PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en el artículo 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 12, numeral 2, del Reglamento de la Contingencia Sanitaria, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a diversas proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del jueves 17 de febrero de 2022 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2022.– Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (rúbrica), presidente.»

«Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a regularizar las condiciones laborales y administrativas del personal docente de los centros de atención para estudiantes con discapacidad, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a emitir el acuerdo secretarial pertinente para el reconocimiento pleno del telebachillerato comunitario, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al SAT, a vigilar de manera permanente el cumplimiento regulatorio respecto a las especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos, a cargo del diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Banxico, a diseñar los billetes de la Serie G y demás subsecuentes con marcas hápticas más sensibles al tacto para los usuarios con alguna debilidad visual, a cargo del diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex, a adecuar las disposiciones generales de contratación de dicha institución y sus empresas productivas subsidiarias, a cargo del diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, ambas del estado de Jalisco, relativo al fallecimiento de la menor Heidy Valeria "N" ocurrida en el municipio de Tototlán, a cargo de la diputada Ana Laura Sánchez Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Imjuve, a cumplir con la obligación de remitir al inicio de los periodos ordinarios de sesiones de cada año legislativo al H. Congreso de la Unión, los estudios e investigaciones relativos a la problemática y características juveniles, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Juventud, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, para crear la Comisión Especial conmemorativa de la Cámara de Diputados para las efemérides nacionales del periodo 2022-2024, a cargo del diputado Mauricio Cantú González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Junta de Coordinación Política para su atención.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Conagua y al gobierno de Jalisco, a hacer públicas las medidas que están tomando para evitar el aumento del número de muertes por enfermedades renales derivadas de la contaminación de la cuenca Lerma-Chapala, a cargo de la diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua, a garantizar el retorno seguro a clases del nivel de educación básica en el contexto de la epidemia de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, suscrito por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena y del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al CNSP y al Consejo Nacional de Protección Civil, a coordinarse para incluir dentro de los programas de la SSPC, el fortalecimiento de las unidades de protección civil estatales, a cargo del diputado Francisco Javier Castrellón Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.»

SE REGULARICEN LAS CONDICIONES LABORALES Y ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL DOCENTE DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a regularizar las condiciones laborales y administrativas de los docentes de los centros de atención para estudiantes con discapacidad, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Norma Angélica Aceves García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a regularizar las condiciones laborales y administrativas del personal docente de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México viven aproximadamente 8 millones de personas con discapacidad y al menos 12 millones más tienen alguna complicación que les impide desarrollar alguna actividad cotidiana, en ese mismo tenor la medición de pobreza reportada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), revela que 49 por ciento de esta población vive en pobreza, 45 por ciento mantiene rezago educativo y 56 por ciento no tiene el ingreso necesario para adquirir una canasta básica.

Nuestro país firmó y ratificó desde 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual bajo el mandato de los artículos 1o. y 133 de la norma suprema se convierte en un texto legal de observancia en la unión y las acciones afirmativas en materia de derechos humanos que ahí se enumeran deben ser promovidas, protegidas, respetadas y garantizadas para todas las personas que viven con esta condición social.

Así se considera necesario, a efectos de esta exposición de motivos, citar de forma conveniente el artículo 24 de la citada Convención, a fin de identificar las responsabilidades a las que está comprometido el Estado mexicano:

“Artículo 24

Educación

1. Los estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:

a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;

c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre.

2. Al hacer efectivo este derecho, los estados parte asegurarán que:

a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad;

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan;

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;

d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;

e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.

3. Los estados parte brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los estados parte adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:

a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares;

b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas;

c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social.

4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los estados parte adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad.

5. Los estados parte asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los estados parte asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad”.

Ahora bien, de acuerdo al artículo 3o. de la Constitución general, uno de los principios rectores de la educación pública es precisamente la inclusión de los grupos que enfrentan una mayor vulnerabilidad para acceder con igualdad a este derecho, pero además establece la obligatoriedad de la educación media superior, tal como se lee:

“Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado —federación, estados, Ciudad de México y municipios— impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatoria”.

Es en este sentido que la proposición con punto de acuerdo tiene como intención hacer visible el escenario que enfrenta la comunidad escolar de los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED), quienes representan la única opción de educación pública para cursar y aprobar el nivel medio superior, con las acciones afirmativas y medidas de nivelación necesarias para los estudiantes con discapacidad, que tienen un conjunto diverso e incluso individualmente particular de necesidades educativas.

De acuerdo con datos de la propia Secretaría de Educación, existen en el país 291 planteles de CAED, con una población estudiantil de aproximadamente 23 mil alumnos, los cuales reciben servicios docentes de mil 500 asesores, quienes desarrollan contenidos incluso personalizados para corresponder a las necesidades educativas de la población escolar.

Sin embargo, desde hace tres años las condiciones laborales y administrativas de los más de mil 500 asesores del CAED han tenido disminuciones que impactan en sus derechos laborales, principalmente rezago o falta de pagos; negativa de contratación definitiva y ausencia de seguridad social. Situación que se agrava cuando al revisar las Reglas de Operación del Programa Atención de Planteles Federales de Educación Media Superior con Estudiantes con Discapacidad (PAPFEMS) se coloca a los asesores como figuras solidarias, dejándoles la autoridad educativa, bajo ninguna justificación legal, sin posibilidad de disfrutar y ejercer los derechos laborales reconocidos en nuestro marco jurídico. 1

Estas condiciones afectan a la comunidad escolar en dos sentidos, en el primero a la plantilla docente, dado que sus condiciones laborales no son las mismas que tienen otros prestadores de servicios educativos, quienes sí cuentan con seguridad social y un contrato formal que asegure su permanencia; esto viola los principios de igualdad y proporcionalidad del artículo 1o. constitucional.

Y en segundo término violan los derechos de las personas con discapacidad de acceso a la educación, en los términos de los artículos 1o., 3o. y 4o. de la Constitución general, además del citado artículo 24 de la Convención, entre otros tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte y que igualmente garantizan el derecho universal a la educación, dado que los estudiantes sin discapacidad, tienen la oportunidad de acceso al nivel medio superior, sin que sus docentes se enfrenten a condiciones precarias de derechos laborales y por lo tanto no enfrentan restricciones de acceso.

Es por ello que es necesario que la autoridad responsable, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Educación Pública, establezca las acciones necesarias para que los asesores docentes de los CAED, tengan una garantía y protección de sus derechos laborales, en igualdad de condiciones que sus similares de educación media superior.

Por lo anteriormente expuesto y en los términos reglamentarios se presenta al siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública a establecer las acciones necesarias para garantizar y proteger los derechos laborales de los asesores de los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad, a fin de que gocen, de acuerdo con la ley, las condiciones laborales correspondientes.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública, a ejecutar de forma expedita los adeudos que actualmente resienten los asesores de los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad, en perjuicio de sus derechos humanos y laborales.

Nota

1 Reglas de Operación del Programa Atención de Planteles Federales de Educación Media Superior con Estudiantes con Discapacidad (PAPFEMS) para el ejercicio fiscal 2022, localizadas en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639911&fecha =31/12/2021 consultadas el 04 de febrero de 2022.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2022.– Diputada Norma Angélica Aceves García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

SE EMITA EL ACUERDO SECRETARIAL PERTINENTE PARA EL RECONOCIMIENTO PLENO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a emitir el acuerdo secretarial pertinente para el reconocimiento pleno del telebachillerato comunitario, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada Olga Luz Espinosa Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I; 79 numeral 2, fracción III y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El año pasado medios de comunicación del estado de Chiapas informaron sobre el asunto que ocupa esta proposición. En los encabezados de los diarios, se podia leer: “ En riesgo educación de 14 mil jóvenes de telebachillerato, gobierno podría cerrarlos” 1

Alerta Chiapas informa que “docentes y padres de familia de diversas localidades de Chiapas, denunciaron el cierre arbitrario de planteles de Telebachillerato y exigen la no conversión de los mencionados a modelos de Prepa en Línea, así como el adeudo de sueldos”.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, los Telebachilleratos Comunitarios son una opción educativa creada por la Secretaría de Educación Pública para ofrecer servicios de Educación Media Superior a comunidades rurales más apartadas del país que cuentan con menos de 2,500 habitantes, y que no disponen de servicio de bachillerato en un radio de 5 kilómetros.

Desde 2013 este modelo funciona en 31 Entidades Federativas por lo que es imperante que la Cámara de Diputados haga un llamado al gobierno federal a que dote de estabilidad legal, económica y operativa a los telebachilleratos e impida el cierre de estos centros, que en muchas comunidades son el máximo grado que los jóvenes pueden aspirar.

Fuente: Telebachilleratos Comunitarios. Subsecretaría de Educación Media Superior: Telebachilleratos Comunitarios (sems.gob.mx)

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza la educación, la igualdad de la mujer, entre otros.

En este sentido, cabe destacar que en el año 2013, surge el programa denominado Telebachillerato Comunitario a través de una fase piloto en distintas Entidades del país siendo el principal objetivo la cobertura total de la Educación Media Superior y teniendo como mejor argumento que la atención de otros Subsistemas destinados a este apartado de la Educación, había sido rebasado, en más del 30%, desatendiendo a más del 45% de la población entre 15 a 17 años: provenientes de comunidades altamente marginadas y con una población menor a 2,500 habitantes.

Actualmente existen aproximadamente más de 3,323 planteles con una matrícula de 142,193 estudiantes y 10,000 docentes, modificando de manera positiva los índices educativos propuestos, como objetivo al momento de su creación.

Fuente: Telebachilleratos Comunitarios. Subsecretaría de Educación Media Superior: Telebachilleratos Comunitarios (sems.gob.mx)

Al día de hoy, el Telebachillerato Comunitario se ha posicionado como un modelo educativo alternativo para las comunidades más alejadas de las ciudades, cabe destacar que las mismas cuentan con un enorme rezago de desarrollo social, justo es decir que este sistema educativo se encuentra actualmente con un mayor crecimiento a nivel nacional. Esto ha ocurrido principalmente porque es una opción que no genera un gran gasto excesivo al Estado en materia educativa, dado que funciona con una planta docente reducida y a pesar de que los gobiernos tanto estatales como el federal no asignan inversión de los recursos públicos en infraestructura a los planteles educativos: muchas comunidades por medio de los padres de familia de los propios estudiantes han invertido recursos propios tanto económicos como de mano de obra para desarrollar la infraestructura necesaria para estas escuelas, por lo tanto, es un sistema factible para acercar el servicio de educación media superior a poblaciones pequeñas altamente marginadas y en condiciones vulnerables en las que, por sus características los jóvenes tienen pocas o nulas oportunidades del derecho constitucional de acceso a la educación.

El Telebachillerato Comunitario opera a través de convenios financieros firmados entre los Estados y la Federación, sin embargo, algunos Estados no cumplen con todas las prestaciones de ley a las que tienen derecho toda la plantilla de trabajadores, violentando con ello los derechos laborales de los trabajadores.

En el 2019 el Telebachillerato Comunitario fue reconocido legalmente en el artículo 45 de la Ley General de Educación como un servicio educativo, pero, dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de Educación Pública no figura como un subsistema educativo en el nivel Medio Superior, por lo tanto no se cuenta con un techo financiero asignado en el marco legal del Presupuesto de Egresos de la Federación exclusivamente para este servicio educativo, los recursos con los que opera son a través de subsidios U006.

La mayoría de las entidades federativas no tiene los mecanismos claros del cómo operar lo que ha generado lacerar y cometer una serie de atropellos a los derechos legales de los trabajadores, desde ocultarles o negarles la ruta académica, hasta llegar a lo más nefasto que es transgredir con ello hasta sus propios derechos humanos, el privar o negar el pagar los salarios ganados a los docentes, sus prestaciones de seguridad social, o hasta lo más mínimo como son sus prestaciones básicas a las que tiene derecho todo trabajador, transgrediendo con ello hasta sus derechos humanos.

Ante esta situación los docentes de los diferentes Telebachilleratos Comunitarios a nivel nacional se han visto en la necesidad de organizarse y el pasado 3 de diciembre del 2020 con el amestro Esteban Moctezuma Barragán ex titular de la SEP, se generó una minuta de acuerdos en la cual se estipulo que se trabajará para garantizar los derechos laborales de los casi 10,000 trabajadores de la educación comunitaria.

El gobierno sustenta su estrategia educativa en la entrega de becas que no garantizan la permanencia de los alumnos en las escuelas, tan solo el año pasado abandonaron cerca de 5.5 millones de estudiantes sus estudios, dejando de asistir a los centros escolares.

Cabe señalar que para este gobierno lo que si tiene validez y legalidad son las Universidades Benito Juárez, las cuales se encuentran acéfalas ya que no cuentan con instalaciones educativas, docentes preparados, en algunos caso lo peor es la falta de ellos, ah pero eso sí, se les asignan millones de pesos y dejan en el olvido a los telebachilleratos, cuyos profesores trabajan prácticamente de manera gratuita, porque el Estado al pagarles a través de una beca no es más que el ser miserables con la educación de nuestro país, no sin agregar que tienen que impartir clases en instalaciones educativas deplorables.

Del Resumen Ejecutivo, denominado: “Sistema de Operación y Seguimiento de Telebachilleratos Comunitarios 2” elaborado por Coral Berenice Pérez Amaya se señala que el sostenimiento financiero de los telebachilleratos involucra la participación de la Federación aportando el 100% de los recursos en el primer ciclo escolar para la operación de cada plantel. A partir del segundo año, prosigue Pérez Amaya, las aportaciones son 50% federales y 50% estatales. Desde la apertura de cada servicio, las entidades federativas son responsables de la contratación de los 3 docentes en cada plantel.

La autora exhibe que las autoridades locales deben garantizar las mínimas condiciones de infraestructura, equipamiento y servicios para albergar a los alumnos y docentes.

Los capítulos presupuestales que contempla el convenio financiero respecto a la aportación federal son:

• Servicios Personales

• Materiales y Suministros

• Servicios Generales, y

• Bienes Muebles e Inmuebles.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública Federal a emitir el acuerdo secretarial pertinente para el reconocimiento jurídico, financiero y operativo del Telebachillerato Comunitario, como Subsistema de Educación Media Superior.

Notas:

1 En riesgo educación de 14 mil jóvenes de telebachillerato, gobierno podría cerrarlos (alertachiapas.com)

2 Sistema_de_operacion_y_seguimiento_de_telebachilleratos_comunita-rios.pdf (sep.gob.mx)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 9 días del mes de febrero del 2022.– Diputada Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

EXHORTO AL SAT, A VIGILAR EL CUMPLIMIENTO REGULATORIO DE LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS DE HIDROCARBUROS Y PETROLÍFEROS

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al SAT a vigilar de manera permanente el cumplimiento regulatorio respecto a las especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos, a cargo del diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Manuel Rodríguez González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Servicio de Administración Tributaria a vigilar de manera permanente el cumplimiento regulatorio respecto a las especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados en el primer periodo de la Comisión Permanente del tercer año, el ex diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, del Grupo Parlamentario de Morena, con fecha 27 de enero de 2021, presentó una proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a vigilar de manera permanente el cumplimiento regulatorio sobre las especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos implantadas por el SAT o unidades de verificación acreditadas o proveedores de verificación autorizados.

Sin embargo, el pasado 30 de agosto de 2020, se abrogó la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, dándole apertura a la Ley de Infraestructura de la Calidad, en ese sentido y por actualización jurídica y legislativa se le dio seguimiento y actualización con la presente proposición con punto de acuerdo, salvaguardando el objeto y materia de la entonces proposición con punto de acuerdo del ex diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, quedando la presente al tenor de lo siguiente:

Conforme al artículo 22, fracción II, de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), los órganos reguladores a través de su órgano de gobierno, tienen la atribución de expedir, supervisar y vigilar el cumplimiento de la regulación aplicable a quienes realicen actividades reguladas en el ámbito de su competencia.

En tal sentido, con la finalidad de promover el desarrollo eficiente del sector energético, el SAT se encuentra facultado para emitir y supervisar el cumplimiento de la regulación en materia de control volumétrico tal y como lo establecen de conformidad con el artículo 28, fracción I, apartado B, primero, segundo, tercero, cuarto y sexto párrafos del Código Fiscal de la Federación (CFF) y el capítulo 2.6. “De los controles volumétricos, de los certificados y de los dictámenes de laboratorio aplicables a hidrocarburos y petrolíferos” de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), las especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos o petrolíferos.

Los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos o petrolíferos deben cumplir las siguientes funcionalidades:

I. Permitir la generación de los registros de volumen a través de sistemas de medición;

II. Permitir la recopilación y almacenamiento de la siguiente información, a través de un programa informático

a) Los registros del volumen a que se refiere la fracción anterior;

b) La información contenida en los dictámenes que determinen el tipo de hidrocarburo o petrolífero a que se refiere el Anexo 32;

c) La información de los CFDI asociados a la adquisición y enajenación de dichos bienes o, en su caso, a los servicios que tuvieron por objeto tales bienes.

III. Permitir que la información a que se refiere la fracción anterior sea procesada a fin generar reportes de información diarios y mensuales, de conformidad con el apartado 30.6 de este Anexo.

Los reportes mensuales a que se refiere la fracción III del presente apartado, deberán ser enviados por los contribuyentes indicados en la regla 2.6.1.2. al SAT, en la periodicidad establecida en la regla 2.8.1.7, fracción III.

En tal sentido, con la finalidad de promover el desarrollo eficiente del sector energético, el Servicio de Administración Tributaria se encuentra facultado para emitir y supervisar el cumplimiento de la regulación en materia de Control Volumétrico de Hidrocarburos y Petrolíferos, tal y como lo establecen en el siguiente artículo de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos:

“Artículo 63. La Secretaría podrá instruir al Servicio de Administración Tributaria la realización de las auditorías y visitas a que se refiere la fracción VII del apartado B del artículo 37 de esta Ley.

Transitorios

Octavo. Para efectos de lo previsto en el artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá incluir en los informes trimestrales información sobre los costos recaudatorios de las medidas que representan un gasto fiscal, así como de los beneficiarios de dichos mecanismos, contenidos en los decretos que emita el Ejecutivo Federal en el ejercicio de las facultades conferidas en las fracciones II y III del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación durante el trimestre que se reporta”.

Si bien es cierto, en la abrogada Ley Federal sobre Metrología y Normalización se establecía en los artículos:

“Artículo 1o. La presente ley regirá en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. Su aplicación y vigilancia corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de las dependencias de la administración pública federal que tengan competencia en las materias reguladas en este ordenamiento.

Artículo 84. Las unidades de verificación podrán, a petición de parte interesada, verificar el cumplimiento de normas oficiales mexicanas, solamente en aquellos campos o actividades para las que hubieren sido aprobadas por las dependencias competentes.

Artículo 85. Los dictámenes de las unidades de verificación serán reconocidos por las dependencias competentes, así como por los organismos de certificación y en base a ellos podrán actuar en los términos de esta Ley y conforme a sus respectivas atribuciones.

Artículo 86. Las dependencias podrán solicitar el auxilio de las unidades de verificación para la evaluación de la conformidad con respecto de normas oficiales mexicanas, en cuyo caso se sujetarán a las formalidades y requisitos establecidos en esta ley”.

La actual Ley de Infraestructura de la Calidad que sustituyó el 1 de julio de 2020 a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización considera dentro de sus artículos transitorios dicha evaluación, verificación y controles volumétricos en su artículo:

“Transitorio

Octavo. Las disposiciones administrativas en materia de normalización, estandarización, evaluación de la conformidad y metrología, en particular las relativas a la elaboración de normas oficiales mexicanas y a la aprobación de los organismos nacionales de normalización, organismos de certificación, laboratorios de prueba y de calibración y unidades de verificación, contenidas en otros ordenamientos; emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán vigentes en todo lo que no se le oponga, hasta en tanto se expidan las disposiciones que las sustituyan con arreglo a la misma”.

Lo anterior sin menoscabo del establecido en la Resolución de la Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2022, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 12 de noviembre de 2022, sobre los controles volumétricos de hidrocarburos o petrolíferos.

Aunado a lo anterior, la “Ley de Infraestructura de la Calidad” considera dentro de sus atribuciones:

“Objeto de la ley y atribuciones de las autoridades

Artículo 1o. La presente Ley es de orden público e interés social y sus disposiciones son de observancia general y obligatoria en todo el territorio nacional. Esta Ley tiene por objeto fijar y desarrollar las bases de la política industrial en el ámbito del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, a través de las actividades de normalización, estandarización, Evaluación de la Conformidad y metrología, promoviendo el desarrollo económico y la calidad en la producción de bienes y servicios, a fin de ampliar la capacidad productiva y el mejoramiento continuo en las cadenas de valor, fomentar el comercio internacional y proteger los objetivos legítimos de interés público previstos en este ordenamiento.

Mecanismos y reglas para la evaluación de la conformidad

Artículo 62. Los Organismos de Evaluación de la Conformidad podrán evaluar la conformidad a petición de parte, para fines particulares, oficiales, de importación o de exportación. Los resultados de la Evaluación de la Conformidad se harán constar por escrito.

Mecanismos y reglas para la evaluación de la conformidad

Artículo 68. Las autoridades competentes deberán reconocer los resultados de la Evaluación de la Conformidad realizados por los Organismos de Evaluación de la Conformidad.

Mecanismos y reglas para la evaluación de la conformidad

Artículo 66. Solo cuando no existan Organismos de Evaluación de la Conformidad acreditados y aprobados, sujeto a lo previsto en el Reglamento de esta Ley, las Autoridades Normalizadoras podrán llevar a cabo la evaluación de la conformidad de manera directa o recurrir al Centro Nacional de Metrología, los Institutos Designados de Metrología o instituciones de investigación y de enseñanza superior especializadas en la materia o sector objeto de las normas, así como a cualquier otra entidad reconocida para esos efectos por la Autoridad Normalizadora de que se trate”.

Con base en lo mencionado, es muy importante enfatizar que la “Ley de Infraestructura de la Calidad” considera en el:

“Título Quinto
De la integración y organización del sistema
para la evaluación de la conformidad

Capítulo II
De las entidades de acreditación y los
organismos de evaluación de la conformidad

Artículo 54. Sólo podrán operar como Organismos de Evaluación de la Conformidad aquéllos que estén acreditados ante una Entidad de Acreditación.

Respecto a las regulaciones de calidad del gas natural, y petrolíferos las normas oficiales son las siguientes:

a) Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010 Especificaciones del gas natural.

b) Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos.

Las especificaciones de calidad deben ser evaluadas por la misma unidad de verificación que lleva a cabo la evaluación de la conformidad de los anexos de la miscelánea fiscal (cantidad y programas informáticos); evaluando tanto cantidad como calidad encontrando estandarizar con las verificaciones de los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que con un solo documento, y de esta manera una sola unidad de verificación realiza la evaluación de la conformidad total.

Las unidades de verificación que lleven a cabo la evaluación de la conformidad deben tener la competencia técnica demostrable, el personal técnico que lleva a cabo las verificaciones debería aprobar exámenes de auditoría y calidad de hidrocarburos en el Centro Nacional de Metrología porque se requieren competencias en materia de trazabilidad metrológica, metrología de densidad, metrología de flujo, metrología de volumen, metrología de presión, metrología de temperatura, cromatografía, métodos de muestreo, incertidumbre de la medición, termodinámica, ISO 19011, confirmación metrológica, Ley de hidrocarburos, ISO 17020, ISO 10012, estándares, normas y recomendaciones ISO, GPA, API, AGA, ASTM, etcétera.

En toda la cadena de valor del sector energético, la medición tanto del volumen como de la calidad de los hidrocarburos y petrolíferos, cobra una especial relevancia; no solamente como factor de confianza, certeza legal y transparencia en la aplicación del marco regulatorio; sino también como un mecanismo y oportunidad para ampliar los ingresos tributarios de las arcas nacionales; en momentos donde se enfrentan los mayores estragos del virus SARS-CoV-2 (covid-19), cuyos efectos para la economía global representan la peor caída del producto interno bruto (PIB) por habitante desde 1870, de acuerdo al Global Economic Prospects del Banco Mundial.

Ante este panorama, el Estado mexicano con base en el mandato constitucional que establece las áreas estratégicas que estarán a cargo del sector público, ha tomado la decisión de asumir y fortalecer su posición rectora en el sector eléctrico a través de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional; por lo tanto, el sector de los hidrocarburos, no puede ser la excepción, ni mucho menos quedar rezagado en el cumplimiento del marco regulatorio, sobre todo si afecta la capacidad recaudatoria de la Hacienda Pública.

Llevar a cabo la correcta cuantificación de la masa y volumen de los hidrocarburos en toda la cadena de valor, además de ser una obligación estipulada en el andamiaje jurídico del sector energético que se tiene que hacer valer y cumplir; es una forma de contribuir a la cruzada por el cambio de la cultura fiscal que lleva a cabo el Servicio de Administración Tributaria, para que se tenga claro que las reglas del juego en materia tributaria es que todo deben cumplir con su obligación de pagar impuestos, sobre todo en esta emergencia sanitaria, donde se busca que aumente la recaudación primaria, sin necesidad de llegar al extremos de la fiscalización.

El objetivo central es hacer cumplir con carácter de urgente la normatividad en materia de medición para apoyar la políticas públicas del Estado mexicano enfocadas a enfrentar los efectos económicos de la pandemia; a través del incremento de la recaudación de impuestos y reduciendo las posibilidades de evasión fiscal; y de esta manera tenga mejores condiciones financieras para cumplir con sus funciones básicas de intervención en el proceso económico para reactivarlo a través de la inversión social y crecimiento del gasto público, elementos indispensables para la recuperación e impulso de la planta productiva del país.

Derivado de lo anterior, la regulación en materia de medición aplicada como parte de los mecanismos de supervisión del SAT de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, contribuyen a controlar actividades ilícitas como el huachicol. Las regulaciones representan un bien del orden público e interés social, así como el blindaje de la seguridad nacional en materia de hidrocarburos y petrolíferos y cada órgano en el marco de sus competencias.

Como legisladores tenemos la responsabilidad de sumar esfuerzos para lograr beneficios en el sector energético. Con la aplicación del marco jurídico correspondiente se puede lograr el correcto funcionamiento de la industria de hidrocarburos y una economía más dinámica.

Por lo anterior expuesto, presento al pleno de este honorable pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados, con pleno respeto al principio de autonomía constitucional, exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria a vigilar de manera permanente el cumplimiento regulatorio a la totalidad de los contribuyentes conforme a la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio de 2022 en cuanto a las “Especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos”, así como a las normas oficiales mexicanas, lineamientos y disposiciones administrativas de carácter general en materia de medición aplicables a la actividad de transporte por ducto y almacenamiento de hidrocarburos y petrolíferos.

Segundo. La Cámara de Diputados, con pleno respeto al principio de autonomía constitucional, exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria a implementar, en forma escalonada, el cumplimiento regulatorio a los contribuyentes conforme se acrediten nuevas unidades de verificación.

Tercero. La Cámara de Diputados, con pleno respeto al principio de autonomía constitucional, exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria a remitir a esta soberanía a través del “Informe tributario y de Gestión” que emite trimestralmente, información sobre el avance de la aplicación del presente exhorto respecto de las verificaciones a los sistemas de medición de hidrocarburos, petróleo y petrolíferos, sanciones y demás información relevante.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2022.– Diputado Manuel Rodríguez González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

EXHORTO A BANXICO, A DISEÑAR LOS BILLETES DE LA SERIE G Y DEMÁS SUBSECUENTES CON MARCAS HÁPTICAS MÁS SENSIBLES AL TACTO

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Banxico a diseñar los billetes de la serie G y subsecuentes con marcas hápticas más sensibles al tacto para débiles visuales, a cargo del diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Manuel Rodríguez González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Banco de México a fin de diseñar los billetes de la serie G y demás subsecuentes con marcas hápticas más sensibles al tacto para los usuarios con alguna debilidad visual, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Conforme al censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 1del año 2020, 16.5 por ciento de la población en México son personas con discapacidad, de ese porcentaje, esta cifra resulta de la suma de los 6 millones 179 mil 890 (4.9 por ciento) que fueron identificadas como personas con discapacidad, más 13 millones 934 mil 448 (11.1 por ciento) que indicaron tener alguna limitación para efectuar alguna actividad de la vida cotidiana como caminar, ver, escuchar, hablar o comunicarse.

En la infografía que presentó el Inegi señala que en cuanto a la distribución por edad, la mayor parte, que es de 40.9 por ciento, se concentra en el segmento de mayores de 60 años, después están los de 30 a 59 años, 29.8 por ciento, continuando con los de 18 a 29, 9.8 por ciento, y al final los menores de 17 años, 9,1 por ciento; esto es al contrario de lo que ocurre con la población sin discapacidad, donde el grupo de edad más grande se ubica entre la franja de edad de 30 a 59 años. Y en la medida en que la población vaya envejeciendo, aumentará la tasa de discapacidad.

Sobre el tipo de limitaciones que se reportaron en el Censo 2020, llama la atención la cantidad de personas que no pueden ver, aun usando anteojos, lo que se entiende como discapacidad visual, ya que ya es ligeramente superior a la cantidad de personas con alguna limitación para caminar, o discapacidad motriz.

Lo anterior nos da como resultado que en nuestro país existe una cantidad considerable de personas con discapacidad visual, pero esa discapacidad visual no los excluye de la actividad económica a la que se pudiera dedicar este sector de la población y por ende el manejo de recursos monetarios como lo son los billetes y monedas de circulación.

Independientemente de que en la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 4o. y 5o. señala lo siguiente:

“Artículo 4o. Los billetes del Banco de México tendrán poder liberatorio ilimitado y deberán contener una o varias características que permitan identificar su denominación a las personas invidentes.

Artículo 5o. Las monedas metálicas a que se refieren los incisos b) y siguientes del artículo 2o. de esta ley, tendrán poder liberatorio limitado al valor de cien piezas de cada denominación en un mismo pago.

Las citadas monedas deberán ser acuñadas de manera tal que sean identificables por las personas invidentes”.

De lo anterior en las monedas acuñadas por el Banco de México, en la práctica, no hay tanto problema para identificarlas, sin embargo en los nuevos billetes emitidos de la serie G, sí existe dificultad para identificarlos independientemente de que el Banco central en su publicación denominada Nueva familia de billetes, indica que se desarrollaron metodologías de análisis, estudios con centros de investigación, sesiones de trabajo con expertas y expertos procedentes de nueve instituciones reconocidas en el ámbito cultural, académico y de uso General Información que ha sido publicada por el Banco de México y consultas a la población mediante estudios de percepción y que en su numeral 4 señala que se realizaron:

“4. Estudios de neurociencias. 2En 2014 se desarrollaron estudios entre la población mexicana para conocer sus respuestas y emociones en relación a los siguientes temas:

• Códigos inconscientes de la población alrededor del efectivo revelando las razones y motivaciones detrás de su uso, así como los hábitos y respuestas ante los billetes y monedas Anexo III. Estudio de neurociencias. Códigos inconscientes del efectivo (2014).

• Elementos de seguridad de los billetes de la familia actual y propuestas para la nueva familia, con el fin de conocer las reacciones neurofisiológicas que provocan en los mexicanos e identificar aquellos que despiertan más interés para facilitar su integración en el diseño de los billetes nuevos.

• Percepción háptica y visual de los billetes en circulación, prototipos de diseño de billetes y marcas táctiles para conocer las respuestas neurofisiológicas de los mexicanos e identificar patrones para el diseño de nuevos billetes”.

De lo anterior en la práctica es de reconocer que la serie de los últimos billetes emitidos por el Banco de México sin duda alguna tienen un diseño visual atractivo para los usuarios en general, sin embargo el diseño dejó un poco de lado la inclusión las marcas hápticas más sensibles a la percepción de las personas con alguna discapacidad visual 3y con ello poder facilitar el uso de dichos billetes.

Es de señalar que el Banco de México, después de realizar varios estudios, diseñó una tablilla para facilitar a las personas con alguna discapacidad visual la identificación de denominaciones de billetes de la familia F. Dicha tablilla es un dispositivo fabricado en plástico la cual permite al usuario identificar las diferentes denominaciones de los billetes basándose en su longitud, con la ayuda de un sistema de lectura Braille, conocido también como cecografía. La distribución de estas tablillas inició en noviembre de 2012.

Asimismo señala que, la nueva familia de billetes (familia G) 4se puso en circulación de forma gradual. La denominación de 500 pesos se puso en circulación el 27 de agosto de 2018; la de 200 pesos, el 2 de septiembre de 2019; la de 100 pesos, el 12 de noviembre de 2020; la de 1,000 pesos, el 19 de noviembre de 2020, el billete de 20 pesos, conmemorativo del bicentenario de la Independencia Nacional, el 24 de septiembre de 2021, y el billete de 50 pesos se puso en circulación el 28 de octubre de 2021. Además de la variación de longitud entre una y otra denominación consecutiva, las denominaciones de la familia G tienen marcas con relieve para personas con discapacidad visual, las cuales son diferentes a las empleadas en la familia F. Por lo anterior, el Banco de México diseñó una nueva tablilla que sirve para identificar la denominación de los billetes de ambas familias (F y G). La distribución de esta tablilla inició con la puesta en circulación del billete de 200 pesos, es decir, en septiembre de 2019. Sin embargo ha faltado difusión para el acceso y entrega de dicha tablilla identificadora de los billetes.

Compañeras y compañeros legisladores, la inclusión de las personas con alguna discapacidad es esencial ya que siempre han formado y seguirán formando parte del proceso productivo y andamiaje económico de nuestro país y de cualquier otro país en el mundo, diseñemos estrategias de inclusión más accesibles para todos ellos. Garanticemos a las personas con discapacidad visual el goce y ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás personas.

Por lo anterior expuesto y fundado, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Banco de México a diseñar los billetes de la serie G y demás subsecuentes con marcas hápticas más sensibles al tacto para los usuarios con alguna debilidad visual.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Banco de México a implementar una campaña de difusión para el acceso y entrega de la tablilla en braille para identificar la denominación de los billetes.

Notas

1 https://www.inegi.org.mx/temas/discapacidad/

2 Realizados por la empresa MindCode México.

3 https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache: vjAi5iTXJe 4J: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/106810/discapacidad-visual.pdf+&cd=12&hl=es&ct=clnk&gl=mx&client=firefox-b-d

4 https://www.banxico.org.mx/servicios/tablilla-billetes-discapacida.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2022.– Diputado Manuel Rodríguez González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

EXHORTO A PEMEX, A ADECUAR LAS DISPOSICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN Y DE SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex a adecuar las disposiciones generales de contratación de dicha institución y sus empresas productivas subsidiarias, a cargo del diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Manuel Rodríguez González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, a fin de adecuar las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus empresas productivas subsidiarias, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Petróleos Mexicanos es la empresa más grande e importante de nuestro país, referente internacional en cuanto al tema de hidrocarburos. Las actividades de Petróleos Mexicanos involucran el total de la cadena productiva, desde la exploración, producción, transformación industrial, logística y comercialización.

El sitio electrónico de Pemex 1indica que en materia de transformación industrial Petróleos Mexicanos cuenta con seis refinerías, dos complejos petroquímicos y nueve complejos procesadores de gas que le permiten producir derivados de petróleo para hacerlos llegar a distintos sectores.

En logística cuenta con 83 terminales terrestres y marítimas, así como poliductos, buques, carros tanque y autos tanque, para abastecer a las más de 11 mil estaciones de servicio a lo largo de nuestro país.

Que es una empresa sustentable, socialmente responsable, con estrictos estándares de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental. Que dichas actividades se realizan con estricto apego a la integridad ecológica de las zonas en las que trabaja, impulsando el desarrollo social y económico de las comunidades.

Asimismo la página web de Petróleos Mexicanos señala que uno de los objetivos es que:

“A través de un modelo de atención se instrumente un mecanismo que atienda a los proveedores en cada etapa de su interacción con Pemex.

Vincular necesidades de las áreas usuarias de Pemex con oportunidades identificadas en el mercado; a partir de elementos como: atención a proveedores y contratistas, categorías, estudios de mercado y otras iniciativas de la Subdirección de Abastecimiento; además, proponer al área usuaria alternativas de procura a través de un modelo de contratación que maximice el valor de los recursos disponibles en beneficio de la organización en un contexto de mercado competido.

A través del modelo de atención cubrimos el objetivo de instrumentar un mecanismo que dirija los requerimientos de los usuarios hacia proveedores que ofrezcan las mejores soluciones integrales de procura y que atienda a los proveedores en cada etapa de su interacción con Pemex”.

Fundamento legal

Artículo 19 de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias que establece las reglas generales y que a la letra señala:

“Los procedimientos de contratación de bienes, arrendamientos, obras y servicios se efectuarán, por regla general, a través de concurso abierto, previa convocatoria pública para que libremente se presente cualquier interesado siempre que reúna los requisitos previstos en las presentes disposiciones, y se realizarán a través del Sistema Electrónico de Contrataciones”.

Así como con fundamento en los artículos 13, fracción V, y 76, de la Ley de Petróleos Mexicanos, que faculta al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para adecuar las Disposiciones Generales de Contratación para Pemex y sus empresas productivas subsidiarias y por considerar que el presente documento modernizará y actualizará con el uso de la e-firma a través del Sistema de Formalización de Contratos de Pemex (Sifocop), el proceso de la subcontratación de empresas regionales y/o de prestación de los servicios o suministro de los bienes para Petróleos Mexicanos , así como eficientar las compras y adquisiciones de la empresa y de los contratos con los proveedores, es que surge la materia y motivo del presente exhorto.

En este sentido y para mayor claridad de lo que se propone al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para que actualice los artículos materia del presente ocurso, se anexa el siguiente cuadro comparativo:

Disposiciones Generales de Contratación para Pemex y sus empresas productivas subsidiarias 2

Por lo anterior expuesto y fundado, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados exhorta al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, a fin de adecuar los artículos 20 y 39 de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias.

Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, para que una vez aprobada la presente Proposición con Punto de Acuerdo, la adecuación de los artículos 20 y 39 de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, se realice en su próxima reunión del Consejo.

Notas

1 https://procura.com.mx/

2 http://www.dof.gob.mx/2021/PEMEX/DGC2021.pdf.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2022.– Diputado Manuel Rodríguez González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

RELATIVO AL FALLECIMIENTO DE LA MENOR HEIDY VALERIA "N" OCURRIDO EN TOTOTLÁN, JALISCO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco respecto al fallecimiento de la menor Heidy Valeria “N”, ocurrido en Tototlán, a cargo de la diputada Ana Laura Sánchez Velázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Ana Laura Sánchez Velázquez, integrante del Grupo Parlamentario del PAN en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

El pasado tres de febrero, en el municipio de Tototlán, estado de Jalisco, se reportó el fallecimiento de la menor Heidy Valeria “N”, de dos años de edad, al consumir alimentos envenenados.

De acuerdo con versiones oficiales, el alimento envenenado consistía en una galleta que fue arrojada al domicilio de Heidy Valeria “N” para que fuera consumida por la mascota propiedad de la familia.

Sin embargo, dicho alimento estuvo al alcance de la menor teniendo como consecuencias las ya señaladas.

Lo anterior, no obstante de los múltiples esfuerzos y primeros auxilios brindados por diversos elementos del cuerpo de bomberos, así como de médicos de ese municipio, el fallecimiento de Heidy Valeria “N” fue inevitable debido a la cantidad y peligrosidad del veneno utilizado.

El fallecimiento de la menor Heidy Valeria “N” es un acto que debe ser debidamente investigado por las autoridades competentes con la finalidad de evitar su repetición, pero principalmente para que no quede impune dicho delito.

Es por ello que la suscrita exhorta a la Fiscalía Estatal para que investigue debidamente y deslinde responsabilidades, siendo la responsable de la procuración de justicia y de conducir las funciones de la investigación de los delitos, del ejercicio de la acción penal y la relativa a la acción de reparación del daño ante los tribunales, rigiéndose por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 1

Es decir, esa autoridad debe investigar y con prontitud todos los delitos del orden local y concurrente, así como acreditar la responsabilidad de los imputados ante los tribunales; con el objeto de esclarecer los hechos ocurridos, proteger al inocente, victimas, y procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

Asimismo, se solicita la intervención de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco, con la finalidad de que se brinde la correspondiente atención integral mediante asesorías en las áreas jurídica, psicológica, médica y de trabajo social a los familiares de la menor Heidy Valeria “N”.

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVJ) es el órgano operativo del Sistema Estatal de Atención a Víctimas que se encarga de dar atención a las víctimas y ofendidas/os del delito y de violaciones a derechos humanos, cuando éstas deriven de la comisión de un delito, mediante la asistencia médica, psicológica, de trabajo social y asesoría legal.

Con dicha intervención se busca garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos dentro del estado de Jalisco mediante la atención ágil, integral y efectiva, encaminada a la reparación integral del daño, a través de la aplicación de los servicios especializados que la Comisión brinda, con la finalidad de asegurar el acceso a la justicia de conformidad con la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Jalisco.

Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de este pleno los siguientes puntos de acuerdo en los siguientes términos:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en su LXV Legislatura, exhorta a la Fiscalía General del estado de Jalisco para que realice una exhaustiva investigación de los hechos relacionados con el fallecimiento de la menor Heidy Valeria “N”, con el objeto de que se deslinden responsabilidades y, en su caso, se ejerza la acción penal que conforme a la legislación penal proceda.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura, exhorta a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del estado de Jalisco, para que brinde la correspondiente atención integral en las áreas jurídica, psicológica, médica y de trabajo social a los familiares de la menor Heidy Valeria “N”.

Nota

1 https://www.jalisco.gob.mx/sites/default/files/ley_organica_del_poder_ ejecutivo_del_estado_de_jalisco.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2022.– Diputada Ana Laura Sánchez Velázquez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

EXHORTO AL IMJUVE, A CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE REMITIR LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES RELATIVOS A LA PROBLEMÁTICA Y CARACTERÍSTICAS JUVENILES A LA CÁMARA DE DIPUTADOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Imjuve a cumplir la obligación de remitir al Congreso de la Unión al inicio de los periodos ordinarios de sesiones los estudios y las investigaciones relativos a la problemática y las características juveniles, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Hace 23 años fue creado el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, mismo que de acuerdo con la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, tiene como objetivo el crear políticas públicas en favor de los derechos de las y los jóvenes mexicanos, derechos como la educación, la salud, la participación en la vida pública, el emprendimiento, el fomento al empleo y el empoderamiento de este sector poblacional. 1

De acuerdo con la ley anteriormente señalada, se consideran jóvenes, a las personas que se encuentran en un rango de edad de entre 12 a 29 años. 2Sin embargo, este criterio puede cambiar de acuerdo con cada estado que conforma la comunidad internacional, así como las organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), misma que considera como una persona joven a las personas con rango de edad de 15 a 24 años, 3y de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), actualmente existen 1 mil 200 millones de personas jóvenes en el mundo, mismas que representan 16 por ciento de la población mundial, y se estima que en 8 años, la cantidad de personas jóvenes represente 23 por ciento de la población mundial, es decir casi 1 mil 300 millones de personas jóvenes. 4

En ese sentido, la ONU ha realizado diversas observaciones ante las exigencias de las personas jóvenes a oportunidades más justas, equitativas y progresivas en sus respectivos estados, por lo que ha señalado que los diversos países deben atender con urgencia todos los desafíos que se presentan para este sector de la población, garantizando sus derechos de acceso a la educación, salud, empleo, e igualdad de género, entre otros más, por lo cual el estado mexicano, mismo que forma parte de la ONU, se ha comprometido que al año 2030 cumplirá con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los que se encuentran el mejoramiento de cuatro áreas fundamentales para garantizar las necesidades de la juventud, tales como el empleo juvenil, el reconocimiento de los derechos de los adolescentes, la educación y los deportes por la paz 5.

Cabe señalar que el establecimiento de una ley que contempla las necesidades y preocupaciones de las personas jóvenes no se dio por algún error, sino todo lo contrario, ya que era necesario establecer un Instituto que velara por la protección y empoderamiento de la juventud, misma que actualmente representa casi el 30% de la población en nuestro país, por lo que tan solo las personas que se encuentran en un rango de edad de 15 a 29 años suman un total de 30.7 millones. 6Asimismo, de acuerdo con un estudio realizado por “Visual Capitalist”, tomando cifras de la (ONU), se registró que México es uno de los países que cuentan con mayor población de personas jóvenes en el continente americano, con una edad media de 29 años, siendo la edad más baja en comparación con Canadá con una edad media de 41 años y Estados Unidos de América con una edad media de 38 años. 7

A pesar de que la población joven en nuestro país es una de las más grandes, no se le han brindado las acciones necesarias para satisfacer sus demandas y necesidades, ya que de acuerdo con Encuesta de jóvenes en México 2019, elaborada por el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica (OJI), ha informado de cifras alarmantes, tales como las siguientes: 8

• El 41 por ciento de las personas jóvenes viven en un hogar con ingresos de entre 3 mil 500 pesos a 8 mil 700 pesos, y 20.49 por ciento viven en un hogar con un máximo de ingresos mensuales de $3 mil 500 pesos;

• El 56 por ciento de las viviendas en las que habitan son hechas de cemento;

• A pesar del avance tecnológico a nivel internacional, sólo 62.4 por ciento de las personas jóvenes tienen acceso a internet y solo 53.2 por ciento cuentan con una computadora;

• El 17 por ciento no cuenta con ninguna institución de atención médica, ya sea pública o privada;

• El 56.6 por ciento de las personas mayores de 18 años no se encuentran estudiando;

• Más de 80 por ciento de las personas jóvenes que cursan la educación primaria, secundaria y preparatoria, lo hacen en escuelas públicas, y

• La mayor razón por la que los jóvenes dejan de estudiar, es debido a la necesidad de contar con un trabajo para aportar con los gastos familiares.

Es lamentable, que a pesar que nuestro país cuente con un gran porcentaje de personas jóvenes, no se realizan las acciones y políticas públicas necesarias para garantizar el acceso de estos a sus derechos fundamentales, Aunado a lo anterior, es difícil lograr un progreso cuando las autoridades de las instituciones que aparentemente buscan velar los derechos de las personas jóvenes, no cumplen lo mandatado por la ley, tal es el caso del director general del Imjuve, que ha incumplido con lo establecido por el artículo 12 de la Ley del Imjuve, de conformidad con lo siguiente:

Artículo 12. El director general del instituto, además de las facultades y atribuciones que le confiere el artículo 22 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, tendrá las siguientes:

I. a VIII. ...

IX. Remitir a las Mesas Directivas de ambas Cámaras del honorable Congreso de la Unión, al inicio de los periodos ordinarios de sesiones de cada año legislativo, los estudios e investigaciones relativos a la problemática y características juveniles previstos en la fracción VII del artículo 4;

En ese sentido, hasta el momento y después de realizar una búsqueda exhaustiva en los registros parlamentarios, se desprende que dicho instituto ha sido omiso con su obligación de remitir a las mesas directiva del Congreso de la Unión los “estudios e investigaciones relativos a la problemática y características juveniles”, mismos que se contemplan en la fracción VII del artículo 4 de la Ley anteriormente señalada:

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. a VI. ...

VII. Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones de la problemática y características juveniles;

Con base en lo anterior y de conformidad con la Ley, una de las atribuciones del Imjuve es la realización, promoción y difusión de los estudios e investigaciones, referentes a las problemáticas de las personas jóvenes; Sin embargo, esta facultad no ha sido promovida ni informada al Congreso de la Unión, con lo cual denota la política de nuestro gobierno, ya que es difícil hacer que las autoridades implementen acciones y políticas en favor de la atención de las necesidades de la juventud, y parece ser que las instituciones que velan por el respeto de estos derechos, tampoco cumplen con lo mandatado por la ley, por lo que es necesario que el Imjuve cumpla con su tarea de remitir estos estudios e investigaciones al Congreso de la Unión, sin excepción alguna.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano de la Juventud, para que de conformidad con el artículo 12, fracción IX de su Ley, cumpla con su obligación de remitir al inicio de los periodos ordinarios de sesiones de cada año legislativo a las Mesas Directivas de ambas Cámaras del honorable Congreso de la Unión, los estudios e investigaciones relativos a la problemática y características juveniles con la finalidad de que estos puedan ser tomados en consideración para el fortalecimiento del marco jurídico y de las políticas públicas encaminadas a atender las necesidades de este grupo poblacional.

Notas

1 Diario Oficial de la Federación (DOF), ley del instituto mexicano de la juventud, disponible en:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4943094&fecha= 06/01/1999

2 Cámara de Diputados, ley del instituto mexicano de la juventud, disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/leyesbiblio/pdf/87_020415.pdf

3 Organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura (unesco), la unesco y la juventud — estrategia. disponible en:

https://www.un.org/es/events/observances/alfabetizacion/youthand education.html#:~: text=seg%c3%ban%20el%20criterio%20de%20las,15%20y%20los%2024%20a%c3%b1os.

4 Organización de las naciones unidas (onu), juventud, disponible en:

https://www.un.org/es/global-issues/youth#:~: text=situaci%c3% b3n%20mundial%20de%20la%20juventud,as%c3%ad%20a%20casi%201.300%20millones.

5 ídem.

6 Instituto nacional de estadística y geografía (inegi), estadísticas a propósito del día internacional de la juventud, disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020 /juventud2020_nal.pdf

7 Invertia, población: ¿qué países son los más jóvenes?, disponible en:

https://www.elespanol.com/invertia/opinion/20200717/poblacion-pa ises-jovenes/505829414_13.html

8 Observatorio de la juventud en iberoamérica (oji), encuesta de jóvenes en méxico 2019, disponible en:

https://drive.google.com/file/d/1qnrughusmsov3ky2fapho6otntfors kk/view

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 15 de febrero de 2022.– Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Juventud, para dictamen.

EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER INFANTIL

«Proposición con punto de acuerdo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Norma Angélica Aceves García, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil, a través de una campaña colaborativa para crear conciencia y expresar el apoyo a niñas, niños y adolescentes con cáncer, los supervivientes y sus familias 1.

Al respecto, en 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó la Iniciativa mundial contra el cáncer infantil, con el objetivo de lograr, al menos 60 por ciento de supervivencia de los niños con cáncer para 2030, por lo que esta iniciativa busca 2:

• Aumentar la capacidad de los países para brindar servicios de calidad a niñas, niños y adolescentes con cáncer.

• Priorizar el cáncer infantil a nivel nacional, regional y mundial para impulsar la acción.

De conformidad con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el cáncer es una de las principales causas de muerte de niñas, niños y adolescentes en todo el mundo, con un número de más de 400 mil casos diagnosticados 3.

En el continente americano, se estima que en 2020 hubo 32 mil 65 (treinta y dos mil sesenta y cinco) nuevos casos de cáncer en niñas, niños y adolescentes de 0 a 14 años, de los cuales 20 mil 855 (veinte mil ochocientos cincuenta y cinco casos ocurrieron en países de América Latina y el Caribe. En cuanto a índices de mortalidad se refiere, se estima que 8 mil 544 (ocho mil quinientos cuarenta y cuatro) niñas, niños y adolescentes menores de 15 años fallecieron por esta causa en 2020; de ellos, 7 mil 76 (siete mil setenta y seis) vivían en América Latina y el Caribe 4.

2. En México, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), hasta el 2018 la población de niñas, niños y adolescentes entre los 0 y los 19 años era de 44 millones 697 mil 145 (cuarenta y cuatro millones seiscientos noventa y siete mil ciento cuarenta y cinco) 5.

De conformidad con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, con base en los datos del Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes (RCNA), tenemos las siguientes tasas de incidencia por cada millón de niñas, niños y adolescentes 6:

• Hasta 2017 fueron: 89.6 Nacional, 111.4 en niñas y niños (0 a 9 años) y 68.1 en adolescentes (10-19 años).

• Por grupo de edad: el grupo de 0 a 4 años presentó la mayor tasa de incidencia con 135.8, mientras que el grupo de adolescentes entre los 15 y los 19 años tuvo la menor incidencia con 52.6

• Los estados de la República con mayor tasa de Incidencia por cáncer en la infancia (0 a 9 años): Durango (189.53), Colima (187.42), Aguascalientes (167.36), Sinaloa (163.44) y Tabasco (158.94).

• En la adolescencia (10 a 19 años), las entidades con mayor tasa de Incidencia son: Campeche (149.56), Colima (117.27), Aguascalientes (106.29), Nuevo León (99.79) y Morelos (98.73).

• Respecto a las tasas de mortalidad, tomando como base cada 100,000 habitantes, los adolescentes entre los 15 y los 19 años de edad tuvieron la mayor tasa de mortalidad con 6.88, mientras que la menor tasa de mortalidad fue para el grupo de edad entre los 0 y los 4 años con 4.35.

- Entre los 5 y los 14 años las tasas se mantuvieron similares entre ambos grupos con 4.60 (5 a 9 años) y 4.54 (10 a 14 años).

- Las entidades federativas con mayor tasa de mortalidad en niños (0 a 9 años) son: Campeche (6.3), Chiapas (6.2), Aguascalientes (6.0), Colima y Tabasco (5.6). En adolescentes (10 a 19 años) la mayor tasa de mortalidad corresponde a: Campeche (8.6), Tabasco (7.6), Chiapas (7.0), Oaxaca (6.5) e Hidalgo (6.4).

- Por sexo, 56 por ciento de los casos registrados corresponde a varones y 44 por ciento a mujeres.

- La mayor tasa de mortalidad (6.79) ocurrió en adolescentes hombres.

- La mayoría de los casos del RCNA fueron: Leucemias (48 por ciento), Linfomas (12 por ciento) y Tumores del Sistema Nervioso Central (9 por ciento).

• Entre el primero y el cuarto año de vida predominan: los tumores del Sistema Nervioso Simpático, Retino-blastoma, Tumores Renales y Tumores Hepáticos.

• A partir de los 10 y hasta los 19 años los tipos de cáncer que ocurren con mayor frecuencia son similares a los que se presentan en la edad adulta y debido a que el cáncer en adolescentes suele ser más agresivo, el tratamiento condiciona un mayor riesgo de inmunosupresión y de infección que puede desencadenar la muerte.

Dentro de las problemáticas que enfrenta nuestro país en este tema, tenemos que 7:

• 26 millones 493 mil 673 (veintiséis millones cuatrocientos noventa y tres mil seiscientos setenta y tres) niñas, niños y adolescentes no cuentan con ningún tipo de seguridad social.

• Existen en México 264 oncólogos pediatras certificados.

• Existe el problema de la detección tardía.

• Hay poca inversión en proyectos de investigación.

• Desabastecimiento de medicamentos oncológicos pero también de insumos para aplicar las quimioterapias.

• Sólo existen 33 cirujanos pediatras oncólogos en el país 8.

Estás problemáticas se han traducido en una serie de desventajas que viven niñas, niños y adolescentes, que lamentablemente padecen cáncer, en nuestro país, que hace más compleja su situación y limita exponencialmente las expectativas de superar la enfermedad.

Así, la sobrevida nacional en niñas, niños y adolescentes registrados en el Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes (RCNA) es de 57 por ciento, en comparación con la de países con altos ingresos donde la probabilidad de que una niña, niño o adolescente con cáncer sobreviva es del 90 por ciento 9.

Ello, por debajo de la media que señala que 70 por ciento de los casos de cáncer infantil son curables si se detectan a tiempo, por lo que a diferencia del cáncer en adultos, la presencia de esta enfermedad en niñas, niños y adolescentes es curable en la mayoría de los casos 10.

3. El cáncer se ha constituido en uno de los principales padecimientos, que por su naturaleza y sintomatología silenciosa, hace que su detección sea en etapas avanzadas, cuando resulta más complicada su atención y disminuye considerablemente las posibilidades de vencerlo.

En México, como demuestran las cifras, el cáncer en niñas, niños y adolescentes es un problema de salud pública que constituye la segunda causa de muerte y la primera por enfermedad en niños de cinco a 14 años de edad, que cada año produce el fallecimiento de más de dos mil personas menores de 18 años de edad, de acuerdo con cifras del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (CENSIA) 11.

Por eso, es importante que desde esta Cámara de representación popular, insistamos en cada oportunidad para impulsar la atención, prevención y tratamiento de cáncer en niñas, niños y adolescentes, a lo más alto de la agenda con la finalidad de reiterar a las autoridades, la necesidad de fortalecer la política pública dirigida a la atención de la salud de niñas, niños y adolescentes.

Es por lo anterior, que en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil, se somete a consideración de la asamblea, los presente:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a:

a) Reforzar los programas destinados a la prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento del cáncer en niñas, niños y adolescentes, y

b) Impulsar la formación, especialización y capacitación de médicos especialistas en oncología pediátrica.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para qué a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otorgue los recursos necesarios para que se garantice la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento del cáncer en niñas, niños y adolescentes.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que:

a) Investigue posibles violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes con cáncer, de conformidad con los artículos 1o. y 4o. de la Constitución federal,

b) Emita la recomendación correspondiente y,

c) En su caso, denuncie ante las autoridades competentes a quienes sean responsables de las citadas violaciones.

Notas

1 Visto en:

https://www.paho.org/es/campanas/dia-internacional-cancer-infant il-2021#:~: text=Cada%2015%20de%20febrero%2C%20la,los%20supervivientes%20y%20sus%20familias consultado el 11 de febrero de 2022.

2 Visto en:

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer-in-ch ildren.consultado el 11 de febrero de 2021.

3 Visto en:

https://www.paho.org/es/campanas/dia-internacional-cancer-infant il-2021#:~: text=Cada%2015%20de%20febrero%2C%20la, los%20supervivientes%20y%20sus%20familias consultado el 11 de febrero de 2022.

4 Ibídem.

5 Visto en:

https://www.gob.mx/salud%7Ccensia/articulos/cancer-infantil-en-m exico-130956 consultado el 11 de febrero de 2022.

6 Ibídem.

7 Ibíd.

8 Visto en:

https://contralinea.com.mx/en-mexico-apenas-33-cirujanos-pediatr as-oncologos/ consultado el 11 de febrero de 2022.

9 Visto en:

https://lideresmexicanos.com/noticias/cancer-infantil-en-mexico/ consultado el 11 de febrero de 2022.

10 Ibídem.

11 Ibíd.

Dado en el pleno de la honorable, a 15 de febrero de 2022.– Diputada Norma Angélica Aceves García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

COMISIÓN ESPECIAL CONMEMORATIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA LAS EFEMÉRIDES NACIONALES 2022-2024

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de crear la comisión especial conmemorativa de la Cámara de Diputados para las efemérides nacionales del periodo 2022-2024, a cargo del diputado Mauricio Cantú González, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe diputado Mauricio Cantú González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión y, con fundamento en lo dispuesto por el Reglamento de la Cámara de Diputados en sus Artículos 6°, numeral 1, Fracción I, 65°, Numeral 4, 79°, Numeral 2, Fracción III, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que los acontecimientos históricos del país son fundamentales para entender y comprender sus procesos de transformación social en la época contemporánea.

Que dichos acontecimientos han generado la organización y el ejercicio de procesos legislativos indispensables para el establecimiento de un Estado Nacional en nuestro país.

Que el análisis y difusión de estos acontecimientos y procesos van a servir para promover y fomentar la conciencia cívica de la sociedad y su cultura democrática.

Que en su devenir como nación los protagonistas y próceres de México merecen ser objeto de conmemoración.

Que el pueblo mexicano merece ser revalorado como protagonista de los cambios sociales.

Que en el periodo de 2022 a 2024 tendrán lugar las efemérides relativas a los acontecimientos siguientes:

• Bicentenario del Primer Congreso Mexicano 1822-2022;

• El 150 Aniversario del Nacimiento de Sara Pérez de Madero 1872-2022;

• El 150 Aniversario Luctuoso del Presidente Benito Juárez 1872-2022;

• El 175 Aniversario de la Culminación de la Defensa Nacional ante la Invasión de Estados Unidos 1847-2022;

• El Bicentenario del Supremo Poder Ejecutivo de la Nación Mexicana para el Establecimiento del Gobierno Constitucional 1823-2023;

• El Centenario Luctuoso de Francisco Villa 1923-2023;

• El 50 Aniversario de la Solidaridad México-Chile 1973-2023

• El 150 Aniversario del Nacimiento del Presidente Francisco I. Madero 1873-2023;

• El 150 Aniversario del Nacimiento y; Centenario Luctuoso de Felipe Carrillo Puerto, 1874-2024 y 1924-2024, respectivamente;

• El 250 Aniversario del Nacimiento de los Legisladores Insurgentes José María Cos y Carlos María de Bustamante 1774-2024 y

• El Bicentenario de la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos 1824-2024, principalmente.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial Conmemorativa de la Cámara de Diputados para las Efemérides Nacionales 2022-2024.

Segundo. La Comisión entrará en funciones al día siguiente de la publicación de este Acuerdo en la Gaceta Parlamentaria.

La Comisión mantendrá sus funciones hasta la culminación de la presente legislatura o las conmemoraciones en el año 2024.

Tercero. La Comisión tendrá como objetivo el análisis, difusión y promoción de los acontecimientos históricos que dan sustento a la misma. Para ampliar sus objetivos podrá convocar la colaboración del Poder Legislativo en otras entidades federativas, solicitar también la colaboración institucional que le puedan proporcionar en los tres órdenes de gobierno a nivel federal, estatal y municipal; así como en organismos internacionales de los que México sea parte, instituciones educativas, culturales y organizaciones de la sociedad civil, así como de personas físicas y morales acreditadas que puedan aportar conocimiento especializado y recursos que sirvan al objetivo de la Comisión.

Cuarto. La Comisión estará a cargo de un presidente, contará con un secretario técnico para sus funciones y estará integrada por cinco diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios, con un presidente y cuatro secretarios quienes participarán en los actos, presentaciones y actividades que ésta lleve a cabo. La Junta de Coordinación Política determinará la integración correspondiente.

Quinta. La comisión especial contará con los recursos necesarios para desarrollar adecuadamente sus actividades.

Sexta. El presidente de la Comisión tendrá a su cargo la aprobación del plan de trabajo anual y debe entregar un informe final de actividades y resultado.

Séptima. El secretario técnico de la Comisión tendrá entre sus atribuciones la elaboración del plan de trabajo anual de la misma, la coordinación, supervisión y asesoría de las actividades que de él se deriven.

Este plan deberá incluir los acontecimientos históricos que corresponda conmemorar, de acuerdo con su orden cronológico. Incluirá también un programa de actividades a desarrollar en el ámbito del análisis, difusión y promoción del objetivo de la Comisión, con base en los acontecimientos históricos que la sustentan.

En este programa se podrá incluir convocatorias e iniciativas relacionadas con estas actividades, para fomentar la cultura cívica; conferencias, publicaciones, exposiciones, producciones audiovisuales, electrónicas, y apoyarse en la cobertura del Canal del Congreso, en función de los recursos disponibles.

Octava: El perfil del secretario técnico de la Comisión, por la naturaleza de esta y para el adecuado desempeño de sus funciones, será un perfil especializado y, de preferencia, interdisciplinario, por lo cual deberá acreditar lo siguiente:

1) ser autor o coautor de obras publicadas o difundidas relativas a los periodos históricos que sustentan las efemérides de la Comisión.

2) tener reconocimiento institucional y profesional de su trabajo en la temática histórica, acreditable con diplomas, premios, medallas u otro tipo de documentos y referencias meritorias.

3) experiencia laboral en la administración pública, que puede incluir cargos en los ámbitos normativo u operativo.

Para este perfil del secretario técnico se valorará su participación y experiencia previa, por ejemplo, en:

a) la Comisión Especial Encargada de los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana, del Poder Legislativo federal (2007-2010), o el relativo al 175 Aniversario de la Independencia de México y 75 Aniversario de la Revolución Mexicana (1983-1985), del gobierno federal; o en programas conmemorativos similares en congresos de entidades federativas.

b) organizaciones de la sociedad civil cuya misión y objeto social sea el fomento de la cultura histórica, con reconocimiento legal federal.

c) la participación en proyectos de exposiciones y museos de historia de México.

d) conferencias, foros, coloquios, cursos, seminarios y actividades afines, en instituciones educativas y culturales, para mantener actualizada la especialización de su conocimiento histórico.

Novena. La Comisión dispondrá de un espacio físico para sus actividades en la infraestructura de la Cámara de Diputados, un espacio electrónico para la difusión de sus actividades, que puede ser incluido en una sección de su portal institucional, así como las facilidades que se le proporcionen para efecto de las exposiciones conmemorativas que correspondan en el Museo Sentimientos de la Nación y las transmisiones a que hubiera lugar en el Canal del Congreso.

Décima. La Comisión elaborará una Memoria de las actividades desempeñadas para su difusión nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero del año 2022.– Diputado Mauricio Cantú González (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política para su atención.

SE HAGAN PÚBLICAS LAS MEDIDAS PARA EVITAR EL AUMENTO DEL NÚMERO DE MUERTES POR ENFERMEDADES RENALES DERIVADAS DE LA CONTAMINACIÓN DE LA CUENCA LERMA-CHAPALA

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa, la Conagua y el gobierno de Jalisco a hacer públicas las medidas que toman para evitar el aumento de muertes por enfermedades renales derivadas de la contaminación de la cuenca Lerma-Chapala, a cargo de la diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, el Grupo Parlamentario de Morena, diputada a la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua y al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a hacer públicas las medidas que están tomando para evitar que el número de muertes por enfermedades renales derivadas de la contaminación de la cuenca Lerma-Chapala siga en aumento, a hacer públicos los informes de la periodicidad con la que se da mantenimiento a las plantas tratadoras de agua en la misma cuenca, al tenor de las siguientes

Consideraciones

“Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad.”

Nelson Mandela

El señor Candelario Magallón Sanabria, habitante de Mezcala de la Asunción, en Poncitlán, se convirtió en la primera persona del año 2022 en fallecer a causa de la contaminación del lago de Chapala, en su caso por insuficiencia renal, padecimiento que afecta a miles de personas en los alrededores del cuerpo de agua.

Hay estudios científicos que relacionan contaminantes presentes en cuerpos de agua, como el lago de Chapala y el río Santiago, como mercurio, arsénico, plomo o tungsteno, con problemas renales y cáncer, al estar en el agua de uso y consumo humano.

Estudios multidisciplinarios comprobaron que el epicentro de las enfermedades renales en México (que ocupa el segundo lugar mundial en este tipo de padecimientos) se localiza en varias de las rancherías más marginadas de Poncitlán, en la ribera del lago de Chapala, donde a la pobreza y altas tasas de natalidad se suman el abandono de todos los niveles de gobierno, la contaminación del agua y el uso de agroquímicos como glifosato, entre otras variables.

Expertos demostraron también, con base en un seguimiento iniciado el año pasado, que en localidades de Poncitlán como Aguacaliente y Chalpicote, existe un evidente deterioro neurocognitivo entre los niños en edad escolar directamente relacionado con los factores anteriores, a los que hay que sumar la desnutrición y metales pesados detectados en sus organismos.

La cara más visible de esta ribera es la que abarca el corredor que va de Jocotepec a Chapala, donde habitan y tienen propiedades miles de extranjeros (sobre todo estadunidenses y canadienses) y donde el valor de la tierra se ha disparado y hay decenas de proyectos inmobiliarios de lujo con el consiguiente deterioro ambiental, existe también la “parte oscura”, que va de Chapala hacia Ocotlán, principalmente Poncitlán.

“Esta población no se ve, no es importante para las autoridades; vive sin drenaje, en exclusión social, con servicios médicos de baja calidad y casi sin agua, pues apenas tiene 20 litros de agua por día, pero además ésta es de baja calidad; asimismo, hay inequidad de género, vivienda pésima, tienen usos y costumbres especiales, uso de agroquímicos peligrosos, problemas alimentarios y nutricionales y sobreviven de agricultura y pesca de subsistencia”.

Los expertos dieron a conocer que en Poncitlán los marcadores de daño renal entre los menores estudiados son diez veces mayores que en el resto del estado.

El municipio tiene una población de 53 mil 659 personas, según datos del censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2020, pero 17 mil 565 de ellas (casi 33 por ciento) no están afiliadas a algún servicio de salud. Además, el promedio de hijos por familia es uno de los más altos del estado.

Pero en algunas comunidades como San Pedro Itzicán, la fecundidad se dispara hasta una media de 3 hijos por familia o 3 en Chalpicote. Además, en la primera demarcación hay 6 mil 686 habitantes, de los cuales 3 mil 67 (45 por ciento) no están afiliados a algún servicio de salud y 135 padecen algún “problema o condición mental” de nacimiento.

Un estudio de daño renal realizado por la Universidad de Guadalajara (UdeG) y la Secretaría de Salud Jalisco que incluyó a 463 menores de entre seis y 17 años encontró que 47 por ciento de aquellos a quienes se aplicaron pruebas para diagnosticar estos padecimientos presentó algún grado de insuficiencia. También se hizo una batería de análisis para encontrar pesticidas en la orina y se hizo una evaluación cognitiva.

La falta de recursos obligó a que los científicos se concentraran en 15 niños de los 199 que mostraron mayor deterioro renal y quienes pueden llegar a presentar insuficiencia renal grave.

A este grupo se le ha dado seguimiento con vigilancia alimentaria, se le entregan alimentos orgánicos y se trabaja con las familias para que no sólo reciban la comida, sino también para cerciorarse de que la ingieran. En menos de un año, el deterioro ha ido disminuyendo de forma notable, “excepto en un paciente, que ya tenía daño renal avanzado.

Entre octubre pasado y enero se hizo un estudio para detectar pesticidas y se comprobó que cuando es tiempo de cosecha y, por ende, de autoconsumo, aumentan las concentraciones de agroquímicos en la sangre, en especial de glifosato y glufosinato.

Respecto al agua, se encontraron en el líquido de uso corriente concentraciones mayores a las permitidas de litio, sodio, manganeso, calcio, estroncio, bario y mercurio, entre otros, lo cual seguirá vigilándose para determinar su influencia en la alta tasa de padecimientos renales e incluso mentales.

Una evaluación neurocognitiva demostró que entre los niños de Poncitlán hay una menor capacidad para la relación de ideas y conceptos. “Dicho por los profesores”, es la zona con menor aprendizaje en la ribera y donde se observa una mayor tasa de reprobación.

El problema renal es grave, pero es mucho menor que el de desarrollo cognitivo. Son niños que serán mano de obra barata para el futuro, ya que además sus tasas de natalidad son altísimas.

El estudio ha detectado que el daño renal y neurocognitivo puede revertirse en forma suficiente y en corto tiempo con la mejora de la alimentación, por lo cual es urgente una reconfiguración agroalimentaria y hacer sustentable la vida de los habitantes para sacarlos de la exclusión social.

El nefrólogo Guillermo García, con 40 años de experiencia en el hospital civil de Guadalajara, planteó que, aunque en Poncitlán la prevalencia de diabetes y obesidad (factores principales para la insuficiencia renal) es menor que en el resto del estado, la desnutrición llega casi a 33 por ciento de la población. Mientras, la prevalencia de enfermedades renales es dos veces mayor comparada con la de otros municipios de Jalisco, estado que además tiene mayor porcentaje de enfermos de estos males en el país.

Hay factores que contribuyen a este problema, como la lejanía de los proveedores de salud, la falta de recursos económicos, bajo peso al nacer, predisposición genética, nutrición inadecuada y factores medioambientales, en particular la carencia de agua limpia y drenaje.

Resulta necesario atender los problemas de contaminación y desecación que afectan al Lago de Chapala, porque este es una de las fuentes de trabajo más importantes en la región y abastece de agua potable a la zona metropolitana de Guadalajara.

Las aguas residuales no tratadas de los centros de población y la industria, los agroquímicos y los desechos de la ganadería, son conducidos hacia los ríos tributarios del lago de Chapala, ubicado en el estado de Jalisco y Michoacán. Estos residuos líquidos constituyen las causas principales del problema que enfrenta este cuerpo de agua.

Además de esto, los gobiernos locales tienen dificultades para sanear el agua debido a la inexistencia, inoperancia o mal funcionamiento de las plantas de tratamiento. La desecación es consecuencia de la expansión de la frontera agrícola en la sección oriente del lago, a través de la construcción de un bordo de contención construido a principios del siglo XX para desecar la Ciénega de Chapala.

Esto, en temporada de estiaje, provoca sequías, por lo que es necesario extraer agua del lago para utilizarla en el riego de los cultivos. Por otro lado, cuando es temporada de lluvia, “se debe bombear el agua de la Ciénaga al lago”, para evitar inundaciones en los mismos.

Hay preocupación sobre la nula gestión territorial de la cuenca, pues no hay quién oriente a los agricultores y a los demás sectores relacionados en el territorio para implementar mecanismos de sustentabilidad en el uso del agua que proviene del lago. Junto con ello, se menciona que “aunque existen organizaciones establecidas directamente desde la federación, eso tampoco significa que funcionen”.

Parte de la problemática social es la desigualdad en el acceso de agua “gracias al cambio en los patrones de cultivo”. Esta situación afecta porque se cultivan frutillas con alto consumo de agua del subsuelo, dejando a algunos habitantes sin acceso a la misma. Además, el proceso de invasión de la ribera lacustre para promover el turismo afecta la función natural del lago.

Los daños son catastróficos y se miden ya por un significativo número de muertes, de pérdida de vidas de personas que en muchos casos son niños que no tenían ni culpa o mucho menos responsabilidad alguna, sobre lo que les arrebató su entorno y finalmente su vida.

Por lo anteriormente expuesto, no podemos ser indiferentes ante esta situación, en donde la población jalisciense se está viendo afectada, en la Cuarta Transformación estamos comprometidos con el pueblo y con los que más nos necesitan. Es por eso que, como diputada federal y representante del pueblo de Jalisco, preocupada, y aún más, ocupada por nuestro estado, me permito proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional del Agua y al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a hacer públicas las medidas que están tomando para evitar que el número de muertes por enfermedades renales derivadas de la contaminación de la cuenca Lerma-Chapala siga en aumento, y hacer públicos los informes de la periodicidad con la que se da mantenimiento a las plantas tratadoras de agua en la misma cuenca.

Fuentes

- https://www.gaceta.unam.mx/la-problematica-detras-del-lago-de-cha-pala/

- https://lider919.com/lamentan-primera-muerte-del-ano-por-contamina-cion-del-lag o-de-chapala

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2022.– Diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE DE CHIHUAHUA, A GARANTIZAR EL RETORNO SEGURO A CLASES DEL NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Educación y Deporte de Chihuahua a garantizar el retorno seguro a clases en nivel básico, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena y PT

Los que suscriben, diputados Andrea Chávez Treviño, Susana Prieto Terrazas, Daniel Murguía Lardizábal, Jesús Roberto Briano Borunda, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, y Lilia Aguilar Gil, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Es evidente que todos los aspectos de la forma de vida de la población mundial se vieron afectados a partir del surgimiento de la epidemia por la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (covid-19). El caso de México y el sistema educativo nacional en el que prevalecen la asistencia presencial a las instituciones educativas como parte del modelo educativo, no fue la excepción.

De tal forma que uno de los aspectos más notorios de afectación a la vida cotidiana de las familias mexicanas fue la necesidad de adecuarse a la implementación progresiva de modalidades semipresenciales y virtuales en los sistemas educativos del nivel de educación básica mediante el uso de tecnologías, 1a fin de resguardar la salud e integridad de las alumnas y alumnos de México y al mismo tiempo buscando dar continuidad al desarrollo de sus actividades escolares, procurando que éstas se realizaran desde sus hogares.

Esta nueva realidad generó retos diversos a nivel nacional para las autoridades y familias, especialmente gravosos para aquellas familias del estado de Chihuahua. Los padres de familia chihuahuenses se vieron en la necesidad de procurar internet y computadoras para garantizar que sus hijas e hijos pudieran acceder a las modalidades virtuales de clases; se debieron adecuar horarios coordinados entre quienes se encontraban trabajando desde casa o en modelos escalonados de trabajo semipresencial, de forma que el que no estuviere trabajando, se encargaría de supervisar que cumplieran con los horarios de clase y tareas puntualmente; inclusive, en los casos de las familias con menores ingresos, tuvieron que hacerse cargo de garantizar los desayunos de sus hijas e hijos —beneficio normalmente proporcionado en las escuelas estatales a partir del Programa de Desayunos Escolares—; lo anterior, generando una reorganización de su forma de vida y costos adicionales para estas familias.

Entre estos elementos destacan la inaccesibilidad de las clases vía remota pues representó un factor crucial de complicación, ya que la carencia de computadora, otros dispositivos o conexión de internet fueron una condición sumamente marcada; también lo fue el que las clases a distancia tuvieron como un presupuesto no dicho, la existencia de capacidad técnica o pedagógica de los padres o tutores para transmitir los conocimientos, sin que esta condición necesariamente existiera en los hechos. 2Es así que resulta evidente que la transición a la modalidad virtual trajo consigo complicaciones para familias enteras, en Chihuahua y en todo el país.

De esta realidad se desprenden los datos recogidos en el Informe de las Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional en el que se señala que de 2019 a 2020, la cantidad de estudiantes de nivel básico en el estado de Chihuahua —en la modalidad escolarizada— era un total de 745 mil 414, para el año posterior, es decir de 2020 a 2021, reporta un total de 726 mil 605 alumnos. Esto representa una cifra de 18 mil 809 alumnos que desertaron a raíz de la crisis por covid-19. 3De tal forma que algunos de los efectos de las nuevas modalidades de educativas virtuales o a distancia para los chihuahuenses, se tradujeron desafortunadamente en un incremento importante del porcentaje de deserción escolar. 4A todo esto, se sumó la falta de dinero o recursos que resultó un impedimento en la mayoría de los casos para atender estas nuevas necesidades, especialmente cuando una gran cantidad de padres quedaron desempleados, también como consecuencia de la pandemia.

Es así que, ante este escenario de fuerza mayor que representó la pandemia, la Secretaría de Educación Pública emitió la Estrategia Nacional para el Regreso Seguro a Clases Presenciales en las Escuelas de Educación Básica 2020-2021; 5asimismo, en 2021, con la Secretaría de Salud, expidió la Guía de Orientación para la reapertura de las escuelas ante covid-19, 6documento elaborado conjuntamente por ambas dependencias que incorpora aportaciones de organizaciones internacionales y nacionales. Este último representa una guía para facilitar insumos a las autoridades educativas locales, como lo es la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua, a fin de facilitar elementos para el diseño de sus estrategias para mitigar el riesgo de contagio en las escuelas en el proceso de retorno a clases presenciales.

Por su parte, la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua emitió en el ámbito de su competencia en 2020, el documento titulado Estrategia Chihuahua para el sector educativo del nivel básico, 7 que define a nivel local las modalidades para el retorno seguro a clases presenciales, entre otros aspectos. No obstante, la realidad es que las niñas y niños chihuahuenses al día de hoy en el nivel de educación básica han visto frenado su regreso regular al salón de clases.

Entonces nos encontramos en este escenario en el que sostener el cierre de escuelas en Chihuahua recrudece 8la pobreza y, sin duda, suma a la desigualdad intergeneracional que ha generado la pandemia y que provoca un grado de estudio cada vez menor en promedio; 9lo que a su vez se traduce en que las niños y niños que no están asistiendo a clases, sean carne de cañón para la maquila, la delincuencia y el reclutamiento por parte de grupos narcotraficantes en nuestro estado, que históricamente se ha visto afectado por estos fenómenos.

Es por todo este rezago —tanto económico, social y educativo— que significa la educación a distancia, que padres y alumnos en el estado de Chihuahua han levantado su voz para decir que es momento de regresar a clases presenciales. 10Los padres señalan ya incluso que la falta de clases presenciales —y de la convivencia que esto conlleva— ha afectado emocionalmente a sus hijos con trastornos como ansiedad y depresión.

Es en este contexto, si bien en un primer momento de la pandemia las autoridades educativas establecieron los mecanismos necesarios para crear estas modalidades de educación a distancia y estas acciones fueron indispensables y necesarias; lo cierto, es que a dos años de iniciada la pandemia, hoy la Secretaría de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua cuenta con las herramientas técnicas para guiarse en su labor y escuchar a las madres y padres y a las propias niñas y niños chihuahuenses, que nos piden actuar ya para que el regreso a clases presenciales para sus hijas e hijos sea una realidad en Chihuahua.

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a su consideración la siguiente proposición con

Punto Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado de Chihuahua para que, en el marco de sus atribuciones, implemente las acciones y estrategias necesarias para garantizar el retorno seguro a clases presenciales de forma continua y sostenida en el estado de Chihuahua para las alumnas y alumnos del nivel de educación básica, tomando en cuenta las observaciones de las autoridades de salud que correspondan.

Notas

1 Cfr. Acuerdo Primero, numeral 5 del Acuerdo Sipinna/Ext/01/2020 por el que aprueban acciones indispensables para la atención y protección de niñas, niños y adolescentes durante la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (covid-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 2020.

2 Cfr.

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/23/sociedad/por-covid-1 9-y-falta-de-dinero-desertaron-5-2-millones-de-estudiantes/

3 Cfr.

http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/p rincipales_cifras/principales_cifras_2020_2021_ bolsillo.pdf

4 Cfr.

https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/se-dieron-de-baja- mas-de-cinco-mil-alumnos-por-la-pandemia-chihuahua-entidad-estudiantes-poblacio n-nivel-estudiantil-educativo-nacional-6749102.html

5 Cfr.

https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documen to/202105/202105-RSC-qOIksgis3w-Estrategianacional_ Regreso_Clases.pdf

6 Cfr.

https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/Guia-orien tacion-para-la-apertura.-28-mayo-2021-SALUD.pdf

7 Cfr.

http://educacion.chihuahua.gob.mx/sites/default/files/estrategia _chihuahua_seyd.pdf

8 Cfr.

https://laopcion.com.mx/opinion/regreso-a-clasesya-20220207-3732 57.html

9 Cfr.

https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/ninos-y-jovenes -mexicanos-tendran-hasta-tres-anos-de-rezago-escolar-7355848.html

10 Cfr.

https://www.omnia.com.mx/noticia/208196/piden-padres-y-ninos-reg reso-a-clases-presenciales;

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2022.– Diputadas y diputados: Andrea Chávez Treviño, Susana Prieto Terrazas, Daniel Murguía Lardizábal, Jesús Roberto Briano Borunda, Lilia Aguilar Gil (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

EXHORTO AL CNSP Y AL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL, A COORDINARSE PARA INCLUIR DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE LA SSPC, EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL ESTATALES

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al CNSP y el CNPC a coordinarse para incluir en los programas de la SSPC el fortalecimiento de las unidades de protección civil estatales, a cargo del diputado Francisco Javier Castrellón Garza, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputado Francisco Javier Castrellón Garza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 6 y en las fracciones I y V del Apartado 2 del artículo 79, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente por el que se exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública y al Consejo Nacional de Protección Civil a coordinarse para incluir dentro de los programas con prioridad nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el fortalecimiento de las unidades de protección civil estatales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024, publicado el 2 de julio de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, establece dentro de sus objetivos prioritarios el fortalecer la Gestión Integral del Riesgo para construir un país sostenible, seguro y resiliente.

6.- Objetivos prioritarios

El Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024 se integra por cinco objetivos prioritarios definidos a través de lo establecido en el PND 2019-2024 y en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno de la República para contribuir al cambio de paradigma en materia de seguridad.

Los objetivos prioritarios, estrategias y acciones puntuales se orientan a la atención del origen estructural de la delincuencia, el crimen organizado, la violencia y en general de todos los aspectos que puedan poner en riesgo a la ciudadanía para ofrecer seguridad y protección de manera coordinada entre los diferentes órdenes de gobierno.

Se generarán las condiciones para el bienestar de la población con el objetivo de impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional en un marco de paz y seguridad.

Así, el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024, en su Objetivo 5: Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos para construir un país sostenible, seguro y resiliente, se propone el combatir las causas estructurales de los desastres y fortalecer las capacidades de resiliencia de los mexicanos, bajo la premisa de: No dejar a nadie atrás y no dejar a nadie fuera.

En dicho documento, se reconoce que los fenómenos perturbadores ocasionan desastres que afectan la vida, integridad y salud de los mexicanos más vulnerables, alteran o inhabilitan los servicios públicos e infraestructura; además de perturbar las actividades económicas y sociales.

De igual manera, reconoce que la ubicación geográfica de nuestro país, al situarnos en algunas de las zonas tectónicas con mayor actividad sísmica y encontrarnos en una zona tropical, somos susceptibles de sufrir terremotos y fenómenos hidrometeorológicos de considerable magnitud.

En el Programa Sectorial, se hace mención a los datos del Cenapred, donde se señala que, los fenómenos hidrometeorológicos son los que mayor impacto negativo han tenido en nuestro país, en las últimas dos décadas.

Por lo que respecta a los sismos, se menciona que en nuestro territorio interaccionan cinco placas tectónicas, por lo que es necesario identificar las áreas más expuestas a daños, para estimar riesgos y adecuar los criterios de protección, para mitigar al máximo posible los riesgos.

Igualmente, se reconoce que, la limitada vinculación entre los sectores social, académico, privado y gubernamental; así como la nula coordinación interinstitucional y modulación de políticas públicas, un marco legal desactualizado y heterogéneo, la falta de mecanismos y fondos para la prevención, una posición reactiva ante el riesgo y la emergencia, el agravamiento del calentamiento global, imposibilita la resiliencia de nuestra sociedad.

Al respecto, se observa la necesidad de priorizar el fortalecimiento de las unidades de protección civil estatal y municipales, pues solo 15 por ciento de los municipios del país (383) cuentan con su atlas municipal de riesgos.

A la par, se deja ver la urgencia de poder contar con un Sistema de Alerta Temprana para avizorar peligros múltiples en el ámbito local, permitiendo la implementación de protocolos de acción oportuna.

A continuación, se transcribe el Objetivo 5: Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos para construir un país sostenible, seguro y resiliente, para su mejor comprensión:

El Objetivo 5: Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos para construir un país sostenible, seguro y resiliente, busca combatir las causas estructurales de los desastres y fortalecer las capacidades de resiliencia de la sociedad; conlleva un conjunto de acciones institucionales para cumplir con una de las atribuciones sustantivas conferidas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de acuerdo con el principio rector del PND 2019 - 2024: No dejar a nadie atrás y no dejar a nadie fuera.

Las características de nuestro país nos obligan, como sociedad, a estar informados y preparados. Los fenómenos perturbadores que pudieran ocasionar desastres afectan la vida, integridad y salud de las personas, principalmente de los más vulnerables, tienen un impacto directo en los bienes muebles e inmuebles de la sociedad, de los gobiernos, asociaciones, universidades, colegios; alteran o inhabilitan los servicios públicos e infraestructura, y afectan las actividades económicas y sociales.

Por su ubicación geográfica, México está sujeto a la influencia de diferentes fenómenos capaces de ocasionar desastres; de particular importancia son los efectos que el cambio climático tiene en los fenómenos hidrometeorológicos, tales como lluvias, vientos, mareas de tormenta, inundaciones, inestabilidad de laderas entre otros. De acuerdo con datos del Cenapred, estos fenómenos son los que han tenido mayor impacto en los últimos 20 años. El conocimiento de los principales aspectos de los fenómenos hidrometeorológicos, la difusión de la cultura de protección civil en la población y la aplicación de las medidas de prevención de desastres pueden contribuir de manera importante en la reducción de daños ante los fenómenos relacionados con el agua.

México es también, sísmico y volcánicamente activo. El territorio nacional tiene la interacción de cinco placas tectónicas. Todos los días se presentan sismos, por lo que es sumamente relevante llevar a cabo estudios para identificar las áreas más expuestas a daños en diferentes niveles y, con ello, estimar escenarios futuros, así como adecuar los criterios para la mitigación del riesgo.

La limitada vinculación entre los sectores social, académico, privado y gubernamental, aunada a la falta de coordinación interinstitucional y armonización de políticas públicas, con un marco legal desactualizado y heterogéneo, insuficientes mecanismos y fondos preventivos, una prevaleciente visión reactiva ante el riesgo de desastres, así como una degradación ambiental creciente, no permiten que el país sea resiliente, en temas relacionados con la seguridad y bienestar de la población y el eficiente manejo del entorno físico, sustentado en criterios de ordenamiento territorial y la inclusión social. La presencia de peligros en el territorio, aunada a las condiciones de exposición y vulnerabilidad creadas por la actividad humana, dan como resultado un incremento en los escenarios de riesgo, que de materializarse comprometen el desarrollo del país y acentúan las asimetrías en el bienestar social.

El conocimiento de los fenómenos naturales y actividades humanas, las vulnerabilidades de los sistemas expuestos, la difusión de la cultura de protección civil en la población y la aplicación de estas medidas pueden contribuir de manera importante en la prevención de riesgos y desastres. Para ello, es necesario contar con herramientas como los atlas de riesgos y los sistemas de alerta temprana.

Los atlas de riesgos son el marco de referencia para la elaboración de políticas públicas para la gestión del riesgo de desastres. México cuenta con un ANR y las 32 entidades federativas tienen su respectivo atlas, sin embargo, únicamente el 15 por ciento de los municipios (383) cuentan con su atlas municipal. Adicionalmente, la información contenida en estos instrumentos no es utilizada para la toma de decisiones en la planeación del desarrollo, el ordenamiento territorial, la implementación de medidas para la reducción del riesgo, la atención de emergencias o la reconstrucción.

La escasa planeación y articulación de programas de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial, así como las debilidades en el marco normativo y en su observancia, favorecen el crecimiento de vulnerabilidades y limitan la operación de la política pública de protección civil. De ahí que existan mecanismos insuficientes de prevención de riesgos, falta de profesionalización y de coordinación entre los integrantes del SINAPROC, así como una vinculación débil con la población y los sectores social, privado y académico.

Los mecanismos para la transferencia y apropiación social del conocimiento sobre protección civil no han logrado tener el impacto deseado; la ausencia de un Sistema de Alerta Temprana con enfoque de peligros múltiples que permita la difusión de información en lo local, para llevar a cabo los protocolos de acción oportuna, es otra debilidad del SINAPROC. Estas circunstancias afectan el bienestar social y el desarrollo de la economía, pues al no contar con un modelo o sistema que integre en una misma plataforma los avisos generados por las diversas instituciones encargadas del monitoreo de los fenómenos perturbadores, que permita tomar medidas necesarias ante un fenómeno o una situación de emergencia, un bajo porcentaje de la población recibe alertas acompañadas de información oportuna, accesible e incluyente.

En este sentido, México enfrenta el reto de superar la falta de coordinación interdisciplinaria que favorezca la investigación aplicada para la solución de problemas por parte de las universidades e instituciones relacionadas a nivel local.

Por ello, es necesario fortalecer la prevención con un enfoque estratégico de la GIR, las capacidades institucionales y de cooperación internacional, los instrumentos financieros, el marco jurídico y la promoción del desarrollo de una sociedad resiliente.

Es decir, el diseño normativo e institucional requiere una clara alineación y congruencia, considerando los instrumentos internacionales existentes, que permitan seguir mejorando la construcción de la cultura de protección civil, en la que la ciudadanía esté empoderada con conocimiento y tenga la capacidad de identificar cualquier riesgo que la pudiera poner en peligro, reducirlo y responder efectivamente ante emergencias y desastres.

Necesitamos fortalecer los instrumentos normativos para tener un marco jurídico que construya un adecuado sistema de monitoreo de fenómenos naturales que traduzcan sus resultados en pronósticos puntuales, armonice las facultades en los tres órdenes de Gobierno y fortalezca la planificación urbana y ordenamiento territorial con un enfoque incluyente, generando factores que reduzcan sistemáticamente el riesgo de desastres.

Los sistemas de monitoreo deben formar parte de la GIR, al proveer información para la toma de decisiones en materia de protección civil, siendo herramientas necesarias para mejorar el conocimiento y análisis sobre los peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como para coadyuvar en el diseño de medidas de reducción de riesgos, bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos, inclusión y perspectiva de género, diferenciada e intercultural.

La coordinación en materia de protección civil, en su ánimo de sumarse a la transformación de México y participar en temas de inclusión y equidad en un marco de respeto a los derechos humanos, ha asumido compromisos internacionales, tales como el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015 - 2030, adoptado durante la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, celebrada en la ciudad del mismo nombre en Japón, expresa la necesidad de comprender mejor el riesgo de desastres en todas sus dimensiones relativas a la exposición, la vulnerabilidad y características de las amenazas; el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres, incluidas las plataformas nacionales; la rendición de cuentas en la gestión del riesgo de desastres; la necesidad de prepararse para “reconstruir mejor” y el reconocimiento de las partes interesadas y sus funciones.

Igualmente, reconoce que la movilización de inversiones debe orientarse hacia el impedimento de nuevos riesgos; la resiliencia de la infraestructura sanitaria, del patrimonio cultural y de los lugares de trabajo; el fortalecimiento de la cooperación internacional y la elaboración de políticas de los donantes y programas que tengan en cuenta los riesgos, incluidos los préstamos y el apoyo financiero brindados por las instituciones financieras internacionales.

Asimismo, se alinea con seis de los ODS de la Agenda 2030 que son el fin de la pobreza; igualdad de género, diferenciada e intercultural; industria, innovación e infraestructura; reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles, y acción por el clima, encauzando sus acciones con el firme propósito de asegurar el progreso social y económico, garantizando los derechos humanos de todas las personas.

El Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024 busca fortalecer los mecanismos de coordinación; priorizar el uso de inteligencia sobre el uso de la fuerza; el fortalecimiento de capacidades institucionales; la intervención en regiones prioritarias; el desarrollo social y el respeto a los derechos humanos; el fortalecimiento tecnológico; impulsar el nuevo modelo nacional de policía y justicia cívica; el fortalecimiento del Sistema Penitenciario; erradicar la corrupción; reformular el combate a las drogas; articular la seguridad pública, la seguridad nacional y la paz; establecer la Guardia Nacional; y construir una sociedad más resiliente y sustentable ante los riesgos de fenómenos perturbadores.

La coordinación resulta un instrumento fundamental para la implementación de este programa, en virtud de que las acciones que en el mismo se prevén, deben ir alineadas a las diversas disposiciones que se vinculan con la seguridad pública, seguridad nacional, derechos humanos, protección civil, responsabilidad hacendaria, Sistema de Justicia Penal, instrumentos internacionales y todas aquellas relativas a las atribuciones de la administración pública federal.

El atraso que padecen las unidades de protección civil locales es enorme, así lo demuestran los propios datos del SINAPROC; no es ajeno al dominio público que, a partir de la inclusión de las corporaciones policiales en los Programas de Prioridad Nacional, se fortaleció el papel de las corporaciones de seguridad en las entidades federativas y a nivel nacional.

Asimismo, también es de dominio público que las unidades de protección civil en las entidades federativas, especialmente los departamentos de bomberos, subsisten con recursos muy limitados, donados, de segunda mano, o de plano obsoletos; dicho esto, ahora que el tema de protección civil ha pasado a ser parte de seguridad pública es necesario fortalecer las instituciones de protección civil y que por el papel que desarrollan en nuestra comunidad cuentan con el apoyo de la ciudadanía, la gente las reconoce en su justa dimensión; pero que, sin embargo, se han mantenido alejadas de los prepuestos institucionales.

La crisis económica de las unidades de protección civil se ha agravado con la desaparición del Fonden, por lo que, ahora, es necesario incluir estas instituciones, tan valiosas en materia de salvaguarda de la integridad, la vida y los bienes de los mexicanos, en los esquemas de financiamiento y fortalecimiento de los programas de Protección Civil, tanto en el orden federal como local y municipal.

Por todo lo expuesto, es urgente y necesaria la coordinación entre el Consejo Nacional de Seguridad Pública y al Consejo Nacional de Protección Civil para la inclusión de las unidades de protección civil, dentro de los programas de prioridad nacional por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Con su inclusión, como programa con prioridad nacional, se posibilita a los gobiernos estatales a poder destinar parte de los recursos que obtienen de la federación a través del programa Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para fortalecer dichas unidades de protección civil.

Actualmente existen 10 programas con Prioridad Nacional dependientes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, según los lineamientos publicados el 17 de julio del 2020, por ello a través de este exhorto solicitamos se someta a la consideración añadir como programa número 11.- El Fortalecimiento de las unidades de Protección civil en las Entidades Federativas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional de Seguridad Pública y al Consejo Nacional de Protección Civil a coordinarse para incluir dentro de los programas con prioridad nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el fortalecimiento de las unidades de protección civil estatales y municipales, así como a gestionar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el otorgamiento de recursos específicos para tal fin.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los congresos locales de las 32 entidades federativas a que adecuen sus respectivos marcos normativos, con el objeto de incluir a las unidades, o direcciones, de protección civil en los esquemas presupuestales y con ello fortalecer el importante papel que desempeñan en la salvaguarda de la integridad, la vida y los bienes de los mexicanos.

Referencias

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596028&fecha =02/07/2020

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596911&fecha=17/0 7/2020

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de febrero de 2022.– Diputado Francisco Javier Castrellón Garza (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.