INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 12, numeral 2, del Reglamento de la Contingencia Sanitaria, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a diversas iniciativas con proyecto de decreto y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 3 de marzo de 2022 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2022.– Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (rúbrica), presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que adiciona un artículo 142 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen, y a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para opinión.

2. Que reforma el artículo 537 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

3. Que reforma los artículos 7o. y 24 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

4. De decreto por el que se inscribe con Letras de Oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el nombre: Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201, a cargo del diputado Javier Casique Zárate, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

5. Que reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

6. Que reforma el artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

7. Que reforma los artículos 3o., 4o. y 15 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo de la diputada Karla Ayala Villalobos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Juventud, para dictamen.

8. Que adiciona el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo del diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

9. De decreto por el que se inscribe con Letras de Oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el nombre de Félix Osores Sotomayor, suscrita por los diputados Marco Antonio Mendoza Bustamante y Johana Montcerrat Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

10. Que reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gustavo Cárdenas Monroy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

11. Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Sámano Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión Puntos Constitucionales, para dictamen.

12. Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de atención a la población migrante, sus familias y comunidades, a cargo del diputado Mariano González Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Bienestar, para dictamen, y a la Comisión de Asuntos Migratorios, para opinión.

13. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género, a cargo del diputado Pedro Armentía López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión.

14. Que reforma el artículo 199 Octies del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Ma. Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión.

15. Que adiciona los artículos 25 y 43 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen, y a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para opinión.

16. Que reforma el artículo 17 de la Ley de la Industria Eléctrica, suscrita por los diputados Melissa Estefanía Vargas Camacho y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

17. Que reforma el artículo 6o. del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen, y a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para opinión.

18. Que reforma el artículo 2o. A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

19. Que adiciona el artículo 73 Bis a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo del diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

20. Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

21. Que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Jorge Triana Tena y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SICT, a analizar los títulos de concesión otorgados para la instalación de casetas telefónicas en la vía pública y autorice el retiro inmediato de aquellas que han perdido el fin para el que fueron instaladas, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a efecto de que nombre a la persona titular del SIPINNA, a cargo de la diputada Adriana Campos Huirache, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conade, a elaborar un Plan de Deporte Social, a cargo del diputado Brasil Alberto Acosta Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Deporte, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a regularizar la relación laboral con el personal del programa TAOC (Talleres de Artes y Oficios Comunitarios para el Bienestar), a cargo de la diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Cofepris, a implementar todas las medidas para facilitar la aplicación a todas las personas mayores de 5 años de edad, las vacunas gestionadas por diversas entidades federativas con gobiernos de los Estados Unidos de América, a cargo del diputado Juan Francisco Espinoza Eguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a implementar los ajustes necesarios en el Programa de Vacunación Universal, haciendo efectiva la vacunación contra el VPH, en niñas entre 9 y 14 años de edad y se haga extensiva a las jóvenes de hasta 26 años de edad, a cargo de la diputada Frinné Azuara Yarzábal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSPC y al Inmujeres, a que realicen una campaña a nivel nacional para la promoción de los mecanismos, instrumentos y herramientas, con el fin de que las niñas y mujeres, puedan realizar las denuncias correspondientes por casos de violencia digital, a cargo del diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, a establecer programas, acciones y apoyos emergentes contra la sequía, el desempleo y el alto precio de los alimentos, a cargo de la diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federales y del estado de Puebla, a realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer los lamentables hechos sobre el caso del niño encontrado sin vida al interior de un penal y fincar las sanciones penales correspondientes, suscrito por los diputados Ana Lilia Herrera Anzaldo, Mariana Erandi Nassar Piñeyro y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS, a realizar una revisión de las reglas de operación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro a efecto de considerar que los que hayan sido sujetos del apoyo y decidan continuar sus estudios se les continúe con el apoyo hasta la conclusión de los mismos, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua, a emitir la declaratoria de emergencia por sequía en el estado de Nuevo León, y a los servicios de agua y drenaje de Monterrey atiendan la crisis de agua y evalúen la reactivación de proyectos de infraestructura hídrica, suscrito por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Andrés Mauricio Cantú Ramírez y Juan Francisco Espinoza Eguía y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la SRE y de la Semarnat, con relación a las reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por buques, a cargo del diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al estado de Tlaxcala, a salvaguardar el patrimonio cultural que se encuentra en el Museo de Arte de Tlaxcala y para iniciar las investigaciones para deslindar las responsabilidades correspondientes derivadas de la apertura de un bar en el segundo piso de este museo, a cargo de la diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nuevo León, a brindar un espacio de interlocución para escuchar las inconformidades y propuestas de solución, de los ciudadanos que habitan la Zona Sur de dicha entidad con relación a la construcción de la Línea 4 y 5 del metro, a cargo de la diputada Karina Marlen Barrón Perales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, a través de la SICT, a agilizar la rectificación del tramo los Chorros, en la carretera federal 57, con el objetivo de que se prevengan accidentes fatales, a cargo del diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud, a acelerar el proceso de vacunación contra el Covid-19 entre las y los niños de 12 años de edad en adelante, suscrito por los diputados Marco Antonio Mendoza Bustamante y Cristina Ruiz Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretaría de Bienestar, a la SEP y a la Secretaría de Salud, a fin de coordinar acciones tendientes a la atención integral de las personas con discapacidad auditiva, a cargo de la diputada Laura Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ISSSTE, a instrumentar los lineamientos internos para el otorgamiento de las licencias laborales para padres y madres de niñas, niños y adolescentes diagnosticados con cáncer, a cargo del diputado Tereso Medina Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a realizar una revisión salarial para las y los trabajadores docentes y administrativos de los institutos tecnológicos descentralizados del país, con la finalidad de garantizar la igualdad salarial, a cargo de la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conade, a implementar acciones para la continuidad del otorgamiento de becas económicas y académicas para los atletas, a cargo del diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Deporte, para dictamen.

21. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conadis, a instalar su Asamblea Consultiva, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

22. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a ampliar la vacunación contra el virus SARS-CoV-2, en el grupo etario de 5 a 14 años, a cargo del diputado Miguel Sámano Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

23. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a crear un mecanismo intersectorial de protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes, a cargo de la diputada Sofía Carvajal Isunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

24. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SICT, al IFT y a la Profeco, a publicar las acciones administrativas y normativas que están llevando a cabo para garantizar a los usuarios la calidad del servicio de telefonía móvil, a cargo del diputado Alan Castellanos Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

25. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex, a emitir un boletín nacional en el que pronuncie postura respecto a los grumos de hidrocarburo que arribaron a lo largo de 135 kilómetros en las costas de Campeche, a cargo del diputado Pedro Armentía López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

26. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SICT, a concluir con las obras de reparación de los daños ocasionados por la tormenta tropical Hanna, en la avenida Morones Prieto en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, a cargo de la diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Infraestructura, para dictamen.

27. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a constituir un grupo de trabajo con los legisladores de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta soberanía, la Semarnat, el CJF y la SCJF, a cargo del diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

28. Con punto de acuerdo, para crear una Comisión Especial cuyo propósito es el esclarecimiento de la denuncia pública efectuada por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo del diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

29. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a las entidades federativas y a la FGR, a garantizar la libertad de expresión, el ejercicio de la labor periodística, la vida, seguridad, integridad y reparación del daño de los periodistas y profesionales de la comunicación en México, a cargo de la diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución.

Turno: Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

30. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la colegisladora, a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan un párrafo XI, al artículo 2o. de Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y se reforman el artículo 418 primer párrafo y el artículo 419 primer párrafo del Código Penal Federal, propuesta por la senadora Delfina Gómez, turnada a las Comisiones Unidas de Justicia, y Estudios Legislativos, a cargo del diputado Fernando Marín Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

31. Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para hacer frente a la situación de emergencia que vive la niñez y adolescencia derivado del desabasto de medicamentos y violencia infantil, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Junta de Coordinación Política para su atención.

32. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, a fin de adecuar las disposiciones generales de contratación para Pemex y sus empresas productivas subsidiarias, a cargo del diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

33. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conade, a no reducir y rediseñar el tabulador para los apoyos económicos mensuales de los atletas becados, a cargo de la diputada Karla Ayala Villalobos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Deporte, para dictamen.

34. Con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial para revisar el funcionamiento del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas derivado del preocupante incremento de asesinatos de periodistas en nuestro país, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

35. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a presentar públicamente un informe especial sobre la situación nacional contra delitos a periodistas, a cargo de la diputada Sofía Carvajal Isunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

«Iniciativa que adiciona el artículo 142 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Eufrosina Cruz Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institu-cional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 142 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que se programen, presupuesten y aporten fondos especiales a los municipios, en materia de fondos de ayuda federal para la seguridad pública, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

En los últimos años la problemática que enmarca la seguridad pública se ha materializado en la principal preocupación de los ciudadanos mexicanos.

Debemos entender que la seguridad pública no solo es un servicio, sino que es una función primordial del Estado Mexicano, brindando siempre seguridad integral a los ciudadanos ello a través de las instituciones de gobierno.

Es necesario e importante destacar que ésta función está a cargo de la Federación, los Estados y por supuesto los municipios, cuyas competencias en las materias se encuentran señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, donde se identifica que se debe establecer, en términos de ley, un Sistema Nacional de Seguridad Pública en el que incidan los tres órdenes de gobierno con la finalidad de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pro-piciando que la actuación de las instituciones policiales, se rijan por los principios de legalidad, eficiencia, profesio-nalismo y honradez.

En contraparte, la inseguridad genera desestabilidad social e impide el desarrollo económico; al incrementarse la inseguridad, proporcionalmente se deteriora el nivel de vida de la población. Sin embargo, el problema de la inseguridad no tiene su raíz en la delincuencia, sino en los problemas que han hecho que ésta se acrecenté; la falta de un sistema educativo que proporcioné herramientas de desarrollo social y personal, la limitada oferta de empleos bien remunerados y la falta de distribución equitativa de la riqueza, hacen que las personas encuentren en la delincuencia una forma de subsistencia.

En tal sentido, cabe destacar que el crimen y la violencia son factores que amenazan la seguridad pública. Estos, a su vez, pueden ser propiciados por múltiples factores, entre los que se encuentran algunas condiciones sociales, como el nivel educativo, la desigualdad de ingresos, el desempleo y el crecimiento económico, entre otras. No obstante, la relación entre estas variables puede ser bidireccional y por tanto, complicar el diagnóstico de causalidad. Adicional a ello se presenta la tendencia y evolución de algunas de estas condiciones sociales en las últimas dos décadas y su comparación con los niveles de violencia e incidencia delictiva registrados a nivel nacional.

Por ello, “para hacer frente al problema, se aprobaron cambios legales con el fin de aumentar penas y crear nuevos tipos penales, se reformó el sistema procesal penal y se legisló en ámbitos como el de justicia para adolescentes, sistema penitenciario, delincuencia organizada o coordina-ción en materia de seguridad pública. Sin embargo, a pesar de todos estos cambios, la criminalidad no ha cedido y la percepción de inseguridad se ha incrementado, deteriorando la calidad de vida de los mexicanos. De tal manera repetir las mismas estrategias no va a generar resultados distintos y sí en cambio, podrá agravar más la situación ya de por sí delicada en muchos estados y ciudades del país.

El gobierno de la República entiende que recuperar las seguridad en el país, es un trabajo que trasciende la competencia de las policías y de la justicia cívica, ya que se requiere de una procuración de justicia capaz de litigar las imputaciones exitosamente en los tribunales, de una defensoría que proteja al inocente, de tribunales que permitan conocer la verdad de los hechos a través del principio de contradicción procesal protegiendo al inocente, sancionando al culpable y de un sistema de ejecución de sanciones que promueva el justo cumplimiento de la sanción y la reinserción de los sentenciados.

En este sentido, la política de paz y seguridad del actual gobierno de México gira en torno a cuatro grandes ejes;

a) Una sólida política anticorrupción, acompañada de políticas de desarrollo social y económico que fortalezcan el tejido social;

b) La creación de la Guardia Nacional que busca combatir los delitos más graves y al mismo tiempo ser subsidiaria con los gobiernos estatales y municipales, considerando las limitaciones en los estados de fuerza con los que cuentan;

c) El fortalecimiento de las policías estatales y municipales para que paulatinamente asuman a plenitud sus funciones y facultades y se articulen con el Ministerio Público para la investigación y persecución de los delitos; y

d) El desarrollo de un sólido sistema de justicia cívica y programas de trabajo en favor de la comunidad que prevenga el delito en sus etapas más tempranas.

Sin embargo, también es consciente —considerando los datos de incidencia delictiva— que la inseguridad proviene en su mayor parte de faltas administrativas y delitos que pueden atender y resolver las policías locales y la justicia cívica, por lo que el fortalecimiento organizacional y funcional de estas instituciones tendrá un impacto determinante en la recuperación de la seguridad en el país.

El artículo 115 constitucional —que establece que los municipios tendrán entre las funciones y servicios públicos a su cargo, la seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito— no distingue entre aquellos con menor o mayor población, o con mayores o menores capacidades de gobierno. Desde el punto de vista constitucional los municipios metropolitanos tienen las mismas facultades legales que aquellos con poblaciones muy reducidas o dispersas.” 1

No obstante, en materia de seguridad municipal ha quedado a deber, al no cumplir cabalmente con lo establecido con el artículo 21 constitucional.

Teniendo presente que “ la policía municipal es uno de los actores del Estado con mayor interacción directa con la población. Sin embargo, actualmente este vínculo se encuentra seriamente deteriorado. Para que la acción policial tenga como resultado la pacificación del país, que se manifieste en la reducción del delito y la violencia, así como en mejoras sensibles en la percepción de la seguridad y la confianza en esta autoridad, es necesario transformar la forma en la que opera la policía en México. Por ello, se propone un modelo que permita hacer el tránsito de una visión de la policía vista como un “cuerpo represivo del Estado” para convertirse en un verdadero “facilitador de la vida social”. 2

Se debe agregar que la seguridad municipal es uno de los principales servicios que el ayuntamiento proporciona de manera directa a la población, derivado de ello, es urgente y necesario, dotar de recursos bastos a los municipios de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para que en el ámbito de atribuciones la propia autoridad municipal, profesionalice y equipe, a los integrantes de la seguridad pública municipal. Además de ello dote a los integrantes de la policía municipal con infraestructura de calidad y tecnología suficiente, con la finalidad de salvaguardar la integridad y derechos de las personas de su municipio, así como preservar las libertades, el orden y la paz propiciando que la actuación de la institución policial que representan, se rija por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 

Sin embargo, nuestra realidad actual manifiesta que “durante los últimos once años, la victimización general y el homicidio doloso del país se han incrementado de manera constante en varias ciudades. Actualmente, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018 (Envipe), siete de cada 10 personas se sienten inseguras en su ciudad o municipio de residencia. Paradójicamente, en este mismo contexto las instituciones de seguridad pública a nivel local, especialmente las corporaciones policiales, han sido abandonadas y en algunos casos, prácticamente desmanteladas.

A su vez, los policías municipales conocen como ninguna otra corporación los problemas de seguridad que afectan a la mayoría de la población en las zonas urbanas de México. No existe otro actor del estado que, como parte de su trabajo cotidiano en las calles, esté más expuesto a las dinámicas delictivas y de violencia cotidiana, a sus facilitadores y detonantes. La estrategia federal de seguridad, centrada desde hace una década en el combate frontal al crimen organizado, deja de lado que la mayoría de los delitos que ocurren en México son del fuero común y su prevención, investigación, persecución y sanción corresponde a los sistemas de seguridad y justicia de nivel subnacional.

“Ante la adversidad y franca emergencia de la última década en este ámbito, la respuesta de varias ciudades fue desarrollar las capacidades de sus instituciones de seguridad pública. Otras, permanecen pasmadas ante las oleadas de problemas y sin planes para intervenir sus policías, entre la negligencia y la incompetencia; pero nada indica que aquél sea un destino irrenunciable. Por el contrario, la esperanza de que la seguridad en México se puede recuperar si se fortalece a las policías municipales está bien fundamentada empíricamente en dos hallazgos que se presentan a continuación. 3

Primero, la probabilidad de que una persona se sienta segura en su ciudad aumenta si tiene confianza en la policía municipal, más que en cualquier otra corporación policial, de acuerdo con el análisis del World Justice Project a los datos trimestrales 2016-2019 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI. 4

Incremento en puntos porcentuales de la población que se siente seguro en su ciudad, en relación con la confianza por corporación

Policía municipal        13.8

Policía estatal                         6.6

Policía federal             6.2

Fuente: Cálculos de WJP con base en ENSU 2016-2019, Inegi.

La crítica a las policías en México está fundada y justificada en la mayoría de los casos; no actuar en consecuencia ha resultado costoso en varias dimensiones. Por otro lado, no voltear a ver los casos donde la policía se está ganando la confianza de la población en estas ciudades, es un error.

“El segundo hallazgo que sustenta el imperativo de fortalecer las policías municipales consiste en que son —por mucho— las que atienden en persona las solicitudes de ayuda de la población. Esto quiere decir que en la mayoría de los casos, la policía municipal es primer actor del Estado con el que tiene contacto una víctima o un testigo de un delito. La información sobre los hechos que la policía está obligada a recopilar en estos momentos –además de recibir la denuncia in situ–, hace la diferencia entre la captura responsable de su comisión y la impunidad. La evidencia física debidamente preservada y la ubicación de testigos son los factores con mayor peso en la probabilidad de lograr un arresto y las unidades de investigación de estas corporaciones son las más indicadas para el trabajo, ya que cuentan con acceso inmediato a los sistemas de video vigilancia instalados en el territorio, que permiten identificar, incluso, placas de vehículos en tiempo real. De ahí la relevancia de la investigación por parte de la policía municipal.” 5

En consecuencia, el Estado de Derecho genera confianza y garantiza a sus habitantes la tranquilidad de que su integridad y su patrimonio se encuentran exentos de todo riesgo. La seguridad pública forma parte esencial de este proceso, porque es el instrumento primordial a través del cual el Estado garantiza la estabilidad social, la seguridad y la justicia entre sus habitantes.

Por lo tanto, toca al Legislativo federal, tomar previsiones concretas en materia presupuestal para que el fortalecimiento de las policías municipales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, ello con la finalidad que sea prioridad en el año 2022.

En tal tenor, el artículo 2o. de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública menciona que “la seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

No obstante, dicho precepto legal, no puede mate-rializarse ni mucho menos garantizarse, si en los mu-nicipios indígenas y afromexicanas, no reciben recursos especiales para que la autoridad municipal, profesio-nalice y equipe, a los integrantes de la seguridad pública municipal, de igual modo dote a los integrantes de la policía municipal con infraestructura de calidad y tecnología suficiente, con la finalidad de salvaguardar la integridad y derechos de las personas.

Es por ello por lo que es importante y necesario adicionar el artículo 142 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que se programen, presupuesten y aporten fondos especiales a los municipios, en materia de fondos de ayuda federal para la seguridad pública.

Fundamento legal

Por lo anterior expuesto, con fundamento en los artículos 71 fracción II Y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 6 numeral 1, fracción I; artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de la Comisión Permanente el presente:

Denominación del proyecto de decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 142 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que se programen, presu-puesten y aporten fondos especiales a los municipios, en materia de fondos de ayuda federal para la seguridad pública.

Texto normativo propuesto

Artículo Único. - Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 142 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que se programen, presupuesten y aporten fondos especiales a los municipios, en materia de fondos de ayuda federal para la seguridad pública, para quedar como sigue:

Artículo 142 Bis — 

Se dotará con un Fondo Especial para la Seguridad Pública Municipal de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, con independencia de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública a que se refiere el artículo 142 de la presente ley.

En tal sentido el Consejo Nacional de Seguridad Pública adoptará criterios que beneficien ampliamente a los municipios de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, ello con la finalidad de obtener mayores beneficios en la designación de recursos federales y garantizar los fines de seguridad pública referidos en el artículo 25, fracciones IV y VII, de la Ley de Coordinación Fiscal.

La entrega del Fondo Especial para la Seguridad Pública Municipal de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, se realizará conforme a los criterios del artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.  Todos los bienes que se hubieren obtenido para el cumplimiento de los objetivos planteados en la adición del artículo 142 Bis de esta ley, se conservarán por los municipios de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, bajo estricto control y regulando la administración y disposición.

Notas

1 https://www.dof.gob.mx/2021/SSPC/SEGURIDADyPC_260121.pdf

2 Ibídem.

3 https://seguridad.nexos.com.mx/dos-razones-de-peso-por-la-policia-municipal/

4 Para obtener este dato, el World Justice Project realizó un análisis de regresión logística pooled con efectos fijos (para cada estado y año) con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) entre el tercer trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2019, en el que la variable dependiente es la probabilidad de sentirse seguro en la ciudad que se habita y las variables dependientes son la confianza en cada uno de las tres policías y los efectos fijos. Posteriormente, se calculó el efecto marginal promedio de confiar en cada una de las policías sobre la probabilidad de sentirse “algo” o “muy” seguro en su ciudad.

5 https://seguridad.nexos.com.mx/dos-razones-de-peso-por-la-policia-municipal/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 9 de febrero de 2022.– Diputada Eufrosina Cruz Mendoza (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen, y a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para opinión.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

«Iniciativa que reforma el artículo 537 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, Yericó Abramo Masso, diputado federal de la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción VI del artículo 537 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho al trabajo esta tutelado por nuestra Carta Magna, al establecer en su artículo 123 que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

Por otra parte, en lo referente a la discriminación por edad, el quinto párrafo del artículo 1o. de nuestra Constitución establece con toda precisión la prohibición de la discriminación por este motivo, al enunciar que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En el ámbito laboral, uno de los sectores más discriminados en nuestro país lo constituyen los jóvenes, que de acuerdo con el Censo Nacional de Población del Inegi 2020, en México hay un total de 31 millones 221 mil 786 de jóvenes de 15 a 29 años, 25 por cinto del total nacional, de los cuales 15 millones 732 mil 348 son mujeres y 15 millones 489 mil 438 son hombres. 1

Como consecuencias por la crisis provocada por el Covid-19, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) estima que uno de cada seis jóvenes se encuentra sin trabajo.

En el mundo, uno de cada cinco jóvenes no trabaja ni participa en ningún programa de enseñanza o de formación. De estos tres de cada cuatro son mujeres (OIT: 2019).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la población de 20 a 29 años es la que tiene un mayor número de personas desocupadas. Al tercer trimestre de 2021, casi 913 mil personas de este rango de edad que antes de la pandemia tenían un empleo no habían regresado al mercado laboral. La primera causa por la que no están trabajando es porque perdieron su empleo o éste terminó, en segundo lugar, porque renunciaron. Por falta de experiencia laboral es el tercer motivo para este grupo, pero es el que más se menciona en comparación con poblaciones de mayor edad. 2

Según la OCDE 3 en México ningún financiamiento se orienta en exclusiva a incrementar la relevancia y los resultados de la educación superior en el mercado laboral. Además de que la eficacia del financiamiento extraordinario se ve reducida por la fragmentación de los programas, el solapamiento y la falta de claridad de los objetivos, y la complejidad de los procedimientos de aplicación.

En la actualidad, México tiene la proporción más baja entre los países de la OCDE de adultos (25-64 años) con un título de educación superior (17 por ciento), una cifra muy inferior al promedio de la OCDE (37 por ciento), y por debajo de otros países de la región, tales como Chile (23 por ciento), Colombia (23 por ciento), Costa Rica (23 por ciento) o Argentina (21 por ciento).

El programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” es una estrategia del gobierno federal que pretende conjugar esfuerzos entre el sector público y el privado a fin de generar oportunidades de empleo para este sector vulnerable de nuestro país.

Este programa está dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan, la dependencia encargada de operar este programa es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que se encarga de vincular a las y los becarios con empresas, instituciones públicas u organizaciones sociales para que se capaciten laboralmente y adquieran “competencias, aptitudes, conocimientos y valores” que les ayudarán en el futuro a conseguir un empleo.

Este programa consistente en una beca equivalente a un salario mínimo empezó a operar en enero del 2019, año en que los becarios recibieron 3 mil 600 pesos mensuales, para 2020 se incrementó a 3 mil 748 pesos, durante el 2021 fue de 4 mil 310 pesos y para el 2022 se contempla que aumente a 5 mil 258 pesos mensuales. 4

De acuerdo con la STPS hasta el momento el programa ha beneficiado a 1.8 millones de jóvenes y se espera que para el 2022 se inscriban 400 mil jóvenes más, para lo cual la dependencia cuenta con 21 mil 696 millones de pesos.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacen-daria en su fracción XLV define a las Reglas de operación como las disposiciones a las cuales se sujetan deter-minados programas y fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos.

Por otra parte, el artículo 77 de la misma Ley establece que la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas.

Asimismo, señala que son las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas las res-ponsables de emitir las reglas de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Los principales criterios que deben considerar las reglas de operación son entre otros:

Contener los lineamientos, metodologías, procedimientos, manuales, formatos, modelos de convenio, convocatorias y cualesquiera de naturaleza análoga; establecer los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades objetivo. Estos deben ser precisos, definibles, mensurables y objetivos; debe describirse completamente el mecanismo de selección o asignación, con reglas claras y consistentes con los objetivos de política del programa, para ello deberán anexar un diagrama de flujo del proceso de selección; definir con precisión los plazos que tiene el supuesto beneficiario, para realizar su trámite, así como el plazo de prevención y el plazo máximo de resolución de la autoridad, especificar las unidades administrativas ante quienes se realiza el trámite o, en su caso, si hay algún mecanismo alterno, publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 31 de di-ciembre anterior al ejercicio y finalmente las reglas de operación deberán ser simples y precisas con el objeto de fa-cilitar la eficiencia y la eficacia en la aplicación de los recursos y en la operación de los programas.

Cabe destacar que hasta el ejercicio fiscal 2018, el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para ese año establecía en la fracción II del artículo 28 que la Cámara de Diputados, a través de la comisión ordinaria que en razón de su competencia corresponda, emitirá opinión sobre las reglas de operación publicadas por el Ejecutivo Federal en los términos del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Dicha opinión deberá fundarse y motivarse conforme a los criterios a que se refiere el último párrafo de dicho artículo.

En caso de que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados no emitan su opinión a más tardar el 31 de marzo, se entenderá como opinión favorable. 5

A partir del ejercicio fiscal 2019 se eliminó la facultad de opinión sobre las reglas de operación que tenían las comisiones de la Cámara de Diputados, eliminando con ello la oportunidad que los Diputados tenían de acompañar los esfuerzos que el ejecutivo realiza para la atención de los principales problemas de nuestro país.

Estamos convencidos de que los diputados federales tenemos una visión más completa de la realidad de todas las regiones de nuestro país y que podemos coadyuvar a hacer una mejor distribución de los recursos y a hacer un mejor diseño de las reglas de operación de los programas sujetos a éstas en virtud del conocimiento de las condiciones que imperan en cada una de nuestras regiones.

Por ello y con la finalidad de coadyuvar a mejorar los resultados del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” consideramos que éste se puede ampliar para los jóvenes que después de haber sido beneficiarios del mismo, deseen continuar con sus estudios, se les pudiera otorgar el mismo apoyo hasta concluir con el grado académico, ya sea prepa, o una carrera profesional.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con el fin de participar de los esfuerzos para con este sector vulnerable, acudo a esta Tribuna para solicitar su respaldo para la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción VI del artículo 537 de la Ley Federal del Trabajo

Artículo Único. Se adiciona un párrafo a la fracción VI del artículo 537 de la Ley Federal del Trabajo. para quedar como sigue:

Artículo 537. El Servicio Nacional de Empleo tendrá los siguientes objetivos:

I. a V. ...

VI. Diseñar, conducir y evaluar programas específicos para generar oportunidades de empleo para jóvenes y grupos en situación vulnerable, promoviendo esquemas que permitan combinar ciclos educativos con actividades de inserción laboral; y

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.asf.gob.mx/uploads/698_equidadActividades/Dia_Inter-nacional_de_la_ Juventud_12-08-21.pdf

2 https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Beca-para-Jovenes-Construyendo-el -Futuro-subira-a-5258-pesos-mensuales-en-2022-20211212-0011.html

3 https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/educacion_superior_ en_mexico.pdf

4 https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/

5 file:///C:/Users/Usuario/Documents/PEF_2018_orig_29nov17.pdf

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022.– Diputado Yerico Abramo Masso (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

«Iniciativa que reforma los artículos 7o. y 24 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo del diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan las fracciones I Bis y I Ter al artículo 7, y se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 24 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Exposición de motivos

El programa Sembrando Vida, implementado por el gobierno federal desde 2019 en más de 20 estados del país, tiene por objeto incrementar la productividad de zonas rurales bajo un enfoque de sustentabilidad y desarrollo regional a corto, mediano y largo plazo, a fin de reducir la vulnerabilidad en la que viven los campesinos de estas regiones. 1 Lo anterior, al considerarse que a pesar del alto potencial agroalimentario con el que cuentan las regiones rurales del país, estas no se ha aprovechado, pues contrariamente estos territorios han sufrido importantes procesos de deforestación y sobreexplotación de sus recursos, causando la degradación de los suelos y la modificación negativa de sus microclimas, generando a su vez, la insuficiencia alimentaria en las comunidades y en algunos casos hasta su desplazamiento. 2

Este programa está dirigido a la población rural que se encuentra en las regiones de más alta biodiversidad del país, que vive en localidades marginadas y que obtiene ingresos inferiores a la línea del bienestar rural fijada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 3 Asimismo, se establece como requisito que los beneficiarios tengan disponible 2.5 hectáreas para trabajar en un proyecto agroforestal y la cual será trabajada por un solo sujeto de derecho.

Este programa de subsidios del Ramo Administrativo 20 (Bienestar) se ha dotado de recursos para la población que se encuentra en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, de rezago y de marginación, así como a los adultos mayores, 4 beneficiando a más de 450 mil sembradores, a quienes se les otorga 5 mil pesos mensuales para recuperar terrenos abandonados o en desuso y en ellos sembrar una mezcla de árboles maderables y frutales, además de cultivo agrícola: maíz, frijol, cacao, pimienta. 5

Conforme a los Lineamientos de Operación del Programa Sembrando Vida, la unidad de producción en la que se implementará el programa agroforestal deberá tener como características ser un terreno que se encuentra ocioso o abandonado, o bien, deberá estar en condiciones de potrero o acahual bajo o tener cultivo de milpa. 6 Para validar que el predio donde se ejecutará el programa cumpla con las características anteriores se realiza una visita física por un técnico en la que se consta que cumpla con dichos requisitos. Sin embargo, para constatar el tipo de predio del que se trata no se solicita a la autoridad competente para constatar el tipo de terreno del que se trata.

No obstante lo anterior, en la práctica se ha documentado que este programa “Sembrando Vida” no ha tenido los impactos esperados y al contrario ha generado incentivos adversos a su objetivo. La organización internacional World Resources Institute (WRI México) desarrolló una plataforma para monitorear indicadores ambientales y generar información sobre restauración de coberturas forestales, captura de car-bono, y recuperación de suelos, biodiversidad y agro-biodiversidad, a través de la cual se comparó la pérdida de coberturas forestales a nivel municipal en las localidades donde se implementó el programa Sembrando Vida durante 2019, contra las pérdidas promedio de coberturas en los cinco años previos. 7 En este análisis se determinó una pérdida de 72 mil 830 hectáreas de cobertura forestal de un total de 79 mil 61 de hectáreas pérdidas durante el año 2019 en estos municipios donde se implementó el programa, la cual se señala que podría ser como resultado de deforestación o simplemente un retiro de coberturas forestales en parcelas agrícolas, pecuarias o con otros usos, como es el caso de los acahuales. 8

Este análisis determina que la pérdida de coberturas se concentra en sólo 22 municipios del país, en los cuales se reporta la deforestación de 50 mil 981 hectáreas que constituyen regiones con gran biodiversidad pero al mismos tiempo vulnerables al cambio climático tales como los estados de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y Campeche. 9

No obstante, la organización WRI México señaló que este análisis no es concluyente debido a que no cuentan con la información suficiente y las coordenadas de las parcelas que resultan afectadas, sin embargo, alertan sobre los posibles impactos negativos que pudiera tener este programa en las coberturas forestales y en el cumplimiento de las metas de mitigación de carbono del país, 10 es decir, lograr una deforestación cero para el 2030.

De la misma manera, un reportaje publicado por Bloomberg expuso algunos testimonios de campesinos, que actualmente están inscritos a Sembrando Vida, en los estados de Yucatán y Campeche, quienes reconocieron haber talado y quemado árboles con tal de recibir los beneficios económicos del programa.

Aunado a lo anterior, se estima que este programa al no estar siendo implementado por las autoridades forestales o agrarias competentes existe incertidumbre respecto a si este programa cuenta con indicadores ambientales en su implementación, sobre el tipo de especies que se están plantando, el tiempo y manejo que se le dará a estos árboles, si estos podrán ser utilizados para aprovechamiento forestal y cómo se garantizará que los mismos no sean utilizados para la venta de madera ilegal.

Es por ello, que resulta necesario contar con mayor información sobre los predios en donde se están implementando el programa para poder valorar los impactos positivos o negativos que pudieran tener esos terrenos y tener los datos suficientes para mejorar los mecanismos de implementación y que este programa pueda cumplir con su objeto. Asimismo, resulta indispensable que exista mayor coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Secretaría de Bienestar, a fin de contar con la información suficiente sobre la naturaleza de los predios donde se está implementando este programa y evitar que se otorguen apoyos o incentivos económicos para actividades agropecuarias o agroforestales en zonas deforestadas, que propicien el cambio de uso de suelo de terrenos forestales o incrementen la frontera agropecuaria.

Cabe mencionar que a fin de contar con mayor información sobre los predios que estaban siendo beneficiarios de subsidios agrícolas, la Semarnat y la Sader celebraron un acuerdo el 4 de diciembre de 2016, para poner fin al conflicto que existía entre los subsidios que se otorgaban para la conservación de los bosques y aquellos para incrementar la producción agrícola. Por lo que se modificaron las reglas de operación de los programas de estas dependencias a efecto de que cualquier subsidio que otorgará la Sader (entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)) fuera validado por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para garantizar que el predio donde se iba a cultivar no tuviera vocación forestal.

Con base en este convenio en la expedición de la nueva Ley General Desarrollo Forestal Sustentable publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2018, se incluyó en el artículo 24 de esta disposición legal, que la entonces Sagarpa no podía otorgar apoyos o incentivos económicos para actividades agropecuarias en zonas deforestadas o para aquellas en las que se propiciara el cambio de uso de suelo de terrenos forestales o incrementara la frontera agropecuaria.

Asimismo, se estableció que la Semarnat y la entonces Sagarpa crearían un instrumento de información que permitiera identificar los terrenos forestales o predios agropecuarios. Para ello, se desarrolló el Sistema Nacional de Consulta Cartográfica de Incentivos Concurrentes, con el objetivo de contar con un sistema de consulta cartográfica automatizada que permitiera evaluar las solicitudes de subsidios e incentivos nacionales de la entonces Sagarpa y de la Semarnat con base en las reglas de operación actuales, ejecutadas mediante herramientas de análisis espacial y en términos de la nueva LGDFS. 11

Conforme a lo anterior, se considera necesario reformar el artículo 24 de la mencionada LGDFS, para incluir dentro de este sistema de coordinación a la Secretaría de Bienestar, y con ello pueda tener una coordinación con la Sader y la Semarnat, a fin de que los incentivos económicos que otorgue la Secretaría de Bienestar para realizar actividades agroforestales, no se realicen en zonas deforestadas o en predios que propicien el cambio de uso de suelo de terrenos forestales o incrementen la frontera agropecuaria.

De la misma manera, es importante que también se puedan identificar los territorios que son beneficiados con los subsidios otorgados en este programa, como actualmente se identifican los terrenos que son beneficiados por los subsidios otorgados por la Sader, para constatar que no constituyan terrenos forestales o predios agropecuarios. Asimismo, se deberán de modificar las reglas de operación del Programa Sembrando Vida, a efecto de que cualquier subsidio que otorgue la Secretaría de Bienestar sea validado por la Conafor para garantizar que los predios donde se realizarán las actividades agroforestales no tengan vocación forestal.

Por otro lado, se estima necesario que se pueda definir dentro de la propia LGDFS los términos de actividades agropecuarias y agroforestales que actualmente se encuentran definidas en la Ley de Desarrollo Rural para contar con una identificación inmediata y con ello, tener mayor claridad de su significado e implicaciones.

A la luz de lo anterior, se proponen las siguientes modificaciones y adiciones a la LGDFS, mismas que para mayor claridad se presentan en un cuadro comparativo en el que se pueden advertir los cambios propuestos:

Por todo lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan al artículo 7 las fracciones I Bis y I Ter y se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 24 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Artículo Único: Se adicionan al artículo 7 las fracciones I Bis y I Ter y se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 24 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable

Artículo 7. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

I. ...

I Bis. Actividades Agropecuarias. Los procesos productivos primarios basados en recursos naturales renovables: agricultura (incluye cultivos inocuos en tierra y sustratos inertes sin tierra), ganadería (incluye caza), silvicultura y acuacultura (incluye pesca);

I Ter. Actividades agroforestales. La combinación de agricultura y ganadería conjuntamente con el cultivo, aprovechamiento de especies forestales, y particular-mente el aprovechamiento de maíz intercalado con árboles frutales;

II a LXXXIV. ...

Artículo 24. De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se coordinará con la Secretaría y con la participación de la comisión, en su caso, para el cumplimiento de los objetivos de la ley y, particularmente, en los siguientes aspectos:

I. a IX. ...

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Bienestar no otorgará n apoyos o in-centivos económicos para actividades agropecuarias o agroforestales en zonas deforestadas o para aquellas que propicien el cambio de uso de suelo de terrenos forestales o incrementen la frontera agropecuaria.

Para los efectos del párrafo anterior, la Secretaría , la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Secretaría de Bienestar establecerán el instrumento de información que permita identificar los terrenos forestales , predios agropecuarios y agroforestales.

...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes.

Segundo. La Secretaría de Bienestar, en el término máximo de 6 meses, integrará al Sistema Nacional de Consulta Cartográfica de Incentivos Concurrentes, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la información de los predios o terrenos sobre los que se hayan otorgado incentivos para el desarrollo de actividades agropecuarias desde el 2019 hasta la fecha.

El Sistema Nacional de Consulta Cartográfica de Incentivos Concurrentes deberá publicarse en la página oficial de estas dependencias y actualizarse por lo menos cada seis meses.

Tercero.- La Secretaría de Bienestar deberá modificar en lo conducente los lineamientos de operación del Programa Sembrando con base en las modificaciones establecidas en el presente decreto.

Notas

1 Secretaría de Bienestar (2020 ).Programa Sembrando Vida. 6 de noviembre de 2020. Disponible en:

https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-sembr ando-vida (consultado en diciembre de 2021).

2 Ídem.

3 Ídem.

4 Ídem.

5 Secretaría de Bienestar (2020). Obra citada.

6 Secretaría de Bienestar (2020). Obra citada.

7 WRI México (2021). Análisis de los impactos en las coberturas forestales y potencial de mitigación de las parcelas del programa Sembrando Vida implementadas en 2019. Disponible en:

http://movilidadamable.org/WRIMexico/WRI%20M%C3%A9xico%20An%C3%A 1lisis%20sobre%20los%20impactos%20ambientales%20de%20Sembrando%20Vida%20en%2020 19.pdf (consultado en diciembre de 2021).

8 Ídem.

9 Ídem.

10 Ídem.

11 Conabio. Sistema Nacional de Consulta Cartográfica de Incentivos Concurrentes. Disponible en:

https://www.biodiversidad.gob.mx/media/1/region/eeb/files/22_SIN ACIC.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022.– Diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL NOMBRE: FUERZA AÉREA EXPEDICIONARIA MEXICANA, ESCUADRÓN 201

«Iniciativa de decreto, para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el nombre “Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201”, a cargo del diputado Javier Casique Zárate, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Javier Casique Zárate, diputado federal de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con fundamento en lo dispuesto en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y 82, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa.

Exposición de motivos

La Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana ha unido el nombre de México para siempre a la gran victoria de la libertad que representó el triunfo de los países aliados en la Segunda Guerra Mundial; en cuyas páginas de gloria quedaron inscritos por su heroísmo y sacrificio, los oficiales y soldados mexicanos que participaron en la mayor gesta de la historia universal y que hoy, son símbolo y ejemplo imperecederos en el cumplimiento del deber.

Estos actos de valentía y sacrificio, vale la pena conmemorarlos, así como es importante hacer el recuento del papel que nuestro país y sus fuerzas armadas tuvieron en el mayor movimiento armado del orbe.

De acuerdo con la reseña realizada por el escritor y periodista Iván Ríos Gascón, publicada en la obra “Fuerza Aérea Mexicana. La aviación militar. Un siglo de historia (1915-2015)”, capítulo: Escuadrón 201, Héroes del Pacífico. Publicada por la Cámara de Diputados, LXII Legislatura. Comisión de Defensa Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional. Fue que, a consecuencia del ataque del 7 de diciembre de 1941 a Manila, Honolulu, Pearl Harbor, y el Campo Hickman, México definió su postura de romper relaciones diplomáticas con Japón, Alemania e Italia, los países del Eje.

Dicha postura implicó que el país adoptara las medidas pertinentes para un estado de guerra, cuya resonancia se hizo concreta el 12 de enero de 1942, fecha en que Estados Unidos y el resto de las naciones americanas en combate, fueron decretadas por la administración de Manuel Ávila Camacho como no beligerantes, autorizando la permanencia de sus buques en mares nacionales.

La solidaridad mexicana se reafirmó con la presencia del 35o. Regimiento de Caballería y una Compañía del 13o. Batallón de las Fuerzas Armadas en la conmemoración del natalicio de George Washington del 22 de febrero de 1942.

Sin embargo, la participación activa de México en el campo de batalla fue inevitable a causa del funesto hundimiento del navío petrolero Potrero del Llano, frente a las costas de Miami, Florida, provocado por el submarino alemán U—564, que causó catorce bajas en la tripulación. Si bien, algunas voces especularon que aquel ataque del 13 de mayo de 1942 fue perpetrado por una nave estadounidense, años después se comprobó que el agresor fue, efectivamente, un sumergible germano.

A partir de marzo de 1943, la idea de que el país debía prepararse para el combate se hizo patente. La mejor opción era la Fuerza Aérea, debido a que, si se optaba por un contingente de división, en términos numéricos podría alcanzar casi la mitad de los efectivos en funciones. Asimismo, el erario no estaba en condiciones de erogar los fondos necesarios para el equipo y el mantenimiento de las tropas.

Bajo el auspicio de la Ley de Préstamos y Arrendamientos expedida por el presidente de Estados Unidos, Franklyn Delano Roosevelt, se recibió material de última generación: los aviones Douglas A-24 para bombardeo en picada, los AT-6 y AT-11, los C-45, C-47, C-60 y B-25. La selección del agrupamiento se llevó a cabo entre los elementos de la Fuerza Aérea, de Infantería y Artillería, pero también incluyó a un grupo de voluntarios de la fábrica de materiales de guerra. Así surgió la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, que tuvo como base al Escuadrón 201.

El 21 de julio de 1944, el cuerpo integrado por 300 elementos pasó revista en el Campo de Balbuena, para trasladarse días después a Estados Unidos, donde fueron recibidos por el agregado militar, general Luis Alamillo Flores.

El 24 de julio de 1944, la Fuerza Expedicionaria Mexicana partió de la estación de Buenavista. A esa emotiva despedida acudieron representantes del Congreso de la Unión, algunos periodistas, represen­ taciones sindicales, familiares, amigos y ciudadanos en general.

El 27 de diciembre de 1944, el presidente Ávila Camacho consideró que México debía enviar tropas a combatir al Eje, aun cuando su participación no había sido requerida oficialmente por los aliados. Dos días después, el Senado de la República anunció su firme decisión de enviar cuerpos de ultramar para colaborar en la liberación de Filipinas, argumentando los lazos históricos y culturales entre las dos naciones.

Mientras tanto, el Escuadrón 201 proseguía su entrenamiento, en el que hubo dos sensibles bajas: la del subteniente piloto aviador Crisóforo Salido Grijalva, que no alcanzó a despegar su P-47 en la misión número 58 del 23 de enero de 1945, precipitándose en el lodazal al final de la pista de 300 metros de longitud. La nave quedó invertida, el tripulante falleció instantáneamente. A su vez, el teniente piloto aviador Javier Martínez Valle cayó a tierra en la Isla del Padre durante la práctica de tiro sobre blancos en movimiento del 10 de marzo de 1945. El accidente se produjo debido a que su avión chocó con el cable del blanco en movimiento y perdió el control.

El 27 de mayo de 1945, a bordo del buque Fairisle, la columna partió de San Francisco, California, a Manila, Filipinas, donde se entrevistaron con el comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, general Douglas MacArthur.

Integrada por pilotos, mecánicos de aviación, armeros de aviación, mecánicos de radar, operadores y reparadores de transmisiones, servicio médico, servicio de intendencia y oficiales de Estado Mayor, la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, bajo las órdenes del coronel P.A. Antonio Cárdenas Rodríguez, se sumó al Grupo de Pelea del 5o. Comando de Pelea de la 5ª Fuerza Aérea. Al mando del Escuadrón 201 se nombró al capitán P.A. Radamés Gaxiola Andrade.

La destreza de los 36 pilotos mexicanos que entraron en operaciones efectivas quedó probada con las características de las aeronaves a su cargo:

Por sus misiones de combate, el Escuadrón 201 usó el avión caza bombardero tipo P-47 Republic, el cual tiene las siguientes características: avión monoplaza, es decir, de un solo tripulante. Monomotor, motor Pratt and Whitney de dos mil caballos de fuerza, con un peso aproximado de la máquina de 13 mil 500 li­ bras (6 mil 210 kilogramos); una velocidad máxima de 420 millas por hora (675 kilómetros por hora); altitud aproximada de 40 mil pies (12 mil 800 metros); con un radio de acción aproximada de 250 millas (402.25 kilómetros) operando como bombardero y 350 millas (563.15 kilómetros) operando como escolta.

El avión podía contar con el siguiente armamento: una carga de bombas, dos de 500 libras (230 kilogramos), o dos de Napalm (material altamente inflamable de bombas incendiarias). Con un armamento de ocho ametralladoras frontales de ala calibre 0.50, con una cadencia de tiro de 575 disparos por minuto y con un punto de concentración de fuego a 30 metros.

El avión P-47 fue uno de los más resistentes a las balas y fuego antiaéreo enemigo durante este conflicto, lo que salvó la vida de muchos pilotos, comparado con los aviones que fueron usados como bombarderos durante la guerra. Fue excelente para misiones de bombardeo y ametrallamiento a instalaciones y con­ centraciones de tropas. Su limitante era que no podía volar para misiones de combate por debajo de los 25 mil pies (8 mil metros), ya que disminuía su capacidad de maniobra por su peso y superficie alar.

Fundamentalmente, las misiones del Escuadrón mexicano se llevaron a cabo en junio de 1945, y se concentraron en aislamiento del campo de batalla, en ametrallamiento y bombardeo en diversos blancos señalados por vectoreo (no se consignaron enfrentamientos en el aire), y en el apoyo a las tropas de tierra en el oriente de Manila, sobre la cuenca de Cagayán y en el norte de Luzón.

El resumen de operaciones del Escuadrón 201, consignado por Enrique Sandoval Castarrica, aporta los siguientes datos:

• 95 Misiones. 53 fueron de “apoyo directo a tierra” y cobertura de tropas estadounidenses en Luzón, del 4 de junio al 4 de julio de 1945.

• 37 misiones de “entrenamiento”: vuelos del 14 al 21 de julio de 1945, que incluyen las misiones de traslado de aviones nuevos desde la isla Biak, Nueva Guinea.

• 4 misiones de “barrido de caza/ patrulla aérea” sobre la isla de Formosa (actualmente Taiwán), cubiertas del 6 al 9 de julio de 1945.

• Una misión de “bombardeo puntual” sobre el puerto de Karenko y vuelo sobre la isla de Formo­ sa el 8 de agosto de 1945.

• Una misión de “escolta de convoy naval”, el 26 de agosto de 1945, al norte de Filipinas.

Entre las acciones más destacadas figuran las siguientes: el 16 de junio de 1945, en la que once aviones P-47, liderados por el teniente Espinosa Galván y con la participación del capitán Radamés Gaxiola Andrade, bombardearon y ametrallaron el fuerte de concentración de tropas a lo largo de Idau Creek. Lanzaron 22 bombas de 1 000 libras y usaron 13 mil 250 cartuchos calibre 0.50

El 18 de junio, siete pilotos bombardearon y ametrallaron posiciones enemigas al este del río Lenatín. Lanzaron 16 bombas de mil libras y agotaron 4 mil 360 cartuchos.

El 25 de junio, los pilotos mexicanos realizaron bombardeos y ametrallamiento de concentraciones enemigas en el río Agos. Los 11 aviadores arrojaron 24 bombas de 1 000 libras, disparando 9 mil 200 cartuchos.

Sin embargo, las acciones de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana no acontecieron únicamente en el aire. Sus elementos también libraron algunos ataques en tierra, según refiere el capitán 1o. e historiador Antonio Campuzano Rosales, basado en el texto del coronel P. A Antonio Cárdenas Rodríguez:

El 26 de agosto, el teniente José Cruz Abundis y el subteniente Guillermo Albert Robles acompañados de diez elementos de tropa, en el cumplimiento de una misión marchaban de Clark Field rumbo al noroeste, descubrieron un grupo de ocho soldados japoneses, al intentar capturarlos un noveno japonés los atacó con granadas de mano, se generalizó un tiroteo y fue abatido el enemigo de las granadas y disuelto el grupo, al cual se le tomaron dos prisioneros, uno de ellos herido. Se atendió al herido en el campamento del 201 y posteriormente fueron entregados al Preboste de la Base de Clark Field. Como este enfrentamiento que está debidamente documentado, existieron otros similares a los que estuvo expuesto el personal de tierra, mecánicos, armeros, cocineros, etc.

Los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki (6 y 9 de agosto de 1945), obligaron a Japón a rendirse sin condiciones. Terminaba la Segunda Guerra Mundial y el legendario Escuadrón 201 puso punto final a sus operaciones.

El desempeño de la escuadra mexicana obtuvo el amplio reconocimiento del general MacArthur. Recomendó la entrega de la Legión de Honor al coronel P.A. Antonio Cárdenas Rodríguez y al capitán P.A. Radamés Gaxiola Andrade.

Sin embargo, la batalla cobró un precio muy alto a la escuadra mexicana. Durante los combates, la FAEM sufrió bajas sensibles. El 1 de junio de 1945, el subteniente Fausto Vega Santander, murió en una misión de bombardeos en la isla de Capones, al occidente de Luzón. El teniente José Luis Espinosa Fuentes corrió la misma suerte el 5 de junio. Debido a las fallas de su avión, se impactó en los campos de la refinería de azúcar en los alrededores de Florida Blanca, en Luzón.

El 21 de julio 1945, el subteniente Mario Fernando López Portillo se perdió en la zona de desastre. El teniente Héctor Espinosa Galván falleció al estrellar su nave en un complicado amerizaje el día 16 de julio, y el capitán segundo Pablo Ruiz Rivas Martínez fue reportado como “perdido” en un vuelo entre Porak y Biak, Filipinas, el 19 de agosto.

Finalmente, y aunque la guerra ya había terminado, el 26 de septiembre falleció en un vuelo de prácticas en Alabama, Estados Unidos, el teniente Roberto Gómez Moreno, y a consecuencia de una tuberculosis adquirida en Filipinas, el 2 de noviembre murió el sargento segundo Francisco Rodríguez Castañeda en el Hospital Militar de Santa Fe, Nuevo México.

El 18 de agosto de 1945, el presidente de la República envió un mensaje al coronel Cárdenas Rodríguez, comandante de la FAEM:

“La Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana ha unido el nombre de México para siempre a la gran victoria de la libertad que hoy se celebra y quedará en los anales del mundo, como la cumbre dominante de una gesta sin par. En mi carácter de presidente de la República y de jefe del Ejército Nacional, envío a usted y a los oficiales y soldados a sus órdenes, la expresión de gratitud con que el gobierno y el pueblo mexicano han recibido las páginas de gloria que vuestro heroísmo y vuestra sangre escribieron sobre los cielos del Pacífico. El entusiasmo con que ustedes respondieron al llamado de la patria se conservará en México como un símbolo imperecedero del cumplimiento del deber, ante el cual se inclinarán las generaciones futuras en señal de fervoroso homenaje. Sus compañeros caídos en el campo de batalla han pasado ya a ocupar el sitio de predilección que ganaron merecidamente en el Altar de la Patria.”

Por su parte, el gobierno filipino otorgó a la FAEM la condecoración “Liberación de Filipinas” y en su honor edificó un monumento al Escuadrón 201 en el Paseo Bonifacio de la ciudad de Manila.

El viaje de regreso de la escuadra mexicana tuvo lugar el 23 de agosto, a bordo del buque Sea Marlin, que tardó poco más de tres semanas en desembarcar en la bahía de San Pedro. Ahí los esperaba el general Cristóbal Guzmán Cárdenas, agregado militar en Estados Unidos.

El 16 de noviembre llegaron a Laredo, Texas. Cruzaron la frontera a primera hora, donde se entrevistaron con el general Francisco L. Urquizo, en representación del gobierno mexicano. El mayor de artillería Enrique A. Rojas Aguilar les dio la bienvenida.

De camino al Distrito Federal, el Escuadrón 201 fue recibido calurosamente en diversas latitudes de la República Mexicana como Monterrey, Saltillo, San Luis Potosí, Querétaro. La medianoche del 18 de noviembre arribaron a la estación de Lechería y se aprestaron para encabezar el desfile del día 20.

La exitosa participación del Escuadrón 201 suscitó comentarios elogiosos por parte de diversos personajes: Henry H. Arnold, comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas Aliadas expresó:

“Los soldados mexicanos participaron de manera prominente en la Campaña de Luzón, cooperando con las tropas de tierra contra los japoneses en el Valle de Cagayán. Emplearon sus ametralladoras, sus bombas de fragmentación y de fuego contra columnas enemigas de soldados en marcha contra la artillería, contra tanques y camiones y debemos reconocerles el mérito de haber puesto completamente fuera de combate a treinta mil japoneses. Más tarde, hicieron siete vuelos sobre Formosa, prestando así valiosísimo concurso durante las operaciones que precedieron a nuestro avance sobre las islas Ryukyu. En Estados Unidos nos enorgullecemos de haber tenido la oportunidad de cooperar con sus hombres y nos sentimos altamente satisfechos de aclamar a su grupo, el cual, mediante sus hechos en esta guerra, merecerá ser reconocido en la historia junto con otras unidades famosas de las Fuerzas Armadas de México.”

En el mismo tenor, Sergio Osmeña, presidente de Filipinas, declaró:

“La acción de los aviadores mexicanos al luchar tan heroicamente al lado de las fuerzas aliadas, cimentará y robustecerá la fraternidad y la comunidad espiritual entre nuestros dos pueblos”.

Como respuesta al telegrama enviado por el gobierno mexicano con motivo del aniversario de la fundación de la Fuerza Aérea Norteamericana, el entonces presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, dedicó estas líneas a la FAEM:

“Aprecio profundamente vuestro atento telegrama en ocasión del aniversario de la creación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Esta Fuerza Aérea está orgullosa de tener en ella al Escuadrón de la Fuerza Aérea Mexicana que tan espléndidamente aporta su contingente en la guerra contra el agresor del Pacífico.”

De igual manera, el general George C. Marshall, antiguo jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Estadounidenses, apuntó:

“En el Pacífico, los aviadores mexicanos han prestado sus servicios al lado de los Estados Unidos dentro de las mejores tradiciones de ambas naciones. Hemos fortalecido nuestro mutuo respeto y honor me­ diante un mutuo sacrificio.”

Y Douglas MacArthur manifestó:

“La Fuerza Aérea Mexicana, la cual ha sido un señalado honor para mí incluir en este comando, se ha conducido admirablemente y se han sostenido todas las orgullosas tradiciones de las fuerzas combatientes de su gran país. Sus componentes demostraron ser verdaderos camaradas de armas.”

El 1 de diciembre, la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana causó baja conforme a lo dispuesto en el acuerdo presidencial número 1760 del 23 de noviembre de 1945. Con estas líneas concluía uno de los capítulos simbólicos de la historia de la Aviación Militar del Ejército Mexicano, que comenzó sus operaciones 31 años antes, en 1914, con el legendario biplano Sonora:

Pero, acaso, el episodio épico de los pilotos mexicanos habría de figurar, una vez más, en la escena internacional: el 6 de junio de 1946, la bandera del Escuadrón 201 se sumó al Desfile de la Victoria en Londres, Inglaterra.

Por su magnífica actuación, la columna de la FAEM fue una protagonista especial en aquella marcha por los derechos humanos y la democracia, principios que, a su manera, el cineasta Jaime Salvador exaltó en su película Escuadrón 201, que relata las dramáticas aventuras de tres jóvenes aeronautas que se suman a la lucha contra el fascismo. Con un elenco con­ formado por Rubén Rojo, Fernando Fernández, Sara García, Ángel Garasa, Domingo Soler, Carlos Orellana y Gloria Aguilar, el filme escrito por Salvador y Luis G. Manjarrez se estrenó el 30 de noviembre de 1945 en los cines Magerit e Insurgentes de la Ciudad de México, e incluye vistas documentales de entrenamientos y ceremonias castrenses, vuelos y combate aéreo. El Himno del Escuadrón 201, escrito por Pablo Sánchez, forma parte de la banda sonora, y entre las locaciones figuran el Colegio del Aire y la Base Aérea Militar número 5 Capitán Emilio Carranza Rodríguez, situada en Zapopan, Jalisco.

Los aviones que se usaron para el filme fueron aparatos North American AT-6 que evocan a los complicados P-47 que los héroes mexicanos del Pacífico tripularon con maestría en aquellos años en que el mundo vivió en peligro.

Finalmente hay que resaltar que el día tres de febrero del presente año falleció el último piloto sobreviviente del famoso Escuadrón 201, el piloto coronel Carlos Garduño Núñez, por el cual la Cámara de Diputados rindió un minuto de silencio a este héroe mexicano de la Segunda Guerra Mundial.

Lo que está manifestado en las líneas anteriores, sin duda, nos llena de orgullo como mexicanos y mexicanas, ya que, desde un himno hasta una película, pasando por reconocimiento de personajes importantes, su recuerdo nos evoca patriotismo, lealtad y sacrificio; por ello, materia de esta iniciativa, propongo que, en el Muro de Honor de la honorable Cámara de Diputados, se inscriba en letras de oro, en donde destacan personajes históricos que formaron a lo que hoy conocemos como los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa de proyecto de

Decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el nombre “ Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201”.

Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el nombre: “ Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201”.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022.– Diputado Javier Casique Zárate (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de segunda vuelta electoral para la elección del presidente de la República.

Exposición de motivos

Consideraciones

Las democracias maduras se distinguen por contar con mecanismos idóneos, e instituciones autónomas, pues la decisión de la ciudadanía tiene que ser materializada en representantes populares electos dentro de los más estrictos estándares de certeza, legalidad, independencia, impar-cialidad, máxima publicidad y objetividad, 1 a través de leyes y procedimientos, por consiguiente, los candidatos generan mayor afinidad entre los electores.

Para ello, se han creado sistemas electorales los cuales cons-tituyen un conjunto de reglas, procedimientos, comporta-mientos y estructuras institucionales donde se expresa la voluntad de la ciudadanía mediante su voto para elegir aquellos órganos de gobierno que los van a representar; de suerte que, estos sistemas electorales requieren de instituciones electorales autónomas, otorgando legitimidad a las decisiones ciudadanas.

Los principales sistemas electorales en el mundo son por mayoría relativa, doble vuelta y representación proporcional; estos se clasifican de acuerdo con varios criterios, empleando un procedimiento matemático para la conversión de los votos en escaños, o para dilucidar quién gana la elección para el único cargo.

En el principio de mayoría relativa se declara ganador al candidato que obtenga la mayor cantidad de votos, a diferencia del principio de representación proporcional, dado que esta se caracteriza por ser una votación indirecta mediante el cual se asignan los cargos considerando el porcentaje de votos de un partido político.

El politólogo Fernando Barrientos del Monte define a la segunda vuelta electoral como “una modalidad de los sistemas electorales de mayoría; implica que, en una contienda electoral, si ningún candidato obtiene un cargo o escaño con más de 50 por ciento más uno de los votos o una mayoría previamente establecida por la ley, los dos candidatos más votados se someterán a una segunda elección para definir al ganador”. 2

El mecanismo de “segunda vuelta” o “Ballotage” fue creado esencialmente para permitir una mayor certidumbre y confianza al final de cada proceso electoral ya que se establecen parámetros más desarrollados que contribuyen a generar una mayor legitimación y gobernabilidad posterior a la elección, en comparación con el proceso de simple mayoría.

De esta manera, un sistema electoral sensible a segundas oportunidades de elección es idóneo para corregir el peligro de la fragmentación social y política, al propiciar mediante la regla de la mayoría absoluta la voluntad de la ciudadanía, grupos sociales y partidos políticos.

Por consiguiente, no se reduce la cantidad de partidos ya que los pequeños se hallan protegidos por su importancia en la conformación de alianzas donde se requiere de dos elecciones; en la primera vuelta se permite medir las fuerzas de todos los partidos políticos, y en la segunda el voto de los partidos pequeños se caracteriza por conformar un proceso de formación de alianzas, no solo electoralistas, sino también de cooperación parlamentaria. 3

La Constitución Política y la legislación electoral se han mantenido inalterables en lo relativo a la elección del presidente de la República. La Constitución mexicana regula la organización del Poder Ejecutivo en su Título Tercero, Capítulo III, a partir del artículo 80 al 93, dentro de los cuales establece que el ejercicio del supremo Poder Ejecutivo de la Unión se deposita en un solo individuo, al que se denominará “presidente de los Estados Unidos Mexicanos”, determinando la forma de elección, duración en el cargo, así como sus funciones y facultades.

La forma de elección del titular del Poder Ejecutivo se consagra en nuestra Carta Magna en el artículo 81, que a la letra dice:

“Artículo 81. La elección del presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral”.

A su vez, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece los términos que norman el proceso de elección del Poder Ejecutivo, en su capítulo I, de los sistemas electorales, artículo 12, mismo que se invoca a la letra:

“Artículo 12. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un solo individuo que se denomina presidente de los Estados Unidos Mexicanos electo cada seis años por mayoría relativa y voto directo de los ciudadanos mexicanos.”

Por lo cual, las elecciones para elegir al presidente de la República se han realizado por el principio de mayoría relativa. No obstante, una gran parte de resultados, se han caracterizado por otorgar el triunfo con una mínima diferencia de votos entre los contendientes; excluyendo la última elección donde se registró una clara diferencia de votos en comparación con los otros partidos.

Ejemplo de ello, son las elecciones realizadas en el 2000 en la que el candidato electo ganó por una diferencia de 6.42 por ciento, en 2006 por una diferencia de 0.6 por ciento, y en 2012 por 5.5 por ciento.

Lo anterior, se ilustra en la siguiente tabla comparativa:

Los fenómenos que anteceden generan consecuencias desfavorables en la fuerza del Poder Ejecutivo Federal principalmente en la gobernabilidad del país, pues existe una polarización de las fuerzas políticas, aumenta el rechazo social, además las Cámaras del Congreso de la Unión generalmente no cuenta con mayoría absoluta, de tal suerte, la construcción de acuerdos resulta sumamente compleja inclusive nula.

Es por ello, que se considera necesario, plantear la implementación de la segunda vuelta electoral en nuestro país para la elección del titular del Poder Ejecutivo, pues se fortalecería el sistema de partidos políticos, se expresaría la preferencia en la primera vuelta y el reacomodo de fuerzas en la segunda elección, de igual manera se dota más legitimidad al ganador, pues se cuenta con mayor respaldo social y político, lo que se traduce en beneficios para la gober-nabilidad democrática destacando la estabilidad política y económica. Otra de sus ventajas radica en que favorece a las coaliciones y consensos, castigando las políticas extremistas.

Por estas razones, diversas naciones ante esta problemática han implementado un sistema o mecanismo de elecciones de segunda vuelta; por ejemplo, en diversos países de Latinoamérica su jefe de Estado es electo bajo este principio, dando como resultado un fortalecimiento en su democracia y mayor eficiencia en el desempeño de su cargo.

A fin de ilustrar lo anterior, se agrega la siguiente tabla en la que se señala los países latinoamericanos que han establecido el procedimiento de segunda vuelta, los tiempos establecidos para la segunda elección y el procedimiento:

En síntesis, la mayoría de los países de Latinoamérica prevalece el sistema de mayoría absoluta con previsión de dos vueltas para la elección de presidente, con variación en sus puntos porcentuales de los votos emitidos  que debe tener el ganador, como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, el Salvador, Guatemala, Perú, República Dominicana y Uruguay, los cuales requieren que el candidato obtenga un 50 por ciento más uno de los sufragios válidos emitidos; mientras que Argentina, Costa Rica, Ecuador y Nicaragua, utilizan un sistema de segunda vuelta con umbral reducido 45, 40 o hasta 35 por ciento, lo anterior como una forma de superar y prevenir crisis políticas.

Conforme a lo anterior, se considera necesario que el gobierno mexicano pueda implementar un sistema de segunda vuelta, a fin de que el candidato pueda conseguir más de la mitad de los sufragios emitidos en el proceso de elección, es decir, cuando en una elección presidencial ninguno de los candidatos supere el porcentaje de votos solicitados (mayoría absoluta), se realice una segunda elección para decidir entre los dos primeros candidatos. Se trata entonces de una eventual etapa del proceso de elección pensada para fortalecer el sistema democrático de un país.

Atento a lo anterior, la presente iniciativa busca reformar el artículo 81 constitucional para incorporar la figura jurídica de segunda vuelta electoral. Dicho mecanismo tiene como finalidad generar una mayor legitimidad en quien ocupe el cargo de presidente de la República.

Para mayor claridad sobre las reformas que se plantean a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el siguiente cuadro comparativo del texto vigente con la disposición que se propone modificar mediante la iniciativa que nos ocupa:

A la luz de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el primer párrafo y se agrega un segundo párrafo al artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 81 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 81. Será electo presidente, por votación directa, el candidato que obtenga más del cincuenta por ciento de la votación válida emitida en la elección.

En caso de que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta, se procederá a una segunda vuelta electoral, en la cual participarán únicamente los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos válidos, en los términos que disponga la ley electoral.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas aplicables a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley General en Materia de Delitos Electorales, Ley Federal de Consulta Popular, así como a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Tercero. Una vez publicadas en el Diario Oficial de la Federación las reformas anteriores se deberán hacer las adecuaciones respectivas a las diferentes disposiciones reglamentarias en materia electoral, en un plazo máximo de un año.

Notas

1 Artículo 41, fracción V, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Barrientos del Monte, “La segunda vuelta electoral, orígenes, tipología y efectos”, Instituto Electoral del Estado de México, Centro de Formación y Documentación Electoral, 2019, página 41.

3 Nohlen, Dieter, “Sistemas electorales y reforma electoral”, Revistas Jurídicas UNAM, página 37.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022.– Diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

«Iniciativa que reforma el artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo del diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe Marco Antonio Mendoza Bustamante integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en La LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Exposición de Motivos

Con la reforma Constitucional en materia de procuración y administración de justicia de 2008 se estableció un nuevo paradigma en México. Dejamos atrás el sistema inquisitivo para transitar a uno de corte acusatorio, adversarial y oral. Entre los cambios jurídicos que se derivaron de esta reforma se encuentra la conformación de un sistema garantista que pone en el centro del proceso a la víctima, quien dejó de tener un papel secundario para transformarse en el eje central. Más que castigar al culpable, con el nuevo sistema se trata de dar valor a la víctima y el ofendido.

Posteriormente, el 8 de octubre de 2013, en el Diario Oficial de la Federación se publicó una reforma constitucional al artículo 73 con el objetivo de facultar al Congreso de la Unión a expedir una norma única en materia procesal penal. 1

El objetivo de esta reforma fue homologar el procedimiento en toda la República Mexicana a fin de generar certeza jurídica y garantizar los derechos de las víctimas, fue así como el 5 de marzo de 2014 se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que establece las reglas y los principios del sistema penal acusatorio. En este ordenamiento se reguló a nivel nacional diversas opciones a juicio oral que buscan hacer más eficiente la justicia. Así, se creó el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso y los criterios de oportunidad.

El acuerdo reparatorio es una figura alterna al juicio oral que permite la firma de un acuerdo entre las partes. El imputado se obliga a reparar el daño, a cambio de evitar la prisión. Así, el artículo 187 advierte que opera de la siguiente forma:

Artículo 187. Control sobre los acuerdos reparatorios

Procederán los acuerdos reparatorios únicamente en los casos siguientes:

I. Delitos que se persiguen por querella, por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido;

II. Delitos culposos, o

III. Delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas.

No procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que el imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos tampoco procederán cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus equivalentes en las Entidades federativas.

Tampoco serán procedentes los acuerdos reparatorios para las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III del párrafo séptimo del artículo 167 del presente Código.

Tampoco serán procedentes en caso de que el imputado haya incumplido previamente un acuerdo reparatorio, salvo que haya sido absuelto.

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos penales, esta figura únicamente opera en delitos que se persiguen de querella, o requisito de las partes, así como en aquellos delitos en donde se admite el perdón de la víctima y el ofendido.

Es importante apuntar que, como lo refiere el artículo, esta salida alterna no puede proceder contra los delitos relacionados con violencia familiar. Esto es porque el acuerdo reparatorio parte del principio de igualdad de partes, se trata de un arreglo que se debe dar cuando tanto la víctima como el imputado se encuentran en una misma posición de poder.

Ello no ocurre en la situación de violencia, pues en dicho delito existe una imposición de poder sobre el que ejerce violencia, de ahí que en este delito el acuerdo está prohibido.

De igual forma, los criterios de oportunidad constituyen una nueva figura que permite que el ministerio público, bajo ciertas circunstancias deje de perseguir el delito cuando ello representa un bien para la sociedad, o cuando el ejercicio de la causa penal es más lesivo que no la persecución. Esta figura se define de la siguiente forma:

Artículo 256. Casos en que operan los criterios de oportunidad Iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada Procuraduría, el Ministerio Público, podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido.

I. a VII. ...

No podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, de violencia familiar ni en los casos de delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés público. Para el caso de delitos fiscales y financieros, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, únicamente podrá ser aplicado el supuesto de la fracción V, en el caso de que el imputado aporte información fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución del beneficiario final del mismo delito, tomando en consideración que será este último quien estará obligado a reparar el daño.

Al igual que ocurre con los acuerdos reparatorios, el criterio de oportunidad tampoco puede operar en los delitos de violencia familiar. Esto es porque tales delitos parten de la desigualdad de género y la necesidad de establecer un equilibrio y una igualdad entre las personas.

Si bien, el Código Nacional de Procedimientos Penales se planteó con una visión garantista y protectora de las mujeres en el marco de los delitos de violencia familiar, la realidad es que todavía queda mucho por atender pues, este delito, en muchas entidades federativas, suele perseguirse por querella, lo cual admite el perdón del ofendido.

Es precisamente por lo anterior que se ha iniciado una intensa campaña a lo largo de todo México para modificar la manera en que se persigue este tipo penal y evitar la posibilidad de que se siga emitiendo el perdón, pues éste muchas veces se da debido a que el victimario amenaza a la víctima.

Así, a nivel federal, fue hasta el 17 de marzo de 2021 que se reformó el Código Penal Federal para establecer que se reformó el artículo 343 bis para evitar que este delito se comenzara a perseguir por querella.

Pero todavía quedan muchos estados en los que el perdón del ofendido sigue siendo una constante en el delito de violencia familiar. Es por ello, que la presente iniciativa de ley busca reformar el artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales con el objetivo de establecer de manera clara que este tipo penal no admite el perdón y que por tanto no se puede extinguir la causa penal.

Esta reforma se plantea en el Código Nacional de Procedimientos Penales con el objetivo de regular a todos las Entidades Federativas de la República y establecer la obligatoriedad que supone perseguir el delito de violencia hasta el final, pues este constituye uno de los delitos más lesivos para la sociedad y puede ser, además, considerado una antesala para el feminicidio, pues el 85% de las mujeres víctimas de este delito fueron asesinadas a manos de su pareja. 2

Asimismo, es importante advertir que, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, el confinamiento, derivado de la situación de la pandemia por covid 19, se ha transformado en una agravante en materia de violencia. Esto es porque ante la falta de espacio y el encierro se incrementan los niveles de agresión.

En México, este crecimiento exponencial en materia de violencia se puede advertir en el incremento exponencial de las llamadas de emergencia que se observan del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica:

Es evidente que resulta necesario atender la situación y garantizar la protección de las víctimas a través de acciones que adviertan la garantía de no repetición.

Es precisamente por lo anterior que resulta necesario establecer criterios que permitan prevenir el feminicidio a través de una detección temprana del delito de violencia familiar y a través de una persecución penal eficaz que permita proteger a la víctima del victimario.

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales

Artículo Único. Se reforma el artículo 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo 485. Causas de extinción de la acción penal La pretensión punitiva y la potestad para ejecutar las penas y medidas de seguridad se extinguirán por las siguientes causas:

I. Cumplimiento de la pena o medida de seguridad;

II. Muerte del acusado o sentenciado;

III. Reconocimiento de inocencia del sentenciado o anulación de la sentencia;

IV. Perdón de la persona ofendida en los delitos de querella o por cualquier otro acto equivalente;

V. Indulto;

VI. Amnistía;

VII. Prescripción;

VIII. Supresión del tipo penal;

IX. Existencia de una sentencia anterior dictada en proceso instaurado por los mismos hechos, o

X. El cumplimiento del criterio de oportunidad o la solución alterna correspondiente.

No podrá otorgarse el perdón en el delito de violencia familiar.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2013 en línea

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_211-0 8oct13.pdf

2 https://elpais.com/sociedad/2019/12/20/actualidad/1576843728_3494 28.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 17 de febrero de 2022.– Diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

«Iniciativa que reforma los artículos 3o., 4o. y 15 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, a cargo de la diputada Karla Ayala Villalobos, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Karla Ayala Villalobos, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 3, fracción III; 4, fracciones V, XI y XIV; y 15 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México es conocido como un país con gran riqueza cultural y étnica, formado por una multiplicidad de pueblos, una de sus principales características, entre los cuales se encuentra la población afromexicana.

Las personas afromexicanas o afrodescendientes son aquellas que descienden de personas provenientes del continente africano, y que llegaron a México en la apoca colonial.

Un pueblo que día a día pugna por el reconocimiento de su cultura, costumbres y tradiciones.

Reconocerlos es resguardar la diversidad étnica y cultural que conforma a nuestra nación, a la vez que posibilita el poder atender y contrarrestar las desigualdades sociales y jurídicas, racismo y discriminación estructural que enfrentan.

Hablar de los pueblos afromexicanos debe ser trascendente y siempre en beneficio de esta población, para así reconocer su identidad y sus contribuciones culturales e históricas.

Según datos del Inegi, hacia 2020 en México vivían 2 millones 576 mil 213 personas que se reconocen como afromexicanas y representan 2 por ciento de la población del país.

Actualmente, las poblaciones de personas afromexicanas se concentran en Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila y Michoacán.

Las entidades con mayor presencia de la población afromexicana son Guerrero (6.5 por ciento), Oaxaca (4.9) y Veracruz (3.3).

Como una minoría que se ve inmersa en cuestiones de raza y color de piel, bases para ser víctimas del racismo, afrontan dificultades para ejercer sus derechos, así como una falta de inclusión dentro de la toma de decisiones en nuestro país.

Esta desigualdad, conlleva a la precarización económica que se relaciona a sus pocas oportunidades derivadas del racismo, lo que los orilla a una baja calidad de vida y a acceso limitado a diferentes servicios públicos, mismo, y tan importante, como lo es la educación.

Se estima que 1 de cada 6 personas afromexicanas (15.7 por ciento) es analfabeta, lo cual representa casi el triple de la tasa nacional (5.5)

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, los derechos de las personas afromexicanas que más se violentan son el trato digno y la igualdad de oportunidades, situaciones en la que el color de piel fue clave para la discriminación.

México es un país pluricultural, misma característica que lo hace uno de los países con más tradiciones, costumbres, y en sí, con más historia, cuestión por la cual deberíamos de estar completamente orgullosos y en disposición de cuidar esto que distingue tanto a nuestro país del resto del mundo.

Debemos transformar nuestra sociedad, primordialmente aceptando y entendiendo que existe la discriminación y la falta de inclusión social hacia las personas afromexicanas, después haciendo una reflexión institucional y estructural para promover acciones y políticas con el objetivo de disminuir la brecha que tiene esta población con el resto de las y los mexicanos, creando oportunidades y ejerciendo los derechos que la ley les da y con los cuales son protegidos.

Nuestro país seguirá avanzando y debemos cuidar que nadie se queda atrás, ni desprotegido, más, una población que abunda a nuestra riqueza cultural.

El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional considera a todos los mexicanos, sin importar raza, genero, estatus social, ideología o cualquier otra característica, y queremos que todos y todas gocen de los derechos a los cuales son acreedores, que para eso se destina recurso, para beneficio de quienes más lo necesitan y para una constante mejora en la calidad de vida de las y los mexicanos.

Por lo expuesto pongo a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Decreto por el que se modifican los artículos 3, fracción III; 4, fracciones V, XI y XIV; y 15 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud

Primero. Se modifica el artículo 3, fracción III, de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 3. El Instituto tendrá por objeto

I. y II. ...

III. Proponer al Ejecutivo Federal programas especiales orientados a mejorar las condiciones de salud y educación de los jóvenes indígenas y afromexicanos, así como los espacios para la convivencia y recreación, sin menoscabo de las atribuciones que en estos propósitos competen a otras dependencias;

IV. a VII. ...

Segundo. Se modifica el artículo 4 fracción V, XI y XIV de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud para quedar como sigue:

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, el instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. a IV. ...

V. Consultar, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas las políticas, programas y acciones de desarrollo de los jóvenes indígenas y afromexicanos; garantizar la participación de éstos en su diseño y operación; y, en su caso, incorporar a la planeación nacional sus recomendaciones propuestas;

VI. a X. ...

XI. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento público y difusión de las actividades sobresalientes de los jóvenes mexicanos en distintos ámbitos del acontecer nacional y, en especial, las que reconozcan y fomenten la herencia cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, y fortalezcan el respeto y el conocimiento de las diversas culturas existentes en el país;

XII. a XIII. ...

XIV. Proponer a la Secretaría de Educación Pública la operación de programas especiales de becas para fortalecer la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior de los estudiantes indígenas y afromexicanos;

XV. a XVI. ...

Tercero. Se modifica el artículo 15 Bis de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue:

Artículo 15 Bis. El Consejo ciudadano se integrará con 20 jóvenes mayores de edad y de manera equitativa en cuanto a su género, los cuales serán seleccionados por la Junta Directiva de conformidad con la convocatoria pública difundida previamente entre las instituciones de educación superior, las organizaciones juveniles vinculadas con el trabajo comunitario, político o social, los sectores público y privado, y los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

...

...

Transitorio

Único. El Presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2022.– Diputada Karla Ayala Villalobos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Juventud, para dictamen.

LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO

«Iniciativa que adiciona el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, a cargo del diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, del Grupo Parla-mentario del PRI

El suscrito, diputado Marco Antonio Mendoza Busta-mante, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa en materia de prohibición de la usura, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 21, numeral 3, en relación con el derecho a la propiedad privada, dispone:

“ Artículo 21. ...

...

...

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.”

En nuestro país la usura se ha reconocido en los diferentes Códigos Penales como un delito y se sanciona con pena de prisión. Sin embargo, está condicionado a que la víctima, presente su querella ante el Ministerio Público.

En cuanto a las obligaciones que surgen de la suscripción de títulos de crédito en los que se establecen intereses ordinarios o moratorios, nuestra legislación no prevé ninguna consecuencia por el pacto de intereses excesivos o usurarios.

Por el contrario, nuestra legislación en materia de comercio privilegia la autonomía de la voluntad y la libre contratación.

A raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que ha ido modificando progresivamente nuestro sistema jurídico, el análisis jurisdiccional de la regulación de la usura en nuestro país ha transitado por dos grandes momentos:

El primero ocurrió al resolverse la contradicción de tesis 204/2012. 1 En aquel momento, a propuesta de la entonces ministra y hoy legisladora, Olga Sánchez Cordero, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció que en el ámbito mercantil, el pacto de intereses usurarios (o lesivos) se sanciona otorgando al afectado, a su elección, la posibilidad de accionar la nulidad relativa o la reducción equitativa de las prestaciones y, de manera excepcional, estas acciones se sustituyen, en algunas ocasiones, por la de daños y perjuicios, como en los casos de la compraventa y permuta mercantiles.

Por lo tanto, en atención a los principios de equilibrio procesal y litis cerrada que rigen en los juicios mercantiles, se estableció que el análisis de los intereses lesivos debería hacerse únicamente a petición de parte.

Con el afianzamiento de los principios que rigen el control de convencionalidad y constitucionalidad, y las importantes contribuciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado para que el respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos se sientan o reflejen en la sociedad, la propia Primera Sala, en mayo del 2014, aprobó una nueva tesis de jurisprudencia que abandonó el criterio adoptado solo poco más de un año antes. 2

Es este el segundo momento relevante y es el que rige hasta la fecha los conflictos en que se señala o advierte la existencia de usura.

Conforme a este criterio, cuando el interés pactado en un título de crédito, genere convicción en el juzgador de que es notoriamente excesivo y usurario acorde con las circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones, los jueces deben proceder de oficio a inhibir esa condición usuraria apartándose del contenido del interés pactado, para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida prudencialmente que no resulte excesiva, mediante la apreciación de oficio y de forma razonada y motivada de las mismas circunstancias particulares del caso.

Desde entonces, los jueces y las juezas de todo México están obligados a supervisar que los intereses pactados en títulos de crédito no seas excesivos, pero prevalece el problema de que el análisis de la usura se da hasta que el título de crédito es sometido por el acreedor o el deudor, a conocimiento de las autoridades jurisdiccionales, lo que no siempre ocurre, por lo que los deudores cumplidos podrían estar pagando intereses que son notoriamente excesivos y que no gozan de la protección constitucional y convencional.

Por lo tanto, con esta iniciativa se propone reconocer en la ley los parámetros guía que se deben observar para evitar la usura desde la suscripción de los pagarés.

Expresamente se prohíbe la usura aun a pesar de los principios de autonomía y libre contratación que rigen el derecho comercial, y se establece que el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, hagan pública en sus diferentes portales de internet, la información relativa a las diferentes tasas de interés que las instituciones bancarias operan en sus diferentes productos crediticios.

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

Por las razones expuestas, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto que reforma el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Único. Se adicionan los párrafos cuarto, quinto y sexto al artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para quedar como sigue:

Artículo 174. ...

...

...

Los intereses pactados, notablemente superiores al normal del dinero y desproporcionados que no pro-vengan de acuerdos legales con el sistema financiero, serán considerados nulos.

En caso de que se acredite abuso de las condiciones del solicitante, tampoco procederá el cobro de penas con-vencionales, extraordinarias, intereses ordinarios, moratorios o actos que pretendan explotar las con-diciones de las personas.

Las autoridades judiciales podrán supervisar que el acreditado devuelva el capital recibido, excluyendo los montos argumentados bajo el caso de usura que presupone la explotación financiera.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1  https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2002818

2  https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2006794

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2022.– Diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL MURO DE HONOR DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL NOMBRE DE FÉLIX OSORES SOTOMAYOR

«Iniciativa de decreto, para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el nombre de Félix Osores Sotomayor, suscrita por los diputados Marco Antonio Mendoza Bustamante y Johana Montcerrat Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, Marco Antonio Mendoza Bustamante y Johana Montcerrat Hernández Pérez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y 262 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como en los Criterios para las inscripciones de Honor en la Cámara de Diputados, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 2011, sometemos a consideración de los integrantes del pleno, la presente iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El 24 de septiembre de 1810, en el Teatro Cómico de la Real Isla de León, se celebró la primera sesión de las Cortes Generales y Extraordinarias de Cádiz. Con ello se dio inicio al periodo del constitucionalismo español dentro del que se encontraba inmersa aún la Nueva España. 1

Como ha sostenido el autor Charles R. Berry, “se ha descuidado mucho el estudio de lo que significaron las Cortes españolas de 1810-1814 y de 1820-1822, y del efecto que tuvieron en la iniciación del proceso democrático en el Nuevo Mundo.” Sin embargo, es importante destacar que en dichas Cortes participaron importantes personajes que más adelante en la historia tuvieron incidencia en la consolidación de la República Mexicana y el constitucionalismo de nuestro país.

Uno de ellos fue Félix Osores Sotomayor, quien nació en Tulancingo, hoy población del estado de Hidalgo, en 1760 y fue electo diputado en marzo de 1821 en los comicios provinciales para la Legislatura 1822-1823 de las Cortes de Cádiz. 2 Su función en un inicio fue representar a los realistas, pero tras escuchar y probablemente dialogar con fray Servando Teresa de Mier, Miguel Ramos Arizpe y Valentín Gómez Farías, cambió su filiación política y se convirtió en un liberal.

Después de haber sido electo diputado para las Cortes de Cádiz, el 28 de junio de 1821, la ciudad de Querétaro fue entregada a Iturbide, consumándose así la independencia en esta región. Asimismo, fue el mismo Félix Osores Sotomayor quien ofició el Te Deum para dar gracias por la consumación de la independencia y la toma de la ciudad.

El 24 de febrero de 1822 entró en funciones el Primer Congreso Constituyente de México, encargado de redactar nuestra primera Constitución Política. El doctor Félix Osores Sotomayor fue electo para representar a Querétaro en este órgano constituyente y su participación fue clave para su reconocimiento como una entidad federativa más de la naciente federación.

En palabras del doctor Juan Ricardo Jiménez Gómez: “El siguiente hecho político de la historia queretana, luego de la caída de Iturbide fue la erección en estado miembro de la Federación, gracias a la denodada defensa que hizo el diputado al Congreso general doctor Félix Osores Sotomayor, el 23 de diciembre de 1823.”

De este modo, Félix Osores Sotomayor se convirtió en el padre fundador de Querétaro y un digno representante de los queretanos en los dos eventos más importantes del constitucionalismo que marcó a México: el de las Cortes de Cádiz y el del Primer Congreso Constituyente que dio origen a la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. 3

Félix Osores Sotomayor realizó sus estudios en los Colegios de San Pedro y San Pablo y de San Ildefonso de México y en la Universidad recibió los grados menores de Filosofía, Teología y Cánones y los mayores de licenciado y doctor en Teología. La Real Audiencia le aprobó de abogado y el Ilustre Colegio de Letrados lo nombró su individuo y su vicerrector en Querétaro.

La inscripción en letras de oro de su nombre en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados es un acto de justicia y de homenaje a su trayectoria política como constituyente y federalista.

Por lo expuesto sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el nombre de Félix Osores Sotomayor.

Artículo Único. Inscríbase con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados el nombre: “Félix Osores Sotomayor”

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados definirá la fecha y el protocolo que se llevará a cabo, para cumplir con lo señalado en el artículo único de este Decreto.

Notas

1 Cortes de Cádiz 1810-1814. Disponible en:

https://www.congreso.es/cem/cortescadiz#:~: text=Las%20Cortes%20Generales%20y%20extraordinarias%20celebran%20su%20primera%2 0sesi%C3%B3n%20el,de%20San%20Fernando%2C%20C%C3%A1diz).&text=Entre%201810%2 0y%201814%20forman,nobles%20y%20el%20estado%20llano.

2 Félix Osores Sotomayor. Disponible en:

http://www.elem.mx/autor/datos/118694

3 Ibidem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2022.– Diputado y diputada: Marco Antonio Mendoza Bustamante y Johana Montcerrat Hernández Pérez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gustavo Cárdenas Monroy, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Óscar Gustavo Cárdenas Monroy, diputado integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos; someto a la consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el primer párrafo de la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

El “capítulo agrario” ha estado presente en el desarrollo histórico de nuestra nación, en la formación del Estado mexicano del siglo XX tuvo un peso fundamental, no solamente en el proceso de distribución de la propiedad rural y el desarrollo de instituciones y políticas públicas, sino también en la conciencia social, la identidad nacional y la cohesión interna del país, lo anterior conforme al programa institucional 2020-2024 de la Procuraduría Agraria.

Estima el Colegio de Posgraduados de Chapingo en un estudio efectuado sobre el “Panorama de los ejidos y comunidades agrarias en México”, que en los casi 32 mil ejidos y comunidades, más de 5.6 millones de ejidatarios, comuneros y posesionarios ofertan al país y en algunos casos al mercado externo alimentos, ganado, materias primas, servicios turísticos, servicios ambientales en la conservación de la biodiversidad, captura de carbono y recarga de acuíferos.

Atendiendo a la Encuesta Nacional Agropecuaria y los indicadores básicos de la propiedad social del registro agrario nacional 2015 la propiedad agraria en México se subdivide en pequeña propiedad o propiedad privada, ejidos y comunidades integran la propiedad social, identificados como núcleos agrarios. Estos representan 102 millones de hectáreas que implican el 53 por ciento de la superficie del país, en tanto que 79 millones de hectáreas equivalentes al 39.8 por ciento constituyen la propiedad privada incluidas las colonias agrícolas, el resto de la superficie nacional se compone por terrenos nacionales y predios baldíos.

A lo largo del proceso histórico, se ha dado un desarrollo desigual y heterogéneo que ha conformado un régimen con grandes contrastes socioeconómicos, desarrollo distinto que mantiene a cerca del 20 por ciento de su población en la marginación de ingreso, empleo, vivienda y educación en las zonas rurales, debido a una diferenciada distribución de los recursos que concentran servicios, infraestructura, personal calificado y recursos económicos en los centros urbanos conforme a las estimaciones del consejo nacional de población en 2015.

Por ser la propiedad social la principal forma de tenencia de la tierra y albergar a la mayor parte de la población rural, las políticas gubernamentales productivas y económicas deben orientarse fundamentalmente hacia ellos, ya que cuentan con un enorme potencial y lo que falta para desarrollarlo es el apoyo del gobierno, que contemple la aplicación de programas y recursos que hagan posible impulsar el campo mexicano.

El siglo XX mexicano fue el siglo de la tierra, significado por el reparto agrario como una de las tareas fundamentales del estado, las instituciones para atender este propósito adquirieron impulso en el sector gubernamental.

Las pequeñas y medianas unidades de producción agropecuaria y forestal en los núcleos agrarios enfrentan una severa crisis económica, social y ambiental derivada de la baja productividad profundizando la dependencia alimentaria y la consecuente pérdida de oportunidades de desarrollo.

La reforma agraria contribuyó al proceso de  integración nacional, se dio como proclama política el reparto de tierras, que pretendía modificar el rumbo de la producción y la distribución de la riqueza.

El gobierno federal debe fortalecer el principio de economía para el bienestar, que permita a productores de pequeña y mediana escala, reducir la brecha de la desigualdad, con apoyos y recursos en todas las regiones del país, impulsando el potencial productivo del campo.

Aunado a lo anterior, no debemos soslayar el derecho humano a la alimentación y la obligación del estado de garantizarlo, así como la manifestación de voluntad de este régimen de dar rumbo a la autosuficiencia alimentaria, mediante lo que se ha denominado “la vuelta al campo”.

Los diputados que integramos el Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional hacemos un llamado a las diversas expresiones que integran esta honorable Legislatura, a otorgarle al campo mexicano el lugar que se merece mediante una reforma que permita a los diversos órdenes de gobierno la aplicación de recursos, desde nuestra máxima ley, como un derecho humano que tienen nuestros hermanos campesinos productores, que les permita acceder a recursos que impulsen el desarrollo en igualdad de condiciones y los arraiguen en sus lugares de origen. Por ello, la necesidad de adecuar nuestro marco legal a partir de la reforma y adición a la fracción xx párrafo primero del artículo 27, para quedar como se muestra a continuación:

Por las consideraciones fundadas y motivadas, me permito someter ante esta soberanía, iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma y adiciona el primer párrafo de la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma y adiciona el primer párrafo de la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 27. ...

XX. El Estado deberá establecer las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo social y económico dentro del ámbito nacional, con equidad, proporcionalidad y progresividad en todas las regiones del país, como un derecho humano progresivo y primordial, e impulsar mediante programas la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear, fomentar, financiar, organizar y supervisar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2022.– Diputado Óscar Gustavo Cárdenas Monroy (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Sámano Peralta, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Miguel Sámano Peralta, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete respetuosamente a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto de la fracción V del artículo 55, en relación con el artículo 58 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de requisitos para ser diputado federal y senador, al tenor de la siguiente  

Exposición de motivos

La labor del Poder Legislativo es fundamental para actualizar el marco jurídico de acuerdo con las cambiantes necesidades de la sociedad; asimismo, como órgano colegiado, constituye una caja de resonancia donde se escuchan todas las voces que integran la pluralidad nacional.

En México, el Poder Legislativo federal se materializa por medio del Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, las cuales tienen diversa conformación debido a su naturaleza y duración. Es así que la Cámara Baja se integra por 500 legisladores, 300 de ellos electos bajo el principio de mayoría relativa y 200 por la vía plurinominal; mientras que la Cámara Alta por 128 senadoras y senadores, de los cuales en cada estado y en la Ciudad de México, dos serán electos según el principio de mayoría relativa y uno será asignado a la primera minoría, asimismo, las 32 senadurías restantes serán elegidas por el principio de representación proporcional.

Es pertinente señalar que para acceder al cargo se diputado federal se deben cumplir los requisitos establecidos en el artículo 55 de la Carta Magna, que son los siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos.

II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección.

III. Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de ella.

Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre.

La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular.

IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de ella.

V. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser secretario o subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección.

No ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni magistrado, ni secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni consejero presidente o consejero electoral en los consejos general, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni secretario ejecutivo, director ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección.

Los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos en las enti-dades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos.

Los secretarios del gobierno de las entidades federativas, los magistrados y jueces federales y locales, así como los presidentes municipales y alcaldes en el caso de la Ciudad de México, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitiva-mente de sus cargos noventa días antes del día de la elección.

VI. No ser ministro de algún culto religioso.

VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59.

En el citado artículo se pueden identificar las obligaciones, limitantes y respectivas salvedades para quienes pretendan contender por una diputación federal. Cabe destacar que para el caso de los senadores son los mismos requisitos, con la diferencia de que la edad exigible es de 25 años cumplidos al día de la elección como lo dispone el artículo 58 constitucional.

Es de llamar la atención que entre los requisitos se pide la separación del cargo de diversos funcionarios de los tres ámbitos de gobierno, como son los secretarios o subsecretarios de Estado, los titulares de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal, los secretarios de gobierno de las entidades federativas, así como los presidentes municipales o alcaldes en el caso de la Ciudad de México, por mencionar algunos servidores públicos que tienen que dejar su responsabilidad pública por lo menos noventa días antes del día de la elección.

Sin embargo, se observa que no existe alguna disposición expresa para el supuesto de los diputados locales que busquen competir por una diputación federal o por una senaduría, lo cual deja inacabada la lista de hipótesis para contender por dichos cargos de representación popular, dando lugar a lagunas legales que además de generar confusión entre los aspirantes o candidatos, también darían lugar a una posible inequidad en la elección en favor de los diputados locales que decidan no separarse de su curul.

Por lo anterior, a través de la presente iniciativa se busca incorporar entre los requisitos para ser diputado federal y senador, que los diputados locales que busquen contender por esos espacios, también se tengan que separar del cargo noventa días antes de la jornada electoral, como se exige para quienes ocupan otras responsabilidades públicas y que están expresamente referidos en el artículo 55 de nuestra norma suprema. De esta forma se contribuiría a brindar mayor certeza y generar un piso parejo entre los Candidatos, manteniendo la equidad en la elección y evitando la tentación de utilizar recursos públicos en favor de alguno de ellos.

Ello cobra relevancia si tomamos en cuenta que “la equidad es un principio rector del sistema democrático y condición fundamental para asegurar que la competencia entre quienes participan en un proceso electoral se realice en condiciones de justicia e igualdad, impidiendo ventajas o influencias indebidas sobre el electorado”, como quedó plasmado en los lineamientos para garantizar la equidad entre los participantes de la contienda electoral durante el proceso electoral federal concurrente con los locales ordinarios 2020-2021, emitidos por el Instituto Nacional Electoral.

Además, de que a nivel nacional hay más de mil 100 dipu-tados locales distribuidos en los 32 Congresos de las entidades federativas que, en caso de participar en el proceso de renovación de la Cámara de Diputados federal o del Sena-do de la República, se encontrarían en una situación de ven-taja con respecto a otros posibles contendientes (ver tabla 1).

Por otra parte, es importante señalar que con esta Iniciativa no se afectaría el trabajo parlamentario en los Congresos locales, en razón de que quienes se separen del cargo por este motivo cuentan con compañeros de fórmula (suplentes) que pueden cubrir los espacios respectivos.

En ese sentido y para tener una perspectiva más clara de esta propuesta, a continuación se presenta un cuadro comparativo entre el texto vigente y la redacción que respetuosamente se somete a consideración de este órgano deliberante:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta asamblea el proyecto de decreto que adjunto se acompaña.

Proyecto de Decreto

Único. Se reforma el párrafo cuarto de la fracción V del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 55. ...

I a IV...

V. ...

...

...

Los secretarios del gobierno de las entidades federativas, los magistrados y jueces federales y locales, así como los diputados locales, los presidentes municipales y alcaldes en el caso de la Ciudad de México, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos noventa días antes del día de la elección;

VI y VII. ....

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2022.– Diputado Miguel Sámano Peralta (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de atención de migrantes, sus familias y comunidades, a cargo del diputado Mariano González Aguirre, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Mariano González Aguirre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

La migración constituye un fenómeno social asociado a diversas causas, entre ellas, se encuentran desastres naturales, efectos del cambio climático y conflictos armados, así como pobreza extrema, golpes de Estado, aspectos culturales y altos niveles de inseguridad que ponen en riesgo la integridad y vida de las personas, tal escenariolos impulsa a salir de su lugar de nacimiento y trasladarse a otros destinos con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

La Organización de las Naciones Unidas define migrante como “a alguien que ha residido en un país extranjero durante más de un año independientemente de las causas de su traslado, voluntario o involuntario, o de los medios utilizados, legales u otros”. 1

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe establece que la migración representa “el cambio de residencia que implica el traspaso de algún límite geográfico u administrativo debidamente definido”, pero además hace una distinción entre migración internacional e interna, siendo la primera cuando se pasa una frontera entre países y la interna cuando se hace al interior de un mismo país o división administrativa urbana o rural. 2

El Consejo Nacional de Población señala que “la migración sucede cuando una o varias personas “cambian su residencia habitual desde una unidad político-administrativa hacia otra en un mismo país, o que se mudan de un país a otro, en un periodo determinado”. 3

Los migrantes mexicanos históricamente han contribuido de forma importante al crecimiento económico y al desarrollo del país, a través del envío de remesas a sus familiares que se encuentran en sus comunidades de origen, recursos que, a su vez, favorecen al mejoramiento de la calidad de vida, al mejoramiento de los servicios públicos y la creación o ampliación de proyectos productivos con impacto regional.

Para poner en su justa dimensión dicho tema, basta señalar las siguientes consideraciones:

1. México ocupa el segundo lugar mundial como país origen de migrantes, sólo por debajo de India; y el tercero que recibe el mayor número de remesas después de India y China.

2. Al menos 5 de cada 100 hogares en nuestro país reciben recursos de las remesas. Dicho concepto en 2021 alcanzó un record histórico, al llegar a 51 mil 594 millones de dólares, un aumento de casi 11 mil millones respecto a 2020, cuando llegaron a 40 mil 604.6 mil millones de dólares.

3. Los migrantes mexicanos históricamente han tenido como principal destino Estados Unidos y Canadá. En Estados Unidos había 38.4 millones de personas de origen mexicano en 2018, lo que representó un incremento de 2.4 por ciento respecto al año inmediato anterior.

4. Entre las principales actividades económicas en las que se desempeña la población migrante mexicana en Estados Unidos, se encuentran la construcción (20.2 por ciento), manufactura (14.3), actividades profesionales y admi-nistrativas (12.6), actividades de hostelería y esparci-miento (11.6), actividades de salud y educación (10.1) y comercio (9.5). Las actividades agrícolas han pasado a ocupar un segundo plano con tan solo el (5.2). Aproximadamente, 8.1 millones de personas migrantes mexicanas formaron parte de la población económica-mente activa de Estados Unidos en 2018. 4

La importancia de las remesas como fuente de financiamiento de proyectos que contribuyen al desarrollo de las localidades y los municipios no es nueva; por el contrario, históricamente, los pueblos expulsores de migrantes han financiado caminos, proyectos de agua, alimentación, servicios básicos y educativos a partir de los recursos que envían los connacionales.

Una de las entidades federativas que ilustra dichas circunstancias es Tlaxcala, la cual, durante el 2021 alcanzó, a decir del Banco de México, un récord al recibir más de 317.1 millones de dólares, más de 24 por ciento respecto a 2020, cuando captó 244.2 millones de dólares.

Entre los municipios que recibieron el mayor número de divisas están Zacatelco, Tlaxco, Apizaco, Chiautempan y Tetlanohcan, utilizándose principalmente en la atención de necesidades básicas en rubros tales como salud, educación, alimentación y vestimenta, además de la adquisición de electrodomésticos y telefonía. 5

En Tlaxcala se han instaurado con éxito estrategias para la población migrante y sus familias, entre ellos, el programa 3 por 1 para migrantes en Hueyotlipan con el que se realizó la entrega de techumbres en el jardín de niños Gabino Berrera, en la primaria Justo Sierra y la secundaria Máximo Rojas. 6

Lamentablemente, desde 2018 se han reducido conside-rablemente los recursos encaminados a los migrantes y sus familias en todo el país. En el Presupuesto de Egresos para el 2019, se redujo en más del 50% el financiamiento para el Programa 3x1 para Migrantes, mientras que en 2020 se le retiraron todos los recursos. 7

Éste no es el único programa dirigido a los migrantes que ha resultado afectado, también se perjudicaron el Fondo de Apoyo a Migrantes, el Fondo Fronteras, así como los recursos a consulados para la protección de la comunidad mexicana en el exterior.

Organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Atención a Familias Migrantes e Indígenas han evidenciado la falta de programas o acciones destinados a los migrantes y a sus familias para atender sus necesidades, así como mejorar su calidad de vida y ampliar sus esquemas de desarrollo personal y colectivo. 8

Hoy, los migrantes y sus familias que viven en México enfrentan un compleja situación económica y social a causa del Covid-19. Las remesas están afectando el único ingreso que tienen en el país.

Se espera el retorno de cientos de migrantes a México por la falta de empleos en Estados Unidos y otros países, así como por las deportaciones exprés y el endurecimiento de las políticas migratorias implementadas por el gobierno estadounidense en respuesta a la crisis por Covid-19, desde el 21 de marzo se han expulsado a casi 10 mil inmigrantes. 9

No podemos ser indiferentes a las problemáticas que viven los migrantes mexicanos, que con su trabajo han contribuido a mejorar las condiciones económicas de sus familias radicadas en nuestro país y, con ello, a combatir la pobreza, la exclusión y la marginación.

Frente a este panorama, el pasado 27 de abril, organizaciones y federaciones mexicanas de migrantes en Estados Unidos publicaron un manifiesto frente a la crisis sanitaria y económica a la que se enfrenta el país, en el cual expresan su inconformidad con el gobierno federal por la exclusión de los programas para migrantes de las partidas públicas en 2019 y 2020.

En el documento, las organizaciones firmantes piden que el Estado mexicano reconozca la importancia de las aportaciones económicas, financieras, sociales y culturales que los migrantes han hecho para el país por más de 40 años, que sean tomados en cuenta en las plataformas y espacios de toma de decisiones, así como que se les tome en cuenta en la elaboración y diseño de las políticas públicas y programas de apoyo económico y social, por el simple hecho de ser mexicanos.

Los migrantes organizados incluyen en su manifiesto una serie de propuestas de acción inmediata y a mediano plazo, entre las primeras se encuentran

• La constitución de un grupo multidisciplinario que analice los impactos de la crisis sanitaria y económica en la comunidad migrante para construir una estrategia de apoyo y colaboración durante y después de la pandemia.

• La creación de una plataforma virtual que atienda necesidades específicas de la comunidad migrante durante esta contingencia (apoyo legal, psicológico, consultas médicas, información sobre el Covid-19, etcétera).

• Una campaña informativa sobre la importancia del ahorro y el cuidado de las remesas familiares, así como medidas que mejoren la administración de su economía y el consumo familiar frente a la pandemia.

• Un fondo de apoyo con la colaboración de la iniciativa privada, sociedad civil organizada, gobierno y otros actores, para la comunidad mexicana en Estados unidos para poder ayudar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

En el mediano plazo, las organizaciones de migrantes proponen diferentes acciones, entre las que cabe citar las siguientes:

A) La creación de un plan de retorno planeado transnacional.

B) Mejorar y fortalecer las medidas sanitarias en las fronteras y dinámicas migratorias de repatriación y de-portación con registros de salud y situación socioeconó-mica de los migrantes, particularmente de los deportados.

C) Establecer plataformas virtuales estatales para la consulta y asesoría médica sobre el Covid-19, coordinada por universidades y gobiernos.

D)- Que la estrategia de salud binacional sea una prioridad central, rescatando la experiencia de Ventanillas de Salud en los 50 Consulados de México en Estados Unidos, clínicas comunitarias y la Iniciativa de Salud para las Américas de la Universidad de Berkeley.

E) Creación de un Fondo de Apoyo a la Inversión Migrante Familiar aprovechando los programas actuales de las secretarías de Economía y del Bienestar.

F) Creación de un Fondo de Apoyo al Migrante, adecuado a las nuevas condiciones del país.

G) Promoción de retorno planeado con las orientaciones y guías sanitarias necesarias, desde la salida en comunidades de destino, en frontera y comunidades de origen, para evitar la propagación del Covid-19.

H) Que los sistemas de salud estatales adopten el “Sistema Centinela” de monitoreo del Covid-19 en estados con mayor migración de retorno o dinámica migratoria, preparando los equipos técnicos adecuados para su acción durante la tercera fase del Covid-19 y sus secuelas.

I. Que se actualicen e implementen las propuestas realizadas por las comunidades migrantes durante los últimos diez años, sobre políticas de desarrollo económico, migración y derechos humanos.

Los migrantes organizados en el exterior siempre han sido propositivos para encontrar soluciones a sus propias necesidades, las de sus familiares y las del país, con el objetivo de participar en el crecimiento y desarrollo económico y social de México; sin embargo, sus propuestas se han desestimado, particularmente durante este gobierno, el cual, con la reducción o eliminación del presupuesto para programas de migrantes, ha demostrado que no son su prioridad.

En diferentes momentos, las organizaciones de migrantes se han acercado al gobierno federal para cooperar y buscar nichos de oportunidad a través de los cuales se pueda potencializar el trabajo de los migrantes mexicanos en beneficio del país, pero no han obtenido respuesta.

Resulta fundamental que el Gobierno federal muestre sensibilidad ante las necesidades que los migrantes sufren. La falta de condiciones de vida digna hace a muchos migrantes tomar la decisión de emprender el camino para construir un mejor futuro. Hoy son doblemente golpeados por la adversidad. Ellos y sus familias no solo se enfrentan a una emergencia sanitaria, sino a una crisis económica que pone en riesgo sus derechos básicos como la alimentación.

La migración es un fenómeno que tiene implicaciones de índole económica y social que deben ser atendidas de forma integral. Es urgente impulsar medidas concretas para solucionar inmediatamente el drama sanitario al que se están enfrentando cientos de migrantes en México.

Los migrantes mexicanos se han consolidado como pieza clave para el mejoramiento en la calidad de vida de sus familias que radican en nuestro país, pero también, en ampliar los esquemas de apoyo a sus comunidades de origen.

En el GPPRI, somos conscientes de la importancia que tienen los migrantes y su trabajo para México, por ello, los escuchamos y hemos estado atentos por su bienestar, el de sus familias y para coadyuvar a mejorar su situación actual.

Es prioritario dirigir recursos públicos para atender la grave crisis económica por la que están pasando los migrantes mexicanos y sus familias, a efecto de que cuenten con un empleo y una fuente de ingresos, así como para impedir que aumenten los niveles de pobreza. Es imperativo que se fortalezcan los programas sociales dirigidos a este sector poblacional y que fueron fuertemente restringidos presupuestalmente durante los últimos dos años.

Asimismo, los tres órdenes de gobierno deben atender las propuestas realizadas por los migrantes y, en conjunto, diseñar e implementar aquellas que tienen mayor factibilidad y beneficio.

Reformar la Ley General de Desarrollo Social permitirá garantizar programas enfocados a migrantes mexicanos y sus familias con la finalidad de generar esquemas de desarrollo para sus localidades de origen. Con dicha propuesta se asegurarán recursos no solo para mejorar servicios básicos, sino también, impulsar proyectos productivos de alta incidencia social que, en el mediano y largo plazos reducirá los índices de migración, evitando que más mexicanos pongan en riesgo su integridad y vida.

De aprobar en sus términos la presente iniciativa, no sólo representará un incentivo para potenciar el desarrollo regional, sino también la creación de proyectos productivos para las familias de los migrantes. En este sentido, se propone reformar la Ley General de Desarrollo Social, en materia de atención a la población migrante, sus familias y comunidades en los siguientes términos:

Ley General de Desarrollo Social

En atención de lo expuesto someto a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social

Único. Se reforma el artículo 24 y se adicionan la fracción X al artículo 19 y un segundo párrafo a la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 19. ...

I. a IX. ...

X. Los programas dirigidos a impulsar proyectos productivos de migrantes mexicanos y sus familias que contribuyan al desarrollo de sus localidades de origen.

Artículo 24. Los recursos presupuestales federales asignados a los programas de desarrollo social, así como los dirigidos a impulsar proyectos productivos de migrantes mexic-anos y sus familias, podrán ser complementados con re-cursos provenientes de los gobiernos estatales y municipales, así como con aportaciones de organismos internacionales y de los sectores social y privado.

Artículo 34. ...

En las entidades, municipios y localidades con mayor índice de intensidad migratoria, los programas dirigidos a impulsar proyectos productivos de migrantes mexicanos y sus familias serán considerados prioritarios.

Artículo 62. ...

Los migrantes de origen nacional podrán participar en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones públicas dirigidas a impulsar proyectos productivos de migrantes mexicanos y sus familias.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://refugeesmigrants.un.org/es/definitions#:~: text=definiciones% 20de%20refugiados-Migrante,utilizados%2C%20legales% 20u%20otros%C2%BB.

2 https://www.cepal.org/es/temas/migracion#:~: text=La%20definici% C3%B3n%20m%C3%A1s%20aceptada%20en,geogr%C3%A1fico%20u%20administrativo%20debida mente%20definido%E2%80%9D.

3 http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/Glosario_Migracion_Inte-rna?page=3

4 Anuario de Migración y Remesas 2019, Consejo Nacional de Población, disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/498116/Anuario_Mi gracion_y_Remesas_2019_Primera_Parte.pdf

5 https://www.milenio.com/negocios/tlaxcala-alcanza-record-en-reme-sas-durante-20 21

6 https://tlaxcala.quadratin.com.mx/municipios/tlaxcala/sedesol-super-visa-apoyos -del-programa-3x1-migrantes-hueyotlipan/

7 Exigen recursos para migrantes, Reforma, disponible en:

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/def ault.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/exigen-recursos-para -migrantes/ar1846455?referer=–7d61616566 2f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a–

8 https://www.lajornadadeoriente.com.mx/tlaxcala/remesas-enviadas-migrantes-no-re flejan-politicas/

9 Trump aprovecha el Covid-19 para impulsar xenofobia en EU, La Jornada, disponible en:

https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/04/11/trump-aprove cha-el-covid-19-para-impulsar-xenofobia-en-eu-2722.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.– Diputado Mariano González Aguirre (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Bienestar, para dictamen, y a la Comisión de Asuntos Migratorios, para opinión.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género, a cargo del diputado Pedro Armentía López, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Pedro Armentía López, diputado federal en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que  se reforma el artículo 17, se adiciona un numeral 2 al artículo 18; se reforman los numerales 1 y 3 del artículo 31, los numerales 1 y 2 del artículo 62 y los numerales 1 y 4 del artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

La paridad de género es un criterio utilizado para gara-ntizar la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a puestos de representación política. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, que los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros en la integración y postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión y los Congresos de los Estados. 1

La primera vez que se utilizó el concepto paridad de género fue en 1952, con el presidente Adolfo Ruíz Cortines, quien reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser electas en todas las elecciones populares, sin embargo, para llegar a ello surgieron varios acontecimientos que impulsaron a las mujeres a buscar el reconocimiento y la igualdad entre los hombres. Catalina Pérez Osorio en la Cronología. Movimiento de paridad en México 1910-2019,destaca las siguiente fechas (mismas que se encuentran publicadas en la página oficial de Instituto Nacional Electoral):

1910

“Sufragio Efectivo. No Reelección”

Carmen Serdán se suma a la campaña antireeleccionista de Francisco I. Madero y apoya el Plan de San Luis. Este plan llamaba a los mexicanos a levantarse en armas, desconocer la reelección presidencial de Porfirio Díaz y convocaba a nuevas elecciones.

1911

Derecho al voto femenino

Un grupo de feministas de la Ciudad de México firmaron y enviaron una carta al presidente provisional, Francisco León de la Barra, donde reclamaban su derecho al voto.

1913

Asociación Femenil, “Hijas de Cuauhtémoc”

Fue una organización de principios del siglo XX fundada por la periodista Dolores Jiménez y Muro. Junto a obreras y escritoras, trabajaban por el derecho de las mujeres a la participación política y a la educación.

1913

La lucha en pos de la democracia

María Hernández Zarco, nombrada “La impresora heroica”, fue una tipógrafa que arriesgó su vida para imprimir el discurso de Belisario Domínguez, en donde se denunciaba la traición de Victoriano Huerta. Este suceso representó un gran paso en la consolidación de la democracia.

1918

Derechos políticos de las mujeres

Hermilia Galindo, una de las principales impulsoras del sufragio femenino, solicitó al Congreso Constituyente de 1917, el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. “[...] las mujeres necesitan el derecho al voto por las mismas razones de los hombres...”.

1922-1924

Primera candidata electa al Congreso de Yucatán

Elvia Carrillo Puerto, líder socialista que luchó por la reivindicación de los derechos políticos de las mujeres, fue la primera candidata electa al Congreso de Yucatán, cargo que desempeñó por dos años pero que se vio obligada a abandonar por amenazas de muerte.

1924-1925

El sufragio femenino en San Luis Potosí

En San Luis Potosí, el entonces gobernador Rafael Nieto, aprueba la ley que permitía a las mujeres leer y escribir, con la finalidad de participar en los procesos electorales municipales de 1924 y en los estatales de 1925.

1931

Refugio García en pro del voto femenino

Refugio García fue otra de las mujeres que manifestaron su convicción por participar activamente en la política mexicana. Perteneció al grupo de mujeres e intelectuales, que fundaron varias organizaciones, entre ellas, el Consejo Nacional para las Mujeres.

1932

Ligas Femeniles Campesinas

Con el impulso del Partido Comunista Mexicano, se conforman las Ligas Femeniles Campesinas y los Centros Femeniles Revolucionarios, organizaciones que luchaban por los derechos de las mujeres trabajadoras, el voto femenino, estancias infantiles, hospitales y salarios mínimos igualitarios.

1934

Frente de Mujeres Mexicanas

Durante la campaña presidencial de Lázaro Cárdenas, se conformó el Frente de Mujeres Mexicanas, organiza-ciones que fueron acogidas por el Partido Nacional Revolucionario (PNR), entre las que se encontraban: la Liga Orientadora de Acción Femenina (1927), el Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias (1929), el Partido Femenisita Revolucionario (1929), y la Confederación Femenil Mexicana (1931).

1935

Frente Único por Derechos de la Mujer

Promovido por el Partido Comunista Mexicano, y por otras fuerzas, el Frente Único Por Derechos de la Mujer reunió a 60 mil afiliadas. Lucharon por el voto, la extensión de la alfabetización, incorporó a las mujeres a la lucha política y obtuvo una de sus reivindicaciones. Entre sus dirigentes destacaron Consuelo Uranga, Frida Kahlo, Adelina Zendejas y María del Refugio García.

1936

Comité Femenino Interamericano pro Democracia

En 1936, se consolidó el Comité Femenino Interame-ricano pro Democracia, que apoyó y divulgó los principios de la política exterior del gobierno ante la Guerra Civil Española. Margarita Robles, directora de la Oficina de Acción Femenina del CEN del PNR, informa al presidente Cárdenas sobre la fusión de diversas agrupaciones femeninas en el Consejo Nacional del Sufragio Femenino.

1937

Reformar la Constitución por los Derechos de las Mujeres

Con motivo del discurso del presidente Lázaro Cárdenas en Veracruz, el Ejecutivo envió a la Cámara de Senadores la iniciativa para reformar el artículo 34 constitucional como primer paso para que las mujeres obtengan la ciudadanía; desafortunadamente no se otorgó.

1939

Lázaro Cárdenas reanuda la iniciativa por el voto femenino

El presidente Lázaro Cárdenas reitera su iniciativa de reformas y explica que por “falta de declaratoria” no se ha llevado a cabo la reforma constitucional.

1941

Alianza Nacional Femenina

Las secretarias femeniles Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), integran la Alianza Nacional Femenina enfocada a pedir el ingreso de las mujeres en puestos públicos. Matilde Rodríguez Cabo fue nombrada jefe de departamento de Previsión Social de la Secretaría de Gobernación, Palma Guillén, embajadora en Colombia.

1946-1947

Participación de las mujeres en elecciones municipales

El presidente Miguel Alemán aprobó la iniciativa que otorgó a las mujeres igualdad de condiciones que los hombres, para votar y ser votadas en elecciones municipales. En Aguascalientes, María del Carmen, se convirtió en la primera presidenta municipal de esa ciudad.

1952

Paridad de género

Adolfo Ruiz Cortines, presidente de México, emitió el decreto que reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser electas en todas las elecciones populares, ahí surgió el concepto de la paridad de género.

1953

Ciudadanía plena para las mujeres mexicanas

El 6 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad las reformas a los artículos 34 y 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoció la ciudadanía de las mujeres.

El 17 de octubre, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el nuevo texto el artículo 34 constitucional: “son ciudadanos de la República los varones y las mujeres...”. A partir de este momento las mujeres mexicanas adquirieron la ciudadanía plena, reivindicada y formulada por primera vez en un programa político.

1954

Aurora Jiménez de Palacios, primera diputada federal

Aurora Jiménez de Palacios se convirtió en la primera diputada federal por el Distrito I del estado de Baja California, como resultado de las elecciones extraordinarias verificadas el 4 de julio de 1954 en esa entidad. Rindió protesta ante la XLII Legislatura (1952-1955) el 7 de septiembre de 1954.

1955

Elecciones federales y el sufragio femenino

Las primeras elecciones en las que las mujeres emitieron su voto, fue para elegir diputaciones federales de la XLIII Legislatura (1955-1958). La primera en depositar su boleta fue doña María Izaguirre de Ruiz Cortines. Resultaron electas: Remedios Albertina Ezeta, por el estado de México; Margarita García Flores, por Nuevo León; Guadalupe Ursúa Flores, por Jalisco, y Marcelina Galindo Arce, por Chiapas.

1958

Macrina Rabadán, La primera diputada de oposición

Macrina Rabadán se convirtió en la primera diputada propietaria opositora por el Partido Popular Socialista en la XLIV Legislatura (1958-1961). En su fórmula, logró posicionar a otra mujer como su suplente.

1967

Las primeras senadoras de la república

Alicia Arellano Tapia y María Lavalle Urbina se convirtieron en las primeras senadoras de México, representando a Sonora y Campeche en las Legislaturas XLVI (1964-1967) y XLVII (1967-1970), respectivamente. Lavalle Urbina llegó a ser presidenta en el Senado.

1971

Mujeres En Acción Solidaria (MAS)

Mujeres en Acción Solidaria (MAS) fue el primero de una serie de grupos pro mujer, influenciados por el feminismo estadounidense y europeo posterior a 1968. El movimiento enarbola la frase: “lo personal es político”.

1975

Año Internacional de la Mujer

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 8 de marzo como el Año Internacional de la Mujer, a partir de ello, se observa como una celebración internacional anual.

1976-1985

Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer

La Asamblea General de la ONU adopta la decisión de celebrar el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. En esta conferencia, se recogieron 30 artículos en los que se exhorta a los países a trabajar en favor de los derechos de las mujeres y eliminar cualquier forma de discriminación.

1977

Derechos de la mujer y la paz internacional

La Asamblea General de la ONU invita a todos los estados a que proclamen, de acuerdo con sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día del año como el Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.

1979

Primera gobernadora en México

Griselda Álvarez Ponce de León se convirtió en la primera mujer gobernadora de la República Mexicana. Ocupó la gubernatura de Colima hasta 1985.

1985

Comisión Nacional de la Mujer

En 1985 se establece la Comisión Nacional de la Mujer que representó a Nairobi. A través de esta Comisión, se impulsó el desarrollo de proyectos diversos en beneficio de la población femenina. Este programa continuará hasta el año 2000.

1988

Rosario Ibarra Piedra, primera candidata presi-dencial

Rosario Ibarra fue la primera candidata presidencial en la historia de México, fue postulada por el desa-parecido Partido Revolucionario de los Trabajadores. En 1988 fue propuesta por segunda ocasión.

1988

Primera senadora de oposición

Ifigenia Martínez Hernández se convirtió en la primera senadora de oposición en la LIV Legislatura (1988-1991). Junto a Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, fundó el Partido de la Revolución Democrática.

Marzo 1993-1993

Reconocimiento legal de la cuota de género

La Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 115 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los que se conminaba a los partidos políticos a promover una mayor participación política de las mujeres.

1994-1994

Mujeres hacia la presidencia de México

Cecilia Soto fue postulada como candidata a la presidencia de la república por el Partido del Trabajo. En el año de este comicio electoral, Marcela Lombarto Otero, participó también como candidata presidencial por el Partido Popular Socialista.

1996

Programa Nacional de la Mujer, alianza para la igualdad

El gobierno de México creó el Programa Nacional de la Mujer: Alianza por la Igualdad. Los propósitos de este programa buscan promover, ordenar y orientar estrategias y acciones gubernamentales para impulsar el avance de las mujeres y a garantizar el ejercicio íntegro de sus derechos.

1997

Derechos político-electorales de las mujeres

La Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 1o. del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que señala que las candidaturas a diputados y senadores no excedan el 70 por ciento a un solo género.

2001

Instituto Nacional de las Mujeres

Se crea el Instituto Nacional de las Mujeres el 8 de marzo.

2002

Actualización de los derechos político-electorales de las mujeres

Nuevas reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), obliga a los partidos políticos a inscribir por lo menos el 30 por ciento de las candidaturas femeninas en los puestos de elección popular en calidad de propietarias, además de asegurar en las listas plurinominales una mujer por cada tres hombres.

2003

Aniversario del sufragio femenino en México

Se conmemora el 50 aniversario del otorgamiento del voto a las mujeres en México.

2005

Organismos internacionales en pro de los derechos humanos

La ONU en México, organiza el seminario “Situación de las mujeres en México”, con motivo de los 30 años de la primera Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en 1975. El seminario reúne a titulares y representantes de agencias especializadas de las Naciones Unidas, instituciones de gobierno y de la sociedad civil.

2006

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

El 2 de agosto de 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres, que tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.

2006

Mujeres hacia la Presidencia de México

Patricia Mercado fue postulada como candidata a la Presidencia de la República, por el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

2007

Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

El 1 de febrero se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta ley tiene el propósito de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

2008

Despenalización del aborto

La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueba con 8 votos a favor, despenalizar el aborto del Distrito Federal antes de las 12 semanas de gestación. Esta decisión histórica constituye la sentencia más importante en el reconocimiento al derecho de las mujeres en México.

2009

El valor social de las mujeres en la cultura

La Federación Mexicana de Universitarias, AC (Femu), presentó el proyecto para hacer el Museo Nacional de la Mujer. Se planteó que la sede fuera la casa de Leona Vicario, la heroína insurgente.

16 de diciembre de 2010

La CEDAW aprueba la recomendación general número 27

Uno de los motivos por los que las mujeres pueden sufrir múltiples formas de discriminación, es la edad, por ello, la recomendación establece las obligaciones que deben asumir los Estados parte para garantizar los derechos de las mujeres mayores.

10 de junio de 2011

Reforma constitucional por los derechos humanos

El 10 de junio, el Estado mexicano reconoce como constitucionales todos los derechos estipulados en los tratados internacionales en los que México participa. A partir de ello, la igualdad de género se entiende como: “mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad [...]”

2012

Capacitación y desarrollo político para las mujeres

El Instituto Federal Electoral aprobó las modificaciones al Reglamento de Fiscalización, que señala que el gasto ordinario de los partidos y organizaciones políticas deben usarse para la capacitación, promoción y liderazgo político de las mujeres.

15 de octubre de 2013

Consenso de Santo Domingo

El 15 de octubre se llevó a cabo la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en Santo Domingo, para ratificar los compromisos asumidos por los Estados con la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su Protocolo Facultativo.

2014

Liderazgo político de las mujeres

En 2014, se incrementó de 2 a 3 por ciento los recursos de los partidos políticos deban asignar para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, se determina de manera más clara en qué se puede gastar ese porcentaje.

31 de enero de 2014

El 31 de enero de 2014, se promulgó la reforma política electoral del artículo 41 de la Constitución, que eleva a rango constitucional, la garantía de la paridad entre mujeres y hombres en las candidaturas a la Cámara de Diputados, de Senadores y Congresos estatales.

OCTUBRE 2014

Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México

Bajo la iniciativa del Instituto Nacional de las Mujeres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral, se creó el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, que tiene el propósito de promover la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones del ámbito público.

2015

Primera Gobernadora Electa en Sonora

Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, se convirtió en la primera gobernadora de Sonora.

2016

Avance Paritario en Elecciones 2016

En las elecciones de 2016, las mujeres ocuparon 49.6 por ciento de las candidaturas en las diputaciones, y 45.6 por ciento de las personas electas por mayoría relativa, esto constituyó un avance en la agenda de género en el poder legislativo a nivel nacional.

Agosto 2016

Norma Mexicana de Igualdad Laboral y no Discriminación

Se trata de una certificación otorgada a centros de trabajo públicos, privados y sociales establecidos en la República Mexicana, que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, para favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores.

2017

Participación de los pueblos originarios en la democracia

El Instituto Nacional Electoral aprobó la Acción Afirmativa Indígena para las elecciones 2017-2018, que, por primera vez, obligó a los partidos políticos a postular únicamente a personas indígenas en los 13 distritos con 60 por ciento o más población indígena para la Cámara de Diputados.

2017

XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, aprobaron la estrategia de Montevideo para alcanzar la igualdad de género en la Agenda 2030

Derivado de esta conferencia, países de América Latina y el Caribe aprobaron la Estrategia de Montevideo para alcanzar la igualdad de género en la región 2030.

Julio 2017

Inclusión de personas con discapacidad

El 7 de junio, el Instituto Nacional Electoral aprobó el pro-tocolo para la incursión de las personas con discapacidad como funcionarios y funcionarias de Mesa Directiva de casilla, su implementación es para todos los procesos, locales, concurrentes, ordinarios y extraordinarios.

22 de diciembre 2017

Ejercicio del voto para todas las personas

El 22 de diciembre, el Instituto Nacional Electoral aprobó el protocolo para garantizar a las personas trans el ejercicio del voto en igualdad de condiciones y sin discriminación en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana.

2018-1 de julio 2018

Mujeres electas en gubernaturas

En la jornada electoral del 1 de julio de 2018, resultaron electas por primera vez dos mujeres para la gubernatura de la Ciudad de México y Puebla, ambos periodos 2018-2024.

2018-2024

Legislatura de la paridad de género

La LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, que fue integrada en el proceso electoral 2017-2018, resultó ser la más paritaria de la historia política mexicana. La Cámara de Diputados está representada por 49.2 por ciento mujeres y el 50.8 por ciento de hombres. El Senado de la República en tanto, 51 por ciento de mujeres y 49 por ciento hombres.

La participación plena de las mujeres en el ámbito político no solo es un derecho humano que debe ser garantizado, sino es un requisito indispensable tanto para el adecuado funcionamiento de la democracia, como para el crecimiento y desarrollo próspero de nuestras sociedades. 2

México ha logrado un avance significativo para alcanzar los derechos de las mujeres y la igualdad de género, principalmente en tres áreas fundamentales a nivel federal: el fortalecimiento del derecho interno para asegurar la igualdad de mujeres y hombres; una fuerte institucionalidad de género y el incremento de los recursos públicos etiquetados a la igualdad de género (ONU Mujeres). 3

Con la reforma-político electoral publicada el 10 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, se consideró por primera vez en la Ley General de Partidos Políticos, la norma de paridad de género en candidaturas para diputados federales y locales, y con diversas modalidades en la integración de las planillas para cabildos en los municipios. 4

Después de esta reforma, la sexagésima tercera legislatura, que abarca el periodo 2015-2018, llegaron 43 por ciento de mujeres como diputadas federales, mientras que en la legislatura 2012-2015 fueron el 37 por ciento. 5

En la sexagésima cuarta legislatura de este honorable Congreso, las mujeres ya ocuparon el 48 por ciento de las curules, mientras que 18 comisiones ordinarias, fueron presididas por ellas. 6

La actual legislatura cuenta con 250 mujeres en sus curules, y 28 de las comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados, ya son presididas por mujeres. 7

Aunado a lo anterior, está Legislatura, que comprende el periodo de 2021 al 2024, se declaró como “Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad”, lo anterior a solicitud de diversas diputadas y diputados. 8

El camino hacia la paridad de género tiene grandes avances en el Congreso de la Unión, pero también es importante reconocer que está pendiente, garantizar la integración bajo el principio de paridad de género, en los órganos de gobierno del Congreso de la Unión: que son la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política. El primero encargado de la conducción de las sesiones y el segundo de impulsar acuerdos, entendimientos y convergencias de los grupos parlamentarios en turno.

De acuerdo con la Organización Nacional de las Naciones Unidas Mujeres (ONU Mujeres): “la paridad política es necesaria para que las mujeres contribuyan a la toma de decisiones que afectan sus vidas y se beneficien del proceso de la democracia. La democracia paritaria propone un nuevo modelo de un estado inclusivo y un nuevo pacto social donde la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres sea una realidad”.

1. Calidad y legitimidad democrática. - En espacios donde se define la agenda política se ha demostrado que la participación de la mujer contribuye a que se incorporen temas que repercuten en beneficio de toda la sociedad.

2. Igualdad real en el acceso al poder. - Se ha demostrado que la política más efectiva, es la paridad como medida legal en lo político, además de que haya más mujeres en los espacios y órganos de decisión política.

3. Igualdad real a través de nuevas leyes y políticas. - El Banco Mundial (2014) señala en diversos estudios que la paridad permite que más mujeres lleguen a cargos políticos y cuando esto sucede, se tiene un impacto positivo en el tipo de políticas, temas, soluciones y políticas presupuestarias. Por ejemplo, las mujeres en el parlamento han impulsado la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en el hogar, la igualdad salarial y la mitigación de la violencia de género en una región.

4. Aprovechar el capital humano y mejorar el desarrollo. - La democracia paritaria plantea la incorporación plena e igualitaria de las mujeres en los aspectos económicos, sociales, políticos que permitan aprovechar el valioso capital humano. La desigualdad tiene costos para el desarrollo de los países. Recientes estudios en el plano económico señalan que las brechas que afectan a las mujeres en el mundo empresarial suponen una pérdida del 14% del PIB en América Latina y el Caribe.

5. Transformación en las relaciones de poder. - Redistribuir el poder de forma equilibrada entre hombres y mujeres como plantea la democracia paritaria tanto en el mundo público como en la vida privada, ayuda a construir relaciones horizontales de igualdad y liderazgos libres de estereotipos y prejuicios. 9

Entonces, para aplicar el principio de paridad de género y cumplir con el goce de los derechos políticos de las mujeres, es requisito necesario e indispensable que la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política se encuentren integradas bajo el principio de paridad de género. Y no, solo eso, se debe garantizar que alguno de estos órganos de gobierno del Congreso de la Unión también sea Presidido por una mujer durante el mismo periodo que el otro órgano sea Presidido por un hombre. De ser así, la paridad de género estaría cumpliéndose a cabalidad.

Las mujeres cuentan con todas las herramientas, conocimiento, experiencia, sensibilidad, carácter, capacidad y liderazgo para integrar y presidir la Mesa Directiva o la Junta de Coordinación Política.

Por las razones expuestas, someto a su consideración de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que  se reforma el artículo 17, se adiciona un numeral 2 al artículo 18; se reforman los numerales 1 y 3 del artículo 31, los numerales 1 y 2 del artículo 62 y los numerales 1 y 4 del artículo 81 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único.- Se reforma el artículo 17, se adiciona un numeral 2 al artículo 18, se reforman los numerales 1 y 3 del artículo 31, los numerales 1 y 2 del artículo 62 y los numerales 1 y 4 del artículo 81.

Artículo 17.

1. La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el Pleno bajo el principio de paridad de género; se integrará con un presidente, tres vicepresidentes y un secretario propuesto por cada Grupo Parlamentario, pudiendo optar este último por no ejercer dicho derecho. Los integrantes de la Mesa Directiva durarán en sus funciones un año legislativo.

Artículo 18.- ...

...

2. La Presidencia de la Mesa Directiva será electa cada año legislativo. Esta deberá considerar el género de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, ambos órganos serán presididos bajo el principio de paridad de género en el mismo año legislativo, se turnarán de forma rotatoria. El orden anual para presidir cada órgano será determinado por la Junta de Coordinación Política.

Artículo 31.

1. La Junta de Coordinación Política se integra con los coordinadores de cada Grupo Parlamentario bajo el principio de paridad de género.

...

3. Será presidente de la Junta por año legislativo, el coordinador de aquel Grupo Parlamentario que por sí mismo cuente con la mayoría absoluta en la Cámara. Deberá cumplir los criterios establecidos en el numeral 2 del artículo 18.

Artículo 62.

1. La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores se integra con un presidente, tres vicepresidentes y cuatro secretarios, electos bajo el principio de paridad de género y por mayoría absoluta de los senadores presentes y en votación por cédula.

2. La Mesa Directiva durará en su ejercicio un año legislativoy sus integrantes podrán ser reelectos. La Presidencia de la Mesa Directiva será electa tras considerar el género de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política. Ambos deben ser presididos bajo el principio de paridad de género en el mismo año legislativo, se turnarán de forma rotatoria. El orden anual para presidir cada órgano será determinado por la Junta de Coordinación Política. Antes de tomar posesión de sus cargos, los integrantes de la Mesa Directiva rendirán la protesta correspondiente en los términos que disponga el Reglamento.

Artículo 81.

1. Al inicio del periodo constitucional de cada legislatura, se conformará la Junta de Coordinación Política, la cual se integra por los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en la legislatura bajo el principio de paridad de género. Adicionalmente a los anteriores, serán integrantes de la Junta de Coordinación Política: dos senadores por el grupo parlamentario mayoritario y uno por el grupo parlamentario que, por sí mismo, constituya la primera minoría de la Legislatura. En su ausencia el Coordinador de cada grupo parlamentario podrá nombrar un Senador que lo represente.

...

...

4. Será presidente de la Junta de Coordinación Política por un año legislativo, el coordinador del grupo parlamentario que, por sí mismo, cuente con la mayoría absoluta del voto ponderado de la Junta. Deberá cumplir con los criterios establecidos en el artículo 62.

Transitorio

Único.- La presente decreto entrará en vigor a partir del 1 de septiembre del 2024, fecha en que da inicio la LXVI Legislatura.

Notas

1 Sistema de Información Legislativa-Gobernación. (s. f.). Paridad de género. SIL-Sistema de Información Legislativa. Recuperado 25 de noviembre de 2021, de

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=277

2 Naciones Unidas México, ONU México. (2020, 20 marzo). México regula violencia contra las mujeres en la política, avance fundamental para la igualdad. ONU Mujeres. Recuperado el 12 de noviembre de 2021, de

https://www.onu.org.mx/mexico-regula-violencia-contra-las-mujere s-en-la-politica-avance-fundamental-para-la-igualdad/

3 Organización de las Naciones Unidas Mujeres. (s. f.). ONU Mujeres América Latina y el Caribe. ONU Mujeres | América Latina y el Caribe. Recuperado 2 de diciembre de 2021, de

https://lac.unwomen.org/es/donde-estamos/mexico

4 INE. (s. f.). Reforma Político Electoral 2014. Información que debes conocer. Instituto Nacional Electoral. Recuperado 9 de diciembre de 2021 de

https://portalanterior.ine.mx/archivos2/CDD/Reforma_Electoral201 4/normatividad_legislacion.html

5 Cámara de Diputados. (s. f.). Integración por género y Grupo Parlamentario. LXIII Legislatura. Cámara de Diputados. Honorable Congreso de la Unión. Recuperado 9 de diciembre de 2021, de

http://sitllxiii.diputados.gob.mx/cuadro_genero.php

6 Cámara de Diputados. Honorable Congreso de la Unión. (s. f.). Integración por género y Grupo Parlamentario. LXIV Legislatura. Cámara de Diputados. Honorable Congreso de la Unión. Recuperado 9 de diciembre de 2021 de

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadro_genero.php

7 Cámara de Diputados. LXV Legislatura. (2021). Cámara de Diputados. LXV Legislatura. Recuperado 9 de diciembre de 2021, de

https://web.diputados.gob.mx/inicio/tusDiputados

8 Cámara de Diputados. (2021, 28 octubre). Boletín 0391. La LXV Legislatura es declarada “Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad”. Cámara de Diputados. LXV Legislatura. Recuperado 9 de diciembre de 2021, de

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletine s/2021/Octubre/28/0391-La-LXV-Legislatura-es-declarada-Legislatura-de-la-Parida d-la-Inclusion-y-la-Diversidad

9 ONU Mujeres. América Latina y el Caribe. (2019, 31 enero). 5 razones por las cuales la paridad es clave para las democracias en América Latina. Recuperado 12 de noviembre de 2021, de

https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2019/1/5 -razones-para-la-paridad-en-las-democracias

Bibliografía

Cámara de Diputados. (s. f.). Integración por género y Grupo Parlamentario. LXIII Legislatura. Cámara de Diputados. Honorable Congreso de la Unión. Recuperado 9 de diciembre de 2021, de

http://sitllxiii.diputados.gob.mx/cuadro_genero.php

Cámara de Diputados. (2021, 28 octubre). Boletín 0391. La LXV Legislatura es declarada “Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad”. Cámara de Diputados. LXV Legislatura. Recuperado 9 de diciembre de 2021, de

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletine s/2021/Octubre/28/0391-La-LXV-Legislatura-es-declarada-Legislatura-de-la-Parida d-la-Inclusion-y-la-Diversidad

Cámara de Diputados. Honorable Congreso de la Unión. (s. f.). Integración por género y Grupo Parlamentario. LXIV Legislatura. Cámara de Diputados. Honorable Congreso de la Unión. Recuperado el 9 de diciembre de 2021, de

http://sitl.diputados.gob.mx/LXIV_leg/cuadro_genero.php

Cámara de Diputados. LXV Legislatura. (2021). Cámara de Diputados. LXV Legislatura. Recuperado 9 de diciembre de 2021, de

https://web.diputados.gob.mx/inicio/tusDiputados

Freidenberg, F. (2017). La representación política de las mujeres en México. En MC Osornio Guerrero (Ed.), Las consecuencias imprevistas de la participación: la violencia política hacia las mujeres en México (Primera Edición, páginas 273—286). Universidad Nacional Autónoma de México.

https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2018/12/la_ representacion_politica_de_las_mujeres_en_mex.pdf

INE. (s. f.). Reforma Político-Electoral 2014. Información que debes conocer. Instituto Nacional Electoral. Recuperado el 9 de diciembre de 2021 de

https://portalanterior.ine.mx/archivos2/CDD/Reforma_Electoral201 4/normatividad_legislacion.html

Naciones Unidas México ONU México. (2020, 20 marzo). México regula violencia contra las mujeres en la política, avance fundamental para la igualdad. ONU Mujeres. Recuperado 12 de noviembre de 2021, de

https://www.onu.org.mx/mexico-regula-violencia-contra-las-mujere s-en-la-politica-avance-fundamental-para-la-igualdad/

ONU Mujeres. América Latina y el Caribe. (2019, 31 enero). 5 razones por las cuales la paridad es clave para las democracias en América Latina. Recuperado 12 de noviembre de 2021, de

https://lac.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2019/1/5 -razones-para-la-paridad-en-las-democracias

Organización de las Naciones Unidas Mujeres. (s. f.). ONU Mujeres América Latina y el Caribe. ONU Mujeres | América Latina y el Caribe. Recuperado 2 de diciembre de 2021, de

https://lac.unwomen.org/es/donde-estamos/mexico

Sistema de Información Legislativa-Gobernación. (s. f.). Paridad de género. SIL-Sistema de Información Legislativa. Recuperado 25 de noviembre de 2021, de

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=277

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.– Diputado Pedro Armentía López (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

«Iniciativa que reforma el artículo 199 Octies del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María de Jesús Aguirre Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

El 25 de noviembre del 2021, en la sesión solemne del día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, nos acompañó en la Cámara de Diputados Olimpia Coral Melo, una joven mujer que, con su activismo social, dio origen a la denominada “Ley Olimpia”.

Esta surge a raíz de la difusión de un video de contenido sexual no autorizado, compartido por su entonces novio en redes sociales. Esa conducta quedó sin castigo, a pesar de que el responsable las publicó sin su consentimiento. Derivado de ello se impulsó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Puebla, lugar en donde sucedieron los hechos y tipificar tales conductas como violación a la intimidad. Pasarón muchos años para que se pudiera lograr tipificar el delito. En nuestro país, hasta el momento 29 entidades han aprobado normas en este sentido. 1 El posicionamiento de Olimpia en la tribuna de la nación, nos invitó a la reflexión sobre este tema y la sororidad de las y los diputados.

La “Ley Olimpia” no se refiere a una ley como tal, sino a un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia.

Son consideradas conductas que atentan contra la intimidad sexual:

- Videograbar, fotografías o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo, de una persona sin su consentimiento.

- Exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes o videos de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe consentimiento mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico y plataforma digital.

Se entiende como violencia digital aquellas acciones en las que se expongan, difundan o reproduzcan imágenes o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento, a través de medios tecnológicos y que por su naturaleza atentan contra la integridad, la dignidad y la vida privada de las mujeres causando daño psicológico, económico o sexual tanto en el ámbito privado como en el público, además de daño moral, tanto a ellas como a sus familias.

El día 1 de junio del año 2021, en el Diario Oficial de la Federación se publicaron por primera vez las modificaciones al Código Penal Federal, en donde se adicionaron diversas disposiciones, en las cuales se busca castigar las prácticas que vulneran la privacidad e intimidad sexual de las niñas y mujeres en nuestro país, mismas modificaciones que entraron en vigor al día siguiente de su publicación.

Con lo anterior se buscó atacar la problemática de la viralización de los contenidos sexuales, publicados en la red de internet a través de diversas plataformas, sin el consentimiento, aprobación o autorización de las personas participantes y con lo cual se considera un parteaguas para el reconocimiento de estas prácticas que vulneran la seguridad sexual de las niñas y mujeres.

La “Ley Olimpia” abre su primer caso: procesan a joven por acoso en la UNAM

La fiscalía capitalina consiguió que un hombre de 21 años fuera vinculado a proceso por el delito de acoso sexual, tras ser acusado de fotografiar a una joven mientras estaba en un baño de la UNAM.

La “Ley Olimpia”, como se conoce a la nueva norma que busca combatir la ‘pornovenganza’ y otras formas de violencia en contra de las mujeres, generó su primer caso en la Ciudad de México, en contra de un hombre señalado de acosar a una joven en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) informó este martes que consiguió que el hombre de 21 años, identificado como Jorge Daniel Mendoza López, fuera vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de acoso sexual.

Una joven acusó a Mendoza López de tomarle fotografías con su teléfono celular mientras estaba en uno de los baños de la Facultad de Ciencias de la UNAM, detalló la FGJ en un comunicado. Se trata de la primera vinculación a proceso en la capital del país en la que se aplica la “Ley Olimpia”.

De acuerdo con la FGJ, la joven solicitó la detención de Mendoza López, misma que un juez calificó de legal. Como medida cautelar, el juzgador determinó que Mendoza López tendrá que presentarse periódicamente ante las autoridades y tendrá prohibido acercarse a la víctima.

La FGJ contará con dos meses más para el cierre de la investigación complementaria. 2

En los últimos tres años se abrieron dos mil 143 carpetas de investigación por la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento en 18 estados del país, donde se apro-baron reformas para sancionar estas conductas. Sin embargo, se ha generado un cuello de botella en las investigaciones que realizan las fiscalías estatales, lo que provoca que 83 por ciento de las denuncias sigan en trámite, revela un estudio de la colectiva Luchadoras.

A esto se suma el hecho de que las carpetas de inves-tigación no se judicializan, pues sólo se han iniciado 24 causas penales ante los poderes judiciales de los estados, y apenas existe una sentencia condenatoria por sexting en Chihuahua.

De las más de dos mil carpetas que informaron tener 18 estados, la mayor parte se concentra en Michoacán, con 537; Chihuahua, con 446; San Luis Potosí, con 306 y Coahuila, con 258. Involucran a mil 960 víctimas, 83.46 por ciento mujeres.

El informe agrega que existen 846 carpetas abiertas, pero solo se obtuvo información sobre el destino de 652 de ellas: 543 están en trámite, 36 en archivo temporal, en siete hubo no ejercicio de la acción penal y dos están en extinción.

Solo en 44 carpetas se encontró conclusión a través de alternativas de justicia como la suspensión condicional del proceso, acuerdo reparatorio, procedimiento abreviado y el otorgamiento del perdón.

Respecto a las 24 causas penales, siete están en Tamaulipas, seis en Nuevo León, cinco en Chihuahua, tres en Campeche y una en Jalisco, Ciudad de México y Baja California Sur, respectivamente.

La brecha entre el número de causas penales iniciadas versus el número de carpetas de investigación abiertas es abismal. Ésta es una evidencia más contundente de que tipificar el delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento no es pase automático a un mayor acceso a la justicia para las mujeres.

Valorar el daño derivado de una agresión digital tiene que ser un ejercicio que va más allá del cálculo del impacto económico. Tiene que ver con las fallas y carencias del proceso de investigación y un apoyo especializado de contención emocional, la remoción de contenidos y la denuncia y dada de baja de los perfiles de los agresores.

En colaboración con Fundar, la colectiva también elaboró un peritaje de impactos psicosociales para identificar el impacto de una amenaza digital, el cual fue elaborado por el Colectivo de Apoyo contra la Violencia Digital de Luchadoras en colaboración con Fundar, arrojo que, como consecuencias de estas amenazas, se puede dar en las victimas desde ansiedad, miedo, aislamiento e inhibición de la participación en redes. 3

Es muy importante que las víctimas de este delito encuentren en sistema punitivo sanciones graves, así como graves son las conductas de los sujetos que violan su intimidad.

Es por esto que esta iniciativa propone las siguientes modificaciones:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 199 Octies del Código Penal Federal

Único: Se reforma el párrafo tercero del artículo 199 Octies del Código Penal Federal para quedar como sigue:

Artículo 199 Octies. - Comete el delito de violación a la intimidad sexual, aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad, sin su consentimiento, su aprobación o su autorización.

Así como quien videograbe, audiograbe, fotografíe, imprima o elabore, imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación, o sin su autorización.

Estas conductas se sancionarán con una pena de seis a diez años de prisión, una multa de mil a dos mil Unidades de Medida y Actualización, la reparación del daño y ofrecer una disculpa pública a la víctima.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 http://ordenjuridico.gob.mx/violenciagenero/LEY%20OLIMPIA.pdf

2 https://politica.expansion.mx/cdmx/2020/02/04/la-ley-olimpia-abre-su-primer-cas o-procesan-a-joven-por-acoso-en-unam

3 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/atoran-ley-olim-pia-hay-dos-mi l-casos-de-sexting-y-una-condena-7396699.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.– Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión.

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS

«Iniciativa que adiciona los artículos 25 y 43 de la Ley General de Partidos Políticos, a cargo del diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Eduardo Zarzosa Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción X, recorriendo las subsecuentes al numeral 1, del artículo 25; y el inciso f), recorriendo las subsecuentes al numeral 1, del artículo 43, de la Ley General de Partidos Políticos, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

Uno de los mayores pendientes históricos que tenemos en nuestro país es la deuda social con nuestros pueblos originarios, ya que han sido discriminados sistemáticamente con el paso del tiempo y aún en nuestros días.

Esta discriminación ha dado como resultado un rezago en el goce y disfrute de los derechos fundamentales que les son propios, viéndose limitados en el acceso a servicios públicos, así como en el beneficio de diferentes planes o programas gubernamentales.

Hemos sido testigos de la vulnerabilidad en que vive este sector tan importante de nuestra sociedad, ya que, de acuerdo con el Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024, 1 en México existen: 68 pueblos indígenas y un pueblo afromexicano; 25.7 millones de personas se auto describen como indígenas y 1.3 como afromexicanas, lo que representa el 21.5 por ciento y 1.2 por ciento de la población nacional, respectivamente. Dicho programa señala también que existen 64 mil 172 localidades con población indígena y 12 millones de personas que viven en hogares indígenas, representando el 10.6 por ciento de la población nacional.

Según los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, en nuestro país hay 7 millones 364 mil 645 personas mayores de 3 años que hablan alguna lengua indígena.

Otros de los resultados arrojados por el último Censo en materia de pueblos indígenas es que el 23.1 por ciento de las personas hablantes de lenguas indígenas no están afiliados a servicios de salud; además de que el promedio de escolaridad de la población de 15 años y más hablante de lengua indígena es de 6.2 años (correspondiendo 5.8 para las mujeres y 6.7 para los hombres). 2

Por su parte, el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020 3 indica que para el año 2018, aproximadamente 12 millones de mexicanos eran indígenas, lo que representaba el 10 por ciento de la población total. Según el documento referido, el 69.5 por ciento se encontraba en situación de pobreza, es decir, unos 8 millones 340 mil personas, de éstos, el 41.6 por ciento se ubicaba en pobreza moderada y 27.9 por ciento en pobreza extrema.

Asimismo, dicho informe refiere que la principal carencia que enfrentan los pueblos originarios es el acceso a la seguridad social, en un 78.2 por ciento; seguida de los servicios básicos de vivienda, en un 57.5 por ciento; falta de acceso a la alimentación, 31.5 por ciento; rezago educativo, 31.1 por ciento; calidad y espacios de la vivienda, 28.5 por ciento y acceso a los servicios de salud, 15.4 por ciento.

Lo anterior también impacta en el derecho que tienen nuestros pueblos originarios y comunidades afromexicanas a participar en la vida política del país, directamente o por medio de representantes. Recordemos que los derechos civiles y políticos son aquéllos que garantizan las libertades fundamentales de las personas y su participación activa en la vida política y social. 4

En ese sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que todas las personas tenemos derecho, sin discriminación alguna, a participar en la dirección de los asuntos públicos, ya sea de manera directa o a través de representantes libremente elegidos.

Por otra parte, en México, nuestra Carta Magna reconoce la composición pluricultural de la nación, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, tal como lo señala el segundo párrafo del artículo 2o. constitucional; aunado a ello, en 2019 se adicionó el apartado C. para dar reconocimiento específico a las comunidades afromexicanas.

A pesar de la existencia de un marco normativo a nivel nacional e internacional que reconoce la pluriculturalidad, prohíbe la discriminación y promueve la participación  de los pueblos indígenas y afromexicanos, éstos continúan siendo relegados de la toma de decisiones, por lo que, como representantes de esta sociedad pluricultural, es nuestro deber dotarlos de los instrumentos jurídicos necesarios para garantizar su plena participación en los asuntos públicos, así como el goce de sus derechos cívicos y políticos.

En este orden de ideas, el Consejo Nacional para Eliminar la Discriminación (Conapred) 5 señaló desde marzo de 2011, que en las Observaciones finales al Informe de México formuladas por el Comiteé para la Eliminación de la Discriminación Racial en 2006, se recomendó al Estado mexicano, entre otras cosas, a garantizar en la práctica el derecho de los pueblos indígenas a participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos públicos a cualquier nivel.

Si bien la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos amplió la protección de los derechos políticos y electorales de las comunidades indígenas, es necesario que los partidos incluyan en su agenda los temas de interés de este importante sector y que generen mecanismos de participación acordes con las formas de organización política indígena. 6

Por ello, la presente iniciativa tiene como objeto abrir un espacio real de participación de las comunidades y pueblos originarios y afromexicanos al interior de los partidos políticos, al reformar la Ley General de Partidos Políticos a fin de establecer la obligación de que éstos cuenten con un órgano encargado de garantizar a las personas originarias de los pueblos indígenas y afromexicanos, el ejercicio de sus derechos políticos y electorales.

A continuación, se presenta un cuadro comparativo para ilustrar el contenido de la presente propuesta:

Ley General de Partidos Políticos

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el proyecto de decreto que se adjunta.

Decreto

Artículo Único. se adicionan la fracción X, recorriendo las subsecuentes al numeral 1 del artículo 25; y el inciso f), recorriendo las subsecuentes al numeral 1, del artículo 43, de la ley general de partidos políticos,  para quedar como sigue:

Artículo 25.

1. ...

a) a w)...

x) Garantizar a las personas originarias de los pueblos indígenas y afromexicanos, reconocidos por la legis-lación aplicable, el ejercicio de sus derechos políticos y electorales,

y) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a su información les impone, y

z) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables.

Artículo 43.

1. ...

a) a e). ...

f) Un órgano responsable de garantizar a los pueblos indígenas y afromexicanos, reconocidos por la legis-lación aplicable, el ejercicio de sus derechos políticos y electorales;

g) Un órgano encargado de cumplir con las obligaciones de transparencia y acceso a la información que la Constitución y las leyes de la materia imponen a los partidos políticos, y

h) Un órgano encargado de la educación y capacitación cívica de los militantes y dirigentes.

2 y 3. ...

Artículos Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los partidos políticos nacionales contarán con un plazo de 180 días hábiles, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para crear el órgano interno responsable de garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Notas

1 INPI, “Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024”, consultado en:

https://adsdatabase.ohchr.org/IssueLibrary/MEXICO_Programa%20Nac ional%20de%20los%20Pueblos%20Ind%C3%ADgenas%202018—2024.pdf

2 Inmujeres, “Población Indígena”, mayo de 2021, consultado en:

http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Poblacion_in digena.pdf

3 Coneval, Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020, consultado en:

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/Informes/IEPDS_2 020.pdf

4 Cortés, Juan Ignacio, AI, “Los derechos civiles y políticos, garantía de una vida en libertad”, 29 de octubre de 2020, consultado en:

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/blog/historia/articulo / derechos-civiles-derechos-politicos/

5 Conapred, “Documento Informativo sobre la Discriminación Racial en México”, 21 de marzo de 2011, consultado en:

https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Dossier%20DISC-RACI AL.pdf

6 Galicia García, Griselda, Diálogo Político, “México: participación y representación política indígena”, 3 de febrero de 2020, consultado en:

https://dialogopolitico.org/agenda/mexico-participacion-y-repres entacion-politica-indigena/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.– Diputado Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen, y a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para opinión.

LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

«Iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley de la Industria Eléctrica, suscrita por los diputados Melissa Estefanía Vargas Camacho y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscribimos, Melissa Estefanía Vargas Camacho y Rubén Ignacio Moreira Valdez, Diputados por la LXV Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley de la Industria Eléctrica, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El desarrollo de la generación y distribución de la energía eléctrica generada por energías limpias destinada al autoconsumo se encuentra limitada, con restricciones, siendo fundamental determinar los modelos de contratos, metodologías de cálculo de contraprestaciones y las disposiciones de carácter administrativo a partir de las cuales pueda comercializarse la energía eléctrica obtenida mediante generación distribuida de energías limpias, ya que los grandes beneficiarios son usuarios domésticos, industriales y comerciales, pequeñas y medianas empresas (Pymes), donde han restringido su ahorro. Por otro lado, las variaciones en los costos y dificultades de cada etapa se traducen en una carga económica a los usuarios o beneficiarios finales de la energía, y recae en el consumidor final pagar por estas fluctuaciones.

Ahora bien, la Ley de la Industria Eléctrica establece los modelos de contratos, metodologías de cálculo de contra-prestaciones y las disposiciones de carácter administrativo a partir de las cuales pudiera comercializarse la energía eléctrica obtenida mediante Generación Distribuida, donde cualquier persona podrá generar energía eléctrica para su autoconsumo y vender sus excedentes; con ello, se impulsa a los particulares, industria y pequeñas y medianas empresas en el desarrollo de la generación de energía eléctrica en pequeña escala, que a diciembre de 2021 representa apenas el 2.22% de la capacidad total de generación en el país, según cifras de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

De acuerdo a diversos estudios y análisis de competitividad indican que, en una etapa de adopción temprana, la generación distribuida tiene costo más altos, y que la inversión en la instalación de energías limpias como los paneles solares es competitiva frente a otras fuentes convencionales de generación de energía eléctrica, además, se consideran grandes beneficios en su generación y distribución, por ejemplo:

• Se reduce el uso de combustibles fósiles.

• Disminuye la demanda de generación de energía eléctrica en períodos pico.

• Mejora la calidad de la energía al registrarse menos apagones y cambios de voltaje.

• Se requiere menos infraestructura para generar y transmitir energía eléctrica.

• El particular puede tomar el control de la generación de su propia electricidad.

Se proporciona un mejor aprovechamiento de la energía generada.

México se caracteriza por una red eléctrica longitudinal, es decir, los grandes centros de consumo de energía se encuentran alejados de las zonas de generación, lo que provoca conflicto en su transmisión y distribución, por ello, el incremento de la capacidad de Generación exenta, permitirá en consecuencia el incremento de la Generación Distribuida (GD), la cual contribuye a reducir el impacto ambiental de la generación centralizada de energía al permitir que las tecnologías basadas en energías limpias generen electricidad para diversos usos, además, el utilizar las fuentes de energía local reduce o eliminan las pérdidas de energía que produce la transmisión y distribución de energía de fuentes de generación alejadas.

La GD es la energía eléctrica producida por un generador exento, por lo que la capacidad instalada de la central de generación debe ser menor a 500 kW -0.5 MW- y además que se interconecte a un circuito de distribución que contenga una alta concentración de Centros de Carga; la Ley de Transición Energética (LTE) indica que si la generación se realiza a partir de Energías Limpias es Generación Limpia Distribuida (GLD).

La energía eléctrica puede producirse por medio de diversas fuentes o tecnologías, en la actualidad muchas de ellas con sistemas de cogeneración o de autoabastecimiento con energías renovables, ante esto resulta prioritario superar el 0.5 MW establecido, y tener una visión a largo plazo mediante el uso de diversas tecnologías, promoviendo de manera especial el uso de las energías limpias.

El crecimiento de la GD deberá contribuir a la demo-cratización de la Generación de Energía Eléctrica, priori-zando la GLD y al acceso universal al servicio eléctrico. La GLD deberá contribuir con el cumplimiento de las metas de energías limpias, establecidas en la LTE y otros documentos que emanan de esta, así como con las metas de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero GEI, establecidas en los compromisos de la COP 26 y en la política nacional de Cambio Climático.

Asimismo, el fomento en la Generación Distribuida incidirá positivamente en el desarrollo de la cadena de valor y de capacidades nacionales, así como en la calidad y el cumplimiento con estándares reconocidos a nivel nacional e internacional.

Promover la GLD conducirá a México hacia un correcto desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantiza su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el impulso al uso de Energías Limpias para lograr la reducción de emisiones contaminantes, contribuyendo de manera directa a mitigar los efectos del Calentamiento Global.

Duplicar la capacidad de una central en Generación Distribuida aumentaría la dinámica en el desarrollo de las energías renovables, siendo un detonante de inversión, ya que el 0.5 MW establecido es muy restrictivo. En México están operando de manera comercial empresas que están entregando energía, que representan poco más de 2 mil MW, y con el aumento a 1MW estas cifras se duplicarían, además, se establecen las condiciones para que se puedan invertir millones de dólares en tecnologías limpias.

La CRE publicó un reporte acerca de la evolución de Generación Distribuida en México durante 2021, bajo la denominación oficial de “Solicitudes de interconexión de centrales eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW”.

El informe señala que en 2021 se instalaron 480 MW en 59,408 contratos de interconexión. De dicho modo la potencia total de generación distribuida asciende a 2,031 MW en 270,506 acuerdos de interconexión, cifra que estima una inversión de 3,515.22 millones de dólares.

Por otro lado, si bien la mayor parte de la capacidad instalada por rango corresponde a centrales que van de 5 a 10 kW — 550.24 MW son de esta índole -, el mayor crecimiento en 2021 se dio en los proyectos de 0 a 5 kW y gracias a ello suman 480.93 MW y son los segundos sistemas más elegidos. En tanto, las centrales de 250 a 500 kW conservan el tercer escalón a nivel potencia total instalada, con 350.45 MW.

Jalisco es la entidad federativa con mayor capacidad instalada en lo que se refiere a Generación Distribuida, ya que añadió 38 MW y casi 5,000 acuerdos en el primer semestre de 2021 y al cierre del año poseía un total de 398.98 MW instalados en 49,949 contratos. Nuevo León cuenta con 220.52 MW en 29,177 contratos y el Estado de México 126.82 MW en 10,143 acuerdos, en centrales eléctricas con capacidad menor a 500 kW.

Chihuahua superó a la Ciudad de México en capacidad instalada, con 136.04 MW en 21,062 contratos, siendo el segundo estado que mayor cantidad de megavatios instalados sumó en el primer semestre del año 21.39 MW, tan sólo por detrás de Jalisco.

Motivo por el cual, el uso extendido de la Generación Distribuida produce aún más beneficios como lo son: el aprovechamiento tecnológico y uso de energías renovables, impactando en la disponibilidad y baja en el precio de esta tecnología; facilitando la seguridad energética y, a la vez, reduciendo las emisiones contaminantes; además permite responder ante cualquier tipo de emergencia energética.

La experiencia internacional indica que los límites de generación distribuida exceptuada de la autorización de los reguladores son sustancialmente mayores a los que nuestra legislación indica.

El mundo transita por una Generación Distribuida menos restrictiva, por ejemplo: Brasil hasta 5 MW; Colombia igual o menor a 1 MW; Honduras no tiene límites menores a 50 MW; Guatemala, su norma técnica considera hasta 5 MW y Reino Unido, donde sus pequeños distribuidores no pueden exceder 2.5 MW, pequeños suministradores no pueden exceder los 5 MW, de los cuales, no más de 2.5 MW pueden ser suministrados a consumidores domésticos, incluso pueden ascender a 10 MW para los generadores.

Regulación que han permitido que la población y gobiernos de esos países enfoquen sus esfuerzos económicos en robustecer las redes eléctricas, facilitando el desarrollo de proyectos e incentivando la comercialización de energía que sea producto de energías limpias. Con ello, se abren nuevas líneas de transmisión y se crean condiciones propicias para la instalación de nuevas tecnologías de distribución que, se traduce en una mejor gestión remota.

Por lo tanto, es fundamental que el marco regulatorio de transmisión y distribución minimice incertidumbres y propicie las inversiones de largo plazo para la mejora de la red eléctrica del país. Es fundamental modernizar la red eléctrica y liberarla de saturación o congestión frecuente, puesto que esto acarrea aumentos en el costo marginal de la generación de energía, mayores emisiones de gas de efecto invernadero y una menor eficiencia energética.

La Generación exenta permite a las centrales eléctricas con capacidad instalada menor a 500 KW generar y vender excedentes de energía eléctrica y productos asociados a pequeña escala y de manera descentralizada, a través de un suministrador. Con esto se disminuye la transmisión de energía eléctrica en la red en periodos pico, abonando al descongestionamiento de la red eléctrica en las horas de mayor demanda de energía.

El pasar a 1 MW duplicaría el número de generadores exentos y en consecuencia, de los sistemas de Generación Distribuida, así como los beneficios propios que el esquema plantea, además, de crear mercados de energía a nivel distribución para transacciones multilaterales.

De manera prioritaria, tal iniciativa contempla la GLD que permitirá a los Generadores Exentos obtener Certificados de Energía Limpia (CEL), lo que significará una gran apertura del mercado de Certificados para la Generación Distribuida, estimulando la inversión y como incentivo para el cumplimiento de las metas de generación de energías limpias establecidas en la Ley de Transición Energética y en los acuerdos internacionales.

Por otro lado, se torna fundamental la participación de la CRE, a fin de evitar distorsiones de mercado y transferencias indebidas o desproporcionadas de recursos que generen un desbalance económico entre los diversos agentes inmiscuidos en el mercado.

Iniciativa que busca ampliar el rango de acción para que centrales eléctricas de GD y GLD, reduzcan la cantidad de trámites y faciliten su gestión para su incorporación al sistema eléctrico y en consecuencia sean más accesibles, generando un beneficio para los usuarios finales, así mismo, un alivio en los esfuerzos que realizan las empresas productivas del país, a fin de enfocarlos donde le resulte más benéfico y estratégico. La iniciativa de mérito busca ampliar el límite de capacidad de generación de las centrales eléctricas que no requiere permiso de generación eléctrica de la Comisión Reguladora de Energía de 0.5 MW a al menos 1 MW, con lo que aumentaría el máximo de capacidad que se puede instalar actualmente de forma exenta de conformidad con el artículo 17 de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Además, de impulsar la generación de energías limpias. 1

En ese sentido y con la intención de tener una mejor perspectiva de la Iniciativa, a continuación, se presenta un cuadro comparativo entre el texto vigente y la propuesta:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta honorable soberanía, el proyecto de decreto que adjunto se acompaña:

Decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley de la Industria Eléctrica

Único. Se reforma el artículo 17 de la Ley de la Industria Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 17. Las Centrales Eléctricas con capacidad mayor o igual a 1 MW y las Centrales Eléctricas de cualquier tamaño representadas por un Generador en el Mercado Eléctrico Mayorista requieren permiso otorgado por la CRE para generar energía eléctrica en el territorio nacional, dando prioridad a la Generación Limpia Distribuida. Se requiere autorización otorgada por la CRE para importar energía eléctrica proveniente de una Central Eléctrica ubicada en el extranjero y conectada exclusivamente al Sistema Eléctrico Nacional. Las Centrales Eléctricas de cualquier capacidad que sean destinadas exclusivamente al uso propio en emergencias o interrupciones en el Suministro Eléctrico no requieren permiso.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota:

1 De acuerdo con la fracción XXII del artículo 3 de la Ley de la Industria Eléctrica se entiende por Energías Limpias aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad cuyas emisiones o residuos, cuando los haya, no rebasen los umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se expidan. Entre las cuales se consideran el viento, la radiación solar, la energía oceánica, el calor, los bioenergéticos, entre otras.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.– Diputada y diputado: Melissa Estefanía Vargas Camacho, Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

«Iniciativa que reforma el artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Norma Angélica Aceves García, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Quinta Legislatura Federal, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IX del artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, de acuerdo con la siguiente:

Exposición de Motivos

1. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas señala que la accesibilidad es una condición previa para que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones, debido a que sin acceso al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información, las personas con discapacidad no tendrían iguales oportunidades de participar en sus respectivas sociedades. 1

En ese sentido, el Comité emitió en 2014 la Observación general número 2, a través de la cual se desarrollan los elementos para la adecuada armonización del artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y sirve como un referente o guía para los Estados parte en el cumplimiento de las obligaciones en materia de accesibilidad. 2

En la citada observación general, el Comité reconoce que la obligación de los Estados de proporcionar la accesibilidad es una parte esencial del nuevo deber de respetar, proteger y hacer realidad los derechos a la igualdad, así como la obligación de que todas las infraestructuras e instalaciones nuevas deben ser diseñadas de forma que sean plenamente accesibles para las personas con discapacidad de conformidad con el principio de diseño universal, así como que en las estructuras o edificaciones ya existentes deben llevarse a cabo las adaptaciones para eliminar las barreras u obstáculos que dificultan su accesibilidad.

Asimismo, señala que en el caso de los entornos ya existentes el posible costo de la eliminación de las barreras no puede aducirse como excusa para eludir la obligación de eliminar gradualmente los obstáculos de accesibilidad y obliga a la fijación de plazos, asignación de recursos, al cumplimiento de obligaciones por parte de las autoridades competentes, así como al establecimiento de mecanismos de supervisión efectivos.

En virtud de lo anterior, la Convención desarrolla dos conceptos a partir de los cuales los Estados parte deben lograr la tan anhelada accesibilidad de las personas con discapacidad:

-“Diseño universal”: Diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Las personas con discapacidad y los demás usuarios deben poder entrar en edificios de diseño universal y desplazarse dentro de ellos, recurriendo a ayudas técnicas y asistencia humana o animal en caso necesario.

-“Ajustes razonables”: Entiende a las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, dejando claro que la denegación de estos ajustes razonables es un acto discriminatorio que atenta contra el derecho a la igualdad de las personas con discapacidad. 3

2. En México, los conceptos descritos en la citada Convención han sido retomados en el marco jurídico nacional en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que reconoce el derecho a la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y dispone que se deben emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas que permitan el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras. 4

Asimismo, señala que para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento o entorno urbano y los espacios públicos, se contemplará que sea de carácter universal, obligatoria y adaptada para todas las personas; que incluya el uso de señalización, facilidades arquitectónicas, tecnologías, información, Sistema de Lectoescritura Braille, Lengua de Señas Mexicana, ayudas técnicas, perros guía o animal de servicio y otros apoyos; y que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva. 5

3. Las instancias del poder público deben tener el mayor compromiso en atender todas aquellas disposiciones y lineamientos reconocidos en el país, tanto por una cuestión de congruencia, como instituciones del Estado, como para ser el modelo a partir del cual incidir para que las cosas sucedan, particularmente en este caso, tratándose de la accesibilidad y todo lo necesario a partir de lo cual se asegure la inclusión de las personas con discapacidad.

A nivel federal, todas las dependencias y entidades, así como las sedes de los poderes públicos, deben ser accesibles y tener a disposición de las personas con discapacidad diferentes herramientas y ajustes que permitan su inclusión, pero no sólo desde un enfoque en el que la personas con discapacidad es visitante, sino atendiendo que las personas con discapacidad somo potenciales ocupadoras de cualquier espacio o puesto, por lo que la inclusión no puede limitarse a cuestiones relativas al acceso y tránsito, sino debe ubicarse en la posibilidad de permanencia y ejecución de funciones, para lo cual se podrán requerir diversos apoyos técnicos y humanos.

Caso concreto, tratándose de la Cámara de Diputados, sabedora de los esfuerzos y la inquebrantable voluntad con la que se ha trabajado para realizar ajustes razonables en favor de las legisladoras y legisladores que vivimos con alguna discapacidad, y testigo de la visión de inclusión que impera en la LXV Legislatura, me da la confianza para impulsar a través de la presente iniciativa una reforma al Reglamento de la Cámara de Diputados, para que sean derechos de diputadas y diputados con discapacidad el otorgamiento y facilitación de ayudas técnicas y asistencia humana, así como las acciones afirmativas y ajustes razonables, que se requieran, para realizar el ejercicio de funciones en igualdad de condiciones.

Lo anterior, reiterando que quienes presiden los órganos de gobierno de la presente Legislatura han trabajado para que las diputadas y diputados que vivimos con discapacidad seamos debidamente incluidos, pero consciente en que como órgano reformador, a partir del cual se diseñan las leyes e impulsa que las mismas cumplan con los instrumentos internacionales de los que México es parte, debemos ser modelo y adecuar nuestro Reglamento.

Por lo anteriormente descrito, con fundamento en las disposiciones señaladas, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por la que se reforma la fracción IX del artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Único. Se reforma la fracción IX del numeral 1 del artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 6.

1...

I a VIII...

IX. Tener asesoría y personal de apoyo que coadyuven al desarrollo de su cargo. En caso de diputadas o diputados que sean personas con discapacidad, además, se les otorgará y facilitará la asistencia personal, las medidas de accesibilidad y los ajustes razonables que requieran para realizar el ejercicio de sus funciones en igualdad de condiciones, lo cual será con cargo a la Cámara;

X. a XX...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, “Observación general núm. 2 (2014). 11º período de sesiones. 31 de marzo a 11 de abril de 2014. 22 de mayo de 2014.

2 Ibid

3 Ibidem

4 Artículo 16. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras.

Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente.

5 Artículo 17. Para asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento o entorno urbano y los espacios públicos, se contemplarán entre otros, los siguientes lineamientos:

I. Que sea de carácter universal, obligatoria y adaptada para todas las personas;

II. Que incluya el uso de señalización, facilidades arquitectónicas, tecnologías, información, sistema braille, lengua de señas mexicana, ayudas técnicas, perros guía o animal de servicio y otros apoyos, y

III. Que la adecuación de las instalaciones públicas sea progresiva.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2022.– Diputadas Norma Angélica Aceves García, Sofía Carvajal Isunza (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen, y a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para opinión.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

«Iniciativa que reforma el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Marco Antonio Mendoza Bustamante, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I y 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado, artículo 2o A, fracción I, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

México posee una radiografía clara del impacto económico de la pandemia. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), debido a la pandemia de Covid-19 el ingreso de los hogares mexicanos reportó un descenso del 5.8 por ciento en el 2020, respecto a 2018. Se estima que 90 por ciento de la población manifestó pérdida de ingresos. El ingreso por hogar pasó de 17 mil 806 pesos al mes, en promedio en 2018 a 16 mil 770 pesos en 2020, se ubicó en su menor nivel desde 2014. Geográficamente, las ciudades y los estados más volcados al sector servicios fueron los que cargaron con un mayor impacto en su economía. 1

Datos macroeconómicos del 2020, del Inegi, demuestran el desplome del 8.5 por ciento en el producto interno bruto (PIB) y la desaparición de 12 millones de empleos. El año pasado el PIB tuvo la peor caída desde los años treinta. La encuesta anteriormente citada establece que el ingreso pasó de 53 mil 418 pesos trimestrales a 50 mil 309 pesos trimestrales. La reducción se debe principalmente a la pérdida de empleo y de salario, que representan el 64 por ciento de los ingresos regulares que cayeron en cerca de un 11 por ciento respecto al 2018. 2

La encuesta estima que las regiones más golpeadas por la pandemia son aquellas cuya economía cuenta con un mayor peso en el sector servicios, por su parte, el sector exportador es que el que más rápidamente se ha recuperado gracias a la reactivación económica del mercado estadounidense. Por ejemplo, la investigación estima que los ingresos trimestrales promedio en el turístico Quintana Roo se desplomaron en un 23 por ciento y los de Ciudad de México, en un 20.5 por ciento. 3

El Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que se prevé que el país crezca en un 2.8 por ciento en 2022, frente a pronósticos anteriores del 4 por ciento. 4 Estos números reflejan la calidad de la recuperación. El menor dinamismo del mercado interno se está traduciendo en mayores despidos, ya que las empresas se ven obligadas a recortar gastos ante el menor consumo. Aunque en el pasado mes de junio se registraron medio millón de empleos más que hace un año, el trabajo informal aumentó del 56 por ciento al 59 por ciento, al igual que el número de horas trabajadas. 5 Según las proyecciones, México será el país más afectado en materia económica de Latinoamérica derivado de la crisis sanitaria. La Encuesta sobre la Demografía de los Negocios (EDN) del Inegi estima que en el 2020 México registró un saldo de 391 mil 414 negocios menos, entre los que cerraron definitivamente sus puertas y los que ya no se crearon.

Aunque la Covid-19 y sus consecuencias no distinguen entre género, raza o circunstancia socioeconómica, el golpe económico fue más fuerte para algunos sectores pues la llegada de la pandemia cambió muchas de las actividades básicas de las personas y de la sociedad; por voluntad, por restricción o por necesidad la alimentación es una de ellas y sigue transformándose. El confinamiento producto de la pandemia se tradujo en cambios en los hábitos alimenticios. El gasto en productos consumidos dentro de casa aumentó un 10 por ciento, mientras que los alimentos en el exterior cayeron un 43 por ciento. 6

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, declaró en 2019 que los establecimientos de alimentos y bebidas como actividades conexas de la actividad turística alcanzó una cifra de 195 mil 817 empresas, las cuales generaban fuentes de empleo del orden de 840 mil plazas, razón por la cual antes de la pandemia este sector se había constituido en la segunda rama económica en generación de plazas de trabajo. El titular expuso que el consumo turístico total de alimentos y bebidas en 2019 fue de 349 mil 458 millones de pesos, de los cuales el 30.7 por ciento, es decir 107 mil 460 millones de pesos, corresponden al consumo de turistas internacionales, en tanto que los otros 242 mil millones de pesos los aporta el turismo nacional. 7

Como resultado del paro de actividad debido al confinamiento y a las restricciones, la contracción en la industria restaurantera fue tres veces más fuerte. Este sector presentó una caída de 29.3 por ciento, de acuerdo con cifras elaboradas por el Inegi en conjunto con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac). 8

Los restaurantes, bares, loncherías o cafeterías fueron de los primeros en cerrar sus puertas cuando el nuevo virus tocó el territorio mexicano por considerarse actividades no esenciales. Ante la llegada de la nueva enfermedad los médicos y la población en general fue descubriendo las formas de contagio, primero se creía que el virus podía propagarse si tocábamos un objeto infectado, después se encontró que es por el aire que se propaga. Luego se descubrió que los espacios abiertos son más seguros y el cubrebocas es la mejor forma de protegernos. Conforme la ciencia y la medicina avanzaban para conocer la evolución del virus, encontrar los mejores tratamientos y para alcanzar la inmunidad, esto permitió que las restricciones alrededor del mundo se fueron flexibilizando. En México los restaurantes abrieron sus puertas tras la primera ola de contagios cerca de junio del 2020, pero para diciembre del mismo año tuvieron que cerrar nuevamente ante la llegada del segundo brote de Covid-19. En ciertas ciudades del país se inició un movimiento liderado por representantes del sector, colaboradores y trabajadores para abrir nuevamente sus puertas a los comensales.

La industria restaurantera es uno de los principales sectores para la economía nacional y uno de los generadores de empleo más importantes en las décadas recientes, gracias a su vinculación directa con el turismo, que aporta cerca del 9 por ciento al PIB de México. Francisco Fernández, presidente de la Canirac, detalló que antes de la pandemia había poco más de 600 mil restaurantes en todo el país, que empleaban a dos millones de mexicanos de forma directa y 3.5 millones de manera indirecta. 9 Los empresarios destacaron que existe una amplia cadena productiva asociada a la industria que también ha sido dañada, como verdulerías, panaderías, tortillerías, carnicerías, pollerías, ente otros. 10

En su reporte, la Cámara ofrece como contraste que en el estado de México antes de la pandemia se tenían registrados 70 mil restaurantes, que generaban 340 mil empleos directos; con el confinamiento han cerrado definitivamente 10 mil negocios, con una pérdida de, al menos, 50 mil empleos directos. En Ciudad de México hasta la tercera ola de la pandemia se han cerrado cerca de 13,500 restaurantes, siendo los establecimientos más afectados aquellos que no han tenido acceso al programa Ciudad al Aire libre. 11

Por lo anteriormente expuesto y ante la necesidad vital de reactivar uno de los pilares de la economía nacional, es la importancia de esta iniciativa que busca apoyar a la industria restaurantera en todo el país, lo que permitirá incentivar el consumo, la generación de empleo directos y la habilitación de la cadenada productiva asociada a este sector. La propuesta presentada busca disminuir el impuesto al valor agregado que se aplica a la enajenación de alimentos disminuyendo la tasa de aplicación del 16 al 10 por ciento, en alimentos preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio.

Esta soberanía tiene la responsabilidad de reconocer que el impuesto al valor agregado crea una brecha entre el precio que pagan los compradores y el percibido por los vendedores Como consecuencia de esta brecha, la cantidad vendida es menos que la que se vendería con un impuesto menor. Con la reducción en la tasa de aplicación a la industria restaurantera el volumen de transacciones en mercado, así como, la recuperación de espacios de empleabilidad. 12

Mankiw-Gregory, en su libro Principios de Economía, sostiene que los impuestos distorsionan las decisiones económicas y de consumo que toman las personas. Los cambios en los impuestos generan efectos interesantes en el consumo; uno de ellos es un cambio en el comportamiento de la economía y de los individuos. El economista sostiene que los impuestos provocan pérdidas irrecuperables de eficiencia por que impiden a los compradores y a los vendedores conseguir algunas de las ganancias derivadas de los intercambios al reducir los incentivos para realizarlos. 13

Gregory explica que cuando el gobierno reduce el impuesto se incrementa el dinero que los particulares tienen para gastar. Los particulares ahorran parte de ese ingreso adicional, pero también gastan parte de este en bienes de consumo. Cuando el gobierno reduce los impuestos y estimula el gasto de consumo, los ingresos y las utilidades de los negocios aumentan, lo que estimula aún más el gasto de consumo. 14

La publicación realizada por Tax Foundationi, en 2012, denominada “What is the evidence on taxes and growth” presenta 26 estudios con evidencia empírica realizados entre 1983 y 2012 que analizaban el impacto en el crecimiento económico con el del alza de impuestos. La principal conclusión es que en 23 de los 26 documentos considerados sí se observó un efecto negativo entre el incremento tributario y el crecimiento, la inversión y, en última instancia, en el empleo y la economía. 15

El mantener una tasa tributaria del 16 por ciento en la industria restaurantera afecta de manera directa a este sector, sobre todo cuando este se encuentra en un lento proceso de recuperación resultado de la pandemia. Mantener alta la tasa de aplicada a la enajenación de alimento producen lamentablemente menos incentivos a trabajar, a acumular capital y generar ingresos, con el consecuente impacto negativo en el crecimiento, la inversión y en el empleo. Dado que los impuestos modifican los precios relativos, afectan las decisiones de todos los agentes de la sociedad, tanto de las personas como de las empresas, impactando su bienestar.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que el impacto en el crecimiento económico depende del tipo de gravamen: los impuestos corporativos serían los que generan mayor impacto negativo, seguidos por los impuestos a los ingresos personales, a los impuestos al consumo y, finalmente, a la propiedad. Este ranking se justifica en el hecho que primero habría que generar riqueza para que luego ésta sea consumida, por lo que aquellos impuestos que afectan la capacidad de generar riqueza en la economía (como al capital o trabajo) impactan su creación. 16

En septiembre de 2021, la propia Canirac y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) le solicitaron al gobierno una reducción temporal de IVA en el consumo de restaurantes y hospedajes. El presidente de la Canirac, Germán González, declaró que dicho gravamen podría reducirse meses o años para incentivar el flujo de las empresas, que han sufrido el mayor impacto por la pandemia.

El gobierno de la Ciudad de México informó en enero de 2021, que condonaría el pago de impuestos a restaurantes en la capital y a pequeños negocios en el Centro Histórico debido a la crisis derivada de la pandemia de Covid-19. El gobierno de la ciudad argumento que esta medida pretendía iniciativa a los comercios y evitar el despido de los empleados. Sin embargo, a pesar de esta iniciativa el Congreso de la Ciudad de México aprobó para el presente años, un impuesto del 2 por ciento para aplicaciones de reparto de alimentos y mercancías; es decir, impuso nuevo gravamen, lo que provocó el disgusto de repartidores y consumidores, y sentando las bases para una nueva pérdida de ventas para restaurantes.

Los impuestos afectan de diversas formas a la economía. En vista de que cierto porcentaje en la tasa de impuestos pueden llegar a reducir las inversiones y en el consumo. Ambos pilares para la creación de empleo. Sin trabajo no hay ingreso y sin ingreso los recursos se vuelven escasos.

Esta reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado en su artículo 2o.-A, fracción I, propone reducir la tasa impositiva para aplicar un 10 por ciento en la enajenación de los alimentos preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen. Con lo que se busca incentivar el consumo, elevando los ingresos a la industria restaurantera, e incrementando la generación de los empleos directos e indirectos del sector.

Los cambios propuestos quedarían como sigue:

Ley del Impuesto al Valor Agregado

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se modifican los artículos 2o.-A, fraccion I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado

Artículo Único. Se reforman el artículo 2o.-A, fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado:

Artículo 2o.-A. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

I. La enajenación de:

...

Se aplicará la tasa del 10% a la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Ingresos y Gastos de los Hogares

https://www.inegi.org.mx/temas/ingresoshog/

2 Ibid

3 Ibid

4 FMI recorta pronóstico de crecimiento de México; pasa de 4 a 2.8% para 2022

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/01/25/fmi-recorta- pronostico-de-crecimiento-de-mexico-pasa-de-4-a-28-para-2022/

5 Ibid

6 Radiografía de la crisis en México: el 90% de los hogares tiene menores ingresos a causa de la pandemia

https://elpais.com/mexico/2021-07-28/radiografia-de-la-crisis-en -mexico-el-90-de-los-hogares-tienen-menores-ingresos-a-causa-de-la-pandemia.htm l

7 La industria restaurantera es uno de los sectores económicos más afectados por este nuevo virus.

https://mvsnoticias.com/noticias/economia/sector-restaurantero-d el-pais-es-de-gran-importancia-para-la-economia-nacional-sectur/

8 La crisis de la industria restaurantera fue tres veces más profunda que la de la economía nacional.

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-crisis-de-la-industr ia-restaurantera-fue-tres-veces-mas-profunda-que-la-de-la-economia-nacional-202 11029-0093.html

9 90 mil restaurantes han cerrado en México por la pandemia de covid-19: Canirac

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/15-o-90-mil-restaurante s-han-cerrado-en-mexico-por-la-pandemia-de-covid-19-canirac/

10 Cierran 13,500 restaurantes en CDMX; ‘tenemos el agua hasta el cuello’, alertan

https://www.forbes.com.mx/noticias-al-menos-13500-restaurantes-h an-cerrado-en-cdmx-por-crisis/

11 Restaurarte ante el covid-19 Riesgos e implicaciones potenciales para la industria de restaurantes, de Deloitte.

https://blog.cookingdepot.com/los-restaurantes-en-mexico-ante-el -covid-retos-y-propuestas

12 Los efectos de los impuestos

http://herzog.economia.unam.mx/profesores/blopez/fiscal%20-%20Pr es.%206.pdf

13 Los efectos de los impuestos

http://herzog.economia.unam.mx/profesores/blopez/fiscal%20-%20Pr es.%206.pdf

14 Ibid

15 What is the evidence on taxes and growth?

https://taxfoundation.org/what-evidence-taxes-and-growth/

16 Los Impuestos Sí Afectan El Crecimiento

https://lyd.org/wp-content/uploads/2018/09/TP-1367-IMPUESTOS-Y-C RECIMIENTO.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2022.– Diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

«Iniciativa que adiciona el artículo 73 Bis a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo del diputado Carlos Augusto Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe Carlos Augusto Pérez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio del derecho de iniciativa y formación de leyes, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 73 Bis a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Diputados y diputadas que integran la LXV legislatura

“Es crucial repensar la forma en que diseñamos, gestionamos y planificamos nuestras ciudades, para permitirles funcionar de una manera que contribuya a cumplir el objetivo de un mundo libre de carbono. El Desafío de Ciudades Climáticamente Inteligentes proporciona una plataforma para la colaboración y la creación conjunta, para encontrar soluciones innovadoras que contribuyan a un mejor futuro urbano”: Maimunah Mohd Sharif, directora ejecutiva de ONU-Hábitat.

Ante esta tribuna los que trabajamos por la cuarta transformación sabemos que esta iniciativa busca contribuir en la preservación del medio ambiente y plantear medidas de solución para combatir el cambio climático, esta tarea es una gran responsabilidad que tenemos que asumir como representantes del populares, nuestra labor debe impactar en el desarrollo sustentable y sostenible de nuestro país; este proyecto se sustenta en la democracia y la gobernanza, que conlleva principios de participación ciudadana en la solución de los problemas ambientales que afectan a la sustentabilidad del país.

La flora urbana desempeña un importante papel en la mitigación de los impactos ambientales, la de gran tamaño puede absorber hasta 150 kilogramos de CO2 al año. Las actividades humanas acaban cada año con 15 mil millones de árboles. El número de árboles del planeta se ha reducido en 46 por ciento. Al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que 92 por ciento de la población mundial está expuesto a niveles peligrosos de contaminación del aire.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación afirma que una ciudad con una infraestructura verde bien planificada y bien manejada se vuelve más resistente, y sostenible. Y asegura que, a lo largo de su vida, los árboles urbanos pueden proporcionar unos beneficios que valen dos o tres veces más que la inversión en su plantación y cuidado. Se calcula que plantar 20 por ciento más de árboles en las megaciudades duplicaría los beneficios de los bosques urbanos, como la reducción de la contaminación (El País, mayo de 2018).

El Instituto Tecnológico de Massachusetts menciona que en las ciudades donde hay menos arboles sube la temperatura, hay más acontecimientos meteorológicos extremos y una continua contaminación del aire. Por eso el bienestar de nuestros árboles urbanos es hoy más importante que nunca.

Por lo anterior, los árboles en las urbes y enverdecer las ciudades pueden ayudar a rebajar la temperatura entre 2 y 8 grados Celsius, también ejercen un efecto calmante y hacen más agradable la vida en las urbes. Fomentan la biodiversidad urbana al atraer pájaros e insectos, absorben dióxido de carbono y ayudan a limpiar el aire contaminado (Instituto Tecnológico de Massachusetts, 2020).

Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, y que se prevé que en 2050 aumentará hasta 66 por ciento. Un porcentaje que en algunas áreas del planeta será mucho mayor. Según el Banco Mundial, nueve de cada 10 latinoamericanos vivirán en una ciudad en las próximas cuatro décadas (El País, mayo de 2018).

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas publicó en noviembre de 2018: “Hoy en las ciudades del país es común observar una inadecuada planeación urbana, lo que ha generado un crecimiento desordenado, la vulnerabilidad de las áreas verdes y su distribución limitada a espacios reducidos.

Las áreas verdes en los espacios urbanos desempeñan ser-vicios muy importantes. Por ejemplo, funciones biológicas como proporcionar oxígeno, capturar contaminantes y regular la temperatura. Además, contribuyen a disminuir y amortiguar los niveles del ruido, así como a incrementar la biodiversidad.

Las áreas verdes también son espacios medicinales para la sociedad, pues vivir cerca de la vegetación reduce el estrés y la depresión. Fomentan la convivencia social y motivan a los habitantes a ejercitarse, mejorando su estado de salud.

Es importante que valoremos y consideremos las áreas verdes como una estrategia para mejorar la calidad de vida en las ciudades. De acuerdo con la OMS, se requieren al menos 16 metros cuadrados de áreas verdes por habitante para garantizar su bienestar. Actualmente, en las ciudades, se tienen 5m2, lo que está muy por debajo de lo recomendado por la OMS.

El urbanismo actual pretende generar un ambiente confortable en las ciudades, con espacios verdes que promuevan la continuidad de las funciones ecológicas que brinda la vegetación.

Es importante la participación de la población, el fomento de una conciencia ambiental y conservacionista, y la adopción de hábitos que promuevan el cuidado y mantenimiento de los espacios verdes.

Aquí te ofrecemos algunas acciones que ayudan a recuperar y mantener las áreas verdes de nuestra localidad:

• Plantar árboles y plantas nativas.

• Establecer zonas de vegetación en bulevares, calles y avenidas.

II. Argumentación

Por lo anterior, el compromiso con México, con nuestras familias es mitigar los efectos del cambio climático y mejorar las condiciones del medio ambiente para las futuras generaciones, además de promover la cultura de la preservación del medio ambiente, el futuro de las generaciones venideras se construye hoy, el árbol que se siembra hoy será la sombra del mañana.

A lo largo de los años, de diversas generaciones y cambios evolutivos, hemos visto como los ecosistemas han ido cambiando, desapareciendo especies de árboles y consigo ejemplares de aves, por lo conducente en diversas ciudades del país los niveles de contaminación son mucho más altos que en las zonas rurales, debido a los diferentes químicos que se desprenden de automóviles, de fábricas, de negocios, pirotécnica, entre otras cosas, tenemos la responsabilidad social de sembrar vida en las calles, de producir oxígeno limpio para los pulmones; por ende, no solamente contribuimos al ambiente sino que atacamos un problema de salud pública.

La modernización ha promovido el desarrollo de infraestructura, el desarrollo tecnológico, económico y un sistema de producción avanzado, sin embargo, el costo ha sido altísimo debido a que se procura la producción y el consumismo, pero no se procura el medio ambiente, así mismo vemos como el proceso de urbanización olvido a las áreas verdes, si bien es cierto que ahora se está retomando, también es cierto que desde el marco jurídico debemos impulsar y potencializar la prevalencia de áreas verdes.

Por ello es importante que en las ciudades y en el proceso de urbanización contar con espacios públicos naturales, que además de los beneficios ya mencionados generan un cambio en nuestro entorno, nuestra salud y nuestras familias.

Logremos que México sea un ejemplo para Latinoamérica y sea el pionero del cambio, un proverbio manifiesta sigue la senda, respeta la naturaleza y vivirás en libertad.

Por ello me permito presentar una adición de la ley en comento, pues del análisis de su contenido, no observamos la obligatoriedad de que las autoridades y los particulares al llevar a cabo acciones de urbanización, como construcción de edificios, casas, desarrollos habitacionales, vialidades entre otras acciones, no se contempla considerar vegetación, es decir la plantación de árboles o sus semejantes que permita crear un ambiente más sano y amigable con la naturaleza.

En el contenido de la ley observamos que se deberá adicionar un párrafo en el título octavo, que versa sobre los instrumentos normativos y de control, en el capítulo único, sobre la regulación del espacio público; y, específicamente, en el artículo 74, donde planteo adicionar un párrafo, como se observa enseguida:

En razón de lo expuesto y fundamentado, me permito someter a consideración de esta honorable Cámara, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 74 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordena-miento Territorial y Desarrollo Urbano

Único. Se adiciona un párrafo al artículo 74 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar como sigue:

Artículo 74....

...

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, deben considerar en los proyectos de construcción, remo-delación y/o ampliación urbana en cuanto a pavi-mentación, calles, parques, banquetas, bulevares, plazas, explanadas y cualquier espacio público: vegetación, es decir, plantación de árboles o sus semejantes de acuerdo con el espacio y tipo de suelo de la zona o región.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán crear o adecuar todas las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los contenidos de este instrumento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2022.– Diputado Carlos Augusto Pérez Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Norma Angélica Aceves García, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Quinta Legislatura Federal, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, de acuerdo con la siguiente:

Exposición de Motivos

La sociedad civil organizada es un elemento fundamental en la búsqueda de soluciones creativas e innovadoras para los retos comunes que hoy día las comunidades enfrentan. Dicho sea de paso, la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil se forman alrededor de una causa común para fortalecer la resiliencia individual así al compartir experiencias y resultados las personas encuentran un medio más favorable para resarcir sus apremios y fortalecer el tejido social de sus comunidades.

Las organizaciones de la sociedad civil disponen de una normativa que fortalece su trabajo y les brinda un marco legal que les permite acceder a diversas prerrogativas gubernamentales para un mejor ejercicio de sus acciones, la denominada Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, describe en su artículo 1o. el alcance y objetivo de la Ley, que a la letra dice:

Artículo 1. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto:

I. Fomentar las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil señaladas en el artículo 5 de esta ley;

II. Establecer las facultades de las autoridades que la aplicarán y los órganos que coadyuvarán en ello;

III. Determinar las bases sobre las cuales la Adminis-tración Pública Federal fomentará las actividades a que se refiere la fracción I de este artículo;

IV. Establecer los derechos y las obligaciones de las organizaciones de la sociedad civil que cumplan con los requisitos que esta ley establece para ser objeto de fomento de sus actividades, y

V. Favorecer la coordinación entre las dependencias y entidades del gobierno federal y las organizaciones de la sociedad civil beneficiarias, en lo relativo a las actividades que señala el artículo 5 de la misma.

Dicho lo anterior es el interés de la iniciativa agregar dentro de las actividades señaladas en el artículo 5o., las de aquellas organizaciones civiles que cada día combaten el desperdicio y la pérdida de alimentos.

Es de resaltar que la fracción segunda del artículo en comento refiere lo siguiente:

Artículo 5. Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto de fomento son las siguientes:

I. Asistencia social, conforme a lo establecido en la Ley de Asistencia Social y en la Ley General de Salud;

II. Apoyo a la alimentación popular;

III. Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público;

IV. Asistencia jurídica;

V. Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas;

VI. Promoción de la equidad de género;

VII. Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad;

VIII. Cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural;

IX. Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos;

X. Promoción del deporte;

XI. Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud y cuestiones sanitarias;

XII. Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas urbanas y rurales;

XIII. Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico;

XIV. Fomento de acciones para mejorar la economía popular;

XV. Participación en acciones de protección civil;

XVI. Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen actividades objeto de fomento por esta ley;

XVII. Promoción y defensa de los derechos de los consumidores;

XVIII. Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana, y

XIX. Las que determinen otras leyes.

Sin embargo, es necesaria la puntualidad, porque dentro del apoyo a la alimentación popular se sobre entiende aquellas acciones destinadas a brindar un servicio altruista en comedores comunitarios y otras similares, pero no existe la probidad de que las organizaciones de la sociedad civil reciban los beneficios de la Ley, cuando su acción principal sea la recolección de alimentos, almacenamiento y distribución para los consumidores primarios.

Estas asociaciones se agrupan en nuestro país bajo la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, AC (AMBA), la cual se define en estructura y objetivos como: 1

La AMBA tiene la misión de rescatar alimentos para reducir y mejorar la nutrición de poblaciones en situación de vulnerabilidad en el país. Opera bajo un modelo de desarrollo sostenible y sustentable, con tecnología de vanguardia en colaboración con actores enfocados a este fin.

La AMBA es una asociación civil sin fines de lucro que cuenta con más de 15 años de experiencia en coordinar acciones para rescatar alimento, recursos económicos y otros bienes a personas de escasos recursos en zonas urbanas y suburbanas.

En AMBA se reciben donativos en dinero y en especie; se extienden recibos deducibles de impuestos por su donación, además de los beneficios fiscales que obtendrá al apoyar esta causa.

Los valores de esta asociación son: servir a las personas más necesitadas por eso trabajan con sentido de urgencia; actuar con integridad y transparencia: “no tomo lo que no es mío” y tratar a los demás es con respeto, dignidad e igualdad y trabajar en equipo.

Es importante destacar que este tipo de asociaciones sociales tienen una visión que permite optimizar los recursos para reducir las pérdidas de alimentos y contribuir en el abatimiento del hambre en México.

Dado que según la FAO alrededor de una tercera parte de los alimentos producidos para consumo humano en el mundo se pierde o se desperdicia, lo cual representa aproximadamente 1 mil 300 millones de toneladas anualmente. 2 Más aún datos relativos a nuestro país citados en el Índice de desperdicio de alimentos, publicado en el año de 2013, por la entonces Secretaría de Desarrollo Social, se muestra lo siguiente:

Resultados: Niveles de Desperdicio de Alimentos en México por Producto

La colaboración de la sociedad civil fortalecida a través de las acciones descritas en la Ley en comento, tendrá un efecto positivo para reducir dichas pérdidas y eficientar el trabajo coordinado entre las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil con la meta de reducir el hambre en México, dado que según datos del Coneval ascienden a las siguientes cifras:

-En 2010, 24.8 por ciento de las y los mexicanos vivían con carencia por acceso a la alimentación, es decir aproximadamente 28.4 millones de personas. Para 2014, la cifra porcentual disminuyó para ubicarse en el 23.4 por ciento, es decir 28.0 millones de personas.

-En 2014, las entidades federativas con mayor porcentaje de población que vive con carencia por acceso a la alimentación fueron: Tabasco (45 por ciento); Guerrero (38.5 por ciento); Oaxaca (36.1 por ciento) y Michoacán (34.5 por ciento).

-De acuerdo con la misma fuente solo el 57.5 por ciento de las y los mexicanos (69.0 millones) viven con seguridad alimentaria, el restante 42.5 por ciento, actualmente presenta algún rezago respecto a el acceso a alimentación, distribuidos de la forma siguiente, 19.1 por ciento (22.9 millones) se encuentran en inseguridad alimentaria leve, 13.4 por ciento (16.1 millones) y en nivel moderado y el restante 9.9 por ciento (11.9 millones) en nivel severo.

-El indicador referente a el acceso a la alimentación de acuerdo a la edad, sexo y procedencia étnica refiere los siguientes datos:

–En 2014, el 23.3 por ciento (14.3 millones) de las mujeres en México vivían con carencia en el acceso a la alimentación.

–En el mismo año, el 27.6 por ciento (11.0 millones) de las y los menores de 18 años de edad presentan el mismo tipo de rezago.

–Asimismo el 24.6 por ciento (9.1 millones) de las personas jóvenes menores de 30 años, se encontraban en la misma situación de carencias.

–El 20 por ciento (1.8 millones) de las personas adultas mayores, coinciden al encontrarse en la misma posición de rezago.

–El conjunto de personas con discapacidad, en carencia alimentaria representa el 31.1 por ciento (2.4 millones).

–Finalmente, el 38.8 por ciento (4.6 por ciento) de las personas indígenas en México, igualmente se encuentran en algún nivel de carencia por acceso a la alimentación.

Por lo que se considera que la Iniciativa tendrá un efecto positivo en la lucha contra el hambre y el aprovechamiento sustentable de los recursos que también tiene efectos negativos, no sólo en la economía y la alimentación, sino también en el cambio climático al ser la agricultura y la ganadería responsables de una cantidad significativa de los gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, tal como se lee a continuación

“Hasta 14 por ciento de las emisiones originadas por la agricultura en 2050 podría ser evitado con una mejor distribución y uso de la comida, [...] En la medida en que se desarrollan los países más pobres y que crece la población mundial, las emisiones asociadas con el desperdicio de alimentos podrían crecer desde 0.5 gigatoneladas de dióxido de carbono, equivalente por año a entre 1.9 y 2.5 gigatoneladas anualmente para mediados de[l] siglo [XXI].

La agricultura es uno de los principales conductores del cambio climático, representó más de 20 por ciento de las emisiones de gas invernadero a escala global en 2010, afirmó Prajal Pradhan, coautor del estudio. Por eso, evitar que se pierda y que se tire comida ayudaría a evitar las emisiones innecesarias de gas de efecto invernadero y a mitigar el cambio climático, agregó.” 3

Es por lo anteriormente expuesto y de acuerdo con los artículos citados en el proemio que se presenta ante esta honorable soberanía el presente proyecto de:

Decreto

Único. Se reforma la fracción II del artículo 5 del artículo de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para quedar como sigue:

Artículo 5. ...

I. ...

II. Apoyo a la alimentación popular: así como la recolección, almacenaje, transporte, distribución y cualquier otra acción que prevenga la pérdida y el desperdicio de alimentos;

III. a XIX. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Disponible en:

http://indesol.gob.mx/conocenosc/asociacion-mexicana-de-banco-de -alimentos-a-c-amba/

2 Gustavsson, J. Et. Al., Pérdidas y Desperdicio de Alimentos en el Mundo, FAO, 2011, pp. 3 disponible en:

http://www.fao.org/docrep/016/i2697s/i2697s.pdf

3 Ceren, H., & Pradham, P. (2016). Food Surplus and Its Climate Burdens. Environmental Science & Technology, 50(8), 4269-4277.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2022.– Diputada Norma Angélica Aceves García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Jorge Triana Tena e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero recorriéndose los subse-cuentes, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento de los órganos autónomos constitucionales, de confor-midad con la siguiente:

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver y la solución que se propone

Si bien es cierto, los Organismos Constitucionales Autónomos que actualmente regula el texto constitucional federal cubren los parámetros de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es preocupante que autoridades de órganos establecidos de poder, sobre todo del Ejecutivo federal, pretendan absorberlos en su estructura, lo que contravendría el principio de separación de poderes y constituiría una violación al estado democrático de derecho, que implica un poder regulado, fragmentado, vigilado, así como mecanismos para que las y los ciudadanos puedan contar con instrumentos ante los posibles excesos y tentaciones de concentrar el poder en un servidor público, grupo o etiqueta ideológica.

Por ello, la propuesta de iniciativa considera de la mayor relevancia adicionar los párrafos segundo y tercero, recorriéndose los siguientes, al artículo 41 constitucional, cuyos contenidos se sustentan en las interpretaciones del Máximo Tribunal, su armonización con artículos contenidos en la Constitución federal y su congruencia para ubicarlos en el referido artículo 41 constitucional. Con el propósito de que la redacción que se propone adicionar contribuya a clarificar el plano de relación de los Organismos Constitucionales Autónomos, con los poderes tradicionales del Estado mexicano.

II. Argumentos que la sustentan

Para las diputadas y diputados del Partido Acción Nacional, un estado democrático de derecho implica el apego estricto al esquema de legalidad, pero también el comportamiento y desempeño congruente de servidores públicos de dependencias e instituciones respecto de sus deberes éticos y legales, guiados por una cultura de respeto y protección a los derechos humanos y apertura de espacios a la participación ciudadana directa.

El derecho es, precisamente, la brújula o el instrumento mediante el cual la autoridad es conducida en el ejercicio adecuado, eficiente y eficaz de sus competencias, derechos y obligaciones y así garantizar el funcionamiento estable del Estado, para alcanzar la gobernabilidad democrática.

Contrario a estos postulados, es la manifestación pública y reiterada del titular del Ejecutivo federal, de la pretensión de gestionar desde su espacio de poder, la supresión de Órganos Constitucionales Autónomos y dejarlos como oficinas de gobierno, controlados por el Poder Ejecutivo.

Estos Organismos previstos en la Carta Magna son una parte de la estructura del Estado, su propia naturaleza jurídico-constitucional, les dota de un blindaje establecido por el Constituyente Permanente, que obliga a todo servidor público a respetar, al regirse sin excepción, bajo el principio de legalidad. Por tanto, el Ejecutivo federal está impedido constitucionalmente para absorberlos o desaparecerlos; en el supuesto de promover por la vía de una Iniciativa presidencial su pretensión, contravendría el principio de separación de poderes y constituiría una violación al estado democrático de derecho, que implica  un poder regulado, fragmentado, vigilado y mecanismos para que las y los ciudadanos puedan contar con instrumentos ante posibles excesos y tentaciones de concentrar el poder en una persona, grupo o etiqueta ideológica.

En suma, el ánimo del Constituyente Permanente es que no se destruyan instituciones que tutelan derechos y funcionan como contrapesos.

Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que sostiene que los Organismos Constitucionales Autónomos surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando con ello la idea de concebir la organización del Estado derivada de los tres poderes tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, se debe considerar como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz las actividades encomendadas al Estado.

En la interpretación del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Máximo Tribunal lo considera como un mecanismo de racionalización del poder público por la vía de su límite y balance con el fin de garantizar el principio democrático, los derechos fundamentales y sus garantías, a través de un régimen de cooperación y coordinación de competencias, a manera de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el ejercicio del poder público. Que dicho principio es evolutivo, por lo que a través de su desarrollo se han establecido nuevos mecanismos para controlar el poder y hacer más eficaz el funcionamiento del Estado, dotando a ciertos órganos, como los Constitucionales Autónomos, de las facultades que les permitan alcanzar los fines para los que fueron creados, en atención a la especialización e importancia social de sus tareas.

En este orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia señala que los Órganos Constitucionales Autónomos forman parte del Estado mexicano sin que exista en ellos una delegación de facultades de otro cuerpo del Estado, sino que tienen una función que es parte de un régimen de cooperación y coordinación a modo de control recíproco para evitar el abuso en el ejercicio de poder público. Menciona también, que estos organismos cuentan con garantías institucionales, las cuales se erigen en una protección constitucional a su autonomía, salvaguardando sus características orgánicas y funcionales esenciales; y con ello, evitar que un poder público interfiera de manera preponderante o decisiva en las atribuciones de un Organismo Constitucional Autónomo, pues de lo contrario se estaría violentando el principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 de la Carta Magna.

Estos conceptos son sustentados en las siguientes Tesis, que para mayor referencia y por su relevancia, se transcriben a continuación:

Órganos Constitucionales Autónomos. Notas Distintivas y Características. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los Órganos Constitucionales Autónomos ha sostenido que: 1. Surgen bajo una idea de equilibrio constitucional basada en los controles de poder, evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en los textos constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del Estado que por su especialización e importancia social requería autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La creación de este tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las características esenciales de los órganos constitucionales autónomos son: a) Deben estar establecidos directamente por la Constitución Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; c) Deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y d) Deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Controversia constitucional 31/2006. Tribunal Electoral del Distrito Federal. 7 de noviembre de 2006. Mayoría de nueve votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía Garza.

El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 20/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete.

Garantía Institucional de Autonomía. Su aplicación en relación con los Órganos Constitucionales Autónomos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado el principio de división de poderes, contenido en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como un mecanismo de raciona-lización del poder público por la vía de su límite y balance, con el fin de garantizar el principio democrático, los derechos fundamentales y sus garantías, a través de un régimen de cooperación y coordinación de competencias, a manera de control recíproco, limitando y evitando el abuso en el ejercicio del poder público. Dicho principio es evolutivo y a través de su desarrollo se han establecido nuevos mecanismos para controlar el poder, con la finalidad de hacer más eficaz el funcionamiento del Estado; de ahí que se haya dotado a ciertos órganos, como los constitucionales autónomos, de las facultades necesarias para alcanzar los fines para los que fueron creados y en atención a la especialización e importancia social de sus tareas. Ahora bien, los Órganos Cons-titucionales Autónomos forman parte del Estado mexicano sin que exista a su favor una delegación total de facultades de otro cuerpo del Estado, sino que su función es parte de un régimen de cooperación y coordinación a modo de control recíproco para evitar el abuso en el ejercicio del poder público; no obstante, debe advertirse que cuentan con garantías institucionales, las cuales constituyen una protección constitucional a su autonomía y, en esa medida, se salvaguardan sus características orgánicas y funcionales esenciales; de forma que no podría llegarse al extremo de que un poder público interfiera de manera preponderante o decisiva en las atribuciones de un órgano constitucional autónomo pues, de lo contrario, se violentaría el principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 de la Constitución federal.

Amparo en revisión 1100/2015. Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. 16 de agosto de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó en contra de algunas consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretarios: Josefina Cortés Campos, Guadalupe de la Paz Varela Domínguez, Ma. de la Luz Pineda Pineda, Salvador Alvarado López y Eduardo Romero Tagle.

Precisamente estos razonamientos orientan los contenidos de la propuesta de iniciativa que se presenta a consideración del pleno del honorable Congreso local, consistente en la adición de los párrafos segundo y tercero al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar que los Organismos Constitucionales Autónomos forman parte de la estructura del Estado; su naturaleza y los requisitos que deben contener los que establezca la Carta Magna.

A continuación, se enlistan los Organismos Constitucionales Autónomos que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Si bien es cierto, los Organismos Constitucionales Autónomos que actualmente regula el texto constitucional federal cubren los parámetros de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es preocupante que autoridades de órganos establecidos de poder, sobre todo del Ejecutivo federal, pretendan absorberlos en su estructura, lo que contravendría el principio de separación de poderes y constituiría una violación al estado democrático de derecho, que implica un poder regulado, fragmentado, vigilado, así como mecanismos para que las y los ciudadanos puedan contar con instrumentos ante los posibles excesos y tentaciones de concentrar el poder en un servidor público, grupo o etiqueta ideológica.

No se debe perder de vista que el Constituyente Permanente, al establecer estos Organismos Constitucionales Autónomos, lo hizo con el ánimo manifiesto de dotar dentro del proceso evolutivo democrático de nuevos mecanismos para controlar el poder, para así tener mayor eficacia en el funcionamiento del Estado, atendiendo a la especialización, vinculada con el cumplimiento del objeto para el que fueron creados. Justi-ficando en todo momento, su carácter de instrumento garante de derechos, por lo que, si bien el propio Constituyente Permanente tiene la atribución para realizar reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso de los Organismos Constitucionales Autónomos, se debe cuidar que no constituya un retroceso al principio de progresividad y que no se cancele o se haga nugatorio el objeto para el que fueron creados.

Por ello es que el diputado autor de la propuesta de iniciativa considera de la mayor relevancia adicionar los párrafos segundo y tercero, recorriéndose los siguientes, al artículo 41 constitucional, cuyos contenidos se sustentan en las interpretaciones del máximo tribunal, su armonización con artículos contenidos en la Constitución federal y su congruencia para ubicarlos en el referido artículo 41 constitucional. Con el propósito de que la redacción que se propone adicionar   contribuya a clarificar el plano de relación de los Organismos Constitucionales Autónomos, con los poderes tradicionales del Estado mexicano.

La estabilidad del Estado mexicano que se ha logrado con el acatamiento de las reglas de convivencia establecidas en la Carta Magna y tratados internacionales de los que nuestro país es parte, no puede quedar en su protección, sujeta a la decisión unilateral de algún servidor público que detente el ejercicio de algún espacio de poder, ni siquiera siendo sus atribuciones de la mayor jerarquía.

Por lo argumentado y fundamentado, se presenta la propuesta de kniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero recorriéndose los siguientes, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

III. Fundamento Legal de la Iniciativa

Esta iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que, al suscrito, en su calidad de diputado federal de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, le confieren los artículos 4o.., párrafos segundo, cuarto, octavo, noveno, décimo y décimo primero y 73 fracciones XVI, XXIX-P y XXXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, fracción I, 77 numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

IV. Denominación del Proyecto de Ley o Decreto

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero recorriéndose los subsecuentes, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

V. Ordenamientos a Modificar

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VI. Texto Normativo Propuesto

Artículo 41. ...

Los Organismos Constitucionales Autónomos forman parte de la estructura orgánica del Estado cuya misión principal radica en atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a la par de los órganos tradicionales, cuyas características esenciales son:

a) Estar establecidos directamente en la presente Constitución;

b) Mantener con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación;

c) Contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y

d) Atender funciones primarias u originarias del Estado, que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad.

Las reformas y adiciones a los Organismos Constitucionales Autónomos atenderán a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad establecidos en el artículo 1o. de la presente Constitución, así como a la conservación del objeto para el que fueron creados.

...

...

I. a VI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2022.– Diputado Jorge Triana Tena (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

SE ANALICEN LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN OTORGADOS PARA LA INSTALACIÓN DE CASETAS TELEFÓNICAS EN LA VÍA PÚBLICA

«Proposición con punto de acuerdo, a efecto de exhortar a la SICT a analizar los títulos de concesión otorgados para instalar casetas telefónicas en la vía pública y autorizar el retiro inmediato de las que han perdido su finalidad, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Marcela Guerra Castillo, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del gobierno federal para que analice los títulos de concesión otorgados para la instalación de casetas telefónicas en la vía pública y autorice el retiro inmediato de aquellas que han perdido el fin para el que fueron instaladas, así como, para que se abstenga de prorrogar u otorgar nuevas concesiones para tales efectos y por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que realice las acciones que estime necesarias para el retiro de dichas casetas, por constituir aparatos inservibles y obsoletos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En la década de los años 60, se introdujo a nuestro país la instalación de grandes y ostentosas cabinas telefónicas en las calles de las principales ciudades de México. Pocos años después, fueron sustituidas por otras menos vistosas que son el antecedente de las que conocemos en la actualidad. Así las cosas, hace poco más de 50 años, en 1967, ya se habían instalado un millón de aparatos distribuidos por todas las colonias de la ahora Ciudad de México. 1

Retomando un poco de historia, observamos que, el 19 de agosto de 1958, se anunció en el país que la compañía telefónica Ericsson, que había operado en México por más de 50 años, cesaría sus funciones. Teléfonos de México regresó a manos de capital mexicano y con mucha motivación, se apostó por el desarrollo tecnológico y de comunicaciones. Tanto así que para 1962, la American Telephone and Telegraph Co (ATT) dijo que “México ocupaba el séptimo lugar de importancia en cuanto a desarrollo tecnológico y el primero en todo el continente americano”. 2

Es así como, el teléfono se adentró en la vida cotidiana de las y los mexicanos, luc cual, además de ser significativo para sus habitantes, también constituyó un cambio relevante al paisaje de las ciudades. Tan es así, que el diseño de éstas cabinas fue cambiando a través del tiempo, uniendo diferentes estilos y materiales como fueron lámina, vidrio, acrílicos y múltiples tipos y colores de plásticos.

Posteriormente, ya en la década de los ochenta, una vez ocurrido el terremoto de 1985, los teléfonos públicos pasaron a ser gratuitos para que las familias pudieran estar comunicadas. Así, el uso de estos teléfonos, se volvió habitual para realizar llamadas personales por familias que no tenían la posibilidad de tener un teléfono fijo en casa.

Ahora bien, en la actualidad las casetas telefónicas han quedado únicamente para fines anecdóticos, los teléfonos de hoy en día son todo en uno: teléfono, cámara, computadora, tableta, reproductor de video, de audio, etc. por lo que, el uso de las casetas es totalmente obsoleto.

Al respecto, es necesario hacer notar que las condiciones actuales de las casetas son deplorables, ya que en su mayoría están rotas, inservibles, rayadas, llenas de basura, o bien, sólo sirven para fines publicitarios, tanto de las propias empresas de telefonía como para colocar volantes de ventas, créditos, promoción de algún negocio o incluso para las campañas electorales actuales.

Ante ello, existe una demanda social contundente para que las casetas telefónicas sean retiradas por completo, ya que se trata de aparatos obsoletos, estorbosos y que dan un pésimo aspecto a las ciudades, incluso, existen alguna de ellas que por su ubicación, sirven para que ladrones las utilicen como escalón para ingresar a robar a casas y negocios desde los techos.

Sin embargo, pese al notorio desuso y problemas que causan las casetas telefónicas, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en cinco años sólo desaparecieron 21 por ciento de estas cabinas, de las 25,048 que existían en 2015 a las 19,682 registradas en 2020. Destacándose que, de este mercado, Telmex tiene el 72 por ciento; ACE Telcom con el 12.9 por ciento; Logística Industrial el 7.6 por ciento, Maxcom con 0.5 por ciento y Megacable con 0.2 por ciento. 3

La Ciudad de México es la entidad que cuenta con el mayor número de casetas de telefonía pública, con un promedio de 17 por cada mil habitantes, lejos de las cuatro líneas por cada mil habitantes que en promedio tiene el Estado de México, sin embargo, ninguna entidad federativa se salva de este problema.

Ahora bien, me permito hacer referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron enmarcados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, particularmente porque la suscrita fui nombrada como Coordinadora del Grupo de Trabajo para la Implementación de la Agenda 2030 en la Cámara de Diputados; objetivos que constituyen acuerdos interdependientes y progresivos adoptados como un compromiso en común por la Asamblea General de las Naciones Unidas, los cuales buscan el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar el general del planeta y de todos sus habitantes.

En esa virtud, la presente proposición con punto de acuerdo busca la atención de los objetivos siguientes: 3 “Salud y Bienestar”, 11 “Ciudades y Comunidades Sostenibles”, 12 “Producción y Consumos Responsables”, 13 “Acción por el Clima” y 15 “Vida de Ecosistemas Terrestres”, puesto que prevé beneficios como la disminución de la contaminación terrestre, al evitar conglomeraciones de desechos en las casetas, buscar el aprovechamiento de los espacios para mejorar las calles con postes de luz, jardines o árboles, etc.; buscar la reutilización de los materiales con los que fueron realizadas las casetas; además de prevenir la comisión de delitos y, en consecuencia, incrementar la seguridad de las personas que transitan por las calles.

Pese a lo anterior, es de señalarse que el retiro de estas casetas, según los títulos de concesión otorgados, no puede realizarse de manera unilateral por parte de las empresas de telecomunicaciones, ya que estas empresas se encuentran obligadas a mantener la operación, hasta en tanto la ahora Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes autorice el retiro de las casetas, bajo la supervisión del IFT.

En esa virtud, la suscrita realiza el presente exhorto a fin de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes analice los títulos de concesión otorgados y autorice el retiro inmediato de aquellas casetas telefónicas que han perdido el fin para el que fueron instaladas, así como, para que no otorgue nuevas concesiones para tales efectos. Además, debemos hacer lo propio para que la IFT, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales del país, realice las acciones que estime necesarias para el retiro de las multicitadas casetas telefónicas públicas.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del gobierno federal para que analice los títulos de concesión otorgados para la instalación de casetas telefónicas en la vía pública y autorice el retiro inmediato de aquellas que han perdido el fin para el que fueron instaladas, así como, para que se abstenga de prorrogar u otorgar nuevas concesiones para tales efectos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales del país, realice las acciones que estime necesarias para el retiro de casetas telefónicas públicas que constituyan aparatos inservibles y obsoletos para los fines que fueron instaladas.

Notas

1 “En 1960 se instaló la primera caseta de teléfonos públicos” Mejía Guerrero, Angelina, El Universal, Ciudad de México, 8 de enero de 2008 ubicable en la siguiente liga electrónica:

https://archivo.eluniversal.com.mx/notas/472836.html Consultada el 17 de enero de 2022.

2 “El tiempo repentino. Crónicas de la ciudad de México en el siglo XIX”, De Mauleón, Héctor, ISBN: 968-771-145-0, Ediciones Cal y Arena.

3 ¿Desaparecerán las cabinas telefónicas?, Gutiérrez Ana Luisa, Expansión, 16 de noviembre de 2021, ubicable en la siguiente liga electrónica:

https://expansion.mx/empresas/2021/11/16/desapareceran-las-cabin as-telefonicas Consultada el 17 de enero de 2022.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.– Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, A EFECTO DE QUE NOMBRE A LA PERSONA TITULAR DEL SIPINNA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a nombrar titular del Sipinna, a cargo de la diputada Adriana Campos Huirache, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Adriana Campos Huirache, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México residen casi 32 millones de niñas y niños de 0 a 14 años de edad, que en términos relativos representan 25.3 por ciento de la población total. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 12 por ciento de las niñas y niños en el país carecen de drenaje, energía eléctrica, agua entubada y piso firme en sus viviendas; porcentaje que es mayor para el caso de las niñas y niños en cuyos hogares se habla alguna lengua indígena (61.0 por ciento). Asimismo, el matrimonio y el trabajo infantil aumentaron en 2020 respecto a 2010 en el país y actualmente, 6 de cada mil niñas de 12 a 14 años se han unido o casado, y 122 de cada mil niños y niñas trabajan. Por otra parte, 6.5 por ciento de la niñez en México tiene alguna discapacidad, condición mental o limitación para caminar, subir o bajar, ver aun usando lentes, hablar o comunicarse, oír aun usando aparato auditivo, vestirse, bañarse o comer, recordar o concentrarse. 1

Las anteriores cifras muestran que existen entre las niñas, niños y adolescentes condiciones de vulnerabilidad que se traducen en falta de oportunidades, discriminación y pobreza que inciden negativamente en su desarrollo, por lo que es necesaria la elaboración de políticas públicas dirigidas a revertirlas. En atención a lo anterior, el 4 de diciembre de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tiene como objeto reconocerlos como titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte; crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados, y establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en la materia, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos.

El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a que se hace referencia es la instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, proce-dimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y tiene dentro de sus atribuciones i) generar los mecanismos necesarios para garantizar la participación de este sector de la población en los procesos de elaboración de programas y políticas para la garantía y protección integral de sus derechos; ii) promover, en los tres órdenes de gobierno, el establecimiento de presupuestos destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes; iii) impulsar la incorporación de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la planeación nacional del desarrollo; iv) garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de programas, así como en las políticas y acciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal, y v) aprobar, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras.

El referido sistema es presidido por el Presidente de la República y lo conforman, por parte de la administración pública federal, dependencias como las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Salud, de Educación Pública, de Bienestar y de Trabajo y Previsión Social, así como por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. A efecto de involucrar a los tres niveles de gobierno y a la sociedad civil en el diseño de aquellas políticas públicas relacionadas con las niñas, niños y adolescentes, la ley en la materia prevé que se integren a dicho sistema de protección los ejecutivos de las treinta y dos entidades federativas, al igual que a representantes sociales y de organismos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

El Sistema Nacional de Protección Integral se reunirá cuando menos dos veces al año y para el mejor cumplimiento de sus funciones, podrá constituir comisiones encargadas de atender asuntos o materias específicas y emitirá los lineamientos para su integración, organización y funcionamiento, las cuales deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

La coordinación operativa del Sistema Nacional de Protección Integral recaerá en un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que ejercerá las funciones de Secretaría Ejecutiva, misma que tendrá entre sus atribuciones las siguientes:

“I. Coordinar las acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la Administración Pública Federal;

II. Elaborar el anteproyecto del Programa Nacional para someterlo a consideración de los miembros del Sistema;

III. Llevar a cabo el seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa Nacional;

IV. Elaborar y mantener actualizado el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Integral;

V. Compilar los acuerdos que se tomen en el Sistema Nacional de Protección Integral, llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven, y expedir constancia de los mismos;

VI. Apoyar al Sistema Nacional de Protección Integral en la ejecución y seguimiento de los acuerdos y resoluciones emitidos;

VII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales;

VIII. Administrar el sistema de información a nivel nacional;

IX. Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones en favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes con el fin de difundirlos a las autoridades competentes y a los sectores social y privado para su incorporación en los programas respectivos;

X. Difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los resultados de los trabajos que realice, así como toda aquella información pública que tienda a la generación, desarrollo y consolidación de perspectiva en la materia, desagregada por lo menos, en razón de edad, sexo, entidad federativa, escolaridad y discapacidad;

XI. Asesorar y apoyar a los gobiernos de las entidades federativas, así como a las autoridades federales que lo requieran para el ejercicio de sus atribuciones;

XII. Informar cada cuatro meses al Sistema Nacional de Protección Integral y a su Presidente, sobre sus actividades;

XIII. Proporcionar la información necesaria al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), para la evaluación de las políticas de desarrollo social vinculadas con la protección de niñas, niños y adolescentes;

XIV. Fungir como instancia de interlocución con organizaciones de la sociedad civil, academia y demás instituciones de los sectores social y privado, y

XV. Coordinar con las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas de las Entidades la articulación de la política nacional, así como el intercambio de información necesaria a efecto de dar cumplimiento con el objeto de esta ley”.

El artículo 131 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estipula que el titular de la Secretaría Ejecutiva será nombrado y removido libremente por el Presidente del Sistema y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Tener ciudadanía mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener más de 30 años de edad;

III. Contar con título profesional de nivel licenciatura debidamente registrado;

IV. Contar con al menos cinco años de experiencia en las áreas correspondientes a su función, y

V. No haber sido sentenciado por delito doloso o inhabilitado como servidor público.

A pesar de la importancia que reviste la Secretaría Ejecutiva dentro del Sistema Nacional de Protección Integral, éste no ha sido nombrado. Desde el 5 de febrero de 2021, la Secretaría de Gobernación mediante comunicado, hizo público que el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Ricardo Bucio Mújica, culminó su etapa al frente de este órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en mutuo acuerdo con la titular de la Secretaría de Gobernación.

Como vemos ya ha pasado casi un año y dicho sistema aún no cuenta con un secretario ejecutivo y actualmente su titularidad recae en una encargada de despacho, la licenciada María Constanza Tort San Román (cuya capacidad profesional, logros y compromiso con las niñas, niños y adolescentes no cuestionamos), situación que nos parece anómala y por tanto debe ser enmendada por el Presidente de la República, quien es el facultado para hacer el nom-bramiento correspondiente, de conformidad con el artículo 127 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Este nombramiento es necesario con la finalidad de continuar con los trabajos que permitan la implementación de la política pública con perspectiva de derechos humanos de la infancia y adolescencia en los órganos, entidades, mecanismos, instancias, leyes, normas, políticas, servicios y presupuestos a nivel nacional, local y municipal para respetar, promover, proteger, restituir y restablecer los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Presidente constitu-cional de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de que nombre a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Nota

1 Consultado en

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021 /EAP_Nino21.pdf>, el 11 de enero de 2022 a las 7: 46 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.– Diputada Adriana Campos Huirache (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

EXHORTO A LA CONADE, A ELABORAR UN PLAN DE DEPORTE SOCIAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Co-nade a elaborar un plan de deporte social, a cargo del dipu-tado Brasil Alberto Acosta Peña, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Brasil Alberto Acosta Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institu-cional en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo que exhorta a la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara Espinoza, a que dicho organismo elabore un Plan Nacional de Deporte Social.

Antecedentes

La actividad deportiva en México tiene un origen popular, en la práctica, los deportistas nacen en las masas, en los municipios, el deporte mexicano es de la ciudadanía de a pie, las justas deportivas se llevan a cabo no en ligas organizadas por alguna federación o por el gobierno si no por la propia gente que está interesada en promover las competencias deportivas en un ejercicio de comunidad, estas ligas no registradas se mantienen a sí mismas, a veces sin estatutos claros.

Desafortunadamente el Estado no ha podido generar los mecanismos suficientes para que exista un mínimo de reglas y condiciones que deban operar en estas formas de organización deportiva.

Esta falta de normalización ha ocasionado que las ligas no organizadas permitan actitudes antideportivas así como ha retrasado la superación del nivel deportivo por parte de los ciudadanos.

Si bien es cierto que es valioso como un ejercicio de comunidad, también es necesario reconocer que el Estado puede dotar de algunas herramientas para que estas ligas, conservando su esencia y autonomía, puedan desarrollarse bajo una mejor conducción deportiva que a la larga pueda brindar mayor desarrollo y tenga mejores beneficios sociales.

En este sentido, la Organización Internacional de Árbitros, misma que se compone de ex jueces de diferentes deportes, ha señalado que el sector de arbitraje amateur en el futbol se ha visto seriamente afectado por las constantes agresiones hacía los jueces del deporte, mismas que van desde actitudes que podrían configurarse como delito —lesiones— hasta homicidios, y que, por falta de un adecuado seguimiento por parte de las instituciones de justicia y del deporte ha resultado en impunidad y en una práctica cada vez más frecuente.

Dentro de algunos de los casos más relevantes, ejemplo de lo hasta ahora expuesto se encuentran:

Que como se puede notar, comprende sólo las lesiones físicas, pero además, hay una serie de lesiones psicológicas y de amenazas al no poder desempeñarse en su profesión. Esta situación denota al mismo tiempo la violación sistemática de derechos humanos a la que son sometidos.

Exposición de Motivos

Para conseguir un mejor desarrollo social es fundamental que la ciudadanía, el pueblo, esté cerca de la actividad deportiva que le hace bien no sólo a la salud, sino a la prevención del delito, a la educación, etcétera; una formación integral humana es lo mínimo que debemos buscar desde este Congreso para nuestro pueblo.

En atención a los datos señalados por la Organización Internacional de Árbitros, creemos que es necesario que la Conade preste atención en estas problemáticas y brinde servicios de manera oportuna para atender la violencia en el sector amateur, así como para buscar una mejor capacitación del sector no organizado de las justas deportivas.

Somos conscientes de que la tarea no es sólo de la institución encargada del deporte en el Estado, sino también de los actores que participan en ello. Por esta razón, este punto de acuerdo está orientado a buscar un acercamiento entre las instituciones estatales y las organizaciones de la sociedad civil a efecto de que se establezcan convenios de colaboración en que ambas partes puedan desarrollar la labor deportiva con mayor satisfacción.

En este punto, esta soberanía debe, en su función de representación, exhortar a la Conade a que elabore un Plan Nacional de Deporte Social que incluya programas de colaboración con la sociedad civil, así como que establezca una defensoría de justicia deportiva, que pueda sancionar a las ligas no organizadas cuando éstas permitan agresión, al mismo tiempo que, con apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo la Federación de Árbitros, se faciliten espacios para que éstas a su vez puedan otorgar capacitaciones, cursos, etcétera. A las ligas pequeñas y que éstas a su vez puedan contar un mejor marco deportivo.

Asimismo, la Conade deberá establecer estatutos marco para que las ligas informales puedan retomar de manera local y así, conseguir un mejor desarrollo deportivo. Y en la medida de sus posibilidades, la Conade colaborará con los municipios y alcaldías a efecto de poner en marcha las capacitaciones y también de regularizar la actividad deportiva.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto y fundado, ponemos a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara Espinoza, a que dicho organismo elabore un Plan Nacional de Deporte Social que incluya, al menos, la elaboración de programas que trabajen de manera conjunta con las organizaciones de arbitraje amateur, con la finalidad de lograr la capacitación y asistencia a los jueces del deporte amateur. Así como contenga programas de normalización y que establezca una defensoría del deporte que brinde asistencia a los jueces deportivos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de febrero de 2022.– Diputado Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REGULARIZAR LA RELACIÓN LABORAL CON EL PERSONAL DEL PROGRAMA TAOC

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a regularizar la relación laboral con el personal del programa TAOC, a cargo de la diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Programa Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), implementado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México se encuentra dedicado para que, quienes son considerados talleristas promotores de la educación, la cultura y el deporte cuenten con un ingreso fijo y que puedan realizar sus labores en favor de la comunidad. Las líneas de acción de este programa contemplan el impulso del programa de Cultura Comunitaria, la consolidación de la red FAROS, la conformación de la red de cultura y centros culturales comunitarios, promover el arte en los Pilares y estimular las iniciativas culturales independientes.

Según denuncias, los facilitadores han señalado que, durante el año pasado tuvieron que realizar labores que no se especificaban en las Reglas de Operación del programa TAOC (Talleres de Artes y Oficios Comunitarios para el Bienestar, debiendo dedicar su tiempo a las jornadas de vacunación (como pudimos constatar personalmente), la verbena navideña, las actividades de Día de Muertos, sin ninguna prestación adicional. Según los propios facilitadores, no tienen ninguna relación laboral con la Secretaría de Cultura o cualquier otra instancia de gobierno y, adicionalmente, el pago mensual que recibían se ha reducido de 12 mil a solo 6 mil pesos en 2022.

Es por ello que la Comunidad Cultural de la Ciudad de México ha denunciado la precarización de estos puestos, se siente violentada en sus derechos e ignorada por las autoridades responsables quienes, en voz del Director del programa, Xavier Aguirre:

Se negó al diálogo al rechazar mesas de trabajo en conjunto con Talleristas, Artistas y Servidores de la Cultura porque “sería buscar que se hagan trajes a la medida”. Anunció que las reglas se cambiarán solo en los errores de redacción. Los argumentos para los drásticos cambios en las Reglas de Operación fueron que el programa TAOC tiene (tenía) los ingresos más altos y que debe homologarse con otros programas (hacia abajo), ya que, en palabras textuales de Xavier: “el programa está pensado para quienes, por ejemplo, saben tocar guitarra y viven en la comunidad y no para quienes tienen expertise, oficio, conocimiento, profesionalidad, etc. es decir y en ese sentido reafirmamos que esto no es un trabajo”. Confirmó el número de horas planteadas en las Reglas de Operación, que son 120 horas mensuales entre las que destacan 16 horas destinadas a Servicio Comunitario (Como Brigadas de Vacunación y otras actividades que tiene preparadas la Jefatura de Gobierno para hacerlas efectivas, y que pierden el carácter de voluntario), con la misma reducción del apoyo percibido y sin posibilidad alguna de aumento, pues (de nuevo en palabras textuales de Xavier Aguirre) “no se puede permitir que un Tallerista de la Secretaría de Cultura gane más de $12,000 al mes porque eso ya lo convertiría en alguien de clase media. Imagínense si nos vamos a $15,000 pesos, serían ya de clase alta, y deben comprender que este programa está dirigido a personas vulnerables y que menos recursos tengan”. Al cuestionamiento de la reducción de la figura de Monitores y desaparición de Facilitadores, respondió que así lo ordena Jefatura de Gobierno por cuestiones presupuestales y que los Monitores ahora sólo tendrán perfil administrativo, se ocuparán de 6 sedes y llevarán el seguimiento de las listas de asistencia, y para quienes tengan un perfil más de Gestores Culturales les invitó a postularse en el rubro de Promotores Culturales. 1

Como respuesta, los talleristas organizaron la Asamblea de Cultura Comunitaria, Artes y Oficios Comunitarios, FAROS y PILARES de la Ciudad de México, de donde surgieron las siguientes demandas:

Exigimos la continuidad de todos los Talleristas y Monitores que participan en el programa desde 2019, así como la reinserción de quienes fueron removidos por motivos injustos, como negarse a acudir a las brigadas de vacunación.

Exigimos que la gobernanza de FAROS Y PILARES sea votada por Talleristas y Comunidad cultural con el fin de evitar que Monitores y Coordinadores vuelvan a ser figuras de acoso y represión por parte de las autoridades de la Secretaría de Cultura.

Exigimos que las participaciones en Servicios Comunitarios sean totalmente libres, voluntarias y consensuadas.

Exigimos diálogos justos, abiertos y públicos para evitar coaccionar a los representantes de la Asamblea, que en su turno, hagan presencia. 2

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Único. La H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para regularizar la relación laboral con el personal del programa TAOC (Talleres de Artes y Oficios Comunitarios para el Bienestar) y generar los mecanismos para su profesionalización.

Notas

1 https://www.reversos.mx/precarizacion-del-trabajo-de-agentes-cultura-les-en-la- cdmx/

2 https://libreenelsur.mx/vivir-o-subsistir/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2022.– Diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA COFEPRIS, A FACILITAR LA APLICACIÓN DE VACUNAS A TODAS LAS PERSONAS MAYORES DE 5 AÑOS DE EDAD

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y la Cofepris a implantar medidas para facilitar la aplicación a todos los mayores de cinco años las vacunas gestionadas por diversas entidades federativas con gobiernos de EUA, a cargo del diputado Juan Francisco Espinoza Eguía, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Juan Francisco Espinoza Eguía, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones escrutinio

Primera. De acuerdo con cifras oficiales, lamentablemente, la pandemia por Covid-19 ha significado la muerte de más de 306 mil mexicanas y mexicanos de marzo de 2020 a la fecha. 1 Asimismo, oficialmente se han reconocido prácticamente cinco millones de casos confirmados, de los cuales 217 mil están activos en este momento. Las cifras lucen totalmente alejadas de la realidad que se percibe en los municipios, y es que durante toda la pandemia, las recomendaciones han sido de aislamiento voluntario en casa y no de confirmar el contagio mediante pruebas, atender la enfermedad y revisar posibles secuelas en órganos vitales. México se ha distinguido por ser de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que menos pruebas aplica.

La plataforma Our World in Data, de la Universidad de Oxford, documentó que mientras en Reino Unido se realizan 20 mil pruebas por cada millón de habitantes, en México, al 1 de enero de 2022, se realizaban sólo 122 pruebas. 2

De ahí que en buena medida las estadísticas oficiales hayan dejado de reflejar lo que retrata el territorio; todos hemos vivido o conocemos historias de contagios, de recontagios, de secuelas y de pérdidas humanas.

Segunda. En los primeros meses de la pandemia, la letalidad en México llegó a ser de hasta 22 por ciento, una de las tasas más altas del mundo; es decir por cada 100 personas que se contagiaban, 22 fallecían. El punto de quiebre fue el avance en la vacunación, ahora el promedio de letalidad ronda 2 por ciento. 3 De ahí la enorme importancia de la vacunación.

Los avances en la vacunación han sido enormemente significativos. México ha logrado vacunar a 60 por ciento de su población con un esquema completo. No obstante, y sin desconocer estos esfuerzos, pero también sin ignorar áreas de oportunidad, la estrategia nacional de vacunación implemen-tada ha tenido, en muchos casos, decisiones incomprensibles, contrarias incluso a las recomendaciones de organismos internacionales, expertos y a lo que ocurre en otros países líderes globales.

Prueba de lo anterior fue haber decidido inmunizar a los maestros y al personal educativo con la vacuna CanSino, la cual a la fecha no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), o el retraso en las aplicaciones de dosis de refuerzo frente a la rápida propagación de las nuevas variantes.

Inexplicable, también, ha sido la enorme resistencia del gobierno federal para iniciar con la vacunación de todos los menores de edad entre 12 y 17 años. No obstante que en todo el país se siguen promoviendo amparos y órdenes judiciales para que sean vacunados. Recientemente, la OMS ha recomendado administrar a menores de entre 5 y 11 años la dosis contra covid-19 de Pfizer-BioNTech, con la única observación de aplicar 10 microgramos en lugar de los 30 que se aplican a mayores de 12 años, y aunque ya ocurre en países como los Estados Unidos de América (EUA), México ha ido a otro ritmo y con otra metodología en la atención de la pandemia.

Tercera. La atención de la pandemia de conformidad con el marco jurídico ha estado a cargo de la Secretaría de Salud federal; la Ley Orgánica de la Administración Pública Fede-ral establece que a ella corresponde la rectoría de la política nacional en materia de servicios médicos y de salubridad en general y también le corresponde coordinar y normar a las entidades públicas que presten servicios de salud.

Sin embargo, la falta de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno ha estado presente en toda la pandemia, a pesar de que era evidente que estados y municipios enfrentarían duros retos en materia de salud se les excluyó de la toma de decisiones y ello ha llevado a decisiones particulares.

La investigación del Instituto de Ciencias de la Salud Global de la Universidad de California, documenta esa falta de coordinación cuando señala: “para cuando las autoridades federales anunciaron la suspensión de clases, por ejemplo, 10 estados ya lo habían hecho” (marzo 2020). 4

Aunque la coordinación ha mejorado en algunos rubros, el inicio de la vacunación fue otro punto de contraste, el citado reporte advierte: “ha habido exclusión de los gobiernos estatales y locales en los esfuerzos de implementación del programa de vacunación y falta de apoyo financiero a esos gobiernos subnacionales para hacer frente a la pandemia”. 5

Ahora mismo, entidades federativas como Baja California, Tamaulipas y Nuevo León han llevado a cabo programas de vacunación transfronteriza, en el caso de Nuevo León recientemente el gobernador del estado, anunció la donación de 500 mil vacunas por parte del estado de Texas, EUA, para inmunizar a todos los menores neoleoneses de 5 a 14 años contra el Covid-19. Se trata de la segunda etapa del programa de vacunación que ha gestionado el gobierno del estado y que en su primera etapa inmunizó a más de 110 mil habitantes del estado, prácticamente 50 por ciento de ellos, menores de edad.

Pero la falta de coordinación y de una visión que priorice lo verdaderamente importante que es vacunar a la mayor cantidad de población en el menor tiempo posible para disminuir la carga de la enfermedad y las defunciones, hoy obligan a estados como Nuevo León a implementar logísticas de movilización hacia la frontera, para que las personas y especialmente, las y los niños sean inmunizados en un puente internacional.

Hablamos de 500 mil seres humanos que serán movilizados desde sus lugares de origen, con todas las medidas posibles, pero enfrentando peligros propios de la carretera y de la inseguridad que se vive en el país. Diariamente de tres mil a cinco mil niños viajarían a vacunarse, implicaría hasta 125 autobuses diarios de 40 pasajeros, que insisto, tienen que viajar porque en su país todavía no hay para cuándo sean siquiera considerados.

El 25 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que se establece como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, que los gobiernos de las entidades federativas, en su calidad de autoridades sanitarias, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, integrantes del Sistema Nacional de Salud, coadyuven con la Secretaría de Salud federal en la implementación de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 en México.

Señalando lo siguiente:

Artículo Segundo. Los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, integrantes del Sistema Nacional de Salud, deberán realizar ante la Secretaría de Salud federal lo siguiente:

I. Presentar los contratos que suscriban con las farmacéuticas autorizadas en México, para la adquisición de vacunas contra el virus SARS-CoV-2.

II. Informar la cantidad de dosis de vacunas adquiridas contra el virus SARS-CoV-2 y las aplicadas a la población en general, con información desagregada conforme a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19 en México;

III. Respetar el calendario, así como la prioridad por grupos de personas, establecidos en la citada Política Nacional de Vacunación, para evitar duplicidad;

IV. Instrumentar las medidas de prevención y control pertinentes conforme a los criterios que emita la Secretaría de Salud Federal, y

V. Garantizar, en el ámbito de su competencia, la trazabilidad del proceso de vacunación a su cargo, e informar a la Secretaría de Salud federal sobre su seguimiento, con la periodicidad que la propia dependencia establezca.

Este acuerdo no permite las donaciones gestionadas, además señala que deberá observarse lo dispuesto por la Política Nacional de Vacunación que hoy prohíbe vacunar a niñas y niños de entre 5 a 11 años y en el caso de la población de 12 a 15 años, sólo son considerados en caso de padecer alguna enfermedad de riesgo.

Son estas trabas de la Secretaría de Salud, la falta de autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para vacunar menores, aún y cuando ya ocurre en otros países y lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, entre otros factores administrativos y legales lo que obliga a entidades como Nuevo León a una logística sin precedentes y de riesgo.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión LXV Legislatura la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a implementar todas las medidas necesarias para facilitar la aplicación a todas las personas mayores de 5 años de las vacunas gestionadas por diversas entidades federativas con gobiernos de los Estados Unidos de América.

Notas

1 https://datos.covid-19.conacyt.mx/, 1 de febrero de 2022.

2 Cfr. https://www.animalpolitico.com/2022/01/pruebas-covid-mexico-demanda-cuarta-ola/

3 https://elpais.com/mexico/2021-07-27/la-vacunacion-baja-la-letalidad-de-la-terc era-ola-de-covid-en-mexico-a-menos-del-2.html

4 https://globalhealthsciences.ucsf.edu/sites/globalhealthsciences.ucsf. edu/files/la_respuesta_de_mexico_al_covid_esp.pdf

5 Cfr. ídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2022.– Diputado Juan Francisco Espinoza Eguía (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

SE HAGA EFECTIVA LA VACUNACIÓN CONTRA EL VPH, EN NIÑAS ENTRE 9 Y 14 AÑOS DE EDAD Y SE HAGA EXTENSIVA A LAS JÓVENES DE HASTA 26 AÑOS DE EDAD

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a implantar los ajustes necesarios en el Programa de Vacunación Universal, haciendo efectiva la vacunación contra el VPH en niñas de entre 9 y 14 años de edad, y extenderla a las jóvenes de hasta 26 años, a cargo de la diputada Frinné Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Frinné Azuara Yarzábal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

El virus del papiloma humano (VPH) es una de las infecciones más comunes del tracto reproductivo responsable de una variedad de cánceres y otras afecciones tanto en hombres como en mujeres. El Centro Internacional para Investigaciones sobre el Cáncer ha clasificado algunos VPH como de alto riesgo (carcinogénicos) en los humanos. VPH-16 y VPH-18 son los tipos carcinogénicos más comunes, responsables de aproximadamente 70 por ciento de los cánceres cervicales, así como varios casos de cáncer de pene y del ano, carcinoma de orofaringe, y cánceres de la cabeza y del cuello. Los VPH tipo 31, 33, 45, 52, y 58 juntos causan 15 por ciento de los cánceres cervicales. El VPH-6 y el VPH-11 son los dos principales tipos de bajo riesgo (no carcinogénicos) y causan las verrugas anogenitales. La mujer puede ser infectada por más de un tipo al mismo tiempo. 1

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que en 2017 la prevalencia de VPH en mujeres es de 11.7 por ciento en todo el mundo. América Latina y Caribe presentaron 16.1 de prevalencia, la segunda más alta del mundo después de África Subsahariana (24 por ciento).

Todas las personas sexualmente activas tienen riesgo de infectarse por el VPH. Las mujeres con infección persistente por los tipos carcinogénicos tienen riesgo de desarrollar el cáncer cervical. Personas inmunocomprometidas, incluidas las infectados por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), tienen más posibilidades de tener infecciones persistentes con rápida progresión para cáncer.

La infección por el VPH es una de las infecciones de transmisión sexual más comunes en el mundo. Usualmente —pero no siempre— la transmisión ocurre durante la relación o contacto sexuales de piel con piel con la persona que tiene el virus. Puede ser transmitido hasta con el uso de condones y también en relacionamientos monogámicos. Casi todas las personas en el mundo se infectan con el VPH al menos una vez durante su vida.

El VPH resiste a disecación y desinfección logrando sobrevivir por largo tiempo en la superficie de objetos. Por lo tanto, puede ser transmitido por medio de objetos o materiales infectados. Puede también ser transmitido por contacto directo con heridas y abrasiones y, en raros casos, de madre para hijo durante el parto.

No está claro si la inmunidad natural se desarrolla después de la primera infección por VPH. Hay evidencia que la infección por un determinado tipo de VPH puede proveer alguna protección para este mismo tipo, pero no para otros diferentes.

Por lo tanto, la vacuna VPH provee inmunidad y es una herramienta importante para la prevención del cáncer. La respuesta serológica después de la vacunación contra el VPH es mucho más fuerte que la respuesta después de la infección natural, lo que proporciona a las personas una fuerte protección inmunológica a largo plazo contra el VPH.

La mejor manera de prevenir el VPH es vacunarse antes de empezar las actividades sexuales.

Según las recomendaciones del Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico (SAGE por su sigla en inglés) sobre inmunización de la OMS y el Grupo Técnico Asesor en Enfermedades Prevenibles por Vacunación de la OPS, el público objetivo prioritario para recibir las vacunas VPH son las niñas de 9-14 años, antes de que empiecen su actividad sexual. La OPS-OMS recomiendan administrarles dos dosis de la vacuna con intervalo de seis meses entre ellas. La persona debe recibir las dos dosis recomendadas para estar protegida.

Según estimaciones de la OPS sobre la cobertura de la vacuna contra el VPH en la Región de las Américas a 2020, en México se tenía 50 por ciento en niñas y 0 en niños.

Tres vacunas seguras y efectivas están precalificadas por la OMS y dos de ellas son usadas por la mayoría de los países de la Región para proteger contra los tipos más peligrosos de VPH, proveyendo fuerte y duradera inmunidad. Las altas coberturas en niñas (>80 por ciento) significativamente reducen el riesgo de infección en los niños.

El uso de condones durante toda la relación sexual puede contribuir para prevenir la transmisión del VPH, aunque el VPH puede ser transmitido con el uso de éstos.

Un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública mostró que la aplicación de sólo dos dosis de la vacuna contra el VPH es suficiente para proteger a las mujeres. 2

Cada año 83 mil mujeres de las Américas son diagnosticadas con el virus, el cual en muchos casos es precursora del cáncer cervicouterino.

En México, la vacuna contra el VPH se introdujo en 2012 y se administra de manera gratuita a niñas de quinto año de primaria.

Entre las metas y objetivos del Programa de Vacunación Universal de 2021 se contempló por un lado reducir la incidencia de infección por el VPH en mujeres, a través de la estrategia de vacunación previa al inicio de la vida sexual activa, en las adolescentes que cursan el 5o. grado de primaria o de 11 años de edad no incluidas en el sistema educativo nacional; y por otro lado reducir la incidencia de infección por el VPH y su efecto en personas inmunodeprimidas, a través de la vacunación de personas que viven con VIH. 3

En los lineamientos generales 2021 del Programa de Vacunación Universal y jornadas nacionales de salud pública, emitidos por la Secretaría de Salud del gobierno federal, se estableció que la vacunación contra el VPH se aplicara de acuerdo a la disponibilidad del biológico en cada institución, considerando en la primera jornada a las adolescentes de 5o. grado de primaria y de 11 años de edad no escolarizadas; y en la segunda jornada a las adolescentes de 6o. grado de primaria y de 11 y 12 años de edad no escolarizadas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades cuentan con el Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación (ACIP) que formula reco-mendaciones respecto a todas las vacunaciones en Estados Unidos, incluso la vacuna contra el VPH. Las recomen-daciones actuales del ACIP para la vacunación contra el VPH son, entre otras, la siguiente:

• Niños y adultos de 9 a 26 años de edad. Por lo habitual, se recomienda la vacunación contra el VPH a los 11 o 12 años de edad, pero se puede iniciar a los 9 años. En el caso de las personas que no se vacunaron de forma satisfactoria, se recomienda la vacunación contra el VPH hasta los 26 años. 4

El cáncer cervical, que causa la muerte de 300 mil mujeres cada año, puede prevenirse con la vacunación durante la infancia contra el VPH, su principal causante, pero esta vacuna sólo se administra a 1 de cada 7 niñas, advirtió la OMS. 5

Tan sólo 13 por ciento de las niñas de entre 9 y 14 años en todo el mundo estaban vacunadas en 2020 contra el VPH, indicó el estudio publicado por la OMS.

De lo anterior se concluye que en México existe una brecha de rezago en la vacunación de niñas en el grupo etario prioritario de 9 a 14 años que recomienda la OMS, pues en nuestro país la prioridad tan sólo abarca a las niñas de 11 a 12 años de edad. La brecha se amplía si consideramos que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan extender la edad hasta los 26 años en caso de no haberse vacunado de forma satisfactoria.

Por ello se propone que en México el Programa de Vacunación Universal considere la vacunación contra el VPH en niñas de entre 9 y 14 años de edad y en jóvenes de hasta 26 años de edad que no se hayan vacunado en su oportunidad de forma satisfactoria.

Por lo fundado y expuesto se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Salud federal, doctor Jorge Alcocer Varela a implantar los ajustes necesarios en el Programa de Vacunación Universal para que se haga efectiva la vacunación contra el virus del papiloma humano en todas las niñas de entre 9 y 14 años de edad y se haga extensiva a las jóvenes de hasta 26 años de edad que no hayan sido vacunadas de forma satisfactoria.

Notas

1 Vacuna contra el virus del papiloma humano, OPS-OMS, Organización Panamericana de la Salud (paho.org)

2 “Confiable esquema mexicano de vacunación contra VPH, revela estudio” (adn40.mx)

3 PVU_y_JNSP_Lineamientos_Generales_2021.pdf (www.gob.mx)

4 Vacunas contra el VPH. Instituto Nacional del Cáncer (cancer.gov)

5 OMS pide acelerar vacunación contra VPH para frenar cáncer cervicouterino (forbes.com.mx)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2022.– Diputada Frinné Azuara Yarzábal (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO A LA SSPC Y AL INMUJERES, A PROMOCIONAR MECANISMOS CON EL FIN DE QUE LAS NIÑAS Y MUJERES, PUEDAN REALIZAR LAS DENUNCIAS CORRESPONDIENTES POR CASOS DE VIOLENCIA DIGITAL

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SSPC y el Inmujeres a realizar una campaña nacional para promover mecanismos, instrumentos y herramientas para que las niñas y mujeres puedan realizar denuncias por violencia digital, a cargo del diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Andrés Mauricio Cantú Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Violencia digital en contra de las mujeres a escala mundial

De acuerdo con la ONU, define la violencia digital como aquel comportamiento violento en línea que va desde el acoso en línea y el agravio público hasta el deseo de infligir daño físico, incluidos los ataques sexuales, los asesinatos y los suicidios inducidos. 1

Es decir, cuando se utilizan las herramientas de la información mejor conocidas como las TIC, para realizar actos en contra de la integridad de una persona que afecta su entorno y su relación con la comunidad.

En este tipo de delitos, todas las personas quedan expuestas, ya sea por tener un virus en sus dispositivos electrónicos que a la persona perpetuadora les permite tener acceso a los archivos y confidencialidad de la víctima, o en otros casos, se debe a una persona de confianza que en un intercambio de información personal decide exponer la información de la víctima para causar daño.

En este último caso, es donde nos concentraremos más, pues se trata de un hecho lamentable que sucede de forma repetida en nuestra sociedad, pero que afecta de forma más profunda a las mujeres de nuestro país.

Hablar de violencia de género a través de medios digitales en contra de niñas y mujeres es un tema de suma delicadeza toda vez que se trata de acciones o formas para silenciar, excluir y perjudicar a este género, lo cual, ocasiona que este sector de la población limite su derecho al goce libre de los espacios digitales y a mantenerse seguras tanto dentro como fuera del ecosistema digital.

De acuerdo con datos de la ONU Mujeres, 73 por ciento de las mujeres en el mundo ha sido víctima de este tipo de actos o en algún momento experimentó algún tipo de violencia digital. 2

Por otra parte, resulta aún más preocupante que del total de las mujeres, que han sufrido por esta situación, 90 por ciento de ellas fue víctima de la distribución digital de imágenes íntimas sin su consentimiento.

Por este hecho, alrededor de 28 por ciento de las mujeres que han sido víctimas de estos hechos, redujeron su presencia en los medios digitales, por temor a ser acosadas o violentadas nuevamente.

Los datos anteriores señalan una problemática mundial que aumenta el estado de vulnerabilidad e indefensa en la que se encuentran millones de mujeres ante esta situación, más aún, a nivel mundial, distintos países aún no cuentan con sistemas de apoyo que atiendan estos hechos y garantizar a las niñas y las mujeres una vida libre de violencia.

Estos actos, además llegan a ser más constantes y agresivos, sobre mujeres blogueras o influencers,así como mujeres pertenecientes a minorías étnicas, indígenas, lesbianas, bisexuales y transgénero.

Caso en México

Para el país, no es ajena esta situación ya que, de acuerdo con datos de la misma organización citada, alrededor de 9.4 millones de mujeres entre los 18 y los 30 años son afectadas por el ciberacoso.

De esto, 40.3 por ciento sufre de insinuaciones sexuales y 32.8 recibe fotos o videos con contenido sexual no solicitado; no obstante, los actos de violencia que sufren las mujeres mexicanas también contemplan, llamadas ofensivas, publicación de información personal, críticas, rastreo de cuentas, provocaciones, entre otras.

De forma adicional, de acuerdo con las estadísticas del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, a escala nacional 35 por ciento de las mujeres de 20 a 29 años ha sufrido violencia digital, así como 32 por ciento de las niñas y mujeres de 12 a 19 años en todos los casos, los agresores extorsionan y amenazan a las víctimas con el contenido de las víctimas.

Lo preocupante de esta situación es que en 40 por ciento de los casos son personas conocidas de las víctimas quienes realizan estos actos, lo que nos habla de un estado de inseguridad y vulnerabilidad muy alto para las niñas y mujeres mexicanas. 3

Sin embargo, en el caso de nuestro país y respecto a la situación que prevalece en nuestra sociedad, si contamos con un mecanismo de protección y defensa de las personas y sobre todo de las niñas y las mujeres que sufren por estos actos.

La renombrada Ley Olimpia, surgió a raíz de la difusión de un video íntimo de la activista Olimpia Coral Melo a través de una red social por su ex pareja sentimental como un acto de venganza sin su consentimiento.

Debido a la falta de mecanismos por parte de las autoridades de justicia para garantizar su integridad y su seguridad, Olimpia Coral empezó a promover una propuesta de reforma al Código Penal del estado de Puebla de donde ella es originaria para tipificar estos actos como un delito.

De esta forma nace la Ley Olimpia, un conjunto de reformas que se aplicaron al Código Penal Federal y Estatales; y a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que castiga la violencia digital (ciberviolencia) y sancionan los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales. Es decir, estas reformas son de aplicación general para todas las personas.

A escala federal, la Ley Olimpia considera sanciones de 3 a 6 años de prisión para quienes realicen estas acciones y multas que van de 500 a mil unidades de medida y actualización. Es decir, sanciones que van desde 48 mil 110 pesos hasta los 96 mil 220, de la reparación de los daños y perjuicios que se ocasionaron a la víctima.

Respecto a los estados, hasta ahora 29 entidades federativas ya aprobaron cambios a sus legislaciones y códigos penales para tipificar estos actos como delitos que deberán ser castigados y perseguidos desde el ámbito local.

Pese a contar con instrumentos legales que buscan reducir y erradicar estás prácticas, la realidad es que, aún se siguen presentando casos de violencia digital en contra de las mujeres en todos los niveles de nuestra sociedad.

El estado de vulnerabilidad en el que se encuentran las mujeres sigue siendo preocupante, pues este tipo de delitos aún son presente en muchos entornos donde se desenvuelven y desarrollan, desde sus hogares hasta sus centros de trabajo, además afrontan una realidad que debe cambiar.

Estamos conscientes de los esfuerzos que se han realizado desde el Ejecutivo y las instituciones de seguridad, políticas y de bienestar para generar espacios seguros para las mujeres, sin embargo, en esta materia es necesario seguir reforzando los mecanismos de protección, paridad y equidad de género que contribuyan a seguir construyendo un México más justo, seguro y equitativo.

Se han logrado resultados destacables con las modificaciones de nuestro marco jurídico federal y estatales, que se han traducido en cambios sustanciales que ayudan al objetivo de proteger e impulsar el libre desarrollo de mujer, por lo que es ahora necesario redoblar esfuerzos en materia de seguridad y acceso a una vida libre de violencia.

Por ello, para lograr avanzar en la construcción de una sociedad más justa y libre, debemos promover campañas de información de los mecanismos de denuncia y protección para la mujer que son o pueden ser víctimas de este delito, y con ello ir reduciendo los índices de violencia digital de género en nuestro país.

Nuestras instituciones cuentan con las capacidades para realizar una difusión masiva de las herramientas con las que se cuentan para que más niñas y mujeres conozcan los mecanismos para realizar una denuncia y evitar que los hechos de los que puedan ser víctimas resulten en actos más severos que atenten contra la vida de las mexicanas.

Por todo lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Instituto Nacional de las Mujeres a realizar una campaña nacional para difundir los mecanismos, los instrumentos y las herramientas con que cuenta el Estado mexicano para que las niñas y mujeres del país puedan realizar las denuncias correspondientes ante casos de violencia digital.

Notas

1 Véase

https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/violencia-cibernetica-contra-m ujeres/identificala

2 Véase

https://mexico.unwomen.org/sites/default/files/Field%20Office%20 Mexico/Documentos/Publicaciones/2020/Diciembre%202020/FactSheet%20Violencia%20d igital.pdf

3 Véase

https://www.gob.mx/indesol/prensa/80-de-la-violencia-digital-va- dirigida-a-mujeres-de-entre-20-y-30-anos-de-edad-afirma-experta?idiom=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2022.– Diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

PROGRAMAS Y APOYOS EMERGENTES CONTRA LA SEQUÍA, EL DESEMPLEO Y EL ALTO PRECIO DE LOS ALIMENTOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a establecer programas, acciones y apoyos emergentes contra la sequía, el desempleo y el alto precio de los alimentos, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, María de Jesús Aguirre Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Bienestar a establecer programas, acciones y apoyos emergentes contra la sequía, el desempleo y el alto precio de los alimentos, en beneficio de las familias más necesitadas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México cerró 2021 con una tasa anual de inflación de 7.36 por ciento, después de que en noviembre se registró la tasa más alta desde el año 2001, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y estimados por la organización México, ¿Cómo Vamos?

De acuerdo con la misma fuente la inflación anual en electricidad, gasolina y gas fue de 5.92, 13.98 y 6.87 por ciento, respectivamente. El impacto de diciembre fue más alto por un mayor incremento de los precios de los alimentos.

La Importación de maíz amarillo para los primeros 15 días de enero 2022 asciende a 669,171,700 toneladas, que representan el 34% más que las 498 mil importadas en 2021, de acuerdo con datos del grupo consultor de mercados.

Esta situación Impacta en la presión e incremento, al precio de la tortilla y amenaza la alimentación de las familias más necesitadas.

Según el Banco de México, inflación es un fenómeno de la economía relacionado con el aumento desordenado de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercializan por un periodo prolongado. Para medir la inflación, el Inegi da seguimiento mensual a 235 mil precios de 46 ciudades del país.

Por otro lado, la Comisión Nacional del Agua declaró un estado de emergencia por la persistencia de sequía extrema y severa que afectó a las cuencas del país en 2021. Al menos en 8 cuencas que surten agua a 8 zonas urbanas de igual número de estados, el acceso al servicio de agua podrá ser restringido según Tec Review, con datos de la Agencia EFE.

El de 2020 fue un año con 3 por ciento de lluvias menos que 2019 y eso provocó la incidencia de sequía entre abril y mayo del 2021 en el 80 por ciento del territorio nacional, para finales del año la sequía preocupaba en al menos un tercio de la superficie del país.

La pandemia de Covid y la sequía desarticularon las cadenas de producción y abasto de alimentos, lo que ha dado como resultado una menor disponibilidad y mayores precios de estos en los mercados, reflejados en la inflación que actualmente vivimos.

La sequía ha complicado el abasto de agua potable en los centros urbanos, mayor costo de las pipas que abastecen los hogares y en las zonas rurales menor actividad agropecuaria, más incendios forestales, descapitalización de familias, desempleo y migración hacia los Estados Unidos.

Estos son dos grandes problemas nacionales que ameritan atención inmediata, junto con la salud, el Covid y las vacunas, la reactivación económica, la inseguridad creciente, la pobreza, la educación y la justicia.

Se requiere con gran urgencia programas de empleo temporal para hacer frente a esta época seca, entre enero y julio, donde la población empobrecida rural y urbana no tiene opciones de ingresos, más allá de los apoyos asistenciales.

Acciones como prevención de incendios forestales, mantenimiento carretero y caminos rurales, mantenimiento de derechos de vía, limpieza de ríos, barrancas para prevención de inundaciones y tratamiento y reúso de aguas residuales, son de manera enunciativa ejemplos de algunas actividades posibles de apoyar.

Se necesitan programas de apoyo para la construcción de obras de captación de agua para el abasto potable directo a comunidades debido a la reducida disponibilidad que hay en el subsuelo, mejoramiento parcelario, así como para el abasto del ganado, acuacultura y pequeñas áreas de riego agrícola. Impulsar la tecnificación del riego es impostergable para mejorar la productividad agrícola y recuperar volúmenes para uso público urbano.

Se estima que más de 40 por ciento de la población se encuentra en pobreza laboral, no obstante que tienen un empleo sus ingresos están por debajo de la línea de pobreza y necesitan con gran urgencia apoyos para asegurar su alimentación. Programas de despensas alimentarias emergentes además de apoyos productivos como huertos y granjas familiares de temporal como la milpa mexicana; maíz-frijol-calabaza y la cría de pequeñas especies pecuarias, para la producción de una parte de los alimentos que las familias requieren.

Necesitamos gran proyecto nacional de apoyo a los pequeños productores de autoconsumo, que representan 80 por ciento de la población agropecuaria, mediante la dotación de semillas, abonos y fertilizantes, herramientas, maquinaria, equipo e infraestructura para el almacenamiento de las cosechas evitando pérdidas por plagas y humedad.

Para los pequeños ganaderos es prioritario asegurar la alimentación de sus animales a lo largo del año, mediante la adopción de praderas y forrajes, métodos de conservación de éstos, dotación de semen y embriones para una mejora genética eficiente y a corto plazo que permita una mayor productividad.

Se requiere un apoyo integral para reconstruir las cadenas productivas y de suministro alimentario mediante crédito emergente para insumos, mecanización, tecnificación, sanidad e inocuidad, logística y apoyos a la comercialización hacia los diferentes destinos mediante los tratados y acuerdos existentes.

Por lo anterior antes expuesto someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Conagua, la Conafor y la SCT a establecer acciones de empleo temporal para la construcción de obras de captación de agua para abasto público y recarga de acuíferos, abasto al ganado, acuacultura, pequeñas áreas de riego, prevención de incendios forestales, limpieza de ríos y barrancas, mantenimiento de caminos rurales, derechos de vías y prevención de Inundaciones.

Segundo. Se exhorta a la Sader a implantar apoyos para pequeños productores agrícolas de autoconsumo, prácticas de mejoramiento parcelario, apoyos forrajeros a ganaderos con praderas, huertos y granjas familiares rurales, urbanas y periurbanas.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Bienestar y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a destinar recursos alimentarios para las familias de escasos recursos en los medios rural y urbano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2022.– Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

SE ESCLAREZCAN LOS LAMENTABLES HECHOS SOBRE EL CASO DEL NIÑO ENCONTRADO SIN VIDA AL INTERIOR DE UN PENAL EN PUEBLA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades federales y de Puebla a realizar las investiga-ciones conducentes a esclarecer el lamentable caso del niño encontrado sin vida en un penal y fincar las sanciones penales correspondientes, suscrita por los diputados Ana Lilia Herrera Anzaldo, Mariana Erandi Nassar Piñeyro y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Rubén Ignacio Moreira Valdez y Mariana Erandi Nassar Piñeyro, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, y 65, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a las autoridades federales y de Puebla a realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer los lamentables hechos sobre el caso del niño encontrado sin vida en un penal en Puebla y fincar las sanciones penales correspondientes, y se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a reforzar la seguridad en los centros penitenciarios, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 10 de enero se dio a conocer que en el centro estatal de reinserción social (Cereso) de San Miguel, Puebla, fue encontrado el cuerpo sin vida de un menor de aproximadamente tres meses de edad, hallado por un interno en un contenedor de basura, envuelto en una cobija y dentro de una bolsa de papel. 1 La Fiscalía General del Estado de Puebla se ha negado a dar avances de las investigaciones bajo el argumento de que las pesquisas no han concluido, por su parte, el gobernador de la entidad, Miguel Barbosa Huerta, se ha limitado a señalar que el pequeño presentaba huellas de una cirugía de apéndice y que había muerto por asfixia fuera del Cereso, negándose a dar más información bajo el argumento de que se busca no entorpecer las investigaciones. Diversos medios de comunicación han reportado que el menor tenía una pulsera en una de sus manos con los apellidos Ayala Peralta y que en la bolsa en la que fue encontrado el cuerpo había residuos de un polvo blanco, parecido a la cal. 2

La asociación civil Reinserta, a través de su presidenta, Saskia Niño de Rivera, ha dado a conocer 3 que una mujer ingresó el cadáver del menor en día de visita familiar, precisando que desde el inicio de la crisis sanitaria por Covid-19 el acceso a menores al penal está suspendido, además, informó que el menor habría sido exhumado de un panteón de Iztapalapa, Ciudad de México, y que los padres tras ver en los medios de comunicación el caso del bebé, sospecharon que se trataba de su hijo, por lo que fueron al panteón y descubrieron que su cuerpo ya no estaba y que fueron amenazados para no hacer pública la información y por ello han exigido a las autoridades reconocer el cuerpo del menor. 4

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha determinado ejercer su facultad de atracción e iniciar la investigación correspondiente de los hechos, por lo que ha solicitado medidas cautelares al subsecretario de Centros Penitenciarios de Puebla y a la Unidad Especializada de la Fiscalía General de la entidad, a fin de que se colabore con la investigación que permita esclarecer los hechos, se garanticen los derechos humanos y se refuercen los controles de vigilancia en el Cereso. 5

Hasta el sábado 22 de enero, la Fiscalía General del Estado de Puebla 6 no dio a conocer avances en la investigación, confirmando la información de Reinserta, señalando que el resultado obtenido de la prueba genética es que existe correspondencia entre el cuerpo del menor hallado en el contenedor de basura del Centro Penitenciario de Puebla y el de las dos personas que se ostentaron como padre y madre, por lo que el menor inhumado y luego exhumado en la Ciudad de México es el mismo que fue encontrado en el centro penitenciario de Puebla.

Este hecho tan reprobable nos obliga a poner atención en la protección de los derechos de las niñas y niños en México, así como a cuestionarnos de manera seria y oportuna sobre el funcionamiento del sistema penitenciario mexicano, ¿cómo funcionan los protocolos para el ingreso de visitas? ¿cómo es que un menor ingresó a un centro penitenciario y no se registró su salida? ¿qué tratamiento se da a las y los niños que viven en las cárceles mexicanas?

De acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales de 2021, presentado por el Inegi, 7 con actualización al 27 de octubre de 2021, al cierre del 2020 la infraestructura penitenciaria nacional se formó por 15 centros penitenciarios federales, 251 centros penitenciarios estatales y 53 centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes, constituyendo un total de 319 centros. El Inegi reportó que sólo 91 centros contaron con alguna certificación o acreditación de sus instalaciones por parte de alguna autoridad o asociación nacional o extranjera y que durante 2020 ingresaron 5 mil 956 personas en los centros penitenciarios federales y 104 mil 395 en los centros penitenciarios estatales. De ellos, 92.6 correspondió a hombres y 7.4 a mujeres.

Respecto a las niñas y niños en los centros penitenciarios, el mismo reporte del Inegi señala que en ese periodo los menores de seis años que permanecieron con sus madres privadas de la libertad en los centros penitenciarios federales y estatales, se reportaron 392 menores. De ellos, 50.5 por ciento correspondió a niños y 49.5 a niñas. Del total, 43.4 se trató de menores de un año. La mayoría de los menores se concentró en el estado de México.

Estos datos reflejan la importancia de garantizar los derechos de las niñas y los niños que se encuentran en los centros penitenciarios de nuestro país, tanto los que permanecen al interior, así como los que se encuentran de visita. El artículo 4o. constitucional consagra que en todas las decisiones y actuaciones del Estado, deberán prevalecer aquellas medidas que ofrezcan mayor beneficio para la niñez, especialmente para la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, y por su parte, el artículo 10 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece la obligación de las autoridades en el ámbito de sus competencias, de adoptar medidas de protección especial para los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas.

Las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok) 8 señala en la Regla 2 que se debe prestar atención adecuada a los procedimientos de ingresos de niños en las cárceles.

¿Cómo se realizan estos procedimientos en México tanto para el ingreso de menores como de personas adultas que se encuentra de visita? En el ámbito federal se cuenta con el Manual de Visita de los Centros Federales de Readaptación Social 9 y en ámbito de las entidades federativas, cada una cuenta con ordenamientos y procedimientos específicos que regulan las visitas a los centros penitenciaros. El ingreso de niñas y niños a los centros penitenciarios, ya sea por visita o para vivir con sus madres, así como de cualquier persona, exige una atención sumamente adecuada que salvaguarde sus derechos y la seguridad pública, por lo que es urgente que se refuercen los controles de vigilancia, seguridad, revisión e ingreso, para que hechos tan lamentables como el sucedido en Puebla no se repitan.

En este orden, ponemos a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, que tiene como propósito exhortar a las autoridades federales y de Puebla a esclarecer estos hechos tan lamentables y que finquen las sanciones penales correspondientes a los responsables, de igual forma se exhorta a las y los titulares de los Poderes Ejecutivos de las 32 entidades federativas, así como a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, para que revisen y refuercen los protocolos de visita a los centros penitenciarios federales y estatales, así como a los centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes, y de igual forma, cuenten con espacios seguros y libres de violencia para las niñas, niños y adolescentes que visitan los centros penitenciarios del país, según corresponda a sus competencias.

Por lo expuesto y fundado sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las autoridades federales y estatales de Puebla, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Sistema de Protección Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que en el ámbito de sus atribuciones realicen de manera conjunta y coordinada las investigaciones necesarias para esclarecer los lamentables hechos sobre el caso del niño encontrado sin vida en el centro de reinserción social de Lomas de San Miguel, Puebla, se determinen las sanciones penales correspondientes a las autoridades del penal que resultasen involucradas en estos hechos y se brinde atención a las familias de la víctima de este lamentable hecho.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las y los titulares de los Poderes Ejecutivos de las 32 entidades federativas, así como a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, para que, con arreglo a sus facultades y a través de las dependencias correspondientes, implanten los protocolos necesarios a fin de reforzar los controles de vigilancia, seguridad, revisión, ingreso y salida de visitas a los centros penitenciarios que se encuentren bajo su jurisdicción.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las y los titulares de los Poderes Ejecutivos de las 32 entidades federativas, así como a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, para que, con arreglo a sus facultades y a través de las dependencias correspondientes, cuenten con espacios seguros y libres de violencia para las niñas, niños y adolescentes que visitan algún centro penitenciario del país, así como contar con espacios seguros y libres de violencia para las niñas y los niños menores de 3 años que viven con sus madres al interior de algún centro penitenciario, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Notas

1 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-01/ COM_2022_011.pdf

2 https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/01/20/caso-del-bebe-muerto-en-cere so-de-puebla-mas-interrogantes-que-respuestas/

3 https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/familiares-del-bebe-hallado -en-penal-ya-habrian-acudido-a-la-fiscalia-a-reclamar-el-cuerpo-7763958.html

4 Ídem.

5 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-01/ COM_2022_011.pdf

6 https://fiscalia.puebla.gob.mx/index.php/informacion-socialmente-util/boletines /1973-la-fiscalia-de-puebla-logra-avances-en-la-investigacion-del-hallazgo-del- cuerpo-de-un-menor-en-el-centro-penitenciario-de-puebla

7 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspef/2021/doc/cnsi pef_2021_resultados.pdf

8 https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bang kok_Rules_ESP_24032015.pdf

9 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4936923&fecha=08/11/ 2006

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2022.– Diputadas y diputado: Ana Lilia Herrera Anzaldo, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Mariana Erandi Nassar Piñeyro (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

EXHORTO A LA STPS, A REALIZAR UNA REVISIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la STPS a revisar las Reglas de Operación de Jóvenes Construyendo el Futuro para considerar que a quienes hayan sido sujetos del apoyo y decidan continuar los estudios se les continúe otorgando hasta la conclusión de éstos, a cargo del diputado Yerico Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Yericó Abramo Masso, diputado por Coahuila de Zaragoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta honorable soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que realice una exhaustiva revisión de las Reglas de Operación del Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” a efecto de considerar que los jóvenes que hayan sido sujetos del apoyo de este programa y que decidan continuar sus estudios se les considere en el programa con el mismo apoyo hasta la conclusión de estos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con el Censo Nacional de Población del Inegi 2020, en México hay un total de 31 millones 221 mil 786 de jóvenes de 15 a 29 años, 25 por ciento del total nacional, de los cuales 15 millones 732 mil 348 son mujeres y 15 millones 489 mil 438 son hombres. 1

Como consecuencias por la crisis provocada por el Covid-19, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) estima que uno de cada seis jóvenes se encuentra sin trabajo.

En el mundo, uno de cada cinco jóvenes no trabaja ni participa en ningún programa de enseñanza o de formación. De éstos tres de cada cuatro son mujeres (OIT: 2019).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la población de 20 a 29 años es la que tiene un mayor número de personas desocupadas. Al tercer trimestre de 2021, casi 913 mil personas de este rango de edad que antes de la pandemia tenían un empleo no habían regresado al mercado laboral. La primera causa por la que no están trabajando es porque perdieron su empleo o éste terminó, en segundo lugar, porque renunciaron. Por falta de experiencia laboral es el tercer motivo para este grupo, pero es el que más se menciona en comparación con poblaciones de mayor edad. 2

Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 3 en México ningún financiamiento se orienta en exclusiva a incrementar la relevancia y los resultados de la educación superior en el mercado laboral. Además de que la eficacia del financiamiento extraordinario se ve reducida por la fragmentación de los programas, el solapamiento y la falta de claridad de los objetivos, y la complejidad de los procedimientos de aplicación.

En la actualidad, México tiene la proporción más baja entre los países de la OCDE de adultos (25-64 años) con un título de educación superior (17 por ciento), una cifra muy inferior al promedio de la OCDE (37 por ciento), y por debajo de otros países de la región, tales como Chile (23 por ciento), Colombia (23 ciento), Costa Rica (23 por ciento) o Argentina (21 por ciento).

El programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” es una estrategia del gobierno federal que pretende conjugar esfuerzos entre el sector público y el privado a fin de generar oportunidades de empleo para este sector vulnerable de nuestro país.

Este programa está dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan, la dependencia encargada de operar este programa es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que se encarga de vincular a las y los becarios con empresas, instituciones públicas u organizaciones sociales para que se capaciten laboralmente y adquieran “competencias, aptitudes, conocimientos y valores” que les ayudarán en el futuro a conseguir un empleo.

Este programa consistente en una beca equivalente a un salario mínimo empezó a operar en enero del 2019, año en que los becarios recibieron 3 mil 600 pesos mensuales, para 2020 se incrementó a 3 mil 748 pesos, durante 2021 fue de 4 mil 310 pesos y para 2022 se contempla que aumente a 5 mil 258 pesos mensuales 4.

De acuerdo con la STPS hasta el momento el programa ha beneficiado a 1.8 millones de jóvenes y se espera que para 2022 se inscriban 400 mil jóvenes más, para lo cual la dependencia cuenta con 21 mil 696 millones de pesos.

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su fracción XLV define a las Reglas de operación como las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos.

Por otra parte, el artículo 77 de la misma Ley establece que la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas.

Asimismo, señala que son las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas las responsables de emitir las reglas de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

Los principales criterios que deben considerar las reglas de operación son entre otros:

Contener los lineamientos, metodologías, procedimientos, manuales, formatos, modelos de convenio, convocatorias y cualesquiera de naturaleza análoga; establecer los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades objetivo. Estos deben ser precisos, definibles, mensurables y objetivos; debe describirse completamente el mecanismo de selección o asignación, con reglas claras y consistentes con los objetivos de política del programa, para ello deberán anexar un diagrama de flujo del proceso de selección; definir con precisión los plazos que tiene el supuesto beneficiario, para realizar su trámite, así como el plazo de prevención y el plazo máximo de resolución de la autoridad, especificar las unidades administrativas ante quienes se realiza el trámite o, en su caso, si hay algún mecanismo alterno, publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 31 de diciembre anterior al ejercicio y finalmente las reglas de operación deberán ser simples y precisas con el objeto de facilitar la eficiencia y la eficacia en la aplicación de los recursos y en la operación de los programas.

Cabe destacar que hasta el Ejercicio Fiscal de 2018, el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para ese año, establecía en la fracción II del artículo 28 que la Cámara de Diputados, a través de la comisión ordinaria que en razón de su competencia corresponda, emitirá opinión sobre las reglas de operación publicadas por el Ejecutivo Federal en los términos del artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Dicha opinión deberá fundarse y motivarse conforme a los criterios a que se refiere el último párrafo de dicho artículo.

En caso de que las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados no emitan su opinión a más tardar el 31 de marzo, se entenderá como opinión favorable. 5

A partir del Ejercicio Fiscal de 2019 se eliminó la facultad de opinión sobre las Reglas de Operación que tenían las comisiones de la Cámara de Diputados, eliminando con ello la oportunidad que los diputados tenían de acompañar los esfuerzos que el ejecutivo realiza para la atención de los principales problemas de nuestro país.

Estamos convencidos de que los Diputados federales tenemos una visión más completa de la realidad de todas las regiones de nuestro país y que podemos coadyuvar a hacer una mejor distribución de los recursos y a hacer un mejor diseño de las reglas de operación de los programas sujetos a éstas en virtud del conocimiento de las condiciones que imperan en cada una de nuestras regiones.

Por ello y con la finalidad de coadyuvar a mejorar los resultados del Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” consideramos que éste se puede ampliar para los jóvenes que después de haber sido beneficiarios del mismo, deseen continuar con sus estudios, se les pudiera otorgar el mismo apoyo hasta concluir con el grado académico, ya sea prepa, o una carrera profesional.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con el fin de participar de los esfuerzos que encabeza el Ejecutivo federal para con este sector vulnerable, acudo a esta Tribuna para solicitar su respaldo para la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que realice una exhaustiva revisión de las Reglas de Operación del Programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” a efecto de considerar que los jóvenes que hayan sido sujetos del apoyo de este programa y que decidan continuar sus estudios se les considere en el programa con el mismo apoyo hasta la conclusión de estos.

Notas

1 https://www.asf.gob.mx/uploads/698_equidadActividades/Dia_Inter-nacional_de_la_ Juventud_12-08-21.pdf

2 https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Beca-para-Jovenes-Construyendo-el -Futuro-subira-a-5258-pesos-mensuales-en-2022-20211212-0011.html

3 https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/educacion_superior_ en_mexico.pdf

4 https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/

5 file:///C:/Users/Usuario/Documents/PEF_2018_orig_29nov17.pdf

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022.– Diputado Yerico Abramo Masso (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

EXHORTO A LA CONAGUA, A EMITIR LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR SEQUÍA EN NUEVO LEÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a emitir la declaratoria de emergencia por sequía en NL; y a los servicios de agua y drenaje de Monterrey, a atender la crisis de agua y evaluar la reactivación de proyectos de infraestructura hídrica, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Andrés Mauricio Cantú Ramírez y Juan Francisco Espinoza Eguía e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Andrés Mauricio Cantú Ramírez, Juan Francisco Espinoza Eguía, María de Jesús Aguirre Maldonado, Karina Marlen Barrón Perales, Marcela Guerra Castillo, José Luis Garza Ochoa e Ildefonso Guajardo Villarreal, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En los últimos días, el gobierno de Nuevo León emitió una declaratoria de emergencia ante la situación de sequía que se vive en la entidad, debido a que las fuentes de abastecimiento de agua potable no presentan una capacidad suficiente de llenado para lograr cubrir las necesidades de agua de distintos municipios.

De acuerdo con datos oficiales el volumen total de llenado de las presas es de 44.1 por ciento; sin embargo, de forma particular la presa Cerro Prieto presenta un nivel de 9.88 por ciento, la presa La Boca de 25.28 por ciento y la presa El Cuchillo del 53.98 por ciento. Ante estos números y de acuerdo con los parámetros que establece la propia declaratoria de emergencia, Nuevo León se encuentran en una tercera etapa denominada de sequía extrema.

Bajo esta condición, estamos hablando de que aproximada-mente 2 millones de personas en la entidad se ven afectadas por esta situación, esto, sin mencionar las empresas y unidades económicas de diferentes sectores que se ven afectados por la escasez de agua.

Las afectaciones ante la escasez de agua en la entidad provocan desequilibrios económicos en distintos sectores y mercados, toda vez que este recurso permite la ejecución de distintas actividades primarias principalmente las asociadas al campo, así como las de nivel secundario que requieren de este líquido para operar.

En esencia, la situación que vive el estado no es algo menor, y requiere de la mayor atención, cuidado e intervención posible, pues al tratarse de una de las principales ciudades y estados del país, detener la actividad y su dinamismo puede llegar a ocasiones desaceleraciones considerables que permean a nivel nacional.

Para explicar la situación en la que se encuentra Nuevo León, el director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey Juan Ignacio Barragán Villareal, señaló que la causa que provoca la escasez de agua en el estado esta relacionada a la baja en el número de lluvias al sur del estado, las cuales ayudan al llenado de las presas Cerro Prieto y La Boca.

La condición de sequía no es un problema que afecte únicamente a la zona metropolitana de Nuevo León, sino que este problema se ha extendido a municipios como Mier y Noriega, Iturbide, Galeana Zaragoza, Doctor Arroyo y Aramberri, solo por mencionar algunos.

Bajo esta condición, el director Ignacio Barragán, refirió que para hacer frente al problema de escasez, será necesario abrir alrededor de 50 pozos de emergencia en tanto los niveles de lluvia vuelven a la normalidad.

Ante la declaratoria de emergencia emitida por las autoridades estatales, se decretó la suspensión de toda actividad que amerite el uso excesivo de agua, por lo que se buscará evitar el uso de cualquier infraestructura hidráulica para el uso de agua.

Asimismo, la declaratoria señala algunas recomendaciones dirigidas a la ciudadanía para hacer un uso responsable y medido del agua en tanto se recuperan las presas que abastecen de este liquido a los municipios nuevoleoneses, entre estos se encuentran regular el uso de agua en baños, lavanderías, cocina, espacios exteriores y lavado de automóviles.

Como otra acción que contempló el estado, fue la instrucción al Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey de fortalecer los mecanismos del programa de vigilancia permanente de verificación del cuidado y uso del agua en todos los sectores de la actividad estatal.

Con esta declaratoria, y con los números oficiales de la situación de las presas en la entidad, con la que ya se cataloga la sequía de tipo extrema, es evidente que se esta enfrentando una condición de crisis de agua que requiere de una mayor intervención de parte del Estado mexicano para reducir las afectaciones a las familias, comercios y empresas de la entidad.

Esta no es la primera vez que Nuevo León afronta una situación de sequía tan grave como la actual, en octubre del año pasado el Monitor de Sequía de Conagua, reveló que al menos la mitad de la entidad tenía índices bajos de escases al presentarse 48 por ciento del territorio en situación de sequía “anormalmente seca”.

En junio de 2021, la ausencia de lluvias avivó el problema de embalse del río San Juan y que ha llevado a una disputa entre Tamaulipas y Nuevo León por el acceso al agua. La situación crítica llegó al extremo qué durante este mes de 2021, nuestro entonces gobernador electo Samuel García señaló que no haría entrega de agua al estado vecino, sin embargo, debemos señalar que este río está bajo la administración de la Conagua y corresponde a esta dependencia determinar el uso y aprovechamiento para los estados colindantes.

De lo anterior, nuevamente hacemos un llamado a las autoridades tanto del nivel federal como estatal a focalizar atención y recursos al desarrollo de proyectos de obras e infraestructura hídrica que ayuden a resolver el problema de desabasto de agua en nuestro estado, y en su caso a acelerar el desarrollo de los ya existentes como es el caso de la presa Libertad.

En este mismo orden de ideas y ante la situación de crisis de agua en el estado, voltear a ver los proyectos del pasado y reactivarlos resultaría en una estrategia inteligente que ayude a reforzar la capacidad de acción y atención de las autoridades para garantizar el acceso al agua para sus distintos usos y aprovechamientos.

En este sentido, proyectos como Monterrey VI el cual consistía en la construcción de un acueducto de aproximadamente 380 kilómetros de largo que buscaba conectar la Cuenca del Río Pánuco con el estado de Nuevo León, resulta en una alternativa viable que puede ayudar a solucionar el abastecimiento de agua en la entidad y evitar condiciones de sequías extremas como las que estamos viviendo.

Si bien, en su momento proyectos como el anterior señalado enfrentó retos que lo llevaron a su suspensión, la estrategia planteada para llevar agua hasta el estado, no está alejada de lo que en realidad se necesita para garantizar el derecho humano al acceso al agua.

La discusión del presupuesto federal para el Ejercicio Fiscal de 2022 dejó sin ningún margen de negociación en el que se pudieron redirigir recursos para el fortalecimiento de proyectos de infraestructura de esta naturaleza, no obstante, pese a esto, la Conagua recibirá en 2022 poco menos de 34 mil millones de pesos, los cuales solicitamos recursos de su presupuesto puedan dirigirse de forma focalizada a atender la problemática de escases en nuestro estado norte del país.

Asimismo, una vez realizada la declaratoria de emergencia por la entidad del estado, es momento de que las autoridades a nivel federal hagan lo propio y a través de los mecanismos con los que cuentan como es el Programa Nacional contra la Sequía (Pronacose) atienda y destina los recursos que estime necesarios que ayuden a la entidad a combatir la escases de agua.

De forma coordinada, tanto autoridades estatales como federales pueden lograr coincidir en la aplicación de acciones estratégicas que atiendan esta situación, promover la reactivación de proyectos hidráulicos y acelerar los ya existentes para que, en conjunto los efectos que estos puedan traer consigo, sean en beneficio de las y los nuevoleoneses y de ser el caso, pudieran extenderse estos beneficios y atenciones a los estados del norte que se encuentran en las mismas condiciones.

El abasto de agua en la entidad es un tema que no solo atañe a los hogares y las familias, sino que sus consecuencias son de magnitudes macro que afectan a distintos sectores y entorpecen el desarrollo y el crecimiento de la entidad y el país.

En el Grupo Parlamentario del PRI apostamos por una participación activa entre los distintos niveles de gobierno del Poder Ejecutivo, los cuales favorecerán únicamente a la población que lo requiere y necesita para tener la mejor calidad de vida posible.

Por lo expuesto y fundado sometemos a consideración de este pleno, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua para que, en la medida de sus respectivas atribuciones y competencias acelere y emita la declaratoria de emergencia por sequía en el estado de Nuevo León y destinen los recursos correspondientes para la atención del problema de desabasto de agua en la entidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nuevo León para que, a través de sus respectivas atribuciones y competencias, amplíen a la declaratoria de emergencia emitida el 2 de febrero de 2022 en la que se incluyan los municipios afectados por esta sequía de la zona citrícola y del sur del estado.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizar acciones de desazolve de los vasos y el mantenimiento de los sistemas hidráulicos y de drenaje para evitar reducciones en el suministro de agua de las presas del estado de Nuevo León, principalmente las presas de La Boca y Cerro Prieto.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua y al gobierno del estado de Nuevo León a evaluar la reactivación del proyecto de infraestructura hídrica denominado Monterrey VI con el objetivo de reforzar la capacidad instalada para la atención del abasto de agua en el estado de Nuevo León.

Suscrito el 15 de febrero de 2022, en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados.– Diputados y diputadas: Rubén Ignacio Moreira Valdéz, Andrés Mauricio Cantú Ramírez, Juan Francisco Espinoza Eguía, María de Jesús Aguirre Maldonado, Karina Marlen Barrón Perales, Marcela Guerra Castillo, José Luis Garza Ochoa e Ildefonso Guajardo Villarreal (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

CON RELACIÓN A LAS REGLAS PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA OCASIONADA POR BUQUES

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal, mediante la SRE y la Semarnat, con relación a las “Reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por buques”, a cargo del diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como del artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones IV, V y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía.

Exposición de Motivos

El transporte marítimo internacional representa aproximadamente 90 por ciento de transporte de mercancías y servicios entre las naciones de todo el mundo 1, se caracteriza por ser el más eficiente, rentable, seguro y de bajo costo, contribuyendo a fomentar mayor comercio, y por ende, prosperidad mundial, esto se puede notar en las exportaciones mundiales que hacienden a 17.6 billones de dólares anuales.

México se caracteriza por ser un país bioceánico, cuenta con 11 mil 122 kilómetros de costas, con más de 3 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva y 102 puertos. Además, es el número 14 a nivel global con mayor desempeño de cargas y buques para petróleos. 2 Asimismo, el puerto Lázaro Cárdenas ocupa el lugar 25, 3 dentro de los mejores puertos de manejo de carga portuaria y rendimiento, otorgado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

Es importante señalar que los puertos nacionales operaron 39 mil 508 naves contando buques y transbordadores, lo cual representa un alza de 7.8% respecto al año 2018, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 4

No obstante, una cuestión que también es importante visibilizar del transporte marítimo es la cantidad de emisiones que se generan en este medio de transporte, en el cual principalmente se emite dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC) y partículas, las cuales constituyen sustancias tóxicas e irritantes, que conllevan a la producción de ácidos y elevados niveles de PM25 en el ambiente, con el tiempo y en contacto con el aire y humedad se caracterizan por tener buena solubilidad en agua. 5 Al precipitarse generan reacciones como lluvia ácida, provocando la destrucción de bosques, vida salvaje y la acidificación de aguas superficiales principalmente en los océanos.

De conformidad con las cifras del “Informe del Medio Ambiente de 2018” elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en nuestro país fueron expulsados al aire 3.2 millones de toneladas de CO, 1.3 millones de toneladas de bióxido de azufre SO2 y casi 1 millón de toneladas de NOx durante 2014 6. Es por ello, que ante la creciente preocupación sobre el problema de la contaminación atmosférica ocasionada por buques y el lograr la reducción la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) que estos producen, en el ámbito de la Organización Marítima Internacional (OMI) se adoptó el Anexo VI del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques Marpol 7 (Convenio de Marpol), concerniente a las Reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques, el cual entró en vigor el 1 de enero de 2020.

En este anexo se establecen los límites de las emisiones de NOx —responsable de generar esmog, agravar los problemas de asma y síntomas respiratorios y aumentar la mortalidad de las personas—, exigen el uso de combustible de ultra bajo azufre (que reduce la producción de ozono contaminante) e incluye requisitos aplicables a la manufactura, certificación y operación de buques y motores. 8

Conforme a los estatutos de la OMI, los países que han ratificado el Anexo VI del Convenio Marpol pueden optar por establecer una zona de control de emisiones (ZCE) con estándares más rigurosos respecto del control de emisiones de NOx, SOx y partículas (PM). 9 Derivado de ello, tanto Canadá y Estados Unidos propusieron al comité de la OMI establecer una ZCE para buques en operación en aguas canadienses y estadounidenses, así como para los que operen dentro de las 200 millas náuticas de sus costas. 10 Esta ZCE América del Norte entró en vigor en agosto de 2011 y ha obligado a que todos los buques que operen dentro de la ZCE usen combustible cuyo contenido de azufre no supere 1 por ciento en peso (10 mil ppm), y después de enero de 2015, el contenido de azufre no supera 0.1 por ciento en peso del combustible (1,000 ppm). 11

Con relación al SOx, se estableció un límite global del 4.5 por ciento masa/masa (m/m), de azufre en aceite de combustible; en 2012, se redujo a 3.5  por ciento m/m; luego, en 2015, el límite de la ZCE se redujo al 0.10 por ciento; en 2020, el límite de la ZCE se mantiene, pero el límite global se reduce a 0.50 por ciento.

Es importante resaltar que este Convenio ha desarrollado otros cinco anexos previos, de los cuales el Estado mexicano forma parte, en los que se establecen respectivamente “las reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos”; “las reglas para prevenir la contaminación por sustancias nocivas líquidas transportadas a granel”; “las reglas para prevenir la contaminación por sustancias perjudiciales transportadas”; “las reglas para prevenir la contaminación por las aguas sucias de los buques”; y “las reglas para prevenir la contaminación ocasionada por las basuras de los buques”.

No obstante, el Estado mexicano aún no ha suscrito el Anexo VI, lo cual ha sido criticado por diversas organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Se ha realizado una modelación sobre la influencia que tendría este Anexo en México, en alcance y magnitud, de las emisiones de las embarcaciones de gran tamaño en la calidad del aire de México, y sobre las mejoras en la calidad del aire que resultarían de la ratificación del Anexo VI del Convenio Marpol y del establecimiento de una ZCE en México. Este estudio de modelización incluyó tres escenarios hacia el 2030: a) El primero un escenario base, b) escenario Marpol (que considera sólo la ratificación por México del Anexo VI del Convenio Marpol), y c) y un escenario Marpol + ZCE (que incluye la ratificación del Anexo VI del Convenio Marpol más el establecimiento de una ZCE en México).

Se considera que si se cumpliera este tercer escenario, es decir, que se adoptara el Anexo VI y que se establecieran las ZCE con límites más estrictos; en México se atendería de manera frontal la crisis climática que actualmente padece México; así como se generaría mejoras a la salud humana, se reducirían las emisiones de gases contaminantes y gases efecto invernadero (GEI); se contribuirá a proteger la biodiversidad marina, la seguridad en ecosistemas, la protección de las poblaciones ribereñas; mejoría calidad de aire, la conservación de los bienes económicos de las zonas costeras y marinas, las áreas protegidas, así como la disminución en la acidificación de los océanos, como está establecido en diferentes compromisos internacionales en materia de cambio climático. Asimismo, se reduciría la deposición seca de SO2 en áreas costeras, que específicamente representaría una reducción de SO2 entre 10 y 20% menor en general para el territorio del golfo de México (tierra), y entre 10 y 450 por ciento menor en áreas costeras del Pacífico. 12

Por otro lado, un estudio realizado sobre los efectos en la salud humana por las emisiones contaminantes procedentes de los buques, presentado al Comité de Protección del Medio Marino (MEPC), argumenta los benéficos de reducir a 2030 los límites de SOx y NOx, como la prevención de 570 mil muertes prematuras en todo el mundo; 13 además se evitarían 125 mil admisiones hospitalarias por enfermedades respiratorias y cardiovasculares. De manera similar en los ecosistemas también tendrían beneficios, por ejemplo, como la reducción de 80 por ciento de SOx y NOx, así como 70 por ciento de PM25en zonas costeras, beneficiándose así las áreas naturales protegidas y zonas arqueológicas; además se reduciría la cantidad de GEI a la atmosfera ralentizando así el cambio climático.

De la misma manera, la suscripción de este anexo contribuiría al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo 14 de Desarrollo Sostenible, concerniente a la conservación y utilización sostenible de los océanos, mares y recursos marinos. 14 Así como al cumplimiento de los compromisos de mitigación presentadas por el gobierno mexicano a través de las contribuciones determinadas a nivel nacional, en donde México se comprometió a reducir 22 por ciento de gases efecto invernadero y 51 por ciento de carbono negro.

Aunado a lo anterior, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, (T-Mec), en el capítulo 24 establece el compromiso de observar y respetar los diversos acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente de los que son parte; deberán promover políticas y prácticas, comerciales y ambientales, que se apoyen mutuamente, promoviendo altos niveles de protección ambiental y una aplicación efectiva de leyes ambientales, así como mejorar las capacidades de las partes para abordar los asuntos relacionados con el comercio.

Particularmente, en el artículo 24.10 del T-Mec concerniente a la “protección del Medio Marino de la Contaminación por Buques” se establece el compromiso de las partes para cooperar en los asuntos de interés mutuo con respecto a la contaminación del medio marino por buques, en la que se incluye las emisiones de los buques.

Es por ello que, a fin de cumplir con estos compromisos internacionales, resulta sustancial que el gobierno federal continue con el procedimiento respectivo para la suscripción del referido Anexo VI. Cabe destacar que el gobierno mexicano ya había firmado una Carta de Intención para adherirse a los Anexos III, IV y VI de Marpol durante el cuarto Congreso Nacional de la Marina Mercante celebrado el 21 de octubre de 2014. 15

Además, en la XI Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (Cimares), realizada el 19 de agosto de 2016; se abordó el proceso de adhesión de México al Anexo VI y el establecimiento de un “Área de Control de Emisiones” (ACE) en aguas marinas de jurisdicción nacional, bajo el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques MARPOL, en coordinación y con el apoyo técnico y económico de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA). Esta iniciativa fue reconocida en la Cumbre de Líderes de América del Norte en Ottawa, Canadá, y forma parte de los acuerdos hacia una economía competitiva y baja en carbono. 16

Para cumplir con este compromiso, la Semarnat, así como la CCA, en coordinación con representantes del gobierno de Estados Unidos y Canadá, han realizado diversas acciones para involucrar a las dependencias federales y representantes de la industria del transporte marítimo en la prevención de la contaminación marina por buques. La más reciente de estas actividades fue el “Taller sobre la adhesión al Anexo VI del Convenio Marpol y el establecimiento en México de una Zona de Control de Emisiones”, celebrado en mayo de 2019.

Conforme a lo anterior, se considera sustancial exhortar al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones y a la Semarnat, a continuar con el proceso de suscripción del Anexo VI del Convenio de Marpol, con el objeto de limitar las emisiones de óxidos de azufre, nitrógeno y materias partículadas de los buques mejorará la calidad del aire y protegerá el medio ambiente.

Considerando lo antes expuesto, me permito ante esta soberanía, presentar la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se suscriba a la brevedad el Anexo VI, concerniente a las “Reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por buques” del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques, y en su caso se proceda a la ratificación en el Senado de la Republica.

Notas

1 Oceana, Contaminación por la Industria Naval, consultada el 27 de enero de 2022. Disponible en:

https://europe.oceana.org/es/contaminacion-por-la-industria-nava l-0

2 Ídem.

3 UNCTAD, Review of Maritime Transport, United Nation, Geneva, página 99.

4 T21MX, México recibe 6.1 por ciento más barcos en sus puertos en 2019, consultada el 27 de enero de 2022. Disponible en:

http://t21.com.mx/maritimo/2020/02/05/mexico-recibe-61-mas-barco s-sus-puertos-

5 Gobierno de España, Registrado Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, NOX (ÓXIDOS DE NITRÓGENO), consultada el 27 de enero de 2022. Disponible en: https://prtr-es.es/NOx-oxidos-de-nitrogeno,15595,11,2007

html#:~: text=Se%20trata%20de%20una%20sustancia,PM2%2C5%20en%20el%20ambiente.

6 Semarnat, Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales, Informe del Medio Ambiente, consultada el 27 de enero de 2022. Disponible en:

https://apps1.semarnat.gob.mx: 8443/dgeia/informe18/tema/cap5.html

7 Este Convenio internacional tiene como objetivo proteger el medio marino de cualquier derrame accidental, negligente o deliberado de hidrocarburos y otras sustancias. Fue adoptado por diferentes naciones el 2 de noviembre de 1973 en la sede de la Organización Marítima Internacional (OMI). México depositó su instrumento de adhesión y ratificación ante el Secretario de la OMI el 23 de abril de 1992; lo anterior fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 y 8 de julio de 1992, y. OMI, Organización Marítima Internacional, Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL), consultada el 27 de enero de 2022. Disponible en:

https://www.imo.org/es/About/Conventions/Pages/International-Con vention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx

8 Comisión para la Cooperación Ambiental (2018). Reducción de emisiones generadas por el movimiento de bienes en el transporte marítimo en América del Norte: Evaluación de los efectos de las emisiones de buques en México. Montreal, Canadá. Página 2.

9 Ibídem.

10 Ídem.

11 Ídem.

12 Página 26

13 IMO, International Maritine Organization, Air Pollution And Energy Efficiency, consultada el 27 de enero de 2022, Disponible en:

https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/HotTopics/D ocuments/Finland%20study%20on%20health%20benefits.pdf

14 ONU, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos), consultada el 27 de enero de 2022. Disponible en:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/oceans/

15 Semarnat, Trabaja gobierno mexicano en el control de emisiones del sector marítimo, consultada el 27 de enero de 2022. Disponible en:

https://www.gob.mx/semarnat/prensa/trabaja-gobierno-mexicano-en- el-control-de-emisiones-del-sector-maritimo

16 Semarnat, Se suma México al convenio internacional para prevenir contaminación por buques, consultada el 27 de enero de 2022. Disponible en:

https://www.gob.mx/semarnat/prensa/se-suma-mexico-al-convenio-in ternacional-para-prevenir-contaminacion-por-buques

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022.– Diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

SE SALVAGUARDE EL PATRIMONIO CULTURAL QUE SE ENCUENTRA EN EL MUSEO DE ARTE DE TLAXCALA Y SE DESLINDEN RESPONSABILIDADES POR LA APERTURA DE UN BAR EN SU SEGUNDO PISO

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Tlaxcala a salvaguardar el patrimonio cultural del Museo de Arte de la entidad e iniciar las investigaciones para deslindar las responsabilidades derivadas de la apertura de un bar en el segundo piso del recinto, a cargo de la diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXV Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los pasados días 4 y 5 de febrero se llevó a cabo la inauguración del Bar La Terraza de Tlaxcala, el cual —según su propia cuenta de Instagram–se encuentra ubicado en el segundo piso del Museo de Arte de Tlaxcala. Este museo se encuentra ubicado en un inmueble histórico que data del siglo XIX, protegido por el INAH y el Gobierno del Estado y, ahora, fue adaptado para albergar una de las más valiosas colecciones de pinturas de la artista Frida Kahlo, correspondientes a los años entre 1923 y 1927.

Según la página electrónica del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, este Museo albergará otras dos magnas exposiciones, Manifiestos del arte mexicano, 1921-1958, que contiene valiosas proclamas de los escritos que marcaron el arte mexicano y lo revolucionaron ya que, según la Directora General del INBAL,

Si bien la mayor parte de ellos fueron dados a conocer en la primera mitad del siglo XX –algunos publicados en revistas, otros como hojas volantes, periódicos, programas de acción colectiva o proyectos gráficos–, los argumentos que enunciaron son un referente para las ideas y prácticas artísticas que se desarrollarían en años posteriores. 1

Adicionalmente, el Museo pondrá a disposición del público la exposición Mirada Oblicua: Lectura contemporánea del acervo artístico del estado, la cual

reúne 59 obras representativas del arte contemporáneo en México de las últimas tres décadas, la cual establece un diálogo con creadores jóvenes de la escena artística contemporánea de Tlaxcala, abarcando pintura, escultura, dibujo, instalación, fotografía y video. 2

Según asistentes,

Pese a las restricciones sanitaras, en la terraza convivieron decenas de jóvenes con bebidas alcohólicas, bailes, música a todo volumen y algunas bailarinas performance; el antro presuntamente pertenece a un político de origen en el PRI y ahora con Morena. 3

En redes sociales, se dio a conocer el evento lo que produjo la reprobación de gran parte de la población debido a que, además de poner en riesgo el patrimonio artístico que alberga el Museo, las modificaciones estructurales arriesgan la integridad del propio inmueble y se violan las disposiciones sanitarias emitidas por el propio Consejo Estatal de Salud en las que se señala que

Queda prohibido el funcionamiento y operación de centros nocturnos como antros, karaokes, bares y salones de fiesta, además de la venta de alcohol después de las 22 horas. 4

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal para que, en coadyuvancia con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Tlaxcala, resguarden el patrimonio artístico que se encuentra en el Museo de Arte de Tlaxcala.

Segundo. La H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala y a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Tlaxcala para iniciar las investigaciones correspondientes a fin de deslindar las responsabilidades derivadas de la autorización para la operación de un Bar en el segundo piso del Museo de Arte de Tlaxcala, realizando modificaciones estructurales a un inmueble histórico y poniendo en riesgo el patrimonio artístico resguardado por el Museo.

Notas

1. https://inba.gob.mx/prensa/15850/reabre-sus-puertas-el-museo-de-arte-de-tlaxcal a-con-tres-magnas-exposiciones

2. Ídem.

3. https://www.eluniversal.com.mx/estados/inauguran-antro-en-azotea-del-museo-de-a rte-de-tlaxcala

4. https://gentetlx.com.mx/2022/02/08/muy-cinicos-o-muy-torpes/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de febrero de 2022.–  diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

SE BRINDE UN ESPACIO DE INTERLOCUCIÓN PARA LOS CIUDADANOS INCONFORMES EN RELACIÓN CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 4 Y 5 DEL METRO DE NUEVO LEÓN

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de NL a brindar un espacio de interlocución para escuchar las inconformidades y propuestas de solución de los habitantes del sur de la entidad respecto a la construcción de las líneas 4 y 5 del metro, a cargo de la diputada Karina Marlen Barrón Perales, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Karina Marlen Barrón Perales, integrante de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al C. Samuel García Sepúlveda, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, brindar un espació de interlocución para escuchar las inconformidades y propuestas de solución, de los ciudadanos que habitan la Zona Sur de la Ciudad de Monterrey y evitar el perjuicio mayor que se deriva de la próxima Construcción de la Línea 4 y 5 del metro, se debe priorizar el bienestar de la comunidad, con base en las siguientes

Consideraciones

Recientemente, el pasado 13 de diciembre del 2021, el congreso del Estado de Nuevo León aprobó la Ley de Egresos e Ingresos para el ejercicio del año 2022, la cual considero,  pequeños cambios no representativos sobre la propuesta que fue presentada por el C. Gobernador Constitucional Samuel García Sepúlveda, por un monto de cuatro mil doscientos cuarenta millones para el financiamiento de largo plazo, destinado a la inversión pública productiva en proyectos, en donde se identifica entre otros proyectos de infraestructura, la construcción de la Línea 4 y 5 del metro como parte de los proyectos de movilidad.

Debemos señalar con énfasis que, para el rubro de infraestructura de movilidad para el año 2022, se destinaran 7,967 millones de pesos, nada comparado a lo que se previó en la aprobación de la Ley de Egresos para el ejercicio fiscal 2021; entre los que destaca la  Construcción de las Líneas 4 y 5 del metro, la cual consideramos que es en DE-TRIMENTO Y PERJUICIO DE LA POBLACIÓN NUE-VOLENSE; por ello, le solicitamos de la manera más respetuosa, privilegiar el BIENESTAR DE LA COLEC-TIVIDAD y buscar alternativas viables para favorecer el tema de movilidad de la zona sur de Monterrey. Somos más de 60 colonias del sur de Monterrey y estamos enterados del  proyecto de la construcción de las Línea 5 del metro y consideramos generará perjuicio de la población que habitamos las colonias de la Zona Sur de la Ciudad de Monterrey; por ello, nos acercamos a Usted, para abrir un espacio de diálogo buscando ser tomados en cuenta de las decisiones que puedan atender nuestras necesidades y demandas, ya que hasta el momento, no conocemos ¿Cuál es la problemática que se pretende atender y por qué la construcción de las líneas del metro la resuelven? ¿Cuáles son las causas y efectos que las autoridades identifican del proyecto de la construcción de la línea 5 del metro?; Dígannos públicamente ¿Cuál es la población objetivo que se pretende beneficiar con este proyecto?, ¿Cuál es el sector de la población que demanda el servicio del metro que da origen a la propuesta de construcción de la línea 5 del metro? ¿Cuáles son los resultados de los estudios de mecánica de suelo? ¿Cuál es el impacto ambiental y/o urbano? ¿Cuáles son las razones por las cuales no se ha presentado públicamente el proyecto completo de infraestructura que corresponde a la construcción de la línea 5 del metro? y ¿Cuáles fueron las alternativas desechadas para atender el problema que la construcción 5 del metro si resuelven?

Es un hecho que tenemos total interés de sumar y participar activamente en la construcción de un mejor proyecto de movilidad que atienda y considere, las necesidades de la Zona Sur de la Ciudad de Monterrey, pero de ninguna manera seremos parte, de aquello que tenga un mal impacto en nuestra entidad y que propicie la degradación del espacio urbano, la disminución de carriles de la Av. Eugenio Garza Sada, la generación de contaminación visual y auditiva, la depreciación de la plusvalía de las propiedades, la afectación a los negocios, el incremento de la inseguridad y la afectación del tránsito vehicular, porque todo ello, afecta enormemente la calidad de vida de los nuevoleoneses que habitamos en la zona.

Creemos, en el esfuerzo y trabajo en conjunto para generar una mejor respuesta a las necesidades y demandas que como sociedad tenemos, por lo que proponemos como parte de una estrategia de movilidad:

1. Metro subterráneo,

2. Realizar un estudio y un plan integral de movilidad para la Zona Sur de la Ciudad de Monterrey,

3. Impulsar la movilidad incluyente y no motorizada,

4. Invertir en la reestructuración del transporte urbano,

5. Construcción de dos avenidas alternas a la carretera nacional.

Solicitamos la oportunidad de un diálogo abierto para atender la situación que nos afecta derivado de la construcción de la línea 4 y 5 del metro y de no lograrse un consenso sería preferente que se  redireccione los recursos económicos a prioridades más urgentes que atender, como lo es la situación de la escases de agua, que nos mantiene en un periodo de sequía grave; o la situación de inseguridad que predomina en todo el estado y que hasta el momento y que nos coloca Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el quinto lugar en feminicidio a nivel nacional, en donde se ha carecido de acciones concretas que den indicios de datos objetivos; el tema de salud en cuanto a la atención principal que se requiere para niños y mujeres con cáncer; para brindar una mejor calidad en los necesidades de los pequeños de la primera infancia, hay hambre en el estado; y finalmente, sobre el área de educación, como atender e implementar las escuelas de tiempo completo, como restituir el robo de los pocos materiales con las que cuentan las escuelas públicas, entre otros problemas.

No podemos continuar con un proyecto de esta magnitud cuando hay situaciones más graves que atender de manera prioritaria, es imperante tener claro que la crisis provocada por la Pandemia de COVID — 19, no se ha superado y que hoy, los Nuevoleoneses, necesitan de la ayuda del gobierno, quien debe prever mayores recursos en otras necesidades, talvez, como la reducción que se hizo al presupuesto del Isssteleón, al Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey al que le disminuyeron 388 millones de pesos y no prevé este año un proyecto de agua para la zona metropolitana 1 y también, se queda sin previsión alguna, el Centro de Conciliación Laboral y juzgados especializados, para cumplir con la Reforma Laboral; queremos soluciones reales a nuestras necesidades y demandas, NO somos objeto de intereses particulares.

Nuestra motivación también se encuentra fundada también en el rechazo a que se realice un proyecto sin el aval de los vecinos, no estamos dispuestos a sufrir un déficit mayor, como lo que sucede con la Línea 3 del metro, la cual se estrenó en febrero del año 2021, en donde su construcción demoro más de cinco años, no atiende a la población que se señaló inicialmente en el proyecto de su construcción y, son muy pocos los usuarios que la utilizan en sus actividades diarias; así como tampoco, ha disminuido o contribuido son los diversos problemas de movilidad de los nuevoleoneses, sin dejar de mencionar, que no cuenta con los recursos suficientes para sufragar las necesidades que conlleva su operación así como de mantenimiento; ya en su momento, la Auditoria Superior de la Federación señalo en el año 2021 que en la “ Línea 3 del metro, se detectaron diversas anomalías en perjuicio del erario público y, que no es apta para operarse en tales circunstancias” 2.

Señor Gobernador, apelamos a su buena voluntad y solicitamos una audiencia con usted dónde podamos ser escuchados. Necesitamos conocer, participar y ser parte de la decisión de cada propuesta de gobierno que se dirija en beneficio del estado y planteamos se realice la toma de decisiones de manera transparente.

Estamos seguros de que, este no es el mejor momento para llevar a cabo un proyecto de esta magnitud cuando existen circunstancias más importantes que atender.

En consecuencia, le solicito a esta soberanía, exhortar al C. Samuel García Sepúlveda, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León y abrir el dialogo para llevar la propuesta de la construcción de las líneas 4 y 5 del metro, a un encuentro de consenso, acuerdo y de alternativas en beneficio de la población que habita y representa a más de 60 colonias de la Zona Sur de la Ciudad de Monterrey.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta punto de acuerdo por el que se exhorta al C. Samuel García Sepúlveda, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, brindar un espació de interlocución para escuchar las inconformidades y propuestas de solución, de los ciudadanos que habitan la Zona Sur de la Ciudad de Monterrey y evitar el perjuicio mayor que se deriva de la próxima Construcción de la Línea 4 y 5 del metro, se debe priorizar el bienestar de la comunidad.

Notas:

1. https://www.milenio.com/politica/comunidad/gobierno-desempolva-obras-de-hace-30 -anos

2. https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/hallan-irregularidades-por-50-mdp-en- obras-de-l-3-en-nl/ar-BB1dSlJJ

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de febrero de 2022.– Diputada Karina Marlen Barrón Perales (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

SE AGILICE LA RECTIFICACIÓN DEL TRAMO LOS CHORROS, EN LA CARRETERA FEDERAL 57, CON EL OBJETIVO DE QUE SE PREVENGAN ACCIDENTES FATALES

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Gobierno federal a agilizar por la SCT la rectificación del tramo Los Chorros, en la carretera federal 57, para prevenir accidentes fatales, a cargo del diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado Jaime Bueno Zertuche del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración el siguiente documento

Consideraciones

En devenir de los años, se han realizado grandes obras de infraestructura carretera en nuestro país, con la finalidad de mejorar el tránsito de los automovilistas y garantizar su seguridad; sin embargo, durante la actual administración federal, el presupuesto destinado a este rubro, año con año ha ido disminuyendo, por lo que las carreteras del territorio nacional se encuentren deterioradas y en mal estado, complicando su circulación y provocando graves accidentes.

En Coahuila, específicamente en la región sureste, el mal clima y los accidentes en la carretera 57 van de la mano, cada año se registran accidentes sumamente graves y en muchas ocasiones, con víctimas mortales.

A principios del mes de diciembre del año anterior, alcé la voz en este recinto para solicitar que se tomaran las medidas necesarias para prevenir los percances en la carretera 57, en el tramo carretero conocido como “Los Chorros”, pero no existió respuesta alguna; hoy nuevamente hago lo propio, puesto que la situación y los accidentes en dicho tramo continúan. El pasado 8 de febrero se suscitó otro accidente donde un tráiler volcó y por el cual se cerraron ambos sentidos del tramo, las labores de atención por servicios de emergencia y de limpieza se extendieron por más de 15 horas, dejando varados a cientos de vehículos con todas las repercusiones que esto conlleva.

Es importante mencionar que la Carretera Federal 57 es una de las más importantes en México, ya que va desde la frontera de Estados Unidos con Piedras Negras, Coahuila, hasta la Ciudad de México, con una longitud de 1,152 Km; pasando por los Estados de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, México, Hidalgo y la Ciudad de México; y a su vez es una de las carreteras a nivel nacional con mayor índice de accidentes.

El tramo conocido como “Los Chorros”, se encuentra en el municipio de Arteaga, Coahuila, y se considera uno de los más peligrosos en el noreste del país, debido a las pendientes y la mala planeación de la carretera, en el cual desde el año 2006 hasta el día de hoy, los accidentes ascienden a más de 1,200 con 53 lamentables muertes en los últimos 10 años.

Diariamente, dicho tramo carretero es transitado con riesgo por miles de automovilistas y transportistas, quienes llegan a permanecer varados por muchas horas cuando se registra algún accidente, en los que generalmente se ven involucrados vehículos de carga y transportes pesados; donde no solo se ve afectada esa vía, sino también carreteras y autopistas aledañas, como es el caso de la Monterrey-Saltillo, que en uno de sus tramos se conecta con la 57.

Derivado de lo anterior, es sumamente urgente que se realicen trabajos de rectificación en el tramo denominado “Los Chorros”, mismos que desde 2017 se le han solicitado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y sin embargo, dicha vialidad federal no ha sido modificada hasta el día de hoy.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable asamblea, la siguiente proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Gobierno federal, para que por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se agilice la rectificación del tramo de “Los Chorros”, en la Carretera Federal 57, con el objetivo de que se prevengan accidentes fatales.

Salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 17 de febrero de 2022– Diputado Jaime Bueno Zertuche (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

SE ACELERE EL PROCESO DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 ENTRE LAS Y LOS NIÑOS DE 12 AÑOS DE EDAD EN ADELANTE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la Ssa a acelerar el proceso de vacunación contra el Covid-19 entre niños de 12 años de edad en adelante, suscrita por los diputados Marco Antonio Mendoza Bustamante y Cristina Ruiz Sandoval, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, Marco Antonio Mendoza Bustamante y Cristina Ruiz Sandoval, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A pesar de que el gobierno federal ha desarrollado una estrategia nacional activa para vacunar a la mayor parte de la ciudadanía contra el Covid-19, la población entre 12 y 17 años ha sido desplazada en los hechos. Y aunque se ha abierto el registro para ese sector, la aplicación ha sido centrada únicamente en menores con morbilidad. 1

Esta situación ha generado que ciudadanos y grupos organizados promuevan amparos, con el fin de vincular a las autoridades sanitarias para inocular a menores que se encuentran en situación de alta probabilidad de contagio. Lo anterior basado en criterios como el inicio de clases presenciales, situaciones propensas a contraer otras enfermedades e instrumentos internacionales que obligan a dar prioridad a la niñez. 2

El 21 de enero de 2022, la Organización Mundial de la Salud emitió un comunicado que recomienda incrementar la disponibilidad de las vacunas para al menos el 50% de las poblaciones de los países. Este incremento supone utilizar las dosis para grupos prioritarios de niños y adolescentes, así como sectores que necesiten refuerzos inmediatos. 3

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha descrito que si bien los síntomas entre los menores infectados siguen siendo leves, las infecciones están aumentando y el impacto a largo plazo en la educación, la nutrición y el bienestar de toda una generación de niños y jóvenes puede alterar la vida. 4

El UNICEF ha señalado que en 87 países, los niños y adolescentes menores de 20 años representaban 1 de cada 9 infecciones de Covid-19, o 11 por ciento de los 25.7 millones de infecciones notificadas por los países miembros. 5

En este sentido, al menos seis países europeos han autorizado la inoculación para los menores. Igualmente, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos amplió la autorización el uso de emergencia de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer en niños de 12 años a 15 años de edad. Con esta acción, Estados Unidos se convirtió en avalar la vacuna anticovid de Pfizer y BioNTech en adolescentes. 6

En América Latina, según datos periodísticos, Uruguay fue el primer país en iniciar a inocular a menores de entre 12 y 17 años con la vacuna Pfizer a comienzos de junio. Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana también iniciaron a vacunar a niños con comorbilidades a partir de los 12 años, entre junio y julio. 7

Para el caso de México no existe esfuerzo para atender esta grave problemática. De acuerdo con datos oficiales, durante las primeras dos semanas de enero de 2022, las infecciones en menores de edad se rebasó en cinco veces en relación a las cifras del mes de diciembre, registrando más de 3 mil 600 casos de contagios y 12 fallecimientos. 8

Sin embargo, a pesar de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ha dictaminado procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años, no existe una tasa certera de su aplicación. 9

La vacuna Pfizer es la única autorizada para el uso en población menor de edad. Y aunque existen otras probadas en el mundo, como CoronaVac de Sinovac y BBIBP-CorV de Sinopharm en China, su distribución aún ha sido limitada y. no se encuentra en México. Otros países como Argentina han comenzado a usar Sinopharm incluso en nios de entre 3 y 11 años desde el pasado mes de octubre. 10

En ese sentido presentamos esta proposición con punto de acuerdo, para continuar insistiendo en la necesidad de aplicar la vacuna a los menores. Ante la dispersión de nuevos brotes, la vacunación es una herramienta fundamental para detener los efectos críticos de la pandemia y mantener la estabilidad de la salud nacional.

Es urgente que el Estado mexicano asuma su responsabilidad y garantice la seguridad y bienestar del Interés Superior de la Niñez establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 11 y en el artículo 4, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 12

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del Pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. El Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal y la Secretaría de Salud a acelerar el proceso de vacunación contra el Covid-19 entre los niños de 12 años en adelante.

Notas

1 Vacuna Covid para niños: en qué países ya se aplica y de qué forma la aconseja la OMS. Disponible en

https://www.animalpolitico.com/elsabueso/vacuna-covid-para-ninos -paises-ya-se-aplica-oms/

2 Alumno UV logró amparo que permitió vacunar a menor de edad. Disponible en

https://www.uv.mx/prensa/banner/alumno-uv-logro-amparo-que-permi tio-vacunar-a-menor-de-edad/

3 WHO Sage Roadmap for prioritizing uses of Covid-19 vaccines. Disponible en

https://www.who.int/publications/i/item/who-sage-roadmap-for-pri oritizing-uses-of-covid-19-vaccines

4 El Covid-19 sí afecta a los niños y la pandemia puede dejar una “generación perdida.” Disponible en

https://news.un.org/es/story/2020/11/1484262

5 Ibídem.

6 La FDA autoriza la vacuna de Pfizer para menores de 12 a 15 años. Disponible en

https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/10/la-fda-autoriza-la-vacuna- de-pfizer-para-menores-de-12-a-15-anos/

7 Qué países están vacunando a niños contra la covid-19 y por qué (y cuáles son los de América Latina). Disponible en

https://www.bbc.com/mundo/noticias-58590941

8 Casos de Covid-19 se quintuplican en niños y adolescentes. Disponible en

https://www.animalpolitico.com/2022/01/casos-covid-quintuplican- ninos-adolescentes/

9 Cofepris autoriza uso de vacuna Pfizer en adolescentes: López-Gatell. Disponible en

https://www.capital21.cdmx.gob.mx/noticias/?p=23256

10 Coronavirus: qué sabemos sobre la vacuna Sinopharm en los niños. Disponible en

https://chequeado.com/el-explicador/coronavirus-que-sabemos-sobr e-la-vacuna-sinopharm-en-los-ninos/

11 Disponible en

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_110121.pdf

12 Disponible en

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2022.– Diputado y diputada: Marco Antonio Mendoza Bustamante, Cristina Ruiz Sandoval (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR, A LA SEP Y A LA SECRETARÍA DE SALUD, A COORDINAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Bienestar, la SEP y la Ssa a coordinar acciones tendentes a la atención integral de las personas con discapacidad auditiva, a cargo de la diputada Laura Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentario del PRI

Las que suscribe, Diputada de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las secretarías de Bienestar, Educación Pública y Salud, a fin de coordinar acciones integrales tendientes a la inclusión de las Personas con Discapacidad Auditiva, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

I. En el censo 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró que en el país viven 2.9 millones de personas con limitaciones para oír, aún con un aparato auditivo, 1.3 millones de personas tienen discapacidad auditiva, por lo que no puede oír, aún con un dispositivo auxiliar y 900 mil personas son sordociegas. El acumulado de persona con discapacidad o dificultades auditivas, alcanza los 5.15 millones de personas. Con estos datos, se puede afirmar que una de cada cuatro personas con discapacidad en el país, lo son relacionados a la perdida sensorial del oído.

II. Las personas con discapacidad auditiva, por la hetero-geneidad de la composición de este segmento de población, no constituyen un grupo social de composición y carac-terísticas únicas y las políticas públicas planteadas para este segmento, deben tener en cuenta la diversidad cultural de personas que la integran.  Los primeros segmentos que podemos identificar, es el de las personas sordas que forman parte de familias de personas sordas o aquellas no cuentan con antecedentes familiares. Igualmente, debemos seg-mentarlas por sordas congénitas o que adquirieron la disca-pacidad por enfermedad o accidente. A su vez, las personas que adquirieron la discapacidad, si esto sucedió a edad temprana (pre-oralidad) o después de haber adquirido el lenguaje oral (post-oralidad) También se puede segmentar por las habilidades personales para superar las barreras de la comunicación, que pueden ser: usuarias de la lengua de señas; lectura de labios y oralización, y aquellas que ocupan la lectoescritura o que no cuentan con herramientas.

En la política pública, estas diferencias redundan en la necesidad de respuestas diversas; lo que obliga a protocolos que respondan a la exigencia de encontrar las diversas respuestas necesarias y posibles para la diversidad de la discapacidad auditiva.

III. Que para generar conciencia respecto a la consideración anterior, el 9 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara la última semana de febrero de cada año como la Semana Nacional de la Salud Auditiva.

El decreto, propuesto de origen en el Congreso de la Unión, atendió a la exigencia de las organizaciones de sociedad civil para generar la atención general a esta problemática. La última semana de febrero de 2021 se llevó a cabo la primera edición de esta estrategia de concienciación.

IV. En la primera Semana Nacional de la Salud Auditiva, que se llevó a cabo en el 2021, se dejó manifiesto la necesidad de recuperar las políticas públicas que han dejado de implementarse por parte del Estado y construir una política pública integral y adecuada para las distintas Personas con Discapacidad Auditiva. También se concluyó sobre la necesidad de políticas públicas para prevenir la perdida de la audición y la implantación de auxiliares auditivos en los neonatos.

V. La salud auditiva se compone en lo médico en 1) la medicina preventiva y de diagnóstico temprano, y 2) lo terapéutico y la habilitación o rehabilitación. En lo social, la salud auditiva se constituye de las políticas para reducir obstáculos; dotar de las ayudas técnicas, los apoyos y/o ajustes razonables que permitan el pleno desarrollo de las personas sordas.

VI. El Estado, con la capacidad institucional existente, puede proporcionar un esquema integral de atención a las personas con dificultad o discapacidad auditiva, pero hace falta un plan integral, que integre la oferta de política pública (educativa, asistencia social y de salud) adecuada y accesible para quien presenta dificultades o discapacidad para oír.

No es una cuestión de más recursos, lo es de ordenar los recursos actuales y ofertarlos atendiendo a la diversidad de los beneficiarios y una cultura de inclusión.

Por todo lo anterior se somete a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Bienestar, de Educación Pública y de Salud, a elaborar un esquema integral para la atención integral de los neonatos, niñas, niños y adolescentes con discapacidad auditiva, a fin de garantizar el acceso e información de las políticas públicas existentes, para satisfacer necesidades comunicativas de los beneficiarios.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación a diseñar (al menos) dos estrategias de inclusión educativa, atendiendo la primera lengua y necesidades de la persona con discapacidad auditiva: 1) a través de una educación bilingüe en Lengua de Señas Mexicana y 2) inclusión educativa en el sistema regular escolarizado con oralización .

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 24 de febrero de 2022.– Diputada Laura Barrera Fortoul (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

LINEAMIENTOS INTERNOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS LABORALES PARA PADRES Y MADRES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al ISSSTE a instaurar lineamientos internos sobre el otor-gamiento de licencias laborales para padres y madres de niños y adolescentes con cáncer, a cargo del diputado Tereso Medina Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Tereso Medina Ramírez, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institu-cional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, el cáncer infantil representa la segunda causa de muerte en los niños de 5 a 14 años de edad y la cuarta en la población de 1 a 4 años, cada 4 horas muere una niña o niño por cáncer. En la última década, México ha registrado un promedio anual de 2 mil 150 muertes por cáncer infantil. 1

El Instituto de Salud para el Bienestar estima que cada año se diagnostican 5 mil y 7 mil nuevos casos de cáncer infantil y aproximadamente, 2 mil defunciones por causa de esta enfermedad. 2 De acuerdo con los datos del Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes (RCNA), 3 en México, las tasas de incidencia (por millón) hasta el 2017 fueron: 89.6 nacional, 111.4 en niños (0 a 9 años) y 68.1 en adolescentes (10-19 años). El 56 por ciento de los casos registrados corresponde a varones y 44 por ciento a mujeres. La mayor tasa de mortalidad (6.79) ocurrió en adolescentes hombres y la mayoría de los casos del RCNA fueron: leucemias (48 por ciento), linfomas (12 por ciento) y tumores del sistema nervioso central (9 por ciento).

La sobrevida nacional en niños y adolescentes registrados en el RCNA es de 57.5 por ciento, en comparación con la de países con altos ingresos donde la probabilidad de que una niña, niño o adolescente diagnosticado con cáncer sobreviva es del 90 por ciento.

El 15 de febrero de 2018, un grupo de senadores de distintos grupos parlamentarios presentaron la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuyo objetivo es que los padres y madres de niñas, niños o adolescentes diag-nosticados con cáncer en México puedan gozar de una licencia por cuidados médicos. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el mes de abril del mismo año por el Senado, y en 2019 fue aprobada, también por unanimidad, en la Cámara de Diputados.

Posteriormente, el decreto por el que se expiden las licencias laborales fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de junio de 2019.

Las licencias laborales otorgadas a padres y madres de niños, niñas y adolescentes diagnosticados con cáncer, serán para cuidados médicos de 1 a 28 días prorrogables por hasta 364 días (se podrán utilizar, sin tener que ser continuos, en un periodo de tres años); para trabajadoras o trabajadores, afiliados al IMSS o al ISSSTE, que tengan a una hija o hijo menor de 16 años diagnosticado con cualquier tipo de cáncer y se otorgarán solo a uno de los padres.

Las licencias tienen aplicación en todo el territorio nacional, es decir, en las 32 entidades federativas de México y se entregarán en caso de descanso médico en los periodos críticos de tratamiento o de hospitalización incluyendo, en su caso, tratamientos paliativos.

Según información de la Fundación Cáncer Warriors de México, AC, la empresa ENKOLL realizó una evaluación de impacto en la calidad de vida de todos los involucrados en la implementación de las licencias laborales, tales como la familia, empleadores y oncólogos. Los resultados de esta evaluación han sido muy alentadores, ya que por un lado las familias sienten la tranquilidad y seguridad de que no perderán sus empleos, y, por otro lado, el estado emocional, animo, de los niños, niñas y adolescentes diagnosticados con cáncer ha mejorado, por lo tanto han respondido mejor al tratamiento, ya que es un aspecto fundamental para una buena respuesta al mismo, esto derivado de que los pacientes al estar acompañados por sus padres, se sienten más fuertes para combatir la enfermedad.

El pasado mes de octubre de 2021, el director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social compartió cifras relativas al otorgamiento de estas licencias al interior de la institución, señalando que desde junio de 2019 hasta octubre de 2021 se habían entregado un total de 4 mil 334 licencias, beneficiando a más de 804 padres y madres de familia (445 mujeres y 312 hombres), otorgando un total de 61 mil 580 días de permiso para acompañar a los menores de edad durante su tratamiento.

Problemática

El 4 de junio de 2019, se publicaron las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en donde se adiciona un artículo 37 Bis a la presente ley, para quedar como sigue:

Artículo 37 Bis. Para los casos de madres o padres trabajadores asegurados, cuyos hijos de hasta dieciséis años hayan sido diagnosticados por el Instituto con cáncer de cualquier tipo, podrán gozar de una licencia por cuidados médicos de los hijos para ausentarse de sus labores en caso de que el niño, niña o adolescente diagnosticado requiera de descanso médico en los periodos críticos de tratamiento o de hospitalización durante el tratamiento médico, de acuerdo a la prescripción del médico tratante, incluyendo, en su caso, el tratamiento destinado al alivio del dolor y los cuidados paliativos por cáncer avanzado.

El Instituto podrá expedir a alguno de los padres trabajadores asegurados, que se situé en el supuesto previsto en el párrafo que antecede, una constancia que acredite el padecimiento oncológico y la duración del tratamiento respectivo, a fin de que el patrón o patrones de éstos tengan conocimiento de tal licencia.

La licencia expedida por el Instituto al padre o madre trabajador asegurado tendrá una vigencia de uno y hasta veintiocho días. Podrán expedirse tantas licencias como sean necesarias durante un periodo máximo de tres años sin que excedan trescientos sesenta y cuatro días de licencia, mismos que no necesariamente deberán ser continuos.

Los padres o madres trabajadoras asegurados ubicados en el supuesto establecido en los párrafos que anteceden y que hayan cubierto por lo menos treinta cotizaciones semanales en el periodo de doce meses anteriores a la fecha del diagnóstico por los servicios médicos institucionales, y en caso de no cumplir con este periodo, tener al menos registrada cincuenta y dos semanas de cotización inmediatas previas al inicio de la licencia, gozarán de un subsidio equivalente al sesenta por ciento del último salario diario de cotización registrado por el patrón.

La licencia a que se refiere el presente artículo únicamente podrá otorgarse a petición de parte, ya sea al padre o madre que tenga a su cargo el ejercicio de la patria potestad, la guarda y custodia del menor. En ningún caso se podrá otorgar dicha licencia a ambos padres trabajadores del menor diagnosticado.

Las licencias otorgadas a padres o madres trabajadores previstas en el presente artículo, cesarán:

I. Cuando el menor no requiera de hospitalización o de reposo médico en los periodos críticos del tratamiento;

II. Por ocurrir el fallecimiento del menor;

III. Cuando el menor cumpla dieciséis años;

IV. Cuando el ascendiente que goza de la licencia sea contratado por un nuevo patrón.

En virtud de lo antes expuesto, queda asentado que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, está obligado a expedir las licencias antes mencionadas, a los padres y madres de menores diagnosticados con cáncer.

Sin embargo, dichas licencias no han sido otorgadas por este Instituto, según lo afirman padres y madres de niños, niñas y adolescentes diagnosticados con cáncer, así como por diferentes actores de la Sociedad Civil, quienes son representados por el maestro Kenji López Cuevas, presidente y fundador de Cáncer Warriors de México, AC, y consejero de la Unión Internacional para el Control del Cáncer, quien ha lanzado un llamado a través de redes sociales y medios de comunicación, solicitando se les dé una pronta respuesta, a quienes se les han negado las licencias laborales, derivado de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, manifiesta no cuenta con los lineamientos internos para la expedición de las licencias.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a que realice las gestiones necesarias para instrumentar los lineamientos internos para el otorgamiento de las licencias laborales para padres y madres de niños, niñas y adolescentes diagnostica-dos con cáncer.

Notas

1 Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, “Niños y niñas con cáncer”. 2018.

https://salud.edomex.gob.mx/cevece/docs/tripticos/2018/Semana%20 07.pdf

2 Instituto de Salud para el Bienestar.15 de febrero- Día Internacional del Cáncer Infantil. 2021.

https://www.gob.mx/insabi/articulos/15-de-febrero-dia-internacio nal-del-cancer-infantil-263815

3 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia. “Cáncer infantil en México”. 2019.

https://www.gob.mx/salud%7Ccensia/articulos/cancer-infantil-en-m exico-130956

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2022.– Diputado Tereso Medina Ramírez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

REVISIÓN SALARIAL PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a realizar una revisión salarial de los trabajadores docentes y administrativos de los institutos tecnológicos descentra-lizados del país para garantizar igualdad en la materia, a cargo de la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, María del Refugio Camarena Jáuregui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar en el ámbito de sus atribuciones una revisión salarial para los trabajadores docentes y administrativos de los institutos tecnológicos descentra-lizados del país, a fin de garantizar la igualdad salarial en el nivel de educación superior federal, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura considera que la educación es un derecho humano para todas y todos, la cual debe garantizarse y procurarse a lo largo de toda la vida, y que su acceso debe ir acompañado de la calidad, de este modo, la educación transforma y es un instrumento para consolidar la paz, erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible en el mundo.

Segunda. Para lograr, los fines educativos, se debe contar con docentes capacitados y comprometidos, debido a que los cambios en la educación no son posibles sin ellos. Por ello, el Estado a través de políticas públicas debe fortalecer el rol de los docentes para que acompañen e instruyan a los estudiantes para prepararos para los retos presentes y futuros del siglo XXI.

Tercera. Las demandas sociales, económicas, políticas y científicas, requieren que la educación tenga mayor infraestructura, libros de texto, nuevas formas de organización y administración de los sistemas educativos, ampliación de la cobertura escolar y mantener la calidad e igualdad de los salarios para docentes y planta administrativa.

Cuarta. Las transformaciones del sistema educativo tienen a los alumnos como eje central, pero el factor docente que forma e instruye y el personal administrativo que organiza y ejecuta todos los trámites para el funcionamiento óptimo de las escuelas son indispensables para lograr los mejores niveles de aprendizajes, mejor gestión de las escuelas y mayor efectividad en los sistemas educativos.

Quinta. En México, las transformaciones del sistema educativo en 1990 vieron nacer el sistema de institutos tecnológicos descentralizados o estatales, que cuentan con la participación de los estados y municipios en donde se ubican, teniendo esquemas distintos a los que operan los institutos tecnológicos federales. Con la apertura del primer tecnológico descentralizado, en Ecatepec, México, se dio inicio a una opción profesional en el sistema de los institutos tecnológicos, que a partir de ese año evolucionaría en paralelo al modelo federal iniciado en 1948.

Esa determinación en educación tecnológica también dio paso a una nueva organización académico-administrativa, que abrió espacios para la participación de las autoridades educativas de las entidades federativas donde se ubicarían los tecnológicos descentralizados iniciando la concurrencia de recursos, como alternativa para enfrentar eficientemente la ampliación de las oportunidades en la formación profesional para los estudiantes dándoles herramientas técnico-académicas para forjar capital humano de alta especialización y calidad para las empresas.

Sexta. Datos que a partir de 1990 hasta 2017, funcionan en todo el país 122 institutos tecnológicos descentralizados que atienden a una matrícula escolar de más 247 mil 735 estudiantes. Cabe señalar, que estos institutos tecnológicos desde sus inicios han tenido académicos especializados en las áreas de conocimiento, han ofrecido a estudiantes bolsas de trabajo, residencias profesionales en la industria y estancias en el extranjero, así como estadías técnicas en las empresas, facilidades para proyectos de investigación, desarrollo tecnológico para los profesores, educación continua, cursos de idiomas, nuevas carreras e especialidades que en su conjunto han impulsado por más de 30 años la implantación de centros de incubación empresarial y ha preparado a profesionales que dan productividad y empleos a México.

Séptima. Un ejemplo es el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez, fundado el 23 de agosto de 2016, cuya creación respondió a la iniciativa de unificar a los 13 tecnológicos descentralizados. Los primeros, los Institutos Tecnológicos Superiores de Puerto Vallarta y de Zapopan, iniciaron funcionamiento en 1999, con la finalidad de tener una administración central, con el objetivo de hacer más eficiente la estructura académica y administrativa.

Este trabajo fue el cimiento para que hoy sea una red de 13 campus con una cobertura de educación superior en 11 de las 12 regiones de Jalisco, con más de 15 mil estudiantes, es decir, el 9.74 por ciento de la matrícula de educación superior de la entidad, ofreciendo opciones en educación superior tecnológica mediante ingenierías, licenciaturas y posgrados. Los 13 campus del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez son Arandas, Chapala, Cocula, El Grullo, La Huerta, Lagos de Moreno, Mascota, Puerto Vallarta, Tala, Tamazula, Tequila, Zapopan y Zapotlanejo.

El Instituto Tecnológico Superior de Zaplotanejo ha marcado desde 2004 un impacto social desde la visión aprender, ser y trascender; desde las dimensiones filosófica, académicas y organizacional; que forman parte de un proceso para c en alcanzar el bien. Cabe señalar, que los docentes y alumnos han tenido una sinergia en el ámbito de la investigación y desarrollo, lo cual, ha dejado resultados favorables en diversos eventos internacionales, nacionales, estatales y regionales en eventos científicos, tecnológicos y educativos.

Octava. La creación de los institutos tecnológicos descentralizados fue un acierto en la década de los noventas, siendo los docentes y la estructura administrativa pilares en el éxito de los profesionistas en el ámbito empresarial y laboral. Los institutos tecnológicos descentralizados están ligados firmemente a la evolución de la educación tecnológica de México para enfrentar año con año la creciente oferta educativa para esta modalidad. Por eso constituye un ejemplo que demuestra en la práctica de éxito de una política pública que evolucionó la enseñanza ligada a los procesos del trabajo, a la modernización industrial, a la prosperidad y la permeabilidad social y al desarrollo regional.

Novena. Por lo anterior, es necesario que en los institutos tecnológicos descentralizados sigan manteniendo la calidad educativa para que las y los estudiantes sigan teniendo acceso a mejores condiciones laborales, pero, también los docentes y los trabajadores administrativos deben contar con igualdad salarial, es decir, a “trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual” (artículo 86, Ley Federal del Trabajo).

La Federación de Sindicatos de Tecnológicos Descentral-izados ha señalado desde su conformación, la necesidad de revisar las condiciones del salario de los docentes y personal administrativo que trabajan en los institutos tecnológicos del país, con la finalidad de homologar el salario con el que recibe el personal docente y administrativo de los institutos tecnológicos federales.

En la mayor parte de puestos laborales de los institutos tecnológicos descentralizados hay una brecha salarial de entre 18 y 22 por ciento con respecto a los salarios de los docentes y administrativos de los institutos tecnológicos federales, si bien ambos pertenecen al Tecnológico Nacional de México.

Ejemplo de ello, es que un técnico especializado que labora en algún Instituto Tecnológico Descentralizado en promedio gana un poco más de 9 mil pesos, mientras los que trabajan en un Instituto Tecnológico Federal gana más de 11 mil pesos, es decir, una diferencia del 22 por ciento.

Otro ejemplo, un doctor que trabaja en un tecnológico descentralizado gana 10 mil 600 pesos en promedio y el que labora en un tecnológico federal su sueldo es de 12 mil 500 pesos, una diferencia de 19 por ciento.

También la secretaria de subdirección gana más de 6 mil pesos en un instituto tecnológico descentralizado y en el tecnológico federal tiene un sueldo de 8 mil pesos doscientos pesos; es decir, 18.50 por ciento más.

Por lo anterior, los docentes y el personal administrativo de los institutos tecnológicos descentralizados han solicitado una revisión salarial para llegar a una homologación con los institutos tecnológicos federales.

Décima. El Grupo Parlamentario del PRI reconoce que durante más de tres décadas los docentes y la planta admi-nistrativa de los institutos tecnológicos descentralizados, han trabajado para forjar y guiar en los trámites correspondientes a los estudiantes que posteriormente egresan siendo profesionistas capacitados con herramientas técnicas para emprender y laborar en cualquier empresa del país.

También reconocemos, que los docentes y la planta administrativa de los institutos tecnológicos descentralizados deben tener la posibilidad de platicar con las autoridades educativas a nivel federal para que puedan revisar su situación salarial para tener opciones de homologarla con el salario que recibe el personal docente y administrativo de los institutos tecnológicos federales, lo anterior, a fin de garantizar la igualdad salarial en el nivel de educación superior.

Por lo expuesto, fundado y motivado se propone ante la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar en el ámbito de sus atribuciones una revisión salarial para homo-logar el pago de los docentes y trabajadores administrativos de los institutos tecnológicos descentralizados del país, a fin de garantizar la igualdad salarial en el nivel de educación superior federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de febrero de 2022.– Diputada María del Refugio Camarena Jáuregui (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

EXHORTO A LA CONADE, A IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA CONTINUIDAD DEL OTORGAMIENTO DE BECAS ECONÓMICAS Y ACADÉMICAS PARA LOS ATLETAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Conade a implantar acciones dirigidas a continuar el otorgamiento de becas económicas y académicas a los atletas, a cargo del diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Manuel Rodríguez González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a implantar acciones para la continuidad del otorgamiento de becas económicas y académicas para los atletas, al tenor de las siguientes

Antecedentes

Primero. La presente proposición con puntos de acuerdo se presentó ante la Comisión Permanente en el primer receso del primer año de ejercicio de la LXV Legislatura. Sin embargo, por los tiempos procesales de la Comisión Permanente, no pudo ser dictaminado el exhorto en tratamiento.

Segundo. Durante el primer receso del primer año de ejercicio de la LXV Legislatura, Prepa In envió a la oficina del suscrito un documento en el que expone las razones y beneficios de su centro de educación, el cual apoya a que más jóvenes y adultos puedan terminar su preparatoria en línea y puedan trabajar o encontrar empleo más rápido y con un sueldo sustentable.

En dicho documento se destaca:

Es fundamental que las becas educativas en el grado de educación media superior (bachillerato) deberán de ser por una plataforma 100% en línea y a bajo costo, ya que con esto los atletas pueden estudiar a la hora que ellos consideren sin interrumpir sus programas y entrenamientos de alto rendimiento.

Con los antecedentes expuestos es que se considera retomar este tema tan importante que tiene como objetivo fomentar la continuidad educativa, así mismo en armonía con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura para promover el acceso universal a la educación:

8. Fomentar la igualdad de acceso a la educación.

Para atender a la equidad en la educación, los gobiernos deben cambiar la manera en la que hacen uso de la información en el sector y mejorar los planes formativos para adaptarlos a la realidad académica y laboral diaria de la comunidad que representan, dando a quién más lo necesitan”.

10. Mejorar la coordinación en las políticas educativas

Las estrategias para aplicar las políticas educativas deben ser atractivas, con objetivos claros y una solidez técnica. Los autores recomiendan que se financien de manera colectiva, sean evaluadas con frecuencia, tengan apoyo político claro y sean respaldadas por las organizaciones de influencia, para demandar la responsabilidad al gobierno y a los donantes que incumplan lo establecido.

Consideraciones

La actividad física y el deporte son prioridad fundamental para cimentar sociedades con ciudadanos íntegros, el deporte es una de las expresiones culturales que más relacionan a los seres humanos. Resulta una actividad de recreación no solo para quienes participan sino también para las y los espectadores lo que provoca la necesidad de relacionarse dejando de lado diferencia de razas, clases sociales o cualquier otra división, ya que la actividad física en general estimula la búsqueda del bien común.

La educación y continuidad de la preparación escolar no se debe posponer o dejar de lado cuando se practica algún deporte y más aún cuando se trata de un deporte de alto rendimiento en el que se realizan torneos y/o competencias a nivel local, nivel nacional o internacional, actividad deportiva que a futuro se traduce en una carrera de doble éxito de realización como deportista y también como posible técnico especializado o profesionista.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte ha efectuado un programa de becas con apoyo económico con el fin de beneficiar a todos aquellos atletas que desarrollan un alto rendimiento, además de resultados sobresalientes tanto a nivel nacional como internacional, cuyo objetivo primordial del programa de Becas es el de brindar apoyo económico a todos aquellos atletas que tengan un mayor desempeño en las disciplinas integradas en el ciclo olímpico, en base a los resultados deportivos alcanzados a nivel nacional como internacional.

Sin duda, dicho programa de becas por la Conade es un estímulo para nuestros atletas mexicanos por ello se considera relevante que dicho apoyo no sufra decrementos, ya que aparte de ser atletas, son estudiantes, personas que como todos nos dedicamos a actividades propias de todo ser humano, claro que sin dejar de lado el entrenar en la disciplina deportiva por la que se quiere competir y sobre todo enfocados a dar los mejores resultados posibles y sobre todo con el objetivo de ser ganadores de las medallas tan deseadas en cada disciplina deportiva.

Es destacable la actuación histórica de la delegación mexicana que nos representó en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, en el que la representación nacional obtuvo un total de 22 medallas de las cuales 7 fueron de oro, 2 de plata y 13 de bronce; con lo que se despunta lo hecho en las justas de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Con miras a los próximos juegos paralímpicos, París 2024, la representación de nuestro país llegará con 311 medallas obtenidas a lo largo de su trayectoria; orgullo que de ello, 104 son de oro. Cabe destacar que nuestros deportistas obtuvieron el peldaño número 19 del medallero, y con ello lograr ser el segundo mejor de América Latina.

Es de reconocerse y felicitar el gran esfuerzo de las y los paratletas mexicanos, quienes han puesto el nombre de nuestro país en alto; por lo cual refrendamos nuestro compromiso por impulsar políticas públicas que coadyuven y apoyen en su preparación, para que sigan creciendo y sigan siendo orgullo de México y ejemplo a nivel internacional.

Sin menoscabo de lo anteriormente expuesto, una de las problemáticas sociales más relevantes en las instituciones deportivas, en relación a los atletas en México, está ligada al desarrollo educativo de sus jóvenes promesas en el camino hacia el profesionalismo. La disparidad en el grado de escolaridad de los futbolistas se vincula a distintos factores psicológicos, socioeconómicos, culturales y geográficos.

Un bajo nivel de instrucción gravita directamente en la calidad de vida y en el crecimiento profesional del individuo, tanto sea en su carrera deportiva (si alcanza el objetivo de convertirse en profesional) como en la futura inserción laboral si no llegaran a convertirse en profesionales en el deporte que practican.

La deserción escolar es un proceso lento y progresivo que últimamente es más frecuente en los atletas mexicanos, ya que salen de su hogar con el sueño y anhelo de ser profesionales y lo primero que dejan es la educación, esto se debe a la dinámica del tiempo que necesita para ir a una escuela en modo presencial y paralelamente a el tiempo y el compromiso que tienen que invertir en su entrenamiento y particularmente a la falta de recursos económicos.

Comprender y entender la problemática que rodea a los atletas en este sentido, es una excelente forma de dimensionar la naturaleza del fenómeno de deserción escolar entre los jóvenes atletas lo que servirá para proporcionar estrategias tendientes a la prevención de la misma.

Por ello se considera relevante indagar sobre los niveles actuales de educación de los atletas mexicanos, para otorgarles la oportunidad de continuar con sus estudios sin interrumpir su deseo de concluir sus estudios profesionales.

Las consecuencias de la deserción escolar de nivel medio superior (bachillerato) acarrean un problema que puede tener repercusión en el presente de los atletas y, también, en el futuro. Están los atletas que llegan cerca de su meta, pero se quedan en la puerta (sea por un rendimiento de menor valía o por una lesión que los inhabilite) y deben reformular su inserción social sin las herramientas educativas necesarias.

También están los deportistas profesionales que alcanzan amplia visibilidad y repercusión social mientras compiten, pero luego una vez concluida su carrera deportiva, se enfrentan a la pérdida del trabajo (para el que se prepararon desde que tienen uso de razón), a la merma lógica en sus ingresos (durante el tránsito de reconvertir su fuente laboral) y del reconocimiento público, debiendo reinsertarse socialmente en ámbitos no explorados ni previstos.

En ambos casos, esa readaptación al mundo laboral es un punto relevante de la problemática social y que se puede evitar si logramos un mejor nivel de educación en los atletas mexicanos.

Finalmente, se trata de seguir apoyando a los atletas mexicanos para que continúen con sus entrenamientos y puedan con ello prepararse y dar los mejores resultados posibles.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que promueva una constante campaña de difusión sobre el otorgamiento de becas económicas y académicas a los atletas de las categorías infantil, juvenil, superior, primera fuerza del deporte convencional y adaptado; para los niveles de educación básica, media, media superior y superior que se distinguen por su desempeño deportivo.

Segundo. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que el procedimiento para la asignación de becas para el ejercicio fiscal 2022, se realice de una manera transparente, se privilegie la asignación de las becas con igualdad sustantiva, evitando asignar el monto económico de dichas becas de manera discrecional.

Tercero. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que las becas asignadas a los atletas no sean reducidas en el ejercicio fiscal correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.– Diputado Manuel Rodríguez González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

EXHORTO AL CONADIS, A INSTALAR SU ASAMBLEA CONSULTIVA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Conadis a instalar su asamblea consultiva, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Norma Angélica Aceves García, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a instalar su Asamblea Consultiva, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) es el organismo público descentralizado rector de las políticas públicas en la materia, creado por mandato de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD), 1 que de conformidad con su artículo 39 tiene por objeto la coordinación institucional e interinstitucional, así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas.

El artículo 43 de la LGIPD señala que la Administración del Conadis corresponde a la junta de gobierno y la dirección general. 2 Por su parte, el artículo 44 de la citada Ley establece que la Junta de Gobierno del Conadis estará conformada de la siguiente manera:

Artículo 44. La Junta de Gobierno del Consejo estará integrada por diez representantes del Poder Ejecutivo Federal, uno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cinco representantes de la Asamblea Consultiva.

Los representantes del Poder Ejecutivo Federal serán los titulares de las siguientes dependencias y entidades:

I. Secretaría de Salud;

II. Secretaría de Desarrollo Social;

III. Secretaría de Educación Pública;

III Bis. Secretaría de Cultura;

IV. Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

V. Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

VI. Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

VII. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;

VIII. Consejo Nacional para Prevenir la Discri-minación, y

IX. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Los integrantes designados por la Asamblea Consultiva durarán en su encargo tres años, pudiendo ser ratificados por otro periodo igual. Este cargo tendrá el carácter de honorífico.

El Director General del Consejo participará con voz, pero sin derecho a voto.

Asimismo, serán invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, un representante de cada uno de los siguientes órganos públicos: Secretaría de Turismo, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación e Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Como se observa, la Junta de Gobierno está conformada, entre otros, por cinco representantes de la Asamblea Consultiva, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD) es un órgano de asesoría y consulta, de participación ciudadana, confor-mación plural y carácter honorífico, que tiene por objeto analizar y proponer programas y acciones que inciden en el cumplimiento del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Es decir, es el mecanismo de participación directa de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan en el organismo rector de la política pública, a través del cual se cumple con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Esta Asamblea tiene como atribuciones:

Artículo 52. La Asamblea Consultiva tendrá las siguientes atribuciones:

I. Atender las consultas y formular las opiniones que les sean solicitadas por la Junta de Gobierno o por el Director General del Consejo;

II. Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de la Política Pública para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con discapacidad;

III. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones de y para personas con discapacidad en el seguimiento, operación y evaluación del Programa;

IV. Apoyar al Consejo en la promoción y cumplimiento del Programa;

V. Proponer al Consejo los temas que por su importancia ameriten ser sometidos a consulta pública;

VI. Promover y propiciar la colaboración de organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros en el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad;

VII. Promover la realización de estudios e investigaciones en la materia;

VIII. Recomendar la realización de auditorías a programas prioritarios cuando existan causas que lo ameriten;

IX. Promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo Federal, entidades federativas, municipios y organizaciones, para la instrumentación de los programas relacionados con el desarrollo y la inclusión social de las personas con discapacidad;

X. Informar a la opinión pública sobre los aspectos de interés general relativos al Programa;

XI. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus atribuciones;

XII. Nombrar a cinco personas, propietarios y suplentes, que formarán parte de la Junta de Gobierno, y

XIII. Las demás que dispongan otros ordenamientos.

Finalmente, en términos de lo establecido en el artículo 53 de la LGIPD, la Asamblea Consultiva se integrará de la siguiente forma:

a) Por un representante electo por las organizaciones de y para personas con discapacidad, de cada una de las Entidades Federativas;

b) Por cinco personas entre expertos, académicos o investigadores electos por convocatoria pública, y

c) Por cinco representantes de organizaciones nacionales de y para personas con discapacidad, electos por un comité que tomará en consideración las diferentes discapacidades y el género que estará integrado por el Director General del Consejo, los Presidentes de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables de ambas Cámaras del Congreso de la Unión y el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Es importante señalar, que de conformidad con el artículo 54 de la multicitada Ley, quienes integren la Asamblea Consultiva, su cargo tendrá el carácter de honorífico, durarán en su cargo tres años y podrán ser ratificados por un periodo igual, en términos de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Consejo.

En ese contexto, el 29 de junio de 2011, fue instalada la Primer Asamblea Consultiva del Conadis, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 3 que señala que con el objeto de instalar el Consejo, la Junta de Gobierno y la Asamblea Consultiva, por única vez y por un periodo de seis meses, el representante de la sociedad civil de cada una de las Entidades Federativas será designado por el Titular del Ejecutivo de cada entidad, mientras que los cinco expertos y cinco Organizaciones Nacionales, por la persona titular de la dirección general del Consejo.

Posteriormente, el 31 de enero de 2017, la dirección general del Conadis publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Convocatoria para la Integración de la Asamblea Consultiva del Conadis”, misma que quedo debidamente concluida con la instalación de la Asamblea Consultiva, el 8 de mayo de 2017.

Quienes integraban esta Asamblea, de acuerdo con lo señalado en los artículos descritos con antelación, durarían en su encargo hasta el 8 de mayo de 2020, con la posibilidad de ser ratificados por un periodo igual de tres años más. Sin embargo, esta ratificación o la nueva conformación de la Asamblea Consultiva no se ha dado.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, el 11 de febrero de 2020 el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad publicó el “ Aviso por el que se dan a conocer las direcciones electrónicas en donde podrá ser consultada la Convocatoria para la integración de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”. 4

Dicha convocatoria señalaba que la publicación de resultados sería el 8 de abril de 2020, dando un plazo de 30 días naturales para llevar a cabo la instalación de la Asamblea Consultiva; es decir, al 8 de mayo de 2020. 5 Sin embargo, al día de hoy no se ha dado la instalación señalada y el Conadis no cuenta con su Asamblea Consultiva, lo cual representa un incumplimiento legal y atenta en contra de los derechos de las personas con discapacidad, al no contar con el órgano de consulta especializado y conformado por las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan.

De igual manera, tampoco se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación algún Acuerdo que amplíe los plazos o, en su defecto, declare desierta la citada Convocatoria, no se cuenta con evidencia de algún documento oficial que permita conocer cuál es el estatus de la Asamblea Consultiva y de cómo está trabajando el organismo para dar cumplimiento a la Ley en materia de inclusión.

En conclusión, existe una incertidumbre total del estado que guarda el proceso de selección de la Asamblea Consultiva, si este ya concluyó o, en su caso, quiénes conforman el órgano de consulta y la manera en que se llevan a cabo los trabajos respectivos.

Ello, además del incumplimiento señalado y de la violación a los derechos de las personas con discapacidad, adquiere especial relevancia legal, debido a que de no estar conformada la Asamblea Consultiva del Conadis, por ende, su Junta de Gobierno no está debidamente integrada, por lo que todos los acuerdos a los que llegue o se tomen carecerán de validez y podrán ser impugnados, corriendo el riesgo de ser declarados inválidos. Entre las atribuciones de la Junta de Gobierno se encuentran: 6

• Aprobar el Estatuto Orgánico del Consejo, con base en la propuesta que presente el Director General del Consejo;

• Establecer las políticas generales para la conducción del Consejo con apego a esta Ley, Estatuto Orgánico, al Programa y a los demás ordenamientos que regulen su funcionamiento;

• Aprobar los planes de labores, presupuestos, informes de actividades y estados financieros anuales;

• Aprobar el Estatuto Orgánico, la Organización General del Consejo y los Manuales de procedimientos;

• Nombrar y remover, a propuesta del Director General del Consejo a los servidores públicos de éste que ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél;

• Expedir y publicar el informe anual de la Junta, y

• Las demás que le confieran éste y otros ordenamientos aplicables.

En conclusión, además del incumplimiento legal y la violación de derechos de las personas con discapacidad, todos los acuerdos relativos y derivados de las atribuciones descritas, que son base para el desarrollo del organismo, se encuentra en riesgo de ser impugnados, lo que se traduce en una inestabilidad institucional que debe ser corregida con inmediatez, ya que están por cumplirse dos años desde que la Asamblea Consultiva de Conadis dejó estar vigente.

Bajo esos argumentos, se somete a consideración de esta H. soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad para que:

a. Declare desierta la Convocatoria para la integración de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de febrero de 2020;

b. Publique una nueva Convocatoria para la integración de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

c. Notifique a quienes integran la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad respecto a la indebida conformación de este órgano, y

d. Instale la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y nombre a los cinco integrantes de este órgano que integrarán la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Notas

1 Artículo 39. El Consejo tiene por objeto el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional; así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y el sector privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas derivados de la presente Ley y demás ordenamientos.

2 Artículo 43. La Administración del Consejo corresponde a:

I. La Junta de Gobierno, y

II. El Director General.

3 Sexto. Con el objeto de instalar el Consejo, la Junta de Gobierno y la Asamblea Consultiva, las personas con discapacidad a que se refiere la fracción I del artículo 53 serán designados por los Titulares del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas por única vez y durarán en su encargo hasta seis meses.

Los representantes a que se refieren las fracciones II y III del artículo 53 de la presente Ley, serán propuestos por el Director General por única vez y durarán en su encargo hasta seis meses.

4 Visto en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585992&fecha =11/02/2020 consultado el 24 de febrero de 2022.

5 Visto en:

https://www.gob.mx/conadis/documentos/convocatoria-asamblea-cons ultiva-del-conadis-2020 consultado el 24 de febrero de 2022.

6 Artículo 47 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Dado en el pleno de la honorable Cámara de Diputados, a uno de marzo de 2022.– Diputada Norma Angélica Aceves García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD, A AMPLIAR LA VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2, AL GRUPO ETARIO DE 5 A 14 AÑOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a ampliar la vacunación anticovid en el grupo de 5 a 14 años de edad, a cargo del diputado Miguel Sámano Peralta, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Miguel Sámano Peralta, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete respetuosamente a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno federal a ampliar la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19, en el grupo etario de 5 a 14 años, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La pandemia del Covid-19 ha sido una de las amenazas más grandes a la salud pública a nivel global, sobre todo porque el SARS-CoV-2 es un virus que evoluciona rápidamente. Prueba de ello es la variante ómicron que se caracteriza por propagarse con mayor facilidad y, en consecuencia, contagiar en menor tiempo a un mayor número de personas y de todos los rangos de edad.

El doctor Nathaniel Beers, pediatra del Children´s National Hospital y presidente del HSC Health Care System de los Estados Unidos de América (EUA), refiere que la variante ómicron puede afectar especialmente a los niños y de forma más severa, ya que tienen vías respiratorias más pequeñas. Por su parte, la doctora Lorena Tapia, pediatra e infectóloga del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile coincide en que “lo más relevante para prevenir una futura enfermedad grave por Covid-19 y en especial por ómicron es vacunar a los más pequeños”. 1

Desde el inicio de la pandemia mucho se habló de la existencia de una presunta inmunidad de los menores con respecto a la Covid-19; sin embargo, un estudio publicado en el año 2020 en La Gaceta Médica de México, evidenció resultados que nos conminan a reflexionar sobre el alcance de dicha aseveración, después de haber analizado las características de mil 443 niños con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2. El estudio advierte que debido a que usualmente los niños tienen pocas comorbilidades, se esperaría que presentaran una menor mortalidad; no obstante, México es un país con una alta presencia de obesidad infantil con una importante tendencia a la diabetes, padecimientos cardiovasculares y enfermedades renales. Por ello, dicho documento concluye que si bien los niños con Covid-19 tienen menor mortalidad que los adultos, la infección por el SARS-CoV-2 no es benigna y puede tener consecuencias fatales. 2

Al respecto, la Red por los Derechos de la Infancia en México, señala que para el 30 de enero del año en curso, la Secretaría de Salud federal había reportado: “295 mil 233 contagios, 12 mil 977 hospitalizaciones, 971 intubaciones y mil 88 defunciones en el rango de edad de 0 a 17 años”. 3 Es decir, que el aparente bajo riesgo para los menores no significa la ausencia del mismo, toda vez que sí pueden infectarse, transmitir involuntariamente el virus, necesitar hospitalización, presentar efectos secundarios a corto y largo plazo, e incluso fallecer en el peor de los casos.

Segunda. Una vez que los ensayos clínicos demostraron que la vacuna Pfizer-BioNTech es segura y efectiva para los menores, en EUA se autorizó aplicarla al grupo poblacional de entre 5 y 11 años, administrándola en dos dosis separadas con 21 días y en una proporción más baja que la recomendada para las personas de 12 años en adelante. 4 De igual forma, otros países ampliaron sus esquemas de vacunación contra la Covid-19, a fin de proteger a su niñez y juventud, siendo la más utilizada la Pfizer-BioNTech, como se puede apreciar en la siguiente tabla:

Asimismo, a finales de enero del año en curso, el Comité Asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó extender el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech a los menores de 5 a 11 años, pero con una dosis de 10 microgramos en lugar de los 30 que se emplean para los mayores de 12 años. 5

Tercera. No obstante los avances registrados en otras partes del mundo, en la “Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19 en México” aún no se considera la aplicación de la vacuna en personas menores de 12 años hasta que —desde la perspectiva del Gobierno federal— se cuente con la suficiente evidencia de seguridad en dicha población. 6

Bajo esa premisa, en nuestro país solamente se pueden vacunar los jóvenes a partir de los 15 años; y como una categoría especial a los de 12 a 17 años pero que padezcan alguna comorbilidad como: cáncer, trasplantes, VIH, obesidad mórbida, diabetes y enfermedades endócrinas, entre otras afecciones que pongan en riesgo su salud.

Ante esta situación y en defensa de la igualdad sustantiva que garantiza la propia Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 7 padres de familia han recurrido a los amparos para vacunar a sus hijos. Destaca que el pasado 18 de febrero, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió una Tesis Jurisprudencial donde —privilegiando el interés superior del menor y el derecho a la salud previstos en el artículo 4o. constitucional— se determina procedente la suspensión de oficio y de plano en el juicio de amparo contra la omisión de aplicar la vacuna que combate el virus SARS-CoV-2 para prevenir la Covid-19 a los menores que conforman el grupo etario de 5 a 11 años, al advertirse que al no vacunarlos se está comprometiendo su vida, salud e integridad personal. La cual se considera obligatoria con efectos a partir del 21 de febrero del presente año. 8

Desde la sociedad civil también han surgido voces solicitando la vacunación de los menores. La organización no gubernamental Save the Children recientemente hizo un llamado a la sociedad mexicana para firmar una petición a fin de exigir al Gobierno de México, que se incluyan a las niñas y niños desde los 5 años en el esquema de vacunación contra la Covid-19, sin condicionar la aplicación a la existencia de comorbilidades, debido a que las diferentes variantes han incrementado el número de contagios, sobre todo en los menores no vacunados, dejándolos en riesgo de enfermar, padecer secuelas o llegar a fallecer. 9

De igual forma, la Red por los Derechos de la Infancia en México se ha pronunciado en favor de la vacunación de los niños y los adolescentes de entre 5 y 14 años, refiriendo que, así como los adultos tienen el derecho de proteger su salud, también lo tienen los menores, pues “con un niño que sufra, con una niña que ponga en riesgo su vida, hay suficiente razón para reconocer ese derecho constitucional”. 10

Recordemos que a nivel internacional el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece su derecho a disfrutar del nivel más alto de salud, 11 mientras que el artículo 4o. de nuestra Carta Magna reconoce el derecho a la salud y el interés superior de la niñez, por mencionar algunas normas que respaldan el bienestar de los menores.

Cuarta. Hay que tener muy presente que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que la pandemia aún está lejos de terminar y sigue latente la posibilidad de que surjan nuevas variantes, por lo que no podemos ni debemos bajar la guardia.

Lo que sí debemos y tenemos que hacer es contribuir a la formación física, psicológica, económica, cultural, ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes; a fin de que sean adultos sanos y productivos. Ello sólo será posible si desde ahora se les garantiza la prevención y el cuidado de su salud; así como su crecimiento y desarrollo plenos.

El Estado mexicano tiene la obligación de proteger al mejor activo que tenemos como sociedad, que son la niñez y la juventud mexicana, por lo que debemos seguir reforzando las medidas preventivas, como es la vacunación generalizada de los niños y los adolescentes para prevenir mayores contagios, secuelas y decesos a causas de la Covid-19.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la propuesta con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Gobierno federal a ampliar la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid-19, en el grupo etario de 5 a 14 años, con la vacuna de Pfizer-BioNTech, tomando en consideración las experiencias internacionales, el llamado de diversos sectores de la sociedad mexicana y la postura del máximo tribunal del país.

Notas

1 https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/omicron-puede-afectar-a-los-ninos-ma s-severamente-medicos-advierten-que-variante-esta-produciendo-alza-de-contagios -en-menores/AHE72YP JRJGYNEKIHXSUYPHRTE/

2 https://www.gacetamedicademexico.com/frame_eng.php?id=502

3 http://derechosinfancia.org.mx/v1/es-su-derecho-vacuna-ya-para-ni nas-ninos-y-adolescentes-de-5-a-14-anos/

4 https://www.healthychildren.org/Spanish/tips-tools/ask-the-pediatri cian/Paginas/when-can-children-get-the-COVID-19-vaccine.aspx

5 https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2022/1/22/la-oms-aconseja-vacunar-con-pfiz er-los-ninos-menores-de-12-anos-372112.html

6 Documento Rector, Versión 7.0, 28 de septiembre de 2021, p. 33, en file:///C:/Users/p_bor/Downloads/2021.09.28-PNVx_COVID-1.pdf

7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_110121.pdf

8 https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2024193

9 https://www.savethechildren.mx/enterate/noticias/la-vacuna-contra-covid-19-es-u n-derecho-de-las-nin

10 http://derechosinfancia.org.mx/v1/es-su-derecho-vacuna-ya-para-ninas-ninos-y-ad olescentes-de-5-a-14-anos/

11 https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.– Diputado Miguel Sámano Peralta (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO A LA SEGOB, A CREAR UN MECANISMO INTERSECTORIAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a crear un mecanismo intersectorial de protección de los derechos humanos de niños y adolescentes migrantes, a cargo de la diputada Sofía Carvajal Isunza, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada Sofía Carvajal Isunza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del honorable Congreso de la Unión punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Durante los últimos años las violaciones hacia los derechos humanos de menores de edad migrantes van en constante aumento y son un tema pendiente en las agendas de protección de derechos humanos de personas migrantes y de derechos de la niñez. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), las detenciones de menores migrantes aumentaron 402.5 por ciento interanual en México en 2021, tan sólo de enero a octubre de ese año las autoridades detuvieron a 48 mil 707 niños y adolescentes migrantes en el territorio, muchos de los cuales viajaban solos. El Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer que en ese mismo periodo el flujo de niñas, niños y adolescentes extranjeros que viajaban solos en México rondaba en una cifra 9 mil 585 menores de edad. Los peligros a los que se exponen los menores migrantes son múltiples y variados, ya que son una población vulnerable a la violencia, la discriminación y la violación de sus derechos humanos.

Por ejemplo, el 4 de febrero de este año, en Tapachula, Chiapas, durante una protesta de migrantes exigiendo al INM la regularización de sus documentos, se expusieron los datos e imágenes de menores de edad migrantes ante medios de comunicación divulgando información de su lugar de origen, condiciones de vida, situación económica, y social, sin ninguna autorización por parte de sus padres o tutores, y sin ninguna seguridad para los menores de edad, violando su derecho a la identidad y privacidad. 1

Otro ejemplo de violación a los derechos de menores migrantes ocurrió al norte del país, en el estado de Tamaulipas, donde la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CODHET) abrió una investigación entorno a casos relacionados con violencia sexual contra menores de edad que se encuentra en un campamento de migrantes en Reynosa. Se tiene el registro de que en el campamento hay alrededor de 600 menores de edad, vulnerables a ser víctimas de diferentes violaciones de sus derechos humanos. Por lo tanto, la CODHET, solicitó el apoyo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia con el objetivo de que se puedan poner en marcha acciones para apoyar a los menores migrantes. Asimismo, emitió una medida cautelar dirigida para el gobierno de Reynosa, de la cual se tiene conocimiento aun no es aceptada.

Las niñas, niños y adolescentes se encuentran expuestos a la violencia y a la violación de sus derechos humanos, las acciones u omisiones de las autoridades encargadas de garantizarlos, tiene que ver, además, con el rebase de sus capacidades institucionales y con la ausencia de mayores mecanismos efectivos de coordinación entre los diversos órdenes y niveles de gobierno. Se requiere contar con datos y cifras claros, así como con diagnósticos institucionales, para poder realizar las acciones necesarias encaminadas a garantizar los derechos de los menores migrantes.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que todas las niñas, niños y adolescentes, sin hacer distinción de su situación migratoria, tienen derecho a la alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, así como las autoridades tienen la obligación de trabajar bajo el principio del interés superior de la niñez.

Aunado a lo anterior, el artículo 13 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que los menores migrantes tienen derecho, entre otros, a la paz, desarrollo, prioridad, identidad, unidad familiar, a la no discriminación, a una vida libre de violencia, a la integridad personal, a la protección de salud, a la intimidad, a la seguridad jurídica y al debido proceso, sin importar su situación migratoria, pues son derechos inherentes a su dignidad.

Si bien corresponde al INM, en conjunto con las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, instrumentar y garantizar los derechos de los menores migrantes, también es cierto que son facultades de la Secretaría de Gobernación formular y dirigir la política migratoria del país; así como, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), realizar el seguimiento y monitoreo de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro territorio. Por lo que cuenta con facultades para establecer un mecanismo intersectorial que garantice el cumplimiento transversal de los derechos de los menores migrantes, a fin de que las diferentes autoridades de la administración pública federal y las entidades federativas instrumenten su cumplimiento en sus diferentes dimensiones.

Es urgente que la Secretaría de Gobernación como cabeza de sector ejecute acciones contundentes que detengan el incremento de casos de violaciones de los derechos de los menores migrantes en nuestro territorio. Para ello, es necesario que se tome en cuenta la opinión, demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, gobiernos de las entidades federativas, gobiernos municipales fronterizos y de la sociedad civil, a efectos de que se reflejen sus propuestas en el diseño de este mecanismo especializado en la atención de menores migrantes, por lo que será importante el establecimiento de una mesa de trabajo que incluya a estos actores.

La garantía de los derechos de los menores migrantes es una responsabilidad compartida entre la federación, las entidades federativas y los municipios, sin embargo, es responsabilidad de la federación coordinar su cumplimiento, por lo que es necesario que establezca un mecanismo ejecutivo concreto que delimite responsabilidades y transversalice su cumplimiento en cada rubro.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a establecer una mesa de trabajo con representantes de los Poderes de la Unión, gobiernos de las entidades federativas, municipios fronterizos y representantes de la sociedad civil, a efecto de escuchar sus opiniones, demandas y posicionamientos sobre el estado que guarda la protección de los derechos de niñas y adolescentes migrantes en nuestro país.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a la creación de un mecanismo especializado en la atención, protección y vigilancia de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, que transversalice el interés superior de la niñez migrante y que contemple la actuación coordinada de los gobiernos de las entidades federativas y municipios fronterizos de conformidad con sus facultades.

Nota

1 Diario Chiapas, Exponen a niños en protestas migrantes, consultado el 14 de febrero de 2022 en

https://diariodechiapas.com/ultima-hora/exponen-a-ninos-en-prote stas-migrantes/183613

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.– Diputada Sofia Carvajal Isunza (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

SE PUBLIQUEN LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y NORMATIVAS QUE ESTÁN LLEVANDO A CABO PARA GARANTIZAR A LOS USUARIOS LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SICT, el IFT y la Profeco a publicar las acciones administrativas y normativas que llevan a cabo para garantizar la calidad del servicio de telefonía móvil, a cargo del diputado Alan Castellanos Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Alan Castellanos Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolu-cionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los teléfonos celulares han revolucionado el área de las telecomunicaciones, redefiniendo cómo percibimos las comunicaciones de voz. Tradicionalmente, los celulares se mantuvieron fuera del alcance de la mayoría de los consumidores debido a los altos costos involucrados. En consecuencia, las compañías proveedoras de servicios invirtieron tiempo y recursos en encontrar nuevos sistemas de mayor capacidad, y, por ende, menor costo.

Como resultado y de conformidad en lo citado en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México residen aproximadamente más de 125 millones de personas, de las cuales 51.1 por ciento son mujeres y 48.9 por ciento son hombres. Tomando estas cifras en consideración, en el país se cuenta ya en promedio con 112 millones de teléfonos inteligentes ( smartphones) en manos de mexicanos, número que crece a diario y a gran escala. 1

No necesariamente se trata de equipos baratos o de gama baja, sino de teléfonos de más de 6 o 7 mil pesos. De hecho, 6 de cada 10 de estos equipos, son ya de gama alta y media, por la conciencia de los consumidores de contar con las mejores capacidades de procesador, memoria, captura de imagen, etcétera, para lo cual hacen un marcado esfuerzo financiero y, con ello siguen elevando su calidad.

Asimismo, los sistemas celulares se están beneficiando de las investigaciones y han comenzado a desarrollarse como productos de consumo masivo. La telefonía celular es un sistema de comunicación telefónica totalmente inalámbrica. La nueva revolución que implementa el uso social de celulares genera ventajas y al mismo tiempo desventajas. La accesibilidad al nuevo medio de comunicación, en un fuerte aumento en los últimos años, propone un contacto constante entre los ciudadanos.

En este sentido, hoy en día, varias empresas conviven y compiten por el mercado mundial de telefonía fija y celular, para ello, emplean recursos y tecnología de punta con objeto de responder a las necesidades de un mercado de usuarios cada día más exigente.

Como resultado, el Inegi, en colaboración con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, publicó la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2020, en donde se estimó una población de 84.1 millones de usuarios de internet, que representan 72.0 por ciento de la población de seis años o más. Esta cifra revela un aumento de 1.9 puntos porcentuales respecto a la registrada en 2019 (70.1 por ciento). 2

Asimismo, la encuesta estimó que en 2020 se contó con 88.2 millones de usuarios de teléfono celular, lo que representa 75.5 por ciento de la población de seis años o más. En 2019 la proporción fue de 75.1 por ciento (86.5 millones de usuarios). Es decir, 9 de cada 10 usuarios de teléfono celular disponen de un celular inteligente ( smartphone). Entre 2019 y 2020 los usuarios que sólo dispusieron de celular inteligente registraron un crecimiento de 3.5 puntos porcentuales (88.1 por ciento a 91.6 por ciento).

Dicho informe señaló de los usuarios que se conectan a internet mediante su smartphone, se observó un aumento de quienes se conectan sólo por Wi-Fi, que pasaron de 9.4 por ciento en 2019 a 13.7 por ciento en 2020. 3

Por otro lado, la telefonía móvil es conocida también como Servicio Móvil y es un servicio de conexión a la red telefónica pública mediante una red inalámbrica, en la cual los usuarios tienen la posibilidad de originar y recibir llamadas telefónicas. Además, con el servicio móvil también pueden enviar o recibir mensajes de texto (SMS) y tener acceso a internet (transferencia de datos).

La telefonía móvil tiene dos modalidades para su servicio: prepago, que funciona por medio de recargas periódicas y pospago, en la que se fijan montos y productos incluidos en el servicio. Esta convierte todo el tráfico que utilizamos diariamente para comunicarte (voz, datos, texto, mensajes multimedia etcétera) en señales de radiofrecuencia, las cuales viajan a través del aire (espectro radioeléctrico) hasta llegar a su destino. 4

En el caso del pago anticipado, el consumidor debe adquirir el equipo de su preferencia y las respectivas tarjetas y/o recargas, las cuales se comercializan en diversas denominaciones.

La ventaja principal de este sistema es que no es forzoso contratar un plazo determinado, ya que cada persona elige el monto económico y el tiempo requerido de uso; este sistema es conveniente para personas que sólo quieren estar localizables, pero que no necesitan realizar demasiadas llamadas, ni por tiempo prolongado; es necesario hacer notar que en este sistema las tarifas por minuto están por arriba de las ofrecidas en los planes por contrato. Sin importar si el usuario contrata un plan o se encuentra en el sistema de prepago, las compañías que operan en México el servicio de telefonía celular inician el cobro de llamadas desde el momento en que le contestan.

Es importante aclarar que para usar los sistemas celulares existen restricciones geográficas, como los tramos carreteros y lugares cercanos a montes o cerros; y/o físicas, como edificios, elevadores, puentes, etcétera, que no permiten la transmisión de las ondas propias de las comunicaciones telefónicas, por lo que para realizar una conexión efectiva deberá procurar que sus llamadas salgan desde áreas con menor interferencia, como en la calle, el automóvil y, en su caso, cerca de ventanas y balcones si se encuentra en un edificio.

Al contratar un plan, las compañías ofrecen diversos servicios adicionales al consumidor, entre los que sobresalen los siguientes:

• Identificador de llamadas.

• Transferencia de llamadas.

• Correo de voz.

• Llamada en espera.

• Conferencia tripartita.

• Mensajes escritos.

• Consulta de saldos.

• Seguro contra robo de celular (con violencia).

Estos servicios y sus precios varían según el plan seleccionado, es decir, en algunos sólo se cobra el tiempo aire y en otros un cargo adicional.

Con respecto al sistema de prepago, los servicios adicionales están más limitados ya que solamente ofrecen identificador de llamadas, rescatel básico y transferencia de llamadas sin costo.

En otro orden de ideas, los elementos que componen el funcionamiento de este sistema son los siguientes:

Centrales de Telefonía Celular ( MTX Mobile Telephone Exchange; MTSO Mobile Telephone Office “Switch” o MSC Mobile Service Center), que se definen como: Central de Telefonía Pública dedicada al servicio de telefonía celular y se compone de dos sistemas: APT o sistema de computación y APZ o sistema de procesamiento de datos. Su principal función es el manejo y control de los demás elementos del sistema como son las estaciones base, enlaces y los equipos terminales.

• Estaciones Base: es el equipo que se encarga de comunicar a la central de telefonía celular con todos los equipos terminales y unidades móviles, que se encuentren dentro de la cobertura del sistema.

• Enlaces: son medios de transmisión que sirven para unir o enlazar los componentes del sistema.

• Equipos terminales o unidades móviles: a través de estos, los usuarios finales obtienen el servicio.

• Red de Telefonía Pública Conmutada: a pesar de que no forma parte integral, al funcionar como interconexión con el Sistema de Telefonía Celular, es considerada como parte para su operación.

En cuanto al funcionamiento del Servicio de Telefonía Celular cuando se marca un número a través de su celular (A), la señal es recibida por la Central de Telefonía Celular (CTC). La CTC verifica que el número celular (A), esté autorizado para hacer llamadas, si no está autorizado, la CTC le envía un mensaje y da por terminado el proceso.

Si está autorizado, la CTC analiza el número al que se está llamando y decide si éste pertenece a otro usuario de celular (B), o bien a un número de la Red de Telefonía Pública Conmutada (C).

Si el número al que se llama pertenece a otro usuario de celular (B), la CTC investiga la validez, disponibilidad y ubicación de dicho usuario (B), conectando, enlazando e iniciando el proceso de tasación, dando principio a la llamada.

Si el número al que se llama corresponde a la Red de Telefonía Pública Conmutada (C), la CTC envía la llamada a la Red, asignando canal y esperando respuesta, si está libre se envía la señal de regreso al número celular (A), iniciando el proceso de tasación y dando principio a la llamada.

En esta tesitura y haciendo uso de estas tecnologías de la información. Como legisladores y en consecuencia de la pandemia provocada por la Covid-19, debemos utilizar nuestros smartphones a fin de enlazarnos de manera semipresencial a las sesiones realizadas en el honorable Congreso de la Unión, así como las reuniones de las diferentes comisiones a las que pertenecemos, en donde debemos participar de viva voz en la discusión de los temas y posteriormente votar de manera electrónica los mismos.

Sin embargo, en diferentes lugares de la zona metropolitana del Valle de México esta señal no cumple con su objetivo, el cual es comunicar. Ante el constante reclamo de la deficiencia que existe en la calidad del servicio de telefonía móvil (celular) y la calidad de los productos comercializados por las empresas concesionadas que brindan ese servicio y la falta de difusión acerca de las tarifas que rigen en nuestro país en comparación con las existentes en otras naciones de similar crecimiento económico y desarrollo social resulta importante conocer la información que aporten las autoridades competentes en la materia que permita valorar ese tipo de servicios y productos que se ofrecen por las compañías de telefonía celular en México y, en su caso, el estado que presentan las diferentes quejas registradas por usuarios de la telefonía celular, derivadas de la deficiencia en dicho servicio y productos.

Cabe mencionar que no sólo se trata de un tema en particular sino esta problemática la presencian cientos de familias. Debido a la contingencia sanitaria derivada del Covid-19 y durante el segundo trimestre de 2020 se registraron 7 mil 348 inconformidades, de las cuales se resolvieron 5 mil 80 folios, 1 mil 495 se encuentran en proceso, 669 fueron canceladas por duplicidad o por los propios usuarios y 104 desechadas por falta de seguimiento de los interesados. 5

Entre las quejas más recurrentes se encuentran las fallas en el servicio, con 4 mil 263 inconformidades; seguidas de cargos, saldos o bonificaciones, con mil 43 casos; y portabilidad, con 577 reportes. 6

Del total de inconformidades, se canalizaron a los proveedores 6 mil 670 folios, repartidos de la siguiente manera:

El informe trimestral también muestra el tiempo promedio que tardan los operadores en dar respuesta a las inconformidades de los usuarios; en el caso de servicios móviles, el tiempo promedio de atención fue de 9 días hábiles, mientras que para servicios fijos el tiempo promedio de atención fue de 11 días hábiles. 7

En esta tesitura, el Estado de México registró el mayor número de inconformidades con 20.1 por ciento; seguido de la Ciudad de México con 18.3 por ciento; Jalisco con 7.5 por ciento; Nuevo León con 4.7 por ciento y Puebla con 4.6 por ciento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a que publiquen en sus portales de internet cuáles son las acciones administrativas y normativas que están llevando a cabo para garantizar a los usuarios la calidad del servicio de telefonía móvil (celular) y la calidad de los productos comercializados por las empresas concesionadas que brindan ese servicio.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor publique en su portal de internet el seguimiento y solución, que esa institución está dando a las quejas y denuncias por la deficiente prestación del servicio de telefonía móvil (celular), y la mala calidad de los productos comercializados por las empresas concesionadas que brindan dicho servicio.

Notas

1 Inegi, “Estadísticas a propósito del día mundial de la población”, disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020 /Poblacion2020_Nal.pdf

2 Inegi, IFT, SCT, “Comunicado de prensa 352/21”, fecha 22 de junio de 2021, disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/ OtrTemEcon/ENDUTIH_2020.pdf

3 Ibídem

4 Instituto Federal de Telecomunicaciones, “Sabías qué la Telefonía Móvil...”, disponible en:

http://www.ift.org.mx/usuarios-telefonia-movil/sabias-que-la-tel efonia-movil

5 Instituto Federal de Telecomunicaciones, “Resuelve Plataforma Soy Usuario”, disponible en:

http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/e l-?page=17

6 Ibídem

7 Ibídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.– Diputado Alan Castellanos Ramírez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

EXHORTO A PEMEX, A PRONUNCIARSE RESPECTO A LOS GRUMOS DE HIDROCARBURO QUE ARRIBARON A LO LARGO DE 135 KILÓMETROS EN LAS COSTAS DE CAMPECHE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex a emitir un boletín nacional sobre los grumos de hidrocarburo que arribaron a lo largo de 135 kilómetros en las costas de Campeche, a cargo del diputado Pedro Armentía López, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6o., fracción I, y 79, numeral 1, fracción II; y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con el tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En los primeros días del mes de febrero se detectaron grumos de hidrocarburo en Playa Norte, Isla del Carmen, Campeche. Habitantes carmelitas, quienes acostumbran a hacer recorridos en el malecón, denuncian que los grumos de hidrocarburo se encuentran a lo largo de toda la orilla de Playa Norte. 1

En lo que respecta a pescadores del Carmen, han denunciado encontrar grumos de hidrocarburo en sus redes de pesca, los grumos se adhieren, imposibilitándoles seguir con la pesca, ya que los materiales con los que les recomiendan hacer limpieza a las redes, las debilitan y las dejan inservibles. Lo anterior ha tenido como consecuencia la falta de ingreso y alimento en sus hogares.

Pobladores de Sabancuy, Isla Aguada y Península de Atasta, reportan presencia de grumo de hidrocarburos en sus costas a lo largo de 135 kilómetros de playa.

De acuerdo con investigaciones de La Jornada Maya, trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) realizaron labores de limpieza de playas en la zona de los restauranteros en el Malecón Costero Nelsón Barrera Romellón, en las que se lograron recolectar aproximadamente 40 bolsas de 20 kilógramos cada una de hidrocarburos.

Sin embargo, en un recorrido realizado en la zona de la playa, se puede apreciar que continúan arribando a la costa grumos de hidrocarburos.

Es común que Pemex exprese que la presencia de grumos de chapopote sean producto de las denominadas chapopoteras naturales y niegan en todo momento que se trate de derrame de crudo en la sonda de Campeche. 2

Eduviges Contreras Barrientos, ambientalista y presidente de la Red de Jóvenes por la Laguna de Términos, señaló el pasado 13 de febrero de 2022 que el personal que ha destinado Pemex para la limpieza de las playas es insuficiente, sólo se han destinado a 4 personas para ello y que, además, la actitud de la paraestatal ha sido la indiferencia y la irresponsabilidad al no dar una postura al respecto. 3

Todo lo anterior tiene graves afectaciones en las aves como el charral que desova en Playa Norte, así como como a las tortugas marinas y otras especies.

Desafortunadamente, hasta el día de ayer, 21 de febrero de 2022, después de hacer una consulta en la página oficial de Pemex, no se ha emitido ningún comunicado o boletín nacional de su postura sobre el tema.

(https://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Pagina s/default1.aspx) 4

Considero de suma importancia que Pemex se pronuncie al respecto, que haga las aclaraciones pertinentes pero, sobre todo, que destinen los recursos materiales y humanos suficientes para atender dicha problemática a la brevedad, ya que han pasado 13 días y en las playas continúan arribando grumos de hidrocarburos, trayendo consigo graves afectaciones al medio ambiente del municipio de Carmen y a las cadenas productivas de las que dependen los pescadores en mi estado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos para que emita un boletín nacional en el que pronuncie postura respecto a los grumos de hidrocarburo que arribaron a lo largo de 135 kilómetros en las costas de Campeche, así como a tomar las medidas oportunas para realizar de manera inmediata y a detalle, la limpieza y reparación de los daños causados en el ecosistema del municipio de Carmen, Campeche.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que organice y ejecute una visita de inspección en coordinación con una comisión plural conformada por diputados y diputadas integrantes de las Comisiones ordinarias de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Cambio Climático y Sostenibilidad, y de Pesca, a efecto de verificar el estado en el que se encuentra la zona afectada.

Notas

1 Alonzo, L. (2022, 9 febrero). Grumos de hidrocarburo aparecen en playas de Campeche La ciudadanía alertó sobre estos grumos en Playa Norte de Ciudad del Carmen; personal de Pemex trabaja en la zona. El Financiero. Recuperado 21 de febrero de 2022, de

https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/02/09/grumos-de-hid rocarburo-aparecen-en-playas-de-campeche/

2 Graniel Herrea, G. (2022a, febrero 10). Pemex limpia las playas de «Carmen» de grumos de petróleo Los residuos de hidrocarburos arribaron tras fuerte oleaje provocado por el frente frío. La Jornada Maya. Recuperado 21 de febrero de 2022, de

https://www.lajornadamaya.mx/campeche/189755/pemex-limpia-las-pl ayas-de-carmen-de-grumos-de-petroleo#

3 Graniel Herrea, G. (2022b, febrero 13). Arriban más grumos de petróleo a Carmen; Pemex no ha declarado. Debido al fuerte oleaje que se ha registrado, las manchas llegan a la vegetación costera. La Jornada Maya. Recuperado 21 de febrero de 2022, de

https://www.lajornadamaya.mx/campeche/189985/arriban-mas-grumos- de-petroleo-a-carmen-pemex-no-ha-declarado

4 Pemex. (2022, 21 febrero). Pemex. Boletines nacionales. Pemex. Boletines nacionales. Recuperado 21 de febrero de 2022, de

https://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/ default1.aspx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.– Diputado Pedro Armentía López (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

EXHORTO A LA SICT, A CONCLUIR CON LAS OBRAS DE REPARACIÓN EN LA AVENIDA MORONES PRIETO EN GUADALUPE, NUEVO LEÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a concluir la reparación de los daños en avenida Morones Prieto, de Guadalupe, NL, tras la tormenta tropical Hanna, a cargo de la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI

Quién suscribe, diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que, a la brevedad, se concluya con las obras de reparación de los daños ocasionados por la tormenta tropical Hanna, en la avenida Morones Prieto, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La fracción XXII del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, señala:

“A la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de entre otros asuntos: el de construir y conservar los caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los particulares”.

A su vez el artículo 4 del Reglamento Interior de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, señala que:

“Corresponde originalmente al secretario la representación de la Secretaría, así como el trámite y resolución de todos los asuntos competencia de ésta”.

La tormenta tropical Hanna se hizo presente en el estado de Nuevo León el 25 de julio de 2020, dejando innumerables deterioros en la infraestructura urbana en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Los daños que ocasionaron las lluvias de Hanna en el municipio de Guadalupe ascienden a 368 millones 715 mil pesos, la Secretaría de Obras Públicas del municipio detectó seis socavones en puntos aledaños al río Santa Catarina. Estos se ubican en tramos de la avenida Morones Prieto. 1

Hoy, las obras de reparación a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se encuentran en total abandono y aún sin concluirse; específicamente la obra de reparación del socavón que se formó por dicha tormenta en el cruce de la avenida Morones Prieto y la calle Durazno, frente a las colonias Valle Hermoso y Unión Modelo, de la municipalidad mencionada.

Viéndose afectados más de 90 mil habitantes de esa área del municipio de Guadalupe y de los municipios vecinos de Juárez y Cadereyta en Nuevo León, día a día los ciudadanos tienen que pasar horas en el intenso tránsito vehicular para poder llegar a sus actividades, además de los inconvenientes que se provocan a los vecinos del lugar, que deben soportar que los vehículos tengan que atravesar por sus colonias. Actualmente los conductores se ven en la necesidad de tener que buscar otras alternativas viales para poder llegar a sus ocupaciones, destinando más tiempo y combustible, para poder llegar a su destino.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a que se concluyan las obras de reparación de los daños ocasionados por la tormenta tropical Hanna, en la avenida Morones Prieto, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Nota

1 https://panoramadenuevoleon.com/calculan-danos-en-guadalupe-por-hanna/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2022.– Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Infraestructura, para dictamen.

EXHORTA A LA SEGOB, A CONSTITUIR UN GRUPO DE TRABAJO CON LOS LEGISLADORES LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE ESTA SOBERANÍA, LA SEMARNAT, EL CJF Y LA SCJF

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a constituir un grupo de trabajo con la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta soberanía, la Semarnat, el CJF y la SCJF, a cargo del diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como del artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones IV, V y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

América Latina y el Caribe es una de las principales regiones productoras de alimentos del mundo, gracias a la enorme riqueza de recursos naturales y biodiversidad; a nivel mundial cuenta con 28 por ciento de tierras cultivables, un tercio de recursos hídricos y 42 por ciento de las reservas de agua dulce, 1 esto resulta ser muy beneficioso para la región, donde el 77 por ciento de las comunidades viven cerca de los bosques, colectan o consumen productos como plantas, animales silvestres e insectos claves para su alimentación. 2

Por su parte México, es considerado entre los cinco países más megadiversos a nivel mundial en presencia de especies tanto animales como vegetales, alberga al menos 5 mil especies endémicas distintas de plantas, también es el tercer país con mayor número de especies mamíferas, es la séptima nación con mayor número de especies de aves; ocupa el quinto sitio en el número de especies anfibias, tiene el segundo lugar planetario en el número de especies reptiles, así como una cantidad importante de ecosistemas. 3 Por lo que constituye un país con grandes oportunidades de crecimiento para impulsar un desarrollo sostenible a través de un modelo democrático y participativo.

Sin embargo, ante el actual escenario global en el que existe una inestabilidad del sistema económico, creciente desigualdad, una grave crisis ambiental y sanitaria, se ha visto obstaculizado el desarrollo sostenible de México y de otros países de América Latina y el Caribe, lo cual a su vez, ha contribuido al incremento de la degradación del medio ambiente y los ecosistemas, a la pérdida de los recursos naturales, aunado a los efectos del cambio climático, cuyos impactos afectan de sobremanera a nuestra región y, especialmente a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. 4

Ante esta situación, se ha reconocido la necesidad cada vez mayor, tanto de los distintos gobiernos de América Latina y el Caribe como de otros actores, de impulsar y garantizar el acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales, a través de la implementación de políticas sobre la base de procesos más participativos e informados que ya ha sido reconocido por distintos instrumentos internacionales, 5 ya que estos constituyen un elemento central para lograr la sostenibilidad ambiental del desarrollo.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992, constituye uno de los principales instrumentos internacionales que resaltaron la importancia del acceso a la información, la participación y la justicia para enfrentar los desafíos ambientales. En esa Conferencia, los gobiernos acordaron que: “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”. 6

Los preceptos establecidos en este principio quedaron plasmados en el documento final denominado “El futuro que queremos” de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), donde se plantea que la participación amplia del público y el acceso a la información y los procedimientos judiciales y administrativos son esenciales para promover el desarrollo sostenible; así mismos también se reconoce en este documento que la democracia, la buena gobernanza y el Estado de derecho, en los planos nacional e internacional, así como un entorno propicio, son esenciales para el desarrollo sostenible, incluido el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la erradicación de la pobreza y el hambre. 7

De ahí, la gran importancia del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), adoptado el 4 de marzo de 2018, el cual es un acuerdo multilateral sobre el medio ambiente que se ha negociado y adoptado bajo los auspicios de las Naciones Unidas y que retoma los preceptos que devienen desde el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y otros instrumentos internacionales, y que constituyen el corazón de algunos objetivos de la Agenda 2030.

Su objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia, así como la creación y fortalecimiento de capacidades y cooperaciones, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. 8 Es el primer acuerdo ambiental de la región y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

En síntesis, este Acuerdo impulsa el multilateralismo de la región latinoamericana y caribeña, estableciendo estándares regionales en materia de medio ambiente, para garantizar el acceso a información, así como su participación en la toma de decisiones; los países tendrán que capacitar a sus autoridades y funcionarios, para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones con el fin de afianzar los objetivos de este acuerdo; además que es el primer acuerdo internacional vinculante del mundo que establece una regulación para los defensores de derechos humanos en materia ambiental. 9

En el caso particular de México, recientemente se integró a este instrumento internacional con su ratificación del 22 de enero de 2021 y la cual entró en vigor en México el 22 de abril de 2021. No obstante, a un año de su ratificación muchas de las cuestiones que este instrumento internacional promueve siguen sin implementarse de manera eficaz, como es generar los mecanismos para garantizar la exigibilidad y justiciabilidad del derecho a un medio ambiente, el desarrollo sostenible, el derecho a la salud y a un medio ambiente sano; proteger los derechos de todas las personas al acceso a la información, a la participación y a la justicia en temas ambientales.

De la misma manera, se ha señalado que los espacios de participación, en la mayoría de los casos, no han sido efectivos o no se ha realizado tal y como lo establece la ley. Pues existen muchos procesos donde se invita a la participación de diversos actores cuando el proyecto está en etapas muy avanzadas; lo que se necesita es la interacción desde etapas iniciales con información oportuna, de modo que no es suficiente la publicación en un portal de internet, o la difusión en el periódico que no llega a las comunidades. Asimismo, en el actual gobierno se han debilitado las alianzas con los actores de gobierno con instituciones, órganos autónomos, organizaciones de la sociedad civil, académicos, personas defensoras de los derechos humanos. Aunado a que recientemente se han incrementado los ataques a periodistas y defensores ambientales y de derechos humanos. Tan solo en 2020, en el país fueron asesinados 18 defensores de derechos humanos en temas ambientales. 10

Es por ello, que resulta crucial que a un año de la adopción de este instrumento internacional se pueda evaluar los resultados que se han logrado en este primer año, y se pueda identificar aquellas acciones, modificaciones a la ley o programas que resultan necesarias para lograr su adecuada implementación, o bien, identificar aquellos obstáculos que estén impidiendo su adecuada implementación. Asimismo, se pueda elaborar una hoja de ruta —considerando los resultados que deriven de la Primera Conferencia de Partes del Acuerdo de Escazú que tendrá verificativo el próximo 4 de marzo del presente año— para establecer aquellos criterios orientadores que permitan dar plena realización al derecho humano a un medio ambiente sano, el acceso a la información y a la participación ciudadana, que se encuentran consagrados y tutelados por nuestra Constitución.

En este sentido, el gobierno mexicano debe de tener un rol proactivo en materia de derechos de acceso a la información pública y la participación pública, en cuya implementación se requiere garantizar los principios de máxima publicidad y transparencia, para que el acceso a la información permita el control social mediante una participación efectiva y responsable. Por otro lado, se debe de garantizar que los sistemas de información estén acordes a las necesidades de cada región del país, ya que actualmente existen diversas comunidades que aún carecen de acceso a internet, se necesitan medios idóneos de difusión para que la ciudadanía tenga acceso, mediante formatos sencillos, accesibles, continuos y acordes a su realidad.

Otra cuestión que resulta sustancial es la difusión de este instrumento internacional a través de los medios idóneos con el apoyo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de México, es primordial que se otorguen facilidades de acceso a la información por parte de las diversas Secretarías del Estado mexicano sobre sus labores diarias y en relación con la gestión ambientales, contar con estrategias de capacitación de servidores públicos y una metodología de monitoreo y de evaluación, contar con un sistema de acceso a la justicia que sea transparente, dinámica, sin impunidad y corrupción.

Además, las acciones que deberán adoptar las autoridades respectivas, en el ámbito de sus competencias, para garantizar la participación social de las comunidades indígenas y afromexicanas, de personas o grupos en situación de vulnerabilidad, así como de quienes pudieran resultar directamente o indirectamente afectados durante la implementación de proyectos, para involucrarlos de manera activa, oportuna y efectiva en los mecanismos de participación social.

Es preciso señalar que, derivado de la ratificación de este acuerdo internacional la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha estado a cargo de su implementación, y desde febrero del año pasado, ha coordinado reuniones interinstitucionales con diversas dependencias de la administración pública, organismos autónomos y organizaciones de la sociedad civil, para definir las acciones que resultan necesarias para implementar el mencionado instrumento internacional. Derivado de estas reuniones dicha Secretaría integró tres subgrupos interinstitucionales para la implementación del Acuerdo, en torno a “la Información”, “la Participación y la Justicia” y a “las Personas Defensores en asuntos ambientales”, además que está generando algunas unas hojas de ruta de trabajo, la definición de acciones, responsabilidades y el seguimiento de cada uno de estos temas.

En tal sentido, es importante que en estos esfuerzos pueda involucrase a otras autoridades los tres poderes de la federación que están relacionadas y son competentes para implementar este acuerdo internacional, como los son la Secretaría de Gobernación, el poder legislativo a través de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados y del Senado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal; así como otros actores de la sociedad civil, instituciones académicas y otros órganos autónomos que estén relacionados o interesados, a fin de establecer una hoja de ruta de trabajo que pueda implementarse entre las distintas autoridades conforme a sus propias competencias establecidas en la ley.

Conforme a lo anterior, a través de la presente proposición con punto de acuerdo se exhorta a la Secretaría de Gobernación —quien en términos del artículo 27 fracciones I, II y III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuenta con las facultades de coordinación de los diferentes poderes y secretarías de Estado, órganos autónomos y otros actores privados— a fin de que establezca y coordine una mesa de trabajo con los legisladores integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara de Diputados, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para constituir un grupo de trabajo con la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara de Diputados, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objeto de identificar conjuntamente y de manera transversal las acciones necesarias para contribuir a la implementación del Acuerdo de Escazú.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2022). El agua, la gran oportunidad de futuro para América latina, consultada el 20 de enero de 2022. Disponible en:

https://www.fao.org/in-action/agronoticias/detail/es/c/517601/

2 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2022). La agricultura y la biodiversidad en América Latina y el Caribe, consultada el 20 de enero de 2022. Disponible en:

https://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1195181/

3 Crónica “A los políticos no les importa la biodiversidad”, consultada el 20 de enero de 2022. Disponible en:

https://www.cronica.com.mx/notas-a_los_politicos_no_les_ importa_la_biodiversidad-1189107-2021.html

4 Naciones Unidas (2018). Acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe: Hacia el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Disponible en:

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43301/4/S17 01021_es.pdf

5 Naciones Unidas (2012). La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la Cumbre para la Tierra: avances, brechas y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe (LC/L.3346/Rev.1), Santiago, marzo.

6 Naciones Unidas (1992).  Anexo I: Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (A/CONF.151/26), vol. I, Nueva York, agosto. Disponible en:

http://www.un.org/documents/ga/conf151/spanish/aconf15126-1annex 1s.htm.

7 Naciones Unidas (2012). El futuro que queremos (A/CONF.216/L.1), Río de Janeiro, junio. Disponible en:

https://rio20.un.org/sites/rio20.un.org/files/a-conf.216-l-1_spa nish.pdf.pdf.

8 Ídem.

9 Naciones Unidas (2018). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Disponible en:

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S18 00429_es.pdf

10 Mongabay (2021). Periodismo Ambiental Independiente en Latinoamérica. Disponible en:

https://es.mongabay.com/2021/04/el-reto-de-dar-vida-al-acuerdo-d e-escazu-en-mexico/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2022.– Diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

COMISIÓN ESPECIAL PARA ESCLARECER DE LA DENUNCIA PÚBLICA EFECTUADA POR EL MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR, PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de crear una comisión especial para esclarecer la denuncia pública efectuada por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la SCJN, a cargo del diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, Diputado Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el Artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo para crear una Comisión Especial cuyo propósito es el esclarecimiento de la denuncia pública efectuada por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado martes 22 de febrero del año en curso, en relación con los lamentables hechos ocurridos en el 5 de junio de 2009 en  la Guardería ABC, ubicada en el  Municipio de Hermosillo en el Estado de Sonora, en que fallecieron quemados 49 niños y 106 resultaron heridos, todos de entre cinco meses y cinco años de edad, con secuelas de por vida, bajo las siguientes:

Consideraciones

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció la facultad de investigación sobre hecho o hechos constitutivos de alguna garantía individual, que le otorgaba el Artículo 97, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994.

En tal virtud el Pleno de la Corte en sesiones celebradas en el mes de junio, conoció y resolvió sobre el informe presentado por el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, en la facultad de investigación 1/2009, mismo que fue rechazado por la mayoría y en consecuencia procedieron a votar una serie de cuestiones que los propios ministros presentaron y que constituyeron la decisión definitiva de esa investigación.

El Ministro Presidente Arturo Zaldívar el 22 de febrero del presente año, acusó que en este caso hubo “una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno”.

Esta declaración amerita una amplia y exhaustiva investigación por parte de esta Soberanía para determinar qué tipo de presiones se ejercieron y en contra de que Ministros para que votaran por exonerar de cualquier responsabilidad, a funcionarios del Gobierno federal de dicho período y a familiares del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Por las consideraciones antes expuestas, someto a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se crea la Comisión Especial para el esclarecimiento por los lamentables hechos ocurridos en el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC.

Segundo. - Dicha Comisión Especial estará integrada por un número 15 Diputadas y Diputados distribuidos de la siguiente manera:

Integrantes

Tercero. Dicha Comisión Especial deberá sesionar al menos una vez cada quince días.

1. El quorum para sesionar será de al menos la mitad más uno de sus integrantes.

2. Las votaciones se tomarán por mayoría absoluta de los integrantes de manera nominal.

Cuarto. El tiempo de duración de la presente Comisión Especial, será hasta la fecha de conclusión del Segundo Período de Sesiones Ordinarias de la Cámara de Diputados del año 2023 y, de ser necesario podrá seguir desarrollando sus funciones hasta el término de la presente Legislatura.

Quinto. De conformidad con lo previsto en el Artículo 208 numerales 1 y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión tiene la facultad legal para convocar a sus reuniones a toda aquella persona que tenga información que resulte oportuna para el debido y correcto esclarecimiento de los lamentables sucesos de la Guardería ABC.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 3 de marzo de 2022.– Diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

EXHORTA AL EJECUTIVO FEDERAL, A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LA FGR, A GARANTIZAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA SEGURIDAD DE LOS PERIODISTAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar tanto a los Ejecutivo federal como locales y la FGR a garantizar la libertad de expresión, y el ejercicio de la labor, la vida, seguridad, integridad y reparación del daño de los periodistas y profesionales de la comunicación en México, a cargo de la diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXV Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos años en nuestro país, la violencia en contra de periodistas ha ido en aumento. De acuerdo con el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica desde el 2018, 56 comunicadores han sido asesinados siendo enero del 2022 el más violento para quien ejerce el periodismo.

Siendo cuatro las víctimas durante el primer mes de 2022; José Luis Gamboa, director del diario digital Inforegio, asesinado a puñaladas el 10 de enero en Veracruz; Margarito Martínez Esquivel, colaborador del semanario Z, acribillado en Tijuana el 17 de enero; la comunicadora Lourdes Maldonado, emboscada a tiros en Tijuana el domingo 23 de enero y Roberto Toledo, colaborador del portal Monitor Michoacán, fue acribillado a muerte en Zitácuaro, Michoacán la tarde del 31 de enero. Uno más se sumó el pasado 10 de febrero, Heber López en Oaxaca, quien fue acribillado en el estudio de grabación que tenía en su casa.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), México es el segundo país más mortal para periodistas, solo después de Siria. Recordemos que, la libertad de expresión es un derecho humano que, además, guarda estrecha relación con los derechos colectivos, en cuanto al derecho de la sociedad, en general, a recibir información y opiniones sobre diversos temas de interés social incluyendo los políticos.

El derecho a la información y a la libertad de expresión y su ejercicio permiten a los ciudadanos comprender los asuntos de relevancia política y participar ampliamente en la construcción de cualquier sistema democrático y permite desarrollar el esencial principio de la rendición de cuentas, hacer visibles los actos del gobierno y discutir sobre las mejores alternativas en materia de políticas públicas.

La libertad de prensa es fundamental para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión y es un elemento esencial de toda democracia. Su ejercicio requiere de medios de comunicación libres de censura y del control estatal. Sin ella, la posibilidad de contar con ciudadanos informados para la discusión de los asuntos públicos es nula. En este contexto, es importante garantizar condiciones adecuadas para su práctica.

Recordemos que en 2020, el grupo mayoritario junto con sus aliados eliminaron del Presupuesto y de la Ley, el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dejando en desamparo a este gremio y situándolo como un grupo en situación de vulnerabilidad, ya que ellos constituyen la voz de la sociedad, de grupos minoritarios, de personas en situación de vulnerabilidad o en desventaja social y al callar sus voces, se deja sin voz a estos grupos sociales.

En México, existen disposiciones legales y formamos parte de diversos instrumentos internacionales que garantizan la libertad de prensa y la protección a los periodistas. En este sentido, el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos prevé la libertad de expresión al señalar que

todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Así mismo el artículo 6o constitucional, párrafo primero, reconoce como un derecho humano la libre manifestación de las ideas y que ésta no será objeto de inquisición judicial o administrativa; asimismo, en el artículo 7o, primer párrafo, prevé la inviolabilidad de la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, por lo que ninguna ley o autoridad pueden establecer la previa censura, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.

La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tiene por objeto establecer un ámbito de cooperación entre la Federación y las entidades federativas para implementar y operar las Medidas de Prevención, Medidas Preventivas y Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

Es por ello, que el Grupo Parlamentario del PRD exige a las autoridades implementar acciones que permitan prevenir las situaciones en las cuales se cometan violaciones a los derechos humanos de los periodistas, realizando las investigaciones pertinentes con la finalidad de identificar a los responsables, imponer las sanciones pertinentes y asegurar a la víctima la adecuada reparación del daño.

Es por lo anterior, queremos dejar claro que las agresiones en perjuicio de periodistas y comunicadores no sólo se trata de agravios a la integridad y vida de personas, porque también se lesiona a la sociedad en su conjunto, al vulnerarse el derecho a la información.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal y a las y los titulares de los Poderes Ejecutivos en las entidades federativas, a fortalecer los mecanismos de coordinación para garantizar la libertad de expresión, el ejercicio de la labor periodística y la vida, seguridad e integridad de las y los profesionales de la comunicación.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Fiscalía General de la República y de las Fiscalías o Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas, a que realicen investigaciones exhaustivas de las agresiones y homicidios de periodistas para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2022.– Diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

SE DICTAMINE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN EL ARTÍCULO 2O. DE LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LOS ARTÍCULOS 418 Y 419 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la colegisladora a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica y adiciona un párrafo XI al artículo 2o. de Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; y se reforman los artículos 418, primer párrafo, y 419, primer párrafo, del Código Penal Federal, propuesta por la senadora Delfina Gómez Álvarez, turnada a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos, a cargo del diputado Fernando Marín Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

Es inmensamente triste ver como la naturaleza nos está hablando y los humanos no escuchamos. Víctor Hugo

El que suscribe, diputado Fernando Marín Díaz, integrante del Grupo Parlamentario Morena de la LXV Legislatura Del Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

A partir del año 2018, nuestro país vive y disfruta del espíritu transformador que representa la 4ª Transformación encabezada por el Presidente de la República, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador.

Ello nos ha permitido concretar nuevas y diferentes disposiciones y tener un marco normativo que genera certidumbre y un claro y moderno mandato sobre la vida nacional con los cuales se han alcanzado los anhelos de millones de mexicanos al resurgir del olvido e indolencia de administraciones pasadas.

Sin embargo, dentro de esta gran ruta de transformación de México, existen como en todo proceso reformador, aspectos que sin duda tienen la posibilidad de ser mejorados por el bien de los gobernados y darles certeza y certidumbre en su día a día.

En ese sentido, el planteamiento que hoy someto a la consideración de esta soberanía, demanda de las voluntades de todas y todos quienes la conformamos, ya que, no se trata de caprichos, ni disputas o revanchas sino de nuestra vida misma.

A lo largo de muchos años, las organizaciones ambientales internacionales y nacionales han tratado de alertar a la sociedad de la catástrofe que estamos provocando con la deforestación desmedida que por diferentes motivos se lleva a cabo día con día.

Para el caso que nos ocupa, México se encuentra en uno de los primeros lugares en tasas de deforestación en el mundo. Ahora bien, como ya se mencionó, existen muchas organizaciones ambientalistas las cuales han manifestado su preocupación por la degradación al medio ambiente sin respuestas contundentes por las autoridades competentes las cuales contribuyan a aminorar tal desgracia.

De acuerdo con el informe “Estimación de la tasa de deforestación bruta en México para el periodo 2001-2018 mediante el método de muestreo” de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), para 2018 se estimaba una tasa anual de deforestación de 166 mil 337 hectáreas. Esto representa más del doble que 17 años atrás, cuando se estimaba una tasa total de 79 mil 677 hectáreas deforestadas. El año de mayor deforestación en México fue 2016 con una tasa de 350 mil 298 hectáreas deforestadas. 1

En ese mismo sentido, otro dato importante es que la deforestación es un tema generalizado a lo largo del país si consideramos que la Península de Yucatán y los Estados de Chiapas, Michoacán y Jalisco tienen las zonas críticas o hotspots más importantes en materia de deforestación. Además, otras regiones como la zona limítrofe sur entre Oaxaca y Veracruz, Guerrero y el norte de Veracruz y San Luis Potosí. 2

Sirve para ilustrar este problema tan grave, la publicación que realizó  el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria Cedrssa denominado: INVESTIGACION “COMERCIO ILEGAL DE MADERA Y APLICACIÓN DE LA LEY PARA LA PROTECCION DE LOS BOSQUES”, documento publicado en el año 2020; en él se describe de manera detallada los Estados de la República mayormente dañados, así como la descripción de las actividades ilícitas más frecuentes en el sector forestal, en las cuales son consideradas las acciones del crimen organizado.

En ese sentido es que, en el año 2018 ante el pleno del Senado de la República, fue presentada la iniciativa con proyecto decreto por el que se modifican y adicionan un párrafo XI, al artículo 2o de Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y se reforman el artículo 418 primer párrafo y el artículo 419 primer párrafo del Código Penal Federal, propuesta por la entonces senadora Delfina Gómez.

En tal iniciativa se propone una serie de reformas, las cuales pretenden atacar de manera frontal la tala clandestina que se da en todo el territorio nacional, ya que esta se significa como uno de los principales factores de deterioro ambiental; de ello va la importancia de mencionar que la tala ilegal la realiza la delincuencia organizada que es la que opera dicho delito, para empresas y grandes consorcios, quienes son sus compradores finales, para su procesamiento final. 3

La importancia de conservar el medio ambiente reside en la propia importancia del medio ambiente, ya que todos vivimos en él. Por tanto, si queremos asegurar nuestra propia supervivencia y bienestar, y del resto de seres vivos, debemos preocuparnos por su cuidado y protección. 4

Como se puede observar, los datos no son solo alarmantes sino una evidencia clara del grave deterioro que hemos hecho al medio ambiente por ello es urgente tomar medidas extremas con las cuales asumamos acciones para revertir ese daño.

Es por lo expuesto que se presenta ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Senado de la República para que en el ámbito de sus competencias constitucionales dictamine de manera pronta la Iniciativa de Ley con proyecto decreto por el que se modifican y adicionan un párrafo XI, al artículo 2o de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y se reforman el artículo 418 primer párrafo y el artículo 419 primer párrafo del Código Penal Federal, propuesta por la entonces senadora Delfina Gómez, misma que fue turnada para análisis y dictamen a las Comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos.

Notas:

1. https://www.greenpeace.org/mexico/blog/10540/5-datos-sobre-la-de-forestacion-en -mexico/

2. https://www.greenpeace.org/mexico/blog/10540/5-datos-sobre-la-de-forestacion-en -mexico/

3. https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2018-11-29-1/assets/ documentos/Inic_Morena_Arts.418-419_CPF_291118.pdf

4. https://comafors.org/noticias-y-eventos/importancia-de-la-conserva-cion-y-prote ccion-del-medio-ambiente-1912.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2022.– Diputado Fernando Marín Díaz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

COMISIÓN ESPECIAL PARA HACER FRENTE A LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA QUE VIVE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DERIVADO DEL DESABASTO DE MEDICAMENTOS Y VIOLENCIA INFANTIL

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para enfrentar la urgencia de la niñez y adolescencia por el desabasto de medicamentos y la violencia infantil, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Ana Lilia Herrera Anzald o, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Las niñas y niños en nuestro país, hoy más que nunca, requieren de todo el apoyo institucional que las autoridades tengan a su alcance para garantizarles sus derechos más básicos y elementales; Desgraciadamente en México, hoy se puede afirmar que las niñas, niños y adolescentes viven en un estado de emergencia, los casos más recientes de Puebla y Morelos, las niñas y niños maltratados en los albergues de la Cuidad de México, el reclutamiento de menores por el crimen organizado, la venta de niñas en Guerrero, ser el país con los porcentajes más altos de obesidad infantil y lamentablemente ser uno de los países en donde más pornografía se consume, deben obligar a todas las autoridades a prender las alarmas por la niñez en nuestros país.

Si sumamos a lo anterior la implementación de políticas públicas y programas sociales que han tenido grandes problemas en su instrumentación, poca transparencia y que no cumplen con los objetivos para garantizar los derechos de la niñez, en vez de generar soluciones gubernamentales estamos profundizando estas problemáticas.

Un devastador ejemplo es lo que sucede con el desabasto de medicamentos, problema generado por el propio gobierno federal al modificar sin ningún tipo de evaluación los procesos de adquisición y distribución de los mismos convirtiendo esta política en una sistemática violación al derecho a la salud de las y los mexicanos y particularmente a las niñas, niños y adolescentes con cáncer quienes sufren día con día el desabasto de los medicamentos que son necesarios para garantizar su salud y su vida.

Esta problemática ha llevado a miles de familias a exigir en las calles el abasto de los medicamentos oncológicos para niñas y niños; paros, movilizaciones de colectivos, protestas, un sin número de reuniones con autoridades de la Secretaría de Hacienda y de la Salud, gestiones en los hospitales, son ahora parte de la rutina de las madres y padres cuyos hijos sufren esta enfermedad.

Sin duda alguna la exigencia y reclamo de las familias afectadas se encuentra plenamente justificada pues conforme pasa el tiempo al no ofrecer una solución lo que se pierden son vidas. Corresponde al Estado garantizar atención oportuna, completa y de calidad, desde los servicios públicos de salud, a todas las niñas y todos los niños con cáncer en nuestro país. La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer IAP en un comunicado externo lo siguiente:

“Es necesario explicar que el gobierno federal decidió establecer nuevas reglas de producción, distribución y comercialización de medicamentos, a la par de transformar el Seguro Popular en Instituto de Salud y Bienestar (Insabi); estos cambios con el agravante de la contingencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. Ante la falta de una elemental estrategia para reemplazar a tiempo el suministro de fármacos y la añadida escasez de materias primas a nivel mundial, el resultado no puede ser otro que el desabasto de medicinas.

Es reprobable, en todos los sentidos, la reiterada postura del gobierno federal en minimizar esta problemática, asegurando que está resuelta con las compras en el extranjero, cuando la realidad en los hospitales es otra. En todo caso, ha justificado esas irregularidades (desabasto y retraso) como parte de los efectos del desmantelamiento de la complicidad entre autoridades pasadas y empresas; esto es inadmisible e irresponsable a falta de denuncias penales de por medio y a la luz del incumplimiento de su obligación por atender a los pacientes.

También es reprobable que en ningún momento se reconozca la participación de la sociedad civil para tratar de disminuir el desabasto, que durante todo 2020 se cuestionó sobre su veracidad y todavía hoy se duda en las consecuencias en la sobrevida de los menores. En el primer trimestre de este año, convocados por el Programa México en Alianza con St. Jude, 11 organizaciones documentamos —con volúmenes y facturas de compra—, los faltantes de metotrexato, vincristina, mercaptopurina, L-Asparaginasa, Dexametasona, Citarabina, Etoposido, Ciclofosfamida, Ifosfamida y Doxorubicina, en diversos estados de la República.

¿De qué se tratá Por un lado, evidenciamos y cubrimos los faltantes con el apoyo de voluntarios y donantes, y por el otro, nada parece suceder y hasta se descalifica la genuina exigencia de que el gobierno cumpla el derecho a la protección a la salud. Faltaba más que no fuera legítima la defensa al derecho de la salud. 1

Como legisladoras y legisladores federales debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para coadyuvar en la solución de esta problemática, cuando son nuestras niñas y niños los afectados se espera de las autoridades brinden una respuesta contundente y coordinada entre todos los órdenes de gobierno sin importar partidos y posturas políticas, si queremos avanzar se debe reconocer la existencia de esta problemática y a partir de ahí generar soluciones. Negar el desabasto solo amplia la problemática y daña de manera irreparable a las familias involucradas.

Desde la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia hemos realizado esfuerzos para alcanzar acuerdos y consensos en torno a diversos hechos y temas que vulneran los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así lo hicimos en el caso de la venta de niñas en Guerrero al emitir un exhorto conjunto de todos los grupos parlamentarios solicitando la intervención de las autoridades y la condena de los hechos. Ante el caso del cuerpo del recién nacido encontrado en el Penal de Puebla, del niño desaparecido y encontrado sin vida en Morelos y de la exposición del menor de edad del DIF Capullos por parte del gobernador de Nuevo León y su esposa, la comisión remitió a la Comisión Permanente un oficio para solicitar a dicho órgano un pronunciamiento para condenar esos hechos. De igual forma cuando se publicó la noticia relacionada con los albergues de la Ciudad de México, gracias a las gestiones de compañeras del Grupo Parlamentario de Morena, se logró realizar una reunión de trabajo con la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para conocer la problemática y buscar soluciones conjuntas.

Por ello, el tema del desabasto de medicamentos no puede ni debe ser la excepción, incluso la propia diputada Patricia Armendáriz del Grupo Parlamentario de Morena, durante el periodo de receso pasado, propuso la creación de una comisión para dar solución a esta problemática, propuesta que hoy tiene gran relevancia y ahora que el Grupo mayoritario abrirá la puerta para aprobar comisiones especiales, sería necesaria la creación de una comisión especial para hacer frente a la situación de emergencia que vive la niñez y adolescencia derivando del desabasto de medicamentos y violencia infantil.

Con esta comisión especial, la cual propongo sea conformada por diputadas y diputados que integren las comisiones ordinarias de Derechos de la Niñez y Adolescencia, Salud, Seguridad Social, Derechos Humanos, Hacienda y Crédito Público y Presupuesto y Cuenta Pública con la certeza de que quienes integramos estas comisiones podamos generar sinergias y consensos al interior del Congreso para alcanzar mejores resultados. Es claro que una problemática de esta naturaleza no puede ser resuelta desde los trabajos y esfuerzos de una sola comisión, este problema requiere de un trabajo en conjunto, coordinado y de voluntad política que debe generarse entre diversas comisiones relacionadas con este tema. Sumar esfuerzos significa alcanzar resultados y salvar vidas.

Estoy segura que desde los trabajos de una comisión especial que tenga por objetivo hacer frente al desabasto de medicamentos y la violencia infantil podremos coadyuvar con el Gobierno Federal a encontrar una solución administrativa y jurídica que permita resolver de manera oportuna esta problemática y con ello garantizar el derecho a la salud de las niñas, niños y adolescentes. La situación de emergencia que vive nuestra niñez es alarmante y nos corresponde a quienes integramos la presente legislatura dar soluciones y no excusas.

Punto de Acuerdo

Primero. Con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que, con base en sus atribuciones establezca la creación de una comisión especial para hacer frente a la situación de emergencia que vive la niñez y adolescencia derivado del desabasto de medicamentos y violencia infantil.

Segundo. La comisión especial se integrará por el número de diputados que así lo determine la Junta de Coordinación Política, observando proporcionalmente la representación de cada uno de los grupos parlamentarios ante el pleno de la Cámara de Diputados. En las propuestas que los grupos parlamentarios formulen para su integración, procurarán postular a quienes integren las comisiones ordinarias de Derechos de la Niñez y Adolescencia, Salud, Seguridad Social, Derechos Humanos, Justicia, Hacienda y Crédito Público y Presupuesto y Cuenta Pública.

Tercero. La comisión especial de la Cámara de Diputados iniciará su vigencia el día de la aprobación por el pleno del acuerdo de su creación y se mantendrá en funciones hasta el término de la legislatura o bien, hasta que sus integrantes determinen que se ha cumplido o agotado su objeto.

Cuarto. La comisión especial de la Cámara de Diputados contará con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la realización de sus atribuciones que para tal efecto autorice el Comité de Administración con sujeción a la normatividad aplicable de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Nota

1 https://www.amanc.org/2021/06/30/comunicado-de-amanc-ante-el-desabasto-de-medic amentos/

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 3 de marzo de 2022.– Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política para su atención.

EXHORTO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS, A FIN DE ADECUAR LAS DISPOSICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN PARA PEMEX Y SUS EMPRESAS PRODUCTIVAS SUBSIDIARIAS

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Consejo de Administración de Pemex a adecuar las disposiciones generales de contratación para ésta y sus empresas productivas subsidiarias, a cargo del diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Manuel Rodríguez González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXV Legislatura, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, a fin de adecuar las Disposiciones Generales de Contratación para Pemex y sus empresas productivas subsidiarias, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Petróleos Mexicanos es la empresa más grande e importante de nuestro país, referente internacional en cuanto al tema de hidrocarburos. Las actividades de Petróleos Mexicanos involucran el total de la cadena productiva, desde la exploración, producción, transformación industrial, logística y comercialización.

El sitio electrónico de Pemex 1 indica que, en materia de transformación industrial Petróleos Mexicanos cuenta con seis refinerías, dos complejos petroquímicos y nueve complejos procesadores de gas que le permiten producir derivados de petróleo para hacerlos llegar a distintos sectores.

En logística cuenta con 83 terminales terrestres y marítimas, así como poliductos, buques, carros tanque y autos tanque, para abastecer a las más de 11 mil estaciones de servicio a lo largo de nuestro país.

Que es una empresa sustentable, socialmente responsable, con estrictos estándares de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental. Que dichas actividades se realizan con estricto apego a la integridad ecológica de las zonas en las que trabaja, impulsando el desarrollo social y económico de las comunidades.

Así mismo la página web de Petróleos Mexicanos señala que uno de los objetivos es que:

“ A través de un modelo de atención se instrumente un mecanismo que atienda a los proveedores en cada etapa de su interacción con Pemex.

Vincular necesidades de las áreas usuarias de Pemex con oportunidades identificadas en el mercado; a partir de elementos como: atención a proveedores y contratistas, categorías, estudios de mercado y otras iniciativas de la Subdirección de Abastecimiento; además, proponer al área usuaria alternativas de procura a través de un modelo de contratación que maximice el valor de los recursos disponibles en beneficio de la organización en un contexto de mercado competido.

A través del modelo de atención cubrimos el objetivo de instrumentar un mecanismo que dirija los requerimientos de los usuarios hacia proveedores que ofrezcan las mejores soluciones integrales de procura y que atienda a los proveedores en cada etapa de su interacción con Pemex”.

Fundamento legal

Artículo 19 de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias que establece las Reglas generales y que a la letra señala:

“ Los Procedimientos de Contratación de bienes, arrendamientos, obras y servicios se efectuarán, por regla general, a través de concurso abierto, previa convocatoria pública para que libremente se presente cualquier interesado siempre que reúna los requisitos previstos en las presentes Disposiciones, y se realizarán a través del Sistema Electrónico de Contrataciones”.

Así como con fundamento en los artículos 13, fracción V, y 76, de la Ley de Petróleos Mexicanos, que faculta al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para adecuar las Disposiciones Generales de Contratación para Pemex y sus empresas productivas subsidiarias y por considerar que el presente documento modernizará y actualizará con el uso de la e-firma a través del Sistema de Formalización de Contratos de Pemex (Sifocop), el proceso de la subcontratación de empresas regionales y/o de prestación de los servicios o suministro de los bienes para Petróleos Mexicanos, así como eficientar las compras y adquisiciones de la empresa y de los contratos con los proveedores, es que surge la materia y motivo del presente exhorto.

En este sentido y para mayor claridad de lo que se propone al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos para que actualice los artículos materia del presente ocurso, se anexa el siguiente cuadro comparativo:

Disposiciones Generales de Contratación para Pemex y sus empresas productivas subsidiarias 2

Por lo anterior expuesto y fundado, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados exhorta al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, a fin de adecuar los artículos 20 y 37  de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias.

Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, para que una vez aprobada la presente Proposición con Punto de Acuerdo, la adecuación de los artículos 20 y 37 de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, se realice en su próxima reunión del Consejo.

Tercero.- La Cámara de Diputados exhorta al Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, para que realice un informe a esta soberanía una vez realizada la adecuación señalada a las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias.

Notas:

1. https://procura.com.mx/

2. http://www.dof.gob.mx/2021/Pemex/DGC2021.pdf.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2022.– Diputado Manuel Rodríguez González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

EXHORTO A LA CONADE, A NO REDUCIR Y REDISEÑAR EL TABULADOR PARA LOS APOYOS ECONÓMICOS MENSUALES DE LOS ATLETAS BECADOS

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conade a no reducir y rediseñar el tabulador para los apoyos económicos mensuales de los atletas becados, a cargo de la diputada Karla Ayala Villalobos, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Karla Ayala Villalobos, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conade no reducir y rediseñar el tabulador para los apoyos económicos mensuales de los atletas becados, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Con el sorteo llevado a cabo el 15 de septiembre del 2021, el presidente de la República mencionó públicamente que se apoyaría a los atletas olímpicos con los recursos que de este se obtuvieron, tres días después, se notifica a los atletas de un recorte en sus apoyos de hasta 65 por ciento.

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) notificó a las y los atletas un recorte al apoyo que perciben mensualmente, por considerar que no tuvieron un buen desempeño en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio.

Las y los atletas olímpicos que no obtuvieron medalla, fueron notificados mediante un oficio el 10 de septiembre de 2021. Así, notificaban a los mismos de la reducción por no cumplir con las metas establecidas, previstas en la carta de “Compromiso de resultados”, que firmaron antes de asistir, esto, como requisito para poder mantener el apoyo económico.

Sin embargo, testimonios anónimos de los mismos deportistas hacen saber que la meta específica convenida fue cumplida, la cual era lograr calificar a los juegos olímpicos, independientemente del resultado que obtuvieran.

Además, de negarles conocer el tabulador mediante el cual se definirá el monto del recorte.

Algunos deportistas, los cuales fueron víctimas del recorte, cuentan con medallas en Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de contar con records nacionales en diversas disciplinas.

Resulta demasiado drástico que, un resultado no favorecedor defina la carrera de nuestros deportistas, al grado de quitarles 65 por ciento de sus ingresos mensuales, ya que, en su mayoría, viven y dependen 100 por ciento de este apoyo. Orillándolos a buscar otra fuente de ingresos, porque nos están demostrando con estas medidas que, deportistas de talla olímpica, no podrán vivir del deporte y disciplina, lo que conlleva a mermar el desarrollo deportivo en México.

Un atleta de tal talla, con un ingreso recortado a 65 por ciento difícilmente podrá prepararse debidamente para una medalla de oro.

Una semana antes del sorteo, se habían recaudado 193.5 millones de pesos, los cuales no se ven reflejados en esta absurda decisión.

Hoy en día, las malas decisiones y el mal manejo de los recursos están castigando al deporte mexicano, llevando a nuestros atletas en tener su mente y tiempo ocupados en saber de dónde tener ingresos para su día a día, ya que con el monto de 6mil a 10mil pesos que se les dará a muchos deportistas, es complicado que ocupen enteramente su tiempo en entrenar, descansar y alimentarse correctamente.

¿Así es como se pretende exigir medallas olímpicas? ¿Con reducciones excesivas en los apoyos económicos?

Desde antes de los Juegos Olímpicos era bien conocido la falta de apoyo a los deportistas en diversos aspectos de su preparación en general como deportistas, ahora, y aunado a estas carencias, se les deja con un ingreso mensual que solo mas preocupaciones les traerán a nuestros atletas.

Por lo que, el presente punto de acuerdo es el medio para exhortar a la Conade revertir la drástica y discrecional reducción de apoyos económicos a las y los atletas, por no ser una decisión atinada en pro del desarrollo del deporte en México.

Hay diferentes maneras de dar solución a la merma deportiva en México, no se debe castigar al deporte de tal manera.

Por lo expuesto es que se somete a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Deporte a no reducir y rediseñar el tabulador para los apoyos económicos mensuales de los atletas becados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de marzo de 2021.– Diputada Karla Ayala Villalobos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

COMISIÓN ESPECIAL PARA REVISAR EL FUNCIONAMIENTO DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se crea la Comisión Especial encargada de revisar el funcionamiento del mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas derivado del preocupante incremento de asesinatos de éstos, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada federal Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestro marco jurídico nacional desde el año 2012, Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, misma que de acuerdo con su artículo primero, establece como objetivo la cooperación interinstitucional de los 2 niveles de gobierno (federal y estatal) para garantizar los derechos de las personas, relativos a la libertad de expresión y periodismo, de conformidad con lo siguiente: 1

“ Artículo 1.- La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en toda la República y tiene por objeto establecer la cooperación entre la federación y las entidades federativas para implementar y operar las medidas de prevención, medidas preventivas y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.”

Asimismo, el párrafo segundo del artículo anteriormente citado establece la creación de un Mecanismo de protección a estas personas: 2

“Artículo 1. ....

Esta ley crea el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.”

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas surge como una garantía de protección a derechos humanos erigida dentro del Estado mexicano para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad, de quienes ejercen el periodismo, la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. 3

A pesar de lo anterior, en México ser periodista se ha vuelto una de las profesiones más peligrosas, ejercerla literalmente puede costarte la vida. De 2000 a la fecha se han documentado 150 asesinatos de periodistas en nuestro país, en posible relación con su labor. 4 Destacando alarmantemente que en el primer mes de 2022 ya se han registrado 7 asesinatos en diferentes entidades federativas.

El primero de ellos fue registrado en la entidad federativa de Veracruz, en donde se reportó el homicidio de José Luis Gamboa, director de un portal de internet, posteriormente se registró en Baja California, en el municipio de Tijuana, el homicidio del fotógrafo Margarito Martínez y la periodista Lourdes Maldonado López, 5 a finales del mes de enero en Michoacán asesinaron a Roberto Toledo, el domingo 6 de febrero se reportó en Tijuana el asesinato de Ernesto Islas Flores y a finales de febrero el periodista Jorge Luis Camero fue asesinado en el estado de Sonora.

7 periodistas asesinados en menos de dos meses es una cifra alarmante y que debe preocuparnos y ocuparnos, es urgente que se revise el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para detectar que está sucediendo con su implementación y sobre todo revisar como está afectado la desaparición del fideicomiso previsto en la ley que tenía como objetivo otorgar recursos para el financiamiento de este mecanismo, pues en 2020 el grupo mayoritario mediante una reforma legal desapareció sin ningún tipo de análisis los fideicomisos previstos en leyes secundarias.

Por ello, la creación de un Comisión Especial para revisar el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es más que necesaria para poder hacer frente a esta crisis de seguridad y brindar apoyo y soluciones a las y los periodistas de nuestro país.

Es importante resaltar que una comisión de esta naturaleza ya cuenta con antecedentes, pues en la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados se creó una Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación para efecto que dar acompañamiento desde el Poder Legislativo a los esfuerzos de las autoridades para hacer frente a las agresiones de periodistas.

Por todo lo anterior, me permito proponer al pleno de la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que, con base en sus atribuciones, establezca la creación de una Comisión Especial para revisar el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, derivado del preocupante incremento de asesinatos de periodistas en nuestro país.

Segundo. La comisión especial se integrará por el número de diputados que así lo determine la Junta de Coordinación Política, observando proporcionalmente la representación de cada uno de los grupos parlamentarios ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Tercero. La comisión especial de la Cámara de Diputados iniciará su vigencia el día de la aprobación por el pleno del acuerdo de su creación y se mantendrá en funciones hasta el término de la legislatura o bien, hasta que sus integrantes determinen que se ha cumplido o agotado su objeto.

Cuarto. La comisión especial de la Cámara de Diputados contará con los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la realización de sus atribuciones que para tal efecto autorice el Comité de Administración con sujeción a la normatividad aplicable de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Notas

1 Cámara de Diputados. Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas . Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPPDDHP_200521.pdf

2 Ídem.

3 https://www.gob.mx/segob/prensa/el-mecanismo-de-proteccion-para-personas-defens oras-de-derechos-humanos-y-periodistas-por-instruccion-presidencial-informa-lo- siguiente#:~: text=informa% 20lo%20siguiente%3A-,El%20Mecanismo%20de%20 Protecci%C3%B3n%20para%20Personas%20Defensoras%20de%20Derechos%20Humanos,la%20d efensa%20de%20los%20derechos

4 https://articulo19.org/periodistasasesinados/

5 CNN en Español. Asesinan a la periodista Lourdes Maldonado en México; es la tercera en dos semanas. Disponible en:

https://cnnespanol.cnn.com/2022/01/24/asesinan-periodista-lourde s-maldonado-mexico-tercera-orix/

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 3 de marzo de 2022.– Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

EXHORTO AL MECANISMO PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS, A PRESENTAR EL INFORME ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN NACIONAL CONTRA DELITOS A PERIODISTAS

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al mecanismo para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas a presentar un informe público especial sobre la situación nacional de delitos contra comunicadores, a cargo de la diputada Sofía Carvajal Isunza, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada Sofia Carvajal Isunza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del honorable Congreso de la Unión el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

En el último han incrementado el número de asesinatos y crímenes cometidos contra periodistas en todo, convirtiendo el ejercicio de su profesión en un riesgo para su integral y sus vidas.

El 10 de febrero del 2022 en el Puerto de Salina Cruz, Oaxaca, asesinaron al periodista Heber López Vásquez, de 39 años, director de la página local RCP Noticias en Oaxaca, dentro de su vivienda.

Un día antes del asesinato de Heber López, en la misma entidad, fue atacado otro periodista, José Ignacio Santiago, el cual mientras recopilaba información para un artículo, fue atacado por un grupo armado. i

En Tijuana, el 17 de enero de 2022, Margarito Martínez Esquivel, fotoperiodista, fue asesinado frente a su casa mientras se encontraba adentro de su coche, cuando se disponía a salir para trabajar. El fiscal de Baja California, Hiram Sánchez, destacó en una rueda de prensa que había sido una agresión directa. ii

Cinco días más tarde, también fue asesinada su colega, Lourdes Maldonado, después de haber dirigido un homenaje a su compañero Margarito Martínez, el 23 de enero del 2022. El crimen se cometió dentro del fraccionamiento donde viva. iii

En el estado de Veracruz, dos días antes del asesinato de Margarito Martínez, fue asesinado José Luis Gamboa Arenas, quien fue atacado a puñaladas en el Puerto de Veracruz, días después de haber realizado una nota en redes sociales sobre temas de inseguridad y protección en Veracruz por el cobro de uso de suelo, señalando a los responsables. iv

Han pasado tres meses de este nuevo año y México ya se ha convertido en el país más letal para las personas periodistas, principalmente en los territorios con crimen organizado, en donde quienes ejercen esta profesión son totalmente vulnerables. Esta situación se agrava, cuando dimensionamos el nivel de impunidad en la persecución de estos delitos.

Desde 2010, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en México, inició 3 mil 419 investigaciones por agresiones a periodistas y comunicadores, y de ellas, en solo 28 se habían logrado sentencias contra los responsables. Menos del 1 por ciento respecto al total de casos.

En 11 años, la FEADLE registró 94 asesinatos de periodistas, y hasta diciembre de 2021 solo tenía el registro de 6 sentencias por el delito de homicidio en contra de informadores, descartando en el 70 por ciento de los casos investigados que existiera vínculo con el trabajo periodístico.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), ubicó en 2021 a México en el sexto puesto de su índice de Impunidad Global de asesinatos contra informadores, solo por debajo de Somalia, Siria, Irak, Sudán del Sur y Afganistán.

La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas prevé, en su artículo 1o., el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a través del cual busca proteger, promover, y garantizar los derechos de los periodistas, dentro de sus obligaciones se encuentra la prevista en la fracción IX del artículo 8 de la ley en comento, la cual mandata que el mecanismo deberá presentar públicamente informes anuales sobre la situación nacional en materia de seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas con datos desagregados y con perspectiva de género. Hasta el momento se encuentra pendiente de publicarse el informe anual del año 2021. Es importante que los datos y cifras que este informe arrojen sean escuchados por los distintos actores políticos, a fin de generar un diálogo circular y fortalecer desde las diferentes trincheras las acciones entorno a este tema y frenar el incremento de delitos y agresiones contra periodistas.

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a presentar un plan emergente con acciones concretas que frenen el incremento de la tendencia de delitos cometidos contra periodistas durante el año en curso.

Notas

i El País. Atacado a balazos un periodista en Oaxaca en México, en cualquier momento te pueden acallar, consultado el 16 de febrero del 2022, obtenido de

https://elpais.com/mexico/2022-01-27/atacado-a-balazos-un-period ista-en-oaxaca-en-mexico-en-cualquier-momento-te-puede-acallar-la-delincuencia- o-la-autoridad.html

ii El País. La despedida feroz al 4-4 de Tijuana, consultado el 16 de febrero del 2022, obtenido de

https://elpais.com/mexico/2022-01-19/la-despedida-feroz-al-4-4-d e-tijuana.html

iii Política Expansión. Periodista Lourdes Maldonado es asesinada en Tijuana, consultado el 16 de febrero del 2022, obtenido de

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/01/24/la-periodista-lo urdes-maldonado-es-asesinada-en-tijuana

iv Infobae. Luis Gamboa, periodista de Veracruz, murió en un hospital tras resultar herido en un presunto asalto, consultado el 16 de febrero del 2022 obtenido de

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/16/jose-luis-gamb oa-periodista-de-veracruz-murio-en-un-hospital-tras-resultar-herido-durante-un- presunto-asalto/

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a 3 de marzo de 2022.– Diputada Sofía Carvajal Isunza (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.