principal-mente de actividades agroalimentarias, que es de los sectores más contaminantes.

En ese sentido, en el Grupo Parlamentario del PRI somos sensibles a los escenarios prospectivos que el grupo de investigadores del IPCC han establecido, ya que, de no haber retroceso en el método de producción del sector primario, las consecuencias pueden ser devastadoras para las generaciones futuras en nuestro país. En ese sentido, estamos proponiendo medidas legislativas encaminadas a reformar el marco jurídico existente en el ámbito de nuestra competencia y en congruencia con nuestra agenda legislativa sobre un campo sustentable, que tiene como propósito minimizar los impactos ambientales negativos.

En México los campesinos representan el 73% de las Unidades Económicas Rurales, cerca de 3.8 millones de productores realizan una agricultura familiar de autoconsumo y que no reciben apoyos en bienes y servicios públicos acordes a su regionalización, usos y costumbres y situación económica. Estas unidades de producción no fueron incluidas en el esquema productivo de gran escala y la renta del sector rural sobre la base de la tecnificación sustentable.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) define a la agroecología como una disciplina científica: como ciencia, estudia cómo los diferentes componentes del agroecosistema interactúan. Como un conjunto de prácticas, busca sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y estabilizan la producción. Bajo este orden, México debe adoptar medidas y herramientas agroecológicas en sus sistemas de producción primario, que le permitan alcanzar seguridad y soberanía alimentaria sin desproteger el medio ambiente.

Ley de Desarrollo Rural Sustentable

En ese sentido la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) es un ordenamiento jurídico federal que tiene como objetivo instrumentar la planeación y organización de la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según lo previsto en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

La LDRS si bien ya contempla dentro de sus disposiciones normativas el cuidado del medio ambiente en su proemio y en su capitulado, incluyendo la instrumentación de un Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, que tiene dentro de sus objetivos presupuestales medidas apoyando la producción con enfoque ambiental, no establece ni precisa que tipo de estrategias en particular se deben implementar para la producción sustentable.

Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024

En el Programa Sectorial de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2020, se declara que la política agroalimentaria asume el principio de economía para el bienestar, sustentada en la relevancia de los productores de pequeña y mediana escala, quienes constituyen el 85% del total de productores agroalimentarios.

En esta nueva política agroalimentaria el programa sectorial impulsará el desarrollo local, con base en criterios claros y precisos sobre la necesidad de alcanzar las metas de producción de alimentos saludables y de calidad para el país, al tiempo que se incrementen los ingresos de los productores rurales. Lo anterior se llevará a cabo a través de factores como asociatividad y organización económica productiva que permitan a los pequeños y a los medianos productores incorporarse a las cadenas de valor, asociarse entre ellos o vincularse estratégicamente con empresas que les permitan el acceso a los grandes mercados.

De manera específica, el programa sectorial en su objetivo 3 propone incrementar las prácticas de producción sostenible en el sector agropecuario y acuícola frente a los riesgos agroclimáticos. Reconoce que en el sector primario hay sobreexplotación de los recursos naturales, que se manifiesta en suelos agrícolas deteriorados, mantos acuíferos sobreexplotados, y reducción de la biodiversidad. Establece un nuevo sistema agroalimentario y nutricional justo, saludable y sustentable a través del incremento de la producción y la productividad; sin embargo, no precisa de forma clara además de pagos directos a productor, que otra alternativa sustentable y de cuidado del medio ambiente pueden tener acceso los productores para tratar de alcanzar las metas a las que se refiere el Programa Sectorial de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

En conclusión, en el Grupo Parlamentario del PRI con la experiencia que nos respalda, reconocemos la importancia del cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad de los medio de producción, por lo que reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para incorporar un método efectivo de producción agroecológica, permitiría a los productores de pequeña y mediana escala obtener herramientas de extensionismo rural y sostenibles que coadyuven con el medio ambiente y fortalezcan la producción agrícola, forestal y pesquera.

Por lo antes expuesto y fundado en el proemio de la Iniciativa, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se reforman los artículos 164 y 190 fracción V de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:

Ley de Desarrollo Rural Sustentable

Título Primero Del Objeto y Aplicación de la Ley

Artículo 1o. al 163. ...

Capítulo XVI De la Sustentabilidad de la Producción Rural

Artículo 164. La sustentabilidad será criterio rector en el fomento a las actividades productivas, a fin de lograr el uso racional de los recursos naturales, su preservación y mejoramiento, al igual que la viabilidad económica de la producción mediante procesos productivos socialmente aceptables.

Quienes hagan uso productivo de las tierras deberán seleccionar técnicas preferentemente agroecológicas y cultivos que garanticen la conservación o incremento de la productividad, de acuerdo con la aptitud de las tierras y las condiciones socioeconómicas de los productores. En el caso del uso de tierras de pastoreo, se deberán observar las recomendaciones oficiales sobre carga animal o, en su caso, justificar una dotación mayor de ganado.

Artículo 165 a 189 ...

Artículo 190. Para los efectos del artículo anterior, y de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 24 y 25 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las previsiones presupuestales podrán comprender los siguientes rubros:

I. a IV. ...

V. Los estímulos económicos que se otorguen a los productores rurales que desarrollen actividades y prácticas agroecológicas, así como con tecnología de conservación y preservación de los recursos naturales.

Artículo 191. ...

Transitorio

Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 febrero 2022.— Diputado José Antonio Gutiérrez Jardón (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

EXHORTO A LA SFP A INVESTIGAR POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS ENTRE JOSÉ RAMÓN LÓPEZ BELTRÁN, CAROLYN ADAMS Y LA EMPRESA PETROLERA BAKER HUGHES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar SFP a investigar posibles conflictos de interés y actos de corrupción cometidos por José Ramón López Beltrán, Carolyn Adams y la empresa petrolera Baker Hughes, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. La organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad publicó una investigación en la que José Ramón López Beltrán, hijo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y su esposa Carolyn Adams habitaron una lujosa mansión en el condado de Conroe, Texas cuyo valor se calcula es superior al millón de dólares. La vivienda cuenta con un terreno de 2,500 cuadrados, sala de cine, bar, una lujosa alberca de 23 metros de largo, y está ubicada en el exclusivo fraccionamiento Jacobs Reserve. 1

Este inmueble fue propiedad de Keith Schilling, uno de los más altos directivos de la empresa Baker Hughes,una de las compañías petroleras más grandes de Estados Unidos y de todo el mundo, y que además tiene contratos vigentes con PEMEX por más de 151 millones de dólares. 2

Mientras Schilling fue director comercial de la empresa Baker Hughes de julio de 2017 a noviembre de 2018, obtuvo contratos por 66 millones de dólares con PEMEX. Posteriormente, Schilling fue ascendido como uno de los presidentes de la compañía petrolera hasta diciembre de 2019. El 5 de agosto de dicho año, en Villahermosa, Tabasco, también PEMEX le asignó a Baker Hughes un contrato por 85 millones de dólares con vigencia hasta diciembre de 2022. 3

En la investigación anteriormente citada, se refiere también que la esposa de López Beltrán, Carolyn Adams, posee a su nombre una Mercedes Benz GLE-Class la cual fue adquirida a un precio de 68,675 dólares, lo que equivale a poco más de 1.4 millones de pesos. 4

El hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, en el ámbito laboral se ha desempeñado en múltiples cargos partidistas dentro del partido político MORENA, y hace más de catorce años, dentro de la entonces Procuraduría del Distrito Federal, cuando su padre fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Actualmente dirige la empresa de Chocolates Rocío, la cual ha sido acusada de ser beneficiada por el programa del Gobierno Federal, Sembrando Vida. 5

La lujosa vida de López Beltrán no sólo resulta altamente cuestionable en términos de posibles actos de corrupción y conflictos de interés, sino que también, resulta tremendamente incongruente con el discurso de austeridad que pregona el propio Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha referido en múltiples ocasiones la importancia de la austeridad republicana en la vida pública y privada. López Obrador incluso ha llegado a cuestionar el uso de lujos en la vida cotidiana, como para él lo representan más de un par de zapatos. En mayo de 2020 el propio titular del Ejecutivo Federal refirió lo siguiente:

“No al lujo, que lo que tengamos se use para lo indispensable, para lo básico. Si ya tenemos zapatos, ¿para qué más? (...) Si se puede tener un vehículo modesto para el traslado, ¿por qué el lujo?” 6

II. En el sexenio 2012-2018, la periodista Carmen Aristegui, expuso en una investigación especial que el entonces Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, poseía una casa en Las Lomas, con un valor superior a los 7 millones de dólares y que era propiedad de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una empresa que a su vez pertenecía a Grupo Higa, una de las empresas ganadoras múltiples licitaciones cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México y además ganadora de la licitación para construir el tren de alta velocidad México-Querétaro. 7

Tras darse a conocer el escándalo de la llamada Casa Blanca, Angélica Rivera, entonces primera dama, refirió que “no tiene nada que esconder” y que ha trabajado toda su vida lo que le ha permitido “construir un patrimonio con total honestidad”. 8 Después de la controversia, los resultados de la licitación del tren México-Querétaro fueron revocados.

El reportaje de Mexicanos contra la Corrupción e impunidad de la casa a nombre de la empresa petrolera Baker Hughes,la asignación de contratos por más de 151 millones de dólares y que en ella habite José Ramón López Beltrán así como su familia, recuerda el conflicto de interés que existió entre la “Casa Blanca” y la contratación de empresas del Grupo Higa dentro de licitaciones públicas.

III. La respuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador a la información derivada de la investigación referida, fue la que cotidianamente obtienen las y los mexicanos: el ataque al medio periodístico de que se trate.

Efectivamente, en su conferencia matutina del 31 de enero de 2021, al referirse a esta información dada a conocer como parte de una investigación no sólo de un medio periodístico, sino también de una de las asociaciones civiles con más datos de corrupción revelados, únicamente el mandatario señaló que en su gobierno no tienen influencia sus hijos; que no se le da contrato a ningún recomendado -afirmación que mediante múltiples investigaciones de esta naturaleza se ha demostrado que es falsa-, y que en el asunto del matrimonio de uno de sus hijos no se metería, pues al parecer la esposa de José Ramón López Beltrán tiene dinero, pero que supuestamente no tiene nada que ver con el gobierno, ni un contrato ni una recomendación.

Al pronunciarse sobre esta información, el Presidente, en tono de mofa y entre risas, señaló que “Carmen Aristegui lo comparaba con la casa blanca”.

También, lejos de centrarse en la veracidad de la información, nuevamente dedicó su discurso a descalificar a los periodistas que dieron a conocer la información. Al respecto señaló:

“Pero este señor Loret de Mola es un mercenario, hizo un escándalo porque cree que somos iguales... Él estaba y sigue estando al servicio de la mafia del poder y fue capaz de participar en un montaje de televisión de una señora francesa. Era muy amigo de García Luna, desde luego de Calderón. Son de ese equipo. Fue capaz de inventar, cuando el terremoto, lo de la niña Frida Sofía, ¡imagínense eso! Él inventó en contubernio con malos funcionarios que ni siquiera les llamo servidores públicos de la Secretaría de Marina.”

“Cuando trabajaba en Televisa y era una potencia. Tenían casi de rodillas a todos los servidores públicos. Entonces se quedó con eso, más Brozo que hasta me llama la atención porque no era así cuando lo conocí. Además, es una gente preparada, más inteligente que Loret de Mola. Loret de Mola ya lo dije es un golpeador, un mercenario, sin ideales, sin principios... ¿Pero Brozo? Tenía preparación. Me acuerdo que cuando estaba en Televisa tuvo la gentileza de mandarme avisar un día antes cuando iban a dar a conocer lo del maestro Bejarano con Ahumada...” 9

Esto viene a reiterar la descalificación de los medios de información que ha venido realizando durante su gestión, cuando se difunden temas incómodos o sensibles para la presente administración, que lejos de abonar al derecho a la información de las y los mexicanos, así como la libertad de prensa, viene a incentivar ese ambiente de polarización y repudio hacia los medios de comunicación.

Lamentablemente, esta descalificación se da en el marco de uno de los momentos más violentos contra la prensa y la libertad de expresión. Esto es así, en razón de que la primera mitad de la Administración de Andrés Manuel López Obrador fue la más cruenta contra la prensa de los últimos cuatro Gobiernos.

Así lo ha revelado una investigación de la Asociación Artículo 19, en la que se detalla que tan sólo en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, 28 personas periodistas han sido asesinadas. 10

En tanto, el Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) ha registrado 13 periodistas asesinados entre 2019 y 2021. Si bien la cifra es menor a la registrada por Artículo 19, esto se debe a que en los registrados por el CPJ se ha confirmado que el crimen fue resultado de su labor periodística, pero la gravedad se hace énfasis en la gravedad de la presente administración, pues en esa misma medida, en todo el sexenio de Peña Nieto el CPJ documentó 18 homicidios de periodistas, con Calderón registró 15 y con Fox 7. 11

Es decir, la presente administración federal es el peor escenario para que un funcionario de tan alto rango lleve a cabo una continua estrategia de descalificación y polarización contra los medios de comunicación y las y los periodistas. En el contexto de violencia hacia las personas que ejercen el periodismo en que nos encontramos, estas afirmaciones son insostenibles.

IV. En cuanto al marco legal, la Ley General de Responsabilidades Administrativas reconoce la posibilidad de que los particulares puedan cometer faltas administrativas graves. El artículo 66 de dicho ordenamiento refiere que incurre en soborno, el particular que entregue cualquier beneficio indebido directamente o a través de terceros a los servidores públicos a fin de que realicen o se abstengan de realizar un acto relacionado con sus funciones o bien abusen de su influencia para que un tercero obtenga un beneficio. A la letra dicho artículo refiere lo siguiente:

“ Artículo 66. Incurrirá en soborno el particular que prometa, ofrezca o entregue cualquier beneficio indebido a que se refiere el artículo 52 de esta Ley a uno o varios Servidores Públicos, directamente o a través de terceros, a cambio de que dichos Servidores Públicos realicen o se abstengan de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro servidor público, o bien, abusen de su influencia real o supuesta, con el propósito de obtener o mantener, para sí mismo o para un tercero, un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o recepción del beneficio o del resultado obtenido.” 12

Por su parte, el artículo 68 también de la Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla al tráfico de influencias como una falta administrativa grave dado que un particular utiliza su influencia, poder económico o político sobre algún servidor público a fin de que se obtenga para sí o para un tercer algún beneficio o ventaja.

“ Artículo 68. Incurrirá en tráfico de influencias para inducir a la autoridad el particular que use su influencia, poder económico o político, real o ficticio, sobre cualquier servidor público, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio o ventaja, o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público, con independencia de la aceptación del servidor o de los Servidores Públicos o del resultado obtenido.” 13

De igual manera, el artículo 70 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas refiere que la colusión existe cuando, en una contratación pública, se impulsen acciones que impliquen tener un beneficio o ventaja indebida. Textualmente dicho artículo refiere lo siguiente:

“ Artículo 70. Incurrirá en colusión el particular que ejecute con uno o más sujetos particulares, en materia de contrataciones públicas, acciones que impliquen o tengan por objeto o efecto obtener un beneficio o ventaja indebidos en las contrataciones públicas de carácter federal, local o municipal.

También se considerará colusión cuando los particulares acuerden o celebren contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre competidores, cuyo objeto o efecto sea obtener un beneficio indebido u ocasionar un daño a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos.

Cuando la infracción se hubiere realizado a través de algún intermediario con el propósito de que el particular obtenga algún beneficio o ventaja en la contratación pública de que se trate, ambos serán sancionados en términos de esta Ley.

Las faltas referidas en el presente artículo resultarán aplicables respecto de transacciones comerciales internacionales. En estos supuestos la Secretaría de la Función Pública será la autoridad competente para realizar las investigaciones que correspondan y podrá solicitar a las autoridades competentes la opinión técnica referida en el párrafo anterior, así como a un estado extranjero la información que requiera para la investigación y substanciación de los procedimientos a que se refiere esta Ley, en los términos previstos en los instrumentos internacionales de los que ambos estados sean parte y demás ordenamientos aplicables.

Para efectos de este artículo se entienden como transacciones comerciales internacionales, los actos y procedimientos relacionados con la contratación, ejecución y cumplimiento de contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios de cualquier naturaleza, obra pública y servicios relacionados con la misma; los actos y procedimientos relativos al otorgamiento y prórroga de permisos o concesiones, así como cualquier otra autorización o trámite relacionados con dichas transacciones, que lleve a cabo cualquier organismo u organización públicos de un estado extranjero o que involucre la participación de un servidor público extranjero y en cuyo desarrollo participen, de manera directa o indirecta, personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.” 14

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar el posible conflicto de interés, así como los posibles actos de corrupción cometidos por José Ramón López Beltrán, Carolyn Adams y la empresa Baker Hughes a la cual le fueron asignados contratos por 151 millones de dólares por parte de la empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a que en el contexto de inminente violencia hacia las personas periodistas, garantice el derecho humano a la libertad de prensa y de expresión a quienes cubren la nota de posibles conflictos de interés o de posibles actos de corrupción.

Notas

1 Ayala, Olmos y Gutiérrez. (2022). Así vive en Houston el hijo mayor de AMLO. Mexicanos contra la corrupción. Recuperado de:

<https://contralacorrupcion.mx/asi-vive-en-houston-el-hijo-ma yor-de-amlo/>

2 ídem.

3 ídem.

4 ídem.

5 Carrillo, E. (2021). AMLO niega que empresa de sus hijos se beneficie de Sembrando Vida. Forbes México. Recuperado de:

<https://www.forbes.com.mx/politica-amlo-niega-que-finca-de-c hocolates-rocio-se-beneficie-de-sembrando-vida/>

6 Ayala, Olmos y Gutiérrez. (2022). Así vive en Houston el hijo mayor de AMLO. Mexicanos contra la corrupción. Recuperado de:

<https://contralacorrupcion.mx/asi-vive-en-houston-el-hijo-ma yor-de-amlo/>

7 Redacción Aristegui Noticias. (2014). La casa blanca de Enrique Peña Nieto (investigación especial). Aristegui Noticias. Recuperado de:

<https://aristeguinoticias.com/0911/mexico/la-casa-blanca-de- enrique-pena-nieto/>

8 Expansión. (2014). Angélica Rivera habla sobre la “Casa Blanca”. Expansión. Recuperado de:

<https://www.youtube.com/watch?v=_vb90kgyHcg>

9 Redacción Aristegui Noticias. (2022). “Al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno”: AMLO sobre la casa en Houston. Aristegui Noticias. Recuperado de:

<https://aristeguinoticias.com/3101/mexico/al-parecer-la-seno ra-tiene-dinero-pero-no-tiene-nada-que-ver-con-el-gobierno-amlo-sobre-la-casa-e n-houston-enterate/>

10 Artículo 19. (2022). Periodistas asesinadas/os en México, en relación con su labor informativa. Artículo 19. Recuperado de:

< https://articulo19.org/periodistasasesinados/>

11 Martínez, C. (2022). Sufren periodistas asesinados récord. Reforma. Recuperado de:

<https://www.reforma.com/sufren-periodistas-asesinados-record /ar2340437>

12 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2016). Ley General de Responsabilidades Administrativas. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Recuperado de:

<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf>

13 Ídem.

14 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.— Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

SE EVITE ESTABLECER CUALQUIER DISPOSICIÓN DISCRIMINATORIA POR EMBARAZO EN EL NUEVO REGLAMENTO DEL CONACYT

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Conacyt a garantizar que en el nuevo Reglamento de Becas para el Fortalecimiento de la Comunidad de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación se establezcan acciones afirmativas en apoyo de las becarias embarazadas y evitar establecer cualquier disposición discriminatoria por esa condición, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada federal Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Las y los investigadores que pertenecen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y aspiran a contar con alguna beca deben seguir lo establecido en el “Reglamento de Becas del Programa de Fomento, Formación y Consolidación de Capital Humano de Alto Nivel”, mismo que se encuentra vigente desde el 16 de febrero de 2018, y el cual tiene por objetivo establecer los requisitos para poder aspirar a una beca, las cuales son de 6 tipos de modalidades de conformidad  con lo establecido el artículo 4 del reglamento anteriormente señalado: 1

“ Artículo 8. Las modalidades de beca podrán ser:

I. Beca de Fomento: El apoyo para promover y fomentar vocaciones científicas y tecnológicas en los diversos niveles de educación, en coordinación con las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno, y organiza-ciones públicas o privadas, en los términos que se esta-blezcan en las Convocatorias y Convenios de Colabora-ción correspondientes.

II. Becas para Estancias Técnicas: Aquella que se otorga para realizar estancias menores a un año dentro de pro-gramas de intercambio, en los términos que al efecto se es-tablezcan en la Convocatoria o Convenio correspondiente.

III. Beca de Formación: Aquella que se otorga para la generación de capital humano de alto nivel, consistente en apoyos económicos y asistenciales para cursar programas de estudios de posgrado en el país, que cuenten con el reconocimiento del Conacyt por su alta calidad, y en el extranjero en programas de prestigio internacional. Las becas de formación nacionales podrán otorgarse a extranjeros inscritos en programas que pertenezcan al PNPC o su equivalente, si la institución u organismo así lo determina, en los términos que al efecto se establezcan en la convocatoria o convenio correspondiente.

IV. Beca de Consolidación: Apoyo que se otorga al capital humano de alto nivel ya formado para llevar a cabo estancias académicas en los términos que al efecto se establezcan en la Convocatoria o Convenio correspon-diente, promoviendo la creación y fortalecimiento de grupos de investigación, la consolidación de los programas nacionales de posgrado e incrementando la capacidad científica y tecnológica de los sectores público, privado, social y académico, a través de diferentes modalidades, entre otras: Estancias posdoctorales, en México y en el extranjero, Repatriación y retención de capital humano de alto nivel, Estancias sabáticas nacionales y en el extranjero.

V. Beca de Movilidad: El apoyo económico comple-mentario que se otorga al becario y no becario que pertenece a un programa de posgrado registrado en el PNPC, para la realización de una estancia académica en otra institución, empresa u organismo nacional o en el ex-tranjero, a fin de que complemente o fortalezca su formación científica y/o tecnológica en los términos que al efecto se establezcan en la Convocatoria o Convenio correspondiente.

VI. Beca Específica: Aquellas que se otorgan con base en Convenios de Colaboración suscritos por el Conacyt con entidades federativas, con instituciones o personas físicas o morales de los diferentes sectores, para el fomento, la formación y consolidación de capital humano, en áreas, temas, o acciones con perspectiva de género, inclusión y vinculación específicamente establecidos en tales instrumentos.”

Asimismo, la función de este reglamento es establecer el mecanismo de evaluación y selección de los aspirantes, la cobertura y vigencia de las becas otorgadas a los aspirantes, sus derechos y obligaciones, así como lo referente a la suspensión o cancelación de las becas a quienes incumplen lo establecido en el reglamento. 2

Ahora bien, en los últimos días se ha dado a conocer que el (Conacyt), a través de un anteproyecto de dictamen, busca derogar el actual “Reglamento de Becas del Programa de Fomento, Formación y Consolidación de Capital Humano de Alto Nivel”, con la finalidad de expedir un nuevo “Reglamento de Becas para el Fortalecimiento de la Comunidad de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación”; Sin embargo, este nuevo reglamento, atenta contra los derechos de la comunidad académica del (Conacyt) y particularmente contra las mujeres toda vez que, se pretende establecer en el artículo 20 establecer como causas de suspensión de las becas o apoyos que: 3

“ Artículo 20. Serán causas de suspensión de la Beca o del Apoyo, las siguientes:

I. a III. ...

IV. Cuando alguna becaria que se encuentre embarazada, en parto o puerperio, así como a los becarios que sean padres, presentando la documentación que lo acredite.”

Esta modificación no obliga al Conacyt a entregar a la o el becario, los recursos comprometidos en el convenio de asignación de becas. Cabe señalar que hasta el momento esto no es vigente, sin embargo el texto cuenta con el reconocimiento de Anteproyecto, mismo que fue enviado por el (Conacyt) a la Comisión de Mejora Regulatoria (Conamer), con la finalidad de llevar a cabo la revisión del texto y su posterior aprobación.

Cabe señalar que de acuerdo con el artículo 1o. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra prohibida cualquier tipo de discriminación motivada por el género: 4

“ Artículo 1o. ...

...

...

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Por su parte, el artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el contenido del ante proyecto visibiliza una discriminación contra la mujer, ya que, por el hecho de estar embarazada, se le eliminará el apoyo ya obtenido: 5

“ Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a II. ...

III. Discriminación contra la mujer. Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconoci-miento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera;”

Aunado a lo anterior, el anteproyecto presentado por el Conacyt va en contra de lo establecido por el artículo 26 de la Ley General de Educación Superior, referente a la tarea de las autoridades educativas para fomentar la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica en nuestro país: 6

“ Artículo 26. Las autoridades educativas fomentarán la creación de programas de posgrado enfocados en la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica.

Para contribuir a la formación de especialistas en las disciplinas científicas, humanísticas y tecnológicas e incrementar la matrícula de esos programas de posgrado, las autoridades educativas y las instituciones de educación superior, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, fomentarán el otorgamiento de becas para el estudio de los programas a los que se refiere este artículo.”

Por último, la Ley de Ciencia y Tecnología, establece dentro de los principios para la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, la “participación equilibrada y sin discriminación entre mujeres y hombres”. 7

Por estas razones y ante la presión de los medios de información, el Conacyt se pronunció al respecto, señalando que se trata de una propuesta de reglamento de becas, misma que se encuentra en un proceso de análisis en la (Conamer), 8 siguiendo con lo establecido por la Ley General de Mejora Regulatoria, por lo que el público puede hacer comentarios para su fortalecimiento respecto del contenido establecido en el anteproyecto de reglamento, por lo que se indicó que “...retomará los comentarios recibidos para mejorar la propuesta siempre con la guía del respeto irrestricto de los derechos y libertades de las y los estudiantes, así como con el cabal cumplimiento de los mandatos constitucionales acerca del acceso universal a la educación superior y de posgrado y de la obligación de dar apoyos en términos de la normativa aplicable”. 9

Es importante destacar que el Conacyt señaló que los medios de comunicación tergiversaron la información y afirmó que los artículos que se están referenciando en la nota del periódico para manipular la información “son disposiciones que han estado contempladas en los reglamentos de becas del Consejo, al menos desde 2008”. 10

En este sentido, para efecto de salir de cualquier duda respecto de esta información, se revisó el Reglamento anterior publicado en el DOF del 16 de febrero de 2018 con el nombre de “Modificaciones al Reglamento de Becas del Programa de Fomento, Formación y Consolidación de Capital Humano de Alto Nivel” 11 y se hizo la comparación con el proyecto publicado en Conamer respecto de las causales de la suspensión de la beca y apoyos, del cual se desprende lo siguiente:

Como se puede observar, la disposición que establece la suspensión de la beca cuando alguna becaria que se encuentre embarazada, en parto o puerperio es una nueva disposición nueva y que no esta contemplada en los anteriores reglamentos, motivo por el cual lo afirmación del Conacyt es falsa y es el proyecto de Reglamento de esta administración la que busca incorporar esta adecuación discriminatoria en la nueva normatividad.

Cabe señalar que en los últimos meses, la comunidad académica del Conacyt se ha visto inconforme debido a diversas circunstancias que han acontecido, y ahora con el conocimiento del contenido del anteproyecto, no existe la garantía a las becarias para eliminar de este contenido la propuesta en la que se suspende el apoyo por estar embarazadas; En ese sentido es fundamental que el Conacyt en conjunto con el (Conamer) puedan garantizar que no se genere una discriminación en contra de las becarias embarazadas, en parto o puerperio, ante la probable eliminación de estos apoyos.

Debemos entender que el embarazo no puede ser el factor para eliminar los derechos de las mujeres, o para pretender que es la excusa para diferenciar la entrega de estímulos y apoyos para incentivar el desarrollo profesional, académico y social, por lo que en todo caso el Conacyt debería plantear la protección de mujeres embarazadas, buscando su permanencia y no su deserción. Por ello, es fundamental que el nuevo reglamento establezca acciones afirmativas como ampliar los plazos en los tiempos de entrega para apoyar a las mujeres investigadoras embarazadas.

Finalmente, es importarte revisar a fondo las disposiciones del Reglamento mencionado toda vez que la comunidad científica ha denunciado que su artículo 16 mantiene la redacción del anterior ordenamiento que establecía que “la o el Becario que realice sus estudios o proyecto fuera del país, así como la o el Becario extranjero que realice sus estudios en México, deberán respetar la legislación y normativa del país anfitrión, así como abstenerse de participar en cualquier tipo de evento o manifestación de carácter político”.

Esta disposición sin duda alguna debe ser revisada a la luz de nuestro marco constitucional ya que participar en cualquier evento o manifestación e imponer una sanción por hacerlo violenta los derechos humanos de libertad de expresión, asociación y reunión. Ningún reglamento puede estar por encima de los derechos reconocidos en nuestra Constitución y corresponde a las autoridades rectificar normas que vulneren los derechos de las y los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para que, en el nuevo “Reglamento de becas para el fortalecimiento de la comunidad de humanidades, ciencias, tecnologías e inno-vación”, se eviten establecer disposiciones discriminatorias que transgredan los derechos de las becarias por el hecho de estar embarazadas, en parto o puerperio.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para que, en el nuevo “Reglamento de becas para el fortalecimiento de la co-munidad de humanidades, ciencias, tecnologías e inno-vación”, se establezcan acciones afirmativas para apoyar a las becarias embarazadas, en parto o puerperio con la finalidad de que puedan culminar sus investigaciones sin verse afectadas por dicha condición. 

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para que, en el nuevo “Reglamento de becas para el fortalecimiento de la comu-nidad de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación”, se eviten establecer disposiciones violatorias a los derechos humanos de libertad de expresión, asociación y reunión reconocidos en nuestra Constitución.

Notas

1 Cámara de Diputados. Reglamento de Becas del Programa de Fomento, Formación y Consolidación de Capital Humano de Alto Nivel. Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n567.pdf

2 Idem

3 El Universal. Conacyt suspenderá becas por participar en protestas; también por embarazarse. Disponible en:

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/conacyt-suspendera-becas-p or-participar-en-protestas

4 Cámara de Diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

5 Cámara de Diputados. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH.pdf

6 Cámara de Diputados. Ley General de Educación Superior. Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGES_200421.pdf

7  Cámara de Diputados. Ley de Ciencia y Tecnología. Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/242_061120.pdf

8 El Universal. Tras polémica, Conacyt dice que retomará comentarios para mejorar Reglamento de Becas. Disponible en:

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tras-polemica-conacyt-dice -que-retomara-comentarios-para-mejorar-reglamento-de-becas

9 Aristegui Noticias. Conacyt afirma que no suspenderá becas por participar en protestas o por embarazo. Disponible en:

https://aristeguinoticias.com/2601/mexico/conacyt-afirma-que-no- suspendera-becas-por-participar-en-protestas-o-por-embarazo/

10 https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/27/la-verdad-detras-de-la-supues ta-suspension-de-becas-del-conacyt/

11 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n567.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.— Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para dictamen.

EXHORTO A LA SE, AL CONAMER Y AL CONACYT, A REALIZAR SUS ACTIVIDADES CON UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SE, la Conamer y el Conacyt a dar a sus actividades un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de género, y realizarlas respecto a la propuesta de modificación del Reglamento de Becas para el Fortalecimiento de la Comunidad de Humanidades, Ciencias Tecnologías e Innovación, a cargo del diputado Carlos Madrazo Limón, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo con lo siguiente:

Consideraciones

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza, el derecho a la educación, en su artículo tercero, en su párrafo cuarto, con enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva; la igualdad ante la ley y el derecho a la familia en su artículo cuarto, párrafo primero; el derecho a la libertad de expresión en su artículo sexto, párrafo primero; que la Ley de Ciencia y Tecnología en su artículo sexto establece la obligación de la perspectiva de género en las acciones de promoción de la ciencia y tecnología por parte del Estado Mexicano y artículo 12 de la Ley de Igualdad para el Hombre y la Mujer; los artículos 3, fracción X y 6, párrafo primero, de la Ley General de Desarrollo Social, establecen a la educación como un derecho social y a la perspectiva de género como principio de la Política Social.

2. Con fecha 21 de enero el Conacyt envió a la Conamer una solicitud de exención de análisis de impacto regulatorio del Reglamento de Becas para el Fortalecimiento de la Comunidad de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. 1

3. Que la propuesta de reglamento en su artículo 16 establece como causalidad de suspensión o cancelación de beca, la participación en actividades o manifestaciones, conculcando el derecho de libertad de expresión. 2

4. Que la propuesta de reglamento en su artículo 20 establece como causalidad de suspensión o cancelación de beca, situación de embarazo, parto, puerperio, maternidad y paternidad, hecho que conculca el derecho a la vida, viola nuestra Constitución y viola la ley de Ciencia y Tecnología al no promover la perspectiva de género.

5. Que en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación se ha logrado un consenso en torno de la promoción democrática de la ciencia, tecnología e innovación con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Exhortamos respetuosamente a la directora del Conacyt, ciudadana. María Elena Álvarez-Buylla a realizar sus acciones como funcionaria pública con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, que se abstenga de la promoción de prácticas autoritarias que conculquen o promuevan derechos constitucionales como los derechos de libertad de expresión, maternidad o paternidad, y que retire la solicitud de exención de análisis regulatorio relativa a su propuesta de modificaciones al Reglamento de Becas para el Fortalecimiento de la Comunidad de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.

Segundo. Exhortamos respetuosamente a la Secretaría de Economía, ciudadana. Tatiana Clouthier y al Comisionado Nacional de Mejora Regulatoria, Ciudadano Alberto Montoya Martin del Campo a que expresen su dictamen relativo a la propuesta de modificación del reglamento de becas previamente citado, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, con el fin de evitar la conculcación de derechos constitucionales.

Notas

1 Disponible en:

https://cofemersimir.gob.mx/mirs/53172

2 Disponible en:

https://cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/53172?s=08

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.— Diputados: Carlos Madrazo Limón, Éctor Jaime Ramírez Barba, Ignacio Loyola Vera (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN, A TERMINAR CON LA PROBLEMÁTICA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de NL a terminar con la problemática de transporte de pasajeros que afecta a los neoleoneses, y publicitar las acciones llevadas a cabo para renovar e implantar el transporte público de gas natural y eléctrico en el estado, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Marcela Guerra Castillo, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno de Nuevo León para que, de manera urgente, tome las medidas que estime pertinentes, a fin de acabar con la problemática de transporte de pasajeros que afecta a las y los neoleoneses y publicite las acciones llevadas a cabo para la renovación e implementación del transporte público de gas natural y eléctrico en el estado, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el estado de Nuevo León cuenta con una extensión de 3 por ciento del territorio nacional, conformada por 51 municipios y una población de 5 millones 784 mil 442 habitantes que representa 4.6 por ciento del total del país; y se encuentra distribuida de la siguiente forma: 96 por ciento en comunidades urbanas y 4 por ciento en rurales. 1

Tan sólo en la capital del estado y su zona metropolitana (Apodaca, Cadereyta Jiménez, El Carmen, García, San Pedro Garza García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina y Santiago) 2 se concentra una población de 5 millones 3 mil 597 personas. 3

Nuevo León tiene una aportación al producto interno bruto (PIB) nacional de 8 por ciento y es el estado con segunda mayor captación de inversión extranjera directa (IED) a nivel nacional.

Entre las principales actividades productivas que se llevan a cabo en el estado se encuentran: el comercio, la construcción, la manufactura, la fabricación de maquinaria y equipo, el transporte, las comunicaciones y los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles; dentro de las cuales, destaca el capital humano como uno de sus motores principales.

Dado que la mayor parte de la población en la entidad utiliza el transporte público, este constituye un sector clave para el desarrollo y la economía de la entidad, según datos de la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros del Inegi:

“El transporte público en Monterrey movilizó a 11.5 millones de personas en el mes de mayo, lo que representó un incremento de 5.8 por ciento en el número de pasajeros respecto a lo reportado en el mes anterior. A nivel nacional ocupó el tercer lugar en transporte urbano detrás de Ciudad de México (97 millones de personas) y Guadalajara (12.3 millones)”. 4

A pesar de su importancia, durante las administraciones pasadas este sector no ha sido un eje primordial de las po-líticas implementadas, donde ahora encontramos muy pocas unidades y las que operan son antiguas y contaminantes.

El estado durante un periodo ya extenso de tiempo, ha enfrentado una crisis en el transporte público y medio ambiente, afectando a la población y diversos sectores productivos por la contaminación, las condiciones en las que se encuentran las unidades, los costos y su operatividad en general.

En los últimos días la crisis se ha incrementado, por lo que, en el mes de octubre de 2021, el gobierno de Nuevo León anunció una reestructuración del transporte público para hacer frente a estas crisis. 5 Dentro de este plan se encuentra retomar el control, la conformación de nuevo esquema de cobros y la compra de nuevo transporte para reducir las unidades que se encuentran fuera de norma, que de acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad, generan la emisión de 165 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) anuales. 6

Hoy en día, las y los neoloneses se enfrentan a la frecuencia muy amplia y dispar en la que el transporte circula, lo cual afecta a la población en el plano laboral, causando ausentismo y retrasos, además en sus horarios y tareas. La economía familiar también se ve impactada ya que la población es obligada a utilizar el transporte privado que tiene un costo mayor, generando gastos no programados, innecesarios e imprevistos.

De igual forma, a principios del presente año, los medios informaron sobre una alta aglomeración en los espacios designados para espera de transporte en la capital del estado y periodos para abordar mayores a una hora; que además de las afectaciones antes mencionadas generan riesgos para las personas durante esta pandemia; esto con unidades abarrotadas y filas de espera llenas de personas, exponiendo a la población a contagios por Covid-19. 7

Otro punto muy relevante, como lo indica la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Nuevo León, es que el mayor número de unidades de transporte público se encuentran en el centro de la zona metropolitana, dificultando el acceso a los municipios más alejados y provocando el aumento en las tarifas. 8

De acuerdo con proyecciones del Inegi y del Consejo Nacional de Población (Conapo), se espera que para 2030 la población de Nuevo León llegue a superar los 6 millones 300 mil pobladores, 9 por lo cual es importante que se atiendan urgentemente las necesidades actuales y se prevea un mejor panorama futuro para la entidad, por lo cual, atender la crisis del transporte generará beneficios en el medio ambiente y será un escalón primordial para salvaguardar la economía y salud de las y los neoleoneses.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Nuevo León para que, de manera urgente, tome las medidas que estime pertinentes, a fin de acabar con la problemática de transporte de pasajeros que afecta a las y los neoleoneses.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Nuevo León para que haga de conocimiento público las acciones llevadas a cabo para la renovación e implementación del transporte público de gas natural y eléctrico en el estado.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (s.f.). Nuevo León. 4 de enero de 2021, de Instituto Nacional de Estadística y Geografía Sitio web:

http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/NL/

2 Héctor Morales. (s.f.). El desorden territorial. 4 de enero de 2021, de Secretaría General de Gobierno de Nuevo León Sitio web:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104954/4._Nuevo_L e_n.pdf

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). Nuevo León: División Municipal. 4 de enero de 2021, de Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sitio web:

http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nl/terr itorio/div_municipal.aspx?tema=me&e=19

4 Lourdes Flores. (2021). Transporte público de Monterrey movilizó 11.5 millones de personas en mayo. 5 de enero de 2021, de El Economista Sitio web:

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Transporte-publico-de-Mo nterrey-movilizo-11.5-millones-de-personas-en-mayo-20210714-0110.html

5 Lourdes Flores. (2021). Gobierno de Nuevo León retomará el control del servicio de transporte público: Samuel García. 5 de enero de 2021, de El Economista Sitio web:

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-Nuevo-Leon-r etomara-el-control-del-servicio-de-transporte-publico-Samuel-Garcia-20211017-00 42.html

6 Lourdes Flores. (2021). Gobierno de Nuevo León retomará el control del servicio de transporte público: Samuel García. 5 de enero de 2021, de El Economista Sitio web:

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-Nuevo-Leon-r etomara-el-control-del-servicio-de-transporte-publico-Samuel-Garcia-20211017-00 42.html

7 Consuelo López. (2022). Las diferentes paradas de camiones del área metropolitana lucieron un tanto aglomeradas, pues la espera fue larga. 5 de enero de 2021, de El Porvenir Sitio web:

https://elporvenir.mx/local/y-regios-sufren-por-falta-de-camione s/345143

8 Lourdes Flores. (2021). Transporte público de Monterrey movilizó 11.5 millones de personas en mayo. 5 de enero de 2021, de El Economista Sitio web:

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Transporte-publico-de-Mo nterrey-movilizo-11.5-millones-de-personas-en-mayo-20210714-0110.html

9 Consejo Nuevo León. (2020). Marco demográfico de Nuevo León. 5 de enero de 2021, de Consejo Nuevo León Sitio web:

https://participa.conl.mx/pub/demografia/release/4

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.— Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

SE PUBLICITEN LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA COBERTURA UNIVERSAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS HABITANTES DE NUEVO LEÓN

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Insabi a publicitar las acciones llevadas a cabo para garantizar la cobertura universal de los servicios de salud a los habitantes de NL, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Marcela Guerra Castillo, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de Salud para el Bienestar para que publicite las acciones llevadas a cabo para garantizar la cobertura universal de los servicios de salud a todas las personas que habitan el estado de Nuevo León, así como para que transparente el uso y destino del presupuesto asignado, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El primer día del mes de enero del año 2020 entró en vigor el decreto por el que se llevó a cabo la desaparición del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), conocido popularmente como el Seguro Popular, así como de sus unidades médicas y módulos; y en ese mismo decreto se confirmaba la creación del Instituto Salud para el Bienestar (Insabi) que lo sustituiría.

El Insabi se creó eliminando tres de los cuatro programas presupuestarios de los que dependía el SPSS e iniciando con un programa de medicamentos gratuitos; todo con el objetivo de proveer y garantizar la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos para la población que no contaba con servicios médicos ni seguridad social; a pesar de que esta labor ya era realizada por el Seguro Popular.

Los datos revelan que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para la última parte de 2018, 15 años después de su creación, el SPSS había logrado afiliar a más de 53.5 millones de personas, que representaban 78.6 por ciento de las personas sin seguridad social en nuestro país, 1 siendo este el programa de cobertura de salud más amplio del país.

El SPSS en uno de sus objetivos principales buscaba combatir uno de los problemas que origina la informalidad, el cual es la falta de servicios médicos y seguridad social.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2020, 2 existían 31 millones de trabajadores en el sector informal; quienes no contaban con el acceso a la seguridad social, y a las instituciones de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y este programa pretendía atender a esta población.

El Seguro Popular daba atención a no beneficiarios de las instituciones además de brindar costos bajos y medicamentos.

Sin embargo, en México también observamos que el bajo acceso a la salud y seguridad social no sólo es consecuencia de la informalidad, sino que incluso tiene una relación estrecha con el nivel socioeconómico; donde las clases sociales en niveles más bajos que la media y grupos vulnerables son quienes menor acceso a estos derechos tienen; por lo que el Seguro Popular tenía como tarea la atención a los grupos desventajados.

Caso contrario es que para el año 2018 solamente 13.7 por ciento de la población rural no contaba con acceso a los servicios de salud, y que con esta administración aumentó hasta 30.5 por ciento en 2020, y en las zonas urbanas de 17 a 27.4 por ciento. 3 Dejando desprotegidos a estos pobladores en su derecho a la salud.

Otro sector gravemente afectado con la eliminación del Seguro Popular fueron las mujeres, quienes a pesar de que en los últimos han sido uno de los ejes primordiales de la política nacional en cualquiera de los poderes, no fueron tomadas en cuenta en la toma de decisiones y es que, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se observaba que las mujeres representaban el mayor porcentaje dentro de las personas afiliadas al SPSS, y eran las de menores recursos quienes hacían uso de este servicio y sus beneficios. La estadística mostraba que en las regiones de mayor segregación social y pobreza, 9 de cada 10 mujeres se encontraban afiliadas, mientras que en las zonas de mayores recursos, solamente 5 de cada 10 se encontraban afiliadas a este programa. 4

Esto deja claro que los objetivos del SPSS se estaban cumpliendo y que los sectores más necesitados podían acceder a la salud a través de este mecanismo.

A pesar de esto, fue considerado como “ineficiente” por el gobierno federal, asegurando que el Insabi cumpliría con los objetivos planteados y lograría proveer de atención médica gratuita a los mexicanos sin la necesidad de afiliarse. Sin embargo, con la llegada de éste, las cuotas en los hospitales aumentaron en lugar de desaparecer y miles de personas dejaron de tener acceso a los servicios médicos.

Posterior a esto, la pandemia dejó en evidencia las carencias y necesidades de nuestro sistema de salud; la falta de infraestructura, hospitales, equipos médicos y hasta insumos fue un común denominador en todas las entidades de nuestro país; cuyo plan del gobierno federal fue la creación del Insabi quien contrarrestaría estos problemas, en caso contrario el año pasado, se registraron más de 35.7 millones 5 de personas en todo el país quienes no contaron con atención médica.

La población desconoce qué es el Insabi, cómo afiliarse, a dónde acudir o cómo acceder a estos servicios, lo cual va en sentido contrario a sus objetivos y principios de salud para todos. No se cuenta con los recursos, personal e infraestructura adecuada, para hacer frente a estas necesidades a ya casi un año de su implementación. No podemos dejar en estado de indefensión el derecho a la salud de las y los mexicanos.

No es un tema presupuestario, sino un tema de trabajo y correcta aplicación de los programas para la cobertura de salud y aseguramiento de este derecho. Desde la creación del Instituto, la tendencia ha sido aumentarle su presupuesto, y tan sólo para este año se tiene contemplado un incremento de 11.6 por ciento, que representa una cantidad total de más de 103 mil millones de pesos.

Es necesario trabajar en la creación de programas, módulos, clínicas y servicios para la población de manera inmediata. La inacción, omisión y escasos resultados del Insabi deja sin protección a la salud a los sectores más vulnerables como adultos mayores, personas de escasos recursos y mujeres, quienes eran los principales beneficiarios del Seguro Popular, y al día de hoy siguen sin recibir cuando menos la atención que les fue quitada.

La Constitución en su artículo 4o. párrafo cuarto y los tratados internacionales de los que esta nación forma parte, obligan al Estado a proporcionar y garantizar el derecho a la salud de todas y todos los mexicanos; el Instituto ya cuenta con los recursos y nuestra voluntad de legislar, apoyar y trabajar por el bien de la población, por lo cual es primordial continuar con las estrategias, programas y trabajos que agilicen el cumplimiento de este derecho a la salud, el abasto de medicamentos y el apoyo a la población vulnerable.

Ahora bien, para el caso específico de mi estado, Nuevo León, es necesario resaltar que el 4 de agosto de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo de coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social en los términos previstos en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, que celebran el Instituto de Salud para el Bienestar y el estado de Nuevo León”.

Así, dicho acuerdo tuvo por objeto establecer los compromisos a que se sujetarían el estado de Nuevo León y el Insabi, a fin de garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, en dicha entidad federativa.

En esa virtud, el Insabi se obligó a transferir con oportunidad al estado de Nuevo León los recursos presupuestarios federales que le correspondan para la prestación de los servicios de salud, mientras que el Estado se obligó a llevar a cabo dichos servicios a las personas que no gozan de seguridad social, de manera gratuita, sin poder cobrar cuotas de recuperación.

Sin embargo, según datos del Coneval la falta de acceso a la atención médica pasó de 16.7 por ciento en 2015 a 21.5 por ciento en 2020, el primer año que operó el organismo que sustituyó al Seguro Popular, lo cual claramente no garantiza una cobertura universal en los servicios de salud en el estado de Nuevo León.

Pese a los compromisos acordados, el subdirector de Recursos Financieros en Servicios de Salud estatal, Noé Emmanuel del Real García, ha informado a la ciudadanía que, para pasivos contingentes, el gobierno de Nuevo León ha invertido 155 millones de pesos, mientras que el Insabi no ha entregado las ministraciones mensuales correspondientes.

Así las cosas, no debemos olvidar que el Presupuesto de Egresos para Salud este año fue de 6 mil 868 millones de pesos, de los cuales se ha comprometido 91 por ciento y sólo se ha devengado 55 por ciento.

Consecuentemente, es necesario que el Insabi informe qué es lo que ha hecho para garantizar la cobertura universal de los servicios de salud a todas las personas que habitan el estado de Nuevo León que no cuentan con seguridad social y además que remita pormenorizadamente el uso y destino de los recursos destinados a mejorar la infraestructura de los centros hospitalarios, dotar de medicamentos, insumos y material de curación, así como de personal médico a todas las unidades de salud del estado de Nuevo León.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto de Salud para el Bienestar para que haga de conocimiento público las acciones llevadas a cabo para garantizar la cobertura universal de los servicios de salud a todas las personas que habitan el estado de Nuevo León.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto de Salud para el Bienestar para que efectué las acciones necesarias que permitan transparentar el uso y destino del presupuesto asignado para mejorar la infraestructura de los centros hospitalarios, dotar de medicamentos, insumos y material de curación, así como de personal médico a todas las unidades de salud del estado de Nuevo León.

Notas

1 Ariadna Ortega. (2020). El Seguro Popular dejó sin atención a 14.5 millones de personas, revela ASF. 26 de octubre de 2021, de Expansión Sitio web:

https://politica.expansion.mx/mexico/2020/02/27/el-seguro-popula r-dejo-sin-atencion-a-14-5-millones-de-personas-revela-asf

2 Cristian Téllez. (2021). Se genera mucho trabajo en México... pero informal. 26 de octubre de 2021, de El Financiero Sitio web:

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/08/20/trabajo-info rmal-agrupa-78-de-plazas-generadas-en-12-meses/

3 Belén Saldívar. (2021). Sin acceso a servicios de salud, 28.2% de la población en pandemia. 26 de octubre de 2021, de El Economista Sitio web:

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sin-acceso-a-servicios- de-salud-28.2-de-la-poblacion-en-pandemia-20210806-0008.html

4 Georgina Jiménez. (2020) ¿Quiénes están en riesgo con la llegada del Insabi?: Lo que sabemos sobre el extinto Seguro Popular. 26 de octubre de 2021, de Nexos Sitio web:

https://datos.nexos.com.mx/quienes-estan-en-riesgo-con-la-llegad a-del-insabi-lo-que-sabemos-sobre-el-extinto-seguro-popular/

5 Belén Saldívar. (2021). Sin acceso a servicios de salud, 28.2% de la población en pandemia. 26 de octubre de 2021, de El Economista Sitio web:

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sin-acceso-a-servicios- de-salud-28.2-de-la-poblacion-en-pandemia-20210806-0008.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.— Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, A INVESTIGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, EL CASO DE LA ADOLESCENTE VIOLADA EN SAN JUAN COLORADO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la FGJ de Oaxaca a investigar con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos y de interés superior de la niñez el caso de la adolescente violada en San Juan Colorado, y considerar la destitución de funcionarias de la dependencia, suscrita por los diputados Maribel Martínez Ruiz y Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT

Los suscritos, diputada Maribel Martínez Ruiz y diputado Benjamín Robles Montoya, integrantes del Grupo Parlamentario del PT a la LXV Legislatura, de conformidad con lo establecido por los artículos 62, numeral 3, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La violencia contra las mujeres y las niñas en México es una lamentable constante, desafortunadamente no hemos logrado generar políticas públicas que verdaderamente impacten en la erradicación de esta otra pandemia social. Y Oaxaca no es la excepción. Según las cifras oficiales más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el estado de Oaxaca cerramos el año 2021 con 43 feminicidios, 60 homicidios dolosos de mujeres; 6 mil 891 casos de violencia familiar, 732 violaciones y 31 casos de abuso sexual; 1 cifras que se tornan aún más preocupantes si tomamos en consideración que estas sólo representan los casos que lograron ser denunciados.

En las últimas semanas, periodistas feministas como Citlalli López y otros medios de comunicación han visibilizado el caso de Ana, como la han nombrado para resguardar su identidad y proteger sus datos personales.

Ana tiene 17 años, padece una discapacidad cognitiva, es originaria de San Juan Colorado, Jamiltepec, Oaxaca, y fue violada, obligada a continuar con su embarazo y a parir en condiciones poco dignas e incluso violentas.

De acuerdo con lo señalado por las personas y organizaciones feministas que dan acompañamiento a Ana y a su familia, entre las que destacan la maestra Nelly Martínez Echartea y Vilma Kat Ulloa, después de haber sido víctima de violación, Ana fue entregada por su hermana a una vecina y esta, sin razón aparente, la entregó a un señor de la comunidad de La Soledad, de ese mismo municipio.

Cuando intervienen sus demás familiares y al interponer una denuncia en la sindicatura municipal, la persona que tenía a Ana exigió la cantidad de catorce mil pesos para devolvérselas, expresando además que en caso de que la menor diera a luz a un niño, se lo quedaría, pero si fuera niña pedía un pago económico para entregarles a ambas menores.

El día 12 de enero Ana dio a luz en el hospital de Pinotepa Nacional y su hermano, quien asistió para acompañarla, fue corrido del hospital por el sujeto que se siente dueño de Ana y su bebé, a menos que pagara cinco mil pesos como “derecho a quedarse” en el hospital.

Después de las gestiones de la familia, que en todo momento han sido acompañadas por personas y organizaciones feministas, el 19 de enero Ana fue trasladada por parte de la Fiscalía Local de Santiago Pinotepa Nacional al Centro de Justicia para Mujeres, conocido como CEJUM, en la ciudad de Oaxaca, sin aplicar ningún protocolo de seguridad, violando además el derecho al cuidado de la integridad de las menores y a un intérprete... Ana y su familia hablan mixteco.

Desde entonces, a sus familiares se les ha negado todo tipo de información y obligados a firmar documentos de los cuales desconocen su contenido, ya que no se les ha facilitado ningún intérprete ni traductor. Hasta el momento no se les ha permitido verla, únicamente se les ha dicho que Ana se encuentra en un refugio junto a su hija y que se encuentran bien.

Aunado a lo anterior, en la Fiscalía no se ha dado seguimiento a la denuncia por la violación de Ana, incluso ninguna autoridad le informó que era su derecho interrumpir el embarazo si así lo deseaba, colocándola reiteradamente en un grave estado de indefensión.

Desafortunadamente, en Oaxaca casos como el de Ana no son aislados, recurrentemente las autoridades tanto del orden municipal como estatal violentan los derechos de las víctimas, por lo que urge una estrategia de coordinación en ambos niveles para dar atención pronta, integral y ética a las niñas y mujeres que como Ana, han sido víctimas de algún delito.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General del estado de Oaxaca a investigar con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, los hechos denunciados en la carpeta de investigación 21708/FCOS/PINOTEPA/2021, ponderando el interés superior de ambas menores.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Fiscalía General del estado de Oaxaca a revisar la actuación y, en su caso, remover de sus cargos a la fiscal de Género de la Costa, Maribel Nicolás Melo; a la directora del CEJUM, Tania Albarrán, y a la visitadora general, Jenny de los Ángeles Gamboa Velázquez.

Nota

1 Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1), diciembre 2021, consultable en

https://www.gob.mx/sesnsp/articulos/informacion-sobre-violencia- contra-las-mujeres-incidencia-delictiva-y-llamadas-de-emergencia-9-1-1-febrero- 2019?idiom=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.— Diputada y diputado Maribel Martínez Ruiz y Benjamín Robles Montoya (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

EXHORTO A LA ASF, A REALIZAR UNA NUEVA AUDITORÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2021, AL MUNICIPIO DE NOCHIXTLÁN, OAXACA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a reauditar a Nochixtlán, Oaxaca, sobre el ejercicio fiscal de 2021, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta la Auditoría Superior de la Federación realice una nueva auditoría al municipio de Nochixtlán, en el estado de Oaxaca del Ejercicio Fiscal 2021, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El estado de Oaxaca está conformado por 570 municipios, entre ellos se encuentra Asunción Nochixtlán, el cual fue fundado en 1527 por Francisco de Orozco, se le conoció como “el pueblo de los comerciantes”. Este municipio se encuentra en la región mixteca del estado de Oaxaca, es una zona árida, con clima templado y bastos recursos hidrográficos.

Como bien sabemos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados con autonomía técnica y de gestión, el cual es encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión, órganos constitucionales y autónomos, estados y municipios, y de cualquier entidad física o moral, pública o privada que capten, recauden, administren, manejen o ejerzan recursos públicos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 115, fracción IV, inciso b), lo siguiente:

“b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la federación a los municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los estados.”

Así también cada año se establece en el Presupuesto de Egresos de la Federación se establece un monto destinado a estados y municipios, por medio del Ramo 33 conforme el artículo 3, fracción XVIII, así como lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal en donde se aportan recursos por medio del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento  de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, también conocido como Fortamun.

Como podemos observar las leyes federales establecen el otorgarle a los municipios recursos para su crecimiento y desarrollo, por lo tanto conforme lo que establece la ASF es un ente que debe ser auditado, tal es el caso que para el año 2020 fue la primer auditoría que se realizó a este municipio, siendo la auditoría numero: 2020-D-200006-19-1104-2021 1104-DE-GF, la cual se realizó durante el gobierno de Lizbeth Victoria Huerta.

En esta auditoría se estableció que durante los recursos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2020, por el Concepto de Participaciones Federales al Municipio de Asunción de Nochixtlán fue de 26,583.3 miles de pesos lo que se revisó por parte de la ASF fueron 18, 336.9 de miles de pesos lo que representa el 69 por ciento del total asignado.

Dentro del Informe Individual en el cuadro de fortalezas y debilidades se encontraron como debilidades  que el municipio no contó con las normas generales, lineamientos , acuerdos o decretos  en materia de Control Interno de observancia obligatoria; tampoco con un Plan de Desarrollo Municipal por lo que no se tuvieron parámetros para la medición de indicadores de cumplimiento de objetivos; ni con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos, tampoco contó con responsables de elaboración de información sobre la gestión para cumplir con las obligaciones de presupuesto y responsabilidad hacendaria, o de contabilidad gubernamental, ni tampoco personal asignado para  atender el tema de transparencia y acceso a la información  pública de fiscalización  y rendición de cuentas.

Además de lo anterior, el municipio no autoevaluó el cumplimiento de los objetivos establecidos, no conto con auditorías internas ni externas, ni estableció controles de supervisión para las actividades susceptibles a actos de corrupción.

Se comprobó el ingreso de lo asignado por la federación de 26,583.3 miles de pesos por medio de comprobantes de registro, pólizas de ingreso y estados de cuentas bancarios, esta auditoría termino el 31 de diciembre de 2020.

*Cuadro obtenido de la auditoría realizada al municipio de Nochixtlán por la ASF.

En la parte que se relaciona a servicios personales, el municipio proporciono  la información y documentación correspondiente a los contratos de honorarios, listas de raya y oficios de que no contrataron con bajas y licencias sin goce de sueldo, corrección de nóminas de honorarios, al revisar esta información la ASF determina que 270.6 miles de pesos no se ajustaron a lo establecido en los contratos correspondientes por lo solventado, por lo que se le solicitó al municipio una Solicitud de Aclaración número 2020-D-20006-19-1104-03-001 para que se proporcione documentación que justifique y compruebe los 270,603.00 (doscientos setenta mil seiscientos tres pesos 00/100 M.N.)por pagos que no se ajustaron a lo establecido en los Contratos Individuales de Trabajo por Tiempo Indeterminado con periodo de prueba.

Como podemos observar, dentro del gobierno municipal de Nochixtlán falta por aclarar en donde quedaron los 270 mil 603, además de que recordemos que la presidenta municipal Lizbeth Victoria Huerta se encuentra en el reclusorio ya que se encuentra acusada de desaparición forzada de la activista Claudia Uruchurtu.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a que realice una nueva auditoría al municipio de Asunción de Nochixtlán del Ejercicio Fiscal 2021.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a que se haga del conocimiento de la sociedad el avance del expediente número MUN.NOCH/ C.I.M/001/09/2021 en donde ese inició el procedimiento para determinar responsabilidades administrativas de servidores públicos iniciado por el municipio de Asunción de Nochixtlán.

Bibliografía

- Página oficial del INAFED

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM20oaxaca/municipio s/20006a.html

- Página Oficial de la ASF

https://www.asf.gob.mx/Section/45_Acerca_de_la_ASF

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

- Presupuesto de Egresos de la Federación

- Ley de Coordinación Fiscal

- Auditoría de Cumplimiento 2020-D-200006-19-1104-2021-1104-DE-GF

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.— Diputada Margarita García García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrup-ción, para dictamen.