INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 12, numeral 2, del Reglamento de la Contingencia Sanitaria, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 10 de marzo de 2022 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2022.– Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (rúbrica), presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Paulina Rubio Fernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

2. Que reforma los artículos 5o., 8o. y 9o. de la Ley General de Comunicación Social, suscrita por la diputada Paulina Rubio Fernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

3. Que adiciona el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por la diputada Paulina Rubio Fernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

4. Que reforma el artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Dulce María Silva Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen, y a la Comisión de Educación, para opinión.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Capufe, a instalar mesas de diálogo con las y los trabajadores afectados por los recientes despidos masivos, a cargo del diputado Jesús Alberto Velázquez Flores, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa, a que en coordinación con su homóloga de la delegación de Quintana Roo, evalué llevar acabo la posible revocación de la última concesión otorgada a la empresa SAC tun, antes Calizas Industriales del Carmen (Calica), a cargo de la diputada Alma Anahí González Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Administración General de Aduanas, a realizar en el marco de sus facultades, un ajuste en las actuaciones administrativas del personal adscrito a la garita Subteniente López, a cargo de la diputada Alma Anahí González Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ENAPEA, en coordinación con la Secretaría de Salud y de la SEP, a fortalecer las campañas y acciones sobre la prevención del embarazo de niñas y adolescentes, a cargo de la diputada Cristina Amezcua González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Conagua y a diversas autoridades, a desarrollar y difundir programas para enfrentar las sequias, a cargo de la diputada Jesús Alberto Velázquez Flores, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a efecto de coadyuvar a preservar la unidad del acervo artístico de la Asociación Civil Fomento Cultural Citibanamex, a cargo de la diputada Adriana Campos Huirache, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las 32 entidades federativas, a establecer protocolos de seguridad adecuados en los estadios de futbol y a fincar las sanciones conducentes para quienes resulten responsables por las agresiones cometidas en el estadio del Querétaro Fútbol Club, a cargo de la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a hacer públicos los motivos en los que funda la determinación de no aplicar la vacuna contra el Covid-19 a menores de entre 5 y 12 años de edad, a cargo del diputado Shamir Fernández Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Paulina Rubio Fernández e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Paulina Rubio Fernández, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho a la buena administración, conforme a la siguiente

Exposición de motivos

La definición más simple del derecho humano a una buena administración es el “derecho de toda persona a que las instituciones y órganos de las administraciones públicas traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable.” 1

“La preocupación por la buena administración en el campo jurídico, no es ni por mucho, algo que nace en el siglo XX o en lo que va del XXI; sino que hunde sus raíces, como la preocupación misma para el buen ejercicio del poder público, en tiempos anteriores.

Sin embargo, es en los siglos XX y XXI que la buena administración ha de adquirir, en lo jurídico, dimensiones superiores y definitivas, asumiendo un valor de uso que posiciona y sustenta hoy su funcionalidad trascendental para el marco de ordenación jurídica de la administración pública y, con esto, para un importante segmento de las relaciones entre el poder público –organizado y funcional– y los ciudadanos o administrados.” 2

La correcta administración pública tiene un impacto directo en las esfera jurídica y personal del gobernado, la efectividad de las leyes y las políticas públicas debe reflejarse, para bien o para mal, en la vida de todos los ciudadanos.

La buena administración refiere que el ciudadano tendrá acceso a leyes que le permitan acceder al ejercicio de sus derechos, a la impartición pronta y expedita de la justicia y servicios públicos adecuados, todo ello en aras de una sociedad ordenada y pacífica que contribuya al desarrollo integral como persona humana de todos y cada uno de los gobernados.

Otro de los objetivos del derecho a la buena administración, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNODC) 3 es que la rendición de cuentas y la buena gestión de los asuntos y bienes públicos es una medida idónea para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción.

“Cada Estado parte de la UNODC debe establecer el contexto y el marco generales para prevenir la corrupción, tal y como exige la Convención, elaborando y aplicando una estrategia global de lucha contra la corrupción. Ello se logrará mediante la promoción de los principios del estado de derecho, la buena gestión de los bienes y los asuntos públicos, la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas.” 4

“El derecho a la buena administración pública es el resultado del cambio de la visión del servicio público en la sociedad, por cuanto desde hace muchos años se precautelaba el interés particular y con el transcurso del tiempo dicha ideología cambió ajustando la actuación del Estado en beneficio de la comunidad, al promover por parte de la administración la prestación de un servicio objetivo de interés general.” 5

Para Rodríguez-Arana, “en el marco del respeto al ordenamiento jurídico en su conjunto, la administración pública sirve con objetividad al interés general y actúa, especialmente en sus relaciones con los ciudadanos, de acuerdo con los siguientes principios, que son corolarios del derecho fundamental a la buena administración pública:

1. Principio de juridicidad, en cuya virtud toda la actuación administrativa se somete plenamente al ordenamiento jurídico del Estado.

2. Principio de servicio objetivo a los ciudadanos, que se proyecta a todas las actuaciones administrativas y de sus agentes y que se concreta en el profundo respeto a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos.

3. Principio promocional, expresado en la creación de las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sean reales y efectivos, removiendo los obstáculos que impidan su cumplimiento y fomentando igualmente la participación.

4. Principio de racionalidad, que se extiende especialmente a la motivación y argumentación que debe servir de base a la entera actuación administrativa.

5. Principio de igualdad de trato, por el que los ciudadanos que se encuentren en la misma situación serán tratados de manera igual, garantizándose, con expresa motivación en los casos concretos, las razones que puedan aconsejar la diferencia de trato, prohibiéndose expresamente toda discriminación injustificada hacia los ciudadanos.

6. Principio de eficacia, en cuya virtud las actuaciones administrativas se realizarán en el marco de los objetivos establecidos en cada ente público. Especialmente las autoridades buscarán que los procedimientos y las medidas adoptadas logren su finalidad y, para ello, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán el silencio administrativo, las dilaciones y los retardos.

7. Principio de publicidad de las normas, de los procedimientos y del entero quehacer administrativo en el marco del respeto del derecho a la intimidad y de las reservas que por razones acreditadas de confidencialidad o interés general sea pertinente en cada caso, en los procedimientos para el dictado de actos administrativos. En especial, las autoridades darán a conocer a los ciudadanos y a los interesados, de forma sistemática y permanente, aún sin mediar petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones, mediante comunicaciones, notificaciones y publicaciones, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan difundir de forma masiva tal información.

8. Principio de seguridad jurídica, de previsibilidad y certeza normativa, por los cuales la Administración se somete al derecho vigente en cada momento, sin que pueda variar arbitrariamente las normas jurídicas.

9. Principio de proporcionalidad: las decisiones administrativas serán proporcionadas al fin previsto en el Ordenamiento jurídico, se dictarán en un marco de justo equilibrio entre el interés general y el interés particular y se evitará limitar los derechos de los ciudadanos a través de la imposición de cargas o gravámenes irracionales o incoherentes con el objetivo establecido.

10. Principio de ejercicio normativo del poder, en cuya virtud los poderes se ejercerán, única y exclusivamente, para la finalidad prevista en las normas de otorgamiento, evitándose especialmente el abuso de poder, bien sea para objetivos distintos de los establecidos en las disposiciones generales o en contra del interés general.

11. Principio de imparcialidad e independencia: el personal al servicio de la administración pública deberá abstenerse de toda actuación arbitraria o que ocasione trato preferente por cualquier motivo y actuar en función del servicio objetivo al interés general, prohibiéndose la participación de dicho personal en cualquier asunto en el que él mismo, o personas o familiares próximos, tengan cualquier tipo de intereses o pueda existir conflicto de intereses.

12. Principio de relevancia, en cuya virtud las actuaciones administrativas habrán de adoptarse en función de los aspectos más relevantes, sin que sea posible, como fundamento de la decisión que proceda, valorar únicamente aspectos de escasa consideración.

13. Principio de coherencia: las actuaciones administrativas serán congruentes con la práctica y los antecedentes administrativos salvo que por las razones que se expliciten por escrito sea pertinente en algún caso apartarse de ellos.

14. Principio de buena fe, en cuya virtud las autoridades y los particulares presumirán el comportamiento legal de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.

15. Principio de confianza legítima, en cuya virtud la actuación administrativa será respetuosa con las expectativas que razonablemente haya generado la propia administración en el pasado.

16. Principio de asesoramiento: el personal al servicio de la administración pública deberá asesorar a los ciudadanos sobre la forma de presentación de las solicitudes y su tramitación.

17. Principio de responsabilidad, por el que la administración responderá de las lesiones en los bienes o derechos de los ciudadanos ocasionados como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de interés general. Las autoridades y sus agentes asumirán las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Igualmente, la administración pública rendirá cuentas de sus actuaciones y publicará las evaluaciones de sus unidades.

18. Principio de facilitación: los ciudadanos encontrarán siempre en la administración las mayores facilidades para la tramitación de los asuntos que les afecten, especialmente en lo referente a identificar al funcionario responsable, a obtener copia sellada de las solicitudes, a conocer el estado de tramitación, a enviar, si fuera el caso, el procedimiento al órgano competente, a ser oído y a formular alegaciones o a la referencia a los recursos susceptibles de interposición.

19. Principio de celeridad, en cuya virtud las actuaciones administrativas se realizarán optimizando el uso del tiempo, resolviendo los procedimientos en plazo razonable que, en todo caso, no podrá superar los dos meses a contar desde la presentación de la solicitud en cualquier registro público. En especial, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los efectos de que los procedimientos se tramiten con diligencia y sin dilaciones injustificadas.

20. Principio de transparencia y acceso a la información de interés general: el funcionamiento, actuación y estructura de la administración ha de ser accesible a todos los ciudadanos, que pueden conocer la información generada por las administraciones públicas y las instituciones que realicen funciones de interés general.

21. Principio de protección de la intimidad, de forma que el personal al servicio de la administración pública que maneje datos personales respetará la vida privada y la integridad de las personas, prohibiéndose el tratamiento de los datos personales con fines no justificados y su transmisión a personas no autorizadas.

22. Principio de ética, en cuya virtud todo el personal al servicio de la administración pública así como los ciudadanos en general han de actuar con rectitud, lealtad y honestidad.

23. Principio de debido proceso: Las actuaciones administrativas se realizarán de acuerdo con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción.

24. Principio de cooperación: Todos los órganos y entidades administrativos deben prestarse asistencia mutua y respetar el ejercicio de las respectivas competencias. 6

La aplicación de los principios citados tendría que dar como resultado la aplicación de un Estado con una buena administración del quehacer público, y por ende, el ejercicio de éste derecho por parte de todos los ciudadanos.

“La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea recoge en su Capítulo V –relativo a la «ciudadanía» el derecho a una buena administración (artículo 41). De este modo, se introduce en el ordenamiento jurídico europeo, con la categoría de derecho fundamental, un nuevo derecho que hasta entonces solo había tenido un reconocimiento –parcial– en el campo jurisprudencial.” 7

El artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a la letra establece: “Derecho a una buena administración: Toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable. 2. Este derecho incluye en particular: a) el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que la afecte desfavorablemente; b) el derecho de toda persona a acceder al expediente que le concierna, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial; c) la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones. 3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Unión de los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros. Toda persona podrá dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y deberá recibir una contestación en esa misma lengua.” 8

“Ahora bien, no cabe duda de que la buena administración constituye una noción ambigua que incorpora dos realidades o ámbitos distintos. Así por una parte, se encuentra la buena administración como principio de amplio espectro, mas cercano al concepto de buen gobierno o buena gobernanza, y que hace referencia a esos aspectos éticos o deontológicos que deben regir el ejercicio del poder a fin de limitar la discrecionalidad administrativa. Por otra, la buena administración se concreta en un conjunto de derechos subjetivos, con sus respectivas garantías procedimentales, que generan obligaciones específicas para la administración (...)” 9

En México ya existen derechos relacionados íntimamente con el derecho a la buena administración, sin que se encuentre expresamente contemplado en nuestro sistema jurídico, como el propio Estado de Derecho, el debido proceso o varios de los derechos enlistados en el artículo 4o. constitucional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha referido que “en el contexto de la gestión institucional, (pretenden guiar su actuación) a partir de la adopción de lo que hoy, tanto en el ámbito de derechos humanos europeo como en el iberoamericano, se reconoce como el derecho a la buena administración pública, cuya premisa radica en que la organización estatal debe fincar sus propósitos en la persona y dirigir todas sus acciones a la preservación de condiciones mínimas que permitan el reguardo de la dignidad humana como objetivo esencial del Estado. 10

La SCJN considera que los componentes del derecho a la buena administración pública son consonantes y complementan los postulados previstos por el artículo 134 de la Constitución Federal, relacionados con los deberes de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, en el ejercicio del gasto público. 11

Pero el derecho a la buena administración plantea problemas de mayor generalidad o abstracción en su conceptualización, como las ya señaladas y otras mayor concreción:

• Recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación, pudiendo establecerse cartas sobre derechos de los usuarios e índices de calidad.

• Las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa de los gobernados frente a toda resolución que constituya un acto privativo de autoridad. En dichos supuestos, deberán resolver de manera imparcial y equitativa, dentro de un plazo razonable y de conformidad con las formalidades esenciales del procedimiento.En el supuesto anterior, se garantizará el acceso al expediente correspondiente, con respeto a la confidencialidad, reserva y protección de datos personales.

• Reparación de daños por responsabilidad del Estado. 12

Si bien el derecho a la buena administración engloba el ejercicio de varios de los derechos citados y se encuentra estrechamente vinculado al Estado de Derecho, su incorporación de manera expresa a nuestra Carta Magna tiene vital importancia para evidenciar los retos del Estado mexicano en el cumplimiento de sus obligaciones administrativas de cara al respeto de todas las personas en sus derechos fundamentales.

“Como está plasmado en la Constitución de la Capital –Ciudad de México-, la buena administración pública “se trata de un derecho y a la vez de un medio para acceder a otros derechos; si la administración pública no administra bien, muy difícilmente cada uno y cada una de nosotros podremos acceder plenamente a los derechos y libertades garantizados en el régimen jurídico de nuestro país y de nuestra ciudad”, explicó el maestro León Aceves, director general de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México (EAP), al participar en el cuarto seminario del Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE-PIRC).” 13

El apartado A del artículo 7 de la Constitución de la Ciudad de México, establece a la letra:

Ciudad democrática

A. Derecho a la buena administración pública

1. Toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

2. Las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa de los gobernados frente a toda resolución que constituya un acto privativo de autoridad. En dichos supuestos, deberán resolver de manera imparcial y equitativa, dentro de un plazo razonable y de conformidad con las formalidades esenciales del procedimiento.

3. En los supuestos a que se refiere el numeral anterior, se garantizará el acceso al expediente correspondiente, con respeto a la confidencialidad, reserva y protección de datos personales.

4. La ley determinará los casos en los que deba emitirse una carta de derechos de los usuarios y obligaciones de los prestadores de servicios públicos. Las autoridades conformarán un sistema de índices de calidad de los servicios públicos basado en criterios técnicos y acorde a los principios señalados en el primer numeral de este apartado.

Pese a los antecedentes internacionales y domésticos, en la Constitución federal no tenemos de manera expresa este derecho a la buena administración.

Por ello, proponemos adicionar un párrafo al artículo cuarto constitucional, a efecto de establecer expresamente que toda persona tiene derecho a una buena administración, a que las instituciones, órganos y organismos públicos traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable, así como a la reparación por el Estado de los daños causados por sus órganos en el ejercicio de sus funciones.

Para mayor referencia, se compara el texto vigente, con los párrafos que se proponen adicionar:

Por las consideraciones anteriormente expuestas, es que se somete a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona un párrafo décimo noveno al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o.- ...

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Toda persona tiene derecho a contar con los servicios de una administración pública en la que las instituciones, órganos y organismos públicos respondan a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, así como a la reparación por el Estado de los daños causados por sus órganos cuando desarrollen sus funciones de manera irregular.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase:

https://dpej.rae.es/lema/derecho-a-una-buena-administración/ Consultado el 13 de noviembre de 2021.

2 Matilla Correa Andry, “La Buena Administración como principio jurídico: una aproximación conceptual”, Revista Derechos en Acción / ISSN 2525-1678 / e-ISSN 2525-1686 año 4/Número 10. Verano 2018/2019 (21 diciembre a 21 marzo), 110-160, Buenos Aires, Argentina.

3 Primer instrumento jurídicamente vinculante de lucha contra la corrupción. Fue aprobada por la Asamblea General en su resolución 58/4 de 31 de octubre de 2003 y entró en vigor el 14 de diciembre de 2005.

4 Véase:

https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publicat ions/Corrupcion/Guia_tecnica_corrupcion.pdf Consultado el 13 de noviembre de 2021.

5 Argüello Miño Lourdes Verónica, “La configuración jurídica del derecho a la buena administración pública”, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador, 2018.

6 Rodríguez-Arana Jaime “El derecho fundamental a la buena administración y centralidad del ciudadano en el derecho administrativo”, Universidad de A Coruña, España, 2012.

7 Viñuales Ferreiro, Susana. 2015. “El artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: Una visión crítica”. Estudios de Deusto. Revista de Derecho Público 63 (1), 423-35. Véase:

https://doi.org/10.18543/ed-63(1)-2015pp423-435. Consultado el 14 de noviembre de 2021.

8 Véase:

https://fra.europa.eu/es/eu-charter/article/41-derecho-una-buena -administracion Consultado el 13 de noviembre de 2021.

9 Viñuales Ferreiro. Obra citada.

10 Véase:

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigrafi cas/documento/2016-11-04/10112015PL_0.pdf / Página 11. Consultado el 13 de noviembre de 2021.

11 Véase:

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigrafi cas/documento/2016-11-04/10112015PL_0.pdf / Página 12. Consultado el 13 de noviembre de 2021.

12 Véase:

http://administracionpublica.cide.edu/el-derecho-a-la-buena-admi nistracion-en-la-cdmx-una-aproximacion-conceptual/ Consultado el 13 de noviembre de 2021.

13 Véase:

https://www.eap.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/vias-para-hacer-ef ectivo-el-derecho-la-buena-administracion-publica-en-la-cdmx / Consultado el 14 de noviembre de 2021.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.– Diputada Paulina Rubio Fernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

«Iniciativa que reforma los artículos 5o., 8o. y 9o. de la Ley General de Comunicación Social, suscrita por la diputada Paulina Rubio Fernández e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Paulina Rubio Fernández, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, 8 y 9 de la Ley General de Comunicación Social, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

La comunicación es una transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor, pero no se trata de un mero intercambio de información entre agente emisor y receptor, sino flujos de interrelación que se producen entre los distintos elementos de un sistema entorno u otros sistemas o subsistemas. La comunicación humana se da dentro de un contexto social. 1

La comunicación social es mejor entendida a través del conocimiento y la comprensión de una definición de la reciprocidad social y de la definición de comunicación. 2 Se puede definir a la comunicación social como un área de estudios e investigación sobre la comunicación, la información, la expresión, el papel de los medios de comunicación masiva y las industrias culturales.

“Los estudios sobre comunicación social se van a preocupar, en primera instancia, de analizar los sistemas comunicativos que caracterizan una de las principales funciones de los sistemas sociales. En otros términos, los estudios sobre comunicación parten de los siguientes supuestos:

a) La sociedad como un “sistema de sistemas” en el que se realizan diversas funciones interrelacionadas.

b) La comunicación como una de las principales funciones del sistema social.” 3

“La comunicación gubernamental se enmarca dentro de la propia comunicación política y hace referencia al ejercicio que determina la agenda de gestión de instituciones, actitudes y procesos. Esta disciplina deja –o debería dejar- de lado intereses particulares de partidos y personajes políticos para centrarse en la gestión y administración pública. Su objetivo es generar consenso porque sin una aceptación general de los principios no puede hacerse una gestión exitosa. Es necesario llegar a acuerdos políticos centrados en la idea de que, si bien pueden surgir grupos disonantes, las políticas de los gobernantes puedan ser aceptadas por la mayoría de la sociedad. Esta comunicación es estratégica, por tanto, en el ejercicio de la administración y gestión pública.” 4

“(...) la perspectiva que focaliza a la comunicación gubernamental como un esfuerzo de los gobiernos por comunicar y construir consensos en torno de lo que está haciendo, es decir, por dar a conocer y conseguir la aceptación de sus proyectos, sus políticas, sus logros y también sus desaciertos.” 5

La comunicación social gubernamental debe ser lo más objetiva e imparcial posible, pues se trata de información dirigida a la población en su totalidad, con absoluta independencia de sus posturas ideológicas o partidistas, por lo que requiere de consensos, pues de lo contrario su objetivo no será conseguido y se tratará de un fracaso del gobierno en turno.

El artículo 2 de la Ley General de Comunicación Social (LGCS) señala que tiene por objeto establecer las normas a que deberán sujetarse los Entes Públicos a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.

El artículo 4 de la LGCS, refiere que se entiende por “Campañas de Comunicación Social” a aquéllas que difunden el quehacer gubernamental, acciones o logros de gobierno o estimulan acciones de la ciudadanía para acceder a algún beneficio o servicio público.”

Las Campañas de Comunicación Social deben cumplir los principios señalados en la propia Ley, ser objetivas y atender al interés general.

Sin embargo, la actual administración ha tendido a generar una comunicación subjetiva, parcial y en muchos casos falsa, con una fuerte carga ideológica.

Por ideología se entiende al conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político. “Se llama ideología a un conjunto de ideas acerca de la vida social de los hombres, estructurado sistemáticamente en un esfuerzo exclusivamente racional, simplista y maniqueo, que propone a los hombres un proyecto de salvación colectiva y absoluta, a realizarse íntegramente en esta tierra, aquende la muerte”. 6

El 23 de noviembre de 2021, se publicó una columna de Mario Maldonado en el periódico El Universal, titulada “Con Reforma Eléctrica, desbandada de empresas”, 7 la cual refiere posibles escenarios en caso de aprobarse dicha reforma.

En reacción, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) respondió mediante una carta, suscrita por Luis Bravos Navarro, Coordinador de Comunicación Corporativa de la CFE, difundida mediante su cuenta oficial de Twitter, 8 descalificando la opinión del columnista, y refiriendo que “las opiniones más desinformadas –pero viscerales- son las que más daño hacen a los lectores”.

Se trata de una desafortunada respuesta, de carácter ideológico, sin datos válidos o una argumentación sólida, donde con calificativos a la columna periodística referida y a empresas privadas, pretende imponer una visión única de las acciones gubernamentales.

Sin embargo, no se trata de un caso aislado, sino de un uso faccioso y repleto de falacias de la actual administración. En opinión de Rodrigo Pérez Alonso, en Dinero en Imagen, “Notimex ha estado en caída libre desde la llegada de su directora, quien se dedicó a cobrar factura de sus dolencias pasadas, corrió a medio personal y se ha confrontado hasta con aquellos que apoyaban a la 4T, como Carmen Aristegui. Sus comunicados y notas se volvieron cada vez más radicales, sesgados y hasta vengativos, echando por la borda la neutralidad e imparcialidad de una agencia de noticias dependiente del Estado mexicano.” 9

De acuerdo a información de Eduardo J. Ruiz-Healy, en el diario El Economista, “Doscientas setenta y seis cuentas no auténticas o disfrazadas que el gobierno de la 4T usaba tramposamente para apoyar sus programas. Eso es tan reprobable como lo que Andrés Manuel siempre le criticó a los medios: que impedían “que la gente tomara conciencia”. 10

Este uso ideológico de la comunicación social, en omisión de datos fehacientes, se ha visto reforzadas con las conferencias matutinas del presidente López Obrador, como eje central de la estrategia de comunicación del régimen. No sobra decir que en un conteo hasta septiembre de 2021, el presidente López llegó a su Tercer Informe de Gobierno con más 61 mil declaraciones falsas o engañosas en sus conferencias matutinas, según revela un informe distribuido por la consultora política SPIN, 11

Buena parte de la información falsa o mentirosa emitida por el presidente López o su gobierno se excusa en premisas ideológicas que no representan a la mayoría de los mexicanos y que desinforman o engañan, en sentido opuesto a la naturaleza la comunicación social, pues además inventan y ocultan datos oficiales obtenidos metodológicamente.

Por lo anterior, consideramos necesario reforzar los principios rectores establecidos en la Ley General de Comunicación Social, y que los entes opúblicos deben observar obligatoriamente, señalando que esta deberá ser institucional, en virtud de sus fines informativos, educativos o de orientación social y sin sesgos ideológicos, ni juicios de valor o intereses partidistas.

Además, proponemos que las campañas de comunicación social deberán contener información accesible, confiable, veraz y oportuna, basada en datos verificables y actualizados, y que no se podrán difundir campañas de comunicación social, cuyos contenidos tengan por finalidad destacar ideologías de cualquier servidor público, o inciten, de forma directa o indirecta, a información falsa o confusa, a la violencia o a comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico,  induzcan a la confusión con los símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes empleadas por cualquier organización, de naturaleza ideológica.

Para mayor referencia, se compara el texto vigente, con los párrafos que se proponen adicionar:

Por las consideraciones anteriormente expuestas, es que se somete a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se Reforma la Ley General de Comunicación Social

Único. Se reforman los artículos 5, inciso g); 8, fracción VIII, y 9, fracciones I, III y IV, todos de la Ley General de Comunicación Social, para quedar como sigue:

Artículo 5. ...

a) a f) ...

g) La institucionalidad, en virtud de sus fines informativos, educativos o de orientación social, sin sesgos ideológicos, ni juicios de valor o intereses partidistas;

h) a j) ...

...

...

Artículo 8....

I. a VII. ...

VIII. Contener información accesible, confiable, veraz y oportuna, basada en datos verificables y actualizados, y

IX. Otros establecidos en las leyes.

Artículo 9. ...

I. Tengan por finalidad destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces, ideologías o símbolos de cualquier servidor público, con excepción de lo previsto en el artículo 14;

II. ...

III. Inciten, de forma directa o indirecta, a información falsa o confusa, a la violencia o a comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico, y

IV. Induzcan a la confusión con los símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes empleadas por cualquier organización política, ideológica o social.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase:

https://www.um.es/docencia/pguardio/documentos/T1_sis.pdf Consultado el 13 de enero de 2022.

2 Véase:

https://www.losrecursoshumanos.com/comunicacion-social/ Consultado el 13 de enero de 2022.

3 Aguado Terrón, Juan Miguel “Introducción a las Teorías de la Comunicación y la Información”, Departamento de Información y Documentación Facultad de Comunicación y Documentación Universidad de Murcia, España, 2004.

4 Véase:

https://www.nextibs.com/que-comunicacion-gubernamental/ Consultado el 13 de enero de 2022.

5 Véase:

https://www.publicacioncompanam2013.eci.unc.edu.ar/files/compana m/ponencias/Comunicación,%20Pol%C3%ADtica%20y%20Derechos%20Humanos/Comunicacion yPolitica_echevarria.pdf Consultado el 13 de enero de 2022.

6 Massini, Carlos Ignacio, El renacer de las ideologías, Mendoza, Idearium, 1984.

7 Véase:

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/con-refor ma-electrica-desbandada-de-empresas Consultado el 15 de enero de 2022.

8 Véase:

https://twitter.com/CFEmx/status/1464220644615208965 Consultado el 14 de enero de 2022.

9 Véase.

https://www.dineroenimagen.com/rodrigo-perez-alonso/ comunicacion-social-y-la-4t/123733 Consultado el 15 de enero de 2022.

10 Véase:

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Redes-sociales-benditas- pero-manipuladas-por-la-4T-en-Twitter-20211205-0079.html Consultado el 15 de enero de 2022.

11 Véase:

https://www.forbes.com.mx/amlo-mintio-mas-de-61000-veces-en-mana neras-consultora/ Consultado el 15 de enero de 2022.

 Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.– Diputada Paulina Rubio Fernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

REGLAMENTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

«Iniciativa que adiciona el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por la diputada Paulina Rubio Fernández e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Paulina Rubio Fernández, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral al artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

El artículo 135 de la Constitución Política mexicana señala que la propia Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México.

El Congreso de la Unión, o la Comisión Permanente en su caso, hará el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

Lo anterior, en la teoría constitucional, se define como una Constitución Rígida, pues este tipo de “Constitución se distingue algunas veces (no siempre) de otras fuentes del derecho -en particular- de las leyes en virtud de un régimen jurídico especial, de una “fuerza” peculiar, que la pone “por encima” de las leyes (y de cualquier otra fuente). Gozan de un régimen jurídico especial; en este sentido, las constituciones que no pueden ser abrogadas, derogadas o modificadas por las leyes, en las que el procedimiento de revisión constitucional es diverso del -más complejo que el- procedimiento legislativo ordinario.” 1

“La rigidez constitucional es un elemento de que se vale el constituyente para asegurar políticamente el resultado y perdurabilidad de su obra y jurídicamente para establecer la supremacía del texto constitucional sobre otras normas. Estas finalidades se buscan alcanzar estableciendo un procedimiento dificultado para modificar, válidamente (o sea, en perfecta continuidad jurídica) las disposiciones constitucionales. En suma, a través de una herramienta procesal se intenta asegurar la permanencia efectiva de la Constitución.” 2

Así, nuestra Constitución requiere de un porcentaje especial de votación, en este caso, a las dos terceras partes, cuando menos, de los legisladores que se encuentran presentes en el salón de plenos de alguna de las Cámaras del Congreso al momento de realizar una votación.

Sin embargo, este requisito no se establece así para las votaciones en la Comisión de Puntos Constitucionales y aquellas con que tengan turno en comisiones unidas de la Cámara de Diputados.

La importancia de la Constitución señala desde su propia naturaleza este procedimiento especial, donde se incorpora un actor adicional en su reforma, como son las legislaturas de las entidades federativas, además de la votación calificada de ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Por ello, proponemos que la votación en comisiones para reformar la Constitiución, tanto de la Comisión de Puntos Constitucionales, como de aquellas que pudieran tener turno de dictamen en comisiones unidas, sea por mayoría calificada, entendida de conformidad a la fracción XIV del artículo 3 de nuestro Reglamento, como el resultado de la suma de diputadas y diputados o votos que representa, cuando menos, las dos terceras partes de los presentes.

Lo anterior tiene 3 objetivos esenciales:

a) Equiparar la votación en la integridad del procedimiento parlamentario, al voto plenario, establecido en el artículo 135 constitucional, que da un tratamiento especial a las reformas de nuestra Carta Magna, dada su relevancia en el sistema jurídico mexicano, debiendo ser igual en las comisiones que en el pleno.

b) Fomentar el consenso entre las fuerzas políticas representadas, que vayan más allá de la simple mitad más uno de los votantes, sobre todo cuando se trate de reformas con la trascendencia que implica modificar la Constitución, donde se requiera por su importancia un apoyo considerable de los parlamentarios.

c) Descargar la carga de trabajo del pleno, en asuntos que no alcanzan el consenso calificado que requiere una reforma constitucional, y que permita, en consecuencia con el punto anterior, un mayor trabajo de negociación y consensos entre las fuerzas parlamentarias representadas en esta Cámara durante la discusión en comisiones y no de manera ex post.

Por técnica parlamentaria, proponemos adicionar un numeral 2 al artículo 84 de nuestro Reglamento, recorriendo el numeral 2 vigente al numeral 3 del mismo artículo.

Para mayor referencia, se compara el texto vigente, con los párrafos que se proponen adicionar:

Por las consideraciones anteriormente expuestas, es que se somete a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Artículo Único. Se adiciona un numeral 2, recorriendo el numeral 2 vigente a numeral 3, del artículo 84 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 84.

1. ...

2. En el caso de las reformas a la Constitución, la comisión, o comisiones con turno para dictamen, deberá aprobar el dictamen correspondiente por mayoría calificada.

3. La comisión o comisiones que emitan dictamen deberán enviarlo de inmediato a la Mesa Directiva, para los efectos de la programación legislativa.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Guastini Riccardo, (1999) “Sobre el Concepto de Constitución”, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, número 1, Instituto de Investigaciones Jurídicas (UNAM), México.

2 Díaz Ricci Sergio, “Rigidez constitucional, un concepto toral”, Estado Constitucional, derechos humanos, justicia y vida universitaria: estudios en homenaje a Jorge Carpizo / Coord. por Miguel Carbonell Sánchez, Héctor Fix-Zamudio, Luis Raúl González Pérez, Diego Valadés Ríos; Jorge Carpizo MacGregor (hom.), Vol. 4, Tomo 1, 2015, Estado constitucional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.– Diputada Paulina Rubio Fernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Dulce María Silva Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Dulce María Silva Hernández, diputada a la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En nuestro país, así como en el mundo entero, los niveles de inseguridad, violencia y criminalidad afectan a todos los sectores de la sociedad como resultado del alto grado de descomposición social; lo que atenta, principalmente, en contra de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, así como en su calidad de vida y posibilidades de desarrollo.

Los derechos humanos son “el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona”. 1

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señala que son niñas y niños los menores de 12 años, y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menores a 18 años de edad.

Los derechos humanos de dicho grupo etario están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los instrumentos internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre de 2014, la cual reconoce a las personas menores de dieciocho años como titulares de derechos; por lo que, en su artículo 13, de manera enunciativa y no limitativa, señala los siguientes:

• Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;

• Derecho de prioridad;

• Derecho a la identidad;

• Derecho a vivir en familia;

• Derecho a la igualdad sustantiva;

• Derecho a no ser discriminado;

• Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;

• Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;

• Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;

• Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;

• Derecho a la educación;

• Derecho al descanso y al esparcimiento;

• Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura;

• Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;

• Derecho de participación;

• Derecho de asociación y reunión;

• Derecho a la intimidad;

• Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso;

• Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y;

• Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.

A mayor abundamiento, cabe destacar que el Observatorio Nacional Ciudadano informó a través del documento titulado El confinamiento como agravante de la violencia familiar, 2 que las dinámicas del aislamiento y las repercusiones económicas han impactado negativamente el capital humano de la niñez y de las personas adultas mayores. Por lo que respecta a la infancia, factores como la desnutrición durante el embarazo y en las etapas iniciales de la vida, así como los cierres de las escuelas durante la pandemia, potencializaron el deterioro del bienestar infantil en los hogares con ingresos económicos precarios. Por lo que resulta probable que el proceso de escolarización institucionalizada observe quiebres importantes en el mediano y largo plazo, generando desigualdad del capital humano en la población mexicana.

Por otro lado, el reporte de Violencia contra las mujeres: indicadores básicos en tiempos de pandemia(Inmujeres, 2020), señala que en México, durante 2020, había 65.2 millones de mujeres, lo que constituye 65.2 por ciento de la población; de los cuales, 43.4 millones, es decir, cerca de 66 por ciento, experimentaron violencia en alguna etapa de su vida y 28.6 millones vivieron violencia por parte de su pareja.

Entre los tipos de violencia reportados resaltan la psicológica, física y sexual, en tanto que los perpetradores forman parte del núcleo familiar siendo la pareja, hijastro y/o hermanos. En este orden de ideas, se argumenta que cuando hay violencia contra las mujeres en el hogar, también existe violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes, ya que como testigos son víctimas de violencia emocional y también pueden ser víctimas directas de violencia física, psicológica o sexual (UNICEF, 2020).

Seis de cada diez niños, niñas y adolescentes, entre uno y catorce años de edad, han experimentado alguna medida de disciplina violenta en sus hogares, situación que se ha visto agravada por el confinamiento. En este sentido, de acuerdo con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, de abril a mayo se registró un total de 2 mil 215 infantes que viven en situación de violencia.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades educativas, el cuerpo docente, las madres y padres de familia y, en general, toda la comunidad educativa, la escuela tanto pública como privada ha sido rebasada por las secuelas de la pandemia derivada del Covid-19; si antes era complicado atender los problemas de violencia en las escuelas o en el hogar, ahora se torna mayormente complejo, por lo que no podemos negar que existe una deuda social con nuestros niños, niñas y adolescentes, cuyas dimensiones incalculables tenemos que comenzar a saldar.

Las instituciones educativas, de ninguna manera pueden sustraerse de la realidad que permea en todos los ámbitos y, aunque el regreso a clases ha sido a distancia o semipresencial, las diferencias económicas han salido a relucir como nunca antes. Autoridades y docentes, ahora se enfrentan a problemáticas inéditas, cuya solución no es sencilla. Ejemplo de ello, es que los programas y acciones orientadas a la seguridad y prevención de distintos tipos de violencia en las escuelas, deben modificarse para adaptarse a las circunstancias de una nueva normalidad.

En nuestros días, ha cobrado gran relevancia la convivencia armónica, la solidaridad, la inclusión, la tranquilidad y la paz, por lo que la generación y preservación de ambientes no violentos y apegados a principios éticos, resultan fundamentales para la salud física, emocional y psicológica que permita aspirar a una mejor calidad de vida y aprovechar todos y cada uno de los beneficios del desarrollo.

En este sentido, aprender a convivir en armonía en espacios reducidos, y muchas veces, con diversas generaciones, ha sido uno de los grandes retos de esta pandemia y su obligado confinamiento. El regreso paulatino a las aulas obliga a generar nuevas formas de aprendizaje en donde el respeto, el diálogo, el aprecio a las diferencias, la revalorización de la dignidad humana y la resignificación de una cultura para la paz, sean tan importantes como el conocimiento.

Por lo anterior, es que debemos tomar conciencia de que, en este momento, no sólo la escuela es un espacio público, sino que el hogar se ha convertido en un espacio educativo. Es decir, en términos del proceso de enseñanza-aprendizaje, la línea divisoria entre la casa y la escuela, se ha desdibujado casi por completo. Los espacios de convivencia, retroalimentación, socialización y recreación ahora no sólo son físicos, sino también virtuales, los lugares íntimos se han tenido que adaptar para volverse públicos y los públicos operan bajo nuevas reglas y paradigmas.

Para ejemplificar de mejor manera lo antes señalado, es oportuno traer a la memoria un fragmento del artículo publicado en el blog de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) del Banco Interamericano de Desarrollo, en abril de 2020: “Desde el principio de este año, las personas a nivel mundial se retiraron de la vida urbana para tomar distintas medidas de aislamiento físico, la cuales se consideran hasta el momento como la mejor forma de evitar la propagación de la pandemia mundial Covid-19. Estas medidas pasaron desde restricciones ligadas con la movilidad, hasta lockdowns parciales o totales de ciudades. Un dato: solamente durante el mes de abril 2020, 20 por ciento de la población mundial está bajo lockdowntotal. Mientras tanto, los espacios públicos del planeta se encuentran despoblados, recordando a ciudades fantasmas. Como “sustitutos digitales”, surgen cada día más plataformas que permiten visitar parques, bibliotecas, museos y otros espacios comunes del mundo en formato virtual desde la casa”. 3

En este mismo sentido, y de acuerdo a ONU Hábitat, no podemos pasar por alto que “La pandemia ha demostrado cuán desigualmente se distribuye el espacio público en muchas ciudades, especialmente en barrios pobres, donde hay pocos espacios compartidos, como espacios verdes, parques o parques infantiles. Estos son importantes para contribuir a reducir los niveles de estrés, mejorar la salud mental y el bienestar y contribuir al desarrollo de los niños [...] El diseño, los materiales utilizados y la gestión y mantenimiento del espacio público es clave para combatir la propagación del Covid-19. El espacio público debe diseñarse para permitir el distanciamiento físico y los administradores del espacio público deben asegurarse de que se puedan limpiar con frecuencia y en profundidad, incluidas las superficies de alto contacto, como puertas, manijas y muebles”. 4

Parafraseando a Mario Luis Fuentes, estamos en condiciones de afirmar que los espacios públicos y privados durante la pandemia, se volvieron para muchos niños, niñas y adolescentes territorios hostiles e inhabitables, por lo tanto, debemos aceptar que las necesidades y concepciones educativas cambiaron, y seguirán transformándose de forma inédita. De ahí que es necesario actualizar la norma jurídica, en tanto que ésta, tiene como una de sus mejores características ser orientadora de conductas, por lo que es una herramienta adecuada para enfrentar la pandemia y prepararnos para el futuro.

En tal virtud, la Cámara de Diputados, la casa del pueblo, no puede mantenerse alejada de la realidad que viven las niñas, niños y adolescentes, quienes también son nuestros representados.

La iniciativa que se presenta propone actualizar el texto normativo a fin de asegurar a las niñas, niños y adolescentes la posibilidad de una convivencia escolar armónica y la generación de mecanismos para la discusión, debate y resolución pacífica de conflictos dentro y fuera de la escuela a fin de fomentar la co-creación de espacios incluyentes, libres de violencia y discriminación, respetuosos de las diferencias y solidarios que propicien una cultura basada en el respeto a la dignidad de las personas y los derechos humanos con el objetivo de vivir en paz.

Dicho de otra manera, se propone armonizar la ley con algunos de los principios básicos establecidos en la Ley General de Educación, así como reformarla con una nueva visión y desde una perspectiva de presente y futuro, en donde se asume que la escuela, la casa y los espacios públicos, ya no son lo que fueron, y tal vez, nunca volverán a serlo; no obstante, pueden ser propicios para las nuevas generaciones si las ayudamos a adaptarse, a ser resilientes y a construir de forma colectiva una nueva cultura que les permita vivir en paz.

Finalmente, es de mencionar que la presente iniciativa se encuentra alineada al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), el cual establece a la letra que, “Todos los individuos son poseedores y generadores de cultura. En rigor, el adjetivo “inculto”, particularmente cuando se le utiliza en término peyorativo, denota una condición imposible: los humanos viven en sistemas culturales que van desde el lenguaje hasta las celebraciones y conmemoraciones, desde los patrones de comportamiento hasta la alimentación, desde el universo simbólico que cada persona construye hasta el disfrute y consumo de productos tradicionalmente denominados culturales, como la música, las artes plásticas, las letras y las artes escénicas”. “Desde esta perspectiva, nadie debe ser excluido a las actividades y los circuitos de la cultura, los cuales representan, en la actual circunstancia, factores de paz, cohesión social, convivencia y espiritualidad”. 5

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) señala que “la inseguridad, la delincuencia y la violencia tienen un costo inaceptable en vidas humanas y bienes materiales, cohesión social y gobernabilidad, inhiben el crecimiento económico y debilitan la confianza de la población en su país, su estado, su municipio y su barrio”. Por lo que es menester aplicar un nuevo paradigma en materia de paz y seguridad, en aras de restarle base social a la criminalidad mediante la incorporación masiva de jóvenes al estudio y al trabajo para apartarlos de conductas antisociales.

Para ilustrar de mejor manera la modificación planteada, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Único. Se reforma la fracción X del artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 57. ...

...

...

I. a IX. ...

X. Fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de mecanismos para la discusión, debate y resolución pacífica de conflictos dentro y fuera de la escuela, a fin de fomentar la co-creación de espacios incluyentes, libres de violencia y discriminación, respetuosos de las diferencias y solidarios que propicien una cultura basada en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos con el objetivo de vivir en paz;

XI. a XXII. ...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los congresos de las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días, contados a partir de la publicación del presente decreto, para realizar las adecuaciones normativas correspondientes, de conformidad con lo previsto en el mismo.

Notas

1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿Qué son los derechos humanos?, ¿Qué son los derechos humanos? | Comisión Nacional de los Derechos Humanos - México (cndh.org.mx)

2 Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad, “El confinamiento como agravante de la violencia familiar” ViolenciaFamiliar.pdf (onc.org.mx)

3 https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/publico-comun-tiempos-aislamient o-fisico-distanciamiento-social-covid19-coronavirus-placemaking-ciudades-comune s/

4 https://onuhabitat.org.mx/index.php/espacio-publico-y-covid-19

5 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha= 12/07/2019

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de febrero de 2022.– Diputadas Dulce María Silva Hernández, María Bertha Espinoza Segura (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen, y a la Comisión de Educación, para opinión.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

EXHORTO A CAPUFE, A INSTALAR MESAS DE DIÁLOGO CON TRABAJADORES AFECTADOS POR LOS RECIENTES DESPIDOS MASIVOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a Capufe a instalar mesas de diálogo con los trabajadores afectados por los recientes despidos masivos, a cargo del diputado Jesús Alberto Velázquez Flores, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Jesús Alberto Velázquez Flores, diputado de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante de Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para la realización de otros derechos humanos, por medio de éste se busca asegurar las necesidades básicas e incluso alcanzar una mejor calidad de vida, constituye una parte inseparable e inherente de la realización humana. 1

El Estado mexicano debe ser un estado garante de la protección de este derecho humano para todas y todos los mexicanos, tienen su origen como derechos sociales en la Constitución mexicana de 1917, están contenidos y tutelados en los artículos 5o. y 123 de nuestra Carta Magna.

El 23 de diciembre de 2021, mediante el oficio circular número DG/509/2021, dirigido a todo el personal de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), la directora general, maestra Elsa Julita Veites Arévalo, hizo referencia al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de abril de 2021, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de distintas leyes en materia laboral, quedando prohibida la subcontratación de personal, lo que se conoce como outsourcing.

En dicha circular, la titular de éste organismo público descentralizado, se comprometió a salvaguardar los intereses de todas y todos los trabajadores que conforman Capufe en la modalidad de outsourcing, a través del pago de los finiquitos y/o liquidaciones, así como de la nueva contratación directamente con Capufe a partir del primer día de enero de 2022, y con apego a las leyes laborales vigentes.

Sin embargo, en enero les fue presentado un contrato temporal con una vigencia de un mes, con un salario más reducido, sin prestaciones como el seguro médico y por supuesto, donde no se respetaban las antigüedades de las y los trabajadores; antigüedades que van desde los 5, 10 años y hasta 20 años de servicio. Una vez que concluyó este contrato en comento, es decir, el 1 de febrero de 2022, al presentarse a sus laborales ya no les fue permitido el acceso a sus puestos de operación.

¿Qué va a pasar con las familias de las y los trabajadores que perdieron su empleo y por ende su seguridad social?

Los derechos humanos laborales se encuentran íntimamente ligados a la seguridad social, al derecho a la permanencia en un empleo, al derecho a ser indemnizado en caso de despido sin justa o legal causa, a un salario, a una vivienda, a una jornada máxima laboral, a la seguridad social, al reparto de utilidades, el derecho a la asociación profesional, entre otros, y hoy en México a 2 mil 500 trabajadores se les está violando este derecho.

Cabe destacar que quince trabajadores veracruzanos ya se han amparado y hoy están en espera de una respuesta por parte de la justicia federal. Así como ellos, alrededor de 2 mil 500 trabajadores de las 42 autopistas y 32 puentes que son operadas por Capufe en las 24 entidades de nuestro país, esperan una solución a su problemática.

En esta tesitura, y dada la naturaleza e importancia del presente asunto, realizamos la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Dirección General del Organismo Público Descentralizado Capufe, para que se instalen mesas de diálogo con las y los trabajadores afectados por los despidos masivos de las 42 autopistas y 32 puentes que son operadas por Capufe, en las 24 entidades de nuestro país, a fin de encontrar una solución a su problemática.

Nota

1 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No 18, el Derecho al Trabajo, aprobada el 24 de noviembre. Ginebra, Naciones Unidas, 2005. Disponible en:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/ treatybodyexternal/Download. aspx?symbolno=E%2fC.12%2 fGC%- 2f18&Lang=en Fecha de consulta: julio de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de febrero de 2022.– Diputado Jesús Alberto Velázquez Flores (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

SE EVALÚE LLEVAR A CABO LA POSIBLE REVOCACIÓN DE LA ÚLTIMA CONCESIÓN OTORGADA A LA EMPRESA SAC TUN, ANTES CALIZAS INDUSTRIALES DEL CARMEN (CALICA)

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Profepa a evaluar con su homóloga de QR la revocación de la última concesión otorgada a la empresa SAC Tun, antes Calizas Industriales del Carmen, a cargo de la diputada Alma Anahí González Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Alma Anahí González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de  la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Quintana Roo, un Estado ícono del turismo en nuestro país, puerta al Gran Caribe que, por ubicación y naturaleza, destacan en nuestra orografía: manglares, selvas, cenotes, ríos subterráneos, lagunas, hermosas playas y el característico mar turquesa, galardonados en el mundo.

En función de la conservación ambiental descrita, resulta fundamental revisar y derivar las operaciones de la empresa Sac-Tun, antes conocida como Calizas Industriales del Carmen (Calica) hacia otro fin productivo, que ayude a preservar la naturaleza del lugar que han puesto en riesgo tras la tremenda devastación por explotación de sascab que realizan.

Las operaciones de esta empresa consisten en la explotación de yacimientos de materiales pétreos de tipo calcáreo, a fin de producir piedra caliza triturada para su exportación vía marítima.

Desde 1986 iniciaron las actividades de Calica en la de zona Playa del Carmen, con la autorización de las autoridades federales, estatales y municipales conforme a sus atribuciones legales de aquel entonces. La renovación del permiso de extracción de caliza en Playa del Carmen se otorgó en el año 2000, el último día del gobierno de Ernesto Zedillo. Y en 2015 a través de la Cuarta Modificación del Título de Concesión, publicada en el Diario Oficial de la Federación, se otorgó una más, a favor de la empresa Calica para poder  continuar con la explotación del terreno hasta el 2037.

A un ritmo de explotación de cerca de 6 millones de toneladas de piedra caliza que exporta Sac Tun (antes Calica) anualmente hacia los Estados Unidos, se han causado daños irreparables a la flora, provocando el desplazamiento de toda la fauna del lugar, una atrocidad sin precedentes por la voraz extracción del sascab que se hace mediante detonaciones en zonas vírgenes de la selva de nuestro Estado, trastocando el manto freático, sin que ninguna autoridad en la materia  pudiera poner un alto a la actividad que realiza la empresa en mención.

Y qué decir del daño a los vestigios arqueológicos que han aparecido por toda la zona de la Riviera Maya y que son patrimonio invaluable de la humanidad.

Sac Tun, conocida empresa estadounidense ha sido señalada por sobreexplotar los bancos de material pétreo, incluso, en 2018 la Procuraduría Federal de Protección al  Ambiente (Profepa), dio a conocer que la empresa rebasó la superficie de explotación autorizada que es de 7 hectáreas anuales, lo cual da un total de 140 al año 2020, y se constató que la superficie excedente es por 2.15 hectáreas, es decir, a la fecha de la visita complementaria, tiene una superficie de 142.15 hectáreas, por lo cual agotó la superficie de explotación, esto solo en una parte de los predios sometidos a la extracción. De modo que, fueron clausuradas de manera parcial temporal las actividades de explotación del proyecto “Aprovechamiento de roca caliza por debajo del manto freático” de la empresa Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V., en los predios El Corchalito y La Adelita, en Solidaridad, Quintana Roo 1.

A cuatro años de esa clausura parcial, la empresa Sac Tun, antes Calizas Industriales del Carmen (Calica), continúa la extracción de material pétreo, por lo que el Ejecutivo Federal informó en días pasados que ya no tenían permiso.

Ambientalistas independientes han documentado la gran devastación causada por la intensa actividad minera, como se puede ver en el video denominado “Trailer Erosión Documental” en YouTube 2.

Son más de mil hectáreas explotadas a través de cuatro concesiones en distintos  momentos: son tres predios, y para mayor entendimiento, de la extensión y afectación de los terrenos por la devastación de dicha área, se pueden apreciar en las siguientes imágenes satelitales de Google Earth, que nos compartió la ambientalista Araceli Domínguez, presidenta del Grupo Ecologista del Mayab (Gema)

Se trata de una explotación que lleva más de 30 años, en la que, a través de los gráficos, se nos permite observar la alteración del paisaje natural y la fragmentación de los ecosistemas únicos en el mundo que se encuentran en nuestro paradisiaco destino turístico de Quintana Roo.

Numerosas son las expresiones de ambientalistas que desde hace varios años piden el cese de los trabajos de explotación del suelo; se ha sustentado que la flora y la fauna afectadas por la extracción del material jamás se recuperarán debido a que como se aprecia en las ortofotografías destruyen toda la capa vegetal.

De acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4, que a la letra establece que: Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Es por lo anterior descrito que el Estado mexicano se encuentra en todo su derecho de velar por que, en nuestro territorio, se haga cumplir la normatividad ambiental para goce y disfrute de la riqueza natural con que cuenta México.

Al valorar la biodiversidad característica del Estado de Quintana Roo, resulta imperante detener su destrucción. Es urgente analizar los permisos para ver hasta qué punto es aceptable que sigan explotando sus recursos naturales de la forma en que lo hace Calica, ahora bajo el nombre Sac-Tun, hoy somos conscientes de que afectan al destino turístico, las bellezas naturales e incluso la vida marina en el litoral.

Por lo anteriormente expuesto, solicito se someta a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que en coordinación con su homóloga de la delegación de Quintana Roo, se evalué llevar acabo la posible revocación de la última concesión otorgada a la empresa Sac Tun, antes Calizas Industriales del Carmen (Calica), de acuerdo con las condicionantes establecidas en la autorización, lo anterior con el fin de detener la depredación ambiental que se encuentra ocasionando, en la zona de Playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad, en Quintana Roo.

Notas:

1. https://www.gob.mx/profepa/prensa/clausura-profepa-banco-de-mate-riales-propied ad-de-calizas-industriales-del-carmen-s-a-de-c-v-en-solidaridad-quintana-roo

2. https://www.youtube.com/watch?v=oq6d4j3o8CI

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 15 de febrero de 2022.– Diputada Alma Anahí González Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

EXHORTO A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ADUANAS, A REALIZAR UN AJUSTE EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL ADSCRITO A LA GARITA SUBTENIENTE LÓPEZ

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Administración General de Aduanas a ajustar las actuaciones administrativas del personal adscrito a la garita Subteniente López, a cargo de la diputada Alma Anahí González Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Alma Anahí González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Gobierno de Belice hasta el 31 de enero del 2022, tuvo cerradas sus fronteras terrestres y puertos marítimos, situación que de forma representativa afectó las relaciones comerciales, deportivas y sociales que históricamente tenemos los habitantes de la región sur de Quintana Roo con ese país centroamericano, especialmente Chetumal.

Previo a la pandemia y gracias al constante esfuerzo por mejorar los servicios comerciales de lado mexicano, de acuerdo a información oficial del INM se registraron  poco más de 500,000 cruces fronterizos en 2019, cifra que anualmente venía en ascenso; esto permitía a Chetumal generar un ingreso aproximado de 350 millones de pesos anuales, en empresas generadoras de empleo, tanto departamentales como pymes y familiares de diversos giros, incluyendo empresas locales de hoteles y restaurantes, servicios médicos, talleres automotrices, etc.

En fecha reciente el Gobierno de Belice anunció la reapertura de la frontera, la cual desde el día 7 de febrero del presente año ya permite en horario de 6: 00 am a 10: 00 pm el cruce fronterizo a México (Chetumal). Desde el primer día se mostró un ánimo muy importante de recuperación al punto de 384 cruces en el primer día, lo que puede equivaler a más de 10 mil cruces durante el mes de febrero, para un impacto económico de 7.7 millones de pesos en beneficio de la economía local.

Diversas son las manifestaciones expresadas por parte de pequeños y grandes  empresarios, y entre ellos el del presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chetumal quien, en representación de este importante gremio, demanda la intervención de la autoridad competente ante un cúmulo de irregularidades que afectan a aquella región fronteriza del país.

La economía local de la frontera sur de nuestro país, de por si lastimada tras dos años del cierre de fronteras, a causa de la pandemia por el virus covid-19, está luchando  por su propia resiliencia, apoyemos a la comunidad chetumaleña.

La problemática compartida por el Consejo Coordinador Empresarial de Chetumal y diversos comerciantes de la región versan en los siguientes asuntos:

1. El instituto nacional de Migración acorde a sus facultades en frontera, expide gratuitamente las Tarjetas de Visitante Regional (TVR) que permiten a los beliceños la posibilidad de permanecer en México hasta 7 días. Sin embargo, éste servicio no está funcionando, lo cual genera una afectación directa a la dinámica fronteriza pues Belice solo permite la salida con pasaporte o con la TVR vigente. El servicio en su mejor momento ofrecía hasta 50 TVR diarias, situación que era insuficiente y ahora sin las TVR, se presenta evidente reducción de cruces diarios. Las TVR representan el 45% de los cruces.

2. La Aduana Mexicana de Subteniente López no está siendo facilitadora del retorno de  los beliceños a su país, pues los detienen para revisarlos al salir del país, y en caso de haber hecho compras legales en tiendas de Chetumal de manera incorrecta los obligan a tramitar pedimentos de exportación cuando las  leyes en la materia permiten compras hasta por 1,000 dólares con artículos lícitos de consumo personal, este costo solo debe aplicar para operaciones de exportación y no para comercio fronterizo entre comunidades vecinas. Los artículos pueden ir desde ropa, calzado, ferreterías, mantenimiento del hogar, autopartes, equipos de cómputo, electrodomésticos, etc. mismos que por su poder adquisitivo los beliceños encuentran mejores opciones del lado mexicano. Cabe mencionar que esto se ha hecho de conocimiento al administrador de la aduana local y han hecho caso omiso de las sugerencias, situación que ha sido corroborada incluso por funcionarios de alto nivel de Belice.

El comercio internacional con Belice es de suma importancia para México, por lo que su operatividad es fundamental para generar economías 1, desarrollo económico, social, deportivo, cultural y tecnológico en la frontera sur. Son más de 41 años de relación bilateral amistosa, de cooperación sin graves problemas fronterizos, viendo  hacia adelante, hay que fomentarla para bien de ambos países.

Por lo que resulta necesario que las autoridades aduaneras vigilen la actuación de los funcionarios en la garita Subteniente López, ya que el trato que se dé a los beliceños, se reflejará en un menor o mayor número de cruces diarios que en consecuencia se verían reflejado en la derrama económica del lado mexicano (Chetumal principalmente).

Por otro lado, es imperante hacer un llamado a las autoridades migratorias a fin de que se restablezca el servicio de emisión de las TVR, para beneficio de las operaciones de  comercio que se desarrollan con los visitantes beliceños.

Por lo anteriormente expuesto, es que se somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con pleno respeto a la división de Poderes de la Unión, exhorta al Titular del Instituto Nacional de Migración, a subsanar la carencia de Tarjetas de Visitante Regional (TVR) y procurar incrementar, la entrega de las TVR en la frontera de Chetumal con Belice.

Segundo. La H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al Titular de la Administración General de Aduanas, para que realice en el  marco de sus facultades, un ajuste en las actuaciones administrativas del personal adscrito a la garita Subteniente López, dado que no facilita el retorno de los beliceños    a su país, pues de manera incorrecta, detienen a los visitantes para revisarlos y en caso de haber hecho compras legales en tiendas de Chetumal, los obligan a tramitar pedimentos de exportación, cuando las leyes en la materia, permiten compras hasta por mil dólares de artículos lícitos de consumo personal.

Nota

1. https://fundacioncibei.org/la-importancia-del-comercio-internacional-una-breve- referencia-descriptiva/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 15 de febrero de 2022.– Diputada Alma Anahí González Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

FORTALECIMIENTO DE LAS CAMPAÑAS Y ACCIONES SOBRE LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO DE NIÑAS Y ADOLESCENTES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Enapea a fortalecer con la Ssa y la SEP las campañas y acciones preventivas del embarazo de niñas y adolescentes, a cargo de la diputada Cristina Amezcua González, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Cristina Amezcua González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los embarazos infantiles y adolescentes son un problema de salud pública que conlleva graves repercusiones médicas, psicológicas, sociales y económicas para las jóvenes embarazadas. Dada la extensión de este tema, se tiene que enfocar en el limitado éxito en la disminución de embarazos adolescentes y los alarmantes números de embarazo infantil, alguno de los motivos la falta de acceso a información y servicios en salud sexual y reproductiva, y campañas más acertadas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), México tiene la tasa de natalidad adolescente más alta entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con aproximadamente 77 nacimientos por cada mil adolescentes entre 15 y 19 (Inegi, 2021).

La mayoría de los embarazos infantiles y adolescentes son producto de la falta de educación sobre temas de salud sexual y responsabilidad sexual. Otro tanto de ellos es causado por abusos sexuales hacia las niñas y jóvenes. Debido a la falta de información y servicios sobre salud sexual y reproductiva en México, ha habido un éxito limitado en la reducción de la tasa de embarazos infantiles y adolescentes.

Existen muchos desafíos que el embarazo infantil adolescente causa a las madres. Algunos de ellos son el abandono de la escuela, problemas de salud mental, oportunidades laborales limitadas e incluso la muerte, por lo que el tema no debe tomarse a la ligera. Sumado a esto, el bebé puede sufrir de desnutrición, partos prematuros, trastornos del desarrollo, malformaciones y 50 por ciento más de probabilidad de morir en las primeras semanas de vida, esto hace que los embarazos en adolescentes no solo cambian a los que se enfrenta la madre sino también su niño, familia y contexto.

Su importancia dentro de la agenda nacional e internacional es tanta que es el tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, que busca garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la planificación familiar, la información y la educación, y la integración de la salud reproductiva.

Según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el periodo entre los 10 y 19 años de edad. Dicho esto, es evidente que viven constantemente cambios mismos que forman su personalidad y autoestima y con ellos nacen los planes de vida, mismos que muchas veces se ven truncados ante un embarazo no planeado. El marcador universal de su inicio, la pubertad, produce una metamorfosis somática, hormonal y psíquica de todo el organismo y anuncia la llegada de madurez sexual. Esta última se manifiesta en mujeres con la primera menstruación, generalmente entre los 12 y 13 años, y en hombres con las primeras eyaculaciones alrededor de los 13 o 14 años.

Según la Coalición Internacional para la Salud de las Mujeres, falta evidencia de lo que las adolescentes saben, sienten, creen y hacen (o lo que se les hace) respecto a sus cuerpos y los intereses sexuales emergentes. La investigación sobre actitudes y comportamientos sexuales es muy delicada e incluso tabú en algunos países y, a menudo, las madres y los padres, los maestros, los encargados de formular políticas, los proveedores de atención médica y otros guardianes de la sociedad se oponen a tales investigaciones y la creación de políticas y campañas más acertadas. Es necesario en beneficio de los adolescentes arrancar las etiquetas y tabúes en torno a este tema.

Es importante porque la falta de información sexual no está permitiendo que la sociedad normalice este tema y, por lo tanto, los adolescentes no se sienten lo suficientemente cómodos o incluso conscientes de que estos servicios existen y están disponibles para la población.

La limitada comprensión de lo que les sucede a sus cuerpos y mentes en los adolescentes les afecta directamente al no saber cómo llevar una vida sexual saludable. Además, lo primero no solo limita su comprensión sobre la salud sexual y el acceso a los servicios, sino que se suma a la creencia general de que todo lo relacionado con la sexualidad no debe abordarse en torno a los adolescentes. La consecuencia es que la mayoría de los adolescentes tienen que resolver sus dudas con otros adolescentes o con la experiencia personal, lo que hace más probable que inicien su vida sexual sin una información adecuada y un acceso adecuado a los servicios de salud sexual.

Ante toda esta situación, el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer señala en el informe Niñas madres. Embarazo y maternidad infantil forzada en América Latina y el Caribe que ser madre es hacer un contrato de por vida tanto con la propia como con la del bebé pues comienza la responsabilidad y obligación criar a otro ser humano, responsabilidades que una menor de edad no puede asumir puesto que ella misma sigue en desarrollo. Por lo que es necesario actuar de forma inmediata.

En México, las mujeres comienzan a tener relaciones sexuales a los 14 años y los hombres a los 12 años en zonas urbanas. Sin embargo, en zonas del interior de la república la edad baja hasta los 12 años en las mujeres. Según datos del Inegi, cada año ocurren 366 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años. Cinco de cada 10 adolescentes, que fueron encuestadas al estar embarazadas, manifestaron que no deseaban estarlo (Inegi. Enadid, 2018). También, es importante recalcar que una niña embarazada tiene un mayor riesgo de muerte materna y su embarazo es considerado siempre de alto riesgo. Por ello se ha buscado que la maternidad sea algo deseado e informado, no obligado.

El Inegi, en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, demostró que los embarazos infantiles y adolescentes no siempre son producto de una relación consentida entre pares, sino de niñas y adolescentes que fueron obligadas por adultos a tener relaciones sexuales mediante el uso de la fuerza física o moral, en muchas ocasiones, muchas de ellas no saben lo que les están haciendo por la falta del conocimiento sobre el tema.

Con el paso de los años se ha intentado brindar una mayor y mejor educación sexual a los adolescentes que viven en México. En especial en Coahuila que siempre ha estado por encima del promedio nacional en el número de embarazos adolescentes, y esto se debe en parte a que este estado tiene falta de acceso a la información. Y, el problema no ha sido resuelto. Los embarazos en adolescentes entre 10 y 19 años se siguen dando en Coahuila esto se debe a la falta de acceso a los servicios de salud sexual ya que no están viendo satisfechas sus necesidades.

Ante la preocupación sobre el tema, en 2014 se creó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enpea), que tiene como objetivo reducir el número de embarazos en adolescentes, con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, los resultados esperados distan de la realidad.

En 2018 se reportó que, del total de egresos hospitalarios de niñas de 10 a 14 años, 12.6 por ciento se debió a causas relacionadas con la maternidad. En México se registran 373 mil 661 nacimientos de madres adolescentes al año: mil por día. De esos nacimientos, 8 mil 876 las madres son menores de 14 años (Conapo, 2021; Brito, O. [2021]. “Tasas de embarazo infantil y adolescente en México, similares a África”: Conapo, https://www.milenio.com/politica/tasas-embarazo-infantil-adolescente-mexico-sim ilares-africa).

Se estima que esta cifra se eleve al término de la pandemia pues al estar encerradas en 4 paredes las niñas y adolescentes comienzan a experimentar con otras personas sin tener consentimiento, y en casos más graves, sufren de violencia sexual en repetidas ocasiones lo que concluye en un embarazo no deseado.

Es necesario reconocer los esfuerzos hechos por los gobiernos federal y estatales para prevenir los embarazos de niñas y adolescentes, sin embargo, no son suficientes o eficaces para reducir su número, no existe una atención integral para prevenir, atender y erradicar el embarazo infantil, además de que no se contempla una perspectiva de género ni de derechos humanos cuando se aborda este tema.

Por ejemplo, durante el Día Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente 2020 en línea. A pesar de la participación de miles de estudiantes. De acuerdo con las cifras más actualizadas del Inegi, México alberga a 1 millón 850 mil 099 de adolescentes, sólo tuvo una participación de 119 mil 115 adolescentes, demostrando la preocupante falta de participación en las campañas de toma de conciencia.

Es necesario reforzar los lazos de comunicación entre la Enapea y las Secretarías de Salud y, y de educación de cada entidad para crear un plan y una campaña para educar a las niñas y adolescentes mexicanas sobre lo que es tener relaciones sexuales, cuando son consensuadas y cuando no y cómo cuidarse utilizando métodos anticonceptivos de manera correcta y responsable.

Es necesaria la creación de políticas públicas efectivas que aborden el problema de raíz. Es decir, que no hace falta que haya algún intermediario entre los adolescentes y estos servicios. No podemos olvidar que, si México anunció a nivel nacional e internacional su compromiso con la reducción del número de embarazos infantiles y adolescentes, y se sigue posicionando como el país con mayor número de embarazos adolescentes entre los miembros de la OCDE, aún queda un largo camino por recorrer.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes a fortalecer las campañas y acciones sobre la prevención del embarazo de niñas y adolescentes en coordinación con las Secretarías de Salud, y de Educación.

Palacio Legislativo San Lázaro, a 10 de marzo de 2022.– Diputada Cristina Amezcua González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adoles-cencia, para dictamen.

EXHORTO A LA SEMARNAT, A LA CONAGUA Y A DIVERSAS AUTORIDADES, A DESARROLLAR Y DIFUNDIR PROGRAMAS PARA ENFRENTAR LAS SEQUÍAS

«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat, la Conagua y diversas autoridades a desarrollar y difundir programas para enfrentar las sequias, a cargo de la diputada Jesús Alberto Velázquez Flores, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Jesús Alberto Velázquez Flores, diputado a la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1 y 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las sequías son fenómenos ambientales producto de la escasez pluvial que actualmente se incrementan como consecuencia del fenómeno climático natural conocido como La Niña. De acuerdo con proyecciones realizadas por el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 1 podríamos padecer sequías en varias regiones del país entre los meses de enero y mayo de éste año 2022. 2

Aunado a ello, una serie de fenómenos socioculturales, de orden ideológico y operativo han intensificado y producido la escasez de agua que actualmente se vive, sobre todo en las grandes ciudades, me refiero a la poca concientización del buen uso del agua.

Actualmente, al menos 56.31 por ciento del territorio nacional presenta algún nivel de sequía, lo que afecta a mil 196 municipios, de acuerdo con el monitor de sequías de México de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el que se observa en la última actualización, que 14 entidades tienen más de 58 por ciento con daños.

En las últimas semanas, autoridades de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, se han manifestado y han alertado sobre los bajos niveles de agua en las presas, que provocan graves afectaciones para la población y la agroindustria, entre otros sectores. Ante la grave situación de sequía por la que atraviesa la presa La Boca, en Nuevo León, un grupo de gente se dio cita en el mes de febrero, para orar arrodillados por el fin de la sequía. Más de la mitad de los municipios están siendo afectados por la peor sequía de la última década.

Pero esta situación no es exclusiva del norte del país. Tan pronto inició el año 2022 y la sequía ya era evidente con pastizales secos, presas y ollas de agua con niveles bajos en la zona norte y sur de Veracruz, afectando a ganaderos y agricultores principalmente.

Al día de hoy, son los municipios, los eslabones más débiles en la cadena, los que se ven mayormente afectados, por tal motivo resulta imprescindible hacer un llamado a las autoridades y sociedad, a fin de que en conjunto trabajen en este vital tema.

En esta tesitura, y dada la naturaleza e importancia del presente asunto, realizamos la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua y a los organismos de cuenca de las trece regiones hidrológico-administrativas, para que, en la medida de sus facultades, desarrolle y difunda planes y programas, así como campañas de concientización para hacer buen uso del agua, con el fin de enfrentar las altas temperaturas y sequías que se enfrentarán en el país durante los próximos meses de este año 2022.

Notas

1 Datos del Monitor de Sequías de México. Secretaría de Medio Ambiente. CONAGIA.

2 https://www.gaceta.unam.mx/advierten-posibles-condiciones-de-se-quia-para-inici os-de-2022/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2022.– Diputado Jesús Alberto Velázquez Flores (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, A EFECTO DE COADYUVAR A PRESERVAR LA UNIDAD DEL ACERVO ARTÍSTICO DE LA ASOCIACIÓN CIVIL FOMENTO CULTURAL CITIBANAMEX

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a contribuir a preservar la unidad del acervo artístico de la asociación civil Fomento Cultural Citibanamex, a cargo de la diputada Adriana Campos Huirache, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Adriana Campos Huirache, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Fomento Cultural Citibanamex es una asociación civil que se ha distinguido sobremanera en la difusión de nuestro patrimonio artístico y cultural, cuyo acervo constituye motivo de orgullo y testimonio tangible de nuestra riqueza histórica y del genio indiscutible de los creadores mexicanos.

Compuesto por lienzos, esculturas, porcelanas, murales y mobiliarios, la colección a cargo de esta respetable institución consta de más de cuatro mil piezas, entre las que sobresalen las creadas por algunos de los artistas más destacados de México, como Frida Kahlo, Gilberto Aceves Navarro, Gerardo Murillo Dr. Atl, Julio Castellanos, Joaquín Clausell, Manuel Felguérez, Germán Gedovius, Jorge González Camarena, Roberto Montenegro, José Clemente Orozco, Julio Ruelas, David Alfaro Siqueiros, José María Velasco, Cristóbal de Villalpando, Ángel Zárraga, Miguel Cabrera, Félix Parra, María Izquierdo, Miguel Covarrubias, Jesús Guerrero Galván, Remedios Varo y Leonora Carrington (Consultado en <https://www.lajornadamaya.mx/ nacional/187999/conoce-las-mas-de-4-mil-obras-arte-que-vendera-banamex>, el 22 de febrero de 2022, a las 15: 05 horas). Mención especial merece la colección de arte popular, misma que consta de alrededor de 2,000 obras la cual deriva del programa de apoyo que la fundación viene impulsando desde hace quince años.

Como parte de sus actividades, la asociación civil resguarda diversos inmuebles catalogados como patrimonio histórico, los cuales han recibido un mantenimiento digno que los ha convertido en recintos culturales de primero orden, siendo ejemplo de lo anterior la casa de Iturbide, la casa de Montejo, la casa del Mayorazgo de la Canal y el Palacio de los Condes de Súchil, situados en Ciudad de México, Mérida, San Miguel de Allende y Durango, respectivamente.

La fundación también organiza en los inmuebles antes citados exposiciones temporales que buscan acercar sus catálogos al gran público, cumpliendo así con su cometido de difundir el arte entre la población, en vez de guardar en una bóveda las obras que tiene bajo su resguardo. Incluso, tales exposiciones han tenido lugar en recintos como el Metro de Ciudad de México.

La fundación también se ha destacado en el ámbito editorial, gracias a la publicación de textos sobre arte, arte popular, antropología, historia, fotografía, diseño, arquitectura, biografías y cocina, libros que se distinguen por el cuidado en la impresión y un diseño que invita a compenetrarse con la vastedad de nuestras manifestaciones artísticas y los hechos que marcaron el pasado de México.

La investigación artística también ocupa un lugar trascendente dentro de las actividades de la fundación y el resultado de ello ha sido el otorgamiento de diversos premios por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes e instituciones públicas y privadas de España, Estados Unidos de América y Reino Unido.

De todo lo expuesto deseamos concluir que Fomento Cultural Banamex ha sido una institución ejemplar a lo largo de medio siglo, sea en manos públicas o privadas. Sin embargo, tras el anuncio realizado en el sentido de que Citibanamex, el grupo financiero que apoya a la asociación en comento, será desincorporado de su matriz con residencia en los Estados Unidos, se ha generado una justificada inquietud entre la comunidad cultural, toda vez que el acervo de la asociación también formaría parte del patrimonio puesto a la venta, lo que podría generar efectos indeseables, como la fragmentación del catálogo o el término de las actividades de fomento hasta ahora desarrolladas por este ente privado.

El asunto no es menor, debido a que muchos de los bienes se encuentran catalogados como históricos o artísticos, lo que les otorga un valor especial, ello sin dejar de lado las obras realizadas por artesanos mexicanos y, por ello, urgimos respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, para que, a las autoridades culturales competentes, se tomen cartas en el asunto a fin de preservar la unidad del acervo, permitir que éste siga a la disposición del público y evitar que las labores editoriales y de investigación sean canceladas. Tal pretensión no debe tomarse como una visión estatista y violatoria de los derechos de los coleccionistas privados, como una invitación a la expropiación o a la arbitrariedad. Mucho menos como un llamado a trasgredir lo dispuesto en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Por el contrario, lo que se busca es que la federación actúe como facilitador a fin de dar continuidad a los encomiables esfuerzos realizados por la asociación en beneficio de nuestra cultura y creadores, ello con independencia del final que tenga el proceso de venta del grupo financiero Citibanamex.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos a coadyuvar para que se preserve la unidad del acervo artístico de la asociación civil Fomento Cultural Citibanamex.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2022.– Diputada Adriana Campos Huirache (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.

SE ESTABLEZCAN PROTOCOLOS DE SEGURIDAD EN LOS ESTADIOS DE FUTBOL Y FINQUEN LAS SANCIONES CONDUCENTES A LOS RESPONSABLES POR LAS AGRESIONES COMETIDAS EN EL ESTADIO DEL QUERÉTARO FÚTBOL CLUB

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los 32 gobiernos locales a establecer protocolos de seguridad adecuados en los estadios de futbol y fincar las sanciones conducentes a quienes resulten responsables de las agresiones cometidas en el estadio de Querétaro Futbol Club, a cargo de la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Laura Lorena Haro Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de las 32 entidades federativas a establecer protocolos de seguridad adecuados en los estadios de futbol y fincar las sanciones conducentes para quienes resulten responsables por las agresiones cometidas en el estadio de Querétaro Futbol Club, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El sábado 5 de marzo de 2022, a las 17: 00 horas, se llevó a cabo un partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga Mx entre los equipos Querétaro Futbol Club y Atlas Futbol Club en el estadio Corregidora, perteneciente al primer equipo en comento. 1

En el segundo tiempo del encuentro, aproximadamente en el minuto 61 comenzaron a suscitarse rencillas entre integrantes de las denominadas “barras”, pues la porra del Querétaro Futbol Club se notaba intranquila, intentando salir de la cabecera en la que se situaban para recorrer el estadio y llegar hasta donde se encontraba la “barra” del Atlas.

El jugador Julio Furch del Atlas Futbol Club advirtió la presencia de una persona que invadió la cancha y, posteriormente, muchas personas se aglomeraron detrás de una de las porterías de la cancha para resguardarse de las agresiones y la violencia que incrementó más y más.

Producto de estos actos lamentables y deleznables, varias personas resultaron lesionadas de gravedad, incluso se ha especulado de la posibilidad de personas que perdieron la vida. Recientemente se reportó que una de las personas agredidas perdió un ojo producto de las lesiones. 2

El presidente de la Liga Mx, Mikel Arriola, condenó los actos de violencia dados en el partido y mencionó que como medida las barras visitantes ya no podrán entrar a los estadios para los encuentros deportivos. Asimismo, se comprometió a dar seguimiento para sancionar a las personas responsables y establecer las sanciones correspondientes en la liga de futbol.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, condenó lo sucedido y llamó al Club Querétaro para que colabore en todo momento para dar con las personas responsables de las agresiones y fincar las sanciones conducentes.

Mientras que la Fiscalía de Querétaro informó que se inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia en espectáculos deportivos, por hechos sucedidos en el estadio Corregidora.

Mucho se ha comentado al respecto y aún persisten muchas hipótesis sobre diversas irregularidades en cómo se ha manejado el proceso. Lo único cierto que debe prevalecer es la justicia para las familias que sufrieron agresiones, así como la paz y la concordia.

Ningún tipo de dogma o fanatismo deben perjudicar la sana convivencia entre los individuos, la violencia suscitada el sábado 5 de marzo en el Estadio Corregidora en Querétaro no es un caso aislado. Es producto de un sistema que se ha encargado de perpetuar la violencia, lo cual no justifica la responsabilidad de quienes actuaron fuera de la ley en el partido en comento.

Nosotros como servidores públicos no hemos contribuido a cambiar debidamente el esquema de violencia que se perpetua entre la sociedad, fomentando la polarización entre la ciudadanía. Los comentaristas de las cadenas televisivas fomentan la violencia entre las y los aficionados al usar discursos de odio para calentar los partidos. Los futbolistas incurren en conductas violentas y violaciones al reglamento de futbol, así como en actos deshonestos que motiva rencillas entre aficionados en la tribuna.

Como es notorio, todas y todos somos corresponsables, porque este tipo de actos no son casos aislados. De no actuar debidamente en tiempo y forma, la violencia se multiplicará y encrudecerá.

Lo sucedido en el estadio Corregidora no debe quedar impune, se debe llegar al fondo de la situación, así como a las últimas consecuencias para quienes violaron las leyes. Las autoridades deben cumplir con su parte y no permitir que pase como un caso más de violencia de tantos que se registran.

Por lo expuesto solicito:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivo y Judicial de Querétaro a investigar debidamente lo sucedido, encontrar a las personas responsables y establecer las sanciones conducentes para todos los involucrados en los actos de violencia del sábado 5 de marzo en el estadio Corregidora, así sean las personas responsables de las agresiones, como quienes hayan incentivado y consentido tales actos, sean autoridades locales o responsables del cotejo deportivo.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas a establecer con la Federación Mexicana de Futbol Asociación, AC, protocolos de seguridad en el ingreso, el transcurso y la salida de los encuentros deportivos en los estadios de futbol pertenecientes a los equipos afiliados a la Liga Mx en todas sus divisiones y modalidades, así como en los alrededores.

Notas

1 https://www.espn.com.mx/futbol/mexico/nota/_/id/10026500/quereta ro-vs-atlas-pelea-aficionados-invasion-cancha-cronologia-liga-mx-clausura-2022- liga-mx

2 https://www.tvazteca.com/aztecadeportes/aficionado-pierde-ojo-pelea-queretaro-a tlas-ombb

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2022.–  Diputada Laura Lorena Haro Ramírez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

SE HAGAN PÚBLICOS LOS MOTIVOS EN LOS QUE LA SECRETARÍA DE SALUD FUNDA LA DETERMINACIÓN DE NO APLICAR LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 A MENORES DE ENTRE 5 Y 12 AÑOS DE EDAD

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a hacer públicos los motivos en que funda la determinación de no aplicar la vacuna anticovid a menores de entre 5 y 12 años de edad, a cargo del diputado Shamir Fernández Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Shamir Fernández Hernández, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la secretaría de salud a que haga públicos los motivos en los que funda la determinación de no aplicar la vacuna contra el covid-19 a menores de entre 5 y 12 años de edad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hace dos años, se detectaba el primer caso de Covid-19 en México, fue el 27 de febrero del 2020 que se registró el primer caso oficial, de entonces a la fecha, las cifras de contagios y de defunciones son alarmantes. Al 27 de febrero de 2022, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en México son 5,506,105 los casos confirmados y 318,086 defunciones.

Las variantes del virus han cambiado las reglas, los síntomas y la población vulnerable, es decir, aquel virus que al inicio de la pandemia en 2022 se decía que no afectaba a las niñas y niños, en la actualidad, ha tenido impacto en la salud de las niñas y los niños.

Estamos hablando de cerca de 230,000 casos de Covid en menores de entre 0 y 14 años de edad, que han dado positivo al Covid-19. En palabras del Dr. Oscar Tamez, infectólogo pediatra “ Durante esta ola se ha visto una mayor tendencia de que lapoblación pediátrica sea de lasmás afectadas por lavariante delta, entre la que se encuentranniños yjóvenes por no estar vacunados .

Además, dentro de los menores que se enferman, hay una mayor proporción de casos graves que requieren intubación o terapia intensiva, algo que no pasó en la primera y segunda ola”. 1

Elaboración propia

Fuente: Conacyt. https://datos.covid-19.conacyt.mx/

La realidad es que las niñas, niños y adolescentes no son inmunes al virus, además de ser propensos al contagio, se han acumulado en lo que va de la pandemia 914 defunciones, de acuerdo con información del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

“Los especialistas han advertido de que la cuarta ola del coronavirus en México, impulsada por la variante Ómicron, se ha cebado en las poblaciones que no han recibido el biológico contra el coronavirus. Expertos nacionales e internacionales han advertido ya de que en esta fase es una “pandemia de los no vacunados” y las cifras de casos infantiles de la covid-19 en el país parecen confirmar este diagnóstico. Enero cerró con 8.166 contagios confirmados por laboratorio y 27 muertes entre el grupo poblacional de los 12 y 17 años, según el reporte más reciente del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna). Esto supone un incremento del 57% en los diagnósticos a menores respecto a enero de 2021. En el acumulado suman 91.000 contagiados y 855 defunciones en este grupo poblacional. Pese a la escalada de contagios el Gobierno Federal insiste en no incluir dentro del Plan Nacional de Vacunación a los menores de 15 años sin comorbilidades”. 2

No obstante, el gobierno federal ha dejado fuera del plan nacional de vacunación a los menores de edad y la inmunización sólo comprende a partir de los 15 años y de los 12 en caso de una comorbilidad demostrable.

“El Gobierno de México remarcó que la aplicación de vacunación Covid con esquemas primario y de refuerzo deben priorizarse antes que la vacunación Covid a niñas y niños sin comorbilidades”. 3

Cabe destacar que la vacunación de los jóvenes de entre 15 y 17 años de edad se logró gracias a la insistencia por la vía judicial de los padres de familia que promovieron amparos a fin de que sus hijas e hijos sin comorbilidades fueran vacunados pese a no estar considerados inicialmente en el plan nacional de vacunación y probablemente esa sea nuevamente la ruta para los menores de 15 años.

“La semana pasada, un tribunal de la Ciudad de México ordenó la vacunación de dos menores de 12 años. En la orden del Cuarto Tribunal Colegiado en materia Administrativa en Ciudad de México concedió suspensiones de oficio y de plano a los dos menores de 12 años para que reciban la vacuna contra la covid-19, sin importar su estado de salud. Esta resolución se publicó luego de que directivos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y del Centro Médico ABC emitieron sus opiniones técnicas en torno a la conveniencia de aplicar la vacuna Pfizer-BioNTech, en niños de entre 5 y 11 años. El juez federal consideró suficientes las respuestas de los doctores, y apuntaron que el interés superior del niño es un principio de rango constitucional por lo que ordenó la inmunización de los interesados con el biológico Pfizer en los próximos días”. 4

La excusa del gobierno mexicano para no inmunizar a los menores de por lo menos 5 años de edad en adelante. En la “mañanera” del pasado 26 de enero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no es necesaria la aplicación de la vacuna a menores de 5 a 11 años de edad porque así lo sugiere la Organización Mundial de la Salud, en ese sentido, apuntó que se aplica exactamente las prioridades que la OMS ha establecido.

Por su parte, el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, “aseguró que antes de implementar una estrategia para vacunar a niños y adolescentes, se debe considerar alcanzar una cobertura alta de esquemas primarios y refuerzos en grupos de mayor prioridad, y afirmó que, conforme una persona tiene menos edad, se va reduciendo el riesgo de tener complicaciones al infectarse de SARS-CoV-2”. 5

Lo que resulta inquietante es que “la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó el pasado 22 de enero administrar a menores entre 5 y 11 años la dosis contra el Covid-19 de Pfizer-BioNTech. La única condición por parte de los expertos sanitarios del órgano internacional fue que la dosis a aplicarse fuera de 10 microgramos en lugar de los 30 que se ofrecen a los mayores de 12 años”, 6 y a la fecha, el gobierno federal no ha realizado ningún ajuste al plan de vacunación para considerar a este sector de la población.

Hay países que ya comenzaron la aplicación de la vacuna contra el SARS-CoV-2 a niños de entre 5 y 11 años de edad como parte de su plan nacional de vacunación, tal es el caso de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Cuba, El Salvador, Chile (que incluso la aplicación la hace a partir de los 3 años), Ecuador, Panamá, Colombia (también a partir de 3 años), Brasil, Portugal, Francia, España y Alemania.

Como se puede ver, no solo los grandes países están aplicando las vacunas, también países latinoamericanos, contrario a lo que señalaba el Subsecretario López-Gatell quien aseguraba que una de las razones por las que los países aplicaban vacunas a menores, era porque tenían excedente de vacunas.

Cabe recordar que, desde el 20 de septiembre de 2021, las farmacéuticas Pfizer y BioNTech anunciaron que su vacuna resultaba eficaz para los niños de 5 a 11 años de acuerdo con las pruebas clínicas que había realizado. Posteriormente el 30 de octubre del mismo año, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos autorizo la aplicación de la vacuna en niños de 5 a 11 años, siendo la primera vacuna autorizada.

En estados Unidos, el asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, anunció recientemente que “es probable que los niños menores de 5 años sean vacunados contra el covid-19 el próximo mes”. 7

Resulta sorprendente que, mientras en nuestro país se minimizan los estragos del Covid en las y los niños, otros países consideran alarmante el incremento de casos, por ejemplo, “a principios de este mes, en una sesión informativa en la Casa Blanca, la directora de los CDC, Rochelle Walenksy, dijo que, aunque los niños tienen la menor tasa de hospitalización de cualquier grupo de edad, “las hospitalizaciones pediátricas están en su tasa más alta comparadas con cualquier punto anterior de la pandemia”. 8

En ese sentido, por qué tendríamos que esperar a que las variantes del Covid sean más agresivas con ese sector de la población que también es altamente vulnerable, por qué esperar a que las salas de atención pediátrica y hospitales estén repletos de esa población que no ha sido vacunada, por qué no tomar acciones preventivas, acciones que nos permitan mantener a salvo a nuestras niñas y niños.

Hay evidencia científica y pronunciamiento de la OMS respecto de la importancia de inmunizar a este grupo etario, sin embargo, las respuestas que se han obtenido por parte del gobierno federal parecen excusas, ya que no quedan sustentadas.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a que haga públicos los motivos en los que funda la determinación de no aplicar la vacuna contra el Covid-19 a menores de entre 5 y 12 años de edad

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud federal a que haga públicos los motivos por los cuales no se ha incluido a la población de entre 5 y 11 años de edad en el plan nacional de vacunación contra el Covid-19.

Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud federal, analicen la inclusión de la población de entre 5 y 11 años de edad en el plan nacional de vacunación contra el Covid-19, en razón de existir un pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud al respecto.

Notas

1 https://tec.mx/es/noticias/nacional/salud/covid-en-ninos-sintomas-cui-dados-y-s enales-de-alerta

2 https://elpais.com/mexico/2022-02-05/mexico-rebasa-los-91000-casos-infantiles-d e-coronavirus-y-suma-855-muertes-en-menores.html

3 https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/01/26/mexico-dice-no-otra-vez-a-vacu nacion-covid-para-ninas-y-ninos-sin-comorbilidades/

4 https://elpais.com/mexico/2022-02-05/mexico-rebasa-los-91000-casos-infantiles-d e-coronavirus-y-suma-855-muertes-en-menores.html

5 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/01/28/por-que-no-se-han-vacunado- a-ninos-y-ninas-contra-covid-esto-dice-lopez-gatell/

6 https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/01/28/vacunacion-covid-en-ninos-y-ni nas-en-que-paises-ya-se-aplica-y-que-dice-la-oms/

7 https://www.independentespanol.com/noticias/covid-vacuna-ninos-pfizer-fauci-b19 97596.html

8 Ídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2022.–  Diputado Shamir Fernández Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.