INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 12, numeral 2, del Reglamento de la Contingencia Sanitaria, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 9 de febrero de 2022 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2022.– Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (rúbrica), presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de homologación en régimen de pensiones, a cargo de la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Seguridad Social, para dictamen, y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para opinión.

2. Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

3. Que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ricardo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a implementar acciones y medidas para combatir el aumento de casos por el virus SARS-CoV-2 (covid-19), a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a implementar acciones para preservar la seguridad pública y combatir la delincuencia dentro del transporte público, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno federal, a implementar acciones de apoyo a la economía ante la nueva oleada de contagios causados por covid-19, que ha provocado el cierre de empresas y pérdida de empleos, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sader, a través del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, se actualice y publique la Carta Nacional Pesquera, a cargo de la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Pesca, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, relativo a la creación de una comisión especial encargada de realizar los trabajos preparatorios para que se conmemore el 150 aniversario de la muerte del presidente Benito Juárez García, a cargo de la diputada Shirley Vázquez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

6. Con punto de acuerdo, por el que solicita a la Jucopo de esta soberanía, a considerar la celebración de una sesión solemne con motivo de la conmemoración de los 200 años de aniversario del Congreso Constituyente de 1822 de México, a cargo de la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la FGR, a esclarecer los hechos derivados de la aparición de un centro privado de vacunación en Atizapán de Zaragoza; asimismo a la Secretaría de Salud, a dar seguimiento del estado de salud de los menores vacunados, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de homologación en régimen de pensiones, a cargo de la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, diputada federal de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta iniciativa con proyecto de decreto, en los términos siguientes.

Exposición de Motivos

En fecha 16 de diciembre de 2020, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas modificaciones a las Leyes del Seguro Social y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Dichas reformas tuvieron como objetivo, fortalecer el sistema de pensiones en México basado en cuentas individuales o de contribución definida, mejorando el bienestar de la población en etapa de retiro, para lo cual, entre otras reformas, se disminuyó el umbral de semanas de cotización y se aumentaron las pensiones.

Dichas reformas tienen como uno de sus antecedentes la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social, y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, presentada por el titular del Ejecutivo federal, en sesión de fecha 29 de septiembre de 2020.El dictamen correspondiente fue aprobado en la Cámara de Diputados en sesión de fecha 9 de diciembre de 2020, en esa misma fecha fue remitido y aprobado por la Cámara de Senadores, remitiéndose al titular del Ejecutivo federal para su promulgación.

Los cambios de esta reforma comprendieron:

1. Disminución de semanas cotizadas para acceder a la pensión

Se reduce de mil doscientas cincuenta, a mil semanas de cotización, pero se mantiene la edad de retiro a los 60 años por cesantía y a los 65 por vejez.

A partir del 1 de enero de 2021, el requisito comienza en 750 semanas cotizadas y se incrementa en 25 semanas cada año para acumular las mil semanas en el año 2031, en términos del artículo cuarto transitorio de la reforma.

2. Opciones del plan de retiro

Se establece la opción para que un asegurado que cumpla los requisitos de edad y semanas cotizadas pueda elegir entre una pensión mensual o retiros programados (fondos de la Afore) o, bien, una combinación de ambos.

3. Aumento de las aportaciones patronales

Se programa un aumento gradual de las aportaciones de entre 3.15 por ciento a 11.8 por ciento, a partir del año 2023 las aportaciones tendrán un ajuste anual. Asimismo, se hace uso de la Unidad de Medida y Actualización, toda vez que el valor máximo de cotización en el Seguro Social está representado en esta unidad.

Sigue pendiente definir un incremento a las aportaciones a cargo de los trabajadores.

4. Aumento de la cuota social a cargo del gobierno y redistribución

Con el fin de mejorar las pensiones de los trabajadores que cotizan entre un salario mínimo y 4 UMA, se incrementará la cuota que vienen recibiendo.

5. Regulación de comisiones que cobran las Afore a los trabajadores

Las comisiones que cobren las administradoras de fondos para el retiro (Afore) tendrán un límite.

6. Informe de la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro (Consar)

La Consar estará obligada a realizar un informe de resultados de la reforma para la Secretaría de Hacienda, transcurridos diez años.

Las reformas antes citadas fueron respaldadas por los diversos grupos parlamentarios representados en ambas Cámaras del honorable Congreso de la Unión, pues beneficiarán a miles de trabajadores mexicanos inscritos en el Seguro Social.

Las reformas constituyen un avance importante en materia de justicia laboral.

Cabe señalar que, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, al cierre de diciembre de 2021, se tenían registrados 20 millones 620 mil 148 puestos de trabajo afiliados. Asimismo, el salario base de cotización registró un crecimiento anual de 7.5 por ciento. 1

Este es el umbral de beneficiarios de las reformas aprobadas.

En cuanto al registro de afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al cierre del mismo periodo se tenían registrados 3 millones 92 mil 998, en tanto el número de pensionados era de 1 millón 230 mil 999.

Para alcanzar los objetivos de dichas reformas se han observado esfuerzos importantes por parte de los empleadores para programar los incrementos en las aportaciones, lo cual viene ocurriendo en un contexto de emergencia de salud a nivel mundial provocada por el covid-19, la cual inició en diciembre del año 2020, declarándose emergencia mundial en marzo del 2021.

Si bien se reconocen los avances de las reformas a la Ley del IMSS antes descritas, durante su análisis se expresó la necesidad de homologar el umbral de semanas de cotización requeridas para las pensiones, respecto de los trabajadores inscritos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por tratarse de un principio de justicia laboral.

La homologación de las semanas de cotización en ambos sistemas IMSS e ISSSTE, permitirá mejorar la protección social de los trabajadores, incluyendo al régimen dispuesto en el Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La homologación propuesta amplía la protección y beneficios sociales a los trabajadores al servicio del Estado que contribuyen de manera importante al desarrollo de nuestro país.

Cabe señalar que de acuerdo con el Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 68 por ciento de las personas que superan la edad que da derecho a la jubilación reciben una pensión de vejez, lo cual está asociado con la expansión de las pensiones contributivas y no contributivas en numerosos países de medios y bajos ingresos.

En promedio y con grandes variaciones regionales, el gasto en pensiones y otras prestaciones para los adultos mayores representa 6,9 por ciento del producto interno bruto (PIB), el informe pone de manifiesto que el nivel de las prestaciones es con frecuencia demasiado bajo e inadecuado para permitir que los adultos mayores salgan de la pobreza. Esta tendencia suele estar incentivada por las medidas de austeridad.

Algunos Estados están revirtiendo la privatización de las pensiones debido a que esas políticas de privatización no arrojaron los resultados esperados, regresando a los sistemas públicos basados en la solidaridad. 2

Las reformas en materia de pensiones a la Ley del IMSS, así como las reformas propuestas a la Ley del ISSSTE, contribuyen para avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos 10.1 y 10.4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, consistentes en lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40 por ciento más pobre de la población a una tasa superior a la media nacional y adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad. 3

A efecto de programar adecuadamente la distribución presupuestal se propone que la reducción de las semanas de cotización se redistribuya y aumente a partir del año siguiente a la entrada en vigor de la presente reforma, en razón de 25 días por año, hasta llegar a las mil semanas de cotización,  manteniendo el requisito de la edad de retiro dispuesta en la ley.

Asimismo, como parte de la reforma se propone un incremento a la pensión garantizada que el Estado debe asegurar a quienes reúnan los requisitos para obtener una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez, cuyo monto será de un mes de salario mínimo general, el cual equivale actualmente a 172.87 pesos diarios, es decir, 5 mil 186.1 pesos mensuales, los cuales deberán ser actualizados en el mes de febrero de cada año, conforme al cambio anualizado del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Al respecto se actualiza la referencia al salario mínimo general vigente, toda vez que actualmente sólo existen dos categorías aplicables, siendo la antes señalada y la correspondiente al salario mínimo para la zona libre de la frontera norte.

A efecto de ilustrar las reformas propuestas, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto que reforma los artículos 6, 84, 89 y 92 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Único. Se reforman los artículos, 6, 84, 89 y 92 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 6. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

I. a XVIII. ...

XIX. Pensión garantizada, aquélla que el Estado asegura a quienes reúnan los requisitos para obtener una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez, cuyo monto será equivalente a un mes de salario mínimo general vigente, misma que se actualizará anualmente, en el mes de febrero, conforme al cambio anualizado del Índice Nacional de Precios al Consumidor;

XX. a XXIII. ...

XXIV. Salario mínimo, el salario mínimo general mensual vigente;

XXV. a XXIX. ...

Artículo 84. Para los efectos de esta ley, existe cesantía en edad avanzada cuando el Trabajador quede privado de trabajo a partir de los sesenta años de edad.

Para gozar de las prestaciones de cesantía en edad avanzada se requiere que el Trabajador tenga un mínimo de mil semanas de cotización reconocidos por el Instituto.

...

Artículo 89. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el Trabajador o Pensionado por riesgos del trabajo o invalidez haya cumplido sesenta y cinco años de edad y tenga reconocidos por el instituto un mínimo de mil semanas de cotización.

...

Artículo 92. Pensión garantizada es aquélla que el Estado asegura a quienes reúnan los requisitos señalados para obtener una Pensión por cesantía en edad avanzada o vejez y su monto mensual será equivalente a un mes de salario mínimo, misma que se actualizará anualmente, en el mes de febrero, conforme al cambio anualizado del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2023, salvo lo dispuesto en los transitorios siguientes.

Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizará las previsiones presupuestales para dar cumplimiento al presente decreto, a partir del 1 de enero de 2023.

Tercero. En la fecha en que entre en vigor el presente decreto las semanas de cotización que se requieren para obtener los beneficios señalados en los artículos 84 y 89, así como para el cálculo de la pensión garantizada prevista en el artículo 92 serán setecientas cincuenta, y se incrementarán anualmente veinticinco semanas hasta alcanzar en el año 2032, las establecidas en dichos preceptos.

Cuarto. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, a los diez años siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, deberá enviar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el análisis de los resultados obtenidos en la aplicación del mismo, a fin de que esta informe lo que corresponda al Congreso de la Unión.

Quinto. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberán ajustar los sistemas y procedimientos necesarios para instrumentar las reformas previstas en este decreto.

Sexto. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente decreto.

Notas

1 Sitio Web del IMSS.

2 Informe Mundial sobre la Protección Social 2017-2019: OIT: 4 mil millones de personas en el mundo carecen de protección social (ilo.org)

3 Objetivo de Desarrollo Sostenible 10: Reducción de las Desigualdades | Agenda 2030 | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.– Diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Sofia Carvajal Isunza (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen, y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para opinión.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

«Iniciativa que reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada federal María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En todo el mundo han sido muy fuertes los efectos generados por la epidemia provocada por la nueva y completamente desconocida cepa de coronavirus denominada mundialmente por la OMS como SARS-CoV-2, que a su vez provoca una enfermedad que ha sido llamada covid-19. 1

No solo se han sentido sus efectos en materia de contagios y muertes que, vale la pena señalar, han sido devastadoras a nivel mundial.

Hay que recordar que se trata de un virus poco conocido cuyo tratamiento o cura aún están en desarrollo; además, las diferentes mutaciones o variantes que este virus ha presentado hace que en algunos casos se eleve de manera exponencial la capacidad de contagio, como es el caso de la variante ómicron. Gracias a lo anterior, para mediados del mes de enero del año 2022 se reportaban oficialmente en todo el mundo, al menos 327 millones 178 mil contagios y tristemente 5 millones 886 mil muertes. 2

Los efectos negativos por esta pandemia también se resienten en aspectos muy sensibles y con grandes repercusiones sociales, como pueden ser los referentes al ámbito educativo, o bien, a la esfera económica.

La economía mundial y las economías locales han sido otras de las víctimas que más han resentido los efectos de esta pandemia.

La contracción económica mundial ha sido histórica por diversos factores, desde el número de contagios y muertes, hasta la necesidad de disponer y asignar elevados montos de recursos para equipar nuestros servicios médicos con la intención de hacerle frente a la enfermedad o para la compra de vacunas a fin de aplicarlas a la población en general.

Se debe igualmente reconocer las medidas de confinamiento a las que se sometió a la ciudadanía para reducir los contagios, literalmente paralizaron la economía, la cual, hasta la fecha, no ha logrado su recuperación total o, al menos, cercana a como estaba en época pre-pandémica.

Nuestro país en lo anterior no ha sido excepción.

Los números de contagios son inevitablemente altos, a pesar de los grandes esfuerzos en materia de vacunación, atención de personas contagiadas y medidas para contener nuevos contagios emprendidos por el gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales y municipales.

Por lo anterior, para mediados del mes de enero de 2022, se reportaban oficialmente en todo nuestro país, al menos, 4 millones 368 mil 314 contagios y, tristemente, 301 mil 410 fallecimientos. 3

En materia económica el golpe también ha sido devastador.

La contracción económica por los efectos directos e indirectos de la pandemia y el confinamiento han sido históricos también.

Las implicaciones en el empleo, el salario, en nuestro mercado interno, la inflación y el tipo de cambio, solo por mencionar algunas variables, han sido altamente negativas, al mismo tiempo que inevitables.

Algunas implicaciones negativas se han podido sobrellevar e incluso en algunos casos excepcionales hasta revertir, pero, indudablemente, el daño está hecho. Tan es así que basta señalar cómo recientemente el pasado 12 de enero la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) rebajó nuevamente el pronóstico de crecimiento de nuestro producto interno bruto (PIB) a un nivel del 2.9 por ciento para este año 2022. 4

De cumplirse ese pronóstico, nos estaríamos refiriendo a un nivel de crecimiento sensiblemente menor al estimado por las autoridades económicas del país, las cuales proyectaban un crecimiento de alrededor del 3.2 por ciento de nuestro PIB para este año 2022. 5

Aun así, nos referimos a niveles de crecimiento que lamentablemente no se acercan a los niveles de desempeño mostrados por la economía mexicana antes de la pandemia por covid-19.

Esta situación nacional que estamos padeciendo y que, debemos recalcar, corresponde a la situación económica que también se está padeciendo en todo el mundo, nos exige poner mucha atención en los esfuerzos que se deben emprender para proteger y recuperar los niveles de nuestras principales variables macroeconómicas.

Igualmente, esta situación compleja nos exige poner cuidado y mucha atención en proteger y preservar la economía familiar.

Desafortunadamente, las finanzas familiares, es decir, la economía de los hogares mexicanos, han sido duramente castigadas, ya sea por la parálisis de la economía, el desempleo que en consecuencia se presentó, o bien, por la pérdida del poder adquisitivo que se traduce en una capacidad menor de compra de productos de la canasta básica para el consumo familiar.

Sea como sea, tenemos que advertir y reconocer que nos encontramos en una situación sumamente dura, complicada y atípica. Aunque pareciera que estamos próximos a llegar a la salida, por una u otra razón no ha podido ser así, lo cual nos exige a todos, en corresponsabilidad, la toma de decisiones contundentes para hacerle frente a la situación, para salir adelante y con ello recobrar las tasas de crecimiento y brindar oportunidades de desarrollo para toda la población.

Un factor particular que considero imprescindible y sumamente importante para el propósito anteriormente señalado es el impulso y la reactivación de nuestro mercado interno.

Necesitamos reactivar contundentemente el impulso de nuestras economías locales.

Requerimos empleos, pero también una economía regional en movimiento con personas comprando y otras vendiendo e impulsando de ese modo la competitividad de nuestra economía.

Un factor clave es también acceder a mejores precios que no solo le permitan a un mayor número de familias mexicanas adquirir con holgura y suficiencia los productos para atender las necesidades de los integrantes de su familia, sino también que nos ayuden a contener la inflación que actualmente se presenta en la economía nacional y que es resultado de múltiples factores, algunos internos como los post-pandémicos y otros externos que también son resultado de la recesión mundial por la covid-19.

Por eso hoy más que nunca las economías regionales o locales se vuelven sumamente relevantes y se torna imprescindible reconocer que requieren de nuestra consideración y sobre todo de nuestro apoyo, ya que necesitan impulsos que les permitan retomar la inercia de crecimiento y movilidad que tenían hasta hace poco y que nos mantenía en un buen ritmo y nos llevaba a un buen puerto, económicamente hablando.

Ese es el propósito de la presente iniciativa que someto a consideración de esta soberanía.

Propongo modificar la ley para permitir que los vehículos particulares de las personas que vivan en un municipio colindante a alguna caseta de cobro de peaje de cualquier tramo de nuestras carreteras nacionales paguen la mitad del peaje señalado, siempre y cuando acrediten su residencia permanente en el municipio colindante, acrediten la propiedad del vehículo y hayan realizado el emplacamiento de la unidad en el estado que les corresponde.

Considero que la propuesta es un importante y valioso esfuerzo que, como podemos deducir, no va en beneficio de las grandes corporaciones o de las grandes empresas transportistas, sino que es un esfuerzo que va encaminado a apoyar al dueño de la tienda de la esquina del barrio, al comerciante de los mercados municipales, al pequeño productor, al campesino, al microempresario, a la industria familiar o a la familia que podría, ahora sí, cruzar la caseta de peaje que colinda con su casa para ir a comprar una medicina o hacer el mandado a un mercado regional.

Estamos refiriéndonos a un apoyo que va directamente en beneficio de quienes menos tienen, pero son quienes más aportan a la economía nacional, me refiero a la economía familiar, las microrregiones, las microempresas o las zonas metropolitanas, por mencionar algunos ejemplos.

Se trata de un apoyo que beneficiará en algunos casos directamente y en otros indirectamente, a muchas familias mexicanas, a muchos bolsillos de los hogares nacionales que han sido castigados duramente.

Ante lo difícil de la situación que estamos atravesando todos por esta pandemia, es innegable que requerimos incentivar nuestro mercado interno y en este propósito considero que la presente propuesta tendrá un impacto positivo para el bolsillo de las y los mexicanos y para la reactivación de las economías regionales, de la economía familiar.

Una reactivación que, vale la pena señalar, no solo incentivará y fortalecerá el consumo interno, sino también la inversión y que, en consecuencia, generará más empleos y mejores salarios para la población en general.

Se trata de un esfuerzo valioso y una suerte de inversión en nuestras industrias nacionales o empresas familiares que nos permitirá retomar las tasas de crecimiento sostenido que presentábamos antes de la pandemia y que requerimos, sin duda alguna, para consolidar el proyecto nacional del presente gobierno.

Este reto formidable hace urgente que nos encaminemos en la atención pronta para su obtención, ya que no hay que olvidar que, entre otras cosas, la pandemia por la covid-19 nos dejó para el año 2020 una contracción de la economía nacional del 8.5 por ciento de acuerdo con cifras oficiales. 6

Como podemos darnos cuenta, el reto es mayúsculo, la urgencia es grande y las opciones no son muchas.

Por eso debemos apostarle a lo nacional.

Tenemos que mirar hacia los negocios familiares, ayudarlos e impulsarlos, debemos aportarle a lo local, a lo regional, al pequeño productor, al campesino, al pequeño comerciante o el pequeño empresario nacional para beneficiar a las familias mexicanas.

No podemos omitir que quienes integramos la presente soberanía somos también corresponsables en el rumbo económico que tenga nuestro país.

Por todo ello, se somete a la consideración de esta honorable cámara de diputados la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Artículo Único. Se reforma la fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 5o. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares.

Corresponden a la Secretaría, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la Administración Pública Federal las siguientes atribuciones:

I. a VII. (...)

VIII. Establecer las bases generales de regulación tarifaria.

Las motocicletas deberán pagar el 50 por ciento del peaje que paguen los automóviles; también pagarán el 50 por ciento del peaje los dueños de automóviles particulares que acrediten su residencia permanente, en los municipios que colinden con una caseta de cobro de peaje, que acrediten la propiedad del automóvil y hayan realizado el emplacamiento de su unidad en la entidad donde residen; para el efecto la Secretaría en coordinación con las autoridades estatales y municipales, establecerán los requisitos correspondientes y expedirá gratuitamente la constancia de residencia y propiedad del vehículo para acceder al beneficio, y

IX. (...)

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría, en coordinación con las autoridades estatales y municipales correspondientes, dispondrán de un plazo no mayor a 90 días a partir de la fecha de publicación del presente Decreto para establecer y publicar las disposiciones reglamentarias correspondientes para el efecto.

Notas

1 Véase, “Brote de enfermedad por coronavirus (covid-19)” Organización Mundial de la Salud. Disponible en:

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-20 19

2 Véase, WHO Coronavirus (covid-19) Dashboard, World Health Organization. Disponible en:

https://covid19.who.int/

3 Véase, Mexico Situation, World Health Organization. Disponible en:

https://covid19.who.int/region/amro/country/mx

4 Véase, La Cepal reduce sus expectativas para la economía mexicana en 2022, expansión, 12 de enero de 2022. Disponible en:

https://expansion.mx/economia/2022/01/12/la-cepal-reduce-sus-exp ectativas-para-la-economia-mexicana-en-2022

5 Véase, Paquete Económico y Presupuesto, Gobierno de México. Disponible en:

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publica s/Paquete_Economico_y_Presupuesto

6 Véase, Producto Interno Bruto, Inegi. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/temas/pib/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero del 2022.– Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Ricardo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 73, fracción XVI, en relación con el párrafo cuarto, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el que suscribe, diputado Ricardo Aguilar Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXV Legislatura, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o., fracción V, de la Ley General de Salud, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El concepto de salud es algo que los seres humanos valoramos y apreciamos cuando se pierde, la Organización Mundial de la Salud define la Salud como; “un estado de completo bienestar, físico, mental y social”.

La definición de la OMS engloba la naturaleza del ser humano, este concepto va más allá de ideologías y permite a las naciones asimilarla y procesar en sus marcos jurídicos permitiendo la implementación en sus servicios de salud.

De igual forma la agenda 20-30 del mismo organismo coloca a la salud como un tema prioritario para las naciones, por lo cual recomienda adecuaciones a sus Sistemas de Salud, bajo la premisa de un derecho humano por tanto la necesidad de generar servicios universales, equitativos, eficaces y de calidad, se convierte en tema de discusión en las legislaciones nacionales.

La humanidad hizo conciencia de esta necesidad debido a la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2 (covid-19), que desde el 2020 azota a gran parte de las naciones, evidenciado una humanidad con francas desigualdades en sus componentes económicos, políticos y sociales, en lo referente a los sistemas de salubridad queda clara la fragmentación, la inequidad y la politización a que son sometidos los usuarios de los servicios de salud, los cuales ven comprometida su salud por la ineficacia que imprimen los dirigentes de los mencionados servicios.

El Sistema Nacional de Salud en México es producto de luchas sociales protagonizadas por ferrocarrileros, electricistas, petroleros, maestros y médicos en las primeras décadas del siglo XX (1),  cuyos logros son, sin duda, el mantener  un sistema predominantemente público, basado mayoritariamente en la prestación de servicios de seguridad social y el obtenido con la reforma sanitaria de 1983 cuando se estableció en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a la protección de la salud y se precisó jurídicamente a través de la Ley General de Salud, los reglamentos y normas sociales que de ella se derivan.

Logros que han estado condicionados a la disponibilidad de recursos que el Estado mexicano ha destinado para su complimiento y a la capacidad organizativa del propio sistema de salud, organización que dio origen a las deficiencias base; la fragmentación y desarticulación del sistema con la consecuente duplicidad y desperdicio de los recursos.

La fragmentación del sistema se refleja en la existencia de diversas instituciones de salud que atienden a segmentos diferentes de la población caracterizadas de acuerdo con su posición laboral. Por un lado, se encuentran las instituciones de seguridad social como el IMSS, Issste, Sedena, Semar, Pemex y las instituciones locales de seguridad social, que atienden respectivamente a los trabajadores de las empresas privadas, a los trabajadores al servicio del Estado, al ejército, a la marina, a los trabajadores de la industria petrolera y a los trabajadores al servicio de los gobiernos estatales.

Por otro lado, se encuentran la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que atienden a los mexicanos que no cuentan con seguridad social. Existe, además, dentro del Sistema Nacional de Salud lo correspondiente a los Servicios Médicos Universitarios que gran parte de las instituciones educativas del nivel superior, prestan a su población estudiantil y docente.

Dentro de las deficiencias que han caracterizado el sistema de salud Mexicano y que se ha acentuado desde que se instauró el cambio de modelo económico en el periodo 1982- 1988, está la insuficiencia de recursos financieros para satisfacer las necesidades crecientes de salud de la población. México según Forbes (1) destina en el 2020, un 2.5 por ciento de su producto interno bruto como gasto público en salud en contraste con el promedio destinado por los países de la OCDE de 7.7 por ciento o países como los Estados Unidos de Norteamérica con 14.3 por ciento o Cuba con el 10.6 por ciento. (1) México gasta menos de lo recomendado a nivel internacional en salud: OPS (sdpnoticias.com)

Otra deficiencia ha sido la derivada de la insuficiente inversión en salud es lo que concierne a la disponibilidad de médicos y enfermeras. De acuerdo a datos proporcionados por la OCDE, México tenía en el 2020, 2.1 médicos y 2.9 enfermeras profesionales por cada 1000 habitantes, incluidos los profesionales del sector privado (2). Estas cifras están muy por debajo del promedio de los países de la organización para la cooperación y el Desarrollo Económico que tienen una cifra de 3.2 médicos y 8.8 enfermeras por cada 1000 habitantes. (2) En México hay 2.1 médicos y 2.9 enfermeros por cada mil habitantes - Grupo Milenio

A esta deficiencia en términos de personal de salud, hay que agregar que alrededor del 70 por ciento de los centros de salud rurales se encuentran atendidos exclusivamente por médicos y enfermeras pasantes en proceso de prestación de su servicio social, que aún no obtienen un título o licencia para el ejercicio de su profesión. Cabe señalar que, de acuerdo a la normatividad sanitaria existente, los médicos y enfermeras pasantes siempre debieran estar supervisados y asesorados por personal adscrito de su misma profesión.

Esta situación “sui generis” del sistema de salud mexicano, surgió desde finales de los años treinta, en la época cardenista, con la doble intención de extender la atención médica a las áreas rurales e indígenas que no contaban con este servicio, arraigando en los 7 becarios de la salud los principios de solidaridad y justicia social y a su vez, consolidar con la praxis los conocimientos científicos de los futuros médicos y enfermeras.

Sin embargo, al no cumplirse con el acompañamiento tutorial que deben tener los becarios por parte de personal adscrito en las áreas rurales, el servicio social de los becarios de la salud se ha convertido en una estrategia de extensión de cobertura de bajo costo. Una consecuencia importante que se deriva de esta situación de precariedad es que muchas veces, la atención prestada por el personal becario, no supervisado, no reúne las características de calidad y seguridad que la población requiere.

Una fortaleza relativa del sistema de salud público es el haber alcanzado una cobertura de servicios para el 79.5 por ciento de su población, lo que implica que alrededor de 98 millones de mexicanos tienen acceso a algún tipo de servicio público de salud. Sin embargo, el hecho de que el 20.5  por ciento de sus habitantes no cuenten con acceso a la atención médica, es una deficiencia considerable que significa que alrededor de 25 millones no cuentan con acceso a los servicios médicos y por lo tanto se encuentran imposibilitados de ejercer su derecho a la protección de la salud. (3) http://www.coneval. org.mx/Medicion/Paginas/MediciporcientoC3por cientoB3n/ Acceso-a-los servicios-de-salud.aspx

La población que carece de acceso a los servicios de salud en México es equivalente a la suma de las poblaciones de 9 países de América: Nicaragua (6 millones 361 mil), Costa Rica (4 millones 949 mil), Panamá (3,842,000), Uruguay (3 millones 487 mil ), Jamaica (2 millones 735 mil), Trinidad y Tobago (1 millón 735 mil), Guyana (746 mil), Belice (382 mil) y Las Bahamas (375 mil). En términos de acceso a la seguridad social, la deficiencia es mucho mayor. De acuerdo a cifras del CIEP (4) (Centro de Investigación Económica Presupuestaria) del 2019, 62 millones de mexicanos, carecen de acceso a la seguridad social. (4) Carecen de seguridad social 62 millones de mexicanos. El Economista.

Las prestaciones que incluye la seguridad social, además de la atención médica son: derecho a la jubilación, seguro de invalidez y vida, guardería, pensiones de viudez, orfandad y préstamo para vivienda, entre otras. Una situación paradójica, es que ante la insuficiencia de personal en el sector salud, existe gran desempleo de médicos y enfermeras que ante la imposibilidad de obtener un trabajo en las instituciones de salud se ven en la necesidad de subemplearse en áreas que no son de su competencia.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de Inegi (5), se estima que en 2017 existían en el país alrededor de 343 mil 700 médicos, de los cuales el 297 mil 307 tenían empleo y los restantes 46,393 médicos se encontraban sin empleo. (5). Ante la insuficiente disponibilidad y acceso de atención médica institucional han proliferado los establecimientos privados denominados Consultorios Adyacentes a Farmacias (CAF) que ofrecen consultas médicas, exámenes de laboratorio y gabinete y medicamentos de bajo costo, que en su gran mayoría no cumplen con las normas vigentes de calidad y seguridad del paciente. Cabe señalar que en el 2014, ya existían en nuestro país más de 15 mil consultorios adyacentes a farmacias con capacidad para brindar alrededor de 6 millones de consultas mensuales (6).  (5), En México sólo hay un médico por cada 348 habitantes: Inegi — Publimetro México, (6) http://www. dgdi-conamed.salud.gob.mx/ojs-conamed/index.php/ revconamed/article/view/399/711.

Con estas fortalezas y debilidades del sistema nacional de salud es menester reconocer que se han obtenido importantes avances en términos del estado de salud de la población, como se puede observar en los siguientes tres indicadores sintéticos de salud: La esperanza de vida al nacer de los mexicanos se ha incrementado 14 años con respecto a la que se tenía en 1970. Mientras que en 1970 la esperanza de vida promedio era de 61 años, actualmente los mexicanos alcanzan una esperanza de vida al nacer de 75 años. La tasa de mortalidad infantil ha tenido un importante descenso pasando de una tasa de 68.5 defunciones de menores de 1 años por cada mil nacidos vivos registrados a una tasa de 12.3 en 2016. La razón de mortalidad materna ha descendido de una tasa de 143 defunciones maternas en 1970 hasta 29.5 por cada 100 mil nacidos vivos en 2020. (7) Muerte materna en México creció 50 por ciento por covid-19 (ejecentral. com.mx)

Sin embargo, los servicios públicos de salud que se brindan actualmente son altamente desiguales en su financiamiento, costos, cobertura y efectividad. El envejecimiento de la población y la respectiva transición epidemiológica volverán muy caro en el futuro cercano un paquete de servicios medianamente amplio. Ante esto, se presenta el reto de diseñar un sistema de salud universal adecuado, que tome en cuenta tanto lo que se tiene actualmente como las mejores prácticas internacionales. El espacio fiscal tan restringido hace que el diseño e implementación de un sistema universal de salud moderno sea el gran reto de esta generación.

Ante este escenario México aspira a que todas las personas, donde sea que vivan, tengan cobertura de salud universal, permitiendo el acceso a la atención sin barreras y sin padecer graves dificultades financieras, por ello la presente iniciativa tiene por objeto que uno de los fines del derecho a la salud sea contar con servicios de salud universales y de calidad.

La incorporación del concepto universal y de calidad dentro de los fines del derecho a la salud en México, permitirá a todo mexicano acceder a servicios de salud agiles, de calidad y sin burocracia gubernamental, en vísperas de una modificación constitucional que termine de corregir de origen el sistema de salud que nuestro país merece.

Es por todo lo anteriormente expuesto, que me permito someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma el artículo 2o., fracción V, de la Ley General de Salud

Único. Se reforma el artículo 2o., fracción V, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 2o. El derecho a la protección de la salud tiene las siguientes finalidades:

I...

V. El disfrute de servicios de salud universales y de asistencia social de calidad que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2022.– Diputado Ricardo Aguilar Castillo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

EXHORTO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A IMPLEMENTAR ACCIONES PARA COMBATIR EL AUMENTO DE CASOS POR EL VIRUS SARS-COV-2

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a implantar acciones y medidas contra el aumento de casos de covid-19, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Mariana Gómez del Campo Gurza integrante del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Cámara, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a implementar las acciones y medidas necesarias para combatir el aumento de casos por el virus SARS-CoV-2 (covid-19), conforme a los siguientes

Antecedentes

I. La Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo del 2020, debido a los niveles alarmantes de propagación y gravedad, declaró que el virus SARS-CoV-2 (covid-19), tenía las características de una pandemia y que se consideraba ya un problema de salud pública mundial. La enfermedad causada por el coronavirus 2019 ha cobrado hasta el momento la vida de aproximadamente 5,5 millones de personas a nivel mundial.

II. Desde el inicio de la enfermedad, el gobierno mexicano, ha subestimado la pandemia y ha implementado políticas públicas en materia de salud que han resultado ineficientes para combatir dicho fenómeno. Como resultado de las decisiones tomada, a finales del 2021, México se ubicó con 296,721 muertes como el cuarto país con mayor número de defunciones en todo el mundo.

III. A casi dos años de la declaratoria de emergencia de salud pública y pandemia, el escenario no es nada alentador, ya que la OMS ha detectado en este tiempo al menos 8 variantes de preocupación.

IV. El 24 de noviembre del 2020, la OMS tuvo conocimiento por primera vez de la existencia de la variante Ómicron (B.1.1.529), la cual presenta un gran número de mutaciones y que según pruebas iniciales presenta los siguientes cambios:

• Aumento en la transmisibilidad del virus

• Aumento en la virulencia y variaciones en la presentación clínica de la enfermedad

• Disminución de la eficiencia de las medidas sociales y de salud pública, medios de diagnóstico, vacunas y los tratamientos.

V. Al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante el desarrollo de la conferencia de prensa del día 29 de noviembre del 2021, se le realizaron diversos cuestionamientos sobre la variante ómicron (B.1.1.529) y las políticas públicas en materia de salud que implementaría el Ejecutivo federal para evitar escenarios adversos. A lo que él respondió lo siguiente:

“ Decirles a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento, que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas.

Que si hay mucha información en los medios, que no debemos de espantarnos, porque hay bastante incertidumbre, información no confirmada, eso es lo que puedo decir, no hay todavía información solida si esta variante es más peligrosa que las otras variantes, no existe eso, nada más que se detectó en Sudáfrica, pero no se sabe más: si va ampliarse, si va a llegar a todos los países, pero sobre todo el grado de peligro que represente, es decir, en cuanto a contagios y fallecimientos no hay todavía información...”

VI. Ante esta situación, el Ejecutivo federal ha subestimado la peligrosidad del virus SARS-CoV-2 (covid-19) y en específico la de la variante ómicron (B.1.1.529). Lo anterior, ha ocasionado que al mes de enero de 2022 en México se han contagiado más de 4 millones de personas y se han perdido 300 mil vidas.

VII. La Ciudad de México, se ha ubicado como la entidad federativa con mayor número de casos confirmados del todo el país. Ante ello, diversos medios de comunicación han evidenciado la escasez de pruebas para diagnosticar el SARS-CoV-2 (covid-19) y la falta de implementación de acciones y medidas necesarias para evitar la propagación virus.

VIII. Por lo anterior, y ante el notorio incremento de casos positivos de la enfermedad, resulta indispensable que el gobierno de la Ciudad de México refuerce las medidas existentes para evitar la propagación del SARS-CoV-2 (covid-19) y a su vez la necesidad de crear nuevas acciones nuevas para garantizar a los ciudadanos capitalinos su derecho a la salud.

Considerandos

I. El artículo 6, fracción I, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de las y los diputados.

II. El artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos debe cumplir con su obligación de garantizar el derecho humano a la protección de la salud de todas las personas.

III. El artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que todos los Estados parte se comprometen a reconocer a la salud como un bien público y a su vez tomar las medidas necesarias para garantizar este derecho.

IV. El artículo 25, apartado 1, de la Declaración Universal De Los Derechos Humanos, establece que los Estados parte deberán brindar acceso a toda persona un nivel de vida adecuado que le asegure para sí mismo salud, alimentación, atención médica, servicios sociales, entre otros.

V. El artículo 12, punto 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que se reconoce el derecho de que toda persona disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a su vez obliga al Estado para que adopte medidas necesarias para asegurar el derecho a la salud.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con el siguiente resolutivo

Punto de Acuerdo

Único. - Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para implementar las acciones y medidas necesarias para hacer frente a la cuarta oleada de contagios del virus SARS-CoV-2 (covid-19), reforzando e incrementando los puntos en los que se realizan pruebas covid-19, así como, agilizar la aplicación de la dosis de refuerza de la vacuna a toda la población, e iniciar la campaña de vacunación a los menores de 12 a 17 años de edad con el propósito de evitar la masiva propagación del virus SARS-CoV-2 (covid-19).

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 1 de febrero del 2022.– Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A COMBATIR LA DELINCUENCIA DENTRO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de la Ciudad de México a implantar acciones para preservar la seguridad pública y combatir la delincuencia en el transporte público, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Mariana Gómez del Campo Gurza integrante del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta Cámara, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a implementar acciones para preservar la  seguridad pública y combatir la delincuencia dentro del transporte público, conforme a los siguientes

Antecedentes

I. La incidencia delictiva en México ha aumentado en los últimos años, tan solo en el año 2021 los delitos aumentaron 10.9 por ciento en comparación con el año anterior. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre del 2021, se registraron 1,871,808 delitos, en tanto que en el mismo periodo de 2020 fueron 1,687,660 delitos, es decir, una diferencia de 558 delitos más por día.

II. Conforme a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicada en septiembre de 2021, el 64.5 por ciento de la población en México mayor de 18 años, manifestó que vivir en su ciudad es inseguro.

III. De igual forma, se reportó que los principales lugares en los que se siente insegura la ciudadanía son en los cajeros automáticos con el 75 por ciento, el transporte público con el 68. 7 por ciento y dentro de las instalaciones de instituciones bancarias con el 61.4 por ciento.

IV. Ahora bien, en relación con los asaltos dentro del transporte público, hasta noviembre del 2021, el Estado de México y la Ciudad de México, ocupaban los dos primeros lugares de denuncias presentadas por este delito. Lo anterior, ya que se denunciaron 5 mil 395 robos en el Estado de México, y 2 mil 757 en la Ciudad de México.

V. Uno de los principales focos rojos de este delito, se encuentra en los Centros de Transferencia Modal (Cetram) y paraderos de la Ciudad de México, donde convergen diversos medios de transporte. De acuerdo con un análisis realizado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) publicado en el boletín 062 del 10 de febrero del 2021, se percibe una alta inseguridad en los Cetram. Las mujeres usuarias de transporte público son principalmente las víctimas de diversas conductas delictivas y ocho de cada diez no sabe cómo realizar una denuncia por acoso sexual en el transporte público. 

VI. El mencionado estudio refiere que una investigación realizada en el año 2019 con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo puntualizó que, dentro de este tipo de Centros de Transferencia, las mujeres son víctimas de acoso sexual. En el Cetram Pantitlán el 49 por ciento de las usuarias señalaron que han sido objeto de piropos obscenos y ofensivos; en Indios Verdes, 40.8 por ciento y en Taxqueña 44.7 por ciento.

VII. En diciembre del año 2021, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch mencionó que en coordinación con el Estado de México se han realizado operativos de seguridad en el transporte público para reducir los asaltos. Sin embargo, los llamados paraderos que conectan con entidades federativas aledañas continúan con cifras muy altas de inseguridad.

VIII. Las personas usuarias del transporte público salen de los Cetram y/o abordan las unidades con miedo de ser víctimas de delitos que ponen en riesgo ente otras cosas, su integridad, su salud física, mental y su economía. Por lo anterior, resulta indispensable reforzar los operativos e implementar mayor seguridad en todos los paraderos de la Ciudad de México. 

Considerandos

I.- El artículo 6, fracción I, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de las y los diputados.

II.- Conforme al artículo tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

III.- Conforme al artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia

IV.- Conforme al artículo 41 primer párrafo de la Constitución Política de la Ciudad de México, la seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para la prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con el siguiente resolutivo

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que implemente acciones para preservar la seguridad pública y combatir la delincuencia en el transporte público, paraderos y Centros de Transferencia Modal. De igual forma, para que, en coordinación con el gobierno del Estado de México, se implementen medidas tendientes a reforzar la seguridad y realicen operativos en los puntos colindantes entre ambas entidades.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 1 de febrero del 2022.– Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO FEDERAL, A IMPLEMENTAR ACCIONES DE APOYO A LA ECONOMÍA ANTE LA NUEVA OLEADA DE CONTAGIOS POR COVID-19

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a implantar acciones en apoyo de la economía ante la nueva oleada de contagios de covid-19, que ha provocado cierre de empresas y pérdida de empleos, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Mariana Gómez del Campo Gurza integrante del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta Cámara, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno federal a implementar acciones de apoyo a la economía ante la nueva oleada de contagios causados por covid-19 que ha provocado el cierre de empresas y pérdida de empleos, conforme a los siguientes:

Antecedentes

I En México derivado de la pandemia más de un millón de negocios han cerrado de forma permanente, es decir uno de cada cinco, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De los casi cinco millones de negocios micro, pequeños y medianos, han podido permanecer 3.85 millones.

II. Como consecuencia de lo anterior, se han perdido más de 13 millones de empleos. Estas personas, se encuentran frente a una situación complicada, a causa de la grave crisis económica y la falta de planeación y apoyo del Gobierno federal.

III. En los pasados meses, el Gobierno federal, ha implementado programas de recuperación de empleos, los cuales no han sido de calidad, ni suficientes. La incertidumbre provocada por la falta de estabilidad y acceso al trabajo, ha provocado grandes niveles de subocupación, alta precariedad, salarios bajos, incluso personas que buscan un segundo empleo, para poder cubrir sus necesidades básicas.

IV. Es de resaltar, que nuestro país se vive un aumento de la pobreza, de acuerdo con cifras del Inegi, en 2020 hubo un incremento de 15.6 millones de mexicanos que no tienen acceso a los servicios de salud, 3.8 millones más en situación de pobreza y 2.1 millones más en pobreza extrema.

V. Nos encontramos frente a una disyuntiva, por una parte, el gran número de casos nuevos provocados por la variante Ómicron de covid-19, y por otra imponer nuevamente restricciones, tendría consecuencias negativas para el comercio. En los últimos días, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) señaló la necesidad de ser conscientes en las medidas que se tomaran para el seguimiento de la pandemia, ya que el panorama es delicado por las repercusiones económicas que puedan tener.

VI. La falta de apoyos por parte del gobierno ha causado que miles de establecimientos mercantiles hayan tenido que cerrar definitivamente. Por lo anterior, frente  a esta nueva ola de casos de covid-19, los comercios y negocios prefieren arriesgarse a contagios, que volver a cerrar o reducir sus aforos.

VII. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hay países implementando diversas políticas para atender la crisis laboral ocasionada por la pandemia, todas encaminadas a la protección de los trabajadores en el lugar del trabajo, el fomento de la actividad económica y el apoyo al empleo.

VIII. Diversos países como Italia y Japón han destinado recursos con el fin de promover el empleo a distancia. China solicitó que el salario de los empleados que no puedan trabajar por situación de cuarentena o enfermos sea pagado. En Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos, los bancos centrales han reducido las tasas de interés.

En Italia se han ejecutado reducciones fiscales, exención del pago de cuotas de la seguridad social e incluso se ha ampliado el plazo para el pago de hipotecas. En Filipinas se han ampliado las prestaciones por desempleo para aquellos susceptibles de perder su trabajo ya sea por despidos o cierres de empresas.

IX. En el caso de América Latina, los países han dedicado parte de su Producto Interno Bruto (PIB) para contener el impacto económico de la crisis por el covid, conforme a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en el 2020 México fue uno de los cinco países que menos PIB destinó para tal efecto dando solo el 1.1 por ciento, cuando el promedio en la región fue del 3.2 por ciento, siendo Haití con el menor de 0.2 por ciento y El Salvador donde más se destinó, hasta el 11.1 por ciento.

X. Asimismo, la Cepal mencionó que si bien, se ha elevado la estimación de crecimiento promedio para la región, esto no alcanzara para tener un crecimiento sostenido “ya que los impactos sociales de la crisis y los problemas estructurales de la región se han agudizado”.

XI. Ante la nueva oleada de contagios que se está viviendo en México, es indispensable se ejecuten programas de apoyos para negocios y empresas, con el fin de sobrellevar los impactos económicos y evitar sean orillados al cierre definitivo de sus establecimientos.

Considerandos

I.- El artículo 6, fracción I, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de las y los diputados.

II.- Conforme al artículo 25, primer párrafo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, con el siguiente resolutivo

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Economía a implementar acciones, tales como el otorgamiento de apoyos fiscales a micro, pequeñas y medianas empresas, así como a industrias, así como fijar una tarifa preferente en el pago de servicios, con el fin de sobrellevar los impactos económicos y evitar sean orillados al cierre de sus establecimientos, lo cual traería consigo pérdidas económicas y de empleo.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 1 de febrero del 2022.– Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

SE ACTUALICE Y SE PUBLIQUE LA CARTA NACIONAL PESQUERA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a actualizar y publicar por el Inapesca la Carta Nacional Pesquera, a cargo de la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, Fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados; someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente Proposición con Punto de acuerdo mediante el cuál la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que, por conducto de Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 29 fracción V, 32, 33, 34 Y 35 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, se actualice y publique la Carta Nacional Pesquera, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La correcta y sustentable explotación de los mares y costas de México forman parte esencial del modelo de desarrollo nacional pues constituye una fuente relevante de empleo, alimento, recreación y bienestar económico para la población. Además, la actividad pesquera y el consumo de pescado en México forman parte importante de la cultura gastronómica y económica de muchas regiones en el territorio nacional. Por ello, es fundamental contar con instrumentos de información pública confiables y certeros que permitan orientar la política en esta materia.

Datos del Censo Económico de 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señalan que en nuestro país existen más de 23 mil 293 establecimientos dedicados a las actividades pesqueras y acuícolas dentro de los cuales laboran 213 mil 246 personas. 1 Este contexto se encuentra cimentado en las condiciones favorables con las que cuenta nuestro país, pues se tiene acceso a aguas marítimas de diferente temperatura y salinidad que habilitan la existencia de una gran diversidad biológica, muchas de ellas con un alto interés comercial.

Además de las bondades geográficas, ambientales y climáticas, México se ubica como el décimo segundo país con mayor extensión de litorales y superficie marina del mundo toda vez que cuenta con una extensión territorial de un millón 964 mil 920 kilómetros cuadrados (km2), sistemas costeros y marinos de 12, 500 km2, una zona económica exclusiva de 3 millones 149 mil 920 km2, un litoral de 11 mil 592 kilómetros (km), compuestos por 8 mil 475 km de litoral del Pacífico y 3 mil 117 km en litoral del Atlántico, además de contar con 6 mil 500 km2 de aguas interiores, lo que permite oportunidades para un desarrollo en la materia. A pesar de los amplios accesos con los que cuenta nuestro país, resulta fundamental asegurar la protección de los ecosistemas marinos y el uso sostenible de los recursos biológicos y pesqueros con los que cuenta nuestro país.

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), la producción pesquera y acuícola en los últimos años se ha mantenido en un promedio de 1.4 millones de toneladas ubicando a México dentro de los veinte principales países de mayor producción pesquera y acuícola a nivel mundial.

En cuanto a los recursos pesqueros nacionales, es necesario entender su distribución, dividiendo sistemáticamente su ubicación, para efecto de optimizar su estudio y aprovechamiento, en este sentido los recursos pesqueros en México se distribuyen en cinco zonas:

Océano Pacífico

Zona 1 Desde las costas de la península de Baja California hasta las del estado de Nayarit.

Zona 2 Comprende las costas de Jalisco hasta Chiapas.

Golfo de México

Zona 3 Abarca las costas de Tamaulipas y las de Veracruz.

Zona 4 Se extiende desde las costas de Tabasco hasta las de Quintana Roo, en el Mar de las Antillas.

Zona 5 Comprende los recursos pesqueros de ríos, lagos, lagunas y represas.

Atendiendo a esta división y a la población y distribución de pescadores, datos señalan que en lo que respecta a los recursos del Pacífico mexicano es más numerosa y productiva la zona 1 en el noroeste de nuestro país, es decir, en las costas de Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit, y menor en el resto del litoral del océano Pacífico, en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En lo que respecta al Atlántico, el mayor número de pescadores se encuentra en la zona 3 que incluye a los estados de Tamaulipas, Veracruz y Campeche, y el menor en Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Sin embargo, pese al aumento en la capacidad pesquera nacional en los últimos años, la captura mundial de recursos pesqueros se ha estabilizado desde hace más de una década, lo que ha propiciado el agotamiento de bancos pesqueros y el colapso de pesquerías que, hasta hace medio siglo, se consideraban inagotables.

El excesivo crecimiento acompañado por las capturas incidentales de especies no objetivo, la poca atención a la problemática ambiental por parte de los países con flotas distantes y, especialmente, la indefinición general de regímenes de propiedad de los recursos pesqueros, han ocasionado que éstos se vean profundamente afectados a nivel mundial y en nuestro país, demeritando la capacidad productiva y dañando los ecosistemas locales.

Dadas las condiciones en las que se encuentra México y frente a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en materia medioambiental y de desarrollo sostenible, resulta fundamental la consolidación de un marco jurídico sólido y capacidades robustas que permitan la correcta implementación de las normas que habiliten y garanticen el uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, la conservación y protección de las zonas marinas y costeras, y se contrarreste la sobreexplotación de los recursos marinos y pesqueros, así como las prácticas de pesca ilegal que dañan al país y ponen en riesgo el disfrute de dichos recursos para las siguientes generaciones. Un paso necesario para lograr esto es que las autoridades tomen decisiones con base en información sustentada en elementos técnicos y científicos.

Es por lo anterior que resulte fundamental que nuestro país elabore y publique de manera anual la Carta Nacional Pesquera (CNP), conforme lo dispone la legislación vigente. Este documento creado y actualizado por el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura (Inapesca) con la participación de otras instituciones gubernamentales, académicos y del sector dedicado a la actividad pesquera, proporciona información que permite conocer dónde, cuándo y cuánto se permite pescar, sin alterar el equilibrio ecológico y la forma más adecuada para extraer especies susceptibles de aprovechamiento. Además, es un documento vinculante que indica las estrategias y acciones que se deben cumplir para regular la pesca en México.

En lo que respecta a la evolución de la CNP, ésta tuvo su primera edición en el año 2000, cuando incluyó información sobre 250 especies y mostró que 31 por ciento de las pesquerías tenían potencial para ser desarrolladas, mientras que 50 por ciento estaban en un grado de explotación máximo, y 19 por ciento restante se encontraba sobreexplotados. Diez años más tarde, la CNP incluyó casi el doble de especies (477) mostrando que sólo 16 por ciento de las pesquerías tenían potencial de desarrollo, mientras que 67 por ciento se encontraban a su máxima capacidad y 17 por ciento estaban sobreexplotadas.

De conformidad con los datos analizados por la organización Oceana en su estudio Auditoría Pesquera: pescando a ciegas, 2 para la gestión y extracción de las 735 especies que se pescan en México, incluidas en la última versión publicada en el año 2018, la CNP las agrupa en 83 fichas informativas, una por cada pesquería en el país. De las 83 pesquerías, 52 son aprovechadas a su máxima capacidad, lo que representa 63 por ciento del total. Por otro lado, hay 14 pesquerías (17 por ciento) en deterioro por sobreexplotación. Únicamente 11 (13 por ciento) tienen potencial para incrementar su aprovechamiento y otras seis (7 por ciento) presentan un estatus desconocido.

Además, este informe destaca la preocupación de que alrededor de 99 por ciento de las fichas de la CNP tiene un resumen incompleto y parcial de cada pesquería (problemática, estado y situación particular), lo que hace que la información no sea confiable y ponga en riesgo la extracción de recursos por falta de información. Incluso, se señala que “existe un problema de categorización de las especies, lo que podría tener consecuencias fatales si se llegara a colocar una especie sobreexplotada en una categoría que sí permita su explotación” lo que resulta alarmante y pone en riesgo a un número de especies protegidas por la legislación nacional.

Vale la pena destacar que de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS), la CNP es un instrumento fundamental pues es la presentación cartográfica y escrita que contiene el resumen de la información necesaria del diagnóstico y evaluación integral de la actividad pesquera y acuícola, así como de los indicadores sobre la disponibilidad y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas, en aguas de jurisdicción federal, cuyo contenido tiene carácter informativo para los sectores productivos y es vinculante en la toma de decisiones de la autoridad pesquera durante la adopción e implementación de instrumentos y medidas para el control del esfuerzo pesquero, en la resolución de solicitudes de concesiones y permisos para la realización de actividades pesqueras, y en la implementación y ejecución de acciones y medidas relacionadas con dichos actos administrativos, por ello la necesidad de contar con información veraz y permanentemente actualizada en la materia.

Al ser un esfuerzo multidisciplinario, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en el artículo 34, confiere a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), por conducto del Inapesca la facultad para la elaboración y actualización de la Carta Nacional Pesquera, mediante la participación que les corresponda a las demás unidades administrativas de la Secretaría y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con la finalidad de contar con la visión técnica especializada en la materia.

Adicionalmente, la CNP es uno de los instrumentos base para el programa de ordenamiento pesquero definido en el artículo 4o. fracción XXV de la LGPAS, que transparenta la toma de decisiones de la autoridad para garantizar que prevalezca, ante todo, el interés público de la nación para el aprovechamiento, protección y conservación de los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Conforme a lo previsto en el artículo 33 de la LGPAS, la CNP debe contener:

“I. El inventario de los recursos pesqueros que se encuentran en aguas de jurisdicción federal, susceptibles de aprovechamiento;

II. El esfuerzo pesquero susceptible de aplicarse por especie o grupo de especies en un área determinada;

III. Los lineamientos, estrategias y demás previsiones para la conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los recursos pesqueros, para la realización de actividades productivas y demás obras o actividades que puedan afectar los ecosistemas respectivos y las artes y métodos de pesca;

IV. Las normas aplicables en materia de preservación, protección, aprovechamiento de los recursos pesqueros, incluyendo las relativas a la sanidad, calidad e inocuidad de los productos pesqueros, y

V. La demás información que se determine en el Reglamento de la presente Ley”.

No obstante en la última versión publicada se adicionaron diversos apartados con la intención de contar con un instrumento más completo y descriptivo que incluye contenidos en materia de cambio climático.

En atención a lo establecido en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y dada la relevancia que el contenido de la Carta Nacional Pesquera y sus actualizaciones tiene en la política nacional en la materia, se debe aprobar, expedir y publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en forma anual, así como las respectivas actualizaciones de las fichas individuales. Sin embargo, la última actualización corresponde al año 2017, misma que fue publicada el 11 de junio de 2018 en el DOF, es decir, hace más de tres años.

Por lo anteriormente expuesto se presenta la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que, por conducto de Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura y, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 29, fracción V, 32, 33, 34 y 35 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, se actualice y publique la Carta Nacional Pesquera.

Notas

1 Inegi. Censos económicos 2019. Pesca y acuicultura. Disponible en:

https://inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/e spanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825198978.pdf

2 Oceana. Auditoría Pesquera: pescando a ciegas. Junio 2019. Disponible en:

https://mx.oceana.org/wpcontent/uploads/sites/17/cuadernillo_aud i-toria_p

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.– Diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen.

COMISIÓN ESPECIAL PARA CONMEMORAR EL 150 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la creación de una comisión especial encargada de realizar los trabajos preparatorios para que se conmemore el 150 aniversario de la muerte del presidente Benito Juárez García, a cargo de la diputada Shirley Vázquez Romero, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita Shirley Guadalupe Vázquez Romero, diputada de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, someto a la consideración de este Honorable pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados apruebe la creación de una Comisión Especial encargada de realizar los trabajos preparatorios para que a lo largo y ancho del país se conmemore el 150 aniversario de la muerte del Presidente Benito Juárez García, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Sin lugar a dudas el Licenciado Benito Juárez García es uno de los hombres más importantes en la historia de nuestro país. Quizás nadie como él tuvo que enfrentar la adversidad y superar todos los obstáculos que a lo largo de su vida enfrentó.

Nacido en una familia muy humilde en San Pablo Guelatao, en el hoy estado de Oaxaca, el 21 de marzo de 1806, no habló el español sino hasta la edad de 13 años abandona su pueblo natal para llegar a la ciudad de Oaxaca y se coloca en la casa de Don Antonio Sala Nueva, quien fue su primer mentor.

En 1821, casi un mes después de la consumación de nuestra Independencia, ingresa al Seminario Pontificio de la Santa Cruz a estudiar. En 1831 concluye sus estudios de jurisprudencia y se integra a la participación en la vida pública de su Estado.

Sirve en el Poder Judicial de su Estado, Diputado Local, Juez de primera instancia, Gobernador Constitucional de su Estado.

En 1847 es electo diputado al Congreso de la Unión y le corresponde aprobar la ocupación de los bienes eclesiásticos, decretada por el presidente Valentín Gómez Farías por 15 millones de pesos, recursos que se usarían para la defensa del territorio nacional invadido ya, por los ejércitos de Estados Unidos de Norteamérica, tras la cual nuestro país perdería poco más del territorio nacional.

Se afilia a las ideas políticas del neoliberalismo y en consecuencia es enemigo del dictador Antonio López de Santa Anna, en cuyo gobierno es deportado por lo que sale de México a la Habana y de ahí a New Orleans, donde trabaja forjando puro para subsistir.

Ahí conoce a quienes serían en el futuro sus compañeros de lucha como: Don Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga y José María Mata, entre otros.

En 1854, al estallar la Revolución de Ayutla, regresa a la República Mexicana y se pone a las órdenes del General Juan Álvarez.

Al ser designado Don Juan Álvarez presidente de la República forma parte de su gabinete como Secretario de Instrucción Pública y Negocios Eclesiásticos y en tal carácter en noviembre de 1855 emite la Ley Juárez, en la que se eliminan los fueros eclesiásticos y militares generando gran irritación entre estos sectores.

En 1857, es electo Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cargo del que solicita licencia para separarse, ocupando el cargo de Secretario de Gobernación.

Al negarse a secundar el golpe de estado del presidente Ignacio Comonfort bajo el Plan de Tacubaya del 17 de diciembre de 1857, es encarcelado en Palacio Nacional.

Liberado en enero de 1858 asume la Presidencia de la República el día 19 de ese mismo mes. Con este hecho da inicio a la llamada guerra de Reforma o de los 3 años que se libró entre el Gobierno Legítimo de la República y los facciosos clericales encabezado por Miguel Miramón.

En 1859, se dictan desde Veracruz las Leyes de Reforma, cuyo propósito fueron la regulación de aspectos importantes de la vida nacional y, fundamentalmente, poner en circulación la riqueza del clero.

Entre estas leyes destacan la: Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, Ley de Matrimonio Civil, Ley Orgánica de Registro Civil, Ley sobre libertar de cultos y el Decreto por el que se extinguen en toda la República las comunidades religiosas.

Una vez que las armas nacionales vencen a los conservadores el 22 de diciembre de 1860, regresa el Gobierno Legítimo de la República a la Ciudad de México.

De 1862 a 1867, enfrenta la Invasión Francesa y la imposición de un Gobierno ilegítimo por parte de Imperio Francés que culmina con la ejecución de Maximiliano de Habsburgo de 1867 en el cerro de las Campanas en Querétaro.

Después de cinco años de intentar pacificar al país y rencausarlo en las actividades productivas para generar los trabajos que la sociedad mexicana demandaba, el Presidente de la República, Benito Juárez García fallece en sus habitaciones del ala norte de Palacio Nacional el 18 de julio de 1872.

Al morir, cruzo el umbral de la vida terrenal a la inmortalidad y obtuvo el reconocimiento de múltiples gobiernos e intelectuales extranjeros por su Fe inquebrantable por la defensa de la libertad y soberanía de nuestra Patria.

En el año de 1972, en el centenario de su fallecimiento, el gobierno de la República declaró a ese año, como el “Año de Juárez” y se le realizaron múltiples homenajes en todo el país. Inclusive se realizaron ediciones de obras de la época como la de Justo Sierra, “Juárez, su obra y su tiempo” que esta Cámara de Diputados ha editado al igual que el de Martín Quirarte: “Las relaciones entre Juárez y el Congreso”.

Por ello propongo que esta soberanía, a través de la Comisión especial que se apruebe y en coordinación con el Comité Editorial realicen las publicaciones correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el Artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda la creación de una Comisión Especial encargada de llevar a cabo los trabajos que resulten necesarios para conmemorar el 150 aniversario del fallecimiento del Licenciado Benito Juárez García, quien fuera Presidente de la República en diferentes períodos que van del 19 de enero de 1858 al 18 de julio de 1872.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero del 2022.– Diputada Shirley Guadalupe Vázquez Romero (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DEL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1822

«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la Jucopo de esta soberanía que considere la celebración de una sesión solemne con motivo de la conmemoración del 200 aniversario del Congreso Constituyente de 1822 de México, a cargo de la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN

Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en las fracciones I del numeral 1 del artículo 6 y III del numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que considere la celebración de una sesión solemne con motivo de la conmemoración de los 200 años de aniversario del Congreso Constituyente de 1822 de México, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 24 de febrero de 1822, a un año de la promulgación del Plan de las Tres Garantías en la villa de Iguala, primer fundamento constitucional de la Consumación de nuestra Independencia, los mexicanos acudimos a la inauguración del Congreso mexicano, cuyo encargo fue redactar y aprobar, conforme al propio Plan y a los Tratados de Córdoba, la primera Constitución del país independiente. Aunque discutió varios proyectos, no cumplió con ese cometido, pero asumió de inmediato la representación de la Nación y el ejercicio del Poder Legislativo en toda su extensión: fue, sin lugar a duda, el primer Congreso de los diputados del México independiente. La fecha en que se reunió y quedó establecido no debe pasar desapercibida.

Conforme a la Unión, la tercera de las garantías (y la más importante) del Plan de Iguala, la Soberana Junta Provisional Gubernativa logró reunir un Congreso —este Congreso en el que estamos, precisamente el de la Unión— con criterios igualitarios, no estamentales ni corporativos, como pretendía la Regencia del Imperio, presidida por Agustín de Iturbide. Se trató de un Congreso unicamaral, además, contra el deseo de Iturbide que buscaba dividirlo en Cámara y Senado.

El triunfo de la Junta Provisional se tradujo en la celebración de elecciones conforme al esquema de la Constitución de Cádiz, todavía por entonces vigente entre nosotros, y en la inauguración de los trabajos del Congreso hace 200 años, en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, hoy Museo de las Constituciones de nuestra Universidad que, precisamente por entonces había comenzado a llamarse “Nacional” por oposición a “Real”.

Por todo lo anterior presento ante el pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política que el próximo 24 de febrero considere celebrar una sesión solemne con motivo de los 200 años del Congreso de la Unión.

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2022.– Diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

SE ESCLAREZCA LA APARICIÓN DE UN CENTRO PRIVADO DE VACUNACIÓN EN ATIZAPÁN DE ZARAGOZA; Y SE DÉ SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE SALUD DE LOS MENORES VACUNADOS

«Proposición con  punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a esclarecer los hechos derivados de la aparición de un centro de vacunación privado en Atizapán de Zaragoza; y a la Ssa, a dar seguimiento al estado de salud de los menores inmunizados, a cargo de la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Mariana Gómez del Campo Gurza, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de la República a esclarecer los hechos derivados de la aparición de un centro privado de vacunación en Atizapán de Zaragoza; y a la Secretaría de Salud del gobierno federal, a dar seguimiento al estado de salud de los menores vacunados, conforme a los siguientes

Antecedentes

I. El gobierno del estado de México y el Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, al informar la actualización del comportamiento de covid-19 en la entidad, ello, al 17 de enero del presente año, señala que en el caso de las mujeres menores de 19 años la cifra asciende a 13 mil 542 casos positivos y, respecto a hombres menores de 19 años, la cifra asciende a 14 mil 114 casos positivos. Lo anterior confirma la urgente necesidad de vacunar a la población infantil en general, pues como se constata los casos de menores de edad contagiados ascienden a miles.

II. Los organismos citados en el párrafo anterior señalan que la cantidad de defunciones en el estado de México derivadas de covid-19 asciende a 146 mujeres menores de 19 años, así como 157 hombres al 17 de enero del presente año.

III. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Censo de Población y Vivienda de 2020, en el estado de México viven 4 mil 421 mil 644 niñas y niños de 0 a 15 años, quienes representan 26 por ciento de la población de la entidad.

IV. En el portal de información oficial de las Naciones Unidas México se da a conocer la actualización de recomendaciones emitidas el 21 de enero del presente año el Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización (SAGE) de la Organización Mundial de la Salud respecto a la vacunación contra el covid-19.

Los cambios en las recomendaciones del SAGE destacan que los países deben considerar los beneficios individuales y poblacionales de la vacunación de los niños, aunque el covid-19 grave es poco frecuente en los niños, se produce ocasionalmente, y la vacunación de los niños tiene el beneficio adicional de minimizar la interrupción de su educación, mejorando así su bienestar en general.

V. Por medio de una publicación en el periódico La Jornada, el 25 de enero del año en curso se hizo saber que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió suspensiones de oficio y de plano para que 2 menores de 12 años sean vacunados contra el covid-19 sin importar su estado de salud. En el mismo comunicado se destaca que expertos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de la Secretaría de Salud del gobierno federal y el coordinador del Programa covid-19 del Centro Médico ABC, avalan la aplicación de la vacuna Pfizer-BioNTech covid-19, en menores de 5 a 11 años. Aunado a lo anterior tales expertos también resaltan que la variante Ómicron del SARS-CoV-2 tan presente hoy en día es más contagiosa. Lo anterior debe llevar al estado mexicano a velar y cumplir con el derecho fundamental a la salud de un menor de edad, así como el interés superior del menor, basado en que todas las decisiones y actuaciones del estado deberán cumplir con este principio de rango constitucional, garantizando de manera plena sus derechos.

VI. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios recalcó que la comercialización de vacunas contra el covid-19 es un delito y representa múltiples riesgos a la salud, dado que recibir un tratamiento biológico que no cuenta con información sobre su procedencia, fabricación, almacenamiento o caducidad no ofrece ninguna veracidad sobre su efectividad.

VII. Recordemos que el pleno del Senado avaló establecer en diciembre de 2021 sanciones por robo de vacunas y medicamentos, castigando a quien sustraiga vacunas que formen parte del sistema nacional de salud, incluyendo las que se aplican contra el covid-19.

Lo anterior, ya que presuntamente el negocio instalado en Atizapán de Zaragoza consiguió de manera apócrifa las vacunas que aplicaba. Se dio a conocer en medios de comunicación que dicho negocio cobraba 150 dólares para la aplicación de la vacuna contra el covid-19 fuera de toda norma sanitaria. Se sabe que el medicamento biológico provenía de Texas, Estados Unidos de América.

Considerandos

I. El artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados establece que la presentación de proposiciones es un derecho de las y los diputados.

II. Conforme al artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.

III. Conforme al artículo 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

Por lo expuesto someto el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al fiscal general de la República a investigar y esclarecer en su facultad de atracción los hechos suscitados en el establecimiento clandestino de aplicación de vacunas contra el covid-19 en Atizapán de Zaragoza, así como el modus operandi para la obtención de dichos tratamientos biológicos.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al secretario de Salud del gobierno federal a dar seguimiento del estado de salud de los menores de edad que fueron vacunados en el centro clandestino de Atizapán de Zaragoza.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2022.– Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.