del congreso de los estados unidos mexicanos
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna
Diario de los Debates
Eugenia García Gómez
SUMARIO
Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa el turno que corresponde a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del miércoles 12 de enero del 2022
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO
Del diputado Alberto Villa Villegas, del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 30 y 53 de la Ley General de Educación.Se turna a la Comisión de Educación, de la Cámara de Diputados
Del diputado Héctor Israel Castillo Olivares y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 56 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados
De la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, de la Cámara de Diputados
De la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados
Del diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados
De la diputada Berenice Montes Estrada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 19 de la Ley General de Desarrollo Social y 31 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.Se turna a las Comisiones Unidas de Bienestar, y de Derechos de la Niñez y Adolescencia, de la Cámara de Diputados
Del senador José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Senadores
De la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 y 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, de la Cámara de Diputados
De diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 4o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados
Del senador José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.Se turna a la Comisión de Educación, de la Cámara de Senadores
De la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 390 del Código Penal Federal.Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados
Del diputado Héctor Israel Castillo Olivares y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados
De la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se turna a la Comisión de Vivienda, de la Cámara de Diputados
De la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Comunicaciones y Transportes, de la Cámara de Diputados
De la diputada Beatriz Dominga Pérez López, del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados
Del senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 30 de la Ley General de Educación.Se turna a la Comisión de Educación, de la Cámara de Senadores
De la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, en nombre propio y de la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, ambas del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 23, 24 y 450 del Código Civil Federal.Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Senadores
De la diputada Beatriz Dominga Pérez López, del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto que deroga el primer párrafo del artículo 60 del Código Civil Federal.Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Senadores
De la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres y de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o. y 102 de la Ley General de Educación.Se turna a la Comisión de Educación, de la Cámara de Diputados
De la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 134 y 144 de la Ley General de Salud.Se turna a la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados
De la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, en nombre propio y de la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la Cámara de Senadores
Del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, de la Cámara de Diputados
De la diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, del Grupo Parlamentario de Morena, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, del Código de Justicia Militar y de la Ley Nacional del Registro de Detenciones.Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Defensa Nacional, de la Cámara de Diputados
De la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 250 y 250 Bis 1 del Código Penal Federal.Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados
Del senador Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Revocación de Mandato.Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
De diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la ASF, a realizar una auditoría de los recursos entregados a la administración del exgobernador Silvano Aureoles Conejo; y a la Auditoría Superior de Michoacán, a realizar las investigaciones para conocer el uso y destino de los recursos entregados en el gobierno estatal pasado.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo para la creación de una Comisión Especial para atender la crisis migratoria que se vive en el país. Se turna a la Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Diputados
De la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Insabi, a informar a esta soberanía sobre las acciones llevadas a cabo para garantizar la cobertura universal de los servicios de salud en el estado de Nuevo León.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
De la diputada Angélica Peña Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a incluir en los planes de estudio de educación básica la historia del pueblo afromexicano, de Gaspar el Negro Yanga y de los orígenes afrodescendientes de México.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
Del diputado Benjamín Robles Montoya, en nombre propio y de la diputada Maribel Martínez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco, a adoptar una estrategia para evitar que diversos actores económicos lleven a cabo aumentos indiscriminados de precios de la canasta básica alimentaria que generen inflación por especulación.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Chiapas, a informar el estado que guardan las acciones relacionadas con los accidentes carreteros el pasado 9 de diciembre de 2021.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCJN, a garantizar el acceso pleno a la justicia y al medio ambiente sano, y la protección del Arrecife Veracruzano, en el amparo que habitantes de la Conurbación Medellín-Boca del Río promovieron contra la ampliación del Puerto de Veracruz.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
De la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Judicial del estado de Puebla, a tomar las medidas legales necesarias para liberar las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla, con el fin de permitir que las y los estudiantes, maestros y directivos retomen sus estudios de manera presencial o semipresencial, conforme lo permitan las condiciones de la pandemia por covid-19.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
De la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la Unidad de Política Migratoria, Registro de Identidad de Personas de la Segob, y del INM, para que informen acerca de la crisis migratoria que se vive en nuestro país.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
De la senadora Nuvia Mayorga Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la SCJN, a ejecutar las diligencias legales y necesarias frente al proceso por el cual el INE podría llevar a cabo una consulta sobre la revocación de mandato, para que no se permitan diligencias inconstitucionales motivadas por el interés político de los partidos, vulnerando la autonomía y facultad de las instituciones.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
Del senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades e instituciones, a promover e impulsar la agenda migratoria en favor de la salvaguarda y protección de los derechos de las mujeres migrantes y a realizar mayores acciones para erradicar y combatir las diversas formas de violencia.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
De la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los tres órdenes de Gobierno, a fortalecer y revisar las medidas de contención y prevención de la covid-19 en los establecimientos mercantiles, centros de trabajo y escuelas ante el incremento de casos por la variante Ómicron.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
Del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco, a vigilar el cumplimiento de la aplicación de la tasa cero a los productos de higiene.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SFP, a iniciar una investigación en contra del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, por un negligente manejo de la pandemia por covid-19.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
De la diputada Maribel Aguilera Cháirez, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Diconsa e Inmujeres, a implementar la estrategia para promover negocios encabezados por mujeres, a nivel nacional.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a instruir a la SHCP, a implementar una política pública adecuada y realizar las acciones necesarias a fin de disminuir los precios de la gasolina y el diésel y evitar que continúe el aumento.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar, a que comparezca ante esta soberanía para explicar los motivos por los cuales se tomó la decisión de desaparecer el Indesol.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De la diputada Angélica Peña Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a su homóloga en Veracruz, a implementar políticas públicas con el propósito de limitar los factores de riesgo que hacen a la población de Tierra Blanca más propensa a desarrollar insuficiencia renal crónica por el consumo de bebidas carbonatadas.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
De la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del municipio de Guaymas, Sonora, a reforzar la seguridad para las mujeres y niñas, y promover el fin de la violencia y generar acciones para atender la situación en los municipios de dicha entidad.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
De la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Bienestar, Segob y a la Conavim, a informar las operaciones y financiamiento de los programas de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas y para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género en el año 2022.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
De la diputada Taygete Irisay Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a incluir la enseñanza de epistemología en los planes oficiales de estudio de educación básica y media superior.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
Del senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Finanzas de Baja California Sur, a analizar la pertinencia de destinar los recursos necesarios, a fin de que sean pagados los bonos navideños de las y los trabajadores del Estado.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De los senadores y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita una reunión de trabajo con la Directora General del Conacyt.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
Del senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Morelos, a revisar y, en su caso, modifique o establezca nuevas acciones, planes, programas y políticas públicas dirigidas a garantizar la seguridad pública de las y los morelenses, la prevención del delito, así como la pronta y eficaz persecución de los ilícitos.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
Del diputado Luis Arturo González Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, a aumentar el número de pruebas disponibles de manera gratuita para su población para la detección de coronavirus ante el aumento de contagios derivado de la presencia de la variante Ómicron.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
De la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de México, a la Fiscalía General de dicho estado y al municipio de Atlacomulco, a investigar a los presuntos responsables sobre los sucesos ocurridos a la estatua del presidente Andrés Manuel López Obrador en Atlacomulco, Estado de México.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
De la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y al INAH, a dejar sin efectos las circulares 401.4 6.1.2 1021/3247 del 17 de diciembre de 2021 y 401.4c-|-2021/17 de fecha 29 de diciembre, emitidas por la coordinación nacional de recursos humanos y por la secretaría administrativa del INAH.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De la diputada Taygete Irisay Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a desarrollar mecanismos institucionales de mediación y resolución de conflictos entre los integrantes de la comunidad educativa en las escuelas mexicanas; y al Mejoredu, a capacitar a los docentes en materia de mediación y resolución de conflictos a nivel escolar.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
Del diputado Emmanuel Reyes Carmona, en nombre propio y del diputado Pedro David Ortega Fonseca, ambos del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la FGR, a atraer el caso del delito de violación cometida por el diputado electo del PAN Jorge Alberto Romero Vázquez, en contra de las ciudadanas Regina N y María José N.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
De la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a instruir a la SHCP, a implementar una política pública adecuada y realizar las acciones necesarias a fin de evitar un escenario de estancamiento e inflación en beneficio de la economía de las familias mexicanas.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar, a través de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, se mantenga el carácter institucional de la relación del Gobierno con las Organizaciones de la Sociedad Civil.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
Del diputado Luis Arturo González Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profepa, a investigar y sancionar a quien resulte responsable de los hechos sucedidos en el zoológico Tuzoofari.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de la Presidencia, a investigar al periódico Reforma y a los periódicos que se hayan sumado a la propagación de la noticia sin fundamento del Código de vestimenta y convivencia en la oficina.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
De la diputada Taygete Irisay Rodríguez González, en nombre propio y de la diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío, ambas del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a desarrollar campañas y programas a favor de las niñas, niños y adolescentes migrantes en las escuelas mexicanas; y al MEJOREDU, a capacitar a los docentes en atención de alumnos migrantes, así como para que publique un informe acerca de los menores migrantes en las escuelas mexicanas.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
De la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Campeche, a informar a esta soberanía sobre las acciones implementadas para atender a los cientos de migrantes que le han sido canalizados como parte de la ayuda que se está dando a Chiapas ante la saturación de sus albergues.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
De la diputada Ana María Balderas Trejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades encargadas de operar el sistema penitenciario, a garantizar el cuidado de las garantías individuales y derechos, en favor de las mujeres privadas de su libertad en un Centro de Reclusión.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
De la senadora Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sermarnat, a no fusionar el IMTA con la Conagua y por el contrario se preserve y consolide dicho instituto.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al Gobierno de Sonora y a la Fiscalía de Justicia de Sonora, a investigar a las personas y hechos relacionados al Cártel Inmobiliario que reside en dicho estado por la presunción de hechos ilícitos como escrituración y venta ilegal y demás actividades consideradas como delitos.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
De la diputada Adriana Lozano Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al IMSS, a revisar y apoyar las guarderías subrogadas de dicho instituto con el fin de evitar su cierre en beneficio de los trabajadores del país.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
Del diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la UIF, a investigar las operaciones financieras, económicas y cualquier otra información relacionada con la asociación civil denominada Que siga la democracia A.C.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De la diputada Sayonara Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a la SHCP, a realizar los ajustes para que se garantice a Hidalgo de manera permanente suficiencia presupuestal en el fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo y se realice el pago de prestaciones laborales correspondientes.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
De la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta la Semarnat, al Gobierno de la Ciudad de México y a la Sedema, a realizar acciones de protección y conservación del Axolote, especie endémica en peligro de extinción.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Campeche, a informar a esta soberanía sobre las acciones y estrategias implementadas con la finalidad de abatir el rezago de más de 10 mil expedientes laborales pendientes de ser resueltos en la STPS estatal.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
Del diputado Eliseo Compeán Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Segob, a informar a la opinión pública, la situación estructural, de habitabilidad, higiene y de seguridad en las que se encuentran cada una de las estaciones migratorias con las que cuenta el INM.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
De senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la SHCP, a enviar un informe a esta soberanía para conocer los pormenores de su reunión con el presidente de Perú, Pedro Castillo Terrones, en representación del presidente de la República el 8 de diciembre de 2021, respecto a los acuerdos alcanzados en materia económica, comercial e implementación de programas sociales.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal, al SAT y a la Administración General de Aduanas del AICM, a indagar a su personal para esclarecer los hechos ocurridos a la artesana textil C. Ricarda García Merino, originaria de Oaxaca, por violentar sus derechos humanos.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
De la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal, a mantener los mecanismos existentes para garantizar la integridad, la seguridad y los derechos humanos de las personas migrantes mexicanas de retorno durante la temporada de invierno.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
De la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a diversas autoridades, a que remitan a esta soberanía un informe respecto de la estrategia que se implementará en el 2022 para hacer frente al alarmante aumento de la pobreza en México.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al INM, al Gobierno de Chiapas y a la Fiscalía General de Chiapas, a esclarecer los hechos acontecidos sobre el accidente de los migrantes fallecidos en Chiapas e investigar a los presuntos responsables.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
De la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y su homóloga en Campeche, a prestar atención y reforzar protocolos y mecanismos de prevención del suicidio.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
De la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a instruir a la SHCP para que se asigne en el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2023, una partida etiquetada de manera específica para que pueda bajar el recurso directamente a la construcción de la Presa Tunal II.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, a que informe sobre la atención y las acciones que la dependencia a su cargo ha llevado a cabo ante la pandemia del SARS-CoV-2 y la estrategia para enfrentar la variante Ómicron.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
De la diputada Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Guardia Nacional en Puebla, a atender de manera pronta el oficio con número de expediente 12461/09143, que le fue turnado por la Subjefatura de Operaciones de la Guardia Nacional el 22 de diciembre de 2021.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
Del diputado Juan Isaías Bertín Sandoval, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Legislativo de Baja California, a designar al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
Del diputado Héctor Israel Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a convocar a las autoridades correspondientes para iniciar el proceso de designación del Consejero Presidente y dos Consejeros titulares con sus respectivos suplentes del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
De la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo federal, a no desaparecer el Indesol.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a la Profepa y al gobierno de Campeche, a reforzar, de manera permanente y coordinada, la estrategia nacional de combate a la deforestación y la implementación de la agenda ambiental en dicha entidad.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
Del diputado Ignacio Loyola Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a establecer los mecanismos necesarios para la revisión puntual de la operación del Ceneval, ante la problemática denunciada de fallas frecuentes en su sistema de operación para la aplicación de exámenes en línea.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
De senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Bienestar, para que explique a esta soberanía las razones que motivaron la modificación del Reglamento Interno de esa dependencia por el que se abroga el Acuerdo mediante el cual se regulaba la organización y funcionamiento del Indesol.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
Del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Agraria, a que las asesorías jurídicas puedan brindarse también vía telefónica, estableciendo esta opción en su portal de internet.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
Del diputado Ignacio Loyola Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a hacer transparentes y públicos los informes del gasto federal en las obras: Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles y Refinería Dos Bocas, así como el procedimiento de otorgamiento de contratos y participación a empresas involucradas en su construcción.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Bienestar, a informar sobre el proceso de designación del titular del Conadis y la integración de la Asamblea Consultiva y el estado en que se encuentra la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Campeche y a la CFE, a realizar la revisión y evaluar la pertinencia de efectuar la reclasificación de las tarifas eléctricas en el estado, que permita suscribir el convenio para la aplicación de un subsidio en apoyo a la economía de todos los campechanos.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Gobierno del Inegi, a garantizar la autonomía, la transparencia en los procesos y en el acceso a la información que emite el instituto.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
De senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Fonatur y a la Lotería Nacional, a informar cómo opera la premiación por aproximación, así como las reglas específicas que permitieron asignar los números ganadores en el gran sorteo especial 252 efectuado el domingo 5 de diciembre de 2021.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
Del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Guardia Nacional, a vigilar el estricto cumplimiento de la NOM-012-SCT-2-2017; sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De la diputada Mónica Becerra Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SIPINNA, al DIF y a la Secretaría de Salud, a rendir un informe detallado sobre las acciones que se están llevando a cabo para garantizar y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes huérfanos a causa de la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
De la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales, así como los sectores privado y social, a trabajar de manera coordinada para garantizar la correcta implementación del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
De la diputada Olga Leticia Chávez Rojas, en nombre propio y del diputado Mauricio Cantú González, ambos del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas autoridades federales y de Nuevo León, a realizar las acciones necesarias para asegurar la adecuada rendición de cuentas y transparentar los recursos públicos ejercidos y designados a la UANL en este y en años anteriores y asegurar que todas las compras futuras se hagan a precios de mercado y bajo procedimientos transparentes y democráticos.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
Del diputado Enrique Godínez del Río, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a mantener la autonomía del INECC y del IMTA y a darle publicidad a la importancia de las funciones que llevan a cabo ambos institutos.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De la diputada Sayonara Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al SIPINNA, a fortalecer las acciones para abatir la pobreza multidimensional en la primera infancia.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
De la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la SSPC, un informe sobre los avances de la obra construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario Federal Papantla, Veracruz.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
De la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a diversas autoridades en materia de salud, a establecer protocolos de actuación para erradicar la violencia obstétrica.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
De la diputada Lidia Pérez Barcenas, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco, a establecer medidas de estricta vigilancia para garantizar, a las y los usuarios de gas natural, tarifas objetivas y proporcionales a su consumo real, así como continuar con el seguimiento puntual a la acción colectiva en sentido estricto 314/2019 con la finalidad de resarcir las pérdidas económicas que sufrieron los usuarios de la empresa Naturgy.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la SEP, a garantizar como protocolo para el regreso a clases de forma presencial, la realización de pruebas covid-19 gratuitas en las escuelas y centros escolares.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
Del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la FGR, así como a los Órganos de Control Interno de las instituciones de seguridad pública a nivel estatal y municipal, a detectar y sancionar a los elementos a su cargo que circulen sin placas en vehículos particulares o se justifiquen con engomados o credenciales de cualquier organización, para evadir su responsabilidad.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
De la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, relativo a la inclusión, no discriminación, diversidad e igualdad laboral en México.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
Del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo relativo a que se actualice la Guía de Práctica Clínica del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
Del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Guanajuato, a fortalecer sus estrategias y mecanismos de control en la aplicación y administración de recursos públicos federales en materia de seguridad pública, así como informar sobre diversas acciones en materia de responsabilidades administrativas.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
Del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato, a proteger los mantos acuíferos de San Luis de la Paz y la cuenca de Laguna Seca de San José Iturbide.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De la diputada Alma Anahí González Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al SAT, a que, en coordinación con sus homólogas de las 32 entidades federativas, se realicen jornadas de orientación para el sector primario, sobre los cambios y adiciones en materia fiscal que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2022.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a instruir a la Secretaría de Salud, a implementar una política pública eficaz y realizar las acciones necesarias a fin evitar el desabasto de medicamentos en el sector.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
Del diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco, a crear una oficina de la Defensa del Consumidor (ODECO) en Coahuila, con sede en la ciudad de Saltillo, para que sean atendidos los habitantes de la región sureste de dicha entidad.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De la diputada Angélica Peña Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades ambientales de Veracruz, a llevar a cabo una investigación que permita conocer el estado físico y ambiental del Río Blanco.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Oaxaca, a reintegrar recursos a Banobras por el Programa Más Oaxaca, así como a la OSFEO y CEA, a hacer del conocimiento público los informes del mismo.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a diversas dependencias estatales y municipales, a coordinar una campaña de información relativa a los efectos de la covid-19 variante Ómicron, para proteger a la población.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
Del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Quintana Roo y a la Profepa, a publicar la información relativa a la obra del Boulevard Bahía de Chetumal, así como a reparar los daños ambientales provocados por la misma.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
Del senador Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas autoridades, a informar sobre las concesiones a quienes fueron designadas las carreteras Puebla-Acatzingo, tramo Amozoc, en ambos sentidos, así como su estatus y términos de mantenimiento y reparaciones asignadas.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De la senadora Nuvia Mayorga Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas secretarías de Estado, a implementar acciones de refuerzo de la vigilancia epidemiológica y en su caso restricciones en la llegada y salida de vuelos internacionales en los aeropuertos del país y garanticen a los usuarios, información pronta y oportuna sobre las condiciones de movilidad.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De la diputada Angélica Peña Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas en coordinación con el Inmujeres, a elaborar e implementar políticas públicas encaminadas a prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres dentro de los hogares.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
Del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Conadic y a la CNDH, a garantizar los derechos humanos de las personas en los establecimientos especializados de atención a las adicciones y remitir un informe sobre la existencia de quejas presentadas por dichas personas usuarias.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
De la senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a la Secretaría de Salud, a dar a conocer las acciones implementadas para garantizar el derecho a la educación y a la salud de niñas y niños en el presente periodo escolar.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
De la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Consar, a transparentar, vigilar y supervisar el funcionamiento de las administradoras de fondos para el retiro, a fin de garantizar el bienestar de las y los trabajadores.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a instruir a la Secretaría de Salud, a implementar una estrategia eficaz y realizar las acciones necesarias a fin de que reciban sus medicamentos y tratamientos oncológicos en tiempo y forma y de manera ininterrumpida los niños que padecen cáncer.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
De la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua y a diversas autoridades de Jalisco, a coordinarse para realizar acciones inmediatas tendientes a la limpieza, saneamiento y rescate del Río Santiago en el municipio de Juanacatlán.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta la Sedena, a incluir el arte pirotécnico dentro de las diversas temáticas que formarán parte de las exposiciones en diversos espacios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por su relevancia cultural y económica.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
De la diputada Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a incluir en la política nacional de vacunación contra el SARS-CoV-2 a los menores de entre 3 a 17 años.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
De la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Contraloría del estado de Campeche, a realizar las acciones necesarias con la finalidad de esclarecer posibles conductas delictivas con motivo de la donación de automóviles rifados a policías por parte del Secretario General de la Sección 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
Del diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE, a informar a esta soberanía los motivos por los cuales se decidió enviar una representación a la toma de protesta de Daniel Ortega, en Nicaragua.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
Del senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a diversas autoridades en materia de salud, a garantizar la aplicación de los programas de prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de cáncer infantil.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
De la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, en nombre propio y de la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, ambas del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Profeco, a comisionar a personal especializado de dicha institución en los aeropuertos de nuestro país, con el objeto de atender y asistir de manera inmediata a las personas usuarias del transporte aéreo en la defensa de sus derechos, en horarios extendidos, ante el incremento de las cancelaciones de vuelos por motivo de la pandemia por covid-19.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SICT y al gobierno de Tamaulipas, a realizar la sustitución de la carpeta asfáltica y propiciar el desarrollo de una infraestructura carretera moderna, segura y de calidad en la carretera federal no. 2 Nuevo Laredo-Reynosa, del tramo de Nuevo Laredo a Guerrero.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De la diputada Ana María Balderas Trejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Insabi, a garantizar el acceso a los servicios de salud a toda la población sin seguridad social.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
De la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la SHCP, a decretar medidas emergentes, a efecto de reducir el impacto inflacionario durante el 2022.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
Del senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo de La Paz, Baja California Sur, y a la Conanp, a analizar opciones a fin de evitar el cobro de acceso a la Playa Balandra.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
Del diputado Héctor Israel Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cofepris, a llevar a cabo la actualización de la lista de pruebas para la detección del virus SARS-CoV-2 y sus variantes durante 2022.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
Del senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez, para que explique la falta de acción gubernamental para evitar una cuarta ola de contagios de la pandemia.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
De la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas autoridades de salud federales y de las entidades federativas, a garantizar el derecho a la protección de la salud de las personas que padecen cáncer.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
De diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cofepris, a implementar y coordinar una estrategia de liberación de lotes de vacunas Pfizer-Biontech, AstraZeneca, Sinovac, Covaxin, Janssen, Moderna y Sinopharm contra el covid-19, para permiso de venta.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
De la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Nuevo León, a tomar las medidas a fin de acabar con la problemática de transporte de pasajeros que afecta a las y los neoleoneses e informe a esta soberanía sobre las acciones llevadas a cabo para la renovación e implementación del transporte público de gas natural y eléctrico en dicha entidad.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
Del senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al INE, a remitir a esta soberanía un informe pormenorizado sobre los gastos llevados a cabo en las elecciones y ejercicios de participación ciudadana, y analizar la posibilidad de arrendar los insumos necesarios para las mismas.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
De la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y las 32 entidades federativas, a implementar acciones en contra del acoso sexual en la vía pública o en espacios abiertos que permitan el acceso público.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
De la senadora Lily Tellez, en nombre propio y de la senadora Sylvana Beltrones Sánchez, de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional respectivamente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cofepris, a analizar y, en su caso, autorizar el uso del medicamento Sotrovimab, como un elemento para reducir el riesgo de hospitalización y muerte en los pacientes con covid-19.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
De la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sader y a su homóloga en Tamaulipas, a la Conapesca y al Gobierno de dicha entidad, a implementar programas de apoyo para las y los pescadores afectados por las bajas temperaturas.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
Del diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de Veracruz, a investigar la comisión de los delitos imputables a diversos policías ministeriales de dicha entidad y que han sido del conocimiento público a través del video difundido el pasado seis de enero por diversos medios de comunicación.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
De la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Guerrero, a reforzar las tareas de seguridad en la entidad con el fin de evitar los casos recientes de venta de niñas.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
Del senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Zona Federal Marítimo Terrestre y a su homólogo de Baja California Sur, a evaluar e informar a esta soberanía la estrategia con los elementos guardavidas en las costas nacionales, a fin de ofrecer una remuneración equivalente al riesgo que desempeñan y de contar con mayor cantidad de personal.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
Del diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Cofepris, a que autorice el uso de emergencia de la vacuna contra covid-19 de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech en menores de edad de 5 a 11 años.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
Del senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat y a la CFE, a explicar qué pasó el 3 de enero en la Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles, ubicada en el municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca Guerrero, y qué se hará para apoyar a la comunidad que ha sido afectada.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sader y a diferentes dependencias de la administración pública federal, a realizar diversas acciones para blindar el sector ganadero, otorgarle certeza y seguridad jurídica, así como a instrumentar una estrategia que le permita sostener relaciones comerciales con EUA en condiciones de justicia y ventaja.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
Del diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud, a implementar una campaña nacional de vacunación contra covid-19 para personas indigentes, niñas, niños y adolescentes en situación de calle.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
De la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Nuevo León, a evaluar la viabilidad de la construcción de un centro comunitario en el municipio de Monterrey.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
Del senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a seguir manteniendo los protocolos sanitarios ante el aumento de casos por la nueva variante del covid-19.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
Del diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas instituciones de seguridad a intervenir y reforzar las estrategias de seguridad propuestas por el Ejecutivo de Nuevo León.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
De la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a sus homólogas en las entidades federativas, a garantizar el trabajo digno de las y los profesores del Programa Nacional de Inglés (PRONI).Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
De la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a realizar las acciones pertinentes para la adquisición de vacunas contra el covid-19, y su aplicación a los menores de edad de 5 a 15 años.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
Del diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conade, a implementar acciones para la continuidad del otorgamiento de becas económicas y académicas para los atletas.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
De la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a revocar el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar, publicado en el DOF el viernes 31 de diciembre del año 2021.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
Del diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Banco de México, a diseñar los billetes de la Serie G y demás subsecuentes con marcas hápticas más sensibles al tacto para los usuarios con alguna debilidad visual.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
Del diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al SAT, a vigilar de manera permanente el cumplimiento regulatorio respecto a las especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos.Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo
De la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y al sector social a que dentro de las estrategias y acciones que implementen con motivo de la ejecución del PRONAPINNA, contemplen e incorporen la nueva realidad económica, social y cultural a la que se enfrentan la infancia y la adolescencia en nuestro país.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
De la diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena, de la diputada Claudia Delgadillo González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y de la diputada Olga Leticia Chávez Rojas del Grupo Parlamentario de Morena, la proposición con punto de acuerdo por el que esta soberanía se pronuncia a favor de las acciones realizadas por el Canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, en materia de tráfico ilícito y control de armas en el Consejo de Seguridad de la ONU.Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo
De la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan y el Salto, así como al gobierno de Jalisco, a investigar los hechos delictivos cometidos en estos municipios, así como para que refuercen la seguridad pública en la zona.Se turna a la Primera Comisión de Trabajo
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.
Se comunica a las legisladoras y legisladores integrantes de la Comisión permanente, los turnos dictados a las iniciativas con proyecto de decreto, y a las proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 12 de enero de 2022 y que no fueron abordadas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2022.– Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (rúbrica), presidente.»
«Iniciativas con proyecto de ley odecreto
1. Que reforma los artículos 30 y 53 de la Ley General de Educación, suscrita por el diputado Alberto Villa Villegas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Comisión de Educación, de la Cámara de Diputados.
2. Que adiciona un artículo 56 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Héctor Israel Castillo Olivares y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados.
3. Que reforma el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, suscrita por la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Turno: Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, de la Cámara de Diputados.
4. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Turno: Comisión de Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados.
5. Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.
6. Que reforma y adiciona los artículos 19 de la Ley General de Desarrollo Social y 31 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, suscrita por la diputada Berenice Montes Estrada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisiones Unidas de Bienestar, y de Derechos de la Niñez y Adolescencia, de la Cámara de Diputados.
7. Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Senadores.
8. Que reforma los artículos 19 y 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, suscrita por la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, de la Cámara de Diputados.
9. Que reforma y adiciona los artículos 4o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.
10. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del senador José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Comisión de Educación, de la Cámara de Senadores.
11. Que adiciona el artículo 390 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.
12. Que adiciona el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Héctor Israel Castillo Olivares y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.
13. Que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, suscrita por la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Comisión de Vivienda, de la Cámara de Diputados.
14. Que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Turno: Comisiones Unidas de Justicia, y de Comunicaciones y Transportes, de la Cámara de Diputados.
15. Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Beatriz Dominga Pérez López, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.
16. Que reforma el artículo 30 de la Ley General de Educación, a cargo del senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Turno: Comisión de Educación, de la Cámara de Senadores.
17. Que reforma los artículos 23, 24 y 450 del Código Civil Federal, a cargo de las senadoras Cora Cecilia Pinedo Alonso y Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Comisión de Justicia, de la Cámara de Senadores.
18. Que deroga el primer párrafo del artículo 60 del Código Civil Federal, suscrita por la diputada Beatriz Dominga Pérez López, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Comisión de Justicia, de la Cámara de Senadores.
19. Que reforma los artículos 7o. y 102 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Educación, de la Cámara de Diputados.
20. Que reforma los artículos 134 y 144 de la Ley General de Salud, suscrita por la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Turno: Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados.
21. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de las senadoras Cora Cecilia Pinedo Alonso y Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la Cámara de Senadores.
22. Que reforma el artículo 40 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, suscrita por el diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, de la Cámara de Diputados.
23. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, del Código de Justicia Militar y de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, a cargo de la diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Comisiones Unidas de Justicia, y de Defensa Nacional, de la Cámara de Diputados.
24. Que reforma los artículos 250 y 250 Bis 1 del Código Penal Federal, suscrita por la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Turno: Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.
25. Que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, a cargo del senador Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.
Proposiciones con punto de acuerdo
1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF, a realizar una auditoría de los recursos entregados a la administración del exgobernador Silvano Aureoles Conejo; y a la Auditoría Superior de Michoacán, a realizar las investigaciones para conocer el uso y destino de los recursos entregados en el gobierno estatal pasado, suscrito por diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
2. Con punto de acuerdo, para la creación de una Comisión Especial para atender la crisis migratoria que se vive en el país, suscrita por la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Diputados.
3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Insabi, a informar a esta soberanía sobre las acciones llevadas a cabo para garantizar la cobertura universal de los servicios de salud en el estado de Nuevo León, suscrito por la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a incluir en los planes de estudio de educación básica la historia del pueblo afromexicano, de Gaspar el Negro Yanga y de los orígenes afrodescendientes de México, suscrito por la diputada Angélica Peña Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco, a adoptar una estrategia para evitar que diversos actores económicos lleven a cabo aumentos indiscriminados de precios de la canasta básica alimentaria que generen inflación por especulación, a cargo del diputado Benjamín Robles Montoya y suscrita por la diputada Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Chiapas, a informar el estado que guardan las acciones relacionadas con los accidentes carreteros el pasado 9 de diciembre de 2021, suscrita por la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN, a garantizar el acceso pleno a la justicia y al medio ambiente sano, y la protección del Arrecife Veracruzano, en el amparo que habitantes de la Conurbación Medellín-Boca del Río promovieron contra la ampliación del Puerto de Veracruz, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Judicial del estado de Puebla, a tomar las medidas legales necesarias para liberar las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla, con el fin de permitir que las y los estudiantes, maestros y directivos retomen sus estudios de manera presencial o semipresencial, conforme lo permitan las condiciones de la pandemia por covid-19, suscrito por la senadora Nancy de la Sierra Arámburo.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
9. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la Unidad de Política Migratoria, Registro de Identidad de Personas de la Segob, y del INM, para que informen acerca de la crisis migratoria que se vive en nuestro país, a cargo de la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la SCJN, a ejecutar las diligencias legales y necesarias frente al proceso por el cual el INE podría llevar a cabo una consulta sobre la revocación de mandato, para que no se permitan diligencias inconstitucionales motivadas por el interés político de los partidos, vulnerando la autonomía y facultad de las instituciones, a cargo de la senadora Nuvia Mayorga Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades e instituciones, a promover e impulsar la agenda migratoria en favor de la salvaguarda y protección de los derechos de las mujeres migrantes y a realizar mayores acciones para erradicar y combatir las diversas formas de violencia, a cargo del senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres órdenes de Gobierno, a fortalecer y revisar las medidas de contención y prevención de la covid-19 en los establecimientos mercantiles, centros de trabajo y escuelas ante el incremento de casos por la variante Ómicron, a cargo de la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco, a vigilar el cumplimiento de la aplicación de la tasa cero a los productos de higiene, a cargo del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP, a iniciar una investigación en contra del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del Gobierno de México, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, por un negligente manejo de la pandemia por covid-19, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Diconsa e Inmujeres, a implementar la estrategia para promover negocios encabezados por mujeres, a nivel nacional, suscrita por la diputada Maribel Aguilera Cháirez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a instruir a la SHCP, a implementar una política pública adecuada y realizar las acciones necesarias a fin de disminuir los precios de la gasolina y el diésel y evitar que continúe el aumento, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar, a que comparezca ante esta soberanía para explicar los motivos por los cuales se tomó la decisión de desaparecer el Indesol, suscrito por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a su homóloga en Veracruz, a implementar políticas públicas con el propósito de limitar los factores de riesgo que hacen a la población de Tierra Blanca más propensa a desarrollar insuficiencia renal crónica por el consumo de bebidas carbonatadas, suscrito por la diputada Angélica Peña Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del Municipio de Guaymas, Sonora, a reforzar la seguridad para las mujeres y niñas, y promover el fin de la violencia y generar acciones para atender la situación en los municipios de dicha entidad, suscrito por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría del Bienestar, Segob y a la ConaviM, a informar las operaciones y financiamiento de los programas de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas y para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género en el año 2022, a cargo de la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
21. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a incluir la enseñanza de epistemología en los planes oficiales de estudio de educación básica y media superior, suscrito por la diputada Taygete Irisay Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
22. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Finanzas de Baja California Sur, a analizar la pertinencia de destinar los recursos necesarios, a fin de que sean pagados los bonos navideños de las y los trabajadores del Estado, suscrito por el senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
23. Con punto de acuerdo, por el que se solicita una reunión de trabajo con la Directora General del Conacyt, suscrito por senadores y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partico Acción Nacional.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
24. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Morelos, a revisar y, en su caso, modifique o establezca nuevas acciones, planes, programas y políticas públicas dirigidas a garantizar la seguridad pública de las y los morelenses, la prevención del delito, así como la pronta y eficaz persecución de los ilícitos, a cargo del senador Ángel García Yañez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
25. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los los gobiernos de las entidades federativas, a aumentar el número de pruebas disponibles de manera gratuita para su población para la detección de Coronavirus ante el aumento de contagios derivado de la presencia de la variante Ómicron, a cargo del diputado Luis Arturo González Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
26. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México, a la Fiscalía General de dicho estado y al municipio de Atlacomulco, a investigar a los presuntos responsables sobre los sucesos ocurridos a la estatua del Presidente Andrés Manuel López Obrador en Atlacomulco, Estado de México, suscrito por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
27. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y al INAH, a dejar sin efectos las circulares 401.4 6.1.2 1021/3247 del 17 de diciembre de 2021 y 401.4c-|-2021/17 de fecha 29 de diciembre, emitidas por la coordinación nacional de recursos humanos y por la secretaría administrativa del INAH, a cargo de la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
28. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a desarrollar mecanismos institucionales de mediación y resolución de conflictos entre los integrantes de la comunidad educativa en las escuelas mexicanas; y al MEJOREDU, a capacitar a los docentes en materia de mediación y resolución de conflictos a nivel escolar, suscrito por la diputada Taygete Irisay Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
29. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la FGR, a atraer el caso del delito de violación cometida por el diputado electo del PAN Jorge Alberto Romero Vázquez, en contra de las ciudadanas Regina N y María José N, suscrito por los diputados Emmanuel Reyes Carmona y Pedro David Ortega Fonseca, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
30. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a instruir a la SHCP, a implementar una política pública adecuada y realizar las acciones necesarias a fin de evitar un escenario de estancamiento e inflación en beneficio de la economía de las familias mexicanas, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
31. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar, a través de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social se mantenga el carácter institucional de la relación del Gobierno con las Organizaciones de la Sociedad Civil, suscrito por la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
32. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa, a investigar y sancionar a quien resulte responsable de los hechos sucedidos en el zoológico Tuzoofari, a cargo del diputado Luis Arturo González Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
33. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia, a investigar al periódico Reforma y a los periódicos que se hayan sumado a la propagación de la noticia sin fundamento del Código de vestimenta y convivencia en la oficina, suscrito por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
34. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a desarrollar campañas y programas a favor de las niñas, niños y adolescentes migrantes en las escuelas mexicanas; y al MEJOREDU, a capacitar a los docentes en atención de alumnos migrantes, así como para que publique un informe acerca de los menores migrantes en las escuelas mexicanas, suscrito por las diputadas Taygete Irisay Rodríguez González y. Elvia Yolanda Martínez Cosio, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
35. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de de Campeche, a informar a esta soberanía sobre las acciones implementadas para atender a los cientos de migrantes que le han sido canalizados como parte de la ayuda que se está dando a Chiapas ante la saturación de sus albergues, suscrito por la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
36. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades encargadas de operar el sistema penitenciario, a garantizar el cuidado de las garantías individuales y derechos, en favor de las mujeres privadas de su libertad en un Centro de Reclusión, suscrito por la diputada Ana María Balderas Trejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
37. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sermarnat, a no fusionar el IMTA con la Conagua y por el contrario se preserve y consolide dicho instituto, suscrito por la senadora Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
38. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, al Gobierno de Sonora y a la Fiscalía de Justicia de Sonora, a investigar a las personas y hechos relacionados al Cártel Inmobiliario que reside en dicho estado por la presunción de hechos ilícitos como escrituración y venta ilegal y demás actividades consideradas como delitos, suscrito por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
39. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta del IMSS, a revisar y apoyar las guarderías subrogadas de dicho instituto con el fin de evitar su cierre en beneficio de los trabajadores del país, suscrito por la diputada Adriana Lozano Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
40. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la UIF, a investigar las operaciones financieras, económicas y cualquier otra información relacionada con la asociación civil denominada “Que Siga la Democracia A.C.”., suscrito por el diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
41. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la SHCP, a realizar los ajustes para que se garantice a Hidalgo de manera permanente suficiencia presupuestal en el fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo y se realice el pago de prestaciones laborales correspondientes, suscrito por la diputada Sayonara Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
42. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta la Semarnat, al Gobierno de la Ciudad de México y a la Sedema, a realizar acciones de protección y conservación del Axolote, especie endémica en peligro de extinción, suscrito por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
43. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Campeche, a informar a esta soberanía sobre las acciones y estrategias implementadas con la finalidad de abatir el rezago de más de 10 mil expedientes laborales pendientes de ser resueltos en la STPS estatal, suscrito por la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
44. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a informar a la opinión pública, la situación estructural, de habitabilidad, higiene y de seguridad en las que se encuentran cada una de las estaciones migratorias con las que cuenta el INM, suscrito por el diputado Eliseo Compeán Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
45. Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP, a enviar un informe a esta soberanía para conocer los pormenores de su reunión con el presidente de Perú, Pedro Castillo Terrones, en representación del presidente de la República el 8 de diciembre de 2021, respecto a los acuerdos alcanzados en materia económica, comercial e implementación de programas sociales, a cargo de senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
46. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, al SAT y a la Administración General de Aduanas del AICM, a indagar a su personal para esclarecer los hechos ocurridos a la artesana textil C. Ricarda García Merino, originaria de Oaxaca por violentar sus derechos humanos, suscrito por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
47. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, a mantener los mecanismos existentes para garantizar la integridad, la seguridad y los derechos humanos de las personas migrantes mexicanas de retorno durante la temporada de invierno, suscrito por la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
48. Con punto de acuerdo, por el que exhorta a diversas autoridades, a que remitan a esta soberanía un informe respecto de la estrategia que se implementará en el 2022 para hacer frente al alarmante aumento de la pobreza en México, suscrita por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
49. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INM, al Gobierno de Chiapas y a la Fiscalía General de Chiapas, a esclarecer los hechos acontecidos sobre el accidente de los migrantes fallecidos en Chiapas e investigar a los presuntos responsables, suscrito por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
50. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y su homóloga en Campeche, a prestar atención y reforzar protocolos y mecanismos de prevención del suicidio, suscrito por la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
51. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a instruir a la SHCP para que se asigne en el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2023, una partida etiquetada de manera específica para que pueda bajar el recurso directamente a la construcción de la Presa Tunal II, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
52. Con punto de acuerdo,, por el que se cita a comparecer al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, a que informe sobre la atención y las acciones que la dependencia a su cargo ha llevado a cabo ante la pandemia del SARS-CoV-2 y la estrategia para enfrentar la variante ómicron, a cargo de senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
53. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Guardia Nacional en Puebla, a atender de manera pronta el oficio con número de expediente 12461/09143, que le fue turnado por la Subjefatura de Operaciones de la Guardia Nacional el 22 de diciembre de 2021, suscrito por la diputada Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
54. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Legislativo de Baja California, a designar al fiscal especializado en Combate a la Corrupción, suscrito por el diputado Juan Isaías Bertín Sandoval, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
55. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a convocar a las autoridades correspondientes para iniciar el proceso de designación del consejero presidente y dos Consejeros titulares con sus respectivos suplentes del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva, a cargo del diputado Héctor Israel Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
56. Con punto de acuerdo, por la que se exhorta al Ejecutivo federal, a no desaparecer el Indesol, suscrito por la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
57. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Profepa y al gobierno de Campeche, a reforzar, de manera permanente y coordinada, la estrategia nacional de combate a la deforestación y la implementación de la agenda ambiental en dicha entidad, suscrito por la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
58. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a establecer los mecanismos necesarios para la revisión puntual de la operación del Ceneval, ante la problemática denunciada de fallas frecuentes en su sistema de operación para la aplicación de exámenes en línea, suscrito por el diputado Ignacio Loyola Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
59. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del titular de la Secretaría de Bienestar, para que explique a esta soberanía las razones que motivaron la modificación del Reglamento Interno de esa dependencia por el que se abroga el Acuerdo mediante el cual se regulaba la organización y funcionamiento del Indesol, a cargo de senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
60. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría Agraria, a que las asesorías jurídicas puedan brindarse también vía telefónica, estableciendo esta opción en su portal de internet, suscrito por el diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
61. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a hacer transparentes y públicos los informes del gasto federal en las obras: Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles y Refinería Dos Bocas, así como el procedimiento de otorgamiento de contratos y participación a empresas involucradas en su construcción, suscrito por el diputado Ignacio Loyola Vera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
62. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Bienestar, a informar sobre el proceso de designación del titular del Conadis y la integración de la Asamblea Consultiva y el estado en que se encuentra la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
63. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Campeche y a la CFE, a realizar la revisión y evaluar la pertinencia de efectuar la reclasificación de las tarifas eléctricas en el estado, que permita suscribir el convenio para la aplicación de un subsidio en apoyo a la economía de todos los campechanos, suscrito por la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
64. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Gobierno del Inegi, a garantizar la autonomía, la transparencia en los procesos y en el acceso a la información que emite el instituto, suscrito por la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
65. Con punto de acuerdo, por el que se solicita al Fonatur y a la Lotería Nacional, a informar cómo opera la premiación por aproximación, así como las reglas específicas que permitieron asignar los números ganadores en el gran sorteo especial 252 efectuado el domingo 5 de diciembre de 2021, a cargo de senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
66. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Guardia Nacional, a vigilar el estricto cumplimiento de la NOM-012-SCT-2-2017; sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, suscrito por el diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
67. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SIPINNA, al DIF y a la Secretaría de Salud, a rendir un informe detallado sobre las acciones que se están llevando a cabo para garantizar y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes huérfanos a causa de la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2, suscrito por la diputada Mónica Becerra Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
68. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales, así como los sectores privado y social, a trabajar de manera coordinada para garantizar la correcta implementación del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024, suscrito por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
69. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas autoridades federales y de Nuevo León, a realizar las acciones necesarias para asegurar la adecuada rendición de cuentas y transparentar los recursos públicos ejercidos y designados a la UANL en éste y en años anteriores y asegurar que todas las compras futuras se hagan a precios de mercado y bajo procedimientos transparentes y democráticos, suscrito por los diputados Olga Leticia Chávez Rojas y Mauricio Cantú González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
70. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a mantener la autonomía del INECC y del IMTA y a darle publicidad a la importancia de las funciones que llevan a cabo ambos institutos, suscrito por el diputado Enrique Godínez del Río, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
71. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al SIPINNA, a fortalecer las acciones para abatir la pobreza multidimensional en la primera infancia, suscrito por la diputada Sayonara Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
72. Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SSPC, un informe sobre los avances de la obra Construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario Federal Papantla, Veracruz, suscrito por la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
73. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a diversas autoridades en materia de salud, a establecer protocolos de actuación para erradicar la violencia obstétrica, suscrito por la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
74. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco, a establecer medidas de estricta vigilancia para garantizar, a las y los usuarios de gas natural, tarifas objetivas y proporcionales a su consumo real, así como continuar con el seguimiento puntual a la acción colectiva en sentido estricto 314/2019 con la finalidad de resarcir las pérdidas económicas que sufrieron los usuarios de la empresa Naturgy, suscrito por la diputada Lidia Pérez Barcenas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
75. Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la SEP, a garantizar como protocolo para el regreso a clases de forma presencial, la realización de pruebas covid-19 gratuitas en las escuelas y centros escolares, suscrito por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
76. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la FGR, así como a los Órganos de Control Interno de las instituciones de seguridad pública a nivel estatal y municipal, a detectar y sancionar a los elementos a su cargo que circulen sin placas en vehículos particulares o se justifiquen con engomados o credenciales de cualquier organización, para evadir su responsabilidad, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
77. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades, relativo a la inclusión, no discriminación, diversidad e igualdad laboral en México, suscrito por la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
78. Con punto de acuerdo, relativo a que se actualice la Guía de Práctica Clínica del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
79. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Guanajuato, a fortalecer sus estrategias y mecanismos de control en la aplicación y administración de recursos públicos federales en materia de seguridad pública, así como informar sobre diversas acciones en materia de responsabilidades administrativas, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
80. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato, a proteger los mantos acuíferos de San Luis de la Paz y la cuenca de Laguna Seca de San José Iturbide, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
81. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al SAT, a que, en coordinación con sus homólogas de las 32 entidades federativas, se realicen jornadas de orientación para el sector primario, sobre los cambios y adiciones en materia fiscal que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2022, suscrita por la diputada Alma Anahí González Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
82. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a instruir a la Secretaría de Salud, a implementar una política pública eficaz y realizar las acciones necesarias a fin evitar el desabasto de medicamentos en el sector, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
83. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco, a crear una oficina de la Defensa del Consumidor (ODECO) en Coahuila, con sede en la ciudad de Saltillo, para que sean atendidos los habitantes de la región sureste de dicha entidad, suscrito por el diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
84. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades ambientales de Veracruz, a llevar a cabo una investigación que permita conocer el estado físico y ambiental del Río Blanco, suscrito por la diputada Angélica Peña Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
85. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Oaxaca, a reintegrar recursos a Banobras por el Programa Más Oaxaca, así como a la OSFEO y CEA, a hacer del conocimiento público los informes del mismo, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
86. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a diversas dependencias estatales y municipales, a coordinar una campaña de información relativa a los efectos de la covid-19 variante Ómicron, para proteger a la población, a cargo de la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
87. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Quintana Roo y a la Profepa, a publicar la información relativa a la obra del Boulevard Bahía de Chetumal, así como a reparar los daños ambientales provocados por la misma, suscrito por el diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
88. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas autoridades, a informar sobre las concesiones a quienes fueron designadas las carreteras Puebla- Acatzingo, tramo Amozoc, en ambos sentidos, así como su estatus y términos de mantenimiento y reparaciones asignadas, suscrito por el senador Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
89. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas secretarías de Estado, a implementar acciones de refuerzo de la vigilancia epidemiológica y en su caso restricciones en la llegada y salida de vuelos internacionales en los aeropuertos del país y garanticen a los usuarios, información pronta y oportuna sobre las condiciones de movilidad, a cargo de la senadora Nuvia Mayorga Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
90. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas en coordinación con el Inmujeres, a elaborar e implementar políticas públicas encaminadas a prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres dentro de los hogares, suscrita por la diputada Angélica Peña Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
91. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Conadic y a la CNDH, a garantizar los derechos humanos de las personas en los establecimientos especializados de atención a las adicciones y remitir un informe sobre la existencia de quejas presentadas por dichas personas usuarias, a cargo del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
92. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Secretaría de Salud, a dar a conocer las acciones implementadas para garantizar el derecho a la educación y a la salud de niñas y niños en el presente periodo escolar, suscrito por la senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
93. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Consar, a transparentar, vigilar y supervisar el funcionamiento de las administradoras de fondos para el retiro, a fin de garantizar el bienestar de las y los trabajadores, suscrito por la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
94. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a instruir a la Secretaría de Salud, a implementar una estrategia eficaz y realizar las acciones necesarias a fin de que reciban sus medicamentos y tratamientos oncológicos en tiempo y forma y de manera ininterrumpida los niños que padecen cáncer, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
95. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua y a diversas autoridades de Jalisco, a coordinarse para realizar acciones inmediatas tendientes a la limpieza, saneamiento y rescate del Río Santiago en el municipio de Juanacatlán, suscrito por la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
96. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta la Sedena, a incluir el arte pirotécnico dentro de las diversas temáticas que formarán parte de las exposiciones en diversos espacios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por su relevancia cultural y económica, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
97. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a incluir en la política nacional de vacunación contra el SARS-CoV-2 a los menores de entre 3 a 17 años, suscrito por la diputada Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
98. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de la Contraloría del estado de Campeche, a realizar las acciones necesarias con la finalidad de esclarecer posibles conductas delictivas con motivo de la donación de automóviles rifados a policías por parte del secretario general de la Sección 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, suscrito por la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
99. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, a informar a esta soberanía los motivos por los cuales se decidió enviar una representación a la toma de protesta de Daniel Ortega, en Nicaragua, suscrito por el diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
100. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a diversas autoridades en materia de salud, a garantizar la aplicación de los programas de prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de cáncer infantil, a cargo del senador Ángel García Yañez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
101. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco, a comisionar a personal especializado de dicha institución en los aeropuertos de nuestro país, con el objeto de atender y asistir de manera inmediata a las personas usuarias del transporte aéreo en la defensa de sus derechos, en horarios extendidos, ante el incremento de las cancelaciones de vuelos por motivo de la pandemia por covid-19, a cargo de las senadoras Cora Cecilia Pinedo Alonso y Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
102. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SICT y al gobierno de Tamaulipas, a realizar la sustitución de la carpeta asfáltica y propiciar el desarrollo de una infraestructura carretera moderna, segura y de calidad en la carretera federal no. 2 Nuevo Laredo-Reynosa, del tramo de Nuevo Laredo a Guerrero, suscrito por la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
103. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Insabi, a garantizar el acceso a los servicios de salud a toda la población sin seguridad social, suscrito por la diputada Ana María Balderas Trejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
104. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la SHCP, a decretar medidas emergentes, a efecto de reducir el impacto inflacionario durante el 2022, a cargo de la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
105. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo de La Paz, Baja California Sur y a la Conanp, a analizar opciones a fin de evitar el cobro de acceso a la Playa Balandra, suscrito por el senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
106. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofepris, a llevar a cabo la actualización de la lista de pruebas para la detección del virus SARS-CoV-2 y sus variantes durante 2022, a cargo del diputado Héctor Israel Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
107. Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia del subsecretario Hugo López Gatell Ramírez, para que explique la falta de acción gubernamental para evitar una cuarta ola de contagios de la pandemia, suscrito por el senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
108. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas autoridades de salud federales y de las entidades federativas, a garantizar el derecho a la protección de la salud de las personas que padecen cáncer, suscrito por la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
109. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofepris, a implementar y coordinar una estrategia de liberación de lotes de vacunas Pfizer-Biontech, AstraZeneca, Sinovac, Covaxin, Janssen, Moderna y Sinopharm contra el Covid-19 para permiso de venta, a cargo de diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
110. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Nuevo León, a tomar las medidas a fin de acabar con la problemática de transporte de pasajeros que afecta a las y los neoleoneses e informe a esta soberanía sobre las acciones llevadas a cabo para la renovación e implementación del transporte público de gas natural y eléctrico en dicha entidad, suscrito por la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
111. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE, a remitir a esta soberanía un informe pormenorizado sobre los gastos llevados a cabo en las elecciones y ejercicios de participación ciudadana, y analizar la posibilidad de arrendar los insumos necesarios para las mismas, suscrito por el senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
112. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los gobiernos federales, a implementar acciones en contra del acoso sexual en la vía pública o en espacios abiertos que permitan el acceso público, suscrito por la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
113. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofepris, a analizar y, en su caso, autorizar el uso del medicamento Sotrovimab, como un elemento para reducir el riesgo de hospitalización y muerte en los pacientes con Covid-19, suscrito por las senadoras Lily Tellez y Sylvana Beltrones Sánchez, de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional respectivamente.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
114. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sader y a su homóloga en Tamaulipas, a la Conapesca y al Gobierno de dicha entidad, a implementar programas de apoyo para las y los pescadores afectados por las bajas temperaturas, suscrito por la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
115. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Veracruz, a investigar la comisión de los delitos imputables a diversos policías ministeriales de dicha entidad y que han sido del conocimiento público a través del video difundido el pasado seis de enero por diversos medios de comunicación, suscrito por el diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
116. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Guerrero, a reforzar las tareas de seguridad en la entidad con el fin de evitar los casos recientes de venta de niñas, suscrito por la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
117. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Zona Federal Marítimo Terrestre y a su homólogo de Baja California Sur, a evaluar e informar a esta soberanía la estrategia con los elementos guardavidas en las costas nacionales, a fin de ofrecer una remuneración equivalente al riesgo que desempeñan y de contar con mayor cantidad de personal, suscrito por el senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
118. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Cofepris, a que autorice el uso de emergencia de la vacuna contra Covid-19 de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech en menores de edad de 5 a 11 años, suscrito por el diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
119. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a la CFE, a explicar qué pasó el 3 de enero en la Central Termoeléctrica Pdte. Plutarco Elías Calles, ubicada en el municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca Guerrero, y qué se hará para apoyar a la comunidad que ha sido afectada, suscrito por el senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
120. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sader y a diferentes dependencias de la administración pública federal, a realizar diversas acciones para blindar el sector ganadero, otorgarle certeza y seguridad jurídica, así como a instrumentar una estrategia que le permita sostener relaciones comerciales con EUA en condiciones de justicia y ventaja, suscrito por la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
121. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud, a implementar una campaña nacional de vacunación contra covid-19 para personas indigentes, niñas, niños y adolescentes en situación de calle, suscrito por el diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
122. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nuevo León, a evaluar la viabilidad de la construcción de un centro comunitario en el municipio de Monterrey, suscrito por la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
123. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a seguir manteniendo los protocolos sanitarios ante el aumento de casos por la nueva variante del covid-19, suscrito por el senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
124. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas instituciones de seguridad a intervenir y reforzar las estrategias de seguridad propuestas por el Ejecutivo de Nuevo León, suscrito por el diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
125. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a sus homólogas en las entidades federativas, a garantizar el trabajo digno de las y los profesores del Programa Nacional de Ingles (PRONI), suscrito por la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
126. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a realizar las acciones pertinentes para la adquisición de vacunas contra el covid-19, y su aplicación a los menores de edad de 5 a 15 años, suscrito por la diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
127. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conade, a implementar acciones para la continuidad del otorgamiento de becas económicas y académicas para los atletas, a cargo del diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
128. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a revocar el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar, publicado en el DOF el viernes 31 de diciembre del año 2021, suscrito por la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.
129. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Banco de México, a diseñar los billetes de la Serie G y demás subsecuentes con marcas hápticas más sensibles al tacto para los usuarios con alguna debilidad visual, a cargo del diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
130. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al SAT, a vigilar de manera permanente el cumplimiento regulatorio respecto a las especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos, a cargo del diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Tercera Comisión de Trabajo.
131. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y al sector social a que dentro de las estrategias y acciones que implementen con motivo de la ejecución del PRONAPINNA, contemplen e incorporen la nueva realidad económica, social y cultural a la que se enfrentan la infancia y la adolescencia en nuestro país, suscrito por la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
132. Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía, se pronuncia a favor de las acciones realizadas por el Canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, en materia de tráfico ilícito y control de armas en el Consejo de Seguridad de la ONU, a cargo de las diputadas María Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena y Claudia Delgadillo González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y suscrito por la diputada Olga Leticia Chávez Rojas del Grupo Parlamentario de Morena.
Turno: Segunda Comisión de Trabajo.
133. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan y el Salto, así como al gobierno de Jalisco, a investigar los hechos delictivos cometidos en estos municipios, así como para que refuercen la seguridad pública en la zona, suscrito por la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Turno: Primera Comisión de Trabajo.»
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
«Iniciativa que reforma los artículos 30 y 53 de la Ley General de Educación, suscrita por el diputado Alberto Villa Villegas, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Alberto Villa Villegas, diputado federal del Grupo Parlamentario Morena a la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía, la siguiente iniciativa:
Exposición de Motivos
La educación es un elemento muy importante para el progreso económico y social de una nación, así como un derecho humano; por ello, es necesario el pleno acceso y las condiciones adecuadas de igualdad a la educación para toda la población, pues es sustancial para desarrollar la capacidad productiva y la conciencia sobre los derechos que tenemos como personas y revalorar el papel que juega el individuo en la sociedad, independientemente de sus capacidades físicas.
El acceso a la educación o nivel de instrucción es una problemática que no solo enfrenta México, a pesar de las reformas a la educación, de las políticas que se han implementado y de los programas enfocados tanto a las mujeres de comunidades con escasos recursos como a la población más vulnerable, aún hay un gran sector de la población que carece de acceso a la educación, sobre todo acceso a la creación y desarrollo de ciencia, tecnología e innovación.
Para desarrollar la creatividad, ciencia, tecnología e innovación, el nivel de instrucción de las personas debe ser basado en una educación de calidad, eficiencia y estabilidad. Por tal razón la educación de un individuo juega un papel importante y determinante para desarrollarse en la creación de ciencia, y esto lo ubicara en una posición marginal dentro de la sociedad.
La población con alguna discapacidad y la población indígena, mayormente si son mujeres son la población más vulnerable que se ubica en una posición marginal dentro de la creación y desarrollo de la ciencia, pues los obstáculos y prejuicios económicos, políticos, sociales y culturales limitan las oportunidades de comprender y hacer ciencia.
El nivel de instrucción de una persona se va a definir como el grado más elevado de estudios realizados por un individuo, 1 y va a ser un parámetro importante dentro de la economía de un país, por ello es importante que la población con alguna discapacidad, etnia o género tenga libre acceso a crear, usar y reproducir ciencia e innovación.
Es importante mejorar el nivel de instrucción, ya que con ello se incrementan las posibilidades de intervenir en las decisiones tanto de su comunidad como de la nación. Por lo tanto, al incrementar el nivel de instrucción y acceso a la ciencia, es una forma de contribuir el combate a la pobreza y marginación.
Gráfica 1. Porcentaje de la población de 5 a 17 años de edad con discapacidad por actividad con limitación (580.3 niñas, niños y adolescentes) 2019
De acuerdo con los datos del comunicado de prensa número 164/20 del pasado mes de abril del 25020 publicado por el Inegi, en México residen 29.3 millones son niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años, de esta población, poco más de 580 mil, es decir, aproximadamente el 2.0% presenta alguna discapacidad. Esta desigualdad en el sistema educativo es por la gran polaridad social, teniendo como consecuencia un problema en el desarrollo económico. 2
Tanto la creación como la divulgación de la ciencia deben ser inclusivas, pues uno de los efectos de la exclusión social de las personas con discapacidad es que también se le impide el acceso al conocimiento y se minusvaloran sus capacidades, y este es un problema que trastoca a lo económico por que se generan personas subsidiarias y dependientes. Porque el acceso a la ciencia, tecnología e innovación no debe tener barreras sociales.
Sabemos que la sociedad ha jugado un papel muy importante dentro de la formación de los individuos, y es a lo largo de la educación, tanto formal como informal, en donde se van adquiriendo las características necesarias para poder desenvolverse dentro de la sociedad, pero a veces, las oportunidades de desarrollo que tenga los habitantes no serán de manera igualitaria. En este caso, las personas con alguna discapacidad física, los indígenas y el resto de la población en condiciones de vulnerabilidad son reprimidas y discriminadas, por la educación marginal que se les da, pues su formación ha sido devaluada, y cuando se desenvuelven en un papel público no cuentan con las mismas oportunidades, ni herramientas suficientes.
Una problemática importante que debe enfrentar la educación es el acceso a la formación científica de una manera incluyente e igualitaria para todas y todos los niños y niñas, y jóvenes, para lograr una mejor calidad de vida, en los aspectos económicos, políticos, sociales y también culturales, porque la ciencia, las nuevas tecnologías e innovación no debe tener barreras sociales. Ya que no solo se trata de que hagan uso de la misma, se trata de la formación, de la generación de ciencia, porque ninguna limitante física, económica y cultural limita las capacidades intelectuales de los educandos.
Por ello la iniciativa que se propone es considerar la inclusión dentro de los planes y programas de estudio en la escuela mexicana, dentro de la Ley General de Educación. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta H. Asamblea, el presente:
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos 30 y 53 de la Ley General de Educación
Único: Se reforma el artículo 30 numeral IV y el articulo 53 numeral III de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Título Segundo De la nueva escuela mexicana
Capítulo V De los planes y programas de estudio
Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes:
I. El aprendizaje de las matemáticas:
II. El conocimiento de la lecto-escritura y la literalidad, para un mejor aprovechamiento de la cultura escrita;
III. El aprendizaje de la historia, la geografía, el civismo y la filosofía;
IV. El fomento de la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación, así como su comprensión, aplicación y uso responsables e incluyente.
V. ...
Título Tercero Del Sistema Educativo Nacional
Capítulo V Del fomento de la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación
Artículo 53. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, impulsarán en todas las regiones del país, el desarrollo de la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación, de conformidad con lo siguiente:
I. Promoción del diseño y aplicación de métodos y programas para la enseñanza, el aprendizaje y el fomento de la ciencia, las humanidades, la tecnología e innovación en todos los niveles de la educación;
II. Apoyo de la capacidad y el fortalecimiento de los grupos de investigación científica, humanística y tecnológica que lleven a cabo las instituciones públicas de educación básica, media superior, superior y centros de investigación;
III. Creación de programas de difusión para impulsar la participación y el interés de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, de manera incluyente, en el fomento de las ciencias, las humanidades, la tecnología y la innovación, y
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las Secretarías del Ramo tendrán un plazo de 120 días naturales para realizar las adecuaciones necesarias sobre los nuevos objetivos del presente decreto.
Notas
1 Definido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Glosario
2 “Igualdad de oportunidades, que en lo fundamental apunta a dotar a todos los individuos acceso a las estructuras de oportunidades las instituciones sociales (fundamentalmente la educación), de manera que puedan desarrollar sus capacidades plenamente. Se considera que el criterio que rige el acceso a estas instituciones debe estar condicionado solamente por los talentos individuales y el esfuerzo personal (logros). Se trata de un sistema que se sustenta en el principio de competencia, el cual garantiza a los individuos retribuciones diferenciales en función de los talentos que posean y los logros que alcancen. Básicamente, la igualdad de oportunidades aboga por igualar las posibilidades de acceso a las instituciones promotoras de movilidad social, al tiempo que reconoce como legítimas las desigualdades de resultados, en tanto estas, dependen de las capacidades y talentos individuales” Mora Salas M.; Pérez Sainz J.P.; y Cortés Fernando. Desigualdad social en América Latina, viejos problemas nuevos debates. FLACSO. Página 21.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero 2022.– Diputado Alberto Villa Villegas (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Educación, de la Cámara de Diputados.
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Iniciativa que adiciona un artículo 56 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Héctor Israel Castillo Olivares y suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Cámara de Diputados.
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
«Iniciativa que reforma el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, suscrita por la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM
La que suscribe, diputada María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Para cualquier sociedad tener conocimiento y estar al pendiente de sus contextos y cambios socioeconómicos y demográficos es vital no solo para saber cuántos son, cuánto producen y cuánto requieren, sino también para poder identificar con precisión y oportunamente cuales son los requerimientos y demandas muy particulares que cada sector de la población demanda en función de su género y edad.
Esto no solo es imprescindible para el trazo y configuración presente de la sociedad en su conjunto, sino también para el trazo con perspectiva de futuro que se requiere para poder atender y evitar pendientes e ir conformando y construyendo las oportunidades que se desean y anhelan por parte de todos.
Y en este esfuerzo conjunto, compartido en corresponsabilidad por todos y cada uno de quienes integramos la sociedad, de conformar las mejores oportunidades de desarrollo individual y comunitario nadie puede quedar fuera ni mínimamente rezagado en su acceso y disfrute pleno, como tampoco en formar parte de su atención.
Cada integrante de cada sector de nuestra población o pirámide poblacional, desde el nacimiento hasta la etapa adulta mayor, debe contar con la atención necesaria, los servicios suficientes y las mejores oportunidades posibles para su amplio, sano y completo desarrollo.
Así mismo, se debe de considerar su adecuada integración en la sociedad y en todos sus elementos, como los referentes a temas de salud, educación, vivienda, alimentación, entre otros muchos más.
En ese orden de ideas, encontramos sustentada tanto la integralidad como la condición de universalidad que todos los servicios disponibles para nuestra población deben de contener y mantener.
Y en el propósito anterior hay un sector en particular de nuestra población sumamente importante e imprescindible que, en ciertos o muchos aspectos relevantes para el desarrollo individual y la integración social, se ha quedado rezagado e incluso hasta olvidado deliberadamente por la sociedad, los gobiernos en turno y en ocasiones por la familia misma. Este sector al que me refiero son nuestros adultos mayores.
Nuestros adultos mayores han sido históricamente un sector de nuestra población olvidado o castigado por la sociedad en su conjunto y, como se mencionó anteriormente, también desde y por la propia familia.
Tan solo basta señalar que nuestro único ordenamiento específico para los adultos mayores en nuestro país —el cual es objeto de reforma de la presente iniciativa- fue promulgado hace apenas 19 años, el 25 de junio del 2002, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
En otras palabras, hasta hace apenas 19 años empezamos a entender que nuestros adultos mayores existen y que tienen necesidades específicas, que tienen requerimientos propios a su edad o circunstancias y, sobre todo, que tienen derechos elementales.
Esta situación no solo es penosa para toda la sociedad en su conjunto, sino también es ofensiva.
Basta mencionar que muchos de nuestros jóvenes actuales no tienen ni la consideración ni el respeto que las generaciones pasadas sí le tenían a los adultos mayores, siendo o no su familiar.
Tristemente, quizás no solo los jóvenes actuales actúan así, todos en general lo hacemos, lo toleramos y lo permitimos, menospreciamos sistemáticamente y de manera permanente a nuestros adultos mayores y con ello a su experiencia, conocimiento y valiosas enseñanzas.
Lo anterior es un ejemplo quizás muy simple o insignificante, pero profundamente representativo y reflejo contundente del deplorable lugar que socialmente ocupan o al que hemos relegado a nuestros adultos mayores hoy en día.
Ello no es un asunto menor, por el contrario, es un problema grave y altamente preocupante, en primer lugar, por cuestiones cívicas, sociales, éticas y de valores y, en segundo lugar, por cuestiones socio-demográficas, pues estamos puntualizando sobre un sector de nuestra población representativo e importante, pero también sumamente significativo en cuanto a su número se refiere.
En nuestro país, de acuerdo a nuestros ordenamientos en la materia, los adultos mayores son todas aquellas personas “que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional.” 1
Conforme a nuestras cifras oficiales, en nuestro país hay alrededor de 15.4 millones de personas de 60 años o más, es decir, de adultos mayores en total. 2
Con ello, nuestros adultos mayores representan el 12.3% de la población en total de nuestro país. 3
Como podemos darnos cuenta, su número es significativo y representativo, al igual que las estadísticas en materia de vulnerabilidad de este sector.
Porque tenemos que en nuestro país, al menos 1 millón 746,125 de todos nuestros adultos mayores viven solos, casi el 11.5% del total. 4
Adicionalmente, del total de adultos mayores en nuestro país; solo 4 de cada 10 son económicamente activos y 7 de cada 10, padecen o presentan algún tipo de discapacidad en diferente grado. 5
En lo que respecta a nuestros adultos mayores que viven solos, encontramos nuevamente vulnerabilidad y la presencia de la discriminación de género, ya que 6 de cada 10 adultos mayores que viven solos son mujeres, en otras palabras, nos estamos refiriendo a poco más de 1 millón 48 mil 426 mujeres adultas mayores; el resto, son hombres. 6
En lo que respecta a la edad encontramos nuevamente cifras muy relevantes y preocupantes en materia de abandono y vulnerabilidad.
Del total de los adultos mayores que viven solos en nuestro país, el 43.1% se ubican en el rango de edad de entre 60 y 69 años 7, mientras que el 36% se encuentra en el rango de edad de entre 70 y 79 años y el resto entre 80 y 90 años o más. 8
En cuanto al sustento de nuestros adultos mayores que viven solos encontramos nuevamente cifras preocupantes y alarmantes.
Solo el 36.7% reciben ya sea pensión o jubilación; únicamente el 21.7% tienen empleo, pero no necesariamente reciben las prestaciones sociales establecidas en la ley; solo un 15.7% percibe gratificación de fin de año o también llamado aguinaldo y, finalmente, solo un 13.4% tiene acceso al disfrute de vacaciones con el goce de su respectivo sueldo. 9
Finalmente, y para resumir en materia económica, podemos citar que, al menos, 8 de cada 10 de todos nuestros adultos mayores en nuestro país viven en situación de pobreza, en otras palabras, el 82% de ellos enfrenta situaciones de pobreza, desde leve o moderada, hasta extrema. 10
En materia de salud, tema que es objeto de la presente iniciativa, encontramos nuevamente cifras tan reveladoras como alarmantes.
Del total de nuestros adultos mayores que viven solos, únicamente 3 de cada 10 de ellos tienen acceso a la prestación de servicios médicos en el IMSS, es decir, el 30.7%. 11
Así mismo, 2 o 3 de cada 10, al no contar con la prestación social de servicios médicos, acuden a centros de salud pública, es decir, el 25.4%; y, finalmente, solo 2 de cada 10 de nuestros adultos mayores que viven solos acuden a servicios médicos privados, aunque hay que señalar que, esto no quiere decir que sean necesariamente hospitales o clínicas de alta gama, porque muchos se atienden en consultorios de barrio. 12
Por último, si a todos los datos anteriormente señalados y manifiestos de la alta vulnerabilidad que padecen y sufren la gran mayoría de nuestros adultos mayores en nuestro país le agregamos que, en promedio, tienen que gastar cuando menos 112 pesos trimestrales en medicinas del esquema básico, nos podemos dar cuenta de la gran y grave deuda pendiente que tenemos con ellos en materia de salud.
En ese promedio de gasto trimestral señalado en el párrafo anterior cabe advertir que no están contemplados los gastos por estudios de laboratorio que regularmente y con elevada periodicidad se tienen que realizar tanto de manera preventiva como para seguimiento y observación de algún padecimiento y cuyo costo puede ser sumamente elevado pero inevitable e irrenunciable.
Todo ello, desafortunadamente, no es lo único en lo que tenemos pendientes graves con nuestros adultos mayores, ya que también son presa de despojo o robo de sus pertenencias, patrimonio o dinero, de violencia, maltrato y abuso por parte de sus familiares, así como también de explotación en sus diversas manifestaciones, o bien, de abandono.
Tan solo basta señalar que, de acuerdo a cifras oficiales, al menos el 16% de todos nuestros adultos mayores en nuestro territorio sufren de violencia directa y en diferente grado de manera permanente. 13
Y para, al menos, 3 de cada 5 adultos mayores su propia familia es la que ejerce la violencia que sufren día a día. 14
Adicionalmente, tenemos un dato que convierte este tema social en una grave emergencia demográfica; de acuerdo a proyecciones hechas por el Consejo Nacional de Población en el año 2015, se advirtió que para el año 2030 la población adulta total crecería en un 330%, en comparación con la población adulta mayor registrada en el año 2000. 15
Además, en comparación para el mismo periodo de tiempo, la población joven solo crecería en un 45%. 16
Esta proyección ya se está cumpliendo y estamos a solo 9 años de ese plazo, pero, a pesar de lo cerca que está, no hemos tomado ninguna medida concreta para atenderlo.
Como podemos darnos cuenta, no solo estamos ante un grande y serio problema presente, sino también futuro en cuanto a la atención de nuestros adultos mayores se refiere.
Y más aún si nos referimos a la disposición de servicios para la atención y procuración de su salud donde vemos que los pendientes, las deficiencias y los requerimientos son muchos y todos urgentes, ya que por las condiciones propias de la edad más las condiciones socioeconómicas que padecen, nuestros adultos mayores son altamente vulnerables a sufrir enfermedades graves, ocasionales o de todo tipo y no contar con los lugares ni los recursos ni las condiciones para recibir la atención o el tratamiento requerido.
Por eso, la atención a su salud es un tema muy delicado el cual quienes integramos la presente soberanía estamos obligados a solucionar.
El primer paso para avanzar en cuanto a la cobertura y acceso garantizado en los servicios médicos para la protección, cuidado y procuración de la salud de nuestros adultos mayores es incidir directamente sobre su costo.
Actualmente, está establecida en nuestra Ley General de Salud, en su artículo 2 fracción V y sucesivamente en todo el Titulo Tercero la gratuidad de servicios de salud a quienes no cuenten con seguridad social, sin embargo, para el caso específico de la atención, cuidado y procuración de la salud del adulto mayor hace falta incluir aspectos y ser más precisos, lo cual es precisamente el objeto de la presente iniciativa que someto a consideración de esta soberanía.
En nuestra Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores tenemos que incluir y consolidar la gratuidad universal de todos los servicios médicos, medicamentos e insumos como lo establece la Ley General de Salud para quienes no cuenten con seguridad social, pero, a la vez, requerimos incluir en esa garantía de gratuidad todos los servicios hospitalarios y estudios de laboratorio para la atención y protección oportuna de la salud, de todos nuestros adultos mayores en todo nuestro territorio nacional.
Hacerlo así no es una simple u oportunista concesión, sino que se trata de la atención a una demanda y deuda, tanto histórica como urgente, que sentará, tanto precedente como las bases, para un mejor presente y un prometedor futuro de nuestros adultos mayores.
No hacerlo así, en muy poco tiempo quizás no más de 9 años como lo advirtió ya el Consejo Nacional de Población desde el año 2015, nos va a salir muy caro en el ámbito social, económico y demográfico.
Por lo aquí expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
Artículo Único. Se reforma el inciso b de la fracción III del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue
Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:
I. a II. ...
III. De la protección de la salud, la alimentación y la familia:
a. ...
b. A tener acceso preferente a los servicios de salud, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 4o. Constitucional y en los términos que señala el artículo 18 de esta Ley, con el objeto de que gocen cabalmente del derecho a su sexualidad, bienestar físico, mental y psicoemocional.
Cuando no cuenten con servicios de seguridad social a cargo de las instituciones públicas de salud, su acceso a los servicios de salud en todos sus niveles, incluyendo estudios clínicos, medicamentos y demás insumos asociados, no serán condicionados bajo ninguna circunstancia a pagos proporcionales o cuotas de recuperación, su acceso será completamente gratuito en los términos que señala el Titulo Tercero Bis de la Ley General de Salud, previa acreditación de la edad, mediante identificación oficial, credencial de jubilado o pensionado o credencial que lo acredite como persona adulta mayor.
c. a d. ...
IV. a IX. ...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día posterior al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1. Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Artículo 3ro.
2. INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. (Enadid).
3. INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. (Enadid).
4. INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. (Enadid).
5. INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. (Enadid).
6. INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. (Enadid).
7. INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. (Enadid).
8. INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. (Enadid).
9. INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. (Enadid).
10. Consejo Nacional de Población. Reporte 2015.
11. INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. (Enadid).
12. INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica. (Enadid).
13. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Secretaria de Salud.
14. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.
15. Consejo Nacional de la Población. Reporte 2015.
16. Consejo Nacional de la Población. Reporte 2015.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2022.– Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, de la Cámara de Diputados.
LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados.
LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.
LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, Y LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL
«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 19 de la Ley General de Desarrollo Social y 31 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, suscrita por la diputada Berenice Montes Estrada e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Berenice Montes Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
Con el paso del tiempo, el papel de la mujer en la familia y en la sociedad se ha ido transformando, sobre todo en los últimos 40 años. Poco a poco ha incursionado en el ámbito laboral, económico y social; sin embargo, el tener que cuidar a los hijos muchas veces limita sus posibilidades de acceder a un empleo y apoyar con el sustento del hogar.
Ante esta realidad, en 200 el gobierno federal en turno puso en marcha el programa Guarderías y Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras (PEI) como una propuesta de política pública para facilitar a las madres el poder salir a trabajar y de esta forma no descuidar a los hijos.
En principio, el programa de estancias fue planteado como una propuesta para generar empleos directos para las responsables de las estancias y sus auxiliares; pero fundamentalmente se buscaba propiciar mejores condiciones para que las madres trabajadoras o padres solos pudieran salir a buscar un empleo.
Por tanto, el objetivo de este programa fue facilitar a las mamás su integración al mercado laboral y el desempeño de su trabajo. Las estancias infantiles surgieron con la finalidad de proporcionar el cuidado de menores de cuatro años para mujeres que no tuvieran acceso a guarderías del sistema de seguridad social. Por un lado, el programa aumentaba el número de espacios de cuidado disponibles, subsidiando su funcionamiento; por el otro, incrementaba la demanda de estos servicios al cubrir gran parte de su costo.
En un país donde 56.5 por ciento de las mujeres económicamente activas no tiene acceso a un sistema de seguridad social que ofrezca servicios de cuidado infantil, el programa de estancias infantiles llenaba un verdadero vacío.
Rápidamente se convirtió en un pilar de los servicios públicos de cuidado: para 2008 había sobrepasado al IMSS como principal proveedor de servicios de guardería y en 2017 atendía a 24 por ciento de la población que recibía estos servicios públicos en el país (incluyendo guarderías del IMSS e ISSSTE, escuelas preescolares, DIF, entre otros).
Si bien es cierto que el programa tenía estándares más bajos que el IMSS en cuanto a la calidad del cuidado, sí logró aumentar la probabilidad de que una beneficiaria estuviera empleada, incrementar el número de horas laboradas a la semana y, en menor medida, reducir el tiempo que las mujeres dedicaban a la labor de cuidados.
Desafortunadamente, con todo y los resultados comprobables que tuvo este programa de estancias infantiles a lo largo de los años que se mantuvo operando, a inicios de 2019, el presidente López Obrador anunció que, en aras de erradicar la corrupción e irregularidades en el funcionamiento del PEI, cambiaría su operación para, en efecto, convertirlo en un programa distinto.
En línea con el tipo de programa que ha caracterizado su política social, el presidente anunció que anularía el subsidio a las guarderías, es decir, el dinero que antes se utilizaba para subsidiar el costo de atender a las mismas ahora “se iba a entregar de manera directa, sin intermediarios” a las beneficiarias, para que ellas decidieran si querían seguir haciendo uso de las estancias, si preferían buscar cuidado por otras vías, o si asumían el cuidado dentro del hogar y utilizaban el dinero para cubrir otras necesidades.
Sin embargo, todo parece indicar que no se tomó en consideración, entre otras cosas, que en nuestro país las mujeres son pilares económicos en las 32 entidades, esto debido a su alta participación laboral en diversas actividades económicas, principalmente en el comercio, que es el sector que más aporta a la economía mexicana.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al cierre de 2019, en México, las mujeres representaban más de 50 por ciento de los ocupados en comercio, servicios sociales, restaurantes, y servicios de alojamiento.
En total, se registraron 55.68 millones de personas de población ocupada, cifra de la cual, 39.6 por ciento corresponde a mujeres y 60.4 por ciento a hombres. No obstante, en el comercio, minorista y mayorista, de los 10.92 millones de ocupados, 53.1 por ciento perteneció al género femenino. 1
Otros sectores con preponderancia femenina fueron servicios sociales (64.7 por ciento de una población ocupada que ascendió a 4.36 millones de personas), restaurantes y servicios de alojamiento (59.3 por ciento de 4.43 millones) y servicios diversos (56.6 por ciento de 5.73 millones). Mientras, en la construcción se presentó su participación más baja, con 3.7 por ciento de 4.26 millones de ocupados, es decir, por cada 100 habitantes que laboran en dicho sector, alrededor de cuatro son mujeres.
La importancia del comercio radica en que es el sector con mayor peso en el producto interno bruto (PIB) nacional, con una contribución de 20.9 por ciento y, por ende, la mujer ostenta más presencia que el hombre en la fuerza de trabajo de uno de los principales indicadores del consumo interno.
A nivel estatal, de las 32 entidades, el género femenino es mayoría de la población ocupada en comercio en 25 estados, destacando Oaxaca, donde 61.5 por ciento de sus 284,498 ocupados en esta rama son mujeres. Le siguieron Nayarit (61.0 por ciento de 107,101) y Chiapas.
De los siete restantes territorios con una menor aportación femenil, sobresale que en éstos, más de 47 por ciento de los ocupados son mujeres al cierre de 2019. La relación más baja es de Aguascalientes, con 47.8.
En absolutos, la mayor cifra pertenece al Estado de México, con 952,089 mujeres laborando en el comercio; en seguida, la capital del país (411,390), Veracruz (397,143), Jalisco (393,312) y Puebla (301,421).
Y más se sustenta la importancia femenina en el mercado laboral por su participación en las actividades terciarias (comercio y servicios), que representan 65.2 por ciento del PIB nacional: de los 34.67 millones de ocupados en la República Mexicana, 50.2 por ciento se refiere al género femenino. En actividades industriales aporta 26.5 por ciento y en primarias, 12.4 por ciento, uno de los pendientes en inclusión.
Empero, con toda la importancia que representan las mujeres en el ámbito laboral y económico ´para nuestro país, como ya se ha señalado, en febrero de 2019 el gobierno federal anunció que, como parte de sus acciones en materia de política social, modificaría el programa de estancias infantiles para madres trabajadoras.
De ser un subsidio al funcionamiento y costo de guarderías para menores, se convirtió en un programa de transferencias monetarias incondicionadas. En su momento la decisión desató fuertes reacciones, pues las estancias cubrían necesidades de cuidado infantil para la población sin seguridad social, facilitaban la inserción laboral femenina, y promovían cierta corresponsabilidad en las labores de cuidado.
Desde una visión simplista y sin mayor análisis, el cambio tiene posibles beneficios, podría facilitar el desembolso de recursos y la administración del programa, pues ya no se tienen que inspeccionar estancias ni asegurar que el dinero se esté utilizando específicamente para los cuidados.
De la misma manera, otorgar el dinero a las familias, sin condiciones para su uso, les puede permitir tomar decisiones que se ajusten mejor a sus necesidades particulares.
Sin embargo, para Acción Nacional, en un país en el que las mujeres siguen siendo las principales encargadas del cuidado de niñas y niños y donde suelen tener menores salarios y trabajos más precarios, es factible suponer que, la decisión de cómo utilizar este dinero no vaya dirigida a sostener la participación de las madres en el mercado laboral ni a mejorar la calidad de los cuidados para la primera infancia.
En este sentido, era de esperarse que se realizaran múltiples críticas provenientes de diversos grupos sociales ante esta decisión del ejecutivo, entre otras cosas se denunciaban la austeridad machista de una medida que, por ahorrar dinero, deslindaba al Estado de sus responsabilidades de proveer protección social a la población y circunscribía el cuidado infantil a donde se le ha querido mantener: con las mujeres, en el hogar.
En otras críticas, se resaltaba que el programa no sólo cumplía una función necesaria al ofrecer servicios de cuidado a mujeres que no tenían acceso a ellos, sino que además lo hacía para poblaciones desaventajadas económicamente y más desiguales en la distribución de trabajo de cuidados entre hombres y mujeres. Se ponía en duda, pues, el compromiso del presidente de poner primero a los pobres.
En la realidad palpable, el retiro de los subsidios que sostenían la operación de las estancias ha resultado en el cierre de muchas de ellas, con consecuencias patentes para la vida cotidiana de las mujeres y menores que antes las utilizaban.
Incluso para quienes siguen recibiendo el beneficio, estos cierres han aumentado la dificultad de encontrar una guardería accesible. Sin embargo, fuera de casos anecdóticos, sabemos poco sobre lo que efectivamente ha ocurrido con el programa.
Una comparación entre los padrones de beneficiarias de diciembre 2018 y octubre 2019 muestra una reducción drástica en el número de madres apoyadas por el gobierno. Es decir, no sólo ha cambiado la forma de otorgar el beneficio, sino también el alcance y cobertura del mismo.
En el año 2019, se redujo el número de municipios cubiertos por el programa en 23 de los 32 estados de la república y no se incorporó a un solo municipio nuevo. El estado de México, por ejemplo, perdió cobertura en 13 por ciento de los municipios que antes recibían el programa; en Oaxaca, uno de los estados con menor cobertura para empezar, 23 municipios dejaron de recibir cualquier apoyo. 2
Para los municipios que sí siguieron en el programa, su cobertura disminuyó en más de la mitad. Mientras que, a finales de 2018, se atendía a un total de 321 mil 726 mujeres a escala nacional, 10 meses después eran sólo 169 mil 742 beneficiarias. Esto implica más de 156 mil menores de cuatro años que ya no se sabe si, o cómo están siendo cuidados. Evidentemente, esta reducción es mucho mayor a la que se daría naturalmente como resultado de que las niñas y los niños cumplan los cuatro años y dejen de ser elegibles para el beneficio. Además, es un recorte que se extendió a lo largo del país.
El estado de México, una de las entidades más afectadas por este cambio, pasó de tener más de 38,500 beneficiarias a poco menos de 13,900. Esto significó, en cada municipio, que el promedio de beneficiarias pasara de 316 a 114; es decir, se redujo en 64 por ciento. Incluso en entidades que no sufrieron una reducción en el número de municipios incorporados al programa, como la Ciudad de México, la disminución en el número de beneficiarias fue sustancial: para octubre de 2019, se atendían 7,590 mujeres menos que en diciembre del año anterior; en promedio, 474 mujeres en cada alcaldía se quedaron sin él.
Estos son sólo dos ejemplos pero, el corte fue similarmente tajante en otros lugares: en todas las entidades, se redujo el número de beneficiarias en al menos 25 por ciento. 3
Las estancias infantiles presentaban deficiencias e irregularidades en su funcionamiento, requerían una preparación sub estándar por parte de las personas cuidadoras, se encontraban en espacios que no habían sido creados con esa finalidad y que, en algunos casos, habían mostrado corrupción. Sin embargo, cubrían una necesidad concreta para miles de familias. Cuando el presidente anunció que el programa cambiaría de diseño, también se comprometió a seguir entregando los recursos, sólo que, ahora, de forma directa.
Los datos demuestran que esto no fue cierto. No sólo cambió la forma de entregar los recursos, sino también el número de mujeres que los recibían y, por ende, el número de niños y niñas cuyo cuidado era cubierto. Con los datos disponibles no es posible decir cuál ha sido el efecto de cambiar el subsidio por una transferencia monetaria para quienes hoy siguen siendo beneficiarias.
Lo que sí se concluye es que muchas mujeres y menores ya no reciben cuidado infantil por parte del Estado y, como consecuencia, han tenido que distribuir estas responsabilidades de nuevas maneras, probablemente dentro del hogar y en los hombros de madres, niñas o abuelas.
Los roles familiares y sociales asignados a las mujeres han propiciado que la ausencia de acciones del Estado no sean realmente un tema en este rubro. ¿Falta atención para personas enfermas y de la tercera edad? Para eso están hijas y hermanas. ¿Se necesitan guarderías? Que los cuiden madres o abuelas. ¿Una pandemia clausura las escuelas? Que las mujeres del hogar se hagan cargo de la educación. Y si necesitan ingresos, entreguemos dinero, pero cerremos las estancias infantiles porque para cuidados están las mujeres. 4
Este nuevo esquema de transferencias y no de estancias infantiles es un problema de varias aristas. La primera es que se pierden dos empleos, no sólo uno. Tanto el de las mujeres que están quedándose en casa en vez de salir al mercado laboral como el de quien cuidaría de sus hijas e hijos a cambio de un pago.
El segundo problema es el costo de oportunidad de las cuidadoras. Un tercio de los hogares en México están encabezados por una mujer y cuatro de cada diez mujeres (de 15 años o más) trabajan o buscan empleo. Cuando niñas y niños no se quedan a cargo de la madre sino de otras personas, generalmente son mujeres (hermanas, sobrinas) quienes lo hacen, eso provoca que renuncien a estudiar o trabajar. Es decir: aun con los mil 600 pesos bimestrales que hoy ofrece el programa, hay una pérdida de bienestar porque una mujer se queda en casa. 5
El tercer problema es la pobreza en los hogares con más mujeres. Puesto que las mujeres no viven aisladas de los hombres, en las familias con más mujeres la pobreza es una amenaza latente debido a la brecha salarial, a la asignación de roles de cuidados y crianza, y a la mayor vulnerabilidad en el empleo. En promedio, por cada hombre en pobreza laboral hay 1.2 mujeres, en detrimento de los hogares con más mujeres.
La historia de este programa es muestra de algo mayor: las graves consecuencias de un sistema de seguridad social fragmentado, donde poco más de la mitad de la población tiene una ciudadanía a medias, pues sus derechos los debe recolectar a partir de programas dispersos que, en cualquier momento, le pueden ser retirados.
Para realmente cumplir los derechos sociales de la población es imprescindible hacer mucho más que sólo repartir dinero: se necesita invertir en una infraestructura de cuidados que, junto con otros servicios, atienda a toda la población y que redistribuya entre el Estado, las familias y la sociedad la responsabilidad de cuidarnos y cuidar a nuestros hijos.
Por lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto garantizar para las madres y padres de familia trabajadores, que no cuentan con seguridad social, y por ende con el servicio de guarderías y estancias infantiles, este derecho, por lo que se propone incluirlo en la Ley General de Desarrollo Social y en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
La historia contemporánea de las guarderías en México se remonta a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a los resultados, que en las décadas posteriores le siguieron a la gesta revolucionaria del siglo XX a través de la legislación secundaria. La Ley Federal del Trabajo de los años setenta establecía en su artículo 283, que los patrones tienen entre sus obligaciones especiales “Brindar servicios de guardería a los hijos de los trabajadores” (fracción XIII).
No obstante, la Ley Federal del Trabajo de 1931, y su reglamentación tres décadas después (1961) establecían ya está obligatoriedad en relación con el servicio de guarderías. Actualmente muchos países en todas las regiones del mundo cuentan con guarderías/estancias infantiles.
El establecimiento de leyes y reglamentaciones sobre éstas, implica que se integran a las estrategias y acciones instrumentadas en el marco de políticas públicas orientadas al desarrollo social. Los servicios de guarderías a través de las estancias y centros de desarrollo infantil, forman parte de una tarea del Estado relacionada con los derechos laborales, de la infancia, de las madres y/o los padres.
Con base en el marco legal, tradicionalmente fue el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la institución sobre la cual recaía el trabajo del Estado para atender las necesidades de cuidado infantil en la modalidad de guarderías que la población asegurada demandaba. En la década de 1980 (1983), la Ley del ISSSTE recoge la obligación del Estado de brindar el servicio de estancias infantiles. 6
Ya entrada la primera década del siglo XXI, el presidente de la República decretó (2007) el establecimiento del Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles, como una instancia de coordinación, a través de la cual se daría seguimiento continuo a las acciones que tengan por objeto promover mecanismos interinstitucionales que permitan la ampliación de la cobertura a la demanda de los servicios de atención y cuidado infantil, acorde al marco de operación de cada programa.
El Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras inició su operación el 11 de enero de 2007 con el objeto de disminuir la vulnerabilidad de los hogares en los que el cuidado de los hijos recae en una madre trabajadora o con intención de incorporarse al mercado laboral, estudiante o un padre solo, mediante la entrega de apoyos para cubrir parte de los gastos del servicio de cuidado y atención infantil y la creación de espacios que permita aumentar la oferta.
Diversos estudios que se realizaron durante los primeros años de operación del programa, concluyeron que el Programa de Estancias Infantiles había contribuido de manera importante para facilitar el desempeño laboral de las mujeres, sobre todo en la obtención de una plaza de trabajo por el tiempo que ganan al tener un espacio seguro, confiable donde dejar a sus hijos, y para mejorar el bienestar de las familias beneficiadas porque los niños crecen más sanos, mejor nutridos y con un desarrollo armónico.
Gracias a esta política pública, de 34 por ciento de mujeres que no trabajaban antes de entrar al programa, el 82.9 por ciento consiguió empleo al ingresar. El principal motivo por el que no habían trabajado antes fue, para el 72.2 por ciento, que no tenía dónde dejar a sus hijos y hoy si cuentan con un lugar seguro y confiable donde dejarlos. 7
El incremento del ingreso del hogar una vez incorporados al programa es de 16.5 por ciento, lo que representa una mejoría en la economía familiar. El análisis cuantitativo de las encuestas nos demuestra que las mejorías de la situación económica de las familias beneficiarias no son tan significativas como para aquellas que no contaban con un trabajo y que lograron tenerlo y por tanto, la mejoría económica es significativa en ese segmento. En el caso de las que ya trabajaban, la mejoría económica podemos definirla como marginal.
Lo que confirma las bondades del programa se desprende del análisis del estudio cualitativo, esto es de las entrevistas a profundidad y con ello, sin lugar a dudas, queda demostrado que el programa ha sido un factor determinante para la mejoría en el bienestar de estas mujeres solas trabajadoras o de sus familias. Para ellas ha significado una tranquilidad psicológica y moral del poder tener a sus niños bien cuidados, bien alimentados, bien protegidos; lo cual les permite dedicarse completamente a las actividades que ellas realizan, desempeñarse con mayor eficacia en su trabajo, compenetrarse más en este, lo que sin duda redunda en su desempeño laboral. 8
En el caso de las responsables de estancias aunque el beneficio económico es poco, debido a la situación económica de las finanzas públicas que no ha permitido el incremento de la beca por niño; señalan que han alcanzado su satisfacción personal al definirse como personas productivas, que tienen una actividad en donde pueden realizarse.
Para los académicos que se dieron a la tarea de realizar una investigación cualitativa y cuantitativa del Programa de Estancias Infantiles, concluyeron que como política pública del gobierno federal ha traído beneficios reales tanto a las beneficiarias como a las encargadas, los cuales se reflejan en el ámbito laboral, así como en el personal y familiar. Por lo tanto, se propone que el programa debe continuar, fortalecerse y extenderse ampliando su cobertura tanto geográfica como en edad de los niños.
Adicional a lo anteriormente expuesto, es de gran relevancia para el objetivo de la presente iniciativa señalar que, el desarrollo infantil temprano (DIT) es la base del capital humano y social y del desarrollo de las naciones. Por esto, el DIT es un pilar fundamental de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La serie de DIT publicada en Lancetindica que es posible implementar programas intersectoriales de DIT basados en evidencia a gran escala. La evidencia claramente muestra que estos programas deben ser multifocales, e incluir la salud, nutrición, protección social y oportunidades de estimulación y aprendizaje temprano.
La evidencia también apunta que estos programas deben atender las necesidades de la familia y el niño a través del curso de vida, desde la gestación, pasando por la infancia temprana (nacimiento a 5 años), la niñez y hasta la adolescencia, y los padres y tutores en la edad adulta. Debido a la alta participación de los padres y madres en la fuerza laboral, y la evidencia de la importancia de la estimulación y educación temprana estructurada, el cuidado de los niños en estancias infantiles durante la primera infancia se ha convertido en una prioridad mundial para promover el DIT. 9
En el número 74 del Boletín Médico del Hospital Infantil de México, se reportaron los resultados de una evaluación de impacto de un programa sobre el DIT en estancias infantiles que funciona a gran escala en México. Este estudio es sumamente relevante porque se concentra en el Programa de Estancias Infantiles (PEI), que se creó por la Secretaría de Desarrollo Social para apoyar a los padres o tutores en situación de pobreza, que trabajan o estudian, con el cuidado de niños de 1 a 3 años de edad.
Las estancias infantiles del PEI incluyen la educación y cuidado de los niños durante 8 h al día, 5 días a la semana. El PEI está estructurado como un modelo integral estandarizado que incluye estimulación, educación, cuidado de la salud y alimentación.
Una fortaleza del estudio es que se llevó a cabo en Baja California y Campeche, dos estados con contextos socioeconómicos, culturales y geográficos contrastantes que reflejan la gran diversidad del país.
Una segunda fortaleza es que el estudio tiene buen poder estadístico, ya que incluyó 3387 niños de 12 a 48 meses de edad atendidos en 177 estancias infantiles. Una tercera fortaleza del estudio es que se utilizó el tamiz multidimensional de Evaluación del Desarrollo Infantil (EDI) para medir el impacto de PEI sobre el DIT, incluyendo desarrollo motor fino, motor grueso, de lenguaje, social y de conocimiento.
El hallazgo principal indicó una asociación positiva entre un desarrollo adecuado y la participación durante 6 meses o más en el PEI, comparado con niños que tenían menos de un mes en el programa, independientemente de la edad del niño. Este hallazgo corrobora la importancia crucial de promover la incorporación de los niños a programas de estancias infantiles que incluyan actividades para favorecer su desarrollo desde edades tempranas. 10
Asimismo, es relevante seguir diseños que permitan identificar la calidad de los distintos componentes del PEI fundamentales para el promover el DIT, incluyendo nutrición, salud, y protección social, además de la estimulación y educación temprana. La evidencia, resumida en la serie de DIT de Lancet, indica claramente que las estancias infantiles deben jugar un papel clave en educar e involucrar a los padres o tutores en el cuidado sensible y cariñoso de sus hijos, y también atender retos ‘‘nuevos’’ como el tema de la obesidad infantil.
En conclusión, el desarrollo humano debe ser visto como una cadena con muchos eslabones que deben atenderse durante el curso de vida a través de distintos sectores, de manera coordinada, con entrega de servicios estandarizados multifocales de alta calidad bien integrados de acuerdo a las necesidades de los niños y sus familias. Por esto, la sociedad civil debe continuar trabajando arduamente de forma coordinada para seguir fortaleciendo la voluntad política y el financiamiento del gobierno, para que esto suceda en beneficio de los niños mexicanos en el siglo XXI.
Por lo expuesto me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente
Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 19 de la Ley General de Desarrollo Social y 31 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil
Primero. Se adiciona una fracción VI, con lo que se recorre el orden de las subsecuentes, al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:
Artículo 19. Son prioritarios y de interés público
I. a V....
VI. Los programas para la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo Integral infantil;
VII. Los programas de abasto social de productos básicos;
VIII. Los programas de vivienda, los instrumentos y apoyos para que toda familia pueda disfrutar de una vivienda digna y decorosa; Fracción reformada DOF 22-06-2018
IX. Los programas y fondos públicos destinados a la generación y conservación del empleo, a las actividades productivas sociales y a las empresas del sector social de la economía, y
X. Los programas y obras de infraestructura para agua potable, drenaje, electrificación, caminos y otras vías de comunicación, saneamiento ambiental y equipamiento urbano.
Segundo. Se reforma la fracción IX del artículo 31 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para quedar como sigue:
Artículo 31. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:
I. a VIII. ...
IX. Promover que la cobertura de los centros de atención cuidado y desarrollo integral infantil se amplíe en especial para las personas que no cuentan con un esquema de seguridad social, y se encuentren en situación de carencia o pobreza, a través de esquemas diversificados y regionalizados;
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Rosales, R. (11 de marzo de 2020). “Mujeres, pilares económicos en las entidades del país”, en El Economista,
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Mujeres-pilares-economic os-en-las-entidades-del-pais-20200311-0028.html
2 Torres, N. (2020). “Sin estancias y sin dinero: el abandono a las madres trabajadoras”, en Nexos. Consultado en
https://federalismo.nexos.com.mx/2020/03/sin-estancias-y-sin-din ero-el-abandono-a-las-madres-trabajadoras/
3 Ibídem.
4 Ramírez, S. (2021). “Estancias infantiles X”, en Nexos. Consultado en
https://www.nexos.com.mx/?p=57772
5 Ibídem.
6 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (2016). Guarderías y estancias infantiles en México, carpeta temática número 53. Cámara de Diputados,
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio /CESOP/Estudios-e-Investigaciones/Carpetas-Informativas/ Carpeta-No.-53-Guarderias-estancias-infantiles-en-Mexico.-Informacion-estadisti ca
7 Lezama, R. (2009). El impacto del programa Estancias Infantiles Sedesol en el desempeño laboral de las madres trabajadoras. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Consultado en
https://repositorio.tec.mx/bitstream/handle/11285/629027/3306800 1077148.pdf?sequence=1&isAllowed=y
8 Ibídem.
9 Pérez-Escamilla, Rafael (2017). “Estancias infantiles y desarrollo infantil en México: avances y retos”, en Boletín Médico del Hospital Infantil de México, 74(2), 84-85,
https://doi.org/10.1016/j.bmhimx.2017.01.005
10 Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2022.– Diputada Berenice Montes Estrada (rúbrica).»
Se turna a las Comisiones Unidas de Bienestar, y de Derechos de la Niñez y Adolescencia, de la Cámara de Diputados.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del senador José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario de Morena.
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Senadores.
LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO
«Iniciativa que reforma los artículos 19 y 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, suscrita por la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción II, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás ordenamientos aplicables, se somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 19 y 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano a cargo de Mariana Gómez del Campo Gurza y suscrita por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, conforme la siguiente
Exposición de Motivos
Los nombramientos de los embajadores y cónsules generales de México en el extranjero son un asunto de tal importancia que nuestra Constitución prevé que el Senado de la República dé su visto bueno. Así, el artículo 89 constitucional faculta al presidente para nombrar a los embajadores y cónsules generales, con la aprobación del Senado; y el artículo 76 de nuestra Constitución dispone que al Senado de la República compete el análisis de los nombramientos de embajadores y cónsules generales, a efecto de determinar si ratifica o no los nombramientos que haya hecho el presidente de la República:
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado
...
II. Ratificar los nombramientos... de los embajadores y cónsules generales...
...
El artículo 1 Bis de la Ley del Servicio Exterior Mexicano dispone que, para efectos de dicha ley, las oficinas consulares, según su importancia y ámbito de circunscripción, se clasifican en: sección consular, consulado general, consulado, agencia consular y consulado honorífico.
Los embajadores se encargan de la relación política con el gobierno del Estado en que se encuentran, y los cónsules atienden los asuntos relativos a la protección de los connacionales en el exterior.
El artículo 19 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano señala que las personas que sean nombradas para desempeñar los cargos de embajadores y cónsules generales, deben ser preferentemente los funcionarios de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático-consular.
Lamentablemente, el presidente de la República ha hecho nombramientos de representantes de nuestra nación en diversos países, cuyo perfil no cumple con los requisitos mínimos de preparación y formación para una adecuada representación de los intereses de nuestro país y de nuestros connacionales en el extranjero. Los representantes de México en otros países deben de tener credibilidad y gozar de buena reputación tanto en nuestro país como en el país ante el que estén acreditados.
En términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 73 constitucional, el Congreso de la Unión tiene facultad para legislar en materia de organización de los cuerpos diplomático y consular del país:
Artículo 73. El Congreso tiene facultad
...
XX. Para expedir las leyes de organización del Cuerpo Diplomático y del Cuerpo Consular mexicano.
...
Por ello, la presente iniciativa prevé
1. Características específicas y requisitos puntuales que deberá cumplir el perfil de las personas que sean nombradas embajadores o cónsules generales, tales como tener buena reputación tanto a nivel nacional como en el país ante el que vaya a ser acreditado, contar con título y cédula profesional, tener experiencia en negociaciones políticas, adaptabilidad cultural, tener conocimiento de la región en la que ejercerá el cargo y tener amplios conocimientos en derecho internacional;
2. Que los perfiles de las personas que sean nombradas cónsules no generales, sino los llamados “de carrera”, deban también cumplir con los requisitos establecidos para los cónsules generales; y
3. Que la mayoría de las personas nombradas como embajadores, cónsules generales y cónsules sean miembros del servicio exterior.
Por lo expuesto someto a consideración de la Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 19 y 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.
Con el objetivo de exponer de forma clara y concisa el contenido de la presente iniciativa, se muestra el siguiente cuadro comparativo:
Por lo expuesto y con las consideraciones que aquí se presentan someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19 Y 20 DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO:
Único. Se reforman los artículos 19 y 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para quedar como sigue:
Artículo 19. Sin perjuicio de lo que dispone la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la designación de embajadores y cónsules generales la hará el presidente de la República, preferentemente entre los miembros del servicio exterior de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad en la rama diplomático-consular del servicio exterior mexicano.
En todo momento deberá garantizarse que la mayoría de los embajadores, cónsules generales y cónsules, sean funcionarios de carrera de la rama diplomático-consular del servicio exterior mexicano.
Independientemente de que un miembro del servicio exterior de carrera sea designado embajador o cónsul general, el presidente de la República podrá removerlo libremente en los términos de la fracción II del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero esa determinación no afectará su situación como personal de carrera, a menos que la separación ocurra en los términos de la fracción IV del artículo 57 de esta ley.
Artículo 20. Para ser designado embajador , cónsul general o cónsul, se requiere: ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, ser mayor de 30 años de edad y reunir los méritos suficientes para el eficaz desempeño de su cargo, tener buena reputación tanto a nivel nacional como en el país ante el que vaya a estar acreditado, contar con título y cédula profesional, tener experiencia en negociación política, adaptabilidad cultural, conocimiento de la región geográfica en que ejercerá el cargo y amplio conocimiento en derecho internacional.
Los mexicanos por nacimiento a los que otro Estado considere como sus nacionales, deberán presentar el certificado de nacionalidad mexicana y el documento de renuncia de la otra nacionalidad.
El Instituto Matías Romero ofrecerá cursos en materia de política exterior y actividades diplomáticas, a aquellas personas que sean designadas para ser embajadores o cónsules generales y no pertenezcan al servicio exterior.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Ejecutivo federal deberá realizar las adecuaciones pertinentes al Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano en un plazo que no excederá de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de ese decreto.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.– Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, de la Cámara de Diputados.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 4o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscribimos, diputada Esther Berenice Martínez Díaz, diputada Karla Estrella Díaz García, diputada Olga Leticia Chávez Rojas, diputada Alma Anahí González Hernández, diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, diputada Judith Celina Tánori Córdova, diputado Mario Alberto Torres Escudero, diputado Jesús Roberto Briano Borunda y diputado Mauricio Cantú González, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6, punto 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos sexto y séptimo al artículo 4, recorriéndose los subsecuentes, se adiciona una fracción V al artículo 31 y se reforma el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección y bienestar animal, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
El homo sapiens es la especie que logró pensar en conceptos y abstracción, por lo que se adueñó de su entorno y de los demás seres vivos del planeta. Hemos extinguido animales y ecosistemas. Es hora de dejar nuestra arrogancia infundada como raza humana y empezar a respetar. Somos como cualquier otro ser viviente y tenemos que respetar a todos los seres vivos.
En la Declaración de Cambridge sobre la Conciencia de los Animales No Humanos, adoptada por la comunidad neurocientífica en la Universidad de Cambridge en 2012, se reconoció que los animales son conscientes de sí mismos y del mundo que los rodea y que pueden tener estados afectivos. 1
Existe una Declaración Universal de los Derechos de los Animales, 2 que si bien no es un documento vinculante jurídicamente, es un instrumento orientador que se ha utilizado para motivar distintas modificaciones legales en el mundo, como sucedió en España. De acuerdo con esta Declaración, todo animal posee derechos, el respeto hacia los animales por las personas está ligado al respeto de las personas entre ellas mismas y el reconocimiento por parte de la especie humana del derecho a la existencia de las otras especies de animales constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo.
En el sentido de lo anterior, se considera que los animales, si bien no son humanos, sí son seres sintientes, es decir, son seres vivos dotados de sensibilidad. Tienen capacidad de experimentar dolor, placer y otras emociones, así como de tener comportamientos intencionales, no únicamente instintivos. Por ello, el Derecho debe protegerlos, evitando que se les equipare a cosas o bienes muebles, como sucede hoy en día en la mayoría de los países alrededor del globo, en donde predomina un paradigma antropocentrista en el que los animales se entienden como un recurso del ser humano y por tanto se justifica su maltrato y explotación.
Se requiere transitar hacia un paradigma bio o ecocentrista, en el que se les reconozca un valor intrínseco y derechos de existencia a los seres vivos no humanos. El bio o ecocentrismo no niega que la valoración parte del homo sapiens, pero reconoce que existe una pluralidad de valores entre lo humano y lo no humano y al reconocer el valor de los seres vivos más allá de la perspectiva antropocentrista, de cómo le sirve o le es útil a los humanos, la naturaleza pasa a ser sujeto y por tanto es sujeto de derechos.
Actualmente, la Constitución de Ecuador reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos y Bolivia reconoce a los seres vivos diferentes a los humanos como sujetos de derechos.
Por su parte, las Constituciones de Alemania, Austria y Suiza reconocen a los animales como seres sensibles (no, así como sujetos de derechos). En Reino Unido, Francia, Colombia y España, también se les ha reconocido como seres sintientes o sensibles, pero en la legislación secundaria.
A su vez, en la República mexicana hay tres Constituciones locales en las que ya se prevé el reconocimiento de los animales como seres sintientes: las de Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca. Han habido iniciativas en diversos estados por parte de distintas legisladoras y legisladores, pero no han culminado su proceso legislativo para convertirse en ley. El reconocimiento de la sintiencia (necesario para transitar a un paradigma biocentrista), es un paso previo a que los animales sean titulares de derechos.
A continuación, la propuesta concreta. Se agregarían dos párrafos después del actual quinto párrafo del artículo 4 y se recorrerían los subsecuentes, así como se modificaría la fracción XXIX-G del artículo 73 de la Constitución Política del país.
La protección y el bienestar animal son de interés público. Se requiere reconocer en el artículo 4 constitucional que los animales son seres dotados de sensibilidad que gozan de protección constitucional. También es necesario que se estipule como obligación de la ciudadanía mexicana el respetar a los animales y tratarlos con dignidad. Por último, es importante prever que el Congreso de la Unión podrá legislar en materia de protección y bienestar animal, pues es en una ley secundaria donde podría estipularse la distribución de competencias en los tres niveles de gobierno, así como todas las obligaciones que tiene cada autoridad y los particulares.
Por ejemplo, en la legislación secundaria irían las acciones concretas para cuidar animales en abandono, las obligaciones de los particulares responsables de animales domésticos, las medidas de protección para animales silvestres, las reglas para el sacrificio humanitario de animales, el procedimiento para investigar y sancionar el maltrato animal, etcétera.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto
Único.- Se adicionan los párrafos sexto y séptimo al artículo 4, recorriéndose los subsecuentes, se adiciona una fracción V al artículo 31 y se reforma el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como siguen:
Artículo 4. [..]
[..]
[..]
[..]
[..]
Los animales son seres dotados de sensibilidad y gozan de protección constitucional, por lo que su tutela es de responsabilidad común.
El Estado está obligado a garantizar el trato digno de los animales. La ley determinará las bases para la protección y el bienestar animal, las obligaciones de las autoridades competentes para el cuidado, esterilización y vacunación de los animales y para la educación en bienestar animal, las conductas prohibidas con el objeto de proteger a los animales, las sanciones para los actos de maltrato animal y las medidas necesarias para el control de riesgos sanitarios y plagas.
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
[..]
Artículo 31. [..]
I. a IV. [..]
V. Respetar la integridad de los animales y brindarles un trato digno.
Artículo 73. [..]
I. a XXIX-F. [..]
XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente , de preservación y restauración del equilibrio ecológico y de protección y bienestar animal.
XXIX-H. a XXXI. [..]
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán expedir las leyes en materia de protección y bienestar animal, o en su caso, realizar las modificaciones necesarias a la legislación existente, a más tardar en los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor de este Decreto.
Tercero. Los poderes ejecutivos de la Federación, las entidades federativas y los municipios deberán realizar las adecuaciones reglamentarias necesarias dentro de los ciento veinte días hábiles siguientes a la entrada en vigor de este Decreto.
Notas
1 La declaración textual fue la siguiente: “La ausencia de un neocórtex no parece impedir que un organismo pueda experimentar estados afectivos. Hay evidencias convergentes que indican que los animales no humanos poseen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados de consciencia, junto con la capacidad de mostrar comportamientos intencionales. En consecuencia, el peso de la evidencia indica que los humanos no somos los únicos en poseer la base neurológica que da lugar a la consciencia. Los animales no humanos, incluyendo a todos los mamíferos y aves, y otras muchas criaturas, entre las que se encuentran los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos”.
2 Declaración adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal, en el año 1977. Es un documento que recoge una serie de derechos que se considera deben ser reconocidos para los animales a nivel mundial.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2022.– Diputadas y diputados: Esther Berenice Martínez Díaz, Karla Estrella Díaz García, Olga Leticia Chávez Rojas, Alma Anahí González Hernández, María Guadalupe Chavira de la Rosa, Mario Alberto Torres Escudero, Jesús Roberto Briano Borunda, Judith Celina Tánori Córdova, Mauricio Cantú González (rúbricas).»
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del senador José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario de Morena.
Se turna a la Comisión de Educación, de la Cámara de Senadores.
CÓDIGO PENAL FEDERAL
«Iniciativa que adiciona el artículo 390 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, diputada federal Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero y un párrafo cuarto al artículo 390 del Código Penal Federal, en materia del delito de extorsión ejercida por los denominados “montachoques”, al tenor de las siguiente:
Exposición de Motivos
I. Contexto de la problemática
La seguridad vial de la capital y de otros estados de la República se ha visto vulnerada por una práctica delictiva conocida popularmente como “montachoques”. En los últimos meses, este delito, que principalmente se presentaba en la Ciudad de México, lejos de disminuir, se ha incrementado exponencialmente, y actualmente ya es una conducta habitual en diferentes ciudades y estados de la República Mexicana.
¿Qué son los montachoques?
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los “montachoques” son aquellos grupos delictivos que implementan la práctica de provocar una colisión, impacto o cualquier percance vehicular con la finalidad de que, bajo persuasión, amenazas o agresión física, se convenza a la víctima de ser el responsable del percance y entregue cierta cantidad de dinero para así evitar ser agredidos 1.
Modus operandi
En 2021, esta práctica del delito de extorsión, lejos de disminuir, ha aumentado y se han actualizado sus métodos de operación, ya que los grupos delictivos identifican a sus posibles víctimas consultando las placas en el Registro Público Vehicular (Repuve) para después comparar el resultado con el registro de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), esto con el objetivo de verificar si un automóvil tiene seguro vehicular o no y así escoger a su próxima víctima 2. En caso de no contar con seguro, el conductor se hace más propenso a la extorsión.
Una vez que han identificado a la posible víctima, siguen al automovilista hasta que uno de los sujetos, de manera dolora realiza un corte a la circulación, cambio de carril o frenado, provocando un siniestro vial, regularmente, provocando que la víctima de este acto colisione con la parte trasera del vehículo.
Al momento del choque, aprovechan para exigir dinero a las o los afectados para la reparación de los daños lo antes posible, sumas que van desde los 10 hasta los 35 mil pesos, bajo el argumento de ser ellos supuestamente los afectados del siniestro. En su mayoría, son personas que manipulan y usan a su favor de forma alevosa y ventajosa, los lineamientos del Reglamento de Transito y la Guía de deslinde de responsabilidad para las compañías de seguro.
Asimismo, en los casos en los cuales la víctima no acepta o intenta llamar a su seguro, estos sujetos suelen recurrir a comportamientos amenazantes, agresivos e intimidatorios, y en algunas ocasiones, a las agresiones con lujo de violencia física.
II. Argumentos que sustentan la presente iniciativa.
Los testimonios y denuncias tienen presencia en todo el país y ha sido gracias a las redes sociales y medios informativos que se han conocido más situaciones de este tipo, las cuales demuestra que este problema no ha disminuido.
Para sustentar lo anterior, es preciso mencionar algunos casos ocurridos en los últimos meses con respecto a este delito.
El pasado 22 de agosto del presente año, en el sitio web UDGTV, se presentó un reportaje en el que se menciona casos de extorsión por parte de “montachoques” en la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) 3;
“Los “montachoques”: una nueva estrategia para atracar en la ZMG
Su modus operandi es ocasionar un choque o fingirlo para conseguir que usted baje de su auto y entonces despojarlo de sus pertenencias.”
Otro caso reciente se presentó en Aguascalientes, en donde se hizo la detención de cuatro hombres que, a bordo de un vehículo que ya presentaba daños anteriores, hicieron creer a la víctima que era culpable de dichos daños, para después despojarlo de 15 mil pesos. El sitio web El Sol del Centro realizó la siguiente nota con respecto al tema, publicada el 10 de septiembre del presente año. 4
El reportaje menciona lo siguiente:
“Montachoques” son detenidos en Aguascalientes.
Cuatro sujetos originarios de Colima se encargaban de extorsionar a las víctimas para exigirles grandes cantidades de dinero luego de provocar accidentes.
En calles de la zona sur de la ciudad de Aguascalientes fueron detenidos cuatro personas originarias del estado de Colima, los cuales presuntamente pertenecen a una banda popularmente llamada los “montachoques” o “provocachoques”, los cuales exigían grandes cantidades de dinero a sus víctimas luego de, precisamente, ocasionar accidentes.”
Con respecto a la Ciudad de México, el pasado 19 de noviembre, medios informativos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana publicaron una nota referente al arresto de siete presuntos “montachoques” en la Delegación Iztapalapa. 5
En su comunicado 2750, La Secretaría de Seguridad Ciudadana mencionó lo siguiente 6;
“Los detenidos están posiblemente relacionados con el delito de extorsión en la modalidad denominada “montachoques””
Por último, en fechas más recientes y en una localidad fronteriza, se presentó otro caso de esta modalidad del delito, cuando el miércoles 1 de diciembre, en el municipio de San Luis Río Colorado, en el Estado de Sonora, una posible víctima de “montachoques” hizo el llamado a la Policía al percatarse del engaño, lo que causó que los defraudadores huyeran del lugar. El sitio web del diario La Voz de la Frontera realizó la siguiente nota al respecto 7;
“Alertan por “monta-choques” en San Luis Río Colorado
Provocan accidentes leves y piden dinero por daños prefabricados.
La Dirección de Seguridad Pública municipal del San Luis Río Colorado emitió un comunicado advirtiendo la operación de un grupo de personas que se dedican a “montar choques” con la finalidad de obtener recursos económicos.”
Aunque las víctimas de este delito se siguen presentando en diversos estados del país, en muchas ocasiones estas no presentan denuncias, ya sea en el delito de extorsión o tentativa de extorsión, esto porque el delito no está debidamente tipificado, lo que tiene como consecuencia que no haya cifras exactas en la incidencia de este acto criminal.
Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Al 31 de noviembre de 2021
Se debe considerar que las carpetas de investigación por el delito de extorsión contemplan toda la modalidad del delito, no sólo los cometidos por los “montachoques”, no obstante, considerando el auge que ha tenido esta actividad delictiva y, sobre todo, que el delito no está debidamente tipificado en el Código Penal de diferentes Estados y sus respectivos reglamentos de tránsito, las cifras podrían ser más.
¿Qué se ha propuesto para buscar solucionar este problema?
El diputado local de Morena, Nazario Norberto, presentó en octubre de 2020 una iniciativa que adiciona una fracción IV al artículo 236 del Código Penal vigente de la Ciudad de México. 9
Con una sanción que de hasta 18 años de prisión y multas superiores a 173 mil pesos, esta se impondrá “a quien provoque intencionalmente un accidente automovilístico o emplee cualquier mecanismo o amenaza para hacer creer a la víctima que ésta provocó el accidente”. 10
Por otro lado, la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, presentó el pasado 11 de noviembre, una iniciativa que reforma el Artículo 236 del Código Penal de la Ciudad de México 11, para adicionar una fracción IV al párrafo III, donde se sancione al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial. Además de proponer una pena que va de los tres a los ochos años de cárcel cuando en el acto del delito intervenga una o más personas armadas o con algún instrumento peligroso.
Otro ejemplo importante, pero esta vez a nivel federal, es la iniciativa propuesta por el Diputado de Morena, David Bautista Rivera, en el pasado mes de mayo, la cual planteó una reforma al Artículo 390 del Código Penal Federal, a fin de establecer penas de uno a cinco años de prisión para quien cometa este tipo de delitos. 12
Los anteriores ejemplos de iniciativas presentadas en este rubro comprueban que, esta actividad delictiva, que daña la seguridad vial y pone en peligro la integridad física de la población, no cesa y se debe atender de inmediato.
Los casos delictivos que se han presentado, más la falta de información certera derivada de una inexistente tipificación del delito, tiene como consecuencia la falta de denuncias por parte de la población, que a su vez causa que los criminales no sean penalizados debidamente. Todo lo anterior deja en evidencia la necesidad de legislar al respecto.
III. Texto normativo propuesto
Derivado de los datos y argumentos antes expuestos, se propone adicionar un tercer y un cuarto párrafo al artículo 390 del Código Penal Federal, el cual quedaría de la siguiente manera;
Es por lo expuesto, que someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero y cuarto al artículo 390 del Código Penal Federal, en materia del delito de extorsión ejercida por los denominados “montachoques”
Único. Se adiciona un párrafo tercero y un párrafo cuarto, al artículo 390 del Código Penal Federal, para quedar en los siguientes términos;
Artículo 390. Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a ciento sesenta días multa.
...
Además de las penas señaladas en el primer párrafo del presente artículo, se impondrá una pena de dos a cinco años de prisión y de trescientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a quien de manera premeditada por medio de conducta dolosa ocasione un siniestro vial, con la finalidad de obtener un lucro, simulando ser víctima del hecho de tránsito generado, tomando como mecanismos de alevosía y ventaja, los lineamientos que marcan los distintos Reglamentos de Tránsito.
Las penas aumentarán al doble, cuando en la realización del acto, se utilicen previamente mecanismos electrónicos o de cualquier otro tipo para investigar a la víctima, así como la utilización de amenazas de intimidación o conductas violentas, que faciliten realizar la extorsión de forma directa, o en su caso, impidan que aquellas personas que cuenten con seguro vehicular puedan realizar el reporte o comunicarse con las autoridades. A las penas que se señalen en el párrafo anterior y en este párrafo, se acumularán aquellas que correspondan a otros delitos ocasionados por el mismo acto.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Comunicado 2250. Ante las denuncias ciudadanas de casos de posibles extorsiones en hechos de tránsito, la SSC emite recomendaciones para los automovilistas.
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/2250-ante-las-denu ncias-ciudadanas-de-casos-de-posibles-extorsiones-en-hechos-de-transito-la-ssc- emite-recomendaciones-para-los-automovilistas
2 Heraldo de México. Con datos públicos, arman los montachoques.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/2/con-datos-publ icos-arman-los-montachoques-231305.html
3 Los “montachoques”: una nueva estrategia para atracar en la ZMG. Víctor Chávez Ogazón.
https://udgtv.com/noticias/montachoques-nueva-estrategia-atraca- zmg/
4 “Montachoques” son detenidos en Aguascalientes. Juan Pablo García. El Sol del Centro.
https://www.elsoldelcentro.com.mx/policiaca/montachoques-son-det enidos-en-aguascalientes-7198201.html
5 Detienen a 7 presuntos “montachoques” en Iztapalapa.
https://twitter.com/SSC_CDMX/status/1461879729938743307?ref_src= twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1461879729938743307%7Ctwgr%5E%7Ctw con%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2F
6 Comunicado 2750. SSC.
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/2750-policias-de-l a-ssc-detuvieron-siete-personas-que-posiblemente-provocaron-un-percance-vehicul ar-y-exigieron-dinero-un-ciudadano-en-calles-de-la-alcaldia-iztapalapa
7 Alertan por “montachoques” en San Luis Río Colorado.
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/alertan-por-monta-cho ques-en-san-luis-rio-colorado-7549662.html
8 Incidencia delictiva. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delict iva-87005?idiom=es#:~: text=La%20incidencia%20delictiva% 20se%20refiere,de%20la%20Rep%C3%BAblica%20en%20el
9 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 236 del Código Penal para la Ciudad de México. Diputado Nazario Norberto.
https://congresocdmx.gob.mx/archivos/parlamentarios/IN_423_36_27 _10_2020.pdf
10 Iniciativa de ley con respecto a los “montachoques”. Diputado Nazario Norberto.
https://twitter.com/nazarionorberto/status/1321136748852891649
11 Iniciativa de ley por el que se adiciona una fracción IV al artículo 236 del Código Penal para la Ciudad de México. Diputada Luisa Gutiérrez. Página 338.
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/11ea0203b4e4c4c 1b6939fc63651c68cf38c3f16.pdf
12 Iniciativa de ley en el que se reforma el artículo 390 del Código Penal Federal. Diputado David Bautista.
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/3/2021-06-09-1/asse ts/documentos/Ini_Morena_Dip_Bautista_Art_390_CPF.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2022.– Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
«Iniciativa que adiciona el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Héctor Israel Castillo Olivares y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Héctor Israel Castillo Olivares, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso J) a la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Planteamiento del problema
En la segunda década del siglo XXI, México tiene 126 millones 14 mil 24 habitantes, de los cuales 64 millones 540 mil 634 son mujeres (51.2 por ciento), 61 millones 473 mil 390 son hombres (48.8 por ciento) y al menos 15 millones 142 mil 976 personas tienen entre 60 y 100 años o más debido a que la esperanza de vida aumentó para las mujeres a 78 años y para el caso de los hombres a 72 años, de acuerdo con cifras del Censo Nacional de Población y Vivienda (Censo 2020), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La disminución de nacimientos y el aumento de la esperanza de vida han contribuido a modificar la composición de los grupos por edad en la población, por lo que se sostiene que los adolescentes menores de 15 años han disminuido a partir de 2020 hasta un 25.8 por ciento en comparación al 38.3 por ciento en 1990 y en el caso de los jóvenes de hasta 29 años, la cifra aumentó de 29.4 por ciento a 25.5 por ciento. La población adulta, de entre 30 a 59 años, pasó de 25.5 por ciento a 37.4 por ciento y, en el caso de las personas adultas mayores, el porcentaje aumentó de 6.2 por ciento a 11.3 por ciento; tomando en consideración las estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) 2020, en las que concluye que nuestro país, atraviesa por un proceso de envejecimiento demográfico.
Con base en las Proyecciones de la población de México y de las entidades federativas 2016-2050, las mujeres tienen una esperanza de vida, superior a la de los hombres con una brecha de casi seis años proyectado al 2030, la esperanza de vida será de 76.7 años en promedio. Para las mujeres de 79.6 años y para los hombres de 73.8 años. https://www.gob. mx/segob/prensa/informa-conapo-sobre-la-esperanza-de-vida-de-la-poblacion-mexic ana
Esperanza de vida por entidad federativa 2019
Fuente: Conapo. Consejo Nacional de Población. Datos abiertos. Indicadores demográficos 1950 -2050. (Consulta: 20 de enero de 2020). http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza
El Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento (Enasem), de adultos de 50 años y más. Diseñado para evaluar el impacto de la enfermedad sobre la salud, función y mortalidad —parcialmente patrocinado por los Institutos Nacionales de Salud / Instituto Nacional de Envejecimiento (R01AG 018016, R Wong, PI) en Estados Unidos y el Inegi—, en el boletín informativo del Enasem: 20-3, octubre 2020, página 1, sostiene que en nuestro país el envejecimiento se caracteriza por la fragilidad. Entendida como una condición asociada con resultados adversos, como la dependencia o la mortalidad, cuando se expone a factores estresantes de la vida diaria y como parte de los hallazgos se considera relevante mencionar los siguientes:
1. Las personas frágiles de 60 años o más tienen un 37 por ciento más de riesgo de caídas.
2. El riesgo de fragilidad en los adultos mayores mexicanos es más del doble entre los diabéticos.
3. En el último año de vida, la fragilidad se asocia con un aumento mayor del 50 por ciento en el uso de los servicios de atención médica, incluidas visitas al médico y días de hospitalización, en comparación con las personas no frágiles.
Adicionalmente a la fragilidad de la edad, se ha detectado que el entorno de la mayoría de las personas adultas mayores que viven México no es favorable debido a factores de convivencia adversos como la violencia psicológica, física, económica y sexual o abandono por parte de los integrantes del primer círculo familiar o de parte de la pareja con la que viven. Así como también a las enfermedades crónico-degenerativas que padecen como hipertensión arterial, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, osteoporosis, diabetes mellitus tipos I y II; cardiopatías isquémicas, dislipidemia o colesterol, triglicéridos o ambos en la sangre y enfermedades cerebrovasculares; entre otras, que los conduce a una etapa de envejecimiento discapacitante, altamente vulnerable en términos sociales y económicos.
En este contexto, es oportuno no perder de vista que el Inegi reconoció en el marco de las Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Población (11 de julio). Datos nacionales, comunicado de prensa número 302/20, el 9 de julio de 2020, página 3, que “el país está pasando por un proceso de envejecimiento demográfico, es decir, por un aumento en la proporción de personas de 60 años o más y la disminución de la población infantil y joven. Ello plantea diseñar políticas orientadas a mejorar el bienestar de vida de las personas que pasan por este ciclo de vida o que en un futuro cercano la transitarán. Así lo manifiesta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuando señala que “en las próximas décadas, muchos países estarán sometidos a presiones fiscales y políticas debido a las necesidades de asistencia sanitaria, pensiones y protecciones sociales de este grupo de población en aumento” (Organización de las Naciones Unidas [ONU], s.f., párrafo 3). Por otra parte, esta transición en la estructura por edad configura un contexto favorable para el desarrollo del país denominado por la comunidad internacional como bono demográfico. Se define como un “fenómeno en el que la población en edad de trabajar es mayor que la dependiente; es decir, niños y adultos mayores” (ONU, 2011, párrafo 1). En México, la razón de dependencia ha disminuido de 81 en 1990 a 60.2 personas dependientes por cada 100 personas en edades activas en 2018 y “seguirá descendiendo hasta entrada la tercera década del presente siglo. A partir de entonces, esta tendencia se invertirá como consecuencia del considerable aumento de la población de la tercera edad.”
Si bien uno de los aciertos del Ejecutivo federal en el marco de presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, es el incremento del 76.2 por ciento al Fondo de Pensiones de las Personas Adultas Mayores para 2022, al destinar 238 mil 14 millones de pesos, lo que representa 102 mil 948 millones de pesos más con respecto a este año. Aunque en términos reales, el apoyo que recibirán las personas adultas mayores a partir de los 65 años será de 35 pesos diarios, que depositados bimestralmente ascienden a la cantidad de 3 mil 100.00 pesos, son insuficientes para cubrir las necesidades especiales más apremiantes del envejecimiento como por ejemplo, la compra de pañales para adulto, debido a la enuresis o mejor conocida, incontinencia urinaria o fecal, como consecuencia de múltiples factores subyacentes que se presenta de manera más recurrente en mujeres que en hombres.
En la guía de práctica Clínica detección, diagnóstico y tratamiento inicial de incontinencia urinaria en la mujer,México; Instituto Mexicano del Seguro Social, 2009, página 9, se reconoce que la incontinencia urinaria constituye un problema médico y social importante; no es obviamente un proceso de riesgo vital, pero deteriora significativamente la calidad de vida de los pacientes, limita su autonomía y reduce su autoestima.
De acuerdo con el doctor Hagerman Ruiz-Galindo, integrante de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Recto y Colon, la incontinencia fecal es otro de los problemas que presentan no sólo las personas adultas mayores sino en pacientes que han superado el cáncer anal o de próstata donde al pasar por una cirugía se ven afectados los nervios que controlan el esfínter, así como enfermedad inflamatoria crónica intestinal, accidentes automovilísticos, entre otros. Asimismo, señala que en
México casi el 30 por ciento de las personas adultas mayores que superan los 70 años presenta incontinencia urinaria https://www.vertigopolitico.com/todo-menos-politica/bienestar/30-de-los-adultos -mayores-en-mexico-sufre-incontinencia
En este marco, resulta revelador el artículo de Angélica Hernández, publicado en El Financiero del 11 de noviembre de 2014, en el que da a conocer que en nuestro país:
...
...
En 2013 mientras la venta de pañales para niños creció a un ritmo promedio anual de 3.66 por ciento en los últimos seis años, la de pañales para adultos reporta un alza en su volumen de venta de 15 por ciento en promedio anual en el periodo referido, de acuerdo con datos de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera del Inegi.
Se comercializaron 371 millones de piezas de pañales para adulto con un costo aproximado de 12.5 pesos por artículo. Lo anterior significa que los pañales de adultos pueden ser hasta cinco veces más caros que los infantiles, debido básicamente al tamaño y la cantidad de material que se requiere para su fabricación. https://www.elfinanciero. com.mx/economia/venta-de-panales-para-adulto-crece-15-anual/
Ahora bien, entre el 5 de marzo al 11 de mayo de 2018, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), examinó 41 modelos de las 14 principales marcas de pañales para adulto que se comercializan en nuestro país, de los cuales 14 corresponden a pañales predoblados; 15 a tipo anatómico (abierto) y 12 a tipo ropa interior (pants) para dama, caballero y unisex que cumplen con lo requerido en la normatividad vigente y los consideró una buena inversión. https://www. gob.mx/cms/uploads/attachment/file/352984/Estudio_de_Calidad_de_Pa_ales_Desecha bles_para_Adulto.pdf
La situación de vulnerabilidad que enfrentan la mayoría de las personas adultas mayores, al estar expuestas a una situación de pobreza debido a la reducción de capacidades físicas, el retiro del mercado laboral, condiciones específicas de salud y educación, entre otros factores, impide o reduce significativamente, el poder adquisitivo de consumo de pañales desechables para adulto y tratándose de las familias de bajos ingresos o con empleos informales que cuentan con al menos con una persona adulta mayor, la compra de pañales desechables para dicho segmento de la población constituye un gasto y afectación directa a la economía familiar, que los obliga a elegir opciones en el mercado negro de productos por kilo que no cumplen con la normatividad vigente:
• NOM-002-SCFI-2011, Productos preenvasados. Contenido neto. Tolerancias y métodos de verificación.
• NOM-050-SCFI-2004, Información comercial. Etiquetado general de productos.
• NMX-A-049/1-INNTEX-2009, Industria textil. Auxiliares absorbentes de orina. Parte 1. Ensayo en producto completo.
• NMX-A-024-INNTEX-2012, Industria textil. No tejidos. Pañales. Determinación del regreso de humedad y velocidad de absorción en pañales desechables para bebé. Método de prueba (cancela a la NMX-A-024/1-INNTEX-2008).
• NMX-A-259/2-INNTEX-2009, Industria textil. Determinación del pH del extracto acuoso. Parte 2. pH de pañales y toallas higiénicas.
El incumplimiento de las citadas normas oficiales mexicanas en los pañales desechables para adulto tiene como efecto inmediato, la imposibilidad de determinación del pH del producto; es decir, la acidez y alcalinidad del material con el que está fabricado el pañal, lo que puede provocar irritación en la piel desencadenándose una serie de daños colaterales como escaras, infecciones cutáneas y alergias entre otras complicaciones de salud que incrementarán el nivel de gasto en las familias.
Asimismo ante la crisis económica que enfrenta México como parte de los efectos de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2, (Covid-19), en Acción Nacional estamos convencidos que es urgente apoyar a las personas adultas mayores y aquellas con necesidades especiales y sus familias con la tasa del 0 por ciento del impuesto al valor agregado, a productos como los pañales desechables para adulto, por lo que se propone adicionar inciso j) a la fracción I del artículo 2o.- A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado con la finalidad de disminuir el precio de venta de dichos productos, así como a la industria nacional que los fabrica.
Argumentos
A partir de 2013 se identificó como uno de los efectos del aumento de la esperanza de vida de las personas adultas mayores, que las empresas dedicadas a la fabricación de pañales para adulto han aumentado sus ventas, de cada 10 pañales, tres son para personas adultas mayores. https://expansion.mx/negocios/2014/04/01/panales-para-adulto-039absorben039-mer cado
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Conasar), en el marco de entrega de la serie “Documentos de Trabajo” ( Working Papers) 2018 dedicado a la radiografía de los ingresos y gastos que tienen los adultos mayores en México, dio a conocer la situación prevaleciente en cobertura de pensiones, ingresos y gastos:
Cobertura:
• México tiene una baja cobertura de pensión contributiva —23 por ciento mujeres y 40 por ciento hombres—, la cual ha sido atendida a través del crecimiento en los últimos años de la cobertura de programas asistenciales no contributivos de combate a la pobreza en la vejez —actualmente con cobertura de 53 por ciento en mujeres y 43 por ciento en hombres.
• 26 por ciento de los adultos mayores reporta no tener ingresos por pensión contributiva ni por programas asistenciales.
• La baja cobertura pensionaria en México —que ha sido parcialmente cubierta con programas asistenciales no contributivos de combate a la pobreza en la vejez— tiene su origen, entre otras razones, al vínculo del empleo formal y el derecho a la seguridad social, los altos niveles de informalidad, el desinterés por la seguridad social pensionaria y los requisitos para la obtención de una pensión contributiva.
Ingresos y gastos:
• Una tercera parte de adultos mayores tiene ingresos únicamente por pensión.
• Los hogares con adultos mayores tienen mayor porcentaje de gasto en alimentos, hogar, salud y vivienda; mientras que el porcentaje es menor en educación y esparcimiento, transporte y vestido.
• Los hogares con adultos mayores y pensión contributiva tienen mayor porcentaje de gasto en vivienda.
• Los hogares con adultos mayores y pensión no contributiva tienen un mayor gasto porcentual en salud y hoga r.
• Los resultados indican que México enfrenta un gran reto en torno a satisfacer las necesidades de los adultos mayores del país que deberá atender en el contexto de un profundo cambio demográfico. En México —y en muchos países en desarrollo— los bajos niveles de cobertura han sido parcialmente cubiertos con programas no contributivos. Si bien dichos programas han permitido ampliar el número de adultos mayores con algún tipo de cobertura —como se ha documentado en este trabajo— éstos no representan una solución estructural al reto de lograr una adecuada combinación de cobertura (cuántos están cubiertos), suficiencia (el monto del beneficio) y sostenibilidad (con qué recursos se paga). https://www.gob.mx/consar/prensa/nuevo-documento-de-trabajo-ingresos-y-gastos-d el-adulto-mayor-en-mexico-la-importancia-de-las-pensiones
Respecto a la tasa del 0 por ciento del impuesto sobre el valor agregado, es necesario mencionar que se trata de actos a los que no se incrementa el importe total a cubrir, pues la tasa de impuesto tiene un valor de cero. Al ser gravados por la LIVA tendrán los mismos derechos de acreditamiento que los actos gravados a 16 por ciento y en dicha tasa, específicamente el consumidor no paga el gravamen. Actualmente solo es aplicable a ciertos bienes y servicios, previstos en el artículo 2o.- A de la LIVA, que a continuación se detallan:
1. Libros, revistas y periódicos.
2. Venta de animales y vegetales no industrializados.
3. Medicinas de patente.
4. Joyería, oro, orfebrería, piezas ornamentales y artísticas.
5. Invernaderos para cultivos.
6. Alimentos procesados para mascotas.
7. Chicles o gomas de mascar.
8. Saborizantes, microencapsulados y aditivos alimentarios.
9. Productos destinados a la alimentación, excepto por jugos y néctares
10. Venta de hielo y agua no gaseosa ni compuesta, en envases menores de 10 litros.
11. Tractores para implementos agrícolas.
12. Caviar, salmón ahumado y angulas.
13. Fertilizante.
14. Ixtle, lechuguilla y palma.
15. Herbicidas, plaguicidas y fungicidas destinados a la agricultura o ganadería.
La tasa del 0 por ciento se aplica también a los prestadores de servicios dedicados a:
1. Agricultura o ganadería.
2. Pasteurización de leche.
3. Molienda de granos (maíz, trigo, entre otros).
4. Invernaderos hidropónicos.
5. Despepite de algodón.
6. Sacrificio de ganado y aves de corral.
7. Suministro de agua para uso doméstico.
El 8 de septiembre de 2021, el Ejecutivo federal en el marco de la presentación de las iniciativas del paquete económico para el ejercicio fiscal 2022, Anexo D. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos, propuso que los productos sanitarios, como son las toallas, tampones y copas sanitarias para uso menstrual, estén sujetos en el IVA a la tasa de 0 por ciento, mediante la adición de un inciso j) a la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del IVA, con lo que se espera una disminución del precio de venta de estos productos, de acuerdo con los siguientes argumentos, páginas LX a LXII:
Una de las funciones principales del Estado mexicano es la protección y la promoción de la salud pública de todos los ciudadanos de la república. Aunque el derecho es homogéneo para todos los habitantes sin distinción alguna, la realidad es que por razón de género sus necesidades en materia de salud no son iguales en todos los casos.
Una diferencia importante por género es el proceso de menstruación, función natural del género femenino, cuyo ciclo se repite aproximadamente cada mes.
Para atender este proceso natural existen en el mercado productos sanitarios, como son las toallas, tampones y copas sanitarias para uso menstrual. Dichos productos están gravados en el IVA con la tasa del 16 por ciento. El gravar los productos que atienden la menstruación significa que este impuesto tiene una incidencia económica en las mujeres por una condición biológica y natural del género femenino.
Este impuesto afecta más a las mujeres en situación de pobreza en nuestro país porque no pueden comprar los productos mencionados ante la falta de recursos, derivado del traslado del impuesto que efectúa el enajenante, con los consiguientes efectos negativos en su higiene y riesgos de salud. En efecto, un amplio sector de la población corresponde a mujeres en situación de pobreza que no cuentan con recursos económicos para adquirir dichos productos, por ejemplo, las niñas y adolescentes que habitan en zonas marginadas del país, lo cual incluso perjudica su rendimiento escolar cuando no les es posible acudir a las escuelas.
Al respecto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se ha pronunciado en el sentido de que “ hay muchas niñas y mujeres que no se pueden permitir comprar compresas o tejidos higiénicos y, a menudo, deben utilizar materiales poco salubres como periódicos, que pueden causar infecciones. En algunos casos, cuentan con tejidos adecuados, pero no con los medios para mantenerlos lo suficientemente limpios para reutilizarlos (...) la falta de un lugar seguro o la capacidad para manejar la higiene menstrual, así como la falta de medicamentos para tratar el dolor relacionado con la menstruación, pueden contribuir a tasas más altas de ausentismo escolar y malos resultados educativos. Algunos estudios han confirmado que cuando las niñas no pueden manejar adecuadamente la menstruación en la escuela, su asistencia y rendimiento escolares se ven afectados”.
Por ello, se propone a esa soberanía modificar el tratamiento impositivo expuesto, para que los productos higiénicos mencionados estén sujetos en el IVA a la tasa de 0 por ciento, mediante la adición de un inciso j) a la fracción I del artículo 2o.-A de la Ley del IVA, con lo que se espera una disminución del precio de venta de estos productos.
Con la medida propuesta se cumple con una necesidad ignorada por parte del Estado mexicano, que demanda un tratamiento fiscal acorde con las transformaciones más importantes del siglo XXI y en este contexto, es necesario enfatizar que el envejecimiento de la población debe contar con la misma regulación, por lo que en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, consideramos que el tratamiento impositivo de productos higiénicos a tasa del 0 por ciento del IVA, debe extenderse a productos como pañales desechables para adulto a partir del reconocimiento del derecho a la salud por razón de edad como parte del proceso natural de envejecimiento y las necesidades específicas del grupo etario a partir de los 60 años, dentro de las que destacan:
• La mayoría de las personas adultas mayores presentan padecimientos crónico-degenerativos
• Las personas adultas mayores, con el mayor porcentaje de incontinencia urinaria son mujeres, 35 por ciento
• No existen cifras actualizadas de personas adultas mayores que compran pañales desechables para adulto
• Las Personas Adultas Mayores de 75 años y más, experimentan independencia inestable y riesgo de pérdida funcional.
• Las personas adultas mayores, hospitalizadas tienen como causa fracturas, caídas o enfermedades que los conduce a la incapacidad o postración.
• Inversión del bono demográfico:
< población joven
> población adulta mayor
= Envejecimiento de la población
En la Década del Envejecimiento Saludable 2020-2030, de cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de la conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad, el próximo 1 de octubre, la presente iniciativa pretende abonar a la discusión de estrategias destinadas a la construcción de una sociedad mexicana con inclusión y garantizar las mejores condiciones de vida de las personas adultos mayores que viven en México y alcanzar la meta impuesta por la OMS, añadir vida a los años mediante un envejecimiento saludable.
Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, presento a consideración de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona un inciso J) a la fracción I del artículo 2o.- a de la Ley del Impuesto al Valor Agregado
Artículo Único. Se adiciona un inciso j) a la fracción I del artículo 2o.- A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:
Artículo 2o.-A.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0 por ciento a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:
I.- La enajenación de:
a) a i) ...
...
j) Pañales desechables para adulto
II. a IV. ...
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022. – Diputado Héctor Israel Castillo Olivares (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados.
LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
«Iniciativa que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, suscrita por la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
Laura Lorena Haro Ramírez, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto: “ que modifica el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores”, considerando la siguiente:
Exposición de Motivos
México cuenta con una población de 128.9 millones de personas, de las que 57.5 millones de 15 y más años son población económicamente activa, lo que representa una tasa de participación de 58.4 por ciento 1. Cabe destacar que este sector poblacional ha incrementado en 3.9 millones de personas respecto al año pasado.
Cabe destacar que del universo de personas que conforman la población económicamente activa, 38 millones de personas, es decir 68.9 por ciento, laboran como trabajador subordinado y remunerado ocupando una plaza o puesto de trabajo. Por su parte, 2.6 millones de personas, que representa el 4.7 por ciento, se desenvuelven como patrones o empleadores 2.
Como se puede notar, el grueso de la población económicamente activa se desenvuelve como trabajador subordinado y remunerado. Es decir, la mayoría de la población es empleada en mandos subordinados.
Del total de las personas con trabajo formal, alrededor de 20 millones 400 mil personas están afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, de las cuales 12 millones y medio son hombres y 7 millones 900 mil son mujeres.
La mayor parte de la población ocupada está afiliada al Seguro Social, situación que deriva en que toda esta población deba gozar de la prestación de crédito en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Respecto al nivel de ingresos, alrededor de 12 millones 300 mil personas perciben menos de un salario mínimo; 21 millones 400 mil personas ganan de 1 a 2 salarios mínimos; 10 millones 700 mil reciben de 3 a 5 salarios mínimos; 959 mil son remunerados con 6 a 10 salarios mínimos y solo 178 mil, más de 10 salarios mínimos 3.
Como se puede notar los contrastes salariales están muy marcados, lo cual representa otro problema para millones de personas en México que buscan hacerse de un patrimonio. Pues deben repartir sus ingresos entre la adquisición de la canasta básica, que ya representa un gasto considerable por el incremento en los costos de los productos por razón de la inflación que también continúa incrementando, en contraste con el poder adquisitivo que disminuye.
También deben considerar el pago de servicios básicos, que al igual que la canasta básica, incrementan su costo. Aunado a estos gastos, las personas que perciben un salario deben también destinar una parte de su ingreso al pago de deudas contraídas con instituciones bancarias y crediticias; aspecto que perjudica a las y los trabajadores pues los bajos salarios y el alto costo de vivir en México deriva en malos historiales crediticios por deudas impagables.
El 14 de junio de 2021, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores publicó el Boletín #024, en el que anunció el Nuevo Esquema de Crédito en Pesos, con el cual se mantendría una disminución en las tasas de interés habituales, quedando de la siguiente forma 4:
Es importante reconocer el peso y la relevancia de esta decisión, tomada en un contexto económicamente adverso dentro de un escenario en el que la pandemia ha provocado fuertes afectaciones económicas, como el cierre de empresas, disminuciones salariales, e incluso la reducción en las percepciones de quienes cuentan con la fortuna de preservar su empleo aún.
El portal web del Infonavit tiene una herramienta que permite hacer un cálculo rápido para saber el costo que tendría la mensualidad de un crédito para una persona asalariada, considerando factores como la edad y el sueldo para hacer la estimación 5. Con base en ella se han elaborado algunos escenarios para demostrar gráficamente lo que se expresó líneas atrás.
Como primer ejemplo, se plantea el esquema de una persona ubicada en el rango de edad de la población denominada millennial con un salario acorde con lo que gana ese sector poblacional en promedio:
En un segundo escenario se plantea un esquema de una persona en un rango de los 37 años con un salario promedio, lo que sería la realidad de millones de personas en México:
En el tercer escenario se continúa en el mismo segmento poblacional, pero con mejores condiciones salariales, que es un esquema menos común pero aún prevaleciente en un sector de la población:
Como cuarto, y último escenario, se plantea un esquema todavía menos común, pero que algunas personas en México tienen la fortuna de gozar:
Este es solo una parte de todo el contexto que involucra la vida diaria de una persona asalariada en México, situación que convierte en una labor titánica solventar la deuda de un crédito de vivienda. Pues los costos de las mensualidades, a pesar de haber disminuido las tasas de interés, siguen siendo altos.
Situación que vuelve necesario asentar en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que el costo anual total no podrá ser superior al ocho por ciento. Con esta medida, se contribuirá a fortalecer los trabajos ya emprendidos por el Instituto en beneficio de millones de personas ocupadas que perciben un salario en México.
México no puede seguir transitando bajo un esquema desigual en todo sentido, incluso en factores económicos en los que se realicen cobros desmedidos en materia de intereses y demás cobros en la materia. Toda persona que acude una institución de gobierno es porque requiere del apoyo del Estado, situación que debe ser innegable para cualquier persona que lo haga, se encuentre en condiciones de vulnerabilidad o no.
Tal es el caso del Infonavit, al cual millones de personas en México acuden en busca de una oportunidad y apoyo en su búsqueda por hacerse de un patrimonio.
Por lo anteriormente expuesto, y con el objeto de mostrar de manera más clara las modificaciones que se pretende llevar a cabo en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se presenta el siguiente cuadro:
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Por lo expuesto, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente:
Decreto por el que se modifica el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Artículo Único. Se adiciona un párrafo tercero del artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, recorriendo los subsecuentes para quedar como sigue:
Artículo 44. ...
...
El costo anual total de cada uno de los créditos otorgados a las y los trabajadores no podrá ser superior al ocho por ciento.
...
...
...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por conducto del Consejo de Administración realizará los ajustes pertinentes al tabulador de tasas de interés para créditos otorgados en un plazo no mayor a 90 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.
Tercero. El costo anual total será aplicable para todos los derechohabientes a partir del siguiente ejercicio fiscal, incluyendo a quienes obtuvieron su crédito antes de la entrada en vigor del presente decreto.
Notas
1 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/ iooe/iooe2021_10.pdf
2 Íbid.
3 http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20 nacional.pdf
4 https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit.web/el-institu-to/el-inf onavit/sala-de-prensa/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMn Mz0vMAfIjo8zizdwNDDycTQz9LHy8TQ0CDQK83Q28DAyDLQ30w8EKjCwMDNydDAz93C08LAwc3Vw9XS 19jI3cDQ30o4jRj0cBSL8BDuAI0h8FVoLLBaGGUAV4zCjIDY0wyHRUBACOK5QR/dz/d5/L2dBISEvZ0 FBIS9nQSEh/?numeroBoletin=024&mes=junio&anio=2021
5 https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavit.web/trabaja-dores/!ut/p/ z1/hY7NDoIwEISfhQNXdoFoqreaIGqINyPuxQCpBVMoKRVeX_y5mIjObXe-mQwQpEBN1lcys5VuMjXe J5qfA4YYr9 Dfx2zDkK-jbbRIwiD2EY7_ABptnBB_5OmJTDUc_Dfwo2MHJJX OX3N5k4dMAhlxEUYY72bGd2lt2y1ddHEYBk9qLZXwCl27-C1S6s5C-klCW6d4nak-4Y5zB9HJFJU!/d z/d5/L2dBISEvZ0FBIS9n QSEh/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2022.– Diputada Laura Lorena Haro Ramírez (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Vivienda, de la Cámara de Diputados.
>CÓDIGO PENAL FEDERAL Y LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN
«Iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, Elizabeth Pérez Valdez, diputada a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 73, fracciones XVII y XXXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta asamblea iniciativa que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de intervención de comunicaciones privadas, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Planteamiento del problema
Recientemente, la idea de que periodistas incomodos para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fueran espiados a fin de encontrar en sus comunicaciones elementos que permitirán iniciar en su contra una campaña de desprestigio. Nos lleva a recordar que este Gobierno no ha hecho nada por legislar y dar certeza en materia de controles democráticos a la intervención de comunicaciones privadas.
No se ha aclarado nada al respecto del uso del malware Pegasus en el sexenio pasado, herramienta tecnológica criticada y señalada por intervenir las comunicaciones privadas de defensores de derechos humanos, periodistas y liderazgos de oposición política, aunque, seguramente no es el único software o herramienta utilizada con dichos fines.
La investigación internacional Pegasus Project, 1 coordinada por Forbidden Stories y Amnistía Internacional, reveló información sobre el uso del malware de espionaje Pegasus en contra de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y otros integrantes de la sociedad civil alrededor del mundo, incluyendo México.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha dicho que: “El proyecto Pegasus pone al descubierto que el software espía de NSO es el arma preferida de los gobiernos represivos que intentan silenciar a periodistas, atacar a activistas y aplastar la disidencia, poniendo en peligro innumerables vidas”. 2
En dicha investigación se señala que más de 50 mil números de teléfono aparecen como potenciales objetivos de Pegasus, de los cuales más de 15 mil poseen el código de país de México y que incluyen a familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, investigadores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y más de 25 periodistas.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, calificó como “extremadamente alarmante el espionaje a periodistas y personas defensoras de derechos humanos que indican algunos de los peores temores sobre el posible uso indebido de la tecnología de vigilancia para socavar ilegalmente los derechos humanos de las personas”. 3
Pegasus Project confirma lo que desde 2017 una investigación conjunta realizada por Citizen Lab, Article 19, R3D y SocialTIC reveló sobre cómo el gobierno mexicano destinó recursos públicos para adquirir el malware Pegasus. Mientras la comunidad internacional pone ha descubierto una red de espionaje e intromisión en la vida privada de cientos de personas mexicanas, el gobierno federal actual no ha dicho nada al respecto.
Hoy, años después de que saliera a la luz esta problemática, las autoridades mexicanas, siguen omitiendo resolver o al menos regular esta problemática.
Ahora, se sabe que, Pegasus Project es un programa malicioso creado y ofrecido exclusivamente a gobiernos por la empresa israelí NSO Group con el objetivo de combatir a los grupos criminales y el terrorismo. Sin embargo, en gobiernos autoritarios y con falta de controles democráticos se utiliza para tomar control de los dispositivos e intervenir comunicaciones de periodistas, activistas, personas defensoras de derechos humanos, entre otros de manera ilegal, como es el caso de México.
Frente a esta realidad, el 23 de mayo de 2017 las organizaciones de la sociedad civil que integran la Alianza para el Gobierno Abierto en México suspendieron su participación en los trabajos ante la inacción del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto por la revelación de los casos de espionaje a periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos.
En 2019, las organizaciones reanudaron el diálogo, ahora con el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, al acordar la integración de un compromiso para atender la vigilancia ilegal y desproporcionada en el país.
Desde la primera revelación de casos, los organismos internacionales —incluidos diversos procedimientos especiales de las Naciones Unidas— han recomendado al Estado mexicano garantizar una investigación independiente, así como establecer un marco legal para proteger la privacidad de las personas conforme a los estándares internacionales. A la fecha, ninguna de las recomendaciones ha sido atendida.
Actualmente, la investigación oficial en México fue retomada por la Fiscalía General de la República (FGR), misma que inició con la entonces Procuraduría General de la República, quien ha sido la dependencia que adquirió y operó el malware Pegasus durante el periodo de los ataques en 2017. En febrero de 2019 la FGR señaló al INAI que no contaba con “bitácoras de uso o registros, bases de datos y aplicaciones que dieran cuenta de la utilización del sistema adquirido” convenientemente.
La investigación realizada por Citizen Lab de la Universidad de Toronto demostró que el uso del malware Pegasus en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos no se limita al análisis forense de los teléfonos. Sobre todo, porque el malware tiene características que le permiten no dejar rastro en los teléfonos móviles y, a la fecha, la autoridad investigadora no ha demostrado garantías mínimas como la independencia en el análisis forense y una metodología robusta de investigación.
La evidencia que detectó Citizen Lab en su análisis se refiere a la infraestructura que usa la empresa israelí y a los intentos de infección. Es decir, que el uso del malware queda registrado en los servidores de NSO Group a los cuales la compañía tiene acceso de acuerdo a las declaraciones de su director, Shalev Hulio al medio Die Zeit. O bien, al identificar la URL contenida en los mensajes SMS que recibieron las personas en el teléfono y su coincidencia con los dominios conocidos de Pegasus.
Además, la infraestructura de NSO Group es también la de la PGR, la Sedena y el Cisen (ahora CNI), donde también se puede detectar información técnica relevante para contar con elementos concretos sobre el uso del malware Pegasus en México.
Preocupa que la FGR insista en esperar a que las personas denunciantes “puedan aportar sus teléfonos” cuando Citizen Lab ha explicado al Ministerio Público la metodología que siguieron y que les permitió afirmar con una base científica que las personas denunciantes fueron atacadas con el malware Pegasus.
Citizen Lab también ha entregado al Ministerio Público una lista con diversos actos de investigación a fin de generar evidencia técnica que permita la identificación de perpetradores y víctimas sobre el uso del malware Pegasus en México, los cuales, inexplicablemente, no fueron atendidos. 4
Problemática
México requiere de un marco regulatorio para evitar abusos. Los hechos expuestos demandan una respuesta coordinada para impulsar modificaciones regulatorias administrativas y de operación que contribuyan a la transparencia y la rendición de cuentas en la compra, uso y supervisión de tecnologías de intervención de comunicaciones privadas, acceso a datos conservados y geolocalización.
La adquisición y uso de tecnologías de vigilancia se ha realizado sin transparencia ni mecanismos efectivos para la rendición de cuentas, por lo que la falta de regulaciones y medidas de control ha fomentado su uso ilegal. Lo anterior ha generado que las recomendaciones y observaciones de organismos internacionales y de derechos humanos sean desconocidas y resulten sin efecto ante la promesa de la actual administración de no espiar o de controlar las herramientas para que los particulares tampoco lo hagan.
La vigilancia en México se ejerce frecuentemente por autoridades que carecen de las facultades legales para hacerlo o de autorización o supervisión judicial, porque no existe una regulación específica de herramientas altamente intrusivas de vigilancia como el software malicioso Pegasus. No obstante, la legislación reconoce la posibilidad de que algunas autoridades puedan requerir autorización judicial federal para la intervención de comunicaciones privadas para fines específicos.
Sin embargo, no existen mandatos, controles, reglas y sanciones para que los particulares hagan uso de este tipo de tecnología.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a establecer “controles democráticos a la intervención de comunicaciones privadas” 5 en el Cuarto Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto, 6 dando como resultado que se instruyera a la Secretaría de la Función Pública y demás dependencias de gobierno para que cumplan el compromiso, hasta el momento sigue sin haber avance alguno en la materia.
En este contexto se debió mandatar a la Fiscalía General de República a realizar una investigación exhaustiva e integral sobre el uso del malware Pegasus en contra de periodistas y activistas, así como integrarse a los trabajos del Cuarto Plan de Acción para, en un ejercicio de gobierno abierto, abrir la información de interés público que sirva para la rendición de cuentas y para evitar el uso arbitrario de éstas y otras herramientas de vigilancia, una vez más, en este rubro, no existe avance alguno.
Por otra parte, las instituciones de seguridad, procuración de justicia e inteligencia deben cumplir con sus obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, haciendo públicos los contratos generados para comprar con recursos públicos este tipo de herramientas de vigilancia.
Esta iniciativa busca generar un marco normativo mínimo para que el gobierno mexicano imponga una moratoria inmediata a la exportación, venta, transferencia, uso o prestación de servicios de asistencia para instrumentos de vigilancia desarrollados por empresas privadas hasta que se establezca un régimen de salvaguardias que respete los derechos humanos.
En el derecho internacional —recogido en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos— es el derecho a la privacidad y a la no injerencia en la vida privada. Sobre esta base legal, Alemania y Brasil lanzaron en 2013 una propuesta a la Asamblea General de la ONU para impulsar una resolución reafirmando el derecho a la privacidad y en contra de las prácticas de espionaje internacional que violan este derecho.
Aunque esta resolución no es vinculante, su aprobación dejó constancia de la preocupación de la comunidad internacional ante la falta de control con respecto estas prácticas. En dicha resolución, las Naciones Unidas instan a los Estados a examinar su legislación sobre interceptación de comunicaciones y vigilancia de datos personales, expresando especial preocupación en torno al uso de estas prácticas de manera extraterritorial, además de recordar que el derecho a la privacidad de las personas también debe estar protegido en los medios digitales.
Ante ello proponemos que se añada al artículo 211 Bis del Código Penal Federal una sanción penal para quienes que realicen alguna intervención de comunicaciones sin previa autorización judicial.
Además de sancionar la construcción, posesión, utilización o administre cualquier herramienta que sea utilizada con fines de intervenciones en las comunicaciones privadas, que no estén autorizadas en la ley.
Mientras, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, proponemos que el Ifetel, quien tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes de telecomunicaciones, incluyendo las redes públicas de telecomunicaciones, y la prestación de los servicios públicos de interés general de radiodifusión y de telecomunicaciones, desarrolle un padrón de personas autorizadas para poseer, utilizar o administrar estas herramientas, y expida lineamientos que controlen y detengan la masificación del problema.
Para un mejor entendimiento presentamos los siguientes cuadros comparativos:
Por lo expresado se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 211 Bis y 211 Bis 1 del Código Penal Federal, y 190 y 190 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
Primero. Se reforma el artículo 211 Bis y se adicionan un tercero, cuarto y quinto párrafos al artículo 211 Bis 1 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 211 Bis. A quien realice alguna intervención de comunicaciones sin previa autorización judicial, revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.
Artículo 211 Bis 1. ...
...
Al que sin registro del Instituto Federal de Telecomunicaciones construya, posea, utilice o administre cualquier herramienta que sea utilizada con fines de intervenciones en las comunicaciones privadas, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días de multa.
Las mismas sanciones se impondrán a los gerentes, directivos, mandatarios con facultades de dominio o de administración, administradores de las personas morales que no cumplan o hagan cumplir la obligación a que se refiere el párrafo anterior.
Cuando el delito fuere cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, se aumentará la pena hasta en una mitad, además de la pena de prisión antes señalada, será inhabilitado, destituido o suspendido, de su empleo público o profesión por un término igual a la pena impuesta.
Segundo. Se reforma y adicionan tres párrafos al artículo 190 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 190 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:
Artículo 190....
I. a XII. ...
Las comunicaciones privadas son inviolables. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.
La posesión de toda herramienta utilizable en la intervención de cualquier comunicación privada deberá manifestarse al Instituto, para el efecto de su inscripción en el registro federal.
El registro deberá al menos incluir: el país de origen, y su legal estancia en territorio nacional; el pago de los derechos correspondientes; la denominación; su aplicación o forma de utilización, los motivos por los que se adquiere, administra, construye o posee.
El instituto emitirá los lineamientos sobre las herramientas que son utilizadas con fines legales de intervenciones en las comunicaciones privadas.
Artículo 190 Bis. ...
...
No se permitirá la construcción, posesión, utilización o administración de herramientas que sean utilizadas con fines de intervenciones en las comunicaciones privadas, salvo los casos de excepción señalados en la ley.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Instituto Federal de Telecomunicaciones emitirá los lineamientos sobre las herramientas que son utilizadas con fines legales de intervenciones en las comunicaciones privadas dentro de los 90 días posteriores a la publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Amnistía Internacional. Dirección URL:
https://www.amnesty.org/es/latest/press-release/2021/07/the-pega sus-project/
2 Ídem.
3 Agencia EFE. Dirección URL:
https://www.efe.com/efe/cono-sur/mundo/el-escandalo-por-espionaj e-crece-mientras-los-gobiernos-niegan-implicacion/50000759-4590316
4 IMCO,
https://imco.org.mx/estado-mexicano-debe-cumplir-con-el-compromi so-para-la-intervencion-de-comunicaciones/
5 Establecer un mecanismo multisectorial de participación formal para el análisis, la discusión, el diseño y la valuación de política pública en materia de uso de tecnología para la intervención de comunicaciones privadas, acceso a datos conservados y geolocalización, con respeto de los derechos humanos para evitar el abuso o uso ilícito de este tipo de tecnología.
Este espacio de participación ciudadana deberá involucrar a representantes de dependencias públicas involucradas en la compra, uso y supervisión de tecnologías de vigilancia estatal con el fin de implementar modificaciones regulatorias administrativas y de operación como establecer normas administrativas para la regulación y transparencia de la adquisición de tecnología de vigilancia, establecer reglas internas para la instalación, criterios de uso y disposición de tecnologías de vigilancia en dependencias federales o establecer garantías del derecho a saber y acceso al expediente propio de objetivos de acciones de vigilancia gubernamental.
6 Cuarto Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto en México. Dirección URL:
https://gobiernoabiertomx.org/blog/2020/01/02/cuarto-plan-de-acc ion-de-la-alianza-para-el-gobierno-abierto-en-mexico/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2022.– Diputada Elizabeth Pérez Valdez (rúbrica).»
Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Comunicaciones y Transportes, de la Cámara de Diputados.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
«Iniciativa que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Beatriz Dominga Pérez López, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe Beatriz Dominga Pérez López, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; presenta ante esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo quinto, y se recorren los subsecuentes, al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Planteamiento del problema
Todos los seres humanos nacemos libres, con igualdad de derechos, así está plasmado en la Carta Magna, pues en el artículo 1o. de la máxima ley federal se establece que:
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Por su parte la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, de la cual nuestro país es partícipe, prácticamente desde su creación, de igual manera establece en su primer articulado que:
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
En ese sentido todos tenemos derecho a un libre desarrollo, el cual además debe ser armónico, que potencie nuestras capacidades, tenemos derecho a un trabajo digno, a una identidad, al cuidado de la salud, entre otros derechos más.
Ahora bien, es en el cuidado de salud en donde abundaré un poco más, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el cuarto párrafo del su artículo 4o. otorga el derecho a la protección de la salud, sin establecer cuando comienza o cuando termina este mismo, es decir, se entiende o se entendería que es desde el nacimiento, hasta que fenecemos, lo mismo hace la DUDH, pues en el numeral 1 del artículo 25 establece que: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
Y en este sentido, en el tratamiento, en nuestro últimos días, considerando el hecho de que nos encontramos con alguna enfermedad terminal, como lo expresamos una exhorto presentado con anterioridad, en el año 2009 se adicionó un capítulo Octavo Bis a la Ley General de Salud, el cual nos habla precisamente de este tema, denominado De los Cuidados Paliativos a los Enfermos en Situación Terminal, y nos define a los cuidados paliativos como:
El cuidado activo y total de aquéllas enfermedades que no responden a tratamiento curativo. El control del dolor, y de otros síntomas, así como la atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales.
Podemos observar entonces que la ley busca apaciguar o aminorar el dolor o demás síntomas que podamos sufrir en una enfermedad terminal.
No obstante lo anterior en estas enfermedades terminales, en muchas ocasiones, a pesar de estos cuidados paliativos, el dolor se torna insostenible, imposible de soportar o controlar, en algunas otras ocasiones perdemos el control de nuestro cuerpo y no somos capaces de valernos por si solos, en esos momentos, cuando nos encontramos ante un inminente desenlace, cuando sabemos que lo que nos espera es la muerte, deberíamos tener la opción de cómo afrontar este desenlace, debemos poder tener el derecho de tener también el acceso a la dignidad en esta última etapa de nuestra vida, es decir deberíamos poder tener también una muerte digna.
La dignidad es un derecho humano garantizado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tanto en su artículo 1, el cual mencionamos anteriormente, como en el artículo 22 que dice:
Artículo 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Lamm Eleonora, en su publicación La Dignidad Humana nos dice que significa que un individuo siente respeto por sí mismo y se valora al mismo tiempo que es respetado y valorado 1, en el mismo artículo plasma el valor de la dignidad pues dice: La dignidad es algo sustancial. Tan sustancial e inalienable es esta dignidad que nadie puede ser esclavo, ni tan siquiera por voluntad propia o por contrato. Y de ninguna manera podemos perder tal dignidad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto a la dignidad humana, a continuación plasmamos la tesis en la que hace referencia:
Época: Décima Época
Registro: 2016923
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III
Materia(s): Constitucional
Tesis: I.10o.A.1 CS (10 a.)
Página: 2548
Dignidad humana. Constituye un derecho fundamental que es la base de los demás derechos humanos reconocidos constitucional y convencionalmente.
El principio de la dignidad humana, previsto por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe considerarse como un derecho humano a partir del cual se reconocen: la superioridad de la persona frente a las cosas, la paridad entre las personas, la individualidad del ser humano, su libertad y autodeterminación, la garantía de su existencia material mínima, la posibilidad real y efectiva del derecho de participación en la toma de decisiones, entre otros aspectos, lo cual constituye el fundamento conceptual de la dignidad. Así, la superioridad del derecho fundamental a la dignidad humana se reconoce también en diversos instrumentos internacionales de los que México es parte, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la Declaración y Programa de Acción de Viena; de ahí que deba considerarse que aquél es la base de los demás derechos humanos reconocidos constitucional y convencionalmente.
Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Amparo en revisión 37/2017. Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, A.C. 22 de marzo de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretario: Ángel García Cotonieto.
Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 1a./J. 37/2016 (10a.), de título y subtítulo: Dignidad humana. Constituye una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de las personas y no una simple declaración ética. publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 26 de agosto de 2016 a las 10: 34 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Tomo II, agosto de 2016, página 633.
Esta tesis se publicó el viernes 18 de mayo de 2018 a las 10: 23 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Entonces pues es real y necesario poder garantizar la dignidad humana inclusive a la hora de perder la vida, Jaime Federico Rebollado lo deja claro: “lo primero es no hacer daño, reza el principio hipocrático sobre el que se sustenta la medicina. Pero para el asunto que aquí nos ocupa quisiera dejar una pregunta abierta para ser contestada por ustedes: ¿qué es no hacer daño en condiciones de muerte?” ....
El caso es que, entre que decidimos qué es o qué no es un buen morir, los pacientes en este momento siguen muriendo en condiciones deplorables. Seguimos sin hacer nada por aquellos que mueren a cada momento. No lo hacemos porque nos asalta el miedo y se nos desnuda el alma al contemplarnos mortales y preferimos huir o escondernos. Acaso, si pensamos realmente en nuestra muerte, quisiéramos que fuese un “buen morir”, que no necesariamente tiene que ver con lo que absurdamente se pretende como “lo más rápido posible”. Y desde nuestro escondite miramos agazapados y temerosos los acontecimientos que se suceden uno tras otro sobre el moribundo que reclama atención y cuidado, respeto y como fin y bien último y supremo, reclama su libertad, en tanto que ésta representa asimismo la dignidad de ser continente y contenido en la dimensión humana. Morir continente y contenido como ser humano dentro de su propia tabla de valores. Eso sería suficiente para cubrirlo con dignidad. Morir sin conflicto con su realidad, consciente de su finitud, resuelto, encontrándose con la aceptación de su muerte como un límite que lo contiene en la vida y no como un sin límite que lo pierde en el vacío.
Y ahora sí, cuestionamos si la evolución del proceder ético y moral ante la muerte es acorde con la evolución de la existencia humana. Si hablamos de una “buena muerte”, necesariamente tiene que ver con la unidad indivisible que entendemos como ser humano... 2
En México hace falta plasmar en el pacto federal, el derecho que todo individuo, en uso de sus facultades deba tener a una muerte digna, así como tenemos ya plasmados nuestros demás derechos, pues así debemos ser capaces de poder vivir con dignidad hasta el último momento.
En mérito de lo anterior, el texto sometido a su consideración, se expresa de la siguiente manera:
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de
Decreto
Único. Se adiciona un párrafo quinto, y se recorren los subsecuentes, al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 4o. ...
...
...
...
Toda persona tiene derecho a una muerte digna.
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.
El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de dieciocho años, las y los indígenas y las y los afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años y las personas que se encuentren en condición de pobreza.
Las personas mayores de sesenta y ocho años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos esta prestación se otorgará a partir de los sesenta y cinco años de edad.
El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación.
Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país. La ley establecerá la concurrencia de la federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para esos efectos.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Recuperado de https://salud.gob.ar/dels/entradas/la-dignidad-humana el 6 de enero de 2022.
2 Muerte digna, Jaime Federico Rebolledo Mota 2008 Comisión Nacional de Bioética de la Secretaría de Salud.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 12 de enero de 2022.– Diputada Beatriz Dominga Pérez López (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, de la Cámara de Diputados.
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
«Iniciativa que reforma el artículo 30 de la Ley General de Educación, a cargo del senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del PVEM
El senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo previsto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 30 de la Ley General de Educación, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
I. Consideraciones
La salud es un estado de completo bienestar que favorece al cuerpo humano para que pueda continuar desarrollándose integralmente, así lo ha determinado la Organización Mundial de la Salud (OMS) al definir a la salud como “ ...un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. 1
Sin embargo, para que el cuerpo pueda funcionar correctamente es necesario mantenerlo sano, y esto sólo es posible si se logra un equilibrio entre alimentación y ejercicio.
De acuerdo con el indicador Health at a Glance 2019, 2 México se encuentra aún distante del índice promedio que marca la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en cuanto a:
• Esperanza de vida.
• Mortalidad evitable.
• Morbilidad por enfermedades crónicas.
• Sobrepeso.
Lo anterior representa sólo algunos de los retos que enfrenta el Estado mexicano para garantizar que toda la población cuente con acceso a una vida saludable y a los derechos que se correlacionan con ésta, por ejemplo el derecho a: un medio ambiente sano, el acceso a agua potable, la alimentación, la salud, entre otros.
Asimismo, una realidad de las presentes y futuras generaciones es el cambio tan acelerado que están viviendo las sociedades al encontrarse ante un nuevo modelo de vida que exige una mayor preparación/formación para ser parte de los nuevos sistemas económicos, por lo que la forma de vida se vive más acelerada, lo que puede propiciar el descuido de aspectos fundamentales como la salud.
Asegurar una educación acorde a la realidad social puede ser una solución ante los nuevos cambios que se presentan en cuanto a los estilos de vida, que deben encaminarse a estilos saludables desde la formación más elemental, para que las personas puedan continuar con sus actividades cotidianas manteniendo saludable su cuerpo.
Una vez más, la educación es una de las herramientas más confiables para combatir los problemas sociales que inclusive forman parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, refiriéndose concretamente a los Objetivos: 2 Hambre Cero; 3 Salud y Bienestar; 4 Educación de Calidad y 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles.
Lo anterior en virtud de que la fracción VIII del artículo 30 de la Ley General de Educación establece la promoción de estilos de vida saludables; no obstante, la acción que recae sobre el verbo promover no es una acción imperativa, sino por el contrario, puede llegar a ser condicionante, por lo que esta iniciativa busca que sea una tarea obligatoria, al sustituir el verbo promover por aprendizaje de modo que los estilos de vida saludable sean parte de los planes y programas de estudio como una materia que debe enseñarse para asegurar que las nuevas generaciones puedan gozar una vida sana que les permita adaptarse a los cambios constantes que vive la sociedad.
En el mismo sentido, de acuerdo con el Diccionario del Español de México, la educación puede definirse como la:
1. Acción o conjunto de acciones dirigidas al desarrollo de la inteligencia, el carácter y el juicio de las personas, de acuerdo con la historia, la cultura y las necesidades de su sociedad.
2. Enseñanza y comportamiento de alguien de acuerdo con ciertas normas o costumbres.
3. Desarrollo de alguna aptitud o sentido mediante la enseñanza y la práctica. 3
Por lo que es a través de la educación que las personas pueden aprender nuevos conocimientos que beneficien a su desarrollo personal y profesional, otorgándoles nuevas oportunidades de crecimiento y participación para el bienestar común.
Bajo esta perspectiva resulta necesario explicar qué son los estilos de vida, cuál es su importancia, por qué es necesario que se enseñen como una materia y no sólo se promuevan.
1) La Guía de Entornos y Estilos de Vida Saludables en Comunidades Indígenas Lencas 4 define al estilo de vida saludable como:
“Aquel en el que se mantiene una armonía y equilibrio en su dieta alimentaria, actividad o ejercicio físico, vida sexual sana, conducción segura, manejo del estrés, capacidad intelectual, recreación (sobre todo al aire libre) descanso, higiene, paz espiritual buenas relaciones interpersonales, así como también la relación con nuestro entorno entre otras”.
2) Su importancia radica en el beneficio a mediano y largo plazo para el desarrollo del cuerpo humano, un organismo tan complejo que requiere de un mantenimiento tan sencillo como es el proveer de una buena alimentación, actividad física y descanso, en comparación a todo el funcionamiento que éste realiza para que el ser humano sea capaz de desarrollar a diario sus actividades.
Por tal motivo aprender de forma continua cuáles son los mejores estilos de vida para el cuerpo no es una tarea fácil, y para ello se requiere de profesionales que enseñen cómo cuidar el cuerpo de una forma correcta, ya que como se ha mencionado, no todas las personas tienen los mismo objetivos ni formas de lograrlos, además de que cada persona cuenta de capacidades diferentes.
Cabe destacar que, dependiendo la edad, el cuerpo requerirá de nuevos elementos para su crecimiento y desarrollo, ya que no puede compararse un estilo de vida para una persona joven que para una persona adulta. Es por ello que emplear el verbo aprender en lugar de promover resulta en un mejor uso del lenguaje y mayor alcance, para que las autoridades lleven a cabo, en los planes y programas de estudio, la enseñanza de estilos de vida saludable como una acción imperativa que en un mediano y largo plazo se verá reflejado en la salud de las nuevas generaciones, atendiendo así a los problemas sociales nacionales y los objetivos de las Naciones Unidas.
II. Estudio comparado
La salud es un derecho reconocido y garantizado por el artículo 4o. de nuestra Constitución; sin embargo, este derecho humano se encuentra también plasmado en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en diversos instrumentos internacionales que abonan a la protección de la salud como un derecho elemental para la vida.
No obstante, es importante destacar que en la actualidad la salud y el bienestar se han convertido en un eje base para el desarrollo de estrategias y políticas públicas que tengan por objeto garantizar el sano desarrollo de las personas, tal como y como lo ha promovido la Organización Mundial de la Salud (OMS) al establecer la prioridad de impartir hábitos y estilos de vida saludables, los cuales permiten mantener un balance energético entre el estado físico y mental.
En otro aspecto, esto puede ejemplificarse con la reciente crisis sanitaria por Covid-19, 5 en la que las medidas sanitarias que se adoptaron obligaron a la ciudadanía a mantenerse aislados por un largo periodo, lo que provocó problemas de ansiedad y emocionales, por ello durante la emergencia se implementaron diversos programas para promover la salud mental de la población.
En este sentido, asegurar que se aprendan estilos de vida saludables permitirá que la población mexicana se encuentre mejor preparada ante situaciones similares y cotidianas, en las que es una realidad que la actividad académica o laboral consume el mayor tiempo del ser humano, aunado a los tiempos de traslado de un punto a otro, por lo que el tiempo para mantener una buena alimentación, actividad física y descanso se complica con los factores que día a día se presentan, lo que hace aun mayor la necesidad de aprender nuevos estilos de vida que se adapten a la forma de vida de la población como un beneficio para este mismo.
III. Contenido de la iniciativa
En México la población asciende a más de 126 millones de habitantes, lo que representa una de las poblaciones más grandes del mundo y lo que refleja una gran responsabilidad para el gobierno federal en mantener la seguridad y salud de la población, por tal motivo como parte de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, la presente propuesta de reforma a la Ley General de Educación, tiene por objeto abonar en materia de política y gobierno, concretamente a la fracción II Garantizar empleo, educación, salud y bienestar, del cambio de paradigma en seguridad. 6
De modo que se puedan establecer, de manera imperativa, en la ley el aprendizaje de estilos de vida para garantizar que la población pueda gozar del conocimiento de técnicas, hábitos y estilos de vida que puedan favorecer a su crecimiento y desarrollo personal de manera continua y progresiva, ya que actualmente la vigente norma establece la promoción de estilos de vida saludables, lo que establece para las autoridades educativas una acción opcional, que puede llegar a realizarse u omitirse, el objetivo es crear un vínculo que exija a las autoridades educativas a incorporar en los planes y programas de estudio el aprendizaje de estos estilos que sin mayor duda repercutirán en el beneficio y desarrollo social.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Ley General de Educación
Único. Se reforma la fracción VIII del artículo 30 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes:
I. a VII. ...
VIII. El aprendizaje de estilos de vida saludables y la educación para la salud, así como la promoción de la importancia de la donación de órganos, tejidos y sangre;
IX. a XXV. ...
Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 (s.f.). ¿Cómo define la OMS la salud?, Organización Mundial de la Salud [En línea] [Fecha de consulta: 7 de enero de 2022] Disponible en:
https://www.who.int/es/about/frequently-asked-questions
2 (2019). Health at a Glance 2019, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [En línea] [Fecha de consulta: 7 de enero de 2022] Disponible en:
https://www.oecd.org/mexico/health-at-a-glance-mexico-ES.pdf
3 (s.f.). EDUCACIÓN, México, Diccionario del Español de México [En línea] [Fecha de consulta: 7 de enero de 2022] Disponible de:
https://dem.colmex.mx/Ver/educaci%c3%b3n
4 (2016). Guía de Entornos y Estilos de Vida Saludables en Comunidades Indígenas Lencas, Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud [En línea] [Fecha de consulta: 7 de enero de 2022] Disponible de:
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/34580/vidasaludab le2016-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
5 Arias, Patsy. (s.f.). Estilo de vida saludable o delegar la responsabilidad de la salud en el individuo, Secretaría de Cultura [En línea] [Fecha de consulta: 7 de enero de 2022] Disponible de:
https://www.tierraadentro.cultura.gob.mx/estilo-de-vida-saludabl e-o-delegar-la-responsabilidad-de-la-salud-en-el-individuo/
6 (2019). PLAN Nacional de Desarrollo 2019-2024, Diario Oficial de la Federación [En línea] [Fecha de consulta: 7 de enero de 2022] Disponible de:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha= 12/07/2019
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.– Senador Raúl Bolaños-Cacho Cué (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Educación, de la Cámara de Senadores.
CÓDIGO CIVIL FEDERAL
«Iniciativa que reforma los artículos 23, 24 y 450 del Código Civil Federal, a cargo de las senadoras Cora Cecilia Pinedo Alonso y Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del PT
De la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso y de la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 116, 121, 122 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, 56 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 23, 24 y 450 del Código Civil Federal, conforme a la siguiente:
Exposición de Motivos
La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) dispone en su artículo 1o. que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.” Es decir que estos derechos conciernen a todas las personas por el sólo hecho de pertenecer al género humano. En ese mismo sentido en su artículo 2o. se reafirma que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o de cualquier otra índole o condición.
En este contexto, tras la reforma del 10 de junio 2011, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se plasmó el reconocimiento de la progresividad de los derechos humanos en nuestro marco jurídico, mediante la expresión clara del principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas. Sin duda una de las cuestiones más relevantes de la reforma mencionada es la referente a la incorporación explícita del principio pro persona en nuestro texto constitucional, mismo que podemos identificar como un criterio que amplía el marco de los derechos humanos, “en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria.”
En ello radica la trascendencia de esta reforma constitucional, puesto que se trata de una modificación que impacta de manera sustantiva en las funciones de todas las instituciones y autoridades, en virtud de que están obligadas a garantizar que se hagan efectivas la totalidad de las obligaciones reconocidas constitucionalmente. Esto a partir de la modificación de la denominación del Capítulo I, del Título Primero de la Constitución, reformando el concepto de garantías individuales por el de derechos humanos y sus garantías.
Aquí es pertinente establecer una gran diferencia entre el concepto “garantías” contenido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos antes y después de las reformas de junio de 2011, ya que en una redacción se le da un carácter sustantivo; y en la otra, uno adjetivo. Es decir, antes de junio de 2011 el artículo 1 establecía: “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución..” Como se puede ver, el término garantías se asociaba a los derechos sustantivos, a las prerrogativas en sí. Lo que hoy son los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México forma parte.
Después de junio de 2011. El artículo 1o. dispone: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, así como de las garantías para su protección”, por lo que podemos observar que el término garantías se refiere a los mecanismos para hacer valer la protección a los derechos humanos. Bajo este orden de ideas se estima que en la redacción actual del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos existen dos tipos de garantías para la protección de Derechos Humanos, las cuales son:
1) No jurisdiccionales y 2) Jurisdiccionales.
En este sentido, de conformidad con la primera parte del artículo 5 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, son niñas y niños los menores de 12 años, y adolescentes las personas de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Esto no quiere decir que al ser menores de edad no cuenten con plena capacidad para ejercer sus derechos por sí mismos, sin que estos sean privados por alguien más para ejercerlos, es decir tienen la capacidad para tomar decisiones independientes y no necesariamente mediante sus padres o tutor. Esto en virtud de que los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño, mismos que se expresan con toda amplitud en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (publicada el 4 de diciembre de 2014), la cual por fin reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos.
Con la aprobación de esta Ley, nuestro país avanzó en el cumplimiento de los compromisos adquiridos al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño el 21 de septiembre de 19901 donde quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de todos los niños, niñas y adolescentes.
Con la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes se les reconoce como titulares de derechos y al tener por objeto garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que forma parte, contempla la creación y regulación, integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos que hayan sido vulnerados.
Entre una de las tareas más importantes dentro del esquema de la capacidad para ejercer sus derechos, los menores de edad de manera autónoma, está la de implementar mecanismos y espacios que garanticen su derecho de participación. Darles a las instituciones ordenamientos y marco jurídico para hacer efectivos los derechos de los niños, niñas y adolescentes; y que estos sean tratados de acuerdo a su edad y nivel madurativo.
Este último es uno de los muchos pendientes que se deben atender, y es precisamente el objeto de la presente iniciativa, es decir, en lo que se refiere a lo establecido en el Código Civil Federal, en cuanto a la incapacidad para decidir de niños, niñas y adolescentes por ser menores de edad, disposición que sin duda afecta los derechos del menor al no poder éste, ejercerlos de manera autónoma, sino por medio de sus padres o tutores, limitándolos a expresarse.
Lo anterior implica, entre otras cuestiones, el replanteamiento de estructuras y categorías de pensamiento utilizadas tradicionalmente por las y los juristas, además del desarrollo de una profunda reflexión sobre el papel de la impartición de justicia en un Estado democrático y constitucional de derecho.
¿Cómo un menor de edad que este siendo privado de alguno de sus derechos por alguno de sus padres o tutores podrá ejercer su facultad de ejercicio si son estos mismos los que representan al menor? ¿Dónde queda su derecho a la participación? Si se le está reprimiendo al no ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés y no contar con plena capacidad para ejercer sus derechos por ser menores de edad.
La capacidad jurídica de las personas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; siendo un atributo de la personalidad. Se tiene por el simple hecho de ser persona o acaso no se les debe considerar personas por ser menores de edad. En ese sentido es nuestra responsabilidad como legisladores; impulsar las acciones y medidas necesarias para que las niñas, niños y adolescentes ejerzan sus derechos de manera autónoma e independiente, y que no se les limite su capacidad de ejercicio.
Es importante considerar los riesgos a los que están expuestos debido a que no pueden actuar por si mismos por el hecho de que son menores de edad y la ley los considere incapacitados para tomar decisiones, lo cual es un tanto preocupante porque el desarrollo de los niños ha demostrado que tienen plena capacidad e inteligencia para procesar información y utilizarla para resolver los problemas de la vida cotidiana.
La fórmula de incapacidad natural y legal debe ser suprimida del Código Civil Federal en lo relativo a los menores de edad, en virtud de su falsedad (especialmente en lo qué se refiere al supuesto carácter natural de la incapacidad) y de ser contraria a los derechos humanos. Como ya se mencionó, los menores de edad tienen la capacidad natural y legal de ejercer sus derechos por el simple hecho de existir, al decir que tienen incapacidad natural y legal se les está limitando su capacidad de ejercer sus derechos como niñas, niños y adolescentes.
Es indispensable que se entienda, tanto en el ámbito público como en el privado, que el interés superior y la capacidad de ejercicio de las niñas, niños y adolescentes es esencial e indispensable para la observancia, interpretación y aplicación de los derechos consagrados en la legislación que aquí se comenta, así como que, a partir de este principio, es que se determinará la prioridad del menor frente a cualquier otro interés que le implique un perjuicio.
Considero se debe reflexionar y estudiar más a fondo los mecanismos establecidos para el efectivo ejercicio de los derechos de las personas menores de edad en el ámbito jurisdiccional y al papel que le corresponde desarrollar a la defensa técnica dentro del mencionado entramado institucional.
El rol que se le ha asignado a la defensa jurídica técnica en el ámbito de la intervención jurisdiccional respecto de las personas menores de edad ha seguido las mismas vicisitudes por las que ha marchado el proceso de reconocimiento de la condición de los menores de edad; como sujetos plenos de derechos.
De acuerdo al manual presentado por integrantes de la Defensa Pública Nacional “Para la defensa jurídica de los derechos humanos de la infancia” en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF Uruguay 2012; se establece como una condición, que para que los menores de edad actúen de manera autónoma, deben contar con una adecuada defensa técnica jurídica, este es un criterio necesario para determinar la legitimidad de los sistemas de administración de justicia para la infancia.
Lo anterior se sustenta en una incuestionable premisa de la Convención sobre los Derechos del Niño que considera a las personas menores de edad como un sujeto en desarrollo; esto es, un ser titular de todos los derechos inherentes a la personalidad humana que requiere para el pleno ejercicio de éstos de una especial protección. La Convención rompe con la dicotomía capacidad-incapacidad; confiriéndole al niño un particular estatuto jurídico que se deriva del reconocimiento de su condición de sujeto de derecho y de persona en desarrollo. La persona menor de edad no ha de ser tratada como un mero objeto de tutela ni tampoco como un adulto.
Se impone entonces a los Estados parte del deber de arbitrar mecanismos especiales de protección que garanticen a las personas menores de edad el pleno ejercicio de todos los derechos inherentes a la personalidad humana, dispositivos que deberán ir variando conforme a la edad por la que vayan transitando.
La efectiva observancia de este nuevo paradigma jurídico importa necesariamente no solo un reacomodamiento de orden estrictamente normativo sino también de carácter orgánico institucional.
En este sentido el CCF con base en una concepción de los menores de edad, previo a la expedición de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes contempla a los menores de edad como incapaces o con incapacidad, lo que limita o cancela su derecho a decidir, quedando sujeto a la voluntad de sus padres o tutores.
En este plano el nuevo eje articulador de la intervención jurisdiccional, la figura del juez o del buen padre de familia pasa a ser la del abogado del niño. Considerar a las personas menores de edad como sujetos de derecho importa en este plano el deber correlativo del Estado de asegurarle a éstas la posibilidad de comparecer ante los tribunales o instancias donde se diriman controversias que los involucren para formular sus propias pretensiones jurídicas, lo que le impone al Estado el deber de asegurar a todos los niños el acceso a un adecuado patrocinio legal.
Dado que la protección de los derechos de las personas menores de edad es el objetivo último que persigue la Convención como un camino para integrarlos como sujetos de pleno derecho, es obligación del Estado generar las condiciones apropiadas para que esto sea posible. De esta manera se requiere que la estructura de nuestro marco jurídico considere las personas menores de edad en la condición de ciudadanos en desarrollo, con todo lo que esto implica.
En este contexto, cualquier intervención sobre la vida de las personas menores de edad que desconozca la integralidad e interdependencia de sus derechos, implica el riesgo de que se lesione la dignidad de la persona humana.
Las niñas, niños y adolescentes, por diferentes razones y circunstancias, en algún momento de su vida necesitarán acudir o enfrentan al sistema de justicia. Ante esto, el acceso a la justicia de los menores de edad deberá contar siempre con las condiciones que les garanticen el respeto y el ejercicio de sus derechos. Sin embargo, es más común que la relación de niños y adolescentes con los sistemas judiciales experimentan situaciones en las que se exponen a la desprotección.
Los menores de edad no siempre son tratados de acuerdo con su edad o estado madurativo, lo que puede generar en ellos sentimientos de confusión, temor o incluso de culpabilidad con un impacto negativo en su bienestar y desarrollo. Evitar y prevenir este tipo de situaciones debe ser una prioridad para los sistemas judiciales, que deben velar con el máximo celo por garantizar el especial cuidado y asistencia al que los niños y las niñas tienen derecho de acuerdo con la Declaración universal de los derechos humanos.
Se trata entonces de que todas las disposiciones legales armonicen su contenido con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; ya en casos particulares existen tesis y jurisprudencia que da sustento a la propuesta, en cuestión cito casos sobre el tema a discusión.
A continuación, se citan algunas jurisprudencias analizando el tema a estudio:
Es coincidencia en las tesis referidas, la mención que se hace del derecho de niños y niñas a participar, que la edad biológica de ninguna manera es un criterio que determine su capacidad para entender las consecuencias del acto a discusión. A nivel internacional se ha sentado precedente para crear las condiciones apropiadas para que los niños y adolescentes pueden participar ante el sistema de justicia, cito sólo para ilustrar el caso de España, en donde nos encontramos con un ordenamiento denominado “Los Niños y las Niñas ante la Administración de Justicia en España”_ el cual prevé el interés superior del menor, el derecho del niño a ser escuchado y principalmente sobre la justicia adaptada a los niños. El objetivo de este ordenamiento es que las niñas, niños y adolescentes sean respaldados por una justicia digna y especializada, en la cual no se limiten su expresión y su capacidad de ejercicio y puedan ser escuchados de manera eficaz, para expresar sus ideas e inconformidades y ejercer sus derechos.
Para ese efecto se propone reformar el Código Civil Federal en su artículo 23, suprimiendo la minoría de edad como una condición de incapacidad, por lo ya mencionado y fundamentado, además de ser violatorio de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Incorporando en el citado artículo un mandato para que aún en los casos de incapacidad establecidos por la ley, sea obligación del Estado proporcionar las condiciones para que estos puedan ejercer sus derechos humanos y de expresarse de manera libre.
Asimismo, en el artículo 24 se coloca en condición de igualdad a las personas mayores de edad y menores de edad, con la condición de que los segundos cuenten con los medios y procedimientos adecuados a su madurez para para ejercer plenamente sus derechos.
Por último, del artículo 450, se suprime la minoría de edad como una condición de incapacidad, reconociendo este estado, sólo para las personas que por una condición de salud o adicciones se ven limitados en su inteligencia o toma de decisiones.
Considero que con estas Reformas al Código Civil Federal, se están sentando las bases para promover en nuestro marco jurídico la construcción de un ordenamiento que garantice el pleno ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero que además contemple protocolos de actuación y apoyo para que también las personas que jurídicamente se consideren incapacitadas cuenten con medios que les permitan expresar y manifestar su posición ante procesos en los que sean parte.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de:
De decreto por el cual se reforman los artículos 23, 24 y 450 del Código Civil Federal
Artículo Único: Se reforman los artículos 23, 24 y 450 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:
Artículo 23. El estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley, son restricciones a la personalidad jurídica que no deben menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra la integridad de la familia; las personas que se encuentren en alguna de las condiciones de incapacidad contempladas por la ley, pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones, para este efecto, se proporcionarán los medios, apoyos y garantías para expresarse de manera libre y autónoma.
Artículo 24. Las personas mayores y menores de edad tienen la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la ley, para quienes estén en minoría de edad se les brindaran las condiciones para que puedan expresarse de manera libre y autónoma.
Artículo 450. ...
I. Se deroga;
II. Las personas que por una condición de salud o afectados por alguna adicción estén disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos; y aquellos que padezcan alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o sensorial o por la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los estupefacientes; siempre que debido a la limitación, o a la alteración en la inteligencia que esto les provoque no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos, o manifestar su voluntad por algún medio.
Transitorio
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los doce días del mes de enero del año dos mil veintidós.– Senadoras: Cora Cecilia Pinedo Alonso y Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre (rúbricas).»
Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Senadores.
CÓDIGO CIVIL FEDERAL
«Iniciativa que deroga el primer párrafo del artículo 60 del Código Civil Federal, suscrita por la diputada Beatriz Dominga Pérez López, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Beatriz Dominga Pérez López, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, 56 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el primer párrafo del artículo 60 del Código Civil Federal, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Planteamiento del problema
El nacimiento de un menor debería ser siempre motivo de alegría, pues estos nuevos seres son, por lo menos en el imaginario ideal, motivo de la unión de dos personas que se entendieron y decidieron procrear.
No obstante, la realidad, en muchos de los casos, es otra, pues los embarazos, son producto de situaciones no previstas, que involucran desde matrimonios ya establecidos, simples amistades, adulterios en algunos casos, o algún otro motivo distinto.
Sólo en los adolescentes es un tema que ha cobrado vital importancia, pues de acuerdo al Instituto Nacional de las Mujeres en su publicación Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, el embarazo en adolescentes es un fenómeno que ha cobrado importancia en los últimos años debido a que México ocupa el primer lugar en el tema, entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad. Asimismo, en México, 23% de las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años. De estos, 15% de los hombres y 33% de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Es así que de acuerdo con estos datos, aproximadamente ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años 1.
En dicho documento, se hace mención, además, de una serie de métodos y estrategias para prevenir el embarazo en los adolescentes con estricto cumplimiento de los derechos humanos, sin embargo, es prudente plantear ¿Qué pasa con los menores concebidos?
Pues bien, cada menor nacido en el territorio nacional, goza de todos los derechos humanos que les otorga la Constitución y los tratados internacional a los que México está suscrito, a continuación cito el primer párrafo del artículo primero constitucional:
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Pero nuestro pacto federal no se queda solamente únicamente con esta expresión, pues el párrafo segundo y tercero del mismo normativo establecen que todas las autoridades deben buscar favorecer, promover, proteger garantizar la protección más amplia a la persona en materia de derechos humanos.
Más aun en materia de los derechos de los menores existen normas encaminadas a buscar su protección, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), aprobada por la ONU en 1989 y ratificada por nuestro país en 1990, en el numeral 1 del artículo 3 establecen que:
En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.
Por su parte la Constitución en el artículo 4o. nos dice:
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
Ahora bien el interés superior de la niñez es, de acuerdo a la Secretaría de Gobernación, un principio jurídico amplio que tiene al menos dos grandes conceptos: por un lado, es un derecho que tienen todas las niñas, niños y adolescentes de ser considerados prioridad en las acciones o decisiones que les afecten en lo individual o en grupo; por otro lado, es una obligación de todas las instancias públicas y privadas tomarlo como base en las medidas que adopten e impacten a este grupo de la población 2.
En este mismo sentido inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterio:
Registro digital: 2006011
Instancia: Primera Sala
Décima Época
Materias(s): Constitucional
Tesis: 1a./J. 18/2014 (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 406
Tipo: Jurisprudencia
Interés superior del niño. Función en el ámbito jurisdiccional.
En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión.
Podemos ver entonces que los menores gozan, o debería gozar de la más amplia protección de sus derechos.
Ahora bien, entre los derechos que tienen los menores se encuentra el derecho a la identidad y a la no discriminación, consistente el primero a tener un nombre, la CDN, en el numeral 1 del artículo 7 establece que:
El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.
Además, el artículo 4o. de nuestro pacto federal dice que todos tenemos derecho a la identidad y a ser registrados inmediatamente después del nacimiento.
Ahora, por lo que respecta a la no discriminación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Edición Especial Titulada: Niñas niños y derechos, al hacer mención al principio de no discriminación, establece que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser discriminados por sus cualidades ni por la de sus padres y/o madres, de igual manera nos dice que todas las niñas, niños y adolescentes sin excepción deben disfrutar de su derecho a la protección eficaz y no ser víctima de actos discriminatorios por motivos de raza, religión, color de piel, idioma, nacionalidad, origen étnico o social, condición económica, discapacidad o cualquier otra índole.
En este orden de ideas podemos ver que vamos avanzando en la protección, por lo menos en cuanto a leyes escritas, hacia el menor, pues los derechos que tienen deben ser protegidos por todos, sin embargo, existen aún algunas leyes o específicamente normas de algunos códigos que, de manera indirecta en este caso, presuponen discriminación hacia el menor.
A continuación, analicemos de manera rápida el primero párrafo del artículo 60 que contiene el Código Civil Federal:
Artículo 60. Para que se haga constar en el acta de nacimiento el nombre del padre de un hijo fuera del matrimonio, es necesario que aquél lo pida por sí o por apoderado especial constituido en la forma establecida en el artículo 44, haciéndose constar la petición.
Si bien es cierto que en el acta de nacimiento es el medio donde se plasma el nombre de los padres, o de las personas que reconozcan al hijo, también lo es que esta es el documento de identidad del menor, es decir es el documento a través del cual se traduce de manera escrita el derecho humano a la identidad, pues el acta en mención deber servir al niño y buscar desde ese momento su protección, por ello esta legisladora considera innecesario establecer en el acta de nacimiento que el hijo nació fuera del matrimonio como lo establece el artículo que estamos analizando, pues ello supone un cierto tipo de discriminación, en nuestro país atrás hemos dejado este tipo de prácticas discriminatorias, pues un menor es un ser humano igual a todos los demás, sin importar la forma en que fue concebido, pues al momento de nacer es ya, o debe de ser, protegido por el Estado mexicano.
En ese orden de ideas, a consideración de quien escribe, y en el entendido de que todos los actos de autoridades y legisladores deben buscar siempre la protección más amplia de los derechos humanos, máxime si se trata de los derechos de la niñez, debemos poner por delante el interés superior de los mismos, el primer párrafo de este artículo está de más y debe ser derogado para salvaguardar el derecho de los menores, pues es ya obligación de los padres reconocer a sus hijos y no hay necesidad alguna de poner que el hijo nació fuera del matrimonio.
En mérito de lo anterior, el texto sometido a su consideración, se expresa de la siguiente manera:
Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de Decreto
Único. Se deroga el primer párrafo del artículo 60 del Código Civil Federal, para quedar como sigue:
Artículo 60. ( Derogado)
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el diario oficial de la federación.
Notas
1 Recuperado de
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/estrategia-nac ional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454 el 7 de enero de 2022.
2 Recuperado de
https://www.gob.mx/segob/articulos/5-claves-para-entender-que-es -el-interessuperior-de-la-ninez el 7 de enero de 2022.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 12 de enero de 2022.– Diputada Beatriz Dominga Pérez López (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Senadores.
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
«Iniciativa que reforma los artículos 7o. y 102 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Joanna Alejandra Felipe Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o., numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 7 y 102 de la Ley General de Educación, en materia de gestión menstrual, al tenor de la siguiente:
Exposición de motivos
Cada 28 de mayo se celebra el día internacional de la higiene menstrual. Su objetivo es generar conciencia sobre la menstruación y abrir el diálogo sobre proyectos y políticas públicas para asegurar el derecho de las mujeres a tener una educación menstrual y las condiciones apropiadas para gestionar su menstruación, así como visibilizar la pobreza menstrual que existe en muchas partes del mundo incluyendo a México.
Ahora bien, la menstruación es un evento fisiológico y cíclico que se presenta normalmente cada 28 días y con un periodo de duración de entre 2 y 7 días en las mujeres en la edad reproductiva de manera secundaria a la ovulación en ausencia de un embarazo.
Este proceso biológico obliga a las mujeres y personas menstruantes a realizar un gasto en productos para poder gestionarla de la mejor manera. Por lo tanto, la capacidad de acceder a productos menstruales, así como a espacios adecuados y cómodos para atender las necesidades ligadas a la menstruación, afecta la libertad de una persona para estudiar, trabajar y en general, poder realizar sus actividades cotidianas.
Al facilitar espacios privados, funcionales y seguros, así como productos de gestión menstrual, mejoraremos la calidad de vida de las mujeres generando así condiciones para su desempeño igualitario en la sociedad.
La falta de acceso a productos menstruales y a instalaciones sanitarias dificulta la vida laboral y las oportunidades de empleo. Además, es causa de ausentismo y deserción escolar, siendo un claro ejemplo de la brecha de género que dificulta el desarrollo personal y profesional de las mujeres a través de su derecho a la educación.
Población en edad escolar
Por otra parte, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2018 encontró que en México residen 38.3 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, de los cuales 11.4 millones tiene cinco años o menos; 13.2 millones se encuentran en edad escolar, de 6 a 11 años y 13.7 millones son adolescentes de 12 a 17 años, de los cuales 6.5 millones mujeres. En la población mexicana comúnmente las mujeres tienen su primer ciclo menstrual entre los 11 y los 13 años, sin embargo, un 10 por ciento lo presenta entre los 9 y 10 años, en tanto que entre el 7 y 10 por ciento lo tiene entre los 13 y los 14 años.
Bajo estas consideraciones, estimamos que hay, al menos, 7 millones de mujeres en edad escolar que tienen el periodo menstrual —aproximadamente el 20 por ciento del total de niños y adolescentes—, por lo tanto, es indispensable el desarrollo de políticas públicas encaminadas a la gestión menstrual.
De acuerdo con Paola Gómez, Oficial Nacional de Educación en UNICEF México, el 43 por ciento de las estudiantes en periodo menstrual prefieren estar en otro lugar en vez de en la escuela. Si una de ellas decide faltar uno o dos días por mes, eso se acumula al final del año en un rezago educativo. El tema de la higiene menstrual está concatenado a muchas otras cosas, que hacen que las niñas en secundaria y media superior decidan dejar la escuela.
El dolor es solo una de las barreras con las que se topan las niñas y adolescentes mexicanas para estudiar en igualdad de condiciones con sus compañeros. Otro de los grandes obstáculos es la falta de infraestructura higiénica adecuada.
Según el Censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial, realizado por la Secretaría de Educación Pública en 2013, 87.2 por ciento de los planteles contaba con sanitarios y en el 69 por ciento había agua potable. Sin embargo, cuando visitas a las escuelas te das cuenta de que los sanitarios no funcionan, que están en precarias condiciones, incluso sobresale la falta de agua. Lo que reportan las autoridades educativas difiere de la realidad.
Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), informó en 2018 que el 28 por ciento de los planteles no reciben agua cotidianamente, mientras que la organización Save The Children encontró que el 75 por ciento de las niñas están preocupadas por usar el sanitario de la escuela y dentro de ese mismo porcentaje 56.3 por ciento teme que no hubiera agua. Aunado a esto, por increíble que parezca en algunas escuelas el acceso a los sanitarios tiene horarios restringidos.
¿Por qué debería importarnos la gestión de la higiene menstrual?
Garantizar a niñas y adolescentes una buena gestión de su menstruación permitiría aumentar el crecimiento y el empoderamiento económico y social, además contribuir al logro de varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos, aunque no exclusivamente: calidad de la educación (ODS 4), igualdad de género (ODS 5), y agua limpia y saneamiento (ODS 6).
Derecho a la educación
El derecho a la educación es reconocido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en múltiples instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte. La Constitución establece que la educación, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica y se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva.
Lo anterior significa que, la educación será inclusiva, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación.
Asimismo, el Estado debe priorizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos y garantizará que la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación.
Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y el Estado implementará medidas que combatan las desigualdades de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos.
Con relación a tratados internacionales, los Estados parte en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Sin embargo, a pesar de la existencia de diversos instrumentos las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones.
De acuerdo con la Iniciativa por el Derecho a la Educación (RTE, por sus siglas en inglés), desde la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a la educación se ha reafirmado en numerosos tratados a nivel internacional y regional. Los tratados son vinculantes y crean obligaciones legales para los Estados al ser ratificados.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada en 1948, en su artículo 26 proclama: “Toda persona tiene derecho a la educación”. Desde entonces, se ha ratificado el derecho a la educación en diversos tratados internacionales, entre otros: La Convención de la UNESCO relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960), el Pacto Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1965), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), la Convención sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006).
En el artículo primero de la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza 1960 se considera discriminación colocar a una persona o a un grupo en una situación incompatible con la dignidad humana, así como excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados.
Otro instrumento en esta materia es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificado por México el 23 de marzo de 1981. Considera que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad.
Además, la máxima participación de la mujer en todas las esferas, en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz. En este sentido, el artículo 10 de esta Convención acuerda que los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para reducir la tasa de abandono femenino de los estudios.
En cuanto a la legislación nacional en la materia, el artículo 2 de la Ley de General de Educación establece que el Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación y garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional.
El artículo 5 de la ley en comento señala que la educación es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte, mientras que el artículo séptimo señala que será inclusiva.
Además, el artículo 8 menciona que el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia considerando a quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual o prácticas culturales. El periodo menstrual es un ejemplo de circunstancias relacionadas con aspectos de género.
Asimismo, el artículo 12 establece que en la prestación de servicios educativos se deben combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones del país, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres.
También, el artículo 16 en su fracción tres establece que la educación será humanista al fomentar el aprecio y respeto por la dignidad de las personas, sustentado en los ideales de fraternidad e igualdad de derechos, promoviendo el mejoramiento de la convivencia humana y evitando cualquier tipo de privilegio de razas, religión, grupos, sexo o de personas. En su fracción VI establece que será equitativa al favorecer el pleno ejercicio del derecho a la educación de todas las personas, para lo cual combatirá las desigualdades socioeconómicas, regionales, de capacidades y de género, respaldará a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social y ofrecerá a todos los educandos una educación pertinente que asegure su acceso, tránsito y permanencia.
Es claro que al no contar con instalaciones sanitarias adecuadas y servicios médicos en los planteles educativos para que las mujeres lleven a cabo la gestión de la menstruación, se atenta contra su dignidad, es un ejemplo de discriminación al generar desigualdades de género y no permitir el pleno ejercicio de su derecho a la educación ni su derecho a la salud. Finalmente, provoca que las niñas y adolescentes no asistan a la escuela durante los días de su periodo, afectando su rendimiento escolar y poniéndolas en desventaja frente a sus compañeros del sexo opuesto.
El artículo 99 establece que los muebles e inmuebles destinados a la educación deberán cumplir con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, resiliencia, pertinencia, integralidad, accesibilidad, inclusividad e higiene para proporcionar educación de excelencia, con equidad e inclusión. Nuevamente, no cumplir con estas obligaciones supone un obstáculo para las mujeres durante su periodo menstrual.
El artículo 102 señala que se realizarán acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos que mejoren las condiciones para la infraestructura educativa y se garantizará la existencia de baños y de agua potable para consumo humano con suministro continuo en cada inmueble de uso escolar público conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría, así como de espacios para la activación física, la recreación, la práctica del deporte y la educación física.
La importancia de la infraestructura para la gestión menstrual
Los espacios escolares, además de ser el lugar donde niños y jóvenes aprenden, también son el sitio donde pasan más tiempo después de su hogar. Los alumnos que estudian en establecimientos educativos con mejores condiciones de infraestructura se sienten más interesados por asistir a clase que aquellos que lo hacen en instalaciones que no disponen de servicios básicos, además es una forma de combatir una de las causas del ausentismo escolar de las niñas y adolescentes durante su periodo menstrual.
En México, 2 de cada 10 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no cuentan con servicios básicos en sus escuelas, como electricidad, agua, drenaje, sanitarios y bebederos. Hay más de 46 mil escuelas sin agua, equivalentes al 23 por ciento del total de los planteles. En tres de cada diez escuelas no hay baño ni luz.
El Censo de Alumnos Maestros y Escuelas de Educación Básica y Especial (Cemabe) indicó en 2013 que, en los planteles educativos, en orden de menor a mayor disponibilidad, están: agua conectada a red pública (80 por ciento), baño o sanitario (92 por ciento) y electricidad (94.3 por ciento).
De acuerdo con el Inegi, los escolares dedican al estudio 32 horas promedio a la semana, por lo tanto, el problema de la falta de instalaciones adecuadas para que las niñas y adolescentes puedan asistir a sus clases y actividades escolares durante los días que tienen su periodo menstrual, toma especial relevancia con el regreso a los planteles educativos después de más de un año de haber estado en casa, donde ellas se sienten más cómodas durante su periodo menstrual.
El documento titulado “ Una mirada a la educación del Estado de México: indicadores de contexto”elaborado por el Instituto de Evaluación Educativa del Estado de México, señala que:
“Los indicadores educativos tradicionalmente empleados se centran en dar cuenta del acceso y tránsito de los estudiantes por el sistema educativo (cobertura, reprobación, deserción) y del tamaño del sistema (matrícula, escuelas, aulas), es decir, visualizan el sistema educativo como una “caja negra” que se alimenta de insumos (estudiantes, profesores, recursos) y proporciona resultados sin considerar los procesos al interior de las aulas y planteles, además del contexto en el que se desenvuelven.”
En conclusión, debe ser prioritario dentro de los planes de mejora y mantenimiento de los planteles, ofrecer a sus estudiantes las instalaciones adecuadas para poder ejercer su derecho a la educación, como instalaciones sanitarias limpias, en buen estado, accesibles, seguras, que proporcionen privacidad y dotación suficiente de agua potable y de insumos básicos como jabón y agua potable.
Para mejor clarificación de la propuesta, a continuación se presenta un cuadro comparativo del texto vigente con la propuesta de modificación:
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de
Decreto por la que se reforman los artículos 7 y 102 de la Ley General de Educación, en materia de gestión menstrual
Artículo Único. Se adiciona un inciso e) a la fracción II del artículo 7 y; se reforma el párrafo tercero del artículo 102 todos ellos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:
Artículo 7. ..
I. ..
II. ..
a) a d) ..
e) Proveerá las condiciones, servicios e instalaciones necesarios en los planteles educativos que imparten la educación primaria, secundaria y media superior para prevenir el ausentismo de las niñas y adolescentes durante su periodo menstrual.
III. a V. ..
..
Artículo 102. ..
..
A partir de los programas que emita la Federación, se garantizará la existencia de baños y de agua potable para consumo humano con suministro continuo en cada inmueble de uso escolar público conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría, considerando las necesidades de las niñas y adolescentes para gestionar su menstruación, así como de espacios para la activación física, la recreación, la práctica del deporte y la educación física.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2022.– Diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Educación, de la Cámara de Diputados.
LEY GENERAL DE SALUD
«Iniciativa que reforma los artículos 134 y 144 de la Ley General de Salud, suscrita por la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM
La suscrita, diputada María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 134 y 144 de la Ley General de Salud al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
A nivel mundial toda la humanidad hemos sido por un lado víctimas y a la vez testigos del desarrollo de una epidemia originada en China, por una nueva y completamente desconocida cepa de coronavirus, denominada mundialmente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como SARS-CoV-2, que a su vez provoca una enfermedad que ha sido llamada Covid-19. 1
De acuerdo con la explicación de nuestras autoridades, “los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades (desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias más graves) y circulan entre humanos y animales”. 2
Asimismo se señala que desde el mes de diciembre de 2019, esta enfermedad “se extendió por todo el mundo y fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud”. 3
Esta enfermedad reciente, el Covid-19, demostró que tiene una gran capacidad de contagio y además de acuerdo a autoridades mundiales en materia de salud, presenta una tasa de mortalidad elevada para la actualidad, de 3.75 por ciento de los infectados en etapas iniciales. 4
Tasa de mortalidad mucho más alta, comparada con la última pandemia que atravesamos por la influenza H1N1, que se registró cerca del 1 por ciento y que además tuvo afortunadamente un control más sencillo y una duración, de un mucho menor tiempo. 5
Adicionalmente a estos factores anteriormente descritos, el SARS-CoV-2 tiene preocupantes particularidades que lo han hecho sumamente difícil de combatir y solventar.
Por un lado tenemos las formas de contagio.
De acuerdo a autoridades de salud a nivel mundial su transmisión se realiza mediante las pequeñas gotas que emanan las personas contagiadas, tanto al hablar, al toser, estornudar e incluso hasta al respirar; lo cual, dificulta su control. 6
También tenemos la alta capacidad del virus para permanecer en el medio ambiente y en objetos.
El virus puede quedar activo desde horas o hasta días, en la superficie de los objetos, que al ser tocados por una persona sana y posteriormente ésta llevarse las manos a los ojos, la nariz o la boca, se produce el contagio. 7
Adicionalmente tenemos como otro factor que hace muy difícil su control y combate, al periodo de incubación del virus, que puede ir de 2 a 14 días sin síntomas a partir de la exposición al virus, con un promedio de 5 días. 8
Sin embargo, la persona contagiada tiene la capacidad de contagiar a otras personas, entre 1 a 3 días, antes de presentar los primeros síntomas, es decir, entre 1 y 3 días antes de saberse contagiado y extremar las medidas tanto sanitarias como también de cuidado pertinentes. 9
Por si lo anterior no fuera suficiente, tenemos la presencia de personas contagiadas, asintomáticas.
Son personas que cursan la enfermedad, cumplen su ciclo de incubación y control por parte del mismo sistema inmunológico, pero no presentan síntomas que adviertan que la persona esta contagiada. 10
Por lo cual, esta persona sin saber que está contagiada, continúa con sus actividades cotidianas pero con la capacidad de contagiar a más personas de manera directa por las gotas emanadas o bien, de propagar el virus en superficies de los diversos objetos con los que tenga contacto. 11
Además, en fechas recientes, se ha advertido de la elevada y muy preocupante capacidad de mutación del SARS-CoV-2.
Capacidad particular, que hace todavía más complicado tanto su control, ya sea por los diversos cambios que se presentan en las formas más comunes de contagio o bien, los síntomas; como también para el desarrollo de una cura o la efectividad de las vacunas que ya fueron desarrolladas y aplicadas a gran parte de la población.
Por último, se tienen identificados a grupos de la población altamente vulnerables de padecer Covid-19 en formas más agresivas, ya sea por la edad, como es el caso de nuestros adultos mayores; como también por la afección de padecimientos crónicos y muy comunes entre la población como lo son, la hipertensión y la diabetes. 12
Como podemos ver, estamos ante una pandemia y un reto en materia de salud, dantesco.
Esta pandemia ha puesto a prueba no sólo nuestra capacidad de supervivencia o adaptación como especie.
Sino también ha puesto a prueba a toda nuestra estructura y capacidad tanto en materia de servicios de salud, médica, clínica, hospitalaria y de medicamentos como también industrial, económica, educativa y tecnológica.
Los daños han sido muchos, empezando por la cantidad de contagios y de muertes que se tienen registradas a la fecha.
Tan sólo para principios de este mes, septiembre de 2021, se tiene contabilizados a nivel mundial 216 millones, 999 mil, 851 personas contagiadas. 13
Y tristemente, registramos ya 4 millones 509 mil 798 muertes a causa del Covid-19 en todo el mundo. 14
Estas cifras bastan para demostrar la magnitud real de la pandemia por Covid-19, en nuestra actualidad y muy a pesar de todos nuestros avances médicos y tecnológicos.
En lo que respecta a nuestro país, las cifras son igual de contundentes que las anteriormente descritas.
En nuestra población los daños del Covid-19 han sido inevitables, ya sea por la carencia de una cura definitiva, el desconocimiento o el retardo para saber de tratamientos eficaces que salven vidas e incluso la tardía disposición de vacunas, pero a fin de cuentas, el Covid-19 nos ha cobrado la factura de manera muy costosa.
Como muestra de lo anterior basta señalar que, como se mencionó anteriormente, unos de los factores de incurrir en un padecimiento grave con altas probabilidades de desenlace mortal, era tener hipertensión o diabetes; todos sabemos que a nivel mundial ocupamos el primer lugar en materia de obesidad tanto en población adulta como también en población infantil, padecimiento que genera ya sea hipertensión o diabetes o bien, ambas a la vez. 15
Por eso y como consecuencia, el año pasado vimos rebasada nuestra capacidad hospitalaria instalada, primero la creada específicamente para hacerle frente a la pandemia y posteriormente toda nuestra capacidad médica, clínica y hospitalaria se vio saturada.
A la par también se vio sumamente afectada, la disposición de los insumos médicos y hospitalarios de primer orden y elementales como guantes y cubre bocas para el personal médico, lo cual fue inevitable por el desabasto que se presentó también a nivel mundial.
Por igual, el desabasto de los pocos medicamentos probados y aprobados para tratar los síntomas del Covid-19, fue grave y sumamente alarmante, porque también así lo fue, a nivel mundial.
Asimismo, el impacto en las fianzas nacionales e índices tanto macro, como microeconómicos, fue brutal e histórico, a la vez de inevitable.
En primera instancia la recesión económica se vio motivada y propiciada por las medidas de confinamiento parcial o total, a las que se sometió a toda la población por igual.
La parálisis en materia económica e industrial así como de servicios, fue igualmente devastadora para nuestros índices de desarrollo y crecimiento económico, que a su vez, contrajeron nuestros empleos creados y nuestra capacidad de generar nuevos trabajos para la población.
A pesar de todos los esfuerzos en materia de contención del contagio y muertes por Covid-19 en nuestro país; tristemente tenemos hasta el primero de septiembre de este año 2021, el registro de 3 millones, 369 mil, 747 contagios confirmados y diagnosticados y a la vez, desafortunadamente el registro de 260 mil, 503 personas que han perdido la vida. 16
A partir de la notificación oficial por parte de nuestras autoridades en materia de salud de nuestro país, del primer caso confirmado de Covid-19, el 27 de febrero del año 2020, no hemos podido contener del todo la propagación de esta pandemia en nuestro territorio nacional; tampoco el mundo entero lo ha hecho. 17
Asimismo, a partir del 18 de marzo del año 2020, que se dio cuenta por parte de nuestras autoridades en materia de salud de la primer muerte en nuestro territorio por Covid-19, a la fecha y después de más de un año, no hemos podido detener este fatal y mortal recuento en nuestra población, la población mundial tampoco lo ha logrado. 18
Todo ello, a pesar de que a inicios del pasado mes de agosto las autoridades de salud de nuestro país, daban cuenta de que 53 por ciento del total de nuestra población ya estaba vacunada contra Covid-19. 19
Es decir, poco más de 48 millones de mexicanas y mexicanos en todo el país, ya contaban con su vacuna, que los protegería al menos de cursar el padecimiento grave de esta enfermedad. 20
Lo anterior, porque de acuerdo a las mismas autoridades en materia de salud, la vacuna aplicada reduce significativamente la letalidad del Covid-19, a márgenes cercanos a 30 por ciento, es decir se reduce a 3 de cada 10 personas contagiadas; dato que vale la pena marcar, es casi la misma tasa de letalidad que se reportó muy al inicio de la pandemia, entre la población de nuestro territorio. 21
Cabe señalar sobre este mismo tema, que durante este mismo año 2021 y antes de que se aplicara la vacuna entre la población, la tasa de letalidad del Covid-19 en nuestro país, entre nuestra población era de 49 por ciento, es decir casi 5 de cada 10 personas contagiadas, o en otras palabras casi la mitad de todos los contagiados, perdían inevitablemente la vida a pesar de los esfuerzos médicos para preservarlos. 22
Como podemos apreciar en los párrafos anteriores, se sustenta no sólo la importancia de las vacunas como medida efectiva ante una pandemia de magnitud mundial y todavía prevaleciente, tanto para contenerla como para salvar vidas.
Sino también de la vital importancia de que absolutamente toda nuestra población sin importar condición o género, posición, ocupación, edad o ubicación geográfica, se vacunen.
Y en ello, radica el espíritu de la presente iniciativa.
En nuestro país, la primera vacuna afortunadamente se aplicó el jueves 24 de diciembre del año 2020, a una integrante del servicio médico, una enfermera de nuestro hospital Rubén Leñero. 23
A partir de entonces y hasta la fecha, para el primero de septiembre de 2021, autoridades oficiales reportaban que favorablemente nuestro país había recibido un total de 102.8 millones de vacunas contra el Covid-19. 24
Con ello, escalonadamente y de forma programada, se fueron aplicando las dosis disponibles de vacunas contra el Covid-19 en nuestro país. Se inició primero con el personal médico, se prosiguió con nuestros adultos mayores y personal docente del país, para posteriormente seguir en forma descendente respecto a la edad con la demás población.
Todavía y hasta la fecha continuamos con ese proceso, toda vez que las indicaciones de las autoridades en materia de salud a nivel mundial junto a la industria farmacéutica y los laboratorios que desarrollaron las vacunas, indicaron que era necesaria la aplicación de al menos 2 dosis de la vacuna separadas entre sí por un intervalo de tiempo, para contar con una cobertura de protección efectiva por arriba de 80 por ciento, según los estudios de cada vacuna. 25
Como podemos apreciar, desde el inicio de la pandemia, su desarrollo e incluso en la etapa de la aplicación de la vacuna desarrollada para protegernos del Covid-19, nos dimos cuenta que no somos invencibles ante enfermedades nuevas o preexistentes.
Que tampoco debemos descuidar nuestra inversión en servicios médicos, tanto en infraestructura como en personal, asimismo en cuanto se refiere a la capacitación y actualización de nuestro personal médico y hospitalario.
Por igual, nos dimos cuenta de la necesidad de mantenernos como sociedad, informados, unidos, respetuosos y atentos a las indicaciones en materia de salud, prevención y cuidados de manera permanente y continua. Toda vez que estas medidas pueden evitarnos atravesar por una pandemia igual a la que estamos padeciendo actualmente, o bien, mitigar su daño y disminuir su presencia.
Por último, se hizo evidente de igual forma, lo imprescindible de la actuación ordenada, responsable y oportuna de nuestras autoridades de todos los niveles de gobierno, ante una pandemia local, nacional o mundial.
Y más aún, en lo que se refiere por ejemplo a la adquisición, traslado, distribución y aplicación de las vacunas ante una enfermedad pandémica.
Ya que este proceso sumamente importante y vital para salir adelante, no debe de encontrarse plagado de vicios, de errores, de desorden, ni mucho de las recurrentes y oportunas prácticas de lucro que suelen surgir en estos delicados momentos y situaciones de emergencia.
Por ello considero imprescindible por todo lo anteriormente descrito, que en caso de pandemias, las vacunas no sólo deben de ser obligatorias como actualmente lo establecen nuestras leyes en nuestra Ley General de Salud.
Sino también deben de ser de acceso para todos y este acceso sólo se garantiza con la gratuidad en la disposición de ellas.
Y el cumplimiento de estas condiciones, sólo las puede asumir, solventar y llevar a cabo, nuestras autoridades de nivel federal.
Cuando nuestro gobierno federal tomó el control absoluto de la compra de vacunas, su traslado, distribución y aplicación, se garantizó no sólo lo anterior, sino también se revistió este proceso del orden, control, seguridad y la disciplina que se requería para asegurar el éxito necesario y demandado, para salir adelante en esta emergencia mundial.
Por ello, considero que al establecer la universalidad de las vacunas, así como su gratuidad, en nuestras leyes, estamos garantizando con ello que en futuras emergencias o pandemias locales, estatales, nacionales o mundiales; tengamos el mismo nivel de control, efectividad, operación, distribución, seguridad y aplicación de las vacunas, que si es el caso, se desarrollen para hacerle frente.
Quienes integramos la presente soberanía, estamos obligados a coadyuvar con nuestras autoridades de todos los niveles de gobierno, para hacerle frente a la presente pandemia, de ello no hay duda alguna.
Pero por igual, para hacerle frente a las futuras pandemias que surjan, porque si de algo estamos seguros y la presente experiencia no lo demostró, es que no estamos exentos de sufrir la presencia de nuevas catástrofes en materia de salud a nivel mundial.
Nuevas pandemias van a llegar y surgirán con ellas nuevos retos a los que debemos hacerles frente de manera inevitable.
Y lo mejor; como lo vimos, lo aprendimos y hasta lo sufrimos con la pandemia por el Covid-19: es que estemos listos, conscientes y preparados para ello, ya que no tenemos más opción, ni tampoco el más mínimo margen de error.
Por todo ello, se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos 134 y 144 de la Ley General de Salud
Artículo Primero. Se reforma la fracción XIV, recorriendo la subsecuente, al artículo 134 a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 134. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades transmisibles:
I. a XIII. ...
XIV. SARS-CoV-2, y
XVI. Las demás que determinen el Consejo de Salubridad General y los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Segundo. Se reforma el artículo 144 a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 144. La vacunación contra enfermedades transmisibles, prevenibles por ese medio de inmunización, que estime necesaria la Secretaría de Salud, será universal, gratuita y obligatoria en los términos que fije dicha dependencia y de acuerdo con lo previsto en la presente ley.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Organización Mundial de la Salud. OMS
2 coronavirus.gob.mx
3 coronavirus.gob.mx
4 OMS.
5 Secretaria de Salud.
6 OMS.
7 OMS.
8 OMS.
9 OMS.
10 OMS.
11 OMS.
12 OMS.
13 OMS. Reporte septiembre 1 del 2021.
14 OMS. Reporte septiembre 1 del 2021.
15 Secretaría de Salud. Obesidad infantil.
16 Secretaría de Salud. Reporte Septiembre 1 del 2021.
17 Secretaría de Salud. Reporte 27 de febrero del 2020.
18 Secretaría de Salud. Reporte 18 de marzo del 2020.
19 Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Secretaria de Salud. Agosto 3 del 2021.
20 Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Secretaria de Salud. Agosto 3 del 2021.
21 Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Secretaria de Salud. Agosto 3 del 2021.
22 Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Secretaria de Salud. Agosto 3 del 2021.
23 Secretaría de Salud.
24 Secretaría de Salud. Reporte 1ro. Septiembre del 2021.
25 OMS.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.– Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de las senadoras Cora Cecilia Pinedo Alonso y Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del PT
De la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y de la senadora Cora Cecilia Pineda Alonso integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo tercero, se reforman las fracciones octava, novena y décima, se adiciona una fracción décima primera al artículo 25 y se reforma el artículo 512, todos ellos de la Ley Federal del Trabajo, para promover y garantizar el derecho humano a la salud mental en el trabajo, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
“Tenemos que proteger nuestras mentes y nuestros cuerpos, y no solamente salir y hacer lo que el mundo quiere que hagamos”
Simon Biles, gimnasta y siete veces medallista olímpica
La salud es un elemento esencial para que las personas puedan vivir, crecer y desarrollarse plena e integralmente. La constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.
En consecuencia, el marco legal en materia de salud debe ser amplio y contemplar que, así como se debe procurar la protección de la salud física, resulta indispensable que las autoridades garanticen el derecho a la salud mental en todos los ámbitos de la vida de una persona.
La ausencia de salud perjudica negativamente el ejercicio de otros derechos fundamentales reconocidos en los bloques de convencionalidad y constitucionalidad, tales como el derecho al trabajo y el derecho al libre desarrollo de la personalidad, por mencionar algunos.
Por otro lado, el entorno o el medio ambiente en el que vive una persona, así como una diversidad de factores externos, tienen un impacto, ya sea positivo o negativo, en la salud de los seres humanos.
Mantener una adecuada salud mental es un tema poco atendido. Las personas, generalmente, se ocupan del cuidado físico cuando hay manifestaciones de dolor, pero dejan de lado el aspecto psicoemocional. Sin embargo, se requiere tener un equilibrio entre el cuerpo y la mente para estar bien consigo mismo, así como con el entorno. Desafortunadamente, tuvo que llegar una pandemia para convertir el cuidado de la salud mental en un eje central de las políticas públicas.
Cabe destacar los datos que publicó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su estudio Health at a Glance 2021, 1 mismo que midió el impacto de la pandemia en la salud mental de las personas en dos vertientes: ansiedad y depresión. Los resultados, lamentablemente, no son alentadores.
El reporte de la OCDE revela que el virus SARS-CoV-2 contribuyó a un aumento de 16% en el número esperado de muertes en 2020 y la primera mitad de 2021 en los países de la organización, causando 2.5 millones de muertes en exceso. De igual forma, la esperanza de vida cayó en 24 de los 30 países con datos comparables, con caídas particularmente importantes en Estados Unidos de -1.6 años y España -1.5 años.
Sin embargo, esta no es la única problemática que enfrenta la población mexicana, ya que además de los decesos y afectaciones a la salud física que ha dejado la crisis sanitaria por Covid-19 ha afectado profundamente la salud mental de las y los mexicanos, toda vez que la prevalencia de la depresión fue nueve veces mayor a principios de 2020, en comparación con 2019.
La OCDE ha señalado que desde el comienzo de la emergencia por la Covid-19 millones de personas trabajadoras experimentaron la pérdida de empleo y quienes lo conservaron vivieron importantes disrupciones en la forma de organizar y llevar a cabo sus labores, con esquemas que se implementaron para no hacer recortes de personal y que implicaron reducción de salarios y beneficios.
La prevalencia de la ansiedad en México pasó del 15% de la población antes de la pandemia al 50% después de las primeras olas de la Covid-19, el mayor incremento entre todos los países de la organización y el nivel más alto observado.
Asimismo, se observó un incremento en la prevalencia de depresión, pasando de un nivel de 3% antes de la pandemia a 27.6% de la población después de casi un año de emergencia sanitaria. México ocupa la tercera posición en casos de depresión entre los países analizados por la OCDE, empatados con Australia y después de Corea y Suecia.
La OMS calcula en 1,000 millones de dólares el costo anual de no atender la salud mental de los trabajadores. En México, el ausentismo laboral relacionado a padecimientos psicológicos representa una pérdida de 23.8% en la productividad de los empleados, de acuerdo con la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS). Y más importante aún, se calcula que para el siguiente año aumentará, de 11 a 15%, el gasto destinado a la atención de discapacidades laborales psicosociales. La falta de atención a los factores de riesgo psicosocial en el mundo del trabajo le cuesta al aparato productivo nacional cerca de 16,000 millones de pesos anuales.
El estrés laboral se refleja en ausentismo, presentismo, rotación de personal y accidentes en los centros de trabajo que de acuerdo con estimaciones de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (Amedirh) pueden representar hasta el 5% del total de la nómina de las empresas.
Es por ello primordial que reconozcamos el contexto en el cual se encuentra nuestra sociedad. Estamos aún combatiendo la pandemia por Covid-19. Pero no debemos cerrar los ojos ante el escenario cada vez más grave que presenta el deterioro de la salud mental de nuestra población. Es tiempo de hacer un diagnóstico y tomar las decisiones que nos ayuden a modificar los factores que provocan afectaciones negativas en la salud mental de las personas, impidiéndoles vivir con bienestar.
Papel del Estado y los patrones en el cuidado de salud mental
El cuidado de la salud mental permite a las personas reconocer sus habilidades, superar el estrés cotidiano de la vida y mejorar la actitud de las personas permitiéndoles alcanzar sus propios objetivos.
Es responsabilidad del Estado brindar recursos y diseñar las políticas públicas que apoyen la atención de la salud mental desde un enfoque de derechos humanos; que ayude a las personas y a las comunidades a desarrollar las herramientas y capacidades para atender las necesidades en materia de salud mental de manera exitosa.
En 2013, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló que algunos riesgos tradicionales se habían reducido por el avance tecnológico y la normatividad existente. Sin embargo, comenzaban a surgir nuevas enfermedades profesionales que iban al alza y para las cuales, no existía normatividad. Entre los riesgos emergentes se incluían los de carácter psicosocial.
En 2016, la OIT dio a conocer información sobre los Factores de Riesgo Psicosociales y afirmó que era un problema global que afecta a todas las profesiones y a todos los trabajadores, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Colocando al centro de trabajo como una fuente importante de Riesgos Psicosociales, y al mismo tiempo, el mejor lugar para prevenirlos y actuar sobre ellos, con el fin de proteger la salud y bienestar de los trabajadores.
Es así que, en el 2016, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a través del Programa Nacional de Bienestar Emocional y Desarrollo Humano en el Trabajo impulsó un proyecto de norma con el fin de identificar, analizar y prevenir los FRP, con el objetivo de incentivar empleos de calidad y una la cultura de prevención en México.
En nuestro país, uno de los avances más recientes en esta materia se dio el 23 de octubre de 2018 con la publicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención.
El objetivo de esta Norma Oficial Mexicana es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Su campo de aplicación es en todo el territorio nacional y en todos los centros de trabajo.
Los Factores de Riesgo Psicosocial se definen como aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador, por el trabajo desarrollado.
Y comprenden las condiciones peligrosas e inseguras en el ambiente de trabajo; las cargas de trabajo cuando exceda la capacidad del trabajador; la falta de control sobre el trabajo (posibilidad de influir en la organización y desarrollo del trabajo cuando el proceso lo permite); las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la Ley Federal del Trabajo, rotación de turnos que incluyen turno nocturno y turno nocturno sin períodos de recuperación y descanso; interferencia en la relación trabajo-familia, y el liderazgo negativo y las relaciones negativas en el trabajo.
Ante el surgimiento de la pandemia por Covid-19 y su influencia en una mayor adopción del teletrabajo, que llevó a la aprobación de reformas legislativas en materia de teletrabajo en enero de 2021, es necesario reconocer que existen nuevos riesgos . para la salud mental de las personas trabajadoras que pasaron de manera repentina de una actividad presencial a un trabajo remoto que implicó más cargas de trabajo, jornadas más extensas, poca conciliación entre la vida laboral y personal, y liderazgos inadecuados que no se prepararon para un ambiente digital. Lo que demuestra la necesidad de la mejora continua de los elementos normativos para abordar de mejor manera la realidad laboral de nuestro país y el mundo.
Por ello, es necesario que los patrones tomen conciencia de la necesidad de actuar proactivamente en favor de un ambiente laboral sano, el cual beneficie tanto la productividad laboral y el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa; pero que, a su vez, brinde a las personas trabajadoras de condiciones para el sano desarrollo de su vida profesional y de su vida personal.
El bienestar laboral es un elemento clave para conseguir un equipo productivo, motivado y comprometido con la empresa. Por ello, los patrones deben establecer condiciones para preservar y fomentar entre las personas trabajadoras su salud física, pero también su bienestar emocional, haciéndoles sentir bien a las personas y están contentos con lo que hacen.
Es importante que las empresas tengan entre sus objetivos fundamentales mantener un ambiente proclive a la felicidad de las personas trabajadoras durante su jornada laboral, para lo cual deben centrarse en favorecer aquellos aspectos que facilitan la convivencia y hacen felices a las personas trabajadores en los espacios laborales.
Por ello, es importante fomentar un buen ambiente del trabajo, la motivación, el buen trato recibido entre las personas dentro del centro laboral, las condiciones económicas y laborales dignas, así como políticas para la conciliación de la vida familiar y laboral, ya que todos estos, son factores que pueden hacer que una empresa exista bienestar laboral o su ausencia provoque malestar y baja productividad en ellas.
El empeño que se ponga en fomentar un buen ambiente laboral no solo es benéfico para las y los trabajadores, sino que brinda beneficios a las empresas, entre los cuales podemos destacar: la reducción del absentismo y el estrés; personas trabajadoras más productivos y motivados; el aumento de la creatividad y el desarrollo de las capacidades del personal; un menor número de abandonos en la empresa y por ende disminución de costos por rotación de personas; un clima laboral positivo y mejores relaciones interpersonales a todos los niveles.
La Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, integrada por más de 3,500 miembros pertenecientes a grandes empresas multinacionales y que desarrolla su actividad en diversos países, sugiere la aplicación de medidas por parte de las empresas mejorar el ambiente laboral, en favor de la salud mental y la felicidad de las personas trabajadoras, entre ellas destaca:
1. Desarrollar flexibilidad en el entorno de la empresa, ya que, en la era del teletrabajo, los equipos están orientados a trabajar por objetivos, más que por horarios rígidos. Así pues, es muy importante que las empresas sean flexibles para dotar a sus equipos del espacio que necesitan para su vida personal y familiar. La DCH señala que solo de este modo es posible conseguir que las personas se sientan cómodas, y evitar el estallido incontrolado de emociones como la frustración, el enfado, la tristeza o la ira, que no contribuyen en absoluto al bienestar de las personas.
2. Usar el registro horario de las personas trabajadoras con sentido. Con el objetivo de identificar el estado de las cosas: ¿Hay personas trabajando más horas de las que deberían? ¿Se han disparado los índices de absentismo? Estos indicadores son poderosísimos para hacer diagnósticos y detectar problemas, ya sea individualmente, por departamentos o equipos.
3. Cultivar los hábitos de desconexión digital, lo cual implica desarrollar una política interna que sirva para cultivar el hábito de desconectar e implantar herramientas que tecnológicamente lo permitan debería ser tan imprescindible como prioritario.
4. Compartir recomendaciones y tips sobre salud y bienestar. a través del sistema de comunicación interna, ágil y directo, permite compartir información importante a través de muros, en absoluto invasivos, pero siempre presentes. El departamento de Recursos Humanos tiene en su mano la posibilidad de compartir recomendaciones y tips sobre buenos hábitos, salud física y mental, que puedan resultar de ayuda a los empleados. Tanto para los que trabajan en la oficina como para los que lo hacen desde casa.
5. Crear espacios de interacción social, ya que ante un entorno en el que el teletrabajo incrementa es fundamental seguir cultivando espacios y sinergias sociales que ayuden a dar cauce a la necesidad innata de socializar.
Además de tomar en cuenta estas sugerencias, es importante que en los Centros de Trabajo de nuestro país se tome en consideración como el centro de las políticas a las personas trabajadoras, pues solo con su bienestar físico y mental podrá incrementarse el ambiente productivo que beneficia al patrón y a las personas empleadoras.
Objetivo e importancia de la iniciativa
Como lo menciona la Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, las enfermedades de salud mental constituyen una epidemia silenciosa que ha afectado a las Américas mucho antes de Covid-19, con depresión y ansiedad como dos de las principales causas de discapacidad. 2
La sociedad tiene que aprender que las enfermedades mentales existen, que seguirán existiendo, que no son meras reacciones al estrés de la vida y no son equiparables al malestar cotidiano. Y, que, por lo tanto, debemos saber detectarlas y acogerlas como se debe.
El derecho humano a la protección de la salud mental se encuentra reconocido en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, es obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, respetar, promover, proteger y garantizarlo. A su vez, los particulares tienen la obligación de respetar los derechos humanos de todas las personas y de crear entornos o ambientes que fomenten la salud mental de todas las personas que acuden diariamente a trabajar para generar un ingreso y con ello mantener a sus familias.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), al 31 de octubre de 2021, se tenían registrados 20,757,587 puestos de trabajo. 3 En otras palabras, más de veinte millones de mexicanas y mexicanos son trabajadoras y, por lo tanto, son susceptibles de los FRP, esta cifra sin contar a las personas trabajadoras del sector informal.
La Organización Mundial de la Salud ha elaborado diversos estudios para determinar el impacto que juega el trabajo y, sobre todo, el ambiente laboral en la salud mental de las personas trabajadoras. La OMS determinó que el trabajo ayuda al desarrollo del ser humano y, por lo tanto, fomenta su salud mental; sin embargo, que un entorno laboral negativo puede lesionar la salud mental de las y los trabajadores. 4
Los riesgos laborales relacionados con la salud mental son, entre otros, políticas de salud y seguridad inadecuadas, malas prácticas de comunicación y administración, reducción en el poder de agencia de las personas trabajadoras, falta de apoyo, de todo tipo, a las personas trabajadoras, horarios laborales inflexibles, objetivos y tareas poco claras. 5
Este tipo de prácticas vulneran la salud mental de las personas trabajadoras, en ocasiones de manera irreversible. En nuestro país, los patrones o las personas en puestos de poder abusan del mismo para intimidar a las y los trabajadores o, simplemente, para despojarlos de su única fuente de ingresos. En otras ocasiones, los malos tratos de los patrones para con sus empleados es francamente indignante.
Mi encargo como senadora de la República se ha distinguido por la lucha para conquistar definitivamente el derecho humano a la protección de la salud mental. Mi objetivo, en todo momento, ha sido la construcción de un sistema de salud que lo garantice de manera efectiva. A su vez, he trabajado para construir un país de derechos y, sobre todo, una nación en donde se respete la dignidad de todas las personas. Por ello, abogo por un país en donde todas y todos seamos amables con los demás, en donde el entorno sea el adecuado para que todas las personas vivan con bienestar.
Los seres humanos somos seres sociales, en específico políticos, diría Aristóteles. Por lo tanto, dependemos del medio ambiente y de la convivencia en sociedad para poder sobrevivir y vivir dignamente. En muchas ocasiones, el entorno se vuelve hostil con las personas debido al estilo de vida agitado que caracteriza al siglo XXI. A su vez, las condiciones de pobreza, la desigualdad, las violencias y la discriminación perjudican la salud mental de todas las personas.
En el pasado, se ha optado por un modelo meramente biomédico para recuperar la salud mental de las personas, así como de terapias que son meramente adaptativas al mundo acelerado y hostil en el que vivimos. Es decir, el Estado y la sociedad trata los síntomas, no la auténtica causa, la cual es de origen social, de gran parte de los casos de salud mental. Por ello, es adecuado avanzar hacia el modelo comunitario de la salud mental, sin olvidar el aspecto biomédico.
Por ello, el 20 de noviembre de 2019 en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presentamos una iniciativa para expedir la Ley General de Salud Mental. Después de meses de trabajo y deliberación, el jueves nueve de diciembre de 2021 el Senado de la República aprobó, por unanimidad, el dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
De acuerdo con el artículo 72 de la reforma, la salud mental se define como:
Se entiende por salud mental un estado de bienestar físico, mental, emocional y social determinado por la interacción del individuo con la sociedad y vinculado al ejercicio pleno de los derechos humanos; y por adicción a la enfermedad física psico-emocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación.
Un aspecto fundamental para promover y garantizar la salud mental reside en los centros de trabajo en donde se incrementan sustancialmente los factores de riesgo psicosociales. El Estudio Diagnóstico del Derecho al Trabajo 2018 elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social llegó a la conclusión de que entre los principales retos que atañen al ejercicio al derecho al trabajo y, a su vez, a la salud mental son: la falta de empleo formal, la inestabilidad laboral, el bajo salario y las jornadas de trabajo inflexibles. 6
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos señala que las y los mexicanos trabajan en promedio 2,255 horas anuales (un total de 93 días) a trabajar, esto sin contar el tiempo que hacen hacia y desde su lugar de trabajo. A su vez, representa 43 horas a la semana, lo que implica que el pueblo de México pasa más tiempo en el trabajo que conviviendo con sus familias. En contraste, en Alemania el promedio de horas trabajadas al año por persona trabajadora es de tan solo 1,363 horas.
Algunos analistas, como GINgroup han señalado que esta práctica es nociva para la productividad de la empresa y que, en cambio, la mejor manera de hacerla más eficiente es capacitar a las personas trabajadoras, así como apoyarlas en su crecimiento personal y profesional. 7
Por lo tanto, es esencial que el Estado mexicano a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social comience a transformar a los centros de trabajo en espacios libres de violencia y, sobre todo, que éstos sean amables con las personas trabajadoras. En consecuencia, propongo lo siguiente:
1. Reforma al artículo tercero de la Ley Federal del Trabajo:
Se especifica que no se podrá discriminar por motivos de salud mental. Asimismo, se establece que los entornos de trabajo deberán ser saludables física y mentalmente y que tendrán por objeto propiciar el bienestar de la persona.
2. Adición al artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo:
Se adiciona una fracción decimoprimera al artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo para establecer que en las condiciones generales de trabajo se contemple un apartado dedicado a la promoción y protección del derecho a la salud mental de las personas trabajadoras mediante el Programa Integral para la Promoción y Protección del Derecho Humano a la Salud Mental en el Trabajo.
Dentro del plan se establece que se deberán dedicar dos días al año (uno al semestre) para que en los centros de trabajo se realicen jornadas por profesionales certificados en el área de la psiquiatría para apoyar a las y los trabajadores en el cuidado y protección de su salud mental. Es importante señalar que las jornadas tienen por objeto proteger la salud mental y propiciar entornos de trabajo no hostiles con las personas trabajadoras; por lo tanto, no podrán utilizarse como días de capacitación, adiestramiento empresarial o coaching.Su enfoque es sanitario, no productivo.
Asimismo, las personas físicas y morales que pretendan brindar estos servicios deberán estar debidamente registradas ante la Secretaría de Salud del Gobierno de México.
Por otro lado, se deberá crear un protocolo para recibir denuncias y procesarlas en aquellos casos en que cualquier persona del centro del trabajo, incluido el patrón, incurran en prácticas que vulneren la salud mental de las y los trabajadores.
Finalmente, se propone la eliminación del lenguaje y las conductas estigmatizantes y un esquema de flexibilización laboral. En última instancia, se faculta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para emitir lineamientos que disminuyan considerablemente los FRP en los centros laborales.
Como senadora de la República estoy plenamente comprometida con la salud de todas las personas que habitan en territorio nacional. Durante mucho tiempo, la salud mental ha sido relegada, convertida en un tema tabú y cualquier persona que vea mermada su salud mental como consecuencia es discriminada y estigmatizada. Es imperioso cambiarlo. El derecho a la salud es un derecho llave, como Estado y como sociedad debemos garantizar.
Al incorporar dos días para la atención de la salud mental estaremos avanzado en una agenda donde se promueva y garantice el derecho humano a la salud mental. Los centros de trabajo deben adoptar estos días como una oportunidad para fortalecer la relación que tienen con sus personas trabajadoras y así tratar desde un enfoque preventivo y comunitario la atención a la salud mental.
Es momento de seguir impulsando acciones para que la atención de la salud mental sea prioritaria como medio de desarrollo y bienestar social, laboral y familiar.
Para ilustrar las modificaciones, se presenta la siguiente tabla comparativa:
Por lo anteriormente expuesto presentamos el siguiente proyecto de
Decreto
Único. Se reforma el artículo tercero, se reforman las fracciones octava, novena y décima, se adiciona una fracción decimoprimera al artículo 25 y se reforma el artículo 512, todos ellos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como siguen:
Artículo 3o...
No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud física o mental, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana.
..
Es de interés social garantizar un ambiente y entorno laborales saludables física y mentalmente, libre de discriminación y de violencia, que promueva el bienestar de la persona trabajadora, promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad y la calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones.
Artículo 25. El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener:
I. a VII. ..
VIII. La indicación de que el trabajador seré capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan en la empresa, conforme a lo dispuesto en esta Ley; y
IX. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que convengan el trabajador y el patrón;
X. La designación de beneficiarios a los que refiere el articulo 501 de esta ley, para el pago de los salarios y prestaciones devengadas y no cobradas a la muerte de los trabajadores o las que se generen por su fallecimiento o desaparición derivada de un acto delincuencial, y
XI. El Programa Integral para la Promoción y Protección del Derecho Humano a la Salud Mental en el Trabajo, el cual deberá contener, por lo menos:
a. Para los efectos de esta fracción se entenderán las definiciones dispuestas por la Ley General de Salud, en materia de salud mental;
b. Las acciones de protección y promoción de la salud mental para el trabajo que señale la Secretaría de Salud;
c. Un protocolo para la prevención y erradicación de las violencias, incluidas la verbal y económica, y los malos tratos psicológicos que perjudiquen la salud mental de las personas trabajadoras.
El protocolo deberá contemplar sanciones y los mecanismos para la reparación integral del daño y el otorgamiento de garantías de no repetición.
Los trabajadores, patrones, sus representantes y los trabajadores en régimen de subcontratación son sujetos del protocolo;
d. Mantener campañas permanentes de promoción y protección de la salud mental y resiliencia;
e. La promoción de la salud mental mediante la implementación de una Jornada Salud Mental cada seis meses, la cual deberá tener una duración mínima de dos días.
Las Jornadas deberán ser realizadas por especialistas acreditados en el·área de la psicología y de la psiquiatría, con experiencia probada en psicología del trabajo, así como en psicología clínica.
Para poder organizar una Jornada, la persona profesional de la salud o la persona moral de que se trate deberán encontrarse en el Registro de Profesionales de la Salud Mental en el Trabajo. La Secretaría de Salud es la facultada para realizar los registros. Las personas físicas y morales que realizan actividades de entrenamiento empresarial o análogas no podrán ser registradas.
Las Jornadas tienen por objetivo crear un entorno laboral saludable, libre de todo tipo de violencias, así como prevenir y detectar oportunamente trastornos del comportamiento y la conducta, derivados del trabajo.
Bajo ninguna circunstancia, las Jornadas podrán ser utilizadas con fines de entrenamiento empresarial, capacitación o cualquier actividad que no tenga por objeto la protección y la promoción de la salud mental de las personas trabajadoras.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con la Secretaría de Salud, emitirán los Lineamientos para la Realización de las Jornadas de Salud Mental, las cuales incluirán las modalidades en las cuales se realizarán dichas Jornadas, actividades, objetivos, metas e indicadores de los factores de riesgo de psicosocial;
f. La prohibición de los malos tratos psicológicos por motivo alguno por parte del patrón, sus representantes, del superior jerárquico o cualquier otra· persona que trabaje en el centro de trabajo o que por motivos laborales se comunique con la persona trabajadora;
g. La erradicación del lenguaje y conductas estigmatizantes de las personas usuarias de salud mental;
h. Los términos de flexibilización de la jornada laboral y,
i. Las demás que determine la Secretaría para disminuir los factores de riesgo psicosocial.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Salud cuenta con 120 días naturales, desde la entrada en vigor del presente decreto, para emitir los Lineamientos para el Registro de Profesionales de la Salud Mental en el Trabajo.
Tercero. Los patrones cuentan con 90 días naturales, desde la entrada en vigor de los Lineamientos, para armonizar las condiciones generales de trabajo vigentes con las disposiciones del presente decreto y emitir el Programa Integral para la Promoción y Protección del Derecho Humano a la Salud Mental en el Trabajo.
Cuarto. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuenta con 90 días naturales para emitir los Lineamientos del Programa Integral para la Promoción y Protección del Derecho Humano a la Salud Mental en el Trabajo. Asimismo, cuenta con 180 días naturales para revisar y, en su caso, armonizar la totalidad de sus reglamentos y disposiciones administrativas.
Notas
1 Health at a Glance 2021, OCDE, disponible en:
https.//www oecd-ilibrary.org/docserver/ae3016b9-en.pdf?expires= 1636657420&id=id&accname=guest&checksum=325F214CD946F18CC38EDB997F0 57CC9, fecha de consulta 13 de noviembre de 2021
2 No hay salud sin salud mental, Organización Panamericana de la Salud. (Disponible en:
https://www.paho.org/es/noticias/8-10-2020-no-hay-salud-sm-salud -mental) (Fecha de consulta 10/01/22)
3 Puestos de trabajo afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. No. 511/2021. Instituto Mexicano del Seguro Social. 13 de noviembre de 2021. (Disponible en:
htlps://www.imss.gob.mx/prensa/archivo/202111/511) (Fecha de consulta: 10/01/22)
4 Mental Health and Substance Use. World Health Organization. (Disponible en:
https://www.who.int/teams/menta1-health-and-substance-use/promot ion-prevention/mental-health-in the-workplace) (Fecha de consulta: 10/01/22)
5 Ibíd.
6 Estudio Diagnósitco del Derecho al Trabajo 2018. Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. (Disponible en:
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Derechos_S ociales/Estudio_Diag_Trabajo_2018.pdf) (Fecha de consulta: 10/01/22)
7 Mexicanos destinan 2,255 horas al año a su trabajo. El Economista. 9 de febrero de 2018. (Disponible en:
htlps://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexicanos-destinan-2255 -horas-al-ano a-su-trabajo–20180209-0032.html) (Fecha de Consulta: 10/01/22)
Dado en la sala de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a los doce días de enero de dos mil veintidós.– Senadoras: Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y Cora Cecilia Pineda Alonso (rúbricas).»
Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la Cámara de Senadores.
LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
«Iniciativa que reforma el artículo 40 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, suscrita por el diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, Francisco Javier Huacus Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo que disponen la fracción II del artículo 71 y el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la fracción I del numeral 1 del artículo 6, el numeral 1 del artículo 77 y el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que por el que reforma el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas.
Exposición de Motivos
Hasta 2020, la Fiscalía General de la República había recibido mil 3 denuncias asociadas a desvíos y malos manejos de recursos públicos que le han hecho llegar la Auditoría Superior de la Federación (ASF). De 2000 a finales de 2018, la ASF logro reintegrar a la federación 146 mil 398.5 millones de pesos que habían sido desviados o ejercidos de manera irregular, pero aún tenía pendientes 487 mil 875.8 millones de pesos por aclarar o recuperar.
Por lo anterior, y con el objetivo de transparentar los recursos obtenidos por los funcionarios públicos, están obligados a presentar con base en los artículos 8 fracción XV, 36 y 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la declaración patrimonial inicial, la cual, debe ser presentada 60 días naturales después de que el funcionario asume su cargo.
La declaración patrimonial es el instrumento de ley que obliga a los servidores de la administración pública a realizar un informe pormenorizado de su patrimonio, para en caso de detectarse casos injustificados de incremento o enriquecimiento, iniciar el procedimiento respectivo para determinar daños al erario público y fincar las responsabilidades, los funcionarios públicos deben presentar, año con año, su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública.
La declaración debe contener las propiedades que posee un funcionario y lo cual deben coincidir con el salario que percibe. La utilidad de este documento va más allá de saber cuántas casas y automóviles tiene un servidor público, o cuál es el monto al que asciende su ingreso anual, por el contrario, este es uno de los indicadores para saber que no incurre en actos de corrupción, si sus posesiones aumentaran de manera irregular, habría razones para cuestionar cómo adquiere bienes que antes no estaban a su alcance, si su ingreso sigue siendo el mismo.
En la declaración inicial y de conclusión se debe declarar todo el patrimonio del servidor público, es decir, todos sus bienes inmuebles; casas, departamentos, terrenos y muebles, e inversiones, sin importar la fecha de adquisición o contrato, tanto de él como de su cónyuge, concubina o concubinario o de sus dependientes económicos, así como los ingresos percibidos, los adeudos y gravámenes, que tenga a la fecha en que se inicia o concluye el encargo.
El objetivo de esta iniciativa es de transparentar sus activos digitales, ya que, es una manera fácil de no transparentar sus ingresos que se pudieran tener por este nuevo modelo como por ejemplo las criptomonedas también llamada moneda virtual o criptodivisa, es dinero digital. Eso significa que no hay monedas ni billetes físicos todo es vía internet.
Este nuevo método de dinero se pudiera prestar para que los servidores públicos no declaren todo su patrimonio y que se presten al lavado de dinero por medio de este nuevo sistema financiero mundial.
Iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
Único. Se reforma el articulo 40 de La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, para quedar como sigue:
Artículo 40. La secretaría llevará un registro de servidores públicos, el cual tendrá el carácter de público.
En el registro se inscribirán los datos curriculares de los servidores públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial, sus funciones, ingresos y reconocimientos con motivo de sus empleos, cargos o comisiones; la información relativa a su situación patrimonial, en lo referente a sus ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles, inversiones financieras y adeudos, activos virtuales, así como en su caso los procedimientos administrativos instaurados, las sanciones impuestas a aquellos y en su caso las resoluciones por las que se dejen sin efectos estas últimas.
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Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2022.– Diputado Francisco Javier Huacus Esquivel (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, de la Cámara de Diputados.
LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR Y LEY NACIONAL DEL REGISTRO DE DETENCIONES
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, del Código de Justicia Militar y de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, a cargo de la diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, Karla Yuritzi Almazán Burgos, diputada de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 13, 29, 31 y 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; el artículo 337 Bis del Código de Justicia Militar así como los artículos 3 y 11 de La Ley Nacional del Registro de Detenciones de conformidad con lo siguiente:
Planteamiento del problema
Las desapariciones forzadas en México, han marcado la lucha por la protección a los derechos humanos y el establecimiento de un Estado verdaderamente democrático y de derecho en nuestro país.
Durante los gobiernos del régimen anterior, y sobre todo los de la etapa neoliberal, la desaparición forzada, entendida bajo el concepto tradicional, 1 fue una práctica sistemática en los diferentes niveles de la administración púbica para mantener el ejercicio del poder. El uso de esta práctica de lesa humanidad por parte del gobierno hizo que la creación de los instrumentos jurídicos para combatirla fuera sistemáticamente postergada.
El retraso propiciado por el régimen anterior hizo que nuestro país se demorará mas de un año en formar parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (en adelante la Convención), la cual fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2006 y abierta a firma en febrero de 2007 2. México ratificó dicho instrumento 3 hasta 2008, a pesar de los hechos históricos del siglo XX en el que nuestro país se vio marcado por la represión del movimiento estudiantil de 1968, el llamado halconazo de 1971 y la matanza de Aguas Blancas en 1995, entre otras masacres igualmente oprobiosas.
La mayor dilación se presentó en cuanto al reconocimiento de la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED, por sus siglas en inglés Committee Enforced Desappearances) ya que, a pesar de la insistencia y reiteradas solicitudes del Comité, los gobiernos del régimen anterior se negaron a reconocer dicha competencia.
La primera recomendación emitida por el Comité tuvo lugar en 2015, en la cual destacó la solicitud para realizar una visita in loco y el reconocimiento de la competencia del Comité. El gobierno mexicano respondió con una negativa para la realización de ambas acciones.
Posteriormente el Comité emitió una segunda y tercera recomendaciones, en 2018 y 2019 respectivamente. En ésta última se reconocen el avance más importante, la creación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (en adelante la Ley General). A pesar de la importancia que tuvo la creación de esta ley, el Comité recomendó algunas adecuaciones al texto normativo, con la intención de armonizarlo con los estándares establecidos dentro de la Convención.
Como muestra del cambio de paradigma en el quehacer político, en octubre de 2020, el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció la competencia del Comité CED para recibir y examinar las comunicaciones de personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, cuando alegaren haber sido víctimas de violaciones a las disposiciones de la convención.
Aunado a ello, en noviembre del 2021, previa invitación del gobierno federal, se realizó la primer visita del Comité CED en nuestro país. Durante la gira del grupo de expertos que integran el mencionado Comité, se realizó una reunión con integrantes del poder legislativo, en la que tuve el honor de participar como vicepresidenta representante del presidente de la Cámara de Diputados y ahí expresé mi interés en promover los cambios necesarios al marco jurídico vigente, los cuales motivan la presente iniciativa.
Argumentos que sustentan la iniciativa
Tal como se mencionó en el planteamiento del problema, los gobiernos del régimen anterior se dedicaron no sólo a postergar la firma de la Convención, sino también procuraron matizar la fuerza de los instrumentos jurídicos del Derecho Mexicano, para evitar que se acusara al Estado y a sus autoridades de haber sido responsables de desapariciones forzadas.
Aunado a lo anterior, los mecanismos de monitoreo respecto al número de casos de desapariciones forzadas cometidas por el Estado, más que mostrar la realidad que nuestro país enfrentaba respecto a este lacerante problema, en el mejor de los casos servían para matizar la problemática ya que en innumerables ocasiones a las víctimas se les denominaba personas extraviadas y no como víctimas de desaparición forzada.
El número de desapariciones forzadas tuvo un aumento drástico una vez que se inició la llamada guerra contra el narcotráfico, aumento que fue el resultado de la violencia desatada por una estrategia fallida, tal como se puede observar en las estadísticas presentadas por el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas. 4
Lo anterior muestra que, entre el fenómeno de las desapariciones forzadas y las demás problemáticas de seguridad ciudadana, no existe escisión alguna, por el contrario de una estrecha relación con la política de seguridad que se ejecute. Es por ello qué, en este nuevo gobierno, el paradigma no es combatir al crimen organizado con más violencia, sino mitigarlo desde sus causas, es decir la política de seguridad se encuentra amalgamada con la política de bienestar social. 5 Por ende si existe un cambio en el paradigma en la instrumentación de políticas de seguridad, a la postre, esto se verá reflejado en una disminución en los índices de las desapariciones forzadas en nuestro país.
En 2015, durante la primera observación presentada por el Comité CED, el índice de personas víctimas de desaparición forzada ascendía a 29 mil 203, cabe resaltar que varias de las observaciones emitidas no fueron atendidas, dado que, en el informe presentado por el Comité en 2018, nuevamente se reiteran varias de las ya mencionadas dentro de las observaciones de 2015. Aunado a lo anterior, la enorme resistencia del gobierno de Enrique Peña Nieto ante las solicitudes para el reconocimiento de la competencia del Comité, así como la negativa para que éste realizará una visita con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de la Convención dentro de nuestro país, no contribuyó en la adecuada atención a las causas que provocan la persistencia de este fenómeno.
En 2018, cuando fue emitido el segundo informe de recomendaciones para nuestro país por parte del Comité CED, el índice de desapariciones forzadas se incrementó en más del doble, ya que la cifra de personas desaparecidas ascendió a 69,556. En este mismo año, antes de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Poder Legislativo aprobó la Ley General, con lo cual se dio un gran avance en cuanto a la construcción de instrumentos jurídicos que permitan mitigar las desapariciones forzadas en nuestro país.
Conforme a lo anterior, en 2019 el Comité CED emitió su último informe en cuanto al estatus de cumplimiento de la Convención por parte de nuestro país y reconoció el avance, pero realizó algunas recomendaciones para contribuir con la mejora de los instrumentos que permitan disminuir el creciente número de desapariciones forzadas. En conjunto con estas recomendaciones, además de reconocer la disponibilidad para el diálogo entre el gobierno de México y el Comité, reiteró la solicitud para que nuestro país acepte la competencia del Comité CED y permita la visita in loco del grupo de expertos que lo integran.
En una clara muestra de apertura para la cooperación con el organismo multinacional, el actual gobierno de nuestro país, no sólo reconoció la competencia del Comité CED en 2020, sino que el 30 de agosto del año pasado aceptó la solicitud del Comité para la realización de una visita con la finalidad de analizar el estado que guardan las desapariciones forzadas en nuestro país.
El nivel de apertura del nuevo gobierno al atender las dos recomendaciones más importantes hechas por el Comité, muestran la clara intención para erradicar de raíz prácticas tan lacerantes como la desaparición forzada, con la intención de permitir el adecuado desarrollo de la sociedad mexicana dentro de un Estado de bienestar.
En el texto de las Observaciones de Seguimiento, del Informe 2019 CED/C/MEX/FAI/1 se puede apreciar que de las 17 recomendaciones emitidas por el Comité CED, 7 son de la competencia del poder legislativo ya que buscan fortalecer el ordenamiento jurídico mexicano para mejorar las estrategias de combate y mitigación de las desapariciones forzadas en nuestro país. Cada una de las propuestas de reforma plasmadas en esta iniciativa tienen como fundamento el mencionado informe, por lo cual se presenta una tabla comparativa en la que se pueden apreciar la redacción actual del texto, la propuesta de modificación y el comentario del Comité CED al respecto.
Con base en los motivos expuestos y con fundamento en los artículos 71 fracción II, 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; el Código de Justicia Militar; y la Ley Nacional del Registro de Detenciones
Artículo primero. Se reforman los artículos 13, 29, 31, 34 y 42 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para quedar como sigue:
Artículo 13. Los delitos de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares , son delitos de lesa humanidad, por lo que se perseguirán de oficio y tienen el carácter de permanentes o continuos, en tanto la suerte y el paradero de la persona desaparecida no se hayan determinado o sus restos no hayan sido localizados y plenamente identificados.
Artículo 29. Los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito de desaparición forzada de personas en los siguientes casos:
a) Cuando hayan tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad y control efectivos estaban cometiendo o se proponían cometer un delito de desaparición forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso de información que lo indicase claramente;
b) Cuando hayan ejercicido su responsabilidad y control efectivos sobre las actividades con las que el delito de desaparición forzada guardaba relación;y
c) Cuando no haya adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o impedir que se cometiese una desaparición forzada, o para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes para su pronta investigación.
Artículo 31. Se impondrá pena de veinte a treinta años de prisión y de quinientos a ochocientos días multa a quien:
I. Omita entregar a la autoridad o Familiares al niño o niña nacidos durante el cautiverio de su madre sometida a una desaparición forzada;
II. Se apropie del niño o niña sometidos a desaparición forzada, o cuyo padre, madre o tutor hayan sido sometidos a desaparición forzada; y
III. Oculte, destruya o falsifique aquellos documentos que prueben la identidad de los niños mencionados en las fracciones anteriores.
Asimismo, se impondrá pena de veinticinco a treinta y cinco años de prisión a quien, sin haber participado directamente en la comisión del delito de desaparición forzada de personas, retenga o mantenga oculto a la niña o niño que nazca durante el periodo de desaparición de la madre, a sabiendas de tal circunstancia.
Artículo 34. Incurren en el delito de desaparición cometida por particulares la persona o grupo de personas que priven de la libertad a una persona , se nieguen a reconocer dicha privación, oculten la suerte o el paradero de la persona desaparecida para sustraerla de la protección de la ley. A quien cometa este delito se le impondrá pena de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa.
Artículo 42. Los servidores públicos federales y locales que incumplan injustificadamente con alguna de las obligaciones previstas en esta Ley y que no constituyan un delito, serán sancionados en términos de lo establecido en las leyes que establezcan las responsabilidades administrativas de los servidores públicos.
En cualquier caso, el servidor público que sea acreedor a sanciones administrativas, para poder reincorporarse a las funciones que le son propias, deberá acreditar, nuevamente, todos los cursos necesarios para el desempeño de su cargo o comisión.
Artículo Segundo. Se reforma el artículo 337 Bis del Código de Justicia Militar, para quedar como sigue:
Artículo 337 Bis. Las conductas descritas en los capítulos III y IV de este título sólo serán consideradas como delitos contra la disciplina militar cuando se cometan en campaña. Fuera de este supuesto, las conductas que resulten en delitos del orden común o federal serán juzgados por tribunales federales ordinarios.
La investigación, persecución, procesamiento y sanción de las conductas relacionadas con el delito de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, sólo será competencia de las autoridades federales o estatales del orden civil, aun cuando dichas conductas sean realizadas por un militar en contra de otro militar.
Artículo Tercero. Se reforman los artículos 3 y 11 de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, para quedar como sigue:
Artículo 3. El Registro consiste en una base de datos que concentra la información a nivel nacional sobre:
I. Las personas detenidas, conforme a las facultades de las autoridades durante las etapas del proceso penal;
II. Las personas detenidas conforme alel procedimiento administrativo sancionador ante juez municipal o cívico, respectivamente;
III. Las personas que se encuentren privadas de su libertad en instituciones de carácter privado tales como hospitales, residencias psiquiátricas, centros de día, centros de desintoxicación y rehabilitación para usuarios de drogas, instituciones de asistencia y cuidados alternativos de niños, niñas y adolescentes y de personas con discapacidad;
Dicho Registro será administrado y operado por la Secretaría con base en las disposiciones que al respecto se emitan.
Artículo 11. La Secretaría será la instancia encargada de la administración y operación del Registro y tendrá las siguientes facultades:
I. a V. ...
VI. Requerir a las instituciones de seguridad pública , a las instituciones privadas a las que hace referencia la fracción III del artículo 3 de la ley la información relacionada al registro, bajo el apercibimiento de que, en caso de no actualizar y enviar la información, se estará a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública , en el caso de las primeras y a las sanciones correspondientes en materia administrativa y/o penal en el caso de las segundas.
VII. a IX. ...
Artículos Transitorios
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 La cual es entendida como una práctica para infundir miedo a los ciudadanos, ya que la sensación de inseguridad y temor no sólo se circunscribe al ámbito de los familiares de la persona desaparecida, sino que se expande a su comunidad y a la sociedad en general. Lo anterior tal como se puede apreciar en la descripción realizada por la ONU-DDHH, la cual se puede consultar en
https://hchr.org.mx/cajas_herramientas/desaparicion-forzada/
2 Confróntese,
https://acnudh.org/convencion-internacional-para-la-proteccion-d e-todas-las-personas-contra-las-desapariciones-forzadas/
3 Confróntese,
https://sre.gob.mx/sre-docs/dh/docsdh/boletines/2008/desaparicio n esforzadas.pdf
4 Confróntese,
https://centroprodh.org.mx/visita-del-comite-desapariciones-forz adas/#iLightbox[gallery_image_1]/2
5 Confróntese, Plan Nacional de Desarrollo, principalmente en lo tocante a la política de seguridad,
https://framework-gb.cdn.gob.mx/informe/5b8e7a983dfcbd02a 8e444abfb44.pdf
Recinto Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2022.– Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (rúbrica).»
Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Defensa Nacional, de la Cámara de Diputados.
CÓDIGO PENAL FEDERAL
«Iniciativa que reforma los artículos 250 y 250 Bis 1 del Código Penal Federal, suscrita por la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM
La suscrita, diputada María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 250 y 250 Bis 1 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En la actualidad, la diversidad de delitos que se comenten en nuestro país, nos obliga no sólo a estar actualizados a la par de la diversificación de la delincuencia, sino también a mantenernos vigilantes para inhibir esos delitos que atentan en contra de toda la ciudadanía y sociedad en su conjunto; así como también respecto a su incidencia delictiva.
Entendiendo a la incidencia delictiva, como “la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las procuradurías de justicia y fiscalías generales de las entidades federativas en el caso del fuero común y por la Fiscalía General de la República en el fuero federal”. 1
Lo anterior no es un propósito menor, por el contrario, es requisito fundamental para abatir los actuales índices y tasas prevalecientes en materia de inseguridad pública.
Y más aún, si estamos padeciendo la pesada carga heredada en materia delictiva, no sólo en cuanto a la delincuencia organizada se refiere, sino también de esos delitos comunes pero de gran impacto en la sociedad no sólo por su frecuencia sino por lo normalizado y la cotidianidad que desafortunadamente, actualmente ya presentan.
Por eso, la estrategia en contra de la delincuencia en nuestro país, debe de ser integral.
No sólo debe abarcar la identificación del delito, su seguimiento, la investigación y el castigo o sanción.
Forzosamente debe abarcar de igual manera la consolidación de la prevención, la denuncia y la reparación del daño hacia las víctimas, incluso si llegara a ser necesario, debe abarcar la protección a la víctima durante y después del proceso, si así fuera requerido.
Y el reto para ello, es grande.
Basta señalar que de acuerdo a información oficial, tenemos a nivel nacional una tasa de 25.6 por ciento en homicidio intencional. 2
En materia de secuestro, presentamos para julio de este año, una tasa anualizada a nivel nacional del 0.7 por ciento. 3
Asimismo, en materia de extorsión a nivel nacional, presentamos una tasa anualizada y creciente de 7.3 por ciento. 4
En lo que se refiere al robo de coche con violencia, presentamos una tasa anualizada de 32.2 por ciento a nivel nacional y en robo de coche sin violencia, tenemos una tasa de 51 por ciento. 5
Y así podemos seguir con toda una gama de delitos lamentablemente presentes en nuestro día a día.
Como lo es el feminicidio, tráfico de menores, rapto, trata de personas, abuso-acoso-hostigamiento sexual, violación, robo a casa habitación, de autopartes, a transportistas, a transeúnte, fraude, violencia familiar o violencia de género; tan sólo por mencionar algunos de los delitos que tenemos la obligación de prevenir, sancionar y erradicar.
Para cumplir con la encomienda anterior, insisto es indispensable que estemos conscientes de que sólo con una adecuada integralidad vamos a tener la capacidad de incidir, reducir y hacerle frente a las actuales condiciones en materia de inseguridad que tenemos y padecemos todos por igual.
Para ello, no hay ni delito insignificante, ni amenaza menor, que no debe ser atendida o bien, que no podemos dejar como ignorada; como tampoco hay esfuerzo imperceptible.
Desafortunadamente, hay muchos delitos que podemos asumir dentro de lo señalado en el párrafo anterior.
Y uno de estos delitos que tanto ha lastimado a la sociedad, que ha permeado profundamente en el tejido social y que tanto mal hace no sólo al momento del delito sino también a mediano y largo plazo para quienes desafortunadamente lo sufren alguna vez, es el delito de robo a casa habitación.
El delito de robo a casa habitación ya sea con violencia o sin violencia, es decir durante la ausencia de los habitantes en el inmueble, es un delito que deja una negativa sensación posterior de larga duración.
Porque no sólo deja la sensación de impotencia inmediata.
Sino también de rabia, coraje, miedo y de alta inseguridad e incertidumbre; porque es violentado y vulnerado el hogar, es decir el espacio en donde todos al llegar, al cruzar la puerta nos sentimos seguros, protegidos y resguardados.
Por ello, cuando alguien ajeno, desconocido y asumido conscientemente de que se trata de un delincuente, entra al hogar a robar, a amenazar, a tener secuestrada a la familia, se trunca esa condición de no corrompido que mantiene el hogar, lo cual genera mucha intranquilidad, paranoia y vulnerabilidad en todo momento, durante un largo tiempo.
Además el robo a casa o habitación, suele ser generalmente robo con un monto elevado de lo arrebatado al patrimonio familiar, que incluso muchas veces no es recuperado en su totalidad.
Lo hurtado puede ir desde dinero en efectivo, hasta electrodomésticos, equipo electrónico, ropa y hasta incluso, títulos de propiedades o vehículos y sus documentos.
Adicional a esto, muchas veces se ve inhibida la denuncia, por diversos factores.
Ya sea el miedo a las represalias de parte de los delincuentes, la desconfianza prevaleciente hacia nuestras autoridades competentes o bien, por un factor que nos lleva al delito particular que, es el objeto a atender por medio de la presente iniciativa.
Me refiero particularmente, al delito de robo a casa o habitación, que se presenta cuando desconocidos llaman a nuestra puerta, ataviados e identificándose con uniformes ya sea de corporaciones de seguridad pública, militar, o también, con distintivos y uniformes de empresas ya sea públicas o privadas proveedoras de servicios diversos, sin pertenecer o formar parte de ellas.
Desafortunadamente se han registrado cada vez más robos con o sin violencia a casas en todo nuestro territorio, por parte de personas con uniformes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de Petróleos Mexicanos (Pemex), de empresas de mensajería y paquetería, de Telmex o de cualquier empresa prestadora de servicios de internet o telecomunicaciones; tan sólo por mencionar algunos.
Pero la verdad es que la variedad y gama de opciones de uniformes de empresas e incluso de fuerzas de seguridad pública o militar, de las cuales se valen los delincuentes para tocar a nuestra puerta y que uno abra, para posteriormente amenazarnos, entrar al domicilio, secuestrarnos y robarnos, es lamentablemente mucha y muy accesible.
Y este factor en particular de este delito, inhibe en muchos casos y por sí sólo la denuncia, porque las víctimas asumen equivocadamente, que las autoridades considerarán como un atenuante o como un criterio para desistir en la investigación del delito, el hecho de que uno mismo abrió la puerta del hogar, otorgando indirectamente el consentimiento para el acceso al domicilio.
En otras palabras, nosotros mismos caímos en el engaño.
Situación que, además, es asumida por las víctimas como un factor que deja en segundo término, el robo o sustracción de las pertenecías.
Por eso, desafortunadamente, esta modalidad de robo a casa habitación se está extendiendo ampliamente en nuestro país.
Cada vez es más usada esta modalidad por los delincuentes y a pesar de las medidas que se han difundido en materia de prevención de este delito, sigue siendo muy elevada su incidencia.
Tan sólo basta señalar que en 2021, de acuerdo a cifras oficiales, entre el periodo comprendido en los meses de junio a julio, es decir en pleno confinamiento por las medidas sanitarias debido al Covid-19, el robo a casa-habitación se incrementó en 1.6 por ciento. 6
Lo anterior es incomprensible si asumimos que por estar todavía en confinamiento parcial y en periodo escolar, la gran mayoría o una parte de la familia se va a encontrar presente en el hogar y con ello, inhibiendo directamente caer en ese delito.
Pero es precisamente esta modalidad del robo a casa-habitación, mediante el uso de uniformes e identificación falsa de un prestador de servicios, que se accede al hogar y por ende, se consuma el delito y la sustracción de las pertenencias de las familias y los hogares mexicanos.
Además, este delito se da a cualquier hora del día, sin importar que sea temprano o bien, sin necesidad a esperar, que sea de noche.
Esta particularidad altamente lamentable y condenable, es la que ha incrementado alarmantemente y muy preocupantemente, el delito en nuestro país del robo a casa habitación.
Adicionalmente, cabe señalar y resaltar que quienes incurren en este condenable delito, no son delincuentes aislados o improvisados, sino se trata de bandas delictivas perfectamente organizadas y estructuradas, algunas de ellas incluso integradas con delincuentes extranjeros, pero finalmente, todos con una capacidad económica elevada que les permite operar en cualquier zona de nuestro territorio, en cualquier ciudad de nuestro país.
A la par de lo anterior, no sólo se han incrementado los delitos de casa habitación sino también el robo, la extorsión e incluso el secuestro, valiéndose del uso de uniformes de equipos de seguridad pública o militar, completamente equipados, incluso con armamento; derivándonos en casos de retenes falsos o detenciones arbitrarias que permiten la consumación del delito.
Todo ello ha sucedido por omisión no sólo de las autoridades, sino también por omisión en nuestras leyes; ya que, en nuestro Código Penal Federal únicamente se atiende el uso de uniformes oficiales como usurpación de funciones, pero no se incide, ni se prohíbe, ni se sanciona la venta indiscriminada de estos uniformes, ya sea de cuerpos de seguridad pública, militar o bien, de empresas tanto públicas como privadas prestadoras de diversos servicios.
Por ello es muy común, cotidiano y socialmente aceptado, encontrarnos con puestos semifijos o ambulantes, en alguna esquina, algún mercado o bien, algún tianguis; donde se puede adquirir a precios sumamente accesibles, desde uniformes, insignias, porta credenciales, gafetes, escudos, mochilas, botas, equipo táctico o todo lo que se requiera como puede ser armas blancas, para completar y darle más veracidad a la farsa.
Asimismo, podemos encontrar y adquirir, uniformes de empresas tanto públicas como Pemex o CFE, así como también de organismos públicos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) o la Cruz Roja, o de servicios y obras públicas.
Como por igual, de empresas privadas de servicios de telecomunicación como por ejemplo, de internet, telefonía y servicio de televisión de paga.
Gracias a ello, muchos delincuentes con menos de 2 mil pesos, pueden adquirir el uniforme de un cuerpo policiaco o militar completo; o bien, para no incurrir en la usurpación de funciones tipificada en el Código Penal Federal, eligen mejor adquirir a un costo todavía más económico, un uniforme completo de una empresa pública o privada que está activa y operando; para con ello hacerse pasar como trabajador de esa empresa y delinquir cómodamente y revestido a la vez, de toda clase de impunidad.
Incluso se han dado casos en los cuales se ha detectado que estos delincuentes que se hacen pasar por servidores públicos o empleados de empresas prestadores de servicios, cuentan y se trasladan en vehículos rotulados o con cromática distintiva de la empresa a la cual, fingen pertenecer.
De hecho, estos vehículos les sirven tanto de muro para su delito como también para que dentro del mismo, esté un cómplice vigilando y no se genere absolutamente ninguna sospecha.
Por todas esas lamentables facilidades anteriormente descritas con las que cuentan estos delincuentes, eligen cada vez más esta modalidad para robar en nuestras casas, meterse a nuestros hogares, amenazarnos, violentarnos, mantenernos como rehenes y arrebatarnos nuestras pertenencias y nuestro patrimonio con una alta y total impunidad.
Por eso considero que debemos modificar nuestras leyes, para prohibir, sancionar y erradicar la venta indiscriminada de uniformes tanto de cuerpos de seguridad pública o militar, como también la venta de uniformes de empresas tanto públicas como privadas.
Para evitar que con suma facilidad, puedan ser adquiridos por los delincuentes y con esto, cometer una diversidad incuantificable de delitos.
Por cierto, delitos graves, delitos hirientes y que afectan enormemente nuestra integridad, estabilidad y patrimonio.
Como podemos apreciar, estamos ante un delito con mucha incidencia, es decir una presencia cada vez mayor, que hemos permitido, tolerado y quizás hasta cobijado gracias a la desatención proporcionada.
Y esa situación no puede ni debe seguir, debemos regular estrictamente este delito, me refiero a la venta indiscriminada de uniformes tanto policiacos, militares, como también de empresas públicas o privadas. Así como también, tipificar con la gravedad que se requiere y sancionar ejemplarmente a quien cometa este delito, incluyéndolo como un agravante para el robo a casa-habitación.
Quienes integramos la presente legislatura debemos estar atentos para coadyuvar con nuestras autoridades y ofrecerles y facilitarles desde nuestras facultades, las reformas requeridas que generen las herramientas necesarias para combatir tanto éste, como cualquier otro delito. Esta es una tarea que nos involucra a todos, misma que en corresponsabilidad, debemos asumir y atender.
Por todo ello, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos 250 y 250 Bis 1 del Código Penal Federal
Artículo Primero. Se adiciona una fracción V y VI y un párrafo final, al artículo 250 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 250. Se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de cien a trescientos días a quien:
I. a IV. ...
V. Al que venda en puestos semifijos o ambulantes uniformes, insignias, credenciales de identificación, divisas, balizaje, gafetes, escudos, documentos, adheribles, distintivos o piezas que contengan imágenes, siglas u otros elementos utilizados por empresas públicas o privadas, prestadoras de servicios de cualquier clase.
VI. Al que utilice, sin tener derecho a ello, uniformes, insignias, credenciales de identificación, divisas, balizaje, gafetes, escudos, documentos, adheribles, distintivos o piezas que contengan imágenes, siglas u otros elementos utilizados por empresas públicas o privadas, prestadoras de servicios de cualquier clase.
Se impondrá de cinco a doce años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa a quien utilice sin tener derecho a ello, uniformes, insignias, credenciales de identificación, divisas, balizaje, gafetes, escudos, documentos, adheribles, distintivos o piezas que contengan imágenes, siglas u otros elementos utilizados por empresas públicas o privadas prestadoras de servicios de cualquier clase, con el propósito de cometer algún delito.
Artículo Segundo. Se reforma el artículo 250 Bis 1 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 250 Bis 1. Se impondrá de uno a seis años de prisión y de cien a trescientos días multa a quien:
I. a V. ...
...
Para los efectos de este artículo, se entiende por uniformes, insignias, credenciales de identificación, medallas, divisas, balizaje, gafetes, escudos, documentos, adheribles, distintivos o piezas que contengan imágenes siglas u otros elementos utilizados en instituciones de las fuerzas armadas o de seguridad pública o procuración de justicia, los señalados en las disposiciones aplicables de dichas instituciones y sólo se considerarán auténticos los que sean adquiridos, distribuidos o enajenados por personas autorizadas para ello o a quienes se les haya adjudicado el contrato respectivo por la institución competente, conforme a las disposiciones aplicables. La venta sólo podrá realizarse en establecimientos fijos autorizados y a personal previamente identificado como miembro activo, el establecimiento deberá llevar un registro pormenorizado de lo vendido y los datos de identificación del adquiriente, las disposiciones del registro las emitirá la autoridad competente.
Queda prohibida la venta en puestos semifijos o ambulantes, de uniformes, insignias, credenciales de identificación, medallas, divisas, balizaje, gafetes, escudos, documentos, adheribles, distintivos o piezas que contengan imágenes siglas u otros elementos utilizados en instituciones de las fuerzas armadas o de seguridad pública o procuración de justicia.
Se impondrá de cinco a doce años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa a quien realice la conducta prevista en el párrafo anterior.
Transitorios
Primero. La Secretaría de Gobernación deberá expedir las disposiciones reglamentarias requeridas para el cumplimiento del presente decreto 30 días después de la entrada en vigor del mismo.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). 2021
2 INEGI y SESNSP. Reporte junio 2021.
3 INEGI y SESNSP. Reporte julio 2021.
4 INEGI y SESNSP. Reporte junio 2021.
5 INEGI y SESNSP. Reporte junio 2021.
6 SESNSP. Reporte junio-julio 2021
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.– Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados.
LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO
«Iniciativa que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, a cargo del senador Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Damián Zepeda Vidales, senador de la república, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, párrafo 1, fracción I, 164, 169, 172 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Revocación de Mandato; lo anterior, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
Resumen ejecutivo
La iniciativa propone reformar el artículo 41 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, a efecto de otorgar al Instituto Nacional Electoral facultades específicas durante el proceso de revocación a efecto de reducir costos y optimizar los recursos existentes.
Para ello se propone:
1. Cambiar en el segundo párrafo del artículo 41, el término imperativo “deberá” por el de “procurará”, con el propósito de dar flexibilidad al Instituto Nacional Electoral para habilitar la misma cantidad de casillas o realizar un ajuste.
2. Adicionar un tercer párrafo al artículo 41, con el propósito de otorgar la facultad al INE de crear centros de votación con las casillas que correspondan a la misma sección electoral, así como unificar en una sola hasta tres casillas cercanas que hubieran funcionado en la jornada electoral inmediata anterior. Lo anterior con el propósito de reducir costos y optimizar los recursos existentes.
Justificación
El jueves 2 de septiembre de 2021, la Cámara de Senadores aprobó el dictamen que expide la Ley Federal de Revocación de Mandato, la cual más tarde y previo el trámite legislativo fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre del mismo año.
Para llegar al consenso y votación casi unánime de dicha ley en la Cámara de Senadores, se integro una mesa de trabajo entre las diferentes fuerzas políticas conformadas en el Senado, dicho grupo analizó todas las iniciativas presentadas hasta ese momento que consideraban la expedición de una Ley que regulara la revocacion de mandato, de igual forma en dicha mesa se discutieron varios temas de manera particular, llegando al consenso en algunos puntos y habiendo discrepancia en otros.
Al respecto, el suscrito, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para la expedición de una Ley Federal de Revocación de Mandato con una visión muy parecida a la que otros legisladores presentaron, pero con algunas propuestas en temas muy particulares, algunas de los cuales no fueron consideradas en el dictamen final.
En las últimas semanas el tema de la revocación de mandato se ha puesto en el centro de la discusión jurídica y política a nivel nacional, el Instituto Nacional Electoral ha manifestado la imposibilidad de llevar a cabo el proceso bajo el argumento de que los recursos asignados para esta labor son insuficientes.
El tema de los recursos, el costo que implica el proceso de revocación de mandato y las alternativas de solución que podían darse para hacer frente a esta problemática, fueron temas ampliamente discutidos en las mesas de trabajo previas a la aprobación por parte del Senado; de manera particular defendí la propuesta presentada en mi iniciativa que otorgaba facultades al INE para que pudiera reducir el costo tan elevado que representa la jornada de revocación de mandato, mediante dos acciones:
1. Que el instituto procure habilitar la misma cantidad de casillas que fueron determinados para la jornada electoral inmediata anterior. En los casos en que sea necesario, habilitar ubicaciones distintas de conformidad con el procedimiento que para el efecto establece la Ley General.
2. Que el Instituto pueda crear centros de votación con las casillas que correspondan a la misma sección electoral, así como unificar en una sola hasta tres casillas cercanas que hubieran funcionado en la jornada electoral inmediata anterior.
La explicación es muy sencilla, en el texto de la Ley Federal de Revocación de Mandato aprobada, de manera obligatoria se ordena al Instituto que deberá habilitar la misma cantidad de las casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior, lo cual no permite realizar un ajuste en el número de casillas que permitiría un ahorro en el proceso, cuidando la accesibilidad al voto por parte del ciudadano. Como se argumentó en su momento, la ley debería ser flexible en este punto y otorgar al INE la facultad abierta de procurar en la medida de lo posible habilitar los mismos inmuebles y no amarrar a la institucion de manera imperativa a un supuesto que no sabemos por las circunstancias particulares de cada caso, si la instalacion de las casillas se pueda o deba dar en el mismo lugar y en la misma cantidad. Por citar un ejemplo a valorar, el órgano electoral puede medir la participación esperada por parte de la ciudadanía, mediante ejercicios estadísticos, y en base a ello realizar un cálculo de centros de votación mínimo necesario para atender dicha participación.
Por otra parte, en la misma iniciativa presentada por el suscrito y en el mismo orden de ideas, también se proponía otorgar la facultad al Instituto Nacional Electoral para crear centros de votación con las casillas que correspondan a una misma sección electoral, así como unificar en una sola hasta tres casillas cercanas que hubieran funcionado en la jornada electoral inmediata anterior. De nueva cuenta, esta propuesta se hizo con el proposito de optimizar recursos y reducir costos. En mi opinión, juntar casillas de una misma sección electoral (mismo lugar), o incluso juntar hasta 3 casillas cercanas, no inhibirían la participación ni negarían el derecho ciudadano a ejercer su voto, pero sí permitirían realizar un ejercicio con menores recursos. Evidentemente el juntar “hasta 3 casillas” no obliga a realizarlo o a juntar las 3, sino que permite realizar un ejercicio serio que permita decidir lo más conveniente para el proceso.
Desgraciadamente, después de un amplio debate al respecto donde se señaló el problema de disponibilidad de recursos que lamentablemente hoy se tiene, ambas propuestas no encontraron apoyo por la mayoría del Senado y no fueron consideradas en el texto final de la ley que se aprobó.
Al respecto de estas propuestas, la Ley Federal de Consulta Popular que sirvio de marco para elaborar la Ley Federal de Revocación de Mandato, en su artículo 48 sí considera estas facultades para que el instituto, por un lado, procure habilitar los mismos inmuebles para la ubicación de las casillas y por otro para que pueda crear centros de votación con las casillas que correspondan a la misma sección electoral, así como unificar en una sola hasta tres casillas cercanas. Esta observación y los argumentos fueron hechos valer en las mesas de trabajo desarrolladas en el Senado sin encontrar apoyo.
Artículo 48. El instituto garantizará la integración de nuevas mesas directivas de casilla para la jornada de consulta popular, compuestas por ciudadanas y ciudadanos a razón de un presidente, un secretario, un escrutador y un suplente general, en los términos que establezca la Ley General. No obstante, el instituto podrá hacer las sustituciones que resulten necesarias de conformidad con el procedimiento señalado en la legislación electoral, hasta el día antes de la jornada de la consulta.
El instituto procurará habilitar los mismos inmuebles para la ubicación de las casillas que fueron determinados para la jornada electoral inmediata anterior. En los casos en que sea necesario, habilitará ubicaciones distintas de conformidad con el procedimiento que para el efecto establece la ley general.
El instituto podrá crear centros de votación con las casillas que correspondan a la misma sección electoral, así como unificar en una sola hasta tres casillas cercanas que hubieran funcionado en la jornada electoral inmediata anterior.
Los partidos políticos con registro nacional tendrán derecho a nombrar un representante ante cada mesa directiva de casilla, así como un representante general, bajo los términos, procedimientos y funciones dispuestos por la ley general.
De haberse aprobado las propuestas como se planteaban, hoy el Instituto Nacional Electoral tendría las herramientas funcionales que le permitirían reducir los costos que implica la jornada de revocación de mandato y desde luego le permitiría optimizar todos los recursos que tiene a su alcance para llevar a cabo la jornada.
La revocación de mandato, por muchos años, fué una de las grandes asignaturas pendientes en nuestro sistema democrático mexicano, es importante hacer enfásis que el camino para llegar a concretar su marco jurídico no fue fácil, pues durante varias legislaturas las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión gestionaron iniciativas impulsando no solo la reforma constitucional sino la expedición de una ley específica.
Si bien es cierto, el Congreso de la Unión en la legislatura pasada y en la actual ha avanzado notablemente en la regulación del tema, también lo es que aun falta por regular de manera optima varios supuestos que ya se han presentado y que sin duda se iran presentando conforme vaya avanzando este primer proceso de revocación de mandato.
El Congreso de la Unión tiene la gran oportunidad histórica de legislar de manera correcta este mecanismo de participación ciudadana otorgándole a los ciudadanos la posibilidad de fiscalizar y evaluar el trabajo gubernamental, porque la finalidad de ese control es precisamente evaluar el desempeño del presidente de la República.
Propuesta concreta
Se propone:
1. Cambiar en el segundo párrafo del artículo 41, el término imperativo “deberá” por el de “procurará”, con el propósito de dar flexibilidad al Instituto Nacional Electoral para habilitar la misma cantidad de casillas o realizar un ajuste.
2. Adicionar un tercer párrafo al artículo 41, con el propósito de otorgar la facultad al INE de crear centros de votación con las casillas que correspondan a la misma sección electoral, así como unificar en una sola hasta tres casillas cercanas que hubieran funcionado en la jornada electoral inmediata anterior. Lo anterior con el propósito de reducir costos y optimizar los recursos existentes.
Cuadro comparativo
Con el propósito de dar claridad en la propuesta de reforma que se plantea, se presenta el siguiente cuadro comparativo:
Por todo lo antes expuesto, el suscrito somete a la consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Revocación de Mandato
Artículo Único.- Se reforma el segundo párrafo y se adiciona un tercer párrafo recorriéndose el subsecuente del artículo 41 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, para quedar como sigue:
Artículo 41. ...
El Instituto procurará habilitar la misma cantidad de las casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior, teniendo en cuenta la actualización que corresponda al listado nominal. En los casos en que sea necesario, habilitará ubicaciones distintas de conformidad con el procedimiento que, para el efecto, establece la ley general.
El instituto podrá crear centros de votación con las casillas que correspondan a la misma sección electoral, así como unificar en una sola hasta tres casillas cercanas que hubieran funcionado en la jornada electoral inmediata anterior.
...
Transitorio
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.– Senador Damián Zepeda Vidales (rúbrica).»
Se turna a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.
PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
EXHORTO A LA ASF, A REALIZAR UNA AUDITORÍA DE LOS RECURSOS ENTREGADOS A LA ADMINISTRACIÓN DEL EXGOBERNADOR DE MICHOACÁN
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la ASF a fiscalizar los recursos entregados a la administración del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo; y a la Auditoría Superior de Michoacán, a realizar las investigaciones para conocer el uso y destino de los recursos entregados en el gobierno estatal pasado, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena
Alma Griselda Valencia Medina, Reyna Celeste Ascencio Ortega, Leonel Godoy Rangel, Carlos Alberto Manzo Rodríguez e Hirepan Maya Martínez, diputados de la LXV legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que realice una auditoría de los recursos entregados a la administración del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo, y a la Auditoria Superior de Michoacán para que realice las investigaciones para conocer el uso y destino de los recursos ejercidos por el exgobernador, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Según los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 1 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el número de habitantes en Michoacán de Ocampo es de 4,748,846 (cuatro millones setecientos cuarenta y ocho mil ochocientos cuarenta y seis) personas, de los cuales 2,442,505 (dos millones cuatrocientos cuarenta y dos mil) son mujeres y 2,306,341 (dos millones trescientos seis mil trescientos cuarenta y uno son hombres. Por lo que Michoacán de Ocampo ocupa el noveno lugar a nivel nacional por su número de habitantes.
La distribución por sexo y rangos de edad se muestra en la siguiente gráfica:
Habitantes por edad y sexo
Segunda. De acuerdo con los resultados de la medición de la pobreza 2018 que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en Michoacán, 2 el 46.0% de la población en vivía en situación de pobreza, es decir, 2,161,900 personas aproximadamente. De este universo, el 40.0% (cerca de 1,877,600 personas) estaba en situación de pobreza moderada, mientras que el 6.1% de la población se encontraba en situación de pobreza extrema (alrededor de 284,400 personas).
El porcentaje de pobreza en Michoacán es 4.1 puntos porcentuales mayor que el porcentaje nacional (41.9%). En ese mismo año, el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales en Michoacán fue de 34.8%, es decir, 1,634,400 personas, aproximadamente, presentaron al menos una carencia. Al mismo tiempo, 4.9% de la población era vulnerable por ingresos, lo que significa que alrededor de 228,700 personas no tenían los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Finalmente, la población no pobre y no vulnerable de la entidad federativa representó el 14.3%, aproximadamente 670,300 personas. Tal y como se muestra en las siguientes gráficas:
Tercera. Ante este panorama de pobreza generalizada en el Estado de Michoacán, el actual Gobernador, el Licenciado Alfredo Ramírez Bedolla señalo:
“Michoacán está en quiebra técnica, el Gobierno del Estado tiene un boquete financiero cercano a los 50 mil millones de pesos; 21 mil millones en deuda pública bancaria, 13 mil millones en déficit presupuestal, y el resto en adeudos a terceros institucionales, por ejemplo, 4 mil 800 millones de adeudo con el ISSSTE, mil 580 millones con el IMSS, y 500 millones a pensiones civiles, por mencionar algunos”. 3
El ahora mandatario detalló que existe una deuda pública bancaria de casi 20 mil millones de pesos y la mayor parte están con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). 4
“Informarle, señor presidente, cómo recibimos el estado de Michoacán. Tenemos una deuda pública bancaria con 20 mil millones de pesos, de los cuales, me informan que 13 mil de ellos ya están con Banobras, que es algo interesante; comercial, 6,405 millones de pesos”
Además, mencionó una de las cargas financieras más pesadas de su gestión es el déficit presupuestal, pues la pasada administración le dejó una serie compromisos para cerrar el 2021 que ascienden 18,795 millones de pesos, “pero que no se cuentan con la suficiencia presupuestaria para cumplir el pago”.
El gobernante aseguró que hay un quebranto en seguridad pública por casi 12,000 millones de pesos por concepto del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) 5 y otros prestadores de servicios en dicha área.
Cabe mencionar que, este 7 de octubre de 2021, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado informó que el ex gobernador Aureoles derrochó más de 1,200 millones de pesos para la renta de siete aeronaves, seis helicópteros y un avión sigiloso, con un contrato que presenta irregularidades.
El contrato por la renta para transporte de funcionarios, vigilancia aérea, búsqueda y rescate, fue firmado en 2015 con la empresa B3 Fly Services, SA de CV, la cual se constituyó solo 14 días antes de que se le diera el contrato por adjudicación directa. 6
El acuerdo incluía 50 horas de vuelo por aeronave, después de las cuales se pagaban cargos extra. Además, en caso de robo, expropiación, daño o destrucción total de los helicópteros y el avión, el gobierno debía cubrir el costo total.
Los 1,227 millones 865,800 pesos que deberían de finiquitarse en un periodo de 69 meses, de enero de 2016 a agosto de 2021, justo cuando el exgobernador Silvano Aureoles Conejo saldría del poder.
De acuerdo con los datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que a la salida de exgobernador Silvano Aureoles Conejo horror, habrá una deuda en el estado de tres mil 649 millones de pesos adquiridos por Aureoles.
Al exgobernador del estado de Michoacán le habrían sido aprobados en 2020 dos créditos simples por cantidades de dos mil 45 millones de pesos cada uno, y otros dos por la cantidad de mil 149 millones de pesos y mil 218 millones de pesos, informaron los periodistas Sergio Flores, Rafael Montes y Jocelyn Estrada. 7
Desde la dependencia federal que hasta el momento no se han aclarado los recursos que corresponderían a mil 128.5 millones de pesos.
Este presunto desfalco fue rastreado en la Secretaría de Finanzas, donde supuestamente se habrían gastado mil millones 653 mil pesos en publicidad, asesorías, servicios de informática o software. 8
De los 852 millones 807 mil pesos restantes, en al menos 347.9 millones no se hallaron evidencias o documentación de su gasto en por lo menos seis dependencias estatales y 23 municipios.
Además, al menos 176.2 millones de pesos no fueron utilizados, pero tampoco fueron devueltos a la Federación.
Cuarta. Adicionalmente desde la sociedad civil existen severos cuestionamientos a la gestión de Silvano Aureoles Conejo. En este sentido el dirigente del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), organismo que aglutina a 60 pueblos originarios, Pavel Guzmán, subrayó que el mandatario perredista no realizó ninguna obra de importancia en las comunidades indígenas, por el contrario, redujo el presupuesto de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CEDPI), de 130 a 30 millones de pesos, que sólo alcanzaron para el pago de la burocracia de esta dependencia. 9
Dijo que es mentira lo que aseguró Aureoles en su mensaje del sexto informe de gobierno que ofreció vía internet, en el sentido de que su principal logro es haber acabado con la pobreza en Michoacán, pues tan solo en los pueblos originarios, ésta alcanza actualmente 76.8 por ciento, según el Coneval, y la pobreza extrema es de 35.7 por ciento, subrayó el dirigente del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM). 10
En este orden de ideas el gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dijo que Silvano Aureoles dejó un estado inmerso en la violencia, incluso deja convulsionada la región de Aguililla, Buenavista, Tepalcatepec y Coalcomán, donde al menos cuatro mil personas han sido desplazadas.
De 2009 a 2015, los homicidios en Michoacán oscilaban entre 800 y 900 al año. En el primer año de gobierno de Aureoles las cifras se incrementaron a mil 477. En 2020 la cifra creció a 2 mil 230 homicidios, y en los primeros nueve meses de estén 2021 suman mil 900 homicidios dolosos, según información de la Fiscalía General del Estado. 11
Por su parte, Diputados de Morena del Estado de Michoacán, analizan presentar una demanda de juicio político en contra del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo, por todo el quebranto financiero que dejó en la entidad. 12
Informaron que el actual gobierno michoacano integra todo un expediente sobre la situación que dejó su antecesor, entre as cuales se encuentran importantes hallazgos sobre presuntas irregularidades en los rubros de seguridad, salud y bienestar.
Aseguraron que, en breve, el gobernador Alfredo Martínez Bedolla hará un importante anunció con implicaciones directas a Aureoles Conejo y su secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro, entre otros.
Una vez que se presente el informe financiero, valorarán la posibilidad de presentar una solicitud de juicio político en la Cámara de Diputados en contra del ex funcionario local.
Quinta. Ahora bien, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de gestión, se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.
El resultado final de la labor de la ASF son los Informes Individuales de Auditoría y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entre otros puntos, establece:
“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, y tiene por objeto reglamentar los artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales.
Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.
La Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los sujetos obligados, conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.”
“Artículo 4.- El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, incluyendo los pagos de pasivo de la deuda pública; inversión física; inversión financiera; así como responsabilidad patrimonial; que realizan los siguientes ejecutores de gasto:
I. El Poder Legislativo;
II. El Poder Judicial;
III. Los entes autónomos;
IV. Los tribunales administrativos;
V. Se deroga;
VI. La Presidencia de la República;
VII. Las dependencias, y
VIII. Las entidades.
Los ejecutores de gasto antes mencionados están obligados a rendir cuentas por la administración de los recursos públicos en los términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables.
Las disposiciones presupuestarias y administrativas fortalecerán la operación y la toma de decisiones de los ejecutores, procurando que exista un adecuado equilibrio entre el control, el costo de la fiscalización, el costo de la implantación y la obtención de resultados en los programas y proyectos.
La Presidencia de la República se sujetará a las mismas disposiciones que rigen a las dependencias.
Asimismo, los tribunales administrativos se sujetarán a las disposiciones aplicables a las dependencias, así como a lo dispuesto en sus leyes específicas dentro del margen de autonomía previsto en el artículo 5 de esta Ley.
Los ejecutores de gasto contarán con una unidad de administración, encargada de planear, programar, presupuestar, en su caso establecer medidas para la administración interna, controlar y evaluar sus actividades respecto al gasto público.”
Por otra parte, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, entre otros puntos señala:
“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 73 fracción XXIV, 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y fiscalización de:
I. La Cuenta Pública;
II. Las situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al de la Cuenta Pública en revisión;
III. La aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y ejercicio de las participaciones federales, y
IV. El destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos contratados por los estados y municipios, que cuenten con la garantía de la Federación.
Para efectos de este artículo, la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de Estados y Municipios, entre otras operaciones.
Adicionalmente, la presente Ley establece la organización de la Auditoría Superior de la Federación, sus atribuciones, incluyendo aquéllas para conocer, investigar y substanciar la comisión de faltas administrativas que detecte en sus funciones de fiscalización, en términos de esta Ley y la Ley General de Responsabilidades Administrativas; así como su evaluación, control y vigilancia por parte de la Cámara de Diputados.
Artículo 6.- La fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Auditoría Superior de la Federación se lleva a cabo de manera posterior al término de cada ejercicio fiscal, una vez que el programa anual de auditoría esté aprobado y publicado en su página de internet; tiene carácter externo y por lo tanto se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización que realicen los órganos internos de control.
Artículo 7.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo conducente, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley General de Contabilidad Gubernamental; la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; la Ley de Coordinación Fiscal; la Ley de Ingresos; el Código Fiscal de la Federación; la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; la Ley General de Responsabilidades Administrativas; Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y el Presupuesto de Egresos, así como las disposiciones relativas del derecho común federal, sustantivo y procesal, en ese orden.
Artículo 8.- La Auditoría Superior de la Federación deberá emitir los criterios relativos a la ejecución de auditorías, mismos que deberán sujetarse a las disposiciones establecidas en la presente Ley y publicarse en el Diario Oficial de la Federación.”
A su vez, la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo en sus artículos 1 y 2 señala:
“Capítulo I Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de Michoacán de Ocampo y tiene como objeto regular el funcionamiento de la Auditoría Superior de Michoacán como órgano técnico de fiscalización del Congreso, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. Asimismo, regula su organización y atribuciones, incluyendo aquellas para conocer, investigar y substanciar la comisión de faltas administrativas; así como su evaluación, control y vigilancia por parte del Congreso.
La Auditoría Superior de Michoacán se regirá bajo los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, en forma simultánea, anual, posterior, externa, independiente y autónoma. La fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Auditoría Superior de Michoacán se lleva a cabo de manera posterior al término de cada ejercicio fiscal, tiene carácter externo y por lo tanto se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de fiscalización que realicen los órganos internos de control.
Sin perjuicio del principio de anualidad, la Auditoría Superior de Michoacán podrá solicitar y revisar de manera casuística y concreta, la información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago, diversos ejercicios fiscales, o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas. Las observaciones y recomendaciones que respectivamente la Auditoría Superior de Michoacán emita, solo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.
Asimismo, la Auditoría Superior, a través de denuncia debidamente formulada y presentada de conformidad a los requisitos que para tal efecto se establecen en esta ley, podrá fiscalizar a las Entidades durante el ejercicio fiscal en curso y anteriores, a efecto de investigar la existencia de presuntos daños y perjuicios en contra del patrimonio público que puedan constituir faltas administrativas o hechos ilícitos, integrando el expediente respectivo para, en su caso promover las acciones conducentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, la Fiscalía Especializada, los órganos internos de control o cualquier otra autoridad competente, sin necesidad de la revisión de la cuenta pública correspondiente.
Las Entidades proporcionarán la información que se solicite para la fiscalización e investigación, en los plazos y términos señalados por esta ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma.
En el desarrollo de sus actividades, la Auditoría Superior vigilará el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como en la normatividad estatal en materia de deuda pública, coordinación fiscal, planeación hacendaria, presupuesto, transparencia, gasto público y contabilidad gubernamental, responsabilidades administrativas, anticorrupción y demás normatividad aplicable.
A falta de disposición expresa en esta ley, se aplicarán en forma supletoria y complementaria, en lo conducente, las disposiciones relativas del derecho común sustantivo y procesal.
Artículo 2. La Auditoría Superior de Michoacán, como entidad de fiscalización del Congreso, tiene autonomía técnica, de gestión y capacidad para que en el ejercicio de sus atribuciones decida sobre su organización interna, ejercicio de su presupuesto, funcionamiento y resoluciones, en los términos de esta ley, su reglamento y demás normatividad aplicable. Dentro del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán, en lo correspondiente al Poder Legislativo, se establecerá un apartado específico donde se determine el presupuesto de la Auditoría Superior de Michoacán para cada ejercicio fiscal, conforme al artículo 10, fracción III de la presente ley. El Congreso, a través de la Comisión, vigilará que la ministración de los recursos presupuestados a la Auditoría Superior se realice de manera oportuna por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas del propio Congreso. A efecto de lo anterior dichos recursos se ministrarán dentro de los primeros diez días naturales de cada mes.
La Auditoría Superior de Michoacán revisará, fiscalizará y evaluará la gestión de los poderes del Estado, de los ayuntamientos, concejos municipales, comunidades o consejos indígenas y ciudadanos, y de todas las demás Entidades públicas estatales y municipales que manejan fondos públicos, y de aquellos organismos que por disposición de ley se consideren autónomos, así como cualquier Entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica bajo la que se manejen recursos públicos.
La Auditoría Superior de Michoacán, la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán y el Congreso, deberán guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta la presentación del Informe General Ejecutivo o, en su caso, en los términos del artículo 8° de la Constitución del Estado. Quienes infrinjan lo anterior serán sancionados conforme a lo dispuesto en la normatividad en materia de responsabilidades.”
Así mismo, el 20 de junio de 2018, se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, los Lineamientos del Procedimiento de Denuncias de la Auditoría Superior de Michoacán, 13 mismos que, entre otros puntos, señala:
“ Artículo 1. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las directrices en materia de denuncias que permitan a la Auditoría Superior de Michoacán, como autoridad para dar seguimiento de una manera clara y sencilla al Procedimiento de Investigación, con una visión de simplificación, mejora regulatoria, eficiencia, eficacia, calidad y rapidez en el servicio, estableciendo de una forma clara y ordenada la descripción de las actividades para su desarrollo, determinando cada una de las acciones que deben seguirse, facilitando el control interno y su vigilancia.
Artículo 2. Son sujetos obligados a observar los presentes lineamientos, todos los servidores públicos la Auditoría Superior de Michoacán; las personas físicas o morales; servidores públicos que formulen denuncia; el Gobierno del Estado, los ayuntamientos y demás organismos e instituciones que manejen fondos o valores públicos, creados por Ley o Decreto de los Poderes del Estado, de los ayuntamientos y cualquier otro, sea cual fuere la forma o estructura que adopten.
Artículo 4. Cualquier servidor público o particular, podrá formular denuncia ante la Auditoría Superior, respecto de los actos, hechos u omisiones que generen daño y/o perjuicio al erario o patrimonio público, adjuntado a la misma elementos de prueba y en el supuesto caso de no obrar en su poder, deberá indicar la autoridad que las posee. Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades investigadoras mantendrán con carácter de confidencialidad la identidad de las personas que denuncien las presuntas responsabilidades.
Artículo 8. Las denuncias deberán referirse a presuntos daños y/ o perjuicios a la Hacienda Pública o al patrimonio de las entidades, en alguno de los siguientes supuestos para su procedencia:
I. Desvío de recursos hacia fines distintos a los autorizados;
II. Irregularidades en la captación o en el manejo y utilización de los recursos públicos;
III. Actos presuntamente irregulares en la contratación y ejecución de obras públicas, prestación de servicios públicos y adquisición de bienes, entre otros;
IV. La comisión recurrente de irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos;
V. Inconsistencias en la información presupuestal, programática y/o financiera de cualquier entidad fiscalizada que oculte o pueda originar daños y/o perjuicios a su patrimonio; y,
VI. Las demás consideradas como faltas administrativas graves por disposición legal.”
Sexta. Como puede observarse en primer término tenemos una población inmersa en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y violencia; en segundo lugar existen una serie de señalamientos de una deuda excesiva, sin resultados que sean tangibles o que se reflejen obras de infraestructura, la falta de devolución de dinero a la Tesorería de la Federación y la aparente desaparición de recursos públicos, todo expresado, tanto por la más alta autoridad en el estado de Michoacán, como lo es el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, como por Diputados Federales del Grupo Parlamentario de Morena.
En tercer plano, tenemos un robusto marco Constitucional y legal, a nivel federal y en el Estado de Michoacán, que permiten realizar investigaciones, auditorias y otras actividades para dar cuenta del destino del dinero público ejercido por el anterior gobierno encabezado por Silvano Aureoles Conejo, así como de los préstamos que fueron solicitados a la banca comercial y de los cuales se ignora para que fueron utilizados su destino final.
Es por ello que la practica de auditorias e investigaciones sobre el dinero faltante y el destino del dinero solicitado como prestamos a cuenta del erario debe ser aclarado, y en su caso, deben presentarse las denuncias correspondientes por el desvío de los recursos públicos.
Por las consideraciones y fundamentos arriba expresados, someto a consideración de esta soberanía, como de urgente u obvia resolución, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Auditoria Superior de la Federación para que realice las auditoría e investigaciones necesarias para conocer el uso y destino de los recursos entregados por la Federación a la administración del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, así como de los préstamos solicitados a la banca comercial y su utilización.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta a la Auditoria Superior de Michoacán para que realice las auditorias e investigaciones del caso para conocer el uso y destino de los recursos públicos ejercidos por el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, así como de los préstamos solicitados a la banca comercial y el destino de los mismos.
Notas
1 Inegi. Censo de Población y Vivienda 2020.
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mich/poblac ion/
2 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Informe de Pobreza y Evaluación 2020. Michoacán.
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Info rmes_de_pobreza_y_evaluacion_2020_Documentos/Informe_Michoacan_2020.pdf
Los informes de pobreza y evaluación 2020 reúnen información sobre la pobreza multidimensional desagregada por grupos poblacionales y municipios, indicadores complementarios a la medición de la pobreza, las intervenciones estatales de desarrollo social y los resultados de cada entidad federativa en el Diagnóstico del avance en monitoreo y evaluación.
3 El Financiero, 27 de septiembre de 2021. Silvano Aureoles deja “boquete” de 50 mil mdp en Michoacán, afirma Alfredo Ramírez.
https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2021/09/27/silvano-aureo les-deja-boquete-de-50-mil-mdp-en-michoacan-afirma-alfredo-ramirez/
4 Infobae, 28 de octubre de 2021. Michoacán tiene una deuda pública de 20,000 mdp tras la salida de Silvano Aureoles: Ramírez Bedolla.
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/10/10/michoacan-tien e-una-deuda-publica-de-20000-mdp-tras-la-salida-de-silvano-aureoles-ramirez-bed olla/
5 Ídem
6 Ibíd.
7 Infobae, 28 de septiembre de 2021. La deuda millonaria que Silvano Aureoles dejaría en Michoacán.
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/09/28/la-deuda-millo naria-que-silvano-aureoles-dejaria-en-michoacan/
8 Ob. cit.
9 La Jornada, 30 de septiembre de 2021. Violencia y quiebra técnica en Michoacán, al concluir gestión de Aureoles.
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/09/30/estados/concluye-hoy -gobierno-de-aureoles-violencia-y-quiebra-tecnica-su-legado/
10 Ídem.
11 Ibídem.
12 Reporte Índigo. 24 de noviembre de 2021. Analizan morenistas juicio político contra Silvano Aureoles por “quebranto” a Michoacán.
https://www.reporteindigo.com/reporte/analizan-morenistas-juicio -politico-contra-silvano-aureoles-por-quebranto-a-michoacan/
13 Periódico Oficial del gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. 20 de junio de 2018.
http://leyes.michoacan.gob.mx/destino/O13644po.pdf
Recinto de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.– Diputada y diputado: Alma Griselda Valencia Medina, Carlos Alberto Manzo Rodríguez (rúbricas).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
COMISIÓN ESPECIAL PARA ATENDER LA CRISIS MIGRATORIA QUE SE VIVE EN EL PAÍS
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de crear una comisión especial para atender la crisis migratoria del país, suscrita por la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN
Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, diputada federal, integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes
Consideraciones
I. El 9 de diciembre pasado tuvo lugar un accidente en Chiapa de Corzo, a las afueras de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por el que perdieron la vida 55 personas migrantes y cien más resultaron lesionadas. El siniestro ocurrió cuando el tráiler en el que viajaban ocultos 250 migrantes en su intento por cruzar el territorio nacional. Hay testimonios que en ese embarque se habían llenado otros dos tráileres con aproximadamente 150 migrantes.
Este lamentable hecho se suma a diversos incidentes en que migrantes centro y sudamericanos han padecido sufrimientos y vejaciones en sus derechos humanos, por las conductas ilegales de traficantes y por abusos de las autoridades mexicanas de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración.
II. Uno de los antecedentes más importantes a esta condición de crisis migratoria que se desarrollar en nuestro país fue el anuncio del entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que se daría la bienvenida a todos los migrantes a nuestro país y que se les darían visas de trabajo. El 21 de octubre de 2018, López Obrador prometió a los migrantes centroamericanos que en México tendrán trabajo y protección en su camino para Estados Unidos.
A contracorriente de esa oferta hoy en México, para los migrantes solo hay muerte, persecución y vejaciones. La tragedia vial de Chiapas da pie a muchas interrogantes: ¿Cuántos migrantes son transportados en esa forma? ¿Qué servidores públicos están enterados de dicho modus operandi, y actúan como traficantes?
III. La gestión de la política migratoria de este gobierno ha resultado un desastre y ha generado una tragedia para miles de seres humanos que en la búsqueda de una mejor vida y de un sustento para sus familias han decidido buscar llegar a los Estados Unidos. Parte de esta tragedia deriva del uso del ejército mexicano, uniformados como Guardia Nacional, como un muro humano han reprimido por órdenes superiores a hombres, mujeres y niños por igual.
Ante dicha situación hemos solicitado ante el pleno de la Cámara la intervención de los tres órdenes de gobierno para defender los derechos humanos de los migrantes.
IV. La complejidad y gravedad del problema tienen diversas aristas que se deben atender de manera urgente. Esta Cámara y el Congreso Federal deben asumir su responsabilidad ante esta tragedia humanitaria en las siguientes áreas:
a) Atención y garantía de reparación integral de los daños a las víctimas y ofendidos de delitos y de violación de derechos humanos.
b) Rendición de cuentas por parte de las autoridades sobre lo sucedido, así como un informe integral de la situación migratoria. Lo anterior debe incluir todas las acciones de fiscalización, rendición de cuentas y transparencia por parte del Instituto Nacional de Migración, sin menoscabo de valorar la pertinencia de exigir la renuncia de su titular, así como la imposición de sanciones administrativas y penales que correspondan a los servidores públicos que sean responsables de dichas faltas.
c) Que se proporcione información a esta representación popular sobre las acciones del grupo internacional para combatir el tráfico de personas anunciado el pasado 11 de diciembre.
d) La recomendación de la organización de una reunión interregional en el que participen representantes de los gobiernos de Guatemala, Ecuador, Salvador, Honduras, Nicaragua, México y EE.UU.
d) Promover, fortalecer y garantizar la participación de la sociedad civil, que además de estar atenta e interesada en esta delicada situación, puede ayudar a las casas de apoyo a migrantes que necesitan recursos. Las hay en la frontera sur y en el norte; pero también las hay en los puntos de tránsito como es el caso de la ciudad de México.
e) Llamar a cuentas a las autoridades encargadas de la investigación de los delitos como son Fiscalía General de la República, Guardia Nacional para recibir un informe exhaustivo sobre las acciones realizadas para esclarecer los delitos de tráfico de personas, trata, delincuencia organizada, lavado de dinero y conductas conexas, que se han sucedido a lo largo de esta administración, procesos judiciales iniciados, grupos criminales investigados, recuperación de activos y reparación de daño.
V. La coyuntura global, la cada vez más evidente disparidad respecto de la distribución de la riqueza, así como el enorme recrudecimiento de la violencia por el crimen organizado, así como los sistemas dictatoriales que no respetan los derechos humanos, hace que la migración se vuelva un fenómeno constante que parece formará parte del futuro de nuestro planeta. Así, la migración es un fenómeno que acompañará siempre a nuestra región, es una realidad y es lamentable que en México se maneje esta realidad de manera tan torpe y cruel cuando es y será parte de nuestra vida.
Tenemos que ser capaces de reconocernos en la cara de estos migrantes que llegan a nuestra frontera sur, tenemos que ser capaces de imaginar a nuestros hermanos y a nuestros hijos en las caras de esos niños que parecen tener una resiliencia que ninguno de nosotros podría jamás mostrar. Todos debemos ayudar. Especialmente en estos días en que recordamos y celebramos la migración de una familia “migrante” que debió huir a Egipto para proteger su vida.
IV. En virtud de que es urgente que esta Cámara cuente con un diagnóstico objetivo y completo de lo que ha ocurrido y podría llegar a ocurrir en el futuro próximo, es indispensable que se constituya una Comisión Especial para atender la crisis migratoria que se vive en el país.
Al efecto se propone respetuosamente a la Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para que previa aprobación por dicha Junta, se eleve a la deliberación y votación por el pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente:
Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para la creación de una Comisión Especial para atender la crisis migratoria que se vive en el país.
Primero.- Se crea la Comisión Especial para atender la crisis migratoria que se vive en el país.
Segundo.- La Duración de los trabajos de dicha Comisión Especial será el término de la presente LXV Legislatura.
Tercero.- Las tareas específicas encomendadas serán las siguientes:
a) Conocer y analizar las acciones necesarias para impulsar la atención y garantía de reparación integral de los daños a las víctimas y ofendidos de delitos y de violación de derechos humanos, en el contexto del fenómeno migratorio de la frontera sur del país y hacia las rutas que llevan a la frontera norte;
b) Rendición de cuentas por parte de las autoridades sobre lo sucedido, así como un informe integral de la situación migratoria, a efecto de dilucidar acciones de apoyo por parte de esta Cámara, así como el planteamiento en lo conducente de responsabilidades administrativas y penales que correspondan;
c) Recepción y análisis por parte de esta representación popular sobre las acciones del grupo internacional para combatir el tráfico de personas anunciado el pasado 11 de diciembre.
d) La deliberación y formalización de una recomendación de la organización de una reunión interregional en el que participen representantes de los gobiernos de Guatemala, Ecuador, Salvador, Honduras, Nicaragua, México y EE.UU.
d) Promover, fortalecer y garantizar la participación de la sociedad civil, que además de estar atenta e interesada en esta delicada situación, puede ayudar a las casas de apoyo a migrantes que necesitan recursos. Las hay en la frontera sur y en el norte; pero también las hay en los puntos de tránsito como es el caso de la Ciudad de México.
e) Rendición de cuentas de las autoridades encargadas de la investigación de los delitos como son Fiscalía General de la República, Guardia Nacional para recibir un informe exhaustivo sobre las acciones realizadas para esclarecer los delitos de tráfico de personas, trata, delincuencia organizada, lavado de dinero y conductas conexas, que se han sucedido a lo largo de esta administración, procesos judiciales iniciados, grupos criminales investigados, recuperación de activos y reparación de daño.
Cuarto.- La Comisión Especial se integrará por quince miembros.
Quinto.- La mesa directiva de dicha comisión será presidida por el grupo parlamentario cuya representación corresponda a la primera minoría y contará con las vicepresidencias correspondientes a todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2022.– Diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (rúbrica).»
Se turna a la Junta de Coordinación Política, de la Cámara de Diputados.
SE INFORME SOBRE LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR LA COBERTURA UNIVERSAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN NUEVO LEÓN
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Insabi a informar a esta soberanía sobre las acciones llevadas a cabo para garantizar la cobertura universal de los servicios de salud en NL, suscrita por la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Marcela Guerra Castillo, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El primer día del mes de enero del año 2020 entró en vigor el decreto por el que se llevó a cabo la desaparición del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), conocido popularmente como el Seguro Popular, así como de sus unidades médicas y módulos; y en ese mismo decreto se confirmaba la creación del Instituto Salud para el Bienestar (Insabi) que lo sustituiría.
El Insabi se creó eliminando tres de los cuatro programas presupuestarios de los que dependía el SPSS e iniciando con un programa de medicamentos gratuitos; todo con el objetivo de proveer y garantizar la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos para la población que no contaba con servicios médicos ni seguridad social; a pesar de que esta labor ya era realizada por el Seguro Popular.
Los datos revelan que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para la última parte de 2018, 15 años después de su creación, el SPSS había logrado afiliar a más de 53.5 millones de personas, que representaban 78.6 por ciento de las personas sin seguridad social en nuestro país, 1 siendo este el programa de cobertura de salud más amplio del país.
El SPSS en uno de sus objetivos principales buscaba combatir uno de los problemas que origina la informalidad, el cual es la falta de servicios médicos y seguridad social.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOEN) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2020, 2existían 31 millones de trabajadores en el sector informal; quienes no contaban con el acceso a la seguridad social, y a las instituciones de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y este programa pretendía atender a esta población.
El Seguro Popular daba atención a no beneficiarios de las instituciones además de brindar costos bajos y medicamentos.
Sin embargo, en México también observamos que el bajo acceso a la salud y seguridad social no sólo es consecuencia de la informalidad, sino que incluso tiene una relación estrecha con el nivel socioeconómico; donde las clases sociales en niveles más bajos que la media y grupos vulnerables son quienes menor acceso a estos derechos tienen; por lo que, el Seguro Popular tenía como tarea la atención a los grupos desventajados.
Caso contrario es que para el año 2018 solamente 13.7 por ciento de la población rural no contaba con acceso a los servicios de salud, y que con esta administración aumentó hasta 30.5 por ciento en 2020, y en las zonas urbanas de 17 a 27.4 por ciento. 3 Dejando desprotegidos a estos pobladores en su derecho a la salud.
Otro sector gravemente afectado con la eliminación del Seguro Popular fueron las mujeres, quienes a pesar de que en los últimos han sido uno de los ejes primordiales de la política nacional en cualquiera de los poderes, no fueron tomadas en cuenta en la toma de decisiones, y es que según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se observaba que las mujeres representaban el mayor porcentaje dentro de las personas afiliadas al SPSS, y eran las de menores recursos quienes hacían uso de este servicio y sus beneficios. La estadística mostraba que en las regiones de mayor segregación social y pobreza, 9 de cada 10 mujeres se encontraban afiliadas, mientras que en las zonas de mayores recursos, solamente 5 de cada 10 se encontraban afiliadas a este programa. 4
Esto deja claro que los objetivos del SPSS se estaban cumpliendo y que los sectores más necesitados podían acceder a la salud a través de este mecanismo.
A pesar de esto, fue considerado como “ineficiente” por el gobierno federal, asegurando que el Insabi cumpliría con los objetivos planteados y lograría proveer de atención médica gratuita a los mexicanos sin la necesidad de afiliarse. Sin embargo, con la llegada de este, las cuotas en los hospitales aumentaron en lugar de desaparecer y miles de personas dejaron de tener acceso a los servicios médicos.
Posterior a esto, la pandemia dejó en evidencia las carencias y necesidades de nuestro sistema de salud; la falta de infraestructura, hospitales, equipos médicos y hasta insumos fue un común denominador en todas las entidades de nuestro país; cuyo plan del gobierno federal fue la creación del Insabi quien contrarrestaría estos problemas, en caso contrario el año pasado, se registraron más de 35.7 millones 5 de personas en todo el país quienes no contaron con atención médica.
La población desconoce qué es el Insabi, cómo afiliarse, a dónde acudir o como acceder a estos servicios, lo cual va en sentido contrario a sus objetivos y principios de salud para todos. No se cuenta con los recursos, personal e infraestructura adecuada, para hacer frente a estas necesidades a ya casi un año de su implementación. No podemos dejar en estado de indefensión el derecho a la salud de las y los mexicanos.
No es un tema presupuestario, sino un tema de trabajo y correcta aplicación de los programas para la cobertura de salud y aseguramiento de este derecho. Desde la creación del Instituto, la tendencia ha sido aumentarle su presupuesto, y tan sólo para este año se tiene contemplado un incremento de 11.6 por ciento que representa una cantidad total de más de 103 mil millones de pesos.
Es necesario trabajar en la creación de programas, módulos, clínicas y servicios para la población de manera inmediata. La inacción, omisión y escasos resultados del Insabi deja sin protección a la salud a los sectores más vulnerables como adultos mayores, personas de escasos recursos y mujeres, quienes los principales beneficiarios del Seguro Popular, y a día de hoy siguen sin recibir cuando menos la atención que les fue quitada.
La Constitución en su artículo 4 párrafo 4o. y los tratados internacionales de los que esta nación forma parte, obligan al Estado a proporcionar y garantizar el derecho a la salud de todas y todos los mexicanos; el Instituto ya cuenta con los recursos y nuestra voluntad de legislar, apoyar y trabajar por el bien de la población, por lo cual es primordial continuar con las estrategias, programas y trabajos que agilicen el cumplimiento de este derecho a la salud, el abasto de medicamentos y el apoyo a la población vulnerable.
Ahora bien, para el caso específico de mi estado Nuevo León, es necesario resaltar que el 4 de agosto de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo de coordinación para garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social en los términos previstos en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, que celebran el Instituto de Salud para el Bienestar y el Estado de Nuevo León”.
Así, dicho acuerdo tuvo por objeto establecer los compromisos a que se sujetarían el estado de Nuevo León y el Insabi, a fin de garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, en dicha entidad federativa.
En esa virtud, el Insabi se obligó a transferir con oportunidad al estado de Nuevo León los recursos presupuestarios federales que le correspondan para la prestación de los servicios de salud, mientras que el Estado se obligó a llevar a cabo dichos servicios a las personas que no gozan de seguridad social, de manera gratuita, sin poder cobrar cuotas de recuperación.
Sin embargo, según datos del Coneval la falta de acceso a la atención médica pasó de 16.7 por ciento en 2015 a 21.5 por ciento en 2020, el primer año que operó el organismo que sustituyó al Seguro Popular, lo cual claramente no garantiza una cobertura universal en los servicios de salud en el estado de Nuevo León.
Pese a los compromisos acordados, el subdirector de Recursos Financieros en Servicios de Salud estatal, Noé Emmanuel del Real García, ha informado a la ciudadanía que para pasivos contingentes, el gobierno de Nuevo León ha invertido 155 millones de pesos, mientras que el Insabi no ha entregado las ministraciones mensuales correspondientes.
Así las cosas, no debemos olvidar que el Presupuesto de Egresos para Salud este año fue de 6 mil 868 millones de pesos, de los cuales se ha comprometido 91 por ciento y sólo se ha devengado 55 por ciento.
Consecuentemente, es necesario que el Insabi informe qué es lo que ha hecho para garantizar la cobertura universal de los servicios de salud a todas las personas que habitan el estado de Nuevo León que no cuentan con seguridad social y además que remita pormenorizadamente el uso y destino de los recursos destinados a mejorar la infraestructura de los centros hospitalarios, dotar de medicamentos, insumos y material de curación, así como de personal médico a todas las unidades de salud del estado de Nuevo León.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto de Salud para el Bienestar para que informe a esta soberanía sobre las acciones llevadas a cabo para garantizar la cobertura universal de los servicios de salud a todas las personas que habitan el estado de Nuevo León.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto de Salud para el Bienestar para que remita a esta soberanía un informe pormenorizado del uso y destino del presupuesto asignado para mejorar la infraestructura de los centros hospitalarios, dotar de medicamentos, insumos y material de curación, así como de personal médico a todas las unidades de salud del estado de Nuevo León.
Notas
1 Ariadna Ortega. (2020). El Seguro Popular dejó sin atención a 14.5 millones de personas, revela ASF. 26 de octubre de 2021, de Expansión Sitio web:
https://politica.expansion.mx/mexico/2020/02/27/el-seguro-popula r-dejo-sin-atencion-a-14-5-millones-de-personas-revela-asf
2 Cristian Téllez. (2021). Se genera mucho trabajo en México... pero informal. 26 de octubre de 2021, de El Financiero Sitio web:
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/08/20/trabajo-info rmal-agrupa-78-de-plazas-generadas-en-12-meses/
3 Belén Saldívar. (2021). Sin acceso a servicios de salud, 28.2% de la población en pandemia. 26 de octubre de 2021, de El Economista Sitio web:
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sin-acceso-a-servicios- de-salud-28.2-de-la-poblacion-en-pandemia-20210806-0008.html
4 Georgina Jiménez. (2020) ¿Quiénes están en riesgo con la llegada del INSABI?: Lo que sabemos sobre el extinto Seguro Popular. 26 de octubre de 2021, de Nexos Sitio web:
https://datos.nexos.com.mx/quienes-estan-en-riesgo-con-la-llegad a-del-insabi-lo-que-sabemos-sobre-el-extinto-seguro-popular/
5 Belén Saldívar. (2021). Sin acceso a servicios de salud, 28.2% de la población en pandemia. 26 de octubre de 2021, de El Economista Sitio web:
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sin-acceso-a-servicios- de-salud-28.2-de-la-poblacion-en-pandemia-20210806-0008.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.– Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
SE INCLUYA EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN BÁSICA LA HISTORIA DEL PUEBLO AFROMEXICANO
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a incluir en los planes de estudio de educación básica la historia del pueblo afromexicano de Gaspar el Negro Yanga y de los orígenes afrodescendientes del país, suscrita por la diputada Angélica Peña Martínez, del Grupo Parlamentario del PVEM
La que suscribe, diputada Angélica Peña Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea de la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El 19 de noviembre del 2020 el Senado de la República aprobó el decreto por el cual se declara el 12 de octubre de cada año como el “Día de la Nación Pluricultural”, 1 lo anterior derivado del mestizaje que existió en México después de siglos de conquista española. Gracias a ese mestizaje el origen de los mexicanos es muy variado, descendemos de los españoles peninsulares, de pueblos ancestrales como los mexicas, mayas, toltecas, pueblos extranjeros como el italiano y el francés, entre otros, sin embargo, la historia no ha hecho justicia a nuestro origen afrodescendiente, pues en los planes de estudio de educación básica casi no se menciona la historia de los pobladores del continente africano que fueron traídos al nuevo continente como esclavos, que se liberaron y lograron fundar grandes asentamientos en diversas regiones del país.
La educación básica recibe ese nombre no porque sea la menos importante de todos los demás niveles, al contrario, es porque representa la educación esencial y fundamental que sirve para adquirir cualquier otra preparación en la vida del individuo, ya que representa el aprendizaje de los elementos necesarios para poder desenvolverse en la sociedad y dentro de su cultura, porque es la educación obligatoria que han de recibir todos los futuros ciudadanos, 2 por lo cual el plan de estudios en el cual se basa este nivel educativo es de suma importancia.
De conformidad con el artículo 22 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Subsecretaría de Educación Pública es la responsable de elaborar las propuestas de planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. 3
A continuación, podemos observar el mapa curricular de educación básica, en donde se aprecia que los estudiantes tienen un acercamiento con la historia desde el 3er año de primaria hasta el 3er año de secundaria. 4
Al analizar a fondo el plan de estudios nos damos cuenta que en el 4to año de primaria 5 y el 2do año de secundaria 6 se estudia la historia del México antiguo. En los libros de texto podemos encontrar cientos de páginas en donde se plasma el origen de los pueblos que poblaban el continente americano en la época precolombina, podemos leer sobre el prominente pueblo azteca, el cual, tras encontrar un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente logró fundar una gloriosa ciudad sobre el lago de Texcoco, o sobre cómo la cultura maya logró descubrir el número cero, hizo descubrimientos astronómicos que en el viejo continente aún no conocían y creó obras arquitectónicas hoy consideradas como maravillas del mundo, finalmente, podemos leer sobre cómo el antiguo imperio español llegó al continente americano, conquistó a los pueblos que habitaban estas tierras y se dio paso al mestizaje en nuestro país, sin embargo, se deja prácticamente en el olvido nuestro origen afrodescendiente, cuando realmente esa parte de nuestra historia es igual de rica que la de los pueblos mesoamericanos.
El origen de las poblaciones y comunidades afrodescendientes en México se remonta al periodo virreinal (1521-1821). Las primeras personas africanas llegaron con Hernán Cortés y el resto de los conquistadores, la gran mayoría llegaron derivado del comercio de esclavos y algunos de ellos fueron recompensados con tierras, mano de obra e incluso con su libertad por su participación en la conquista de los pueblos indígenas.
De acuerdo con el antropólogo Aguirre Beltrán, se estima que durante esa época, alrededor de doscientas cincuenta mil personas (mujeres, hombres, niñas y niños, tanto esclavos como libres, al mando de españoles y criollos) llegaron a los puertos de Veracruz, Campeche y Acapulco, en su mayoría provenientes de África Occidental, de la región de Senegambia, de África Central, Angola y el Congo, así como de otras regiones de África Oriental. De ahí viajaron y se establecieron prácticamente en toda la Nueva España, pero particularmente en aquellos territorios que hoy ocupan los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz.
El territorio ocupado actualmente por el estado de Veracruz tuvo una significativa población de origen africano, en especial en el centro y el sur de la entidad, de lo cual son muestra las expresiones culturales como los carnavales del puerto, la música como el son jarocho, los bailes, la comida y los nombres de varios pueblos como Mandinga, Matosa o Mozomboa, posiblemente derivados de antiguos palenques (lugares formados por esclavos que huían de las haciendas y de la esclavitud). Un ejemplo claro es la comunidad de Mata Clara perteneciente al municipio de Cuitláhuac, dada su importancia como comunidad afro mexicana en el año 2017 fue sede del XVIII Encuentro de Pueblos Negros, dicho evento ofrece un espacio para la expresión cultural así como para la reflexión acerca de las problemáticas de las comunidades afro mexicanas y sus habitantes, principalmente en lo relativo a salud, educación, empleo y protección al medio ambiente, además del combate al racismo y la discriminación. Otro asentamiento afro mexicano relevante, no solo para el estado de Veracruz, sino también para nuestra historia, es el municipio de Yanga, reconocido como el primer pueblo libre de América, este municipio de origen afrodescendiente fue fundado por Gaspar “el negro” Yanga, uno de los personajes más ilustres y al mismo tiempo más olvidados de la historia de México y del continente americano. 7, 8
Gaspar Yanga, mejor conocido como “El Negro Yanga”, fue un miembro de la familia real de Gabón, quien llegó a Veracruz como esclavo alrededor de 1570 y se convirtió en el líder de una rebelión antiesclavista en México a principios del período colonial español.
Pronto aprendió la lengua española, tomó el liderazgo de la Rebelión de Cimarrones en México y logró escapar junto con su gente para construir una pequeña colonia libre en las montañas, la cual sobrevivió por más de 30 años gracias al cultivo y a la captura de caravanas que traían a Veracruz bienes y alimentos.
A principios del año 1609 el gobierno colonial de España se empeñó en retomar el control del territorio ocupado por Yanga y su gente; después de una cruenta batalla que dejó graves pérdidas en ambas partes, los españoles lograron avanzar al palenque y le prendieron fuego, sin embargo, los habitantes lograron huir hacia los alrededores. Incapaces ambos bandos de ganar definitivamente la batalla, decidieron negociar y Yanga envió sus términos de paz a través de un español cautivo, esencialmente solicitó que llegaran a un acuerdo entre ellos y los que habían establecido la hostilidad entre indios y españoles, un área bajo su dominio y en compensación, el apoyo de sus partes en caso de ataques contra españoles, además de que su distrito enviaría de vuelta a cualquier esclavo que hubiese escapado de sus amos españoles.
Los términos de Yanga fueron aceptados con la condición adicional de que sólo un clérigo franciscano podría atender a los miembros del distrito y que a la familia de Yanga se le concedería el derecho de gobernar. Finalmente, el distrito de Yanga fue oficialmente establecido y permanece hasta nuestros días. 9, 10
Sin duda alguna, la historia del negro Yanga y del pueblo afromexicano es sumamente interesante, además de que forma parte de nuestro origen y cultura, por este motivo es necesario conocerla desde los primeros niveles educativos, pues esto ayudará a reforzar la identidad pluricultural del pueblo mexicano.
Por lo anteriormente fundado y motivado, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Subsecretaría de Educación Básica y a la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública a incluir en los planes de estudio de educación básica la historia del pueblo afromexicano, de Gaspar, El Negro Yanga y de los orígenes afrodescendientes de México.
Notas
1 Véase, Comisiones Unidas de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos, Dictamen con proyecto de decreto por el que se declara el día 12 de octubre de cada año como el “Día de la Nación Pluricultural” (Cámara de Senadores), Gaceta del Senado, núm. LXIV/3PPO-56/114047, 19 de noviembre de 2020, consultado el 18 de noviembre de 2021. Disponible en:
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2020_11_19/ 2741
2 Véase, “La educación Básica y su Importancia”, Consultado el 18 de Noviembre del 2021, Disponible en:
https://es.scribd.com/document/62910114/La-educacion-basica-y-su -importancia
3 Véase, Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, artículo 22, (15 de septiembre de 2020) consultado el 19 de Noviembre del 2021, Disponible en:
https://educacionbasica.sep.gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documen to/202106/202106-RSC-tlL3Q2TfIa-Reglamentointernodela SEP_150920.pdf#page=21
4 Véase, “Mapa Curricular”, Secretaría de Educación Pública, Consultado el 19 de Noviembre del 2021, Disponible en:
https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/index-mapa-curricu lar.html
5 Véase, “Historia de México. Primaria. 4”, Secretaría de Educación Pública, Consultado el 19 de Noviembre del 2021, Disponible en:
https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/prim-ae-explora-hi storia4.html
6 Véase, “Historia de México. Secundaria. 2”, Secretaría de Educación Pública, Consultado el 19 de Noviembre del 2021, Disponible en:
https://www.planyprogramasdestudio.sep.gob.mx/secu-ae-explora-hi storia2.html
7 Véase, “Los pueblos afromexicanos y el reconocimiento de su diversidad”, Secretaría de Cultura, Consultado el 22 de noviembre del 2021, Disponible en:
https://www.gob.mx/cultura/articulos/los-pueblos-afromexicanos-y -el-reconocimiento-de-su-diversidad
8 https://www.eldictamen.mx/noticias-de-veracruz/estatal/mata-clara-sede-del-xvii i-encuentro-de-pueblos-negros/
9 Véase, “Gaspar Yanga”, Pueblos Originarios Biografías, Consultado el 23 de noviembre del 2021, Disponible en:
https://pueblosoriginarios.com/biografias/yanga.html
10 Véase “Yanga, Gaspar - Biografías de afrodescendientes”, CONAPRED, Consultado el 23 de noviembre del 2021, Disponible en:
https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=43 9&id_opcion=40&op=61
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.– Diputada Angélica Peña Martínez (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
ESTRATEGIA PARA EVITAR QUE DIVERSOS ACTORES ECONÓMICOS LLEVEN A CABO AUMENTOS INDISCRIMINADOS DE PRECIOS DE LA CANASTA BÁSICA ALIMENTARIA
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profeco a adoptar una estrategia para evitar que diversos actores económicos apliquen alzas indiscriminadas la canasta básica alimentaria que generen inflación por especulación, a cargo de Benjamín Robles Montoya y suscrita por Maribel Martínez Ruiz, diputados del Grupo Parlamentario del PT
Los suscritos, diputado Benjamín Robles Montoya y diputada Maribel Martínez Ruiz, integrantes del Grupo Parlamentario del PT a la LXV Legislatura, de conformidad con lo establecido por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. La inflación importada: USA y México
Los efectos pandémicos indujeron una recesión mundial por la desmovilización de factores generadores de bienes y servicios, misma que se manifestó agudamente desde enero hasta bien entrado el último trimestre del año 2020. La pandemia no ha sido superada totalmente, pero por la vacunación masiva, así como por diversos programas de ayuda social se evitó un colapso mayor.
Sin embargo, la caída del PIB el año 2020 fue inevitable. En algunos países llegó al 30 por ciento; en Estados Unidos fue de 3.5, mientras que en América Latina promedió el 10 por ciento; en México fue del orden del 8.5 por ciento.
En correlación, la tasa de desempleo también aumentó en promedio 7 por ciento a nivel mundial. A consecuencia de la recesión, los precios en sectores como turismo, transporte, producción y otros se desplomaron radicalmente; también hubo contracciones severas en el gasto de los hogares, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, el consumo personal se redujo en 4 por ciento y no se diga el comercio internacional.
Ante tales circunstancias, como parte de los esfuerzos para la atención a la emergencia sanitaria y económica, la mayoría de las naciones recurrieron al uso del endeudamiento y otras a la emisión primaria de dinero. En el caso de la Unión Americana, la emisión primaria de dinero se convirtió en el eje del financiamiento antipandémico; de marzo del año 2020 a mayo del 2021 su tasa de crecimiento mensual tuvo un ritmo de 3,3 por ciento mensual -cinco veces más de lo normal- lo cual se reflejó en un agregado de 2 billones de dólares. Pero a partir de enero del año 2021, a esto se sumaron 1.9 billones cuando el Presidente Joe Biden puso en marcha un paquete de estímulos por un billón de dólares para apoyo directo a familias y subsidios del desempleo y otros 440 mil millones para apoyo a empresas.
Es decir, entró a la economía estadounidense una cantidad de liquidez sin precedentes, pero dada la singularidad de EUA como emisor único de la divisa más relevante del mundo, ese monto sin respaldo productivo interno y sólo como gasto público, tarde o temprano se trasladaría a los contribuyentes internos y extranjeros, generando así la exportación de su inflación.
Dada la cercanía y la relación comercial de México con el país vecino del norte, era inevitable el efecto de contagio inflacionario, como se observa en el siguiente cuadro.
**A noviembre 2021
Fuentes: Inegi,
https://www.gob.mx/shcp%7Cgacetaeconomica/articulos/la-inflacionhttps://w ww.swissinfo.ch/spa/eeuu-inflaci%C3%B3n_eeuu-registra-en-2020-una-inflaci%C3%B3 n-del-1-4––la-menor-en-cinco-a%C3%B1os/46283864
https://elpais.com/economia/2021-01-15/biden-anuncia-un-plan-de- ayudas-de-19-billones-de-dolares-para-combatir-la-crisis.html
2. México en una estrategia diferente
En mayo del año 2020, el gobierno del Presidente López Obrador implementó la “Nueva Política Económica en Tiempos del Coronavirus” que mantuvo como lineamiento básico el principio “por el bien de todos primero los pobres”. Por ello, se mantuvo y amplió la agenda social dirigida por lo menos a 25 millones de familias y se continuó con la agenda de proyectos especiales de infraestructura.
Estas medidas y otras evitaron un colapso grave en el nivel de empleo y aunque el PIB cayó en 8.8 puntos porcentuales, los niveles de consumo, en particular los de primera necesidad y alimentarios, llegaron inclusive a aumentar en ciertas regiones del país, manteniéndose una inflación de 3.15 por ciento, algo ligeramente mayor al año 2019 que fue de 2.83, pero dentro de los parámetros previamente establecidos por el Banco de México.
Más relevante aun que la Nueva Política Económica, fue que no hubo más endeudamiento ni emisión primaria de dinero para solventar los gastos de la pandemia y más bien se recurrió a cobrar los impuestos adeudados por grandes corporaciones, a la lucha contra la corrupción, a la austeridad republicana y a la reasignación del gasto público.
Por otra parte y en referencia a la inflación, en el año 2020 las pocas alzas ocurrieron en gas doméstico, huevo y carne, mientras que otros productos componentes de la canasta alimentaria como cebolla, jitomate, papaya y chile serrano tuvieron caídas de precios por encima del 20 por ciento. Sin embargo, para el año 2021, las cosas cambiaron. En primer lugar, se empezaron a recibir los indetenibles estragos de la inflación importada que se manifestó no sólo en bienes finales, sino también en bienes intermedios y materias primas, así como en los costos del transporte.
3. Detener la inflación por especulación
Desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se ha ganado la confianza de los consumidores, porque tiene una labor eficaz en defensa de los derechos del consumidor, promoviendo la corrección de injusticias del mercado, fortaleciendo el mercado interno y orientando a la población a un consumo razonado e informado, como se concreta en los informes que el titular de la misma, Procurador Ricardo Sheffield, da a conocer en las conferencias presidenciales matutinas y en otros medios como publicaciones, redes y alertas.
Estas acciones de Profeco coadyuvan a ejercer eficientemente el gasto familiar y están en coherencia con la defensa alimentaria de la población para evitar la pérdida del poder adquisitivo del salario.
Sin embargo, siempre surgen fenómenos no previstos, como el actual proceso inflacionario que, como ya se citó, viene en gran parte del exterior, frente a lo cual se deberán diseñar respuestas específicas en defensa de todos los esfuerzos gubernamentales por defender el poder adquisitivo de las familias mexicanas.
En este sentido, observamos que algunas cadenas comerciales de gran alcance e influencia en los consumidores como Walmart, Oxxo, Soriana y otras, vienen incrementando precios de diversos productos de la llamada canasta alimentaria, de manera discrecional por encima de las consideraciones de aumento de costo por inflación importada o de ganancia razonable. Una prueba de esto son las propias declaraciones del Procurador Sheffield, dadas a conocer en un comunicado de la Profeco del 27 de diciembre del 2021, señalando que los precios de un paquete de 21 productos de primera necesidad tienen variaciones de entre 118.35 y 269.99 pesos en diversas cadenas comerciales, en referencia a sus precios en las Centrales de Abastos. Como se sabe, las cadenas comerciales como Walmart, Soriana y otras se abastecen con compras anticipadas por muchos meses, entonces es pertinente que la población esté informada de cómo se están formando estas estrategias de aumentos de precios fuera de lugar, configurando una especulación en bienes de la canasta alimentaria.
De estas consideraciones se parte para que, en el entendido de las facultades de la Profeco, se establezca una estrategia específica de contención de la especulación en los bienes que componen la llamada “canasta alimentaria”.
De acuerdo a la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la llamada “canasta alimentaria” está integrada por un listado de bienes cuyo valor permite definir la Línea de Pobreza Extrema y por eso la importancia de evitar la inflación por especulación con los precios de ellos. A saber, los bienes citados son:
Canasta Alimentaria Mexicana
Fuente: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-ba sica.aspx
Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a adoptar una estrategia para evitar que diversos actores económicos lleven a cabo aumentos indiscriminados de precios de la canasta alimentaria que generen inflación por especulación.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los siete días del mes de enero de dos mil veintidós.– Diputado y diputada: Benjamín Robles Montoya, Maribel Martínez Ruiz (rúbricas).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
EXHORTO AL GOBIERNO DE CHIAPAS, A INFORMAR EL ESTADO QUE GUARDAN LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LOS ACCIDENTES CARRETEROS EL PASADO 9 DE DICIEMBRE
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Chiapas a informar sobre el estado de las acciones relacionadas con los accidentes carreteros del 9 de diciembre de 2021, suscrita por la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, Olga Luz Espinosa Morales, diputada federal a la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
1. Tras el accidente de un tráiler entre Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas que en su interior llevaba migrantes centroamericanos, el secretario de Salud 1 del estado de Chiapas informó un saldo de 55 muertos y 114 heridos; 42 personas, ya fueron dados de alta, y 66 siguen internados en distintos hospitales. De los 66 migrantes hospitalizados, señaló el funcionario local, cinco de ellos se encuentran muy graves en terapia intensiva, mientras que el resto presenta lesiones de graves a delicados estables.
Además, el secretario informó que 31 pacientes deben ser sometidos a diversas cirugías, la mayoría relacionadas con traumatismos. El saldo en materia de salud, es evidente, contundente.
Casi 200 migrantes que huían de la miseria de sus países vinieron a encontrar en nuestro país más desgracia para ellos y sus familias
El deceso de 55 personas no puede pasar desapercibidas, no podemos continuar como si no hubiese pasado nada.
2. Hasta el momento lo que ha señalado la Fiscalía General de la República que la causa de la volcadura e impacto del tráiler en el que viajaban 161 migrantes fue el exceso de velocidad, asimismo que el conductor se dio a la fuga tras los hechos.
La Fiscalía ha mencionado que el tráiler estaba registrada a nombre de “Autotransportes Río Blanco” en Chiapas y la caja tiene registro a nombre de “Z Transportes, SA”, en Veracruz; 2 ¿quién es el verdadero propietario de la unidad?, ¿qué otras circunstancias llevaron a la unidad a volcarse, iba con exceso de peso?, ¿nadie verificó las condiciones mecánicas de la unidad? ¿en qué estado se encuentran sus permisos para circular en carreteras?¿estaba capacitado el conductor del tráiler para maniobrar esa unidad?
Hay más preguntas que no han sido aclaradas, lo que ha derivado en múltiples especulaciones.
3. Hasta el momento, y después de versiones encontradas, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, afirmó que el conductor del tráiler no pasó por ningún punto de control antes de estrellarse contra un puente peatonal en Chiapa de Corzo.
Versión que se contrapone con otras versiones en las que se difundió un video de una cámara de seguridad donde se puede ver el tráiler donde viajaban 161 migrantes hacinados en un remolque pasó por una caseta de vigilancia donde se encontraban elementos del Instituto Nacional de Migración-INM. 3
El actuar de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración está en serias dudas. ¿Por qué no actuaron, en razón de sus atribuciones?, ¿Sí hubieron omisiones, cuáles son las razones de éstas?, ¿quiénes en la Guardia Nacional y en el INM son responsables de las omisiones que terminaron en la muerte de los migrantes?, ¿hay procesos abiertos en contra de estos servidores públicos?
Versiones, que urge aclarar, apuntan a que el accidente es una evidencia de que lo que está detrás es tráfico y trata de personas.
4. El pasado 13 de diciembre se instaló el Grupo de Acción Inmediata-GAI- 4 para combatir las redes de tráfico de personas. En esta instancia participarán Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Ecuador, República Dominicana y México. Este Grupo servirá como una mesa permanente para investigar, identificar, aprehender y presentar ante la justicia a los integrantes y mandos de la organización criminal transnacional responsable del accidente.
La SRE señala que cada país asumirá la investigación en su territorio y, además de las herramientas existentes de cooperación jurídica, se establecerá un mecanismo para intercambiar información de manera fluida y directa a partir de hoy, con el fin de presentar, a la brevedad, resultados a los deudos y a la opinión pública en general.
Paradójicamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores-SRE- de nuestro país, fungirá como coordinadora general de este Grupo.
El grupo parlamentario del PRD se expresa porque este Grupo rinda informes oportunos a esta Soberanía de las acciones que, en el nombre de México efectúa, así como de los compromisos que acuerda en esta instancia de cooperación internacional.
¿La migración es competencia de la SRE o del INM?. La respuesta, la da la Ley de Migración. 5 La fracción II del artículo 20 establece:
El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
Vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación.
En lo que va de este sexenio la SRE ha violado el marco jurídico en materia de migración. No basta la encomienda presidencial. Esta encomienda no puede estar por encima de la Ley.
5. Esta Proposición se suma al pronunciamiento de las legisladoras y legisladores de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación sobre el accidente de 09 de diciembre en el estado de Chiapas en el que perdieron la vida personas migrantes Centroamericanas en el sentido de exigir una investigación exhaustiva de los hechos y del actuar del Instituto Nacional de Migración.
Con esta Proposición se busca que la Comisión Permanente se manifieste de los hechos acontecidos en el estado de Chiapas.
Por lo anteriormente sustentado, y con fundamento en los artículos 78, fracción iii, de la constitución política de los estados unidos mexicanos; 127 de la ley orgánica del congreso general de los estados unidos mexicanos; y 58 del reglamento para el gobierno interior del congreso general de los estados unidos mexicanos somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Migración, a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, informen a esta soberanía de las acciones que se encuentran realizando derivado del accidente ocurrido en el estado de Chiapas el pasado 9 de diciembre de 2021.
Notas
1 Nota periodística: “Se recuperan 42 migrantes de accidente de tráiler en Chiapas; 66 siguen internados” de Miguel Díaz publicado en El Mañana el 14 de diciembre de 2021 en la web
https://elmanana.com.mx/nacional/2021/12/14/se-recuperan-42-migr antes-de-accidente-de-trailer-en-chiapas-66-siguen-internados-65316.html
2 De la nota: “Accidente de migrantes en Chiapas fue por exceso de velocidad” publicado en el portal Diario Yucatán, disponible en:
http://diarioacayucan.com/accidente-de-migrantes-en-chiapas-fue- por-exceso-de-velocidad/
3 De la nota: “Video revela que el tráiler del accidente de Chiapas si pasó por caseta de migración” de I. Álvarez publicada el 14 de diciembre de 2021 en el portal web de La Verdad; disponible en
https://laverdadnoticias.com/mexico/Video-revela-que-trailer-del -accidente-de-Chiapas-si-paso-por-caseta-de-migracion-20211214-0122.html
4 De la nota “Crean grupo internacional de acción inmediata contra red de traficantes responsable de accidente de migrantes en Chiapas” publicado en la web Entorno Inteligente. Disponible en
https://www.entornointeligente.com/10/12/2021/crean-grupo-intern acional-de-accin-inmediata-contra-red-de-traficantes-responsable-de-accidente-d e-migrantes-en-chiapas/
5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_200521.pdf
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.– Diputada Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
EXHORTO A LA SCJN, A GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DEL ARRECIFE VERACRUZANO, EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE VERACRUZ
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SCJN a garantizar el acceso pleno a la justicia y el ambiente sano y la protección del arrecife veracruzano, en el amparo que habitantes de Medellín-Boca del Río promovieron contra la ampliación del puerto de Veracruz, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Quienes suscriben, diputadas y diputados, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en lo señalado en el artículo 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de motivos
En 2012 se realizó una modificación a la poligonal del Área Natural Protegida que conforma el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, a fin de “llevar a cabo las obras de ampliación del Puerto” 1 de Veracruz. Dicho poligonal original, “tenía encapsulado al Puerto de Veracruz lo que le impedía su crecimiento”, 2 a fin de solo realizar “actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna, y en general, con la preservación de los ecosistemas y de sus elementos, así como con la investigación, recreación, turismo y educación ecológicos, así como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales”. 3
No obstante lo anterior, con la modificación señalada, y con la eventual autorización de las obras de ampliación del Puerto, se advirtió que la Administración Portuaria Integral de Veracruz “presentó una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fragmentada, lo cual impide evaluar el proyecto de forma integral y considerar todos los impactos acumulativos”, 4 además que se “omitió usar la mejor información científica posible, tan es así que no se manifestó la existencia del arrecife no emergido llamado La Loma, el cual se ubica muy cerca de lo que será la nueva entrada al Puerto”. 5
Por ello, se promovió un amparo contra la “Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) por no garantizar el derecho al medio ambiente sano, utilizando para ello el estándar más alto de protección en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental”, 6 ya que “conlleva impactos ambientales graves en contra de un ecosistema fundamental para garantizar no sólo la preservación de las actividades económicas, las tradiciones culturales y la calidad de vida, sino la sobrevivencia de los habitantes de Veracruz, toda vez que el arrecife es el que hace posible la vida en el Puerto”. 7
Igualmente, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente “presentó argumentos de derecho internacional en un escrito de amicus curiae donde se expone el interés público de la población en proteger al sitio Ramsar y la biodiversidad, a fin de lograr la protección del derecho al ambiente sano”. 8
En ese sentido, recientemente se dio a conocer que un proyecto de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación “propondrá a un juez federal que revise el proyecto relativo a la ampliación del Puerto de Veracruz”, 9 toda vez que “hay pruebas de que podría tener un impacto ambiental en el sistema de arrecifes veracruzano”. 10
Al respecto, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental ha indicado que la “decisión de la Suprema Corte será un importante precedente en materia de acceso a la justicia, pues la Primera Sala pretende determinar si ciudadanos cercanos al arrecife tendrían el derecho de exigir al poder judicial la protección del ecosistema amenazado”. 11 Por lo que, de obtener una resolución favorable, se “confirmaría el derecho que tienen las personas y pueblos de salir a defender los ecosistemas de los que dependen sus proyectos de vida”. 12
Diversas organizaciones han hecho un llamado los integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte a que voten a favor del proyecto del ministro Alcántara Carrancá, a fin de:
“ a) Garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano a través de la adopción de todas las medidas que permitan la preservación y la protección de los arrecifes veracruzanos en riesgo; y,
b) reconocer la importancia de revocar las autorizaciones del proyecto y de evaluarlo de manera completa, haciendo uso de la mejor información científica y considerando la totalidad de arrecifes y humedales que se encuentran en su zona de influencia.” 13
Por lo expuesto sometemos a su consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a garantizar el acceso pleno a la justicia y al medio ambiente sano, y de la protección del arrecife veracruzano, en el amparo en revisión 54/2021, que habitantes de la conurbación Medellín-Boca del Río promueve contra la ampliación del Puerto de Veracruz, dados los impactos ambientales negativos e irreversibles que la obra tendría sobre los arrecifes que se encuentran en dicha zona.
Notas
1 “Ampliación del Puerto de Veracruz dañaría irreversiblemente el Sistema Arrecifal Veracruzano”, CEMDA. Disponible en:
https://www.cemda.org.mx/ampliacion-del-puerto-de-veracruz-danar ia-irreversiblemente-el-sistema-arrecifal-veracruzano/ (consultado el 6 de enero de 2021).
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.
8 Ibid.
9 “Ministro de la Corte propone revisar ampliación del Puerto de Veracruz”, Milenio. Disponible en:
https://www.milenio.com/politica/ministro-scjn-propone-revisar-a mpliacion-puerto-veracruz (consultado 6 de enero de 2021).
10 Ibid.
11 “Llaman a la Suprema Corte a proteger el arrecife veracruzano”, CEMDA. Disponible en:
https://www.cemda.org.mx/llaman-a-la-suprema-corte-a-proteger-el -arrecife-veracruzano/?fbclid=IwAR1L3Yrg0mmjQLzlAQUxgj JTVRtBGFhegqy9LGAkWjeBP3tDdLVgY3rlc20 (consultado el 6 de enero de 2021).
12 Ibid.
13 Ibid.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.– Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
EXHORTO AL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA, A TOMAR LAS MEDIDAS LEGALES NECESARIAS PARA LIBERAR LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Judicial de Puebla a tomar las medidas legales conducentes a liberar las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla para permitir que estudiantes, profesores y directivos retomen actividades de manera presencial o semipresencial, según lo permitan las condiciones de la pandemia por covid-19, suscrita por la senadora Nancy de la Sierra Arámburo
De la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Plural de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Judicial del estado de Puebla a tomar las medidas legales necesarias para liberar las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla, a fin de permitir que las y los estudiantes, maestros y directivos de dicha universidad puedan retomar sus estudios de manera presencial o semipresencial, conforme lo permitan las condiciones de la pandemia por covid-19, con base en las siguientes
Consideraciones
Tras dos años desde el inicio de la pandemia por covid-19, las y los estudiantes universitarios se encuentran ansiosos por retomar sus estudios en la modalidad presencial, en esperanzas de mejorar sus condiciones de aprendizaje, conectar con sus compañeras y compañeros, y disfrutar lo que debería ser una de las mejores etapas de su juventud y desarrollo académico.
Aunque muchas universidades en el país han logrado transitar hacia modelos de educación presencial o semipresencial durante la crisis sanitaria, es lamentable que alrededor de 10 mil jóvenes en Puebla han sido privados de esa oportunidad para continuar con sus estudios, ante la toma de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) por parte de Policía Estatal.
Esta ocupación de las autoridades sobre la UDLAP es resultado de conflictos legales entre miembros de la familia Jenkins, heredera del patrimonio de William O. Jenkins y Guillermo Óscar Jenkins, quien a través de la Fundación Mary Street Jenkins destinó grandes sumas de dinero a obras en favor de Puebla y México. Cabe señalar que los abogados de la familia Jenkins, incluyendo al abogado general de la UDLAP, también han sido parte de estos conflictos.
Después de que Guillermo Jenkins de Landa, nieto de Guillermo Óscar Jenkins, denunció a su madre y sus hermanos por lavado de dinero, el Poder Judicial liberó ordenes de aprehensión a inicios de junio de 2021 contra dichos familiares y sus abogados por su probable responsabilidad en un fraude de más de 14 mil millones de pesos. Esto se suma a las órdenes de captura que ya existían contra ellos por el presunto desfalco de más de 700 millones de dólares de la Fundación Jenkins. 1
En el pasado, el abogado representante de Guillermo Jenkins de Landa ha dado a conocer que la Fundación Jenkins es insolvente para cumplir con los cientos de millones de pesos que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) le requiere y solo cuenta con el terreno donde se ubica la UDLAP como garantía. En consecuencia, el litigio entre los Jenkins ha derivado en una orden judicial para embargar la universidad, así como para realizar una auditoría legal, fiscal y contable de la administración de la universidad.
Los efectos de esa orden perduran hasta el día de hoy, en el que han pasado más de 6 meses desde que las autoridades tomaron la UDLAP con el uso innecesario y desmedido de la fuerza pública, a través de armas de alto calibre, la presencia de policías auxiliares y elementos de seguridad privada al interior de la institución educativa. Desde luego, esto ha creado un sentimiento de despojo y alarma entre la comunidad universitaria, quien percibe estas medidas como violencia contra del derecho a la educación.
Cabe señalar que la Rectoría de la UDLAP ha sufrido inestabilidad desde julio, cuando se nombró rector a Armando Ríos Piter, a quien el Consejo Empresarial de la UDLAP desconoce como tal, ya que supuestamente no satisface los requisitos para desempeñar tal función, de acuerdo con el Estatuto Orgánico de la UDLAP. Además, el exrector Luis Ernesto Derbez fue acusado por la Fiscalía General del estado de Puebla por crear empresas para desviar recursos de la UDLAP hacia la Fundación Mary Street Jenkins. Ahora, Cecilia Anaya Berrios es rectora interina de la universidad, tras ser nombrada como tal por el patronato encabezado por Margarita Jenkins, madre de Guillermo.
Esta inestabilidad ha causado franca preocupación a las y los poblanos respecto a una de sus mayores casas de estudio, así como ha ocasionado una enorme ola de incertidumbre para las y los universitarios inscritos a la institución, cuya matrícula está mayormente conformada por estudiantes de otras entidades federativas. Así, la toma de la UDLAP no solo afecta a las y los poblanos, sino que trastoca la vida de muchas personas más allá de nuestro estado. Por ello, es imperante traer claridad y soluciones a este conflicto que solo ha exacerbado los obstáculos que las y los estudiantes ya enfrentan ante esta pandemia.
A inicios de octubre de 2021, las y los universitarios y el personal administrativo de la UDLAP se manifestaron bajo consignas como “ UDLAP Libre”, “Libros sí, armas no”, “Fuera Armas” y “Respeten mi derecho a estudiar”, exigiendo acceso a las instalaciones de la universidad para poder retomar sus estudios de manera presencial y de conformidad con los protocolos necesarios para prevenir contagios de covid-19. Las protestas han continuado a lo largo de este proceso al que ha sido sometido la UDLAP, incluso durante el 31 de diciembre del año pasado, cuando estudiantes, trabajadores y padres de familia se manifestaron en la Plaza de la Soberanía del estado de Veracruz, ya que por lo menos el 30 por ciento del alumnado de la UDLAP proviene de esa entidad federativa.
Cabe destacar que el 7 y 15 de diciembre de 2020, el Juzgado 24 de lo Civil de la Ciudad Civil de la Ciudad de México envió sendos exhortos al Poder Judicial de Puebla y a las autoridades de Cholula, para devolver el campus de la UDLAP a las autoridades encabezadas por la rectora interina, Cecilia Anaya Berríos. Las autoridades mencionadas, particularmente el Juzgado Segundo de lo Civil de Cholula, han evitado cumplir con este llamado, incrementando la desconfianza entre la comunidad UDLAP, que ha expresado su descontento e inconformidad a través de múltiples medios. Asimismo, este caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aún no ha emitido la sentencia correspondiente.
Las y los jóvenes que han exigido a las autoridades reabrir las instalaciones universitarias, plantean sus exigencias desde la desesperación y desde la añoranza por disfrutar de su vida universitaria y por prepararse para su futuro desarrollo profesional. La juventud acude a las universidades a conocer grandes personajes, a sostener conversaciones inspiradoras con el personal académico, a colaborar con investigadores en el laboratorio y a experimentar la vida social en el campus. 2 Esto es lo que las personas inscritas a la UDLAP están reclamando con absoluta legitimación y justificación; y corresponde a las autoridades del Estado responder de manera pronta y contundente.
Además, no debe pasar desapercibido que la emergencia sanitaria ha traído dificultades en el proceso de aprendizaje para la educación superior. En este sentido, José Antonio Miguel Román de la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, realizó una investigación al respecto, en la que realizó encuestas a estudiantes universitarios que expresaron algunas de sus inconformidades respecto a la educación virtual. Las siguientes tablan reflejan con claridad los hallazgos de Miguel Román:
De lo anterior, puede colegirse que la inconformidad de las y los alumnos ante la educación virtual, deviene de la falta de organización, comunicación y acceso a internet que se presenta en algunos casos. Por lo que es necesario tomar las medidas necesarias para habilitar el regreso escalonado a las universidades, tal como la UDLAP lo tenía previsto a través de su plan de “Regreso Seguro al Campus”. 3
El 12 de octubre de 2021, la UDLAP cumplió su 81 aniversario en medio de esta tragedia conflictiva, en la que el alumnado y el personal son quienes más salen perdiendo, pues sus futuros dependen de la reapertura de la institución. Esta universidad que aporta más de 74 programas académicos al estado de Puebla; y que logra que el 97 por ciento sus egresados sean contratados durante su primer año de egreso, merece y necesita ser reabierta por su trascendencia social y económica para Puebla y México.
Las autoridades del estado deben tomar acciones para que la UDLAP vuelva a abrir sus puertas a las y los alumnos, tal como lo mandata el artículo 3, fracción X de nuestra Constitución, que establece:
X. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.
Con un espíritu solidario, varias universidades como la Universidad Iberoamericana, el Tec de Monterrey campus Puebla, la Universidad Anáhuac, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y la Universidad Madero, por mencionar algunas, se han unido al llamado a la reapertura de la UDLAP, invocando el respeto a la legalidad y al trato digno a quienes conforman las comunidades educativas en Puebla. Desde el Congreso de la Unión, es momento de que unamos nuestras voces a este llamado por el derecho a la educación de las y los poblanos.
Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Poder Judicial del estado de Puebla a tomar las medidas legales necesarias para liberar las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla, a fin de permitir que las y los estudiantes, maestros y directivos de dicha universidad puedan retomar sus estudios de manera presencial o semipresencial, conforme lo permitan las condiciones de la pandemia por covid-19.
Notas
1 https://politica.expansion.mx/mexico/2021/06/29/policias-toman-las-instalacione s-de-la-universidad-de-las-americas-puebla
2 Oecd 1
https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/EAG2020_COVID%20Broch ure%20ES.pdf
3 https://www.udlap.mx/regresoalcampus/
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.– Senadora Nancy de la Sierra Arámburo (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
COMPARECENCIA DE LOS TITULARES DE LA UNIDAD DE POLÍTICA MIGRATORIA, REGISTRO DE IDENTIDAD DE PERSONAS DE LA SEGOB, Y DEL INM, PARA INFORMAR ACERCA DE LA CRISIS MIGRATORIA
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar la comparecencia de los titulares de la Unidad de Política Migratoria, el Registro de Identidad de Personas de la Segob y el INM para que informen de la crisis migratoria que se vive en el país, a cargo de la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Gina Andrea Cruz Blackledge, senadora de la república por el estado de Baja California e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita la comparecencia de las personas titulares de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, y del Instituto Nacional de Migración, para que informen a detalle acerca de la crisis migratoria que se vive en nuestro país, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En el artículo segundo de la Ley de Migración se señala que “la política migratoria del Estado mexicano es el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados que con fundamento en los principios generales y demás preceptos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados y convenios internacionales en los que el Estado mexicano sea parte y la presente ley, se plasman en el reglamento, normas secundarias, diversos programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes”. 1
Asimismo, el mismo ordenamiento señala los principios en los que se sustenta la política migratoria nacional, entre los que destacan: el respeto irrestricto a los derechos humanos, congruencia en el trato al migrante (admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido), atención de las diversas manifestaciones de la migración en México (origen, tránsito, destino y retorno de migrantes), responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países, hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riego su vida, facilitación de la movilidad, reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes, interés superior de las niñas, niños, adolescentes, perspectiva de género y convencionalidad.
Destaca la citada ley que “el Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil organizada, tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y fronteriza”.
Recordemos que la migración es una aspiración humana fundamental que se origina en factores y circunstancias como la necesidad de buscar mejores condiciones de vida, escapar de situaciones de violencia e inestabilidad política que se vive en los países de origen, la depredación del medio ambiente y el desplazamiento forzado de comunidades.
Nuestro país, por su situación geográfica, registra una intensa dinámica migratoria y se ha convertido, hoy más que nunca, en una nación de tránsito de miles de migrantes en busca del llamado “sueño americano”. Mientras que, en 2019, la Customs and Border Protection (CBP), reportó la detención de un millón 148 mil 24 inmigrantes indocumentados, al año siguiente, en el 2020, esta cantidad se redujo a 646 mil 822. Para el 2021 se dio un incremento importante en el número de detenidos, llegando a un millón 956 mil 519. Al cierre de 2021, el número de encuentros se ha reducido a 384 mil en parte como resultado de la aplicación del programa “Quédate en México”.
Por otro lado, el número de solicitudes de refugio que se han presentado en México, se incrementó, de 41 mil en 2020, hasta alcanzar las 123 mil 187 en el periodo enero-noviembre de 2021. Los Estados Unidos establecieron en el año 2021, un techo de 62 mil 500 solicitudes de refugio, mientras que la cifra que ha propuesto el Ejecutivo al Congreso para el año 2022 es de 125 mil solicitudes.
Desde el inicio de esta administración, las y los legisladores de Acción Nacional advertimos que las declaraciones del aún presidente electo López Obrador eran preocupantes y faltas de una visión clara de una política migratoria eficaz y ordenada, sin un diagnóstico cierto y viable, ya que en octubre de 2018 prometió visas y trabajo para migrantes centroamericanos, lo que generó un incentivo para que los migrantes, principalmente del triángulo del norte, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, se organizaran en una modalidad de migración no individual, que son las caravanas que han cruzado por nuestro país. Estos flujos generaron una presión inédita en nuestras fronteras norte y sur y provocaron una reacción del gobierno de Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles progresivos si no se contenían los flujos de transmigrantes.
Como resultado de la presión, el gobierno mexicano dio un giro radical a su política migratoria y desplegó a la Guardia Nacional en la frontera sur, construyéndose así un muro humano que ha contenido los flujos migratorios. De acuerdo con datos del primer Informe de Gobierno en 2019 había en nuestro país 24 mil 92 migrantes, de los cuales más de la mitad se ubicaban en Baja California y Chihuahua y un 15 por ciento en Chiapas. En el tercer Informe de Gobierno en 2021, las solicitudes de refugio del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021 sumaron un total de 68 mil 706 personas, siendo el estado de Chiapas el primer lugar con más de 29 mil casos con 49 mil 298 personas con esta condición, esto refleja el número creciente de personas migrantes que siguen llegando a nuestro país y el agravamiento de la política migratoria de contención, con el despliegue de la Guardia Nacional.
También las y los legisladores de Acción Nacional señalamos, desde el inicio de esta errática política migratoria nacional, que se violentó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal al delegar la facultad migratoria a la Secretaría de Relaciones Exteriores, hecho que se consumó con la publicación, el 19 de septiembre de 2019, del Decreto por el que se crea la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria. Con el decreto se facultó para que la comisión fuera encabezada por la Cancillería. El artículo 4 del decreto prevé como función de la comisión: “Establecer las acciones de carácter prioritario y de ejecución inmediata que se requieran para dar cumplimiento a la estrategia de coordinación en materia migratoria”.
Aunado a la falta de una política real migratoria, la pandemia del covid-19 ha agravado la situación de las y los migrantes que se ubican en nuestras fronteras ocasionando una crisis humanitaria de graves consecuencias que debe ser atendida, ya que los albergues y casas de migrantes, que recibían recursos públicos, desde el inicio de esta administración dejaron de recibirlos por una decisión abiertamente irresponsable, lo que ha llevado a que presenten carencias en algunos de sus servicios, como ya lo hemos venido denunciando en mi estado Baja California donde se dieron cortes de agua a albergues de migrantes, deportados y refugiados, situación a todas luces inaceptable porque atenta contra las condiciones de vida de las personas que viven en dichos lugares y pone en riesgo su salud y bienestar humano.
Asimismo, entre los principales factores que han provocado la crisis actual está la falta de apoyos gubernamentales a organizaciones de la sociedad civil que atienden a migrantes, la reducción continua de recursos a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), la criminalización de la migración, violaciones reiteradas de los derechos humanos de las y los migrantes por parte de autoridades mexicanas y la ineficaz lucha contra organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas. La situación de los campamentos en ambas fronteras es grave: estamos ante una crisis humanitaria y de derechos humanos.
Las y los legisladores de Acción Nacional señalamos y alzamos la voz para definir que el 2021 debe considerarse como un año de crisis y retroceso en materia migratoria ya que el gobierno federal no ha tenido una estrategia clara para atender el fenómeno migratorio. México lamentablemente se ha convertido en el país más peligroso para el tránsito de migrantes y desafortunadamente se siguen presentado tragedias, además del creciente tráfico de personas desde Centroamérica. La reciente tragedia que se dio en Chiapas con 56 migrantes muertos el pasado mes de diciembre ha puesto en evidencia la fragilidad institucional y el fracaso de la política migratoria.
Denunciamos que el despliegue de la Guardia Nacional ha tenido consecuencias adversas en materia de política migratoria, ya que la Guardia carece de protocolos para la atención de migrantes y de formación en materia de derechos humanos, migración, asilo y refugio. Además, la Guardia debería estar al servicio de la seguridad interior y no para actuar como muros y barreras.
Sumado a la crisis anterior, el pasado mes de agosto, la Corte Suprema de los Estados Unidos obligó al gobierno del presidente Joe Biden a reactivar el programa “Quédate en México”, por lo que el gobierno mexicano accedió a ser nuevamente el patio trasero de los Estados Unidos, sin condiciones para garantizar el tránsito y la estancia segura en nuestro país.
Al respecto de este programa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (institución que en los hechos ha estado muy alejada de pronunciarse y emprender acciones al respecto de esta crisis migratoria), presentó el Informe Especial sobre el Programa “Quédate en México”, donde destaca que México no cuenta con la infraestructura necesaria para dar acogida, protección ni integración de las personas que soliciten asilo, ni existe coordinación entre el gobierno federal, ni los gobiernos estatales, ni municipales en la frontera norte, y recomienda que el Congreso de la Unión dialogue sobre instrumentos jurídicos y presupuestales necesarios para atender esta crisis migratoria.
De lo anterior, es imprescindible y necesario que en estos momentos la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, por medio de las personas encargadas de la Política Migratoria Nacional y del Instituto Nacional de Migración, comparezcan ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con la finalidad de que informen a detalle sobre la grave crisis migratoria que lamentablemente se vive en nuestro país, expliquen la Política Migratoria que está llevando a cabo el Estado y la forma como los recortes presupuestales de la mal llamada “austeridad republicana”. les afectan en el desempeño de sus labores.
Asimismo, esta soberanía debe conocer los efectos e implicaciones económicas, de salud, de educación y de atención a los derechos humanos que se están teniendo las entidades federativas fronterizas de nuestro país ante esta crisis migratoria.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita la comparecencia de las personas titulares de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, y del Instituto Nacional de Migración, para que informen a detalle acerca de la crisis migratoria que se vive en nuestro país.
Nota
1 Ley de Migración. Artículo 2.
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_200521.pdf
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.– Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge (rúbrica).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
EXHORTO AL TEPJF Y A LA SCJN, A EJECUTAR LAS DILIGENCIAS NECESARIAS FRENTE AL PROCESO POR EL CUAL EL INE PODRÍA LLEVAR A CABO UNA CONSULTA SOBRE LA REVOCACIÓN DE MANDATO
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la SCJN a ejecutar diligencias legales frente al proceso por el cual el INE podría llevar a cabo una consulta sobre la revocación de mandato para que no se permitan diligencias inconstitucionales motivadas por el interés político de los partidos, en vulneración de la autonomía y facultad de las instituciones, a cargo de la senadora Nuvia Mayorga Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI
La senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El jueves 2 de septiembre de 2021 las bancadas de los Partidos Morena, PVEM y PT en la Cámara de Diputados, lograron la aprobación de la Ley de Juicio Político y Declaraciones de Procedencia (LJPDP) con 266 votos a favor y 205 en contra, la Cámara emitió la nueva ley reglamentaria de los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 constitucionales en materia de juicio político, declaración de procedencia y responsabilidad penal del presidente. Esta nueva legislación permite regular los procedimientos para sancionar a servidores públicos que violen la ley, abusen de su cargo o hagan uso indebido de recursos públicos. La expedición de esta ley también implicó la abrogación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que fue calificada por la bancada de Morena como obsoleta y fuente de ambigüedades. Una de las peculiaridades de la ley es que la Cámara de Diputados adquiere la facultad de iniciar un juicio político contra alguien si se presenta como asunto en el pleno y cuenta con el apoyo de la mayoría absoluta. También se incluyen las posibilidades de que el Presidente de la República sea imputado y juzgado por diversos delitos; y que cualquier ciudadano puede presentar una denuncia en contra de servidores públicos.
Poco después de ser aprobada en la Cámara de Diputados, la ley fue aprobada por unanimidad en el Senado de la República. En diciembre de 2021, Morena dio a conocer que pretende iniciar un juicio político en contra de seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que votaron a favor de aplazar la consulta de revocación de mandato por no contar con el suficiente presupuesto para llevarla a cabo. Esto se debe a que los diputados de Morena se negaron a entregar al INE dichos recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. En realidad, la Constitución establece que se iniciará juicio político contra los servidores públicos que “en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”. En la Ley de Juicio Político se explica que las instancias en las que ocurre lo anterior son: i) infracciones a la Constitución o a las leyes federales que afecten gravemente a la federación, a los estados, o a la sociedad, así como afectaciones serias al funcionamiento normal de las instituciones; ii) violaciones graves a las garantías individuales o sociales; iii) violaciones a los derechos políticos de los ciudadanos; y iv) violaciones graves a los planes, programas y presupuestos federales.
A pesar de las acusaciones de la bancada líderes del partido en el poder, los expertos aseguran que estas son infundadas y es probable que no prosperen. El investigador del Instituto para el Fortalecimiento del Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Raúl Mejía, afirma que el futuro de la consulta es incierto de entrada, porque deben recopilar un cierto número de firmas en un cierto número de estados. Además, la ley marca condiciones muy específicas para realizar la consulta, por lo que el tema del presupuesto no es menor ni secundario, como afirmó Mario Delgado. Por su parte, el constitucionalista de la Universidad La Salle, y vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Julio Jiménez, argumenta que las declaraciones de Morena son en realidad una estrategia mediática, dado que las acciones de los consejeros del INE no corresponden con ataques a las instituciones democráticas, al gobierno, a la Constitución, ni violan los derechos electorales de la ciudadanía, por lo que es probable que el tema se judicialice. Otro escenario posible es que el INE se vea obligado a llevar a cabo la consulta sin los medios suficientes y si los consejeros se niegan, podría proceder un juicio en su contra.
Para este escenario Morena necesita de mayoría calificada en la Cámara para poder promover el juicio político en contra de los consejeros (artículo 20, LJPDP). La consecuencia directa de esto es que los consejeros quedan inhabilitados para desempeñar su cargo (artículo 35, LJPDP). Esto significa que los seis consejeros acusados podrían ser separados de sus funciones si inician un juicio político en su contra, sean hallados culpables o no. Esto implica que se tendría que llevar a cabo otro proceso de selección para nombrar nuevos consejeros. La elección de los consejeros se lleva a cabo de la siguiente manera: la Cámara de Diputados abre una convocatoria pública con los requisitos para ser aspirante a consejero electoral e integra un Comité Técnico de Evaluación compuesto por siete perfiles; dos perfiles propuestos por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, dos más por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y tres por la propia Cámara de Diputados. El Comité Técnico evalúa los perfiles y presenta a la Cámara los que considere idóneos, y finalmente éstos son votados para obtener a los siguientes consejeros.
Tal como lo señalaron los expertos, resulta evidente que Morena despliega una estrategia que cumple con varios objetivos: i) convencer a la opinión pública de que su partido es víctima del INE; ii) presionar a los consejeros para que el INE lleve a cabo la consulta de revocación de mandato sin los recursos que se les debe otorgar por ley; iii) en el peor de los casos, se puede remover a los consejeros mediante la figura legal del juicio político y comenzar un nuevo proceso de elección, en el que pueden integrar perfiles más obedientes a los objetivos de Morena y el gobierno. La estrategia es tramposa y hace una burla de las instituciones y las leyes mexicanas. Ningún partido político debería tener reparo en desacreditar al árbitro electoral nacional ni en buscar la remoción de sus consejeros por el simple hecho de no adecuarse a sus designios sobre la consulta de revocación de mandato, que tal como está planteada se asemeja más a una consulta de ratificación. Esta remoción daría al partido hegemónico la oportunidad de inmiscuirse de nuevo en la designación de los consejeros, establecer un patrón de castigo para los que se oponen a sus arrebatos contra le ley y, además, asestaría un golpe político y mediático en contra de la institución democrática más importante del país.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en el ejercicio de sus funciones ejecuten las diligencias legales y necesarias frente al proceso por el cual el Instituto Nacional Electoral podría llevar a cabo una consulta sobre la revocación de mandato. Para que no se permitan diligencias inconstitucionales motivadas por el interés político de los partidos, vulnerando la autonomía y facultad de las instituciones.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.– Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado (rúbrica).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
SE PROMUEVA E IMPULSE UNA AGENDA MIGRATORIA EN FAVOR DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES MIGRANTES
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades e instituciones a promover e impulsar la agenda migratoria en favor de la salvaguarda y protección de los derechos de las migrantes y realizar mayores acciones para erradicar y combatir la violencia, a cargo del senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se convoca a diversas autoridades e instituciones a promover e impulsar la agenda migratoria en favor de la salvaguarda y protección de los derechos de las mujeres migrantes y a realizar mayores acciones para erradicar y combatir las diversas formas de violencia que sufren por su condición migratoria, con base en las siguientes
Consideraciones
A nivel mundial, el fenómeno de la violencia en contra de las mujeres sigue siendo un tema de la mayor relevancia y preocupación. Pese a que existen importantes esfuerzos impulsados por diversos organismos internacionales y por gobiernos de un gran número de países, las cifras sobre las diversas formas de violencia y la desigualdad entre géneros son alarmantes y están muy lejos de mostrar resultados positivos.
Datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) revelan que, en el mundo, el 35 por ciento de las mujeres ha sufrido al menos una vez en su vida violencia física o sexual y 137 de ellas son asesinadas diariamente. Se estima que de las 87 mil mujeres asesinadas más de la mitad (50 mil) perdieron la vida por las propias manos de uno de sus familiares o sus parejas íntimas. Más de un tercio de las mujeres fueron víctimas de feminicidios (30 mil), menos del 40 por ciento de aquellas que experimentaron algún tipo de violencia buscaron ayuda y menos del 10 por ciento denunciaron los hechos.
Es preocupante que solo 155 países tengan leyes sobre la violencia doméstica y solo 140 cuenten con legislación sobre el acoso sexual en el ámbito laboral. Pese a la existencia de algunas leyes y diversos ordenamientos, éstos no necesariamente se ajustan a las normas y recomendaciones internacionales y no implica que se ejecuten y se cumplan.
Las mujeres y niñas suman el 72 por ciento de las víctimas de trata a nivel mundial y las mujeres adultas representan cerca de la mitad de las víctimas (49 por ciento). Dicha actividad tiene fines de explotación sexual, en la mayoría de los casos. Por otro lado, estimaciones de dicho organismo refieren que 15 millones de niñas adolescentes, de entre 15 y 19 años, han experimentado relaciones sexuales forzadas; y la violencia de género en las escuelas es un obstáculo determinante en la escolarización universal y el derecho de las niñas a la educación. 1
Aunado a lo anterior, datos recientes revelaron que durante la crisis de salud originada por la pandemia del covid-19, la violencia contra las mujeres y las niñas se intensificó en países de todo el mundo. Las medidas de bloqueo para limitar la propagación del virus volvieron más vulnerables a las mujeres y las niñas que ya sufrían violencia en sus hogares porque esta situación las aisló de las personas y los recursos institucionales de ayuda. Lo anterior pudo constatarse por el incremento de las llamadas a las líneas de atención de casos de violencia en el hogar. 2
Si bien esta situación es crítica, existe un sector poblacional de mujeres que sufre violencia día a día y está fuera de cualquier estadística, es prácticamente invisible ante organismos internacionales e instituciones formales. La violencia en contra de mujeres migrantes o en tránsito es un grave problema que solo está en el radar de organizaciones civiles y no gubernamentales, algunas instituciones académicas y de gobierno.
Información de ONU Mujeres estima que el 50 por ciento de los refugiados del mundo son mujeres y niñas, y que 1 de cada 5 mujeres refugiadas o desplazadas han sido víctimas de violencia sexual. 3
Por otro lado, datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) refieren que las mujeres representan poco menos de la mitad de la población mundial de migrantes internacionales: el 48.1 por ciento que equivale a 135 millones. En el periodo del 2000 a 2020 la proporción de mujeres migrantes ha disminuido del 49.4 por ciento al 48.1 por ciento, aunque en la región latinoamericana y caribeña esta proporción es ligeramente menor, 49.5 por ciento de mujeres y 50.5 por ciento hombres. Respecto a la proporción, entre hombres y mujeres, de trabajadores migrantes es casi la misma, la cual se diferencia a nivel mundial que es de 58.4 por ciento trabajadores y de 41.6 por ciento de trabajadoras migrantes internacionales. Para el caso de México, la proporción de mujeres migrantes en la población de inmigrantes internacionales fue de 49.8 por ciento para el 2020. 4
En una investigación realizada por la organización civil Sin Fronteras identificaron diversas problemáticas y factores que incrementan la vulnerabilidad de las mujeres migrantes a ser víctimas de violencia. Además de las diversas limitantes y dificultades para desarrollar esquemas de protección por falta de información y estadísticas gubernamentales que visibilicen a este sector. 5 En el mismo tenor, un estudio realizado por ONU Mujeres sobre las trabajadoras migrantes en la frontera sur de nuestro país identificó que, si bien se han realizado investigaciones sobre la vulnerabilidad, la violencia y los riesgos en las trabajadoras migrantes, en especial de aquellas mujeres migrantes que laboran en actividades agrícolas, domésticas y sexuales, se han focalizado en algunas regiones del país en la frontera sur. Además, destaca que no existen instrumentos estadísticos que identifiquen plenamente el tiempo de las trabajadoras migrantes en el territorio nacional y a las trabajadoras transfronterizas para reconocer las diferencias demográficas y laborales relevantes en comparación con las migrantes temporales. 6
Recientemente, en la sede del Senado de la República se presentó el libro Callan por miedo. Personas migrantes cuentan su historia en lecherías del estado de Washington, el cual relata una serie de vejaciones y violaciones sistemáticas que viven constantemente migrantes mexicanos en ese estado norteamericano.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición de urgente resolución con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión invita, de manera respetuosa, al Instituto Nacional de las Mujeres, al Instituto Nacional de Migración, a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en el marco de sus atribuciones legales, se realicen mesas de trabajo con las diversas Comisiones en la materia para impulsar medidas y acciones en contra de los diversos tipos de violencia que viven principalmente las mujeres migrantes mexicanas en el extranjero y mujeres migrantes o en tránsito de otras nacionalidades dentro del territorio nacional.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca, de manera respetuosa, a la Secretaría de Relaciones Exteriores a estrechar los mecanismos de colaboración institucional entre poderes para fortalecer las redes consulares e impulsar y fortalecer, de manera conjunta, la agenda migrante en favor de la salvaguarda y protección de los derechos de las personas migrantes, principalmente de las niñas y mujeres migrantes mexicanas.
Notas
1 ONU. Hechos y cifras: Poner fin a la violencia contra las mujeres. ONU Mujeres. 2020. [En línea] [Fecha de consulta: 02—Diciembre—2021] Disponible en:
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violenceagainst-wom en/facts-and-figures
2 ONU. La pandemia en la sombra: violencia contra las mujeres durante el confinamiento. ONU Mujeres. Noticias “En la mira”. [En línea] [Fecha de consulta: 02—Diciembre—2021] Disponible en:
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/in-focus-gender-equalit y-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19
3 ONU Mujeres. Mujeres refugiadas y migrantes. En la mira. [En línea] [Fecha de consulta: 02-Diciembre-2021] Disponible en:
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-refugees-and-migr ants#notes
4 OIM. Género y migración. Estadísticas de la inmigración y emigración. 11/mar/21 [En línea] [Fecha de consulta: 02-Diciembre-2021] Disponible en:
https://www.migrationdataportal.org/es/themes/genero-ymigracion
5 Venet, Fabienne Coord. Mujeres migrantes en situaciones de violencia familiar en México: retos y recomendaciones. Sin fronteras, I.A.P. México. 2008. P. 4 21 [En línea] [Fecha de consulta: 02-Diciembre-2021] Disponible en:
https://sinfronteras.org.mx/wp-content/uploads/2018/12/Mujeres-m igrantes-en-situaci%C3%B3n-de-violencia-familiar-en-M%C3%A9xico.-Retos-y-Recome ndaciones_2008-1.pdf
6 ONU Mujeres. Las trabajadoras migrantes en la frontera sur de México. Hacia una agenda de investigación. Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. México. 2015. Pp. 43-45.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.– Senador Raúl Bolaños-Cacho Cué (rúbrica).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
SE REVISEN LAS MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, CENTROS DE TRABAJO Y ESCUELAS, ANTE EL INCREMENTO DE CASOS POR LA VARIANTE ÓMICRON
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los tres órdenes de gobierno a fortalecer y revisar las medidas de contención y prevención del covid-19 en establecimientos mercantiles, centros laborales y escuelas ante el incremento de casos por la variante Ómicron, cargo de la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del PT
La senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno a fortalecer y revisar las medidas de contención y prevención de la covid-19 en los establecimientos mercantiles, centros de trabajo y escuelas ante el incremento de casos derivados por la variante ómicron, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El incremento constante en los últimos días de casos de covid-19 indica que México está en la cuarta ola de la epidemia, habiendo muchos contagios por [a circulación de las variantes del virus delta y ómicron. Sin embargo, en esta ocasión las y los mexicanos se encuentran, en su mayoría, vacunados lo que reduce el riesgo de hospitalización y muerte. Al 4 de enero de 2022, a nivel mundial se han reportado 290 millones 959 mil 019 casos confirmados y 5,446, 753 defunciones. En las últimas 24 horas se reportaron 1 ,276,532 casos y 4,632 defunciones a nivel global. 1
En México hasta el 4 de enero se han confirmado 4, 008,648 casos totales y 299,711 defunciones totales por covid-19. La tasa de incidencia de casos acumulados es de 3,080.8 por cada 100,000 habitantes. Y la distribución por sexo en los casos confirmados muestra un predomino en mujeres (50.3%), mientras que la mediana de edad en general es de 39 años.
La primera vez que se detectó un caso positivo a la variante ómicron en México fue el pasado 3 de diciembre de 2021 y desde entonces se han confirmado contagios en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Sinaloa, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Puebla, Tamaulipas, Baja California Sur, Baja California, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
Ante la nueva ola de contagios y el incremento exponencial de casos positivos, es necesario señalar la omisión, desdén y la ligereza con que se está atendiendo por parte de las autoridades a la pandemia.
Ante el surgimiento de nuevas variantes del virus Sars-CoV-2 debemos estar alertas y adaptar las medidas de protección para la población ante la realidad de cepas más contagiosas, que si bien aún no han dado como resultado un incremento en el número de hospitalización y muertes, si tienen el potencial de abrumar al sistema de salud pública y privada de nuestro país, por el incremento considerable de la demanda de servicios médicos ante el alza de los contagios.
Recordemos que el miércoles 24 de noviembre de 2021 se publicó en el diario británico The Guardian un artículo titulado “Científicos advierten de una nueva variante de covid con mayores mutaciones”. En el que se hizo mención de la aparición de una nueva variante denominada B. 1.1.259 “ómicron”, la cual ha impulsado nuevas olas de contagio alrededor de todo el planeta gracias a su amplia capacidad de infección.
La variante ómicron presenta treinta y dos mutaciones en la proteína S (spike), las cuales han puesto a prueba la eficacia de las vacunas existentes, así como de los sistemas de pruebas de detección del virus a nivel mundial. Dado que las mutaciones en dicho componente del virus han alterado su capacidad para infectar células humanas sanas y su velocidad de propagación.
Dichas mutaciones hacen más rápida y sencilla su transmisión; es decir, es más contagiosa. Asimismo, las alteraciones genéticas del virus lo han vuelto más complicado de detectar. De acuerdo con un comunicado de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), que “las pruebas de antígenos sí detectan la variante ómicron, pero presentan una sensibilidad disminuida”. 2 Por lo tanto, las personas deben realizarse más de una prueba de antígenos o la prueba de reacción en cadena por la polimerasa (PCR) para contar con un diagnóstico certero.
El pasado 4 de enero del presente año científicos en Francia anunciaron la identificación de una nueva variante de covid-19 denominada IHU, la cual tiene 46 mutaciones más que ómicron y podría ser más contagiosa, según los expertos. 3
El Instituto Hospitalario Universitario de Marsella lo comunicó el pasado 9 de diciembre en su cuenta de Twitter. Según este centro especializado en enfermedades infecciosas, los primeros casos de la variante, localizados por los científicos en la localidad de Forcalquier, en el departamento de Alpes de Alta Provenza.
Como se ha visto, hoy, los sistemas de salud de diversos países europeos están abrumados por las nuevas variantes del virus y han implementado nuevamente medidas de distanciamiento social para intentar romper la cadena de contagios. Por ejemplo, Estados Unidos de América rompió el récord mundial de contagios (en un periodo de 24 horas) al registrar 1,082,549 de nuevos casos el 4 de enero de 2022. 4 Por su parte, Reino Unido detectó 218,724 casos.
En nuestro país debemos actuar de inmediato. Es necesario que este nuevo inicio de año venga acompañado de medidas para reducir y contener los casos.
Continuemos con el fortalecimiento de las medidas de prevención y protocolos de seguridad sanitaria en los centros de trabajo, en las terminales de camiones, en los aeropuertos, en los cines, en los restaurantes, en los gimnasios, en los centros de espectáculos y en los centros comerciales, solo por mencionar algunos.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos el tema de la salud prioritario para el pleno desarrollo de la persona y de la colectividad, por lo que el incremento de casos no debe tomarse a la ligera.
La pandemia no ha terminado, las medidas mínimas de higiene personal deben ser hábitos que todas las personas deben asumir. Es momento de unir fuerzas y combatir al virus desde nuestra trinchera.
Debe replantearse nuevamente el teletrabajo como medida para contener los contagios en los centros laborales. Las escuelas deben valorar si las clases pueden continuar de manera presencial y/o a distancia.
La sociedad, sin excepción, debe comprender que la sana distancia es la principal herramienta para frenar los contagios. Es hora de valorar si esa reunión, fiesta o convivencia con amigos, familia o seres queridos vale más que nuestra salud y la de ellos.
Ante la cuarta ola es necesario fortalecer aún más a nuestro sistema de salud pública y tomar las previsiones para contar con los insumos y el personal capacitado para atender a la población afectada por la pandemia.
Asimismo, es necesario brindar incentivos para que el personal médico, administrativo y de apoyo de las instituciones públicas reciba una justa retribución por su incansable esfuerzo. Por ello en el segundo semestre de 2021 presenté una iniciativa para que en casos de epidemia de carácter grave se incremente su sueldo en un 100 por ciento.
En el Grupo Parlamentario continuamos trabajando para implementar la legislación y exhortos necesarios a las autoridades competentes para que se tomen las acciones de salud pública pertinentes para proteger y garantizar el derecho humano a la protección de la salud.
Sigamos cuidándonos, protegiéndonos y respetemos las medidas de higiene y salud.
¡Cuando te cuidas, cuidas a los demás!
Por lo anteriormente expuesto, presentamos a esta honorable Comisión Permanente, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno a fortalecer y revisar las medidas de contención y prevención de la covid-19 en los establecimientos mercantiles, centros de trabajo y escuelas ante el incremento de casos derivados por la variante ómicron.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Comisión Federal de Protección Riesgos Sanitarios para que determine la eficacia de las pruebas para la detección del virus SARS-CoV-2 con la variante ómicron. Y para que, en coordinación con la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las treinta y dos entidades federativas, verifiquen que los laboratorios privados que realizan pruebas para detectar el virus cuenten con los protocolos adecuados para la recepción y atención de pacientes.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que sigan instando suficientes locaciones para realizar la mayor cantidad de pruebas posibles para la detección del virus SARS-CoV-2.
Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública para que los protocolos de actuación para el cuidado y prevención de contagios en alumnos, personal docente y de apoyo en todo el sistema escolar, se haga observando las medidas más estrictas de acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Salud.
Notas
1 Comunicado técnico Diario de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/690595/Comunicado _Técnico_Diario-Covid19_2022.01.04.pdf
2 SARS-CoV-2 Viral Mutations: Impact on Covid-19 Tests. Food and Drug Administration. 15 de diciembre de 2021. (Disponible en:
https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-andmedi cal-devices/sars-cov-2-viral-mutations-impact-covid-19-tests) (Fecha de consulta: 05/01/21)
3 Francia identifica nueva variante de covid-19 denominada IHU, disponible en:
https://www.forbes.com.mx/mundo-francia-identifica-nueva-variant e-de-covid-19-denominada-ihu/, consultado el 5 de enero de 2022
4 Estados Unidos registra récord mundial de más de un millón de casos de covid-19 en un día. DW. 4 de enero de 2022. (Disponible en:
https://www.dw.com/es/estados-unidos-registra-récord-mundial-dem ás-de-un-millón-de-casos-de-covid-19-en-un-d%C3%ADa/a-60327377) (Fecha de consulta: 5/01/22)
Dado en el Salón de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a los siete días del mes de enero del año dos mil veintidós.– Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
EXHORTO A LA PROFECO, A VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LA TASA CERO A LOS PRODUCTOS DE HIGIENE
Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco, a vigilar el cumplimiento de la aplicación de la tasa cero a los productos de higiene, a cargo del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
SE INICIE UNA INVESTIGACIÓN EN CONTRA DEL SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL GOBIERNO DE MÉXICO, POR UN NEGLIGENTE MANEJO DE LA PANDEMIA POR COVID-19
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP a iniciar una investigación contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, doctor Hugo López-Gatell Ramírez, por un negligente manejo de la pandemia por covid-19, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en lo señalado en el artículo 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de motivos
I. En diciembre de 2019 se descubrió el coronavirus SARS-CoV-2 causante de covid-19, un síndrome respiratorio agudo grave que ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud como pandemia, y que ha causado más de 11 millones de contagios alrededor del mundo, así como más de 500 mil muertes.
Así, el 28 de febrero de 2020, nuestro país registró el primer caso de una persona contagiada por covid-19. Así lo dio a conocer el presidente de la República durante su conferencia matutina. Posteriormente, el 18 de marzo de 2020 se registró la primera muerte a causa de covid-19 (un hombre de 41 años que presentó síntomas desde el 9 de marzo pasado).
Conforme transcurrió el brote epidémico en nuestro país, las autoridades gubernamentales, especialmente las sanitarias, fueron anunciando diversas medidas a implementar:
• El 14 de marzo el secretario de Educación Pública informó la suspensión de clases en escuelas de educación básica y media superior del 20 de marzo al 20 de abril.
• El mismo día, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno de México, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, dio a conocer una serie de medidas para evitar la propagación del referido virus causante de covid-19, denominadas Jornada Nacional de Sana Distancia consistente en la suspensión de actividades no esenciales, y reprogramar eventos masivos.
No obstante lo anterior, y la urgencia de actuar con disciplina, objetividad, profesionalismo, honradez, imparcialidad, integridad, eficacia y eficiencia —principios rectores del servicio público, según se establece en el artículo 109, y en su fracción III, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas—, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno de México, Hugo López-Gatell Ramírez, ha actuado de manera contraria a su obligación profesional y como servidor público, en atención a lo siguiente:
1) Negativa a realizar pruebas. Una de las decisiones centrales del subsecretario ha sido no realizar pruebas a escala masiva.
En mayo de 2020, López Gatell declaró a CNN: “No creo que las pruebas sean obligatorias”, dijo López-Gatell cuando se le preguntó si el país podría volver a abrir de manera segura sin más pruebas. “Esto no significa que somos resistentes a las pruebas, las utilizaremos, pero de una manera cuidadosamente planificada”.
“No tiene sentido hacer prueba tras prueba tras prueba cuando la mayoría de esas pruebas darán un resultado negativo”, dijo López-Gatell. “Es bastante ineficiente como estrategia de evaluación”.
2) Minimizar la pandemia. El 22 de enero de 2020, declaró que “el coronavirus se trata de una enfermedad emergente. No hay indicios que sugieran un comportamiento grave”; y que su capacidad de virulencia y letalidad era baja. El 28 de febrero de 2020, dijo que no cumplía con las características para considerarla una emergencia. Hoy se cuentan ya más de 300 mil contagios y 35 mil muertes.
3) Desinformación. Asintomáticos. El 25 de abril, informó que sin síntomas no había contagio. Sin embargo, la OMS refiere que “según algunas informaciones, las personas sin síntomas pueden transmitir el virus. Pero aclara que aún no se sabe con qué frecuencia ocurre”.
4) Desinformación. Cubrebocas. Posteriormente, el 27 de abril, cuando el país ya reportaba 1,434 muertes por covid-19, el doctor López-Gatell señaló que “el usar cubrebocas tiene una pobre utilidad, incluso, tiene una nula utilidad”. No obstante, el premio Nobel, Mario Molina, señaló que el uso del cubrebocas contribuye a disminuir los contagios, y su uso demostró su utilidad para contener la pandemia en Italia y Nueva York.
5) Desinformación. Subregistros de muertes. El 8 de abril de 2020, cuando el país registraba 20 muertes, declaró que para conocer el aproximado de la epidemia había que multiplicar 8 veces de lo que se ve. Diversas investigaciones académicas y periodísticas demostraron el subregistro de muertes, lo que reiteradamente negó López-Gatell, hasta que finalmente se vio obligado a reconocerlo.
6) Desinformación. Datos incompletos. Expertos del Centro de Investigación en Matemáticas y del Instituto de Matemáticas de la UNAM, señalan que no se pueden realizar predicciones adecuadas en México porque los datos del Secretaría de Salud están incompletos, no son fehacientes y contienen datos erróneos. “aunque se utilizara el mejor modelo matemático posible, si éste es alimentado con datos erróneos o incompletos, no va a proporcionar un reflejo fehaciente de la realidad”.
7) Nueva normalidad. El 29 de mayo, cuando el país contaba con 9 mil 415 muertes confirmadas, el subsecretario indicó que el inicio de la nueva normalidad ocurrió cuando el país estaba en color rojo. Sin embargo, los datos muestran que en el país se triplicaron los contagios que se venían registrando antes de entrar a la “nueva normalidad”.
8) Decisiones equivocadas. Vive Latino. El 13 de marzo de 2020 señaló que no era necesario cancelar el evento masivo denominado “Vive Latino”, celebrado los días 14 y 15 de marzo. Días después se reportó la muerte de un policía que habría participado en el operativo del festival Vive Latino, quien comenzó a mostrar síntomas después del evento.
9) Desinformación. Pico de la pandemia. El 12 de abril, con 296 muertes, declaró que en abril y en mayo el país tendría la temporada más difícil de la epidemia. El 16 de abril, dijo que el pico máximo de la intensidad de transmisión sería entre el 8 y 10 de mayo de este año. El 20 de abril, declaró lo siguiente: “Vamos bien. Estamos logrando disminuir los contagios. Esto es lo que le hemos llamado “aplanar la curva”. El 30 de abril señaló que para junio estaríamos ya casi a la salida de la pandemia. El 12 de junio, con 16 mil 448 muertes, señaló que no tenía mucho sentido hablar del pico -y su fecha probable- de la epidemia.
El 23 de junio, cuando el país alcanzó las 23 mil 337 muertes por covid-19, el subsecretario en mención indicó que el país estaba en “un periodo, tal como se predijo, de estabilización porque está disminuyendo la velocidad de presentación de los casos”.
10) Vacunación a menores de edad. El 7 de septiembre, López-Gatell declaró que por cada menor vacunado, gracias a un amparo, se le quita la oportunidad a una persona de mayor riesgo, lo que causó polémica.
Luego de la declaración, el 13 de septiembre, el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell, corrigió y aseguró que se vacunará a un millón de niños y adolescentes de 12 a 17 años que tienen factores de riesgo para presentar cuadros graves e incluso de morir por covid-19.
Recientemente, el mundo comenzó a padecer la rápida propagación de la variante ómicron, de covid-19, misma que ha provocado una nueva ola de contagios sin precedentes, ocasionando, por ejemplo, “más de un millón de personas en Estados Unidos fueron diagnosticadas con covid-19” 1 durante los primeros días de este año; y que México sea el país de Latinoamérica con más casos de la variante ómicron, según la Iniciativa Mundial para Compartir Todos los Datos sobre la Influenza, a pesar de la constante minimización del riesgo, por parte de Hugo López-Gatell:
• 27 de noviembre de 2021. A través de su cuenta de Twitter, el subsecretario Hugo López-Gatell, señaló sobre la cepa ómicron que: “ómicron es la más reciente variante de preocupación del SARS-CoV-2; algunos datos sugieren que tiene mayor transmisibilidad que las previas. No se ha demostrado que sea más virulenta ni que evada la respuesta inmune inducida por las vacunas.”
• Asimismo, dijo: “las restricciones de viajes o cierres de fronteras son medidas poco útiles; afectan la economía y el bienestar de los pueblos. La información difundida sobre los riesgos de la nueva variante es desproporcionada respecto a lo que muestra la evidencia científica existente”.
• 3 de diciembre de 2021. En conferencia de prensa, Hugo López - Gatell dijo: “Es paradójico, pero una variante que sea más transmisible, como ómicron, y que no causa enfermedad más grave, de hecho, ayuda al propósito social de lograr inmunidad más rápidamente”. Y comentó: “Es importante no entrar en pánico ante el anuncio, ya que el miedo se propaga como en las enfermedades infecciosas y puede causar grandes daños, a veces más grandes que el propio virus. Porque el pánico social lleva a conductas irracionales”.
• De la misma manera, descartó cierres de actividades o la implementación de restricciones ante la nueva cepa, al considerar que “las medidas arbitrarias no ayudan a la prevención de la enfermedad infecciosa, sino que causan discriminación y daños en el bienestar por múltiples vías, no tienen utilidad, no es una opinión personal, tampoco es una posición exclusiva del gobierno de México, esto se sabe en la comunidad de salud pública”.
• 7 de diciembre de 2021. El subsecretario aseguró que el primer contagiado con la variante ómicron detectado en México se encuentra bien de salud y en cuanto a sus contactos directos -dijo- prácticamente está descartado que hayan contraído la enfermedad de covid-19. Dijo que el paciente que fue identificado en México fue un caso importado, no fue un contagio en México, es una persona que vive en Sudáfrica y ahí fue donde se contagió.
• 28 de diciembre de 2021. Hugo López-Gatell señaló que “se sobreestima” el impacto de la variante ómicron de covid-19, insistiendo en que la pandemia iba a la baja.
II. El 20 de julio de 2020, Movimiento Ciudadano presentó, a través de Clemente Castañeda Hoeflich y Jorge Álvarez Máynez, una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública contra Hugo López Gatell, misma que dio origen al expediente DGDI/DD/CC/310/3519/2020 de la Subsecretaría de Responsabilidades y Combate a la Impunidad, Unidad de Denuncias e Investigaciones, Dirección General de Denuncias e Investigaciones, de la Secretaría de la Función Pública, y que fue turnada al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud, para dar origen al expediente 122171/2020/DGDI/SS/DE295 en la referida Secretaría de Salud.
Asimismo, el 15 de enero de 2021, se presentó una ampliación de la denuncia contra Hugo López-Gatell. De igual manera, el 5 de febrero de 2021, se presentó solicitud de información respecto del estado de la denuncia contra Hugo López-Gatell.
No obstante, las autoridades responsables no han permitido que se realice una investigación seria, y responsable, que permita determinar si la actuación de las autoridades en materia de salud, y en específico, del subsecretario Hugo López-Gatell, han sido acordes al debido desempeño de la función pública, con miras a la protección del derecho a la salud de la población mexicana. En la Bancada Naranja estamos convencidos que la rendición de cuentas es la vía idónea para garantizar todos los derechos a todas las personas.
Por lo anteriormente expuesto, proponemos exhortar a la Secretaría de la Función Pública a que retome la denuncia ya presentada en el expediente DGDI/DD/CC/310/3519/2020, e inicie una investigación en contra del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno de México, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, por un negligente manejo de la pandemia por covid-19, así como por un probable incumplimiento a los principios que rigen a los servidores públicos, establecidos en el artículo 109, y en su fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como de lo dispuesto en el artículo 49, fracción I de la referida Ley General de Responsabilidades Administrativas, y que pudieran derivar en una o varias faltas administrativas
Por lo expuesto, sometemos su consideración la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de la Función Pública a que retome la denuncia presentada en el expediente DGDI/DD/CC/310/3519/2020, e inicie una investigación en contra del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno de México, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, por un negligente manejo de la pandemia por covid-19, así como por el probable incumplimiento a los principios que rigen a los servidores públicos, establecidos en el artículo 109, y en su fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como de lo dispuesto en el artículo 49, fracción I de la referida Ley General de Responsabilidades Administrativas, y que pudieran derivar en una o varias faltas administrativas.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud, a fin de que destituya al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno de México, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez, por el negligente manejo de la pandemia por covid-19, así como por el probable incumplimiento a los principios que rigen a los servidores públicos.
Nota
1 “Registra EU más de un millón de casos de covid en un día”, El Norte. Disponible en:
https://www.elnorte.com/registra-eu-mas-de-un-millon-de-casos-de -covid-en-un-dia/ar2325160 (consultado el 6 de enero de 2022).
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.– Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
EXHORTO A DICONSA E INMUJERES, A IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA PARA PROMOVER NEGOCIOS ENCABEZADOS POR MUJERES
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a Diconsa y el Inmujeres a implantar la estrategia para promover a escala nacional negocios encabezados por mujeres, suscrita por la diputada Maribel Aguilera Cháirez, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Maribel Aguilera Cháirez, del Grupo Parlamentario de Morena, de Durango, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El organismo Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), sectorizado en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en coordinación con Diconsa y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en 2020, pusieron en marcha la “Estrategia integral para promover la autonomía económica a mujeres víctimas de violencia” en Tabasco, Chihuahua y Morelos.
A través de las instancias de las mujeres en las entidades federativas (IMEF), las mujeres violentadas son apoyadas por Diconsa con mobiliario y un capital inicial de trabajo conformado por productos de la canasta básica, desde leche hasta granos. Estos apoyos de Diconsa se entregan en comodato con el fin de que las beneficiarias se encarguen de la operación de una tienda de organización popular, de cuyas ventas ellas obtendrán un porcentaje.
Esta acción permite que mujeres trabajadoras puedan empezar un patrimonio para ellas y sus hogares, para lo cual solo requieren estar inscritas en los padrones de las IMEF por entidad, y contar con un espacio, propio o rentado, que bien puede ubicarse en su casa.
Bajo el lema “Mujeres en el centro de la transformación del campo, la pesca y la acuacultura”, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural trabaja para cerrar la brecha de desigualdad de las mujeres en el sector y fomentar su participación activa dentro del objetivo de avanzar hacia la seguridad alimentaria del país.
El gobierno federal asumió el compromiso de impulsar que las políticas públicas que incidan en mejorar la vida de las personas y disminuir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres.
Por eso al sumar esfuerzos estas instituciones se diseñó y puso en marcha una Estrategia para promover negocios encabezados por mujeres, como una alternativa para que el Estado mexicano, representado por entidades del gobierno federal y estatales, contribuyan a crear las condiciones necesarias, para que las mujeres en condición de desigualdad alcancen su autonomía económica, contribuyendo al principio de “no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera”.
La Estrategia Integral para promover la autonomía económica de mujeres en situación de violencia, permite el trabajo conjunto de diferentes instituciones y genera sinergia, que se convierte en una política pública con un propósito en común, la atención de mujeres víctimas de violencia.
Su objetivo es proveer la oportunidad de emprender un micronegocio a mujeres que viven o han vivido violencia o son madres o tutoras de mujeres desaparecidas o víctimas de feminicidio y que cuentan con la capacidad para establecer, organizar, administrar y operar tiendas que comercialicen diversos productos de la canasta básica, para contribuir a su autonomía económica e incrementar sus ingresos a fin de garantizar su bienestar.
Como prueba piloto de dicha Estrategia se han firmado dos convenios de colaboración, el primero de ellos, en marzo de 2020 entre Diconsa, SA de CV, (Diconsa) y el Instituto Estatal de las Mujeres del Gobierno de Tabasco (IEM) 1. Posteriormente en septiembre del mismo año, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Diconsa, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichmujeres), el Instituto de la Mujer de Morelos y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, suscribieron el convenio correspondiente para dichas entidades.
Los principales beneficios de esta estrategia son:
• Que es una estrategia diseñada específicamente para mujeres que viven y han vivido violencia o son víctimas indirectas de ella, seleccionadas por los institutos estatales de las Mujeres.
• Se otorga un capital de trabajo en mercancía de acuerdo con el diagnóstico realizado por Diconsa en productos de canasta básica, con respaldo de un aval.
• Se otorga una bonificación de 6 por ciento de las ventas totales de estos productos de la canasta básica Diconsa.
• Las encargadas pueden adquirir con su propio capital productos diferentes de la canasta básica Diconsa, excepto alcohol, tabaco y mercancías en competencia.
• Las tiendas pueden ser atendidas por las encargadas y sus familias.
• Beneficios para la comunidad al acercar productos de bajo costo.
• En caso de ser posible, la IMEF participante, proporcionará los estantes y la báscula que se requieren para el inicio de operaciones de la tienda.
En el marco de la Estrategia, el personal de Diconsa ha capacitado a las beneficiarias en temas relacionados con la administración de una tienda para un mejor desempeño y a la fecha están operando 19 tiendas abiertas de las cuales 6 están en Tabasco 2, una en Chihuahua, 8 en Morelos 3 y 5 en Oaxaca.
Durante agosto de 2021, se realizaron sesiones informativas con las y los representantes de los Estados que participan en la Estrategia y con los Estados que han manifestado su interés por incorporarse (Baja California, Durango, Tamaulipas). En dichas reuniones se presentó la información general sobre la Estrategia y se aclararon las dudas de los participantes; por ese motivo considero de suma importancia y de gran relevancia, se promueva la implementación de este programa a nivel nacional.
Es necesario que como legisladores, apoyemos y promovamos la participación de todos los órdenes de gobierno para la tención de las mujeres para garantizarles una vida libre de violencia y esta es una herramienta que busca no sólo eso, si no, que además les permite tener acceso a un negocio productivo para ellas y para el país.
Por lo expuesto someto a la consideración de esta asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a la división de poderes, solicita a Diconsa, así como al Instituto Nacional de la Mujeres, se coordinen y redoblen sus esfuerzos, con la intención de implementar la estrategia para promover negocios encabezados por mujeres, a nivel nacional y, a su vez, se les exhorta a que prioricen la implementación de esta estrategia para el estado de Durango.
Notas
1 https://www.gob.mx/diconsa/articulos/surtira-diconsa-tiendas-en-ta-basco-que-se ran-atendidas-por-mueres-victimas-de-violencia
2 https://www.gob.mx/segalmex/articulos/operan-en-tabasco-6-tiendas-diconsa-en-ap oyo-a-mujeres-con-violencia-economica
3 https://www.gob.mx/diconsa/articulos/estrategia-de-apoyo-a-mujeres-victimas-de- violencia-llegara-a-oaxaca-morelos-y-chihuahua?idiom=es
Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.– Diputada Maribel Aguilera Cháirez (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
SE IMPLEMENTE UNA POLÍTICA PÚBLICA A FIN DE DISMINUIR LOS PRECIOS DE LA GASOLINA Y EL DIÉSEL Y EVITAR QUE CONTINÚE EL AUMENTO
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la SHCP para que implante una política pública adecuada y realice las acciones conducentes a disminuir los precios de la gasolina y el diésel y evitar que continúe el aumento, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Gina Gerardina Campuzano González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), la inflación se ubicó en 7.45 por ciento durante la primera quincena de diciembre, la cifra más alta de los últimos 20 años. i
A pesar de que el presidente López Obrador había prometido no rebasar la inflación en los aumentos a los combustibles, durante la última semana del 2021, las gasolinas incrementaron sus precios hasta en 20 por ciento, pese al compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de no rebasar la inflación en los aumentos a los combustibles. ii
De acuerdo con el programa “Quién es Quién en los Combustibles”, de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la gasolina Premium fue la que tuvo mayor incremento a tasa anual, con un aumento del 20 por ciento, seguido del diésel, con 12.66 por ciento; y la gasolina regular, con 12.12 por ciento. iii
Es entonces, que de acuerdo con el Inegi, la inflación se ubicó en 7.45 por ciento durante la primera quincena de diciembre, la cifra más alta de los últimos 20 años. iv
Este nivel de inflación es casi 13 puntos porcentuales inferior al aumento que recibió la gasolina premium a tasa anual y de cinco puntos porcentuales en comparación con el incremento a la gasolina regular y el diésel, lo cual contrasta con uno de los 100 compromisos presidenciales de López Obrador: “no aumentar el precio de las gasolinas, el gas, el diésel y la luz más allá de la inflación”. v
De acuerdo con el compromiso 28 del presidente de México “no aumentará el precio de las gasolinas, el gas, el diésel y la luz, solo se le aplicará el componente de inflación; es decir, no habrá gasolinazos”, lo cual ha reiterado desde Palacio Nacional en diferentes ocasiones. vi
En la primera conferencia de Presidencia de 2022, Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, dio a conocer que el costo promedio de la gasolina regular es de 20.72 pesos; de la premium, 22.69 pesos; y del diésel, 21.89 pesos. vii
“Quién es quién en los combustibles. El precio promedio de la gasolina regular, la semana pasada (del 27 al 31 de diciembre) en nuestro país: 20 pesos con 72 centavos por litro, para la premium 22 pesos con 69 centavos y el diésel 21 pesos con 89 centavos”, comentó el procurador. viii
Además, de acuerdo con datos de la misma Profeco, ofrecidos en la primera conferencia de 2022, la gasolina regular concluyó el 2021 con un precio promedio de 18.48 pesos, la premium con 18.99 pesos y el diésel con 19.43 pesos. ix
Lo anterior, significó un incremento de 2.24 pesos para la gasolina identificada con el color verde en las gasolineras y de mayor consumo en el país, mientras que para la gasolina roja o premium la diferencia fue de 3,8 pesos y para el diésel de 2.48 pesos. x
Es por ello, que presento el siguiente exhorto al Ejecutivo federal para que a través del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se implemente una política pública adecuada y realizar las acciones necesarias a fin de disminuir los precios de la gasolina y el diésel y evitar que continúe el aumento, debido a que impacta de manera negativa en la economía de las familias mexicanas.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr disminuir los precios de la gasolina y el diésel y evitar que continúe el aumento, por lo que me permito proponer los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que instruya al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que implemente una política pública eficaz y realizar las acciones necesarias a fin de disminuir los precios de la gasolina y el diésel y evitar que continúe el aumento, debido a que impacta de manera negativa en la economía de las familias mexicanas.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda Crédito Público, para que informe periódicamente a la opinión pública, sobre el avance de las acciones instrumentadas para el cumplimiento y seguimiento del exhorto anterior.
Notas
i Jacob Sánchez, Precio de gasolina aumenta en enero 2022: Profeco, Noticias El Sol de México, consultado por última vez el 3 de enero de 2022 en
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/precio-de-gasolina-aum enta-en-enero-2022-profeco-7681578.html
ii Ibídem.
iii Jacob Sánchez, Precio de gasolina aumenta en enero 2022: Profeco, Noticias El Sol de México, consultado por última vez el 3 de enero de 2022 en
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/precio-de-gasolina-aum enta-en-enero-2022-profeco-7681578.html
iv Ibídem.
v Ibídem.
vi Ibídem.
vii Jacob Sánchez, Precio de gasolina aumenta en enero 2022: Profeco, Noticias El Sol de México, consultado por última vez el 3 de enero de 2022 en
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/precio-de-gasolina-aum enta-en-enero-2022-profeco-7681578.html
viii Ibídem.
ix Ibídem.
x Ibídem.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.– Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
EXHORTO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR, A COMPARECER ANTE ESTA SOBERANÍA PARA EXPLICAR LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE TOMÓ LA DECISIÓN DE DESAPARECER EL INDESOL
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Bienestar a comparecer ante esta soberanía para explicar por qué se decidió desaparecer el Indesol, suscrita por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) surgió en 1994 con el nombre de Instituto Nacional de Solidaridad (Insol) el cual tenía como objetivo la consolidación de una política pública enfocada en promover la participación solidaria de campesinos, indígenas y grupos urbanos menos favorecidos en las acciones que llevan a cabo los sectores público, social y privado. Con el paso del tiempo el Indesol fue evolucionando hasta convertirse en uno de los puentes principales de vinculación entre la sociedad civil y el gobierno en materia de política social.
El Indesol era un organismo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social ahora Secretaría del Bienestar, encargada de fortalecer la participación social a través de la capacitación, el intercambio de experiencias y la articulación de la sociedad civil organizada en vinculación con el gobierno para impulsar el desarrollo social.
Para entender la importancia del Indesol es necesario comprender que esta dependencia formaba parte de una política pública integral enfocada a garantizar la participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social y a fomentar la participación de las personas, familias y de las organizaciones y, en general, de los sectores social y privado en el desarrollo social. Es decir, el Indesol era el resultado de más de 26 años en la construcción de una institución enfocada en materializar el derecho de la sociedad organizada para participar en asuntos públicos y su carácter de organismo desconcentrado era fundamental para realizar dicha tarea.
El sorpresivo decreto publicado a fin de año envía varios mensajes y reflexiones importantes en materia de política pública y la relación del gobierno con la sociedad civil. El decreto desaparece al Indesol y pasa todas sus atribuciones a una dirección general denominada Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social. En términos generales el gobierno federal considera que no es necesario contar con un órgano desconcentrado que se encargue de garantizar la participación de la sociedad civil en la construcción de los programas de desarrollo social y supone que dicha tarea puede ser realizada a través de una simple Dirección General.
Para este gobierno el garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social como lo establece el artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social no es prioridad y al transformar al Indesol en una dirección general deja claro que la sociedad civil lejos de ser un aliado en políticas públicas es un estorbo que atenta contra sus políticas clientelares.
Con este decreto se institucionaliza la política pública de este gobierno de cerrar las puertas a las organizaciones de la sociedad civil. Recordemos que primero se comenzó estigmatizando a la sociedad civil, en 2019, se instruyó a toda la administración pública federal a no canalizar recursos a dichas organizaciones debido a que los apoyos se entregarían de manera directa a los beneficiarios, contraviniendo lo establecido en Ley Federal de Fomento a las Actividades que realizan las organizaciones de sociedad civil que establece el derecho de las organizaciones no gubernamentales (ONG) para acceder a apoyos o estímulos otorgados por la administración pública federal siempre y cuando estén inscritas en el Registro Federal de Organizaciones de Sociedad Civil.
Después mediante las recientes reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta que ahora integra nuevas condiciones que colocan aún más obstáculos para recibir financiamiento y donaciones autorizadas a las ONG, sin importar por ejemplo que mediante las donaciones se beneficiaban directamente 8.2 por ciento de adultos mayores, 7.8 por ciento jóvenes, 29.6 por ciento de niñas, niños y adolescentes, 1.2 por ciento primera infancia o a 5.8 por ciento mujeres.
Ahora con este decreto se debilitan los mecanismos de vinculación y participación entre la sociedad civil y el gobierno. Uno de los cambios más relevantes en las modificaciones que están haciendo al reglamento interno de la Secretaría del Bienestar es que al pasar las atribuciones del Indesol a la nueva dirección general eliminaron todo lo relacionado al financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil, es decir, este gobierno no pretende de ninguna manera que las ONG accedan a ningún tipo de financiamiento. Queda claro que este gobierno quiere tener el monopolio de los programas sociales y de las políticas del desarrollo social, pretende ser el único medio para hacer llegar programas sociales. Bajo esta visión las ONG se convierten en un problema para este gobierno y por ello buscan debilitarlas, sin importar que dichas medidas atentan contra el derecho de asociación y de participación de la sociedad civil en el desarrollo de la política social del país.
A la luz de este decreto cobra relevancia la iniciativa que presenté el periodo pasado en materia de austeridad republicana con responsabilidad social que busca obligar al gobierno federal a emitir un impacto social, jurídico y económico de aquellas decisiones que busquen eliminar instituciones, sobre todo cuando su desaparición implica vulnerar los derechos de las y los ciudadanos.
Por lo anterior, y toda vez que dicha iniciativa aun continua en estudio es necesario realizar los exhortos correspondientes para que el gobierno federal justifique la decisión de la desaparición del Indesol que sin duda alguna es un retroceso institucional y un atentado contra la participación de las organizaciones civiles en las políticas de desarrollo social del país. No podemos continuar normalizando el desmante-lamiento institucional que realiza el Poder Ejecutivo y se requiere conocer los motivos por los cuales el gobierno federal considera que una dirección general es suficiente para garantizar los derechos de la ciudadanía en la participación de la política social y los documentos y análisis que acrediten la desaparición del Indesol como organismo desconcentrado y el impacto que esto tendrá para la ciudadanía.
Según la información emitida en las conferencias mañaneras del Ejecutivo federal, esta decisión se tomó a efecto de evitar intermediarios en la entrega de los apoyos y que estos se realicen de manera directa acusando a las ONG de no manejar los recursos con honestidad. Por lo anterior, es necesario que el titular de la Secretaría del Bienestar acuda al Comisión Permanente para mostrar los documentos y pruebas que acrediten que el Indesol, como organismo descentrado, no estaba cumpliendo su función y que su desaparición no lesiona los derechos de la ciudadanía ni trasgrede lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social ni la Ley Federal de Fomento a las Actividades que realizan las organizaciones de sociedad civil, por todo lo anterior se propone la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Bienestar para que comparezca ante esta soberanía para explicar los motivos por los cuales se tomó la decisión de desaparecer el Instituto Nacional de Desarrollo Social, exponga los datos y elementos utilizados para justificar dicha decisión y explique la estrategia que se implementará para garantizar la participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social como lo establece el artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.– Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
POLÍTICAS PÚBLICAS EN FAVOR DE LA POBLACIÓN DE TIERRA BLANCA, MÁS PROPENSA A DESARROLLAR INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA POR EL CONSUMO DE BEBIDAS CARBONATADAS
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y su homóloga de Veracruz a implantar políticas públicas para limitar los factores de riesgo que hacen a la población de Tierra Blanca más propensa a desarrollar insuficiencia renal crónica por consumo de bebidas carbonatadas, suscrita por la diputada Angélica Peña Martínez, del Grupo Parlamentario del PVEM
La que suscribe, diputada Angélica Peña Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Las enfermedades crónicas son afecciones cuyos síntomas no se resuelven con el paso del tiempo. Por lo general, se originan a una edad temprana, pero tienen que pasar años antes de manifestarse clínicamente y son hoy la principal causa de muerte en todo el mundo. A pesar de que las enfermedades crónicas no pueden ser curadas, éstas pueden prevenirse limitando los factores de riesgo que las provocan. 1
Este grupo incluye una larga lista de enfermedades tales como diabetes, cáncer, hipertensión e insuficiencia renal crónica (IRC); es importante destacar que esta última está afectando gravemente a la población de Tierra Blanca en el estado de Veracruz, por lo cual es necesario garantizar la suficiencia de recursos humanos, infraestructura, medicamentos e insumos sanitarios para el tratamiento de la insuficiencia renal crónica en los hospitales y centros de salud de Tierra Blanca, además de limitar los factores de riesgo causantes de IRC que se encuentran en dicha comunidad.
La medicina moderna ha permitido aumentar drásticamente la esperanza de vida de los seres humanos, sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2020 se registraron 1 millón 86 mil 94 defunciones y más del 90 por ciento se debieron a problemas relacionados con la salud, como enfermedades crónicas o enfermedades respiratorias. 2
Ahora bien, las enfermedades crónicas son la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo. Muchas de estas enfermedades se pueden prevenir mediante la reducción de los factores de riesgo comunes, tales como el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol, la inactividad física y comer alimentos poco saludables, sin embargo, es necesario identificar y limitar los factores de riesgo que existen en una región específica a fin de reducir el número de pacientes con dichos padecimientos. 3
De acuerdo con el portal alemán de estadísticas Statista, las principales causas de muerte en el estado de Veracruz durante el año 2020 fueron: enfermedades del corazón (con 17 mil 573 casos); diabetes mellitus (12 mil 713); covid-19 (9 mil 580); tumores malignos (6 mil 556); enfermedades del hígado (3 mil 953); enfermedades cerebrovasculares (3 mil 146); influenza y neumonía (2 mil 783); accidentes (1 mil 767); enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (1 mil 507); y agresiones (1 mil 223).
En la siguiente tabla podemos apreciar que, excluyendo las causas externas como los accidentes o las agresiones, y considerando únicamente las defunciones provocadas por enfermedad, la insuficiencia renal crónica se ubica dentro de las diez principales causas de muerte en el estado de Veracruz.
Número de fallecimientos registrados en el estado mexicano de Veracruz de Ignacio de la Llave en 2020, según las principales causas de mortalidad 4
De acuerdo con la Clínica Mayo, la enfermedad renal crónica (ERC), también llamada insuficiencia renal crónica, implica una pérdida gradual de la función renal. Los riñones filtran los desechos y el exceso de líquidos de la sangre, que se eliminan a través de la orina, sin embargo, la enfermedad renal crónica avanzada puede provocar la acumulación de niveles peligrosos de líquido, electrolitos y desechos en el organismo. 5
La insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica (IRC) representa un grave problema de salud pública en México y el mundo. Al ser un trastorno de origen multifactorial y estar fuertemente asociado a las enfermedades crónicas de mayor prevalencia en nuestra población (diabetes e hipertensión), su impacto en la salud pública se refleja en la alta demanda de recursos humanos, económicos y de infraestructura para su tratamiento. También, es la segunda causa más importante de años de vida perdidos en Latinoamérica. 6
Este padecimiento tiene un impacto indirecto en la morbilidad y mortalidad global al aumentar el riesgo de padecer otras cinco patologías importantes: enfermedades del corazón, diabetes, hipertensión, infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y malaria. 7
En 2017, se reportó una prevalencia de IRC del 12.2 por ciento y 51.4 muertes por cada 100 mil habitantes en México. Además, la IRC en México está teniendo un gran impacto en las finanzas de las instituciones y en la economía de las familias; en 2014, el gasto en salud anual medio por persona para esta patología se estimó en 8 mil 966 dólares estadounidenses (USD) en la Secretaría de Salud, y de 9 mil 091 USD en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 8
Se ha estimado que, en la actualidad, alrededor de 6.2 millones de mexicanos con diabetes tienen insuficiencia renal en sus distintas etapas, sin que necesariamente todos ellos sepan que la padecen. Hasta 98 por ciento de las personas con ERC por diabetes en México se encuentra en etapas tempranas, cuando la ERC es todavía controlable y reversible. Sin embargo, estos datos no incluyen a los enfermos que, por otras causas, como hipertensión arterial sistémica, enfermedades autoinmunes, infecciones, antecedentes congénitos, problemas obstructivos y daño por fármacos, también desarrollan ERC en forma progresiva hasta llegar a las etapas tardías y que, en la mayoría de los casos, lo hacen de manera silenciosa. 9
En diversos lugares del mundo como Sri Lanka, la India y América Central se han reportado epidemias de IRC debido a múltiples factores, algunos de ellos desconocidos.
En nuestro país la IRC en Tierra Blanca en el estado de Veracruz constituye un reto epidémico debido a que la mortalidad relacionada es de 57 casos por cada 100 mil habitantes, es decir, muy por encima de la tasa registrada en todo el estado de Veracruz, que es de 15, y muy superior también a la del resto del país, que es de 1 por cada 100 mil habitantes. 10
Las autoridades de Tierra Blanca han reportado en periódicos locales que la principal causa de la IRC es el consumo de bebidas carbonatadas, aunque no existe evidencia de que en Tierra Blanca el consumo sea mayor que en el resto del país. 11
Otro factor de riesgo para desarrollar el IRC es el estrés por calor y la deshidratación producida por altas temperaturas. De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional la temperatura promedio de Tierra Blanca es de 27° C y 42 por ciento de humedad. 12
Por otra parte, el estado de Veracruz es el mayor productor de caña de azúcar en México y Tierra Blanca contribuye de manera significativa a ello, pues la mitad de su producción agrícola es cultivo de azúcar y su industria emplea a una buena parte de los habitantes de la región. La ecotoxicidad de los pesticidas en agua usada en la producción de caña de azúcar es bien conocida y la IRC puede relacionarse con pesticidas organoclorados, organofosforados y sus residuos de cadmio. 13
En lo que se refiere a presencia de hidrocarburos en fuentes de agua potable, un estudio encontró presencia de naftaleno (7 partes por millón), un hidrocarburo aromático policíclico bien conocido como carcinogénico, y otros hidrocarburos con toxicidad escasamente reportada, pero en concentraciones mayores. En este sentido, la presencia de hidrocarburos constituye un factor de riesgo en Tierra Blanca, posiblemente debido a compuestos usados en la antigua estación de trenes. 14
Como puede verse, las principales causas de riesgo para desarrollar IRC están presentes en Tierra Blanca y constituyen una tormenta perfecta, tal como lo señalan en un artículo científico los investigadores Manuel Alejandro Lizardi-Jiménez del Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca y Gabriela Aguirre de la Universidad Autónoma Metropolitana, pues esta comunidad registra una de las más altas tasas de consumo de bebidas carbonatadas del mundo (al igual que en todo México); un severo estrés por calor, así como exposición a pesticidas e hidrocarburos. Esta combinación de circunstancias agrava drásticamente el evento y puede explicar la epidemia de IRC en la región.
Derivado de lo anterior, es urgente implementar diversas medidas a fin de reducir los factores que provocan la IRC y de este modo reducir la tasa de esta enfermedad en el municipio de Tierra Blanca.
Ahora bien, la política de la prevención es una medida útil para evitar que este problema crezca, sin embargo, aún es necesario garantizar un tratamiento eficaz para que las personas que padecen esta enfermedad, para lo cual es necesario contar con los recursos humanos, infraestructura, medicamentos e insumos sanitarios suficientes para el tratamiento de la insuficiencia renal crónica Actualmente existen diversos tratamientos para contrarrestarla, como son: 15
-Hemodiálisis: Consiste en utilizar un circuito extracorpóreo para eliminar sustancias tóxicas y exceso de líquido. La sangre se pone en contacto con el líquido de diálisis a través de una membrana semipermeable. El movimiento de sustancias y agua ocurre por procesos de difusión, convección y ultrafiltración.
-Diálisis peritoneal: Consta de una bolsa que contiene el líquido de diálisis, conectada a un catéter a través del cual se introduce el líquido a la cavidad abdominal. Dentro del abdomen se lleva a cabo la diálisis en la membrana peritoneal y posteriormente el líquido con los desechos drena a una bolsa de salida, y
-Trasplante renal: Consiste en colocar el riñón de otra persona en el cuerpo de un paciente mediante cirugía. La sangre del paciente fluye a través del riñón trasplantado y el riñón donado comienza a producir orina y a realizar sus funciones. El trasplante renal es el único tratamiento que realmente previene el desarrollo de uremia, pero no todos son candidatos a trasplante renal.
Ahora bien, para poder garantizar este tratamiento es necesario que los hospitales de Tierra Blanca cuenten con una infraestructura adecuada como lo es una unidad de Diálisis y una de Hemodiálisis, estas unidades constituyen el área del Servicio de Nefrología donde se aplica la terapéutica de reemplazo de la función renal; aunado a lo anterior, las unidades médicas deben tener Nefrólogos, quienes son médicos especialistas capacitados para tratar a los pacientes de IRC. 16
En este sentido, es necesario que se establezcan acciones encaminadas a prevenir y erradicar la enfermedad, con políticas públicas en materia de salud responsables, que coadyuven al combate y a la atención oportuna de esta enfermedad que, desafortunadamente, suma miles de casos cada año en Tierra Blanca Veracruz.
En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades de salud del estado de Veracruz y del gobierno federal a implementar políticas públicas con el propósito de limitar los factores de riesgo que hacen a la población de Tierra Blanca más propensa a desarrollar insuficiencia renal crónica como el consumo de bebidas carbonatadas, el consumo de agua contaminada con hidrocarburos, el estrés por calor y la exposición a pesticidas.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades de salud del estado de Veracruz y del gobierno federal a garantizar la suficiencia de recursos humanos, de infraestructura, de medicamentos e insumos sanitarios para el tratamiento de la insuficiencia renal crónica en los hospitales y centros de salud de Tierra Blanca.
Notas
1 Véase, “Enfermedades no transmisibles”, Organización Panamericana de la Salud, Consultado el 07 de diciembre de 2021. Disponible en:
https://www.paho.org/es/temas/enfermedades-no-transmisibles
2 Véase, “Características de las defunciones registradas en México durante 2020, preliminar”, INEGI, comunicado de prensa núm. 402/21, 29 de julio de 2021. Disponible en:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/ EstSociodemo/DefuncionesRegistradas2020_Pre_07.pdf
3 Véase, “Características de las defunciones registradas en México durante 2020, preliminar”, INEGI, comunicado de prensa núm. 402/21, 29 de julio de 2021. Disponible en:
https://www.paho.org/es/temas/enfermedades-no-transmisibles
4 Véase, “Número de fallecimientos registrados en el estado mexicano de Veracruz de Ignacio de la Llave en 2020, según las principales causas de mortalidad”, STATISTA, noviembre de 2021. Disponible en:
https://es.statista.com/estadisticas/650235/principales-causas-d e-mortalidad-en-el-estado-de-veracruz-de-ignacio-de-la-llave/
5 Véase, “Nefropatía crónica”, Clínica Mayo. Consultado el 19 de noviembre de 2021. Disponible en:
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/chronic-kid ney-disease/symptoms-causes/syc-20354521
6 Véase, “La Enfermedad Renal Crónica en México”, Gobierno de México, Instituto Nacional de Salud Pública, miércoles 26 agosto 2020 (última actualización). Disponible en:
https://www.insp.mx/avisos/5296-enfermedad-renal-cronica-mexico. html
7 Ibidem
8 Ibidem
9 Ibidem
10 Véase, Manuel Alejandro Lizardi-Jiménez y Gabriela Aguirre, “Insuficiencia renal crónica en Tierra Blanca, la tormenta perfecta: causas y soluciones”, publicado en Investigación y Desarrollo, 23 de noviembre de 2018. Disponible en:
https://invdes.com.mx/los-investigadores/insuficiencia-renal-cro nica-en-tierra-blanca-la-tormenta-perfecta-causas-y-soluciones/
11 Ibidem
12 Ibidem
13 Ibidem
14 Ibidem
15 Véase, Venado Estrada, Aida, et. al., “Insuficiencia Renal Crónica”, Unidad de Proyectos Especiales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pp. 5-10.
16 Véase, “Unidad de Hemodialisis”, Hospital Español, Consultado el 07 de diciembre del 2021. Disponible en
https://www.hespanol.com/index.php/unidades-alta-especialidad/un idad-de-hemodialisis#:~: text=La%20Unidad%20de% 20Hemodi%C3 %A1lisis%20constituye,90%25%20de%20su%20 funci%C3%B3n%20renal.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.– Diputada Angélica Peña Martínez (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
EXHORTO AL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA, A REFORZAR LA SEGURIDAD PARA LAS MUJERES Y NIÑAS
«Proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al gobierno de Guaymas, Sonora, a reforzar la seguridad para mujeres y niñas, promover el fin de la violencia y generar acciones dirigidas a atender la situación en los municipios de la entidad, suscrita por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, Ana Laura Bernal Camarena, diputada integrante de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
La violencia contra las mujeres y niñas es un abuso a los derechos humanos de estas mismas. Una cuestión latente y generalizada en el planeta, pues cada día se producen un sin fin de casos de violaciones hacia las mujeres y niñas del mundo.
Del mismo modo, es la forma de discriminación hacia las mujeres que impide gravemente avanzar a un goce de derechos y libertades en igualdad con el hombre.
Tras varias décadas de luchas de mujeres en el mundo, se ha logrado incorporar la erradicación de la violencia de género en las agendas nacionales e internacionales. Aunque siguen existiendo grandes desafíos en la aplicación de estas leyes, se sigue buscando la protección y acceso a la justicia por parte de mujeres y niñas.
Por otra parte, el acceso a la justica no es una concesión o una dádiva para las mujeres, es un derecho humano que las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar.
La impunidad es la causa de criterios y análisis adecuados, estos mismos han sumergido a las mujeres en una situación de riesgos que vulneran la integridad de cada mujer y que nos lleva a vivir en un estado de emergencia ante la violencia de género.
A su vez, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) define a la violencia de género a, “los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia”.
De igual manera, la Organización de las Naciones Unidas, define varios tipos de violencia contra las mujeres: Violencia económica, psicológica, emocional, física, sexual, en línea o digital. 1
Así mismo, las mujeres tienen derecho a vivir sin violencia, está plasmado en los acuerdos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), en especial a través de sus recomendaciones generales de dicha convención en los números 12 y 19 y de la Declaración Sobre la Eliminación de la Violencia Contra las Mujer de las Naciones Unidas. 2
La recomendación general número 12 de la convención establece lo siguiente:
Recomendaciones generales adoptadas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
Recomendación general número 12
Considerando que los artículos 2, 5, 11, 12 y 16 de la Convención obligan a los Estados Partes a proteger a la mujer contra cualquier tipo de violencia que se produzca en la familia, en el trabajo o en cualquier otro ámbito de la vida social,
Teniendo en cuenta la resolución 1988/27 del Consejo Económico y Social,
Recomienda que los Estados Partes incluyan en sus informes periódicos al Comité información relativa a:
1. La legislación vigente para protegerla de la frecuencia de cualquier tipo de violencia en la vida cotidiana (la violencia sexual, malos tratos en el ámbito familiar, acoso sexual en el lugar de trabajo, etc.);
2. Otras medidas adoptadas para erradicar esa violencia;
3. Los servicios de apoyo a las mujeres que sufren agresiones o malos tratos;
4. Datos estadísticos sobre la frecuencia de cualquier tipo de violencia contra la mujer y sobre las mujeres víctimas de la violencia. 3
Agregando a lo anterior, el artículo 1 de la Convención define a la discriminación contra la mujer; como la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad. La violencia contra la mujer puede contravenir disposiciones de la Convención, sin tener en cuenta si hablan expresamente de la violencia. 4
De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, que da cuenta de los presuntos de feminicidios registrados por los Ministerios Públicos en las averiguaciones previas y/o investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas, indica que en 2015 se registraron 757 víctimas por el presunto delito de feminicidio, en 2016 se muestra una clara disminución con el registro de 462. En tanto que en 2018 se presenta la cifra más alta con 849 feminicidios, por su parte, la tasa de feminicidio por cada 100 mil mujeres en 2018 también es la más alta, de 1.3%. 5
La violencia que se comete contra las mujeres y niñas tiene múltiples expresiones, en los casos más severos la vida misma, el acoso, la persecución ejercida por agresores como la pareja, expareja u otros parientes e incluso por grupos delictivos organizados.
Mencionado lo anterior, quiero hacerle saber a esta Comisión Permanente, sobre una situación que aqueja a la sociedad mexicana, sobre todo a las mujeres y niñas.
El pasado 25 de noviembre en diversos estados de la república, diferentes colectivos feministas salieron a exigir un alto a la violencia contra las mujeres en Conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Marisol Cuadras, una joven activista en pro de las mujeres, levantaba su voz junto con su grupo en el Palacio Municipal de Guaymas, Sonora y como muchas más mujeres en esta lucha lo hacen, para ser escuchadas por las autoridades y erradicar la violencia contra las mujeres, sin embargo, lamentablemente ahora forma parte de la estadística.
La joven posa con sus compañeras y un letrero: “¡Nos queremos vivas!”. Escribe con tiza, agachada en el suelo, el mensaje “todas fuimos”. Se retrata con la alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova, que salió del edificio para encontrarse con las manifestantes. Y las imágenes continúan hasta las 18: 40 horas, cuando un grupo de sicarios llegó al Ayuntamiento y acabó con la vida de la joven. 6
Por otra parte, en el suceso también perdieron la vida dos personas más y otras resultaron heridas a causa de este lamentable suceso.
El derecho a una vida libre de violencia y acceso a la justicia, es una deuda histórica que el Estado mexicano tiene con las mujeres. Como representante de las y los sonorenses es mi deber hacerle saber a esta soberanía, las necesidades y en su caso las quejas e intrigas que sufre el pueblo mexicano y más si es concerniente al derecho de las mujeres y niñas de una vida libre de violencia.
Esto es un claro ejemplo de la negligencia de las autoridades anteriores, en temas con perspectiva de género y violación de derechos humanos de las mujeres sonorenses, que han dejado desapercibido la seguridad de las mujeres y niñas del estado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La comisión permanente del h. congreso de la unión exhorta al municipio de Guaymas del estado de Sonora, a encontrar y castigar conforme a derecho a los culpables del lo ocurrido en Guaymas, Sonora.
Segundo. La comisión permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las autoridades municipales, a erradicar la violencia, aumentar la sensibilización sobre sus causas y consecuencias, y fortalecer las capacidades de las autoridades para su prevención y respuesta.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado, a generar acciones y condiciones para atender la situación en los municipios de sonora considerados “alertistas” por los altos índices de feminicidios y violencia contra las mujeres y niñas.
Notas
1 ONU Mujeres. Tipos de Violencia Contra las Mujeres y las niñas.
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-wo men/faqs/types-of-violence
2 ONU Mujeres. Poner fin a la violencia contra las mujeres.
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-wo men
3 United Nations Human Rights. Recomendación general número 12.
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Recommendations.as px
4 United Nations Human Rights. Recomendación general número 19. La Violencia Contra la Mujer.
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1 _Global/INT_CEDAW_GEC_3731_S.pdf
5 Estadística a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Homicidios y Feminicidios.
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020 /Violencia2020_Nal.pdf
6 El País. Una joven que se manifestaba contra la violencia machista es asesinada en un ataque a un Ayuntamiento en Sonora.
https://elpais.com/mexico/2021-11-26/una-joven-de-18-anos-es-ase sinada-en-sonora-cuando-se-manifestaba-contra-la-violencia-machista.html
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los siete días del mes de enero de 2022.– Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
SE INFORME DE LAS OPERACIONES Y FINANCIAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN 2022
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Bienestar, la Segob y la Conavim a informar de las operaciones y el financiamiento de los programas de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas y los refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género en 2022, a cargo de la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, Elizabeth Pérez Valdez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a las secretarías de Bienestar y de Gobernación y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, informe relativo a la transferencia de la operación y financiamiento de los Programas de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (Paimef) y de Apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos, en el año 2022, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El 31 de diciembre pasado, el presidente López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación, de manera subrepticia, un Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar, en cuyo Artículo Segundo Transitorio, se abrogó el Acuerdo que, en 2005, dio vida al Instituto Nacional de Desarrollo Social. En los mismos transitorios, se estableció que los recursos humanos, financieros, materiales, así como los archivos, documentación y acervos del Instituto serán transferidos a la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social en un plazo no mayor de noventa días hábiles y que los asuntos en trámite, atendidos por esta Instancia, lo serían ahora por la dirección antes citada.
No obstante lo anterior, Fabiola Alanís, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, señaló a medios periodísticos que sería esa instancia y no la DGBCS la que operaría el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (Paimef), a partir de este año, aún y cuando las reglas de operación no han sido emitidas.
Según el sitio de investigación Animal Político, organizaciones sociales y activistas señalaron que existe una gran incertidumbre derivada de las afirmaciones de la titular de Conavim que contradice lo estipulado en el Decreto. “(Fabiola Alanís) explicó que el organismo se hará cargo del Paimef, que de debilitarse, se fortalece porque va a complementarse muy bien con los recursos que ya se implementan desde la Conavim para las alertas de violencia de género, para los centros de justicia para las mujeres y esto va a ayudar a verlo como un todo’, dijo en entrevista con Animal Político.
La comisionada afirmó que las nuevas responsabilidades también traerían más recursos para la Conavim, “seguramente habrá un incremento de presupuesto para su operación, además de lo que ya está etiquetado en el Congreso y esto va a entender como la integración o la integralidad del presupuesto para mejorar los servicios de atención”. 1
Sin embargo, al no contar con la transición de los recursos presupuestales, se pone en riesgo la operatividad no sólo del Paimef, sino de la propia Conavim, que ha tenido recurrentes recortes presupuestales, conforme a lo dictado por el gobierno federal en materia de austeridad. Paralelamente, las organizaciones han denunciado que otro de los programas que podría ponerse en riesgo es el del financiamiento a refugios para mujeres víctimas de violencia que, aparentemente, también pasaría a la Conavim pero que, desde el inicio del sexenio lopezobradorista, fue objeto de amenazas de desaparición.
Es toda esta incertidumbre respecto a las tareas encomendadas al Indesol en materia de violencia contra las mujeres, las que han despertado en las y los legisladores perredistas gran preocupación, por lo cual, conforme a lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometida con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pongo a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a las secretarías de Bienestar y de Gobernación y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, informe relativo a la transferencia de la operación y financiamiento de los Programas de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (Paimef) y de Apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos, en el año 2022.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación incluya en su Programa Anual, el análisis forense y de resultados de los Programas de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (Paimef) y de Apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos, en el año 2022.
Nota
1 https://www.animalpolitico.com/2022/01/indesol-programa-violencia-mujeres-biene star/
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.– Diputada Elizabeth Pérez Valdez (rúbrica).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
SE INCLUYA LA ENSEÑANZA DE EPISTEMOLOGÍA EN LOS PLANES OFICIALES DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a incluir la enseñanza de epistemología en los planes oficiales de estudio de educación básica y media superior, suscrita por la diputada Taygete Irisay Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, Taygete Irisay Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General, así como 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior de dicho Congreso, somete a consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que incluya la enseñanza de epistemología en los planes oficiales de estudio de educación básica, de acuerdo con la siguiente
Exposición de motivos
Nuestro periodo actual de la historia es conocido como la Edad de la Información. 1 Hoy día, gracias a las tecnologías modernas para producir, generar, transmitir, almacenar y procesar información, así como los servicios que muchas personas y empresas han creado para facilitar todo lo anterior, la información es hoy más prevalente que nunca. Mientras que hace 100 años una persona difícilmente recibía más de unas cuantas cartas al mes y la única fuente de información constante era el periódico del día, hoy es normal recibir en un solo día cientos de mensajes instantáneos, decenas de correos electrónicos y ser invitado a ver decenas de videos, artículos periodísticos y páginas web.
Todo lo anterior tiene un efecto social: que las redes sociales y los mensajes que recibimos constantemente se están convirtiendo en una fuente adicional de educación. Recibimos hoy en día tanta información a través de nuestras redes sociales como la que recibimos a través de la formación escolar y profesional, incluso más. Sin embargo, a diferencia de los cursos formales, la información que vemos en las redes sociales y los medios de difusión no tiene ningún control de calidad, y por esa razón, podemos estar expuestos lo mismo a información realmente confiable y fidedigna como a información totalmente falsa y sin fundamento alguno; y eso es un problema, pues en las redes sociales es perfectamente posible presentar cualquier idea como cierta a través del uso de elementos como lenguaje persuasivo o una imagen pública que proyecte confianza y competencia, sin importar si realmente es veraz o si tiene fundamento lógico.
Dichas ideas falsas, sin fundamento y con frecuencia fraudulentas que circulan de boca en boca y a través de las redes sociales, así como sus manifestaciones tales como los mensajes cadena, los productos milagro, las ideas pseudocientíficas, los artículos periodísticos falsos y los negocios fraudulentos, tienen su origen en un fenómeno humano que recientemente ha sido estudiado por numerosos expertos en psicología alrededor del mundo por su prevalencia en la mente y las sociedades humanas así como por el riesgo que dichas ideas son capaces de representar: la superstición.
La superstición ha sido definida por los psicólogos como “toda conducta que, a pesar de no tener una justificación técnica válida, es realizada bajo una creencia de que ésta es capaz de controlar la suerte y/u otros factores externos”; 2 es decir, cualquier conducta o patrón de comportamiento que se adopta bajo una creencia de que realizarlos tiene un impacto en el desarrollo o el desenlace de una situación, independientemente de si dicha creencia es fundamentada o si realmente es capaz de tener impacto en una situación.
La superstición es parte fundamental e inherente de la naturaleza humana: el mundo constantemente registra disminuciones de tráfico aéreo los días Viernes 13, que en las naciones occidentales son comúnmente considerados como “días de mala suerte”; 3 en los refugios de animales abandonados de Estados Unidos, los gatos negros suelen ser los menos adoptados por creencias locales de que éstos traen mala suerte; 4 y en Asia Oriental, el color rojo es muy usado en empaques de productos de consumo, debido a creencias populares de que es un color que simboliza la buena fortuna. Según un estudio de la Universidad del Oeste de Washington, 5 la prevalencia de las conductas supersticiosas suele intensificarse en situaciones de estrés emocional o en situaciones inciertas o de desenlaces potencialmente desfavorables o inciertos, y su ejecución suele traer sentimientos ilusorios de seguridad y confianza. Las creencias supersticiosas, además, tienen actualmente la característica de que éstas casi nunca tienen el respaldo de las instituciones académicas y educativas; por esta razón, la superstición generalmente se transmite de boca en boca, a través de evidencia anecdótica, leyendas, rumores y, más recientemente, a través de reportajes noticiosos falsos conocidos comúnmente como “noticias falsas” (del inglés “ fake news”). 6
Sin embargo, hoy día, “las noticias falsas” y todo lo que nos creemos es capaz de acarrear la realización de conductas nocivas; y en varias ocasiones, la sociedad en general ha llegado a adoptar conductas destructivas asociadas con beneficios ficticios e infundados.
Como ejemplos de este tipo de conductas masivas con impactos nocivos para la sociedad en general, podemos mencionar los siguientes hechos:
1. El movimiento antivacunas, un movimiento ideológico y social que fue calificado en 2019 por la OMS como una amenaza a la salud mundial, 7 cuyos proponentes buscan evadir las campañas nacionales de vacunación debido a temores infundados y supersticiosos de que éstas son nocivas para la salud. Dicho movimiento ha sido señalado como responsable directo del resurgimiento de enfermedades infecciosas como el sarampión o la tosferina en países como Estados Unidos, 8 Reino Unido 9 o Países Bajos. 10
2. Numerosos patrones de histeria masiva sin base ni fundamento lógico que han sido registrados a raíz de la crisis sanitaria del año 2020, tales como compras de pánico. 11
Como ya se mencionó, estas ideas tienen la característica de que casi siempre se transmiten de boca en boca, al no contar con el respaldo de instituciones oficiales, académicas o de investigación científica. En teoría, esto debería traducirse en que hoy, más que nunca, la superstición debería tener una legitimidad mínima histórica, gracias a los avances recientes en educación pública y divulgación científica; sin embargo, la superstición y por ende la creencia de cualquier cosa pareciera seguir tan fuerte como lo ha sido a lo largo de toda la historia. Una explicación para esta aparente paradoja radica, simplemente, en que la menor legitimidad que tienen hoy el hecho de creer en algo está siendo compensada por la capacidad sin precedentes que existe hoy en día para difundir ideas y creencias que ha traído el nacimiento de la Edad de la Información.
La “Edad de la Información” 12 es el nombre que recibe nuestro periodo actual de la historia. Así como en la Edad de Hierro y la Edad Industrial el dominio de dicho metal y las actividades de producción industrial fueron los principales motores del desarrollo humano, hoy en día el principal motor es la información, entendida ésta como el contenido ideológico o numérico de un mensaje.
Gracias al desarrollo de diversas tecnologías orientadas a su obtención, procesamiento, almacenamiento y distribución, la información hoy en día ha crecido en todos los sentidos: cantidad, abundancia, riqueza, velocidad de propagación, accesibilidad y exposición. Desde los periódicos impresos, el teléfono analógico, las obras de teatro y los discos de gramófono de hace 100 años, hasta los videojuegos de realidad virtual, el video bajo demanda, las redes sociales y el Internet de nuestros tiempos modernos, la información, hoy más que nunca, es el gran protagonista de nuestra sociedad moderna, tan así que muchas empresas han formado riquezas valuadas en cientos de millones de dólares sin vender un solo bien tangible, vendiendo nada más que servicios de manejo de información; sin embargo, uno de los grandes desafíos sociales en la Edad de la Información es que, si bien la cantidad de información disponible y la riqueza de su contenido han crecido de forma acelerada, la calidad y la veracidad de ésta no ha mejorado en absoluto.
Todos los días, estamos todos expuestos a ideas supersticiosas, falsas e irracionales que, a pesar de que la ciencia suele ser rutinariamente capaz de desmentirlas, su atractivo emocional inherente por el hecho de ser supersticiosas es capaz de hacerlas más creíbles para el público general que el conocimiento científico. Durante mucho tiempo, las ideas y la información falsas han sido subestimadas como falacias simples y fáciles de desmentir, confiando en la credibilidad inherente del conocimiento científico en conjunto con la legitimidad aportada por las instituciones sociales y oficiales de la academia y los sistemas nacionales de educación; sin embargo, si combinamos el atractivo psicológico de las ideas supersticiosas, con la capacidad sin precedentes que ofrecen nuestras tecnologías de información y comunicación (TIC) para difundir ideas y conocimiento tenemos como resultado que estas ideas e información siguen siendo tan fuertes como siempre; y si además consideramos que, como ya se dijo previamente, la superstición aporta un falso sentimiento de paz mental y tranquilidad especialmente en tiempos de incertidumbre y tensión emocional, y que el año 2020 es precisamente un año de gran tensión psicológica por motivo de la crisis sanitaria y económica mundial que estamos atravesando, tenemos que la superstición y toda la información y las noticias que se generan alrededor de esta, hoy más que nunca, tienen un potencial verdadero de extenderse a través de la sociedad de forma masiva y con potencial de causar estragos a nivel nacional.
Una cosa en común que tienen todas las ideas, noticias e información generadas a través de la falta de información comprobable en general, es que todas ellas son posibles de desmentir si se analizan a través de la epistemología, la rama de la filosofía que se dedica al estudio del conocimiento. Dicha rama se considera que nació a partir de un diálogo de Platón llamado Teeteto, 13 en el cual Sócrates concluye que una pieza de información debe cumplir con 3 criterios para ser considerada conocimiento: tener fundamento, ser verdadera, y tener el respaldo de la gente. Si analizamos una pieza de información a través de esos tres criterios, es posible determinar si realmente se trata de conocimiento confiable, o si se trata de simple superstición.
En el caso del conocimiento científico, su proceso de generación establece que toda teoría científica debe estar fundamentada en otras teorías científicas, datos duros y explicaciones verificables, por lo que el criterio de tener fundamento lo suele cumplir ampliamente. Su garantía de ser verdadero proviene irónicamente de una definición más débil de veracidad; el conocimiento científico no se considera como verdad absoluta, sino tan sólo como explicaciones verificables para los fenómenos que ésta estudia, lo cual deja una puerta abierta para que, en caso de que un conocimiento científico resulte no ser verdadero (como varias teorías que en su tiempo eran totalmente científicas pero han sido posteriormente desechadas), éste pueda ser corregido y refinado a lo largo de los años, con la intención final de acercarse cada vez más a la verdad. El tercer criterio, que es tener respaldo popular, lo encuentra en la comunidad científica internacional, la cual no sólo se dedica a generar conocimiento, sino también a validar independientemente el conocimiento generado por otros, y en varias ocasiones ha llegado a refutar estudios mal hechos pero que fueron publicados por omisión o por mala práctica.
En cambio, si analizamos la superstición o la pseudociencia a través de los tres criterios anteriores, podemos ver cómo su calidad como conocimiento se desmorona fácilmente. Primero, la superstición rara vez tiene fundamento lógico, o si parece tenerlo, éste consiste principalmente en falacias y artimañas psicológicas diseñadas especialmente para dar una falsa sensación de credibilidad a pesar de ser lógicamente insostenible; segundo, la superstición no tiene garantía alguna de ser verdadera, pues su origen es puramente emocional y su único fundamento es la percepción personal que está por naturaleza sujeta a errores y falacias lógicas; y en tercer lugar, a pesar de que la superstición suele tener mucho apoyo popular, es raro que los expertos crean en ellas, y los pocos “expertos” que creen en ellas generalmente son expuestos como gente mal informada en el mejor de los casos, o como estafadores cínicos en el peor de los casos.
Como podemos ver, un sencillo análisis epistemológico fue capaz de permitirnos exponer por qué la superstición tiene muchas menos posibilidades de contar como conocimiento sólido que el conocimiento científico; y dado que, en nuestra Edad de la Información, el determinar si algo es o no es conocimiento sólido es hoy en día parte de nuestra vida cotidiana, queda claro que la epistemología es hoy en día un conocimiento fundamental para la vida diaria, tan necesario como la lecto-escritura, la aritmética o la formación tecnológica básica, y que por esa razón, la epistemología debería formar parte de los planes de estudio de la educación básica.
Para ello, la Ley General de Educación en su artículo 23 faculta a la Secretaría de Educación Pública para determinar “los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y demás aplicables para la formación de maestras y maestros de educación básica, de conformidad a los fines y criterios establecidos en los artículos 15 y 16 de esta ley”. Por ello, la SEP está facultada para determinar que se incluya la enseñanza de la epistemología en los planes de estudio, materia que cumple con los fines y criterios establecidos en dichos artículos, y que, por los motivos previamente expuestos, podría constituir una invaluable adición al currículum educativo mexicano.
Expuesto lo anterior, me permito someter a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que incluya la enseñanza de epistemología en los planes oficiales de estudio de educación básica y media superior, a fin de que los educandos sean capaces de distinguir la veracidad y calidad de la información que reciben día tras día, y así evitar la propagación de ideas falsas que pudieran acarrear efectos dañinos para la sociedad y el país.
Notas
1 Manuel Castells. (1996). La Era de la Información: economía, sociedad y cultura. México: Siglo XXI.
2 D. Foster, D. Weigand y D. Baines. (2006). The effect of removing superstitious behavior and introducing a pre-performance routine on basketball free-throw performance(El efecto de eliminar las conductas supersticiosas e introducir una rutina previa en el desempeño en tiros libres de básquetbol) . Journal of Applied Sport Psychology (Diario de psicología deportiva aplicada), 18-2, 167-171.
3 T. Kramer y L. Block. (2006) The effect of superstitious beliefs on performance expectations(El efecto de las creencias supersticiosas en las expectativas de rendimiento) .Journal of the Academy of Marketing Science (Diario de la Academia de Ciencia de Mercadotecnia), 37(2), 161-169.
4 Merry Lepper, Philip H. Kass y Lynette A. Hart. (2002). Prediction of Adoption Versus Euthanasia Among Dogs and Cats in a California Animal Shelter(Predicciones de adopción contra eutanasia en perros y gatos en un refugio de animales de California) . Journal of Applied Animal Welfare Science (Diario de ciencias aplicadas del bienestar animal), 5(1), 29-42.
5 Alexandra A. Farley. (2015). A Qualitative Analysis of Superstitious Behavior and Performance: How it Starts, Why it Works, and How it Works (Un análisis cualitativo de conductas supersticiosas y su ejecución: cómo inician, por qué funcionan y cómo funcionan). Estado de Washington, EEUU: Western Washington University (Universidad del Oeste de Washington).
6 CBS Baltimore. (2016). Hillary Clinton Warns About Hoax News On Social Media(Hillary Clinton advierte sobre noticias falsas en redes sociales) . 6 de junio de 2020, de CBS Baltimore. Sitio web:
https://baltimore.cbslocal.com/2016/12/09/hillary-clinton-warns- about-hoax-news-on-social-media/
7 Organización Mundial de la Salud. (2019). Ten threats to global health in 2019 (Diez amenazas a la salud global en 2019). 6 de junio de 2020, de Organización Mundial de la Salud. Sitio web:
https://www.who.int/news-room/feature-stories/ten-threats-to-glo bal-health-in-2019
8 Amy A. Parker, Wayne Staggs, Gustavo H. Dayan, Ismael R. Ortega-Sanchez, Paul A Rota, Luis Lowe, Patricia Boardman, Robert Teclaw, Charlene Graves y Charles W Lebaron. (2006). Implications of a 2005 measles outbreak in Indiana for sustained elimination of measles in the United States (Implicaciones de un brote de sarampión en Indiana en 2005 para la eliminación sostenida del sarampión en Estados Unidos). The New England Journal of Medicine (Diario de medicina de Nueva Inglaterra).
9 E J Gangarosa 1, A M Galazka, C R Wolfe, L M Phillips, R E Gangarosa, E Miller y R T Chen. (1998). Impact of Anti-Vaccine Movements on Pertussis Control: The Untold Story (Impacto de los movimientos antivacunas en el control de la tosferina: la historia no contada). The Lancet.
10 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. (2000). Measles Outbreak- Netherlands, April 1999-January 2000 (Brote de sarampión — Países Bajos, abril de 1999 — enero de 2000). 6 de junio de 2020, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Sitio web:
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm4914a2.htm
11 Emilie Koum Besson. (2020). Covid-19 (coronavirus): Panic buying and its impact on global health supply chains(Covid-19 coronavirus: Las compras de pánico y su impacto en las cadenas globales de suministro de salud). 6 de junio de 2020, del Banco Mundial. Sitio web:
https://blogs.worldbank.org/health/covid-19-coronavirus-panic-bu ying-and-its-impact-global-health-supply-chains
12 Manuel Castells. (1996). La Era de la Información: economía, sociedad y cultura. México: Siglo XXI.
13 Platón. (369 AC). Teeteto. Publicado en Estados Unidos en 2008 bajo el Proyecto Gutenberg.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.– Diputada Taygete Irisay Rodríguez González (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
SE ANALICE LA PERTINENCIA DE DESTINAR LOS RECURSOS NECESARIOS, A FIN DE QUE SEAN PAGADOS LOS BONOS NAVIDEÑOS DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Finanzas de Baja California Sur, a analizar la pertinencia de destinar los recursos necesarios, a fin de que sean pagados los bonos navideños de las y los trabajadores del Estado, suscrito por el senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
REUNIÓN DE TRABAJO CON LA DIRECTORA GENERAL DEL CONACYT
«Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita una reunión de trabajo con la directora general del Conacyt, suscrita por legisladores del Grupo Parlamentario del PAN
Las legisladoras y los legisladores del Partido Acción Nacional integrantes de la Comisión Permanente a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II; y 276 numerales 1 y 2 del Reglamento del Senado de la República; así como por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se convoca a una reunión de trabajo a la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, para abordar la situación actual de ese organismo federal y los conflictos que se han presentado en los últimos meses en ese sector. Lo anterior, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En seguimiento a la reunión que sostuvieron Senadores y Senadores con una comitiva de profesores, estudiantes y trabajadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), a mediados del pasado mes de diciembre, las y los legisladores del Partido Acción Nacional acudimos a esta Comisión Permanente para que cite a un diálogo con este Poder Legislativo a la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a efecto de abordar la situación actual en ese organismo federal y los conflictos que se han presentado en los últimos meses en ese sector.
Como ha quedado de manifiesto en los tres primeros años de la administración del presidente López Obrador, el actual gobierno federal no solo ha fracasado en lo económico, en la salud, en el combate a la inseguridad pública o la corrupción, también ha fallado en el impulso a la ciencia y tecnología en nuestro país.
Para empezar, hay que decir que este gobierno inició, en 2019, con una reducción del 9% en el gasto público asignado al Conacyt. A esta reducción presupuestal hay que sumar la eliminación de los fideicomisos de ciencia y tecnología, aprobada por MORENA y sus aliados. Los 22 mil millones de pesos ahorrados en esos fideicomisos, ahora son usados de manera discrecional por el Ejecutivo. Estos golpes presupuestales nos han alejado más de la meta de dar al menos 1% del PIB a la ciencia y la tecnología, que es una obligación legal, de acuerdo artículo 9 BIS de la Ley de Ciencia y Tecnología.
Con esa eliminación se afectó a miles estudiantes de posgrado, académicos y universidades, que vieron cancelados los soportes económicos a sus proyectos de investigación, de igual forma se cerraron las puertas a nuevas aportaciones de organismos privados, internacionales y multinacionales para fondear proyectos de investigación. En síntesis, se limitó la investigación científica y tecnológica como elemento estratégico para el fortalecimiento del país. Un ejemplo más de la mal entendida “austeridad republicana”.
No solo en el tema presupuestal se han realizado acciones erróneas, también en los aspectos normativos. A fines de 2020, se conoció un anteproyecto de una nueva Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, elaborado por el Conacyt, para someterlo al Congreso de la Unión para su discusión y trámite legislativo, sin embargo, el documento ha sido cuestionado por diversas voces del sector científico, por los riesgos y los impactos negativos que contiene en relación al desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, el proyecto careció de una consulta amplia a la comunidad académica y científica.
Por otro lado, se realizaron modificaciones al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, eliminando estímulos económicos a los investigadores de instituciones privadas, marcando claramente una política discriminatoria.
Sin duda uno de los ataques a la comunidad científica más conocidos fue la denuncia presentada por la doctora Álvarez Buylla en contra de 31 exfuncionarios del organismo y científicos reconocidos, por supuestos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, denuncia presentada bajo la narrativa presidencial de asociar a la investigación científica con actos de corrupción.
Por supuesto el hecho más reciente es la crisis en el CIDE. A mediados de diciembre, Senadoras y Senadores de la República recibieron a estudiantes profesores y trabajadores quienes denunciaron agravios e intimidaciones, a raíz de la imposición de José Antonio Romero Tellaeche como director general del CIDE.
Compañeras legisladoras y legisladores, el Conacyt es la institución responsable de establecer las políticas públicas en humanidades, ciencia, tecnología e innovación de México, que tiene por objeto ser la entidad asesora del Ejecutivo Federal y especializada para articular las políticas públicas del gobierno federal y promover el desarrollo de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, a fin de impulsar la modernización tecnológica del país.
Sin embargo, como acabamos de describir, en los últimos años este organismo se aleja cada vez más de su misión de desarrollar y fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación nacionales.
Como Poder Legislativo no podemos seguir siendo ajenos a esta problemática, debemos incidir para que la ciencia y la tecnología se conviertan en verdaderos instrumentos para la mejora, el impulso y la consolidación del desarrollo y crecimiento de México.
Por todo lo antes expuesto, las y los legisladores del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta asamblea, con carácter de urgente resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a una reunión de trabajo a la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces, para abordar la situación actual de ese organismo federal y los conflictos que se han presentado en los últimos meses en ese sector.
Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2022.– Legisladores del Partido Acción Nacional.»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
REVISAR Y ESTABLECER NUEVAS ACCIONES, PLANES, PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA EN MORELOS
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Morelos a revisar y, en su caso, modificar o establecer nuevas acciones, planes, programas y políticas públicas dirigidos a garantizar la seguridad pública ciudadana, la prevención del delito, y la pronta y eficaz persecución de éste, a cargo del senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Ángel García Yáñez, senador de la República por el estado de Morelos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables, somete a consideración de la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al gobernador del estado de Morelos para que, en cabal cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales y legales, como jefe de la Fuerza Pública Estatal, revise y, en su caso, modifique o establezca nuevas acciones, planes, programas y políticas públicas dirigidas a garantizar la seguridad pública de las y los morelenses, la prevención del delito, así como la pronta y eficaz persecución de los ilícitos, ante el incremento en las conductas delictivas y velar por la conservación del orden público y por la seguridad interior y exterior del Estado, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El estado de Morelos, a pesar de ser una de las entidades federativas más pequeñas del país, pues representa 0.2 por ciento del territorio nacional, enfrenta una situación compleja en diversos rubros, siendo el tema de la seguridad es el que más preocupa a su población.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), a septiembre de 2021, en Morelos se presentan los resultados siguientes:
- 64.3 por ciento de la población de 18 años y más, considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy día su entidad federativa, seguido del desempleo con 42.1 por ciento y la salud con 40.9 por ciento. Lo anterior, se muestra en la gráfica siguiente:
- Por cada 100 mil habitantes, las mujeres son quienes en mayor medida han sido víctimas de alguna conducta delictiva, registrándose la tasa de 24 mil 817 contra 23 mil 525 de la cifra correspondiente a los hombres.
- En cuanto a la incidencia delictiva, por tipo de delito, por cada 100 mil habitantes, la población de 18 años y más, considera al robo o asalto en calle o transporte público como el de mayor ocurrencia, seguido de la extorsión, fraude, secuestro, delitos sexuales, robo a casa habitación, robo total o parcial de vehículo, lesiones, entre otros.
- En lo que se refiere al nivel de confianza en las autoridades de seguridad pública, 91.8 por ciento considera a la Secretaría de Marina como la autoridad que mayor confianza le inspira, seguida del Ejército con 88.3 por ciento; Guardia Nacional con 84.5 por ciento; 64.6 por ciento la Fiscalía General de la República; 57.9 por ciento el Ministerio Público y Fiscalía Estatal; 56.8 por ciento los jueces; 54.6 por ciento la Policía estatal; 51.4 por ciento la policía ministerial; 50.7 por ciento la policía municipal y 42.4 por ciento la policía de tránsito.
Lo anterior cobra mayor relevancia, si consideramos que las víctimas prefieren no denunciar la comisión de delitos, pues 38 por ciento considera que es una pérdida de tiempo y 14.5 por ciento es por desconfianza a la autoridad, entendiéndose por esta última, como el miedo a que lo extorsionarán, trámites largos y difíciles y por actitud hostil de la autoridad.
- En cuanto al conocimiento de la sociedad, respecto a las acciones realizadas para mejorar la seguridad pública en su localidad, según la encuesta, la población identifica lo siguiente:
Si bien el problema de la inseguridad se ha incrementado en los últimos años, recientemente se ha recrudecido en todo el estado de Morelos, pues con mayor frecuencia la ciudadanía se encuentra en un riesgo, ante diversos hechos y conductas delictivas, ocasionando que las personas vivan bajo un clima de zozobra.
Iniciando la primera semana del año, apenas el pasado 3 de enero de 2022, en el municipio de Jiutepec, fue atacado a balazos Gabriel Domínguez Barrios, quien se desempeña como juez Noveno de Distrito y que al momento de su agresión se encontraba acompañado de su hijo. Al respecto, según las primeras investigaciones a cargo de la Fiscalía estatal, se tienen abiertas dos carpetas de investigación, en la que uno de los motivos del ataque puede estar relacionado con la actividad propia de juzgador y la otra relacionada a la posibilidad de un asalto. De igual manera, se ha informado de la detención de tres personas que probablemente participaron en el ataque al juzgador federal.
Dicho ataque ha sido condenado por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien demando a las autoridades competentes una “investigación rápida, seria y profunda que permita sancionar a los responsables”.
Sin duda, dicho acto es reprobado desde esta tribuna y nos solidarizamos con el juez Domínguez Barrios y su familia, al tiempo de que exigimos a las autoridades agotar las investigaciones correspondientes, a fin de castigar a quienes perpetraron ese ataque, pues como se ha mencionado líneas arriba, la inseguridad es el mayor problema en el que se encuentra sumido el estado de Morelos.
Sin embargo, para mala fortuna, en los primeros días de 2022, podemos mencionar se tiene el reporte de dos feminicidios. Al respecto, es importante señalar que de acuerdo con cifras de la Incidencia Delictiva del Fuero Común 2021, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al mes de noviembre de 2021, en el estado de Morelos se han registrado 23 feminicidios, eso sin contar el señalado anteriormente. En el año 2020, Morelos acumuló un total de 35 feminicidios y en 2019 un total de 39.
Cabe destacar que en junio de 2021, en la conferencia que el Presidente de la República realiza diariamente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló que de acuerdo a las incidencias por cada 100 mil habitantes, Morelos encabeza las ocho entidades que concentran las tasas más altas de feminicidios en el país, junto con Sonora, Quintana Roo, Colima, Jalisco, San Luis Potosí y Chiapas, conforme a la imagen siguiente:
Como hemos mencionado, el estado de Morelos se encuentra en una situación compleja, pues día con día se tiene conocimiento de la comisión de diversas conductas delictivas, como el homicidio, el robo, la extorción, el narcomenudeo, entre otros.
Consecuentemente, ante la inacción de las autoridades, existe un clima de ingobernabilidad en el estado de Morelos, pues la ciudadanía está tomando justicia por su cuenta, que en algunos casos se han llevado a cabo linchamientos, al considerar que si los presuntos delincuentes son entregados a las autoridades difícilmente tendrán algún castigo y, en su caso, saldrán en libertad rápidamente, quedando impunes sus acciones. Como ejemplo, a finales de septiembre de 2021, un grupo de pobladores del municipio de Huitzilac, retuvieron, golpearon y quemaron a dos personas que presuntamente habían cometido el delito de robo, así como el probable secuestro de un menor de edad.
Por desgracia, existen múltiples casos del grave problema de inseguridad, en que mencionaremos algunos de ellos:
• El 7 de septiembre de 2021, en la ciudad de Cuernavaca, fue privado de la vida Alejandro García Zagal, popularmente conocido como El Chepe, quien era un líder de colonias de Cuernavaca que se había manifestado por la problemática del agua.
• El 17 de septiembre de 2021, medios locales y nacionales dieron cuenta del feminicidio de una profesora y su hija, quienes fueron privadas de la libertad en el Estado de México desde el mes de mayo y que lamentablemente se reportó su localización en el estado de Morelos.
• El 28 de septiembre de 2021, en la ciudad de Cuernavaca, en el que privaron de la vida al periodista Jesús Manuel González Reyes, quien fuera director del medio digital Portal Morelos.
Por si fuera poco, a pesar de la grave situación de inseguridad que se vive en el estado, el pasado 22 de diciembre de 2021 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, un oficio fechado el 14 de diciembre de 2021, en el que el gobernador Cuauhtémoc Blanco comunica al secretario de Gobierno de la entidad, que “...durante el periodo comprendido del primer minuto del diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno al último minuto del dos de enero de dos mil veintidós...” se separará de sus funciones. Dicha comunicación, a efecto de que se supla su ausencia.
Lo anterior da muestra de la frivolidad con la que se gobierna el estado de Morelos. Ante esta grave situación, el Congreso de la Unión no puede ser omiso, por lo que es necesario hacer un exhorto a las diversas autoridades del gobierno de Morelos, ante la gravedad de los hechos de violencia que se viven a diario en la entidad. Es necesario que las autoridades competentes lleven a cabo acciones contundentes en la prevención del delito y en el combate a la delincuencia, garantizando seguridad y que la ciudadanía tenga la confianza en que los delincuentes serán castigados por sus conductas.
Las y los morelenses necesitamos a autoridades comprometidas al cabal cumplimiento de sus obligaciones. Necesitamos a un gobernador que haga frente a las necesidades que se presentan a diario en el estado, al tiempo de hacer a un lado las diferencias políticas, pues se debe trabajar de manera coordinada e institucionalmente con la Fiscalía General del Estado.
Las lamentables conductas delictivas señaladas en el presente punto de acuerdo, se refiere a incidencia delictiva del fuero común, es decir, no hay pretextos para que las autoridades quieran trasladar las responsabilidades al ámbito federal. Es claro que debe de existir coordinación con las autoridades federales, pero mientras haya diferencias entre las instancias del gobierno de Morelos, difícilmente se entregarán buenos resultados.
Es de la mayor relevancia recordar a las autoridades del gobierno de Morelos que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, establece lo siguiente:
“Artículo 70.- Son facultades del Gobernador del Estado:
I. - XIX. ...
XX. Como Jefe de la Fuerza Pública Estatal, velar por la conservación del orden público y por la seguridad interior y exterior del Estado;
XXI. - XLIII. ...”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta asamblea, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Morelos para que, en cabal cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales y legales, como jefe de la Fuerza Pública Estatal, revise y, en su caso, modifique o establezca nuevas acciones, planes, programas y políticas públicas dirigidas a garantizar la seguridad pública de las y los morelenses, la prevención del delito, así como la pronta y eficaz persecución de los ilícitos, ante el incremento en las conductas delictivas y velar por la conservación del orden público y por la seguridad interior y exterior del estado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.– Senador Ángel García Yáñez (rúbrica).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
EXHORTO A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A AUMENTAR EL NÚMERO DE PRUEBAS DISPONIBLES DE MANERA GRATUITA PARA LA DETECCIÓN DE CORONAVIRUS ANTE EL AUMENTO DE CONTAGIOS POR LA VARIANTE ÓMICRON
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos locales a aumentar el número de pruebas gratuitas disponibles para detectar Coronavirus ante el aumento de contagios por la presencia de la variante Ómicron, a cargo del diputado Luis Arturo González Cruz, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, diputado Luis Arturo González Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea de la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Exposición de Motivos
Fue en el mes de noviembre de 2021 que la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció la presencia de una nueva variante del SARS-CoV-2, la cual fue denominada como “ómicron” y que, según información del Centro de para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos de América (CDC), es probable se propague con mayor facilidad que el virus original del SARS-CoV-2; de igual forma, este centro señaló que cualquier persona infectada por el virus de la variante ómicron puede llegar a propagar el virus a otras personas, incluso estando vacunadas.
Datos de la Secretaría de Salud federal señalan que el lunes 03 de enero en se han detectado 2 mil 877 nuevos contagios y 37 decesos, lo que da un total desde el comienzo de la pandemia en México de 3 millones 993 mil 464 casos positivos y 299 mil 581 defunciones. Actualmente hay un registro de 47 mil 874 casos activos acumulados y 583 mil 317 casos sospechosos. 1
En la Ciudad de México los últimos datos proporcionados por las autoridades de la capital señalan que hay 12 mil 152 casos activos, una ocupación hospitalaria del 6 por ciento con 273 camas generales ocupadas y 110 camas ocupadas con ventilador. 2
Lo anterior pone de manifiesto un importante aumento de personas contagiadas en comparación con los números que se venían observando antes de la aparición de la variante ómicron, donde la tendencia de contagios venía a la baja, por lo cual las autoridades capitalinas habían reducido el número de centros y su disponibilidad de pruebas de detección de la covid-19.
Ante esta situación y por coincidir con la temporada de fiestas decembrinas, época donde un gran numero personas aprovechan para reunirse y festejar, se desencadenó un aumento de personas contagiadas de covid-19 y con ello se ha registrado un aumento en las personas que buscan hacerse una prueba PCR o de antígenos para saber su estado de salud ante un posible contagio.
Actualmente, en la Ciudad de México existen 116 centros de salud que realizan al día unas 50 pruebas, según lo señaló Eduardo Clark, director de la Agencia de Innovación Pública, siendo este número de centros insuficientes como ha quedado evidenciado por las largas filas que se presentan no solo en ellos, sino también en farmacias y otros lugares de la capital en donde realizan pruebas para detectar covid-19.
En cuanto hace al porcentaje de personas que se han realizado pruebas en los quioscos o centros instalados por el gobierno capitalino y que resultan positivos, el último reporte que se tiene a la fecha muestra que el 25 por ciento de las pruebas que se hicieron salieron positivas, es decir, una de cada cuatro personas estaba contagiada.
Esta situación que está presentándose en la capital del país también se replica en otras entidades de la república en donde también se ha registrado un alza en los contagios, por lo cual es importante hacer un esfuerzo para ofrecer a la población la posibilidad de acceder a una prueba y puedan tomar las precauciones debidas. Los estados que presentaron mayor número de contagios durante la primera semana del 2022 fueron Ciudad de México, estado de México, Nuevo León, Guanajuato y Jalisco.
Por lo antes mencionado es imperante exhortar de manera respetuosa a las autoridades sanitarias de los diferentes estados de la república a que en la medida de sus posibilidades y tomando en cuenta la situación actual que se vive ante la presencia de la variante ómicron de la covid-19 se contemple la posibilidad de poner en marcha mecanismos de pruebas para la detección de coronavirus y así evitar mayor contagio y prevenir posibles complicaciones en la salud de las personas.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas a considerar de manera inmediata la posibilidad de aumentar el número de pruebas disponibles de manera gratuita para su población para la detección de coronavirus ante el aumento de contagios derivado de la presencia de la variante ómicron.
Notas
1 Véase: Covid-19 México. Disponible en:
https://datos.covid-19.conacyt.mx/
2 Véase: Seguimiento de covid-19 Disponible en:
https://covid19.cdmx.gob.mx/
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.– Diputado Luis Arturo González Cruz (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
SE INVESTIGUE A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES SOBRE LOS SUCESOS OCURRIDOS A LA ESTATUA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar tanto al gobierno como a la FGJ del estado de México y el ayuntamiento de Atlacomulco a investigar a los presuntos responsables de lo ocurrido con la estatua del presidente Andrés Manuel López Obrador en el municipio, suscrita por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, Ana Laura Bernal Camarena, diputada integrante de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado primero de enero de 2022 se divulgó que se instauró la “Estatua de AMLO, colocada a finales de diciembre de 2021 en Atlacomulco y que fue derribada posteriormente. Lo cual es una falta total de respeto a la figura presidencial que de ninguna manera puede quedar impune para marcar un precedente de impartición de justicia a nivel nacional.
“La Fiscalía dijo que la estatua fue encontrada derribada por la Policía Municipal y que las indagaciones estaban en curso. Se reportó que la estatua había sido tirada y decapitada el sábado por la madrugada, el mismo día que asumía Marisol Arias como nueva presidenta municipal, quien ganó las elecciones de 2021 bajo una alianza que –además del PRI– también incluyó al Partido Acción Nacional (PAN) y al Partido de la Revolución Democrática (PRD)”. 1
Mencionado lo anterior se tiene que realizar una investigación minuciosa por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para aclarar los hechos ocurridos.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 109 menciona lo siguiente:
“Artículo 109.
Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:
i. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.
II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan;
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control. Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará lo previsto en el artículo 94 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control. Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución. Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y [...]. 2
Sabiendo que una de las encomiendas de los servidores públicos es cumplir y hacer cumplir las leyes, se hace un atento llamado al Fiscal General de Justicia del Estado de México en conjunto con las autoridades correspondientes del municipio de Atlacomulco, Estado de México para la coordinación de la investigación, en su caso ejercitar la acción penal y aplicar todo el peso de la ley contra quien resultara responsable de tales actos delictivos con la figura presidencial.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México, a la Fiscalía General del Estado de México y al municipio de Atlacomulco, a investigar a los presuntos responsables sobre los sucesos ocurridos a la estatua del presidente Andrés Manuel López Obrador en Atlacomulco, estado de México.
Notas
1 CNNESPAÑOL. “Derriban estatua del presidente López Obrador que había sido develada en Atlacomulco, bastión histórico de partido opositor en el estado de México” 02/01/22.
https://cnnespanol.cnn.com/2022/01/02/derriban-estatua-del-presi dente-lopez-obrador-en-mexico-orix/
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2021.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los siete días del mes de enero de 2022.– Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
>EXHORTO A LA SHCP Y AL INAH, A DEJAR SIN EFECTOS LAS CIRCULARES 401.4 6.1.2 1021/3247 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 401.4C-|-2021/17 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y el INAH a dejar sin efectos las circulares 401.4 6.1.2 1021/3247 y 401.4c-|-2021/17, emitidas por la Coordinación Nacional de Recursos Humanos y la Secretaría Administrativa del INAH, a cargo de la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, Elizabeth Pérez Valdez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Dirección General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dejar sin efectos las circulares 401.4 6.1.2 1021/3247 del 17 de diciembre de 2021 y 401.4c-|-2021/17 de fecha 29 de diciembre pasado, emitidas por la Coordinación Nacional de Recursos Humanos y por la Secretaría Administrativa del INAH respectivamente, e informar a esta honorable Comisión Permanente respecto del avance en la ministración de recursos presupuestales a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El 29 de diciembre pasado, el antropólogo Pedro Velázquez Beltrán, secretario Administrativo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, emitió la circular 401-4C.1-2021/17, dirigido a los titulares y administradores de las Unidades Administrativas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el cual se hace referencia al oficio 401.4C.1.2021/3247 de fecha 17 de diciembre de 2021, en se señala explícitamente que con excepción del personal que ocupa puestos de estructura y que actualmente devenga sus remuneraciones con cargo a la partida presupuestal 12201 (Remuneraciones al personal eventual), a partir del primero de enero de 2022 no deberá convocarse a laborar a ninguna persona que haya estado contratada como personal eventural al 31 de diciembre del 2021, en tanto su eventual contratación no haya sido autorizada por la Coordinación Nacional de Recursos Humanos.
La contravención a esta disposición y los compromisos que se asuman con dicho personal, serán única y exclusiva responsabilidad de quién los convoque o autorice su convocatoria.
En respuesta, la cuenta oficial de Twitter de la Escuela Nacional de Antropología e Historia difundió un oficio signado por su director en donde hacía explícitas las dificultades que el cumplimiento de esta instrucción traería para esta Institución, ya que gran parte de su personal se encuentra laborando bajo estas modalidades. En este oficio —que después fue borrado de la cuenta—, el director Hilario Topete Lara señaló que habría afectaciones en áreas como la Dirección, la Secretaría Académica, la Subdirección Administrativa, la Subdirección de Investigación y la División de Licenciaturas, afectando “de manera significativa a la comunidad estudiantil, académica y de trabajadores diversos de la ENAH”. 1
En respuesta, tanto el director general de INAH, como el vocero presidencial Jesús Ramírez, señalaron que estas noticias son infundadas y que todos los trabajadores eventuales serían recontratados en 2022 bajo la misma modalidad. Por su parte, el Presidente López Obrador, en su conferencia del día 3 de enero, señaló que se seguirían evitando los derroches, los gastos superfluos y la duplicidad de funciones, para hacer más eficiente la aplicación del gasto público y que, sin embargo, si la ENAH requiere de más recursos, se le proporcionarían.
Más allá del conflicto coyuntural que supone la no contratación del personal eventual en este mes, lo que queda de manifiesto es la precariedad laboral que se vive en la institución y que resulta indispensable resolver a la brevedad, por lo cual esta Asamblea debe conocer cuál es exactamente la situación por la que se atraviesa y generar los mecanismos para solventarla.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometida con la educación superior en nuestro país, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Dirección General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dejar sin efectos las circulares 401.4 6.1.2 1021/3247 del 17 de diciembre de 2021 y 401.4c-|-2021/17 de fecha 29 de diciembre pasado, emitidas por la Coordinación Nacional de Recursos Humanos y por la Secretaría Administrativa del INAH respectivamente, e informar a esta honorable Comisión Permanente respecto del avance en la ministración de recursos presupuestales a la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Dirección General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a la Dirección de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y a la comunidad académica y estudiantil para generar una mesa de trabajo para la regularización de la contratación del personal eventual, garantizando su seguridad laboral y la continuidad de las labores de la Institución.
Nota
1 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Tras-protestas-anulan-golpe-a-la-EN AH-e-Inali-20220102-0057.html
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.– Diputada Elizabeth Pérez Valdez (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
SE DESARROLLEN MECANISMOS INSTITUCIONALES DE MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE LOS INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LAS ESCUELAS MEXICANAS
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y sus 32 homólogas locales a desarrollar mecanismos institucionales de mediación y resolución de conflictos entre los integrantes de la comunidad educativa; y al Mejoredu, a capacitar a los docentes sobre mediación y resolución de conflictos escolares, suscrita por la diputada Taygete Irisay Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, Taygete Irisay Rodríguez González, diputada del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior de dicho Congreso; somete a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas, para desarrollar mecanismos institucionales de mediación y resolución de conflictos entre los integrantes de la comunidad educativa en las escuelas mexicanas; y al Consejo Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), para que capacite a los docentes en materia de mediación y resolución de conflictos a nivel escolar; de acuerdo con la siguiente
Exposición de motivos
Conforme al artículo 3 de la Constitución, dos de los principios que forman la base de la educación en nuestro país son el respeto a todos los derechos y las libertades, y la cultura de paz. Este principio es un valor que debe fomentar la educación en nuestro país, y es también desarrollado en el artículo 15, fracción V, de la Ley General de Educación como “la cultura de la paz, el respeto, la tolerancia, los valores democráticos que favorezcan el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permitan la solución no violenta de conflictos”.
A pesar de lo anterior, la resolución no violenta de conflictos, la cual está estrechamente ligada con el desarrollo de la inteligencia emocional —entendida ésta como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos, y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y nuestras relaciones— es una de las deficiencias que padece nuestro sistema educativo. Como un sistema desarrollado en términos de la filosofía occidental tradicional, según la cual la razón nos lleva a la verdad y las emociones nos inducen al error, la educación pone un énfasis casi exclusivo en el conocimiento y la razón pura a la vez que descuida la cuestión afectiva. Nuestro sistema enfatiza fuertemente las ciencias exactas, los conocimientos teóricos y la razón pura, a la vez que se descuida la inteligencia emocional y la capacidad para resolver conflictos interpersonales, institucionales y sociales de forma inteligente, productiva y pacífica; y esto se ve reflejado en todas las personas que, a falta de capacidades para dialogar y resolver sus diferencias, recurren a la violencia, la represión, la manipulación, la fuerza directa, u otras vías destructivas.
Queda claro, por lo tanto, que es necesario redoblar esfuerzos en inculcar la cultura de la paz en la educación pública. Dado que la cultura de la paz se trata de un valor, no basta con tan sólo decir a nuestros alumnos y docentes que resuelvan sus conflictos de forma pacífica; es necesario adoptar dicha cultura a nivel personal e institucional, ser congruentes, y predicar con el ejemplo. Una forma concreta y posible de llevar esto a cabo, y así contribuir no sólo a formar un país más pacífico, sino también a mejorar la inteligencia social y emocional de nuestros ciudadanos y de la comunidad educativa, es a través de la institución de mecanismos de mediación y resolución de conflictos interpersonales a nivel escolar.
La mediación es un método de resolución de conflictos que ya está formalizado y en práctica en muchas jurisdicciones, en el cual intervienen dos o más partes en conflicto con la ayuda de un mediador independiente, con el objetivo de llevar dicho conflicto a una solución positiva, productiva y favorable para ambas partes. Dentro de este proceso, el mediador juega un papel neutral; éste jamás interviene de forma directa en el proceso de negociación, sino que sólo lo favorece, a través de acciones tales como favorecer una comunicación ordenada entre las partes, o establecer un lugar y un ambiente adecuado para la negociación.
A pesar de que desde hace mucho tiempo ha estado aplicándose en ámbitos tales como el laboral, judicial o laboral, la mediación se usa muy poco en el ámbito escolar. Debido a la visión tradicional de que la escuela es un lugar de impartición de conocimientos donde las cuestiones afectivas quedan en segundo plano, así como una visión errónea de que la resolución de conflictos es competencia de adultos maduros y desarrollados, la mediación de conflictos ha sido objeto de escaso interés por parte de la comunidad educativa; sin embargo, a raíz de la creciente preocupación por el acoso escolar, la mediación ha comenzado a ser considerada como un medio para propiciar la sana convivencia en la escuela. Los primeros programas de mediación escolar de los que se tiene conocimiento surgieron en los años 60 en Estados Unidos, inicialmente como esfuerzos individuales de parte de profesores con el fin de ayudar a que los alumnos resolvieran sus diferencias; posteriormente, en los 80 se comenzaron a coordinar esfuerzos para introducir la mediación de conflictos de manera oficial, como parte de la formación de una cultura de la paz. 1 Los métodos van desde el simple acto de incorporar conceptos de mediación en el currículum educativo, pasando por capacitar al personal docente y administrativo en este tema, hasta la incorporación de programas oficiales de mediación a los cuales pueden recurrir tanto alumnos como profesores.
Las ventajas de adoptar la mediación de conflictos son muchísimas. Debido a que el conflicto es parte inherente de la convivencia humana, la resolución de conflictos es una habilidad fundamental para poder tener una sana convivencia con todos, lo que implica que enseñar y poner en práctica esos mecanismos traerá un aprendizaje práctico para la vida. Los mecanismos oficiales de mediación de conflictos transmiten un mensaje de que las autoridades y los líderes de la comunidad educativa son congruentes y se toman en serio la cultura de la paz, lo cual es indispensable a la hora de inculcar y transmitir valores en una organización. La mediación escolar es capaz de reducir la incidencia del acoso escolar, directamente a través de ofrecer una vía pacífica para resolver conflictos entre alumnos en vez de permitir que éstos sigan creciendo, e indirectamente al formar en el alumno una mejor capacidad para convivir pacíficamente con los demás. La mediación escolar es incluso capaz de reducir la incidencia de acciones disciplinarias aplicadas a alumnos transgresores, ya que ésta ofrece vías más productivas para reparar el daño causado por infringir las normas que un simple castigo, y es una forma mucho más efectiva que el castigo directo para que el alumno transgresor tome conciencia de las consecuencias de sus actos. La mediación escolar, además, es un medio concreto y específico para promover la inteligencia emocional, aspecto que, como ya se mencionó, suele ser ignorado en las escuelas a pesar de que su importancia ya ha sido reconocida.
Por supuesto, debe quedar claro que la mediación de conflictos no es ningún sustituto ni está en contra de la disciplina y las reglas escolares, sino que es un complemento a todo lo anterior; a través de la mediación escolar se busca que todos participen activamente en la resolución de sus conflictos, aprendan de ellos, mejoren sus habilidades sociales, y todo ello puede traer incluso un mayor respeto hacia la institución escolar.
Expuesto lo anterior, me permito someter a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, así como a sus homólogas de las 32 entidades federativas, para que desarrollen mecanismos institucionales de mediación y resolución de conflictos entre los alumnos, profesores, administradores, y demás miembros de la comunidad educativa en las escuelas mexicanas.
Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) para que capacite a los docentes en materia de mediación y resolución de conflictos a nivel escolar.
Nota
1 Isabel Sepúlveda Montaño. (2019). Mediación escolar: Hacia una educación emocional y pacífica (página 112). México: Porrúa.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.– Diputada Taygete Irisay Rodríguez González (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
EXHORTO A LA FGR, A ATRAER EL CASO DEL DELITO DE VIOLACIÓN COMETIDA POR EL DIPUTADO ELECTO DEL PAN JORGE ALBERTO ROMERO VÁZQUEZ
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a atraer el caso de violación cometida por el diputado electo del PAN Jorge Alberto Romero Vázquez contra las ciudadanas Regina N y María José N, suscrita por los diputados Emmanuel Reyes Carmona y Pedro David Ortega Fonseca, del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputado Emmanuel Reyes Carmona y Pedro David Ortega Fonseca, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
Casi 1 de cada 3 mujeres ha sufrido abusos a lo largo de su vida. En tiempos de crisis las cifras aumentan, como se vio durante la pandemia de covid-19 y las recientes crisis humanitarias, conflictos y desastres climáticos. Un nuevo informe de ONU Mujeres, basado en datos de 13 países desde la pandemia, recoge que 2 de cada 3 mujeres padecieron alguna forma de violencia o conocían a alguna mujer que la sufría. Por desgracia, sólo 1 de cada 10 dijo que recurriría a la policía en busca de ayuda. A su vez, se llegó a la conclusión que estas mujeres tienen más probabilidades de enfrentarse a situaciones de pobreza y escasez de alimentos.
Si bien la violencia de género es generalizada, esta puede y debe prevenirse. Detener esta violencia comienza por creer en las sobrevivientes, adoptando enfoques integrales e inclusivos que aborden las causas fundamentales, transformen las normas sociales dañinas y empoderen a las mujeres y las niñas.
La discriminación, la revictimización y la impunidad en la respuesta del poder judicial a casos concretos de violencia de género han sido identificados en relación al acceso a la justicia de las mujeres víctimas de la violencia.
El Poder Judicial enfrenta, en los casos de violencia de género, una alta responsabilidad ética y jurídica de velar por la protección de quienes denuncian. Por otra parte, la Declaración de Naciones Unidas sobre Víctimas de Delitos (1985) y las Reglas de Brasilia (2008) señalan que las mujeres, niños/as víctimas de violencia de género que requieren especial protección, y la Convención Interamericana Belén Dó Pará establece obligaciones concretas al Poder Judicial.
Recientemente, diversos medios de comunicación dieron a conocer la noticia que, el diputado federal electo del PAN, Jorge Alberto Romero Vázquez, ha sido acusado de violar a dos ex reinas de la ciudad de Irapuato (Regina N y María José N), sin duda la nota fue un escándalo nacional por tratarse de un diputado electo el ejecutor del delito, pues, hasta hace poco su bancada se pronunciaba en contra de la violencia contra las mujeres, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el pasado 25 de noviembre en la más alta tribuna de la nación. Lo que ha causado más asombro y molestia entre la ciudadanía es la revictimización de las partes ofendidas pues la Fiscalía General del estado de Guanajuato reclasificó el delito de violación espuria, que es con el que fue iniciado y por el que el agresor estuvo en prisión preventiva, para dejarlo en abuso sexual.
Con esta reclasificación el agresor pudo salir libre gracias a la actuación de la fiscalía, sin tomar en cuenta las decisiones del juez de control y del magistrado, que confirmó la vinculación a proceso.
En este sentido como legisladores federales, pero sobre todo como padres de familia, esposos, hijos o simplemente como ciudadano consciente del problema latente que significa cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, hoy nos pronunciamos de manera contundente contra esta forma de actuar de un legislador electo y de la fiscalía estatal, que se supone debe ser el abogado del pueblo.
Por las circunstancias en que tienen lugar y quién los cometió, generalmente los delitos contra la integridad sexual son investigados en el fuero común (es decir, por las fiscalías de cada entidad federativa); sin embargo, en ciertos casos deben ser investigados y perseguidos por la FGR.
El artículo 5 de la Ley de la Fiscalía General de la República establece:
Artículo 5. Al Ministerio Público de la federación le corresponde, en representación de los intereses de la sociedad: la investigación y la persecución de los delitos del orden federal y los de su competencia ante los tribunales, la preparación y el ejercicio de la acción de extinción de dominio, la intervención en todos los asuntos que correspondan a sus funciones constitucionales, así como promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de la persona imputada, de la víctima o de la persona ofendida durante el desarrollo del procedimiento penal, establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, en el Código Nacional, la presente ley, y las demás disposiciones legales aplicables.
La Fiscalía General de la República podrá ejercer la facultad de atracción de casos del fuero común en los supuestos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y las leyes aplicables.
La víctima podrá solicitar a la Fiscalía General que ejerza su facultad de atracción.
Por esta razón es que hoy solicitamos que la Fiscalía General de la República atraiga este caso por la ineficacia de la fiscalía local competente.
Por lo expuesto, ante esta soberanía presento el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la Republica atraiga el caso del delito de violación cometida por el diputado electo del PAN, Jorge Alberto Romero Vázquez, cometido en contra de las ciudadanas Regina N y María José N; por haberse demostrado la incapacidad e inefectividad de la Fiscalía General del estado de Guanajuato.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión de Permanente, a 7 de enero de 2022.– Diputados: Emmanuel Reyes Carmona y Pedro David Ortega Fonseca (rúbricas).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
SE INSTRUYA A LA SHCP, IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA PÚBLICA A FIN DE EVITAR UN ESCENARIO DE ESTANCAMIENTO E INFLACIÓN
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la SHCP para que implante una política pública adecuada y realice acciones conducentes a evitar un escenario de estancamiento e inflación en beneficio de la economía familiar, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Gina Gerardina Campuzano González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
La economía mexicana tendrá un comienzo de 2022 difícil debido a la falta de crecimiento económico, al incremento de precios de bienes y servicios y a la actualización del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) que mermará las finanzas de los hogares mexicanos más allá del primer mes. i
El 2022 inicia con una inflación de 7.45 por ciento –último dato disponible correspondiente a la primera quincena de diciembre del año pasado– la más elevada desde 2001 y a pesar de ser menor respecto al 7.70 por ciento del cierre de noviembre, de acuerdo con la directora de análisis económico de Banco Base, Gabriela Siller, destacó que los riesgos al alza para la inflación siguen presentes. ii
Resultado de la elevada inflación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actualizó el IEPS a cigarros, gasolinas, refrescos y bebidas saborizadas, y es de 7.36 por ciento. iii
Para la actualización de la tasa del IEPS, se dividió el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes de noviembre de 2021 que fue de 116.884 puntos entre el índice del mismo periodo de 2020 de 108.856 unidades. iv
Al respecto, de acuerdo con Moreno Soto se prevé que los hogares mexicanos padecerán de una cuesta de varios meses, incluso, las expectativas de Banco de México sobre la inflación apuntan a que esté por encima del rango de 3 por ciento +/- un punto porcentual hasta el cuarto trimestre del año. v
Siller recordó que los precios de las mercancías, alimenticias y no alimenticias, han subido ante mayores costos de producción por las disrupciones en cadenas de suministro a nivel global y mayores costos de transporte, por lo que las presiones en los primeros meses del año persistirán. vi
Sin embargo, cuando analizamos que los alimentos y bebidas presentan una inflación aún mayor a la inflación general no vista en décadas, es momento de que la Secretaría de Hacienda reaccione ante la coyuntura que esto representa en las familias de menores ingresos. vii
Es por ello, que presento el presente exhorto al Ejecutivo federal para que a través del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para implementar una política pública adecuada y realizar las acciones necesarias a fin de evitar un escenario de estancamiento e inflación en beneficio de la economía de las familias mexicanas.
Por lo antes expuesto y fundamentado, someto respetuosamente a la consideración de esta Honorable Asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y evitar el alza en los precios debido a la inflación, por lo que me permito proponer los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que instruya al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para implementar una política pública eficaz y realizar las acciones necesarias a fin de evitar un escenario de estancamiento económico e inflación en beneficio de la economía de las familias mexicanas.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda Crédito Público, para que informe periódicamente a la opinión pública, sobre el avance de las acciones instrumentadas para el cumplimiento y seguimiento del exhorto anterior.
Notas
i Miguel Moscosa, Cuesta de enero se prolongará más de un mes ante alta inflación, Economía, el CEO, consultado por última vez el 3 de enero de 2022 en
https://elceo.com/economia/cuesta-de-enero-2022-inflacion-impues tos/
ii Ibídem.
iii Ibídem.
iv Miguel Moscosa, Cuesta de enero se prolongará más de un mes ante alta inflación, Economía, el CEO, consultado por última vez el 3 de enero de 2022 en
https://elceo.com/economia/cuesta-de-enero-2022-inflacion-impues tos/
v Ibídem.
vi Ibídem.
vii Ibídem.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.– Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
EXHORTO A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR A MANTENER EL CARÁCTER INSTITUCIONAL DE LA RELACIÓN DEL GOBIERNO CON LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Bienestar a mantener por la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social el carácter institucional de la relación del gobierno con las organizaciones de la sociedad civil, suscrita por la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Yolanda de la Torre Valdez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. Antecedentes
La historia de la política social en nuestro país tiene un antes y un después con Luis Donaldo Colosio Murrieta y María Angélica Luna Parra, luchadores incansables de las causas sociales y promotores de la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad civil, Donaldo Colosio constante-mente manifestó su genuino interés por escuchar a la sociedad al señalar que:
“Los cambios son signo de nuestro tiempo. En nuestro país la sociedad se ha vuelto plural; los ciudadanos son cada vez más críticos, más informados, más exigentes, demandantes, reclamantes. Reclaman mayor participación política y reclaman justicia social”. 1
Y reconocer que:
“Hoy, en la nueva etapa de cambios que vive el país, las condiciones de la política son otras. La sociedad mexicana ha tomado la iniciativa para resolver sus problemas y ha adquirido nuevas capacidades”. 2
En 1992, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se creó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con Luis Donaldo Colosio como titular y María Angélica Luna Parra, como directora general de la Concertación Social, durante su gestión se promovió y concretó el primer fondo de apoyo a los proyectos sociales de las organizaciones no gubernamentales con el Instituto Nacional de Solidaridad (Insol).
El programa de los fondos de conversión buscaba canalizar recursos a las organizaciones comunitarias para planear conjuntamente las inversiones del gobierno en desarrollo social y la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil.
En el año 2000, el Fondo de Coinversión Social cambió su denominación por el de Programa de Coinversión Social (PCS) y, en septiembre de 2001, el Insol se transformó en el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol).
Desde 2006, también operó el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), pionero y único en América Latina para implementar y ejecutar programas de prevención de la violencia contra las mujeres, a través de los institutos de la mujer, distribuidos en los 32 estados de la República Mexicana.
El enorme trabajo del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) no puede entenderse sin la aportación de María Angélica Luna Parra, quien puntualizó reiteradamente que el Programa de Coinversión Social, creado por ella en la administración de Luis Donaldo Colosio, tiene como fin trabajar en conjunto con las organizaciones civiles:
“No es peso por peso, sino que se les estimula para que aporten modelos de atención, continuidad, cercanía con la gente y genere acciones que propicien el desarrollo”.
Cabe destacar que desde su nacimiento y hasta su desaparición el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), contó con directores de distintas visiones políticas e ideológicas, sin embargo, su vocación institucional se mantuvo, dando lugar a importantes reflexiones por parte de integrantes de distintos sectores con la finalidad de incidir en la mejora del diseño, operación y evaluación de las políticas públicas enfocadas al desarrollo social.
II. Normatividad
El Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) tenía como visión: “Ser la instancia que promueva y fomente el desarrollo de los actores sociales, la participación ciudadana y la organización de la sociedad civil y su vinculación con las dependencias gubernamentales, con el fin de lograr un México en paz e incluyente, en el marco de la gobernabilidad democrática, desde una perspectiva de desarrollo integral, pleno respeto a los derechos humanos e igualdad de género”.
Como misión: “Fomentar la participación ciudadana y la organización social y comunitaria a través de la capacitación, el intercambio de experiencias y la articulación a nivel regional y temático entre los diversos actores sociales con el apoyo de recursos físicos, materiales, financieros y humanos para generar sinergias que propicien mayores vínculos y lazos sociales a fin de avanzar en proyectos que incidan en el desarrollo social y productivo a través de la interacción entre la sociedad civil organizada y las instancias gubernamentales para consolidar la cohesión social”.
En el artículo 28 Bis del Reglamento de la Secretaría de Bienestar se establece que la nueva dirección tiene como atribución, entre otras, “Promover, impulsar y coordinar acciones de capacitación, formación, asesoría, investigación e información, dirigidas a la vinculación y fortalecimiento de las capacidades institucionales de los gobiernos de las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas a tareas de desarrollo social y disminución de la pobreza”.
Asimismo, “Fomentar la participación de grupos sociales vinculados a los programas y tareas de desarrollo social y de bienestar común, así como apoyar y consolidar su capacidad de gestión y respuesta, a través del diseño de acciones y estrategias de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, especialmente en las regiones, zonas, municipios y comunidades del país con mayores rezagos y menor crecimiento, que requieran atención inmediata o prioritaria”.
De igual manera: “Apoyar la intervención de las organizaciones de la sociedad civil en las tareas de desarrollo social y bienestar común, mediante la aplicación de fondos institucionales y la promoción y realización de acciones de gestión, capacitación y asesoría para el desarrollo de sus proyectos, así como fomentar su participación en el diseño, ejecución y evaluación de la política social, y su fortalecimiento organizativo e institucional”.
La dirección tendrá la misma atribución como la tenía como Indesol, de “Fungir como Secretaría Técnica de la Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil” y “Operar el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil”.
Además dentro de los transitorios del decreto se establece que “Los recursos humanos, financieros, materiales, así como los archivos, documentación y acervos bibliográficos del Instituto Nacional de Desarrollo Social serán transferidos a la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, en un plazo no mayor a noventa días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, observando todas las disposiciones legales aplicables y con respeto a los derechos laborales de los trabajadores”.
Y que “los asuntos en trámite que son atendidos por el Instituto Nacional de Desarrollo Social serán atendidos y resueltos por la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social”.
Se agrega también que “las referencias que se hagan y las atribuciones que se otorgan en decretos, reglamentos, acuerdos, reglas, manuales, circulares, lineamientos y demás disposiciones administrativas al Instituto Nacional de Desarrollo Social, se entenderán hechas o conferidas a la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social”.
III. Justificación
Diversas organizaciones de la sociedad civil y miembros de distintos sectores de la sociedad han manifestado su preocupación por la disolución del Instituto Nacional de Desarrollo Social, transfiriendo sus atribuciones a la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, argumentando que si bien se considera que los asuntos en trámite que eran atendidos por el instituto serán resueltos por la nueva dirección, y que las atribuciones con las que contaba el Indesol se dan por hechas o conferidas a la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, al pasar de un organismo desconcentrado a una dirección administrativa podría perderse el carácter institucional de la relación del gobierno con las organizaciones de la sociedad civil (OSC), restando autonomía a las OSC y haciendo distinción entre una u otra por su carácter político e ideológico que se perciba.
Coincidimos en que las obligaciones del Estado subsisten y reconocemos la facultad del Ejecutivo de reconfigurar a la administración federal, sin embargo, debemos evitar que modificaciones tan complejas sean vistas como una mera reorganización interna con el fin de economizar recursos.
El Instituto Nacional de Desarrollo Social ocupaba un papel muy importante para el desarrollo social de nuestro país, sobre todo en materia de derechos humanos, contaba con decenas de programas sociales destinados a mujeres víctimas de violencia, inclusión de género, además de ser un gran referente en la profesionalización de las asociaciones civiles, siempre fungiendo como un espacio de diálogo que permitía a distintos sectores involucrarse e incidir en la mejora del diseño, operación y evaluación de las políticas públicas enfocadas al desarrollo social.
Todo esto sin que la visión ideología y política de quien ocupaba la dirección afectara la vocación institucional del instituto, permitiendo la continuidad de políticas y programas dando paso a grandes resultados en materia de desarrollo social, es por ello por lo que debemos vigilar y garantizar que la nueva Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social mantenga el carácter institucional de la relación del gobierno con las organizaciones de la sociedad civil, sin distinción política e ideológica, así como procurar que dé continuidad y fortalezca las acciones y estrategias de fomento a las organizaciones de la sociedad civil implementadas por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol).
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar para que, a través de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social se mantenga el carácter institucional de la relación del gobierno con las organizaciones de la sociedad civil, sin distinción política e ideológica.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar para que, a través de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, dé continuidad y fortalezca las acciones y estrategias de fomento a las organizaciones de la sociedad civil implementadas por el Instituto Nacional de Desarrollo Social.
Notas
1 Citado en María Angélica Luna Parra, “La reforma del poder con la fuerza de la sociedad”, en Colosio, vida y legado de un demócrata mexicano. México, Fundación Colosio, 2014, p. 455.
2 Ídem
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.– Diputada Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
SE INVESTIGUE Y SANCIONE A QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LOS HECHOS SUCEDIDOS EN EL ZOOLÓGICO TUZOOFARI
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Profepa a investigar y sancionar al responsable de lo sucedido en el zoológico Tuzoofari, a cargo del diputado Luis Arturo González Cruz, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, diputado Luis Arturo González Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea de la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Constantemente hacemos referencia a la riqueza e importancia de las especies animales en nuestro país, especialmente las silvestres por tratarse de un elemento determinante para el equilibrio ecológico en nuestro planeta.
En México albergamos cerca del 10 por ciento de las especies silvestres registradas en el mundo, gran parte de ellas endémicas; ello nos posiciona en el quinto lugar con mayor número de especies de plantas, cuarto en anfibios, segundo en mamíferos y primero en reptiles. Y aunque solo alrededor de 100 mil especies en el país han sido descritas, se calcula que podrían ser millones las que habitan nuestros ecosistemas. 1
Esta importancia ha llevado al Estado mexicano a generar mecanismos de protección mediante la expedición de leyes que, además de buscar prevenir su ilegal procedencia y tenencia, establece sanciones para desincentivar cualquier acción que atente contra su subsistencia.
En el Partido Verde siempre hemos insistido en la importancia de que las especies de fauna silvestre permanezcan en su hábitat natural, pues además de los servicios ambientales que éstos dejan de prestar a los ecosistemas en donde pertenecen, ha quedado demostrado que en muchos de los casos resulta casi imposible alcanzar los requerimientos mínimos indispensables para garantizar el trato digno y respetuoso de la fauna silvestre en cautiverio, lo que lleva a la disminución e, incluso, extinción de las especies por no encontrarse en las mejores condiciones para su desarrollo y reproducción.
Reconocemos que existen sitios que persiguen genuinamente el interés de proteger a dichas especies y para ello se constituyen legalmente como espacios destinados a la conservación de la vida silvestre, tal y como los refiere la Ley General de Vida Silvestre:
Unidades de manejo para la conservación de vida silvestre: Los predios e instalaciones registrados que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado y dentro de los cuales se da seguimiento permanente al estado del hábitat y de poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen.
Los zoológicos son un ejemplo de ello, pueden contar con registro como Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) o como Predios o instalaciones que manejen vida silvestre de forma confinada fuera de su hábitat natural (PIMVS), dependiendo si tienen o no el fin de recuperación de especies o poblaciones para su posterior reintegración a la vida libre, como lo establecen los artículos 26 y 27 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.
En nuestro país, la mayoría de los zoológicos argumentan cumplir con el objetivo de conservar y educar para acercar a la sociedad a aquellos ejemplares que no son endémicos de nuestro país, o bien, que por alguna razón no pueden ser reintroducidos en su medio natural; no obstante, existe amplia evidencia de que muchos de estos predios no cuentan ni siquiera con los requerimientos básicos para albergar especies silvestres en cautiverio.
El avance en la protección de la fauna silvestre en nuestro país es significativo, además de la legislación contamos con autoridades ambientales y unidades especializadas en la procuración de justicia ambiental. En el caso específico de la protección de la fauna silvestre en cautiverio que habita en zoológicos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), hasta hace unos años, implementó un Programa Nacional de Inspección a Zoológicos cuyo objetivo fue verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente relativa al registro y operación de los mismos registrados ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), incluyendo la legal procedencia y las condiciones bajo las que se mantienen en confinamiento.
Durante el periodo de 2009 a 2015, esta Procuraduría detectó como principales irregularidades las siguientes:
-No acreditar la legal procedencia de ejemplares de fauna silvestre.
-Incumplimiento al Plan de Manejo.
-Faltas sobre el trato digno y respetuoso.
Derivado de ello, algunos medios de comunicación refirieron que en 6 de 10 zoológicos mexicanos hay maltrato o especies de procedencia ilegal. De acuerdo con datos de la Profepa, en el país, en ese entonces, operaban 95 zoológicos donde habitaban más de 20 mil animales de alrededor de 370 especies silvestres de aves, mamíferos y reptiles; y que, durante la implementación del Programa Nacional, se observó que en el 61.5 por ciento de los zoológicos había faltas al trato digno y respetuoso hacia los animales o los encargados no pudieron acreditar la legal procedencia de los ejemplares. 2
Aun cuando no existe información reciente que permitan comparar con la situación actual, se tienen claras muestras de que las acciones implementadas no han sido suficientes para desincentivar la falta de cumplimiento a las leyes en materia de vida silvestre.
Ejemplos son muchos, no obstante, centramos la atención en la reciente denuncia sobre el zoológico en el estado e Hidalgo “Tuzoofari”, en donde en días pasados un león devoró a crías de la misma especie ante la presencia de visitantes, sin la intermediación del personal de dicho zoológico.
La denuncia replicada en diversos medios de comunicación advierte la posible negligencia de la administración y especialistas del lugar, quienes “debieron garantizar la separación de dichos ejemplares y el mantenimiento de la leona y sus cachorros en área de maternidad”.
Asimismo, afirman que la falta de protocolos es una constante en dicho zoológico, retomando lo acontecido en 2016, cuando la Profepa instauró un procedimiento en contra de Tuzoofari por la exhibición de un ejemplar de jaguar (Panthera onca) en el Centro Educativo Universitario de Pachuca, sin contar con las autorizaciones para el traslado del ejemplar ni para su exhibición fuera de sus instalaciones. 3
De igual manera, durante el mismo 2016, el zoológico fue clausurado por dicha Procuraduría por no atender las observaciones que se realizaron en una visita anterior; denunciando que un tigre escapó y atacó a un caballo; lo que propietarios de Tuzoofari decidieron incumplir cubriendo los sellos de clausura con enormes lonas; situación que, de ser cierta, resulta una violación a la legislación ambiental y administrativa de nuestro país. 4
Lo anterior, da muestra de que existe una clara tendencia a la omisión de obligaciones por parte de los encargados de dicho zoológico para llevar a cabo acciones que garanticen la integridad física, el bienestar animal y la conservación de ejemplares tan importantes para el planeta.
Ante las declaraciones sobre lo acontecido como resultado de una conducta natural de dichos ejemplares silvestres, no queda más que insistir en que si no se tiene la posibilidad de garantizar la sobrevivencia de éstos, lo ideal es no asumir la responsabilidad que representa hacer un aprovechamiento de fauna silvestre en cautiverio.
Es importante seguir generando consciencia sobre la importancia de que dichas unidades, predios e instalaciones, cumplan efectivamente el objetivo para el cual se constituyeron, no se puede seguir tolerando actos de negligencia humana que ponga en peligro la vida de una especie cuya tenencia fue autorizada para su conservación.
Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que verifique el estado físico de los ejemplares que habitan el zoológico de Hidalgo denominado “Tuzoofari” y el cumplimiento de las leyes en materia de trato digno y respetuoso; así como para que determine las causas que dan origen a su comportamiento ante las agresiones entre los propios ejemplares, denunciadas en diversos medios de comunicación, sobre la posible negligencia por parte de la administración de dicho zoológico.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que, en el marco de sus atribuciones legales en materia de inspección y vigilancia, y de ser el caso, imponga sanciones ejemplares en contra de quien o quienes resulten responsables, con la finalidad de garantizar que los ejemplares que habitan el zoológico “Tuzoofari” sean resguardados en óptimas condiciones en cumplimiento de los requerimientos mínimos legales, previendo y minimizando los riesgos asociados a la tenencia de especies de fauna silvestre en cautiverio.
Notas
1 Véase, “México alberga cerca del 10% de las especies silvestres registradas en el mundo”, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 01 de marzo de 2017. Consultado el 04 de enero de 2022. Disponible en:
https://www.gob.mx/semarnat/articulos/celebra-mexico-el-dia-inte rnacional-de-la-vida-silvestre
2 Véase, “En 6 de cada 10 zoológicos mexicanos hay maltrato o compras irregulares”, Periódico Excelsior, 22 de julio de 2016. Consultado el 04 de enero de 2022. Disponible en:
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/22/1106259
3 Véase, “Denuncian a Tuzoofari por negligencia; león macho devoró a un cachorro frente a todos”, INFOBAE, 28 de diciembre de 2021. Consultado el 04 de enero de 2022. Disponible en:
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/12/28/denuncian-a-tu zoofari-por-negligencia-leon-macho-devoro-a-un-cachorro-frente-a-todos/
4 Véase, “El Tuzoofari rescatado por Grupo Pachuca es clausurado; cubren evidencia”, El Quadratin. 11 de febrero de 2016. Consultado el 04 de enero de 2022. Disponible en:
https://hidalgo.quadratin.com.mx/principal/El-Tuzoofari-rescatad o-por-Grupo-Pachuca-es-clausurado-cubren-evidencia/
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.– Diputado Luis Arturo González Cruz (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
SE INVESTIGUE AL PERIÓDICO REFORMA Y A LOS PERIÓDICOS QUE HAYAN PROPAGADO DE LA NOTICIA SIN FUNDAMENTO DEL CÓDIGO DE VESTIMENTA Y CONVIVENCIA EN LA OFICINA
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de la Presidencia a investigar a Reforma y los periódicos sumados a la propagación de la noticia sin fundamento del “código de vestimenta y convivencia en la oficina”, suscrita por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, Ana Laura Bernal Camarena, diputada integrante de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 28 de noviembre de 2021 se publicó una nota periodística en donde se dio a conocer el “Código de Vestimenta y Convivencia en la Oficina”, publicado por el periódico Reforma y otros periódicos de la misma índole, en donde se comunicaba la prohibición a los trabajadores que no podían tener tatuajes a la vista y peor aún, faltaban el respeto a la figura presidencial. 1
El cual es completamente falso y se exhorta a dichos periódicos a ser coherentes y tener credibilidad con la información que publiquen para no confundir y crear malos entendidos en la sociedad mexicana.
El trabajo profesional del periodista es garantizar el derecho de la sociedad a obtener la mayor medida y calidad de información; la investigación de la verdad y de darla a conocer es uno de los fundamentos del periodismo.
El periodismo se establece mediante un compromiso con la sociedad y en especial con el principal destinatario de la información que es la ciudadanía. Las personas ofrecen su credibilidad y confianza hacia el trabajo del periodista, por ende, hay un peso muy específico en el trabajo de los periodistas con el pueblo mexicano.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19 menciona:
“Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” 2
Ahora bien, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en su artículo 13 en su primer párrafo menciona:
“Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. 3
El artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo segundo menciona:
“Artículo 6
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”. 4
El artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo segundo menciona:
“Artículo 7
Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones”. 5
La capacidad de difusión de los medios de comunicación y el impacto de sus contenidos sobre la ciudadanía exigen un grado de responsabilidad importante . La función de informar va más allá de trasladar unos hechos. Los medios pueden crear opinión pública sobre determinados hechos o comportamientos. Por eso es esencial informar con rigor y conocimiento para generar criterio a través de la verdad.
El periodismo tiene una misión fundamental de vigilancia de los poderes públicos y privados, posee una función de contrapoder. Para un ejercicio responsable es mantener una actitud de independencia a pesar de las distintas y aceptadas, algo que genera pluralidad. Solo así sirviendo a la veracidad, el periodismo demuestra su utilidad social.
Si bien sabemos que debemos respetar el derecho a la libre expresión tal y como se mencionó anteriormente con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con la Convención Americana sobre los Derechos humanos y con los artículos constitucionales, se le tiene que dar prioridad a la veracidad de la información divulgada por los diferentes periódicos nacionales para no afectar a las personas, terceras personas o entidades sin sustento alguno.
Por todo lo anterior hago un llamado para la buena práctica del periodismo en cualquier tipo de tema de carácter nacional para que prevalezca la credibilidad en cualquier periódico nacional y no incurrir en el vicio de la desinformación.
Mencionado lo anterior quiero hacerle saber a esta Cámara de Diputados sobre una situación controversial la difusión de la nota periodística del “Código de Vestimenta y Convivencia en la Oficina” en donde también dicho código de vestimenta prohíbe a los trabajadores hablar mal del presidente de la República, difundida por el periódico Reforma y otros periódicos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a Ana Elizabeth García Vilchis, directora de Redes de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de Presidencia, a investigar al periódico Reforma y demás medios de comunicación que difundieron la noticia falsa sobre “el código de vestimenta y convivencia en la oficina”, para aclarar los hechos y prevalezca la verdad histórica.
Notas
1 Reforma. Código de vestimenta y convivencia en la oficina. 28/11/21.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/def ault.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/conoce-el-codigo-de- vestimenta-de-la-consejeria/ar2305600?referer=–7d616165662f3a3a6262623b727a7a72 79703b767a783a–
2 Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, 1948.
3 Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 1981.
4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2021.
5 Ídem.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los siete días del mes de enero de 2022.– Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
EXHORTO A DESARROLLAR PROGRAMAS A FAVOR DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES EN LAS ESCUELAS MEXICANAS; Y AL MEJOREDU, A CAPACITAR A LOS DOCENTES EN ATENCIÓN DE ALUMNOS MIGRANTES
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP y sus 32 homólogas locales a desarrollar campañas y programas a favor de niños y adolescentes migrantes en las escuelas; y al Mejoredu, a capacitar a los docentes en atención de alumnos migrantes y publicar un informe de los menores migrantes en ellas, suscrita por la diputada Taygete Irisay Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Las suscritas, Taygete Irisay Rodríguez González y Elvia Yolanda Martínez Cosío, diputadas del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior de dicho Congreso, someten a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas, para desarrollar campañas y programas a favor de las niñas, niños y adolescentes migrantes en las escuelas mexicanas; y al Consejo Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), para que para que capacite a los docentes en atención de alumnos migrantes, así como para que publique un informe acerca de los menores migrantes en las escuelas mexicanas; de acuerdo con la siguiente
Exposición de motivos
En las escuelas mexicanas, las niñas, niños y adolescentes migrantes internacionales se enfrentan a fracturas educativas, administrativas, sociales, culturales, psicológicas y lingüísticas que se traducen en una situación de discriminación. Se trata de una situación de vida cada vez más prevalente entre las niñas, niños y adolescentes de nuestro país que ha estado pasando desapercibida, para la cual no existen leyes, políticas ni acciones oficiales al respecto, y que tiene fuertes repercusiones negativas en la vida de los menores inmigrantes. En México, los legisladores tenemos un deber constitucional de velar en todo momento por el interés superior de la niñez; y en cumplimiento de este deber, tenemos que poner fin a esta situación discriminatoria que ya ha afectado la vida de muchas niñas, niños y adolescentes, y que, de no visibilizarse y atenderse, seguirá afectando el futuro de muchos mexicanos.
Al respecto, tenemos un estudio que aparece en el libro “Niñas y niños en la migración de Estados Unidos a México: la generación 0.5”, de Víctor Zúñiga y Silvia E. Giorguli Saucedo, 1 en el cual se expone de qué forma afecta este fenómeno a las niñas, niños y adolescentes de origen mexicano y con experiencia en las escuelas de los Estados Unidos de América. El estudio comienza con un hecho identificado en otros estudios: 2 que las escuelas mexicanas son mononacionales, es decir, están concebidas para atender a alumnos que jurídica y simbólicamente pertenecen a una sola sociedad nacional, y que esto sucede tanto en las escuelas mexicanas como en las escuelas estadounidenses. Si bien esto es una función social y política vital para la construcción de un Estado-nación —pues esto hace que las nuevas generaciones se integren a una comunidad abstracta como lo es la nación mexicana— esto a su vez trae grandes problemas para la integración de niños provenientes de escuelas extranjeras.
Por una parte, el principio de la escuela mononacional trae como resultado que las leyes, reglamentos, estándares oficiales y programas de estudio son concebidos sin jamás tomar en cuenta cómo opera la educación en otros países. Esto causa que los planes educativos de diferentes países tengan grandes diferencias, no sólo en conocimientos de enfoque local tales como lengua, historia, geografía y civismo, sino también en conocimientos universales como matemáticas, ciencias, arte o educación tecnológica; todas ellas, disparidades ante las cuales los alumnos originarios de escuelas extranjeras no están preparados, y que inciden de forma negativa en su rendimiento académico al trasladarse a otro país.
Por otra parte, al ser las escuelas extranjeras también mononacionales, los menores provenientes de ellas son menores formados con la idea de que pertenecían a la nación donde cursaron su educación básica, que participaron en rituales cívicos extranjeros, internalizaron creencias políticas extranjeras, desarrollaron lealtad a otra nación, se identifican con los relatos de los personajes históricos de otra nación, y que al llegar a México se topan con una realidad totalmente diferente; los que cursaron la educación temprana en Estados Unidos con frecuencia se saben el himno nacional estadounidense pero no el mexicano, conocen a George Washington pero no a Miguel Hidalgo, desconocen la división política mexicana, y con frecuencia sienten más lealtad hacia Estados Unidos que hacia México.
En el caso de menores que provienen de escuelas donde no se enseña en lengua española, ellos se enfrentan también a una barrera lingüística causada por haber recibido su educación en una lengua extranjera. Como resultado, la lengua española queda para ellos en un segundo plano, no la desarrollan con el rigor académico con el cual reciben la lengua extranjera en la escuela, y al trasladarse a México tienen mayores dificultades para expresarse en lengua española. Esto hace que los menores que no cursaron la educación en español se enfrenten a toda una serie de problemas académicos, sociales y de integración por motivo de la barrera del idioma, el cual puede incluso llevarlos a reprobar ciclos de educación básica, o a hacerlos blanco de discriminación y acoso escolar por no dominar la lengua española como lo hacen sus compañeros.
En cuanto a los menores inmigrantes originarios de Estados Unidos, éstos se enfrentan a más problemas de integración con la población mexicana por motivo de su mayor lealtad por la nación estadounidense, las diferencias culturales con las cuales crecieron, así como por la disparidad entre el ingreso familiar, el nivel de vida y las oportunidades que se encuentran en ambos países. El estudio muestra entrevistas con docentes y encuestas hechas a alumnos que sugieren que los menores provenientes de Estados Unidos podrían sentir que están en un país subdesarrollado, sin oportunidades ni comodidades materiales, con el cual no se pueden identificar; percepción que podría mejorarse si hubiera mecanismos institucionales adecuados para facilitar su integración con los niños y las escuelas de nuestro país.
A pesar de todos los hechos anteriormente expuestos, el enfoque mononacional de la educación pública ha causado que esta problemática haya sido invisibilizada a nivel oficial, al grado de que ni siquiera existen números oficiales que expongan la verdadera magnitud de esta situación; si bien el estudio de Zúñiga y Giorguli sugiere que esta situación pudiera estar presente a nivel nacional, éste sólo fue hecho sobre una pequeña muestra representativa, y para conocer la realidad completa se necesita un estudio a nivel nacional. Actualmente, lo más cercano que se tiene a un estudio así son algunos datos dispersos en estudios tales como la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi, que reveló que en ese año había 420 mil alumnos en escuelas mexicanas nacidos en EE.UU., así como algunas publicaciones académicas con estimaciones hechas a partir de datos del Inegi.
Finalmente, el estudio de Zúñiga y Giorguli concluye que la educación mexicana niega la singularidad de los alumnos provenientes de otros países, y eso se traduce en que no existe ningún esfuerzo a nivel institucional para facilitar la llegada e integración de los menores inmigrantes a la educación mexicana, ni siquiera ningún tipo de formación docente para facilitar dicho proceso. Los autores concluyen que, en este sentido, la misión de la escuela mexicana debe ser que los menores inmigrantes puedan transformarse en mexicanos; que puedan pasar a percibirse a sí mismos como mexicanos, respetando sus orígenes pero a la vez inculcando la identidad mexicana en ellos a través de la construcción de una biculturalidad, ayudándoles a integrarse a los currículos educativos mexicanos, todo eso con el apoyo del personal docente y administrativo de las escuelas, así como del personal burocrático de las autoridades educativas.
Expuesto lo anterior, me permito someter a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, así como a sus homólogas de las 32 entidades federativas, para que desarrolle campañas y programas acerca de la realidad que viven las niñas, niños y adolescentes migrantes y que cursaron la escuela en el extranjero, así como programas que permitan facilitar su integración a los planteles y planes de estudio mexicanos.
Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) para que ofrezca a los docentes mexicanos capacitación adecuada que les permita atender las necesidades y mejorar la integración de los menores migrantes, y para que elabore un informe cualitativo y cuantitativo acerca de los menores inmigrantes en las escuelas mexicanas.
Notas
1 Víctor Zúñiga y Silvia E. Giorguli Saucedo. (2019). Niñas y niños en la migración de Estados Unidos a México: la generación 0.5. México: El Colegio de México.
2 Víctor Zúñiga y Silvia E. Giorguli Saucedo. (2019). La institución mediadora: Los niños migrantes internacionales en las escuelas mexicanas. En Niñas y niños en la migración de Estados Unidos a México: la generación 0.5 (página 182). México: El Colegio de México.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.– Diputadas Taygete Irisay Rodríguez González, Elvia Yolanda Martínez Cosío (rúbricas).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
EXHORTO AL GOBIERNO DE CAMPECHE, A INFORMAR DE LA ATENCIÓN A MIGRANTES CANALIZADOS DESDE CHIAPAS
Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Campeche, a informar a esta soberanía sobre las acciones implementadas para atender a los cientos de migrantes que le han sido canalizados como parte de la ayuda que se está dando a Chiapas ante la saturación de sus albergues, suscrito por la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
SE GARANTICE EL CUIDADO DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES Y DERECHOS, EN FAVOR DE LAS MUJERES PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades encargadas de operar el sistema penitenciario a garantizar las garantías individuales y los derechos de las mujeres privadas de la libertad en un centro de reclusión, suscrita por la diputada Ana María Balderas Trejo, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada federal Ana María Balderas Trejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a las autoridades penitenciarias del Poder Ejecutivo y de los Poderes Ejecutivos de las 32 entidades federativas encargadas de operar el sistema penitenciario, a garantizar el cuidado de las garantías individuales y derechos, en favor de las mujeres privadas de su libertad en un centro de reclusión, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El sistema penitenciario en México tiene sus orígenes a principios del siglo XIX y se ha ido modernizando conforme a los cambios jurídicos que ha sufrido nuestra Carta Magna, hasta tener su base legal en el artículo 18 de la Constitución Política, donde se establece en su párrafo segundo los mecanismos para la reinserción social de los internos basados en el respeto de los derechos humanos, sin embargo, la realidad es que este objetivo no se ha cumplido, por el contrario se han convertido en universidades del crimen.
Desde hace ya varios años se vienen arrastrando diversos problemas en las prisiones de país, entre los que destacan el hacinamiento, la sobrepoblación, la corrupción, los motines, el tráfico de influencias, la creación de mafias en los penales, el autogobierno, el pago de cuotas de protección, la realización de llamadas de extorsión, la falta de capacitación de las autoridades penitenciarias, entre otras, lo que ha dado como resultado una crisis.
Además de que, conforme al comunicado de prensa DGC/140/19, emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el que se afirma que, si no se atienden estos problemas, no podrá superarse la situación de inseguridad e injusticia, derivado de la falta de empatía como sociedad. 1
Actualmente en México tenemos un universo de 211 mil 169 personas privadas de la libertad, de las cuales el 94.4 por ciento son hombres y el restante 5.6 por ciento son mujeres, 2 de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2021.
Ahora bien, las mujeres que se encuentran en situación de reclusión viven en condiciones mucho más desfavorables que sus contrapartes varones, sufriendo constantemente de la violación de sus garantías individuales, mediante diversos tipos de la violencia como la física, mental, psicológica, sexual y moral, esta última derivada de la estigmatización de la sociedad por no cumplir con el rol esperado por parte de ellas, imponiendo una sanción adicional a la sufrida al perder su libertad.
No conforme con eso la mayoría de los centros de reclusión son mixtos (únicamente 11 son exclusivos para mujeres), por lo que los servicios de salud, de capacitación, los médicos, están en las áreas varoniles, 3 sin contar el hecho de que en muchos de estos centros la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ha documentado que no existe una separación real entre hombres y mujeres, lo que representa una violación flagrante a nuestra Constitución.
En el caso de la infraestructura es aún más evidente la desigualdad, ya que no existe hasta la fecha al menos una prisión femenil por estado, cayendo en una clara discriminación por motivos de género, convirtiéndolas en una población en extremo vulnerable. Que además de todo, sufre del abandono por parte de sus familias en muchas ocasiones, un ejemplo de ello es lo que sucede en el estado de Baja California, donde entre el 60 y el 75 por ciento de las 525 mujeres presas en las cárceles del estado no reciben visitas de sus familiares, y sólo el 2.2 por ciento en promedio son frecuentadas por sus parejas en el área conyugal. 4
Sumado a esto, la falta de perspectiva de género suele convertirse en un factor determinante al momento de emitir las sentencias por parte de las autoridades competentes, donde las mujeres mexicanas que son condenadas a cárcel cumplen en promedio cinco años más que los hombres, según un informe elaborado por la ONG Reinserta. 5
Otro ejemplo de la marginación que han sufrido las mujeres es la falta de acción gubernamental por atender sus necesidades básicas, convirtiéndolas en un sector de la sociedad casi invisible al momento de generar programas de readaptación social, por la falta de actividades o talleres que les permitan reincorporarse a la sociedad de forma digna y licita, siendo esto un pendiente más que resolver por parte del estado mexicano.
Es por ello que la CNDH ha realizado diversos pronunciamientos y visitas de supervisión a diversos centros penitenciarios, en razón de las precarias condiciones en las que se encuentra la mayoría de los establecimientos destinados para el alojamiento de las mujeres, así como la falta de servicios y de personal necesario para su adecuado funcionamiento. 6
Es inadmisible, que un país claramente machista y violento en contra de las mujeres se sigan permitiendo este tipo de abusos de manera sistemática, que van más allá de lo que sucede en el día a día en las calles, sino que también se traslade a los centros de reinserción social, donde prácticamente tratan a las mujeres como un cero a la izquierda.
La lucha por la igualdad debe realizarse en todos los frentes, con el apoyo de todas y todos los Diputados para erradicar cualquier tipo de abuso y desequilibrio que afecte a las mujeres de nuestro país, al eliminar la violencia y sustituirlo por programas y políticas que mejoren la readaptación social en el sistema penitenciario nacional.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta respetuosamente a las autoridades penitenciarias del Poder Ejecutivo federal y de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas encargadas de operar el Sistema Penitenciario a garantizar el cumplimiento de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como la Ley Nacional de Ejecución Penal, en favor de las mujeres privadas de su libertad en un Centro Penitenciario.
Notas
1 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-04/ Com_2019_140.pdf
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspef/2021/doc/cnsi-pef_2021_res ultados.pdf
3 https://www.reporteindigo.com/reporte/prision-preventiva-abandono-tras-las-reja s-para-mujeres/
4 https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2019/5/26/mujeres-presas-en-bc-son- abandonadas-por-su-familia-revela-informe-225482.html
5 https://www.animalpolitico.com/2020/02/mujeres-cumplen-condenas-cinco-anos-carc el-hombres-informe-reinserta/
6 http://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/109/Anexo%202%204% 20A.1%20Informe%20Especial%20-%20Mujeres%20en%20 Reclusi%C3%B3n.pdf
Ciudad de México, a 7 de enero de 2022.– Diputada Ana María Balderas Trejo (rúbrica).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
EXHORTO A LA SERMARNAT, A NO FUSIONAR EL IMTA CON LA CONAGUA
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a no fusionar el IMTA con la Conagua y preservarlo y consolidarlo, suscrita por la senadora Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, senadora Beatriz Paredes Rangel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con puntos de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) es un organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que se aboca a enfrentar los retos nacionales y regionales asociados con el manejo del agua y a perfilar nuevos enfoques en materia de investigación y desarrollo tecnológicos para proteger el recurso y asignarlo de manera eficiente y equitativa entre los distintos usuarios.
En 1986 el IMTA fue creado como órgano desconcentrado de la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos para responder a los problemas complejos que implicaba la gestión sustentable y sostenible del agua en México, en un contexto social, económico, tecnológico, y ambiental integrado. En 1994 se convierte en un órgano desconcentrado de la Semarnat. En 2001 se convierte en un organismo público descentralizado coordinado por la Semarnat y en 2009, la Semarnat y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) lo reconocen como centro público de investigación.
El IMTA, como organismo público descentralizado y centro público de investigación, cuenta con la facultad de generar ingresos propios a través de la celebración de convenios y contratos con otras instituciones públicas y privadas para desarrollar proyectos de carácter científico y tecnológico, con parte de estos recursos se ha podido ir solucionando serias dificultades para actualizar el equipo, ampliar su infraestructura de investigación y para realizar investigación e innovación tecnológica, así como para dar mantenimiento al equipo científico, repararlo o sustituirlo, según el caso y para ampliar la infraestructura de oficinas y laboratorios, también se apoya la realización de proyectos internos de investigación o desarrollo tecnológico que conducen al fortalecimiento de una base científica para atender las prioridades del sector 1.
El IMTA es una institución que cuenta con cerca de 250 especialistas en las diferentes áreas del uso y gestión del agua con un perfil altamente calificado y multidisciplinario para responder con oportunidad a generar las mejores propuestas de solución a los graves problemas de escasez, variabilidad, sobreexplotación y degradación de los recursos hídricos del país, que sin duda serán agravados con la intensificación del cambio climático.
A más de 35 años de su fundación, el IMTA tiene una amplia gama de contribuciones que han apoyado al desarrollo hídrico del país, entre los más importantes se pueden mencionar las siguientes:
i. Modelaje exitoso del comportamiento de varias obras hidráulicas del país que permitió estudiar experimentalmente estructuras complejas de presas, como vertedores, obras de desvío y de fondo, obras de control de ríos para prevención de inundaciones y obras en lagunas litorales.
ii. Apoyo en la conservación y reordenamiento de varias cuencas del país, como el río Sonora, Cuenca Lerma-Chapala, los acuíferos de los valles de Cuatro Ciénegas y el Hundido en Coahuila; el río Grijalva durante el evento denominado El Caído, en Tabasco.
iii. Desarrollo y validación de varias tecnologías para la remoción de arsénico, hierro y manganeso soluble en agua subterráneas que abastecen de agua potable a varias poblaciones.
iv. Laboratorio y personal especializado para la caracterización hidrogeoquímica e isotópica de acuíferos, en particular ha sido aplicada al acuífero principal de la Comarca Lagunera.
v. Desarrollo y difusión de manuales sobre diseño, instalación, manejo de redes presurizadas de agua potable y riego, que son material de consulta en México y Latinoamérica.
vi. Promueve y diseña normas oficiales mexicanas y normas mexicanas para fortalecer e instrumentar diferentes políticas del sector hídrico.
vii. Desarrollo de diversos prototipos y tecnologías de plantas potabilizadores y plantas de tratamiento de aguas residuales de bajo costo y fácil construcción, para abastecer de agua a comunidades rurales.
viii. Desarrollo y consolidación de comités comunitarios de agua y saneamiento, así como organizaciones de usuarios de riego y drenaje.
ix. Desarrollo y aplicación de tecnologías de bajo costo para control de malezas acuáticas en varios embalses y presas infectadas del país.
x. Desarrollo y aplicación en varias zonas bajo riego de tecnología para recuperar y rehabilitar suelos ensalitrados.
xi. Uso de tecnología geoespacial de percepción remota para caracterizar y mapear variables de interés hidrológico, social, ambiental, y agrícola.
xii. Uso de sistemas de bombeo con energía eólica o solar de bajo costo para extraer y elevar el agua con fines de riego y drenaje de zonas de riego.
xiii. Desarrolló del Sistema de Pronóstico de Riego en Tiempo Real (Spriter) que mejoró la estimación y aplicación del riego parcelario y fue la base del Programa de Riego por Gravedad Tecnificado (RIGRAT) de la Conagua y que contribuyó a disminuir los volúmenes de riego sin una disminución significativa en los rendimientos convencionales.
xiv. Compilación y desarrollo de herramientas para acceso a Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales, meteorológico e hidroagrícola, que son únicos en su género en México.
xv. Impartición de una serie de talleres, cursos, seminarios y congresos enfocados al sector hídrico del país.
Las contribuciones del IMTA han apoyado sin duda al desarrollo hídrico del país en varios niveles de intervención geográfica, política y social, en parte, esto se debe a la figura jurídica actual del IMTA y a las atribuciones que le otorga la Ley de Aguas Nacionales, lo que le ha permitido mayor operatividad, autosuficiencia, eficacia, y flexibilidad para responder en forma inmediata a los problemas urgentes del país.
Segunda. Conforme al artículo 14 Bis 3 de la Ley de Aguas Nacionales, el IMTA tiene por objeto realizar investigación, desarrollar, adaptar y transferir tecnología, prestar servicios tecnológicos y preparar recursos humanos calificados para el manejo, conservación y rehabilitación del agua y su entorno, a fin de contribuir al desarrollo sustentable.
Por su parte, el artículo 9 del mencionado ordenamiento establece que la Conagua (organismo desconcentrado de la Semarnat) tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia hídrica y constituirse como el órgano superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico.
Entre las atribuciones de la Conagua se establece la relativa a promover y propiciar la investigación científica y el desarrollo tecnológico, la formación de recursos humanos, así como difundir conocimientos en materia de gestión de los recursos hídricos, con el propósito de fortalecer sus acciones y mejorar la calidad de sus servicios. Sin embargo, para que la Conagua ejerza esta atribución se prevé expresamente en la propia ley que se coordinará en lo conducente con el IMTA.
Lo anterior es así porque la creación del IMTA fue el resultado de una serie de estudios que demostraron que las actividades operativas de la Conagua, no permitían contar con el tiempo para generar investigación, tecnologías innovadoras y disruptivas, así como formar cuadros de especialistas, además para evitar que las presiones de los usuarios impidiesen que se llevaran a cabo estas tareas que requieren de tiempos de maduración más largos y no sujetas a presión emergente.
Tercera. La importancia del recurso agua es incuestionable. Por su trascendencia, en nuestro país figura como asunto de seguridad nacional, por ser un eje de desarrollo —para cualquier nación—. El agua es un recurso indispensable para la vida, para un sinfín de actividades económicas y culturales, como para sostener el equilibrio natural dentro de los grandes centros urbanos.
El agua que se extrae de los acuíferos tiene diferentes destinos: riego, abasto urbano, consumo en desarrollos industriales y abasto a la población rural. El país recibe aproximadamente mil 489 millones de metros cúbicos de agua al año en forma de precipitación pluvial. Se estima que 71.6 por ciento se evapotranspira y regresa a la atmósfera, 22.2 por ciento escurre por los ríos o arroyos. Apenas 6.2 por ciento restante se infiltra al subsuelo de forma natural y para la recarga de los acuíferos. De los 653 acuíferos, más de 100 se encuentran sobreexplotados, ubicados específicamente en zonas de interfase agrícola y urbana, lo que plantea un horizonte previsible de agotamiento y la contaminación por minerales naturales que significan graves problemas de salud pública.
En las últimas décadas se ha reconocido la urgencia de tomar medidas, decisiones, acciones, en la vía de formular políticas públicas acordes con este cuidado del medio natural. El agua está en el centro de un gran debate nacional cuyas proporciones de crisis y precariedad alcanzan cifras de alto riesgo. Se ha recomendado emprender una política integral e inclusiva que, entre muchos aspectos, integre criterios socioespaciales a la importación del agua para grandes zonas urbanas; mejore la eficiencia de los sistemas de riego agrícola; incremente la conciencia social por una cultura de ahorro permanente del agua, no sólo en época de estiaje; y sobre todo, mejore el uso de alta tecnología en su consumo cotidiano en todos los ámbitos. 2
Para atender este enorme reto se deben realizar múltiples actividades, entre ellas continuar con el desarrollo de la investigación y transferencia de tecnología a través de instituciones como el IMTA, quienes necesitan recursos humanos, materiales y financieros para continuar con esta labor.
Cuarta. Mediante un comunicado de prensa, 3 la Semarnat expresó que impulsa una reforma administrativa para que el IMTA se incorpore a la Conagua. El argumento esgrimido es que se requiere de una reforma administrativa para utilizar los recursos públicos en objetivos claros, evitar la duplicidad de funciones y cerrar espacios a la corrupción, ya que según la dependencia se identificó la complementariedad de responsabilidades entre el IMTA y la Conagua; así como la falta de vinculación y coordinación entre las políticas públicas establecidas y las acciones diseñadas para su implementación.
Al respecto, representantes de organizaciones civiles ambientalistas expresaron su preocupación por la desaparición del IMTA e indicaron que esta acción debilitará aún más la capacidad de México para combatir el cambio climático. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores del IMTA solicitó al Ejecutivo federal una audiencia para exponerle la importancia del Instituto, el cual se ha posicionado como el brazo tecnológico de la Conagua.
Quinta. La propuesta de integrar las funciones del IMTA a la Conagua es contraria a las tendencias más avanzadas en materia de administración pública que desaconsejan la centralización y concentración de funciones y servicios (no de atribuciones), que alejan a los usuarios y a la sociedad de sus prestadores, más en los casos de investigación, innovación y formación.
Un ejemplo evidente de esta tendencia es la creación de los institutos nacionales de salud como organismos descentralizados de la SSA (la cual sólo conserva la definición de políticas, regulación y evaluación) y otorga a los institutos plena autonomía para la investigación, formación y servicios de atención a fin de evitar que el usuario sea sometido a las rigideces propias de la operación de las dependencias del sector central de la administración pública. Otros ejemplos son: Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), entre muchos otros.
Ahora bien, la fusión del IMTA a Conagua, además de ignorar las tendencias actuales en la administración pública de descentralizar servicios en vez de concentrar, pretende resolver los problemas disfuncionales generados por su dependencia a la Semarnat, con su total integración a la Conagua, lo que propiciará que una institución que funciona bien empiece a funcionar mal, perdería prioridad la investigación y el desarrollo de tecnologías ya que el corto plazo (la administración y operación) predominará sobre el largo plazo (investigación, innovación y formación). Cuando los problemas disfuncionales se pueden resolver de mejor manera sólo con la resectorización del IMTA en Conagua.
Conagua debe atender muchos otros temas como construir y mantener obras hidráulicas federales; apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado y saneamiento; establecer las prioridades para la administración y gestión de las aguas nacionales; resolver conflictos derivados de la explotación y uso de las aguas y apoyar en la atención de situaciones de emergencia como las inundaciones. Por su parte, la investigación, el desarrollo de tecnología y la formación de recursos humanos es un asunto de largo plazo que no debe seguir la suerte de la intensa operatividad de la Conagua.
Por lo anterior, conviene hacer una reflexión profunda de las graves consecuencias en el desarrollo y transformación hídrica que demanda el país para garantizar la sustentabilidad de nuestros recursos hídricos, que podría ocasionar la estrategia de adscribir la funciones del IMTA en la Conagua, pues se amenazaría la vigencia de una institución que ha demostrado eficacia en la materia por muchos años. Sin duda, el IMTA requiere mantener su autonomía para mejorar la capacidad de innovación de su comunidad y responder con oportunidad y sentido social a los retos que el país demanda.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión recomienda, respetuosamente, a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no se fusione el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y por el contrario se preserve y se consolide dicho Instituto.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión recomienda, respetuosamente, a la titular de la Semarnat promueva la realización de un seminario del agua para analizar los temas de preservación y cuidado del agua. En dicho seminario el IMTA, como centro de investigación de primer nivel en su materia, puede participar brindando elementos especializados que permita impulsar las acciones requeridas en nuestro país para que el agua sea motor de un desarrollo sustentable y fuente de bienestar para la población.
Notas
1 IMTA. Informe de Austeridad Republicana 2020, pág. 7.
2 Felipe de Alba Murrieta y Natalia Hernández Guerrero. El agua dulce en el presente y el fututo de México (primera parte). Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Cámara de Diputados. Diciembre de 2015.
3 Semarnat impulsa reforma administrativa. Comunicado de fecha 17 de diciembre de 2021.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.– Senadora Beatriz Paredes Rangel (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, ASÍ COMO AL GOBIERNO Y LA FISCALÍA DE JUSTICIA DE SONORA, A INVESTIGAR A LAS PERSONAS Y HECHOS RELACIONADOS AL CÁRTEL INMOBILIARIO
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar tanto al Ejecutivo federal como al gobierno y la FGJ de Sonora a investigar a las personas y los hechos relacionados con el Cártel Inmobiliario por presuntos hechos ilícitos como escrituración, venta ilegal y demás actividades consideradas delitos, suscrita por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, Ana Laura Bernal Camarena, diputada integrante de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo fracción 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 16 párrafo noveno que:
“Artículo 16.- [...]
Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia.
[...]”. 1
Asimismo, existe una ley especial sobre delincuencia organizada, la que se denomina como Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que establece en su artículo 2o:
“Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada [...]¨. 2
En nuestro país existe recurrentemente los fraudes inmobiliarios y el estado de Sonora no es la excepción, sino todo lo contrario ya que hace un mes aproximadamente se evidenció la existencia de una organización delictuosa que se dedica al fraude inmobiliario y venta ilícita de inmuebles en dicha entidad.
El gobernador Alfonso Durazo señalo en conferencia de prensa la existencia de un cártel inmobiliario que realiza hechos fraudulentos que ya se están investigando por parte de la fiscalía estatal. 3
El periodista Jorge Morales que ha llevado acabo una investigación sobre esta asociación delictuosa que lleva más de 30 años que está encabezado por notarios que despojan terrenos y propiedades que, aprovechando su cargo, buscan información de las personas que adeudan por años estos inmuebles, por lo que elaboran una nueva escritura y se convierten en los nuevos dueños de las propiedades. 4
De acuerdo con el Código Penal Federal menciona lo que se considera como delito:
“Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales.
En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos se considerará que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente”. 5
Este tipo de conductas típicas han perjudicados a cientos de personas que confían en adquirir una propiedad y que con el esfuerzo de muchos años o incluso de toda su vida para poder comprar un inmueble para formar parte de su patrimonio y/o herencia para su familia, son defraudadas y hasta la fecha no han obtenido respuesta por parte de las autoridades.
De acuerdo las investigaciones judiciales son acerca de varias personas de administraciones pasadas del poder ejecutivo de Sonora y del Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora como Luis Miguel Ernesto Pompa (exsecretario de gobierno), Jorge Durán Puente (exsecretario particular), Guillermo Valenzuela Trejo (ex regidor jurisdiccional) entre otros, que se vinculan como presuntos responsables de registrar escrituras ilegalmente y la compraventa fraudulenta de bienes inmuebles.
Por lo que, exhorto a las autoridades e investigar y castigar a los responsables de estas actividades consideradas como delitos, ya que este gobierno local y federal esta a favor de la honestidad, transparencia y lucha contra la corrupción.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal, al gobierno del estado de Sonora y a la Fiscalía de Justicia del Estado de Sonora, a investigar a las personas y hechos relacionados al cártel inmobiliario que reside en Sonora por la presunción de hechos ilícitos como escrituración y venta ilegal de inmuebles, fraude, escrituración ilícita y demás actividades consideradas como delitos.
Notas
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2021.
2 Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 2021.
3 El Sol de Hermosillo, Gobernador confirma la existencia de un cártel inmobiliario operando en Sonora, 23/noviembre/2021.
https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/gobernador-confirma-l a-existencia-de-un-cartel-inmobiliario-operando-en-sonora-7512725.html
4 Tribuna, El Cártel inmobiliario, la organización que investigan Alfonso Durazo y la FGJE en Sonora, 06/12/2021.
https://www.tribuna.com.mx/sonora/2021/12/6/el-cartel-inmobiliar io-la-organizacion-que-investigan-alfonso-durazo-la-fgje-en-sonora-277799.html
5 Código Penal Federal, 2021.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los siete días del mes de enero de 2022.– Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
EXHORTO AL IMSS, A REVISAR Y APOYAR LAS GUARDERÍAS SUBROGADAS
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al IMSS a revisar y apoyar las guarderías subrogadas para evitar su cierre en beneficio de los trabajadores del país, suscrita por la diputada Adriana Lozano Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Adriana Lozano Rodríguez, diputada del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La pandemia ocasionada por el virus SARS-COV2 que inició en marzo de 2021 cambió la manera radical de interactuar en la sociedad mexicana, durante casi un año muchos negocios cerraron al igual que los centros de trabajo. Dicho confinamiento también afecto a las guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya que muchos padres y madres trabajadoras dejaron de llevar a sus hijos a dichos centros, por lo cual la población y las cuotas que aporta el IMSS a las guarderías se vieron disminuidas.
Para poner en contexto la situación: el IMSS incrementaba los recursos de operación en función del 50 por ciento del aumento salarial y el 50 por ciento de la inflación, esto permitía cubrir los gastos por niño que ronda aproximadamente en los 12 mil 500 pesos al mes, pero en el modelo subrogado el IMSS aporta 4 mil 100 pesos, con esta cantidad las guarderías deben cubrir los impuestos. Ahora con esta nueva modalidad les están ofreciendo el 6 por cierto, con la obligación de presentar una fianza de 2 millones de pesos y firmar un contrato obligatorio por 5 años.
Estas nuevas reglas han ocasionado que varias guarderías subrogadas a nivel nacional, a partir del 01 de enero del presente año, cierren sus puertas y dejen de prestar el servicio a los infantes, que van de los 43 días de nacidos hasta los 4 años, lo cual está afectando a los trabajadores que cuentan con el derecho de acceso al servicio.
Un claro ejemplo se da en Matamoros, Tamaulipas ya que en dicho municipio han cerrado por lo menos 3 guarderías subrogadas que se encuentran cerca de la zona industrial, afectando a los trabajadores de esa zona ya que no hay alguna opción cercana a su centro laboral.
Esto es sólo por poner un ejemplo, ya que casos similares se dan en Veracruz, Chihuahua y otros puntos de la República Mexicana.
Esta legislatura debe refrendar el compromiso con el pueblo de México, en especial con los trabajadores y buscar la mejor solución a una problemática que debe ser resuelta a fin de velar por los derechos de los trabajadores y garantizar el acceso a los menores a los centros de desarrollo infantil, haciendo un exhorto al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social con el fin de revisar y apoyar a las guarderías subrogadas, con el fin de evitar su cierre en beneficio de los trabajadores del país.
En tal virtud, conmino a esta Comisión Permanente para que le otorguemos a esta proposición un tratamiento de urgente resolución, así como para que votemos de manera unánime y de forma responsable en favor de la presente Proposición.
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Alejandro Robledo Aburto, a convocar al Consejo Técnico de las Guarderías Subrogadas a cargo del instituto, con el fin de revisar la situación de las guarderías que han cerrado en el transcurso de este año y encontrar una solución favorable para su reapertura en apoyo a los padres y madres trabajadoras que tienen derecho al servicio y evitar las afectaciones que han resultado de dicho cierre.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.– Diputada Adriana Lozano Rodríguez (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
EXHORTO A LA UIF, A INVESTIGAR LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA QUE SIGA LA DEMOCRACIA A.C
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la UIF a investigar las operaciones financieras, económicas y cualquier otra información relacionada con la asociación civil Que Siga la Democracia, AC, suscrita por el diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del PAN
Quién suscribe, diputado Carlos Alberto Valenzuela González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera para que en uso de sus facultades y atribuciones revise e investigue las operaciones financieras, económicas y cualquier otra información relacionada con la asociación civil denominada “Que Siga la Democracia, AC”, lo anterior, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Unidad de Inteligencia Financiera es una institución del Estado mexicano creado como mecanismo de prevención y detección de operaciones financieras asociadas a la comisión de posibles delitos de blanqueo de capitales o recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con su página de internet, la Unidad de Inteligencia Financiera es la instancia central nacional para:
• Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables;
• Analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada; y
• Diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero (LD) o el financiamiento al terrorismo (FT) y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.
Las principales tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones, que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los siguientes delitos previstos en el Código Penal Federal:
• Operaciones con recursos de procedencia ilícita (artículo 400 Bis)
• Financiamiento al terrorismo (artículo 139 Quáter). 1
De acuerdo con la Ley Federal de Revocación de Mandato, esta se define como “el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza”. 2 Siendo procedente solo cuando se cumplan este supuesto:
1. A petición de las personas ciudadanas en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de las inscritas en la lista nominal de electores, siempre y cuando la solicitud corresponda a por lo menos diecisiete entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas. 3
Asimismo, como es de conocimiento público el Instituto Nacional Electoral (INE) abrió el periodo de registro de intenciones de organizaciones ciudadanas para constituirse como promoventes para la solicitud de “revocación de mandato” del 1 al 15 de octubre de 2021, habiéndose publicado por el INE un listado definitivo de 24 mil 29 registros de intención siendo improcedentes mil 602 postulaciones -6.6 por ciento- y de las cuales 15 aprobadas corresponden a las siguientes asociaciones civiles: Alianza para el Beneficio de Sonora, AC; Que Siga la Democracia, AC; Jóvenes Unidos Desarrollando Oaxaca, AC; Joven Mexicano, AC; Autogestión Campesina Frente Popular de la Lucha de Zacatecas, AC; Central Campesina Cardenista, AC; Coordinadora de la Defensa Progresista de la Cuarta Transformación, AC; Movidos Neza II, AC; Movidos por una Vida Digna en Nezahualcóyotl, AC; Cultura Sonorense, AC; Voluntarios en Acción, AC; Fuerza Ciudadana por Sonora FESOIES, AC; Alitas para Volar, AC; Que siga el Presidente, AC (antes HHC Portas Mundi, AC); y Para Consolidar la Cuarta Transformación, AC (Consultores Jurídicos GML, AC). 4
Habiéndose concluido el proceso de registro de promoventes, el INE procedió a abrir el proceso de recolección de firmas, mismo que concluyó el 25 de diciembre de 2021; fecha en la que la organización civil denominada “Que Siga la Democracia, AC” señala a los medios de comunicación que entrega al INE 3 millones 27 mil firmas, con las que sumarían nueve millones novecientos mil rúbricas físicas y por aplicación. 5 En dicha fecha el INE señala en su red twiter que recibió de dicha asociación 860 cajas con firmas para verificar su validez. 6
Como resultado, el Instituto Nacional Electoral publica con corte al 21 de diciembre de 2021, el estadístico detallado por promovente, arroja los siguientes datos:
1. Tanto personas físicas como morales registradas como promoventes reportan firmas en diferentes estados de la República, distintos a su lugar de registro como promoventes o de domicilio fiscal de ser el caso.
2. Tan solo al actualizado de dicho reporte con corte al 23 de diciembre, se tenían 1 millón 79 mil 600 firmas de apoyo, en la que aún no se encontraban presentadas al menos alguna de la asociación civil “Que Siga la Democracia, AC”.
3. Se tiene registro de que a la fecha de dicho corte presentaron firmas las siguientes asociaciones:
a) Jóvenes de Unidos Desarrollando la Democracias Oaxaca, AC, con 3 mil 202 firmas de 27 estados.
b) Movidos Neza II, AC, 116 firmas en tres estados.
c) “Mi Apoyo” por ciudadanía a revocación de mandato (Sic), con 9 mil 623 firmas.
d) Asimismo, diversas personas físicas superan por mucho la recolección de firmas hecha por agrupaciones y que superan más de 10 mil por persona y con presencia de recolección de firmas en casi toda la República Mexicana. 7
Ejemplo:
Dirce Nallely Luna Lindoro- 174 mil 853
Graciela Ramírez Hernández — 108 mil 846.
Gabriela Georgina Jiménez Godoy- 62 mil 614
Francisco Facio Moctezuma- 46 mil 939
Uriel Orozco Hernández — 22 mil 720
José Alfredo López Hernández- 11 mil 139
Todos estos datos presentan una correlación atípica tanto en materia logística y de recursos económicos que van de computar el gasto por instalación de módulos, transporte, alimentación, voluntariado, traslado de cajas y presentación de firmas en el INE, así como su recolección en diversos puntos de la República por un mismo promotor; y en el particular de la asociación “Que siga la Democracia, AC” no reportar ningún registro a 2 días de concluir el plazo de entrega de firmas de apoyo.
Es de revisar que el domicilio señalado en la página de internet de la asociación civil se identifica como: Avenida 22 de Febrero #244, piso 1, colonia Centro de Azcapotzalco, alcaldía Azcapotzalco, CP 02000, Ciudad de México. Misma que de acuerdo al buscador con geolocalización se encuentra en las siguientes coordenadas:
https://www.google.com.mx/maps/place/Grupo+Médico+Hematoli/@19.4 80375,-99.1838813,3a,75y,294.78h,94. 4t/data=!3m6!1e1!3m4!1sGUUNPB-MU40jyv6ou8np RA!2e0!7i16384!8i8192!4m13!1m7!3m6!1s0x85d1f87dd6be5a6b: 0xfdfe16b049df0f09!2sAv.+22+de+Febrero+244,+Centro+de+Azcapotzalco,+Azcapotzalc o,+02000+Ciudad+de+México,+CDMX!3b1!8m2!3d19.4804675!4d-99.1840324!3m4!1s0x85d1 f87dd16a3635: 0xe88fdcc3b1a5307b!8m2!3d19.4805321!4d-99.1839426?hl=es-419
Además de que no reporta ninguna liga en materia financiera o transparencia presupuestal de la organización, ni fuente de sus recursos. 8
Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera para que en uso de sus facultades y atribuciones revise e investigue las operaciones financieras, económicas y cualquier otra información relacionada con la asociación civil denominada “Que Siga la Democracia, AC”, en virtud del proceso de revocación de mandato que se encuentra en desarrollo.
Notas
1 Unidad de Inteligencia Financiera. México. 2021. Consultado en:
https://uif.gob.mx/es/uif/quienes_somos
2 Cámara de Diputados. Ley Federal de Revocación de Mandato. Consultado en:
https://sidj.ine.mx/restWSsidj-nc/app/doc/1455/20/1
3 Íbid.
4 Instituto Nacional Electoral. Listado final de avisos de intención para la revocación de mandato. Consultado en:
https://www.ine.mx/revocacion-mandato/
5 Revista Proceso. Organización asegura que se entregaron nueve millones 900 mil firmas para la revocación de mandato. México. 2021. Consultado en:
https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2021/12/25/organiza cion-asegura-que-se-entregaron-nueve-millones-900-mil-firmas-para-la-revocacion -de-mandato-278078.html
6 INE.
https://twitter.com/INEMexico/status/1474873681079779328
7 Véase
https://www.ine.mx/revocacion-mandato/captacion-firmas-apoyo/#re portes
8 Véase
https://www.quesigalademocracia.mx/#quienes-somos
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.– Diputado Carlos Alberto Valenzuela González (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
SE GARANTICE A HIDALGO, SUFICIENCIA PRESUPUESTAL EN EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP y la SHCP a realizar ajustes que garanticen de manera permanente a Hidalgo suficiencia presupuestaria en el fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo y se paguen las prestaciones laborales correspondientes, suscrita por la diputada Sayonara Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Sayonara Vargas Rodríguez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguientes
Consideraciones
La asignación de los recursos en materia de educación es una de las principales variables que determinan el desarrollo y desempeño del sistema educativo. El proceso mediante el cual se formula el esquema de asignación de recursos y el financiamiento educativo es una etapa crucial del ciclo del presupuesto educativo.
Es en esta instancia donde se permite la reflexión sobre el gasto realizado previamente y las necesidades de recursos incrementales a futuro, con el propósito de desarrollar presupuestos sustentables en término de calidad, pero sobre todo, de equidad y justicia en el presupuesto y las prioridades de política educativa.
En este contexto de planificación del presupuesto se pueden presentar un conjunto de interrogantes que guían la asignación y el financiamiento de los programas educativos:
- ¿Cuánto nos están dando las niñas y niños? Y ¿Cuánto les estamos dando nosotros?
Las interrogantes anteriores, buscan poner a relieve dos temas que hacen ver que al estado de Hidalgo no se le están reconociendo los esfuerzos y logros en materia de eficiencia educativa y contrastan con otras entidades federativas que reciben más recursos económicos con muchos menos resultados.
En efecto, empecemos por el primer cuestionamiento: ¿Cuánto nos están dando las niñas y niños? Y para ello se debe tomar como ejemplo al estado de Hidalgo, una entidad federativa que a 2021, acumula 871 mil alumnos de educación pública, de los cuales 574 mil son de educación básica.
Desafortunadamente, con la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), se ha tornado complicado realizar un comparativo en los indicadores de aprovechamiento a nivel nacional, pero cuando se trata de destacar resultados, resulta evidente que en Hidalgo, las cifras, los hechos y la realidad, señalan que la educación es y ha sido una prioridad para los gobiernos locales.
Se debe destacar que gracias a nuestros cuerpos docentes y educandos, Hidalgo está ubicado en este 2021 en las más altas cifras del sistema educativo nacional.
Para conocimiento de esta Comisión se deben enunciar los siguientes ejemplos:
• Hidalgo tiene un porcentaje más alto que el nivel nacional en cobertura de educación básica y en la tasa de escolarización, con 93 por ciento en ambos rubros.
• En educación primaria tenemos cero por ciento de abandono escolar y estamos por encima del cien por ciento en eficiencia terminal, tasa de terminación y cobertura.
• El indicador de abandono en educación secundaria es inferior a 1 por ciento.
Lo anterior reafirma categóricamente la calidad de niñas y niños que tenemos en Hidalgo: son ellos los que realmente están aportando grandes esfuerzos a la entidad, para que ésta sobresalga en diversos rubros.
Para los hidalguenses, son un orgullo estos logros, por demostrar un legítimo interés en la igualdad de oportunidades respecto a la educación básica, resultado del esfuerzo conjunto de los actores estatales.
Ahora, la segunda pregunta: ¿Cuánto les estamos dando a nuestros niños?
El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo mejor conocido como “ Fone” otorga recursos a las entidades federativas para poder pagar salarios al personal y que las escuelas de educación básica y normal puedan funcionar.
En 2014 la Secretaría de Educación Pública federal (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizaron una conciliación de plazas y prestaciones pero, en este proceso, no le reconocieron a Hidalgo catorce prestaciones, de manera que el gobierno estatal debe solventarlas por diferentes medios, lo que significa una presión constante a las finanzas de la entidad.
Es así que únicamente se reciben Gastos de operación.
Adicionalmente se etiquetan recursos compensatorios para ciertos estados como son “ Otros de Gasto Corriente” y el “ Fondo de Compensación”, no obstante, Hidalgo ha sido excluido 1 y segregado sin fundamentación ni motivación alguna, y el monto asignado para gastos de operación, le resulta insuficiente para administrar los 5 mil 250 servicios de educación básica y normal federalizados, de una matrícula que crece de manera continua.
Es indispensable que Hidalgo sea considerado e incluido en los rubros de Gasto Corriente y Fondo de Compensación, pues no existen razones jurídicas para mantener al margen de estos beneficios a esta entidad federativa.
Por otro lado, para este ejercicio, se estima que tan solo 43.5 por ciento de estos gastos de operación se destinarán únicamente para el pago de energía eléctrica de las escuelas.
Desde la creación del Fone en 1998, Hidalgo se encuentra entre los dos estados que menos gasto de operación por alumno recibe, el promedio nacional es de 970 pesos, mientras que Hidalgo sólo puede ejercer $373 por alumno.
La situación en el sur de la entidad se agrava, debido a que esta región, es receptora de un gran número de personas que inmigran del Estado de México y la Ciudad de México.
Además, es la tercera entidad en el país con mayor proporción de población rural, después de Oaxaca y Chiapas, lo que eleva los costos de brindar servicios educativos a localidades dispersas. Mientras que Oaxaca tiene un gasto de operación por alumno de 776 pesos y Chiapas 627 pesos, en Hidalgo sólo les pueden dar 373 pesos por alumno.
Los magníficos resultados de desempeño han sido gracias al empeño y esfuerzo que han impuesto nuestros niños y niñas, lo que ha significado que sobresalgan por encima del promedio nacional en lenguaje y comunicación, así como en matemáticas en la extinta aun necesaria— prueba Planea:
• En 2017 fueron los de educación primaria.
• En 2018 fue educación media superior.
• Y en 2019 fueron los de educación secundaria.
Hidalgo, sus autoridades educativas, sus docentes y sus alumnos cumplen con su labor y entregan resultados favorables a la educación básica, pero es necesario reconocerles sus logros, y no existe mejor forma que incrementando los recursos que en justicia deben corresponderles.
En ese sentido, si la escuela es nuestra segunda casa, nuestros docentes y personal de apoyo conforman una segunda familia y ellos son quienes fortalecen la formación de nuestras hijas e hijos en una etapa tan trascendental como es su educación básica.
• Hidalgo y sus educandos necesitan que se contemple dentro del Fone el pago de estas prestaciones que actualmente no son reconocidas; necesita al menos 340 millones de pesos adicionales, en un presupuesto asignado de manera inequitativa.
La federación necesita del ejemplo que los docentes, así como las niñas y niños de Hidalgo, han impuesto con su esfuerzo, con su trabajo y con su empeño por sobresalir a pesar de la limitación de recursos.
No se está pidiendo nada que no sea justo y equitativo. Estamos exigiendo que se invierta con justicia en aquellas entidades que demuestran tener un mayor aprovechamiento y un mayor esfuerzo por quienes conforman esta segunda familia, desde aquí, pedimos que se les reconozca a nuestros docentes, niños y niñas ese empeño que han tenido dándonos tanto, a cambio de tan poco.
Es necesario considerar la inclusión del estado de Hidalgo en los rubros “Gasto Corriente” y “Fondo de Compensación” del Fone para coadyuvar con el desempeño y desarrollo educativo de la entidad.
Se requiere en el Fone para el estado de Hidalgo 340 millones de pesos con el objeto de hacer frente a las prestaciones que han sido excluidas derivada de la conciliación de plazas y prestaciones efectuada en el año 2014, las cuales son:
1) Estímulo “Ramón G. Bonfil”;
2) Bono de inicio escolar homologados;
3) Bono al maestro federalizado;
4) Aguinaldos homologados;
5) Bono del día del maestro para jubilados;
6) Bono a la productividad para homologados;
7) Apoyo por defunción (activos y jubilados);
8) Bono de fin de año a jubilados;
9) Apoyo a trabajadores con hijos con capacidades diferentes;
10) Apoyo a trabajadores con capacidades diferentes;
11) Bono de maternidad y paternidad;
12) Bono al mérito cultural;
13) Beca por única vez a hijos de trabajadores administrativos;
14) Becas a hijos de trabajadores
Cabe mencionar, que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Hidalgo, se encuentran en paro laboral desde el 3 de enero del año en curso, en virtud de la falta de pago de prestaciones enlistadas en el párrafo anterior debido a que el gobierno de México no ha ministrado los recursos correspondientes como históricamente lo ha hecho.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público a realizar los ajustes administrativos correspondientes para que se garantice a Hidalgo de manera permanente suficiencia presupuestal en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo y se realice el pago de prestaciones laborales correspondientes.
Nota
1 Véase DOF
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608315&fecha =21/12/2020 web [27/09/21]
Palacio Legislativo San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.– Diputada Sayonara Vargas Rodríguez (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
EXHORTO LA SEMARNAT, AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SEDEMA, A REALIZAR ACCIONES DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AXOLOTE
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, el gobierno de la Ciudad de México y la Sedema a realizar acciones de protección y conservación del axolote, suscrita por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, Ana Laura Bernal Camarena, diputada integrante de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El axolote mexicano o ajolote, Ambystoma mexicanum, es una salamandra con la característica poco habitual de conservar sus rasgos larvales en su vida adulta. Esta condición, que se conoce como neotenia, significa que conserva su aleta dorsal de renacuajo —que recorre casi la totalidad de su cuerpo y sus branquias externas, que sobresalen de la parte trasera de su ancha cabeza en forma de plumas. 1
El 11 de enero de 2006 se publicó en Gaceta Oficial del Distrito Federal el Acuerdo por el que se aprueba el programa de manejo del área natural protegida con carácter de zona de conservación ecológica “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”, en que establece en su artículo Décimo Quinto que:
[...] el Acuerdo por el que se crea la Comisión Interdependencial para la Conservación del Patrimonio Natural y Cultural de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, a efecto de contar con un instrumento de coordinación que facilite la instrumentación aplicación efectiva de los programas, proyectos y acciones que inciden en dicha zona y que, de conformidad con sus atribuciones legales, desarrollan distintas dependencias y órganos del gobierno del Distrito Federal, las delegaciones Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco e instancias y dependencias del Ejecutivo Federal. 2
Esto es con la finalidad, para mejorar las condiciones de estas Alcaldías con el apoyo de programas y proyectos para el marco del desarrollo sustentable para beneficiar la calidad de vida de los ciudadanos.
El axolote o ajolote, además, de ser una larva de salamandra, históricamente era venerada por los aztecas que a su vez, era un manjar y se utilizaba como medicamento. Asimismo, fue considerado un animal de culto para diversos escritores latinoamericanos del siglo XX, siendo inspiración y debate para personajes como José María Velasco, Aldous Huxley, Julio Cortázar, Salvador Elizondo y Octavio Paz quien lo llamó “puente de sangre fría-eje del movimiento”. 3
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), creó un proyecto con el fin de dar alojamiento a esta especie endémica, para prevalecer su supervivencia en condiciones diversas en su entorno natural como agua transparente de los ríos o lagos. Los axolotes estarán de forma semicautiva, dentro de una jaula para ser protegidos en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (REPSA). 4
De acuerdo a un censo realizado por la UNAM en 1998, en Xochimilco se encontraron más de 6 mil axolotes por km2 sin embargo, en 2014 este número se redujo en un axolote por cada tres km2, es decir, en menos de 20 años se redujo exponencialmente, lo que ha provocado que esta especie se encuentre en peligro de extinción. 5
El axolote es importante porque es neoténico, es decir, que nunca se transforma en adulto y se puede reproducir, lo que ha generado controversias entre la comunidad científica; por otro lado, tiene un DNA grande, y es capaz de regenerar cualquier parte de su cuerpo, lo que puede ser muy importante en el ámbito de la medicina. 6
Aunque se ha intentado proteger está especie endémica, no ha sido suficiente para que siga encontrándose en peligro de extinción. Si bien el gobierno ha tratado de mejorar las condiciones del axolote no han sido suficientes, aunado a la sociedad que incentiva la contaminación del ecosistema donde reside.
Por ello, propongo la proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno de la Ciudad de México y diversas instituciones gubernamentales para la protección y conservación de esta especie endémica.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, a realizar acciones de protección y conservación del axolote, especie endémica en peligro de extinción.
Notas
1 Axolote mexicano, National Geographic.
https://www.nationalgeographic.es/animales/axolote-mexicano
2 Gaceta Oficial del Distrito Federal. Décima Sexta época, no. 5, 11 de enero de 2006.
https://paot.org.mx/centro/gaceta/2006/enero06/11enero06.pdf
3 National Geographic, Axolote un Dios en peligro de extinción, septiembre, 2016, pp. 39-42.
4 Fundación UNAM, Albergue de Axolotes.
https://www.fundacionunam.org.mx/ecopuma/alberguedeaxolotes/
5 Ídem.
6 Villegas Hilda, Axolote, el de la sonrisa eterna, Gaceta CCH, UNAM.
https://gaceta.cch.unam.mx/es/axolote-el-de-la-sonrisa-eterna
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los siete días del mes de enero de 2022.– Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
EXHORTO AL GOBIERNO DE CAMPECHE, A INFORMAR DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS CON LA FINALIDAD DE ABATIR EL REZAGO DE MÁS DE 10 MIL EXPEDIENTES LABORALES PENDIENTES
Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Campeche, a informar a esta soberanía sobre las acciones y estrategias implementadas con la finalidad de abatir el rezago de más de 10 mil expedientes laborales pendientes de ser resueltos en la STPS estatal, suscrito por la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
EXHORTO A LA SEGOB, A INFORMAR DE LA SITUACIÓN DE HABITABILIDAD, HIGIENE Y DE SEGURIDAD EN LAS QUE SE ENCUENTRAN LAS ESTACIONES MIGRATORIAS CON LAS QUE CUENTA EL INM
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a informar a la opinión pública sobre la situación estructural, de habitabilidad, higiene y seguridad de las estaciones migratorias del INM, suscrita por el diputado Eliseo Compeán Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Eliseo Compeán Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación para que en su carácter de encargada del Instituto Nacional de Migración informe a la opinión publica la situación estructural, de habitabilidad, higiene y de seguridad en las que se encuentran cada una de las estaciones migratorias con las que cuenta el instituto, poniendo especialmente atención y prioridad a la estación migratoria “Las Agujas” para que esta reúna las condiciones suficientes de habitabilidad e higiene esenciales para garantizar una estancia digna de las personas alojadas y ponga solución a la brevedad posible al problema del hacinamiento que tiene, asimismo para que instruya al comisionado del Instituto Nacional de Migración para que implemente de manera urgente programas de capacitación sobre prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, dirigidos a servidores públicos y a los responsables de la seguridad y custodia de las personas aseguradas y sean acatadas las recomendaciones realizadas por la comisión nacional de derechos humanos desde el 2018 y las cuales no han sido atendidas, con base en la siguiente
Exposición de motivos
México es concebido como un país de origen y de tránsito de migrantes. El éxodo de millones de personas de origen mexicano y centroamericano que transitaron por el país hacia Estados Unidos se ha ido incrementando en los últimos años. El número de eventos de migrantes retenidos en México se han disparado este 2021 en comparación con el 2020.
Entre enero y julio pasado, se han registrado 117 mil 52 eventos de extranjeros presentados ante la autoridad migratoria, de acuerdo con las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación; en 20 mil 186 estuvieron involucrados menores de edad; de ellos, en 795 casos iban sin compañía de un adulto. Personas de los países de América Central, son quienes más han sido retenidos por las autoridades migratorias mexicanas con 90.7 por ciento (106 mil 253) los eventos.
De este universo, los migrantes de Honduras (56 mil 156); Guatemala (35 mil 849) y El Salvador (9 mil 454) son quienes mayor número de eventos agrupan. Si se comparan los más de 117 mil eventos de migrantes presentados ante autoridades migratorias mexicanas con los 41 mil 512 eventos registrados, en los mismos meses del 2020, hay un alza de 181.9 por ciento.
Desde hace tiempo, y más ahora se ha tenido una mayor presencia de migrantes provenientes de Centroamérica, lo cual generó una serie de acciones por parte del gobierno de Estados Unidos para frenar el paso y desalentar a estos flujos. Una de las medidas más controversiales fue el programa “Quédate en México”, el cual, ha dejado a 60 mil solicitantes de asilo varados en la frontera norte de México en espera de la resolución de su caso.
Hasta el pasado mes de septiembre ya eran cuatro las caravanas que han partido en los últimos días rumbo Estados Unidos desde México, la última que partió desde Tapachula, estaba conformada aproximadamente por unas 300 personas, en su inmensa mayoría centroamericanas, sus integrantes, fundamentalmente venezolanos, cubanos y haitianos se muestran cansados de esperar los papeles que les permitan quedarse legalmente en este país y optan por intentar pedir asilo en Estados Unidos.
Por lo que la detención migratoria lamentablemente es un fenómeno global en el que se violan de formas múltiples los derechos humanos de la población migrante detenida en todas partes del planeta. En México, hay una doble moral muy visible, no quejamos del trato que reciben los mexicanos al querer cruzar hacia Estados Unidos y hacemos lo mismo con los migrantes que están huyendo de sus países por vivir en gobiernos represivos para tener una mejor vida.
Algunos de los migrantes son llevados a las llamadas estaciones migratorias, pero ¿que son estas estaciones?
Las estaciones migratorias, se les han denominado legalmente así, a los recintos migratorios en nuestro país y, más recientemente se incorporaron las Estancias Provisionales. Las Estaciones Migratorias son lugares establecidos o habilitados por la Secretaría de Gobernación por conducto del Instituto Nacional de Migración para el alojamiento temporal de las personas en contexto de migración que no puedan acreditar su situación migratoria regular en el país.
Una de las estaciones migratorias más polémicas y que se encuentra en el ojo del huracán es la Estación migratoria “Las Agujas”, ubicada en la alcaldía Iztapalapa ya que desde 2018 se han denunciado diversas irregularidades y violaciones a los derechos humanos.
Para mediados de 2019 la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que los migrantes recluidos padecen de chinches, alimentos de mala calidad y hacinamiento.
Después de una visita a la esta estación migratoria por parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) en el 2018, se revelaron las verdaderas condiciones en las que se viven en ese lugar con deficientes condiciones de mantenimiento e higiene, hacinamiento en dormitorios, insuficiente ración alimenticia y de mala calidad, falta de revisión médica al ingreso de las personas alojadas y de programas para prevenir y atender incidentes violentos,
Que las estancias carecen de modificaciones y adaptaciones para las personas mayores o con alguna discapacidad puedan deambular. Ya que el después de la visita se pudo constatar que el INM no garantiza que las personas migrantes ahí alojadas gocen de estancia digna, segura y reciban trato con debido respeto a su dignidad”.
Adicionalmente en el informe se advierte que el personal no ha recibido capacitación acerca de la prevención de la tortura y los Protocolos de Estambul, lo que hace susceptible al centro de violar los derechos humanos de los detenidos.
En el informe derivado de la Supervisión ISP-8/2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), se hizo del conocimiento del comisionado de Migración por irregularidades relacionadas con la falta de trato humano y digno, a la legalidad y la seguridad jurídica, protección de la salud e integridad personal.
Ya que durante el recorrido por esas instalaciones se observaron basura, residuos de comida debajo en las literas, pañales sucios, presencia de humedad en paredes y techos, así como deficientes condiciones en el mantenimiento general, con presencia de fugas de agua en baños y lavabos, falta de agua caliente y literas, condiciones de hacinamiento.
El 70.83 por ciento de las personas alojadas que fueron entrevistados señalaron que sí cuentan con cama en su estancia y 20.83 por ciento indicó que no tiene cama y duerme en el piso en una colchoneta; el 66.6 por ciento de las personas aseguradas manifestó inconformidad porque las raciones de alimento que les sirven son insuficientes y la calidad es mala, 16.6 por ciento la consideró regular y 12.5 por ciento buena, mientras que 4.3 por ciento no contestó.
Adicionalmente no se cuenta con algún programa de prevención de enfermedades transmisibles y crónicas y, en caso de existir algún brote, tampoco se cuenta alguna estrategia de contención epidemiológica.
También, señalan que las personas alojadas pertenecientes a la comunidad LBGTTTI permanecen en el área de ingreso y en el patio, y duermen en colchonetas sin las condiciones mínimas de habitabilidad.
Ya que uno de los riesgos del hacinamiento y de la falta de capacitación de los agentes migratorios es precisamente el brote de covid-19, que actualmente causa alarmas en el país por el aumento e contagios y la llegada de la variante Lambda.
También, es importante señalar que en el 2020 ya se había denunciado a través de medios que no todas las estaciones tienen servicio médico las 24 horas y que no se realizaban las pruebas necesarias para los contagios a pesar de identificarse síntomas entre los detenidos.
No queda duda de que en las estaciones migratorias se tortura lo que incluye tratos crueles, inhumanos y degradantes a las personas que lamentablemente caen en ellas, de este modo la impunidad generalmente está acompañada de una naturalización de la violencia y a pesar de que las dinámicas torturantes de las dos estaciones migratorias no son exclusivas —la violencia que pasa en Iztapalapa, es parecida a la de Tapachula y viceversa— son regímenes que operan de maneras diferentes, debemos poner solución a este problema ya que la migración es un derecho. No es un delito. De este modo la criminalización y la encarcelación de la población migrante irregular es altamente injusta y contradice al discurso de la defensa de los Derechos Humanos al nivel de los órganos de la ONU.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a informar sobre a la opinión publica la situación estructural, de habitabilidad y de seguridad con la que cuentan cada una de las Estancias Migratorias con las que cuenta el Instituto Nacional de Migración y en caso de que estas no se encuentren en óptimas condiciones se genere un programa de mejora para cada una de ellas para que se encuentren en la condiciones óptimas para lo que fueron creadas. Asimismo, elabore una política pública para la mitigación de la migración de centroamericanos al territorio nacional.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que instruya al comisionado del Instituto Nacional de Migración para que las instalaciones de la Estación Migratoria “Las Agujas” reúnan las condiciones suficientes de habitabilidad e higiene esenciales para garantizar una estancia digna de las personas alojadas y pongan solución a la brevedad posible al problema del hacinamiento que tiene y de realizar modificaciones y adaptaciones en las estancias destinadas para las personas mayores o con discapacidad para facilitar su acceso y libre desplazamiento.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que instruya al comisionado del Instituto Nacional de Migración para que implemente de manera urgente programas de capacitación sobre prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, dirigidos a servidores públicos y a los responsables de la seguridad y custodia de las personas aseguradas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2022.– Diputado Eliseo Compeán Fernández (rúbrica).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
SE SOLICITA A LA SHCP, A ENVIAR UN INFORME A ESTA SOBERANÍA PARA CONOCER LOS PORMENORES DE SU REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE PERÚ, PEDRO CASTILLO TERRONES
«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la SHCP que envíe a esta soberanía un informe de la reunión con el presidente de Perú, Pedro Castillo Terrones, en representación de su homólogo mexicano el 8 de diciembre de 2021 respecto a los acuerdos alcanzados en materia económica, comercial e implantación de programas sociales, a cargo de senadores del Grupo Parlamentario del PRI
Quienes suscriben, senadores Nuvia Mayorga Delgado, Ángel García Yáñez, Miguel Ángel Osorio Chong, Verónica Martínez García, Beatriz Paredes Rangel y Claudia Ruiz Massieu Salinas, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 28 de julio de 2021 rindió protesta como presidente de Perú para el periodo 2021-2026, Pedro Castillo Terrones, con una votación de 38 por ciento, la más baja de los últimos 20 años.
A menos de cinco meses de asumir el cargo, el mandatario peruano tuvo que enfrentar un amago de juicio político promovido por la oposición en el Congreso de aquel país, similar a las que provocaron la destitución de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski, en 2018, y Martín Vizcarra, en 2020. Cabe resaltar que esta es la quinta moción de vacancia presentada en el Congreso peruano en los últimos cuatro años.
Sin embargo, la moción de destitución por “incapacidad moral” promovida por los partidos Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular no prosperó debido a que en la sesión del 7 de diciembre de 2021 el Congreso peruano registró una votación de 76 votos en contra, 46 a favor (se necesitaban 52 para aprobarla) y 4 abstenciones.
Cabe mencionar que el nivel de desaprobación del mandatario peruano es de 57 por ciento, mientras que la del Congreso es de 75 por ciento de acuerdo con las encuestas. Este escenario, aunado a los conflictos sociales y políticos prevalecientes en estos momentos, dificultan que el desempeño de su gestión se desarrolle en un ambiente de gobernabilidad.
Perú presenta un alto nivel de conflictividad política, además de una percepción de corrupción generalizada que ha traído un descontento contra el actual gobierno.
Pedro Castillo Terrones es un maestro rural de 52 años que le ganó la segunda vuelta de junio a Keiko Fujimori. Desde que asumió la presidencia, el 28 de julio de 2021 ha sido cuestionado repetidamente por la oposición por actos de corrupción, lo que ha provocado la salida de una docena de ministros, además de ser acusado por una supuesta injerencia del gobierno en los ascensos militares. Por este caso, fue citado a declarar el pasado 14 de diciembre ante la fiscal nacional, Zoraida Ávalos.
Esta situación deriva de que Pedro Castillo Terrones designó a un jefe de gabinete y un equipo de gobierno muy cuestionado por la opinión pública, lo que ha ocasionado un gran malestar social y que miles de peruanos y peruanas salieran a las calles de Lima para protestar e insistir en su destitución.
Este contexto de incertidumbre política ha provocado presiones sobre la economía peruana, desatándose una inflación ascendente, depreciación de su moneda y la caída de la inversión privada, elementos que generan un pesado lastre para la recuperación económica y financiera del Perú en el contexto de la postpandemia.
Hace unos días el secretario de Hacienda y Crédito Público de México viajó a aquel país sudamericano en representación del Presidente de la República, bajo el argumento de que el mandatario peruano le había solicitado ayuda por la “difícil situación por la que está atravesando.”
De acuerdo a información oficial, la visita del secretario de Hacienda a Perú se enfocó en plantear al presidente Pedro Castillo diversas propuestas de carácter económico en apoyo a las finanzas públicas de ese país sudamericano y, que, a su vez, traigan consigo un beneficio para México.
De este modo, dice el comunicado 79 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 1 se “analizaron opciones que permitan fortalecer el intercambio comercial entre ambos países y otorgar líneas de crédito de la banca de desarrollo con el propósito de fomentar las exportaciones”.
Asimismo, de acuerdo con la información de esa misma dependencia “las reuniones que se realizaron con el presidente de Perú y su gabinete también incluyeron un intercambio de experiencias sobre la implementación de programas sociales en apoyo a diversos sectores de la población, varios de los cuales ya existen en ese país sudamericano, como el de apoyo a adultos mayores”.
Este gesto diplomático llama mucho la atención porque el Presidente de México ha sido enfático y reafirmado en reiteradas ocasiones que la postura de su gobierno se fundamenta en los principios de política exterior establecidos en la Constitución, es decir: no intervención, respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos.
En este punto es importante advertir que la política exterior del gobierno mexicano ha sido errática y confusa. México ha sido contradictorio al definir posiciones diplomáticas cuando se presentan conflictos internos en otros países o cuando determinadas decisiones políticas o económicas de otras naciones nos afectan directamente.
Tal es el caso del apoyo al mandatario Donald Trump con la visita del presidente de México a Washington antes de las elecciones por la presidencia en los Estados Unidos de América (EUA); la abstención por parte de México ante el asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021, o cuando se trata de atender el problema del fenómeno migratorio con nuestro vecino del norte, donde nuestro país ha mostrado una cooperación irrestricta.
Otros episodios han sido aquellos donde nuestro país se decantó a favor del expresidente boliviano Evo Morales al brindarle asilo político; durante la celebración de los diálogos de paz entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana, o cuando se ofreció apoyo para venderle gasolina al gobierno de Venezuela ante la escasez que ha enfrentado o el apoyo humanitario ofrecido a partir de las restricciones que EUA le ha impuesto a esa nación sudamericana.
De igual forma, cuando se extendió el apoyo y solidaridad al presidente Miguel Díaz Canel durante las manifestaciones del 11 julio de 2021 en contra del gobierno de Cuba, protestas, que, por cierto, han sido las más grandes que la isla haya visto en décadas, en medio de una grave crisis económica y sanitaria, con una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros insumos básicos, derivado del bloqueo económico, financiero y comercial que se ha ejercido de forma unilateral por parte de los estadounidenses a lo largo de seis décadas.
En este sentido, sería conveniente mostrar mayor congruencia con los principios rectores de nuestra política exterior tales como: autodeterminación de los pueblos, no intervención en los asuntos de otro estado y solución pacífica de las controversias.
Lo anterior, en consonancia con la Doctrina Estrada, promulgada en 1930, en donde México encumbró los principios de libre autodeterminación de los pueblos y de no injerencia en los asuntos internos de otros países como elementos rectores de la diplomacia a nivel internacional.
Principios, que, por cierto, son recogidos en la Carta de las Naciones Unidas y en la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuando se establece, entre las facultades y obligaciones del presidente de la República, la siguiente:
“Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.
Las y los que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional nos pronunciamos a favor de que, en el concierto internacional, México siga construyendo vínculos con otras naciones para impulsar el progreso, la solidaridad y la justicia, lo que ha permitido una sólida integración y cooperación de nuestro país con otras naciones.
En este sentido, es importante conocer los pormenores de la visita del secretario de Hacienda y Crédito Público, el pasado 8 de diciembre a Perú y, para ello, consideramos pertinente que envíe un informe para que los legisladores que conformamos esta Comisión Permanente podamos analizar los acuerdos alcanzados con el presidente Pedro Castillo Terrones y su gabinete en materia económica, comercial y de política social, a fin de contribuir en la formulación de una sólida política exterior de Estado.
Lo anterior, como parte de las atribuciones que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la Cámara de Senadores para analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo federal.
La Cámara de Senadores debe mantenerse atenta de forma permanente a la política exterior que desarrolla nuestro país como parte de su responsabilidad republicana y con el propósito de mantener el equilibrio entre poderes, al tiempo de coadyuvar a que México se vincule de mejor forma con otras naciones defendiendo nuestra soberanía y participando con liderazgo para encontrar soluciones globales y multidimensionales en el ámbito internacional, respetando, en todo momento, los valores y principios que nos dan identidad como nación.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los Poderes, solicita respetuosamente al secretario de Hacienda y Crédito Público, enviar un informe a esta soberanía para conocer los pormenores de su reunión con el presidente de Perú, Pedro Castillo Terrones, en representación del Presidente de la República el 8 de diciembre de 2021, respecto a los acuerdos alcanzados en materia económica, comercial e implementación de programas sociales.
Nota
1 Consultar en:
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-79-el-secretario-de -hacienda-planteo-en-su-visita-a-peru-diversas-propuestas-de-caracter-economico
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.– Senadora y senador: Nuvia Mayorga Delgado, Miguel Ángel Osorio Chong (rúbricas).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
SE ESCLAREZCAN LOS HECHOS OCURRIDOS A LA ARTESANA TEXTIL C. RICARDA GARCÍA MERINO, ORIGINARIA DE OAXACA, POR VIOLENTAR SUS DERECHOS HUMANOS
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal, el SAT y la Administración General de Aduanas del AICM a indagar a su personal para esclarecer lo ocurrido con la artesana textil oaxaqueña Ricarda García Merino por violentar sus derechos humanos, suscrita por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, Ana Laura Bernal Camarena, diputada integrante de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado 10 de diciembre de 2021 se publicó una nota periodística en donde se dio a conocer lo siguiente: “Artesana textil retenida por el SAT: “Ni en New York me trataron como aquí, en mi mismo México” publicado por Proceso, en donde se reportó la retención arbitraria durante tres horas de la ciudadana Ricarda García Merino por parte de personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), para obligarla a pagar impuestos por las prendas que ella elaboró, después de participar en la exhibición de artesanías de mujeres oaxaqueñas en Nueva York. 1
“Los funcionarios del SAT exigieron a la indígena mixteca pagar 3 mil 706 pesos de impuestos por ropa valorada en 950 dólares, según consta en el acuse de recibo. Y amagaron con retener la maleta con sus creaciones si se negaba a cubrir la cuota solicitada”. 2
Lo cual es una gran injusticia para una persona trabajadora como lo es la C. Ricarda García Merino, y esto solo es uno de muchos casos de abusos, los cuales no salen a la luz por parte del personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con los contribuyentes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 13 menciona:
“Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”. 3
La Convención Americana sobre los Derechos Humanos en su artículo 22 en su primer párrafo menciona:
“Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia
1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.
2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio”. 4
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su primer párrafo en el artículo 11 menciona lo siguiente:
“Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país”. 5
Se tienen que acabar las malas costumbres de abuso de poder, corrupción e intimidación por parte de los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con los connacionales y respetar el libre tránsito tomando en cuenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se tiene que respetar el derecho al libre tránsito por parte de los connacionales, debemos eliminar de raíz el abuso de poder, la intimidación y amenazas por parte de cualquier servidor público sin importar el rango que tenga.
Por lo anterior, hago un llamado a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria para que prepare de mejor manera a su personal y tengan tacto humano para eliminar cualquier clase de discriminación por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Mencionado lo anterior quiero hacerle saber a esta Cámara de Diputados sobre una situación controversial, la exhibición de la nota periodística “Artesana textil retenida por el SAT: “Ni en New York me trataron como aquí, en mi mismo México”, difundida por la revista Proceso.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión por el que se exhorta al gobierno federal, a Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Adminsitración Tributaria y a Horacio Duarte Olivares, administrador general de Aduanas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a indagar a su personal para esclarecer los hechos ocurridos a la artesana textil Ricarda García Merino, originaria de Oaxaca por violentar sus derechos humanos.
Notas
1 Proceso. Artesana Textil retenida por el SAT: “Ni en New York me trataron como aquí, en mi mismo México”. 10/12/21.
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/12/10/artesana- textil-retenida-por-el-sat-ni-en-nueva-york-me-trataron-como-aqui-en-mi-mismo-m exico-277309.html
2 Ídem.
3 Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, 2021.
4 Convención Americana sobre los Derechos Humanos, 2021.
5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2021.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los siete días del mes de enero de 2022.– Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
SE GARANTICE LA INTEGRIDAD, LA SEGURIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES MEXICANAS DE RETORNO DURANTE LA TEMPORADA DE INVIERNO
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a mantener los mecanismos existentes para garantizar la integridad, la seguridad y los derechos humanos de migrantes mexicanos de retorno durante la temporada invernal, suscrita por la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Julieta Kristal Vences Valencia, diputada federal de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:
Consideraciones
Por su ubicación geográfica y sus condiciones socioeconómicas, México se ha constituido como un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, presenciando diversas manifestaciones del fenómeno de movilidad humana que responde a diversas causas.
De acuerdo con Russel King, la migración de retorno se refiere a “cuando una persona regresa a su país o región de origen después de un periodo de tiempo significante fuera o dentro de la misma región”. 1 En este sentido, existen diversas razones por las cuales las personas migrantes deciden regresar a sus lugares de origen, siendo motivadas algunas de ellas por su voluntad propia y de manera temporal.
La Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de la Secretaría de Gobernación registró que de 2013 a 2018 se presenciaron 7 millones 218 mil 549 eventos de entrada de mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero. De ellos, solamente 2 millones 857 mil 352 correspondieron a la entrada de emigrantes con residencia en Estados Unidos que regresaron de forma voluntaria y por vía terrestre, es decir, en promedio cada año existen 476 mil 225 desplazamientos de retorno temporal de nuestras y nuestros connacionales. 2
Es importante resaltar que de acuerdo con los resultados de encuestas levantadas por el Colegio de la Frontera Norte destaca que las temporadas de mayor afluencia de personas migrantes de retorno temporales se da durante verano e invierno, siendo que 76.38 por ciento de esta población ha señalado que su regreso corresponde a motivos personales como la visita de familiares o la asistencia a un evento social. 3
Como respuesta a este fenómeno migratorio, el Programa Héroes Paisanos, coordinado por el Instituto Nacional de Migración, es una política pública de atención a las personas mexicanas migrantes de retorno, que contempla un esfuerzo intergubernamental e interinstitucional para garantizar la seguridad, integridad y derechos humanos de la población mexicana que regresa temporalmente al territorio nacional. 4
El espíritu del programa busca atender problemas públicos como la inseguridad existente durante el traslado de nuestras y nuestros paisanos por las carreteras mexicanas hasta su punto de destino al interior de México; y también la prevención de actos de corrupción por parte de las autoridades al momento de internarse en el país.
Las principales líneas de acción que se desglosan del programa son la difusión de información relativa a los derechos y trámites administrativos a los que están sujetos los ciudadanos mexicanos al momento de su ingreso, así como el de sus familias y bienes que los acompañan.
Por otro lado, se atienden peticiones, quejas y denuncias que son canalizadas a las autoridades competentes; y se refuerza la presencia de cuerpos de seguridad pública a lo largo de las carreteras en donde se hayan detectado la comisión de diversos delitos o el incremento de los índices de violencia.
Cabe resaltar que, de acuerdo con el diseño del Programa Héroes Paisanos, se establece que esta política pública es de carácter permanente, sin embargo, “refuerza sus acciones en los periodos de mayor afluencia de mexicanos a territorio nacional estableciendo, a través de operativos especiales (Semana Santa, verano e invierno)”. 5
En este sentido, es que el 29 de noviembre de 2021, el Instituto Nacional de Migración anunció el arranque del Operativo Invierno 2021 del programa, que abarcaría un periodo de tiempo desde la fecha de arranque hasta el 31 de diciembre, contando con la participación de personas voluntarias de la sociedad civil y autoridades de 40 instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno. 6
A partir de lo anterior, es posible advertir que la temporada de invierno abarca del 21 de diciembre de 2021 al 20 de marzo de 2022, mismo en el cual se desarrollan festividades no oficiales como el Día de los Reyes Magos, que independientemente de cualquier motivación religiosa, incentiva a las familias mexicanas a reunirse y convivir de manera fraterna.
Por ello, es que resulta necesario que el fortalecimiento del Programa Héroes Paisanos que se encuentra desplegado durante el Operativo de Invierno pueda prolongarse hasta el día 10 de enero, siendo esta una fecha tentativa del regreso de nuestras y nuestros connacionales a los Estados Unidos.
Esto, permitirá a las personas migrantes de retorno mantener una percepción de mayor seguridad para ellas y sus familias, y conocer de antemano el acompañamiento de las autoridades federales, estatales y municipales que realizan las acciones adecuadas para su regreso a casa.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a mantener los mecanismos existentes para garantizar la integridad, la seguridad y los derechos humanos de las personas migrantes mexicanas de retorno durante la temporada de invierno.
Notas
1 King, Russel, Return Migration and Regional Economic Problems,Londres, Routledge, página 4.
2 Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad, Total de entradas según condición de estancia,México, Secretaría de Gobernación, 2019.
3 Colegio de la Frontera Norte, Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte 2018,México, Colef.
4 Instituto Nacional de Migración, Programa Héroes Paisanos.Consultada en
https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/programa-heroes-pais anos
5 Ibídem.
6 Instituto Nacional de Migración, Arranca Operativo Invierno 2021 del Programa Héroes Paisanos del INM,México, Boletín Número 621/2021.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.– Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
EXHORTO A DIVERSAS AUTORIDADES, A QUE REMITAN UN INFORME RESPECTO DE LA ESTRATEGIA QUE SE IMPLEMENTARÁ EN 2022 PARA HACER FRENTE AL ALARMANTE AUMENTO DE LA POBREZA
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a remitir a esta soberanía un informe sobre la estrategia por implantar en 2022 para enfrentar el alarmante aumento de la pobreza en México, suscrita por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Ana Lilia Herrera Anzaldo, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La pobreza se ha definido como un fenómeno multidimensional que puede traducirse en factores como la falta de recursos para satisfacer las necesidades básicas para la supervivencia; Es decir, que el total de ingresos disponibles no satisface el mínimo necesario para la subsistencia de una persona o de su familia. Ahora bien, la Organización Internacional del Trabajo considera entre las necesidades básicas la educación y la vestimenta, como esenciales para poder contar con una calidad de vida digna, sin la cual las personas que no gocen de esta se consideran en el índice de pobreza. 1
Aunado a lo anterior, se han considerado distintos niveles de pobreza, entre los que se encuentran los más comunes, los cuales son los siguientes: 2
• Pobreza: Se le atribuye a una persona que tiene al menos una carencia social, pudiendo ser el rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación; Asimismo, su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.
• Pobreza extrema: Se le atribuye a una persona que tiene tres o más carencias, y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo, siendo que las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.
• Pobreza moderada: Se le atribuye a una persona que, siendo pobre, no se considera en el nivel de pobreza extrema.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles, considerándose uno de los mayores problemas para garantizar los derechos humanos de las personas, generando afectaciones en las personas como malnutrición a consecuencia de la falta de comida, falta de una vivienda y el acceso limitado o nulo a servicios básicos como educación y salud, así como agua y electricidad, fundamentales para todas las personas. Para visibilizar esta problemática de carácter mundial, se llevó a cabo el reconocimiento del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza el 17 de octubre de 1987. 3
Por esta razón, el Banco Mundial realizó la creación de la “línea de pobreza”, como un costo monetario para que una persona en un determinado momento y lugar pudiera satisfacer un nivel de bienestar de referencia, por lo que en 2015 se clasificó como persona que vive en pobreza, la que vive con menos de 1.90 dólares al día; es decir, menos de 40 pesos diarios. 4
Por lo anterior, el primero de los objetivos de desarrollo sostenible es el poner fin a la pobreza en el mundo, siendo uno de los objetivos a los que se encuentran comprometidos todos los Estados que forman parte de la ONU, incluido México; En ese sentido a nivel mundial el número de personas que viven en situación de extrema pobreza disminuyó de 36 a 10 por ciento en los últimos 25 años. Sin embargo, la ONU advierte que el ritmo de disminución de pobreza ha ido en disminución por consecuencias como la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19, con lo que se encuentra en riesgo la lucha contra la pobreza que se ha implementado desde hace años. 5
De acuerdo con el Instituto Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas, la pandemia mundial ocasionará consecuencias económicas tan grandes como el incremento de la pobreza en todo el mundo, afectando a más de 500 millones de personas; es decir, a 8 por ciento de la población mundial, ocasionando a su vez el primer aumento de pobreza registrado a escala mundial desde hace 31 años. 6
Actualmente, más de 700 millones de personas (es decir, 10 por ciento de la población mundial) aún viven en extrema pobreza, siendo un factor que impida garantizarles derechos básicos como salud, educación, alimentación y acceso al agua potable, entre otros. 7
Ahora bien, esta problemática no excluye a las personas que se encuentran trabajando, ya que en el año 2018 se registró que el 8 por ciento de los trabajadores en el mundo, así como sus familias, viven en situación de extrema pobreza, lo cual hace notar que su puesto laboral no les garantiza el salario suficiente para poder gozar de una vida digna que satisfaga las necesidades básicas de una familia. 8
La ONU advierte que los países en desarrollo, entre los que se encuentra México, corren más riesgo de aumentar la pobreza durante la pandemia mundial, generando “crisis sociales y económicas devastadoras”, por lo cual el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha señalado que se esperan pérdidas de ingresos que superen los 220 mil millones de dólares en estos países, afectando servicios educativos, de salud, seguridad alimentaria, nutrición, seguridad y en general la afectación de los derechos humanos de las personas.
En repetidas ocasiones se ha demostrado que la erradicación de la pobreza extrema se encuentra al alcance de los Estados que forman parte de la comunidad internacional, razón por la cual la ONU considera necesario establecer una medición del índice de pobreza en el mundo, elaborado anualmente, con la finalidad de visibilizar las áreas de oportunidad y los resultados obtenidos de las acciones y políticas públicas realizadas para lograr este fin, permitiendo visibilizar principalmente medir la efectividad de los países en desarrollo en la erradicación de la pobreza. 9
El organismo encargado de llevar la medición de la pobreza cada año en nuestro país, es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, debe establecer los lineamientos y los criterios para realizar la definición, la identificación y la medición de la pobreza en el país, considerando indicadores 10 como ingreso corriente per cápita; rezago educativo promedio en el hogar; acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad social; calidad y espacios de la vivienda; acceso a los servicios básicos en la vivienda; acceso a la alimentación; grado de cohesión social, y grado de accesibilidad a carretera pavimentada.
Las cifras oficiales de pobreza en México advierten falta de resultados de los programas clientelares de la 4T: generación de pobreza
De acuerdo con la Medición de pobreza 2020, el nivel de pobreza en el país aumentó 2 por ciento de 2018 a 2020: pasó de 41.9 a 43.9 por ciento, respectivamente. Asimismo, el porcentaje de pobreza extrema aumentó 1.5 en ese periodo, pasando de 7.0 a 8.5, y el porcentaje de población en situación de pobreza moderada pasó de 34.9 a 35.4, aumentando en 0.5 por ciento, y demostrando que, en lugar de bajar los niveles de pobreza en el país, éstos han ido en gran aumento. 11
Se ha observado un gran incremento en el porcentaje de población con menor bienestar económico, ya que la población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos pasó del 14.0 por ciento al 17.2 por ciento en el periodo de 2018 al 2020, es decir, se registró un aumento del 3.2 por ciento de personas con ingresos menores a la línea de pobreza extrema; Asimismo, se registró un aumento del 2.9 por ciento, pasando de 49.9 por ciento a 52.8 por ciento en el periodo señalado, de personas con ingresos menores de la línea de pobreza. 12
Entre los resultados obtenidos en la medición, resulta alarmante las carencias sociales que tiene la población mexicana en el periodo 2018-2020, considerando los siguientes sectores: 13
• Educación: Se registró un aumento en la carencia de este sector del .2 por ciento;
• Servicios de salud: Se registró un gran aumento en la carencia de este sector del 12 por ciento;
• Acceso a la seguridad social: Se registró una disminución en la carencia de este sector del 1.5 por ciento, siendo de los únicos sectores con un avance;
• Calidad y espacios de la vivienda: Se registró una disminución en la carencia de este sector de 1.7 por ciento, siendo de los únicos sectores con un avance;
• Acceso a los servicios básicos de vivienda: Se registró una disminución en la carencia de este sector del 2 por ciento, siendo de los únicos sectores con un avance; y
• Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad: Se registró un aumento en la carencia de este sector del .3 por ciento.
Por lo anterior, diversos medios de información han alertado a la población las cifras tan alarmantes de los niveles de pobreza en el país, dando a conocer que el número de personas pobres creció en 3.8 millones de personas, en los que se experimentó la dificultad para comprar bienes y servicios de la canasta básica; Asimismo, se sumaron 2.1 millones de personas al nivel de pobreza extrema, por lo que solo 2 de cada 10 mexicanos y mexicanas están libres de caer en la pobreza. 14
Lo anterior toma mayor relevancia toda vez que este gobierno está gastando el Presupuesto federal en una serie de programas sociales clientelares que de conformidad con los datos del Coneval no están cumpliendo el objetivo deseado, pues los pobres aumentan y cada vez se gasta más en políticas públicas que lejos de abatir la pobreza la están aumentando.
De acuerdo con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado es el encargado de establecer acciones como el otorgamiento de apoyos económicos y becas para mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en condición de pobreza, 15 y la Ley General de Desarrollo Social establece que su aplicación corresponde al Poder Ejecutivo federal, por tal motivo es necesario establecer las acciones y políticas públicas pertinentes para abatir los niveles de pobreza registrados, 16 que han resultado alarmantes y contravienen los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU, obligación que tiene que cumplir el Estado Mexicano.
La inflación, la consecuencia de las malas políticas públicas
A final de 2021, el Banco de México actualizó al alza su pronóstico sobre la inflación, al señalar que cerrará 2021 en 7.1 por ciento. En su cálculo anterior, el banco central esperaba que el indicador se colocara en 6.8 por ciento en la recta final del año. “La inflación en México ha alcanzado niveles no vistos desde hace dos décadas: en noviembre se ubicó en 7.37 por ciento a tasa anual, mayor a la esperada por analistas y alcanzando su nivel más alto desde enero del 2001”. 17
En México, el Índice Nacional de Precios al Consumidor es un indicador económico global cuya finalidad es medir, a través del tiempo, la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país. 18 A su vez, dicho índice permite cuantificar la inflación nacional, definida por el Banco de México, como el aumento sostenido y generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía a lo largo del tiempo. El aumento de un sólo bien o servicio no se considera como inflación. Si todos los precios de la economía aumentan tan solo una vez tampoco eso es inflación. 19
El presidente del Inegi indicó mediante sus redes sociales: “#INPC en noviembre 2021, el Índice Nacional de Precios al Consumidor se incrementó 1.14 por ciento m/m, el mayor aumento para dicho mes en 21 años; la inflación anual quedó en 7.37 por ciento a/a, 1.13 puntos más que en octubre”.
En un contexto como el de México, en el que el desempleo ha ido al alza, en donde el gobierno se niega a apoyar a las pequeñas y medianas empresas, a generar una política de reactivación económica y si a esto le sumamos la pandemia a nivel mundial de covid-19 y la falta de estímulos o programas gubernamentales para mantener el empleo formal, se hace evidente la necesidad de contener el aumento generalizado de los precios.
De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la inflación encarece el costo de los bienes y servicios al deteriorar el poder de compra del dinero. Esto quiere decir que con lo que ganas cada vez te alcanza para comprar menos cosas/productos que el año anterior y considerando que la canasta básica es lo primordial en la compra de las familias, la inflación afecta directamente a dicha canasta básica. 20
Esto se traduce para los mexicanos en el encarecimiento de los principales bienes y servicios, como el incremento de los siguientes productos: tomate verde (130.62 por ciento), chile serrano (95.37), otros chiles frescos (47.08), jitomate (39.18), gas doméstico LP (23.97), gas doméstico natural (22.29), gasolina de alto octanaje (22.27) y gasolina de bajo octanaje (14.44). Diversos especialistas alertaron sobre el impacto de la inflación sobre diversos productos de la canasta básica, como Mario Di Contanzo, ex titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que publicó en sus redes el siguiente cuadro comparativo:
El incremento de la pobreza y la inflación son dos elementos alarmantes que requieren toda la atención de la ciudadanía y de los sectores de la sociedad. Es urgente revisar las políticas económicas actuales y terminar con el hasta ahora nulo control del gobierno por mantener un nivel de inflación bajo y las políticas públicas clientelares que lo que único que aumenta es a los pobres. A más de la mitad del sexenio, es un hecho que las familias mexicanas cada día ven más disminuido el poder adquisitivo de su ingreso y con ello la preocupación del futuro económico del país.
Hoy más que nunca resulta trascendental poder garantizar las mejores condiciones de vida a la población mexicana, asegurándose que puedan contar con los servicios básicos y las condiciones de vida adecuadas, por tal motivo someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía, y de Bienestar a remitir a esta soberanía un informe pormenorizado respecto de la estrategia que se implementará en el 2022 para hacer frente al alarmante aumento de la pobreza en México, informada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y al incremento de la inflación consecuencia de las políticas públicas implementadas por esta administración y cuyos resultados están afectando la economía de las familias mexicanas.
Notas
1 Manos Unidas. ¿Qué es la pobreza?Disponible en
https://www.manosunidas.org/observatorio/pobreza-mundo/definicio n-pobreza
2 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Glosario.Disponible en
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Glosario.aspx
3 Organización de las Naciones Unidas. Acabar con la pobreza.Disponible en
https://www.un.org/es/global-issues/ending-poverty
4 Manos Unidas. ¿Qué es la pobreza?Obra citada.
5 Organización de las Naciones Unidas. Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.Disponible en
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
6 Ídem.
7 Organización de las Naciones Unidas. Acabar con la pobreza. Obra citada.
8 International Labour Organization. Los trabajadores pobres, o cómo un trabajo no es garantía de condiciones de vida decentes.Disponible en
https://ilostat.ilo.org/es/the-working-poor-or-how-a-job-is-no-g uarantee-of-decent-living-conditions/
9 Organización de las Naciones Unidas. Acabar con la pobreza. Obra citada.
10 Cámara de Diputados. Ley General de Desarrollo Social. Disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_250618.pdf
11 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Medición de pobreza 2020.Disponible en
https://www.coneval.org.mx/Medicion/PublishingImages/Pobreza_202 0/C1_pob_16_20.PNG
12 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Medición de pobreza 2020.Disponible en
https://www.coneval.org.mx/Medicion/PublishingImages/Pobreza_202 0/Pobreza_2016-2020.jpg
13 Ídem.
14 El Economista. “México: aumenta y agobia la pobreza”. Disponible en
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Mexico-aumenta-y-agobia- la-pobreza-20210806-0022.html
15 Cámara de Diputados. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
16 Cámara de Diputados. Ley General de Desarrollo Social., Disponible en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_250618.pdf
17 https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/16/inflacion-en-mexico-banxico -calcula-que-cerrara-2021-en/
18 Inegi, Preguntas frecuentes. Consultado el 9 de mayo de 2021 en
https://www.inegi.org.mx/programas/inpc/2018/PreguntasF/
19 Banco de México, Inflación. Consultado el 8 de mayo de 2021 en
http://educa.banxico.org.mx/economia/inflacion-economia.html#:~: text=La%20inflaci%C3%B3n%20es%20el%20aumento,vez%20tampoco%20eso%20es%20inflaci %C3%B3n
20 https://www.heraldobinario.com.mx/tendencias/2021/11/26/canasta-basica-en-mexic o-2021-que-productos-elevaron-mas-su-costo-comparacion-de-precios-18922.html
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.– Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
SE ESCLAREZCAN LOS HECHOS ACONTECIDOS SOBRE EL ACCIDENTE DE LOS MIGRANTES FALLECIDOS EN CHIAPAS
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar tanto al INM como al gobierno y la FGJE de Chiapas a esclarecer el accidente de los migrantes fallecidos en la entidad e investigar a los presuntos responsables, suscrita por la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, Ana Laura Bernal Camarena, diputada integrante de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Hoy en día resulta imposible dejar a un lado un tema que acontece y cobra más relevancia en nuestro país y el mundo. La migración, ha sido un movimiento antiguo de la humanidad, pues las personas se desplazan en busca de mejorar sus condiciones de vida y por nuevas oportunidades. Sin embargo, este mismo fenómeno causa otros temas de gran importancia para la humanidad; la inseguridad, la pobreza, la desigualdad social y la educación, son sectores consecuentes al bienestar de la humanidad y no pueden ser desapercibidos.
Antes de adentrarnos al tema que conlleva la migración debemos distinguir dos diferentes términos que al confundirnos nos llevaría a problemas para ambos temas: Migrante y refugiado, si bien los refugiados y los migrantes tienen los mismos derechos humanos universales y libertades fundamentales, que deben respetarse, protegerse y cumplirse en todo momento, constituyen dos grupos distintos que se rigen por marcos jurídicos separados. Solo los refugiados tienen derecho a una protección internacional específica, definida en el derecho internacional de los refugiados. 1
Para el Alto Comisionado de las Naciones para los Refugiados, las personas refugiadas son aquellas que huyen de conflictos armados o persecución. A menudo, su situación es tan peligrosa e intolerable, que cruzan fronteras nacionales para buscar seguridad en países cercanos, y así, ser reconocidos internacionalmente como “refugiados”, con asistencia de los estados, el Alto Comisionado de las Naciones para los Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones. Uno de los principios fundamentales establecidos en el derecho internacional es que los refugiados no deben ser expulsados o devueltos a las situaciones en las que sus vidas y su libertad puedan verse amenazadas. Ahora bien, los migrantes son quienes eligen trasladarse no a causa de una amenaza directa de persecución o muerte, sino principalmente para mejorar sus vidas al encontrar trabajo o por educación, reunificación familiar, o por otras razones. 2
Esta diferencia como ya se mencionó antes, es de suma importancia, ya que los gobiernos diferencian el trato de las personas refugiadas y los migrantes. El trato es de acuerdo a su propia legislación y procedimientos en materia de inmigración y en el caso de las personas refugiadas, los gobiernos dan el trato de acuerdo a las normas sobre el asilo y su protección, en sus legislaciones nacionales y en el derecho internacional.
Por consiguiente, de acuerdo a la Declaración de Nueva York Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Recordamos que las obligaciones que hemos contraído en virtud del derecho internacional prohíben todo tipo de discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 3
Lamentablemente, la xenofobia e incluso la aporofobia (fobia a las personas pobres) sigue latente en cada parte del mundo, violentando los derechos de las personas migrantes y refugiadas, porque parece que ser pobre es desagradable, que las personas pobres plantean problemas.
De acuerdo a cifras claves de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el 2020 según la estimación más reciente, existen 281 millones de migrantes internacionales, una cifra equivalente al 3,6% de la población mundial. 4
Por otra parte, la migración es un problema que se produce por diferentes causas y se resumen en tres rubros:
Razones económicas, los encontramos especialmente en las caravanas de migrantes centroamericanos que no encuentran un trabajo digno en sus países, por lo que toman todo tipo de riesgos para trasladarse ilegalmente hacia Estados Unidos donde esperan lograr el sueño americano, poder establecerse y generar ingresos para luego ser enviados a sus familias.
Razones políticas, los aspectos de tipo político que impulsan a las personas a moverse de un lado a otro de forma desordenada y riesgosa. La persecución política o los estados de derechos fallidos como el caso de los venezolanos y cubanos que se desplazan a Estados Unidos, buscando el goce de sus libertades y el respeto de sus derechos fundamentales.
Razones sociales, entre los aspectos sociales podemos mencionar la violencia que impera en algunos países que están afectados por pandillas o grupos del narcotráfico lo que provoca que las personas busquen un lugar más seguro para ellos y sus familias. 5
Mencionando lo expuesto anteriormente, quiero hacerle saber a esta Cámara de Diputados sobre la situación lamentable, que dejó el saldo de al menos 55 migrantes centroamericanos muertos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
“Al menos 55 migrantes han muerto, entre ellos varios menores de edad, y 105 han resultado heridos este jueves en un accidente de camión cerca de Tuxtla Gutiérrez, la capital del Estado mexicano de Chiapas, según el último balance difundido por las autoridades este viernes. El tráiler, en el que viajaban los migrantes, circulaba con exceso de velocidad, según la información de Protección Civil. Esta es hasta el momento la principal causa del siniestro. El conductor, que transportaba a 166 personas hacinadas, se ha dado a la fuga. El accidente en Tuxtla Gutiérrez es una de las mayores tragedias con migrantes que ha sufrido la ruta desde Centroamérica hacia el norte del continente americano”. 6
Sea cual sea la razón o motivos que producen la migración, necesitamos tratar a todas y todos los seres humanos con respeto y dignidad. Asegurarnos de que los derechos humanos de los migrantes sean respetados.
En nuestro país, al igual que en otros países, el fenómeno migratorio es complejo y difícil de abordar, es por ello que las autoridades, las instituciones y gobiernos a nivel mundial, deben tomar seriedad a este gravísimo problema que viven las personas migrantes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Migración, al gobierno del Estado Libre y Soberano de Chiapas y a la Fiscalía General del estado de Chiapas, a esclarecer los hechos acontecidos sobre el accidente de los migrantes fallecidos en Chiapas e investigar a los presuntos responsables.
Notas
1 ONU. Pacto Mundial Para la Migración Segura, Ordenada y Regular.
2 ACNUR. ¿‘Refugiado’ o ‘Migrante’? ¿Cuál es el término correcto? Disponible en
https://www.acnur.org/noticias/noticia/2016/7/5b9008e74/refugiad o-o-migrante-cual-es-el-termino-correcto.html
3 ONU. Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes. Disponible en
https://www.acnur.org/prot/instr/5b4d0eee4/declaracion-de-nueva- york-para-los-refugiados-y-los-migrantes.html
4 ONU Migración, Sobre la migración. https://www.iom.int/es/sobre-la-migracion
5 Economipedia. “Las migraciones ya son un problema para muchos países”. Disponible en
https://economipedia.com/actual/las-migraciones-ya-son-un-proble ma-para-muchos-paises.html
6 El País. “Al menos 55 migrantes muertos tras volcar el camión en el que viajaban hacinados en México”.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los siete días del mes de enero de 2022.– Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD Y SU HOMÓLOGA EN CAMPECHE, A REFORZAR PROTOCOLOS Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y su homóloga en Campeche, a prestar atención y reforzar protocolos y mecanismos de prevención del suicidio, suscrito por la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
SE INSTRUYA A LA SHCP A ASIGNAR, EN EL PAQUETE ECONÓMICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA TUNAL II
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la SHCP con objeto de que en el paquete económico de 2023 se asigne una partida etiquetada de manera específica para que pueda bajar el recurso directamente a la construcción de la presa Tunal II, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Gina Gerardina Campuzano González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:
Consideraciones
Un serio problema que vivimos en la ciudad de Durango, capital del estado, tiene que ver con no contar con agua potable, apta para uso y consumo humano, lo que compromete la salud pública de más de 700 mil habitantes de la zona metropolitana, debido a las altas concentraciones de flúor y arsénico con que llega el vital líquido a los grifos y depósitos de los hogares duranguenses. i
Es entonces que, ante tal situación, tenemos como reto primordial, el proteger la salud de los habitantes de la ciudad, brindándoles agua apta para el consumo humano, teniendo como fuente de abastecimiento al río Tunal, del que se podrá obtener el mejor aprovechamiento con la construcción de la presa Tunal II. ii
En cuanto a viabilidad técnica, el proyecto cumple con todos los requisitos, contando con registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la requerida Evaluación Socioeconómica y de Factibilidades, para la Comisión Nacional del Agua. iii
Es importante tener en cuenta que el 100 por ciento del agua de la red de la ciudad de Durango rebasa los límites permitidos en cuanto a concentración de flúor, además de que el 40.43 por ciento, supera el límite que se permite en cuanto a la concentración de arsénico.
Es decir que en realidad, la capital de Durango, no cuenta con agua potable en su red de distribución, lo que implica un serio riesgo para la salud de sus habitantes, de acuerdo con lo indicado en la NOM-127-ssa1-1994. iv
Además cada vez hay más desabasto de agua en varias zonas de la ciudad, no solamente en las zonas urbanas, sino también en algunas comunidades del medio rural, el desabasto del agua ya es un tema cotidiano, ya que el agua que nosotros los duranguenses sacamos es de pozo y están sobreexplotados, no podemos acceder a agua de presa porque no tenemos la potabilizadora, por eso es importante generar una alternativa diferente como sería una planta potabilizadora que utilice el agua de la presa Guadalupe Victoria para el abasto de agua en la capital por lo que la cristalización del proyecto de construcción de la presa Tunal II, es para nosotros un tema de urgencia de poder concretar los recursos para esta presa. v
A nivel internacional, de acuerdo con la resolución de las Naciones Unidas, no se limita a reconocer el acceso al agua potable y saneamiento solo como un derecho humano, sino que va más allá y reconoce que dicho derecho al agua potable y saneamiento es esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.
Es entonces, que como legisladores tenemos la tarea de impulsar que se tenga contemplada la construcción y equipamiento de la presa Tunal II, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2023 y teniendo en cuenta, el interés que el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado por que se tenga acceso a agua realmente potable en la región, es entonces, la importancia de asignar, ampliar y etiquetar estos recursos en el próximo paquete económico para el ejercicio fiscal 2023.
Este proyecto se contempla en todo un contexto de funcionamiento integral, para lo que habría de contar con una planta potabilizadora, otra de bombeo, un acueducto y las respectivas obras de toma, esto con el fin de que el agua que provea, llegue a la red de la capital duranguense para uso y consumo humano.
También, la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha reconocido la importancia de este proyecto e incluso lo incorporó en un anexo del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, pero sin contar con los fondos para ejecutar dicho recurso, es por ello que se deben gestionar recursos para el presupuesto de egresos 2023 y garantizar el abastecimiento de agua suficiente y potable para garantizar mejores condiciones de salud para los duranguenses que habitan en la capital de Durango.
Por lo anterior, es urgente ejecutar este proyecto que permita incrementar la producción de agua de fuentes que presenten mejores condiciones de salubridad para que la población mejore su calidad de vida y la salud pública no se ponga en riesgo, además de que generaría una gran cantidad de fuentes de trabajo.
Es por ello, que presento el presente exhorto al Ejecutivo Federal para que a través del titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público se asigne en el paquete económico para el ejercicio fiscal 2023 una partida etiquetada de manera específica para que puedan bajar estos recursos directamente a la construcción de la Presa Tunal II para el abastecimiento de agua potable en la ciudad de Durango, Durango.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr que se asigne en el presupuesto una partida etiquetada de manera específica para que puedan bajar directamente estos recursos a la construcción de la Presa Tunal II para el abastecimiento de agua potable en la ciudad de Durango, Durango, por lo que me permito proponer, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que instruya al titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para que asigne en el paquete económico para el ejercicio fiscal 2023, una partida etiquetada de manera específica para que puedan bajar estos recursos directamente a la construcción de la presa Tunal II para el abastecimiento de agua potable en la ciudad de Durango, Durango (esta acción comprende el Proyecto Integral Agua para Todos en Durango) con Clave de cartera 1916B000059, por un monto total de inversión de $3,339,227,669 incluyendo el impuesto al valor agregado y un costo total del PPI de $5,592,130,079.
Notas
i Organización Editorial Mexicana, Presa Tunal II, por un vital líquido sano en Durango, El Sol de México, consultado por última vez el 31 de octubre en
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/presa-tunal-ii-por-un- vital-liquido-sano-en-durango-7227021.html
ii Ibidem
iii Organización Editorial Mexicana, Presa Tunal II, por un vital líquido sano en Durango, El Sol de México, consultado por última vez el 31 de octubre en
https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/presa-tunal-ii-por-un- vital-liquido-sano-en-durango-7227021.html
iv Ibidem
v Proyecto México Oportunidades de Inversión, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Ciudad de México, 2021, consultado por última vez el 31 de octubre de 2021 en
https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyectos/
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.– Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
SE CITE A COMPARECER AL SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD, PARA QUE INFORME SOBRE LAS ACCIONES QUE HA LLEVADO A CABO ANTE LA PANDEMIA DEL SARS-COV-2 Y PARA ENFRENTAR LA VARIANTE ÓMICRON
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de citar a comparecer al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud con objeto de que informe sobre la atención y las acciones llevadas a cabo ante la pandemia del SARS-CoV-2 y la estrategia para enfrentar la variante Ómicron, a cargo de senadores del Grupo Parlamentario del PRI
Quienes suscriben, senadores Nuvia Mayorga Delgado, Ángel García Yáñez, Miguel Ángel Osorio Chong y Verónica Martínez García, y las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se cita a comparecer al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, para que informe sobre la atención y las acciones que la dependencia a su cargo ha llevado a cabo ante la pandemia del SARS-CoV-2 y la estrategía para enfrentar la variante Ómicron, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Organización Mundial de la Salud, en colaboración con asociados, redes de expertos, autoridades nacionales, instituciones e investigadores, vigila y evalúa la evolución del SARS-CoV-2. La aparición de variantes que suponían un mayor riesgo para la salud pública mundial, a finales de 2020, hizo que se empezaran a utilizar las categorías específicas de “variante de interés” y “variante preocupante”, a fin de priorizar el seguimiento y la investigación a escala mundial y, en última instancia, orientar la respuesta a la pandemia de covid-19. 1
El 26 de noviembre de 2021, la Organizacón Mundial de la Salud dio a conocer en una declaración la aparición de la variante ómicron, mencionando que de acuerdo con las pruebas presentadas, dicha variante da lugar a cambios perjudiciales en la epidemiología del covid-19, por lo que el Grupo Consultivo Técnico sobre la Evolución del SARS-CoV-2 recomendó a la OMS que la designara como variante preocupante.
Debido a lo anterior, la OMS instó a los países a seguir diversas instrucciones:
• Intensificar las actividades de vigilancia y secuenciación para conocer mejor las variantes del SARS-CoV-2 en circulación.
• Enviar las secuencias completas del genoma y metadatos conexos a una base de datos públicamente disponible, como la Gisaid.
• Notificar a la OMS los casos o conglomerados de casos de infección por las variantes preocupantes, por medio del mecanismo del Reglamento Sanitario Internacional.
• Si se dispone de capacidad suficiente, y en coordinación con la comunidad internacional, realizar estudios en el terreno y análisis en laboratorio para conocer mejor los efectos de las variantes preocupantes en las características epidemiológicas de covid-19, la gravedad de los síntomas que producen, la eficacia de las medidas sociales y de salud pública, los métodos diagnósticos, la respuesta inmunitaria, la neutralización por anticuerpos y otras cuestiones pertinentes.
• Se recuerda a la población que, para reducir el riesgo de contraer covid-19, debe aplicar medidas sociales y de salud pública de eficacia demostrada, como el uso de una mascarilla bien ajustada, la higiene de las manos, el distanciamiento físico, la buena ventilación de los espacios interiores, la evitación de los espacios concurridos y la vacunación. 2
En su carácter de organismo internacional, la OMS ha hecho énfasis en que se deben continuar con las medidas de salud pública para reducir la circulación del covid-19, disminuir las desigualdades respecto al acceso a las vacunas y ofrecer de forma equitativa las pruebas diagnostico y los tratamientos que se necesitan.
Lamentablemente, como en ocasiones anterirores, el gobierno mexicano hizo caso omiso de las recomendaciones de la OMS y simplemente no reaccionó. El 3 de diciembre el gobierno de México dio a conocer, mediante un comunicado, que se detectó el primer caso de la variante ómicron en nuestro país. Se trataba de una persona de 51 años, proveniente de Sudáfrica, quien llegó el 21 de noviembre y presentó síntomas seis días despuús.
Expertos de la UNAM concuerdan en que la vacunación es fundamental, al igual que las medidas ya conocidas, y opinan que los casos pueden aumentar, según Alejandro Sánchez, del Instituto de Investigaciones Biomédicas: “Si la variante es más transmisible, definitivamente habrá más contagios ya que estas variantes han mostrado que pueden reinfectar y las vacunas por sí solas no son suficientes para evitar la transmisión; por lo tanto, si no usamos todas las herramientas que ya sabemos, además de evitar riesgos, los contagios serán inminentes”. 3
Diversos medios de comunicación han dado cuenta del incremento en los contagios, como lo señala el periódico el País en su edición del pasado lunes, en el que se afirma que la nueva ola de contagios de covid-19 se propaga por México y avanza impulsada por las concentraciones en las zonas turísticas. El comunicado diario difundido el domingo 2 de enero por la Secretaría de Salud informó de 46.045 casos activos, es decir, los que empezaron a padecer síntomas a partir del pasado 20 de diciembre. La cifra duplica el reporte del pasado martes 28 de diciembre, cuya estimación rozaba los 23.000 contagios. El país, que terminó 2021 superando la barrera de las 10 mil transmisiones diarias, comienza el nuevo año en medio de la alarma mundial generada por la variante ómicron, que es más contagiosa y que aún encierra dudas sobre su gravedad en las personas no vacunadas o más vulnerables. 4
Entidades como Quintana Roo, Guanajuato, Yucatán, Tabasco, Jalisco, por mencionar algunas, ya han presentado casos de la variante ómicron; en la Ciudad de México ya se superan los 150 casos derivados de dicha variante.
En cuanto a la aplicación y distribución de las vacunas, México ha presentado grandes deficiencias, mismas que se reflejan en el incremento de contagios, principalmente en la población más joven, las zonas rurales y los niños, que aún no cuentan con la inmunización que se está llevando a cabo en otros países.
La doctora Laurie Ann Ximénez, doctora en ciencias médicas por la Universidad de Harvard y profesora e investigadora de microbiología, ha expresado que la situación derivada por la pandemia se ha vuelto caótica en México, y señala que deben tomarse acciones tempranas a fin de evitar hospitalizaciones y un alto índice de defunciones. 5
Menciona también que a la variante ómicron no se le debe restar importancia por el hecho de que la población esté parcialmente vacunada, ya que al momento no se sabe con exactitud la gravedad que pueda causar.
Hace énfasis en la importancia de las pruebas de detención por su utilidad para el diagnóstico del covid-19 y sus variantes, por lo que las autoridades deben proveer los insumos necesarios para su realización.
Jaime Sepúlveda, director ejecutivo del Instituto de Ciencias de la Salud Global de la Universidad de California en San Francisco, considera que las autoridades mexicanas están minimizando la llegada de ómicron y en poco tiempo ésta será la variante predominante en el país. En Europa ya es la variante predominante y el número de casos de ómicron se duplica cada dos días, mientras que Delta lo hacía cada dos semanas; el ritmo de crecimientoha sido sumamente mayor. 6
Asimismo, refiere que el gobierno y las autoridades deben realizar un ajuste en la estrategia para mitigar el impacto del nuevo virus, ya que notablemente han fallado en los siguientes aspectos:
• Minimizar el uso de las pruebas diagnósticas y el uso de cubrebocas.
• Instruir que la gente permaneciera en casa aun con síntomas, sin darles apoyos economicos para poder cumplir con la instrucción sanitaria.
• No otorgar lo necesario como equipos de protección y buen entrenamiento a los trabajadores sanitarios para desempeñar sus funciones.
• Presentar alta mortalidad intrahospitalaria en personas admitidas con covid.
Hasta el 4 enero, de acuerdo con las cifras oficiales, había en el país 15, 184 nuevos contagios de covid-19, situación sumamente preocupante ante el inminente regreso a clases presenciales, sin contar hasta el momento con las vacunas necesarias para los menores de edad.
327 mil defunciones oficialmente reconocidas hasta el 4 de enero, aunque sabemos que el número real es por lo menos el doble. Cientos de miles de mexicanos que fallecieron por la sobervia e incapacidad del Subsecretario López Gatell, que se rehúsa a dar explicaciones de su actuación ante la peor crisis epidemiológica en décadas.
De acuerdo con Gisaid, la incidencia de la variante Ómicron en el país en las últimas 2 semanas es similar a la de Estados Unidos, como se muestra en la siguiente imagen, 7 por lo que es indispensable tomar medidas ante un incremento inminente en los contagios.
Ante el incremento de casos por covid-19 y las variantes ya mencionadas, nuestra fracción parlamentaria considera que las autoridades deben implementar una estrategia eficiente para enfrentar los nuevos casos, con el objetivo de disminuir las estadísticas que se han dado a conocer hasta este momento, mantener la actualización real de las cifras oficiales que se han generado durante la pandemia y ser responsables con la actualización del semáforo de riesgo epidemiológico; así como transparentar todas aquellas acciones y atenciones que se han realizado por parte de las autoridades mexicanas.
En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de que la obligación del Estado es cumplir con su mandato de proteger la salud de todos los mexicanos, por lo que es imperativo que el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, rinda cuentas sobre su desempeño ante la pandemia de covid-19.
Por lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, para que informe sobre la atención y las acciones que la dependencia a su cargo ha llevado a cabo ante la pandemia del SARS-CoV-2 y la estrategía para enfrentar la variante ómicron.
Notas
1 OMS. Seguimiento de las variantes del SARS-CoV-2. Visible en
https://www.who.int/es/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants/ Fecha de consulta: 4 de enero de 2022.
2 OMS. Declaración del 26 de noviembre de 2021, Clasificación de la variante Ómicron (B.1.1.529) del SARS-CoV-2 como variante preocupante. Visible en
https://www.who.int/es/news/item/26-11-2021-classification-of-om icron-(b.1.1.529)-sars-cov-2-variant-of-concern Fecha de consulta: 4 de enero de 2022.
3 Hugo Maguey, 6 de diciembre 2021, Gaceta UNAM. “Lo aprendido debe servir ante Ómicron. Visible en
https://www.gaceta.unam.mx/lo-aprendido-debe-servir-ante-omicron / Fecha de consulta: 4 de enero de 2022.
4 Francesco Manetto, 2 de enero 2022. La nueva ola de covid se acelera impulsada por los contagios de las zonas turísticas de México. Visible en
https://elpais.com/mexico/2022-01-03/la-nueva-ola-de-covid-se-ac elera-impulsada-por-los-contagios-de-las-zonas-turisticas-de-mexico.html Fecha de consulta: 4 de enero de 2022.
5 Entrevista con Ciro Gómez Leyva, 4 de enero de 2022. Visible en
https://www.youtube.com/watch?v=DvGbQjYV6Tw
6 Jaime Sepulveda. “Las autoridades mexicanas están minimizando la llegada de ómicron”, en El País, 31 de diciembre de 2021. Visible en
https://elpais.com/mexico/2022-01-01/jaime-sepulveda-las-autorid ades-mexicanas-estan-minimizando-la-llegada-de-omicron.html
7 Our world in data, share of SARS-CoV-2 sequences that are the omicron variant, 3 de enero de 2022. Visible en
https://ourworldindata.org/grapher/covid-cases-omicron? country=GBR~FRA~BEL~DEU~ITA~ESP~USA~ZAF~BWA~AUS Fecha de consulta: 4 de enero de 2022.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.– Senadora y senador: Nuvia Mayorga Delgado, Miguel Ángel Osorio Chong (rúbricas).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
EXHORTO A LA GUARDIA NACIONAL EN PUEBLA, A ATENDER DE MANERA PRONTA EL OFICIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 12461/09143
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Guardia Nacional en Puebla a atender de manera pronta el oficio con número de expediente 12461/09143, que le fue turnado por la Subjefatura de Operaciones el 22 de diciembre de 2021, suscrita por la diputada Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, diputada Araceli Celestino Rosas, integrante del Grupo del Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a la consideración de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La población que habita en el municipio de Coyomeapan se encuentra en un momento difícil y lamentable, ya que miembros de Antorcha Campesina han tomado la Presidencia Municipal, han desarmado a la policía municipal, han tomado los accesos al municipio, han golpeado a los habitantes y amenazado que, si no los apoyan para que ellos gobiernen el municipio, seguirán las acciones de violencia.
Esto ha generado un caos, ya que no han permitido que se brinde los servicios del Registro Civil, los servicios de salud, los servicios de educación y el servicio de seguridad pública, ya que como se mencionó anteriormente han desarmado a la policía municipal, así de grave tienen al municipio, este grupo.
No han querido reconocer la decisión que ya tomo la mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos de Coyomeapan, siendo esto un golpe directo a la democracia.
Ya que los comicios que se llevaron el 6 de junio de 2021 dieron como ganador al candidato del PT y PSI 1 con el 59% de los votos, siendo una clara mayoría, aunado a ello hubo una participación de casi el 60% de la lista nominal de electores. 2
Los datos quedaron de la siguiente manera:
• PT: 3,571 votos
• Morena: 16 votos
• PRI: 2,411 votos (candidato activista de antorcha campesina)
• PAN: 11 votos
Se resolvió en las distintas instancias que gano el candidato del PT y PSI, ya que el 13 de junio de 2021 se valido la elección entregando la constancia al candidato electo el PT y PSI.
El PRI presento dos recursos y en PAN un recurso de inconformidad, por lo cual el Tribunal Electoral del Estado de Puebla el 15 de septiembre entro en análisis de solo un recurso, dos fueron rechazados por falta de personalidad.
La única impugnación que se consideró discutir fue el TEEP.I-056/2021, resolviendo que era válido la declaración de validez de la elección, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría al candidato del PT y PSI.
Este resultado fue impugnado por el candidato del PRI que es de Antorcha Campesina en la Sala Regional de la Ciudad de México con el número SCM-JRC-297/2021, donde lo único que pide la Sala Regional es que el Tribunal Electoral considere un recurso que fue rechazado, por lo cual el Tribunal Electoral del Estado de Puebla atendiendo está petición el 30 de septiembre, emite una resolución sobre el expediente TEEP.I-055/2021 en la cual vuelve a confirmar la validez de la elección, la entrega de la constancia de mayoría realizada a favor de la planilla registrada por el PT y PSI.
Al ver que era un triunfo inminente y que, en las instancias electorales pertinentes, rechazarían sus alegatos por carecer de sustento verídico y legal, el 22 de agosto de 2021 miembros de Antorcha Campesina y simpatizantes del candidato del PRI tomaran la Presidencia Municipal y la Comandancia Municipal, saqueando estos espacios y robando todo el armamento policiaco que ahí se encontraba.
Como consecuencia de los hechos narrados en el párrafo anterior se encuentran denunciadas aproximadamente 25 personas y actualmente se encuentran detenidos tres personas. 3
Este grupo de inconformes no ha permitido que la autoridad municipal inicie sus funciones dentro del municipio, por lo cual el 15 de octubre el Presidente y los Regidores tomaron la protesta de ley en las instalaciones del Centro Integral de Servicios (CIS) de Ajalpan, Puebla.
La población está sufriendo de retenes de grupos hostiles, armados y encapuchados en las entradas y salidas del Municipio, la población está siendo víctima de actos de vandalismo, saqueos y amenazas lo cual pone en peligro la integridad física de los habitantes del municipio.
Lo cual ha generado miedo en la población, por ello un importante grupo de habitantes de Coyomeapan, vinieron a la Ciudad de México el 15 de diciembre de 2021, con la finalidad de solicitar el apoyo al Presidente de la República para que instruya a que intervenga la Guardia Nacional en el municipio.
Por esa razón entable un dialogo con ellos, ofreciéndoles que pudieran presentar su caso ante los medios de comunicación, pedí que se pudiera habilitar el área de prensa que tiene la Cámara de Diputados en la Planta Baja del Edificio A.
Ahí señalaron como han sido víctimas, así como el miedo que tienen de que, a sus hijos, esposos y familiares sigan siendo golpeados, por este grupo violento llamado Antorcha Campesina.
El 16 de diciembre de 2021, más de un centenar de ciudadanos del municipio de Coyomeapan firmaron y presentaron un oficio a la Dirección General de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República. Dicho oficio solicitaba al C. presidente Andrés Manuel López Obrador de su apoyo, para que gire instrucciones de que ingrese la Guardia Nacional al municipio y pueda poner orden.
La Directora General de Atención Ciudadana, giro el oficio con número de folio 20211216GALRB9 a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para su correspondiente tratamiento.
La Dirección General Técnica de la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, turno el oficio al Órgano Administrativo Desconcentrado Guardia Nacional. En un segundo oficio que recibieron los ciudadanos de Coyomeapan, para ver el estatus de la respuesta, fue girado un oficio por el Encargado de Operaciones de Guardia Nacional el inspector General Carlos Javier Jaramillo Huerta, con número de expediente 12461/.09143 y fecha de 22 de diciembre de 2021 al Titular de la Coordinación de Guardia Nacional de Puebla, donde se le solicita atienda la petición que busca la intervención de dicha institución en el municipio de Coyomeapan.
Por ello ante la gravedad en la que se encuentra el municipio de Coyomeapan, así como las instrucciones que han sido giradas primero desde la Presidencia de la República a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y esta como responsable de la Guardia Nacional de acuerdo con el artículo 4 de la Ley de la Guardia Nacional, ha girado ha dicho órgano desconcentrado de la coordinación de Puebla, para que pueda atender la petición de los ciudadanos de intervenir en el municipio, para lograr pacificar y hacer de Coyomeapan, lo que era antes, un pueblo tranquilo, en el que su gente noble, solo trabaja para darles un mejor futuro y sustento a sus familias.
Hasta la fecha, el presidente municipal y su cuerpo de regidores no han podido ingresar al Palacio Municipal.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita de manera respetuosa a la Coordinación de la Guardia Nacional en Puebla atienda de manera pronta el oficio con número de expediente 12461/.09143, que le fue turnado por la Subjefatura de Operaciones de la Guardia Nacional el 22 de diciembre de 2021.
Notas
1 El Universal Puebla (01-10-2021). Ratifica TEEP triunfo de PSI y PT en Coyomeapan.
https://www.eluniversalpuebla.com.mx/politica/ratifica-teep-triu nfo-de-psi-y-pt-en-coyomeapan
2 INE (2021). Padrón Electoral y Lista Nominal con corte de 24 de diciembre de 2021.
https://ine.mx/transparencia/datos-abiertos/#/archivo/rangos-por -edad-entidad-de-origen-y-por-sexo-del-padron-electoral-y-lista-nominal
3 Angulo 7 (5-09-2021). Por hechos graves, detenciones en Coyomeapan FGE definirá caso: Barbosa
https://www.angulo7.com.mx/2021/09/05/por-hechos-graves-detencio nes-en-coyomeapan-barbosa/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2022.– Diputada Araceli Celestino Rosas (rúbrica).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
EXHORTO AL PODER LEGISLATIVO DE BAJA CALIFORNIA, A DESIGNAR AL FISCAL ESPECIALIZADO EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Legislativo de BC a designar al fiscal especializado en Combate de la Corrupción, suscrita por el diputado Juan Isaías Bertín Sandoval, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado federal Juan Isaías Bertín Sandoval, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo que se motiva en la siguiente
Exposición de Motivos
Con la reforma constitucional de 2015 se dio un paso importante en materia de combate a la corrupción con el establecimiento de políticas y ordenamientos legales que se aplicarían por la coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción. El cual serviría para erradicar este malestar que causa estragos en distintos ámbitos de la vida pública y privada, trayendo consecuencias tanto económicas como sociales.
Existen diversos niveles y formas de corrupción, sin embargo, es evidente que durante años la más perjudicial ha sido la de aquellos funcionarios públicos que se han trabajado por beneficiar a cierto grupo de privados y afectando con ello a las mayorías que se sumían en la miseria por la riqueza de los pocos. Razón por la que se realizó esta reforma constitucional para erradicar estas conductas, aunque esta no ha terminado de consolidarse.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. Por otra parte, en este mismo precepto se señala que las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
En la Ley de la Fiscalía General de la República se determina la facultad que tiene la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, en la investigación y persecución de los delitos contenidos en el Código Penal Federal en materia de hechos de corrupción. Tal es el caso del enriquecimiento ilícito, cohecho, abuso de autoridad o peculado. Estas disposiciones federales han sido retomadas en los ordenamientos estatales como la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Baja California y del Código Penal para el estado de Baja California.
De modo que la falta de designación del titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Baja California trae como consecuencia un vacío legal que impide el Sistema Estatal Anticorrupción funcione con efectividad y no asegura que se combata otro de los grandes males como el de la impunidad, puesto que se necesita de un sistema de justicia que garantice el castigo a los delitos por hechos de corrupción a fin de evitar la repetición de estas conductas. 1
Al tenor de esta reforma constitucional, en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, se establecieron artículos transitorios donde se señalan las obligaciones que debieran asumir las entidades federativas en la materia. Como ejemplo está el artículo séptimo donde se establece que los sistemas anticorrupción de las entidades federativas deberán conformarse de acuerdo con las leyes generales que resulten aplicables, las constituciones y leyes locales.
Lo que nos remite a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, que establece como uno de los derechos reconocidos por ese ordenamiento el que toda persona tiene el derecho humano a vivir libre de corrupción. Además de reformarse el artículo 27, fracción XLII, de la Constitución de Baja California para facultar al congreso estatal para designar al titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, mediante convocatoria pública y conforme al procedimiento que establezca la ley.
Ambos preceptos constitucionales son de aplicación obligatoria y su ejercicio fortalece el estado de derecho, por lo que la omisión legislativa del Congreso de Baja California en la designación del Fiscal de combate a la corrupción podría considerarse inconstitucional, además de ser violatoria de derechos humanos como el de vivir libre de corrupción reconocido en la Constitución local.
Por otra parte, es importante mencionar el precedente legislativo realizado por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados en su LXV Legislatura, con la aprobación del dictamen de la proposición con punto de acuerdo presentado por la diputada Lidia Pérez Bárcenas del Grupo Parlamentario de Morena.
Su fin es el de exhortar al Congreso de Baja California Sur, con pleno respeto a su autonomía, a fin de que designe a su fiscal anticorrupción, de conformidad con lo que establecen la Constitución y la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción.
De acuerdo con el dictamen consensado por las legisladoras y los legisladores de la comisión, se consideró que el Congreso de Baja California Sur debería tomar las acciones necesarias a fin de designar al Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción, de conformidad con lo que establece la Constitución Política del estado.
Por lo que esta soberanía podría apegar su estudio al precedente legislativo y el resto de los argumentos versados para aprobar el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, con pleno respeto a su autonomía, a la XXIV Legislatura del Poder Legislativo del estado de Baja California para que, en atención a lo establecido en el artículo 27, fracción XLVI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, designe al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.
Nota
1 Pérez Maritza. (8 de diciembre de 2021). “A cinco años, SNA se mantiene sin consolidarse”. El Economista
https://www.eleconomista.com.mx/politica/A-cinco-anos-SNA-se-man tiene-sin-consolidarse-20211208-0143.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2022.– Diputado Juan Isaías Bertín Sandoval (rúbrica).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
EXHORTO A LA SEP, A INICIAR EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE Y DOS CONSEJEROS TITULARES CON SUS RESPECTIVOS SUPLENTES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA ELECTORAL DEPORTIVA
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a convocar a las autoridades correspondientes para iniciar el proceso de designación del consejero presidente y dos consejeros titulares con los respectivos suplentes del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva, a cargo del diputado Héctor Israel Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario del PAN
Héctor Israel Castillo Olivares, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En México para que una Asociación Deportiva Nacional tenga acceso a apoyos y estímulos por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y lleve a cabo la realización de competiciones deportivas, debe inscribirse en el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (Renade). De acuerdo con el portal web de la Conade, los documentos necesarios para la inscripción al Renade, son los siguientes:
Trámite gratuito
*Estos documentos deberán presentarse en formato PDF.
Opciones para realizar tu trámite
Presencial: Solicita una cita con el organismo registrador más cercano a tu domicilio; institutos estatales del Deporte o de Ciudad de México, institutos municipales o su equivalente, las asociaciones deportivas nacionales o estatales, así como en la Subdirección de Normas Oficiales de la Conade, ubicada en Calle Camino a Sta. Teresa número 482, Peña Pobre, Tlalpan, Código Postal 14060, Ciudad de México, con un horario de atención de lunes a viernes de 09: 00 a 15: 00 y de 16: 00 a 18: 00 horas Fuente: https://www.gob. mx/tramites/ficha/inscripcion-de-asociaciones-deportivas-nacionales-al-renade/C onade903 14 de diciembre de 2021
Como puede observarse, uno de los documentos requeridos es la presentación en archivo PDF de la constancia original en caso de que hayan llevado a cabo la elección de sus órganos de gobierno y representación emitida por el Coved.
Sin embargo, en nuestro país las asociaciones deportivas nacionales que desde el 23 de abril de 2013 -fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFD)- han renovado algún órgano de gobierno o de representación no cuentan con la mencionada constancia para acreditar el cumplimiento de la legalidad en dichos procesos y en estricto sentido, no han tenido acceso a los apoyos y estímulos que promueve la Conade ni han podido llevar a cabo competiciones deportivas, debido a que la Secretaría de Educación Pública (SEP), como instancia que preside la Junta Directiva de la Conade, ha sido omisa en el nombramiento de sus integrantes.
De acuerdo con el artículo 59 de la LGCFD, los procesos electorales de los órganos de gobierno y representación de las asociaciones deportivas nacionales serán vigilados por la Conade a través del Coved, que estará adscrito orgánicamente a la Conade y velará de forma inmediata por el ajuste a derecho de los procesos electorales en los órganos de gobierno y representación de las asociaciones deportivas nacionales, vigilando que se cumplan con los principios de legalidad, transparencia, equidad e igualdad de oportunidades dentro del marco de los principios democráticos y representativos y con estricto apego de las disposiciones estatutarias y legales aplicables.
En caso de que exista alguna controversia en cualquiera de las fases de los procesos de elección de los órganos de gobierno y representación de las asociaciones deportivas nacionales, el Coved deberá resolver sobre el particular, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento de esta Ley y los demás ordenamientos aplicables, garantizando el derecho de audiencia de los interesados.
Las resoluciones definitivas dictadas por el Coved en relación con la solución de las controversias a que se refiere el párrafo anterior podrán ser impugnadas mediante el recurso de apelación ante la CAAD. El Coved, terminado el proceso electoral respectivo, expedirá la constancia que corresponda.
Por su parte, el artículo 60 de la LGCFD, establece que el Coved se integrará por un consejero presidente y dos consejeros titulares con sus respectivos suplentes designados por la junta directiva de Conade. La designación deberá recaer en personas con profesión de licenciado en Derecho, conocimiento en el ámbito deportivo, así como reconocido prestigio y calidad moral.
El consejero presidente y los consejeros titulares durarán cuatro años en su encargo pudiendo ser ratificados por un periodo más. El funcionamiento, integración y operación del Coved estarán regulados en términos de lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables.
Esta problemática persistente resulta a todas luces violatoria de los derechos de las y los asociados quienes no cuentan con la instancia encargada de velar por el ajuste a derecho de los procesos electorales en los órganos de gobierno y representación de las asociaciones deportivas nacionales, por lo que resulta alarmante la omisión persistente desde 2013, situación que no ha pasado desapercibida por diversos legisladores federales integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, como Fernando Alejandro Larrazábal Bretón en la LXII Legislatura, José Adrián González Navarro en la LXIII y Ricardo Flores Suárez LXIV, quienes han exhortado a la SEP sobre la necesidad de designar a los integrantes de dicho órgano electoral deportivo y pese a las acciones implementadas, la dependencia mencionada continúa omitiendo la responsabilidad legal de habilitar el funcionamiento de dicho órgano vigilante.
Asimismo, resulta oportuno mencionar el artículo del maestro Carlos Francisco Ugalde Cacho, titulado: “La urgencia de habilitar al Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva en México”, publicado en https://iusport. com/art/70679/ del 17 de septiembre de 2018, en el que se reconoce la necesidad de contar con el Coved, por parte del otrora titular de la Conade, Alfredo Castillo Cervantes, en el marco de su último informe presentado el 08 de agosto de 2018, en los términos siguientes:
“La Ley General de Cultura Física y Deporte dará muy buenas herramientas porque convierte a la Conade en un órgano ejecutor. También se queda pendiente el Coved, es muy importante, lo buscamos, no logramos por temas de austeridad, pero el Coved es el INE (Instituto Nacional Electora de las federaciones y eso va a permitir que exista una instancia que pueda ver las arbitrariedades que muchas veces se dan en estas reelecciones interminables de presidentes de federaciones.”
Por lo expuesto y en aras de garantizar el acceso a la justicia de las personas que forman parte de las asociaciones nacionales deportivas, se propone el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Educación Pública para que, en el marco de sus atribuciones como presidenta de la junta directiva de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, convoque a reunión de sus integrantes para efectos de iniciar el proceso de designación del consejero presidente y consejeros titulares con sus respectivos suplentes del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.– Diputado Héctor Israel Castillo Olivares (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, A NO DESAPARECER EL INDESOL
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a no desaparecer el Indesol, suscrita por la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Norma Angélica Aceves García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a no desaparecer el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Indesol, creado por decreto presidencial el 26 de julio de 2005 como una instancia dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social (hoy Secretaría de Bienestar), se encarga de promover y fomentar el desarrollo de los actores sociales, la participación ciudadana y la organización de la sociedad civil y su vinculación con las dependencias gubernamentales, con el fin de lograr un México en paz e incluyente, en el marco de la gobernabilidad democrática, desde una perspectiva de desarrollo integral y pleno respeto a los derechos humanos e igualdad de género. 1
La misión del instituto era fomentar la participación ciudadana y la organización social y comunitaria, a través de la capacitación, el intercambio de experiencias y la articulación a nivel regional y temático entre los diversos actores sociales con el apoyo de recursos físicos, materiales, financieros y humanos para generar sinergias que propicien mayores vínculos y lazos sociales, a fin de avanzar en proyectos que incidan en el desarrollo social y productivo a través de la interacción entre la sociedad civil organizada y las instancias gubernamentales para consolidar la cohesión social.
El Indesol también tenía delegadas funciones básicas de fomento, capacitación, formación, investigación, divulgación, comunicación; vinculación, asesoría y orientación, y tuvo a su cargo los Programas de Coinversión Social, el Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PAIMEF), y el de Fomento para el Desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Asimismo, en el marco de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2004 y encargada de regular y promover las actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil (en adelante OSC), se encargaba de la Secretaría Técnica de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, conformada por las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda y Crédito Público y que de conformidad con el artículo 11 de la LFFAROSC, tiene las siguientes atribuciones:
• Definir las políticas públicas para el fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil;
• Realizar la evaluación de las políticas y acciones de fomento de las actividades que señala la presente ley;
• Promover el diálogo continuo entre los sectores público, social y privado para mejorar las políticas públicas relacionadas con las actividades señaladas en el artículo 5 de esta ley;
• Conocer de las infracciones e imponer sanciones correspondientes a las organizaciones de la sociedad civil, conforme a lo dispuesto en el capítulo IV de esta ley; y
• Expedir su reglamento interno.
Asimismo, desde su carácter de Secretaría Técnica, el Indesol estaba a cargo de la coordinación del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, el cual otorga una clave única para aquellas organizaciones que desean participar en los programas sociales federales. 2
Antecedentes
Históricamente, en el país la relación del Estado con la sociedad civil organizada era empleada con fines clientelares y a cambio de intereses políticos o electorales, y fue hasta los años ochenta cuando se presentaron los cambios estructurales más significativos que se tradujeron en una nueva relación entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno. 3
En esta nueva visión, impulsada por la misma sociedad civil organizada, tenemos dentro de los cambios más significativos el reconocimiento de las organizaciones no gubernamentales como medios de corresponsabilidad a partir de los cuales el Estado puede auxiliarse para promover el cambio social.
A partir de ese momento, empezó a gestarse la idea de que el Estado, a través de su estructura gubernamental, no es el único ente responsable del desarrollo del país y que dentro de su composición cuenta con estructuras sociales organizadas en la cuales puede apoyarse para la consecución de fines sociales.
Derivado de lo anterior, se han implantado esfuerzos para formar alianzas no políticas entre el Estado y actores no gubernamentales para cubrir diversas necesidades.
Así, en 1992, se creó el Fondo de Coinversión Social que en 2001 se convirtió en el Programa de Coinversión Social, operado por el Indesol y a través del cual se dotaba de fondos públicos a las organizaciones de la sociedad civil, debidamente registradas, y se les brindaba capacitación para potenciar sus alcances y resultados, sin dejar de lado que se les auditaba el recurso público que se les financiaba. 4
En 2004, como se ha señalado, se publicó la LFFAROSC es la encargada de regular y promover las actividades de las OSC, definidas como aquellas agrupaciones u organizaciones mexicanas que, estando legalmente constituidas, realizan alguna o algunas de las actividades contenidas en su artículo 5:
• Asistencia social, conforme a lo establecido en la Ley de Asistencia Social y en la Ley General de Salud;
• Apoyo a la alimentación popular;
• Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público;
• Asistencia jurídica;
• Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas;
• Promoción de la equidad de género;
• Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad;
• Cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural;
• Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos;
• Promoción del deporte;
• Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud y cuestiones sanitarias;
• Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas urbanas y rurales;
• Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico;
• Fomento de acciones para mejorar la economía popular;
• Participación en acciones de protección civil;
• Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen actividades objeto de fomento por esta ley;
• Promoción y defensa de los derechos de los consumidores; y
• Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana.
Con la promulgación de la LFFAROSC se abrió la posibilidad para que las OSC accedieran a recursos públicos y se establecieron mecanismos innovadores que mandataron criterios de transparencia para asegurar el adecuado gasto de los recursos públicos. 5
En conclusión, fue a través del Indesol que se materializó la lucha de la sociedad civil organizada para poder combatir los mecanismos clientelares tradicionales y poder acceder a recursos para financiar sus actividades, sin compromiso alguno ajeno a su labor, recibir capacitación y establecer regulaciones claras sobre sus procedimientos y ha sido tal su buen funcionamiento, que el Programa de Coinversión Social se convirtió en uno de los programas federales con mayor reconocimiento y mejor evaluado.
Problemática
Desde la entrada de la presente administración que encabeza nuestro país, se han realizado diversas acciones que ponen en riesgo la continuidad, el trabajo y la participación social de las organizaciones de la sociedad civil.
Por ejemplo, desapareciendo el Programa de Coinversión Social (operado por el Indesol) que era el medio a través del cual las organizaciones de la sociedad civil podían tener acceso a recursos para desempeñar sus funciones. Este Programa, fue reconocido en la evaluación del Desempeño de Programas Públicos Generales de 2018 como uno de los de más alto nivel de desempeño, destacando por su transparencia en los resultados y del ejercicio del recurso público. 6
Aun con esta gran valoración, la actual administración eliminó dicho programa desde el año 2020, lo cual representó un innegable retroceso para la participación social y acorrala las finanzas de las OSC.
En la denominada “miscelánea fiscal para el ejercicio fiscal de 2022”, aprobada en la Cámara de Diputados, la Iniciativa entregada por el Ejecutivo federal propuso reformar el último párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), eliminando la excepción de que el monto total de las deducciones del contribuyente podrán exceder la cantidad que resulte menor entre cinco veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización o del 15 por ciento del total de sus ingresos, tratándose de donaciones a organizaciones de la sociedad civil, con lo que al desincentivar fiscalmente las donaciones que las personas físicas puedan realizar en favor de las organizaciones de la sociedad civil, se amenaza de manera grave sus finanzas, ya que al no existir apoyo gubernamental, dependen íntegramente de las aportaciones que realice el sector privado. La propuesta de reforma planteó lo siguiente:
Posteriormente, en el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y Otros Ordenamientos, que presentó la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se hizo una modificación que únicamente recupera una de las excepciones que actualmente contempla el artículo 151 de la LISR, la correspondiente a la fracción V del citado precepto, que consiste en las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, dejando de lado una vez más a las organizaciones de la sociedad civil.
Finalmente, con fecha 18 de octubre de 2021, se turnó el citado dictamen al Pleno, y durante su discusión se presentaron diversas reservas señalando al último párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; sin embargo, ninguna fue aprobada por la mayoría de diputadas y diputados pertenecientes al partido político en el gobierno.
Lo anterior, perjudicando de nueva cuenta a las organizaciones de la sociedad civil, al atentar en contra de sus finanzas y poner en riesgo las aportaciones que reciben de personas físicas, que de acuerdo con diversos estudios representa entre 30 y 100 por ciento de su ingreso total, debido a la falta de apoyo gubernamental, y se traduce en 8 mil 221 millones 294 mil 801.17 pesos, que podrán dejar de percibir estas organizaciones. 8
Por último, el 31 de diciembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el documento siguiente: 9
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar.
Este Acuerdo tiene como finalidad desaparecer el Indesol y crear una Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, para lo cual señala en sus artículos transitorios:
Transitorios
[...]
Segundo. Se abroga el acuerdo mediante el cual se regula la organización y funcionamiento interno del órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, denominado Instituto Nacional de Desarrollo Social, publicado el 26 de julio de 2005 en el Diario Oficial de la Federación.
Tercero. Los recursos humanos, financieros, materiales, así como los archivos, documentación y acervos bibliográficos del Instituto Nacional de Desarrollo Social serán transferidos a la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, en un plazo no mayor a noventa días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, observando todas las disposiciones legales aplicables y con respeto a los derechos laborales de los trabajadores.
Cuarto. Los asuntos en trámite que son atendidos por el Instituto Nacional de Desarrollo Social, serán atendidos y resueltos por la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social.
Quinto. Las referencias que se hagan y las atribuciones que se otorgan en decretos, reglamentos, acuerdos, reglas, manuales, circulares, lineamientos y demás disposiciones administrativas al Instituto Nacional de Desarrollo Social, se entenderán hechas o conferidas a la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social.
sexto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se realizarán con cargo al presupuesto aprobado a la Secretaría de Bienestar en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que no se incrementará su presupuesto regularizable durante el presente ejercicio fiscal, y cualquier modificación al mismo deberá realizarse mediante movimientos compensados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
[...]
Esta decisión, tomada discrecionalmente por el Poder Ejecutivo federal, tiene diversas problemáticas:
La primera de ellas es que se trata de una decisión de último momento, no sólo al ser publicada al final del año, sino porque se hizo justo un día antes de la entrada en vigor del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2022, el cual durante todo su proceso —presentación, dictamen, discusión, aprobación y publicación— consideró al Indesol dentro de la planeación presupuestal, tal y como lo señalan los documentos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se describen a continuación:
• Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022: Estrategia programática 10
Ramo: 20 Bienestar
[...]
El Instituto Nacional de Desarrollo Social fomentará la participación ciudadana y la organización social y comunitaria a través de la capacitación, el intercambio de experiencias y la articulación a nivel regional y temático para generar sinergias que propicien mayores vínculos y lazos sociales a fin de avanzar en proyectos que incidan en el bienestar social.
[...]
• Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022: Análisis funcional programático económico 11
Ramo: 20 Bienestar
[...]
[...]
• Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022: Análisis administrativo económico 12
Ramo: 20 Bienestar
[...]
[...]
La segunda, radica en que la desaparición del Indesol y dar paso a su sustitución por una Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social representa un retroceso en el alcance y operación estructural en perjuicio, una vez más, de las organizaciones de la sociedad civil, ya que pasar de un organismo descentralizado a una oficina centralizada de una Secretaría, limita el alcance y la autonomía para le gestión y, como su naturaleza lo indica, centraliza las acciones en una sola visión y dinámica.
El artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
El entonces ministro José Ramón Cossío Díaz, en la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 38/2006, 13 en un interesante análisis respecto a la naturaleza y finalidad de los órganos desconcentrados, señaló:
Voto particular que formula el ministro, promovida por el procurador general de la República en contra de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión y del presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
[...]
b) Desconcentración administrativa. La desconcentración surge como un medio para facilitar el dinamismo de la actividad de determinados órganos de la administración.
Desconcentrar es un procedimiento administrativo para facilitar la ejecución de las leyes administrativas, pero los órganos superiores conservan íntegramente sus poderes de mando, control, revisión, decisión, vigilancia, etcétera, cuya finalidad es aligerar la acumulación de asuntos del poder central, con beneficio del propio servicio público y de los particulares.
Las características de los órganos desconcentrados son las siguientes: 1) son inferiores y subordinados al poder central; 2) se les asignan competencias exclusivas, que se ejercen dentro de las facultades del Gobierno Federal; 3) tienen libertad de acción en trámite y decisión; 4) sí existe vínculo jerárquico, aunque atenuado, pues el poder central se reserva amplias facultades de mando, decisión, vigilancia y competencia, ya que fija la política, desarrollo y orientación de los órganos desconcentrados para mantener la unidad y desarrollo de la acción de la administración pública federal; 5) no tienen autonomía económica, su mantenimiento corre a cargo del Presupuesto de Egresos o de la institución que lo crea —algunos gozan de manejo autónomo de su patrimonio—; y 6) la autonomía técnica es su verdadera justificación —otorgamiento de facultades de decisión limitadas.
[...]
3. Órganos desconcentrados.
Originalmente no existía la desconcentración administrativa, únicamente existían órganos centralizados que desde sus oficinas centrales realizaban las funciones públicas, sin embargo, debido al incremento poblacional y a la consecuente necesidad de prestar a los ciudadanos de una manera más rápida los servicios públicos, surge la desconcentración como un medio para facilitar el dinamismo de la actividad de determinados órganos de la administración, pues la centralización administrativa, dado su carácter netamente jerarquizado y rígido, impedía que se pudieran tomar decisiones expeditas.
Así entonces, la desconcentración administrativa surge como un mecanismo para facilitar y hacer más expedito, el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos, pero siempre dentro de la misma estructura de la administración pública centralizada.
Estos elementos dejan entrever que la decisión de desaparecer al Indesol no se trata de una decisión planeada. Asimismo, tampoco se puede aceptar que se trata de una medida de ahorro o austeridad, ya que se dice explícitamente que los recursos destinados o que conforman al Instituto Nacional de Desarrollo Social, se trasladarán a la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, por lo que no se puede hablar de se responde a un tema presupuestario, más cuando como se ha hecho referencia, en la planeación presupuestal que el Ejecutivo Federal envío al Congreso de la Unión, se consideraba la continuidad del Indesol.
Finalmente, no se puede hablar de un fortalecimiento institucional, ya que como se ha explicado, trasladar la política nacional de coordinación de las organizaciones de la sociedad civil de un organismo descentralizado a una oficina centralizada, significa un retroceso institucional que afecta directamente la garantía del derecho humano de asociación reconocido en el artículo 9o. constitucional que debe ser tutelado por el Estado mexicano. 14
Por lo expuesto someto a consideración del pleno el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal a no desaparecer el Instituto Nacional de Desarrollo Social y a emitir un Acuerdo que deje sin efectos el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar, publicado el 31 de diciembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Visto en
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2082667&fecha =26/07/2005 Consultado el 2 de enero de 2022.
2 Visto en
https://www.gob.mx/indesol/que-hacemos Consultado el 4 de enero de 2022.
3 Flaviana Castañeda, Luz. Una mirada a las organizaciones de la sociedad civil en México. Pertinencia de su estudio desde la administración. Área de investigación: teoría de la organización. Morales Universidad Nacional Autónoma de México, octubre de 2013.
4 Verduzco Flaviano, María Isabel; Leal Trujillo, Jesús; y Tapia Álvarez, Mónica. Fondos públicos para las organizaciones de la sociedad civil. Análisis del programa de coinversión social. Alternativas y Capacidades, AC. México, noviembre de 2009, página 12.
5 Carlos Chávez Becker y Pablo González Ulloa. Las organizaciones de la sociedad civil en México, capítulo II, “El sector organizado de la sociedad civil en México: realidad, retos y perspectivas”. Senado de la República, Instituto Belisario Domínguez. Junio de 2018, páginas 67 y 69.
6 Visto en
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/341160/ECyR_2017_ 2018_MOCyR.pdf Consultado el 4 de enero de 2022.
7 Artículo 151.
[...]
III. Los donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan los requisitos previstos en esta Ley y en las reglas generales que para el efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria y que se otorguen en los siguientes casos:
a) A la Federación, a las entidades federativas o los municipios, a sus organismos descentralizados que tributen conforme al Título III de la presente Ley, así como a los organismos internacionales de los que México sea miembro de pleno derecho, siempre que los fines para los que fueron creados, correspondan a las actividades por las que se puede obtener autorización para recibir donativos deducibles de impuestos.
b) A las entidades a las que se refiere el sexto párrafo del artículo 82 de esta Ley.
c) A las entidades a que se refieren los artículos 79, fracción XIX y 82 de esta Ley.
d) A las personas morales a las que se refieren las fracciones VI, X, XI, XX y XXV del artículo 79 de esta Ley y que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 82 de la misma Ley.
e) A las asociaciones y sociedades civiles que otorguen becas y cumplan con los requisitos del artículo 83 de esta Ley.
f) Se deroga.
El Servicio de Administración Tributaria publicará en el Diario Oficial de la Federación y dará a conocer en su página electrónica de Internet los datos de las instituciones a que se refieren los incisos b), c), d) y e) de esta fracción que reúnan los requisitos antes señalados.
Tratándose de donativos otorgados a instituciones de enseñanza serán deducibles siempre que sean establecimientos públicos o de propiedad de particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, se destinen a la adquisición de bienes de inversión, a la investigación científica o desarrollo de tecnología, así como a gastos de administración hasta por el monto, en este último caso, que señale el reglamento de esta ley; se trate de donaciones no onerosas ni remunerativas, conforme a las reglas generales que al efecto determine la Secretaría de Educación Pública, y dichas instituciones no hayan distribuido remanentes a sus socios o integrantes en los últimos cinco años.
El monto total de los donativos a que se refiere esta fracción será deducible hasta por una cantidad que no exceda de 7 por ciento de los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta a cargo del contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la deducción, antes de aplicar las deducciones a que se refiere el presente artículo. Cuando se realicen donativos a favor de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios, o de sus organismos descentralizados, el monto deducible no podrá exceder de 4 por ciento de los ingresos acumulables a que se refiere este párrafo, sin que en ningún caso el límite de la deducción tratándose de estos donativos, y de los realizados a donatarias autorizadas distintas, exceda del 7 por ciento citado.
Cuando se otorguen donativos entre partes relacionadas, la donataria no podrá contratar con su parte relacionada que le efectúo el donativo, la prestación de servicios, la enajenación, o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. En caso contrario, el donante deberá considerar el monto de la deducción efectuada por el donativo correspondiente como un ingreso acumulable para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta, actualizado desde la fecha en que se aplicó la deducción y hasta el momento en que se lleve a cabo su acumulación.
[...]
V. Las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro o a las cuentas de planes personales de retiro, así como las aportaciones voluntarias realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias, siempre que en este último caso dichas aportaciones cumplan con los requisitos de permanencia establecidos para los planes de retiro conforme al segundo párrafo de esta fracción. El monto de la deducción a que se refiere esta fracción será de hasta 10 por ciento de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio, sin que dichas aportaciones excedan del equivalente a cinco salarios mínimos generales del área geográfica del contribuyente elevados al año.
Para los efectos del párrafo anterior, se consideran planes personales de retiro, aquellas cuentas o canales de inversión, que se establezcan con el único fin de recibir y administrar recursos destinados exclusivamente para ser utilizados cuando el titular llegue a la edad de 65 años o en los casos de invalidez o incapacidad del titular para realizar un trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social, siempre que sean administrados en cuentas individualizadas por instituciones de seguros, instituciones de crédito, casas de bolsa, administradoras de fondos para el retiro o sociedades operadoras de fondos de inversión con autorización para operar en el país, y siempre que obtengan autorización previa del Servicio de Administración Tributaria. En el caso de que los planes personales de retiro sean contratados de manera colectiva, se deberá identificar a cada una de las personas físicas que integran dichos planes, además de cumplir con los requisitos que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. En estos casos, cada persona física estará sujeta al monto de la deducción a que se refiere el párrafo anterior.
Cuando los recursos invertidos en las subcuentas de aportaciones complementarias de retiro, en las subcuentas de aportaciones voluntarias o en los planes personales de retiro, así como los rendimientos que ellos generen, se retiren antes de que se cumplan los requisitos establecidos en esta fracción, el retiro se considerará ingreso acumulable en los términos del capítulo IX de este título.
En el caso de fallecimiento del titular del plan personal de retiro, el beneficiario designado o el heredero, estarán obligados a acumular a sus demás ingresos del ejercicio, los retiros que efectúe de la cuenta o canales de inversión, según sea el caso.
[...]
8 Visto en
https://twitter.com/suma_20_21/status/1449896591196921858?s=24 y Alternativas y capacidades Consultado el 18 de octubre de 2021.
9 Visto en
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639886&fecha =31/12/2021 Consultado el 2 de enero de 2022.
10 Visto en
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/aVbnZty0/PEF2022/kgp 8l9cM/docs/20/r20_ep.pdf Consultado el 3 de enero de 2022.
11 Visto en
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/aVbnZty0/PEF2022/kgp 8l9cM/docs/20/r20_afpe.pdf Consultado el 3 de enero de 2022.
12 Visto en
https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/aVbnZty0/PEF2022/kgp 8l9cM/docs/20/r20_aae.pdf Consultado el 3 de enero de 2022.
13 Voto particular que formula el señor Ministro José Ramón Cossío Díaz en la sentencia de veintiséis de febrero de dos mil ocho dictada en la acción de inconstitucionalidad 38/2006, promovida por el procurador general de la República en contra de las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión y del presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
14 Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.
Sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.– Diputada Norma Angélica Aceves García (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
EXHORTO A LA SEMARNAT, A LA PROFEPA Y AL GOBIERNO DE CAMPECHE, A REFORZAR UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMBATE A LA DEFORESTACIÓN Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA AMBIENTAL
Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Profepa y al gobierno de Campeche, a reforzar, de manera permanente y coordinada, la estrategia nacional de combate a la deforestación y la implementación de la agenda ambiental en dicha entidad, suscrito por la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
SE REVISE LA OPERACIÓN DEL CENEVAL, ANTE LAS DENUNCIAS DE FALLAS FRECUENTES EN SU SISTEMA DE OPERACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES EN LÍNEA
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a establecer mecanismos conducentes a la revisión puntual de la operación del Ceneval por la problemática denunciada de fallas frecuentes en el sistema de operación para aplicar exámenes en línea, suscrita por el diputado Ignacio Loyola Vera, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, Ignacio Loyola Vera, diputado de la LXV Legislatura Federal del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y suscrita por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:
Consideraciones
Las denuncias por parte de usuarios del sistema de Ceneval para la aplicación de exámenes en línea se han convertido en una constante. Reportes continuos de fallas durante la aplicación de los exámenes, derivadas de fallas en la conectividad, fallas de energía eléctrica, así como fallas en los propios sistemas del Ceneval, dificultan para quienes aplican este tipo de pruebas de manera online, la conclusión satisfactoria de las mismas.
Los reportes se han venido acumulando de una manera más frecuente, desde el año 2019, aunque existen antecedentes de este mismo tipo de reportes desde años atrás, empero, la frecuencia de incidencias negativas al momento de presentar las evaluaciones on line, se han incrementado desde 2019 y, se han acentuado en 2020 y, en 2021 han mostrado las mismas tendencias de fallas en los sistemas.
En la actualidad, se han reportado casos de fallas en el sistema eléctrico, así como fallas con los proveedores de la conectividad y, en la propia plataforma de la evaluadora, lo que ha generado consternación en cientos de usuarios.
Las denuncias al respecto se han realizado a través de las redes sociales y los medios de comunicación, sin que, hasta el momento, la empresa emita una solución responsable y sin tener una postura oficial por parte de alguna dependencia del gobierno federal.
El 7 de diciembre del 2021, el sitio web de Ceneval publicó un comunicado para postergar la evaluación programada para ese día, reprogramando la presentación de los exámenes EGEL para el viernes 10 de diciembre, lo que provocó la molestia de usuarios y dejó a cientos de afectados en el territorio nacional.
Derivado de esta falla técnica, los usuarios afectados han establecido una serie de denuncias para hacer público lo acontecido y exhibir las constantes fallas en la plataforma de Ceneval.
El 26 de enero de 2019, jóvenes que presentaron el examen del Ceneval en el área de Contaduría acusaron que este sistema nacional no cumplió con su trabajo tras la aplicación del mismo. Esto, debido a que los alumnos que presentaron la evaluación en 2018 no recibieron los resultados como se debería en la fecha pactada, con el argumento que hubo una falla en el sistema y no fue posible procesar su puntuación. Jesús García, uno de los afectados por esta falla, aseveró a Quadratín que esto es una falla grave, toda vez que afecta su proceso de titulación a pesar de que ellos cumplieron con todo el proceso establecido.
“La situación es que nosotros aplicamos el examen el 7 de diciembre, todo el proceso, y nos dice la institución que nos va a dar resultados el 23 de enero a todo lo que es Contaduría, después consultamos resultados ese día y nos dicen que no están y que había que comunicarse a los teléfonos de Ceneval”. 1
En esta nota periodística se exhiben el tipo de fallas que están ocurriendo con la evaluadora, lo cual dificulta, atrasa y complica: titulaciones, admisiones, certificaciones, especializaciones y afecta hasta la economía de los usuarios.
Las fallas de esta empresa evaluadora se han evidenciado en muchas ocasiones y se puede presentar todo un compendio de estas denuncias por parte de los usuarios sin que se establezca una línea de acción oficial para lograr una solución a las constantes denuncias de los usuarios.
Por esta razón, exhortamos a la secretaria de Educación Pública, la ciudadana Delfina Gómez Álvarez, para que revisen desde la Secretaria el desempeño de esta evaluadora y que se apliquen la legalidad y, en caso de ser necesario, que la evaluadora rectifique sus errores, mejore su oferta o se busquen alternativas que beneficien a los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto e invocado en el proemio, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. El Pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la ciudadana Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública, para que, en facultad de sus atribuciones, establezca los mecanismos necesarios con el objetivo de revisar la operación de Ceneval ante las denuncias de fallas constantes en el sistema de aplicación de exámenes on line.
Nota
1 https://www.quadratin.com.mx/educativas/acusan-jovenes-fallas-en-ceneval-sistem a-no-dio-sus-resultados/
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.– Diputado Ignacio Loyola Vera (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR, EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO PARA ABROGAR EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REGULABA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL INDESOL
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar la comparecencia del secretario de Bienestar para que explique a esta soberanía las razones de la modificación del reglamento interno de la dependencia por la que se abroga el acuerdo mediante el cual se regulaban la organización y el funcionamiento del Indesol, a cargo de senadores del Grupo Parlamentario del PRI
Quienes suscriben, Nuvia Mayorga Delgado, Ángel García Yáñez, Miguel Ángel Osorio Chong y Verónica Martínez García, y las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), desde su creación, en julio de 1994, 1 se caracterizó por ser una institución que buscó contribuir con las políticas nacionales y locales con elementos que, desde el marco de la inclusión social, el desarrollo humano local, la democratización productiva y la convivencia social, permitieran fortalecer la investigación, capacitación, información, asesoría y apoyo técnico para coadyuvar en la organización, gestión y participación social con el objetivo de promover los derechos sociales y la igualdad entre las personas y regiones del país.
A las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional no nos queda claro cuáles fueron las razones que motivaron la decisión de desaparecer el Indesol mediante el decreto dado a conocer a través del Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2021. 2
Es importante aclarar que, a partir de este decreto, se pretende que sea la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social la que se encargue de promover, impulsar y coordinar acciones de capacitación, formación, asesoría, investigación e información, dirigidas a vincular y fortalecer a los gobiernos de los estados, municipios o demarcaciones de la Ciudad de México, así como a organizaciones de la sociedad civil relacionadas con las tareas de desarrollo social y disminución de la pobreza.
El Indesol tenía como funciones básicas la promoción de la cultura de género y, a su cargo, los Programas de Coinversión Social y el Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres.
Asimismo, la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil se encargaba de elaborar el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, otorgando una clave única para las organizaciones que deseaban participar en los programas sociales federales.
Con la desaparición del Indesol a partir del 1 de enero de 2022, se pone en riesgo la participación ciudadana y la organización de la sociedad civil en su vinculación con las dependencias gubernamentales. Lo anterior, representa un serio retroceso en el derecho humano a la asociación, promoción y protección para participar en los asuntos públicos.
Nos parece otro error más de esta administración truncar de un plumazo diversas acciones de gobierno que se habían venían construyendo desde hace años de manera conjunta con la sociedad civil con el objetivo de alcanzar el bienestar de las familias y en atención a la complejidad de los retos que implica la democratización de la productividad, la convivencia en la pluralidad y la inclusión social en el desarrollo del país.
El Indesol buscó siempre, a partir de un denodado compromiso institucional, fomentar la participación ciudadana, la organización social y comunitaria para integrar una agenda participativa y abonar con ello a los esfuerzos gubernamentales, intergubernamentales y colectivos en la construcción de un federalismo articulado, la consolidación de la cohesión social como una dimensión central del desarrollo, el fortalecimiento de las políticas públicas y la democracia, así como fortalecer las acciones de gobierno para incidir en la integración plena de los demás actores que participan o influencian el proceso de toma de decisiones.
El objetivo trazado para esta importante institución implicaba la formulación de diversos mecanismos de participación con enfoques innovadores en las políticas de desarrollo social, diálogo y concertación intergubernamental para coordinar los diversos programas entre los distintos órdenes de gobierno a fin de generar sinergias que propiciaran mayores vínculos y lazos sociales.
Lo anterior, promoviendo y difundiendo el intercambio de ideas por medio de diferentes actores e instituciones que generaran alianzas estratégicas o procesos de concertación, a fin de avanzar en proyectos que incidieran en el desarrollo social y productivo a través de la interacción entre la sociedad civil organizada y las instancias gubernamentales, uno, de los más importantes, implicaba brindar servicios de atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de violencia, a través de programas y refugios.
Estamos convencidos de que el ámbito social es y debe ser un tema relevante para resolver los grandes y complejos problemas en México, de ahí que la prioridad de las instituciones de los tres órdenes de gobierno debe ser el de ser resolver los graves rezagos que tienen millones de mexicanas y mexicanos.
Con la desaparición del Indesol, se rompen los vasos comunicantes con la sociedad civil para que la política social forme parte sustancial del quehacer gubernamental y evitar una inercia que profundiza las diferencias entre grupos sociales y regiones en México. En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional creemos que esta decisión gubernamental no abona a construir nuevas opciones que permitan reducir la desigualdad para que millones de personas en nuestro país abandonen su condición de pobreza.
Hacemos un llamado para que el gobierno federal fomente la participación democrática en el diseño de la política social, al tiempo de dejar a un lado la visión centralista de los programas sociales de estos primeros tres años de gobierno de la actual administración, caracterizada fundamentalmente por operar y administrar los programas de apoyo asistencial como única estrategia para abatir la pobreza y sin incluir componentes fundamentales como el federalismo y la participación de las organizaciones de la sociedad civil.
Consideramos un error la desaparición del Indesol ya que nos quedamos solo con programas gubernamentales aislados y sin una estrategia global e incluyente que permita tener objetivos y metas más precisas alejadas de cualquier pretensión política electoral.
De no reconsiderar la política social y seguir desarticulando a las instituciones que trabajan a partir de la creación de vínculos con la sociedad el gobierno federal reduce las posibilidades para que las comunidades tengan mayor capacidad de incidir de manera organizada en las decisiones que les afectan y en la transformación de su entorno para superar su realidad, prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar y generar condiciones más favorables para el desarrollo de las familias, así como apoyar de manera integral a los adultos mayores y a las personas con discapacidad en reconocimiento pleno a sus derechos para su incorporación al desarrollo.
Lo cierto es que, a partir de la modificación interna del Reglamento Interno de la Secretaría de Bienestar en el que se desaparece al Indesol nos quedan más dudas que respuestas, ya que al pasar todas las funciones que venía desempeñando el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) a la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, nos hace pensar inevitablemente en un detrimento de las funciones y servicios que venía gestionando con éxito esta institución a favor de la población más vulnerable del país.
En lugar de desaparecer a instituciones que tenían la misión de abatir la pobreza, el gobierno federal podría poner mayor énfasis en construir ciudadanía ya que, cuando ésta existe, se producen sociedades con instituciones eficaces para procesar las demandas de las personas y se genera un avance sustancial en el propósito de la sociedad para acceder a una vida mejor.
Una de las funciones más importantes del Indesol era justamente la de fortalecer la cohesión social para crear lazos que permitieran unir a la sociedad. Esto, con el objetivo de reestablecer el tejido social y lograr el fortalecimiento de un Estado social capaz de redistribuir la riqueza y consolidar programas sociales que tomaran en cuenta los emprendimientos surgidos desde las propias comunidades para acabar con la desesperanza social y convertir a los más pobres en verdaderos agentes del cambio.
En México es urgente restablecer el tejido social y salir del grave déficit respecto de aquellas políticas públicas que hagan posible la cohesión social. De no lograrlo, estaremos acotando la participación social y las vías de exigibilidad de los ciudadanos para el respeto y atención a sus derechos.
Conjugar el crecimiento económico con equidad para un mayor bienestar social exige la aplicación de un enfoque sistémico que, apunte entre otras cosas, a la inclusión socioeconómica, el reconocimiento de la diversidad, el perfeccionamiento de las instituciones y la rendición de cuentas de los programas sociales, además del refuerzo de la cultura cívica y de la solidaridad.
Por lo expuesto y fundado sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia del secretario de Bienestar para que explique a esta soberanía las razones de la modificación del Reglamento Interno de esa dependencia por el que se abroga el acuerdo mediante el cual se regulaban la organización y el funcionamiento del Instituto Nacional de Desarrollo Social, y cómo afectará esta medida los diferentes programas sociales que realizaba esta institución, en especial, el de prevención de la violencia contra las mujeres.
Notas
1 Consúltese en
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4714312&fecha=15/0 7/1994
2 Consúltese en
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639968&fecha=31/ 12/2021
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.– Senadora y senador: Nuvia Mayorga Delgado, Miguel Ángel Osorio Chong (rúbricas).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
EXHORTO A LA PROCURADURÍA AGRARIA, A QUE LAS ASESORÍAS JURÍDICAS PUEDAN BRINDARSE TAMBIÉN VÍA TELEFÓNICA
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la PA a efecto de que las asesorías jurídicas puedan brindarse también vía telefónica, con el establecimiento de esta opción en su portal de internet, suscrita por el diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, diputado Francisco Javier Borrego Adame, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Agraria, para que las asesorías jurídicas establecidas en el artículo 136, fracciones II y IX, de la Ley Agraria vigente, en medida de lo posible, puedan brindarse también vía telefónica, estableciendo esta opción en su portal de internet, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Como todos sabemos, la mayor parte de la población que hace uso de los trámites ante la Procuraduría Agraria, es de escasos recursos, y sus domicilios se encuentran en comunidades lejanas a alguna delegación o residencia; lo que implica el difícil traslado y sobre todo costoso; ahora bien, como parte de nuestro gobierno, el lema es Primero los Pobres, por lo que es nuestro deber apoyar, precisamente al sector rural, facilitando, en medida de lo posible, sus trámites ante la Procuraduría Agraria, que dentro de sus funciones y atribuciones conforme lo establece su Reglamento Interior son las siguientes:
Artículo 135. La Procuraduría tiene funciones de servicio social y está encargada de la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas, mediante la aplicación de las atribuciones que le confiere la presente ley y su reglamento correspondiente, cuando así se lo soliciten, o de oficio en los términos de esta ley.
Artículo 136. Son atribuciones de la Procuraduría Agraria las siguientes:
I. Coadyuvar y en su caso representar a las personas a que se refiere el artículo anterior, en asuntos y ante autoridades agrarias;
II. Asesorar sobre las consultas jurídicas planteadas por las personas a que se refiere el artículo anterior en sus relaciones con terceros que tengan que ver con la aplicación de esta ley;
III. ...
IV. ...
V. ...
VI. ...
VII. ...
VIII. ...
IX. Asesorar y representar, en su caso, a las personas a que se refiere el artículo anterior en sus trámites y gestiones para obtener la regularización y titulación de sus derechos agrarios, ante las autoridades administrativas o judiciales que corresponda;...”
Y si bien, la Procuraduría brinda estas asesorías, podemos constatar en su portal de internet https://www.gob.mx/ tramites/ficha/asesoria-juridica-ante-la-pa/PA4882; condiciona a una asistencia personal, para poder brindarla; y proporciona un número telefónico “solo para orientación”; sin especificar, si brinda alguna asesoría jurídica, previa a asistir personalmente a las delegaciones.
Ante esto, y tomando en consideración que muchas veces las asesorías son para temas simples, y que no requieren más de algunos minutos para su atención, éstas se podrían brindar por vía telefónica de manera profesional; y ya en caso de ser un asunto que requiera otro procedimiento o representación, por ese medio indicarle si es necesaria su presencia y la documentación requerida para iniciar sus trámites.
Con todo esto, se pretende evitar que los ejidatarios viajen horas, haciendo un gasto y corriendo riesgos innecesarios por una información que puede durar unos cuantos minutos; así también para las dependencias, evitar aglomeraciones, papeleos; mediante el uso de las tecnologías brindando una atención profesional y eficaz a los ciudadanos.
Para lograr esto, es necesario que, en el portal de internet de dicha dependencia, se especifique esta modalidad de atención, así como una organización del personal con que cuentan, para llevarla a cabo.
Por todo lo expuesto y fundado someto a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión Exhorta respetuosamente a La Procuraduría Agraria, para que las asesorías jurídicas establecidas en el artículo 136, fracciones II y IX, de la Ley Agraria Vigente, en medida de lo posible, puedan brindarse también vía telefónica, estableciendo esta opción en su portal de internet https://www.gob.mx/tramites/ficha/asesoria-juridica-ante-la-pa/PA4882.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2022.– Diputado Francisco Javier Borrego Adame (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
SE TRANSPARENTEN Y HAGAN PÚBLICOS LOS INFORMES DEL GASTO FEDERAL EN LAS OBRAS: TREN MAYA, AEROPUERTO FELIPE ÁNGELES Y REFINERÍA DOS BOCAS
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a hacer transparentes y públicos los informes del gasto federal en las obras Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles y Refinería Dos Bocas, así como el procedimiento de otorgamiento de contratos y participación a empresas involucradas en su construcción, suscrita por el diputado Ignacio Loyola Vera, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Ignacio Loyola Vera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura federal y suscrita por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58,59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes:
Antecedentes
Primero. El 1 de diciembre de 2018, en el recinto que ocupa el pleno de la Cámara de Diputados y frente al honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 87 de la Constitución, el presidente electo tomó protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor del siguiente juramento:
“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la república que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande.” 1
Guardar y hacer guardar, es decir, vigilar, proteger, cuidar, honrar, garantizar y respetar, las disposiciones establecidas en la Constitución y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien de la Unión.
En el párrafo anterior, se destacan la “inviolabilidad” de la Constitución, el respeto a la división de poderes de la república y el establecimiento de una “Unión” de la Federación, conformada por los estados libres y soberanos. Todo establecido en los artículos 2o., 40, 41, 116 y 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El juramento de la toma de protesta presidencial, después de lo expuesto anteriormente, concluye con la siguiente frase: “Y si así no lo hiciere que la nación me lo demande”.
Esta frase es contundente, pues el presidente de la República se pone a juicio de las leyes, de la sociedad, de los mexicanos y de las instituciones para que demanden el cumplimiento de lo juramentado y el cumplimiento cabal, con apego a derecho y dentro del marco constitucional, del respeto absoluto a la Constitución, las leyes mexicanas vigentes y los intereses superiores del Estado mexicano, la república y federación.
Un análisis de Juan Jesús Garza Onofre, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en su obra: “Las mañaneras como vía para violar la Constitución. Análisis de los casos SUP-REP-3/2021 y SUP-REP-20/2021, se establece una serie de violaciones recurrentes a los principios de inviolabilidad de la Constitución, enmarcado en el artículo 136.
(Transcripción literal del texto de Garza Onofre)
“En el ámbito gubernamental, desmoronar, desaparecer y destruir resultan actividades relativamente sencillas cuando se mezclan y se confunden fervientes ánimos narrativos repletos de ideología y un afán por desconocer lo que se ha hecho bien en el pasado, como si de repente el presente apareciera por generación espontánea y de manera categórica se tuviera que evaluar la realidad de forma absoluta; bajo dichos parámetros, para algunos, los matices, las medias tintas y la cautela en un renovado porvenir se torna algo inútil. Como si de antemano la mesura, la moderación y la crítica fuera algo malo respecto al nuevo ambiente político que permea discursivamente al país, ahora resulta que la unanimidad es sinónimo de progreso y la pluralidad un obstáculo, y si a eso se suma la ausencia de mecanismos sólidos y límites bien establecidos para hacerle frente a este panorama, queda claro que nos encontramos ante un escenario tan incierto como desolador. Por eso se tornan riesgosas las estrategias que se están utilizando para comunicar y posicionar mensajes en este contexto, las vías que se utilizan en la actualidad para dirigir la agenda y generar ciertas conversaciones, porque, quizá, hoy más que nunca, “la verdad se ha devaluado y cotiza a la baja en el mercado de las apariencias. La política se sirve de la palabra para ocultar la realidad.
Otros fenómenos de nuestros tiempos revelan aún más síntomas de instrumentalización del lenguaje y de su uso en libertad”. En este sentido, tal parece que garantizar un mínimo de veracidad en dichos procesos comunicacionales resulta una tarea casi imposible, un ejercicio extraordinario, un acto fuera de serie en contra del abaratamiento de las razones públicas, de ahí que ser asertivo a la vez que tolerante se convierta en un acto de resistencia, de ahí que, más allá de la estridencia y la retórica, sea un imperativo hacer posible el entendimiento ante auditorios tan diversos. Y es que en México se viven momentos de profunda desconfianza, tiempos de convencer de lo evidente, insistir en lo manifiesto, y defender cuestiones que ya se daban por sentadas... Por ende, tiempos extraños, pero no por ello poco propicios para repensar nuestros vínculos con quienes compartimos un mismo espacio. En todo caso, ante una coyuntura política que pone en entredicho los aspectos más básicos de la vida en común, el derecho necesariamente debe de servir como regulador y eje central de la democracia; como herramienta que pueda ayudar en la construcción de instituciones que trascienden momentos temporales específicos.
Pues al momento en que se olvida que el fenómeno jurídico, bien articulado y entendido como una práctica orientada por valores para conseguir determinados fines, puede servir como un magnífico medio para posibilitar la transformación social, en definitiva, cualquier cambio que se intente quedará al arbitrio y a la voluntad de quien ostente el poder en turno. De ahí el problema con separar el lenguaje del derecho, evitando entender a éste como discurso que moldea la conciencia y, sobre todo, que sirve a manera de artefacto para la toma de buenas decisiones colectivas. Por eso, bajo estas circunstancias, es bastante peculiar que ya ni siquiera las leyes sirvan para respetar algunos acuerdos elementales. Y en absoluto se trata de una obediencia ciega hacia las reglas, ni mucho menos de clamar por una mejor cultura de la legalidad, nada más errado. En todo caso, de lo que se trata es de hacer una apología del derecho como uno de los escasos caminos para poder elevar el debate público y construir mejores modelos de comunicación que puedan respetar los principios sobre los que se erige cualquier Estado democrático.” 2
En la cita anterior, se expone la importancia del discurso, del respeto a la legalidad y, el fenómeno actual que se exhibe en la realidad de México.
El 31 de enero de 2019, el presidente de la república citaba una frase desde su conferencia “mañanera”: “Al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie”. Frase que ha sido utilizada en varias ocasiones por el titular del Ejecutivo federal, empero, el actuar del presidente no ha estado sujeto al margen constitucional y, en varias ocasiones ha transgredido el principio de “inviolabilidad” establecido en el artículo 136.
Segundo. El 22 de noviembre del presente año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”.
La publicación de este acuerdo en el DOF ha generado una discusión sobre la posibilidad de inconstitucionalidad del procedimiento planteado, pues no se puede considerar como un atentado contra la Seguridad Nacional, la prevalencia del estado de derecho, la rendición de cuentas y, el respeto al marco jurídico vigente en los Estados Unidos Mexicanos.
“La interpretación sesgada de las facultades del titular del Ejecutivo federal hacen que el debate, en la actualidad, cimbre las condiciones generales del estado de derecho en México y, apegados en un procedimiento disciplinado al principio fundamental republicano de la división de poderes, es que este documento se dirige a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, poder investido con las facultades propias de declarar procedente o improcedente esta acción, que a título personal, consideramos como inconstitucional, por la naturaleza del mismo y, los objetivos establecidos en el decreto en comento. No se puede considerar a la búsqueda de la transparencia de los recursos públicos en el gasto gubernamental, la asignación de contratos públicos y la transparencia de los mismos, así como una búsqueda para que impere la legalidad y el estado de derecho, como un atentado en contra de la Seguridad Nacional. La utilización de estos recursos legales, podemos considerarla como un acto de ilegalidad, opacidad y, encubrimiento de actos ilícitos en la asignación de las obras, los contratos y el destino del gasto”. 3
Permitir la violación de la Constitución y las leyes que de ella emanan por una interpretación sesgada es abrir una brecha al debilitamiento institucional que tanto ha costado construir para los mexicanos. Nadie puede estar por encima de la Ley y nadie al margen de la misma o, citando textualmente al presidente, Andrés Manuel López Obrador: “Al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie”.
Este decreto, atenta en contra de lo dispuesto en el artículo 6o. constitucional y, en contra de lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde en su artículo 1 se establece que esta Ley es de orden público y tiene por objeto proveer lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Como se mencionó con antelación, la Ley de Transparencia emana de la Constitución, específicamente, del artículo 6o., que en su párrafo segundo establece lo siguiente de manera textual:
“Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información de toda índole por cualquier medio de expresión”.
En el párrafo segundo se establece el derecho que tenemos los mexicanos al acceso a la información, por ende, ocultar la misma u ocultar con acciones que promueven la opacidad y la nulidad de la “transparencia”, bajo el falso argumento de “seguridad nacional” es violatorio de la Constitución. No se puede considerar una obra turística como de “seguridad nacional”, eso es una ofensa en contra de la Constitución o en contra de México y los mexicanos. Toda la obra pública reservará la información bajo este “Acuerdo”, donde claramente se exhibe una tendenciosa acción a ocultar información y negar el acceso a la misma con fines perversos que van desde el no afectar imagen pública-electoral, hasta el cobijo de acciones ilegales en el gasto del recurso y la asignación de las licitaciones por vías directas o la asignación de contratos de manera ilegal y corrupta.
El discurso y la frase de “no somos iguales”, no es suficiente para evadir la responsabilidad constitucional, legal, moral y jurídica de la rendición de cuentas. El presupuesto federal no es de un solo hombre, es del país, de todos los mexicanos y la ciudadanía ha ganado el derecho, de manera legal, a través de una gran lucha por la transparencia por medio de vías democráticas, para poder conocer el destino de los recursos. El argumento de “no somos iguales” sólo queda en el plano de lo abstracto si no se contrasta con la realidad. Evidencias, no palabras. Legalidad y estado de derecho antes que grillas y frases propagandísticas. Si no son iguales que lo demuestren con el respeto a las leyes, el marco jurídico y el respeto al estado de derecho.
En el inciso A del artículo 6o. de la Constitución se establece el marco general y específico para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y en la fracción I del inciso A del artículo 6o. se establece que la información podrá ser reservada de manera temporal por razones de interés público y seguridad nacional y es bajo este argumento por el cual se elabora el acuerdo del 22 de noviembre, firmado por el titular del Ejecutivo federal, en materia de interés público y seguridad nacional para la obra federal de la actual administración, que suena muy sofisticado, empero, es más un retroceso que un avance para nuestra nación.
Revisando la Ley de Seguridad Nacional, en su artículo 5, no se encuentra el sustento legal para negar el acceso a la información y nuevamente se puede considerar el actuar del Ejecutivo federal, como violatorio de la Constitución y de las leyes que de ella emanan:
“ Artículo 5. Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad Nacional:
I. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional;
II. Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar una afectación al Estado Mexicano;
III. Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada;
IV. Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación, señaladas en el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
V. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada;
VI. Actos en contra de la seguridad de la aviación;
VII. Actos que atenten en contra del personal diplomático;
VIII. Todo acto tendente a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva;
IX. Actos ilícitos en contra de la navegación marítima;
X. Todo acto de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas;
XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia;
XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos, y
XIII. Actos ilícitos en contra del fisco federal a los que hace referencia el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.” 4
En la fracción XII del artículo 5, el titular del Ejecutivo intenta sustentar la acción de negar el acceso a la información pública. Sin embargo, el derecho que tenemos los mexicanos de acceso a la información pública no es un atentado terrorista o una acción que se pueda considerar como una amenaza a la seguridad nacional. Es un derecho de acceder a la información del destino del gasto público, y una obligación de quienes gobiernan es la de transparentar el gasto público. No respetar las leyes, violar la Constitución y la interpretación sesgada del marco jurídico y el estado de derecho, eso sí constituye y configura un atentado en contra de la Seguridad Nacional.
El “no somos iguales” no es una respuesta al derecho ciudadano y constitucional de acceso a la información pública y no cumple la obligación de gobierno federal en la rendición de cuentas y la trasparencia de los ejercicios públicos.
Por lo anteriormente expuesto e invocado en el proemio, someto a consideración de ésta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. El pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al ciudadano presidente de la república, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a establecer los mecanismos necesarios para hacer pública la información del gasto federal ejercido en las siguientes obras públicas: “tren Maya”, “Aeropuerto Felipe Ángeles” y “refinería de Dos Bocas”, así como la publicación de la información sobre la asignación de contratos y licitaciones a las empresas participantes en la construcción de las obras antes referidas, en apego a lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Notas
1 Transcripción textual del Juramento de Toma de Protesta del Presidente de la República, tomado del Artículo 87 Constitucional.
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer. html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fpdf_mov%2FConstit ucion_Politica.pdf&clen=1198130&chunk=true
2 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html pdfurl=https%3A%2F%2Farchivos.juridicas.unam.mx%2Fwww%2Fbjv%2Flibros%2F13%2F649 9%2F21.pdf&clen=817407&chunk=true
3 Punto de Acuerdo. Que exhorta al C. Presidente de la SCJN, Arturo Zaldivar, a la atracción del Acuerdo publicado en el DOF el 22 de noviembre de 2021 en materia de obras públicas y seguridad nacional. Propuesto por el Dip. Ignacio Loyola Vera. Publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el martes 30 de noviembre de 2021. SIC.
4 Transcripción textual del Artículo 5 de la Ley se Seguridad Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.– Diputado Ignacio Loyola Vera (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA SECRETARÍA DE BIENESTAR, A INFORMAR SOBRE EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL TITULAR DEL CONADIS Y LA INTEGRACIÓN DE LA ASAMBLEA CONSULTIVA
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y la Secretaría de Bienestar a informar sobre el proceso de designación del titular del Conadis y la integración de la asamblea consultiva y el estado en que se encuentra la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Yolanda de la Torre Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento lo dispuesto en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
I. Antecedentes
Con el objetivo de garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad diversas organizaciones e instituciones se han manifestado por la revisión y fortalecimiento del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), el nombramiento de su titular, la implantación del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como la diversificación de las políticas y programas públicos para asegurar su inclusión, ante esta justa demanda diversos legisladores han presentado las proposiciones con punto de acuerdo siguientes.
Con fecha 26 de febrero, Verónica Delgadillo García y José Clemente Castañeda Hoeflich, senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por la cual se exhorta al presidente de la República a designar al director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Los resolutivos planteados incluyen el siguiente:
El Senado de la República solicita de la manera más respetuosa al titular del Poder Ejecutivo Federal, a que se den a conocer cuáles han sido, y serán las políticas, programas, estrategias y acciones fundamentales para alcanzar, respetar y garantizar los derechos que tienen todas las personas con discapacidad en el país.
Con fecha 12 de marzo de 2019, Julieta Macías Rábago y Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, diputadas del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentaron proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a designar al titular del Conadis y mantener la naturaleza jurídica de éste como organismo público descentralizado.
Con fecha a 3 de abril de 2019, María Ester Alonzo Morales, Dulce María Sauri Riancho y Ximena Puente de la Mora, diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentaron proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal a designar con la mayor brevedad al director general del Conadis.
II. Normatividad
El 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la a Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo artículo 1 establece su propósito: promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, consultada en https://www.un. org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf).
La adopción de este este instrumento jurídico obliga a los Estados que lo ratifiquen a establecer políticas y programas de no discriminación y en favor de las personas con discapacidad, además de adaptar los ordenamientos jurídicos para garantizar el ejercicio de sus derechos, con miras hacia una sociedad más incluyente.
Considerando lo anterior nuestro país firmó la Convención y ratificó su protocolo facultativo el 30 de marzo de 2007, convirtiéndose así en uno de los Estados parte, con todo lo que esto implica, comenzando por el compromiso de proteger y promover el goce pleno de todos los derechos para las personas con discapacidad, velando por su dignidad como seres humanos.
En cuanto a la legislación nacional, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en mayo de 2011, considera la creación del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la designación de su titular por parte del Ejecutivo Federal, la elaboración de un Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y la integración de una Asamblea Consultiva, además del establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional; así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y el sector privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas.
La ley mencionada establece en el artículo 42 las atribuciones con que contará el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en adelante consejo, para el cumplimiento de esta, detalladas a continuación.
I. Coordinar y elaborar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;
II. Enviar el Programa a las Cámaras del Congreso de la Unión para su conocimiento;
III. Promover el goce y ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, así como hacer de su conocimiento los canales institucionales para hacerlos exigibles ante la autoridad competente;
IV. Promover la accesibilidad en la infraestructura física de instalaciones públicas y los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para la atención segura y accesible de la población con discapacidad;
V. Promover la elaboración, publicación y difusión de estudios, investigaciones, obras y materiales sobre el desarrollo e inclusión social, económico, político y cultural de las personas con discapacidad;
VI. Promover y fomentar la cultura de la dignidad y respeto de las personas con discapacidad, a través de programas y campañas de sensibilización y concientización;
VII. Solicitar información a las instituciones públicas, sociales y privadas que le permitan el cumplimiento de las atribuciones que le confiere la presente ley;
VIII. Promover la firma, ratificación y cumplimiento de instrumentos internacionales o regionales en materia de discapacidad;
IX. Difundir y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas con gobiernos e instituciones de otros países, así como con organismos internacionales relacionados con la discapacidad;
X. Celebrar acuerdos de colaboración con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, para el desarrollo de proyectos que beneficien a las personas con discapacidad;
XI. Suscribir convenios con el sector gubernamental y los sectores productivos y empresariales, para que se otorguen descuentos, facilidades económicas o administrativas en la adquisición de bienes y servicios públicos o privados, a las personas con discapacidad o sus familias;
XII. Promover la armonización de Leyes y Reglamentos a nivel federal, estatal o municipal, respecto de las disposiciones establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;
XIII. Promover la creación y aplicación de Normas Oficiales Mexicanas en materia de discapacidad;
XIV. Elaborar, presentar y difundir anualmente el informe de avances y resultados del Programa;
XV. Presentar un informe anual de actividades;
XVI. Coadyuvar con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la elaboración de los informes que el Estado Mexicano presentará ante los organismos internacionales, sobre la aplicación y cumplimiento de los instrumentos internacionales en materia de discapacidad; y
XVII. Las demás que se establezcan en esta ley, su reglamento, estatuto orgánico del consejo y demás disposiciones aplicables.
El articulo 43 considera que para la administración del consejo se contará con la figura de una junta de gobierno, cuya integración está prevista en el artículo 44, integrada por 10 representantes del Poder Ejecutivo federal, 1 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 5 representantes de la asamblea consultiva, y un director general, que será designado por el o por el presidente de la República, según el artículo 49.
El artículo 51 establece que la asamblea consultiva será el órgano de asesoría y consulta del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, de participación ciudadana, conformación plural y carácter honorífico, que tendrá por objeto analizar y proponer programas y acciones que inciden en el cumplimiento del programa.
III. Justificación
Garantizar el cumplimiento del marco normativo en materia de discapacidad es un tema que requiere atención inmediata, recientemente durante los foros realizados en la Cámara de Diputados y durante el Primer Parlamento de Personas con Discapacidad organizado por el Senado de la República, personas con discapacidad, sus familias y organizaciones demandaron que a pesar de que se han hecho adecuaciones en la legislación siguen padeciendo hasta la fecha los mismos problemas que han padecido siempre.
Lo anterior, argumentaron, se debe a que en nuestro país los derechos se han quedado en letra muerta, a causa del poco interés que la clase política ha mostrado por hacer valer la ley.
Por tal motivo solicitaron que el Congreso de la Unión implante las medias necesarias para que la legislación concerniente a las Personas con Discapacidad sea aplicada, vigilada y de ser necesario sancionada, así que nos corresponde a nosotros encontrar la manera de dar cumplimiento a lo que nos solicitan, comenzando por dar seguimiento oportuno a la correcta aplicación de las leyes en la materia.
Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y al secretario de Bienestar a informar detalladamente en el ámbito de sus atribuciones sobre el proceso de designación del titular de Conadis y la integración de la asamblea consultiva, incluyendo quienes la integran y la fecha en que se les tomó protesta.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Ejecutivo federal y al secretario de Bienestar que den a conocer de manera pública el estado en que se encuentra la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como las razones por las que no se ha publicado ni enviado a las Cámaras del Congreso de la Unión para su conocimiento.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Ejecutivo federal y al secretario de Bienestar que informen de manera clara y puntual acerca de las políticas, acciones, estrategias y programas implantados para cumplir la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2022.– Diputada Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
EXHORTO AL GOBIERNO DE CAMPECHE Y A LA CFE, A EVALUAR LA PERTINENCIA DE EFECTUAR LA RECLASIFICACIÓN DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS
Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Campeche y a la CFE, a realizar la revisión y evaluar la pertinencia de efectuar la reclasificación de las tarifas eléctricas en el estado, que permita suscribir el convenio para la aplicación de un subsidio en apoyo a la economía de todos los campechanos, suscrito por la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
EXHORTO A LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INEGI, A GARANTIZAR LA AUTONOMÍA, LA TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS Y EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE EMITE EL INSTITUTO
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Junta de Gobierno del Inegi a garantizar la autonomía y la transparencia en los procesos y en el acceso a la información del instituto, suscrita por la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, diputada Noemí Berenice Luna Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que se garantice la autonomía, la transparencia en los procesos y en el acceso a la información que emite el Instituto, así como su calidad; y para que vigile e informe a las instancias conducentes sobre posibles conflictos de interés al interior del Instituto.
Consideraciones
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 1 es un organismo público autónomo responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como de captar y difundir información de México en cuanto al territorio, los recursos, la población y economía, que permita dar a conocer las características de nuestro país y ayudar a la toma de decisiones.
Nace en 1983 por decreto presidencial y, con su creación, el Inegi modernizó la valiosa tradición que tenía nuestro país en materia de captación, procesamiento y difusión de información acerca del territorio, la población y la economía. Conjuntó en una sola institución la responsabilidad de generar la información estadística y geográfica.
Con la promulgación de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG) el 16 de abril de 2008, el Inegi cambió su personalidad jurídica, adquiriendo autonomía técnica y de gestión. Su nueva denominación es Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pero conserva las mismas siglas (Inegi). 2
El objetivo prioritario del Inegi es lograr que el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) suministre a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional, bajo los principios de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia.
Para este propósito, sus atribuciones son:
-Normar y coordinar el desarrollo del SNIEG.
-Normar las actividades estadísticas y geográficas.
-Producir información estadística y geográfica.
-Prestar el Servicio Público de Información.
-Promover el conocimiento y uso de la información.
-Conservar la información.
El Inegi se rige por una Junta de Gobierno, que es su órgano superior de dirección. Está integrada por el presidente del Instituto y cuatro vicepresidentes, los cuales son designados por el presidente de la república con la aprobación de la Cámara de Senadores.
El Instituto tiene entre sus funciones, la de normar las actividades encaminadas a la generación y difusión oportuna de la Información Estadística y Geográfica, a través de mecanismos que faciliten su consulta, además de promover el conocimiento y uso de dicha información.
De este modo, el Inegi emite las “Reglas para la integración y funcionamiento del Consejo Consultivo de Usuarios de la Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía”. 3 Que en su interior señala textual lo siguiente:
“Al ser el Instituto Nacional de Estadística y Geografía el principal proveedor de información en estas materias, busca consolidar su proceso de comunicación, aprovechando el potencial que ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones para almacenar, procesar, transmitir, presentar y difundir información salvaguardando el principio de confidencialidad y reserva.”
La calidad de la información estadística y geográfica tiene que ver con el aprovechamiento de la misma por parte de los usuarios, razón por la cual resulta importante detectar las necesidades de éstos, atendiendo a lo dispuesto por la Norma para la Difusión y Promoción del Acceso, Conocimiento y Uso de la Información Estadística y Geográfica que genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Ello con la finalidad de que dicha información responda a las necesidades de los usuarios en tiempo y forma.
En mérito de lo anterior, se considera conveniente el establecimiento de un Consejo Consultivo de Usuarios de la Información, como un medio para contribuir al cumplimiento del objeto descrito en el primer párrafo de esta Introducción, por lo que con fundamento en los artículos 77 fracción XVII de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y 5 fracción XXIX del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Junta de Gobierno del Instituto tiene a bien emitir las siguientes: Reglas para la Integración y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Usuarios de la Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía”.
El actual presidente de la Junta y titular del Inegi es Julio Alfonso Santaella Castell, quien es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), así como maestro y doctor en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en Estados Unidos.
De 2001 a 2014 se desempeñó en el Banco de México como coordinador ejecutivo del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, como gerente de Información y Análisis y director de Apoyo a las Operaciones de Banca Central, y como investigador en la Dirección General de Investigación Económica y en la Junta de Gobierno. 4
Al estar por concluir su periodo el 31 de diciembre de 2021; el 15 de diciembre de 2021, el presidente de la república nombra como sucesora y titular del Inegi a la doctora Graciela Márquez Colín.
La doctora Márquez estudió la licenciatura en economía en la UNAM, la maestría en economía en El Colegio de México y el doctorado en historia económica en la Universidad de Harvard. En 2002, su tesis de doctorado fue reconocida con el premio Alexander Gershenkron por la Economic History Association de los Estados Unidos.
Entre 1998 y 2018 fue profesora — investigadora en El Colegio de México. Sus publicaciones incluyen libros, compilaciones, capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre temas de desarrollo económico comparado, industrialización y política comercial.
En México ha impartido cursos y seminarios en la UNAM, UAM, UABC, y el ITESM (campus Ciudad de México) y ha sido profesora invitada en la Universidad de Chicago y la Universidad de California San Diego.
Del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2020 se desempeñó como secretaria de Economía del gobierno federal. 5
Sin duda ambos perfiles destacan por su trayectoria, no se cuestiona su calidad y profesionalismo.
Sin embargo, varias voces se han levantado en contra del nombramiento de la doctora Márquez al frente del Inegi; los motivos más destacados y relevantes son su cercanía con el presidente por parte de ella y su esposo Gerardo Esquivel Hernández, quien fuera asesor económico del presidente y en enero del 2019, nombrado por el mismo a ser subgobernador del Banco de México.
Los cuestionamientos sobre su postulación al frente del Inegi también se basan en un potencial conflicto de interés, debido a su matrimonio con Gerardo Esquivel, puesto que el cargo que ostenta en el Banco de México está encargado de controlar la inflación. Que, por cierto, durante su paso como titular de la Secretaría de Economía enfrentó cuestionamientos sobre un potencial conflicto de interés, primero, porque su esposo, Gerardo Esquivel, ocuparía un cargo en Hacienda. Después, porque fue nombrado subgobernador de Banxico. 6
Por su parte, la cercanía con el presidente se da después de haber ganado las elecciones en donde la doctora Márquez se reunió, acompañada de su esposo, con el actual presidente de México. 7
De todos es conocida la lucha que tiene el presidente de la república en contra de los órganos autónomos, que considera piedras en su camino rumbo a la llamada por él, cuarta transformación, y no podemos omitir que una de esas batallas la dio en contra del Inegi, cuando declaro, según datos del periódico Milenio 8 del 3 de diciembre de 2020; que no le preocupaban las cifras del Inegi que revelaban que de mayo de 2019 a septiembre de 2020 habían cerrado 1 millón 10 mil 857 micro, pequeñas y medianas empresas; que él tenía “otros datos”.
El propósito del este exhorto es transparentar los procesos en las instituciones, la defensa de la democracia, el respeto a los órganos autónomos, el libre acceso a la información y evitar posibles los conflictos de interés.
Es por todo lo anterior, que someto a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que se garantice la autonomía, la transparencia en los procesos y en el acceso a la información que emite el Instituto, así como su calidad;
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para que vigile e informe a las instancias conducentes sobre posibles conflictos de interés al interior del Instituto.
Notas
1 https://www.inegi.org.mx/inegi/quienes_somos.html
2 https://www.inegi.org.mx/inegi/contenido/instituto.html
3 https://sc.inegi.org.mx/repositorioNormateca/Oda_30Sep15.pdf
4 https://www.inegi.org.mx/inegi/contenido/instituto.html
5 https://www.inegi.org.mx/inegi/contenido/instituto.html
6 Nota periodística:
https://www.bloomberglinea.com.mx/2021/12/16/graciela-marquez-la -autonomia-del-inegi-su-paso-por-la-4t-y-el-conflicto-de-interes/
7 Nota periodística:
https://www.bloomberglinea.com.mx/2021/12/16/graciela-marquez-la -autonomia-del-inegi-su-paso-por-la-4t-y-el-conflicto-de-interes/
8 https://www.milenio.com/politica/amlo-preocupa-cifras-inegi-desapa-ricion-pymes
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.– Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
SE SOLICITA AL FONATUR Y A LA LOTERÍA NACIONAL, A INFORMAR CÓMO OPERA LA PREMIACIÓN POR APROXIMACIÓN
«Proposición con punto de acuerdo, para solicitar al Fonatur y la Lotenal que informen cómo operan la premiación por aproximación y las reglas específicas que permitieron asignar los números ganadores en el gran sorteo especial 252 del domingo 5 de diciembre de 2021, a cargo de senadores del Grupo Parlamentario del PRI
Quienes suscriben, senadores Nuvia Mayorga Delgado, Ángel García Yáñez, Miguel Ángel Osorio Chong y Verónica Martínez García, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El domingo 5 de diciembre de 2021, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, a través de la Lotería Nacional, llevó a cabo su gran sorteo anual en el que se estableció que los premios serían 1 casa y 200 lotes rústicos con vocación turística en playa Espíritu, Sinaloa, con un valor catastral de 297 millones 866 mil 198 pesos, además de 3 premios en efectivo de 5 millones cada uno, por lo que se emitieron 2 millones de billetes físicos y electrónicos.
Una vez efectuado el gran sorteo especial 252, que involucraba premios en especie y en efectivo, se dieron a conocer una serie de denuncias por parte de particulares debido a que les resultó muy extraño que los boletos ganadores por aproximación fueran 200 boletos que tenían números consecutivos 1211397 a 1211597.
Lo anterior, contra cualquier lógica estadística e inferencial. Esta situación de inmediato despertó la sospecha y una serie de cuestionamientos sobre el procedimiento por medio del cual la Lotería Nacional efectuó dicho sorteo.
Ante las críticas, la Lotería Nacional explicó que para la determinación de los ganadores de los 200 lotes rústicos el sorteo estuvo regido por el Reglamento del Gran Sorteo Especial 252 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre de 2021 (consúltese en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5634150&fecha=29/10/2021) y que se determinaron por aproximación los números comprendidos en la centena posterior y en la centena anterior, tomando como referencia el número del billete ganador.
Al respecto, la institución informó que este proceso disminuye los tiempos de duración del sorteo ya que los niños gritones son los únicos que pueden sacar los números ganadores y tienen que estar presentes durante la celebración del sorteo, además de que todos los sorteos son vigilados por diferentes autoridades, escrutadores y público en general que dan fe y legalidad de los sorteos, que son grabados en vivo.
Aun así, hubo usuarios insatisfechos que no estuvieron conformes con la explicación que brindó la Lotería Nacional y dejaron entrever sus sospechas de que hubo un fraude.
A partir de las denuncias realizadas por los interesados y con el propósito de desvelar cualquier posible anomalía en el gran sorteo especial 252 organizado Fondo Nacional de Fomento al Turismo a través de la Lotería Nacional, solicitamos que se nos proporcione información detallada de cómo opera la premiación por “aproximación”, así como las reglas específicas que permitieron asignar los números ganadores en el gran sorteo especial 252 efectuado el domingo 5 de diciembre de 2021.
Por lo expuesto y fundado sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Fondo Nacional de Fomento al Turismo y la Lotería Nacional información detallada de cómo opera la premiación por aproximación, así como las reglas específicas que permitieron asignar los números ganadores en el Gran Sorteo Especial 252 efectuado el domingo 5 de diciembre de 2021.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública, en coordinación con los órganos internos de control, efectuar una revisión para determinar si el gran sorteo especial 252, llevado a cabo el domingo 5 de diciembre de 2021, se realizó conforme a la normatividad, y si los funcionarios públicos federales tanto del Fondo Nacional de Fomento al Turismo como de la Lotería Nacional se ajustaron a la legalidad en el cumplimiento de sus funciones.
Lo anterior, de acuerdo con las atribuciones y facultades que le encomiendan la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás ordenamientos legales aplicables en la materia.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.– Senadora y senador: Nuvia Mayorga Delgado, Miguel Ángel Osorio Chong (rúbricas).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
EXHORTO A LA GUARDIA NACIONAL, A VIGILAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA NOM-012-SCT-2-2017
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Guardia Nacional a vigilar el estricto cumplimiento de la NOM-012-SCT-2-2017, sobre el peso y las dimensiones máximas de vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, suscrita por el diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe Diputado Francisco Javier Borrego Adame, Integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 fracción II, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Comisión Permanente, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se Exhorta respetuosamente al Titular de la Comandancia de la Guardia Nacional General Luis Rodríguez Bucio, a vigilar el estricto cumplimiento de la Nom - 012 - SCT - 2 — 2017; sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Varias razones y consecuencias, por las cuales el sobrepeso y violaciones a la normatividad en la materia, de los vehículos de autotransporte federal de carga se considera peligroso, son las malas prácticas que se dan en las carreteras del país, que se realizan por algunos concesionarios de este servicio, mismas que pueden ser las siguientes:
1. Puede poner más tensión en las llantas y por ello ocasionar un accidente. Los camiones con sobrepeso ponen más presión en las llantas lo cual ocasiona que la llanta explote y se ocasione un accidente. Las llantas también pueden sobrecalentarse cuando el camión está sobrecargado y esto también puede ocasionar que las llantas exploten repentinamente.
2. Poner más presión en los frenos y en otros sistemas importantes del camión. De manera simple el operador del camión tiene que ajustar estos elementos de seguridad, para llevar el peso extra que excede los límites de seguridad. La presión extra en los frenos puede causar que los frenos fallen y por ello ocasionar unaccidente.
3. Puede ocasionar que el camión se vuelque más fácilmente. Cuando el peso se apila hacia arriba o el camión lleva demasiado peso, el camión puede estar más pesado en la parte de arriba y esto puede hacer que el camión fácilmente se voltee. La fuerza de un accidente de camión puede significar que múltiples vehículos salgan dañados y muchas personas lesionadas.
4. Mayor fuerza en el accidente. En un accidente de camión, el peso puede crear más velocidad y más fuerza. Si el camión con sobrepeso tiene un accidente con un automóvil de pasajero o con una motocicleta, la fuerza puede incrementar las posibilidades de una fatalidad.
5. En situaciones en las que los camiones están con sobrepeso, la carga puede no estar acomodada de manera correcta lo que causa mayores riesgos. Si el conductor o la compañía de camión deciden cortar los gastos al poner demasiada carga en los camiones, ¿Cómo puede estar seguro de que van a acomodarla de manera correcta? 1
Se ha vuelto algo habitual saber de accidentes carreteros ocasionados por vehículos de autotransporte que violan el cumplimiento de la NOM-012-SCT-2-2017; sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal y es que la falta de vigilancia en las carreteras hace que muchas veces esto ocurra, entre otras consecuencias como los daños importantes en la infraestructura de las carreteras.
Ante esto, es necesario que la autoridad competente, en este caso el titular de la Comandancia de la Guardia Nacional General Luis Rodríguez Bucio, a vigilar el estricto cumplimiento de la NOM-012-SCT-2-2017, y garantice el cumplimiento de ésta por ser un tema de seguridad nacional, por lo que su cumplimiento es importante para salvaguardar, la vida, integridad y seguridad de las personas usuarias de las carreteras federales, impulsando al mismo tiempo la corresponsabilidad entre los usuarios y los transportistas.
Por lo expuesto y fundado someto a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Comandancia de la Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio, a vigilar el estricto cumplimiento de la NOM-012-SCT-2-2017 .
Nota
1 https://www.floridaabogadodeaccidentesblog.com/camiones_con_so-brecarga_como_o/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2022.– Diputado Francisco Javier Borrego Adame (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
EXHORTO A LA SIPINNA, AL DIF Y A LA SECRETARÍA DE SALUD, A GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES HUÉRFANOS A CAUSA DE LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL SARS-COV-2
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sipinna, el DIF y la Ssa a rendir un informe detallado sobre las acciones que se llevan a cabo para garantizar y proteger los derechos de niños y adolescentes huérfanos a causa de la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2, suscrita por la diputada Mónica Becerra Moreno, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Mónica Becerra Moreno, y diputadas y diputados en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de Sipinna, DIF y SSA para que rindan un informe detallado sobre las acciones que se están llevando a cabo para garantizar y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes huérfanos a causa de la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2, conforme a las siguientes:
Consideraciones
La pandemia por el virus del SARS-CoV-2 ha traído complicaciones en los diversos sectores enfocados en la salud, así como en temas económicos, sociales, educativos y políticos. Al día 4 de enero del 2022, se han registrado más de 5.45 millones de muertes en todo el mundo y 300 mil en México, y con otras 300 mil muertes asociadas a problemas respiratorios. 1 Los casos han ido creciendo y las medidas preventivas no han sido suficientes para evitar la propagación del virus que sigue afectando a las familias mexicanas.
Derivado del alto número de casos contagiados y muertes por este virus, muchos niños, niñas y adolescentes han sufrido la pérdida de algunos de sus padres, de ambos o de algún tutor, dejándolos en un estado de vulnerabilidad y dañado su esfera jurídica.
El pasado 30 de septiembre del 2021, el Instituto Belisario Domínguez publicó un estudio titulado “La orfandad ocasionada por la pandemia”, 2 mismo que fuera realizado por la investigadora Carla Angélica Gómez Macfarland, en el cual se establece de manera detallada la situación por las que han pasado los menores.
En abril del 2021, México ocupaba el cuarto lugar a nivel mundial y el primer lugar en países en América, con niñas y niños que habían quedado huérfanos, con un total de 131 mil 325 casos, de los cuales 33 mil 342 habían perdido a su madre, 97 mil 951 a su padre, 32 mil a ambos progenitores y 141 mil 132 perdieron a sus cuidadores principales. Con las cifras antes mencionadas podemos concluir que la orfandad en nuestro país tuvo un incremento razonable y que existen muchos niños que no cuentan con los cuidados adecuados, lamentablemente esa cifra ha ido en aumento.
Es importante mencionar que diversos países han realizado acciones pertinentes para garantizar los derechos de los niños, por citar algunos ejemplos, en la India se les otorgará educación gratuita y pensiones para los familiares cercanos o padres adoptivos; en Brasil, se creó el “Programa Nacional de Apoyo Social y Psicológico”; en Perú ya se cuenta con el “Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar, la Asistencia Económica para Casos de Orfandad por la covid-19”.
Diversos países ya han tomado las medidas pertinentes para garantizar los derechos de los niños, es importante que México, con las cifras tan elevadas que está teniendo en los últimos meses, realice las gestiones y programas pertinentes para que los menores cuenten con la protección adecuada.
El estrés, el duelo, el encierro, entre otros factores han puesto en riesgo a las generaciones más jóvenes, dejándoles complicaciones para un futuro, todavía estamos a tiempo de garantizarles la protección y el cuidado necesario para su bienestar, tal y como se establece en la Carta Magna y en tratados internacionales que México ha ratificado. Es importante que los gobiernos estatales y las instituciones encargadas en el cuidado de las niñas, niños y adolescentes realicen acciones y programas para evitar mayores complicaciones y violaciones a los derechos y que las políticas públicas que se realicen realmente generan soluciones a los problemas que se han ocasionado, dando un verdadero apoyo a todos los que lo necesitan.
Los menores se encuentran afectados por todo lo vivido en estos años, necesitan apoyos económicos, psicológicos y educativos para continuar realizando las actividades propias de un infante y que a largo plazo puedan evitarse crisis.
Por lo anteriormente descrito y con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), la licenciada María Constanza Tort San Román; a la licenciada María del Rocío García Pérez, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y al licenciado Jorge Carlos Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, para que, en el ámbito de sus facultades, rindan un informe detallado sobre las acciones y programas que se están llevando a cabo para garantizar y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes huérfanos a causa de la pandemia ocasionada por el SARS CoV-2 y también realicen campañas para la promoción de dichos programas.
Notas
1 Tracking Coronavirus in Mexico: Latest Map and Case Count, 04 de enero de 2022, The New York Times, Disponible en línea:
https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/mexico-covid-case s.html
2 La orfandad ocasionada por la pandemia, Carla Angélica Gómez Macfarland, Instituto Belisario Domínguez, Septiembre de 2021, Disponible en línea:
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789 /5398/ML_208.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.– Diputada Mónica Becerra Moreno (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
SE GARANTICE LA CORRECTA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 2021-2024
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a los sectores privado y social, a trabajar de manera coordinada para garantizar la correcta implantación del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024, suscrita por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 59 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 31 de diciembre de 2021, en el cuarto año de gobierno de esta administración, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024 (Pronapinna). Dicho programa se desprende del Plan Nacional de Desarrollo y conforme a lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, corresponde a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes su elaboración.
De conformidad con el artículo 141 de la ley antes mencionada, las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través del Sistema Nacional de Protección Integral, así como los sectores privado y social, deben participar en la elaboración y ejecución del Programa Nacional, el cual deberá ser acorde con el Plan Nacional de Desarrollo.
El Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024 es un programa especial, conforme al artículo 26 de la Ley de Planeación, y contiene las políticas, objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores prioritarios en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral de niñas, niños y adolescentes. El programa tiene como referencia la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el 21 de septiembre de 1990.
En la elaboración del Pronapinna, de conformidad con la publicación del DOF, se consideró la participación de niñas, niños y adolescentes, así como representantes del sector público, privado y social. Su ejecución estará a cargo de 55 dependencias y entidades de la APF, y su seguimiento y monitoreo a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sesipinna).
Para la identificación de estos problemas y la definición de los objetivos y estrategias prioritarias, así como de las acciones puntuales a través de las cuales se atenderán dichos problemas, entre los meses de marzo a septiembre de 2019 se llevó a cabo un proceso de consulta con diversos actores, incluidas niñas, niños y adolescentes, para incorporar sus opiniones y propuestas en el PND y el Pronapinna:
• OpiNNA ¡Qué buen Plan!(39) El sondeo en línea permitió captar opinión y propuestas de un poco más de 146 mil personas entre 8 y 17 años.
• Foros estatales “Los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en la construcción para el desarrollo”, de los cuales se obtuvo la opinión in situ que fortaleció los hallazgos de OpiNNA. En este proceso participaron 672 niñas, niños y adolescentes y 739 personas adultas.
• Consulta con la Red Nacional de Adolescentes. 54 adolescentes y jóvenes con experiencias de participación previas y con una amplia visión crítica del estado de la situación que guardan la garantía de sus derechos humanos a través de un cuestionario en línea.
• Mesas de trabajo, en las que participaron 69 personas representantes de 52 instancias del sector público y sociedad civil. En éstas se revisó el diagnóstico de la situación de la niñez y adolescencia y se definieron las acciones puntuales del Programa.
Los objetivos, las estrategias prioritarias y acciones específicas del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021- 2024 son:
1. Objetivo prioritario 1: Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos relacionados con la supervivencia, que incluye el acceso a la protección de la salud y a la seguridad social, alimentación adecuada, salud mental, prevención y atención integral de las adicciones, identidad y derechos sexuales y reproductivos, de todas las niñas, niños y adolescentes.
• Estrategia prioritaria 1.1 Asegurar el acceso universal de niñas, niños y adolescentes a servicios de salud gratuitos y de calidad para garantizar su sano desarrollo integral en cada una de las etapas del ciclo de vida.
• Estrategia prioritaria 1.2 Asegurar el acceso de niñas, niños y adolescentes a una adecuada nutrición y acciones que promuevan estilos de vida saludables, para contribuir a la prevención y el combate de la desnutrición, el sobrepeso y obesidad.
• Estrategia prioritaria 1.3 Garantizar los mecanismos que aseguren la prevención y atención integral de los problemas de salud mental y consumo de sustancias en niñas, niños y adolescentes, para su bienestar integral y pleno desarrollo.
• Estrategia prioritaria 1.4 Impulsar el diseño, desarrollo e implementación de una estrategia integral y multisectorial dirigida a la primera infancia, basada en atención especializada con énfasis en la identidad salud, nutrición, educación y cuidados, que garantice una vida sana y promueva el bienestar de niñas y niños menores de 5 años.
• Estrategia prioritaria 1.5 Promover el acceso y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes, para el disfrute pleno de su sexualidad, de acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez; así como para prevenir el embarazo adolescente y erradicar el embarazo infantil.
2. Objetivo prioritario 2: Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos relacionados con el desarrollo, que incluye el acceso a la educación, vivienda digna, entornos de bienestar y medio ambiente saludable, de todas las niñas, niños y adolescentes.
• Estrategia prioritaria 2.1 Lograr el acceso de todas las niñas, niños y adolescentes al Sistema Educativo Nacional, garantizando su permanencia, participación, aprendizaje y conclusión oportuna de la educación obligatoria con calidad, así como con infraestructura y equipamiento adecuados, en condiciones de igualdad, equidad e inclusión, y en entornos de convivencia pacífica y armónica.
• Estrategia prioritaria 2.2 Impulsar acciones para erradicar la pobreza que viven niñas, niños y adolescentes.
• Estrategia prioritaria 2.3 Promover acciones dirigidas a contar con entornos de bienestar y preservación del medio ambiente saludable, que contribuyan a asegurar el pleno desarrollo y participación de niñas, niños y adolescentes.
• Estrategia prioritaria 2.4 Promover que niñas, niños y adolescentes habiten en viviendas dignas y seguras con acceso a energía eléctrica, combustible de uso cotidiano, agua potable, saneamiento y manejo de residuos, para contribuir a su sano desarrollo.
3. Objetivo prioritario 3: Proteger integralmente y restituir los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que han sido vulnerados o que han sido víctimas de delitos.
• Estrategia prioritaria 3.1 Fortalecer los entornos familiares, disminuir la institucionalización de niñas, niños y adolescentes, homologar procedimientos de adopción y regularizar los centros de asistencia social, para garantizarles condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral.
• Estrategia prioritaria 3.2 Implementar acciones integrales para garantizar, proteger y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes y solicitantes de la condición de refugiado.
• Estrategia prioritaria 3.3 Implantar acciones para proteger integralmente a las y los adolescentes en conflicto con la ley.
• Estrategia prioritaria 3.4 Impulsar la erradicación del trabajo infantil y proteger de manera integral los derechos de las y los adolescentes trabajadores en edad permitida.
• Estrategia prioritaria 3.5 Implementar acciones en materia de prevención, protección, atención y respuesta a la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, para garantizarles el derecho a la integridad personal.
• Estrategia prioritaria 3.6 Promover que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a una cultura de protección civil para contar con la preparación necesaria para hacer frente a desastres naturales o cualquier situación de riesgo.
4. Objetivo prioritario 4: Generar un cambio cultural en el que se reconozca a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y se les coloque al centro del diseño y ejecución de las acciones necesarias para la protección de sus derechos humanos y su interés superior.
• Estrategia prioritaria 4.1 Implantar mecanismos de participación efectiva, equitativa y sistemática de niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos en que se desarrollan para garantizar su intervención en la toma de decisiones de las acciones y políticas dirigidas a ellas y ellos.
• Estrategia prioritaria 4.2 Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en la vida cultural, así como el acceso a actividades artísticas, físicas, deportivas y de esparcimiento en condiciones de igualdad para su desarrollo integral.
• Estrategia prioritaria 4.3 Garantizar que la difusión y comunicación social del sector público, así como los contenidos de los medios de comunicación públicos y privados, incorporen el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes con perspectiva de género e interculturalidad.
• Estrategia prioritaria 4.4 Asegurar a las niñas, niños y adolescentes el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación, mediante la reducción de la brecha digital, así como fomentar la navegación segura en internet.
• Estrategia prioritaria 4.5 Implementar acciones para la sensibilización, capacitación, formación y profesionalización del servicio público, con un enfoque que difunda y observe los derechos de niñas, niños y adolescentes y perspectiva de género e interculturalidad.
• Estrategia prioritaria 4.6 Fortalecer la coordinación multisectorial y entre órdenes de gobierno, así como con los sectores privado y social, para garantizar la protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La implantación del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024 no solo es responsabilidad de las autoridades federales, sino también lo es de las autoridades locales y municipales de conformidad con lo que establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes la cual establece: “Los programas locales preverán acciones de mediano y largo alcance, indicarán los objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias, y deberán alinearse al programa nacional”.
La ley prevé que el Programa Nacional y los programas locales deberán incluir mecanismos transparentes que permitan su evaluación y seguimiento, así como de participación ciudadana y serán publicados en el Diario Oficial de la Federación y en las gacetas o periódicos oficiales de las entidades federativas, según corresponda.
La protección de los derechos de la niñez y la adolescencia es tarea de todas las autoridades por ello la publicación del programa es de suma importancia para alinear las acciones gubernamentales y las políticas públicas centradas en la protección de sus derechos, por lo anterior es de suma importancia hacer un llamado a todas las autoridades de los poderes de la unión y de los tres ámbitos del gobierno para que de manera coordinada realicen las acciones necesarias para la correcta implantación del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Así como un llamado a la SHCP para que en los presupuestos se prevean los recursos necesarios que las dependencias van a necesitar para la implementación del Programa y que este pueda materializarse.
Por lo anterior someto a consideración de la asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respetivas atribuciones; así como los sectores privado y social, trabajen de manera coordinada y sumen esfuerzos para garantizar la correcta implementación del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024, publicado en el DOF el pasado 31 de diciembre de 2021, y con ello garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en México.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar en el ámbito de sus atribuciones los ajustes presupuestales necesarios en 2022 y garantizar en los próximos presupuestos los recursos necesarios para la correcta implementación del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.– Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
SE TRANSPARENTEN LOS RECURSOS PÚBLICOS EJERCIDOS Y DESIGNADOS A LA UANL EN ESTE Y EN AÑOS ANTERIORES
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a autoridades federales y de NL a realizar acciones dirigidas a garantizar la adecuada rendición de cuentas y transparentar los recursos públicos ejercidos y designados a la UANL en éste y años anteriores y asegurar que las compras futuras se hagan a precios de mercado y con procedimientos transparentes y democráticos, suscrita por los diputados Olga Leticia Chávez Rojas y Mauricio Cantú González, del Grupo Parlamentario de Morena
Quienes suscriben, diputada Olga Leticia Chávez Rojas y diputado Mauricio Cantú González, integrantes neoleoneses del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente, proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a la rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), a la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría Estatal de Nuevo León, para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones legales realicen las acciones necesarias para rendir cuentas y transparentar los recursos públicos ejercidos y designados a la UANL en éste y años anteriores para determinar supuestas irregularidades y asegurar que todas las compras se hagan a precios de mercado y bajo procedimientos transparentes y democráticos, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
La Universidad Autónoma de Nuevo León es una institución de gran prestigio y vehículo para que actualmente, y durante décadas, millones de mexicanas y mexicanos obtengan una educación de calidad que les permita hacer frente a las dificultades de la vida. Es una institución que se financia principalmente de presupuesto federal y presupuesto estatal, que proviene de los impuestos de las y los mexicanos. Es la tercera universidad pública más grande de México y la de mayor prestigio del norte. Actualmente tiene cursando a más de 200 mil alumnas y alumnos en sus 26 facultades y 29 preparatorias, con una planta docente de cerca de 7 mil profesoras y profesores. Más de mil de estos docentes están inscritos como investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores.
Adicionalmente, la universidad cuenta con 84 bibliotecas, que respaldan un acervo de más de 2 millones 39 mil 529 libros. Estos centros del conocimiento son neurálgicos para el impulso del pensamiento y preparación de la juventud y sociedad neoleonesa.
Es por esta importancia que tiene nuestra gran universidad, casa de las y los neoleoneses, que las y los diputados federales del Grupo Parlamentario de Morena estamos preocupados por el manejo financiero de la universidad. Al deberse a la ciudadanía y a su alumnado, así como recibir presupuesto proveniente de los impuestos de las y los mexicanos, los dirigentes deberán transparentar cada peso que reciben y ejercen, así como rendir cuentas. No se puede utilizar el argumento de la autonomía universitaria para evadir esta responsabilidad. La autonomía de cátedra se garantizará, pero esto no exime que el uso de cada peso se transparente.
Presupuesto UANL
Para entender con mayor claridad la situación financiera de la UANL, expondremos un análisis cuantitativo desmenuzando el presupuesto 2022, así como de los años anteriores.
El presupuesto que ejercerá la universidad es el más alto que ha tenido en toda su historia, será de 9 mil 468 millone 976 mil 927 pesos para el ejercicio de 2022, esto aumenta de los 8 mil 933 millones 351 mil 720 pesos ejercidos durante 2021.
Recibirá 640 millones 259 mil 908 pesos en moneda nacional destinados al Hospital Universitario, así como 28 millones de pesos destinados al Observatorio Astronómico de la UANL, ubicado en el municipio de Iturbide. 1
El presupuesto 2022 contempla un aumento de 535 millones 625 mil 207 pesos respecto al año 2021. Como parte de los programas con recursos concurrentes por orden de gobierno tenemos que la Secretaría de Educación Pública aportará al presupuesto de la universidad 5 mil 995 millones 209 mil 165 pesos.
A continuación se presenta una gráfica que ilustra la integración del presupuesto 2022 de la UANL entre aportaciones del gobierno de México, del gobierno de Nuevo León y recaudación propia de la UANL:
En la siguiente tabla se muestra un comparativo de la composición del presupuesto de la Universidad para los ejercicios 2020, 2021 y 2022:
Se ve claramente que el presupuesto para la universidad ha aumentado, en mayor medida por el apoyo de la Federación, este presupuesto debe ir peso por peso enfocado a beneficiar a las y los estudiantes, así como a los usuarios del Hospital Universitario que realiza tan importante labor en la salud de los neoleoneses y en la estrategia de vacunación.
Siempre buscaremos las maneras de fortalecer a nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León, reconociendo que es una herramienta fundamental para el bienestar colectivo. Sin embargo, es nuestro deber velar para que cada peso se ejerza para beneficio del alumnado y el fortalecimiento de la Universidad.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 74 y 79 establece la facultad exclusiva de fiscalización del presupuesto de la Federación para la Cámara de Diputados, por medio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como los objetivos de la ASF, órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.
Bajo ese fundamento, la Auditoría Superior de la Federación realiza en términos generales, dos tipos de auditoria 2:
Las Auditorías de Cumplimiento Financiero revisan la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de recursos aprobados por la Cámara de Diputados, así como el cumplimiento de la normativa correspondiente.
En este ámbito se incluyen las Auditorías de Inversiones Físicas donde se revisan las obras públicas para evaluar si se cumplen los estándares de calidad previstos, qué tan adecuados son los precios, si la obra fue entregada en tiempo y forma, entre muchos otros aspectos.
Dentro de la modalidad de Cumplimiento Financiero también se desarrollan las Auditorías al Gasto Federalizado, donde se revisa el buen uso de los recursos y cumplimiento de metas y objetivos de los fondos destinados en estados y municipios a renglones como la educación, la salud, la creación de infraestructura básica la atención a pueblos indígenas, el abatimiento de la pobreza y la seguridad pública.
De igual manera, el artículo 136,137 y 138 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León establece el funcionamiento de la Auditoría Superior del Estado como el organismo autónomo del estado que apoya al Congreso estatal en el desempeño de su función de fiscalización superior.
En esta tesitura, la Auditoría Superior de la Federación detectó supuestas irregularidades a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) por montos no solventados, los cuales corresponden a cinco causales:
• Pago de sueldos al personal superiores al tabulador autorizado
• Pago de facturas sin evidencia física de la existencia de bienes
• Pagos de contrato sin número para la renta de licencia de un software
• Entrega de equipo médico fuera de los plazos determinados y la contratación de diversos servicios no realizados.
De acuerdo con información periodística, la falta más grave en la que supuestamente incurrió la administración del entonces rector Rogelio Garza Rivera fue por un monto no solventado de 19 millones 978 mil pesos con la “renta de licencia de uso temporal del software Fielnet, firma electrónica avanzada para la autenticación de entrega de los títulos universitarios”.
Con información de la ASF y de medios de comunicación se desprende que dicha renta supuestamente se hizo con recursos de los Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales 2020, contrato sin número, y que no se formalizó al 31 de diciembre de 2020; adicionalmente se verificó con la visita física a las instalaciones de la Dirección de Tecnologías de la Información de la Universidad Autónoma de Nuevo León la no emisión de firmas electrónicas de esa licencia, ni el acreditamiento de las actividades de seguimiento llevadas a cabo por la mencionada dirección.
Derivado de lo anterior, se deben continuar las investigaciones necesarias en todas las áreas para determinar las responsabilidades de las y los funcionarios que pudieran continúar laborando en las instancias en donde la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado han encontrado supuestas irregularidades.
Con la finalidad de generar un clima de transparencia en los recursos públicos destinados a las instituciones, evitando la mala interpretación de la autonomía que goza la UANL para evitar o obscurecer la rendición de cuentas ante la ciudadanía y en especial a las y los alumnos de esta gran institución, referente regional, nacional e internacional.
Es imperativo que la UANL garantice que los recursos públicos ejercidos y destinados sean siempre en beneficio de las y los alumnos de tan importante institución, con el objetivo de continuar fortaleciendo la credibilidad de las instituciones y funcionarios públicos.
Por lo anterior, es necesario y pertinente el exhorto a la rectoría de la universidad, la intervención de la Auditoría Superior de la Federación y de la Auditoría del Estado de Nuevo León para revisar que la aplicación de los recursos públicos federales y locales sean ejercidos con completa transparencia y que las acciones de las autoridades universitarias favorezcan siempre a la comunidad universitaria y la sociedad neoleonesa.
Por lo expuesto y fundado, con la finalidad de continuar dotando de transparencia y credibilidad a todas las instituciones públicas, en especial a las de Nuevo León, y buscar implementar la certeza presupuestaria en relación con el uso correcto de los recursos provenientes de los impuestos de cada ciudadana y ciudadano, los que suscribimos, diputada Olga Leticia Chávez Rojas y diputado Mauricio Cantú González, sometemos a consideración de esta soberanía, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la rectoría de la Universidad Autónoma de Nuevo León a transparentar y rendir cuentas respecto de los recursos públicos asignados a la institución para este ejercicio de 2022 y lleve a cabo una exhaustiva investigación de los presupuestos asignados en ejercicios presupuestales anteriores, por lo menos desde el año 2019, hasta el año actual.
Asimismo, se exhorta a que garantice y compruebe que las adquisiciones y compras se hagan en el marco de precios competitivos de mercado y con una competencia libre, abierta y democrática entre todos los individuos o empresas interesadas en participar, comprobando que la oferta técnica y financiera son los factores determinantes para obtener un contrato.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a que intervenga en el ámbito de su competencia y atribuciones legales con las auditorías ya consideradas y las que sean necesarias para determinar la transparencia y correcto uso financiero de la Universidad Autónoma del estado de Nuevo León.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Estatal del Estado Libre y Soberano de Nuevo León para que, en el ámbito de su competencia y atribuciones legales intervenga con las auditorias consideradas y las que sean necesarias para determinar la transparencia y correcto uso financiero de la Universidad Autónoma delestado de Nuevo León.
Notas
1 Ley de Egresos del Estado de Nuevo León:
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/pdf/lxxvi/P.%2014735L XXVI%20LEY%20DE%20EGRESOS%20DEL%20EDO%2014122021.pdf
2 Anexos de la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León:
https://www.nl.gob.mx/sites/default/files/08._anexos_de_la_ley_d e_egresos_del_estado_de_nuevo_leon_para_el_ejercicio_fiscal_2022.pdf
3 Anexos paquete Fiscal 2021:
https://www.nl.gob.mx/sites/default/files/anexos_paquete_fiscal_ 2021.pdf
4 Ley de Egresos del Estado de Nuevo León para el Ejercicio Fiscal 2020:
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/LEY%20DE%20 EGRESOS%20DEL%20ESTADO%20EJERCICIO%20FISCAL%202020.pdf
5 Guía para el ciudadano ¿qué es y qué hace la Auditoría Superior de la Federación? (sf).Auditoria Superior de la Federación. Recuperado 10 de noviembre de 2021, de
https://www.asf.gob.mx/uploads/58_/LCiudadano_web.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2022.– Diputados: Olga Leticia Chávez Rojas y Mauricio Cantú González (rúbricas).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, A MANTENER LA AUTONOMÍA DEL INECC Y DEL IMTA
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a mantener la autonomía del INECC y el IMTA y a dar publicidad a la importancia de las funciones de ambos, suscrita por el diputado Enrique Godínez del Río, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Enrique Godínez del Río, diputado federal por el estado de Michoacán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 116 y 122, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo federal a mantener la autonomía del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y a no integrarlos a la estructura de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional del Agua, a darle publicidad a la importancia de las funciones que llevan a cabo ambos institutos y a tomar acciones más efectivas para garantizar la seguridad hídrica y para cumplir con los compromisos climáticos del país, lo anterior al tenor de las siguientes:
Consideraciones
A lo largo de este sexenio, el sector ambiental ha sufrido recortes presupuestales y cambios en su estructura, con el despido de empleados comprometidos con su trabajo y con amplia experiencia profesional, resultando en un sector debilitado bajo una constante amenaza e incertidumbre que le resta capacidad para cumplir con sus obligaciones.
El 17 de diciembre del año pasado sufrió un nuevo golpe. La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, y el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, confirmaron la reforma administrativa que resultará en la desaparición del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Supuestamente, las atribuciones y personal del INECC pasarán a formar parte de la Semarnat y en el caso del IMTA, sus actividades se sumarán a la estructura de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La Secretaria declaró que: “resulta necesario continuar la transformación y el fortalecimiento de las dependencias con alternativas que implican reformas administrativas profundas (..) y eficientar la labor para atender las causas de los problemas ambientales”. Mientras que el Presidente expresó que: “Entre más se ahorre, más dinero liberamos para el bienestar de la gente (...) Y no es un asunto administrativo, es un asunto de principios, no puede haber duplicidad de funciones”. 1
Ambas declaraciones han generado polémica, incertidumbre y desconfianza por parte del sector académico y la sociedad civil, así como en funcionarios públicos del propio gobierno federal ya que no se ha presentado información clara y concisa respecto a cómo quedarían integrados estos institutos dentro de las otras dependencias y si tendrían los recursos humanos, financieros y servicios administrativos que requieren para cumplir con las funciones que les otorga la legislación. La misma exdirectora general del INECC, María Amparo Martínez Arroyo, desconoce cómo será el proceso de integración.
El primero de enero la Conagua comunicó en su portal que ya inició dicho proceso y asegura que se robustecerá la administración y preservación de las aguas nacionales con políticas que fortalezcan el conocimiento y la innovación científica y tecnológica y que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores, tanto de oficinas como de laboratorios y demás instalaciones que opera el IMTA. 2 Sin embargo, se desconoce cómo será la nueva estructura, si continuarán el mismo número de servidores públicos, si seguirán realizando las mismas labores, si habrá reubicación de personal, cambios en los perfiles de las plazas, entre otras cosas. Tampoco hay información sobre el presupuesto que canalizará la Conagua o si se contará con otro tipo de apoyos económicos para garantizar lo que se promete en el comunicado.
Tanto la comunidad científica como asociaciones de la sociedad civil informadas sobre temas climáticos e hídricos, explican que esta simplificación orgánica es un golpe para gestionar desde el conocimiento técnico y científico la formulación de políticas, desarrolladas por organismos auxiliares que necesitan autonomía de gestión. Agregan que además de ser un “retroceso” en materia de derechos humanos, “se contrapone a principios jurídicos previstos en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano” para atender la crisis del cambio climático. 3
El pasado mes de noviembre se discutió y se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2022 y con ellos nos quedó claro que sí hay recursos económicos, pero que estos son asignados sin considerar las prioridades como es la seguridad hídrica y el combate a la emergencia climática.
Importancia de los institutos
El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático es un organismo de investigación del Estado mexicano que genera e integra investigación técnica y científica en materia de ecología y cambio climático, para apoyar la toma de decisiones. El Instituto fue creado con la entrada en vigor de la Ley General de Cambio Climático. 4
El INECC es de gran relevancia toda vez que funge como entidad de coordinación interinstitucional, así como con otras entidades de la república para que la política nacional incluya una perspectiva transversal en temas de bioseguridad, desarrollo sustentable, protección del medio ambiente; informes de la calidad del aire y del desempeño de las redes de monitoreo atmosférico de los estados, preservación y restauración del equilibrio ecológico y conservación de los ecosistemas y cambio climático.
Dentro las aportaciones del INECC se incluyen:
1. Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero.
2. Inventario Nacional de Sustancias Químicas y la Evaluación Inicial del Convenio de Minamata.
3. Atlas Nacional de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático
4. Índice Nacional de Calidad del Aire.
5. Apoyo en el Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos.
6. Apoyo en el desarrollo del Sistema de Comercio de Emisiones.
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua es un organismo público descentralizado que se aboca a enfrentar los retos nacionales y regionales asociados con el manejo del agua y a perfilar nuevos enfoques en materia de investigación y desarrollo tecnológicos para proteger el recurso y asignarlo de manera eficiente y equitativa entre los distintos usuarios. 5
Los objetivos del Instituto son:
1. Contribuir a la gestión sustentable del agua a través del conocimiento, la tecnología, la formación de recursos humanos y la innovación.
2. Incorporar al sector hídrico en la sociedad del conocimiento.
3. Crear un alto valor agregado para las instituciones del sector hídrico mediante el conocimiento, la creación y adaptación de tecnologías y el suministro de servicios tecnológicos altamente especializados.
4. Impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología del agua, en especial mediante la formación de personal altamente capacitado a nivel especialización y posgrado.
El IMTA dispone de capacidades y competencias específicas que le dan una ventaja competitiva y le permiten agregar valor a los productos y servicios que ofrece a sus clientes y usuarios.
Cuenta con más de 300 especialistas altamente capacitados en la atención de la problemática prioritaria del sector, muchos de ellos con más de 20 años de experiencia y con infraestructura de laboratorios, software y documental única en México.
Su visión es ser una institución líder y de clase mundial que propicie la transformación del sector hídrico e impulse la gestión sustentable del recurso agua en el país. Esta no podrá ser cumplida si no se garantiza su permanencia y su autonomía.
Realiza investigación prospectiva para prever futuros escenarios de oportunidades y riesgos en el sector hídrico. Sus temas de investigación abarcan: seguridad hídrica, calidad del agua y ecología, gobernanza del agua y sistemas hídricos.
El IMTA ha sido una institución clave para el cumplimiento de los derechos humanos al agua y a un medio ambiente sano.
Dentro las aportaciones del IMTA se incluyen:
1. Índices de Seguridad Hídrica a escala municipal
2. Propuesta de política nacional de manejo de aguas transfronterizas México-EUA
3. Sistema de Información de Tarifas de Agua Potable
4. Fortalecimiento de las capacidades en materia hídrica
¿Por qué es grave la desaparición de estos institutos?
Al integrar estos institutos de naturaleza técnica a la Semarnat y a la Conagua, dependencias con funciones principalmente de gestión, administrativas y política pública, se pierde la continuidad en las investigaciones que son la base para la toma de decisiones encaminadas al cumplimiento de la legislación y los compromisos internacionales en materia de manejo de los ecosistemas, mitigación y adaptación al cambio climático y el desarrollo tecnológico e innovación para los recursos hídricos.
Por si fuera poco, en el recientemente aprobado presupuesto de egresos, no se están considerando recursos adicionales para la integración de las funciones de estos institutos en otras dependencias de la administración pública federal.
Dentro de los mayores retos que enfrenta la humanidad son los relativos a la calidad y gestión del agua, debido a que se han convertido en factores limitantes para la salud e higiene de las personas, la producción de alimentos y las estabilidades social y política de los pueblos. 6
El agua es la base de todas las actividades económicas, el recurso para garantizar otros derechos como la salud, la educación, la vivienda y en general, el desarrollo humano de todos los mexicanos. Sin el IMTA buscando mejores alternativas para su distribución, uso, saneamiento y conservación será más difícil enfrentar la crisis del agua.
Por otro lado, todos sabemos que la emergencia climática es la mayor crisis que ha enfrentado la humanidad, sin el INECC a cargo de este enorme compromiso, no solo con los mexicanos, si no con todos los países parte de tratados internacionales y con la madre tierra, será imposible acercarse a los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y todas sus consecuencias que ya estamos viviendo, como los desastres naturales cada vez más intensos y frecuentes y las migraciones por la destrucción de ecosistemas y poblaciones humanas.
De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la arbitraria decisión de desaparecer al INECC envía un muy desafortunado e incongruente mensaje en cuanto al compromiso que el país tiene para combatir el cambio climático, justo a pocos días de haber concluido la Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), realizada en Glasgow, Escocia, donde México suscribió varias declaraciones para mitigar sus emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) 7 y donde México fue evidenciado como un país con políticas que no van en línea con el Acuerdo de París y por haber presentado en 2020 una Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) menos ambiciosa que la presentada en 2015.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo federal a mantener la autonomía del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y no integrarlo a la estructura de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo federal a detener el proceso de integración del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua a la Comisión Nacional del Agua y mantener su economía.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo federal a darle publicidad a la importancia de las funciones que lleva a cabo el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y a tomar acciones más efectivas para cumplir con los compromisos climáticos del país.
Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo federal a darle publicidad a la importancia de las funciones que lleva a cabo el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y a tomar acciones más efectivas para garantizar la seguridad hídrica del país.
Notas
1 Científicos y ONG rechazan desaparición del INECC y el IMTA
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Cientificos-y-ONG-re chazan-desaparicion-del-Instituto-Nacional-de-Ecologia-y-Cambio-Climatico-y-el- Instituto-Mexicano-de-Tecnologia-del-Agua-20211219-0020.html
2 https://www.gob.mx/conagua/prensa/da-inicio-el-proceso-de-integra-cion-entre-la -conagua-y-el-imta
3 Idem
4 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
https://www.gob.mx/inecc/que-hacemos
5 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
https://www.gob.mx/imta/que-hacemos
6 Regulación de los servicios de agua potable y saneamiento en México. IMTA, 2017.
https://www.imta.gob.mx/biblioteca/libros_html/regulacion-servic ios/files/assets/common/downloads/publication.pdf
7 Desaparecer al INECC y el IMTA debilita aún más la capacidad de México para proteger el medio ambiente y combatir el cambio climáticohttps://www.cemda.org.mx/desaparecer-al-inecc-y-el-imta-debilita-aun-m as-la-capacidad-de-mexico-para-proteger-el-medio-ambiente-y-combatir-el-cambio- climatico/
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 7 de enero de 2022.– Diputado Enrique Godínez del Río (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL Y AL SIPINNA, A FORTALECER LAS ACCIONES PARA ABATIR LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL EN LA PRIMERA INFANCIA
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y el Sipinna a fortalecer las acciones para abatir la pobreza multidimensional en la primera infancia, suscrita por la diputada Sayonara Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Sayonara Vargas Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados: y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguientes
Consideraciones
I. La primera infancia constituye el periodo de la vida, de crecimiento y desarrollo comprendido desde la gestación, hasta los 7 años aproximadamente y que se caracteriza por la rapidez de los cambios que ocurren. Esta primera etapa es decisiva en el desarrollo del ser humano, pues de ella va a depender toda la evolución posterior del niño en las dimensiones motora, lenguaje, cognitiva y socioafectiva, y definirá las habilidades que una persona tendrá el resto de su vida, así como también, le permitirán desenvolverse para alcanzar su pleno potencial en el futuro.
Esto implica una atención integral para las madres en gestación y posteriormente a niñas y niños durante dicho periodo, con un acceso efectivo a las condiciones mínimas de bienestar como son: educación, servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda y acceso a la alimentación, ya que la ausencia de cualquiera de estas, afectaría gravemente su desarrollo físico, socioemocional y cognitivo, causando severas dificultades en la escuela, en el trabajo y en sus relaciones sociales de por vida.
En efecto, la Organización de los Estados Americanos, sostiene que es de vital importancia orientar a las mujeres embarazadas acerca del desarrollo cerebral de su bebé en la etapa prenatal, ya que su estado de salud y también su bienestar emocional, pueden influir y perfilar este proceso. Al respecto, cabe señalar que, aunque las corrientes sanguíneas de la madre y su hijo están separadas por la barrera placentaria, existen varias sustancias que pueden traspasar esta barrera, influenciando el desarrollo cerebral del feto (los nutrientes, vacunas, drogas, vitaminas, alcohol, nicotina, entre otros).
Asimismo, es necesario considerar que hay otros factores de riesgo que pueden influir en el desarrollo del bebé: edad y estado nutricional de la madre, rayos X, enfermedades y desórdenes maternos, herpes genital, enfermedades virales, toxemia del embarazo, factor RH negativo en la sangre, estado emocional de la madre, estrés, enfermedades genéticas del padre, transmisión de virus del padre a la madre y la salud paterna.
Las experiencias de la madre durante esta etapa determinan, favorablemente o no, las fases posteriores del desarrollo del nuevo ser humano. Las exposiciones a sustancias nocivas, tóxicas o radiactivas durante la etapa prenatal dañan e interrumpen irreversiblemente el normal desarrollo del sistema nervioso - y esto se debe a que la señalización y la regulación de la expresión genética durante la fase temprana del desarrollo neural son vulnerables a los efectos de las mutaciones genéticas, por lo que las acciones de muchos fármacos y toxinas pueden comprometer la formación y organización de un sistema nervioso normal.
La insuficiencia o el exceso de nutrientes elementales durante los primeros meses de vida intrauterina disminuye significativamente la consolidación de estructuras nerviosas en el feto, mientras que una nutrición adecuada en la vida temprana y en el desarrollo postnatal permite el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje en posteriores etapas.
La nutrición fetal prepara el escenario para la función del cerebro en la vida posterior al nacimiento; de allí la importancia de una buena nutrición materna. El ácido fólico es esencial para la formación de nuevas células, pues promueve las enzimas que ayudan a la producción del material genético. Su ingesta es importante, principalmente, en la etapa anterior e inicial del embarazo, ya que en las primeras semanas de este se inicia la neurogénesis, y el cerebro empieza a desarrollarse.
En ese sentido, una vez que nace el producto, es de capital importancia tener en cuenta en el desarrollo y maduración cerebral del infante a la nutrición. El cerebro de los niños requiere de determinados nutrientes (cierto tipo de ácidos grasos), además del agua, glucosa, sal, entre otros, para cumplir con funciones esenciales como la neurotransmisión y la neurogénesis, así como para protegerse contra el estrés oxidativo. Cabe resaltar que, indiscutiblemente, el alimento más completo y rico en todos los aspectos para los bebés es la leche materna. Investigaciones realizadas han demostrado que los ácidos grasos encontrados en la leche materna son ideales para el desarrollo del sistema nervioso, además de poseer cualidad inmunitaria y psicológica.
Para la etapa posnatal, ya podemos observar aspectos importantes que van perfilando el desarrollo infantil, como algunas características anatómicas, funcionales y sensoriales que reflejan el nivel de desarrollo del sistema nervioso del neonato.
Después del nacimiento, las experiencias del día a día del bebé van a jugar un papel importante en el desarrollo de su cerebro. El número de nuevas sinapsis se incrementa de forma exponencial en el periodo postnatal, especialmente durante las primeras dos semanas de vida. En esta etapa del desarrollo, la producción de nuevas neuronas (neurogénesis) y la conexión entre ellas (sinaptogénesis) aumentan la posibilidad de modificación en la función cerebral (plasticidad cerebral), que depende principalmente de las primeras experiencias.
Por esta razón, una buena educación, información y atención de los padres durante la primera infancia es crucial para la maduración del cerebro, especialmente para las estructuras encargadas de la afectividad y la memoria.
Los seres humanos requerimos de una experiencia posnatal significativa para adaptarnos al nuevo entorno y aprender una forma de comunicación que nos permita sobrevivir en él.
Los últimos estudios realizados por la OEA, señalan que las canciones de cuna, las conversaciones de la mamá con su bebé, su tono y timbre de voz desde los momentos iniciales de la vida ayudarán al bebé a producir y decodificar los sonidos del habla que constituirán la base del lenguaje, pues las experiencias del día a día modificarán los circuitos neuronales durante los periodos denominados críticos para el aprendizaje del lenguaje hablado.
El rol del afecto en esta etapa temprana, además del sueño y la nutrición, es fundamental para la maduración neurobiológica y el desarrollo emocional, motriz y cognitivo de los niños. Actualmente, ya sabemos de la importancia del vínculo afectivo desde el inicio de la vida, que permite al bebé adaptarse al entorno, regular su ansiedad, confiar en sí mismo, buscar su autonomía y, principalmente, regular el funcionamiento de todas las estructuras cerebrales relacionadas con las emociones y el comportamiento.
De acuerdo con el estudio realizado por Kurt Fischer, desde el nacimiento hasta aproximadamente los 25 años, el cerebro presenta una serie de “estirones” reflejados, por ejemplo, en el crecimiento de la cabeza, la actividad cerebral y la densidad de las conjunciones sinápticas entre las ramificaciones dendríticas, por mencionar algunas.
Según Fischer, durante los tres primeros meses de vida hay tres “estirones”, cada uno acompañado por nuevas habilidades relacionadas a los instintos primitivos y los reflejos de supervivencia. Cada una de las experiencias vividas durante estas etapas, y en las posteriores que se presenten, prepararán y conducirán al cerebro hacia un nuevo “estirón”.
Para ilustrar lo anteriormente dicho, Fischer nos invita a considerar los siguientes ejemplos: entre la tercera y cuarta semana de vida, el bebé puede seguir objetos con su vista y tratar de agarrar aquellos que son puestos en su mano. Entre la séptima y octava semana el bebé empieza a actuar por reflejos, de tal manera que al escuchar la voz de su madre o padre dirigirá sus ojos hacia el origen del sonido, y al ver un objeto que llame su atención, tratará de agarrarlo con su mano. Entre la décima y décimo primera semana, ya no sólo dirigirá sus ojos hacia su madre al escuchar su voz, sino que tratará de responderle con una sonrisa o algún otro gesto o movimiento; de igual manera, al ver aquel objeto de su agrado abrirá los dedos tratando de alcanzarlo.
Investigaciones realizadas por la Child Trauma Academy demostraron que las experiencias desfavorables durante la infancia —como la violencia familiar, la negligencia, el abuso, el maltrato y hasta la depresión de los padres— pueden afectar de manera traumática a un niño, ejerciendo una fuerte influencia en su salud mental o, en grados más elevados, provocando una contención del desarrollo de su cerebro.
Los estudios realizados en los orfanatos sobrepoblados de Rumania (Ames, 1997) —donde cientos de bebés y niños pasaron la mayor parte de su tiempo echados, hambrientos, sin relaciones interpersonales, sin comunicación, sin juego y atención adecuada— dieron a conocer que la mayoría de los niños de dos y tres años no caminaban, no hablaban ni jugaban. Sus cerebros escaneados mostraban inactividad en los lóbulos temporales, responsables de varias habilidades auditivas, lingüísticas, y emocionales. Muchos de ellos, aunque adoptados por familias canadienses, no lograron un desarrollo acorde a la edad cronológica.
Indudablemente, las investigaciones acerca del desarrollo del cerebro, han demostrado que es justamente en la primera infancia donde se asientan las bases para funciones cerebrales superiores como la memoria, el razonamiento lógico, el lenguaje, la percepción espacial y visual, la discriminación auditiva, entre otras. De la misma forma, es también en la primera infancia que se construye la plataforma para el desarrollo de los talentos. Entender el proceso de desarrollo cerebral y los principios regidos por el sistema nervioso relacionados con el aprendizaje y la conducta, marcará una enorme diferencia en el rol de los padres y educadores con relación al desarrollo de los talentos.
Teniendo en cuenta que todas estas experiencias van a influenciar en el cerebro del infante, es de suma importancia propiciar oportunidades, recursos y ambiente adecuados, ya que en pocos años los niños y niñas tendrán que aprender muchas cosas: escuchar, hablar, caminar, escribir, leer, interpretar el mundo que los rodea, seleccionar, clasificar, inferir, entre tantas otras capacidades, base para todos los aprendizajes posteriores.
Lo anterior, son factores que deben ser tomados en cuenta en la implementación de políticas públicas y sociales, puesto que todo ello conforma un conglomerado que repercutirá en el bienestar de las niñas y niños en su primera infancia.
II. El Estado mexicano tiene una serie de obligaciones contraídas por compromisos internacionales, uno de ellos, suscrito ante la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) es la de Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la generación de los bicentenarios, en la que se concluyó que de muy poco servirían los esfuerzos en mejorar la calidad de la educación si millones de niños continúan pasando hambre y no acceden a un puesto escolar hasta los cinco o seis años, razonamiento que puso de relieve la importancia de atención a la primera infancia.
En efecto, a decir de la OEI, la pobreza, y sobre todo la pobreza extrema de las familias, tiene un efecto devastador en la infancia, pues conduce a la desnutrición, con sus secuelas en la salud de los niños, en su desarrollo y en su aprendizaje. En la región, la desnutrición global afecta al 7,2 por ciento de los menores de cinco años, lo que supone casi cuatro millones de niños. La tasa de escolarización de niños de cinco años no llega al 50 por ciento en varios países, lo que indica que en las edades anteriores el porcentaje es bastante menor.
Económicamente, resulta más costoso e incluso irreversible para una sociedad, la falta de intervención oportuna durante la primera infancia; las niñas y niños que crecen con los cuidados adecuados, constituyen una fuerza de cambio social positiva que da lugar a una sociedad más educada, fuerte y de mayor cohesión; en cambio, la malnutrición, las enfermedades, pobreza y el rezago social solo traen consigo personas desvalidas y con menores oportunidades intelectuales, psicomotrices y con problemas de sociabilidad, especialmente para quienes se encuentran en condiciones adversas y son más propensas a caer en la desigualdad social.
Con la aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en 2014, que derivó en la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en 2015, se logró un importante avance en la adecuación normativa e institucional de protección a la niñez.
Sin embargo, persiste una enorme desigualdad en México para millones de niños y niñas que cursan por la Primera Infancia que no pueden acceder efectivamente a las condiciones mínimas de bienestar, como lo establece el último informe de la estimación de la pobreza multidimensional 2018-2020 emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en el que pone en evidencia los yerros de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (Enapi), planteada por el Sipinna, que refleja que no está siendo diseñada, focalizada, implementada, y reformulada adecuadamente en sus líneas de acción para atender a las niñas y niños de Primera Infancia en México, dejándoles desprotegidos, como lo reflejan los siguientes datos: 1, 2
- De la población en México en condición de pobreza, 54.3 por ciento corresponde a niñas y niños de primera infancia; es decir, más de la mitad, sufre esta condición.
- Los menores de 6 años son los más afectados de la población en pobreza extrema (11.8 por ciento) con 3 o más derechos sociales vulnerados.
- En 20 de 32 entidades federativas (62.5 por ciento) se incrementó el porcentaje de niños en primera infancia en condición de pobreza entre 2018 y 2020.
- Mientras, entre 2018 y 2020 en 26 de 32 entidades federativas (81.2 por ciento) se incrementó el porcentaje de niños en pobreza extrema que cursan por la primera infancia.
A escala nacional
- 1 de cada 2 niñas y niños menores de seis años se encuentra en condición de pobreza multidimensional.
- 6 de cada 10 niñas y niños menores de 6 años carecen de seguridad social.
A su vez, incrementaron en la primera infancia los indicadores de
- Situación de pobreza: 52.5 por ciento - 54.3 por ciento.
- Pobreza extrema: 9.9 por ciento - 11.8 por ciento.
- Rezago educativo: 12.9 por ciento - 14.8 por ciento.
- Carencia de acceso a servicios de salud: 17.6 por ciento - 31.1 por ciento
- Carencia de acceso a alimentación de calidad: 23.7 por ciento - 24.3 por ciento.
Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 3 de 2017 muestran que
- Tres cuartas partes (73.3 por ciento) de los 48 millones de mujeres de 15 años y más han sido madres, esto es 35.2 millones.
- El 41.1 por ciento de las madres de 15 años y más no cuenta con educación básica terminada, cifra que duplica a quienes no son madres (20.5 por ciento). En contrapartida, solo 23.9 por ciento de las madres tiene educación media superior o superior, frente a 42.5 por ciento de las mujeres que no son madres.
- Para las mujeres de 30 años y más, la proporción de quienes han tenido al menos un hijo nacido es de 90.2 por ciento, lo que nos indica que el ser madres es un hecho que forma parte de la gran mayoría de las mujeres en nuestro país. De ellas, 38.0 por ciento tienen de uno a dos hijos e hijas; casi la mitad (47.1 por ciento) entre tres y cinco hijas e hijos, y 14.9 por ciento de ellas tienen seis o más.
- Para las mujeres hablantes de lengua indígena, la Tasa Global de fecundidad es de 2.98 hijos por mujer; para las mujeres sin instrucción escolar es 3.30 hijos por mujer, en tanto que para aquellas con instrucción media superior y superior es de 1.79.
- La proporción de embarazos no planeados o no deseados aumentó de 33.4 por ciento en 2009, a 36.5 por ciento en 2014, incremento que es mayor entre los grupos de edad más jóvenes: entre las adolescentes de 15 a 19 años de edad que se encontraban embarazadas al momento de la encuesta, aumentó de 40.4 por ciento a 48.5 por ciento en el lapso mencionado; mientras que entre las mujeres de 20 a 24 años pasó de 32.6 por ciento a 38.3 por ciento.
Lo anterior, nos indica que es necesaria la intervención del Estado en materia de políticas públicas que intervengan en el curso educativo, nutricional y de desarrollo social, con perspectiva de género e interculturalidad, durante la gestación del producto, pues el sector poblacional femenino, tiene características diversas que hacen indispensable una planeación diferenciada para los sectores urbanos, rurales e indígenas.
La ENAPI debe ser reformulada para contemplar la atención de la primera infancia desde la etapa de gestación, pues la estrategia contempla este periodo de crecimiento, de manera superficial como un aspecto “recomendable”, pero como ya se expuso en líneas anteriores, la OEA y la OEI ponen énfasis en la atención de la madre gestante, por los aspectos nutricionales, intelectuales y de crecimiento integral del producto, que de no atenderse, ponen en riesgo el adecuado crecimiento y desarrollo del niño en los primeros meses de vida.
La pobreza multidimensional desempeña un papel importante, y se acrecienta en regiones históricamente segregadas, como refleja la estimación de pobreza multidimensional de 2018-2020 del Coneval, que señala que los índices más altos los tiene Chiapas, con 36.3 por ciento; Guerrero, 33.8; Oaxaca, 25.6; Veracruz, 16.9; y Campeche, 16.9.
Lo anterior es de suma importancia atenderlo con prontitud, pues debemos entender que somos una federación, y somos tan fuertes o tan débiles como la entidad federativa con mayores carencias y atrasos, por lo que no podemos voltear la vista y desentendernos de lo que están sufriendo los infantes y las madres en gestación en estas regiones.
Las políticas sociales ya no pueden estar basadas únicamente en criterios unidimensionales sin corresponsabilidad para las y los beneficiarios. Es necesario que se vuelvan a implementar mecanismos que condicionen los apoyos sociales, al cumplimiento de obligaciones sociales de los beneficiarios, entre los que se incluyen la educación y capacitación de las mujeres en situación de embarazo, con el fin de que el producto cuente con mejores condiciones de nacimiento y crecimiento durante la primera infancia.
De no corregirse el rumbo y el mecanismo de implantación de políticas sociales, se corre el riesgo de tener infantes desnutridos, con bajo nivel intelectual y desarrollo psicomotriz, lo que por consecuencia va a acarrear jóvenes y adultos con bajo rendimiento integral, y fuerza laboral física e intelectualmente deficiente, lo que va a acentuar la brecha social a futuro entre los que no tienen nada y los que tienen todo.
México cuenta con las necesidades operativas e institucionales para avanzar en la cobertura de derechos fundamentales de la primera infancia, pero los indicadores señalan que parecieran invisibles para la política social de México; por lo que es necesario que desde el Ejecutivo federal, el Sipinna y sus miembros integrantes tomen acciones para una mayor y mejor coordinación de las instancias y niveles del gobierno, así como la articulación de nuevos programas, estrategias y acciones con una verdadera focalización de este sector, la primera infancia.
Finalmente, la pandemia del covid-19 (coronavirus) representa una amenaza para el avance de la educación en todo el mundo y particularmente con los infantes ubicados en la etapa de la primera infancia, debido al cierre de los centros escolares. Por ello se deben realizar esfuerzos importantes para contrarrestar sus efectos, como lo son la pérdida de aprendizajes, un aumento en la deserción escolar y mayor iniquidad.
Por lo que se refiere a la formación escolar que abarca el primer ciclo de educación infantil, el preescolar y los primeros años de la primaria, es una etapa fundamental para el desarrollo físico y emocional de los niños y niñas, en esta etapa se logra promover la igualdad de género y se tiene un gran impacto en la equidad y reducción de la desigualdad y la pobreza infantil, es en esta etapa en donde se asientan las bases de la personalidad y del desarrollo, es en la primera infancia en donde se construyen los pilares que sostendrán el crecimiento y desarrollo de los niños.
Sin duda, las escuelas de preescolar han tenido que reinventarse para seguir ofreciendo apoyo a las familias, y de manera más reciente y en la medida que se avanza hacia un retorno a las clases de manera presencial, las instituciones educativas necesitan asegurarse de que ello se de en entornos seguros, que se logre atender la deserción y que se comience con la recuperación de aprendizajes.
En estas condiciones, la reapertura de los planteles es complejo, por lo que se debe estar preparados para que esto se de manera escalonada y gradual, teniendo presente posibles ciclos de nuevos cierres debido a incrementos en los contagios, es por ello que las acciones que se definan como parte de la política pública en este ámbito deben estar encaminadas a una mayor y mejor coordinación entre las diferentes instancias y niveles de gobierno involucradas, así como de una mejor articulación de los programas, estrategias y acciones por implantar.
Por lo expuesto someto a consideración la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a los integrantes del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes a reformular la Estrategia Nacional de Atención a la Primera infancia, con el objetivo de considerar la atención a la Primera Infancia desde la gestación, y adecuar los mecanismos de políticas públicas en virtud de evidenciar un bajo rendimiento en los indicadores de estimación de pobreza multidimensional 2018-2020 del Coneval.
Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a los integrantes del Sistema Nacional De Protección Integral De Niñas, Niños Y Adolescentes a generar un plan emergente para abatir pobreza extrema en niñas y niños de primera infancia en los Estados de Chiapas, G uerrero, Oaxaca, Veracruz y Campeche en razón de ser las entidades que cuentan con una mayor estimación de pobreza multidimensional.
Tercero. Se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Salud a implementar un programa de talleres y cursos, que incluyan monitoreo de los avances y progresos, así como la distribución de suplementos alimenticios a mujeres embarazadas, en lactancia y a niños y niñas de 6-59 meses de edad, con el objeto de garantizar el adecuado desarrollo de la Primera Infancia.
Cuarto. Se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Educación a la ampliación de la Estrategia Nacional para el Regreso a Clases Presenciales en las Escuelas de Educación Básica, para contar con un programa específico que favorezca la incorporación escalonada y progresiva a las clases presenciales de los niños que se encuentran en el nivel de preescolar y los primeros años de la primaria en sus diferentes modalidades (indígena, comunitaria y general), teniendo como referencia la matrícula por plantel, los espacios y recursos disponibles y la naturaleza de los aprendizajes, a fin de garantizar el acceso a la educación de calidad y con ello contribuir al desarrollo de la primera infancia.
Quinto. Se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Salud a implantar un programa de vacunación ante el covid-19 para los niños de 5 años o menos, con el propósito de garantizar su salud y su incorporación a las clases presenciales y con ello contribuir al correcto desarrollo de la primera infancia.
Notas
1 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Medición multidimensional de la pobreza en México 2018-2020. México, 5 de agosto de 2021. Disponible en Medición de pobreza 2018-2020 (coneval.org.mx)
2 Pacto por la Primera Infancia. 2021. Hallazgos preliminares sobre la clasificación de pobreza en primera infancia: un análisis del Pacto por la Primera Infancia a partir de los datos del Coneval, México: Pacto por la Primera Infancia.
3 https://www.gob.mx/inmujeres/articulos/las-madres-en-cifras
Palacio Legislativo San Lázaro, a 7 de enero de 2022.– Diputada Sayonara Vargas Rodríguez (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
SE SOLICITA A LA SSPC, UN INFORME DE LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN, EQUIPAMIENTO Y AMUEBLADO DEL COMPLEJO PENITENCIARIO FEDERAL PAPANTLA, VERACRUZ
Proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SSPC, un informe sobre los avances de la obra “construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario Federal Papantla, Veracruz”, suscrito por la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena.
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y diversas autoridades de salud a establecer protocolos de actuación para erradicar la violencia obstétrica, suscrita por la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Yolanda de la Torre Valdez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento lo dispuesto en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
I. Conceptualización
Según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) 1, la violencia obstétrica se define como una forma específica de violencia ejercida por profesionales de la salud hacia las mujeres embarazadas, en labor de parto y el puerperio.
Agrega que este tipo de violencia constituye una violación a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, a partir del maltrato físico y verbal, así como la práctica injustificada de cesáreas.
Detalla que entre las situaciones de violencia que experimentan las mujeres durante la atención obstétrica, se encuentran:
1. Maltrato físico.
2. Humillación y abuso verbal.
3. Procedimientos autoritarios para imponer un método anticonceptivo a las mujeres o para realizar una cesárea.
4. Violación a la confidencialidad.
5. Violación a la privacidad.
6. Obtención de consentimiento de forma involuntaria o con deficiencia en la información.
7. Negación al tratamiento.
8. Detención de las mujeres y los recién nacidos en las instalaciones debido a la imposibilidad para pagar.
Por su parte la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2, refiere que La violencia obstétrica se genera con el maltrato que sufre la mujer embarazada al ser juzgada, atemorizada, humillada o lastimada física y psicológicamente.
Enlista parte de los actos constitutivos de violencia obstétrica:
1. Practicar el parto por cesárea, existiendo las condiciones para realizar un parto natural, sin el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.
2. Obligar a parir acostada y/o inmovilizada;
3. Negar u obstaculizar la posibilidad de cargar y amamantar al bebé o la bebé inmediatamente al nacer; y
4. No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas.
Ante los constantes casos de violencia obstétrica la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, han realizado las siguientes recomendaciones para un parto en condiciones dignas.
• Para el bienestar de la nueva madre, un miembro elegido de su familia debe tener libre acceso durante el parto y todo el periodo postnatal.
• Las mujeres que dan a luz en una institución deben conservar su derecho a decidir sobre vestimenta (la suya y la del bebé), comida, destino de la placenta y otras prácticas culturalmente importantes.
• El recién nacido sano debe permanecer con la madre siempre que sea posible.
• Debe recomendarse la lactancia inmediata, incluso antes de que la madre abandone la sala de partos.
• Después de una cesárea debe recomendarse normalmente un parto vaginal.
• La ligadura de las trompas de Falopio no es una indicación de cesárea.
• La monitorización fetal electrónica sólo debe efectuarse en casos cuidadosamente seleccionados.
• Se recomienda controlar la frecuencia cardiaca fetal.
• No está indicado rasurar el vello pubiano o administrar un enema antes del parto.
• Debe recomendarse caminar durante la dilatación, y cada mujer debe decidir libremente qué posición adoptar durante el expulsivo.
• No está justificado el uso sistemático de la episiotomía.
• La inducción del parto debe reservarse para indicaciones médicas específicas.
• Durante el expulsivo debe evitarse la administración rutinaria de analgésicos o anestésicos.
• No está justificada la rotura precoz artificial de membranas como procedimiento de rutina.
• Se requieren más estudios para valorar cuál es el mínimo de ropa especial que deben llevar quienes atienden al parto o al recién nacido.
Roberto Castro y Sonia M. Frías, miembros del Centro Regional Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM, UNAM), y autores de Violencia obstétrica en México: resultados de la ENDIREH 2016, puntualizan que la violencia obstétrica incluye gritos, ofensas, amenazas, omisiones y castigos, así como procedimientos autoritarios para imponer un método anticonceptivo a las mujeres o para realizar una cesárea, a los cuales se ha llamado “atención no autorizada”.
Aunque hay múltiples definiciones de violencia obstétrica, en términos generales, ésta puede ser concebida como aquella que es ejercida por el profesional de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. Por otro lado, además de representar una violación a los derechos reproductivos de las mujeres, también trasgrede otros como son el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a la información, a la integridad, y por supuesto, a la salud.
II. Estadísticas
la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2016) 3, nos permite vislumbrar la magnitud del problema, ya que los resultados son alarmantes.
• Sufrió gritos y regaños durante el parto (11.2 por ciento)
• Dijo que el personal se tardó “mucho en atenderla porque decían que gritaba o se quejaba mucho” (10.3 por ciento).
• Fue ignorada cuando preguntaba sobre el parto o su bebé (9.9 por ciento)
• Fue obligada a permanecer en una posición incómoda o molesta (9.2 por ciento)
• Sufrió ofensas y humillaciones del personal (7 por ciento)
• Señaló que el personal se negó a anestesiarla o ampliar el bloqueo para disminuir el dolor, sin dar explicaciones (5 por ciento)
• Tras el parto, le impidieron ver, cargar o amamantar a su bebé, durante más de 5 horas y sin causa alguna o sin que les informaran qué causó la tardanza (3.2 por ciento)
• Fue presionada para que le pusieran un dispositivo o la operaran para ya no tener hijos (9.2 por ciento)
• Se les realizó alguno de estos procedimientos, sin avisarles o sin su consentimiento (4.2 por ciento)
• Reportó haber sido obligada a firmar un papel sin conocer de qué se trataba (1.7 por ciento)
• Mujeres que tuvieron cesárea, y no se les informó con claridad que era necesaria (10.6 por ciento) y 9.6 por cento no otorgó su autorización.
En cuanto a los nacimientos por cesárea durante 2020 se tiene registro que por primera vez se superó a la cifra de partos naturales, llegando a ser más de 50 por ciento, de acuerdo con datos preliminares del Subsistema de Información sobre Nacimientos (Sinac) de la Secretaría de Salud. Esto a pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que dicho método no supere 15 por ciento de los nacimientos en un país.
III. Justificación
“Pregunté por la causa de la muerte de mi bebé, pero no quisieron darme ninguna explicación”, “Recuerdo vagamente que me dio una hoja de papel para firmar y tomó mi mano para poner mi huella digital sin ninguna explicación”, “Si estuviste buena para embarazarte tienes que aguantar el dolor del parto”, “No entiendo por qué no me dejaron respirar y hacerlo sola”, “tú eres muy bajita y por eso necesitas una cesárea”, “No podía soportar el dolor y ahí me enteré de lo que me habían hecho”, “No me dejaron elegir como parir”.
Son solo algunas de las historias de mujeres que han vivido algún tipo de violencia durante el embarazo, en labor de parto o en el puerperio, no son casos aislados, ya la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calificó en 2019 a la violencia obstétrica como un fenómeno generalizado, y la Organización Mundial de la Salud la ha calificado como una clara violación de los derechos humanos de las mujeres.
La violencia se ha vuelto sistémica, desde posiciones de poder se siguen reproduciendo prácticas que van en contra de recomendaciones internacionales y nacionales, se vulneran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y se atenta contra el interés superior de la niñez, basta con revisar los testimonios de mujeres que padecido violencia obstétrica o con revisar los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares para darnos cuenta de que las mujeres son violentadas durante cada una de las etapas en el camino que representa volverse madres, quitándoles momentos de alegría para llenarlas de momentos amargos.
Lo preocupante es el aumento acelerado de partos mediante cesaría durante la pandemia, llegando a superar más de 50 por ciento, por encima de los partos naturales, situación que debe atenderse, considerando que estamos lejos de lo recomendado por Organización Mundial de la Salud (15 por ciento).
Por tal motivo es impostergable que eliminemos toda clase de violencia contra las mujeres y en especial la violencia obstétrica, concientizando al personal médico, estableciendo protocolos de actuación, pero sobre todo dando seguimiento a las políticas, acciones y estrategias encaminadas a resolver esta sensible problemática.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la a la Secretaría de Salud, y a sus homologas en las 32 entidades federativas, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que, en el ámbito de sus atribuciones establezcan protocolos de actuación para erradicar la violencia obstétrica.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la a la Secretaría de Salud, y a sus homologas en las 32 entidades federativas, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que, en el ámbito de sus atribuciones realicen un informe detallado de las políticas, acciones y estrategias que han implementado en la materia a raíz de las recomendaciones y exhortos que se han realizado al sector salud.
Notas
1 Recuperado en
https://www.insp.mx/avisos/5138-dia-violencia-mujer-obstetrica.h tml
2 Retomado en
https://www.gob.mx/conavim/articulos/sabes-en-que-consiste-la-vi olencia-obstetrica?idiom=es
3 Retomado en
https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2022.– Diputada Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profeco a establecer medidas de estricta vigilancia para garantizar a los usuarios de gas natural tarifas objetivas y proporcionales al consumo real, así como continuar el seguimiento puntual de la acción colectiva en sentido estricto 314/2019 con el propósito de resarcir las pérdidas económicas sufridas por clientes de Naturgy, suscrita por la diputada Lidia Pérez Barcenas, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Lidia Pérez Bárcenas, diputada a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
El gas natural es un combustible que se distribuye por medio de tuberías localizadas bajo tierra que llegan hasta la vivienda. El gas natural se utiliza tanto para el consumo doméstico, así como combustible industrial y de automotores.
Derivado de su forma de distribución, el sector del gas natural residencial constituye un monopolio, esto se debe a su infraestructura de producción y al alto nivel de inversión que exige. En el mismo sentido, podría pensarse que el gas natural compite con bienes como la electricidad o el gas licuado de petróleo; sin embargo, es altamente costoso pasar de una fuente de energía a otra pues, el usuario, tendría que hacer el cambio de su línea blanca, presumiéndose así, una barrera de entrada. Por esto, es que los órganos reguladores establecen vigilancia estricta en la relación de estas empresas con sus clientes y fijan tarifas máximas o precios que limitan la intención de obtener ganancias extraordinarias a partir de su poder de mercado.
Dicho lo anterior, es evidente que, ante los abusos de una empresa de gas natural, el usuario difícilmente puede ejercer su derecho de libre elección para cambiar de proveedor debido a la composición de la red de distribución. Adicionalmente, no sería sencillo mudarse de fuente de energía pues el cliente estaría obligado a adquirir línea blanca de diferente tecnología causándole un fuerte desembolso, evitando con ello la sustitución de esta fuente de energía.
Recapitulando, en caso de recibir un mal servicio por parte del proveedor de gas natural, el cliente queda incapacitado para ejercer el derecho que el mercado le confiere de adquirir bienes aparentemente sustitutos, por lo que se ve obligado a recurrir a los reguladores del sector o, en su caso, con aquellas instituciones que protegen los derechos del consumidor.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mediante la Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares 1 (Encevi) 2018, el consumo de energía en el sector residencial da cuenta de una cuarta parte del consumo final total mundial de energía y se integra por aquellas actividades de uso final del consumo de energéticos en viviendas particulares: la cocción de alimentos, iluminación, refrigeración, calentamiento de agua, calefacción y enfriamiento de espacios, además del uso de electrodomésticos.
El análisis realizado por dicha institución sobre México, consta de un tamaño de muestra de 32 mil 47 viviendas proyectada a 33 millones de hogares lo que se traduce en usuarios y de estos, según el propio estudio, sólo 7.3 por ciento utilizan gas natural, es decir, 2 millones 409 mil.
De acuerdo a la Asociación Mexicana de Gas Natural, hoy en día existen seis compañías distribuidoras de gas natural en México para el uso doméstico. Cada una de las empresas de gas natural cuenta con servicio en diferentes ciudades y zonas del país. 2
• Gas Natural Naturgy México SA de CV. Mejor conocida como Gas Natural Fenosa o Gas Natural México forma parte de un grupo multinacional del sector energético presente en más de 30 países. Son pioneros en la distribución de gas natural y la generación de electricidad ofreciendo servicio a hogares, comercios e industrias en nueve zonas del territorio mexicano. La empresa de gas natural Gas Natural Naturgy México SA de CV México proporciona sus servicios a más de 1.8 millones de hogares y comercios en las siguientes zonas del país: Aguascalientes, Ciudad de México, Celaya, Irapuato, León, Monterrey, Nuevo Laredo, Saltillo, San Luis Potosí, Toluca y Zacatecas.
• Gas Natural del Norte. La empresa Gas Natural del Norte también es conocida como Gas Natural Juárez y ofrece sus servicios de suministro tanto para el uso doméstico como para el consumo industrial en Ciudad Juárez, Nuevo Casa Grandes y Ciudad Cuauhtémoc.
• Ecogas. Forma parte de una de las primeras compañías de gas natural en invertir en el mercado energético en el país. Es una de las compañías líder en la industria de gas natural dentro de cuatro ciudades del norte de la República Mexicana como son: Chihuahua, Torreón, Durango y Mexicali.
• Engie. Esta compañía de gas natural está dedicada a la distribución y transporte de dicho combustible cubriendo varias de las zonas industriales importantes del país y su distribución para el uso doméstico se encuentra disponible en las siguientes ciudades: Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Querétaro, Matamoros, Reynosa, Tampico. Tlaxcala y Mérida.
• Mexicana de Gas. Esta compañía es una empresa cien por ciento mexicana dedicada a la comercialización de gas natural residencial, comercial e industrial ofrece sus servicios de suministro de gas natural en el estado de Nuevo León dentro del área metropolitana de Monterrey.
• Gas Natural del Noreste. Gas Natural del Noreste es una compañía mexicana de servicios de gas natural que forma parte de Grupo SIMSA y ofrece sus servicios en: Hermosillo, Torreón, Texcoco, Naucalpan y Pachuca.
De las empresas mencionadas, “Gas Natural Naturgy México SA de CV”, anteriormente conocida como “Gas Natural Fenosa”, manifiesta en su sitio de internet que cuenta con alrededor de 2 millones de usuarios en 56 ciudades de la República Mexicana, mientras que la Asociación Mexicana de Gas Natural señala que dicha empresa cuenta con 1.8 millones de usuarios. La misma empresa también sugiere en otra de las secciones de su página de internet que sólo atiende a 1.65 millones de clientes.
Con tal información, queda claro que la empresa proveedora de gas natural denominada Gas Natural Naturgy México SA de CV, es una empresa dominante en el mercado de gas natural doméstico, pues de un mercado de 2.5 millones de usuarios, por sí sola otorga el servicio a 1.8 millones de usuarios, lo que representa 72 por ciento del mercado.
Haciendo un ejercicio similar, con información del portal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) durante el periodo comprendido del año 2018 al 2021, en el caso particular de Gas Natural Naturgy México SA de CV, la misma aparece con 3 mil 925 quejas, 3 mientras que el resto de las empresas suman, durante el mismo periodo, tan sólo 155. Si consideramos que Gas Natural Naturgy México SA de CV tiene 72 por ciento del mercado de gas natural doméstico, esto debería reflejarse, bajo condiciones normales, de manera más o menos equitativa en el número de quejas recibidas ante Profeco, sin embargo, de las quejas recogidas por esa institución, 96 por ciento van dirigidas únicamente contra Gas Natural Naturgy México SA de CV, es decir, 24 por ciento más que aquello que le correspondería proporcionalmente.
De los tipos de quejas que se registran ante la Profeco contra Gas Natural Naturgy México SA de CV, los más comunes son los siguientes:
• Producto o servicio no solicitado o autorizado.
• Negativa a la rescisión de contrato.
• Error de cálculo (diputados del Partido Acción Nacional señalaron que, en lugar de hacer lecturas sobre instrumentos de medición, Naturgy hace estimaciones hasta 30 por ciento de sus clientes). 4
• Negativa a la entrega de productos o servicios.
• Negativa a corregir errores de cobro.
• Cobro de cuota extraordinaria.
• Por alteración de precio o tarifa máxima al usuario final.
Tan solo de las 2 mil 210 quejas presentadas ante la Profeco de 2017 a 2019, se desprende que Naturgy realizó cobros indebidos que oscilan entre 41 por ciento hasta 288 por ciento por al menos 14 servicios adicionales que originalmente no fueron solicitados o aceptados expresamente por los consumidores y cobrados injustificadamente.
Como reacción a tal cantidad de quejas, el 8 de julio de 2019, la Profeco 5 tuvo a bien presentar ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México una demanda contra el proveedor denominado GAS NATURAL NATURGY MÉXICO SA DE CV o GAS NATURAL FENOSA, misma que representó inicialmente a 285 consumidores, por más de 2.4 millones de pesos por concepto de cobros indebidos y excesivos en los años 2017, 2018 y 2019. Dicha demanda fue admitida como acción colectiva el 2 de octubre de 2019 por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México dentro del expediente 314/2019. 6
Sin embargo, el 20 de octubre de 2020 su titular, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, declaró que la demanda colectiva aún se encontraba en tribunales. De hecho, Profeco en su página de internet sigue exhibiendo los formatos para que más usuarios se adhieran a la demanda colectiva y aún no aparece ningún resultado definitivo, pues su portal exhibe el estado procesal de la acción colectiva como “Recurso de apelación promovido por parte de Profeco”. 7
Por otro lado, la Profeco informó el 9 de agosto de 2019 que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aceptó modificar los términos del permiso de distribución a la empresa, el cual, inicialmente, le permitía hacer cobros discrecionales y arbitrarios a sus clientes. Como resultado, se modificarían varios anexos relativos a Términos y Condiciones para la prestación del servicio, Procedimiento de Estimación de Consumo y Solicitud de Prestación del Servicio de Distribución con Comercialización de Gas Natural para Usuarios Finales de Bajo Consumo. 8 De igual manera, se prevé establecer las causas por las cuales los consumidores podrán rescindir el contrato de servicio, entre las cuales se encuentra incumplimiento de la empresa al contrato de servicios y cuando no comience la prestación del servicio en la fecha estipulada en dicho contrato.
De acuerdo al proyecto de resolución de la CRE, Gas Natural Naturgy México SA de CV deberá presentar semestralmente a la CRE un registro desagregado de forma mensual que muestre por tipo de usuario el consumo total facturado, distinguiendo el volumen realmente medido y estimado, los ingresos por facturación estimada y medida, consumos corregidos facturados, y la empresa está obligada a registrar y mantener el contrato para la prestación del servicio de distribución a consumidores ante la Profeco.
El 29 de noviembre de 2021, la CRE realizó una sesión pública ordinaria con la finalidad de dictaminar varios proyectos de resolución entre ellos, aquél por el que se aprueba la modificación del permiso número G/041/DIS/98, otorgado a Comercializadora Metrogas SA de CV (Naturgy) de distribución de gas natural por medio de ductos en lo relativo a los términos y condiciones para la prestación del servicio. Sin embargo, al pasado mes de diciembre, no se tenía conocimiento de las modificaciones realizadas al permiso de Naturgy por parte de la CRE.
Dicho título de permiso de distribución de gas natural para la zona geográfica del Distrito Federal, G/041/DIS/98, del 03 de septiembre de 1998 es el que otorga el derecho a Gas Natural Naturgy México SA de CV para distribuir gas natural por medio de ductos de manera residencial propio para el consumo doméstico, sin embargo, existen seis permisos más para distribuir gas natural en diferentes zonas geográficas por la misma empresa. Estos permisos son:
1. Permiso número G/19838/DIS/2016, otorgado a Comercializadora Metrogas, S.A. de C.V.
2. Permiso número G/015/DIS/97, otorgado a Naturgy México, S.A. de C.V.
3. Permiso número G/018/DIS/97, otorgado a Naturgy México, S.A. de C.V.
4. Permiso número G/021/DIS/97, otorgado a Naturgy México, S.A. de C.V.
5. Permiso número G/033/DIS/98, otorgado a Naturgy México, S.A. de C.V.
6. Permiso número G/081/DIS/2000, otorgado a Naturgy México, S.A. de C.V.
En dichos títulos se establecen los mecanismos por los cuáles el permisionario deberá proveer el servicio de distribución de gas natural, la forma como deberá hacer el cobro y las instituciones que establecerán las tarifas del bien a ofrecer y los diferentes tipos de conclusión del permiso. En este sentido, el punto 10.7 menciona las causas de revocación del permiso, entre las cuáles se encuentra:
“10.7. Revocación del Permiso
Este permiso podrá ser revocado por la Comisión cuando el permisionario incurra en cualesquiera de los supuestos siguientes:
I..II...
III.- Realice prácticas indebidamente discriminatorias en perjuicio de los usuarios o viole los precios y tarifas que apruebe la Comisión y que esté obligado a observar en los términos de las disposiciones 8.1 a 8.6 anteriores;”
Adicionalmente, la Ley de Hidrocarburos señala:
“Artículo 54.- Los permisos podrán terminar por cualquiera de las causas siguientes:
I al III...
IV. Revocación;”
Asimismo, el artículo 56 de la misma ley establece:
“Artículo 56.- La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía podrán, en el ámbito de sus competencias , revocar los permisos expedidos en los términos establecidos en esta Ley.
Los permisos podrán revocarse por cualquiera de las causas siguientes:
I. Incumplir sin causa justificada y autorización de la Secretaría de Energía o de la Comisión Reguladora de Energía, según corresponda, con el objeto, obligaciones o condiciones del permiso;
II. Realizar prácticas indebidamente discriminatorias en perjuicio de los usuarios;
III. No respetar la regulación en materia de precios y tarifas, incluida la correspondiente en materia de contabilidad regulatoria, así como los términos y condiciones que, en su caso, llegare a fijar la autoridad competente o, en su caso las disposiciones que los regulan.
IV...”
En cuanto a la competencia para revocar el permiso, el reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, señala en su artículo 5o., fracción V, que “Corresponde a la Comisión regular y supervisar, así como otorgar, modificar y revocar los permisos para la comercialización y expendio al público de gas natural y petrolíferos.
Por último, la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, en su artículo 41, fracción I, confiere a la CRE la atribución de regular y promover el desarrollo eficiente del expendio al público de gas natural, por lo que deberá ser tarea fundamental de esta dependencia de la administración pública federal centralizada, con carácter de Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, atender de manera puntual las demandas de los usuarios de gas natural que se han visto afectados por los abusos mencionados previamente y de manera reiterada por la empresa Gas Natural Naturgy México SA de CV.
Derivado del análisis plasmado en este documento se concluye que, con motivo de actos repetitivos como los cobros indebidos, la aplicación de métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, la aplicación de cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios, el préstamo de servicios adicionales a los originalmente contratados no solicitados o aceptados expresamente por los usuarios, así como la aplicación de cargos sin previo consentimiento del consumidor, todos constatados por las quejas ante Profeco, las cuáles derivaron en una demanda civil colectiva, es necesario insistir en la vigilancia y verificación de la empresa Gas Natural Naturgy México SA de CV, y velar que porque se respeten los precios y tarifas establecidos por la autoridad competente.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, en términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a establecer medidas de estricta vigilancia para garantizar, a las y los usuarios de gas natural, tarifas objetivas y proporcionales a su consumo real, así como continuar con el seguimiento puntual a la Acción Colectiva en Sentido Estricto 314/2019 con la finalidad de resarcir las pérdidas económicas que sufrieron los usuarios de la empresa Naturgy, derivadas del incumplimiento de precios y tarifas.
Notas
1 Inegi, CONUEE, SENER. Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares. México 2018. Recuperado de
https://www.inegi.org.mx/
2 MORALES, Lourdes. Empresas de Gas Natural en México. 2020. México. Recuperado de
https://tarifasdeluz.mx/gas-natural/companias
3 Buró Comercial. Comportamiento comercial. México 2021. Profeco. Recuperado de
https://burocomercial.profeco.gob.mx/
4 MARTÍNEZ, Perla. Acusan a Naturgy de subir 757% los cobros “al tanteo”. 31 de marzo de 2019. Reforma. México. Recuperado de
https://www.reforma.com/
5 Procuraduría Federal del Consumidor. Presenta Profeco demanda colectiva contra Gas Natural Naturgy. 11 de julio de 2019. Profeco. México. Recuperado de
https://www.ob.mx/
6 IBARRA NAVARRETE, Luis Alberto. ACCIÓN COLECTIVA 314/2019. Consejo de la Judicatura Federal. Ciudad de México. 02 de octubre de 2019. Recuperado de
https://www.cjf.gob.mx/
7 LÓPEZ OBRADOR, Andrés Manuel. Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador. 24 de mayo de 2021. Recuperado de
https://lopezobrador.org.mx/
8 Procuraduría Federal del Consumidor. Logra Profeco se acepten modificaciones en permiso de gas natural de Naturgy México. PROFECO. 09 de agosto de 2019. Recuperado de
https://www.gob.mx/
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.– Diputada Lidia Pérez Bárcenas (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
«Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SEP a garantizar como protocolo para el regreso a clases presenciales la realización de pruebas covid-19 gratuitas en escuelas y centros escolares, suscrita por la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
De acuerdo con el gobierno federal, el manejo de la contingencia sanitaria ha sido adecuado y han disminuido los casos de hospitalizaciones por covid-19, tal es el caso que en la conferencia de prensa matutina del presidente de la República celebrada el pasado 28 de diciembre de 2021, el subsecretario de la Secretaría de Salud (Ssa), Hugo López Gatell, informó que el porcentaje de hospitalizaciones por el virus covid-19 ha disminuido 92 por ciento, en comparación con el máximo registrado a principios de 2021. Asimismo, de acuerdo con su informe, la ocupación de camas generales únicamente representa 13 por ciento de su capacidad y de camas con ventilador sólo 11 por ciento. 1
Aunado a lo anterior, el subsecretario de la Ssa López Gatell señaló que la población que se priorizará para su cuidado y vacunación contra el virus covid-19 será la población adulta mayor de 60 años de edad, señalando que los países que tienen mayor número de vacunas, optan por llevar a cabo la vacunación de niños de un rango de edad de 5 a 11 años. Sin embargo, este no es el caso de nuestro país, debido a que el gobierno federal sólo implementará la vacunación contra el covid-19 a la población con 15 años o más, y llevará a cabo la vacunación de niños con 12 años o más, cuando estos cuenten con alguna de las enfermedades diagnosticadas que aumenten su riesgo al contagiarse del virus covid-19. 2
Lo anterior, va en contra del exhorto realizado por la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 7 de diciembre de 2021, dirigido a las distintas naciones de la comunidad internacional, para llevar a cabo medidas de protección de niños ante la pandemia por covid-19, por lo que Hans Kluge, director de la OMS Europa señaló que “...la vacunación de los niños más jóvenes no solo reduce su papel en la transmisión, sino también los protege de casos severos asociados con el covid de larga duración o con síndromes inflamatorios multisistémicos.”. 3
A pesar de esto, recientemente la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, informó del regreso a clases presencial en las escuelas públicas y particulares, mismo que se llevaría a cabo el lunes 3 de enero de 2022, 4 informando que este regreso sería de una manera responsable, segura y ordenada frente a la presente contingencia sanitaria provocada por el virus covid-19, informando lo ya señalado por el subsecretario de la Ssa, respecto del refuerzo de vacunación que se realizará al personal educativo a principio del año 2022, ya que son uno de los tres ejes de priorización de la política de vacunación, junto con las personas adultas mayores y el personal de salud, siendo que estos dos últimos grupos de priorización fueron vacunados durante diciembre de 2021. 5
Por esta razón, las autoridades educativas han solicitado a las madres, padres y tutores de los educandos, su apoyo para que este regreso a clases presencial pueda llevarse a cabo, señalando que actualmente son casi 82 millones de personas vacunadas, de los que 89 por ciento cuentan con el esquema de vacunación completa. 6
Cabe señalar que han pasado aproximadamente 7 meses desde que se llevó a cabo la vacunación del personal docente, sin embargo, esta vacunación no contempla a una gran parte de la comunidad educativa, tal como las niñas, niños y adolescentes, a pesar de registrarse casos confirmados de covid-19 ante el regreso a clases en septiembre de 2021 en entidades federativas como Morelos, Guanajuato, Jalisco, estado de México, y Puebla, sin garantizar las condiciones sanitarias necesarias en los centros educativos, exponiendo el aumento de contagios por covid-19, no sólo para los alumnos y para los docentes y personal educativo en general, sino también los contagios de estos a sus familias, entre los que se encuentran muchas personas vulnerables, tales como adultos mayores o personas con enfermedades crónico degenerativas, mujeres embarazadas, etcétera. 7
Diversos medios informativos han señalado que nuestro país es el país con mayor mortalidad por cada 100 casos de covid-19 en la comunidad internacional, de acuerdo con un estudio titulado Análisis de mortalidad, realizado por la Universidad Johns Hopkins, por lo que nuestro país obtuvo 7.5 por ciento de mortalidad por cada 100 casos confirmados de covid-19, siendo el mayor porcentaje, seguido de países como Bulgaria con 4.1 por ciento de mortalidad, Hungría con 3.1 por ciento de mortalidad, Rusia con 2.9 por ciento de mortalidad y Brasil con 2.8 por ciento de mortalidad, siendo porcentajes mucho menores al porcentaje registrado por nuestro país. 8
Ahora bien, México es el quinto país con mayor número de defunciones por cada 100 mil habitantes, con un resultado de 234.78 muertes por cada 100 mil personas. Sin embargo, el octavo puesto lo ocupa nuestro vecino fronterizo Estados Unidos de América con un resultado de 251.66 muertes por cada 100 mil habitantes, es decir sólo hay una diferencia de número de defunciones de 16.88 personas, a pesar de representar tres veces menos el número de su población. 9
Asimismo, se reportó que México es el quinto país a nivel internacional con mayor número de muertes por covid-19 con un total de 299 mil 544 defunciones, solo por detrás de países como Estados Unidos de América con 826 mil 419 decesos; Brasil con 619 mil 401; India con 481 mil 893, y Rusia con 305 mil 96 muertes por covid-19. Estas cifras resultan sumamente alarmantes y aún mas ante la variante conocida como omicron, que de acuerdo con Global Initiative on Sharing All Influenza Data, México es el segundo país del continente latinoamericano con mayor número de contagios de esta variante de Covid-19, en menos de un mes. 10
Por esta razón, ha dado inicio la cuarta ola de covid-19 en nuestro país, alertada por Ramiro López Elizalde, Director Normativo de Salud del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) el pasado 2 de enero de 2022, en donde la institución informó de un incremento en el número de contagios en todo el territorio nacional, debido principalmente a la nueva variante del covid-19 omicron ,y la percictencia de variantes anteriores como la variante delta. Asimismo, se advierte que incrementará la ocupación hospitalaria y las solicitudes de licencias médicas, señalando que será “una posible conversión e incremento en número de camas disponibles.” Cabe señalar que de acuerdo con la Ssa se informó que actualmente existen 46 mil casos activos de covid-19 en nuestro país, 11 y en cuanto al avance de vacunación, hay un total de 89.1 millones de personas con al menos una dosis de vacunación, y 72 millones 49 mil 124 personas con el esquema completo de vacunación, representando 89 por ciento de la población que se encuentra inmunizada, reafirmando lo ya señalado por el subsecretario de la Ssa a finales de diciembre de 2021. 12
En ese sentido, y ante el inminente regreso a clases de forma presencial, se tomó la decisión por parte de las autoridades educativas de 10 entidades federativas, de posponer este regreso a clases presencial previsto el 3 de enero de 2022, por lo que las entidades federativas que pospusieron el regreso presencial a clases hasta el 10 de enero de 2022 fueron Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León y Tamaulipas. 13
Asimismo, las entidades federativas que anunciaron su regreso a clases presenciales para el próximo 17 de enero de 2022, fueron Baja California, Baja California Sur, Hidalgo, Quintana Roo y Yucatán. 14
Únicamente Coahuila señaló que su regreso a clases de forma presencial dependerá de las condiciones climatológicas. 15Por esta razón, la titular de la SEP señaló que respeta las decisiones de las autoridades educativas y de salud locales, sin embargo, insistió en la importancia de este regreso a clases de forma presencial el cual busca “fortalecer el aprendizaje y las cuestiones socioafectivas de los estudiantes”, por lo que se recomienda a las madres, padres y tutores, el vigilar los síntomas que lleguen a presentar sus hijas o hijos, tales como fiebre, tos, catarro o escurrimiento nasal, informando en todo momento a las autoridades escolares o al personal docente. 16
Ante esta situación, el titular del Ejecutivo federal, señaló durante la conferencia de prensa presidencial celebrada el pasado 4 de enero de 2022, que se tienen vacunas pagadas hasta julio de 2022 contempladas para brindarles refuerzos de vacunación a adultos mayores de 60 años, así como al personal de la salud y al personal educativo, y posteriormente a la población de adultos con un rango de edad de entre 50 a 60 años, y así sucesivamente; asimismo, señaló que la nueva variante omicron ha ido en aumento en cuanto a número de contagios, pero no hay un incremento de número de hospitalizaciones o de defunciones. Por último, indicó que la aplicación de las vacunas contra el Coivd-19 se garantizará para la población mayor de 15 años y hasta 18 años, teniendo que esperar su turno para ser inmunizados, y señaló que el refuerzo de la vacunación del personal educativo no interferirá con las clases presenciales, esperando un ciclo escolar con sujeción al calendario emitido por la SEP. 17
Por esta razón, tanto lo señalado por el titular del Poder Ejecutivo federal, así como por el subsecretario de la Ssa, el gobierno federal no pretende llevar a cabo la vacunación de niñas, niños y adolescentes menores de 15 años, a pesar de lo ya señalado por la OMS. 18 En ese sentido es fundamental poder garantizar la salud y la vida no solo de las niñas, niños y adolescentes ante el presente regreso a clases de forma presencial, sino también de sus familiares, por lo que el gobierno federal debe tomar las medidas necesarias para evitar los contagios en la población estudiantil que regresa a clases presenciales, a través de la implementación de pruebas covid-19 gratuitas en las escuelas y centros educativos; Asimismo, para evitar que esto genere un mayor costo económico, se debe llevar a cabo la vacunación de este grupo de población de niñez y adolescencia, y de esta forma, disminuir el número de contagios que han ido en aumento tan solo en los últimos días. Asimismo, hasta el 2 de enero de 2022 suman un total de 4 millones 8 mil 648 casos confirmados de covid-19 en nuestro país, registrándose en esa fecha el número más alto de contagios en un día desde hace 5 meses, con un total de 15 mil 184 contagios en un solo día. 19
El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ha informado que al 31 de diciembre de 2021 existen 82 mil 977 menores confirmados, de los cuales 15 mil 568 van de 0 a 5 años, 20 mil 162 de 6 a 11 años y 47 mil 247 de 12 a 17 años. De igual forma se han reportado 817 defunciones. 20
Por lo anterior, no se puede llevar a cabo un regreso a clases de forma segura sin la inmunización a través de la vacunación de las niñas, niños y adolescentes con rango de edad de 5 a 17 años de edad, por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que garantice como protocolo para el regreso a clases de forma presencial, la realización de pruebas covid-19 gratuitas en las escuelas y centros escolares, con la finalidad de garantizar un regreso a clases de forma segura y responsable, ante el incremento de contagios generados por la cuarta ola de covid-19
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que lleve a cabo la vacunación contra el virus covid-19 a las personas con rango de edad de 5 a 17 años de edad, priorizando la de los educandos que han regresado a clases presenciales, con la finalidad de garantizar un regreso a clases de forma segura y responsable, ante el incremento de contagios generados por la cuarta ola de covid-19.
Notas
1 AMLO. Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Disponible en:
https://lopezobrador.org.mx/2021/12/28/version-estenografica-de- la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-65 7/
2 Ídem.
3 DW. OMS llama a proteger a los niños, ahora los más afectados por la pandemia. Disponible en:
https://www.dw.com/es/oms-llama-a-proteger-a-los-ni%C3%B1os-ahor a-los-m%C3%A1s-afectados-por-la-pandemia/a-60042794
4 Expansión Política. “La SEP presume como `listo´ el regreso a clases para este lunes 3 de enero”. Disponible en:
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/01/02/la-sep-presume-c omo-listo-el-regreso-a-clases-para-este-lunes-3-de-enero
5 Infobae. Regreso a clases: La SEP se dijo lista para volver a las aulas de manera presencial este lunes 3 de enero. Disponible en:
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/02/regreso-a-clas es-la-sep-se-dijo-lista-para-volver-a-las-clases-presenciales-este-lunes-3-de-e nero/
6 Ídem.
7 El Financiero. A una semana del regreso a clases presenciales, ¿qué estados tienen casos de covid en escuelas?, Disponible en:
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/09/03/a-una-semana -del-regreso-a-clases-presenciales-que-estados-presentan-casos-de-covid-en-escu elas/
8 Infobae. Covid-19: México es el país con mayor mortalidad por cada 100 casos en el mundo, Disponible en:
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/04/covid-19-mexic o-es-el-pais-con-mayor-mortalidad-por-cada-100-casos-en-el-mundo/
9 Ídem.
10 Ídem.
11 El Financiero. ISSSTE alerta que México entró a la cuarta ola de covid-19, Disponible en:
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/01/03/issste-alerta-q ue-mexico-entro-a-la-cuarta-ola-de-covid-19/
12 El Financiero. México inicia 2022 con 89.1 millones de mexicanos vacunados contra covid-19, Disponible en:
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2022/01/02/mexico-inicia-2 022-con-891-millones-de-mexicanos-vacunados-contra-covid-19/
13 Aristegui Noticias. 10 estados posponen regreso a clases presenciales por covid-19, Disponible en:
https://aristeguinoticias.com/0301/mexico/10-estados-posponen-re greso-a-clases-presenciales-por-covid-19/
14 Ídem.
15 Ídem.
16 El Financiero. Clases presenciales 2022: Estos son los estados que no vuelven a las aulas este 3 de enero, Disponible en:
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/01/03/clases-prese nciales-2022-estos-son-los-estados-que-no-vuelven-a-las-aulas-este-3-de-enero/
17 Infobae. AMLO garantizó la vacunación contra covid-19 a mayores de 15 años, Disponible en:
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/01/04/amlo-garantizo -la-vacunacion-contra-covid-19-a-mayores-de-15-anos/
18 El Financiero. México no considera vacunar a menores de 15 años: López-Gatell, Disponible en:
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/12/28/mexico-no-co nsidera-vacunar-a-menores-de-15-anos-lopez-gatell/
19 La Razón. Covid-19: México supera los 4 millones de casos confirmados y registra más de 15 mil contagios en 24 horas, Disponible en:
https://www.razon.com.mx/mexico/covid-19-mexico-supera-4-millone s-casos-confirmados-registra-15-mil-contagios-24-horas-465953
20 https://twitter.com/SIPINNA_MX/status/1478096180215230464/ photo/1
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 7 de enero de 2022.– Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
SE SANCIONE A LOS ELEMENTOS DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE CIRCULEN SIN PLACAS EN VEHÍCULOS PARTICULARES O SE JUSTIFIQUEN CON ENGOMADOS O CREDENCIALES DE CUALQUIER ORGANIZACIÓN, A FIN DE EVADIR SU RESPONSABILIDAD
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la FGR y los OIC de las instituciones de seguridad pública estatales y municipales a detectar y sancionar a los elementos a su cargo que circulen en vehículos particulares sin placas o se justifiquen con engomados o credenciales de cualquier organización para evadir su responsabilidad, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante de la LXV Legislatura del Grupo Parlamentario del Morena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
Históricamente la función policial dentro de las instituciones de seguridad ha ocupado un lugar primordial e imprescindible en materia de seguridad ciudadana, siendo de extrema importancia que éstas sean eficientes para reforzar la legitimidad que conlleva.
La función policial está ligada completamente con los objetivos de mantener la seguridad y el orden, dentro del territorio al que están adscritos, haciendo cumplir las leyes, previniendo el delito, garantizando así el orden y la paz pública, al mismo tiempo que es de suma importancia investigar y perseguir a los responsables de delitos de cualquier índole.
En este mismo orden de ideas, es lógico que quienes están encargados de salvaguardar la seguridad de las y los mexicanos mediante la correcta aplicación de las leyes, sean los primeros que deben cumplirlas, bien es sabido que “el buen juez, por su casa empieza”.
Cabe señalar que las instituciones de seguridad realizan día a día una labor titánica para evitar que el país sucumba ante el crimen, no obstante, este punto de acuerdo es elaborado bajo la premisa de que nada ni nadie está por encima de las leyes que hoy nos rigen, especialmente quienes esta encargados de hacerlas respetar.
No es extraerse que producto de la impunidad que se vivía en los gobiernos anteriores, fue que los policías gozaban de inmunidad ante las repercusiones legales que pudieran tener debido a ciertos actos y comportamientos. Uno de estos hechos y/o beneficios de los que muchas y muchos policías “gozan” radica en que si alguno de ellos cuenta con auto particular, estos no sienten la necesidad de cumplir con sus obligaciones administrativas que esto conlleva, por ejemplo el trámite de la licencia de conducir así como placas para su circulación.
Bajo el argumento de que son servidores públicos en materia de seguridad, muchos de estos elementos de seguridad se amparan ante los cuestionamientos de sus compañeros si llegan a ser detenidos y en muchos casos, este argumento basta para pasarlo por alto que se les permita transitar, provocando así una doble falta, tanto del que incurre como del que lo permite.
“La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) advirtió a los agentes de la Comisión Estatal de Seguridad, de la Policía Municipal y Seguridad Vial, que no permitirán que utilicen autos sin placas o amparados con engomados de cualquier organización, porque serán decomisados.
El secretario Emilio García Ruiz informó que se les prohibió que lleven sus autos particulares americanos o ‘chuecos’ a las estaciones o delegaciones de Policía y Tránsito, porque van a sufrir del aseguramiento y sanciones como cualquier persona.
El jefe policíaco señaló que se debe actuar primero con los de casa y luego contra los ciudadanos que poseen autos de modelos recientes que no tienen placas o son amparados con cualquier engomado pafo.
Debemos poner el ejemplo, sabemos que hay muchos policías con ese tipo de vehículos pero no se les va a tolerar, la ley es pareja y se hace con ánimo de mejorar la situación, de disminuir la inseguridad”. 1
Es pertinente mencionar que las y los integrantes de las instituciones de seguridad, también son ciudadanos y deben acatar las reglas ya establecidas para acreditar correctamente con un bien, en este caso, con vehículos automotores.
Basta de utilizar el famoso charoleo para evadir las responsabilidades como servidores públicos, de valerse de “contactos” para esquivar sanciones y que hagan lo que les convenga, es momento de actuar y demostrar que, por encima de la ley, nadie y bajo la ley, todos. Por los argumentos anteriormente expuestos, someto ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta con absoluto respeto a la autonomía de la Fiscalía General de la Republica, así como a los órganos de control interno de las instituciones de seguridad pública a nivel estatal y municipal para detectar y sancionar a los elementos a su cargo que circulen sin placas en vehículos particulares o se justifiquen con engomados o credenciales de cualquier organización, para evadir su responsabilidad.
Nota
1 El Diario Mx. “Advierten autoridades a policías que no utilicen autos sin placas”. Disponible en:
https://diario.mx/juarez/advierten-autoridades-a-policias-que-no -utilicen-autos-sin-placas-20200902-1703674.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión de Permanente, a 7 de enero de 2022.– Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
EXHORTO A DIVERSAS AUTORIDADES, RELATIVO A LA INCLUSIÓN, NO DISCRIMINACIÓN, DIVERSIDAD E IGUALDAD LABORAL EN MÉXICO
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades sobre la inclusión, la no discriminación, la diversidad y la igualdad laboral en México, suscrita por la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita Yolanda de la Torre Valdez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas para que implemente una campaña y protocolos a favor de la inclusión, la no discriminación, diversidad e igualdad laboral; a la administración pública tanto federal como de las 32 entidades federativas para que fomente e impulse el trabajo de las personas en situación de vulnerabilidad desde una perspectiva de inclusión, no discriminación, diversidad e igualdad laboral; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que revise y analice los incentivos fiscales que se otorgan al sector empresarial que impulsa la contratación de personas en situación de vulnerabilidad desde una perspectiva de inclusión, no discriminación, diversidad e igualdad laboral, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Hablar de diversidad e inclusión significa que todas y cada una de las personas tengan igualdad de oportunidades, sin importar su grupo étnico, país de procedencia, preferencia sexual, raza, discapacidad, género, edad o incluso, intereses personales. No se trata sólo de oportunidades de empleo, sino de que las personas se sientan seguras de ser quiénes son, y que sus diferentes experiencias, valores y perspectivas sean apreciadas, en vez de ser algo que las perjudique en cualquier ámbito de que se trate, para que la persona tenga un crecimiento en lo profesional y, por ende, en lo personal.
Bajo esta tesitura, para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) la inclusión se puede entender como: 1
• Un proceso, una interminable búsqueda de la comprensión y respuesta a la diversidad en la sociedad.
• Aquella que concierne a la identificación y reducción de barreras, barreras que ponen obstáculos a la participación.
• Es aprender a vivir, aprender y trabajar juntos; es compartir las oportunidades y los bienes sociales disponibles.
En el libro La inclusión laboral en México: Avances y Retos, expedido por el gobierno y la administración pública federal la inclusión se define como: 2
• Una aspiración, una política pública, una exigencia dentro de una sociedad incluyente, en la que todos sus miembros ejercen sus derechos sociales y, por tanto, ninguno es marginado o desfavorecido.
• La pluralidad de las personas, pero sobre todo a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para promover la incorporación y la participación activa de la sociedad en la economía, en la educación, en el trabajo y, en general, en todos los procesos sociales. El fin es lograr una sociedad más equitativa, que beneficie a las personas independientemente de su condición, haciendo ajustes permanentes para permitir la participación de todos y valorando el aporte de cada persona.
En este sentido es que, en México, la inclusión laboral puede considerase un tema de importancia y relevancia reciente, a pesar de que, durante toda la historia, se han visto constante luchas sociales por el reconocimiento y garantía de la igualdad, la inclusión, la diversidad y la no discriminación laboral.
Sin embargo, al paso de los años a la inclusión e igualdad se les ha buscado dar un nuevo enfoque, el cual ha permitido sentar las bases para consolidar una política de derechos humanos, que facilite la incorporación efectiva de los grupos vulnerables de la sociedad en la vida social y económica del país.
Es por ello por lo que la igualdad laboral, la no discriminación, la inclusión y la diversidad constituyen, en su conjunto, el derecho fundamental que posibilita el ejercicio de los demás derechos humanos, y es esa la razón por la que se encuentran instituidos en diversos instrumentos internacionales, tales como:
• Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual en el artículo 23, numerales 1, 2, 3 y 4 insta que: “1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo; 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual; 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social, y 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”.
• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, precisa en el artículo 6, numeral 1 que: “Los Estados parte en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho y numeral 2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Parte en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y formación técnico profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana”.
De igual manera en el artículo 7, establece la obligación de los Estados partes en el presente Pacto de reconocer el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativa y satisfactoria que le aseguren en especial, principalmente: a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores; b) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual. Así como el de garantizar para todas las personas de ser promovidas, dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad en el trabajo que estas desempeñen.
• Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, señala en el Artículo XIV que, “Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo y que toda aquella persona que trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia”.
• Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -Protocolo de San Salvador- el cual precisa en el Artículo 6, todo lo concerniente al Derecho al Trabajo, estableciendo que “Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada. De igual manera que los Estados parte se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Los Estados parte se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo”.
Asimismo, en el artículo 7 se insta lo referente a las condiciones justas, equitativas y satisfactorias de Trabajo para lo que “Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular: a) Una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción, b) El derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación nacional respectiva; c) El derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo para lo cual se tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de servicio; d) La estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualquiera otra prestación prevista por la legislación nacional; e) La seguridad e higiene en el trabajo; f) La prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse de la instrucción recibida; g) La limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales. Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos; y h) El descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como la remuneración de los días feriados nacionales”.
Destacan también ordenamientos internacionales como:
• La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), publicada en DOF el 12 de mayo de 1981, la cual tiene como objetivo promover los derechos humanos de las mujeres y niñas y realizar todas las acciones necesarias encaminadas a garantizar su protección y empoderamiento.
• Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, publicada en el DOF el 12 de marzo de 2001, misma que tiene como finalidad principal la de erradicar la discriminación contra las personas con discapacidad en cualquier ámbito que estas se encuentren y generar con ello mejores oportunidades de vida y desarrollo.
• Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, publicada en el DOF el 13 de junio de 1975, cuyo principal fin es la erradicación de la discriminación racial y asegurar el desarrollo y protección de las personas que pertenecen a ciertos grupos raciales y con ello garantizar el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de sus derechos humanos.
• Convenio Internacional del Trabajo número 100, relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y femenina por un trabajo de igual valor, publicado en el DOF el 9 de octubre de 1952.
• Convenio Internacional del Trabajo número 111, relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, publicado en el DOF el 11 de agosto de 1962.
• Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998, aprobada el 18 de junio de 1998.
• Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, aprobada el 25 de junio de 1993.
• Declaración y Programa de Acción de El Cairo de 1994, desarrollados en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del 5 al 13 de septiembre de 1994, en El Cairo.
• Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada del 4 al 15 de septiembre en Beijing.
Ahora bien, al referirnos al marco jurídico nacional, tenemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1o., párrafo quinto, establece “La prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Respecto del derecho al trabajo en el artículo 5o. precisa que, “A ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”.
De igual manera en el Artículo 123, establece que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”.
Por lo que, en este orden de ideas, la Ley Federal de Trabajo, por su parte, establece en el artículo 3o., que, “No se puede discriminar a ningún trabajador con motivo de su raza, sexo, edad, religión, doctrina política o condición social”, señalando también en el artículo 4o. la prohibición de impedir el trabajo, industria, profesión o comercio a cualquier persona, siempre que este sea lítico, secundando y refrendando lo establecido por el artículo 5o. constitucional.
La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres señala que su principal objeto es “regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres”.
La Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, en su artículo 4o., precisa que, se entenderá por discriminación “toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”.
Aunado a ello, establece la prohibición de toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades.
Debiendo considerar como conductas discriminatorias:
- Establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales.
- Limitar el acceso a los programas de capacitación y de formación profesional.
- Realizar o promover el maltrato físico o psicológico por la apariencia física, forma hablar, gesticular o por asumir públicamente su preferencia sexual, e
- Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, difamación, injuria, persecución o la exclusión.
En este orden de ideas, el referido ordenamiento creó el “Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación” como un organismo descentralizado y sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Al respecto, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad promueve al Estado mexicano para que se realicen las medidas necesarias para “promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades”.
En el referido ordenamiento se faculta al Poder Ejecutivo Federal para que establezca las políticas públicas a favor de las personas con discapacidad, promoviendo en cualquier ámbito la participación de las personas con discapacidad, principalmente en el laboral.
Siendo así -y con la finalidad de que en el ámbito privado se realizaran y adoptaran las medidas necesarias referidas en los ordenamientos citados en párrafos anteriores para garantizar la igualdad, inclusión, no discriminación y diversidad- tenemos que en la norma mexicana NMX-R-025-SCFI.-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, publicada en el DOF el 19 de octubre de 2015, se reconoce como un ordenamiento cuyo mecanismo de adopción por parte de las empresas tiene como principal objetivo el de generar un desarrollo integral para las personas trabajadoras dentro de la empresa y con favorecer su crecimiento, particularmente en el ámbito económico, pues las personas trabajadoras que se encuentran laborando en un centro de trabajo que promueve la igualdad, la no discriminación, la inclusión y la diversidad, se convierten en centros de trabajo más productivos en todos los aspectos.
Sin embargo —y a pesar de contar con un marco jurídico tanto internacional como nacional que aparentemente pudiera ser basto para proteger y garantizar los derechos humanos de las personas que pueden encontrarse en vulnerabilidad—, hoy en día se siguen presentando obstáculos para que las mismas puedan ejercer plenamente los derechos humanos.
Lo anterior cobra mayor relevancia y preocupación cuando este tipo de obstáculos se presentan en el ámbito laboral. En este orden de ideas tenemos que los factores que inhiben la inclusión laboral en nuestro país son aquellos que impiden la dignificación del trabajo en general, los cuales tienen que ver con las condiciones del desarrollo económico nacional. De ahí derivan, tanto la persistencia de condiciones laborales no inclusivas, como también la relativa ineficacia de las políticas con las que actualmente sabemos que se tienen pero que aún no son suficientes para garantizar una plena inclusión e igualdad laboral en México.
Vemos que entrar al mundo laboral no es una situación sencilla y fácil para la mayoría de las personas, principalmente para aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pues resulta aún más complejo, ya que compiten en condiciones de desigualdad; con base en esto, resulta imperioso identificar los factores que generan las situaciones de desigualdad, y que además pueden traducirse en discriminación en el mercado de trabajo.
Por ello es por lo que en este documento resaltamos que los principales factores que generan las situaciones de desigualdad y que pueden ser causa de discriminación en el trabajo para las personas en situación de vulnerabilidad en nuestro país.
Solo por mencionar algunas:
1. La informalidad en el empleo.
2. La pertenencia a niveles inferiores en la escala social.
3. Las diferencias culturales para adaptarse a las pautas socio-laborales.
4. Actitudes negativas: La elevada desconfianza y prejuicios que aún existen por parte de la sociedad respecto de la integración que pueden alcanzar.
5. Mayor riesgo de expulsión del mercado de trabajo por cambios potenciales o efectivos en los empleos y los contenidos de los puestos de trabajo.
6. Acceso y permanencia al mercado laboral: La mayoría de las personas en situación de vulnerabilidad se enfrentan diariamente a la desigualdad salarial por su trabajo.
7. Políticas y normas insuficientes: La formulación de políticas y aplicación de normatividad desde una perspectiva de la inclusión, la no discriminación, diversidad e igualdad laboral en donde no se tomen en cuenta las necesidades de todas y cada una de las personas.
8. Prestación insuficiente de servicios: Principalmente las personas con discapacidad son particularmente vulnerables ante las deficiencias que presentan los servicios tales como la atención de salud, la rehabilitación y la asistencia y apoyo.
9. Problemas con la prestación de servicios: La mala coordinación de los servicios, la dotación insuficiente de insumos médicos, entre otros y su escasa competencia pueden afectar a la calidad, accesibilidad e idoneidad de los servicios para las personas, principalmente personas con discapacidad y personas mayores.
10. Financiación insuficiente: Los recursos asignados a poner en práctica políticas y planes son a menudo insuficientes ya que la falta de financiación efectiva es un obstáculo importante para la sostenibilidad de los servicios para las personas en situación de vulnerabilidad que les permita tener mejores condiciones de vida y, por ende, un mejor bienestar.
Pero quienes son las personas en situación de vulnerabilidad o grupos vulnerables, son aquellas que por su condición social, económica, cultural o psicológica pueden ser vulnerados sus derechos humanos y entre los que pueden estar personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres, niñas, indígenas entre otros no menos importantes. 3
En este contexto y con respecto a las estadísticas tenemos que, con base en los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 (Censo 2020), actualmente México enfrenta un aumento progresivo de la — población con discapacidad— , presentando una permanencia de 6.2 por ciento, es decir, 7.8 millones de mexicanos. Además de que 10.9 por ciento, es decir, 13.6 millones de personas, cuenta con alguna limitación. En total suman 21 millones de personas que cuentan con alguna discapacidad y limitación en nuestro país.
Asimismo, la discapacidad se concentra en personas mayores de 60 años, quienes representan el 50.1 por ciento de la población en esta condición.
Según los datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) muestran que para 2050 una de cada seis personas en el planeta tendrá más de 65 años, representando de esta manera 16 por ciento de la población.
Aunado a lo anterior, en 2019, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) declaró que la población con discapacidad experimenta mayores tasas de desempleo e inactividad económica en comparación con las personas sin discapacidad.
De conformidad con los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, existe una gran diferencia en la tasa de participación económica, pues quienes no tienen discapacidad, la tasa alcanza 65.4 por ciento, mientras que en la población con discapacidad este indicador llega a 38.5 por ciento.
En México, el menor nivel de rechazo laboral lo tienen las personas con discapacidad visual, pues el 39.9 por ciento se encuentra en alguna actividad económica; quienes tienen incapacidad para mover o usar sus propias manos y brazos registran una tasa de participación económica de 30.2 por ciento y del total de personas con discapacidades para comer, vestirse o bañarse, sólo 16.1 por ciento se encuentra generando ingresos.
Según datos de la Fundación Paralife, 70 por ciento de las personas con discapacidad en México trabajaba en la economía informal antes de la pandemia.
De acuerdo con datos del último informe de Consejo Nacional para la evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), este año la tasa de pobreza laboral en el segundo trimestre se ubicó en 38.5 por ciento, cifra superior a la reportada previo a la pandemia, cuando el porcentaje era de 35.6%. Aunque ha habido signos de recuperación con respecto a 2020, resulta relevante el crecimiento de puestos informales con un ingreso laboral promedio por debajo de la canasta básica, el cual pasó de 19.8 por ciento a 21.2 por ciento del primer al segundo trimestre de 2021.
Sobre la ocupación de las — personas adultas mayores—, referente a la vida laboral de éstos, las cifras mostraron que en nuestro país la mayoría de la población trabaja en la informalidad y no tiene acceso a pensiones o jubilaciones, razón que incentiva su permanencia en el mercado laboral. En 2019, el 23.6 por ciento de los adultos mayores de 68 años reportó tener un empleo y recibir un salario por dicha actividad; esta cifra representa aproximadamente 1 millón 700 mil adultos mayores. El 79 por ciento lo hace en la informalidad y 21 por ciento restante tiene un trabajo formal.
Dentro de las personas adultas mayores que reportaron seguir trabajando en el cuarto trimestre de 2019, según la ENOE, 43 por ciento trabaja en sectores catalogados como de riesgo medio-alto y alto de sufrir repercusiones sobre la producción, lo cual los expone a un riesgo mayor de desempleo. Esto refleja que aproximadamente 753 mil adultos mayores han estado en riesgo de perder su empleo como consecuencia del covid-19. No obstante que, en el primer trimestre de 2020, se redujeron 4.8 por ciento de los adultos mayores con ocupación plena, lo que representa 83 mil adultos mayores que dejaron sus lugares de trabajo de forma temporal o permanente.
Cuando las personas adultas mayores pierden su empleo, su fuente de ingresos depende, en general, de donaciones de terceros, familiares o conocidos, y de transferencias del gobierno, pensiones o jubilaciones, aunque el acceso y los montos en ambos casos son variables. Por consecuencia, la fuente de ingresos constante a la que tienen acceso es la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores.
Con respecto a la ocupación de las — mujeres— en la vida laboral, las cifras demostraron que, de acuerdo con las Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo —Tendencias 2020 de la OIT— en América Latina y el Caribe, en el desarrollo económico general, las mujeres siguen tropezando con obstáculos en el mercado de trabajo.
En primer lugar, su tasa de participación en la fuerza de trabajo en 2019 fue de 52.0 por ciento, frente al 76.7 por ciento de los hombres. En segundo lugar, la tasa de desempleo femenino (estimada en un 9.6 por ciento en 2019) es más alta que la de los hombres (6.9 por ciento), teniendo las mujeres más probabilidades de trabajar en empleos de menor calificación y con peores condiciones. En tercer lugar, la segregación profesional sigue caracterizando al mercado de trabajo de la subregión, en donde la población femenina se encuentra sobrerrepresentada en el trabajo doméstico.
La situación de las mujeres en el mercado de trabajo de la región latinoamericana presenta un panorama mixto en donde, por una parte, han conseguido grandes logros en el acceso a la educación y, por otra, han tenido que sortear numerosos obstáculos para acceder al trabajo decente. Dichos obstáculos son la causa de la persistente desigualdad de género.
Actualmente, las mujeres son reconocidas como jefas de la vivienda, particularmente en México, de conformidad con la información del Censo 2020, a nivel nacional 33 de cada 100 hogares las mujeres son reconocidas como jefas de la vivienda, esto significa 11 millones 474 mil 983 hogares.
Debido a lo anterior, los ingresos de las mujeres han pasado a desempeñar un papel más importante en la sociedad. Sin embargo, un estudio reciente de la OIT ha examinado que la brecha salarial de género en 17 países de América Latina y el Caribe (que representan 85 por ciento de la población total de la subregión) concluye que las mujeres ganan en promedio 17 por ciento menos que los hombres por cada hora trabajada, incluso habiendo tenido en cuenta factores como la edad, el nivel educativo, la residencia urbana frente a la rural, el tipo de trabajo y la estructura del hogar. Si se tiene en cuenta además la cantidad de horas trabajadas por semana, la brecha salarial de género alcanza casi el 25 por ciento.
De conformidad con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de los 37 países que la conforman, México presenta una brecha salarial más pronunciada de salarios entre hombres y mujeres, donde 77 por ciento de las mujeres labora más para ganar lo mismo que el 27 por ciento de los varones, tomando en cuenta que en el país hay más del doble de mujeres desempleadas, respecto de los hombres.
Aunado a lo anterior, la población femenina tiene menos oportunidades, ya que frente a 18 por ciento de mujeres desocupadas —4.6 millones— existe ocho por ciento —2.9 millones— de hombres sin trabajo, además de que 56 por ciento de las mujeres efectúa tareas domésticas en sus propios hogares, dedicando en promedio cerca de 48 horas a la semana a estas actividades, sin remuneración.
Por lo que, en este orden de ideas, la inclusión laboral debe representar uno de los ejes primarios que debe tener toda empresa; sin embargo, para hablar de una empresa inclusiva y diversa, no basta con hacer referencia al cumplimiento de las normativas vigentes en dicho rubro, sino realmente promover e incentivar la pluralidad de género, la edad, las discapacidades, entre otros.
Actualmente las empresas que buscan la inclusión carecen en su mayoría de estrategias y sensibilidad para llevarlo a cabo, ya que no saben cómo implementar la cultura en la que se valore a las personas por sus talentos y no por su condición física, social o ideológica.
De acuerdo con el estudio de Remuneración 2021 realizado por la consultora PageGroup, sólo el 30 por ciento de las empresas en México son intencionalmente inclusivas. Asimismo, se identificó que 48 por ciento de los ejecutivos considera que su empresa está comprometida en fortalecer sus políticas de inclusión.
Bajo esta premisa, 70 por ciento de las empresas que no cuentan con políticas claras sobre la inclusión y diversidad —por lo menos 60 por ciento de ellas— centra sus esfuerzos en diseñar estrategias relacionadas con la equidad de género; desde programas de beneficios, capacitaciones para hombres y mujeres, identificación de sesgos inconscientes, hasta ternas igualitarias para los procesos de selección de personal.
De acuerdo con un estudio de OCCMundial sobre discriminación en el mundo laboral, en México la apariencia física, el género, la orientación sexual, la edad, la discapacidad y la condición socioeconómica son las principales causas para la marginación.
Incluso, en materia de política pública, ha destacado que —recientemente— más empleadores han buscado certificarse en la norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, Norma creada para incentivar al sector privado para ser parte de las acciones que se están desarrollando en pro de la inclusión, la diversidad, la no discriminación y la igualdad laboral. La realidad actual es que el padrón se integra sólo por 460 compañías, en donde podemos encontrar organismos públicos, privados y civiles de entre los 1.9 millones de empresas y negocios que hay en el país.
Esto nos lleva a concluir -en gran manera- que es necesaria una reestructura del pensamiento de los líderes empresarios, ya que 41 por ciento de los encuestados coincidió que el equipo de liderazgo de su empresa actual no se acerca para conocerlos a nivel personal, pero sí consideran importante que lo hagan.
Aunado lo anterior y a pesar de que desde ya hace varios años la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha desarrollado acciones que impulsan la cultura de la inclusión laboral en nuestro país, tales como: el Distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo®, Distintivo Empresa Familiarmente Responsable y el Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil, además de ser estrategias del gobierno federal de carácter gratuito y de aplicación voluntaria, también responden a diversos instrumentos jurídicos y normativos a nivel nacional e internacional. 4
• Distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo
El Distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo es un reconocimiento que entrega el gobierno federal a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a las personas físicas o morales con actividad empresarial, corporativos, cámaras empresariales, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos federales, estatales y municipales que implementan y operan políticas laborales incluyentes, igualitarias y equitativas en beneficio de las trabajadoras y los trabajadores con alguna condición o situación de vulnerabilidad.
• Distintivo Empresa Familiarmente Responsable
El Distintivo Empresa Familiarmente Responsable es un reconocimiento que entrega el Gobierno Federal a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a los centros de trabajo del país (empresas, organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales; instituciones académicas; instituciones públicas, federales, estatales y municipales) que instrumentan buenas prácticas laborales en materia de conciliación trabajo-familia; igualdad de oportunidades; y, prevención de violencia laboral y de hostigamiento sexual.
• Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil
El Distintivo Empresa Agrícola libre de Trabajo Infantil es un modelo de gestión y organización que incentiva a los centros de trabajo agrícolas que contratan trabajadoras y trabajadores del campo a demostrar el cumplimiento de las leyes y normas laborales vigentes; establecer una Política de Cuidado y Protección Infantil que permita contar con reglas, guías y criterios para la realización de acciones en beneficio de las y los hijos de familias jornaleras, incorporar medidas para verificar y asegurar la no contratación de mano de obra infantil en ninguna de sus áreas y procesos; y evidenciar prácticas de responsabilidad social en el cuidado y protección infantil.
A pesar de todos estos distintivos, reconocimientos e incluso certificaciones, faltan políticas públicas que garanticen de facto la inclusión, la no discriminación, diversidad e igualdad laboral.
Falta, también, mayor apoyo para las —personas en situación de vulnerabilidad— y que incluso la iniciativa privada siga sumándose en la contratación de las personas con discapacidad y adultas mayores, para con ello reconocer así la entrega y capacidad de resultado que las mismas pueden dar en el empleo para el cual se les contrate.
En lo particular, este grupo parlamentario y la que suscribe, el pasado noviembre en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, dio una lucha incanzable con la finalidad de generar mayores recursos para las personas en situación de vulnerabilidad o grupos vulnerables, haciendo énfasis en los siguientes rubros:
• Crear un fondo de accesibilidad al transporte público para personas con discapacidad, esto ya que la accesibilidad al transporte público de este sector de la población no es un lujo y mucho menos una concesión, es una necesidad para ir al trabajo, a la escuela, capacitarse, aprender un oficio y de movilidad en general.
• Los refugios de mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia y que requieren apoyo y garantía de un nuevo inicio de vida en donde exista el respeto y la seguridad para ellas.
La atención de las víctimas y combate a la violencia contra mujeres, niñas, personas de la tercera edad y con alguna discapacidad.
• Rubros de los Programas encaminados a la Salud Materna, Sexual y Reproductiva, siendo que las estadísticas de mortalidad materna en nuestro país tan sólo en lo que va del 2021 han aumentado en 23 por ciento comparada con la de 2020, de acuerdo con las cifras del Observatorio de Mortalidad Materna en México.
Siendo así que el objetivo de este punto de acuerdo es hacer una llamado desde el Congreso de la Unión a las autoridades para que sigan generando políticas a favor de la inclusión, diversidad, la no discriminación e igualdad laboral, por ser una necesidad imperante de atender.
Este punto de acuerdo es resultado del trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil durante los meses de octubre y noviembre, y que en conjunto con CG&A Legal y Asuntos Públicos, se logró visibilizar la necesidad de impulsar la generación de políticas públicas en nuestro país para generar oportunidades laborales para las personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad o desventaja. En este sentido también es importante generar los vínculos con el sector empresarial, una política pública necesita para su éxito de todos quienes conformamos esta sociedad.
Derivado de lo expuesto, fundado y motivado, el día de hoy ante esta honorable soberanía someto la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como a sus homólogas en las 32 entidades federativas para que en el ámbito de sus facultades, implementen en coordinación una campaña de inclusión, la no discriminación, diversidad e igualdad laboral, con el propósito de generar acciones en favor de la integración laboral así como dar a conocer un reporte sobre los mecanismos para la inclusión que se han llevado a cabo.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que en el ámbito de sus facultades y con respeto a la soberanía, pueda establecer en conjunto con las y los gobernadores de las 32 entidades federativas un programa de inclusión y diversidad laboral, con la finalidad de garantizar el derecho a un trabajo digno y libre desarrollo de las personas.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que informe a esta soberanía el avance y resultados del Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las personas con Discapacidad 2021-2024.
Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que revise y analice los incentivos fiscales que se otorgan al sector empresarial a fin de establecer para el ejercicio fiscal 2022 y 2023 mecanismos fiscales que coadyuven e impulsen a la contratación de personas en situación de vulnerabilidad desde una perspectiva de inclusión, no discriminación, diversidad e igualdad laboral.
Notas
1 Página 16.
https://www.unicef.cl/archivos_documento/200/Libro%20seminario%2 0internacional%20discapacidad.pdf
2 Página 17.
http://www.stps.gob.mx/bp/gob_mx/libro-inclusion%20laboral% 20en%20mexico-avances%20y%20retos%20version%20digital.pdf
3 http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/Eje_temati-co_old_140620 11/9_gvulnerables_archivos/G_vulnerables/d_gvulnerables.htm#:~: text=Los%20grupos%20vulnerables%20son%20aquellos,maltratos%20contra%20sus%20der echos%20humanos
4 https://www.gob.mx/stps/acciones-y-programas/distintivos-que-otorga-la-secretar ia-del-trabajo-y-prevision-social
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de enero de 2022.– Diputada Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
RELATIVO A QUE SE ACTUALICE LA GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA DEL CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA TECNOLÓGICA EN SALUD
«Proposición con punto de acuerdo, para que se actualice la Guía de Práctica Clínica del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante de la LXV Legislatura del Grupo Parlamentario del Morena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o., párrafo cuarto, garantiza que toda persona tendrá derecho a la protección de la salud y que, además, será la ley la que definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Por lo que es en la coordinación entre los distintos niveles de la federación donde se deberán brindar condiciones mínimas de accesibilidad para que los pacientes de esta enfermedad puedan recibir un tratamiento digno.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 12 instaura que los estados parte (como lo es México) reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y, para lograr tal objetivo, estos estados concertarán las medidas necesarias para la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas.
Asimismo, la Ley General de Salud, en su artículo 2o. dice que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras, las siguientes finalidades: “el bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades; la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población; y, muy importante para el tema que nos ocupa, el desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud”.
Continúa la mencionada ley, en su artículo 6o., que el Sistema Nacional de Salud tiene, entre otros, los siguientes objetivos: proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas; impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos humanos para mejorar la salud.
También, en su artículo 92, establece que las Secretarías de Salud y de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, impulsarán y fomentarán la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos para los servicios de salud, de conformidad con los objetivos y prioridades del Sistema Nacional de Salud.
Por último, en su artículo 96 la ley contempla que la investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que contribuyan, entre otras, al conocimiento de los procesos biológicos y psicológicos en los seres humanos; a la prevención y control de los problemas de salud que se consideren prioritarios para la población; y al estudio de las técnicas y métodos que se recomienden o empleen para la prestación de servicios de salud.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 39, le corresponde a la Secretaría de Salud, “elaborar y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos, servicios médicos gratuitos universales y salubridad general, así como coordinar los programas de servicios a la salud de la administración pública federal”.
Además, le incumbe la administración de los establecimientos de salud, de asistencia pública, de medicina tradicional complementara y de formaciónde recursos humanos en salud, priorizando la movilidad y accesibilidad. Asimismo, es uno de sus mandatos el dictar las normas técnicas a que quedará sujeta la prestación de servicios de salud en las materias de salubridad general. Y, por último, entre los diversos asuntos que se encuentran a su despacho, está actuar como autoridad sanitaria, ejercer las facultades en materia de salubridad general que las leyes le confieren al Ejecutivo federal, vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables.
En la actualidad, según cifras del gobierno, alrededor del siete por ciento de la población vive con asma. Siendo un padecimiento que puede detectarse clínicamente desde el primer año de vida o a partir de los cuatro años de vida. 1
Como se estableció en el foro legislativo titulado Hacia una transformación en el manejo y atención del Asma en México,existen, por lo menos, 8.5 millones de personas en México con esta enfermedad, siendo esta una de las principales causas de enfermedad en México y, que las cifras permiten asegurar que la prevalencia de esta enfermedad causa diversas afectaciones en la calidad de vida de las personas como lo es el ausentismo laboral y escolar, la falta de oxígeno, la muerte prematura, la normalización de los síntomas característicos de esta enfermedad normalizándolos hasta el punto de que los pacientes aprenden a vivir con ella, entre otros.
De acuerdo con lo establecido por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud en el artículo titulado Guías de práctica clínica:
“La medicina basada en evidencia se ha posicionada como parte esencial en la práctica clínica y gerencia, en virtud de que pone a disposición de los profesionales de la salud, tomadores de decisiones y pacientes, la mejor evidencia científica con respecto a las diferentes intervenciones en salud sobre la prevención, tamizaje, diagnóstico, tratamiento, pronóstico o rehabilitación en los puntos clave de la historia natural de la enfermedad, con la finalidad de brindar una atención médica efectiva y de calidad”, continúa estableciendo que las Guías de Práctica Clínica son “documentos que emiten recomendaciones basadas en un análisis consciente, juicioso y explícito de la evidencia científica nacional e internacional, así como de la experiencia de los profesionales de la salud expertos en la materia y de los valores y preferencias de los pacientes. Su finalidad es poner a disposición de los usuarios (profesionales de la salud, tomadores de decisiones, pacientes, cuidadores de pacientes y ciudadanos) intervenciones en salud que sean efectivas, seguras y al mejor costo posible”. 2
En la actualidad la guía vigente de práctica clínica del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica para el Tratamiento del Asma tiene diversas limitantes para tratar a los pacientes que sufren esta enfermedad ya que no contempla las más recientes actualizaciones que se han evaluado a nivel mundial y nacional; también, para la prevención, desarrollo tecnológico y de conocimientos necesarios para hacer frente a esta enfermedad que, al mismo tiempo, cumpla con los estándares internacionales como lo es la Guía MIA 2021 3 para el Manejo Integral del Asma, de tal forma que se cumpla con los compromisos globales que se encuentran inscritos en distintas disposiciones normativas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Salud del gobierno de México, para que, en el ámbito de sus atribuciones, impulse a la brevedad la actualización de la Guía de Práctica Clínica del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica, con base en los estándares internacionales del manejo integral del asma y asma severa.
Notas
1 Secretaría de Salud. (2016). Siete por ciento de la población en México padece asma. 11 de noviembre de 2021, de Gobierno de México Sitio web:
https://www.gob.mx/salud/prensa/siete-por-ciento-de-la-poblacion -en-mexico-padece-asma [Fecha de consulta: 11 de noviembre de 2021].
2 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. (2021). Guías de Práctica Clínica. 11 de noviembre de 2021, de Gobierno de México Sitio web:
https://www.gob.mx/salud%7Ccenetec/acciones-y-programas/ direccion-de-integracion-de-guias-de-practica-clinica [Fecha de consulta: 12 de noviembre de 2021]
3 Larenas-Linneman D, Salas-Hernández J, Del Río-Navarro BE, Luna-Pech JA, Navarrete-Rodríguez EM, Gochicoa L, et al. MIA 2021, Manejo Integral del Asma. Lineamientos para México. Rev Alerg Mex. 2021;68 Supl 1: s1-s122. [Fecha de consulta: 12 de noviembre de 2021].
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión de Permanente, a 7 de enero de 2022.– Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
EXHORTO AL GOBIERNO DE GUANAJUATO, A FORTALECER MECANISMOS DE CONTROL EN LA APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Guanajuato a fortalecer sus estrategias y mecanismos de control en la aplicación y administración de recursos públicos federales en materia de seguridad pública e informar sobre acciones en materia de responsabilidades administrativas, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante de la LXV Legislatura del Grupo Parlamentario del Morena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en atención al objetivo número 16 del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, 1 definió como una de las prioridades del gobierno de México la atención al fenómeno de la inseguridad en nuestro país, a través de un “cambio de paradigma en seguridad”. 2
A su vez, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública definió como estrategia específica la creación de un nuevo modelo policial y el fomento al mejor aprovechamiento de recursos federales para 3:
“(...) apoyar la realización de las metas en los temas de profesionalización de las personas que conforman a las distintas instituciones encargadas de la Seguridad Pública, para la prevención de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, su equipamiento, la construcción de infraestructura física, así como para la implementación de bases de datos útiles para los fines de seguridad pública”.
En este tenor, la Ley General de Coordinación Fiscal 4 previó la existencia del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), mismo que se constituye por recursos federales destinados a profesionalización de los recursos humanos de las instituciones de seguridad pública, su mejor y mayor equipamiento, ampliación o construcción de infraestructura para la procuración e impartición de justicia, entre otros rubros, que permiten crear circunstancias de garantía a una vida libre de violencia.
Los recursos en comento pueden ser ejecutados por los distintos órdenes de gobierno, como lo es el estatal, y, en consecuencia, ser sujetos de fiscalización en cuanto a su destino y ejercicio por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 5
Dicho lo anterior, con motivo de labores de fiscalización superior de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2020, la ASF realizó sobre la (1) Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, (2) Centro de Evaluación y Control de Confianza, (3) Instituto de Formación en Seguridad Pública y (4) Fiscalía General de Justicia, autoridades todas del orden estatal de Guanajuato, auditoría combinada de cumplimiento y desempeño para verificar la adecuada gestión de recursos federales que le fueron asignados con cargo al FASP (Auditoría). 6
La Auditoría midió las estrategias y mecanismos de control estatal para la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos cuyo ejercicio fue revisado, así como para prevenir la corrupción, en la que, si bien se identificaron fortalezas, simultáneamente se advirtieron debilidades.
En efecto, con base en la aplicación de cuestionarios en materia de control interno y evaluaciones de documentación comprobatoria, se hallaron v.gr. respecto de la Fiscalía General del Estado 7:
1. En materia de ambiente de control:
a. Que no contó con un comité, grupo de trabajo, o instancia análoga:
i. En materia de ética e integridad para el tratamiento de asuntos que le son propios;
ii. En materia de obra pública.
2. En materia de administración de riesgos:
a. Que no estableció objetivos y metas específicas a partir de sus objetivos estratégicos;
b. Que no estableció un comité de administración de Riesgos para llevar a cabo el registro y control de los mismos;
c. Que no analizó los riesgos que pudieran afectar la consecución de los objetivos institucionales;
d. Que no informó a ninguna instancia la situación de riesgos, ni su atención.
3. En materia de actividades de control:
a. Que no contó con programas de adquisiciones de equipos y software.
4. En materia de información y comunicación:
a. Que no estableció actividades de control interno para mitigación de riesgos identificados;
b. Que no implementó planes de recuperación de desastres que incluyeran datos, hardware y software.
5. En materia de supervisión:
a. Que no evaluó los objetivos y metas establecidos;
b. Que no llevó a cabo autoevaluaciones de control interno, ni auditorías internas, ambas de los principa-les procesos sustantivos y adjetivos;
c. Que no realizó el seguimiento del programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas, a fin de verificar que las deficiencias se solucionan de manera oportuna y puntual.
Como consecuencia, al gobierno de Guanajuato le recayó una recomendación para proporcionar la información que evidenciara las mejoras realizadas y las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias determinadas, 8 sin embargo, aún y cuando la entidad remitió a la ASF documentación con la pretensión de atender de la recomendación generada, se concluyó que aquella no reunió “(...) las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado (...)”, por lo que se consideró, justamente, como no atendida. 9
Similarmente, de la revisión de 22 expedientes de adquisiciones realizadas con cargo al FASP, se identificó que e1 contrato para la adquisición de estación de análisis de bala y casquillo no acreditó contar con dictamen de procedencia a contratación por excepción a la licitación pública; 10 tratándose de otro para la adquisición de muebles de oficina y estantería no se ejecutaron penas convencionales por incumplimiento de obligaciones del proveedor, 11 y a su vez, se realizaron 11 adjudicaciones directas respecto de los que no se hizo del conocimiento al órgano interno de control, en el plazo previsto para tal efecto, los acuerdos de adjudicación y determinaciones de asignación.
Algo semejante ocurrió en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, pues se identificó respecto de los contratos denominados Comisaria en Edificio de Seguridad Pública, Municipio de San Miguel de Allende, Edificación de Seguridad Pública, Municipio de Moroleón y Edificación de Seguridad Pública, Municipio de Comonfort, 12 que en la ejecución de algunos de ellos no se presentaron las retenciones correspondientes a derechos e impuestos, o cobrado las estipuladas contractualmente, y por otra parte, del estudio de bitácoras de obra no se acreditaron las notas cerradas y resueltas, 13 o la inicial, ni de entrega de estimaciones. 14
Asimismo, se registraron incumplimientos en materia de transparencia dado que los reportes del gobierno de Guanajuato en torno al ejercicio, destino y resultados obtenidos de los recursos del FASP durante el ejercicio fiscal de 2020, no fueron congruentes con la información revisada y, simultáneamente, existieron retrasos en la entrega de información a autoridades federales de hasta 105 días. 15
Derivado de las irregularidades enunciadas, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del gobierno de Guanajuato promovió diversos procedimientos de responsabilidad administrativa, lo que confirma que existió identidad de criterio tanto federal como local en cuanto a la necesidad identificar, investigar y, en su caso, sancionar, a quienes resulten responsables de los hechos descritos. 16
Así, es indiscutible que lo expuesto constituye un obstáculo al cumplimiento de los fines del FASP, dado que la ausencia en el control interno impidió que, de manera oportuna, se continuaran asegurando los esfuerzos conjuntos de la federación y de Guanajuato para garantizar una vida libre de violencia a la población de este último, que es el resultado pretendido del ejercicio del fondo federal aludido.
Igualmente, el gobierno de Guanajuato violentó los principios de eficacia y transparencia que rigen la administración de los recursos públicos dispuestos, en contravención al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 17
Ello es así, toda vez que si eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, 18 la omisión en la ejecución de penas convencionales por incumplimientos contractuales, así como la observancia plena de distintas obligaciones en materia de arrendamientos, adquisiciones, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, todo en torno al ejercicio de recursos federales, permite suponer no se generó en su plenitud y oportunidad el efecto previsto, pues se incumplen las disposiciones legales mínimas que lo aseguran en su máximo grado.
Paralelamente, el principio de transparencia obliga a la autoridad estatal a garantizar el acceso a información veraz y oportuna de los bienes, recursos, objetivos y demás información relacionada directamente con el ejercicio de los recursos públicos no sólo respecto de la población beneficiaria, sino también de las autoridades auditoras que permite una rendición de cuentas integral, situación que no aconteció, como lo informó la ASF al acreditar la existencia de inconsistencias en el contenido y suministro de información, y que definitivamente, de requerir dicha información cualquier ciudadano, resultaría inminente que recibiría aquella que adolece de las mismas deficiencias identificadas en cuanto a su veracidad. 19
Por último, las violaciones a la legalidad expuestas resultan de interés de esta Cámara legislativa no sólo por constituir una transgresión a compromisos internacionales en materia de desarrollo sostenible; a nuestra Carta Magna, y al plan nacional de desarrollo que rige la actuación de los tres órdenes de gobierno, sino al también tratarse de deficiencias que atentan contra recursos asignados por esta Cámara de Diputados mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020 20 y cuya vigilancia compete.
Por lo anteriormente manifestado, con la única finalidad de prevenir la recurrencia de este tipo de desviaciones administrativas que obstaculizan garantizar a la población una vida libre de violencia, circunstancia indispensable para el disfrute de otros derechos fundamentales, es que someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero.La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Guanajuato a que adecúe sus estrategias y mecanismos de control para fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos públicos federales, a fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Guanajuato a que haga público, con motivo de las irregularidades advertidas por la Auditoría Superior de la Federación en su auditoría combinada de cumplimiento y desempeño 2020-A-11000-21-0835-2021 835-GB-GF correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020:
1. Las acciones emprendidas para dar cabal cumplimiento a la recomendación 2020-A-11000-21-0835-01-001;
2. El estado que guardan los procedimientos administrativos sancionatorios integrados bajo los expedientes No. INV.AUD.165/2021 A, INV.AUD.165/2021 A, INV. AUD.165/2021 A e INV.AUD.165/2021 A, promovidos por su Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.
Notas
1 Denominado “Paz, justicia e instituciones sólidas”. Asamblea General de las Naciones Unidas (21 de octubre de 2015) 70/1. Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Organización de las Naciones Unidas. Véanse también los objetivos de Desarrollo Sostenible en:
http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-soste nible/
2 Publicado el 12 de julio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.
3 Decreto por el que se aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2019. Estrategia Específica A) “Nuevo Modelo Policial”.
4 Publicada el 27 de diciembre de 1978 en el Diario Oficial de la Federación. Véanse sus artículos 25, fracción VII, 44 y 45.
5 Véase el artículo 1 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada el 18 de julio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.
6 Auditoría Superior de la Federación (s.f.) Auditoría combinada de cumplimiento y desempeño 2020-A-11000-21-0835-2021. 835-GB-GF. Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
7 Véase el resultado No. 1 de la AUDITORÍA.
8 Recomendación 2020-A-11000-21-0835-01-001.
9 Apartado de “Comentarios de la Entidad Fiscalizada”. Foja 20 de la AUDITORÍA.
10 Contrato número FGEG-DBS/575/2020.
11 Véase resultado No. 18. Contrato número FGEG-DBS/330/2020.
12 Contratos de obra pública números DIOP-FED/SSP/FASP2020/065-082020, PMM/DOPM/LS/SSP-FASP/MOROLEON/2020-01 y PMCOM/DOPE/FASP2020/CK/36-2020, respectivamente.
13 Bitácoras de los contratos No. DIOP-FED/SSP/FASP2020/065-082020 y PMCOM/DOPE/FASP2020/CK/36-2020.
14 Bitácora del contrato No. PMM/DOPM/LS/SSP-FASP/MORO-LEON/2020-01. Véase también, como referencia, el artículo 123 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2010.
15 Resultados No. 27 y 29 de la AUDITORÍA.
16 Resultados No. 15, 26, 27 Y 29 de la AUDITORÍA. Procedimientos de responsabilidad administrativa integrados bajo los expedientes No. INV.AUD.165/2021 A, INV.AUD.165/2021 A, INV.AUD.165/2021 A e INV.AUD.165/2021 A, respectivamente.
17 Publicada el 05 de febrero de 1917 en el Diario Oficial de la Federación.
18 Diccionario de la lengua española (2020) “Eficacia”. Real Academia Española. Consultado el 01 de diciembre de 2021 en: https://dle.rae.es/eficacia
19 Véase también el criterio judicial de rubro “Transparencia en su vertiente de publicidad de la información. Constituye un principio previsto en el artículo 134 de la Constitución que debe observarse en toda contratación en que intervengan recursos o bienes públicos, así como también en concursos públicos cuyo objeto es el otorgamiento de una autorización o permiso del Estado.” Consúltese en: Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro digital: 2021942. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Materias(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: I.6o.A.17 A (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 77, agosto de 2020, Tomo VI, página 6263. Tipo: Aislada.
20 Publicado el 11 de diciembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión de Permanente, a 7 de enero de 2022.– Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
SE PROTEJAN LOS MANTOS ACUÍFEROS DE SAN LUIS DE LA PAZ Y LA CUENCA DE LAGUNA SECA DE SAN JOSÉ ITURBIDE
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de Guanajuato a proteger los mantos acuíferos de San Luis de la Paz y la cuenca de Laguna Seca de San José Iturbide, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante de la LXV Legislatura, del Grupo Parlamentario del Morena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Es por eso que el agua debe tratarse fundamentalmente como un bien social y cultural, y no sólo como un bien económico. En este sentido, la Observación General Número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC) señala en su parte introductoria que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. 1
A través de una reforma constitucional al párrafo sexto del artículo 4o., publicada el 8 febrero de 2012 en el Diario Oficial de la Federación, se elevó a rango constitucional el derecho humano al agua y saneamiento, dicho precepto a la letra dice:
El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
Asimismo, debemos recordar que el 10 de junio de 2011 se reformó el artículo 1o. constitucional, para establecer que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución política y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, por lo que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Los principales instrumentos que regulan la administración del recurso hídrico en nuestro país son la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, ordenamientos jurídicos reglamentarios del artículo 27 de nuestra Constitución.
Asimismo, existen varias normas oficiales mexicanas en materia de agua, que son definidas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización como la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación (artículo 3, fracción XI).
Dentro de las Normas Oficiales Mexicanas en el tema de la calidad del recurso hídrico se encuentran la NOM-001-SEMARNAT-1996 y NOM-002-SEMARNAT-1996, relacionadas con los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales, la primera de ellas en agua y bienes nacionales, y la segunda a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.
Sin embargo, Guanajuato es uno de los estados del país con más sobreexplotación de los mantos acuíferos, hay zonas como San Luis de la Paz y la Cuenca de Laguna Seca de San José Iturbide en las que ya no es costeable trabajar los cultivos y donde además el agua ya no es apta para consumo humano al contener metales pesados, un sector la población de esa zona ya presenta problemas renales y cáncer.
La sobre explotación de los mantos acuíferos es generalizada en todo el estado, sin embargo, donde se da la mayor afectación está en la región de San Luis de la Paz, donde incluso productores de diversos tipos de chile dejaron abandonadas sus parcelas ante lo incosteable que resulta extraer agua a más de 400 metros de profundidad.
En el caso específico de la Cuenca de Laguna Seca en San José Iturbide, el agua no es apta por los metales pesados que contiene como arsénico y mercurio.
En algún momento va a colapsar ese sistema de producción, ciertas partes de Guanajuato de riego agrícola hacen una explotación indiscriminada de agua, por ejemplo, la zona de San Luis de la Paz que era altamente productiva, había zonas de riego y por ahí era muy común que se estableciera el cultivo de chilaca y de chile de varias especies y hay superficies enteras, ranchos enteros abandonados, precisamente porque estaban extrayendo a más de 400 metros y eso resulta incosteable.
De acuerdo con el Programa Estatal Hidráulico de Guanajuato la entidad cuenta con 20 acuíferos de los cuales 19 están sobreexplotados y el sector agrícola es el que más contribuye al volumen de uso del agua. La superficie de riego con aguas subterráneas en la entidad es de aproximadamente 250 mil hectáreas de cultivo, lo que aunado a las bajas eficiencias en riego causan un desequilibrio entre la recarga y extracción, desde 1976 han obligado a imponer vedas para la conservación del recurso natural.
Las autoridades estatales informaron que el ritmo de extracción de agua con relación a la recarga de los mantos acuíferos provoca descensos que van de uno a cuatro metros por año en los niveles de los acuíferos.
Por los argumentos anteriormente expuestos, someto ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que proteja los mantos acuíferos de San Luis de la Paz y la cuenca de Laguna Seca de San José Iturbide, Guanajuato.
Nota
1 El derecho humano al agua potable y saneamiento, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2014, p. 3, [Consulta: 7 de julio de 2021] Disponible en:
https://www.cndh.org.mx/web/derecho-humano-al-agua-y-al-saneamiento
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión de Permanente, a 7 de enero de 2022.– Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
SE REALICEN JORNADAS DE ORIENTACIÓN PARA EL SECTOR PRIMARIO, SOBRE LOS CAMBIOS Y ADICIONES EN MATERIA FISCAL
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al SAT a realizar con sus 32 homólogas locales jornadas de orientación para el sector primario sobre los cambios y las adiciones en materia fiscal que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2022, suscrita por la diputada Alma Anahí González Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputada Alma Anahí González Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás legislaciones aplicables, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
La Ley de Ingresos es el ordenamiento jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Poder Legislativo, que contiene los conceptos bajo los cuales se podrán captar los recursos financieros que permitan cubrir los gastos de la federación durante un ejercicio fiscal. 1
El 8 de septiembre de 2021, el Ejecutivo presento ante la honorable Cámara de Diputados el paquete económico que contempla la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2022.
Una vez recibida la propuesta del Ejecutivo, es responsabilidad de ambas Cámaras, su previo análisis y pertinencia. De conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), la Ley de Ingresos deberá ser aprobada en la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre y por la Cámara de Senadores a más tardar el 31 de octubre. 2
Por tercer año consecutivo, el paquete económico fiscal 2022, reafirmó la postura del gobierno federal de no crear nuevos impuestos ni aumentar las tasas estipuladas ahora bien, bajo el contexto económico que ha dejado la pandemia, resulta de gran importancia fortalecer el sistema tributario mexicano a efecto lograr una recuperación económica que garantice el bienestar de la población, sin dejar de lado la inversión y creación de nuevas fuentes de empleo.
La Ley de Ingresos aprobada por ambas Cámaras y publicada en el mes de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, contiene los cambios que mejoran la eficiencia recaudatoria y combaten la corrupción, dichos cambios facilitarán el cumplimiento de los deberes que tenemos como ciudadanos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en donde se establece que, “es obligación de todo mexicano contribuir para los gastos públicos, de la federación, así como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”. 3
Las disposiciones que entrarán en vigor en 2022, contemplan cambios en materia de Impuesto sobre la Renta (ISR), Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Código Fiscal de la Federación.
Los ejes rectores que ilustran los objetivos de las reformas, se centran en un mayor Control: que tiende a combatir la evasión fiscal, así como, mejorar la gestión tributaria: a través de distintas herramientas que incentiven y monitoreen el cumplimiento de las obligaciones en materia de impuestos; Claridad: se identificaron distintos conceptos que se malinterpretaban o eran ambiguos dentro de la LISR, esto creaba huecos legales que propiciaban la elusión. Debido a esto, se propuso su modificación, limitación o acotación de distintos conceptos. Simplificación: se crea el nuevo Régimen Simplificado de Confianza (Resico), con la intención de una máxima simplificación, a efecto de que la determinación y pago del impuesto sea accesible y sin la necesidad de apoyo de terceros, beneficiando a los contribuyentes con menor capacidad administrativa. 4
Las modificaciones en materia de impuestos tienen el objetivo de promover la formalidad de todo ciudadano mexicano a partir de los 18 años cumplidos, e iniciar la recuperación económica que necesita nuestro país, después de la peor crisis que ha vivido la humanidad desde 1929, no obstante, circulan diversas informaciones sobre los beneficios y afectaciones a cerca de las disposiciones avaladas por ambas Cámara del Congreso, así como su impactado social y económico en los contribuyentes de los distintos sectores, en donde el común denominador es la incertidumbre, debido al desconocimiento de las nuevas obligaciones y su adecuada orientación, tal es el caso de un sector tan importante, como es el cañero en Quintana Roo.
Ante una visita de territorio como representante popular, en el municipio de Otón P. Blanco, he recogido diversas inquietudes por parte de los trabajadores y empresarios que forman parte del sector cañero, los cuales se manifiestan preocupados ante el posible aumento de la carga impositiva que los diversos cambios contenidos en la recién aprobada miscelánea fiscal que entrará en marcha para este 2022, considerado que podrían repercutir en sus bolsillos, además de la falta de claridad en las obligaciones que específicamente les corresponden al formar parte de la cadena de valor en la industria de la caña, situación que hace imposible percibir cuántos beneficios traerán las nuevas disposiciones tributarias para los contribuyentes del sector primario.
Esto anterior, resulta preocupante de cara al inicio del nuevo ciclo agrícola, en el que los productores deberán operar con las nuevas reglas recién aprobadas, bajo temor de algún tipo de persecución fiscal por parte de las autoridades y la desconfianza de que dichos cambios ocasionarían un impacto en la economía de por sí, afectada a causa de la pandemia.
Las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena siempre hemos luchado porque existan leyes que estén a favor de la ciudadanía que representamos, y desde luego que la Ley de Ingresos no es la excepción, sin embargo ante una desinformación generalizada en todo el sector primario en donde se encuentra la industria cañera de Quintana Roo, se requiere de manera urgente, una orientación con un leguaje práctico sobre las nuevas disposiciones en materia de impuestos, por parte de las autoridades fiscales, la cual les permita comprender los criterios que se aplicarán, de acuerdo con el régimen en el que están, y las actividades económicas a las que se dedican.
Ahora que nuestro país se encuentra viviendo una de las pruebas más duras de nuestra historia, se requiere mantener finanzas sanas, y hoy más que nunca, vamos a seguir insistiendo a favor del tema principal que es la economía. Pero también vamos a estar ahí con los distintos sectores que no se están siendo atendidos por la política de gobierno de nuestro país.
Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta con pleno respeto a la jefa del Servicio de Administración Tributaria para que en coordinación con sus homólogas de las 32 entidades federativas, se realicen a la brevedad posible, jornadas de orientación para el sector primario, sobre los cambios y adiciones en materia fiscal que han entrado en vigor a partir del 1 de enero de 2022.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la jefa del Servicio de Administración Tributaria a fomentar la cultura contributiva a través de foros y talleres en las 32 entidades federativas del país, las cuales permitan conocer los beneficios de cumplir con las obligaciones que como ciudadanos nos corresponden.
Fuentes
1. http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=146v
2. https://www.mbasociados.mx/cambios-en-miscelanea-fiscal-2022/
3. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635285&fecha= 12/11/2021
4. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfprh.htm
5. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
Notas
1 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=146v
2 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lfprh.htm
3 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf
4 https://www.mbasociados.mx/cambios-en-miscelanea-fiscal-2022/
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 7 de enero de 2022.– Diputada Alma Anahí González Hernández (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
SE INSTRUYA A LA SECRETARÍA DE SALUD, IMPLANTAR UNA POLÍTICA PÚBLICA A FIN EVITAR EL DESABASTO DE MEDICAMENTOS EN EL SECTOR
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Ssa para que implante una política pública eficaz y realizar acciones conducentes a evitar desabasto de medicamentos en el sector, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Gina Gerardina Campuzano González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
La llegada de los medicamentos a las manos de los usuarios ha sido uno de los principales retos de la administración de Andrés Manuel López Obrador, en la que desde las empresas hasta los médicos han sido responsabilizados por los problemas de desabasto. i
Lamentablemente como recordaremos hace unos días Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, en una de las conferencias matutinas del Ejecutivo federal, destaco que: “Hay una serie de argucias y que son muy metidas en médicos, en personal de trabajadoras sociales, por señalar a alguien, no estoy estigmatizando, señalar quiénes participan en esa cadena”. ii
El funcionario manifestó que están trabajando para completar la “última milla”, pero hay situaciones que están arraigadas y no se han podido desprender, como que en algunos casos los médicos son los que manejan ese eslabón y definen en la consulta quién puede pagar la medicina aunque estén en los almacenes. iii
Además, señaló que a cada rato lo encuentra, que los médicos son los que manejan ese eslabón, esa unión, esa pieza, de que ellos dicen: ‘no hay’ y saben que hay y todavía dicen: ‘No le mandes la receta a fulano de tal porque él sí la va a pagar’, es decir, la va a pagar el paciente. Y que, “entonces, en la consulta misma definen quién va a pagar la medicina que está ya claramente identificada y firmado por los directores de los hospitales y de los centros de salud, que nos ha costado trabajo hacerlo”. iv
Al respecto, federaciones, asociaciones y colegios de médicos de México calificaron de inapropiadas las declaraciones del secretario de Salud sobre que el personal es responsable del desabasto de medicamentos, en casos como el que explicó, por lo que exigieron no recibir “injustas descalificaciones”. v
“Con estos comentarios en mente, los usuarios culparán siempre al personal de salud ante cualquier desabasto que ocurra”, señalaron en un comunicado en el que recordaron que durante la pandemia el sector ya ha sufrido agresiones psicológicas y físicas, a pesar de su esfuerzo por atender pacientes con covid. vi
Aunado a lo anterior, recordaremos que, al llegar a la presidencia de la República, López Obrador acusó de contubernios para la adquisición de contratos y monopolios a los distribuidores de medicamentos. Por lo que, la administración ha buscado otras formas para garantizar los medicamentos e insumos, a través de compras consolidadas y mecanismos exteriores como la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), lo que ha retrasado el proceso y provocado que los fármacos lleguen tarde o que una vez que son adquiridos, falte la distribución para que se surtan los almacenes y hospitales. vii
Asimismo, la investigación “Operación Desabasto”, de las organizaciones Impunidad Cero y Justicia Justa, identificó que el desabasto se originó por una serie de políticas públicas mal planeadas y ejecutadas, que tenían como objetivo luchar contra la corrupción en la adquisición de medicamentos y ahorrar en la compra de insumos médicos. viii
A más de tres años de esta situación, el presidente López Obrador urgió a resolver el problema, incluso con el apoyo de las Fuerzas Armadas que contribuirán con la distribución. “Ha sido un desafío”, comentó en conferencia de prensa matutina donde aseguró que el próximo año habrá mejor organización. ix
Es por ello, que presento el presente exhorto al Ejecutivo federal para que instruya al titular de la Secretaría de Salud para implementar una política pública eficaz y realizar las acciones necesarias a fin evitar el desabasto de medicamentos en el sector.
Por lo antes expuesto y fundamentado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y evitar el desabasto de medicamentos en el sector, por lo que me permito proponer el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que instruya al titular de la Secretaría de Salud para implementar una política pública eficaz y realizar las acciones necesarias a fin evitar el desabasto de medicamentos en el sector.
Notas
i Médicos piden que no los responsabilicen por el desabasto de medicamentos, Expansión Política, consultado por última vez el 7 de enero de 2022 en
https://politica.expansion.mx/medicos-piden-que-no-los-responsab ilicen-por-el-desabasto
ii Ibídem.
iii Ibídem.
iv Médicos piden que no los responsabilicen por el desabasto de medicamentos, Expansión Política, consultado por última vez el 7 de enero de 2022 en
https://politica.expansion.mx/medicos-piden-que-no-los-responsab ilicen-por-el-desabasto
v Ibídem.
vi Ibídem.
vii Médicos piden que no los responsabilicen por el desabasto de medicamentos, Expansión Política, consultado por última vez el 7 de enero de 2022 en
https://politica.expansion.mx/medicos-piden-que-no-los-responsab ilicen-por-el-desabasto
viii Ibídem.
ix Ibídem.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.– Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
EXHORTO A LA PROFECO, A CREAR UNA OFICINA DE LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR (ODECO) EN COAHUILA
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profeco a crear una Odeco en Coahuila, con sede en Saltillo, para atender a los habitantes de la región sureste de la entidad, suscrita por el diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, Jaime Bueno Zertuche, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Exposición de Motivos
La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) fue creada en 1975 derivada de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y es una institución que tiene como principal objetivo defender los derechos de los consumidores, prevenir los abusos y garantizar relaciones justas; y fue de este modo que México se convirtió así en el primer país latinoamericano en crear una procuraduría y el segundo con una ley en la materia.
Con la intención de garantizar las buenas prácticas entre comerciantes y/o prestadores de servicios y consumidores se crearon oficinas en las principales ciudades del país; hasta hace muy poco, la Profeco tenía presencia en los estados con un total de 32 delegaciones y 19 subdelegaciones. En el caso de Coahuila, hasta el 4 de agosto del año pasado, Saltillo contaba con una oficina central y subdelegaciones en Monclova y Acuña; sin embargo, actualmente éstas desaparecieron, y se creó una oficina de la defensa del consumidor (Odeco), situada sólo en Torreón, Coahuila.
En 2019 se decretó una nueva forma de organización en las dependencias federales, donde se desaparecieron las figuras de las delegaciones. Así, el 30 de enero del pasado año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Estatuto Orgánico de la Profeco, por el cual cesan las operaciones de todas las delegaciones y subdelegaciones de esta institución, creando en su lugar las Odeco.
En el ordenamiento mencionado se marcan la forma para determinar la ubicación de las Odeco, las cuales se basan principalmente en factores como mayor actividad económica, densidad de población y mejor ubicación geográfica, en miras a facilitar la operatividad y atención oportuna en las zonas de mayor concentración de operaciones comerciales, turísticas o de servicios en el territorio nacional.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Profeco decidió que la oficina central de Coahuila se trasladase a Torreón, por el alcance que se tenía en la Laguna, sin embargo el resto de los municipios del estado deben trasladarse a Torreón o Monterrey, Nuevo León, para realizar los trámites pertinentes, por lo que trasladarse desde el interior del estado a las sedes mencionadas para llevar a cabo las acciones de promoción y protección de los derechos e intereses que tienen como consumidores, les genera pérdida de tiempo y dinero, transformando el interponer una queja en un tema complicado.
Aunado a lo anterior, debemos destacar que Saltillo, la capital de Coahuila, no cuenta con representación de la Profeco, lo cual considero no adecuado, primeramente, por tener gran número de habitantes tanto de esta ciudad como de municipios vecinos además de ser parte vital del motor económico y social de nuestra entidad; por tal motivo es necesario que se reconsidere la distribución geográfica de estas oficinas, a fin de valorar la creación de otra Odeco que cubra los municipios de la región sureste de la entidad, para que se protejan los derechos de los consumidores.
Por todas las razones mencionadas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, para su urgente y obvia resolución:
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a valorar la posibilidad de crear una oficina de la defensa del consumidor en Coahuila, con sede en Saltillo, para que sean atendidos los habitantes de la región sureste de la entidad y les sean respetados sus derechos como consumidores.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Ciudad de México, a 12 de enero de 2022.– Diputado Jaime Bueno Zertuche (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
SE INVESTIGUE EL ESTADO FÍSICO Y AMBIENTAL DEL RÍO BLANCO, EN VERACRUZ
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades ambientales de Veracruz a llevar a cabo una investigación que permita conocer el estado físico y ambiental del río Blanco, y determinar las responsabilidades y sanciones que garanticen la reparación del daño, suscrita por la diputada Angélica Peña Martínez, del Grupo Parlamentario del PVEM
La que suscribe, Angélica Peña Martínez, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La riqueza natural del país es incuantificable e irrefutable, constantemente se hace referencia de la privilegiada ubicación geográfica de México y de los beneficios que de ello derivan.
Se habla de los recursos naturales haciendo especial énfasis en la flora y fauna que componen muchos de nuestros ecosistemas; no obstante, poco se puntualiza sobre el hecho de que México cuenta con una importante red hidrográfica de más de 630 mil kilómetros de longitud, donde destacan 51 ríos principales por los que fluye 87 por ciento del escurrimiento superficial y cuyas cuencas cubren 65 por ciento de la superficie nacional; destacando por su superficie las cuencas de los ríos Bravo y Balsas, y por longitud, los ríos Bravo y Grijalva-Usumacinta. 1
Respecto a su importancia, los principales servicios ambientales que prestan los ríos son éstos: 2
1. Servicios de provisión de alimentos, agua dulce, fibras, maderas, combustibles y recursos genéticos;
2. Servicios de regulación como regulación atmosférica y del clima, regulación hidrológica, control de la contaminación y de la erosión, y control de inundaciones;
3. Servicios culturales: bienestar, recreación, valor estético y de educación e investigación científica; y
4. Servicios de soporte de la biodiversidad, formación de suelos, reciclaje de nutrientes y fertilidad y polinización.
Atendiendo a esto, especialistas y organizaciones ambientalistas refieren que históricamente los ríos se han usado para una serie de beneficios que incluyen el suministro de agua para las ciudades, la generación de energía hidroeléctrica y el riego, impulsando el crecimiento, oportunidades y el bienestar económico en las comunidades; pues a medida que fluyen por campos, llanuras y ciudades, los ríos son vitales para millones de personas en la forma de alimentos, energía e ingresos.
Pese a su importancia, la protección de estos recursos naturales no ha sido suficiente, desde hace décadas se tiene documentado que 7 de cada 10 ríos en México se encuentran contaminados, pudiendo encontrarse en ellos mercurio, plomo, cadmio, níquel, cromo, arsénico, cianuro o tolueno, y demás sustancias químicas tóxicas.
Datos admitidos por la propia Comisión Nacional del Agua señalan que 70 por ciento de los recursos de agua dulce en el país está afectado por la contaminación y el 31 por ciento se describe como extremadamente contaminado; siendo las descargas constantes y “permitidas” las principales fuentes de contaminación.
Lo mismo fue evidenciado mediante el Estudio sobre protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos, elaborado por el colectivo transdisciplinario de un equipo de académicos pertenecientes a la Coordinación de Humanidades, a la Coordinación de la Investigación Científica y a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que mediante convenio con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Sexta Visitaduría General, solicitó dicho análisis con el objetivo general de “evaluar las implicaciones de la contaminación y sobreexplotación de las aguas continentales superficiales y subterráneas, respecto al goce y disfrute de los derechos humanos”. 3
Dicho documento expuso datos alarmantes: por ejemplo, que al momento de la medición, la disponibilidad de agua renovable per cápita se redujo en 2015 a 3 mil 338 metros cúbicos por habitante al año, cuando en 1950 era de 18 mil 35 metros cúbicos por habitante al año. Asimismo, alrededor de 9 millones de habitantes no tienen acceso a agua segura para su salud; 1.5 millones de indígenas no tiene servicio de agua entubada en la vivienda y 3.2 millones carecen de drenaje.
Adicionalmente, se sanea sólo 35.36 por ciento de aguas residuales, y cada segundo se vierten a las redes de descarga y cuerpos de agua 89.2 metros cúbicos de aguas contaminadas sin tratamiento alguno; de las cuales 138.74 metros cúbicos por segundo de aguas residuales son de origen industrial. Se concluye que 54 por ciento de las aguas negras se descarga en ríos o arroyos y, coincidiendo con otras mediciones, que más de 70 por ciento de los ríos, lagos y presas presentan algún grado de contaminación.
Aun cuando dichas mediciones no cuentan con una actualización oficial disponible, se tiene pleno conocimiento que la situación no es distinta ni mejor. Ejemplo de ello es el caso del río Blanco, Veracruz, también llamado río Atlizcatl, cuyo origen se encuentra en Acultzingo, y escurre 3 mil 130 kilómetros, a través de 37 municipios.
Dada su longitud, se calcula que alrededor de 26 mil hectáreas de riego usan el afluente, especialmente para actividades de agricultura y agroindustria.
Diversos medios de comunicación han denunciado su afectación en los últimos años, algunos de ellos advirtieron que, desde 2019, el río lucía repleto de basura, restos de árboles y ramas, pero no sólo eso, también se identificó la presencia de ropa, muebles, enseres domésticos y desechos metálicos, 4 lo que indudablemente denota la intervención negativa del hombre en la problemática.
De manera coincidente, el portal de internet El Sol de Orizaba denunciaba que la contaminación en el río Blanco podría venir de Omealca o Cuichapa, donde fueron detectados tiraderos clandestinos, de conformidad a lo manifestado por el entonces titular de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del gobierno estatal. Dicha nota estimaba que podrían ser más de 18 toneladas de basura las que se encontraban concentradas en el área señalada. 5
Actualmente, la situación no parece mejorar, pues diversas fuentes advierten que en el Río Blanco existe una compuerta que no permite el paso del agua, originando que la poca que se filtra provoque encharcamientos, proliferación de mosquitos y malos olores, lo cual puede incidir en afectaciones a la salud humana. 6
Indudablemente, hay evidencia fundada de que el estado físico y el valor ambiental del Río Blanco no es el adecuado, sin embargo, poco se sabe sobre las acciones que las autoridades ambientales han realizado para identificar las causas y, sobre todo, para llevar a cabo acciones que pongan un alto a la afectación de dicho río.
Como se refirió, la importancia de nuestros recursos hídricos debe llamar la atención de las autoridades para impedir que se sigan dañando, primordialmente en acciones donde es evidente la intervención humana en su afectación.
Por lo anterior resulta necesario hacer una investigación que permita identificar plenamente cuál es la situación actual del río Blanco, Veracruz, así como las causas que dieron origen a su contaminación y, de ser cierto, a que el día de hoy se encuentre sin la afluencia natural.
Por todo lo aquí expuesto y ante la gravedad que representa la situación someto a consideración de esta asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz para que, en coordinación con las autoridades ambientales estatales que considere pertinentes, lleve a cabo de inmediato una investigación que permita conocer el estado actual del río Blanco en el estado.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente de Veracruz para que, en coordinación con las autoridades estatales que considere pertinentes, lleve a cabo una investigación que permita determinar las causas y los efectos de la contaminación del río Blanco en Veracruz y, en su caso, determine responsabilidades para que, en el marco de la legislación en materia de responsabilidad ambiental y demás aplicable, se establezcan las sanciones correspondientes y las medidas necesarias para la reparación del daño.
Notas
1 Véase, Situación de los recursos hídricos, Comisión Nacional del Agua, 9 de octubre de 2019. Consultado el 19 de noviembre de 2021. Disponible en
https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/situacion-de-los -recursos-hidricos
2 Véase, Ríos y lagos, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad; actualizado el 27 de octubre de 2021. Consultado el 19 de noviembre de 2021. Disponible en
https://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/ecosismex/rios-y-la gos
3 Véase, Estudio sobre protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos,colectivo transdisciplinario de un equipo de académicos pertenecientes a la Coordinación de Humanidades, la Coordinación de la Investigación Científica y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mediante convenio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mayo de 2018. Consultado el 19 de noviembre de 2021. Disponible en
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/SINTES IS_ESTUDIO_RIOS_LAGOS_ACUIFEROS.pdf
4 Véase “Toneladas de basura invaden el río Blanco en Veracruz”, en Milenio, 19 de septiembre de 2019. Consultado el 19 de noviembre de 2021. Disponible en
https://www.milenio.com/estados/veracruz-toneladas-basura-invade n-rio-blanco
5 Véase “Tiraderos clandestinos contaminaron el río Blanco: PMA”, en El Sol de Orizaba, 20 de septiembre de 2019. Consultado el 19 de noviembre de 2021. Disponible en
https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/tiraderos-clandestinos-c ontaminaron-el-rio-blanco-pma-contaminacion-omealca-cuichapa-veracruz-orizaba-c ordoba-4204705.html
6 Véase “Amenaza río Blanco salud de población”, en El Mundo de Orizaba, 27 de marzo de 2021. Consultado el 19 de noviembre de 2021. Disponible en
https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2021/03/27/amenaza-ri o-blanco-salud-de-poblacion/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2022.– Diputada Angélica Peña Martínez (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
EXHORTO AL GOBIERNO DE OAXACA, A REINTEGRAR RECURSOS A BANOBRAS POR EL PROGRAMA MÁS OAXACA
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Oaxaca a reintegrar recursos a Banobras por el programa Más Oaxaca; y a la OSFEO y CEA, a hacer del conocimiento público los informes respectivos, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, Margarita García García, Diputada Federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Oaxaca para que reintegre recursos a Banobras por el Programa MAS Oaxaca, así como a la OSFEO y CEA para que haga de conocimiento público los informes del Programa MAS Oaxaca, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El agua es de vital importancia para la existencia de los seres vivos, tal es el caso que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) considera el agua como parte del desarrollo sostenible, socioeconómico, energético, alimenticio y sobre todo para la adaptación del cambio climático, ya que es el vínculo entre la sociedad y el medio ambiente.
Además el acceso al agua es considerado un derecho humano elemental ya que se considera necesaria para el desarrollo de los seres humanos, la salud, la educación y la productividad económica de las poblaciones. Esto se reconoce por la Asamblea general de las naciones Unidas en julio de 2010, en donde se considera el acceso a una cantidad de agua suficiente para uso doméstico y personal, la cual no debería costar más del 3% de los ingresos de cada hogar.
El cuidado del agua es parte de la Agenda 2030, ya que se considera como parte del Desarrollo Sostenible, además de que la ONU ha abordado este tema en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua en 1977, en el Decenio Internacional del Agua Potable y del saneamiento Ambiental de 1981-1990, en la conferencia Internacional sobre el agua y el medio ambiente de 1992 y en la Cumbre para la Tierra de 1992 para conseguir acceso al agua potable, satisfacer las necesidades humanas, comerciales y agrícolas.
El agua se considera un recurso tan importante que el 22 de marzo se considera el Día Mundial del Agua en donde se recuerda y conmemora la relevancia de este importante líquido para realizar todas las actividades necesarias para el desarrollo humano, en todos los acuerdos celebrados por la ONU los países miembros deben de tomar acciones para establecer las condiciones propuestas.
En el caso de México al gua tiene tal importancia que se creó una institución especial para atender los asuntos relacionados con el agua, la cual es la Comisión Nacional del Agua, la cual depende de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y está encargada de preservar las aguas nacionales y sus bienes públicos para una administración sustentable, garantizando la seguridad hídrica.
Del mismo modo cada uno de los estados cuenta con una institución responsable del suministro y administración de agua, impulsándolos proyectos necesarios para el abastecimiento de agua en las localidades de su demarcación territorial.
En Oaxaca se cuenta con la Comisión Estatal del Agua Oaxaca (CEA), quienes han buscado establecer un mejor servicio para el abastecimiento de agua potable para su territorio, tal es el caso que se buscó un apoyo a nivel internacional para obras que apoyaran a que el agua llegara a más hogares oaxaqueños.
Tal es el caso del Programa de Modernización del Sector Agua y saneamiento del Estado de Oaxaca, “Programas Mas Oaxaca” presentado por el gobierno de 2010- 2016, el cual presentó como objetivo apoyar la mejora del sector de abastecimiento de agua y saneamiento del Estado de Oaxaca, además, de mejorar la calidad y la sostenibilidad del servicio de abastecimiento de agua en algunas zonas urbanas.
Este programa incluyó las siguientes actividades:
a) Rehabilitación de los pozos que abastecen el sector;
b) Construcción de las conexiones entre los pozos y la planta de tratamiento de agua;
c) Construcción de las conexiones entre las principales líneas de distribución;
d) Construcción de una planta de tratamiento de agua;
e) Construcción de una estación de bombeo;
f) Construcción de una línea de transmisión desde la estación de bombeo hasta los tanques de almacenamiento;
h) Rehabilitación, optimización hidráulica y sectorización de la red de distribución;
i) Rehabilitación de las conexiones de agua e instalación de micromedidores;
j) Instalación de macromedidores y manómetros;
k) Actualización de los mapas de la red y el sistema comercial;
l) Elaboración de estudios sobre AAS, redacción de documentos de licitación y supervisión de las obras. 1
Esta obra tendría impacto ambiental y social en el Estado, ya que los pueblos indígenas representarían un grupo importante de beneficiarios, se mitigaría la pobreza en 18 municipios que viven por debajo del nivel nacional de pobreza.
Para lograr este proyecto el Gobierno del Estado de Oaxaca como ya mencione se apoyó con recursos internacionales, quedando las fuentes de financiamiento fueron las siguientes:
*Cuadro obtenido del Programa de MAS Oaxaca
Conforme lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las instituciones financieras internacionales no pueden otorgar financiamiento de forma directa a las entidades subnacionales, por lo tanto se necesitó el apoyo de Banobras, como entidad encargada de promover y otorgar financiamiento a los gobiernos estatales y municipales para proyecto de infraestructura, por lo anterior Banobras fungió como prestatario concediendo el importe del préstamo en forma de crédito al Gobierno del Estado de Oaxaca a través de la Secretaria de Finanzas del Gobierno Estatal.
Este proyecto se presentó en el gobierno de 2010-2016, el proyecto se realizó con el gobierno en turno, ya que el Banco Mundial en 2017 aprobó el crédito para el Proyecto MAS Oaxaca que beneficiaría a un total de 19 municipios del Estado, por un total de 55 millones de dólares que mejoraría el sistema de agua potable en el Estado, aunque se presume que este proyecto fue cancelado, que se entregó una obra inconclusa, mal hecha, hubo pagos indebidos y se contrataron empresas fantasma para su construcción.
A pesar de que esta obra se anunció como no de los grandes logros de este gobierno estatal en turno se informa que se ocultó que el Banco Mundial solo libero el 27% del total del dinero pactado, ósea 12.5 millones de dólares, y a los restantes 18 municipios solo se les otorgó 4.4 millones de dólares, debido a que se entregaron Informes inconclusos o inexistentes, así como obras retrasadas, además de estas irregularidades se han reportado fugas en la red de tuberías construidas recientemente, los habitantes siguen sin un servicio adecuado ya que continúan comprándola a tanques cisterna, ya que el suministro se da cada 15 días y solo por algunas horas, el agua es de mala calidad.
Estas irregularidades se reportan en el macrotanque de San Juan Chapultepec, ubicado en el barrio el Coquito en san Juan Chapultepec, estas afectaciones se han reportado a Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en donde aparece información de 2 obras relacionadas s este proyecto en su página de internet:
Cabe mencionar que el dinero que otorgo el Banco Internacional sea sumado a la deuda que ya tiene Oaxaca, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO) no ha querido hacer público el expediente de responsabilidad administrativa OSFE/AESIEE/DSIEE-A/INV-12/2021 derivado de la auditoría financiera de cumplimiento y sobre el desempeño número OA/CPE/011/2019, de la cual forman parte las obras de MAS Oaxaca.
De igual manera se han solicitado por parte de la sociedad civil organizada Avispa Midia, las actas entrega de las construcciones hechas a la Comisión Estatal del Agua (CEA) a la cual no se ha respondido.
Así mismo se encontró que en estos proyectos participaron empresas fantasmas, que comparten el mismo domicilio fiscal o que se encuentran calificadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), como contribuyente con operaciones presuntamente inexistentes” como la empresa Estructuras Arquitectónicas Tholoi, que comparte domicilio con Acceso y Desarrollo a la Tecnología, SA de CV, otra empresa involucrada Construcción y Diseño Gasso S de RL de CV, denunciada por una diputada local de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca el pasado 17 de marzo de 2021 por ser una empresa facturera, fantasma o involucrada en redes de corrupción.
Como podemos observar este programa creado por el Gobierno del Estado de Oaxaca para el abastecimiento y saneamiento del agua en el Estado se encuentra rodeado de muchas irregularidades, desde que comenzó y hasta su supuesta conclusión, tal es el caso que el mismo Banco Internacional suspendió el apoyo para este proyecto.
Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Oaxaca a que reintegre el recurso otorgado por el Banco Mundial a través de Banobras por obras inconclusas del Programa MAS Oaxaca.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, Comisión Estatal del Agua a que hagan pública la información solicitada por Avispa Media.
Notas
1 Gobierno del Estado de Oaxaca 2010-2016, Programa de Modernización del Sector Agua y Saneamiento del Estado de Oaxaca, Pág. 33
Bibliografía
- Página oficial de la ONU
https://www.un.org/es/global-issues/water
- Página Oficial de la Conagua
https://www.gob.mx/conagua
- Gobierno del Estado de Oaxaca 2010-2016, Programa de Modernización del Sector Agua y Saneamiento del Estado de Oaxaca.Recuperado de:
https://www.finanzasoaxaca.gob.mx/pdf/pmas_oax/Descripcion%20Gen eral%20Programa%20MAS%20Oaxaca.pdf
- Página Oficial de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Oaxaca.
https://www.oaxaca.gob.mx/sapao/banobras-mas-oaxaca/
- Redacción Aristegui Noticias, Fracaso Millonario: La historia oculta del agua potable en Oaxaca (21 sep, 2021) Recuperado de:
https://aristeguinoticias.com/2109/mexico/fracaso-millonario-la- historia-oculta-del-agua-potable-en-oaxaca/
- Página Oficial de Avispa Midia.
https://avispa.org/fracaso-millonario-la-historia-oculta-del-agu a-en-oaxaca/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de enero de 2022.– Diputada Margarita García García (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A DIVERSAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y MUNICIPALES, A COORDINAR UNA CAMPAÑA DE INFORMACIÓN RELATIVA A LOS EFECTOS DE LA COVID-19 VARIANTE ÓMICRON
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y diversas dependencias estatales y municipales a coordinar una campaña de información relativa a los efectos del covid-19, variante Ómicron, para proteger a la población, a cargo de la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, Elizabeth Pérez Valdez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las instituciones de salud, instituciones de educación superior, academias y asociaciones de profesionales de la salud, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos estatales y municipales, para coordinar una campaña de información relativa a los efectos de la covid-19 variante omicrón, con el objeto de proteger a la población, particularmente a la infancia, de frente a la inacción del gobierno federal, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
En la última semana de diciembre de 2021 y la primera de enero de 2022, la variante omicrón de la covid-19 se ha manifestado en nuestro país con mucha fuerza. Los contagios se han multiplicado y las instituciones que realizan pruebas de detección se han visto rebasadas debido al altísimo índice de transmisibilidad. Aun con estas dificultades, el número de contagios reportado por las autoridades federales ha superado los 30 mil casos diarios, sin embargo, reportes estadísticos independientes señalan que podrían estarse presentando entre 960 mil y un millón de contagios y, aunque el índice de mortalidad de esta variante es menor, el riesgo de sufrir secuelas e incluso la muerte, sigue muy presente, particularmente en las personas que no han sido vacunadas, con particular incidencia en las y los niños.
De frente a esta preocupante situación, las autoridades federales, como sucedió en la primera ola, exhortan a la población a no realizarse pruebas ya que los centros de detección privados, los centros de salud públicos y los quioscos en donde se aplican, se han visto totalmente rebasados y las personas se ven obligadas a hacer filas de más de cuatro horas, expuestos a las inclemencias del tiempo y, particularmente, al contagio por la convivencia con otras personas.
En este contexto, el gobierno federal nuevamente minimiza las consecuencias de la enfermedad y, de manera irresponsable, recomienda pomadas y tecitos para las y los niños que presentan síntomas. Después de dos años de pandemia, la población en general ha sido víctima no solo de los estragos del virus, sino de la imprudencia del titular del Ejecutivo federal y de las autoridades de la Secretaría de Salud, que han evitado la convocatoria del Consejo de Salubridad General, instancia constitucionalmente facultada para el manejo de la crisis pandémica,
En estos últimos dos años, las autoridades de Salud, particularmente el secretario Alcocer y el subsecretario López Gatell han dado muestras fehacientes de indolencia e incapacidad de frente a la pandemia, sin generar los mecanismos para salvaguardar la salud de las mexicanas y los mexicanos. Es por ello que la sociedad debe retomar las riendas de sus decisiones y realizar las campañas de información que, por obligación, debiera estar llevando a cabo el gobierno federal.
Es por lo anterior que, desde el Grupo Parlamentario del PRD, hacemos un llamado a la población, a las asociaciones y organizaciones de profesionales de la salud, a las instituciones de educación superior, a las instituciones de salud y a los gobiernos estatales y municipales para generar estos mecanismos de información que orienten a la población en general para protegerse del contagio de la variante omicrón de la covid-19.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometida con el derecho a la salud de las y los mexicanos, pongo a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a las instituciones de salud, instituciones de educación superior, academias y asociaciones de profesionales de la salud, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos estatales y municipales, para coordinar una campaña de información relativa a los efectos de la covid-19 variante omicrón, con el objeto de proteger a la población, particularmente a la infancia, de frente a la inacción del gobierno federal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 12 de enero de 2022.– Diputada Elizabeth Pérez Valdez (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
EXHORTO AL GOBIERNO DE QUINTANA ROO Y A LA PROFEPA, A PUBLICAR LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA OBRA DEL BOULEVARD BAHÍA DE CHETUMAL
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de QR y la Profepa a publicar la información relativa a la obra del bulevar Bahía de Chetumal y reparar los daños ambientales provocados por ésta, suscrita por el diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El que suscribe, Jorge Álvarez Máynez, diputado federal y coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a la siguiente:
Exposición de Motivos
I. El pasado fin de semana, tras la remodelación del boulevard Bahía, ubicado en Chetumal, Quintana Roo, ocasionó que diversos ciudadanos y ciudadanas así como organizaciones de la sociedad civil denunciaron a través de las redes sociales y medios de comunicación la tala inmoderada e indiscriminada de árboles, fauna y vegetación local en los camellones ubicados entre el muelle fiscal y Punta Estrella, en la capital del estado. Lo anterior derivó en la indignación de locatarios, vecinos y transeúntes ante el evidente daño ambiental y un acto ecológicamente irresponsable ocasionado por dicha obra pública.
Cabe mencionar que dicha remodelación incluía el mejoramiento de ciclovías, jardineras, banquetas, luminarias, así como trabajos de pavimentación, reparación de socavones y plazoletas; sin embargo, la eliminación de los árboles que se encuentran en estos tramos, que van desde almendros, palmeras de coco, encinos, entre otros, representan un golpe fuerte al ambiente, al no contar con un estudio ambiental proporcionado por la Secretaría de Obras Públicas donde se detalle información sobre las condiciones necesarias para que dichos árboles sean talados; asimismo, ninguna de dichas especies se encuentra bajo un estatus de protección.
Por su parte, el Consejo Ciudadano de Chetumal, AC, consideró que la remodelación del boulevard Bahía, con una inversión de 140 millones de pesos, resulta negativa para el ambiente considerando que la destrucción de vegetación vulnera el derecho social a un ambiente saludable y digno. 1
De la misma manera, la Regidora de Othón P. Blanco, Lidia Rojas Fabro, denunció mediante sus redes sociales que para poder llevar a cabo esta obra se tenía que contar con los permisos ambientales pertinentes, manifestación de impacto ambiental, y los permisos municipales correspondientes; sin embargo, el municipio no tuvo conocimiento de los mismos y mucho menos se autorizaron, con lo cual no se definieron las medidas de prevención, mitigación y restauración que se debieron aplicar desde el día 1 hasta el fin de la obra. 2
Es así, que tras las diversas denuncias y quejas ciudadanas, inspectores de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo acudieron al lugar y realizaron la clausura de la tala de 75 árboles en el boulevard, al tiempo que informaron mediante un comunicado que, “apegados a la normatividad y con base en la Ley de Conservación, Mantenimiento, Protección y Desarrollo del Arbolado Urbano del Estado de Quintana Roo, se llevó a cabo la clausura temporal de la actividad de derribo y retiro de los árboles, hasta contar con la información precisa del proyecto”. 3
De la misma forma, la Procuraduría aseguró que atenderá con las autoridades locales la revisión del cumplimiento puntual del instrumento normativo que dicta la procedencia de la tala y trasplantes de los árboles que se encuentran en esta zona e indicaron que se encuentran investigando los hechos en el ámbito de su competencia para emitir las medidas coercitivas o recomendaciones que procedan conforme a derecho, afirmando lo siguiente: “Nos pronunciamos en contra de todo acto que atente y perjudique al medio ambiente, el estado asume su responsabilidad en esta tarea, por lo cual se suspenden las actividades en apego a lo que señala la Ley de Arbolado Urbano hasta en tanto no se tenga la información respecto a la actividad realizada en la obra de remodelación del bulevar Bahía de Chetumal, en lo que corresponda al movimiento y retiro de árboles en dicho proyecto”. 4
Por su parte, el titular de Obras Públicas, William Conrado, afirmó que la tala de árboles fue previamente consultada con el Comité de Obra, el cual está conformado por integrantes de la sociedad capitalina y dependencias del medio ambiente, mismo que aprobaron dicha tala. Asimismo comentó que la tala de árboles no se realiza a espaldas de la sociedad y justificó que los trabajos se hacen en horario nocturno para no poner en riesgo a la población y reconoció que la deforestación es parte de la obra. 5
II. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos describe al ambiente como un bien jurídico fundamental de derechos humanos donde deben asegurarse las condiciones óptimas por parte del Estado en sus tres órdenes de gobierno para garantizar los valores intrínsecos de lo que integra y conlleva la protección del medio ambiente, así como de quienes lo integran.
En este sentido vale la pena destacar que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en su artículo 6o., señala lo siguiente:
“Artículo 6o. No se considerará que existe daño al ambiente cuando los menoscabos, pérdidas, afectaciones, modificaciones o deterioros no sean adversos en virtud de:
I. Haber sido expresamente manifestados por el responsable y explícitamente identificados, delimitados en su alcance, evaluados, mitigados y compensados mediante condicionantes, y autorizados por la Secretaría, previamente a la realización de la conducta que los origina, mediante la evaluación del impacto ambiental o su informe preventivo, la autorización de cambio de uso de suelo forestal o algún otro tipo de autorización análoga expedida por la Secretaría; o de que,
II. No rebasen los límites previstos por las disposiciones que en su caso prevean las Leyes ambientales o las normas oficiales mexicanas.
La excepción prevista por la fracción I del presente artículo no operará, cuando se incumplan los términos o condiciones de la autorización expedida por la autoridad.”
Las consecuencias ocasionadas por dicha obra pública pueden ser atribuidas a la evidente afectación de la fauna local, así como la tala de los árboles que supuestamente serían reubicados para los supuestos trabajos de remodelación, y que la evidencia fotográfica de quienes compartieron dicho evento contradicen lo que las autoridades locales señalan en sus declaraciones de lo que se iba a realizar.
Asimismo el artículo 15 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, en su fracción IV, señala lo siguiente:
“Artículo 15. Para la formulación y conducción de la política ambiental y la expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta Ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente, el Ejecutivo federal observará los siguientes principios:
IV. Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a quien proteja el ambiente, promueva o realice acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático y aproveche de manera sustentable los recursos naturales;”
Por ello, resulta necesario que: 1) se hagan públicos los documentos relativos a la Manifestación de Impacto Ambiental, los permisos, así como las medidas de prevención, mitigación y restauración que se aplicarán a la obra del boulevard Bahía, de Chetumal, Quintana Roo, a fin de garantizar el derecho a un ambiente sano; 2) que se reparen los daños ambientales por la tala de árboles realizada en esta obra; y 3) que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente investigue la tala de 75 árboles en el boulevard Bahía, de Chetumal, Quintana Roo y, en su caso, imponga sanciones económicas y administrativas que correspondan conforme a derecho.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo a hacer pública la Manifestación de Impacto Ambiental, los permisos, así como las medidas de prevención, mitigación y restauración que se aplicarán a la obra del boulevard Bahía, de Chetumal, Quintana Roo, a fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo a reparar los daños ambientales provocados por la tala de árboles generada por la obra del boulevard Bahía, de Chetumal, Quintana Roo.
Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a investigar la tala de 75 árboles en el boulevard Bahía, de Chetumal, Quintana Roo, y en su caso a imponer sanciones económicas y administrativas que correspondan conforme a derecho.
Cuarto.La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al ayuntamiento del municipio de Othón P. Blanco, en Quintana Roo, a hacer públicas las autorizaciones y/o permisos otorgados para la realización de la obra en el boulevard Bahía, de Chetumal, así como a dar seguimiento a dicha obra, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones normativas y legales que a su efecto haya lugar y en su caso a imponer sanciones económicas y administrativas que correspondan conforme a derecho.
Notas
1 Vázquez, Patricia. “Repudian tala de 50 árboles en Chetumal.” La Jornada. Recuperado de:
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/10/estados/repudian-tal a-de-50-arboles-en-chetumal/
2 Perfil oficial de Facebook de la Regidora Lidia Rojas Fabro. Recuperado de:
https://www.facebook.com/581259162559009/posts/924371688247753/? d=n
3 Comunicado “El estado asume su responsabilidad para lo cual se suspenden las actividades de derribo y tala del arbolado urbano” Coordinación General de Comunicación de Estado de Quintana Roo. Recuperado de:
http://cgc.qroo.gob.mx/el-estado-asume-su-responsabilidad-para-l o-cual-se-suspenden-las-actividades-de-derribo-y-tala-del-arbolado-urbano/
4 Comunicado “El estado asume su responsabilidad para lo cual se suspenden las actividades de derribo y tala del arbolado urbano” Coordinación General de Comunicación de Estado de Quintana Roo. Recuperado de:
http://cgc.qroo.gob.mx/el-estado-asume-su-responsabilidad-para-l o-cual-se-suspenden-las-actividades-de-derribo-y-tala-del-arbolado-urbano/
5 Redacción. “Titular de Obras Públicas defiende construcción en Boulevard Bahía en Chetumal, criticada por ambientalistas” Galum Comunicación Recuperado de:
https://galucomunicacion.com/titular-de-obras-publicas-defiende- construccion-en-boulevard-bahia-de-chetumal-criticada-por-ambientalistas/
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.– Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
SE INFORME SOBRE LAS CONCESIONES A QUIENES FUERON DESIGNADAS LAS CARRETERAS PUEBLA-ACATZINGO, TRAMO AMOZOC, EN AMBOS SENTIDOS
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a distintas autoridades a informar sobre las concesiones a quienes fueron designadas las carreteras Puebla-Acatzingo, tramo Amozoc, en ambos sentidos, su estatus y los términos de mantenimiento y reparaciones asignadas, suscrita por el senador Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe Alejandro Armenta Mier, Senador de la República de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos aplicables de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente el siguiente punto de acuerdo donde exhorta respetuosamente al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), por el derecho de acceso a la transparencia e información, mediante su titular, Sergio Forte Gómez, comisionado del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC (Banobras) como institución Fiduciaria y dentro de sus facultades, informe las concesiones a quienes fueron designadas las carreteras Puebla-Acatzingo, tramo Amozoc, en ambos sentidos, estatus y términos de mantenimiento y reparaciones asignadas, así mismo, la solicitud a esta dependencia y también a Caminos y Puentes Federales (Capufe) para que por medio de su titular maestra Elsa Julieta Veites Aréval, directora general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y su Coordinación Regional 4, Suroeste Puebla, a quien corresponda para la reparación y restablecimiento de condiciones para el uso al que fue destinado, ya que ha provocado múltiples accidentes, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Problemática de la autopista Puebla-Acatzingo
1. Debido al tránsito continuo que tiene la autopista Puebla-Acatzingo a la altura del municipio de Amozoc de Mota sufre diversos menoscabos, agujeros, deterioro el asfalto, desencadenando diversos accidentes y/o problemas en los automóviles, siendo ya intransitable y peligrosa.
2. Dentro del plan nacional de infraestructura lo que se quiere es aumentar la cobertura, la calidad y competitividad de la infraestructura del país, pero para ello se necesita mayor desarrollo en la autopista.
3. Para ello existen dependencias encargadas de este sector una de ellas es El Fonadin, la cual nos encontramos que no tiene una página actualizada, donde por medio del derecho a la transparencia e información de todo ciudadano, se visualicen muchas de las concesiones, obras no presupuestadas, ingresos, así como un desglose de los ingresos y egresos como parte de los programas a los que apoya dicha institución, causa confusión en los ciudadanos acerca de su labor y al no estar transparentadas las concesiones los ciudadanos no sabemos a quien exigir la reparación y buen estado de las carretera.
4. Y otra es la Capufe Caminos y Puentes Federales la cual es encargada también de vigilar y trabajar en este sector.
¿Qué es el Fonadin?
El Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) es el vehículo de coordinación del Gobierno de México para el desarrollo de infraestructura en los sectores de comunicaciones, transporte, agua, medio ambiente y turismo. En este sentido es la dependencia encargada para los objetivos que estamos planteando, conocer quienes son los encargados de ese tramo carretero, así como su mantenimiento y reparación.
Para ello, el Fonadin:
• Apoya el desarrollo del Programa Nacional de Infraestructura.
Necesitamos el apoyo en la infraestructura de ese tramo carretero.
• Busca maximizar y facilitar la movilización de capital privado a proyectos de infraestructura.
Sabemos que empresas privadas son las que invierten en las carreteras y son las encargadas de su mantenimiento pero en su pagina no dice quienes y se necesita saber quienes son los responsables para poderles exigir y a quien dirigirse.
• Es una plataforma financiera para promover la participación del sector público, privado y social en el desarrollo de la infraestructura.
• Toma riesgos que el mercado no está dispuesto a asumir.
• Hace bancables proyectos con rentabilidad social y/o con baja rentabilidad económica.
• Busca el otorgamiento de financiamientos de largo plazo en condiciones competitivas.
Las principales actividades del Fonadin de acuerdo con sus Reglas de Operación son las siguientes:
• Otorgar créditos subordinados y/o convertibles, garantías y aportaciones de capital, de manera que impulse la participación del sector privado y social en la infraestructura.
• Apoyar con garantías la participación de las empresas constructoras mexicanas en las licitaciones de proyectos.
• Movilizar el capital privado hacia el financiamiento de proyectos de infraestructura.
• Asumir riesgos que el mercado no está dispuesto a tomar, de manera que se estimule la participación del sector privado en la infraestructura.
• Promover la participación de intermediarios financieros bancarios y no bancarios en el financiamiento de la infraestructura.
• Otorgar aportaciones no recuperables para la realización de proyectos de obra pública.
• Otorgar apoyos recuperables y no recuperables para fomentar la construcción, financiamiento y transferencia de proyectos de infraestructura.
• Coordinar acciones con las autoridades competentes, para el cumplimiento de la normatividad en materia ambiental de los proyectos de infraestructura.
• Otorgar subvenciones a entidades del sector público para apoyar la rentabilidad de los proyectos de infraestructura y fomentar su realización.
• Proporcionar asesorías a las entidades del sector público y privado para la evaluación, estructuración, financiamiento y ejecución de proyectos.
• Obtener y ceder los derechos de concesiones y permisos otorgados al Fideicomiso, a fin de acrecentar su patrimonio y ampliar los recursos disponibles para el financiamiento de proyectos de infraestructura, así como construir, operar, mantener y explotar los bienes concesionadas al Fideicomiso.
• Promover el aprovechamiento de los activos del Fideicomiso, para obtener recursos adicionales que permitan fomentar la realización de nuevos proyectos de infraestructura.
• Fomentar la realización de estudios y la contratación de asesorías, con apoyos recuperables y no recuperables a fin de facilitar la evaluación y estructuración de proyectos.
• Suscribir títulos de crédito, tanto para fondear los activos del Fideicomiso, como para facilitar el financiamiento de proyectos.
• Promover con entidades del sector público la integración de un inventario de proyectos de infraestructura.
• Fortalecer el patrimonio del Fideicomiso con los activos de otras entidades relacionadas con los proyectos de infraestructura.
• Integrar y fortalecer las capacidades internas para la evaluación y ejecución de proyectos de infraestructura.
• Fortalecer el patrimonio del Fideicomiso con los activos de otras entidades relacionadas con la infraestructura.
• Fortalecer la infraestructura del gobierno federal, los estados y municipios, para una adecuada prestación de servicios públicos.
• Contar con un programa financiero anual, que tenga como objetivo tanto el cumplimiento de las obligaciones financieras del Fideicomiso como el conservar y acrecentar el patrimonio del mismo.
• Cuando se requiera para el desarrollo de infraestructura, se podrán adquirir los activos estrictamente necesarios para cumplir con sus obligaciones de Apoyo.
• Aprobar otros programas relacionados con los fines del Fideicomiso y la modificación o extinción de los preexistentes.
Con todas estas facultades que tiene la Fonadin estamos seguro que su titular que lleva excelente la dependencia podrá apoyar a las personas de estos municipios y los municipios cercanos o lejanos que utilizan esta carretera para su reparación y mantenimiento ya que provoca muchos accidentes por su mal estado.
¿Qué proyectos apoya?
El Fondo Nacional de Infraestructura apoya en la planeación, fomento, construcción, conservación, operación y transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social o rentabilidad económica o financiera, en los que participe el sector privado, principalmente en las áreas de comunicaciones, transportes, hidráulica, medio ambiente y turística.
Es por ello que consideramos que es la competente para poder llevar a cabo esta solicitud y podrá buscar la manera de apoyar a la ciudadanía con una petición valida y haciendo valer los derechos humanos que nuestra Constitución y otras leyes otorgan en términos de seguridad, infraestructura, vías de comunicación, etcétera.
El Fondo Nacional de Infraestructura Fonadin, es el vehículo de coordinación de la Administración Pública Federal para la inversión en infraestructura, principalmente en las áreas de comunicaciones, transportes, hidráulica, medio ambiente y turística, que auxiliará en la planeación, fomento, construcción, conservación, operación y transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social o rentabilidad económica, de acuerdo con los programas y los recursos presupuestados correspondientes.
Como obligación de cada institución pública y como parte de las políticas públicas que rigen a nuestro gobierno, es fundamental tener informada a la ciudadanía con cifras actualizadas, hablamos específicamente de la transparencia que debe de llevar una institución dentro de sus regímenes, puesto que dentro de la página oficial de dicha institución, no se tienen actualizadas lo referente a los ingresos y la obra pública no presupuestada.
Ahora bien, el no tener estas cifras actualizadas conllevan a un conflicto de intereses, debido que las carreteras, específicamente la autopista Puebla-Acatzingo sufre diversos menoscabos en el asfalto, ocasionando así diversos accidentes de mayor o menor cuantía según el caso y no se sabe quien es el responsable de la falta de mantenimiento y reparaciones, por lo que nadie hace nada.
El Fonadin siendo una institución que apoya proyectos de inversión en infraestructura promovidos por los gobiernos Federal, estatales y municipales, principalmente en los sectores de comunicaciones y transportes, hidráulico, medio ambiente y turístico. Para ello, es necesario que los proyectos tengan participación del sector privado; para eso es esencial ser sabedores de que es lo que está pasando con carreteras, casetas, mantenimiento asignado y las cuestiones que tienen que ver con ingresos, así como las obras públicas no presupuestadas.
Nos dice que se otorga programas sectoriales en los que a efecto de facilitar el acceso a los productos del Fonadin en los sectores de Transporte Masivo, Agua, y Manejo de Residuos Sólidos, se han diseñado programas sectoriales específicos que brindan asistencia técnica especializada a los promotores para la preparación de proyectos, aunado a esto, la autopista Puebla-Acatzingo es parte de las muchas autopistas concesionadas, pero con lo referente al acceso a la transparencia, no están estimados los ingresos del 2021 y es desde esa fecha que dicha autopista necesita mantenimiento.
También dentro de los apoyos autorizadas, y en los estudios y asesorías dentro del Fonadin y hasta 2021 no hay ninguno que apoye a Puebla en los aspectos antes mencionados, o al menos no hay información de ello.
Otra dependencia encargada y a la que mencionamos también para que pueda apoyar en este sentido es la Capufe la cual mencionaremos aspectos destacables.
¿Qué es?
Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, cuyas siglas significan Caminos y Puentes Federales.
¿De qué se encarga?
Sus funciones básicas son la operación, administración y mantenimiento de la red de autopistas y puentes de cuota a su cargo.
Es por ello que consideramos importante solicitar su atención e intervención para esta problemática porque su competencia es el mantenimiento de la red de autopistas y puentes y le correspondería a su Coordinación Regional 4 Suroeste Puebla, la cual debe revisar la situación y darle solución a este tramo carretero.
Su misión: Prestar servicios carreteros integrales de calidad asociados con la operación, conservación, administración, modernización y explotación de los caminos y puentes de cuota como concesionario y prestador de servicios por contrato, que faciliten el desplazamiento de bienes y personas con seguridad, comodidad, rapidez y economía, de manera eficiente, competitiva y sustentable con un marco de transparencia y rendición de cuentas, para contribuir a la expansión e integración de la red nacional de caminos y puentes de cuota, conformando un equipo humano que encuentre su motivación en la superación y el espíritu de servicio.
Visión: Transformar a Capufe en un concesionario y operador competitivo, que otorgue servicios de excelencia a los usuarios y clientes, con base en estándares de desempeño, fortaleciendo las acciones de transparencia y rendición de cuentas, en apego a las directrices del Ejecutivo Federal.
Fundamento legal
Funciones de la Dirección General
Estatuto Orgánico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.
Artículo 21. La representación del Organismo, así como el trámite y resolución de los asuntos de su competencia corresponden originalmente a la Dirección General, quien, para la mejor distribución, desarrollo y realización del trabajo, podrá delegar sus facultades en servidores (as) públicos (as) subalternos (as), sin perder por ello su ejercicio directo, con excepción de aquellas que deberán ser ejercidas directamente por la Dirección General.
La Dirección General se auxiliará de las unidades administrativas adscritas a esta oficina y, en el ámbito de sus respectivas funciones, en las Direcciones, Coordinación de Comunicación Social, Secretaría Técnica, Subdirecciones y Unidades Regionales, y demás unidades administrativas de Capufe, así como el personal adscrito a éstas.
Artículo 26. Para la mejor atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, el Organismo además de sus oficinas centrales contará con las Unidades Regionales que en número y delimitación geográfica determine el Consejo de Administración.
Las Unidades Regionales, como unidades administrativas en el territorio nacional, estarán coordinadas normativamente por las unidades administrativas centrales y funcionalmente por la Dirección General. Contarán con la organización y las atribuciones que fueren necesarias para resolver sobre la materia de su competencia, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y con los acuerdos delegatorios de la Dirección General.
Al frente de cada Unidad Regional, habrá una persona titular con nivel de Gerencia, designada por la Dirección General; quienes serán auxiliadas por el personal de apoyo acorde con las necesidades del servicio, conforme al Manual General de Organización.
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal
Artículo 6o. Se requiere de concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales.
Las concesiones se otorgarán a mexicanos o sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, en los términos que establezcan esta Ley y los reglamentos respectivos.
Las concesiones se otorgarán hasta por un plazo de treinta años, las cuales podrán ser prorrogadas hasta por un plazo equivalente al señalado originalmente, en cualquier momento después del primer tercio de la vigencia de las mismas, cuando a juicio de la Secretaría, se justifique la necesidad de realizar inversiones que no se hubiesen previsto en las condiciones originales de los títulos de concesión respectivos. También podrán ser prorrogadas, en cualquier momento durante su vigencia, cuando se presenten
Mencionamos a ambas dependencias las cuales pueden coadyuvar en la solución de esta problemática y lo importante es dar soluciones a la ciudadanía que necesita el apoyo y salvaguardar sus derechos humanos así como cumplir con las leyes respectivas.
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente inscribe Punto de Acuerdo donde exhorta respetuosamente al Fondo Nacional de Infraestructura Fonadin por el derecho de acceso a la transparencia e información mediante su titular Sergio Forte Gómez, comisionado del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC (Banobras) como institución Fiduciaria y dentro de sus facultades, informe las concesiones a quienes fueron designadas las carreteras Puebla- Acatzingo, tramo Amozoc, en ambos sentidos, estatus y términos de mantenimiento y reparaciones asignadas, así mismo, la solicitud a esta dependencia y también a Caminos y Puentes Federales (Capufe) para que por medio de su titular maestra Elsa Julieta Veites Aréval, Directora General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y su Coordinación Regional 4 Suroeste Puebla, a quien corresponda para la reparación y restablecimiento de condiciones para el uso al que fue destinado.
Referencias
https://www.fonadin.gob.mx/fni2/apoyos-autorizados/#toggle-id-1
https://www.fonadin.gob.mx/fni2/fe20/
https://www.fonadin.gob.mx/fni2/autopistas-concesionadas/#toggle -id-2
http://www.fonadin.gob.mx/wp-content/uploads/2016/08/Anexo_1.pdf
https://www.gob.mx/capufe/
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 12 días del mes de enero de 2022.– Senador Alejandro Armenta Mier (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
SE REFUERCE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN LA LLEGADA Y SALIDA DE VUELOS INTERNACIONALES EN LOS AEROPUERTOS Y SE GARANTICE A LOS USUARIOS, INFORMACIÓN PRONTA Y OPORTUNA SOBRE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas secretarías de Estado a implantar acciones de refuerzo de la vigilancia epidemiológica y, en su caso, restricciones en la llegada y la salida de vuelos internacionales y garantizar a los usuarios información oportuna sobre las condiciones de movilidad, a cargo de la senadora Nuvia Mayorga Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI
Nuvia Mayorga Delgado, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La nueva ola covid-19 ha provocado en las últimas semanas caos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Los viajeros han tenido que soportar filas que se extienden a lo largo de la pasarela sólo para dejar sus maletas. Esto, debido a que las aerolíneas se vieron afectadas por las deficiencias de personal debido al contagio por covid-19. Al menos 65 vuelos a la Ciudad de México se cancelaron durante la segunda semana de enero 2022, 71 pilotos de Aeroméxico han dado positivo por covid, al igual que 4 de Aeromar, según informó el pasado 8 de enero el capitán José Suárez, vocero de la asociación de pilotos ASPA, que atiende a mil 900 pilotos de Grupo Aeroméxico, SAB, y Grupo Aeromar, SA.
México registró el jueves 6 de enero 25 mil 821 nuevos casos de covid-19, la mayor cantidad desde agosto pasado, a medida que la variante Ómicron se propaga por el país. No obstante, las muertes y las hospitalizaciones se han mantenido bajas en comparación con olas anteriores. Frente a esta situación, México ha vacunado completamente sólo a 57 por ciento de su población.
En materia aeroportuaria Aeroméxico está implementando protocolos de rastreo de contactos para varios colaboradores, incluidas las tripulaciones de vuelo, lo que ha resultado en un ajuste de las operaciones planificadas.
Aunque la emergencia sanitaria no es propia de México, no hay duda de que esta nueva ola ha trastocado la movilidad de las personas y se teme que volvamos a tener que entrar en confinamiento para reducir o mitigar los contagios y efectos de esta enfermedad. Aunque el Gobierno de México ya se ha pronunciado al respecto negando que se vuelva una situación de confinamiento y cierres totales.
Sabemos que la batalla contra el covid-19 continúa, y que esto trae consigo obstáculos para llevar a cabo actividades en distintos sectores, no obstante, en este caso; se cristaliza un problema mayúsculo en torno a la aviación y movilidad de los mexicanos. Frente a la saturación del aeropuerto internacional Benito Juárez este gobierno decidió cancelar un proyecto en etapa ejecutiva y en construcción para sustituirlo por unos bocetos apenas detallados de lo que será el aeropuerto Felipe Ángeles que empezó su construcción sin tener como tal un “anteproyecto” serio y profundo, iniciando así con una ausencia de documentos oficiales que respalden lo que se pretende construir frente a lo que se prometió al principio.
Por ejemplo, para conocer con certidumbre el verdadero número de posiciones de un aeropuerto, necesitaríamos remitirnos a la Publicación de Información Aeronáutica, el documento oficial con que los pilotos colocan las aeronaves en los puntos de embarque de los aeropuertos según su tipo, dimensiones, especificaciones e itinerarios. Dicho documento aún no existe, al menos oficialmente.
Con toda certeza, podemos decir que para la realización de este nuevo aeropuerto no existió capacidad técnica ni legal para inaugurar algo que ha costado miles de millones de pesos y del que no tenemos todavía un plan maestro actualizado que corresponda fielmente a lo que en este momento se construye.
El gobierno federal se ha excusado en la “seguridad nacional” para justificar su falta de transparencia, y que parece estar por encima del derecho de los ciudadanos a saber cómo y en qué se gastan sus impuestos.
En conclusión, la situación no deja de ser alarmante, la llegada de una nueva ola covid que provoca la falta de personal de las aerolíneas, la vulnerabilidad de contagio para pilotos y tripulación, así como la ausencia de organización y coordinación de estas, y de las autoridades aeroportuarias para evitar conglomeraciones y largas filas en las instalaciones, empeoran el panorama. Además, si la saturación comienza a hacer estragos en la movilidad aérea mexicana, la inauguración del nuevo aeropuerto no traería consigo la solución a la saturación y sobrepoblación del que está en Ciudad de México.
El panorama resulta preocupante. Por ello someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los secretarios de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de Salud, y de Relaciones Exteriores para que, en el ámbito de sus competencias, de forma inmediata, implanten acciones de refuerzo de la vigilancia epidemiológica y en su caso restricciones en la llegada y salida de vuelos internacionales en los aeropuertos del país y garanticen a los usuarios, información pronta y oportuna sobre las condiciones de movilidad así como la situación y restricciones sanitarias que guardan los destinos en cuanto a la pandemia por covid-19 y sus variantes, con la finalidad de evitar caos y aglomeraciones en las instalaciones, que pongan en peligro la salud de los pasajeros así como de las y los trabajadores aeroportuarios.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.– Senadora Nuvia Mayorga Delgado (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
SE ELABOREN E IMPLEMENTEN POLÍTICAS PÚBLICAS ENCAMINADAS A PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES DENTRO DE LOS HOGARES
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos locales a elaborar e implantar con el Inmujeres políticas públicas encaminadas a prevenir y erradicar la violencia contra mujeres en los hogares, suscrita por la diputada Angélica Peña Martínez, del Grupo Parlamentario del PVEM
La que suscribe, Angélica Peña Martínez, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La violencia contra las mujeres y niñas es un problema que se ha dado en nuestro país desde muchos años, por lo cual el Estado mexicano ha tomado diversas medidas a fin de erradicar por completo cualquier tipo de violencia. Con estas acciones se ha logrado prevenir y reducir las agresiones físicas, psicológicas y económicas contra las mujeres y niñas, sin embargo, derivado de la epidemia de covid-19, la violencia en contra de este grupo se ha hecho más visible, por lo cual es necesario implementar más líneas de acción a fin de erradicar este fenómeno por completo.
Para comprender esta problemática es necesario conocer en qué consiste. De acuerdo con la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, se define a la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”. 1
Las mujeres y las niñas enfrentan diversos tipos de violencia (física, económica y psicológica), que van desde comentarios sexuales, silbidos, manoseos y violaciones, hasta llegar a la forma más extrema: los feminicidios. Todas estas formas son parte del continuum de violencia que se ejerce contra ellas a lo largo de sus vidas, de manera sistemática y en múltiples formas, tanto en el ámbito privado como en el público, 2 es necesario erradicar por completo el problema, ya que estas agresiones afectan a las víctimas en todas las etapas de su vida.
En México, 6 de cada 10 agresiones ocurridas en la calle contra mujeres son de tipo sexual y al menos 7 mujeres son asesinadas cada día en el país. Además, 6 de cada 10 niñas y adolescentes han sufrido al menos una forma de castigo psicológico o físico en sus hogares. Las principales causas de estas formas de violencia son los estereotipos de género, las culturas machistas, la normalización y la naturalización de la violencia, así como la minimización de su impacto. Todos estos factores estructurales perpetúan y fomentan la violencia contra mujeres y niñas en el país. 3
Sin duda alguna, este problema nos afecta a todos como sociedad, no podemos dejar que las mujeres de nuestro país se sientan inseguras al caminar por las calles, por esta razón es necesario implementar políticas públicas y líneas de acción que tengan como objetivo prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres.
Actualmente, los gobiernos de todo el mundo han instaurado políticas públicas para hacer frente a esta situación, y el país no es la excepción: por ejemplo, en la Ciudad de México se implantó una política para erradicar la violencia contra las mujeres que comprende cinco ejes fundamentales.
1. Transporte público
• Instalación de botón de auxilio —como aplicación telefónica— para usarse, en caso de emergencia, al abordar cualquier tipo de medio de transporte púbico.
• Fortalecimiento de espacios exclusivos para mujeres en el Metro y Metrobús.
• Mayor iluminación al exterior de las estaciones del Metro.
2. Espacio público
• Instalación de 20 mil 875 luminarias en diversas calles y avenidas identificadas como zonas de mayor violencia hacia las mujeres.
• Se contará con botón de auxilio, alerta sonora y cámara del programa “mi c911e” en los puntos de riesgo.
• Implantación del botón de auxilio como aplicación telefónica.
3. Instituciones de seguridad y justicia
• Seis nuevas agencias de Ministerio Público para que las mujeres víctimas de delitos sexuales reciban atención y acompañamiento de manera íntegra en el proceso de su denuncia.
• Formación integral y mayor capacitación a elementos de la Policía Preventiva, Policía Auxiliar, Policía de Investigación y Ministerios Públicos, para atender la violencia contra las mujeres.
• Atención a víctimas en el Ministerio Público por especialistas mujeres.
• Denuncia digital sin refrendo presencial, principalmente para delitos sexuales.
• La Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia atenderán con las empresas Facebook y Twitter el acoso, la amenaza y la violencia en internet.
4. Atención a víctimas
• Se fortalecerán las unidades territoriales de prevención y atención a la violencia Lunas en las 16 alcaldías con mayor personal especializado y ampliación de horario, donde se atiende de manera íntegra a niñas y mujeres víctimas de violencia de género.
5. Campañas permanentes
• Se iniciará la campaña “No es costumbre, es violencia” para visibilizar, así como evitar el acoso y la violencia hacia niñas y mujeres. 4
Ahora bien, la pandemia de covid-19 vino a afectar al mundo en múltiples maneras ya que pasó de ser un fenómeno biológico a uno social, pues al ser una enfermedad sumamente contagiosa que nos obligó a confinarnos en cuarentena en nuestras casas, nos vimos forzados a rediseñar nuestras relaciones sociales. Desgraciadamente esta pandemia afectó negativamente, pues se dio un incremento de la violencia contra mujeres y niñas en los hogares.
Las estadísticas indican que una de cada tres mujeres sufre violencia sexual o física, en su mayoría, por parte de su pareja, aunado a la dificultad que afrontan estas mujeres al permanecer confinadas en casa con sus agresores. Está claro que el confinamiento decretado por las autoridades sanitarias con motivo de la pandemia de covid-19 ha intensificado la violencia en el hogar, de forma tal que, paralelamente al coronavirus, se ha desarrollado otra pandemia a la sombra, y es la de la violencia hacia las niñas y las mujeres. 5, 6
La Red Nacional de Refugios reporta que tan solo en los primeros cinco meses de 2021, al menos 13,631 mujeres huyeron de casa con sus hijas e hijos debido a la violencia que enfrentaban.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a mayo de este año se reportaron 106 mil 603 casos de violencia familiar, mientras que en todo 2020 se registraron 220 mil 31, la cifra más alta desde 2015.
Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, puntualiza que en 2020 se detectó un incremento de 40 por ciento en las violencias contra las mujeres en comparación con las atenciones que se brindaron en 2019. Y en los primeros 5 meses del 2021 el aumento fue de 4 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Sin duda alguna, debemos tomar acción en contra de este tipo de agresiones, antes de la epidemia se tomaron muchas medidas para erradicar la violencia contra las mujeres que han resultado en algún grado efectivas para reducir las agresiones que se sufren en la calle o el transporte público, sin embargo, con la llegada de esta enfermedad es necesario implementar más políticas públicas que puedan adaptarse a esta “nueva normalidad”, en la que día a día cientos de mujeres permanecen en casa con sus agresores, estas nuevas políticas públicas serían muy útiles incluso cuando la pandemia haya terminado, pues complementarán las acciones que el gobierno federal ya implementa y garantizarán una vida libre de violencia contra las mujeres dentro y fuera de los hogares.
Por lo fundado y motivado someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas a elaborar e implantar en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres políticas públicas encaminadas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en los hogares.
Notas
1 Véase “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre”. Naciones Unidas México, consultado el 24 de noviembre de 2021. Disponible en
https://www.un.org/es/observances/ending-violence-against-women- day
2 Véase “Erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas es primordial para garantizar un México 50-50”. Naciones Unidas México, 26 de noviembre de 2017, consultado el 24 de noviembre de 2021. Disponible en
https://www.onu.org.mx/erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres -y-las-ninas-es-primordial-para-garantizar-un-mexico-50-50-%E2%97%8F/
3 Véase “Erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas es primordial para garantizar un México 50-50”. Naciones Unidas México, 26 de noviembre de 2017, consultado el 24 de noviembre de 2021. Disponible en
https://www.onu.org.mx/erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres -y-las-ninas-es-primordial-para-garantizar-un-mexico-50-50-%E2%97%8F/
4 Véase en “Presenta gobierno de la Ciudad de México Plan de Acciones Inmediatas para Atender la Violencia contra las Mujeres”, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 28 de agosto de 2019, consultado el 25 de noviembre de 2021. Disponible en
https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/present a-gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-plan-de-acciones-inmediatas-para-atender-la-v iolencia-contra-las-mujeres
5 Véase en “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, consultado el 24 de noviembre de 2021. Disponible en
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-elimi nacion-violencia-mujer#resTit_6
6 Véase en “Una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual desde que es muy joven”, Naciones Unidas, 9 de marzo de 2021, consultado el 24 de noviembre de 2021. Disponible en
https://news.un.org/es/story/2021/03/1489292
Véase en “La otra pandemia: 13 631 mujeres huyeron por violencia de enero a mayo de 2021”, en Expansión Política, 25 de julio de 2021, consultado el 25 de noviembre de 2021. Disponible en
https://politica.expansion.mx/voces/2021/07/24/pandemia-historic a-mexico-13631-mujeres-huyen-por-violencia
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2022.– Diputada Angélica Peña Martínez (rúbrica).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
SE GARANTICEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, la Conadic y la CNDH a garantizar los derechos humanos de las personas en los establecimientos especializados de atención a las adicciones y remitir un informe sobre la existencia de quejas presentadas por ellas, a cargo del senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, integrante y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXV Legislatura, con fundamento en lo establecido en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante la cual se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional contra las Adicciones a garantizar los derechos humanos de las personas usuarias de los establecimientos especializados de atención a las adicciones en su modalidad residencial, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a remitir un informe sobre la existencia de quejas presentadas por dichas personas usuarias, de acuerdo a las siguientes:
Consideraciones
Primera. De acuerdo con la Ley General de Salud en su artículo 45, “corresponde a la Secretaría de Salud vigilar y controlar la creación y funcionamiento de todo tipo de establecimientos de servicios de salud, así como fijar las normas oficiales mexicanas a las que deberán sujetarse”.
Segunda. Que la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, y tiene dentro de sus atribuciones, según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2016 en su artículo 3o., entre otras:
VI. Coordinar y supervisar los servicios de prevención y atención de las adicciones, mediante el establecimiento y desarrollo de modelos de organización y operación en los diferentes niveles de atención.
XXIV. Coordinar la Red Nacional de Atención a las Adicciones y emitir lineamientos, criterios y procedimientos de carácter técnico que deben regir a los establecimientos que brindan servicios de prevención y tratamiento de adicciones, así como supervisar el cumplimiento y observancia de estos y formular recomendaciones sobre su funcionamiento”.
Tercera. En marzo de 2021, la Conadic expidió los “Lineamientos para el Reconocimiento y Ratificación de Establecimientos Residenciales de Tratamiento de Adicciones 2021-2022” 1, derivado del “Programa de Reconocimiento y Ratificación a Establecimientos Residenciales de atención a las Adicciones”.
Dentro de dichos “Lineamientos”, se estableció que:
“El Programa de Reconocimiento y Ratificación que realiza la Conadic ha permitido que los centros den cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad vigente. Se considera oportuno el fortalecimiento del programa en aras de supervisar detalladamente los procesos de atención desde el ingreso, egreso y seguimiento de los usuarios, así como revisar la infraestructura y coadyuvar con la actual administración del gobierno federal para continuar desarrollando e implementando estrategias y acciones encaminadas a la mejora de la calidad de la atención y el respeto a los derechos humanos, la cual ha sido identificada como un eje central de las acciones de la Secretaría de Salud”.
Cuarta. Que oficialmente, la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) tiene registrados 281 establecimientos especializados de atención a las adicciones en todo el país. 2
Quinta. De conformidad con los “Lineamientos” la Conadic tiene la obligación de “ Supervisar y fortalecer el apego a la normatividad vigente y el respeto a los derechos humanos por parte del personal de los establecimientos residenciales, a través de su reconocimiento, con el propósito de incluirlos en un directorio nacional para contar con una red de servicios al servicio de la población”.
Sexta. Que el pasado 9 de enero de 2022, se publicó en el portal de internet de un medio de circulación nacional la nota: “Violación de DH, la constante en clínicas para las adicciones 3, en dicha publicación se puede leer que:
“Son lugares prácticamente ajenos al escrutinio público y en la indefinición sobre qué instancias gubernamentales deberían supervisarlos.
Las clínicas de adicciones y de atención a la salud mental en el país son —en su mayoría— sitios donde la violación de derechos humanos (maltratos, hacinamientos, golpes, humillaciones y tratamientos que pueden equipararse a la tortura) es recurrente, de acuerdo con el seguimiento que les ha dado la organización Documenta.
La escasa infraestructura gubernamental para atender la salud mental y su alta concentración en las principales ciudades... provoca la proliferación de centros de internamiento privados que, favorecidos por la escasa vigilancia, operan prácticamente en la clandestinidad, sin garantías suficientes para los internos ni responsabilidades legales. Su lógica es la ganancia, más que la atención de salud.
Esta carencia de atención pública reduce las opciones y produce que familiares desesperados por la adicción de sus hijos o con problemas de salud mental recurran a centros privados, cuyas condiciones de operación y nula supervisión generan entornos para violaciones de derechos humanos y se les recluya en condiciones insalubres.
“ Incluso en muchos lugares se les extorsiona para que puedan salir porque los familiares los llevan ahí en su desesperación al no saber qué hacer con un pariente con uso problemático de drogas”.
Séptima. El tercer párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que:
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Octava. En ese sentido, la Secretaría de Salud, así como la Comisión Nacional contra las Adicciones, deben garantizar los derechos humanos de las personas usuarias de los Establecimientos Especializados de Atención a las Adicciones en su modalidad residencial.
Por ello, es indispensable la supervisión e intervención gubernamental para mejorar los procesos de atención desde el ingreso, egreso y seguimiento de los usuarios, lo cual permitirá evitar maltratos, hacinamientos, golpes, humillaciones, tratamientos que pueden equipararse a la tortura o cualquier acto que vulnere los derechos humanos de las personas usuarias de dichos centros de atención a las adicciones.
Por lo expuesto, sometemos a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional contra las Adicciones, a garantizar los derechos humanos de las personas usuarias de los establecimientos especializados de atención a las adicciones en su modalidad residencial.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional contra las Adicciones, remitan un informe detallado sobre la existencia de presuntas violaciones a los derechos humanos y la atención brindada a las personas usuarias de los establecimientos especializados de atención a las adicciones en su modalidad residencial.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos remita un informe detallado sobre la existencia de quejas presentadas por las personas usuarias de los establecimientos especializados de atención a las adicciones en su modalidad residencial, por la posible violación a sus derechos humanos.
Notas
1 Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/632940/Lineamient os_Reconocimiento_V._2021_.pdf
2 Información obtenida de acuerdo con el Directorio Nacional de Establecimientos Residenciales de Atención a las Adicciones Reconocidos, disponible en:
https://www.gob.mx/salud/conadic/documentos/conadic-cuenta-con-u n-directorio-nacional-de-establecimientos-residenciales-de-atencion-a-las-adicc iones-reconocidos
3 Véase:
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/09/sociedad/violacion-d e-dh-la-constante-en-clinicas-para-las-adicciones/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2022.– Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa (rúbrica).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
SE GARANTICE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y A LA SALUD DE NIÑAS Y NIÑOS EN EL PRESENTE PERIODO ESCOLAR
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP y la Ssa a dar a conocer las acciones implantadas para garantizar el derecho a la educación y la salud de niñas y niños en el presente periodo escolar, suscrita por la senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, Verónica Delgadillo García integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXV Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud den a conocer las acciones implementadas para garantizar el derecho a la educación y a la salud de niñas y niños en el presente periodo escolar.
Exposición de Motivos
I. A la fecha en México se estiman cerca de 4 millones 360 mil casos de covid-19, de los cuales lamentablemente 313 mil 999 personas han perdido la vida a causa de esta enfermedad. 1 Adicionalmente, cabe mencionar que México ha sido uno de los principales países con un mayor exceso de muertes durante la actual pandemia. 2
Ante dicho escenario, así como el paso acelerado de nuevos contagios por las nuevas variantes de virus que provocan covid-19, y tomando en cuenta el presente inicio de clases en nuestro país, se requiere no bajar la guardia, así como procurar la mayor cantidad de medidas para evitar que los daños ocasionados por la pandemia de covid-19 continúen, siendo uno de estos los daños colaterales el desarrollo educativo de niñas y niños.
Dentro de las principales afectaciones que han sufrido niñas y niños a causa de la pandemia ha sido su desarrollo, ocasionado en gran medida por un deserción escolar y un incremento en la desigualdad, un ejemplo de ello fue el ciclo escolar 2020-2021 donde cerca de 5.2 millones de estudiantes no se inscribieron a clases, de los cuales 3 millones de estos eran niñas y niños. 3 y 4
Adicionalmente Unicef dio a conocer que cerca del “60 por ciento de todos los niños, niñas y adolescentes que perdieron un año escolar completo en el mundo debido a los confinamientos por covid-19 vive en América Latina” situación que obliga a mejorar las condiciones de desarrollo educativo para aquellas niñas y niños que se han visto afectados.
Recientemente la Secretaría de Educación Pública manifestó que dicha dependencia se encontraba lista para un regreso a clases presenciales, bajo la aplicación de medidas que permitirían contar con un ciclo escolar seguro y en cumplimiento de las recomendaciones sanitarias. 5
La presente proposición con punto de acuerdo tiene por objeto hacer un llamado al Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Salud y de Educación, de a conocer las acciones que permitirán garantizar el derecho a la salud y a la educación de las niñas y niños en este regreso a clases del presente año.
Es de recordar la obligación constitucional que tiene el Estado en garantizar en todo momento el interés superior de la niñez, en donde niñas y niños puedan gozar su derecho a la educación y a la salud.
Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de la manera más atenta al Poder Ejecutivo federal, para que la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud den a conocer las acciones que están siendo implementadas para garantizar el derecho a la educación y a la salud de niñas y niños en el presente periodo escolar, así como la evaluación y resultados obtenidos de la Guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas. Ciclo escolar 2021-2022.
Notas
1 Covid-19 México. Información General. Datos Abiertos Dirección General de Epidemiología. Gobierno de México.
https://datos.covid-19.conacyt.mx/
2 The Economist’s excess-deaths model. The Economist. Excess deaths per 100,000 people Central estimate, Jan 2020-Jan 2021. Grafica: Our single best estimate of the pandemic’s true death toll is 18.9
3 Impacto de la pandemia en niñas y niños. Secretaría de Gobernación. Subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/663012/CPM_Segob_ Impacto_pandemia_en_nin_as_y_ninos_ok__19ago21.pdf
4 de cada 5 niños y niñas que perdieron un año escolar en el mundo durante la pandemia, viven en América Latina y el Caribe. UNICEF.
https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/3-de-cada-5-ni% C3%B1os-y-ni%C3%B1as-que-perdieron-un-a%C3%B1o-escolar-en-el-mundo-durante-la
5 La SEP presume como “listo” el regreso a clases para este lunes 3 de enero. Expansión.
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/01/02/la-sep-presume-c omo-listo-el-regreso-a-clases-paraeste-lunes-3-de-enero
Senado de la República, LXV Legislatura, enero 12 de 2022.– Senadora Verónica Delgadillo García (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
EXHORTO A LA CONSAR, A TRANSPARENTAR, VIGILAR Y SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Consar a transparentar, vigilar y supervisar el funcionamiento de las Afore para garantizar el bienestar de los trabajadores, suscrita por la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Olga Juliana Elizondo Guerra, diputada del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, correspondientes al primer trimestre de 2020, México tiene una población de 126 millones 661 mil 703 habitantes, de los cuales 95 millones 784 mil 628 son mayores de 15 años y están en condiciones de trabajar; sin embargo, solo 54 millones 328 mil 324 forman parte de la población económicamente activa, entre ellos, se encuentran los trabajadores asalariados (37 millones 975 mil 389), los trabajadores por cuenta propia (12 millones 432 mil 423), los empleadores (2 millones 727 mil 401), personas sin pago y otros (2 millones 217 mil 91). 1
Nuestro país tiene el enorme desafío de establecer las condiciones necesarias para que las y los trabajadores accedan a empleos dignos y bien remunerados, así como al conjunto de derechos y prerrogativas de la seguridad social.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 22 señala que:
“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.
La Organización Internacional del Trabajo define la seguridad social como:
“La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos e hijas”. 2
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 123, fracción XXIX que:
“Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares”.
La Ley del Seguro Social, en su artículo 2, establece que la finalidad de la seguridad social es:
“Garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado”.
El sistema de pensiones en México es uno de los principales instrumentos que permite hacer efectivo el derecho a la seguridad social, el cual a través del tiempo ha sido objeto de diversas modificaciones con la finalidad de hacer frente a los múltiples problemas que enfrentamos en la materia, derivados de la realidad demográfica, jurídica e institucional. No podemos soslayar que, independientemente de que somos una nación envejeciente, la fragmentación del sistema de pensiones y jubilaciones en México ha sido una de las razones que han dado origen a la grave problemática actual, prueba de ello son los 105 esquemas diferentes existentes en el país identificados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF, 2013), sino la enorme disparidad entre unos y otros, posibilitada por la inexistencia de una norma de aplicación general. 3
En 2016 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) identificó una serie de áreas que requieren mejoras, entre las que destacan: el proceso de transición del sistema “antiguo” al “nuevo”; el nivel de las contribuciones obligatorias; la red de protección social a la vejez (pensiones sociales); y la fragmentación del sistema de pensiones; así mismo, se recomiendan reformas al marco regulador de la Consar y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), particularmente en materia de estrategias y restricciones de inversión de las Afore y rentas vitalicias. Es de hacer notar que el citado estudio destaca la baja densidad de contribución resultante de la informalidad como otro reto importante al que se enfrenta el sistema mexicano de pensiones, 4
Con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en México existen 48 millones 63 mil 556 trabajadores registrados en alguna de las 10 administradoras de fondos para el retiro (Afore), quienes son las encargadas de administrar los ahorros de los trabajadores pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 5 por su parte, la Consar es la institución encargada de supervisar la inversión de más de 4.3 billones de pesos de ahorro pensionario, propiedad de 67 millones de ahorradores. 6
Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18, fracción IV, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Afore deberá enviar por lo menos 3 veces al año de forma cuatrimestral al domicilio que indiquen los trabajadores, sus estados de cuenta y demás información sobre sus cuentas individuales, en la que se incluyen:
- Retiros de recursos
- Cambio de Afore
- Créditos de vivienda
- Pensiones
El estado de cuenta que sirve para dar seguimiento a los recursos de la cuenta Afore de cada trabajador, con el que se puede verificar que el patrón se encuentre depositando las aportaciones y observar el rendimiento o las ganancias que ha generado la cuenta por la inversión de los recursos durante un periodo específico.
Antes de hacer un paréntesis, es preciso hacer notar que, de acuerdo a diversos estudios, tal parece que la reforma de pensiones que entró en vigor en 1997, es decir, hace 23 años, pasó desapercibida para muchos mexicanos, ya que, de conformidad con las cifras más recientes de la Consar, en 2018 el 30 por ciento de las cuentas individuales no estaban asignadas a ninguna Afore, es decir, 19 millones de trabajadores no saben en qué Afore se encuentran. Si entre estos 19 millones hay personas que empezaron su vida laboral en 1997 a los 20 años, ahora tienen 43 o se acercan a la cuarta década de su vida. Lo anterior significa que, “a partir del 2030 habrá muchos más adultos mayores por cada trabajador en activo que en 1997 y que muchos de ellos no tendrán acceso a una pensión por haber carecido de un empleo formal y tampoco tendrán una familia que los apoye económicamente”. 7
Aunque de manera breve, una vez expuesto el contexto de las Afores en México, es oportuno entrar de lleno a la materia que nos ocupa en el presente punto de acuerdo, no sin antes señalar que de una u otra forma, la problemática que acusa no es ajena a la que de manera general ha puesto en crisis al sistema de pensiones mexicano, siendo solamente uno de la diversidad de problemas, el que en esta proposición se aborda, a fin de obtener un resultado satisfactorio para las y los ciudadanos que han visto socavados sus legítimos intereses y derechos, debido a disposiciones poco afortunadas.
Entre las 10 Afores registradas ante la Consar, se encuentra la Afore Banorte XXI, quien a través de un sistema de cuentas individuales de jubilación (Cijubila) del plan de retiro de los trabajadores, cuyo fondo se opera bajo la modalidad de un fondo de previsión social, constituido por la CFE y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), complementa los beneficios previstos por la Ley del Seguro Social, en materia de pensiones de retiro de los trabajadores.
Este sistema de cuentas individuales aplica a todos los trabajadores de la CFE que hayan ingresado a partir del 19 de agosto de 2008, permanentes y temporales, sindicalizados y de confianza. La CFE y los propios trabajadores realizan aportaciones obligatorias al CIJUBILA equivalentes a un 16.7 por ciento (6.70 por ciento trabajador y 10 por ciento CFE) del salario base de integración salario. Para estos efectos, se realizan los descuentos cuatrimestrales en la catorcena que se paga el Fondo de Ahorro. 8
Diversos trabajadores de la CFE han manifestado su inconformidad con este sistema de cuentas individuales de jubilación ya que encuentran opacidad y falta de información sobre diversos retiros de fondos que ellos no realizaron y que ninguna persona de la Afore Banorte XXI, ha otorgado respuesta a sus peticiones de información, tal y como se expresa en estado de cuenta enviado por los trabajadores, el cual se anexa, al final de este apartado expositorio.
De ahí que, el punto de acuerdo que pongo a consideración de este pleno tiene por objeto exhortar a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, para que en el ámbito de sus facultades transparente, vigile y supervise el funcionamiento de las administradoras de fondos para el retiro, especialmente la administrada por la Afore Banorte XXI, ante las inconformidades expresadas por los trabajadores pertenecientes a la CFE, particularmente, sobre retiros de dinero sin su autorización.
Es de vital importancia que este órgano de representación, y desde el ámbito de nuestra competencia, realice los esfuerzos necesarios, a efecto de que el Estado a través de sus instituciones, vigile, y en su caso, sancione a las Administradoras de Fondos para el Retiro que no proporcionen información adecuada a los usuarios de los diferentes sistemas de ahorro para el retiro sobre el manejo de los recursos, lo que por ley es un derecho, asimismo es menester instrumentar la ruta más eficiente y eficaz para que se resarzan los ahorros, cuya sustracción por parte del titular de los mismos, no se pueda demostrar, así como los daños y perjuicios patrimoniales causados.
En razón de lo antes expuesto y fundado, someto a su consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, para que, en el ámbito de sus facultades, transparente, vigile y supervise el funcionamiento de las administradoras de fondos para el retiro, así como para que estas informen de manera oportuna, sencilla y comprensible a las y los titulares de las cuentas individuales para el retiro, todos y cada uno de los movimientos realizados en estas.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, para que, en el marco de sus facultades, supervise la operación de la Afore Banorte XXI y, en su caso, establezca las medidas administrativas, jurídicas y resarcitorias a que haya lugar, a fin de proteger los fondos de los trabajadores.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, para que, de manera conjunta con la Comisión de Seguridad Social de esta Cámara y una representación de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, integren un grupo de trabajo que permita dar solución a sus legítimas demandas en torno a los fondos de sus cuentas individuales, a fin de garantizarles el pleno respeto y ejercicio de sus derechos.
Notas
1 http://www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/pdf/perfiles/perfil%20na-cional.pdf
2 https://www.gob.mx/profedet/es/articulos/seguridad-social?idiom=es
3 CESOP-IL-14ESTPensionesyJubilacionesenMexico.pdf / Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, 2017
4 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/61968/sistema_de_-pensiones_2016 .pdf
5 https://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/siset/CuadroInicial. aspx?md=5
6 https://www.gob.mx/consar/articulos/26-anos-vigilando-el-sistema-de-ahorro-para -el-retiro-consar-248709?idiom=es
7 https://factorcapitalhumano.com/consultoria/sistema-de-pensiones-en-mexico-lo-q ue-si-o-si-debes-saber-como-trabajador/2020/06/
8 https://www.suterm.mx/es/cijubila#:~: text=El%20fondo%20de%20ju-bilaci%C3%B3n%20denominado,el%20monto%20de%20la%20jub ilaci%C3%B3n.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 12 de enero 2022.– Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
SE IMPLEMENTE UNA ESTRATEGIA A FIN DE QUE LOS NIÑOS QUE PADECEN CÁNCER RECIBAN SUS MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instruir a la Ssa para que implante una estrategia eficaz y realice acciones tendentes a que los niños con cáncer reciban en tiempo y forma e ininterrumpidamente sus medicamentos y tratamientos oncológicos, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Gina Gerardina Campuzano González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
La crisis por el desabastecimiento de medicamentos en el sector salud se agudizó en 2019 debido a los recortes presupuestarios y a los cambios en la compra de las medicinas impuestos por el Gobierno de López Obrador, quien asumió la Presidencia el 1 de diciembre de 2018. i
Mientras que en 2020 esto se complicó por la cobertura de la pandemia de covid-19. ii
Pese a que en diversas ocasiones el presidente mexicano ha negado la falta de fármacos, en los primeros días de noviembre lo reconoció y urgió públicamente a varios de sus principales funcionarios a poner fin a la carencia de medicamentos. iii
No obstante, al día de hoy, personas en todo el país siguen sin recibir sus medicamentos oncológicos en tiempo y forma, permanece el desabasto de medicamentos oncológicos a nivel nacional y en algunos casos pacientes que llegan a recibir medicamento lo hacen con intermitencia en el tratamiento, es decir, a veces lo reciben y luego lo dejan de recibir. iv
De acuerdo con el coordinador de la Causa Salud y Bienestar de la organización Nosotrxs, manifestó que “el año 2021 fue el de más desabasto de medicamentos en la historia del país” y que las personas siguen sin recibir los medicamentos en tiempo y forma “no solo para niños con cáncer, sino para adultos oncológicos y quienes viven con alguna enfermedad crónica”. v
Los padres de menores con cáncer aseguraron que a dos años de la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), no es posible que no tengan reglas de adquisición y distribución de medicamentos, ya que desde el Ejecutivo se maneja un doble discurso de abasto de insumos cuando en realidad es un desastre. vi
Estamos en una simulación y doble discurso, aparte que han sido muchas mentiras, ya que dice que se va a resolver el abasto de insumos, pero no se hace nada. El gobierno debe tener sensibilidad ante el sufrimiento de los enfermos, sobre todo de los que tienen cáncer, porque el discurso de la administración federal es que va a haber medicamentos, pero la realidad es que los niños siguen muriendo y la carencia continua. vii
El Insabi va caminando a ciegas o ni siquiera camina, es un elefante blanco, es un cascarón que solo ahorra dinero para otras prioridades. No funciona en nada, no hay reglas y ni siquiera hay que distribuir, porque solo hay 50 por ciento de compras. viii
Es por ello, que presento el presente exhorto al Ejecutivo federal para que instruya al titular de la Secretaría de Salud para implementar una estrategia eficaz y realizar las acciones necesarias a fin de que reciban sus medicamentos y tratamientos oncológicos en tiempo y forma y de manera ininterrumpida los niños que padecen cáncer y carecen de sus respectivos tratamientos.
Por lo antes expuesto y fundamentado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y realizar las acciones necesarias, a fin de que reciban sus medicamentos y tratamientos oncológicos en tiempo y forma y de manera ininterrumpida los niños que padecen cáncer y carecen de sus respectivos tratamientos, por lo que me permito proponer, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que instruya al titular de la Secretaría de Salud para implementar una estrategia eficaz y realizar las acciones necesarias a fin de que reciban sus medicamentos y tratamientos oncológicos en tiempo y forma y de manera ininterrumpida los niños que padecen cáncer y carecen de sus respectivos tratamientos.
Notas
i Forbes Staff, Padres de niños con cáncer exigen fin a escasez de medicamentos, Forbes México, consultado por última vez el 9 de enero de 2021 en
https://www.forbes.com.mx/noticias-padres-de-ninos-con-cancer-ex igen-fin-a-escasez-de-medicamentos/
ii Ibídem.
iii Ibídem.
iv Forbes Staff, Padres de niños con cáncer exigen fin a escasez de medicamentos, Forbes México, consultado por última vez el 9 de enero de 2021 en
https://www.forbes.com.mx/noticias-padres-de-ninos-con-cancer-ex igen-fin-a-escasez-de-medicamentos/
v Ibídem.
vi Jorge Butrón, Gobierno federal maneja doble discurso en abasto de medicamentos: diputados, periódico La Razón, consultado por última vez el 9 de enero de 2022 en
https://www.razon.com.mx/mexico/gobierno-federal-maneja-doble-di scurso-abasto-medicamentos-insabi-desastre-interior-466077
vii Ibídem.
viii Jorge Butrón, Gobierno federal maneja doble discurso en abasto de medicamentos: diputados, periódico La Razón, consultado por última vez el 9 de enero de 2022 en
https://www.razon.com.mx/mexico/gobierno-federal-maneja-doble-di scurso-abasto-medicamentos-insabi-desastre-interior-466077
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.– Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
ACCIONES INMEDIATAS TENDIENTES A LA LIMPIEZA, SANEAMIENTO Y RESCATE DEL RÍO SANTIAGO EN JUANACATLÁN, JALISCO
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conagua y diversas autoridades de Jalisco a coordinarse para realizar acciones inmediatas tendentes a la limpieza, el saneamiento y el rescate del río Santiago, en Juanacatlán, suscrita por la diputada María del Refugio Camarena Jáuregui, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, María del Refugio Camarena Jáuregui, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, y a las Secretarías de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, y de Gestión Integral del Agua de Jalisco que en el ámbito de sus atribuciones se coordinen para realizar acciones inmediatas tendentes a la limpieza, el saneamiento y el rescate del río Santiago en Juanacatlán, Jalisco, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, indica en su Observación General Nº 15 que el agua naturalmente es de carácter limitado, pero, sobre todo, goza de un estatus fundamental para la vida y salud. Este derecho es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para realizar de otros derechos humanos. En ese sentido, los Estados parte (entre ellos México) deben adoptar medidas eficaces para hacer efectivo el derecho al agua.
Segunda. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en particular lo establecido el objetivo 6, indica que es indispensable garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para mejorar la calidad del agua, reduciendo contaminación, eliminando el vertimiento y emisión de productos químicos y materiales peligrosos.
Tercera. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha determinado que el estado actual de los recursos hídricos resalta la necesidad de mejorar la gestión del agua. Sostiene que el acceso al agua y al saneamiento son derechos humanos que no solo mejora las oportunidades educativas y la productividad de la mano de obra, también contribuye a vivir con dignidad e igualdad.
El crecimiento demográfico y urbanización impactan en el agua, afectando a la salud directamente; por ello, UNESCO ha establecido recomendaciones entorno a una adecuada gestión del agua con un enfoque de seguridad hídrica y así, determinar disponibilidad de agua en cantidad y calidad, para el abastecimiento humano, subsistencia, protección de ecosistemas y producción.
La adopción de acciones administrativas de seguridad hídrica servirá para enfocar problemas del agua, sus dimensiones y soluciones, con miras a cumplir con las metas el ODS 6, mismas que encaminaran gestiones sostenibles, integradas y participativas, traducidas en la mejora de la seguridad hídrica de la población. 1
Cuarta. En México, la Constitución Política manda en el sexto párrafo del artículo 4o. que todas y todos tenemos derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para nuestro consumo suficiente, salubre, aceptable y asequible y el Estado garantizará este derecho con base en la ley, apoyos y acciones públicas y ciudadanas. También refiere la protección de la salud con concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.
Quinta. El río Santiago es el segundo más largo de México y se localiza en el occidente de México, nace en Ocotlán costa oriental del lago Chapala con una altitud de mil 524 metros sobre el nivel del mar, corre por Jalisco y Nayarit, y desemboca en el océano Pacífico. Su trayecto es de 562 kilómetros y drena una cuenca de 76 mil 400 kilómetros cuadrados. 2 Por su escurrimiento anual promedio, es considerado el segundo río más importante del Pacífico mexicano; más de 7.5 millones de personas viven en su cuenca, la mayoría concentrada en la zona metropolitana de Guadalajara. El desarrollo industrial también se concentra en esta zona. 3
Sexta. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) refiere que la región del Río Santiago forma parte de las más contaminadas del país, recibiendo desechos tóxicos del corredor industrial de Jalisco, aguas negras de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Ocotlán, El Salto y Juanacatlán; en estos dos municipios, el aire huele a ácido sulfhídrico, el agua es gris con espuma y es fuente de problemas de salud pública, provocando desde problemas respiratorios hasta insuficiencia renal y cáncer.
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, reveló la presencia de más de mil 90 sustancias químicas en el río; entre esas sustancias se encuentran compuestos orgánicos semivolátiles y volátiles, tales como disruptores hormonales, neuronales y cancerígenos. 4 También se han detectado una gran cantidad metales pesados, altos niveles de amoniaco y fosfatos que han provocado hiperfertilización del medio y gran potencia patógena para la salud humana. En algunos puntos, la concentración rebasa 10 mil veces lo permitido para la vida acuática y hace que el agua del río no sea apta para el regadío. 5
La contaminación hídrica reduce la disponibilidad del agua para distintos usos y se asocia con el incremento de enfermedades humanas, por exposición a sustancias, contaminación de alimentos por riego o por su capacidad como reservorio de vectores; conjuntamente esta contaminación químico-biológica se extiende al aire que presenta una enorme variedad de bacterias, conocidas como bacterias Gram negativas fermentadoras de carbohidratos, empleadas como biomarcadores de impacto ambiental y de la salud humana. Su presencia indica la presencia de contaminación por heces fecales. 6
Séptima. Es importante mencionar que de acuerdo con datos emitidos por la Subdirección General de Administración del Agua y la Gerencia del Registro Público de Derechos de Agua de la Conagua (recurso RRA 2117-18, vía Portal de Transparencia) se tienen registradas 23 concesiones que autorizan a entes privados y gubernamentales para liberar aguas residuales sobre el río Santiago; de los 23 títulos expedidos, hacen referencia a 37 titulares de los cuales 11 son empresas y 26 entes públicos, siendo la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Estatal del Agua del Gobierno de Jalisco quienes destacan.
Actualmente hay alrededor de 400 empresas en el cauce y a esta parte de México se le conoce como “Valle del Silicio”. Entre las empresas transnacionales están: IBM, Hitachi, Hershey’s, Honda, Urrea y otras, las cuales producen petroquímicos, componentes electrónicos, metales pesados, ropa, agroquímicos, entre otras cosas. 7
En concreto los problemas que destacan en la región son la deficiente disponibilidad y calidad del agua, los muy elevados niveles de contaminación y daño ambiental, la disminución de la calidad de vida de la población colindante, la pérdida y degradación del capital natural y de los servicios ecosistémicos y la descoordinación Institucional, sumado a que el Índice de Calidad del Agua promedio durante 2021 fue de 42.0, es decir, mala en general, destacando los municipios de Ocotlán con 34.0, ex Hacienda de Zapotlanejo con 41.1 y Compuerta-Puente El Salto-Juanacatlán con 40.0. 8.
Octava. Los riesgos asociados en la salud de la población que a diario convive con la toxicidad, mal olor y enfermedades derivadas deben tener la intervención urgente. Es evidente que se continúa incrementando el impacto negativo en el ambiente y en la incidencia de casos de cáncer, respiratorios y en la piel, entre otros padecimientos; datos emitidos por el Comité Ciudadano de Defensa Ambiental, indican que desde 2008, en la zona suman 2 mil 374 personas fallecidas por enfermedades crónicas atribuibles a la contaminación y que sólo el año pasado murieron 178 personas por cáncer o insuficiencia renal. 9
Novena. La Comisión Estatal de Derechos Humanos dio a conocer que las afectaciones ambientales en al menos 149 localidades aledañas al río Santiago y al lago de Chapala son producto de la actividad industrial y las descargas que realizan cientos de factorías en ambos cuerpos de agua.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Resolución 7/2020 emitió recomendaciones y estableciendo la medida cautelar número 708-19 en favor de los pobladores de las zonas aledañas al río Santiago , solicitando a México que adopte medidas para preservar la vida, integridad personal y salud los pobladores en los municipios de Juanacatlán, El Salto y Poncitlán, así como medidas para brindar diagnósticos médicos especializados, proporcionándoles atención médica adecuada; subrayando la obligación de mitigar cualquier daño ambiental significativo.
Por ello, la población sigue viviendo en la adversidad de riesgos e impacto epidemiológico, ya que las bacterias que ahí se pueden encontrar adquieren y modifican sus factores de virulencia que incrementan los costos de la atención médica en la búsqueda de restablecer la salud, costos que impactan negativamente en las instituciones de salud.
Décima. Por las anteriores consideraciones, en el Grupo Parlamentario del PRI hacemos un llamado respetuoso a las autoridades competentes para que se garantice el derecho a la salud y al agua conforme lo manda la Constitución.
Por lo expuesto, fundado y motivado se propone ante la Honorable Comisión Permanente el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua y a las Secretarías de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y la de Gestión Integral del Agua de Jalisco para que en el ámbito de sus atribuciones se coordinen para realizar acciones inmediatas tendientes a la limpieza, saneamiento y rescate del río Santiago en Juanacatlán, Jalisco.
Notas
1 UNESCO y Programa Hidrológico Internacional (2020). La seguridad hídrica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Manual de capacitación para tomadores de decisión, unesco.org. Disponible en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374917/PDF/374917spa .pdf.multi
2 González Arévalo, A. (2019). La contaminación del río Santiago Grande por factores industriales, ubicado en la región centro norte. Repositorio Universitario, Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Disponible en
http://ru.iiec.unam.mx/id/eprint/4774
3 González Arévalo, A. (2019). La contaminación del río Santiago Grande por factores industriales, ubicado en la región centro norte. Repositorio Universitario, Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Disponible en
http://ru.iiec.unam.mx/id/eprint/4774
4 Ídem.
5 Olcina Alvarado, M. “Ecologistas en acción”. Recuperado el 9 de septiembre de 2016, de la revista El Ecologista: 2009. Disponible en
http://www.ecologistasenaccion.org/article20343.html
6 Ruvalcaba Ledezma, J.; y Cuevas Figueroa, X. (junio de 2008). Egresados en Contacto. Obtenido de Riesgo para la salud en El Salto y Juanacatlán, Jalisco. Disponible en
http://www.egresados.udg.mx/gaceta/gaceta/jun2008/index.php
7 Montes Rubio, P. Y.; Aguilar Castro, N.; Ávila Domínguez, R.; Macbani Olvera, P.; Raygoza Anaya, M.; Garnica Guerrero, B.; Reynoso Vázquez, J.; y Ruvalcaba-Ledezma, J. C. “Contaminación del río Santiago: un problema epidemiológico ambiental persistente de salud pública en Jalisco, México”, en JONNPR. 2021;6(9): 1222-36. DOI: 10.19230/jonnpr.3951
8 Gobierno de Jalisco (2021, 9 de junio). Revivamos el río Santiago-Índice de Calidad del Agua. Revivamos el río Santiago. Recuperado el 5 de enero de 2022 de
https://visorsantiago.jalisco.gob.mx
9 Muñoz Delgadillo, Raúl, presidente del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto. Informe.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.– Diputada María del Refugio Camarena Jáuregui (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
SE INCLUYA EL ARTE PIROTÉCNICO DENTRO DE LAS TEMÁTICAS QUE FORMARÁN PARTE DE LAS EXPOSICIONES EN DIVERSOS ESPACIOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar la Sedena a incluir por su relevancia cultural y económica el arte pirotécnico en las temáticas que formarán parte de las exposiciones en espacios del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y, en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional para que, en el ámbito de sus atribuciones, se incluya el arte pirotécnico dentro de las diversas temáticas que formarán parte de las exposiciones que muestran la grandeza cultural de México en diversos espacios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles por su relevancia cultural y económica, bajo las siguientes:
Consideraciones
El presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha señalado en diversos medios que en la Base Aérea Militar No. 1 Santa Lucía no sólo se está llevando a cabo una de las obras de infraestructura más importantes en el país, sino que se está construyendo en la actualidad el aeropuerto más importante, en su tipo, en el mundo.
En esta tesitura, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que se proyecta atenderá a 100 millones de pasajeros al año provenientes de diferentes países, 1 será asimismo una vitrina de exposiciones con la posibilidad de mostrar la grandeza cultural de México al mundo en sus diversos espacios físicos.
Al respecto, recientemente se ha difundido que los baños con los que contará el aeropuerto incluirán diversas temáticas entre las que se encuentran la gastronomía, los mariachis, las trajineras, el Día de Muertos, la lucha libre, entre otros.
El general de brigada DEM, ingeniero constructor Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, adscrito a la Secretaría de Defensa Nacional, detalló en entrevista que los 38 baños cuentan con temáticas diferentes, por lo que “El turista extranjero tiene dos puntos de contacto con la infraestructura nacional: los baños y módulos de migración. Nuestros baños son modernos y amplios pero tienen reminiscencias de la cultura nacional” 2
Cabe señalar que cercano a la región en donde es construido el AIFA se encuentra una de las zonas más importantes del país en donde se fabrica y comercializa el arte pirotécnico, que de acuerdo a la titular de la Coordinación de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, más de 200 mil familias dependen de esta actividad de las cuales más de 50 mil pertenecen al Estado de México.
En diferentes recorridos por los Municipios del Estado de México con una población importante de artesanas y artesanos pirotécnicos, entre los que destacan Zumpango, Almoloya de Juárez, Axapusco, Ozumba y Tultepec, me han solicitado apoyo para llevar el mensaje ante las autoridades federales competentes y se realice el presente exhorto para que el arte pirotécnico no sea excluido de las temáticas que formarán parte de las exposiciones en diversos espacios del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
La UNESCO señala que el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al dialogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida. 3 Es por ello, relevante que los artesanos pirotécnicos tengan incentivos en conservar estas tradiciones y modos de vida ante la avasallante cultura individualista que nos caracteriza en la sociedad moderna de hoy en día y de la tendencia a la uniformidad de las costumbres que vienen aparejadas de la globalización.
Es indispensable señalar que a principios de la actual administración del gobierno federal (2018-2024), el Presidente de México encomendó la construcción de un nuevo Aeropuerto Internacional en Santa Lucía, Estado de México a la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de un agrupamiento conformado por Ingenieros Militares de todas las especialidades.
Asimismo, en la fracción XVI del Artículo 29, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se establece que la Secretaría de la Defensa Nacional podrá intervenir en la vigilancia y expedición de permisos para el comercio, transporte y almacenamiento, entre otros aspectos:
“Artículo 29. A la Secretaría de la Defensa Nacional, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
[..]
XVI. Intervenir en la expedición de licencias para la portación de armas de fuego, con objeto de que no incluya las armas prohibidas expresamente por la Ley y aquellas que la Nación reserve para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Guardia Nacional, así como vigilar y expedir permisos para el comercio, transporte y almacenamiento de armas de fuego, municiones, explosivos, agresivos químicos, artificios y material estratégico; [..]” 4
Se establece la participación y responsabilidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, haciendo mención que el control y la vigilancia de las actividades y operaciones industriales y comerciales que se realicen con artificios será hecho por la Secretaría de acuerdo con el artículo 37 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos:
“[..] El control y vigilancia de las actividades y operaciones industriales y comerciales que se realicen con armas, municiones, explosivos, artificios y substancias químicas, será hecho por la Secretaría de la Defensa Nacional. [..]” 5
En el Artículo 38 se obliga a los permisionarios a obedecer otras disposiciones legales, respetando las atribuciones que competan a las autoridades federales, estatales y municipales, siendo aplicables los protocolos de protección civil y prevención de desastres, con el fin de garantizar una seguridad total en el uso legítimo del permiso que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional:
“Artículo 38. Los permisos a que se refiere el artículo anterior no eximen a los interesados de cubrir los requisitos que señalen otras disposiciones legales, según la naturaleza de sus actividades.” 6
De acuerdo con lo anterior, están facultadas las autoridades de los tres órdenes de gobierno a coadyuvar a que el arte pirotécnico esté a la altura de los estándares internacionales en materia de seguridad, tecnología, creatividad y competitividad. El arte pirotécnico, con el cuidado, atención y regulación vigente que requiere, es una actividad económica de gran relevancia social, económica y cultural para nuestro país.
Como ejemplo de buenas prácticas en la materia, encontramos la realización de los festejos del 15 de septiembre, cuando después del Grito de Independencia se da inicio al espectáculo de fuegos artificiales en el Zócalo de la Ciudad de México. 7 Resaltando este arte como uno de los principales atractivos del festejo cívico.
Pirotecnia en evento conmemorativo del 15 de septiembre de 2021 en el Zócalo de la CDMX 8
Ejemplo de éxito lo es también la muestra de fuegos artificiales, en diversas fechas, en el municipio de Tultepec, Estado de México, destacando la Feria Internacional de la Pirotecnia, realizada los primeros días del mes de marzo. Año con año, la quema se desarrolla siempre en acompañamiento de los responsables de las áreas de protección civil municipal y de la supervisión de la SEDENA, de principio a fin de la jornada, con ello se garantiza la seguridad de las familias que acuden desde diversas partes del país, pero también desde el extranjero:
Elementos de la Guardia Nacional, supervisando los piromusicales en la Feria Internacional de la Pirotecnia, en Tultepec. Edición 2020. 9
El arte pirotécnico, con el cuidado, atención y regulación que requiere es una actividad económica de gran valor artesanal e histórica para nuestro país. En ello radica la importancia y pertinencia de la presente Proposición con Punto de Acuerdo, en virtud de que con su inclusión en las temáticas que formarán parte de las exposiciones en diversos espacios físicos del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se busca realizar un reconocimiento a la relevancia cultural y económica del arte pirotécnico en el país y a la región en donde se construye el mismo, haciendo énfasis en los esfuerzos para la reducción de accidentes con pirotecnia, para la seguridad de la población en general; así como evitar que se criminalice y estigmatice a un grupo poblacional con una actividad económica que permite dar sustento a más de 200 mil familias 10 a nivel nacional de las cuales más de 50 mil pertenecen al Estado de México. 11
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional para que, en el ámbito de sus atribuciones, se incluya el arte pirotécnico dentro de las diversas temáticas que formarán parte de las exposiciones que muestran la grandeza cultural de México en diversos espacios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por su relevancia cultural y económica.
Notas
1 Gobierno de México. “Construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”.
https://aeropuertoaifa.mx/2019_272/. Consultado el 10 de enero de 2022.
2 Imagen Noticias. “Así son los baños del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”.
https://www.youtube.com/watch?v=o4CvkZIF9aU. Consultado el 10 de enero de 2022
3 UNESCO, ¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial?, en:
http://bit.ly/2YulY27, Consultado el 10 de enero de 2022.
4 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Disponible en:
https://cutt.ly/upLNVLe. Consultado el 10 de enero de 2022.
5 Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Disponible en:
https://cutt.ly/epL16um. Consultado el 10 de enero de 2022.
6 Ibíd.
7 https://cutt.ly/Uf9o9OB, Consultado el 10 de enero de 2022
8 Aunque no lo olvidamos, es tiempo de perdón y respeto: AMLO. Presslibre.
https://cutt.ly/rYu43Fi. Consultado el 10 de enero de 2022
9 Imagen propia.
10 Trabaja SSPC con productores para evitar accidentes por pirotecnia. SSPC,
https://cutt.ly/uTAT8FA. Consultado el 10 de enero de 2022.
11 Pirotecnia en el Estado de México. IMEPI,
https://cutt.ly/ATATH8k. Consultado el 10 de enero de 2022.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.– Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
SE INCLUYA EN LA POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL SARS-COV-2 A LOS MENORES DE ENTRE 3 A 17 AÑOS
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a incluir en la política nacional de vacunación contra el SARS-Cov2 a los menores de entre 3 y 17 años, suscrita por la diputada Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia, diputada a la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Exposición de Motivos
El derecho a la salud es un derecho humano fundamental, determinado desde 1948 por la Organización de las Naciones Unidas, y desde entonces reconocido por múltiples tratados internacionales, así como por constituciones nacionales. En México fue incorporado parcialmente en 1983 en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el Derecho a la Protección de la Salud.
El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enuncia el derecho a la protección de la salud de todas las personas. El párrafo cuarto a la letra dice:
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.
La concepción de la salud como un derecho fundamental, se ha visto vulnerado en los últimos años con el estallido de la pandemia de la covid-19. Ésta ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de respuesta de los estados frente a la garantía de protección de salud.
Los datos oficiales sobre la pandemia hasta el día 9 de enero de 2022, indican que hay 4 millones 125 mil 388 casos confirmados, con 300 mil 334, defunciones, se estima que hay 600 mil 213 sospechosos totales. En materia de vacunación se sabe que 58.94 por ciento de la población mexicana cuenta con vacunación completa.
En nuestro país según datos del censo de población 2020, el grupo de población más grande es el de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 10 a 19 años, que suman 21 millones 750,230. Le sigue la población de 0 a nueve años (20 millones 811 mil 744). Considerando a la población que ha quedado fuera del plan de vacunación hasta hoy, encontramos a la población de preescolar (3-5 años), primaria (6-11 años) y secundaria (12-14 años) población que representaría más de 20 millones de menores que están totalmente indefensos 1.
Investigaciones recientes sobre la pandemia en curso de la covid-19 parecieran mostrar que los niños pequeños son menos susceptibles. Aunque es mucho menos probable que el SARS-CoV-2 cause una enfermedad grave en los niños en comparación con los adultos, algunos sí enferman gravemente. Datos revelados por médicos de la Academia Mexicana de pediatría indican que el sistema inmunológico de los menores ha demostrado ser más eficiente ante el virus y se sostiene que el 80 por ciento de los niños que contraiga la enfermedad no tendrá síntomas o no serán graves, de estos 5 por ciento necesitará oxígeno.
Un dato revelado que debe ser considerado es que 15 por ciento de los casos asintomáticos registrados en niños, tienen secuelas, mientras al estar infectados no sufrieron por tos, o diarrea o dolor de garganta, meses después al llegar al hospital presentan problemas que requieren atención. Entre las secuelas la que más preocupa es la de un síndrome grave conocido como síndrome inflamatorio multisistémico 2.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado como obligación inmediata la de “adoptar medidas eficaces a fin de garantizar el acceso sin discriminación a las prestaciones reconocidas para el derecho a la salud”. Ello implica que los Estados latinoamericanos no pueden discriminar ni hacer distinciones de ningún tipo con respecto a los servicios que actualmente brindan para combatir la pandemia en términos políticos, económicos y sociales, la protección de la salud y el desarrollo de los sistemas asistenciales de salud es una de las tareas primordiales de los Estados democráticos contemporáneos y representa una de las claves del Estado de bienestar.
Los derechos que ofrece el marco legal a la población mexicana plasman claramente la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud de la niñez, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 13 fracción IX, enuncia el “Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social”,
Para garantizar la equidad en la salud se requiere de medidas y planes de acción referidos a la materia, uno de estos que surge del marco legal actual es el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Pronapinna) 2021-2024, el cual contiene las acciones prioritarias del gobierno federal para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia en nuestro país 3, dentro de dicho plan, enunciado en el primero de los objetivos prioritarios encontramos la garantía del acceso a la salud.
Objetivos prioritarios
6.1. Relevancia del Objetivo prioritario 1: Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos relacionados con la supervivencia, que incluye el acceso a la protección de la salud y a la seguridad social, alimentación adecuada, salud mental, prevención y atención integral de las adicciones, identidad y derechos sexuales y reproductivos, de todas las niñas, niños y adolescentes. 4
Así, por ejemplo, a partir del derecho a la salud, corresponde al Estado asegurar la asistencia médica una vez que la salud, por la causa que sea, ha sido afectada; esto es lo que se llama el “derecho a la atención o asistencia sanitaria”. 5
El aumento de casos que se ha registrado en las primeras semanas de 2022 frente al inevitable regreso a las aulas de millones de niñas niños y adolescentes obliga a tomar medidas que busquen limitar las consecuencias de los contagios en una población de menor edad de nuestro país, la vacunación infantil es necesaria para proteger a la población. La vacunación de las niñas, niños y adolescentes es una cuestión fundamental el prevenir muertes infantiles a través de la inmunización debe ser el objetivo.
Por lo expuesto y fundado, el suscrito someto a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente a la Secretaría de Salud, a incluir en la política nacional de vacunación contra el SARS-cov2 a los menores de entre 3 a 17 años.
Notas
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).(2020), Estadísticas a propósito del día del niño,
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020 /EAP_Nino.pdf
2 Ivabelle Arroyo, No, no todos los niños están a salvo, El economista, Opinion,
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/No-no-todos-los-ninos-es tan-a-salvo-20220105-0086.html
3 Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Blog, Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024,
https://www.gob.mx/sipinna/articulos/conoce-y-consulta-aqui-el-p rograma-nacional-de-proteccion-de-ninas-ninos-y-adolescentes-2021-2024-pronapin a-2021-2024?idiom=es
4 Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024, DOF: 31/12/2021
5 Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, “El derecho a la atención sanitaria como derecho exigible”, La Ley. Suplemento de Jurisprudencia de Derecho Administrativo, Buenos Aires, año LXV, número 119, 25 de junio de 2001, página 16.
Palacio legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2022.– Diputada Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
ESCLARECIMIENTO DE POSIBLES CONDUCTAS DELICTIVAS CON MOTIVO DE LA DONACIÓN DE AUTOMÓVILES RIFADOS A POLICÍAS POR PARTE DEL SECRETARIO GENERAL DE LA SECCIÓN 47 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de la Contraloría de Campeche a realizar acciones para esclarecer posibles conductas delictivas con motivo de la donación de automóviles rifados a policías por el secretario general de la Sección 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, suscrita por la senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y demás de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo mediante el cual la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Contraloría en el estado de Campeche, a realizar las acciones necesarias con la finalidad de esclarecer posibles conductas delictivas con motivo de la donación de automóviles rifados a policías por parte del secretario general de la Sección 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La labor que lleva a cabo el cuerpo de policías al servicio de la ciudadanía en Campeche es de suma importancia, pues su misión es asegurar la protección, custodia, vigilancia y seguridad de las personas, bienes, valores e inmuebles. Aún cuando en muchas ocasiones han sido cuestionados y señalados por la falta de confianza que deja de tenerles la población, sin embargo, es necesario mantener un espíritu de trabajo, portar con orgullo y dignidad su uniforme, actuar con disciplina, respeto, honestidad, justicia y profesionalismo permite que se hagan acreedores a la confianza de la ciudadanía.
Reconocemos que su labor no es fácil, pues en muchas ocasiones se ven obligados en sacrificar el tiempo con sus familias, esposas, esposos, hijos, hijas, padres, madres y en cuantas ocasiones se ven limitados en poder pasar fechas importantes a lado de sus seres queridos por tener que cumplir con la responsabilidad que se les ha encomendado, porque ser policía es un orgullo para quienes laboran en tan delicada actividad en donde tienen que proteger tanto a las personas como a las instituciones.
Con el paso del tiempo se ha buscado fortalecer a la institución policial a través de la profesionalización de la carrera, la honestidad en la realización de sus actos, porque ser policía no sólo es un trabajo, sino un estilo de vida que refleja vocación de quienes ejercen esta importante actividad que en muchas ocasiones están dispuestos en sacrificar su propia vida al enfrentarse al peligro por el bien de los demás.
Ahora bien, tomando en consideración que es necesario que el estado de Campeche cuente con una institución policial, altamente capacitada, dispuesta a trabajar en equipo, que cuente con las herramientas necesarias y que este dispuesta a garantizar la seguridad y la paz de los campechanos, de tal suerte que los miembros de la sociedad sientan tranquilidad y seguridad en la realización de sus diversas actividades. Además. debemos tomar en cuenta que el turismo es una fuente de ingresos para Campeche.
En ese orden de ideas resulta, preocupante las declaraciones vertidas en algunos medios informativos al señalar que el secretario general de la Sección 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Víctor Kidnie de la Cruz acusado de los delitos de lavado de dinero y desvió de recursos, haya donado automóviles que fueron rifados entre policías en el convivio organizado con motivo del Día del Policía.
Es importante conocer quien pagó, donó o de donde salió el dinero para la compra de los mencionados automóviles, que, por cierto, se acusa de chanchullo el proceso para favorecer a dos altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad, afines a la titular y quienes no debieron participar en la citada rifa. Sin embargo, se ha señalado que la acción del líder sindical es un pacto de impunidad evitando así que se cumplimenten ordenes de aprehensión en su contra.
A que grado ha escandalizado estos hechos, que la propia mandataria en Campeche ha señalado “que desconocía el origen de los vehículos que fueron rifados a los policías y afirmó que estos obsequios no comprometen al Gobierno del Estado, porque todo lo que llegue es bien recibido, deslindándose de los autos que regalaron a los uniformados reiterando que no intervino”.
Finalmente, con la idea de no manchar la imagen de la corporación policial en Campeche y dar motivo a la desconfianza ciudadana que se pueda tener, con motivo de actos que parecen buenos, pero que puedan traer un trasfondo que perjudique a la sociedad campechana al considerar que a cambio de un obsequio se pueda dejar de hacer algo relacionados con sus funciones, es por lo que someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Contraloría en el estado de Campeche, a realizar las acciones necesarias con la finalidad de esclarecer posibles conductas delictivas con motivo de la donación de automóviles rifados a policías por parte del secretario general de la Sección 47 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Contraloría en el estado de Campeche, que, para el caso de existir las posibles conductas delictivas con motivo de los hechos señalados, se presenten las denuncias corres-pondientes con la finalidad de esclarecer los hechos y castigara los responsables.
Referencias
https://www.cronicacampeche.com/wp-content/uploads/ 2022/01/EDICION-DIGITAL.pdf
https://tribunacampeche.com/local/2021/12/31/esclarezcan-supuest o-pacto-de-impunidad/
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a los doce días del mes de enero de dos mil veintidós.– Senadora Cecilia Sánchez García (rúbrica).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
EXHORTO A LA SRE, A INFORMAR LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE DECIDIÓ ENVIAR UNA REPRESENTACIÓN A LA TOMA DE PROTESTA DE DANIEL ORTEGA, EN NICARAGUA
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE a informar a esta soberanía por cuáles motivos se decidió enviar una representación a la toma de protesta de Daniel Ortega, en Nicaragua, suscrita por el diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Mario Gerardo Riestra Piña, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Sexagésima Quinta Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, así como por las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se solicita, respetuosamente, al canciller Marcelo Ebrard que informe a esta soberanía los motivos por los cuales se decidió enviar una representación a la toma de protesta de Daniel Ortega en Nicaragua, teniendo en consideración que los principios constitucionales de nuestra política exterior establecen la promoción de los derechos humanos, al tenor de los siguientes
Considerandos
Que Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, se impuso en las elecciones celebradas el siete de noviembre de dos mil veintiuno, luego de que al menos 39 lideres opositores fueran detenidos, incluyendo siete precandidatos a la presidencia, a quienes se les acusó por delitos como lavado de dinero y realizar actos contra la soberanía, lo cual, sin duda, pone en duda la legitimidad de su elección.
Inclusive, organismos internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han condenado los arrestos y pedido la liberación de los opositores.
Con la toma de protesta de este diez de enero del año en curso, Ortega asumirá su quinto periodo presidencial, convirtiéndose en el nicaragüense con más años en el poder.
Que, a pesar de la ilegitimidad y el autoritarismo en que se ha impuesto en estas elecciones, así como las circunstancias que rodearon su candidatura, diversas delegaciones confirmaron su asistencia y otras como Mèxico enviaron una representación oficial a la toma de protesta.
En tal virtud, como representantes del pueblo mexicano nos manifestamos en contra de las acciones emprendidas por el Daniel Ortega ante su imposición presidencial, y cuestionamos la decisión de nuestro gobierno por tomar la decisión de enviar una representación a dicho evento, dada la ilegitimidad, los abusos de poder y la imposición de su poder.
Por lo que someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente solicita, respetuosamente, al canciller Marcelo Ebrard que informe a esta soberanía los motivos por los cuales se decidió enviar una representación a la toma de protesta de Daniel Ortega en Nicaragua, teniendo en consideración que los principios constitucionales de nuestra política exterior establecen la promoción de los derechos humanos.
Sede de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.– Diputado Mario Gerardo Riestra Piña (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
SE GARANTICE LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y CONTROL DE CÁNCER INFANTIL
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y diversas autoridades de salud a garantizar la aplicación de los programas de prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de cáncer infantil, a cargo del senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Ángel García Yáñez, senador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 123 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás relativos y aplicables, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, el secretario de Salud, y el gobernador y el secretario de Salud de Morelos a garantizar en el ámbito de sus atribuciones los programas de prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control del cáncer infantil, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere lo siguiente:
...
Artículo 4o.
...
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de la salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución...
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto en la ley.
La Ley General de Salud establece:
Artículo 1. La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social...
Artículo 2. El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:
...
II. La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana...
IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud...
V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población...
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal precisa:
...
Artículo 39. A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
...
IX. Organizar y administrar servicios sanitarios generales en toda la República...
XXI. Actuar como autoridad sanitaria, ejercer las facultades en materia de salubridad general que las leyes le confieren al Ejecutivo Federal, vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables y ejercer la acción extraordinaria en materia de salubridad general...
XXVI. Promover acciones de coordinación con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para abordar conjuntamente los determinantes sociales de la salud...
La Ley de Salud del Estado de Morelos precisa:
Artículo 2. El derecho a la promoción y protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:
I. El bienestar físico, mental y social de la persona para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;
ll. La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana;
III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, promoción, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al bienestar y desarrollo social...
V. El disfrute de servicios de salud y asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población...
Segunda. El cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud menciona que en 2020 alcanzó 19,3 millones de personas y se cobró 10 millones de vidas en el mundo, convirtiendo en la segunda causa de muerte.
Según estadísticas de dicha organización, cada minuto 17 personas mueren de cáncer en el mundo, en México el tamaño de los efectos del cáncer en la salud de la nación no es muy diferente al panorama mundial, pues es la tercera causa de muerte, después de la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.
Una de las principales causas de morbimortalidad en niños y adolescentes alrededor del mundo es el cáncer. Según las últimas estimaciones hechas por Globocan 2018, cada año se diagnostican aproximadamente 18 millones de casos nuevos de cáncer en el mundo, de los cuales más de 200 mil ocurren en niños y adolescentes.
Aunque el cáncer en la Infancia y la Adolescencia es poco frecuente, es un problema de Salud Pública ya que es una de las principales causas de mortalidad por enfermedad en este grupo de edad y tiene un gran impacto físico, social, psicológico y económico, tanto para el paciente como para sus familiares.
En México, de acuerdo con las proyecciones de la población de los municipios de México 2010-2030 del Consejo Nacional de Población, hasta 2018 la población de niños y adolescentes de entre 0 y 19 años fue de 44 millones 697 mil 145. De ellos, 26 millones 493 mil 673 no cuentan con ningún tipo de seguridad social. Lo anterior resulta preocupante debido a que el cáncer es una enfermedad costosa que ocasiona un gasto de bolsillo considerable en la familia de los pacientes y puede condicionar, cierto grado de empobrecimiento.
De acuerdo con los datos del Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes, las tasas de incidencia (por millón) hasta 2017 fueron 89.6 nacional, 111.4 en niños (0 a 9 años) y 68.1 en adolescentes (10-19 años). Por grupo de edad, el grupo de 0 a 4 años presentó la mayor tasa de incidencia, con 135.8, mientras que el grupo de adolescentes de entre 15 y 19 años tuvo la menor, con 52.6.
Fuente: Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes.
Los estados de la República con mayor tasa de Incidencia por cáncer en la infancia (0 a 9 años): Durango (189.53), Colima (187.42), Aguascalientes (167.36), Sinaloa (163.44) y Tabasco (158.94). En la adolescencia (10 a 19 años), las entidades con mayor tasa de Incidencia por cáncer son: Campeche (149.56), Colima (117.27), Aguascalientes (106.29), Nuevo León (99.79) y Morelos (98.73).
Respecto a las tasas de mortalidad (por 100,000 habitantes) los adolescentes entre los 15 y los 19 años de edad tuvieron la mayor tasa de mortalidad con 6.88, mientras que la menor tasa de mortalidad fue para el grupo de edad entre los 0 y los 4 años con 4.35. Entre los 5 y los 14 años las tasas se mantuvieron similares entre ambos grupos con 4.60 (5 a 9 años) y 4.54 (10 a 14 años)
Los índices de cáncer infantil en México son alarmantes, por ello me resulta oportuno la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control del cáncer infantil. El cáncer es la segunda causa de mortalidad en niños y adolescentes, sólo después de los accidentes y según las tendencias el número van en aumento excesivo.
Algunos de los obstáculos más importantes que deben superarse en México para mejorar la tasa de curación en pacientes con cáncer infantil son: la falta de medicamentos, el desconocimiento de los médicos de primer contacto sobre la enfermedad, lo que dificulta que el tratamiento tenga éxito, falta de uniformidad en los procedimientos y tratamientos, incumplimiento de indicaciones médicas, entre otras.
Por lo expuesto sabemos que un porcentaje muy importante de cánceres pueden curarse siempre y cuando se detecten en una fase temprana, por tal motivo, se hace un exhorto a las autoridades referidas, para garantizar los programas públicos y tratamientos para la atención y detención del cáncer.
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal, el secretario de Salud, y al gobernador y el secretario de Salud de Morelos a garantizar en el ámbito de sus atribuciones los programas de prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control del cáncer infantil.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.– Senador Ángel García Yáñez (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
EXHORTO A LA PROFECO, A COMISIONAR A PERSONAL ESPECIALIZADO EN LOS AEROPUERTOS, ANTE EL INCREMENTO DE LAS CANCELACIONES DE VUELOS POR MOTIVO DE LA PANDEMIA POR COVID-19
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Profeco a comisionar en los aeropuertos del país a personal especializado para atender y asistir de inmediato a los usuarios del transporte aéreo en la defensa de sus derechos en horarios extendidos, ante el incremento de las cancelaciones de vuelos por la pandemia de covid-19, a cargo de las senadoras Cora Cecilia Pinedo Alonso y Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del PT
La senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y de la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta, respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a comisionar a personal especializado de la Profeco, en los Aeropuertos de nuestro país con el objetivo de atender y asistir de manera inmediata a las personas usuarias del transporte aéreo en la defensa de sus derechos, en horarios extendidos, y de ser necesarios en horario nocturno, ante el incremento de las cancelaciones de vuelos por motivo de la pandemia por covid-19, al tenor de las siguientes
Consideraciones
EL 27 de diciembre de 2021 la BBC publicó en su sitio web de noticias que la rápida propagación de la variante ómicron provoca la cancelación de miles de vuelos y trastoca la ruta de decenas de cruceros alrededor del mundo en plena temporada festiva. 1 En Estados Unidos algunas aerolíneas informaron que los retrasos se relacionan al contagio entre diversos miembros de su tripulación.
De acuerdo a la nota periodística, tan solo el día 27 de diciembre más de 2.700 vuelos fueron suspendidos, según el portal FlightAware. Desde el viernes 24 de diciembre, día de Nochebuena, suman unos 8.000 vuelos cancelados. Los países más afectados han sido Estados Unidos y China.
En el caso de México, desde el día 06 de enero en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se han registrado más de 200 vuelos nacionales e internacionales cancelados, 2 luego de que varios pilotos dieron positivo a covid-19 y muchos más han sido aislados en espera del análisis de pruebas así como el diverso personal que labora en las aerolíneas.
El Portal web América Economíainformó el 10 de enero que la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) ha comunicado que el personal de sobrecargas ausentes, por enfermedad o por falta de documentación vigente, representa el 10,3% del personal de la aerolínea. De acuerdo con el portal Expansión, además de los afectados por covid, otros 65 tripulantes están suspendidos por falta de documentos vigentes para viajar.
La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) señaló que los principales destinos afectados por estas cancelaciones son Guadalajara, Cancún y Monterrey, sin embargo la problemática también alcanza a vuelos internacionales, pues se tiene el registro de un vuelo que debía partir de Seúl.
El gremio de sobrecargos detalló que desde la víspera de Navidad, a nivel mundial se han cancelado unos 22 mil vuelos de distintas aerolíneas por contagios de sus tripulantes.
Ante esta situación que se presenta en el transporte aéreo es importante señalar que el marco jurídico mexicano establece en la Ley de Aviación Civil derechos inherentes a los usuarios de servicios de transporte aéreo y que desafortunadamente, no se cumplen ni se respetan a cabalidad.
En el artículo 47 Bis de dicha ley se establece claramente que el concesionario o permisionario está obligado a proporcionar un servicio de calidad y eficiente a lodos sus pasajeros. Para lo cual debe garantizar que se respeten y cumplan al menos los derechos plasmados en dicho ordenamiento legal.
En este sentido, la ley establece que el pasajero tiene derecho a un trato digno y a contar con un alto nivel de información, que le permita conocer sus opciones y tomar alternativas en caso de requerirse. Por ello, los concesionarios o permisionarios están obligados a informar de manera rápida y expedita al pasajero en caso de que se produzcan cambios en su itinerario o cualquier otra circunstancia que pudiera afectar el servicio contratado. Lo deberán hacer a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto o cualquier otro medio electrónico, con al menos veinticuatro horas de anticipación a la salida programada.
Y si los cambios se produjeran dentro de las veinticuatro horas previas a la salida programada, el concesionario o permisionario deberá informar al pasajero tan pronto tenga la certeza de que dichos cambios son inevitables, sin que esto exima al concesionario o permisionario de su responsabilidad frente al pasajero.
Ante ello la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe supervisar que los concesionarios o permisionarios informen de manera oportuna a los pasajeros de posibles cambios, retrasos o cancelaciones en su itinerario.
La Ley también establece que en caso de producirse la cancelación del vuelo por responsabilidad atribuible al concesionario o permisionario, éste, a elección del pasajero, deberá:
a) Reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje.
b) Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos; alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
c) Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual haya sido cancelado el vuelo. En los casos de los incisos a) y e) anteriores, el concesionario o permisionario deberá cubrir, además, una indemnización al pasajero afectado que no será inferior al veinticinco por ciento del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.
Es importante señalar que la ley mandata que con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones señaladas, los concesionarios o permisionarios de servicio al público de transporte aéreo deberán de contar con un módulo de atención al pasajero en cada una de las terminales en donde operen.
Además de establecer que la Procuraduría Federal del Consumidor juega un papel fundamental para preservar los derechos de las personas usuarias de los servicios de transporte aéreo, ya que la Profeco deberá establecer mecanismos para regular estos módulos y garantizar que los procedimientos que ahí se realicen se hagan de forma sencilla y expedita. Y en su caso aplicar las sanciones correspondientes por el incumplimiento de la ley ante la violación de los derechos de las y los consumidores de servicios de transporte aéreo.
Es evidente que la problemática es global, sin embargo, debemos atender puntualmente las necesidades y preocupaciones en nuestro territorio. Día a día convergen en aeropuertos del territorio nacional miles de personas. Ya sea por motivos de trabajo, negocios, familiares, de turismo o comercio, miles de personas utilizan el transporte aéreo convirtiendo así este servicio en una actividad esencial en el desarrollo nacional, por lo que se debe privilegiar y vigilar el adecuado cumplimiento de la legislación.
En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos pronunciamos a favor de los derechos de las personas usuarias del transporte aéreo y hacemos un atento llamado a las autoridades correspondientes a que vigilen, respeten y promuevan los derechos de las personas usuarias de este transporte. La Ley se aplica sin distingos, no se negocia.
Por lo anteriormente expuesto, presentamos a esta honorable Comisión Permanente, el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Procuraduría Federal del Consumidor a comisionar a personal especializado de la Profeco, en los Aeropuertos de nuestro país con el objetivo de atender y asistir de manera inmediata a las personas usuarias del transporte aéreo en la defensa de sus derechos, en horarios extendidos, y de ser necesarios en horario nocturno, ante el incremento de las cancelaciones de vuelos por motivo de la pandemia por covid-19.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría Federal del Consumidor a vigilar detenidamente el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios y permisionarios de transporte aéreo para con las personas usuarias de estos servicios de conformidad con lo establecido en la Ley de Aviación Civil y la Ley Federal de Protección al Consumidor.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Secretaría de Salud para que vigilen el cumplimiento de las normas sanitarias para evitar los contagios en los aeropuertos y entre el personal de las líneas aéreas.
Notas
1 Miles de vuelos cancelados por contagios entre su tripulación: ómicron golpea el turismo a solo días de fin de año, disponible en:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-59805483, consultado el 10 de enero de 2021.
2 Cancelan 203 vuelos de líneas mexicanas en cuatro días por contagios, disponible en:
https.//www.jornada.com.mx/notas/2022/01/09/politica/cancelan-20 3-vuelos-de-lineas-mexicanas en-cuatro-dias-por-contagios/, consultado el 10 de enero de 2021.
Dado en el salón de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a los doce días del mes de enero del año dos mil veintidós.– Senadoras: Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y Cora Cecilia Pinedo Alonso (rúbricas).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
SUSTITUCIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN LA CARRETERA FEDERAL NO. 2 NUEVO LAREDO-REYNOSA, DEL TRAMO DE NUEVO LAREDO A GUERRERO
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT y el gobierno de Tamaulipas a sustituir la carpeta asfáltica y propiciar el desarrollo de una infraestructura moderna, segura y de calidad en la carretera federal número 2, Nuevo Laredo-Reynosa, tramo Nuevo Laredo-Guerrero, suscrita por la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Olga Juliana Elizondo Guerra, diputada del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La infraestructura carretera en México ha ido en aumento durante los últimos años. De acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de 2019 a 2020, se aumentaron 29 mil 819 kilómetros de caminos, de los cuales 1,969 km corresponden a carreteras pavimentadas y 24,768 km a caminos rurales. 1
El estado de Tamaulipas cuenta con una red de infraestructura carretera que, según los datos de la SCT, tiene 2,157.30 kilómetros de la red federal pavimentados, de los cuales, 757.72 son de corredor, 649.58 son básicos y 750 secundarios. 2
No obstante, la loable labor que ha desempeñado la presente administración encabezada por el licenciado Andrés Manuel López obrador, es necesario, no sólo crear nuevas vialidades sino también dar mantenimiento a las ya existentes, a fin de que sigan beneficiando a las y los millones de mexicanos que por ellas transitan a diario.
Esta infraestructura vial ha permitido la comunicación entre sus habitantes y la introducción de servicios como los de seguridad social, electricidad, educación y comercio; así como otros que son indispensables para las actividades de las y los ciudadanos. Sin embargo, la infraestructura carretera de la ribereña tamaulipeca representa un peligro latente para las y los habitantes de la región. Transitarlas implica altos riesgos derivado de las pésimas condiciones en las que se encuentran y, aunado a ello, debe considerarse el aumento alarmante de los índices delictivos en la zona, lo que supone un grave peligro para las y los tamaulipecos que la recorren todos los días.
La carretera federal 02, La Ribereña, es una de las principales vías de comunicación que atraviesa el estado de Tamaulipas. Su trayecto principal conecta a los municipios de Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz y Reynosa en la región fronteriza. Las y los ciudadanos de estas comunidades se ven obligados a utilizarla, ya que les permite acceder a sus actividades cotidianas.
La principal problemática que enfrenta esta infraestructura vial es la falta de mantenimiento y, a causa de ello, la constante aparición de los denominados “baches” que se han multiplicado de manera drástica en los últimos meses. La zona más afectada es la que se ubica entre los municipios de Nuevo Laredo y Guerrero. Cabe destacar que, en el transcurso de 2021, los accidentes viales ocasionados por los desperfectos en la carpeta asfáltica han aumentado de manera alarmante en esta zona.
De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2021 se está convirtiendo en el año con el mayor índice de accidentes en las carreteras mexicanas. Tan sólo en el primer semestre del año, se han contabilizado 7 mil 463 muertes. Situación que muestra una diferencia de 1 mil 316 muertes más que en el mismo periodo de 2020; lo equivalente a un alza de 21.5 por ciento, y de 34.5 por ciento en comparación con el año 2015. 3 En promedio, hay 1 mil 273 percances automovilísticos cada mes (42 diarios). El primer semestre de 2021 ha demostrado ser el más letal desde que en 2015 comenzó a llevarse un registro oficial de víctimas en el país. 4
Los habitantes de las comunidades aledañas han reconocido que la intervención de esta carretera será de gran utilidad e importancia para sus municipios ya que, con ello, se acortará el tiempo de traslado y se permitirá el tránsito seguro.
Como servidores públicos, contamos con la obligación de hacer que la transformación de México avance. Por ello, las autoridades competentes deben garantizar a los usuarios de las carreteas un servicio de calidad de acuerdo con sus necesidades y requerimientos que les permita trasladarse con seguridad y comodidad a sus destinos. Este importante tramo carretero no debe ser olvidado por las autoridades.
En razón de lo anterior, los diversos niveles de gobierno deben actuar a la altura de las circunstancias, con una visión de corto, mediano y largo plazo, y con una profunda convicción transformadora que apunte al interés público, al crecimiento económico y al bienestar social.
De ahí que se pone a consideración de la honorable Comisión Permanente la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y al gobierno del estado de Tamaulipas, a efecto de que realicen la sustitución de la carpeta asfáltica y propicien el desarrollo de una infraestructura carretera moderna, segura y de calidad, en la carretera federal México número 2 Nuevo Laredo-Reynosa, en el tramo de Nuevo Laredo a Guerrero en el estado de Tamaulipas, así como supervisen el tránsito de camiones de carga pesados no autorizados para su circulación en este tipo de vía o, en su caso, realicen las modificaciones necesarias a la infraestructura para que las y los usuarios transiten por una vía en óptimas condiciones.
Notas
1 https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional-de-ca-minos
2 https://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-conservacion-de-carreter as/longitud-red-federal/
3 https://www.animalpolitico.com/2021/08/accidentes-trafico-muertes-lesiones-2021 /
4 https://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-servicios-tecnicos/estad istica-de-accidentes-de-transito/
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.– Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
EXHORTO AL INSABI, A GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD A TODA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Insabi a garantizar el acceso a los servicios de salud a toda la población sin seguridad social, suscrita por la diputada Ana María Balderas Trejo, del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, Ana María Balderas Trejo, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), para que en el ámbito de sus atribuciones, garantice el acceso a los servicios de salud a toda la población sin seguridad social, asimismo adopte las medidas necesarias para recurrir a la subrogación de servicios para el tratamiento del cáncer de mama a través de instituciones sin fines de lucro, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El acceso a la salud es un derecho universal. Al respecto la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”. 1
Por otro lado, el derecho a la salud es tutelado por nuestra Constitución Política de conformidad con el artículo 4, párrafo 4, que a la letra expresa lo siguiente:
Artículo 4o..
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social”.
Sin bien, el texto constitucional es claro respecto a este derecho y su progresividad a ser cada vez mejor, en la realidad nos encontramos lejos de poder cumplir con este mandato. Lo anterior, a pesar de la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el pasado noviembre de 2019, el cual sustituyó a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, que era el órgano encargado de administrar el Seguro Popular.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el año de 2020, aproximadamente 35.5 millones de personas eran beneficiarias del Insabi, cantidad menor de derechohabientes en comparación con el Seguro Popular que a finales de 2018 atendía a 53.5 millones de personas. 2
Lo anterior denota un retroceso en materia de salud, pues en lugar de aumentar la cobertura, la cifra se redujo. Dicho problema no es menor, puesto que aproximadamente a finales de 2020, 18 millones de personas perdieron los servicios médicos a los que tenían acceso con el Seguro Popular por no estar afiliados ante el Insabi.
Aunado a esto, la escasez de medicamentos se ha vuelto una constante en el sector salud afectando a miles de personas y no sobra señalar que, durante la aprobación de las miscelánea fiscal para el ejercicio 2022, se redujeron los porcentajes de deducción que los donantes podían otorgar a fundaciones u organizaciones gubernamentales, quienes les brindaban auxilio a personas de escasos recursos.
Este retroceso en el sistema de salud afecta principalmente a aquellas que padecen de enfermedades cuyos tratamientos son costosos, como es el caso del cáncer de mama.
Al respecto, destaco el caso de la Fundación del Cáncer de Mama (Fucam), la cual ha dejado de recibir financiamiento por parte del gobierno federal a través de la subrogación de servicios, cuando de acuerdo a su informe anual esta institución, en el año 2020, realizo más de 69 mil consultas médicas, 30 mil 586 mastografías; 19 mil 520 quimioterapias, 12 mil 39 sesiones de radioterapia entre otros. 3
Asimismo, el 28 de enero de 2021 el Colegio de México (Colmex), emitió su informe Cáncer y desigualdades sociales en México 2020, y señaló que esta enfermedad es la tercera causa de muerte en nuestro país después de las enfermedades del corazón y diabetes. 4
Ahora bien, de acuerdo con el referido informe, las personas con escasos recursos son más susceptibles a atender de forma tardía el cáncer, reduciendo así la probabilidad de éxito de su tratamiento y aumentando los costos asociados a estos.
También el informe señala que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) es posible evitar la muerte de 4 de cada 10 personas con la enfermedad, siempre y cuando reciban el tratamiento en etapa temprana, situación que lamentablemente no sucede en nuestro país, pues mencionan que 70 por ciento de los casos de cáncer se detectan en etapas avanzadas. 5
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa, al Instituto de Salud para el Bienestar, para que en el ámbito de sus atribuciones tome las medidas necesarias que garanticen el acceso a los servicios de salud de toda la población sin seguridad social.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa, a los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto de Salud para el Bienestar, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en el ámbito de sus atribuciones tomen las medidas necesarias para adoptar el modelo de subrogación de servicios a diversas instituciones sin fines de lucro a fin de combatir el cáncer de mama.
Notas
1 https://who.int/es/newa-room/fact.sheets/detail/human-rights-and-health
2 https://www.gob.mx/salud/seguropopular/documentos/afiliacion.histo-rica-del-sis tema-de-proteccion-social-en-salud
3 https://fucam.org.mx/images/05informe-anual/INFORME_ANUAL_ 2020.pdf
4 https://desigualdades.colmex.mx/cancer-desigualdades-mexico-2020
5 Ídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.– Diputada Ana María Balderas Trejo (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
SE DECRETEN MEDIDAS EMERGENTES, A EFECTO DE REDUCIR EL IMPACTO INFLACIONARIO DURANTE EL 2022
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a decretar por la SHCP medidas urgentes para reducir el efecto inflacionario durante 2022, a cargo de la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI
Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El presente año ha iniciado con un aumento generalizado en los precios de diversos bienes y servicios, incluyendo los productos que integran la canasta básica, sumado a un crecimiento exponencial de infecciones por covid-19, provocado por la variante Ómicron.
Como lo han expresado en diversos medios de información otras fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, se perfila una de las peores denominadas “cuestas de enero”, consecuencia de una política económica y fiscal errática.
De acuerdo con diferentes fuentes informativas y oficiales, el país alcanzó el nivel inflacionario más alto de los últimos 21 años, al registrar durante noviembre del 2021 una inflación anualizada de 7.37 por ciento, lo que supera por mucho a la inflación prevista por el Banco de México para el presente año y proyectada en los Criterios de Política Económica presentados por el titular del Ejecutivo federal (3.0 por ciento). Este nivel inflacionario provocó que tan sólo en ese mismo mes los precios aumentarán en 1.14 por ciento
Este proceso inflacionario observado prácticamente a lo largo del presente año, ha contribuido a deteriorar el poder adquisitivo de las familias y ha generado una mayor pobreza laboral, aun con los incrementos al salario mínimo.
En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que la inflación registrada hasta noviembre de 2021 en su gobierno es de 7.37 por ciento, lo cual es más que el alcanzado en el gobierno de Enrique Peña Nieto. No obstante, pretende aclarar que el fenómeno actual se debe a factores externos derivado de la pandemia y no por actos de corrupción como se hacía en el pasado. 1
Así, al tercer trimestre de 2021, la pobreza laboral: es decir los trabajadores que aún y cuando tienen un trabajo, los ingresos que reciben no les son suficientes para adquirir una canasta básica de consumo se ubicó en 40.7 por ciento, cifra 0.9 por ciento mayor que el trimestre anterior.
Asimismo, diversos analistas sostienen que la inflación subyacente o índice subyacente 2 continúa elevándose, siendo además un referente para la propensión inflacionaria, previsiones coinciden en que este índice cerraría en diciembre de 2022 en 5.9 por ciento anual, que sería la más elevada desde finales de 2021. 3
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante noviembre pasado la canasta de consumo mínimo registró un incremento de 8.35 por ciento anual y de 1.27 por ciento mensual, superando inclusive al crecimiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que en el mes de referencia se ubicó en 7.37 por ciento.
El mismo Inegi publica que entre diciembre de 2018 y noviembre de 2021, la inflación de la Canasta de Consumo Mínimo fue de 115.25 por ciento y el crecimiento del INPC General fue de 62.8 por ciento.
Mientras que entre 2018 y 2021 el incremento al salario mínimo fue de 60.3 por ciento al pasar de 88.36 pesos en 2018 a 141.7 para 2021 y de 95 por ciento acumulado para 2022.
De esta manera, los incrementos al salario mínimo están siendo anulados por el repunte de los precios, de poco han servido y servirán para mejorar el poder adquisitivo de las familias, en especial las de menores ingresos.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y de la Procuraduría Federal del Consumidor se observa que entre 2018 y 2021, el kilogramo de frijol registró un incremento de 72 por ciento.
Los Criterios de Política Económica, presentados por el titular del Ejecutivo federal en 2021, consideraron que la inflación mínima proyectada promedio sería de 4.1 por ciento, no obstante, de una muestra de 22 productos de la canasta básica se puede observar que aún con el incremento al salario mínimo, el poder adquisitivo apenas se mantendrá constante por lo que, de continuar las presiones inflacionarias, este aumento quedaría rebasado durante los primeros meses de 2022.
A lo anterior se suma el incremento de 7.3 por ciento en el impuesto especial a la producción y servicios (IEPS) anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado mes de diciembre y que es una actualización inflacionaria en la cuota que se paga por dicho impuesto, pero que provocará un incremento al precio de las gasolinas, las bebidas saborizadas, refrescos, entre otros productos, afectando aún más el deteriorado poder adquisitivo de las personas y, prácticamente, eliminará el incremento del salario mínimo.
Este impuesto se aplica en el país desde 1980 a los productos y servicios que tienen algún impacto o perjuicio social o cuyo consumo no es deseado; por ejemplo, cigarrillos, bebidas alcohólicas, productos con azúcares añadidos, con gran cantidad de calorías, o gasolinas y combustibles fósiles.
Al respecto, será importante revisar en próximos periodos de sesiones la aplicación de este impuesto a los combustibles, toda vez que el incremento a éstos impacta en los costos de los productos y servicios de consumo, incluyendo la canasta básica, por el aumento en los costos de traslado.
Adicionalmente, se debe tener presente que el incremento señalado impacta aún más en las regiones más alejadas, toda vez que la mayor inversión en gastos de transporte repercute en los precios de los productos de consumo.
El caso de las gasolinas merece especial atención dado que es un energético que tiene un peso importante en la determinación del precio final de muchos productos.
El ajuste inflacionario en la cuota que se paga por este impuesto para 2022 quedará de la siguiente manera:
De acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022, la recaudación total por IEPS de gasolinas se estima en 318 mil 136 millones de pesos, si asumimos que diariamente en México se consumen 125 millones de litros de gasolinas (Magna, Prémium y diésel) y que el incremento del impuesto será de 37 centavos en promedio por cada litro de gasolina que se venda, la recaudación adicional que se obtendrá por el ajuste o incremento de este impuesto será de 16 mil 881 millones de pesos, lo que representa apenas 6 por ciento de la recaudación total proyectada para el IEPS de gasolinas.
Informes publicados por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) indican que durante diciembre el precio de la canasta básica en este mes se incrementó 16.4 por ciento respecto a diciembre de 2020, al pasar de mil 89 pesos en diciembre de 2020 a mil 268 en el mismo mes de 2021, lo que representó más del doble de la inflación registrada hasta noviembre pasado (7.35 por ciento).
La Anpec ha advertido que la actualización del IEPS traerá una escalada de alzas en frutas, legumbres, verduras, abarrotes, papel higiénico, artículos de higiene personal, limpieza, cárnicos, embutidos, entre otros.
A diferencia de muchas naciones, el titular del Ejecutivo Federal se ha negado a brindar apoyos fiscales a empresas, industrias y comercios, no obstante los graves efectos de la pandemia en el crecimiento económico durante los últimos dos años.
El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional refrenda su compromiso con las familias mexicanas y propone revisar la política fiscal a efecto de mejorar su bienestar, tomando en cuenta que los efectos del covid-19, aún se mantienen y han provocado el deterioro de la economía en el país.
El elevado nivel inflacionario observado en el 2021 requiere la implementación de medidas responsables y solidarias en el año que inicia, a efecto de prevenir escenarios de inflación elevada más persistente.
Por lo expuesto sometemos a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a decretar a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público medidas urgentes a efecto de reducir el impacto inflacionario durante 2022.
Al respecto, se propone que la SHCP considere realizar el ajuste al Impuesto Especial a la Producción y Servicios, para que sea aplicado en dos etapas, en el primer trimestre del año, enero — marzo, la mitad del ajuste programado (3.5 por ciento), terminando la llamada “cuesta de enero” y al finalizar el tercer trimestre del año, julio-septiembre, iniciar el ajuste por el 3.8 por ciento restante para llegar a 7.3 por ciento.
Segundo. Con pleno respeto de su autonomía, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Banco de México que adopte las medidas necesarias para reducir los niveles inflacionarios observados durante 2021 y controlar el aumento durante 2022, en beneficio de las familias mexicanas.
Notas
1 https://www.razon.com.mx/mexico/amlo-reconoce-inflacion-mayor-sexenio-anterior- 466135
2 La inflación subyacente es un indicador que muestra la variabilidad de los precios de consumo a corto plazo más precisa que la inflación general,
https://economipedia.com/definiciones/inflacion-subyacente.html
3 https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/victor-piz/2022/01/05/im-pertinente-pre sion-de-amlo-a-banxico/
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.– Diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
EXHORTO A LA SECRETARÍA DE TURISMO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, Y A LA CONANP, A ANALIZAR OPCIONES A FIN DE EVITAR EL COBRO DE ACCESO A LA PLAYA BALANDRA
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Turismo de La Paz, BCS, y la Conanp a analizar opciones para evitar el cobro de acceso a la playa Balandra, suscrita por el senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, senador de la República Ricardo Velázquez Meza, integrante de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario de morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las playas mexicanas representan un atractivo turístico a nivel nacional e internacional ya que son consideradas entre las mejores por su clima mayoritariamente tropical durante todo el año, importando poco la temporada invernal, ya que la posición geográfica de México permite recibir rayos solares cálidos todo el año y un oleaje agradable.
Derivado de esta posición geográfica se pueden percibir diferentes microclimas a lo largo y ancho de nuestro país, así como también se puede apreciar la inmensa variedad de especies de flora y fauna que se acerca a la cantidad de 108,519 especies 1 aproximadamente, las cuales habitan las diferentes coordenadas de nuestro país.
Existen diferentes medidas de conservación de especies y de los ecosistemas en las que habitan, una de ellas es conocida como Área Natural Protegida, o por sus siglas ANP, la cual consiste en brindar un determinado espacio geográfico exclusivamente para la recuperación del entorno natural, delimitando las actividades que se realizan dentro de este polígono, a únicamente aquellas que no causen un deterioro al ecosistema existente o que se pretende recuperar.
Actualmente en México contamos con seis categorías para diferenciar entre las ANP existentes, y son clasificadas de la siguiente manera:
2
Con los datos anteriores es posible inferir que, dentro de las seis categorías, cada una de ellas cumple varios objetivos y proporciona una multitud de beneficios tanto para los pobladores de zonas aledañas como para la región, el país y el planeta, entre ellos:
• Mantienen fauna y flora silvestres
• Mantienen paisajes naturales
• Mantienen procesos ecológicos (carbón, agua, suelo)
• Sirven de testigos del cambio
• Proporcionan oportunidades de recreación
• Representan posibilidades de educación
• Son sitios de investigación científica
Si bien estas ANP son necesarias para la conservación de ecosistemas, también son elementales en la concientización de la población sobre el problema medioambiental, es por eso que no basta con tomar medidas extremas como la reubicación de la población ya asentada, a fin de promover la recuperación de los ambientes, situación que ya fue probada en varios países 3 y decidieron tomar otras medidas más efectivas.
Y es que en ocasiones las propias medidas de recuperación deben ser aplicadas o supervisadas por personal humano y facilita su ejecución cuando existe población local dispuesta a colaborar y compartir los conocimientos de la zona, así como servir de vigilantes ante población externa que llega como visitante, o en ocasiones como depredador, evitando de esta manera que se continúen con malas prácticas y difundiendo de propia voz las causas y consecuencias de la conservación.
Fue así como desde los años 70 se propuso un concepto distinto al conocido sobre las ANP, no suplantándolo, sino complementándolo y fue llamado Reservas de la Biósfera. El principal objetivo de este sistema es integrar a las comunidades humanas en la conservación en lugar de excluirlas. El modelo incluye un área núcleo con acceso y usos restringidos rodeada por un área de amortiguamiento en donde las actividades son sustentables. 4
Este sistema ha sido implementado a lo largo del mundo, y particularmente en México se puede ver en diferentes destinos turísticos, pero principalmente en Estados como Baja California Sur, Campeche y Quintana Roo en donde las autoridades correspondientes, en conjunto con la población, aprovechan el atractivo que sienten los turistas por la naturaleza y diseñan actividades que permitan disfrutar y conocer a los visitantes, así como percibir una remuneración a los locales y mantener el ecosistema en óptimas condiciones.
Recientemente este tema cobró relevancia en la Entidad de Baja California Sur, ya que se informó el 17 de diciembre de 2021 que el acceso a la Playa Balandra tendría un costo de $25 por persona, con el fin de concientizar y preservar la riqueza natural, 5 a lo que los medios locales y la población sudcaliforniana se manifestó inconforme por el anuncio del inesperado cobro, a pesar de ser una ANP desde el 2012, 6 fecha desde la cual las autoridades no visualizaron con cautela las opciones que se tienen para percibir recursos que permitan la conservación.
Es así que teniendo en cuenta el sistema de inclusión poblacional local en la conservación ecosistémica, me gustaría destacar algunos casos en donde las actividades ecoturísticas desarrolladas conjuntamente, han sido exitosas para la economía local, para el disfrute turístico y primordialmente para la conservación de las especies.
En el Parque Nacional Cabo Pulmo, Baja California sur, existe el único arrecife coralino del Mar de Cortés, con una antigüedad de mas de 25,000 años, el cual alberga aproximadamente 226 especies marinas, 7 por lo que la pesca está prohibida, pero el atractivo turístico es por actividades como el buceo y la exploración.
De igual manera, la Reserva de la Biósfera de Calakmul, Campeche, cuenta con diferentes actividades ecoturísticas que detonan la economía local, el turismo externo y la preservación, como es el caso de los tours que se dan por las zonas arqueológicas, acompañados de una breve reseña histórica.
Otro ejemplo más conocido sobre este sistema en el que se integra a las comunidades humanas en la conservación del lugar, lo tenemos en Bacalar, Quintana Roo, en donde además de disfrutar tranquilamente del pueblo mágico en bicicleta, en la laguna de los siete colores se puede pasear en kayak o en paddle board, ya que estos medios no representan emisiones por lo que son amigables con el medio ambiente.
Los ejemplos anteriores sirven para representar la idea de que no es necesario un cambio total de hábitos, sino evitar las malas prácticas y suplantarlas por actividades que permitan conocer y recuperar los recursos existentes, sin llegar a la necesidad de cobrar un acceso que no asegura la concientización, ya que el visitante no obtiene un bien o un servicio a cambio que lo haga apreciar el valor intrínseco del lugar.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito Senador del Grupo Parlamentario de morena, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo de La Paz, Baja California Sur y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que, analicen opciones a fin de evitar el cobro de acceso a la playa Balandra.
Notas
1 Biodiversidad Mexicana.
https://www.biodiversidad.gob.mx/especies/cuantasesp. Consultado el 22 de diciembre de 2021.
2 Biodiversidad Mexicana.
https://www.biodiversidad.gob.mx/region/areasprot. Consultado el 22 de diciembre de 2021.
3 Ibídem. Página 1
4 Ibídem. Página 3
5 Bitácora BCS.
https://www.bitacorabcs.mx/lapaz-cobro-balandra-milena/. Consultado el 22 de diciembre de 2021.
6 Ibídem. Página 2
7 México Destinos.
https://www.mexicodestinos.com/blog/25-increibles-paraisos-para- el-ecoturismoen-mexico/. Consultado el 22 de diciembre de 2021.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, Ciudad de México, a los doce días de enero del año dos mil veintidós.– Senador de la República Ricardo Velázquez Meza (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DEL VIRUS SARS-COV-2 Y SUS VARIANTES DURANTE 2022
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Cofepris a actualizar la lista de pruebas para detectar SARS-Cov2 y sus variantes durante 2022, a cargo del diputado Héctor Israel Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario del PAN
Héctor Israel Castillo Olivares, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las pruebas diagnósticas para la detección del virus SARS-CoV-2 (covid-19), incluyen métodos basados en hallazgos de ácidos nucleicos del virus y en la reacción antígeno-anticuerpo (IgM/IgG) producidos en respuesta a la infección para la detección rápida de casos y contactos, así como para responder eficazmente al brote de covid-19. Lo anterior de acuerdo con la nota informativa sobre pruebas diagnósticas para covid-19 (en progreso), del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (Cenetec) y de la Dirección de Evaluación de Tecnologías para la Salud, del 19 de junio de 2020, que describe los tres tipos principales de pruebas:
1. Moleculares: detectan ácidos nucleicos de SARS-CoV-2
La prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), ha sido la prueba de primera línea usada frente al brote de SARS-CoV-2. La PCR es el estándar de referencia para el diagnóstico molecular de agentes infecciosos, ya que es una técnica capaz de proporcionar una sensibilidad y especificidad cercanas a cien por ciento con ensayos diseñados adecuadamente en situaciones controladas. El tiempo que tarda en obtenerse el resultado es de 4 a 6 horas.
El diagnóstico definitivo para covid-19, se establece en dos pasos por separado:
1. En primera instancia se toma la muestra que puede ser: hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo, lavado bronco alveolar, aspirado traqueal o nasal, esputo, tejidos, suero en fase aguda, así como sangre entera. Dicha muestra se deposita en medios para cultivos virales y se somete a un panel diferencial por PCR en tiempo real para una serie de agentes infecciosos que generan el síndrome respiratorio infeccioso: Influenza A, Influenza B, Adenovirus y RNA virus, entre estos últimos se incluye el grupo de los coronavirus.
2. Si la prueba resulta positiva a coronavirus, se realiza una segunda prueba de PCR (punto final), para identificar la secuencia específica del betacoronavirus covid-19. No hay datos sobre la precisión de esta prueba para la detección de este virus en específico; pero en general, la metodología de PCR ha demostrado tener una alta sensibilidad y especificidad.
2. Detección de Antígenos: detectan antígenos de SARS-CoV-2
Están destinadas a la detección cualitativa de la proteína del antígeno viral SARS-CoV-2 en muestras de suero y plasma humano o también en muestras nasales o nasofaríngeas.
3. Detección de Anticuerpos: identifican anticuerpos de SARS-CoV-2
Miden la cantidad de anticuerpos o proteínas presentes en la sangre cuando el organismo responde a una infección específica. Se reconoce que éstas son menos complejas que las moleculares y se usan únicamente para identificar anticuerpos, lo que limita su efectividad para el diagnóstico; sin embargo, como se indica en la guía actualizada, la FDA no tiene la intención de objetar la distribución y el uso de pruebas para identificar anticuerpos contra el SARS-CoV-2., cuando las pruebas han sido validadas.
Si bien en México las pruebas para la detención del virus covid-19 son gratuitas tratándose del sector público, desde 2020 —año en que la Organización Mundial de Salud (OMS), declaró al covid-19 como una pandemia—, los laboratorios privados, realizan pruebas para detectar la presencia del virus, han ofertado dicho servicio en precios que oscilan entre 3 mil 500 y 5 mil pesos. En todos los casos se requiere una receta médica que justifique la realización de la prueba. Por ejemplo, el laboratorio Biomédica cuenta con pruebas para detectar el coronavirus por 3 mil 300 pesos, que se aplican siempre y cuando las personas presenten la sintomatología correspondiente y además, tengan una receta médica que avale la necesidad de realizarse el análisis. El laboratorio Olarte y Akle, realiza visitas a domicilio en la Ciudad de México por un precio de la prueba que va hasta los 3 mil 400 pesos a quienes cumplan con los requisitos de sintomatología y receta médica. En el caso de laboratorios Salud Digna, que recibió el aval del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico (Indre) para proveer estudios de detección del SARS-CoV 2, el precio de la prueba, tiene un costo de mil 300 pesos. El hospital Médica Sur, anunció un paquete de precios para los interesados en realizarse pruebas con atención desde la Unidad de Valoración de Emergencias Respiratorias (UVER) que van desde los 3 mil 949 hasta 7 mil 299 pesos. https://www.elhospital.com/temas/Precios-de-pruebas-para-coronavirus-en-Mexico+ 134313
En 2022 la realidad que se vive en México a causa de la variante ómicron de covid-19 y el incremento de contagios en la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí, conforman 65 por ciento de todos los casos acumulados registrados en el país, ha puesto en evidencia, el aumento desmedido de este tipo de servicios de detención del virus no sólo en hospitales privados y laboratorios sino en farmacias, quienes desafortunadamente han lucrado indiscriminadamente ante el aumento acelerado de contagios.
El 5 de enero pasado en el programa de radio Aristegui Noticias, sección Dinero y Economía, el periodista Jonathan Torres, sostuvo que desde 2021 el mercado global de las pruebas ha incrementado sus ganancias de manera significativa, debido a la alta demanda de pruebas serológicas, PCR y rápidas, entre otros datos.
La danza de precios en las pruebas de detección del virus covid-19 y sus variantes, se debe a que la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor no regula los precios máximos de dichos servicios ya que éstos se rigen por el libre mercado y si bien, ha emitido recomendaciones a los usuarios antes de elegir un laboratorio, las medidas son insuficientes al igual que las implementadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud (Ssa), responsable de la actualización de lista de pruebas para la detección del virus covid-19 y sus variantes, entre otras atribuciones previstas en la Ley General de Salud.
Ante la problemática creciente que actualmente enfrentamos, estoy convencido que la Cofepris debe garantizar la eficacia de los resultados en las pruebas serológicas para la medición de antígenos y anticuerpos contra el covid-19 y sus variantes durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria.
Asimismo, la Profeco debe llevar a cabo un estudio de calidad en los distintos tipos de pruebas autorizadas para la detección del covid-19 y sus variantes y emitir recomendaciones periódicas para que las y los consumidores puedan comparar y tomar las mejores decisiones al momento de su realización.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que en el marco de sus atribuciones, lleve a cabo la actualización de la lista de pruebas para la detección del Virus SARS-CoV-2 y sus variantes durante 2022.
Segundo. Se exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que en el ámbito de sus atribuciones, realice estudios de calidad en los distintos tipos de pruebas autorizadas para la detección del covid-19 y sus variantes, y emita recomendaciones periódicas para que las y los consumidores puedan comparar y tomar las mejores decisiones al momento de elegir la prueba.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.– Diputado Héctor Israel Castillo Olivares (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
SE SOLICITA LA COMPARECENCIA DEL SUBSECRETARIO HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ EN RELACIÓN CON LA CUARTA OLA DE CONTAGIOS DE LA PANDEMIA
«Proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se solicita la comparecencia del subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez a fin de que explique la falta de acción gubernamental para evitar una cuarta ola de contagios en la pandemia, suscrita por el senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, Manuel Añorve Baños, senador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Ya no hay forma de esconderlo, la cuarta ola de la pandemia está azotando a nuestro país, de manera rápida, brutal y sin avisos de desacelerar en el futuro próximo.
Desafortunadamente, ninguno de los encargados de atender la crisis en el gobierno federal, tuvieron la pericia de ver lo que estaba pasando en otros países con la variante ómicron y preparar nuevas estrategias de prevención y control.
Por esta falta de visión, la cuarta ola de la pandemia está a punto de ser la peor, solo basta ver que, desde el inicio de 2022, en días consecutivos se ha roto el record de contagios, llegando incluso a los 30 mil oficiales, aumentando exponencialmente esta cifra cada día que pasa.
Aunado a lo anterior, si bien se ha acelerado la aplicación de vacunas, el porcentaje de la población que tiene ya un esquema completo es de apenas superior al 50 por ciento (https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/vacunacion-covid-cumple-un-an o-mexico/).
Lo más desafortunado, es que los fallecimientos siguen aumentando, llegando ya a superar el umbral de los 300 mil, de manera oficial, lo que significa que cuando menos ha habido 600 mil muertes reales, relacionadas con la pandemia.
Frente a estas evidencias, nos queda claro que en México no hay una verdadera estrategia para atender la pandemia y lo que sí tenemos, son las ocurrencias de una sola persona que ha resultado más que incapaz.
No podemos aceptar que la estrategia de salud pública esté siendo inventada conforme pasan los días, o que sea solo un montón de buenas intenciones, sin pies ni cabeza.
Desafortunadamente, gracias a la imprudencia, necedad e impericia del subsecretario Hugo López Gatell, así como a la inactividad pasmosa de todos los demás encargados de atender la pandemia, nuestro país está muy lejos de salir de la crisis y, lamentablemente, esta cuarta ola tendrá consecuencias desastrosas para la vida de millones de familias.
Nos queda claro que el tiempo de rectificar ya pasó, pero siempre se puede empezar a solucionar un error.
No hay mejor momento que el ahora para dar un golpe de timón, por lo que es urgente y necesario que comparezca, ante la comisión permanente, el subsecretario Hugo López Gatell, para que explique la falta de acción gubernamental ante el inminente inicio de la cuarta ola de contagios de covid-19, generada por la variante Ómicron.
Por las razones vertidas se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia del subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez para que explique la falta de acción gubernamental ante el inminente inicio de la cuarta ola de contagios de covid-19, generada por la variante Ómicron.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2022.– Senador Manuel Añorve Baños (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
SE GARANTICE EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LAS PERSONAS QUE PADECEN CÁNCER
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a autoridades de salud federales y locales a garantizar el derecho a la protección de la salud de las personas con cáncer, suscrita por la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Olga Juliana Elizondo Guerra, diputada del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 2015 fallecieron de cáncer 8.8 millones de personas, lo que representó una de cada seis muertes en el mundo. Entre los tipos de cáncer que causaron un mayor número de muertes para los hombres, fue el de pulmón, hígado, estómago, colorrectal y de próstata; para las mujeres el de mama, pulmón, colorrectal, cervicouterino y de estómago. No obstante, de las personas que necesitan cuidados paliativos en el mundo, solo 14 por ciento reciben estos servicios. 1
En México el cáncer ocupa el tercer lugar como causa de muerte, representando así 14 de cada 100 fallecimientos; mientras que la expectativa de vida es de alrededor de 63 años. 2 El padecimiento más frecuente en el país es el de mama, con 27 mil 500 casos por año, seguido del de próstata con 25 mil, colon con 15 mil; tiroides 12 mil, cervicouterino con 7 mil 870 y de pulmón con 7 mil 810. El cáncer de mama ocasiona 7 mil defunciones al año, el de colon 7 mil, de próstata 6 mil 900, el cervicouterino 4 mil, de pulmón 6 mil 700 y tiroides 900; lo anterior, de acuerdo a lo expresado por el director general del Instituto Nacional de Cancerología (Incan), Abelardo Meneses García, durante el foro “Cáncer, desafíos en México y América Latina”. 3
Cabe destacar que cerca del 30 por ciento de los padecimientos que se presentan son a causa de malos hábitos de vida como el tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, consumo de alimentos con alto valor calórico, bebidas azucaradas y falta de actividad física, por lo que una tercera parte de los casos son prevenibles, mientras que otra tercera parte se pueden diagnosticar de manera oportuna, en tanto que uno de cada diez tumores detectados están asociados al factor hereditario, entre los cuales se encuentran el cáncer de mama, próstata, colon y cuerpo uterino (endometrio). 4
La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones Biomédicas, dio a conocer que el cáncer de mama es considerado la principal causa de muerte por tumores entre las mujeres mexicanas, con un promedio de diez decesos al día, destacando que nuestro país cuenta con la misma incidencia que Estados Unidos. No obstante, en nuestro país la mortalidad representa el doble que en Estados Unidos de América, mientras que en este último, el 80 por ciento de las pacientes se diagnostica en la primera etapa de desarrollo del tumor, en nuestro país, el mismo porcentaje de mujeres conoce el diagnóstico en las etapas 3 o 4, cuando el cáncer avanzó y los tratamientos son limitados. En los últimos 10 años, en México los fallecimientos por esta enfermedad han aumentado, mientras que en Europa y Estados Unidos han ido a la baja. 5
En el mundo, cada año se presentan alrededor de 300 mil nuevos casos de cáncer en niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 19 años. 6 Los tipos más comunes de cáncer infantil son leucemia, cáncer cerebral, linfoma y tumores como el neuroblastoma y el tumor de Wilms. La oportunidad de mejorar la vida de miles de niñas, niños y adolescentes se centra en contar con diagnósticos oportunos y tratamientos adecuados, accesibles y disponibles. Gran cantidad de estos padecimientos son curables con medicamentos genéricos y tratamientos como la cirugía y la radioterapia. La incapacidad de obtener un diagnóstico oportuno, la inaccesibilidad de los tratamientos, el abandono del tratamiento, la muerte por toxicidad y el exceso de recidivas, se atribuye principalmente a la falta de acceso a medicamentos y tecnologías esenciales para una atención adecuada.
El 27 de febrero de 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos demandó a la Secretaría de Salud a dar una respuesta integra y efectiva para garantizar el abasto y disponibilidad permanente de medicamentos oncológicos e insumos médicos en todo el país para niñas, niños y adolescentes con cáncer, a fin de evitar recaídas en su salud o perder la vida ante la falta de control de la enfermedad, ello derivado de diversas inconformidades y exigencias de madres y padres de familia que se han visto afectados por el desabasto de fármacos para sus hijas e hijos.
Ante la crisis sanitaria por la que el mundo atraviesa a consecuencia de la propagación del virus SARS CoV-2, los servicios de salud relacionados con enfermedades no transmisibles, entre ellos el cáncer, presentan una considerable afectación, ya que desde el inicio de la pandemia no han recibido los medicamentos necesarios para continuar sus tratamientos. A través de una encuesta realizada en 155 países, la OMS confirmó que más del 42 por ciento de las naciones han interrumpido parcial o totalmente los servicios de tratamiento del cáncer y aplazado los programas públicos de detección para cáncer de mama; y del cuello uterino en más del 50 por ciento de los países. 7
El cáncer y los tratamientos para el cáncer pueden debilitar el sistema inmunológico. Esto significa que una persona con cáncer cuenta con un alto nivel de riesgo de infección y enfermedad. Es decir, el cáncer puede disminuir la inmunidad y dificultar la lucha contra las infecciones de diferentes maneras como el reducir el número de células inmunológicas que atacan a los gérmenes o los tratamientos contra el cáncer, incluyendo la radiación y ciertos medicamentos que pueden debilitar la piel o las membranas que recubren la boca y el tracto digestivo.
Desde hace más de un año el desabasto de medicamentos provocó una serie de reprogramaciones principalmente para el seguimiento de tratamientos con enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y diálisis. La falta de interés por parte de autoridades en resolver esta problemática ha propiciado el aumento en el sufrimiento de las personas con cáncer por no contar con las herramientas adecuadas para enfrentar su enfermedad. La impotencia y desesperación por no obtener el apoyo suficiente por parte de las instituciones de salud orillan a que se violente el derecho a la protección de la salud de las y los mexicanos.
El juicio de amparo se ha convertido en la única herramienta de los pacientes con cáncer para acceder a un tratamiento de calidad. El desgaste físico, psicológico y económico que genera la lucha contra el cáncer, se le debe de sumar la revictimización en los procesos jurídicos a los que se deben de enfrentar como interrogatorios innecesarios o situaciones que atentan en contra de su dignidad humana. Por otro lado, no obstante a los gastos generados por el cáncer, los pacientes deben de invertir en un amparo que muchas veces genera altos costos por el pago de un abogado que les ayude en resolver su problemática, convirtiendo esta situación en algo insostenible y que atenta contra la dignidad humana.
A pesar de lo antes señalado no podemos soslayar que el Estado mexicano tiene la obligación de establecer las condiciones necesarias para que las personas diagnosticadas con cáncer accedan a tratamientos de calidad en tiempo y forma, así como para que puedan ejercer el conjunto de derechos que la Ley Fundamental ordena.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 4, párrafo cuarto, que:
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.
La Ley General de Salud, en su artículo 6, fracción I, establece que, entre los objetivos del Sistema Nacional de Salud, se encuentra:
I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;
(...)
El artículo 27 del ordenamiento jurídico antes mencionado señala que:
Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:
I a VII. ...
VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud;
IX a XI. ...
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado su compromiso con el acceso universal a la salud para las y los mexicanos. Prueba de ello es la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), cuyo objetivo es garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos e insumo asociados a personas que no cuentan con seguridad social. Sin embargo, es necesario realizar esfuerzos adicionales desde los diferentes ámbitos de gobierno, a efecto de asegurar el derecho a la protección de la salud de todas las personas, incluidas aquellas que más lo necesitan.
Es menester señalar que la transición hacia un nuevo sistema de salud auténticamente universal que brinde a todas las personas servicios de calidad y medicamentos gratuitos requiere acabar con las prácticas monopólicas en la compra de medicamentos, la corrupción y el robo de estos. Lo que debe traducirse en mejores controles administrativos y de seguridad, a efecto de evitar la vulneración de las instituciones de salud y su correcto funcionamiento.
De acuerdo con información proporcionada el 23 de enero de 2020 por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, el desabasto de medicamentos oncológicos no solo es imputable a la creación de una nueva institución de salud, sino también a un desabasto mundial, ya que las dos empresas que producen los principales medicamentos (una en China y otra en India) se encuentran saturadas, por lo que los medicamentos no se producen con la suficiencia necesaria para satisfacer la demanda.
Asimismo, Hugo López-Gatell indicó que, a finales de abril de 2019, hubo un brote de infección por una bacteria asociada con la nutrición parenteral. Tras esto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) hizo una inspección y descubrió que la fábrica de este producto estaba contaminada y que de ahí venía el germen. Por ello, la Cofepris decidió cerrar siete de las 17 plantas de la empresa productora.
De ahí que se torna de vital importancia implementar políticas públicas que coadyuven en la protección de la salud de las personas considerando los problemas que actualmente existen en la atención; las cuales incluyan campañas de prevención y detección oportuna del cáncer desde las primeras etapas del padecimiento, con el objetivo de disminuir los casos de fallecimiento a causa de esta enfermedad. 8
Cabe recordar que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar los derechos humanos a todas las personas, entre ellos, la protección de la salud a las personas diagnosticadas con cáncer, a través de instrumentos de política pública que aseguren la continuidad en la prestación de los servicios y la disponibilidad de medicamentos.
Finalmente, es importante precisar que este Poder Legislativo, aprobó la reforma conducente a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2020, a efecto de establecer nuevos procedimientos para la compra de medicamentos e insumos para la salud a Organismos Intergubernamentales Internacionales, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad para garantizar a las y los mexicanos el derecho humano a la protección de la salud y el acceso a los servicios sanitarios.
En razón de lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homologas en las entidades federativas, al Instituto de Salud para el Bienestar, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, realicen todas las acciones conducentes a efecto de que se regularice a la brevedad el abasto de medicamentos para el tratamiento de cáncer en sus distintos tipos y etapas, así como para que se refuercen e intensifiquen los procedimientos de diagnóstico para prevenir y controlar el cáncer.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homologas en las entidades federativas, al Instituto de Salud para el Bienestar, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a fortalecer e implementar acciones de promoción de la salud a través de campañas de prevención contra el cáncer.
Notas
1 https://www.who.int/features/factfiles/cancer/es/
2 https://www.gob.mx/salud/prensa/318-cancer-tercera-causa-de-muerte-en-mexico
3 https://www.gob.mx/salud/prensa/041-prevencion-y-deteccion-tempra-na-disminuyen -mortalidad-por-cancer?idiom=es
4 Ibídem.
5 https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_677.html
6 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer-in-chil-dren
7 https://www.who.int/es/news-room/detail/01-06-2020-covid-19-sig-nificantly-impa cts-health-services-for-noncommunicable-diseases
8 Ibídem.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.– Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
EXHORTO A LA COFEPRIS, A IMPLEMENTAR Y COORDINAR UNA ESTRATEGIA DE LIBERACIÓN DE LOTES DE VACUNAS PFIZER-BIONTECH, ASTRAZENECA, SINOVAC, COVAXIN, JANSSEN, MODERNA Y SINOPHARM CONTRA EL COVID-19, PARA PERMISO DE VENTA
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Cofepris a implantar y coordinar una estrategia de liberación de lotes de vacunas Pfizer-Biontech, AstraZeneca, Sinovac, Covaxin, Janssen, Moderna y Sinopharm contra el covid-19, para permiso de venta, a cargo de diputados del Grupo Parlamentario del PAN
Héctor Israel Castillo Olivares, Víctor Manuel Pérez Díaz, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Pedro Salgado Almaguer, Wendy Maricela Cordero González, Pedro Garza Treviño y Mariana Mancillas Cabrera, diputadas y diputados por el estado de Nuevo León e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 26 de noviembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció a ómicron como “variante de preocupación” del virus SARS-CoV-2, (covid-19) y recomendó la actualización de protocolos de vigilancia genómica para efectuar la búsqueda intencionada de dicha variante.
El riesgo latente de varias olas de contagio por las distintas variantes de covid-19, confirma la continuidad de la presión agudizada en el que se encuentran los sistemas nacionales a nivel mundial, que han sido rebasados por las complicaciones en pacientes infectados no vacunados y con comorbilidades (diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas y respiratorias, así como trasplantes).
En este marco, México no es la excepción y se ubica en el segundo lugar de contagios de los países de América Latina, después de Chile, al registrar 96 mil 329 casos activos, la mayor parte de los casos están presentes en los grupos de 18 a 29 años, seguido del grupo de 30 a 39 años y 40 a 49 años. La distribución por sexo en los casos confirmados muestra un predominio en mujeres (50.4 por ciento). La mediana de edad en general es de 39 años. Las entidades federativas que acumulan el mayor número de casos acumulados confirmados son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí, que en conjunto conforman 65 por ciento de todos los casos acumulados registrados en el país y respecto a la tasa de casos activos por cada 100 mil habitantes, se encuentran Baja California Sur, Ciudad de México, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán, Zacatecas, Baja California, Aguascalientes, Chihuahua y Coahuila. Lo anterior, de acuerdo con datos del Informe Técnico Diario covid-19 México de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud (SSA) https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/690940/Comunicado_Tecnico_Diario _COVID-19_2022.01.06.pdf
Pese a los trabajos de investigación para identificar las características de la nueva cepa, así como los patrones de transmisión, gravedad, particularidades clínicas y factores de riesgo, la OMS ha recomendado la vacunación contra el covid-19 como parte de las medidas efectivas para reducir la frecuencia de cuadros graves de la enfermedad y el riesgo de muerte.
A partir del 7 de diciembre de 2021, en México inició el proceso de vacunación de refuerzo contra covid-19 para personas adultas mayores y para quienes padecen enfermedades inmunosupresoras, aunque su esquema corresponda a otra farmacéutica y las personas que se vacunaron a partir de la segunda mitad de 2021, deben esperar seis meses para recibir la dosis única de refuerzo. La vacuna que actualmente se está aplicando por parte de la Brigada Correcaminos es AstraZeneca.
Sin embargo, para el gobierno federal, la prioridad es el avance de la cobertura en personas que no han tenido el esquema primario para completarlo que inmunizar a la población, tal y como sucede en Israel, Reino Unido y Estados Unidos de América (EUA), que han logrado campañas de vacunación masiva que alcanzan a más de la mitad de su población (incluso con las dos dosis requeridas por la mayoría de las vacunas disponibles), otras naciones como la nuestra se encuentran rezagadas y en riesgo latente de contagio y muerte ante el desabasto de vacunas.
Ante el actual escenario de salud pública, es urgente contemplar la liberación de lotes de vacunas para compra privada y abrir la posibilidad que empresarios y gobierno locales puedan adquirir las dosis que se necesiten para inmunizar a la población que lo requiera.
En este contexto, cobra relevancia la actuación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en el proceso de liberación de un producto biológico, debido a que dicha instancia es reconocida como la Autoridad Reguladora Nacional de referencia (ARNr), calificada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), por lo que sus decisiones son reconocidas por diversos países de la región, por lo cual las vacunas aprobadas son susceptibles de ser utilizadas en otras naciones.
Por lo que es factible que la Cofepris, al dictaminar como procedente la autorización de diversas vacunas para uso de emergencia, con la denominación distintiva: proteína recombinante del dominio de la unión al receptor del virus del SARS-CoV-2, al cumplir los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para ser aplicado. Éstas puedan adquirirse por empresarios y gobiernos locales para suministrarse en laboratorios, hospitales y clínicas sin necesidad de centralizarla a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2.
Al respecto, es importante no perder de vista durante el periodo comprendido entre el 11 de diciembre de 2020 al 28 de diciembre de 2021, la Cofepris ha otorgado 10 autorizaciones para uso de emergencia de las vacunas siguientes:
Fuente: https://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-emite-autorizacion-para-uso-de-e mergencia-de-vacuna-abdala?idiom=es
Adicionalmente al citado esquema, la Cofepris el pasado viernes 7 de enero de 2022, autorizó el fármaco Molnupiravir de los laboratorios Merck Sharp & Dohme (MSD), para uso de emergencia y primer tratamiento oral contra la covid-19 en nuestro país.
De acuerdo con el portal web de Cofepris, liberar un lote de un producto biológico implica cumplir con varios pasos previos (y cada uno consta de varias etapas), las cuales deben ser satisfactoriamente completadas antes de solicitar la liberación de lote, y si no se cuenta con alguna de ellas, no se otorga la autorización. Estos pasos se pueden resumir en:
Fuente: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/liberacion-de-lotes-de-vacunas -covid-19
Por lo tanto, la Cofepris como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, en términos del artículo 17 Bis, fracción II, de la Ley General de Salud, cuenta con atribuciones para proponer al secretario de Salud, la política nacional de protección contra riesgos sanitarios, así como su instrumentación en materia de establecimientos de salud; medicamentos y otros insumos para la salud, como los productos biotecnológicos, dentro de los que se encuentran las vacunas y su producción, por lo que es urgente que lleve a cabo la implementación y coordinación de una estrategia de liberación de lotes de vacunas contra covid-19 para permiso de venta.
Finalmente, ante la alarmante cifra de contagios por la variante ómicron de covid-19 en México, la centralización del gobierno federal de la Estrategia Nacional de Vacunación y constante improvisación de criterios de priorización inicial y consecutiva para inmunizar a nuestra población, como diputadas y diputados federales del estado de Nuevo León; desde la más alta tribuna de la nación, alzamos la voz para hacer un llamado a la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios y revertir las cifras de contagio y muerte ante las nuevas variantes de covid-19 en los próximos meses.
Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que, en el ámbito de sus atribuciones implemente y coordine una estrategia de liberación de lotes de vacunas Pfizer-BioNTech, AstraZene-ca, Sinovac, Covaxin, Janssen, Moderna y Sinopharm contra el covid-19 para permiso de venta.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.– Diputado Héctor Israel Castillo Olivares (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
EXHORTO AL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN, A TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE ACABAR CON LA PROBLEMÁTICA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de NL a tomar medidas tendentes a acabar con la problemática de transporte de pasajeros que afecta a los neoleoneses e informar a esta soberanía sobre las acciones llevadas a cabo para renovar e implantar el transporte público local de gas natural y eléctrico, suscrita por la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Marcela Guerra Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno de Nuevo León para que, de manera urgente, tome las medidas que estime pertinentes, a fin de acabar con la problemática de transporte de pasajeros que afecta a las y los neoleoneses e informe a esta Soberanía sobre las acciones llevadas a cabo para la renovación e implementación del transporte público de gas natural y eléctrico en el estado, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Nuevo León cuenta con una extensión del 3 por ciento del territorio nacional conformada por 51 municipios y una población de 5 millones 784 mil 442 habitantes que representa 4.6 por ciento del total del país; y se encuentra distribuida de la siguiente forma: 96 por ciento en comunidades urbanas y 4 por ciento en rurales. 1
Tan sólo en la capital del estado y su zona metropolitana (Apodaca, Cadereyta Jiménez, El Carmen, García, San Pedro Garza García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina y Santiago) 2 se concentra una población de 5 millones 3 mil 597 3 personas.
Nuevo León tiene una aportación al producto interno bruto nacional de 8 por ciento y es el estado con segunda mayor captación de inversión extranjera directa a escala nacional.
Entre las principales actividades productivas que se llevan a cabo en el estado se encuentran: el comercio, la construcción, la manufactura, la fabricación de maquinaria y equipo, el transporte, las comunicaciones y los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles; dentro de las cuales, destaca el capital humano como uno de sus motores principales.
Dado que la mayor parte de la población en la entidad utiliza el transporte público, este constituye un sector clave para el desarrollo y la economía de la entidad, según datos de la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía:
El transporte público en Monterrey movilizó a 11.5 millones de personas en el mes de mayo, lo que representó un incremento de 5.8 por ciento en el número de pasajeros respecto a lo reportado en el mes anterior. A nivel nacional ocupó el tercer lugar en transporte urbano detrás de Ciudad de México (97 millones de personas) y Guadalajara (12.3 millones). 4
Pese a su importancia, durante las administraciones pasadas este sector no ha sido un eje primordial de las políticas implementadas, donde ahora encontramos muy pocas unidades y las que operan son antiguas y contaminantes.
El estado durante un periodo ya extenso de tiempo, ha enfrentado una crisis en el transporte público y medio ambiente, afectando a la población y diversos sectores productivos por la contaminación, las condiciones en las que se encuentran las unidades, los costos y su operatividad en general.
En los últimos días, la crisis se ha incrementado, por lo que en octubre de 2021, el gobierno de Nuevo León anunció una reestructuración del transporte público para hacer frente a estas crisis. 5 Dentro de este plan se encuentra retomar el control, la conformación de nuevo esquema de cobros y la compra de nuevo transporte para reducir las unidades que se encuentran fuera de norma, que de acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad, generan la emisión de 165 mil toneladas de dióxido de carbono anuales. 6
Hoy, las y los neoloneses se enfrentan a la frecuencia muy amplia y dispar en la que el transporte circula, lo cual afecta a la población en el plano laboral, causando ausentismo y retrasos, además en sus horarios y tareas. La economía familiar también se ve impactada ya que la población es obligada a utilizar el transporte privado que tiene un costo mayor, generando gastos no programados, innecesarios e imprevistos.
A principios del presente año, los medios informaron sobre una alta aglomeración en los espacios designados para espera de transporte en la capital del estado y periodos para abordar mayores a una hora; que además de las afectaciones antes mencionadas generan riesgos para las personas durante esta pandemia; esto con unidades abarrotadas y filas de espera llenas de personas, exponiendo a la población a contagios por covid-19. 7
Otro aspecto muy relevante, como lo indica la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Nuevo León, es que el mayor número de unidades de transporte público se encuentran en el centro de la zona metropolitana, dificultando el acceso a los municipios más alejados y provocando el aumento en las tarifas. 8
De acuerdo con proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Consejo Nacional de Población, se espera que para 2030 la población de Nuevo León llegue a superar los 6 millones 300 mil pobladores, 9 por lo cual es importante que se atiendan urgentemente las necesidades actuales y se prevea un mejor panorama futuro para la entidad, por lo cual, atender la crisis del transporte generará beneficios en el medio ambiente y será un escalón primordial para salvaguardar la economía y salud de las y los neoleoneses.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Nuevo León a tomar de manera urgente las medidas que estime pertinentes a fin de acabar con la problemática de transporte de pasajeros que afecta a las y los neoleoneses.
Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Nuevo León a remitir a esta soberanía un informe pormenorizado sobre las acciones llevadas a cabo para renovar e implantar el transporte público de gas natural y eléctrico en el estado.
Notas
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (sin fecha). Nuevo León, 4 de enero de 2021, de Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sitio web:
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/NL/
2 Héctor Morales (sin fecha). El desorden territorial, 4 de enero de 2021, de Secretaría General de Gobierno de Nuevo León. Sitio web:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/104954/4._Nuevo_L e_n.pdf
3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2020). Nuevo León: división municipal, 4 de enero de 2021, de Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sitio web:
http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nl/terr itorio/div_municipal.aspx?tema=me&e=19
4 Lourdes Flores (2021). “Transporte público de Monterrey movilizó 11.5 millones de personas en mayo”, 5 de enero de 2021, en El Economista.Sitio web:
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Transporte-publico-de-Mo nterrey-movilizo-11.5-millones-de-personas-en-mayo-20210714-0110.html
5 Lourdes Flores (2021). “‘Gobierno de Nuevo León retomará el control del servicio de transporte público’: Samuel García”, 5 de enero de 2021, en El Economista. Sitio web:
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-Nuevo-Leon-r etomara-el-control-del-servicio-de-transporte-publico-Samuel-Garcia-20211017-00 42.html
6 Lourdes Flores (2021). “‘Gobierno de Nuevo León retomará el control del servicio de transporte público’: Samuel García”, 5 de enero de 2021, en El Economista. Sitio web:
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-Nuevo-Leon-r etomara-el-control-del-servicio-de-transporte-publico-Samuel-Garcia-20211017-00 42.html
7 Consuelo López (2022). “Las diferentes paradas de camiones del área metropolitana lucieron un tanto aglomeradas, pues la espera fue larga”, 5 de enero de 2021, en El Porvenir. Sitio web:
https://elporvenir.mx/local/y-regios-sufren-por-falta-de-camione s/345143
8 Lourdes Flores (2021). “Transporte público de Monterrey movilizó 11.5 millones de personas en mayo”, 5 de enero de 2021, en El Economista. Sitio web:
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Transporte-publico-de-Mo nterrey-movilizo-11.5-millones-de-personas-en-mayo-20210714-0110.html
9 Consejo Nuevo León (2020). Marco demográfico de Nuevo León, 5 de enero de 2021, de Consejo Nuevo León. Sitio web:
https://participa.conl.mx/pub/demografia/release/4
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.– Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
EXHORTO AL INE, A INFORMAR DE LOS GASTOS LLEVADOS A CABO EN LAS ELECCIONES Y EJERCICIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al INE a remitir a esta soberanía un informe pormenorizado sobre los gastos hechos en elecciones y ejercicios de participación ciudadana, y analizar la posibilidad de arrendar los insumos necesarios para ello, suscrita por el senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, senador de la República Ricardo Velázquez Meza, integrante de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
El Instituto Nacional Electoral (INE) es uno de los órganos constitucionales autónomos de México, siendo el ente público encargado de regular los procesos electorales, de participación ciudadana y normar las directrices a las que se sujetaran los participantes de todo lo anterior. 1
Para ello sus funciones incluyen organizar las elecciones en todo el territorio mexicano, en coordinación con los organismos públicos electorales de las entidades federativas, quienes se encargan de organizar las elecciones de gubernaturas, diputaciones locales y ayuntamientos o alcaldías de Ciudad de México; Asimismo, interviene en otros procedimientos de participación ciudadana como consultas populares, procesos de revocación de mandato e iniciativas ciudadanas; además de estar facultado para intervenir en las elecciones de dirigencias de los partidos políticos, a solicitud de estos; emitir a través del registro federal de electores la Credencial para votar, que se constituye como principal identificación oficial en todo el territorio; promover por distintos métodos la participación ciudadana en la vida pública, la preeminencia del sistema democrático y el ejercicio libre del voto; normar los tiempos de radio y televisión para todos los involucrados en los procesos electorales, incluidos el Poder Ejecutivo; y vigilar el uso de los recursos públicos entregados a órganos electorales y partidos políticos. 2
El INE tiene como misión, organizar los procesos electorales, libres, equitativos y confiables, para garantizar el ejercicio de los derechos político electorales de la ciudadanía y contribuir al desarrollo de la vida democrática de México. 3
Y su visión como órgano autónomo deberá ser siempre y en todo momento, ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la consolidación de la cultura y convivencia democrática en México, distinguiéndose por ser una institución moderna, transparente y eficiente, en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones equitativas e imparciales. 4
Durante las elecciones llevadas a cabo en 2017 en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, el INE presupuesto 4, 028 millones de pesos para las elecciones de dichos estados. 5
De acuerdo con un reporte de la consultora Integralia ese es el monto de dinero público para la operación de los órganos electorales, para los partidos políticos y para las actividades de campaña de los candidatos, quienes además pueden recibir aportaciones privadas o donaciones en especie. 6
De acuerdo con diversos expertos arremetieron comparando este presupuesto de las elecciones de 2017, comparadas con la construcción del Hospital General de Zona de Bahía de Banderas, Nayarit; pues el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) indicó que a esa obra se destinarán 1, 180 mdp en 2017 y del mismo modo, con esos fondos se podría edificar 805 planteles de bachillerato con las mismas características del Juan Galindo, en Puebla, cuyo costo se estima en 5 mdp. 7
Reparto de presupuesto por estado en las elecciones de 2017.
• El Estado de México tiene un presupuesto de 2, 368.1 mdp, 11.8% menos que lo que tuvo en la contienda de 2005, con las elecciones del hoy presidente Enrique Peña Nieto; sin embargo, actualmente el costo del voto por habitante será de 209 pesos. 8
• Coahuila tuvo un incremento de 42.1°/o, dado que los recursos pasaron de 261.7 mdp hace 12 años a 402.9 mdp este año y el costo de votar por persona será de 195 pesos —casi igual que en Veracruz de 193 pesos. 9
• Nayarit tuvo un aumento en el financiamiento público fue de 81.6%, debido a que pasó de 98.2 mdp en 2005 a 180.7 mdp en 2017. Respecto del costo per cápita, el costo por habitante es de 222 pesos por persona, lo que equivale a los ingresos por 2.77 jornadas laborales para alguien que gana el salario mínimo (80.04 pesos). 10
De acuerdo con el reporte elaborado por Integralia, el gasto más elevado en estas elecciones es el destinado a:
• Los cuatro organismos públicos locales electorales (OPLES), que asciende a 2, 368 mdp,
• El financiamiento público para los partidos políticos: 1, 383 mdp dirigidos a actividades ordinarias, específicas y a campañas electorales. 11
Pese al recorte presupuestal realizado al INE, se deberá reorganizar de forma más eficaz, a fin de continuar con sus objetivos.
Se estima que dicho recorte presupuesta! es de alrededor de 870 millones de pesos ordenado por la Cámara de Diputados, con lo que el presupuesto de la autoridad electoral pasó de 20 mil 463 millones de pesos solicitados en el Anteproyecto a 19 mil 593 millones de pesos. 12
Por su parte, el INE como órgano autónomo, esta obligado a dentro de sus atribuciones llevar a cabo las consultas populares y de participación ciudadana, con respecto a ello. El pasado 3 de Septiembre de 2021, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Revocación de mandato, un instrumento que tiene por objeto, regular el ejercicio de participación ciudadana. 13
De esta manera, se precisa regular y garantizar el proceso de revocación de mandato, para así, solicitar por la ciudadanía la determinación de la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza. 14 Dicho dictamen se aprobó con 101 votos a favor y 2 en contra.
Por su parte la revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza.
Al tenor de lo anterior, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova ha declarado que: “La Cámara de Diputados no hizo una sola mención en el presupuesto sobre este proceso de participación ciudadana ni atendió la ampliación que se requirió en noviembre de este año”. 15 (Revocación de mandato).
Recientemente el INE decidió aplazar la consulta de revocación de mandato, por falta de presupuesto.
Con lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, todas y todos tenemos derecho a saber como se gasta el Presupuesto del Erario Público en favor de las y los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito, senador del Grupo Parlamentario de Morena, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que, remita un informe pormenorizado a más tardar el 10 de marzo de 2022, sobre los gastos llevados a cabo en las elecciones, y consultas populares de participación ciudadana, llevado a acabo de 2017 a 2020, dicho.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que, analice la posibilidad de arrendar los insumas necesarios para las elecciones, y consultas populares de participación ciudadana.
Notas
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_Electoral, Consultado el 20 de diciembre de 2021.
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Jnstituto Nacional Electoral, Consultado el 20 de diciembre de 2021.
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Jnstituto Nacional Electoral. Consultado el 20 de diciembre de 2021.
4 https://es.wikipedia.org/wiki/Jnstituto Nacional Electoral, Consultado el 20 de diciembre de 2021.
5 https://idconline.mx/corporativo/2017/05/08/cuanto-cuesta-votar-en-mexico. Consultado el 20 de diciembre de 2021.
6 https://idconline.mx/corporativo/2017 /05/08/cuanto-cuesta-votar-en-mexico. Consultado el 20 de diciembre de 2021.
7 https://idconline.mx/corporativo/2017/05/08/cuanto-cuesta-votar-en-mexico. Consultado el 20 de diciembre de 2021.
8 https://idconline.mx/corporativo/2017/05/08/cuanto-cuesta-votar-en-mexico, Consultado el 20 de diciembre de 2021.
9 https://idconline.mx/corporativo/2017/05/08/cuanto-cuesta-votar-en-mexico, Consultado el 20 de diciembre de 2021.
10 https://idconline.mx/corporativo/2017/05/08/cuanto-cuesta-votar-en-mexico, Consultado el 20 de diciembre de 2021.
11 https://idconline.mx/corporativo/2017/05/08/cuanto-cuesta-votar-en-mexico. Consultado el 20 de diciembre de 2021.
12 https://centralelectoral.ine.mx/2020/12/07/ajusta-ine-presupuesto-para-2021-tra s-reduccion-ordenada por-la-camara-de-diputados/. Consultado el 20 de diciembre de 2021.
13 https://morena.senado.gob.mx/2021/09/03/senado-aprueba-ley-fede-ral-de-revocaci on-de-mandato/. Consultado el 20 de diciembre de 2021.
14 https://morena.senado.gob.mx/2021/09/03/senado-aprueba-ley-fede-ral-de-revocaci on-de-rnandato/. Consultado el 20 de diciembre de 2021.
15 https://centralelectoral.ine.mx/2020/12/07/ajusta -ine-presupuesto-para-2021-tras-reduccion-ordenada por-la-camara-de-diputados/. Consultado el 20 de diciembre de 2021.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, Ciudad de México, a los doce días de enero del año dos mil veintidós.– Senador Ricardo Velázquez Meza (rúbrica).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
EXHORTO A IMPLEMENTAR ACCIONES EN CONTRA DEL ACOSO SEXUAL EN LA VÍA PÚBLICA
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los Ejecutivos federal y estatales a implantar acciones contra el acoso sexual en la vía pública o espacios abiertos que permitan el acceso público, suscrita por la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Cámara, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los gobiernos de las treinta y dos entidades federativas a implementar acciones en contra del acoso sexual en la vía pública o en espacios abiertos que permitan el acceso público, conforme a los siguientes
Antecedentes
I. En México la violencia generalizada contra las mujeres, la pandemia y los recortes presupuestarios, provocaron que durante 2021 las agresiones por razón de género incrementaran. De enero a noviembre de 2021, fueron asesinadas 3 mil 462 mujeres, un promedio de 10 al día. Del total de mujeres asesinadas, 2 mil 560 fueron por homicidio doloso, mientras que 922 fueron víctimas de feminicidio.
II. De acuerdo con estadísticas de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el 22 de septiembre de 2021, 21.2 millones de personas de 18 años en adelante fueron víctimas del delito, de las cuales 50.3 por ciento fueron mujeres y 49.7 por ciento hombres, de tal forma que, la prevalencia delictiva para las mujeres es de 22 mil 129 víctimas por cada 100 mil mujeres.
III. A lo largo de la historia, las mujeres han sido consideradas un grupo en situación de vulnerabilidad, por la alta tasa de victimización en la comisión de todo tipo de delitos en contra de ellas. Ejemplo de ello, durante el año 2020 la tasa de mujeres víctimas de delitos sexuales es de 3 mil 140 por cada 100 mil, según cifras de la Envipe.
IV. En el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) de 2019, se contabilizaron 1.8 millones de presuntas víctimas del delito, de las cuales, 42.2 por ciento fueron mujeres lo que equivale a 769 mil mujeres. Del total de mujeres víctimas, 25.6 por ciento fue por robo, 20.8 por ciento de violencia familiar, 10.9 por ciento de lesiones, 6.2 por ciento de amenazas, 5.7 por ciento de algún delito sexual.
V. Conforme a datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de una estimación mundial, alrededor de una de cada tres mujeres han sufrido algún tipo de violencia, dentro de las cuales se encuentran:
• Violencia económica.
• Violencia física.
• Violencia sexual.
• Violencia emocional y psicológica.
VI. Ahora bien, por lo que respecta a la violencia emocional y psicológica, se debe incorporar al acoso callejero como una derivación directa, con el propósito de estudiarlo como un fenómeno social presente en nuestra cotidianidad.
VII. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) incorporó en el año 2020, por primera vez, el acoso y la violencia sexual en su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), donde se muestra que este problema afecta principalmente a las mujeres. En el primer semestre del presente año, 16.6 por ciento de la población de 18 años o más fueron víctimas de acoso personal y/o violencia sexual. En el caso de las mujeres fue de 24.7 por ciento y en hombres de 6.9 por ciento.
VIII. De los resultados presentados por el Inegi en la ENSU, destaca que 19.4 por ciento de la población mayor de 18 años ha sido víctima de violencia sexual o acoso en lugares públicos. De los cuales 10.1 por ciento de hombres entrevistados señalaron haber sufrido una situación de violencia sexual en la calle, y 27.2 por ciento fue manifestado por mujeres.
IX. La Organización de las Naciones Unidas ha señalado que el acoso sexual y otras formas de violencia contra las niñas y las mujeres en los espacios públicos, existen tanto en las ciudades como en zonas rurales, y que esto afecta su desarrollo social, psicológico y económico.
X. La normalización de esta problemática es el desafío principal para poder combatirlo de forma eficiente, por lo que es poco contundente el marco normativo existente para prevenir y contener el acoso callejero, debido a la subjetividad de dicho fenómeno lo convierte en un hecho difícil de perseguir y combatir.
Considerandos
I. El artículo 6, fracción I, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, establece que la presentación de proposiciones es un derecho de las y los diputados.
II. Conforme al artículo tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
III. Conforme al artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice “La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia”.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con el siguiente resolutivo
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal y a los gobernadores de las entidades federativas y de la Ciudad de México, a que a través de las dependencias correspondientes, implementen acciones de prevención del acoso sexual en la vía pública o en espacios abiertos que permitan el acceso público, con el fin de salvaguardar la vida y la integridad de todos los habitantes, principalmente de las mujeres.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las fiscalías de justicia de las entidades federativas y de la Ciudad de México, a que, en ejercicio de sus atribuciones, fortalezcan las acciones de investigación y persecución de las denuncias de acoso sexual en la vía pública o en espacios abiertos que permitan el acceso público, a efecto de sancionar debidamente dicha conducta ilícita.
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.– Diputada Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
EXHORTO A LA COFEPRIS, A ANALIZAR Y, EN SU CASO, AUTORIZAR EL USO DEL MEDICAMENTO SOTROVIMAB
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Cofepris a analizar y, en su caso, autorizar el uso de Sotrovimab para reducir el riesgo de hospitalización y muerte de pacientes con covid-19, suscrita por las senadoras Lily Téllez y Sylvana Beltrones Sánchez, de los Grupos Parlamentarios del PAN y PRI, respectivamente
María Lilly del Carmen Téllez García y Sylvana Beltrones Sánchez, senadoras de la república por Sonora en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, y Revolucionario Institucional, respectivamente, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta a la Cofepris a analizar y, en su caso, autorizar el uso del medicamento Sotrovimab, como un elemento para reducir el riesgo de hospitalización y muerte de los pacientes con covid-19, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Desde que se detectó el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) en China en diciembre de 2019, ha habido más de 270 millones de personas infectadas y más de 5 millones de muertes. Dicho virus ha tenido muchas variantes y mutaciones.
El 24 de noviembre de 2021, Sudáfrica notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que había identificado una variante nueva del SARS-CoV-2, la B.1.1.529, detectada por primera vez en muestras obtenidas el 11 de noviembre del 2021 en Botsuana, y el 14 de noviembre del 2021 en Sudáfrica. Dicha variante, fue denominada ómicron y designada como variante de preocupación el 25 de noviembre por la Organización Mundial de la Salud. 1
La decisión de considerar preocupante esta variante se basó en la evidencia presentada por el Grupo Consultivo Técnico sobre la Evolución del Virus SARS-CoV-2 de la OMS, que indica que presenta varias mutaciones que podrían afectar a las características del virus, por ejemplo, la facilidad para propagarse o la gravedad de los síntomas que causa.
Esta nueva cepa presenta 50 mutaciones identificadas, siendo lo más preocupante las 32 mutaciones en la región de la proteína de la espiga (la cepa delta solo tiene 7 mutaciones en esa proteína), la zona que facilita la entrada del virus en la célula huésped, aumentando su transmisibilidad, así como el potencial de inmunoescape. Con tantas mutaciones, se plantean las posibilidades de que ómicron tenga una serie de ventajas sobre las versiones anteriores de covid y pueda esquivar las vacunas.
Esta variante podría forzar nuevos confinamientos en países que estaban retomando el desarrollo de sus actividades de la manera previa a la pandemia y que estaban abriendo sus fronteras, obligando a cerrarlas y tomar las medidas de distanciamiento social, con las afectaciones al modo de vida, trabajo, educación presencial, la economía de los países, aumento de la pobreza y la violencia, entre otros.
En el caso particular del país, de acuerdo con cifras oficiales actualizadas al 4 de enero, se tiene un estimado de más de 4 millones de personas que han resultado positivos al covid-19, de los cuales han fallecido más de 313 mil personas y más de 47 mil casos siguen activos. 2
Si bien, la variante con más presencia en los casos activos es la delta, lo preocupante es que de acuerdo con las cifras recopiladas por la organización Global Initiative on Sharing All Influenza Data, en México los casos de covid-19 provocados por la nueva versión del virus pasaron de 42 a 254 en solo cuatro días. 3
El reporte técnico de la Secretaría de Salud informó que el 4 de enero se registraron 15 mil 876 contagios en 24 horas, 4 no obstante que en el país hay 82 millones 91 mil 136 personas inmunizadas contra covid-19. De ellas, 89 por ciento cuenta con el esquema completo y 11 por ciento con una sola dosis. 5
Lo anterior refuerza la suposición de que la infecciosidad parece ser mayor que la variante delta y mientras se tienen datos más precisos sobre las características de la nueva cepa, es necesario que las autoridades continúen promoviendo entre la población el uso de mascarillas, distanciamiento social, lavado de manos y vacunación. Pero también debemos mantener la salud personal y familiar, para no ser víctima del SARS-CoV-2 y sus múltiples variantes.
Adicionalmente, con los datos que se tienen hasta el momento, se considera que una infección anterior por coronavirus parece dar poca inmunidad a la nueva variante omicrónica. Ante esta rápida propagación de la variante ómicron, es obligatorio actuar también con rapidez, tomando todas las medidas preventivas y paliativas que se requieran por parte de las autoridades sanitarias y todas las instancias que coadyuvan a proteger la salud.
Dentro de las medidas adoptadas por países comprometidos con la salud de su población, está el desarrollo y autorización de uso de medicamentos antivirales que podrían evitar la severidad y muerte por covid-19, si son utilizados al inicio de la infección.
En Reino Unido, en el marco de la lucha contra el Ómicron, se aprobó otro nuevo medicamento para covid que reduce el riesgo de muerte en casi 80 por ciento. Se trata del medicamento Xevudy (Sotrovimab) que se ha considerado seguro y eficaz para reducir el riesgo de hospitalización y muerte en los pacientes con covid. El fármaco actúa uniéndose a la proteína de la espiga en el exterior del virus. Esto, a su vez, impide que el virus se adhiera a las células humanas e ingrese en ellas, de modo que no pueda replicarse en el organismo. 6
El tratamiento con anticuerpos es más eficaz durante las primeras fases de la enfermedad por coronavirus, y debe administrarse en los cinco días siguientes a la aparición de los síntomas. Los ensayos clínicos demostraron que el fármaco era capaz de reducir el riesgo de hospitalización y muerte en 79 por ciento entre los adultos de alto riesgo. Los científicos ya han indicado que el fármaco mantiene su actividad contra las mutaciones clave.
En Estados Unidos de América, la Administración de Drogas y Alimentos también autorizó la utilización de emergencia de Xevudy (Sotrovimab) en personas que dan positivo para covid-19, para tratar los síntomas de covid-19 que podrían volverse lo suficientemente graves como para necesitar tratamiento en un hospital o causar la muerte.
Esta autorización se da siguiendo la línea de la opinión positiva emitida el 16 de diciembre por el Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea del Medicamento, permitiendo su uso en adultos y niños de al menos 12 años de edad que pesan al menos 88 libras (40 kilogramos). que no requieren suplemento de oxígeno y que tienen un mayor riesgo de progresión a covid-19 grave.
En el caso de México, dicho medicamento fue sometido a consideración de la Comisión de Autorización Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) el 5 de abril de 2021, recibiendo una opinión no favorable por parte de las y los expertos para el tratamiento de pacientes con enfermedad por coronavirus 2019 (covid-19).
El medicamento Sotrovimab fue diseñado de manera intencionada teniendo en cuenta la probabilidad de que el virus mutara. Al dirigirse a una región sumamente conservada de la proteína spyke que es menos probable que mute con el tiempo, se enfoca tanto en el virus actual del SARS-CoV-2 como a las futuras variantes que se preveían inevitables.
Las compañías GSK y Vir Biotechnology han anunciado una actualización para bioRxiv, servidor de preprints, con datos preclínicos que demuestran que Sotrovimab, anticuerpo monoclonal en investigación para covid-19 mantiene su actividad contra mutaciones clave de la nueva variante ómicron del SARS-CoV-2 (B.1.1.529), incluidas las encontradas en el sitio de unión de Sotrovimab.
Los datos se han generado a través de pruebas del seudovirus, testando las mutaciones específicas individuales encontradas en ómicron. Hasta el momento, Sotrovimab ha mostrado actividad contra todas las variantes de preocupación e interés definidas por la Organización Mundial de la Salud.
Actualmente, se están completando las pruebas de seudovirus in vitro para confirmar la actividad neutralizante de Sotrovimab contra la combinación de todas las mutaciones de ómicron con la intención de proveer una actualización a finales de 2021.
Considerando lo anteriormente expuesto y la nueva emergencia que se presenta a nivel global ante la variante ómicron del SARS-CoV-2 (B.1.1.529), la presente proposición tiene por objeto hacer un llamado a la Cofepris a reconsiderar la opinión técnica emitida sobre el medicamento Sotrovimab, en aras de autoriza su uso.
Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del Congreso de la unión exhorta respetuosamente al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Salud y su órgano desconcentrado Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, se analice y, en su caso, autorice el uso de Sotrovimab, como un elemento para reducir el riesgo de hospitalización y muerte de los pacientes con covid-19.
Notas
1 World Health Organization, News. Consultada el 4 de enero de 2021. Disponible en
https://www.who.int/news/item/26 11 2021 classi fication of omicron (b.1.1.529) sars cov 2 variant of concern
2 Covid-19, México. Información general. Consultado el 4 de enero de 2022. Disponible en https://datos.covid19.conacyt.mx/
3 Global Initiative on Sharing All Influenza Data, consultado el 4 de enero de 2022. Disponible en
https://www.gisaid.org/index.php?id=208
4 Reporte técnico. Secretaría de Salud. Consultado el 4 de enero de 2022. Disponible en
https://www.gob.mx/salud/documentos/coronavirus-covid-19-comunic ado-tecnico-diario-238449
5 Secretaría de Salud. Comunicado de prensa “005. Más de 82 millones de personas con al menos una dosis contra covid-19”. Consultado el 4 de enero de 2022. Disponible en
https://www.gob.mx/salud/prensa/005-mas-de-82-millones-de-person as-con-al-menos-una-dosis-contra-covid-19
6 Aoraha, C. “New Covid drug Sotrovimab that cuts risk of death by nearly 80% is approved in UK amid fight against Omicron”, en The Sun, 2 de diciembre de 2021. Disponible en
https://www.thesun.co.uk/health/16915105/newcoviddrugsotro vimabapproved/
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.– Senadoras: María Lilly del Carmen Téllez García, Sylvana Beltrones Sánchez (rúbricas).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
SE IMPLEMENTEN PROGRAMAS DE APOYO PARA LAS Y LOS PESCADORES AFECTADOS POR LAS BAJAS TEMPERATURAS EN TAMAULIPAS
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader y su homóloga de Tamaulipas, la Conapesca y el gobierno de esa entidad a implantar programas de apoyo para los pescadores afectados por las bajas temperaturas, suscrita por la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La pesca se ha posicionado en los últimos años como uno de los sectores de mayor crecimiento en la provisión de alimentos, nutrición y empleos. A pesar de que la pesca de captura es la más importante en este sector, la acuacultura ha demostrado que puede abonar significativamente a la producción pesquera, a fin de alcanzar la anhelada seguridad alimentaria.
De acuerdo con los datos proporcionados por la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se estima que la producción mundial de pescado ha alcanzado unas 179 millones de toneladas en 2018. 156 millones de toneladas se destinaron al consumo humano, lo que equivale a un suministro anual estimado de 20,5 kilogramos per cápita. La acuacultura representó 46 por ciento de la producción total y 52 por ciento del pescado para consumo humano. 1
En nuestro país, alrededor de 162 mil hombres y mujeres se dedican a la actividad pesquera a lo largo de 11 mil kilómetros de litorales. Esta actividad produce más de 2 millones de toneladas de peces de diversas especies, como la sardina, el camarón, mojarra, atún, cintilla, conejo, lebrancha, jurel, cojinuda, besugo, sierra, peto, cazón, bandera, trucha, bagre, carpa, jolote y lobina negra. Cabe destacar que gracias al arduo trabajo desempeñado por las y los pescadores de México, nuestro país logró escalar en los últimos años al lugar 17 en lo que se refiere a la producción pesquera a nivel mundial. 2
Por su parte, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera informó que el estado de Tamaulipas se consolidó, en 2018, como una de las entidades con mayor producción pesquera, al alcanzar una cantidad de 55 mil 212.97 toneladas de pescado vivo y un valor de producción de 1,787,887 pesos. 3
No obstante lo anteriormente expuesto, las y los pescadores tamaulipecos enfrentan diversos problemas que les impide ser más productivos y competitivos, entre los que destacan temporadas de baja reproducción de especies; venta de pescado por debajo del valor comercial; deterioro de las redes y embarcaciones por falta de mantenimiento; presencia de fenómenos climatológicos; temperaturas extremas; y la presencia de organizaciones criminales con sus consabidas consecuencias. A la problemática anterior, se ha sumado la derivada de la pandemia provocada por el covid-19.
Para muestra un botón. La presencia del frente frio número 36, el cual se extiende desde el noreste del Golfo de México hasta el sur de Veracruz. La masa de aire polar que lo impulsa mantiene el ambiente de muy frío a gélido y arroja bancos de niebla sobre las entidades del noreste, oriente y el centro de México, incluido el valle de México; además del evento de “Norte” que provoca niveles entre muy fuertes a intensos sobre el litoral de Tamaulipas y Veracruz. 4
Las y los tamaulipecos nos hemos enfrentado a lo largo de la historia a temperaturas históricas de -5 y -7 grados centígrados con sensación térmica de -12º. Debido a las bajas temperaturas registradas, los ciudadanos hemos sufrido afectaciones en la circulación vial, falta de luz eléctrica y la muerte de fauna marina que significan el ingreso vital para las familias tamaulipecas dedicadas a la actividad pesquera, convirtiéndose en las personas con mayor vulnerabilidad al ser ésta actividad su única fuente de ingresos.
El pasado 19 de febrero de 2021, pescadores ribereños encontraron cientos de peces muertos flotando en las orillas de la “Presa Internacional Falcón”, situada sobre el Rio Bravo en el municipio de Guerrero, Tamaulipas. Asimismo, la situación se repite en algunas lagunas aledañas al lugar. Esta problemática coloca a los pescadores en una situación de emergencia ya que disminuyó su producto de venta que es el principal sustento de sus familias.
En tal virtud, es menester que se instrumenten las acciones conducentes, para que los pescadores del estado de Tamaulipas sean beneficiados con todos los apoyos existentes, a efecto de fomentar el desarrollo productivo de la región, impulsar la actividad pesquera y garantizar el bienestar de las familias quienes actualmente atraviesan por una circunstancia especialmente crítica.
La presente petición se fundamenta en el principio de justicia distributiva, enarbolado por el presidente de la República, así como en las medidas para reactivar la economía presentadas por el gobierno federal con el objetivo de disminuir los efectos de la pandemia causados a raíz del covid-19, al constituir una importante actividad socioeconómica que, entre otros aspectos, contribuye de manera importante al producto interno bruto estatal y nacional, a la generación de empleos y a la alimentación de las familias mexicanas, además de ser un medio de subsistencia.
En este orden de ideas, no podemos soslayar que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece como una de sus prioridades la autosuficiencia alimentaria y el rescate al campo, a efecto de que la producción agropecuaria, pesquera y acuícola, alcance niveles históricos y la balanza comercial del sector agroalimentario sea superavitaria.
Cabe destacar que los apoyos otorgados por este gobierno respecto al diésel marino y la gasolina ribereña, como parte del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, han tenido resultados positivos, lo que ha permitido facilitar la actividad productiva en la pesca y la acuacultura nacional, mismo que, a través de Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), inició con la dispersión de recursos en apoyo a más de cuatro mil 700 productores de 12 estados del país, entre los que se encuentran Yucatán, Veracruz, Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Campeche, Nayarit y Veracruz. 5
Finalmente, es de hacer notar que uno de los principales objetivos establecidos por la presente administración, se concentra en ampliar las oportunidades de empleo y mejorar los ingresos de los pescadores, de ahí que la prioridad es superar el rezago social en las comunidades pesqueras y las localidades acuícolas rurales, por lo que es necesario fomentar dichas actividades, a fin de contribuir al bienestar de los productores de pequeña escala para el aumento de la oferta de alimentos de calidad, incidir en la producción para el mercado interno y lograr que la actividad sea fuente de la autosuficiencia alimentaria de México.
A pesar de que se ha logrado un avance significativo en la búsqueda de la soberanía alimentaria nacional, es de vital importancia seguir impulsando la creación de políticas públicas y programas de apoyo y desarrollo sustentable que permitan aumentar las inversiones en la actividad pesquera y el bienestar de todas y todos los mexicanos.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a su homóloga en el estado de Tamaulipas, al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, así como al gobernador del estado de Tamaulipas, para que en el ámbito de sus respectivas competencias y de manera coordinada, implementen programas de apoyo a las y los pescadores tamaulipecos afectados por las bajas temperaturas que se han presentado en el estado.
Notas
1 http://www.fao.org/3/ca9231es/CA9231ES.pdf
2 https://www.gob.mx/conapesca/articulos/la-pesca-mexicana-una-actividad-inmensa- como-el-mar-227722?idiom=es
3 http://www.campomexicano.gob.mx/raw_pesca_gobmx/seccionar.php
4 https://smn.conagua.gob.mx/es/aviso-de-norte#:~: text=Por%20su% 20parte%2C%20el%20frente,sobre%20el%20litoral%20de%20Tamaulipas.
5 https://www.conapesca.gob.mx/wb/cona/apoyo_incentivo_energetico_ diesel_y_gasolina_riber
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.– Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
EXHORTO A LA FISCALÍA GENERAL DE VERACRUZ, A INVESTIGAR LA COMISIÓN DE LOS DELITOS IMPUTABLES A POLICÍAS MINISTERIALES QUE SE HAN CONOCIDO A TRAVÉS DEL VIDEO DIFUNDIDO POR DIVERSOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la FGJE de Veracruz a investigar la comisión de los delitos imputables a policías ministeriales de la entidad y que han sido del conocimiento público a través del video difundido el pasado 6 de enero por diversos medios de comunicación, suscrita por el diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Mario Gerardo Riestra Piña, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, así como las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para que, en el uso de su autonomía y facultades y, en atención de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, investigue la comisión de los delitos imputables a diversos policías ministeriales de esa entidad federativa y que han sido del conocimiento público a través del video difundido el pasado 6 de enero por diversos medios de comunicación, en el cual se les observa agrediendo a diversas personas y robando mercancía diversa en el interior de una bodega en el municipio de Río Blanco, Veracruz, al tenor de los siguientes
Considerandos
Que el pasado 6 de enero del año en curso se difundió un video en redes sociales y medios de comunicación en el cual se observa a ministeriales del estado de Veracruz golpeando a diversas personas en una bodega en el municipio de Río Blanco, propiedad del comerciante José Antonio May González. 1
Además, el comerciante denunció el despojo de un millón y medio de pesos y más de media tonelada de cerveza por parte de al menos 30 policías ministeriales de Veracruz que entraron en su bodega.
Acciones que fueron grabadas por cámaras de vigilancia y los videos ponen en duda la versión oficial de la Fiscalía General de dicho estado, así como la investigación iniciada el 19 de junio de 2021 contra los trabajadores.
Que en tal virtud es necesaria la intervención de las autoridades correspondientes para esclarecer los hechos, así como de la Comisión de Derechos Humanos ante las agresiones contra los trabajadores.
Por lo que someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura, exhorta a la Fiscalía General del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para que, en el uso de su autonomía y facultades, y en atención de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, investigue la comisión de los delitos imputables a diversos policías ministeriales de esa entidad federativa y que han sido del conocimiento público a través del video difundido el pasado 6 de enero por diversos medios de comunicación, en el cual se les observa agrediendo a diversas personas y robando mercancía diversa en el interior de una bodega en el municipio de Río Blanco, Veracruz.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura, exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz para que investigue las violaciones de derechos humanos imputables a diversos policías ministeriales y a integrantes de la Fiscalía General de esa entidad federativa con motivo de los hechos que han sido del conocimiento público a través del video difundido el pasado 6 de enero por diversos medios de comunicación, en el cual se observa a policías ministeriales agrediendo a diversas personas y robando mercancía diversa en el interior de una bodega en el municipio de Río Blanco, Veracruz.
Nota
1 Denuncian golpiza, robo y pruebas falsas de FGE de Veracruz | La Jornada Veracruz
http://jornadaveracruz.com.mx/justicia/denuncian-golpiza-robo-y- pruebas-falsas-de-fge-de-veracruz/
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.– Diputado Mario Gerardo Riestra Piña (rúbrica).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
EXHORTO AL GOBIERNO DE GUERRERO, A REFORZAR LAS TAREAS DE SEGURIDAD CON EL FIN DE EVITAR LOS CASOS RECIENTES DE VENTA DE NIÑAS
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Guerrero a reforzar las tareas locales de seguridad para evitar casos como los recientes de venta de niñas, suscrita por la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Laura Lorena Haro Ramírez, diputada a la LXV Legislatura por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a gobierno de Guerrero a reforzar las tareas de seguridad en la entidad, a fin de evitar que los casos recientes de venta de niñas continúen presentándose, considerando los siguientes
Antecedentes
El martes 28 de diciembre de 2021, el periódico El Universal publicó una nota en la que revela un hecho atroz que atenta contra los derechos humanos y la dignidad de cualquier individuo: en Guerrero se lleva a cabo la venta de niñas. 1
Al respecto, la nota menciona que los matrimonios forzados en pueblos de La Montaña y la Costa Chica en la entidad viven como una realidad los matrimonios forzados.
No es una mentira que, la renuencia por parte de las mujeres para prestarse a un matrimonio forzado en la entidad radica en persecuciones, encarcelamiento, hostigamiento e incluso el exilio forzado.
En diversas ocasiones, las familias guerrerenses pagan por una esposa que acompañe a sus hijos como jornaleros. El pago por una mujer suele significar endeudamiento bancario, la venta de animales para crianza o incluso la migración en busca de un empleo que les permita juntar la cantidad necesaria.
Como es notorio, este ejercicio mercantil se ha institucionalizado al grado que las personas han normalizado trabajar e incluso ver como una inversión un matrimonio forzado, pues la mujer trabajará y fungirá como una persona de servicio.
Diversas personas que se dedican a investigar este fenómeno señalan que las principales razones por las que estas prácticas se siguen llevando a cabo en la entidad es por el desinterés de las autoridades y la pobreza que afecta a la región.
Argumentos como que “se quitan de encima una boca para alimentar”, “es un gasto menos”, entre otros, son esgrimidos para justificar estas conductas que no tienen lugar.
Es cierto que los pueblos originarios en México preservan una gran riqueza cultural de la que debemos estar muy orgullosas y orgullosos. Sin embargo, este tipo de actividades se deben erradicar en el país, ninguna costumbre, tradición o usanza puede justificar que se transaccione con una vida.
Al respecto, el 18 de noviembre de 2021, en el Grupo Parlamentario del PRI presentamos una iniciativa para garantizar y reconocer el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, de acuerdo a sus usos y costumbres, siempre y cuando estas formas internas, no violen ningún otro derecho humano reconocido en la CPEUM y en algún tratado internacional de los que el Estado mexicano sea parte. 2
Gracias a este proyecto, quedará prohibida la venta de mujeres en cualquier parte del país. Garantizando así la prevalencia de los derechos humanos por sobre cualquier actividad mercantil que tenga por objeto usar a las mujeres como una mercancía.
Por lo expuesto solicito
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Guerrero a reforzar las medidas en materia de vigilancia y seguridad, con objeto de eliminar y prevenir la venta de mujeres en la entidad y así privilegiar la salvaguarda de los derechos humanos a los que cualquier persona debe aspirar y gozar.
Notas
1 https://www.eluniversal.com.mx/estados/pobreza-obliga-vender-ninas-en-guerrero- ong
2 http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ContenidoAsuntos.php? SID=3f8bea9d97a87b85065d7c7d457b6511&Clave=4282094
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de enero de 2022.– Diputada Laura Lorena Haro Ramírez (rúbrica).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
EXHORTO A QUE SE EVALÚE LA ESTRATEGIA CON LOS ELEMENTOS GUARDAVIDAS EN LAS COSTAS DE BAJA CALIFORNIA SUR, A FIN DE OFRECER UNA REMUNERACIÓN EQUIVALENTE AL RIESGO QUE DESEMPEÑAN Y CONTAR CON MÁS PERSONAL
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las autoridades de la zona federal marítimo-terrestre y sus homólogas de BCS a evaluar e informar a esta soberanía respecto a la estrategia con los elementos guardavidas en las costas nacionales para ofrecer una remuneración adecuada al riesgo que desempeñan y contar con más personal, suscrita por el senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, senador de la República Ricardo Velázquez Meza, integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
México es un país con gran extensión territorial y marítima, en ambos lados, este y oeste cuenta con superficie costera que recibe en sus puertos el arribo de embarcaciones de carga y turísticas. Desde Yucatán, hasta Tijuana presenta microclimas y condiciones diversas que favorecen la diversidad ecosistémica de flora y fauna, motivos por los cuales las zonas costeras mexicanas son de gran atractivo turístico.
Las playas mexicanas suelen atraen turistas nacionales y extranjeros, pero en el caso del turismo internacional es mayoritariamente recibido en época invernal, ya que, a pesar de ser una temporada de climas fríos en la mayor parte del continente americano, la costas mexicanas suelen mantener temperaturas agradables, que oscilan en el pacífico mexicano entre los 15.5° y los 29.7° C, mientras que en el Golfo de México la temperatura oscila entre 19° y 26.7° C. 1
De esta manera, mientras en otros países como Estados Unidos de América y canadá el clima comienza a disminuir la temperatura desde aproximadamente octubre, sus ciudadanos que comienzan sus periodos vacacionales de fin de año y tienen la intención de disfrutar un clima más tropical, suelen pensar primordialmente en un destino mexicano posu cercanía, clima idónea, calidez de la gente y también por el tipo de cambio a favor que suelen representar sus monedas frente al peso mexicano.
En el caso del turismo nacional, la situación no cambia mucho, ya que, de igual manera, frente a la época vacacional invernal, suele existir un aumento en los trayectos de las ciudades nacionales a las zonas costeras, ya que el ciudadano mexicano también busca una alternativa al ritmo de vida acelerado y suele encontrarlo en las playas o costeras mexicanas.
Llegando a este punto, es importante hacer mención que existe una tendencia en. las zonas de ocupación preferidas por el turismo nacional al extranjero, y las razones son diversas, pero son básicamente por sus vías de acceso, la cantidad y calidad de servicios que se ofrecen, y por el costo que tienen estos, los cuales en ocasiones no legan a ser costeabies para una familia promedio mexicana, pero si para una pareja extranjera.
Por ejemplo, en el caso de los destinos playeros mexicanos mayoritariamente seleccionados por turistas extranjeros, 2 se encuentra Playa del Carmen, Los Cabos y casi todas las playas ubicadas en la Riviera Maya.
Por otra parte, los destinos preferidos para los viajeros nacionales, de acuerdo con los datos ofrecidos por la Secretaría de Turismo, se centran en las playas de Guerrero (principalmente Acapulco), así como Puerto Escondido en Oaxaca.
En términos generales, las zonas costeras nacionales con mayor interés y arribo de turismo, sea local o extranjero son cinco, 3 comenzando por Playa del Carmen en Quintana Roo, seguida por Nuevo Vallarta en Nayarit, Cancún, también en Quintana Roo, Puerto Vallarta en Jalisco y Los Cabos en Baja California Sur.
Teniendo en cuenta que las playas mexicanas reciben un elevado numero de turistas, se vuelve necesario contar con los servicios suficientes para atender a los visitantes, y con esto no me refiero únicamente a aquellos como hospedaje, transporte o entretenimiento, sino me refiero particularmente a servicios de emergencia como son los guardavidas.
Los guardavidas o también conocidos como salvavidas, son personal capacitado que arriesga su propia vida con el objetivo de rescatar a una persona que este ahogándose o que presente riesgo de ahogadura por haber sido alejada de la costa, adentrándolo a mar abierto a causa del fuerte oleaje.
Este personal guardavidas, además de mucha valentía y temperamento requiere otras necesarias características para poder desempeñar de la mejor su manera su labor, como lo es una excelente habilidad de nadado, conocimiento sobre primeros auxilios, disposición para retroalimentación constante y muy buena condición física.
Otra de las habilidades valoradas para poder formar parte del cuerpo de guardavidas, es la capacidad de alerta constante, ya que el personal debe mantener un estado vigilante durante todo momento para poder reaccionar inmediatamente ante una emergencia, por lo que es vital para los rescatados, la velocidad de reacción de los guardavidas.
Pese al alto riesgo de perder la vida que presentan los guardavidas, su salario no es equivalente al riesgo, de acuerdo con la agencia con presencia en México, Glassdoor, el salario nacional promedio de un Salvavidas es de $7, 826, 4 estimación obtenida de la media aritmética de los nueve sueldos reportados de manera anónima a la corporación.
Recientemente el 18 de agosto en Cabo San Lucas, Baja California Sur, un salvavidas perdió la vida junto con una mujer de 15 años que intentaba rescatar, pero la fuerza del mar fue mayor y arrastro a ambos al interior de las corrientes, 5 ocasionando lamentablemente el descenso de ambas personas.
Afortunadamente no todos los rescates terminan de esta manera. También en los Cabos, pero más recientemente, a mediados de diciembre de 2021, el Guardavidas, Luis Alberto Fisher Gill, logró con mucha valentía y decisión rescatar exitosamente a un turista nacional que había sido adentrado al mar por la fuerza de las olas y había logrado mantenerse en el nado durante varios minutos en la espera de ayuda.
Este es un claro ejemplo de la eficiencia en la capacitación de los elementos, pero también es un llamado a las autoridades de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) a que cuente con una mayor cantidad de elementos en las playas, a fin de procurar un elemento rescatista de fijo en cada una de las playas, así como la evaluación de la mejora en el salario, los seguros de vida y prestaciones que llegan a percibir los rescatistas, esto considerando el elevado costo que puede tener un rescate, en el cual esta de por medio la vida del rescatado y del rescatista.
Así como también a que se replantee la estrategia que se tiene en las costas de Baja California Sur, en donde se busca contar con al menos un elemento en cada una de las 22 playas certificadas con Blue Flag 6 (certificación otorgada por Foundation for Environmental Education - FEE, organización internacional sin fines de lucro que reconoce a la playas que mantienen los más altos estándares de información ambiental, calidad de agua, gestión ambiental, seguridad y servicios), 7 en donde a pesar de haber aumentado la cantidad de elementos salvavidas en el último par de años, pasando de 9 a 17 elementos 8, aun es una cantidad insuficiente para las playas certificadas y da prioridad únicamente a las playas evaluadas por la FEE, descuidando las demás zonas costeras y representando un riesgo latente principalmente para el turismo nacional, el cual por los elevados costos en las playas certificadas suele visitar estas otras playas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito, senador del Grupo Parlamentario de Morena, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. El Senado de la República exhorta respetuosa-mente a la Zona Federal Marítimo Terrestre para que, evalúe y considere elevar el salario y prestaciones percibidas por los elementos guardavidas de las costas nacionales, a fin de recibir una remuneración equivalente al riesgo que desempeñan en ejecutar sus funciones.
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosa-mente a la Zona Federal Marítimo Terrestre del estado de Baja California Sur, a que evalúe e informe a esta soberanía la cobertura prevista que se tiene por elementos Guardavidas en las costas del Estado, a fin de que considere un elemento fijo en todas sus playas y no solo en las que cuentan con certificación Blue Flag.
Notas
1 https://www.inapesca.gob.mx/porta1/documentos/publicaciones/BO-LETINES/hidrocli matico/TEMPERATUR A/boletin-hidrometeorolo-gico-diciembre-2013-temperatura.pdf. Consultado el 20 de diciembre de 2021.
2 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/11/20/cuales-son-las-playas-mas-vis itadas-de-mexico/. Consultado el 20 de diciembre de 2021.
3 lbídem. Página 2. Consultado el 20 de diciembre de 2021.
4 https://www.glassdoor.com.mx/Sueldos/salvavidas-sueldo-SRCH_ KOO,10.htm. Consultado el 20 de diciempre de 2021.
5 https://www.debate.com.mx/estados/Mujer-extranjera-y-salvavidas-mueren-ahogados -enCabo-San-Lucas BCS-20200819-0112.html. Consultado el 20 de diciembre de 2021.
6 https://www.bcsnoticias.mx/duplicaron-la-cantidad-de-guardavidas-en-playas-cert ificadas-de-los-cabos-ahora-son-17-1/. Consultado el 20 de diciembre de 2021.
7 http://www.blueflagmexico.org/#: text=Biue%20Flag%20representa% 20un%20compromiso,gesti%C3%B3n%20ambientai%2C%20seguridad%20y%20servicios. Consultado el 20 de diciembre de 2021.
8 https://www.bcsnoticias.mx/duplicaron-la-cantidad-de-guardavidas-en-playas-cert ificadas-de-los-cabos-ahora-son-17-1/. Consultado el 20 de diciembre de 2021.
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a los doce días del mes de enero del año dos mil veintidós.– Senador Ricardo Velázquez Meza (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
EXHORTO AL TITULAR DE LA COFEPRIS, A AUTORIZAR EL USO DE EMERGENCIA DE LA VACUNA CONTRA COVID-19 DE LAS FARMACÉUTICAS PFIZER-BIONTECH EN MENORES DE 5 A 11 AÑOS
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al titular de la Cofepris a autorizar el uso de emergencia de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer-BioNTech en menores de entre 5 y 11 años, suscrita por el diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, Mario Gerardo Riestra Piña, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, así como las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, para exhortar, respetuosamente, al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que autorice el uso de emergencia de la vacuna contra covid-19 de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech en menores de edad de 5 a 11 años, al tenor de los siguientes
Considerandos
Que, en marzo 2020 nuestro país se vio afectado por la enfermedad del coronavirus SARS-CoV-2, mejor conocida como covid-19, convirtiéndose en una de las peores enfermedades en el mundo y la peor pandemia de los últimos años.
Si bien, en un principio pensábamos que el uso de cubre bocas, el lavado de manos frecuente, el uso de gel antibacterial, toallas desinfectantes, sanitizar los espacios, los tapetes sanitizantes y la sana distancia serían suficientes para detener esta enfermedad, el tiempo nos ha demostrado que no es así. Esta enfermedad sigue avanzando, miles de personas se siguen contagiando y muchas más pierden la batalla ante este virus.
Científicamente se ha comprobado que las vacunas salvan vidas, la probabilidad de hospitalización y muertes son muy reducidas.
Incluso, expertos en la materia consideran que además de mantener y seguir las medidas que desde el principio hemos implementado y que será necesario conservar, se deben aumentar las dosis aplicadas de las vacunas contra el virus.
En México, se han confirmado 3 millones 993 mil 464 casos totales y 299 mil 581 defunciones totales por covid-19. 1 Situación que resulta alarmante no sólo ante las altas cifras de contagio, sino también porque nuestros hijos han regresado a las escuelas convirtiéndose éstas en uno de los principales puntos de contagio para las familias.
Un estudio publicado por The Lancet, ha declarado que la variante delta detectada por primera vez en la India, afectará a los niños y jóvenes que no están vacunados, dada la alta transmisibilidad de esta variante, 2 el crecimiento exponencial de los contagios continuará hasta millones de personas infectadas, y a cientos de miles de ellas con covid permanente, además alertaron que esta situación podría dejar una generación con problemas de salud crónicos.
Asimismo, un estudio de salud señala que los pacientes con delta tienen el doble de probabilidades de ser hospitalizados que los infectados con alfa. 3
Es lamentable la situación que vivimos en nuestro país, pues somos el único país que ha rezagado la vacunación en los menores de edad, cuando nuestros hijos deberían ser la prioridad.
Los casos de niñas, niños y adolescentes con resultado positivo de SARS-CoV-2, pasaron de 84 a 57490, del 12 de abril de 2020 al 25 de julio de 2021, de los cuales se han muerto 595 niños, según lo dictaminó la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Lo que nos coloca entre los países con mayores casos de muerte en ese rango de edad, es decir de los 5 a los 17 años.
Estados Unidos de América (EUA) lleva meses vacunando a los menores de 12 años con la vacuna Pfizer. De acuerdo con los datos publicados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EUA, la vacuna tuvo 90.7 por ciento de efectividad en la prevención del covid en el grupo etario de entre 5 y 11 años de edad. 4
El 15 de noviembre de 2021, Austria se convirtió en el primer país europeo en vacunar menores de 12 años con Pfizer. 5 Le siguió Israel, que el 22 de noviembre comenzó la vacunación contra covid a niños de 5 a 11 años. 6 Posteriormente, el 24 de noviembre, Canadá inició a vacunar a niños de 5 a 11 años. 7
Incluso, el 25 de noviembre de 2021, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) avaló la administración de la vacuna contra la covid-19 a los niños entre 5 y 11 años. Asimismo, el Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) ha recomendado la vacunación para no “privar” a la población infantil de los beneficios de ello. 8
Países como Chile, China, El Salvador y los Emiratos Árabes Unidos, también han aprobado vacunas para niños más pequeños. En Chile, los niños de 6 años en adelante pueden recibir la vacuna Sinovac, mientras que en China, las vacunas Sinovac y CoronaVac están autorizadas para su uso en niños desde los 3 años.
Sin lugar a dudas, todos estos países nos han dejado claro que los beneficios de la vacuna Pfizer-BioNTech para niños de entre 5 y 11 años superan a los riesgos.
Ante la aparición de una nueva variante en el mundo, ómicron, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que “es una variante de preocupación” y en su comunicado del 26 de noviembre de 2021 sugiere un mayor riesgo de reinfección con esta variante.
“Todavía no sabemos mucho sobre esto. Lo que sí sabemos es que esta variante tiene un gran número de mutaciones, y la preocupación es que cuando hay tantas mutaciones puede tener impacto en cómo se comporta el virus”, dijo María Van Kerkhove, líder técnica de la OMS en covid-19.
Sin duda, con la inminente llegada de la nueva variante a nuestro país, dada a conocer el pasado 2 de diciembre, la preocupación aumenta y nuestros menores se encuentran en un mayor riesgo. Es necesario que el Estado actúe y garantice la vacunación para nuestros menores de edad.
Incluso, el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López Gatell, en la conferencia del 3 de diciembre, hizo un llamado a vacunarse.
“Las recomendaciones siguen siendo las mismas, siguen vigentes, tenemos un mecanismo de monitoreo de la intensidad epidémica mediante un semáforo de riesgo epidemiológico, el llamado concreto es a vacunarse...”.
Con base en el reporte anual 2021 de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) hasta el 12 de diciembre de 2021, un total de 82 mil 234 niñas, niños y adolescentes mexicanos resultaron contagiados de covid-19, de los cuales 812 lamentablemente perdieron la vida. 9
Durante los primeros seis días del año 2022, los contagios han ido en aumento, se han acelerado en al menos la mitad del país, e incluso con esta nueva variante todos estamos expuestos.
Resulta lamentable que nuestros menores de edad estén siendo excluidos de la política de vacunación, pero aun es más decepcionante que organismos como la Cofepris no autorice el uso de emergencia de la vacuna contra covid-19 de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech en menores de edad de 5 a 11 años, cuando autoridades similares en otros países lo han hecho.
Sin duda, la única manera de ganar esta batalla es a través del proceso de vacunación.
Por lo que someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente exhorta, respetuosamente, al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que autorice el uso de emergencia de la vacuna contra covid-19 de las farmacéuticas Pfizer-BioNTech en menores de edad de 5 a 11 años.
Notas
1 Coronavirus — gob.mx https://coronavirus.gob.mx
2 Véase:
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20210713/variante-delta- covid-persistente-estudio-reino-unido-11907644
3 Véase:
https://www.forbes.com.mx/la-variante-delta-del-coronavirus-dobl a-el-riesgo-de-hospitalizacion-the-lancet/
4 EU autoriza vacuna Pfizer contra COVID para niños de 5 a 11 años — El Financiero
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/2021/10/29/eu-autoriza-vac una-pfizer-contra-covid-para-ninos-de-5-a-11-anos/
5 Sin aval de regulador, Austria inicia vacunación de niños desde 5 años (excelsior.com.mx)
https://www.excelsior.com.mx/global/austria-se-salta-a-regulador -e-inicia-vacunacion-de-ninos-desde-5-anos/1482637
6 Vacunan contra covid-19 a niños de 5 a 11 años en Israel (excelsior.com.mx)
https://www.excelsior.com.mx/global/israel-vacuna-covid-ninos-va cunan-menores-5-11-anos/1484014
7 Canadá aprueba el uso de vacunas covid de Pfizer para niños — Noticieros Televisa
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/canada-aprueba- uso-vacunas-covid-pfizer-para-ninos-de-5-11-anos/
8 La EMA aprueba la vacuna contra el covid de Pfizer para los niños entre 5 y 11 años en la UE (elconfidencial.com)
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2021-11-25/la- ema-actualiza-sus-recomendaciones-sobre-vacunas-y-tratamientos-contra-el-corona virus_3330645/
9 COVID: Más de 80 mil menores de edad se han contagiado en México (informador.mx)
https://www.informador.mx/mexico/COVID-Mas-de-80-mil-menores-de- edad-se-han-contagiado-en-Mexico-20220106-0117.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.– Diputado Mario Gerardo Riestra Piña (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
SE EXPLIQUE QUÉ PASÓ EL 3 DE ENERO EN LA CENTRAL TERMOELÉCTRICA PRESIDENTE PLUTARCO ELÍAS CALLES, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA, GUERRERO
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat y la CFE a explicar qué pasó el 3 de enero en la central termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles, en Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero, y qué se hará para apoyar a la comunidad afectada, suscrita por el senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En días pasados, la CFE emitió un comunicado oficial, argumentando que un cardumen de anchovetas saturó los cárcamos de bombeo de dos unidades de generación eléctrica, en la Central Termoeléctrica (CT) Pdte. Plutarco Elías Calles, ubicada en el municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero.
Ante esta situación, toneladas de sardinas perdieron la vida y, por incompetencia u omisión de la CFE, millones de pescados sin vida llegaron a las costas de Petacalco, causando un daño ecológico monumental.
De acuerdo con pescadores y habitantes de la zona, 1 esta hecatombe ecológica podría ser revertida en una década, dejando en indefensión a toda la comunidad pesquera de la zona, durante todo ese tiempo.
Lo más lamentable del caso es la falta de respuestas por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Profepa y la propia CFE, lo que solo ahonda la incertidumbre de los pobladores guerrerenses.
Según el líder de la Cooperativa La Boba, ya se habían denunciado muertes de animales, como tortugas, por la actividad de la termoeléctrica, pero, como en esta ocasión, nunca han obtenido respuesta de las autoridades.
Es urgente que haya una respuesta inmediata de parte de la Secretaría de Medio Ambiente, así como de la paraestatal, tanto para explicar qué pasó, cómo se va a evitar que pase en el futuro y que se hará para apoyar a la comunidad de Petacalco que ha sido afectada.
Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita la comparecencia de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como del director general de la Comisión Federal de Electricidad, para que expliquen detalladamente qué pasó el 3 de enero en la Central Termoeléctrica (CT) Pdte. Plutarco Elías Calles, ubicada en el municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero; cómo se va a evitar que pase algo parecido en el futuro; y que se hará para apoyar a la comunidad de Petacalco, Guerrero, que ha sido afectada.
Nota
1 https://suracapulco.mx/preven-crisis-tras-muerte-de-sardina-enguerrero/
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.– Senador Manuel Añorve Baños (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
EXHORTO A QUE SE BLINDE EL SECTOR GANADERO, Y SE LE OTORGUE CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA, ASÍ COMO UNA ESTRATEGIA QUE LE PERMITA SOSTENER RELACIONES COMERCIALES CON EUA
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader y diferentes dependencias de la APF a realizar acciones para blindar el sector ganadero, y otorgarle certeza y seguridad jurídicas, e instaurar una estrategia que le permita sostener relaciones comerciales con EUA en condiciones de justicia y ventaja, suscrita por la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Olga Juliana Elizondo Guerra, diputada del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El sector ganadero en México es de fundamental importancia para la economía nacional, estatal y familiar; forma parte estratégica de las relaciones comerciales con otras naciones y resulta primordial para la seguridad y soberanía alimentaria:
• En México la actividad ganadera representa más de la mitad del territorio nacional, ocupando cerca de 109.8 millones de hectáreas, lo que permite generar una producción de 6.7 millones de toneladas anuales de carne de ave, bovino, porcino, caprino y ovino, con un valor de exportación que alcanza los tres mil 537 millones de dólares al año; actividad que ha colocado a nuestro país en el séptimo lugar en el ranking mundial de productores de proteína animal. 1
• A nivel regional, el sector ganadero adquiere la misma trascendencia, por ejemplo, en el estado de Tamaulipas existen 4 millones 977 mil 699 hectáreas de superficie pecuaria, que en el año 2015 obtuvieron una producción de 67 mil 357 toneladas de carne en canal de las especies bovino, porcino, ovino, caprino y ave. 2
• De acuerdo con datos de la Organización Mundial de Comercio, en 2018, México se colocó dentro de las 10 mayores economías exportadoras de productos agroalimentarios, entre los que destacan el aguacate, carne de bovino, frutos rojos, nueces y cítricos. 3
• Estados Unidos de América mantiene con nuestro país una relación comercial de crecimiento exponencial, tan solo en 2019 la exportación de ganado bovino creció un 17.6 por ciento con un aumento de 200 mil cabezas con respecto al ciclo 2017-2018. De acuerdo con el informe de exportación de ganado bovino del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), del total de los animales exportados, 1 millón 13 mil 715 son becerros en pie y 299 mil 416 son vaquillas. 4
• La carne y el ganado en pie mexicanos se posicionan como el quinto productor agroalimentario en captación de divisas para México, tan solo después de la cerveza (711.6 millones de dólares), el tomate (485.6 millones de dólares), el aguacate (456.5 millones de dólares) y las berries (394.3 millones de dólares), según Mexican Beef Exporters Association.
• Estados Unidos representa alrededor del 86 por ciento de las exportaciones de carne de res mexicana, valuadas en mil 300 millones de dólares. Durante el primer cuatrimestre de 2020, México se posicionó como el segundo proveedor de carne de res hacia Estados Unidos con un volumen total de 97 mil 722 toneladas. 5
Hoy más que nunca, debido a las circunstancias sanitarias y económicas por las que atraviesa México, al igual que el resto del mundo, es necesario focalizar los esfuerzos que se realicen desde el ámbito público y privado, a efecto de no echar por la borda el esfuerzo del sector ganadero y del país. Es urgente instrumentar acciones contundentes, decididas, oportunas y eficientes que fortalezcan la ganadería y posibiliten su impulso para garantizar su desarrollo sostenido, aumentando su productividad y mejorando la competitividad.
Es alarmante la decisión y comunicado del gobierno estadounidense sobre la reclasificación de las certificaciones para acreditar la calidad de las exportaciones mexicanas, ante la detección de tuberculosis bovina, así como el condicionamiento para mantener abiertas las fronteras al ganado mexicano a partir del 15 de agosto de este año.
Ante dicha situación y en el contexto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), es a todas luces urgente que el gobierno de México y los gobiernos estatales en corresponsabilidad con el sector ganadero nacional, lleven a cabo una estrategia sólida e inmediata para evitar las graves afectaciones que se derivarían de esta decisión sino actuamos de forma oportuna.
Sabemos que hay subejercicios en el presupuesto público, y para nadie es un secreto la entrada de ganado ilegal al territorio nacional, el robo y falsificación de documentos, distintivos y sellos, así como la posible corrupción en el sector ganadero, a lo que debemos de sumar la presencia de la delincuencia organizada en estas acciones ilegales, lo que hace mucho más compleja la situación.
Como lo he señalado una y otra vez, estos ilícitos afectan no solo a las y los ganaderos, sino al sector y a la economía nacional; y, desde luego, ponen en riesgo la salud de las personas.
¡Ya basta! ¡No podemos esperar más! ¡es necesario actuar y hacerlo ya!
Ante la situación descrita, en un oficio enviado por el director general de Senasica, MVZ Juan Gay Gutiérrez, al secretario de Desarrollo Rural del estado de Tamaulipas, CP Ariel Longoria García, con fecha del 10 de julio de 2020, se menciona lo siguiente:
“Hago referencia al comunicado de fecha 9 de julio del año en curso, a través del cual el Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (APHIS-USDA, por sus siglas en ingles), hace del conocimiento de esta Dirección General, que debido a la condición zoosanitaria en materia de tuberculosis bovina en esa entidad federativa, ha tomado la determinación de reclasificar el estatus actual de Acreditado Modificado (AM) a Acreditado Preparatorio (AP), a partir del 15 de agosto de 2020.
Lo anterior debido a que señalan que desde 2016, Tamaulipas ha exportado múltiples animales infectados con TB a Estados Unidos. Además, los veterinarios portuarios de APHIS continúan detectando irregulares en los envíos de ganado presentados para exportación. APHIS no puede realizar una revisión in situ para evaluar el programa de TB porque el Departamento de Estado de EE. UU. restringió los viajes a Tamaulipas debido a problemas de seguridad. La reclasificación del estado a estado AP hasta que sea posible una revisión APHIS proporciona una garantía adicional de que los animales infectados con TB no se exporten”.
Ante el envió de este oficio, el gobierno del estado de Tamaulipas a través de la Secretaría de Desarrollo Social informó que:
“Debido a la contingencia sanitaria vigente y a la imposibilidad de llevar a cabo la supervisión por parte de APHIS-USDA a la Campaña de Tuberculosis, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural informa que de manera unilateral la autoridad zoosanitaria de Estados Unidos acordó reclasificar la certificación de Acreditado Modificado a Acreditado Preparatorio hasta en tanto no se lleve a cabo supervisión pospuesta por causa de fuerza mayor”.
Las exportaciones de ganado en pie continuarán, sin embargo, se condiciona que, a partir del próximo 15 de agosto, dicha exportación se realice con la prueba de tuberculina del hato de origen.
El gobierno de Tamaulipas, el Comité de Fomento y Protección Pecuaria del estado y Senasica continuarán realizando acciones y vigilancia para erradicar o mantener baja prevalencia de tuberculosis bovina, por lo que, ante esta modificación, se hará lo conducente para ratificar el estatus zoosanitario de Acreditado Modificado.
En razón de lo anterior, el estado, a través de sus tres Poderes y niveles de gobierno, debe tener una reacción que esté a la altura de las circunstancias, con una visión de corto, mediano y largo plazo, y con una profunda convicción transformadora que apunte al interés público, el crecimiento económico y el bienestar social.
De ahí que se pone a consideración de la honorable Comisión Permanente la presente proposición de urgente u obvia resolución.
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que, de manera inmediata y en coordinación con su homóloga en el estado de Tamaulipas, ejecute las acciones necesarias, a efecto de evitar el cierre de las fronteras estadounidenses al ganado mexicano, así como a los productos cárnicos, garantizando con ello la sostenibilidad del sector y que quienes cumplan con las condiciones zoosanitarias, puedan llevar a cabo intercambios comerciales justos, sin que medie restricción alguna.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Relaciones Exteriores, y de Agricultura y Desarrollo Rural para que, a la brevedad, lleven a cabo los acuerdos a que haya lugar con las autoridades estadounidenses, a efecto de reencausar las relaciones bilaterales y evitar la unilateralidad de las decisiones que puedan resultar en desventaja para el sector ganadero mexicano.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que, de forma coordinada con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realicen una estrategia operativa conjunta que evite la transportación de ganado que ponga en riesgo la condición zoosanitaria de las zonas ganaderas del estado de Tamaulipas, evite la movilización de ganado de zonas en control o erradicación a zonas libre o de escasa prevalencia, así como para que el estado haga valer su poder legal y legítimo ante quienes alteren, reutilicen, proporcionen información falsa o falsifiquen los dispositivos de identificación oficial, constancias o dictámenes emitidos por la autoridad sanitaria para la verificación del ganado y campañas zoosanitarias.
Notas
1 https://www.gob.mx/agricultura/prensa/consolida-mexico-el-septimo-lugar-en-rank ing-mundial-como-productor-de-proteina-animal
2 https://www.tamaulipas.gob.mx/campo/ganaderia/
3 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-ingresa-al-top-10-de-exportador es-agroalimentarios-20190805-0122.html
4 https://www.gob.mx/senasica/prensa/crece-17-6-por-ciento-exportac-ion-de-ganado -bovino-de-mexico-a-estados-unidos
5 https://www.forbes.com.mx/economia-mexico-se-coloca-como-el-segundo-exportador- de-carne-de-res-a-estados-unidos/
Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.– Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 PARA PERSONAS INDIGENTES, NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y la Ssa a implantar una campaña nacional de vacunación contra el covid-19 para indigentes y niños y adolescentes en situación de calle, suscrita por el diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN
El suscrito, diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud federal para que implemente de manera urgente una campaña nacional de vacunación contra covid-19 para personas indigentes, niñas, niños y adolescentes en situación de calle, de acuerdo con los siguientes
Considerandos
La pandemia por la enfermedad de la covid-19 ha sido desde el 2019 una crisis sanitaria que ha impactado en prácticamente todos los rincones del mundo y en todos los ámbitos de la vida; la velocidad y facilidad con la que el virus se transmite ha conllevado a que, a los pocos meses de haberse detectado en Wuhan, China, se encontrara ampliamente esparcido por el mundo.
Es conocido por todos que la pandemia por la enfermedad del covid-19 ha trastocado todos los ámbitos de la vida y ha contribuido a visibilizar la pobreza, la desigualdad y la exclusión social en diferentes escalas.
Siendo las poblaciones callejeras uno de los sectores que se encuentran en pobreza extrema y que padecen una profunda exclusión social, está expuesto a los contagios y a padecer la enfermedad de manera grave por su condición de vivir en la calle, por su habitual estado de salud precario, por su falta de acceso a servicios de salud y otras formas de discriminación y que a pesar de ser un sector sumamente vulnerable y que su condición se reconoce explícitamente en la Constitución de la Ciudad de México, ha recibido poca atención gubernamental.
En México no hay datos claros sobre niños, que viven en la calle. Las últimas cifras disponibles del gobierno capitalino, de 2018, cuentan a 207 menores sobre un total de 6 mil 754 personas sin hogar.
De acuerdo con el último censo de población en situación de calle de la Ciudad de México, que se realizó en 2017, había 6 mil 754 personas en esta condición, de las cuales 87 por ciento son hombres y 82 por ciento tienen entre 18 y 59 años de edad. 1
En un país donde 21 millones de menores viven en la pobreza —y al menos cinco millones no tienen acceso a servicios de salud, según datos señalados por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)— 2 la cifra concreta es anecdótica. Estos menores, expuestos por la marginalidad y la falta de servicios básicos, esperan a su suerte la pandemia del coronavirus, que ha contagiado a 585 personas y dejado ocho muertos.
Si bien hemos vivido la dificultad que enfrentaron los sectores informales para sobrevivir en cuarentena porque desde casa no pueden generar ingresos, poco se ha hablado de las poblaciones callejeras, conjunto de población que se caracteriza por su pobreza extrema y su condición de exclusión social. Hasta ahora existen algunos estudios de los impactos y efectos de la enfermedad de covid-19 en la población que habita en las calles.
Existen referencias de que en países y ciudades como Inglaterra, Singapur, Boston y otras áreas metropolitanas de Estados Unidos de América (EUA) y Canadá se ha destacado la alta vulnerabilidad ante la enfermedad que presenta este sector de población debido a varios motivos, entre ellos la frecuencia de comorbilidades que la mayoría suele padecer y el estado precario de salud, a su estancia en albergues (a veces hacinados), a su permanencia en las calles y a su falta de acceso a la higiene.
Para el caso de la Ciudad de México, Ruiz (2020), 3 señala que a pesar de que la población de la calle está en alto riesgo de contagio, para este caso en particular, durante los primeros meses de cuarentena no se presentó la cantidad de contagios esperados.
Se consideran personas en situación de calle las que no disponen “de un lugar fijo, regular y adecuado” donde pernoctar y recurren a albergues dirigidos por instituciones públicas o privadas que brindan albergue temporal o casa de asistencia, tratándose de personas que por estar en una condición de gran precariedad, usan el espacio público de manera intensiva; en las calles, camellones, parques, plazas y mercados, edificaciones y vehículos abandonados y en mal estado, acontece su vida, a diferencia de la población que dispone de una vivienda para sus actividades y prácticas privadas.
La población de la calle es heterogénea, como se mencionó, algunos pernoctan en albergues y casas de asistencia, mientras que otros territorializan pequeños espacios públicos, y pernoctan bajo cualquier estructura física que proporcione cierto cobijo, aunque no necesariamente proporcione paz ni seguridad. Entre los habitantes de las calles hay hombres y mujeres, niños, niñas, adolescentes y adultos, incluso de la tercera edad y hasta familias completas.
Adicionalmente hay que destacar que México es un país de origen, tránsito y de retorno de migrantes, lo cual representa grandes desafíos para la garantía de derechos de la niñez. El aumento de niños migrantes en México ha crecido espectacularmente desde el inicio del año 2021 pasando de 380 a casi 3500 en tres meses, un incremento nueve veces superior, informó este martes el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia durante una sesión informativa sobre la situación humanitaria en El Salvador, Guatemala y Honduras. UNICEF destaca que en muchos albergues mexicanos los niños, niñas y adolescentes representan al menos 30 por ciento de la población migrante. La mitad de ellos han viajado sin sus padres, lo que supone la mayor proporción jamás registrada en México. 4
El 20 de marzo de 2020 se decretó la cuarentena en la Ciudad de México por la enfermedad covid-19, ocasionada por el virus SAR-CoV-2. La emergencia sanitaria fue catalogada como crisis humanitaria, ha sido un parteaguas para todos los ámbitos de la vida debido a sus impactos en la salud física y mental (ansiedad, depresión, insomnio, incremento en los vicios) de amplios sectores de población, por el aumento en la violencia doméstica, la caída de los ingresos en las familias, la recesión económica en los países (para el caso de México se calcula que ha sido de 8.3 por ciento), entre otros.
La pandemia ha implicado cambios en los hábitos de la población en general por la adopción de una serie de medidas como el uso del cubre bocas y la intensificación de prácticas de higiene y ha conllevado a modificaciones en las geograficidades, es decir en las dinámicas espaciales y en las formas de relación con el espacio material de la vida cotidiana, como el aislamiento social y la sana distancia.
De las medidas para hacer frente a la pandemia, dictadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y recomendadas en México, el aislamiento social o política de confinamiento se convirtió en el antídoto por excelencia para evitar el contagio y la consiguiente propagación del coronavirus en todo el mundo.
Como lo señala (Zamarrón, 2020), 5 el gobierno central y las alcaldías de la Ciudad de México anunciaron 61 programas con un presupuesto de 4 mil millones de pesos para la población más vulnerable, centrados en apoyos a microempresas, en personas que ya son beneficiarias de otros programas sociales, en estudiantes, en desempleados y en comerciantes informales, sin embargo, los habitantes de la calle no están incluidos en ninguno de ellos a pesar de que la indigencia es uno de los grandes desastres sociales que pone en evidencia la falla de las instituciones encargadas de la protección de la población: de las encargadas de la protección de los niños y de las familias, de la salud y adicciones, de la educación, vivienda, seguridad social y en general de las de derechos humanos.
Los que llevaron a cabo algunas acciones de ayuda fueron emprendidas por asociaciones civiles como El Caracol (distribución de gel antibacteriano, cubre bocas, folletos de información). Esto evidencia la discriminación institucional que padecen personas sin hogar, a pesar de que en la Constitución de la Ciudad de México (2017) hay artículos que hablan de la protección de la población más vulnerable, como el artículo 11o. que
“Reconoce explícitamente a las poblaciones callejeras: Esta Constitución protege a las personas que habitan y sobreviven en las calles. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar todos sus derechos, impidiéndose acciones de reclusión, desplazamiento forzado, tratamiento de rehabilitación, internamiento en instituciones o cualquier otra, sin su autorización. Se implementarán medidas destinadas a superar su situación de calle”
Otros artículos de la Constitución también los protegen: el 3o. sobre la erradicación de la pobreza, el 4o. sobre la erradicación de la desigualdad, el 9o. sobre el derecho a la vida digna, al cuidado, a la alimentación y nutrición, a la salud, a la vivienda, al agua; el 10o. al trabajo y el 12o., el derecho a la ciudad, por mencionar algunos. En este contexto cabe preguntarse si la población callejera tendrá acceso a la vacuna contra la covid-19 y en qué condiciones, pues, aunque el director Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), Ruy López Ridaura, dijo que sí tendrán acceso, mucha población de la calle no cuenta con documentos de identificación y comprobantes que acrediten un domicilio fijo, requisitos que se piden para acceder a la vacuna y mucho menos acceso a la web para registrarse.
Uno de los casos documentados es el presentado por parte del coordinador general del Cesepco del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, en rueda de prensa José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, informó que desde hace varios meses envió un escrito a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Salud de México, planteando sobre la vacunación a personas en situación de calle. Les contestaron con varios puntos que en la estrategia de vacunación sí estaban contemplados, en los criterios para vacunarlos estaban en blanco por lo que emitió una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El 26 de noviembre de 2021, la OMS, siguiendo el consejo del Grupo Consultivo Técnico sobre la Evolución del Virus SARS-CoV-2- en inglés, clasificó la variante B.1.1.529 de este virus como variante preocupante. Además, decidió denominarla con la letra griega ómicron. La decisión de considerar preocupante esta variante se basó en la evidencia presentada al Grupo Consultivo Técnico, que indica que presenta varias mutaciones que podrían afectar a las características del virus, por ejemplo, la facilidad para propagarse o la gravedad de los síntomas que causa.
Por su parte el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la variante ómicron de la covid-19 se extiende a un ritmo sin precedentes y ya tiene presencia en 77 países, lo que hace más preocupante la transmisión del virus de manera más rápida a nivel nacional, por lo que un sector con altas probabilidades de contagiar o ser contagiados son las personas en situación de calle.
Por lo que la intención del presente documento es considerar además de indigentes, niñas y niños, a los adolescentes en situación de calle, toda vez que son un grupo de población que no ha sido vacunado, ya que los menores de 12 años todavía el gobierno mexicano no los considera, y tendrían mayor probabilidad de ser vacunados.
Lo anterior se vuelve aún más imperativo ante el reto que representa la Agenda 2030, con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), suscritos por México. Al sumarse a esa Agenda, el país ha aceptado “reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres, niñas y niños de todas las edades que viven en pobreza en todas sus dimensiones”, y ha asumido claros compromisos como poner fin a todas formas de malnutrición; garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad; eliminar el matrimonio infantil; lograr la igualdad entre los sexos y empoderar las mujeres y las niñas; reducir las desigualdades; y, poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos el presente instrumento parlamentario, a consideración de esta soberanía, con los siguientes resolutivos
Puntos de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud federal a implementar de manera urgente un plan de vacunación nacional contra covid-19 para personas indigentes, niñas, niños y a adolescentes en situación de calle.
Notas
1 http://ciencia.unam.mx/leer/1080/coronavirus-personas-en-situacion-de-calle-y-c ovid-19
2 https://www.unicef.org/mexico/media/306/file/agenda por ciento20de por ciento20la por ciento20infancia por ciento20y por ciento20la por ciento20adolescencia por ciento202019-2024.pdf
3 Ruiz, A. (2020). En la calle no hay cuarentena. Lecciones de la pandemia que visibilizó a las personas en situación de calle. Las ciencias sociales y el coronavirus (pp. 163-183). México: Publicaciones COMECSO. Recuperado de
<https://www.comecso.com/wp-content/uploads/2020/10/Covid-11- Ruiz. pdf>. 27/02/2021.
4 https://news.un.org/es/story/2021/04/1491052
5 Zamarrón, Israel. (24 de mayo de 2020). De 61 programas por covid-19 en CDMX, ninguno es para indigentes. El Sol de México. Recuperado de 22/03/2021
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 12 de enero de 2022.– Diputado Ricardo Villarreal García (rubrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
SE EVALÚE LA VIABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNITARIO EN MONTERREY
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de NL a evaluar la viabilidad de construir un centro comunitario en Monterrey, suscrita por la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Marcela Guerra Castillo, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno de Nuevo León para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, evalúe la viabilidad de la construcción de un centro comunitario en el municipio de Monterrey, Nuevo León, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Desde las primeras clases de trabajo social impartidas en las universidades de los Estados Unidos de América en el siglo XIX a lo que representa hoy en día, este se ha constituido como una profesión para promover los deberes básicos de la sociedad como el cambio, el desarrollo social, el fortalecimiento y la liberación de las personas.
Esta disciplina y tarea común, observa principios fundamentales como la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad.
Del trabajo social emanan diversos grupos, lugares y asociaciones que realizan diversas actividades, sin embargo, siempre buscan los mismos objetivos.
Una categoría de estas actividades es el servicio comunitario, el cual y busca atender las necesidades y resolver las contingencias que suceden en la comunidad.
“Por lo general, estas actividades son desarrolladas por estudiantes que cursan carreras profesionales. Pues, logran aplicar los conocimientos que han desarrollado durante su formación, con la intención de cooperar y alcanzar el bienestar social en las zonas rurales.
Las comunidades en las que cumplen con estas actividades tienen una particularidad, y es que requieren de esta ayuda debido a incapacidades o desventajas de las que sufren las personas que la conforman”. 1
Además de los beneficios a la comunidad, estos servicios concientizan a sus participantes sobre su importancia y el papel que desempeñan en la sociedad e integran a los ciudadanos a la vida comunitaria. También contribuye a la formación social y cultural, a través de actividades y experiencias que desarrollan los valores en los participantes.
Asimismo, los trabajos en servicio de la comunidad brindan entre otros beneficios, el fortalecimiento a la estructura social y familiar, y principios como el de responsabilidad, pertenencia, satisfacción personal y social, y habilidades para la vida en sociedad.
Estas actividades no representan una competencia o contrariedad para las tareas, trabajos, obligaciones y servicios que realiza el Estado, sino son auxiliares y complementarias para el bienestar de la sociedad, por lo que tienen gran relevancia para el desarrollo y la relación existente Estado — población, así como para el cumplimiento de objetivos que comparten ambos.
Para que estas actividades puedan ser realizadas, el Estado debe proveer de espacios, recursos e infraestructura y asegurar un entorno adecuado para que se cumplan con los propósitos de las actividades como de los centros.
Para ilustrar, podemos mencionar a los centros comunitarios, que son inmuebles y espacios diseñados para realizar actividades educativas, culturales, deportivas y sociales, para el beneficio de la sociedad. Las áreas pueden comprender bibliotecas, salones de lectura, comedores populares, gimnasios, canchas para realizar deportes, salones para impartir talleres, entre otras.
Otro ejemplo de los beneficios que brindan estos espacios son los 394 comedores comunitarios existentes a inicios de 2021 en la Ciudad de México, los cuales repartían entre 65 y 70 mil comidas diarias y cuya demanda aumenta cada vez más. 2 Estos brindan comida a un costo muy bajo o nulo; brindando al menos una comida a quienes no pueden asegurarla.
Diversos medios refieren que, en noviembre del año pasado, el gobernador Samuel García prometió una inversión de 56 millones para la reactivación y rehabilitación de 40 centros comunitarios en el estado. Asimismo, la titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión del estado refirió que: “Son centros de convivencia, centros de diálogo, en donde realmente buscamos reconstruir el tejido social para lograr que Nuevo León sea el mejor lugar para nacer, para crecer, para educarse y para vivir”. 3
En mayo del año pasado, Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, presentó propuestas para la creación de dos centros comunitarios y de salud en el municipio, estos con una inversión de 160 millones de pesos; sosteniendo que “Este tipo de proyectos son para atacar de raíz problemas de inseguridad, de desigualdad, de injusticia.. porque a la inseguridad se le ataca con oportunidades” 4
Nuestro trabajo como legisladores es apoyar con trabajo y acciones para el bienestar y desarrollo de la sociedad a la que representamos; en este sentido, es importante apoyar propuestas como la de los vecinos de la colonia Tanques de Guadalupe, en Monterrey, que buscan crear un centro comunitario en las instalaciones de un comedor inaugurado en el 2017, que se encuentra actualmente en estado de abandono.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Nuevo León para que, en el ámbito de sus atribuciones, evalúe la viabilidad de la construcción de un centro comunitario en el predio ubicado en la colonia Tanques de Guadalupe, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno municipal de Monterrey para que implemente los mecanismos a que haya lugar a fin de asegurar la utilización del predio ubicado en la colonia Tanques de Guadalupe, para su uso como centro comunitario.
Notas
1 Euroinnova. (s.f.). ¿Qué son los servicios comunitarios?. 6 de enero de 2021., de Euroinnova Sitio web:
https://www.euroinnova.edu.es/blog/que-son-los-servicios-comunit arios/amp
2 Efrén Argüelles. (2021). Aumenta 30% demanda de comedores comunitarios en CDMX. 6 de enero de 2021, de Excélsior Sitio web:
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/aumenta-30-demanda-de-com edores-comunitarios-en-cdmx/1431595
3 Rosalinda Tovar. (2021). Anuncia Samuel inversión para reactivar centros comunitarios. 7 de enero de 2021, de El horizonte Sitio web:
https://www.elhorizonte.mx/gobernador-samuel-garcia/anuncia-samu el-inversion-para-reactivar-centros-comunitarios/4053596
4 Notired.mx. (2021). Proyecta Colosio dos centros comunitarios y de salud. 6 de enero de 2021, de Notired.mx Sitio web:
https://www.notired.mx/nota.pl?id=1458
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.– Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD, A SEGUIR MANTENIENDO LOS PROTOCOLOS SANITARIOS ANTE EL AUMENTO DE CASOS POR LA NUEVA VARIANTE DEL COVID-19
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a seguir manteniendo los protocolos sanitarios dado el aumento de casos por la nueva variante del Covid-19, suscrita por el senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, senador de la República Ricardo Velázquez Meza, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La identificación de una nueva variante del SARS-CoV-2 en Sudáfrica, caracterizada por un gran número de mutaciones (55 en todo el genoma, 32 en la proteína S o espícula) y el aumento vertiginoso de su incidencia relativa en esa población ha disparado una vez más las alertas a escala mundial. 1
Varios países han cerrado el tráfico aéreo con Sudáfrica y hay expertos que indican que es “la variante más preocupante que hemos visto hasta la fecha”. La OMS la ha elevado a la categoría de “variante preocupante” y la ha designado con la letra griega ómicron.
Los médicos de Sudáfrica han observado hasta ahora que los pacientes con la variante del coronavirus ómicron son más jóvenes y presentan casos más leves, y los que están hospitalizados no están vacunados en su mayoría. 2
Afortunadamente, México fue uno de los primeros quince países con acceso a vacunas contra el covid-19 y uno de los cinco que han transparentado la información de los contratos para la compra de las mismas. 3 La campaña de vacunación avanza a un ritmo cada vez más veloz en México, al tiempo que los laboratorios internacionales cumplen en tiempo y forma con los contratos previamente firmados, lo que permite que más población esté protegida. En nuestro país se aplican cinco tipos de fármacos contra la covid-19, como lo son: Pfizer y BioNTech (dos dosis), Oxford-AstraZeneca (dos dosis), Sputnik V (dos dosis), Sinovac (dos dosis) y CanSino (una dosis).
Hasta el 16 de diciembre de este año, el Sector Salud tiene un registro de dosis de las distintas vacunas contra la covid-19 a personal médico, adultos mayores (60 años o más), personal educativo, mujeres embarazadas, y personas mayores de 18 años . En total, el 50,4% de la población han recibido la vacuna. 4
Las vacunas han sido una de las herramientas de la medicina que más vidas ha salvado a lo largo de la historia. El objetivo de las vacunas contra el SARS CoV-2 es generar una respuesta inmunológica que produzca anticuerpos capaces de neutralizar al virus, así como generar una respuesta de memoria en la inmunidad celular, es decir, que el sistema inmune reconozca al virus en el caso de exponerse al mismo y se genere una rápida respuesta para evitar que el virus invada y produzca la enfermedad.
Sin embargo, las señales de alerta se han disparado debido al rápido aumento de casos detectados en Sudáfrica con esta variante. No es extraño que una nueva variante se detecte en este país, uno de los que tiene mejor sistema de vigilancia genómica del SARSCoV-2.
Asimismo, es necesario seguir retomando las mismas herramientas: vacunar, usar mascarillas, mantener distancias, ventilar los recintos cerrados, es decir, reducir al máximo la exposición y circulación del virus, aumentar la población inmunizada en todos los países del planeta, limitando las oportunidades de que aparezcan nuevas mutaciones en el virus.
El gobierno mexicano ha demostrado su interés y compromiso con la sociedad mexicana al dar soluciones de manera efectiva y rápida, lo cual ha llevado a implementar nuevas medidas sanitarias, reiterando a la sociedad mexicana la necesidad e importancia de vacunarse. Es necesario , a pesar de estar vacunados seguir con las medidas adecuadas impuestas por nuestras autoridades mexicanas, seamos solidarios con los demás, seamos solidarios con México seamos solidarios con el resto del mundo, por nosotros por nuestros seres queridos, por los que perdieron la batalla contra el covid-19, por todo eso y más vacunémonos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito, senador del Grupo Parlamentario de Morena, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a seguir manteniendo los protocolos de sanidad ante el aumento de casos por la nueva variante del covid-19.
Notas
1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-59459009. Consultado el 16 de diciembre del 2021
2 https://cnnespanol.cnn.com/2021/12/01/minuto-a-minuto-variante-omicron-orix Consultado el 16 de diciembre del 2021
3 https://www.jornada.eom.mx/notas/2021/05/24/politica/mexico-uno-de-los-primeros -paises-con-acceso-avacunas-ebrard/. Consultado el 9 de noviembre del 2021
4 https://datosmacro.expansion.com/otros/coronavirus-vacuna/mexico. Consultado el 9 de noviembre del 2021
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, Ciudad de México, a los doce días del mes de enero del año dos mil veintidós.– Senador Ricardo Velázquez Meza (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
SE REFUERCEN LAS ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD PROPUESTAS POR EL EJECUTIVO DE NUEVO LEÓN
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas instituciones de seguridad a intervenir y reforzar las estrategias en la materia propuestas por el gobernador de NL, suscrita por el diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
De acuerdo con el semáforo delictivo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, los robos a casa, robos a persona, el robo de autos, cristalazos, la violencia familiar, lesiones y las violaciones incrementaron durante el último bimestre del año anterior, mientras que solo los robos a negocios, robos a bancos y los homicidios presentaron reducciones en sus índices.
En números, los delitos totales que se registraron durante noviembre de 2021 sumaron un total de 3 mil 453, lo que representa un incremento del 7.5 por ciento respecto al mes de octubre del mismo año, y un incremento del 1.11 por ciento respecto al mismo mes del año 2020.
De forma más precisa en materia de delitos cometidos durante octubre y noviembre del año anterior, los principales resultados son:
-Se cometieron 129 homicidios dolosos;
-Se reportaron 762 robos simples;
-Se presentaron 18 denuncias por estupro;
-Se denunciaron 527 robos a casa habitación;
-404 robos a personas;
-Se presentaron 639 robos de vehículos; y
-Se cometieron 322 robos a negocios.
Diversos especialistas señalan que distintos indicadores muestran un cierto grado de sesgo, haciendo referencia a que mientras algunos tipos de delitos disminuyen, la percepción de inseguridad aumenta entre la sociedad.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), los niveles de inseguridad que se tienen se asemejan a la situación de inseguridad que presentó el estado hace 10 años donde tanto en 2012 como en 2021 las condiciones son similares.
Datos del Secretariado Ejecutivo del SNSP señalan que de enero a noviembre de 2021 Nuevo León registró un total de 85 mil 500 casos de delitos, superando con esto a entidades como el estado de México, la Ciudad de México, Guanajuato y Jalisco, por mencionar algunos.
Los datos anteriores revelan el grado de inseguridad que actualmente enfrenta el estado, sin embargo, este fenómeno revela que mientras algunos delitos simples están a la baja, otros tipos de delitos están asociados mayormente al crimen organizado lo que provoca que aumente la inseguridad en la entidad.
De esto último, en conferencia del 7 de enero de este año el actual gobernador de la entidad y con información de la Fiscalía del estado, se informó que en los primeros 6 días del 2022 se registraron 23 homicidios, cifra superior al mismo periodo de 2021 con 14 homicidios.
En esta misma conferencia, el fiscal del estado señaló que la ola de violencia que se vive en la entidad es a causa de las rivalidades que existen entre personas del crimen organizado que buscan controlar la venta y el consumo de drogas, lo cual ha provocado que la ciudadanía sufra a consecuencia de estos enfrentamientos.
No omitimos señalar que, el propio gobernador anunció en el pasado reciente la aplicación de nuevas estrategias y acciones para combatir la inseguridad, así como una inversión de poco más de 1.5 mil millones de pesos que se destinarán para renovar y reforzar las corporaciones de seguridad civil estatal y con ello buscar reducir los índices de inseguridad en el estado.
Adicional a lo que señaló el CNSP, este Consejo refiere que las propuestas del Ejecutivo del estado en materia de seguridad son funcionales y representan una gran oportunidad para Nuevo León para reducir los índices de violencia, pues establecen una mayor intervención federal
Por lo anterior, es necesario que desde los espacios de acción del ámbito federal como lo es el Congreso de la Unión, se haga un llamado a las autoridades del Ejecutivo de este nivel en materia de seguridad para sumarse a las estrategias estatales y locales que ayuden a minimizar los índices de inseguridad al tratarse mayormente de delitos asociados al crimen organizado.
Tanto el gobernador como quienes representamos a la ciudadanía del estado de Nuevo León nos pronunciamos preocupados por la situación de seguridad en la que se encuentra nuestra entidad, razón por la cual es necesaria la presencia de las instituciones de seguridad de nivel federal para fortalecer las acciones en esta materia.
Al tratarse de delitos de un nivel y clasificación superior se requiere de la presencia e intervención de las instituciones de seguridad del nivel federal que coadyuven en reducción y combate a la inseguridad en la entidad.
Nuevo León necesita recuperar la seguridad y la confianza de su población, debemos ofrecer a las entidades de nuestro país las herramientas suficientes para atender las necesidades esenciales que se requieren para mejorar la calidad de vida y abonar al desarrollo regional.
Esto es primordial para lograr el desarrollo óptimo de nuestro estado, pues de esto se dependen la creación de nuevas oportunidades de crecimiento que se traducen en más y mejores beneficios para el bienestar común.
El desarrollo de nuevos negocios, la atracción de inversión nacional y extranjera, la creación de nuevas fuentes de empleo o simplemente llevar una vida en paz, de eso depende el grado de seguridad que se provea en el estado, mientras más débil sean las instituciones de seguridad, más difícil será lograr todo lo anterior.
Nuevo León, al igual que muchas entidades de México, requiere más allá de una coordinación, se requiere de la presencia e intervención estratégica del ámbito federal, para que en colaboración con las instituciones del estado coadyuven en la creación de soluciones efectivas para atender la situación de violencia e inseguridad que se vive en nuestro estado, las diferencias ideológicas o políticas deben superarse o simplemente dejarlas en un segundo plano y se debe dar prioridad y relevancia el bienestar de las y los nuevoleoneses que lo necesitan más que nunca.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las instituciones de seguridad del Ejecutivo federal, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias, intervengan y refuercen las estrategias y mecanismos de protección, vigilancia y seguridad propuestas por el Ejecutivo del estado de Nuevo León.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente delCongreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.– Diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez (rúbrica).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
SE GARANTICE EL TRABAJO DIGNO DE LAS Y LOS PROFESORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS (PRONI)
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y sus homólogas locales a garantizar el trabajo digno de los profesores del Proni, suscrita por la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Olga Juliana Elizondo Guerra, diputada del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputadas y Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
A partir de la década de los 80, una gran cantidad de países permitieron que los bienes, servicios, capitales y datos digitales atravesaran sus fronteras. La globalización de los mercados y las nuevas tecnologías obligaron a transformar la manera en la que interactuamos y nos comunicamos los seres humanos. El idioma, el transporte, el dinero y la tecnología se convirtieron en parte fundamental de la nueva era de las tecnologías de la información y la comunicación. Por su parte, el idioma, se posicionó como uno de los pilares fundamentales en la consolidación de la nueva época tecnológica: herramienta que permitió concretar transacciones financieras, científicas y educativas que aceleraron el avance por la conquista de nuevos horizontes.
La internacionalización productiva ha dejado en claro la importancia de las lenguas extranjeras en nuestra vida cotidiana, sobre todo del inglés, que se ha convertido en una de las lenguas con mayor uso en el mundo. Tan sólo en nuestro país se ha potenciado el aprendizaje de las lenguas extranjeras en las escuelas, tanto por la edad temprana en la que se comienza a practicar una lengua que no sea la materna, así como por la actualización de los planes de estudio, mismos que han aumentado considerablemente las horas destinadas a esta asignatura.
Por ello, el aprendizaje de un nuevo idioma se ha convertido en una necesidad, no solo de ciertos sectores de la sociedad, sino, en general, de cualquier persona que aspire a mejorar su nivel de vida. En este orden de ideas, los centros escolares y sus docentes están obligados a preparar a sus alumnos de manera que, comprendan, analicen y resuelvan las problemáticas presentadas a través de los conocimientos obtenidos durante el ciclo escolar.
El sistema educativo en México no sólo ha sufrido transformaciones y reformas en sus planes y programas de estudio, sino también en materia laboral. La mal llamada “reforma educativa” devastó la gratuidad y el acceso universal a la educación. Se optó por abandonar las escuelas públicas en sus diferentes niveles educativos y otorgar mayor poder a las escuelas privadas. Se emprendió una dura lucha en contra de las escuelas normales, pero, en general, se precarizaron las condiciones de trabajo como la estabilidad laboral (basificación), el salario, la seguridad social, las vacaciones pagadas y regirse bajo un contrato colectivo de trabajo; en pocas palabras, se violentaron los derechos laborales de las y los profesores, principalmente los que corresponden a la asignatura de inglés, incluso desde el momento en el que se les denominó “asesores externos especializados”.
El Programa Nacional de inglés, también conocido como Proni, se implementó por primera vez en el año 2009 a cargo de la Secretaría de Educación Pública, y su principal objetivo se centró en asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica, mediante el fortalecimiento de los procesos de enseñanzas y aprendizajes de una lengua extranjera (inglés) en las escuelas públicas, como un componente para el logro de la educación de excelencia, pertinente y relevante. La importancia del programa es tal, que incluso el Plan Sectorial de Educación 2020-2024, 1 lo mantiene como uno de sus pilares fundamentales en la impartición educativa.
Las y los profesores de inglés se han convertido en parte fundamental de la consolidación de la nueva escuela mexicana; sin embargo, no han sido valorados de acuerdo con la función que desempeñan. Para muestra un botón. Las y los docentes que imparten la asignatura de inglés, durante más de una década han sufrido de contratos laborales de 3 meses que les impiden acceder a un aguinaldo, vacaciones pagadas, prima vacacional, licencia de maternidad o lactancia, prima de antigüedad o prestaciones de seguridad social, como salud y vivienda, entre otros. Situación que a todas luces es violatoria de los derechos establecidos en el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las y los integrantes del Proni tampoco tienen derecho a un sistema de capacitación, formación y actualización que permita fortalecer el desarrollo y superación profesional, así como carecen de un nombramiento expedido por la autoridad, a fin de ser considerados como trabajadores al servicio del Estado de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo.
Cabe destacar que, la basificación de profesores, únicamente se ha consolidado en entidades como Ciudad de México, Baja California y Tamaulipas. Así como recientemente se han otorgado algunas bases en otras entidades del país como Colima y Aguascalientes. Se calcula que en todo el país existen cerca de 8 mil profesores de inglés que aún trabajan amparados bajo un contrato que les niega el acceso a los derechos laborales más fundamentales.
Lo anterior, aun cuando el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, prevé:
“ Artículo 23.
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”.
Por su parte, la ley fundamental establece que:
“ Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
A). ...
I. a VI. ...
Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.
...
VII a XII. ...
XIII. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación”.
Asimismo la Ley Federal del Trabajo establece que:
“ Artículo 2o. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.
Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.”
Por lo anteriormente fundamentado, resulta de vital importancia garantizar el derecho de las y los mexicanos a un empleo digno y bien remunerado que asegure condiciones dignas y decorosas para sus familias. De ahí que, es menester de las autoridades correspondientes, la construcción de políticas públicas que fortalezcan la protección de las prerrogativas fundamentales de las y los trabajadores.
Como legisladores, es nuestro deber promover y garantizar el irrestricto respeto a las legislaciones nacionales e internacionales; de tal modo que, estas acciones permitan alcanzar el bienestar social a través del mejoramiento de las condiciones laborales de las y los trabajadores al servicio del Estado, adoptando medidas hasta el máximo de los recursos disponibles, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, en particular a través de la adopción de medidas legislativas, administrativas o de otra naturaleza, la plena efectividad de estos derechos, evitando tomar medidas regresivas.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de este pleno, el presente punto de acuerdo que tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas, para que, en el ámbito de sus atribuciones, protejan y garanticen el bienestar de las y los profesores integrantes del Programa Nacional de Inglés.
En razón de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública federal y a sus homólogas en las entidades federativas para que garanticen el trabajo digno de las profesoras y los profesores integrantes del Programa Nacional de Inglés; así como para que, de acuerdo a la capacidad presupuestaria de cada ente público, analicen y, en su caso, firmen con el personal docente que imparte dicha materia un contrato laboral que les garantice su base, salario justo y la protección de todos sus derechos laborales y a la seguridad social.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública Federal y a sus homólogas en las entidades federativas, con la finalidad de que formen mesas de trabajo con las profesoras y los profesores de la asignatura de inglés, para analizar, y en su caso, modificar las reglas de operación del programa, a efecto de establecer los días de pago salarial, el tiempo por el que desempeñaran sus funciones y que la federación sea directamente el operador del programa y no así las entidades federativas.
Nota
1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/562380/Programa_ Sectorial_de_Educaci_n_2020-2024.pdf
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.– Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
ACCIONES PERTINENTES PARA LA ADQUISICIÓN DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19, Y SU APLICACIÓN A LOS MENORES DE 5 A 15 AÑOS
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a realizar las acciones encaminadas a adquirir vacunas contra el covid-19 y aplicarlas a los menores de entre 5 y 15 años, suscrita por la diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, diputada federal Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; y, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaria de Salud a realizar las acciones pertinentes para la adquisición de vacunas contra covid-19 y su aplicación a los menores de edad de 5 a 15 años, e implementar las acciones necesarias para que sea aplicado un nuevo esquema de vacunación a todos los docentes del país, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
El artículo 4o. constitucional, en su párrafo tercero, establece que:
“Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.”
El artículo 4o. constitucional, en su párrafo octavo, establece que:
“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 2, párrafos segundo y tercero, establece que:
“El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte.”
“Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales.”
La Convención sobre los Derechos del Niño de la cual México forma parte señala, en su artículo 24, en su apartado 1, que:
“Los Estados Parte reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Parte se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios”.
Actualmente, en nuestro país, contamos con un poco mas de 21 millones de menores de edad que están dentro del rango de edad de 5 a 15 años, los cuales representan el 16.6 por ciento del total de la población. 1
El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades del gobierno de los Estados Unidos recomienda que todas las personas de 5 años o más se vacunen contra el covid-19 para ayudar a protegerse. La vacunación generalizada contra el covid-19 es una herramienta fundamental para proteger a todas las personas, en especial aquellas con mayor riesgo de enfermarse gravemente y morir, las personas que están totalmente vacunadas pueden reanudar de manera segura muchas de las actividades que hacían antes de la pandemia. Los niños de 5 años o más pueden recibir una dosis adecuada para su edad de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer-BioNTech. 2
El día 29 de octubre del año en curso, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EU (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer-BioNTech para la prevención del covid-19, para incluir a niños de 5 a 11 años. La autorización se basó en la evaluación exhaustiva y transparente de la FDA de los datos que incluyó aportes de expertos del comité asesor independiente que votaron contundentemente a favor de poner la vacuna a disposición de los niños en este grupo de edad.
Información importante para los padres y cuidadores:
-Eficacia: las respuestas inmunitarias de los niños de 5 a 11 años fueron comparables a las de las personas de 16 a 25 años. En ese estudio, la vacuna tuvo un 90.7 por ciento de efectividad en la prevención del covid-19 en niños de 5 a 11 años.
-Seguridad: la seguridad de la vacuna se estudió en aproximadamente 3,100 niños de 5 a 11 años que recibieron la vacuna y no se han detectado efectos secundarios graves en el estudio que sigue en curso. 3
En el tema de los docentes, actualmente en nuestro país, contamos aproximadamente con un 1 millón 200 mil personas ocupadas como docentes en educación básica, los cuales representan casi el 1 por ciento del total de la población. 4
El día 16 de abril del año en curso, las autoridades del gobierno federal anunciaron la aplicación de la dosis de la vacuna Cansino, a los docentes de la República Mexicana dentro del Plan Nacional de Vacunación, con el objetivo de regresar a clases presenciales lo antes posible. 5
En el mes de agosto del presente año, la farmacéutica CanSino Biologics, le hizo entrega a la Cofepris, de información que señala que una segunda dosis de su vacuna contra el covid-19 es necesaria, ya que asegura que a seis meses de la primera aplicación el nivel de eficacia baja, aun 70 por ciento. 6
Tomando en cuenta que en el sistema educativo de nuestro país contamos con un poco más de 20 millones de alumnos y en el caso de algunos docentes cuentan con doble jornada de trabajo, por lo que son claramente sobreexpuestos a un mayor número de contacto y por ende a mayor probabilidad de poder contagiarse del virus del covid-19. 7
Con el retorno a las aulas presenciales y buscando lograr el regreso a clases al 100 por ciento, 8 resulta necesario la aplicación de un nuevo biológico que sirva como refuerzo y que brinde seguridad sanitaria a los docentes y que se realice la emisión de un nuevo certificado avalado por la autoridad y dé seguridad de los padres de familia de que el maestro al frente del grupo, donde acude a clases su hijo, está vacunado.
la vacuna CanSino no es reconocida en diversos países, lo que dificulta a los maestros viajar por motivos profesionales, familiares, de salud o personales. Aunado a que no se cuenta con un certificado que garantice que ya fueron inoculados.
La Sala de Situación en Salud por covid-19 del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la UdeG e investigadores de ese plantel recomiendan a las autoridades aplicar una segunda dosis de la vacuna de origen chino CanSino para aumentar las tasas de inmunización de los docentes y personas que han recibido este biológico, preferentemente entre quienes no se han contagiado de la enfermedad.
Con base en un estudio realizado a personal académico de esta casa de estudio, que fueron vacunados en abril y mayo pasados, los especialistas indicaron que recibir una segunda dosis ayudaría a incrementar la protección a niveles óptimos, tanto para quienes no se han contagiado como para quienes ya padecieron esta afección.
Punto de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que realice las acciones pertinentes para la adquisición de vacunas contra el covid-19, y su aplicación a los menores de edad de 5 a 15 años.
Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud del gobierno federal a implementar las acciones necesarias para que sea aplicado un nuevo esquema de vacunación y aumentar la tasa de inmunización de los docentes del país.
Notas
1 https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/
2 https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommenda-tions/childre n-teens.html
3 https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/la-fda-auto-riza-vacuna-con tra-el-covid-19-de-pfizer-biontech-para-uso-de-emergencia-en-ninos-de-5-11
4 https://mty.telediario.mx/local/nl-hay-48-mil-671-maestros-de-educa-cion-basica
5 https://www.capital21.cdmx.gob.mx/noticias/?p=18421
6 https://www.xataka.com.mx/medicina-y-salud/mexico-tendra-segunda-dosis-vacuna-c ansino-covid-solo-oms-recomienda-asegura-presidente-lopez-obrador
7 https://politica.expansion.mx/mexico/2021/11/11/estados-preparan-el-retorno-100 -presencial-a-las-escuelas
8 https://www.udg.mx/es/noticia/recomienda-udeg-aplicar-segunda-do-sis-de-vacuna- cansino-docentes
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.– Diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
EXHORTO A LA CONADE, A IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA CONTINUIDAD DEL OTORGAMIENTO DE BECAS ECONÓMICAS Y ACADÉMICAS PARA LOS ATLETAS
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conade a implantar acciones dirigidas a la continuidad de becas económicas y académicas para los atletas, a cargo del diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado Manuel Rodríguez González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXV Legislatura, con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a implementar acciones para la continuidad del otorgamiento de becas económicas y académicas para los atletas, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La actividad física y el deporte son prioridad fundamental para cimentar sociedades con ciudadanos íntegros, el deporte es una de las expresiones culturales que más relacionan a los seres humanos. Resulta una actividad de recreación no solo para quienes participan sino también para las y los espectadores lo que provoca la necesidad de relacionarse dejando de lado diferencia de razas, clases sociales o cualquier otra división, ya que la actividad física en general estimula la búsqueda del bien común.
La educación y continuidad de la preparación escolar no se debe posponer o dejar de lado cuando se practica algún deporte y más aún cuando se trata de un deporte de alto rendimiento en el que se realizan torneos y/o competencias a nivel local, nivel nacional o internacional, actividad deportiva que a futuro se traduce en una carrera de doble éxito de realización como deportista y también como posible técnico especializado o profesionista.
La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte ha efectuado un programa de becas con apoyo económico con el fin de beneficiar a todos aquellos atletas que desarrollan un alto rendimiento, además de resultados sobresalientes tanto a nivel nacional como internacional, cuyo objetivo primordial del programa de becas es el de brindar apoyo económico a todos aquellos atletas que tengan un mayor desempeño en las disciplinas integradas en el ciclo olímpico, en base a los resultados deportivos alcanzados a nivel nacional como internacional.
Sin duda alguna dicho programa de becas por parte de la Conade es un estímulo para nuestros atletas mexicanos por ello se considera relevante que dicho apoyo no sufra decrementos, ya que aparte de ser atletas, son estudiantes, personas que como todos nos dedicamos a actividades propias de todo ser humano, claro que sin dejar de lado el entrenar en la disciplina deportiva por la que se quiere competir y sobre todo enfocados a dar los mejores resultados posibles y sobre todo con el objetivo de ser ganadores de las medallas tan deseadas en cada disciplina deportiva.
En este sentido es de destacar la actuación histórica de la delegación mexicana que nos representó en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, en el que la representación nacional obtuvo un total de 22 medallas de las cuales 7 fueron de oro, 2 de plata y 13 de bronce; con lo que se despunta lo hecho en las justas de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Con miras a los próximos Juegos Paralímpicos París 2024, la representación de nuestro país llegará con 311 medallas obtenidas a lo largo de su trayectoria; orgullo que, de ello, 104 son de oro. Cabe destacar que nuestros deportistas obtuvieron el peldaño número 19 del medallero, y con ello lograron ser el segundo mejor de América Latina.
Es de reconocerse y felicitar el gran esfuerzo de las y los paratletas mexicanos, quienes han puesto el nombre de nuestro país en alto; por lo cual refrendamos nuestro compromiso por impulsar políticas públicas que coadyuven y apoyen en su preparación, para que sigan creciendo y sigan siendo orgullo de México y ejemplo a nivel internacional.
Finalmente, se trata de seguir apoyando a los atletas mexicanos para que continúen con sus entrenamientos y puedan con ello prepararse y dar los mejores resultados posibles.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que promueva una constante campaña de difusión sobre el otorgamiento de becas económicas y académicas a los atletas de las categorías infantil, juvenil, superior, primera fuerza del deporte convencional y adaptado; para los niveles de educación básica, media, media superior y superior que se distinguen por su desempeño deportivo.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que el procedimiento para la asignación de becas para el ejercicio fiscal 2022, se realice de una manera transparente, se privilegie la asignación de las becas con igualdad sustantiva, evitando asignar el monto económico de dichas becas de manera discrecional.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para que las becas asignadas a los atletas no sean reducidos durante el ejercicio fiscal correspondiente.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.– Diputado Manuel Rodríguez González (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
SE REVOQUE EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR, PUBLICADO EN EL DOF EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a revocar el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar, publicado en el DOF el viernes 31 de diciembre de 2021, suscrita por la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Laura Lorena Haro Ramírez, diputada federal de la LXV Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados y, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que revoque el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 31 de diciembre del año 2021, considerando los siguientes:
Antecedentes
El viernes 31 de diciembre de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar. 1
En dicho Decreto se realizan diversas modificaciones a la institución encargada de la política social en el país. Situación que se considera perjudicial para el correcto desarrollo de la política social, perjudicando a futuro el funcionamiento y la operación de programas sociales en beneficio de las y los mexicanos.
En primer lugar, modifica las fracciones I y II del artículo 2, para incluir una nueva Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social como unidad administrativa de apoyo en la Secretaría del Bienestar. En la fracción II del mismo contempla la desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Social.
En segunda instancia, adiciona un artículo 28 Bis, en el que especifica las funciones que tendrá la nueva Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social. En concordancia con esto, deroga los artículos 44 y 45 del Reglamento para eliminar las atribuciones del ahora extinto Indesol y la potestad para la asignación de la persona titular de dicho instituto.
Por último, adiciona seis fracciones al artículo 41 para dotar de personalidad jurídica para representar legalmente y emitir diversos documentos con valide legal a las personas titulares de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo.
El Decreto en comento realiza modificaciones de carácter institucional y administrativo que a la postre reflejarán una clara vulneración a los derechos humanos de las y los mexicanos.
El Instituto Nacional de Desarrollo Social realiza una importante actividad en el ejercicio de gobierno, así como en el servicio y la atención de este hacia miles de personas en México que requieren de apoyos para acceder a una vida digna.
A través del Indesol se capacitan y forman muchas personas en el país para desarrollar actividades productivas; se llevan a cabo tareas de investigación; documentación, divulgación y comunicación en diversas materias; se fomenta la vincu-lación; asesoría y orientación de quien lo requiera; se pro-porciona información y se lleva a cabo la rendición de cuentas. 2
Gracias al Indesol se efectúa la promoción de la cultura de género, así como las representaciones institucionales y tiene a su cargo los Programas de Coinversión Social y el Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres.
Asimismo, esta importante institución tiene a su cargo la secretaría técnica de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, quien se auxilia por un consejo técnico consultivo, encontrándose dentro de su ámbito de responsabilidad la operación del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, otorgando una clave única para aquellas organizaciones que desean participar en los programas sociales federales. 3 Como es notorio, las reformas que se llevan a cabo con el Decreto del viernes 31 de diciembre, se estará cayendo en un esquema regresivo en el que toda una institución se estaría reduciendo a una sola oficina dentro de la Secretaría del Bienestar.
Asimismo, el centralizar el ejercicio del gobierno en una estructura única robustecida representa un retorno a la época en la que el capitalismo de Estado prevalecía. Fomentando la proliferación de estructuras burocráticas densas al servicio del gobierno más no de la población, así como el fortalecimiento de la discrecionalidad y con ello, el incremento de la corrupción.
Por lo anteriormente expuesto, solicito:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que revoque y deje sin efectos legales el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 31 de diciembre del año 2021.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que restaure el Acuerdo mediante el cual se regula la organización y funcionamiento interno del órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, denominado Instituto Nacional de Desarrollo Social, publicado el 26 de julio de 2005 en el Diario Oficial de la Federación.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que regrese los recursos humanos, financieros, materiales, así como los archivos, documentación y acervos bibliográficos y toda personalidad y potestad jurídica al Instituto Nacional de Desarrollo Social.
Notas
1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639968&fecha= 31/12/2021
2 https://www.gob.mx/indesol/que-hacemos
3 Ibid
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.– Diputada Laura Lorena Haro Ramírez (rúbrica).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
EXHORTO AL BANCO DE MÉXICO, A DISEÑAR LOS BILLETES DE LA SERIE G CON MARCAS HÁPTICAS MÁS SENSIBLES AL TACTO PARA LOS USUARIOS CON ALGUNA DEBILIDAD VISUAL
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Banxico a diseñar los billetes de la serie G y demás subsecuentes con marcas hápticas más sensibles al tacto para los usuarios con debilidad visual, a cargo del diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado Manuel Rodríguez González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXV Legislatura, con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Banco de México, a fin de diseñar los billetes de la serie G y demás subsecuentes con marcas hápticas más sensibles al tacto para los usuarios con alguna debilidad visual, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
Conforme al censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 1 del año 2020, el 16.5 por ciento de la población en México son personas con discapacidad, de ese porcentaje, esta cifra resulta de la suma de los 6 millones 179 mil 890 (4.9 por ciento) que fueron identificadas como personas con discapacidad, más 13 millones 934 mil 448 (11.1 por ciento) que indicaron tener alguna limitación para efectuar alguna actividad de la vida cotidiana como caminar, ver, escuchar, hablar o comunicarse.
En la infografía que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que en cuanto a la distribución por edad, la mayor parte, que es del 40.9 por ciento, se concentra en el segmento de mayores de 60 años, después están los de 30 a 59 años, 29.8 por ciento, continuando con los de 18 a 29, 9.8 por ciento, y al final los menores de 17 años, 9,1 por ciento; esto es al contrario de lo que ocurre con la población sin discapacidad, donde el grupo de edad más grande se ubica entre la franja de edad de 30 a 59 años. Y en la medida en que la población vaya envejeciendo, aumentará la tasa de discapacidad.
Sobre el tipo de limitaciones que se reportaron en el Censo 2020, llama la atención la cantidad de personas que no pueden ver, aun usando anteojos, lo que se entiende como discapacidad visual, ya que ya es ligeramente superior a la cantidad de personas con alguna limitación para caminar, o discapacidad motriz.
Lo anterior nos da como resultado que en nuestro país existe una cantidad considerable de personas con discapacidad visual, pero esa discapacidad visual no los excluye de la actividad económica a la que se pudiera dedicar este sector de la población y por ende el manejo de recursos monetarios como lo son los billetes y monedas de circulación.
Independientemente que en la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 4o. y 5o. señala lo siguiente:
“ Artículo 4o. Los billetes del Banco de México tendrán poder liberatorio ilimitado y deberán contener una o varias características que permitan identificar su denominación a las personas invidentes”.
“ Artículo 5. Las monedas metálicas a que se refieren los incisos b) y siguientes del artículo 2o. de esta ley, tendrán poder liberatorio limitado al valor de cien piezas de cada denominación en un mismo pago.
Las citadas monedas deberán ser acuñadas de manera tal que sean identificables por las personas invidentes.”
De lo anterior, en las monedas acuñadas por el Banco de México, en la práctica, no hay tanto problema para identificarlas, sin embargo en los nuevos billetes emitidos de la serie G, sí existe dificultad para identificarlos independientemente de que el Banco central, en su publicación denominada “Nueva familia de billetes”, indica que se desarrollaron metodologías de análisis, estudios con centros de investigación, sesiones de trabajo con expertas y expertos procedentes de nueve instituciones reconocidas en el ámbito cultural, académico y de uso general, información que ha sido publicada por el Banco de México y consultas a la población mediante estudios de percepción y que en su numeral 4 señala que se realizaron:
4. Estudios de neurociencias 2 En 2014 se desarrollaron estudios entre la población mexicana para conocer sus respuestas y emociones en relación a los siguientes temas:
-Códigos inconscientes de la población alrededor del efectivo revelando las razones y motivaciones detrás de su uso, así como los hábitos y respuestas ante los billetes y monedas Anexo III. Estudio de neurociencias. Códigos inconscientes del efectivo (2014).
-Elementos de seguridad de los billetes de la familia actual y propuestas para la nueva familia, con el fin de conocer las reacciones neurofisiológicas que provocan en los mexicanos e identificar aquellos que despiertan más interés para facilitar su integración en el diseño de los billetes nuevos.
-Percepción háptica y visual de los billetes en circulación, prototipos de diseño de billetes y marcas táctiles para conocer las respuestas neurofisiológicas de los mexicanos e identificar patrones para el diseño de nuevos billetes.
De lo anterior en la práctica es de reconocer que la serie de los últimos billetes emitidos por el Banco de México sin duda alguna tienen un diseño visual atractivo para los usuarios en general, sin embargo el diseño dejo un poco de lado la inclusión las marcas hápticas más sensibles a la percepción de las personas con alguna discapacidad visual 3 y con ello poder facilitar el uso de dichos billetes.
Es de señalar que el Banco de México, después de realizar varios estudios, diseñó una tablilla para facilitar a las personas con alguna discapacidad visual la identificación de denominaciones de billetes de la familia F. Dicha tablilla es un dispositivo fabricado en plástico, la cual permite al usuario identificar las diferentes denominaciones de los billetes basándose en su longitud, con la ayuda de un sistema de lectura Braille, conocido también como cecografía. La distribución de estas tablillas inició en noviembre de 2012.
Asimismo señala que, la nueva familia de billetes (familia G) 4 se puso en circulación de forma gradual. La denominación de 500 pesos se puso en circulación el 27 de agosto de 2018; la de 200 pesos, el 2 de septiembre de 2019; la de 100 pesos, el 12 de noviembre de 2020; la de 1,000 pesos, el 19 de noviembre de 2020, el billete de 20 pesos, conmemorativo del bicentenario de la Independencia Nacional, el 24 de septiembre de 2021, y el billete de 50 pesos se puso en circulación el 28 de octubre de 2021.
Además de la variación de longitud entre una y otra denominación consecutiva, las denominaciones de la familia G tienen marcas con relieve para personas con discapacidad visual, las cuales son diferentes a las empleadas en la familia F. Por lo anterior, el Banco de México diseñó una nueva tablilla que sirve para identificar la denominación de los billetes de ambas familias (F y G). La distribución de esta tablilla inició con la puesta en circulación del billete de 200 pesos, es decir, en septiembre de 2019. Sin embargo ha faltado difusión para el acceso y entrega de dicha tablilla identificadora de los billetes.
Compañeras y compañeros legisladores, la inclusión de las personas con alguna discapacidad es esencial ya que siempre han formado y seguirán formando parte del proceso productivo y andamiaje económico de nuestro país y de cualquier otro país en el mundo, diseñemos estrategias de inclusión más accesibles para todos ellos. Garanticemos a las personas con discapacidad visual el goce y ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás personas.
Por lo anterior expuesto y fundado, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Banco de México a diseñar los billetes de la serie G y demás subsecuentes con marcas hápticas más sensibles al tacto para los usuarios con alguna debilidad visual.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Banco de México a implementar una campaña de difusión para el acceso y entrega de la tablilla en braille para identificar la denominación de los billetes.
Notas
1 https://www.inegi.org.mx/temas/discapacidad/
2 Realizados por la empresa MindCode México.
3 https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache: vjAi5iTXJe 4J: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/106810/discapacidad-visual.pdf+&cd=12&hl=es&ct=clnk&gl=mx&client=firefox-b-d
4 https://www.banxico.org.mx/servicios/tablilla-billetes-discapacida.html
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.– Diputado Manuel Rodríguez González (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
SE VIGILE EL CUMPLIMIENTO REGULATORIO RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LLEVAR CONTROLES VOLUMÉTRICOS DE HIDROCARBUROS Y PETROLÍFEROS
«Proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al SAT a vigilar de manera permanente el cumplimiento regulatorio respecto a las especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos, a cargo del diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, diputado Manuel Rodríguez González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXV Legislatura, con fundamento en lo establecido en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Servicio de Administración Tributaria a vigilar de manera permanente el cumplimiento regulatorio respecto a las especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En la LXIV legislatura de la Cámara de Diputados, en el primer periodo de la Comisión Permanente del tercer año, el ex diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, del Grupo Parlamentario de Morena, con fecha del 27 de enero de 2021, presentó una proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a vigilar de manera permanente el cumplimiento regulatorio sobre las especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos implantadas por el SAT o unidades de verificación acreditadas o proveedores de verificación autorizados.
Sin embargo, el pasado 30 de agosto del 2020, se abrogó la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, dándole apertura a la Ley de Infraestructura de la Calidad, en ese sentido y por actualización jurídica y legislativa se le dio seguimiento y actualización con la presente proposición con punto de acuerdo, salvaguardando el objeto y materia de la entonces proposición con punto de acuerdo del ex diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, quedando la presente al tenor de lo siguiente:
Conforme al artículo 22, fracción II, de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), los Órganos Reguladores a través de su Órgano de Gobierno, tienen la atribución de expedir, supervisar y vigilar el cumplimiento de la regulación aplicable a quienes realicen actividades reguladas en el ámbito de su competencia.
En tal sentido, con la finalidad de promover el desarrollo eficiente del sector energético, el SAT se encuentra facultado para emitir y supervisar el cumplimiento de la regulación en materia de control volumétrico tal y como lo establecen de conformidad con el artículo 28, fracción I, apartado B, primero, segundo, tercero, cuarto y sexto párrafos del Código Fiscal de la Federación (CFF) y el Capítulo 2.6. “De los controles volumétricos, de los certificados y de los dictámenes de laboratorio aplicables a hidrocarburos y petrolíferos” de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), las especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos o petrolíferos.
Los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos o petrolíferos deben cumplir las siguientes funcionalidades:
I. Permitir la generación de los registros de volumen a través de sistemas de medición;
II. Permitir la recopilación y almacenamiento de la siguiente información, a través de un programa informático
a) Los registros del volumen a que se refiere la fracción anterior;
b) La información contenida en los dictámenes que determinen el tipo de hidrocarburo o petrolífero a que se refiere el Anexo 32;
c) La información de los CFDI asociados a la adquisición y enajenación de dichos bienes o, en su caso, a los servicios que tuvieron por objeto tales bienes.
I. Permitir que la información a que se refiere la fracción anterior sea procesada a fin generar reportes de información diarios y mensuales, de conformidad con el apartado 30.6. de este Anexo.
Los reportes mensuales a que se refiere la fracción III del presente apartado, deberán ser enviados por los contribuyentes indicados en la regla 2.6.1.2. al SAT, en la periodicidad establecida en la regla 2.8.1.7., fracción III.
En tal sentido, con la finalidad de promover el desarrollo eficiente del sector energético, el Servicio de Administración Tributaria se encuentra facultado para emitir y supervisar el cumplimiento de la regulación en materia de Control Volumétrico de Hidrocarburos y Petrolíferos, tal y como lo establecen en el siguiente artículo de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos:
“ Artículo 63. La Secretaría podrá instruir al Servicio de Administración Tributaria la realización de las auditorías y visitas a que se refiere la fracción VII del apartado B del artículo 37 de esta Ley.
Transitorios
Octavo. Para efectos de lo previsto en el artículo 107, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá incluir en los informes trimestrales información sobre los costos recaudatorios de las medidas que representan un gasto fiscal, así como de los beneficiarios de dichos mecanismos, contenidos en los decretos que emita el Ejecutivo Federal en el ejercicio de las facultades conferidas en las fracciones II y III del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación durante el trimestre que se reporta.”
Si bien es cierto, en la abrogada Ley Federal sobre Metrología y Normalización se establecía en los artículos:
“ Artículo 1o. La presente Ley regirá en toda la república y sus disposiciones son de orden público e interés social. Su aplicación y vigilancia corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de las dependencias de la administración pública federal que tengan competencia en las materias reguladas en este ordenamiento.
Artículo 84. Las unidades de verificación podrán, a petición de parte interesada, verificar el cumplimiento de normas oficiales mexicanas, solamente en aquellos campos o actividades para las que hubieren sido aprobadas por las dependencias competentes.
Artículo 85. Los dictámenes de las unidades de verificación serán reconocidos por las dependencias competentes, así como por los organismos de certificación y en base a ellos podrán actuar en los términos de esta Ley y conforme a sus respectivas atribuciones.
Artículo 86. Las dependencias podrán solicitar el auxilio de las unidades de verificación para la evaluación de la conformidad con respecto de normas oficiales mexicanas, en cuyo caso se sujetarán a las formalidades y requisitos establecidos en esta Ley.”
La actual Ley de Infraestructura de la Calidad que sustituyó el 1 de julio de 2020 a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización considera dentro de sus artículos transitorios dicha evaluación, verificación y controles volumétricos en su artículo:
“Transitorio
Octavo. Las disposiciones administrativas en materia de normalización, estandarización, evaluación de la confo-rmidad y metrología, en particular las relativas a la elaboración de normas oficiales mexicanas y a la apro-bación de los organismos nacionales de normalización, organismos de certificación, laboratorios de prueba y de calibración y unidades de verificación, contenidas en otros ordenamientos; emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán vigentes en todo lo que no se le oponga, hasta en tanto se expidan las disposiciones que las sustituyan con arreglo a la misma”.
Lo anterior sin menoscabo del establecido en la Resolución de la Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2022, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 12 de noviembre de 2022, sobre los controles volumétricos de hidrocarburos o petrolíferos.
Aunado a lo anterior, la “Ley de Infraestructura de la Calidad” considera dentro de sus atribuciones:
Objeto de la Ley y Atribuciones de las Autoridades
“ Artículo 1o. La presente Ley es de orden público e interés social y sus disposiciones son de observancia general y obligatoria en todo el territorio nacional. Esta Ley tiene por objeto fijar y desarrollar las bases de la política industrial en el ámbito del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, a través de las actividades de normalización, estandarización, Evaluación de la Conformidad y metrología, promoviendo el desarrollo económico y la calidad en la producción de bienes y servicios, a fin de ampliar la capacidad productiva y el mejoramiento continuo en las cadenas de valor, fomentar el comercio internacional y proteger los objetivos legítimos de interés público previstos en este ordenamiento”.
Mecanismos y Reglas para la Evaluación de la Conformidad
“ Artículo 62. Los Organismos de Evaluación de la Conformidad podrán evaluar la conformidad a petición de parte, para fines particulares, oficiales, de importación o de exportación. Los resultados de la Evaluación de la Conformidad se harán constar por escrito.”
Mecanismos y Reglas para la Evaluación de la Conformidad
“ Artículo 68. Las autoridades competentes deberán reconocer los resultados de la Evaluación de la Conformidad realizados por los Organismos de Evaluación de la Conformidad.”
Mecanismos y Reglas para la Evaluación de la Conformidad
“ Artículo 66. Solo cuando no existan Organismos de Evaluación de la Conformidad acreditados y aprobados, sujeto a lo previsto en el Reglamento de esta Ley, las Autoridades Normalizadoras podrán llevar a cabo la evaluación de la conformidad de manera directa o recurrir al Centro Nacional de Metrología, los Institutos Designados de Metrología o instituciones de investigación y de enseñanza superior especializadas en la materia o sector objeto de las normas, así como a cualquier otra entidad reconocida para esos efectos por la Autoridad Normalizadora de que se trate.”
Con base en lo mencionado, es muy importante enfatizar que la “Ley de Infraestructura de la Calidad” considera en el:
Título Quinto De la Integración y Organización del Sistema para la Evaluación de la Conformidad
Capítulo II De las Entidades de Acreditación y Los Organismos de Evaluación de la Conformidad
Artículo 54. Solo podrán operar como Organismos de Evaluación de la Conformidad aquéllos que estén acreditados ante una Entidad de Acreditación.
Respecto a las regulaciones de calidad del gas natural, y petrolíferos las normas oficiales son las siguientes:
a) Norma Oficial Mexicana NOM-001-SECRE-2010 Especificaciones del gas natural.
b) Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos.
Las especificaciones de calidad deben ser evaluadas por la misma unidad de verificación que lleva a cabo la evaluación de la conformidad de los anexos de la Miscelánea Fiscal (cantidad y programas informáticos); evaluando tanto cantidad como calidad encontrando estandarizar con las verificaciones de los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que con un solo documento, y de esta manera una sola unidad de verificación realiza la evaluación de la conformidad total.
Las unidades de verificación que lleven a cabo la evaluación de la conformidad deben tener la competencia técnica demostrable, el personal técnico que lleva a cabo las verificaciones debería aprobar exámenes de auditoría y calidad de hidrocarburos en el Centro Nacional de Metrología porque se requieren competencias en materia de trazabilidad metrológica, metrología de densidad, metrología de flujo, metrología de volumen, metrología de presión, metrología de temperatura, cromatografía, métodos de muestreo, incertidumbre de la medición, termodinámica, ISO 19011, confirmación metrológica, Ley de hidrocarburos, ISO 17020, ISO 10012, estándares, normas y recomendaciones ISO, GPA, API, AGA, ASTM, etc.
En toda la cadena de valor del sector energético, la medición tanto del volumen como de la calidad de los hidrocarburos y petrolíferos, cobra una especial relevancia; no solamente como factor de confianza, certeza legal y transparencia en la aplicación del marco regulatorio; sino también como un mecanismo y oportunidad para ampliar los ingresos tributarios de las arcas nacionales; en momentos donde se enfrentan los mayores estragos del virus SARS-CoV2 (covid-19), cuyos efectos para la economía global representan la peor caída del Producto Interno Bruto por habitante desde 1870, de acuerdo al Global Economic Prospects del Banco Mundial.
Ante este panorama, el Estado mexicano, con base en el mandato constitucional que establece las áreas estratégicas estarán a cargo del sector público, ha tomado la decisión de asumir y fortalecer su posición rectora en el sector eléctrico a través de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional; por lo tanto, el sector de los hidrocarburos, no puede ser la excepción, ni mucho menos quedar rezagado en el cumplimiento del marco regulatorio, sobre todo si afecta la capacidad recaudatoria de la Hacienda Pública.
Llevar a cabo la correcta cuantificación de la masa y volumen de los hidrocarburos en todo la cadena de valor, además de ser una obligación estipulada en el andamiaje jurídico del sector energético que se tiene que hacer valer y cumplir; es una forma de contribuir a la cruzada por el cambio de la cultura fiscal que lleva a cabo el Servicio de Administración Tributaria, para que se tenga claro que las reglas del juego en materia tributaria es que todo deben cumplir con su obligación de pagar impuestos, sobre todo en esta emergencia sanitaria, donde se busca que aumente la recaudación primaria, sin necesidad de llegar al extremos de la fiscalización.
El objetivo central es hacer cumplir con carácter de urgente la normatividad en materia de medición para apoyar la políticas públicas del Estado Mexicano enfocadas a enfrentar los efectos económicos de la pandemia; a través del incremento de la recaudación de impuestos y reduciendo las posibilidades de evasión fiscal; y de esta manera tenga mejores condiciones financieras para cumplir con sus funciones básicas de intervención en el proceso económico para reactivarlo a través de la inversión social y crecimiento del gasto público, elementos indispensables para la recuperación e impulso de la planta productiva del país.
Derivado de lo anterior, la regulación en materia de medición aplicada como parte de los mecanismos de supervisión del SAT de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, contribuyen a controlar actividades ilícitas como el —huachicol-. Las regulaciones representan un bien del orden público e interés social, así como el blindaje de la seguridad nacional en materia de hidrocarburos y petrolíferos y cada órgano en el marco de sus competencias.
Como legisladores, tenemos la responsabilidad de sumar esfuerzos para lograr beneficios en el sector energético. Con la aplicación del marco jurídico correspondiente se puede lograr el correcto funcionamiento de la industria de hidrocarburos y una economía más dinámica.
Por lo anterior expuesto, presento al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de autonomía constitucional, exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria a vigilar de manera permanente el cumplimiento regulatorio a la totalidad de los contribuyentes respecto conforme a la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2022 en cuanto a las “Especificaciones técnicas de funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos”, así como a las Normas Oficiales Mexicanas, lineamientos y Disposiciones Administrativas de Carácter General en materia de medición aplicables a la actividad de transporte por ducto y almacenamiento de hidrocarburos y petrolíferos.
Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de autonomía constitucional, exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria, a implementar en forma escalonada el cumplimiento regulatorio a los contribuyentes conforme se acrediten nuevas unidades de verificación.
Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto al principio de autonomía constitucional, exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaria a remitir a esta soberanía a través del “Informe tributario y de Gestión” que emite trimestralmente, información sobre el avance de la aplicación del presente exhorto respecto de las verificaciones a los sistemas de medición de hidrocarburos, petróleo y petrolíferos, sanciones y demás información relevante.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.– Diputado Manuel Rodríguez González (rúbrica).»
Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo.
EXHORTO A QUE, DENTRO DE LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES QUE SE IMPLEMENTEN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL PRONAPINNA, SE CONTEMPLEN E INCORPORE LA NUEVA REALIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL A LA QUE SE ENFRENTAN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los sectores privado y social a considerar e incorporar en las estrategias y acciones por implantar con motivo de la ejecución del Pronapinna la nueva realidad económica, social y cultural a que se enfrentan la infancia y la adolescencia en el país, suscrita por la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Yolanda de la Torre Valdez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
I. Antecedentes
Con fecha 31 de diciembre de 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024, programa especial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.
El programa fue elaborado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes como lo contempla la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), considerando la participación de niñas, niños y adolescentes, así como representantes del sector público, privado y social.
En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 1 se menciona que durante los meses de marzo a septiembre de 2019 se llevó a cabo un proceso de consulta con diversos actores, incluidas niñas, niños y adolescentes, para incorporar sus opiniones y propuestas en el PND y el Pronapinna:
-OpiNNA ¡Qué buen Plan! (39) El sondeo en línea permitió captar opinión y propuestas de un poco más de 146 mil personas entre 8 y 17 años.
-Foros Estatales “Los Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la construcción para el Desarrollo”, de los cuales se obtuvo la opinión in situ que fortaleció los hallazgos de OpiNNA. En este proceso participaron 672 niñas, niños y adolescentes y 739 personas adultas.
-Consulta con la Red Nacional de Adolescentes. 54 adolescentes y jóvenes con experiencias de participación previas y con una amplia visión crítica del estado de la situación que guardan la garantía de sus derechos humanos a través de un cuestionario en línea.
-Mesas de Trabajo, en las que participaron 69 personas representantes de 52 instancias del sector público y sociedad civil. En éstas se revisó el diagnóstico de la situación de la niñez y adolescencia y se definieron las acciones puntuales del Programa.
Se detalla también que su ejecución estará a cargo de 55 dependencias y entidades de la APF, y su seguimiento y monitoreo a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sesipinna).
Es necesario destacar que con el cambio de administración se mantuvo al mismo secretario ejecutivo Ricardo Bucio hasta febrero de 2021, quien fungió como titular de la Secretaría Ejecutiva desde octubre de 2015 y fue uno de los principales promotores de la creación del Sipinna y actualmente se encuentra Constanza Tort San Román como jefa de despacho.
En el mismo sentido se detalla que el programa observa para su elaboración, además, los principios rectores establecidos en el artículo 6 de la referida LGDNNA, como el interés superior de la niñez (ISN); la igualdad sustantiva, la no discriminación y la inclusión; la participación y la interculturalidad, entre otros.
Y contiene las políticas, objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores prioritarios en materia de ejercicio, respeto promoción y protección integral de niñas, niños y adolescentes.
II. Normatividad
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece en su artículo 25 el proceso de planeación de la administración Pública Federal precisando que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, para lo es necesario un sistema de planeación democrática contemplado en el artículo 26, dicha planeación debe sustentarse en procesos de consulta amplios con la participación de los diversos sectores de la población.
La LGDNNA establece en sus artículos 17, fracción III y 141 que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través del Sistema Nacional de Protección Integral, así como los sectores privado y social, y las propias niñas, niños y adolescentes, participarán en la elaboración y ejecución del Pronapinna.
La obligación de elaborar y aprobar en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Pronapinna, está contemplada en los artículos 125, fracción VII y 130, fracción II de la LGDNNA conforme al artículo 26 de la Ley de Planeación.
III. Contendido del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024
Los principales cambios esperados derivados de la implementación de este Programa son:
1. Garantizar a niñas, niños y adolescentes el acceso y ejercicio de sus derechos humanos relacionados con la supervivencia y el desarrollo;
2. Proteger integralmente a niñas, niños y adolescentes cuando sea violentado alguno de sus derechos o han sido víctimas de delitos, y
3. Generar un cambio cultural que garantice y proteja los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y su Interés Superior.
Dentro de los objetivos prioritarios se encuentran:
1. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos relacionados con la supervivencia, que incluye el acceso a la protección de la salud y a la seguridad social, alimentación adecuada, salud mental, prevención y atención integral de las adicciones, identidad y derechos sexuales y reproductivos, de todas las niñas, niños y adolescentes.
2. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos relacionados con el desarrollo, que incluye el acceso a la educación, vivienda digna, entornos de bienestar y medio ambiente saludable, de todas las niñas, niños y adolescentes.
3. Proteger integralmente y restituir los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que han sido vulnerados o que han sido víctimas de delitos.
4. Generar un cambio cultural en el que se reconozca a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y se les coloque al centro del diseño y ejecución de las acciones necesarias para la protección de sus derechos humanos y su interés superior.
Dentro de las estrategias prioritarias se encuentran:
1. Asegurar el acceso universal de niñas, niños y adolescentes a servicios de salud gratuitos y de calidad para garantizar su sano desarrollo integral en cada una de las etapas del ciclo de vida.
2. Asegurar el acceso de niñas, niños y adolescentes a una adecuada nutrición y acciones que promuevan estilos de vida saludables, para contribuir a la prevención y el combate de la desnutrición, el sobrepeso y obesidad.
3. Garantizar los mecanismos que aseguren la prevención y atención integral de los problemas de salud mental y consumo de sustancias en niñas, niños y adolescentes, para su bienestar integral y pleno desarrollo.
4. Impulsar el diseño, desarrollo e implementación de una estrategia integral y multisectorial dirigida a la primera infancia, basada en atención especializada con énfasis en la identidad salud, nutrición, educación y cuidados, que garantice una vida sana y promueva el bienestar de niñas y niños menores de 5 años.
5. Promover el acceso y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes, para el disfrute pleno de su sexualidad, de acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez; así como para prevenir el embarazo adolescente y erradicar el embarazo infantil.
6. Lograr el acceso de todas las niñas, niños y adolescentes al Sistema Educativo Nacional, garantizando su permanencia, participación, aprendizaje y conclusión oportuna de la educación obligatoria con calidad, así como con infraestructura y equipamiento adecuados, en condiciones de igualdad, equidad e inclusión, y en entornos de convivencia pacífica y armónica.
7. Impulsar acciones para erradicar la pobreza que viven niñas, niños y adolescentes.
8. Promover acciones dirigidas a contar con entornos de bienestar y preservación del medio ambiente saludable, que contribuyan a asegurar el pleno desarrollo y participación de niñas, niños y adolescentes.
9. Promover que niñas, niños y adolescentes habiten en viviendas dignas y seguras con acceso a energía eléctrica, combustible de uso cotidiano, agua potable, saneamiento y manejo de residuos, para contribuir a su sano desarrollo.
10. Fortalecer los entornos familiares, disminuir la institucionalización de niñas, niños y adolescentes, homologar procedimientos de adopción y regularizar los Centros de Asistencia Social, para garantizarles condiciones de bienestar y un sano desarrollo integral.
11. Implementar acciones integrales para garantizar, proteger y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes Migrantes y Solicitantes de la Condición de Refugiado.
12. Implementar acciones para proteger integralmente a las y los adolescentes en conflicto con la ley.
13. Impulsar la erradicación del trabajo infantil y proteger de manera integral los derechos de las y los adolescentes trabajadores en edad permitida.
14. Implementar acciones en materia de prevención, protección, atención y respuesta a la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, para garantizarles el derecho a la integridad personal.
15. Promover que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a una cultura de protección civil para contar con la preparación necesaria para hacer frente a desastres naturales o cualquier situación de riesgo.
16. Implementar mecanismos de participación efectiva, equitativa y sistemática de niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos en que se desarrollan para garantizar su intervención en la toma de decisiones de las acciones y políticas dirigidas a ellas y ellos.
17. Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en la vida cultural, así como el acceso a actividades artísticas, físicas, deportivas y de esparcimiento en condiciones de igualdad para su desarrollo
18. Garantizar que la difusión y comunicación social del sector público, así como los contenidos de los medios de comunicación públicos y privados, incorporen el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes con perspectiva de género e interculturalidad.
19. Asegurar a las niñas, niños y adolescentes el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación, mediante la reducción de la brecha digital, así como fomentar la navegación segura en internet.
20. Implementar acciones para la sensibilización, capacitación, formación y profesionalización del servicio público, con un enfoque que difunda y observe los derechos de niñas, niños y adolescentes y perspectiva de género e interculturalidad.
21. Fortalecer la coordinación multisectorial y entre órdenes de gobierno, así como con los sectores privado y social, para garantizar la protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
IV. Estadísticas.
Recientemente el Unicef 2 realizó un sondeo con la finalidad de conocer el impacto del covid-19 en la salud mental de adolescentes y jóvenes, los datos que se obtuvieron muestran el enorme impacto que la pandemia ha provocado en jóvenes de Latinoamérica y el Caribe.
Dentro de los principales hallazgos se encuentra que de 8 mil 444 adolescentes y jóvenes de 13 a 29 años, 27 por ciento siente ansiedad y 15 por ciento depresión, siendo la situación económica lo que más influye en sus emociones del 30 por ciento de los participantes.
En el mismo sentido, una de cada dos personas siente menos motivación para realizar actividades que normalmente disfrutaba y el 36 por ciento se siente menos motivada para realizar actividades habituales.
Aunando a lo anterior se puede apreciar que la percepción sobre el futuro se ha visto afectada negativamente, ya que el 43 por ciento de las jóvenes se siente pesimista frente al futuro en comparación con el 31 por ciento de los jóvenes.
Los datos que causan alarma son los relacionaos con la necesidad de pedir ayuda en relación con su bienestar físico y mental, ya que 73 por ciento de los participantes ha sentido necesidad de pedir ayuda, sin embargo, 40 por ciento no la pidió a pesar de necesitarla.
V. Justificación
La pandemia de covid-19 terminó por evidenciar la enorme brecha de desigualdad que persiste en nuestra sociedad, el acceso a los servicios sigue siendo diferenciado, y las condiciones económicas y sanitarias han terminado de agravar los niveles de marginación que padecen en mayor medida los grupos vulnerables, sometiéndoles a situaciones complejas que impiden el acceso y ejercicio pleno de sus derechos.
Temas en los que parecía que habíamos avanzado necesitan replantarse para considerar la nueva realidad económica, social y cultural a la que nos enfrentamos, sobre todo cuando se trata de garantizar todos los derechos para todas las personas y avanzar en la construcción de una sociedad más incluyente y accesible.
La infancia y la adolescencia de nuestro país actualmente se enfrentan a enormes desafíos y problemas como lo son la malnutrición infantil, las enfermedades de salud mental, el acceso diferenciado a los servicios, la pobreza y desigualdad, la deserción escolar, el aislamiento y la soledad, la violencia en sus hogares, la poca interacción social, la brecha digital, entre otros, cada uno de ellos problemas que pueden repercutir de manera negativa en su futuro y en el de futuras generaciones, sobre todo si no contemplamos o seguimos minimizamos el impacto que ha teniendo y tendrá un cambio tan radical en tan poco tiempo en la vida de niñas, niños y adolescentes.
Es por ello por lo que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como los sectores privado y social deben participar activamente en la ejecución del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024, pero sobre implementar estrategias y acciones que contemplen la nueva realidad que amenaza con condenar a futuras generaciones si no asumimos el desafío y replanteamos las políticas y programas que tiene como objetivo garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos para todas las personas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como a los sectores privado y social, a que dentro de las estrategias y acciones que implementen con motivo de la ejecución del Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 2021-2024 (Pronapinna) contemplen e incorporen la nueva realidad económica, social y cultural a la que se enfrentan la infancia y la adolescencia en nuestro país.
Notas
1 Consultado en
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639886&fecha=31/1 2/2021&print=true
2 Recuperado en
https://www.unicef.org/lac/el-impacto-del-covid-19-en-la-salud-m ental-de-adolescentes-y-j%C3%B3venes
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.– Diputada Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
PRONUNCIAMIENTO A FAVOR DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL CANCILLER EN MATERIA DE TRÁFICO ILÍCITO Y CONTROL DE ARMAS EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU
«Proposición con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia a favor de las acciones realizadas por el canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, en materia de tráfico ilícito y control de armas en el Consejo de Seguridad de la ONU, a cargo de las diputadas María Guadalupe Chavira de la Rosa y Claudia Delgadillo González, de los Grupos Parlamentarios de Morena y PVEM, respectivamente, y suscrita por la diputada Olga Leticia Chávez Rojas, de Morena
Quienes suscriben, María Guadalupe Chavira de la Rosa y Olga Leticia Chávez Rojas, diputadas de la LXV Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, y Claudia Delgadillo González, diputada de la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos señala 1 que para 2018, nuestro país experimentaba la tasa de homicidios más alta registrada en toda su historia, donde dos de cada tres homicidios son cometidos con armas de fuego.
El 70 por ciento de las armas recuperadas y rastreadas en las diversas escenas del crimen en México provienen de los Estados Unidos.
Con cálculos del Inegi y de la Secretaría de la Defensa Nacional, se estima 2 que a nuestro país llegan unas 200 mil armas cada año, en las que 41 por ciento provienen de Texas; 19 por ciento de California, y 15 por ciento de Arizona. La mayoría son rifles y pistolas semiautomáticas.
Con las armas que entran por la frontera con Estados Unidos se perpetran delitos que laceran el tejido social.
Por ejemplo, en el aspecto económico, los datos 3 de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2019 permiten saber que los delitos cometidos con mayor frecuencia contra las empresas el 21.5 por ciento del total corresponde a robo o asalto 4 de mercancía, dinero, insumos o bienes.
Además, en 41.2 por ciento de los delitos, un empleado o dueño del negocio estuvo presente al momento del hecho delictivo y, de estos casos, en 18.5 por ciento de las ocasiones los delincuentes portaban algún tipo de arma.
En el aspecto social, mientras que de 2011 a 2013 el 63 por ciento de las víctimas 5 de los de los delitos reportados fueron mujeres, con un total de 5 millones 213 mil 277 delitos. Para 2019 casi seis de cada diez mujeres fueron 6 asesinadas con un arma de fuego.
El problema es grave debido a la laceración que produce en el tejido social, así como por la víctimas y deudos que deja tras de sí, el uso de armas de fuego de ilegal procedencia en algún delito.
Mientras tanto la Campaña de Canje de Armas de Fuego que emprende la Sedena junto con los gobiernos de las entidades federativas ha tenido resultados significativos.
En el periodo de diciembre de 2012 al 2018, la Campaña captó 7 96 mil 775 armas de fuego, 630 granadas, 2 millones 958 mil 656 cartuchos de diferentes calibres y 50 mil 278 cargadores.
Por todos esos motivos, la Cancillería mexicana presentó el pasado 4 de agosto de 2021, una demanda contra 9 fabricantes y dos distribuidores de armas. 8
Entre sus consideraciones, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón señaló que como propósitos, la demanda tiene por objeto que las empresas demandadas compensen al gobierno de México por los daños causados por sus prácticas negligentes.
También expuso que dichos fabricantes desarrollen e implementen estándares razonables verificables para monitorear y, en su caso, disciplinar a sus distribuidores, porque las empresas lo saben, argumentan que cuando salen a venta y a comercialización, ellos ya no tienen ninguna responsabilidad, pero sí la tienen y por supuesto que tienen información precisa si alguien llega y compra 5 Barrets de 50, tienen toda la información de quién la compró y si la compra tres veces, también tienen la información.
Como ampliación de esa demanda, la Embajada de México ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas presentó una moción para contener y controlar el flujo de armas pequeñas y ligeras en el mundo.
Esta resolución 9 conocida con el número 2616, mereció el apoyo de 73 países está integrada por 8 puntos en las que se señala que el tráfico de armas pequeñas y ligeras plantean amenazas para la paz y seguridad mundiales, y condena su flujo a entes no estatales, y delincuencia organizada.
Estas acciones emprendidas en el exterior deben merecer el apoyo irrestricto de la Cámara de Diputados, debido a lo siguiente:
-Contribuyen a la política mexicana de control de armas de fuego,
-Evitan la capacidad de fuego de la delincuencia organizada,
-Reducen significativamente los delitos cometidos con armas de fuego, y,
-Se evitan delitos en contra de grupos vulnerables, principalmente.
La Cámara de Diputados no puede, ni debe, ser ajena a los esfuerzos que realiza nuestro cuerpo diplomático en el exterior para solucionar un grave problema que aqueja a la sociedad mexicana.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. Por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión se pronuncia a favor de las acciones realizadas por el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, en materia de tráfico ilícito y control de armas en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
Notas
1 Báez Zamudio, Natalia Paulina et. al (2018). Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Agosto 2018. Graves violaciones de derechos humanos: El tráfico ilegal de armas a México. Recuperado de
https://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh_abusos_ contra_los_derechos_humanos-espanol.pdf
2 Velázquez, Miguel Ángel (2021). Periódico La Jornada. Enero 2 de 2021. Cada año 200 mil armas de fuego ingresan a México. Recuperado de
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/02/politica/cada-ano-20 0-mil-armas-de-fuego-ingresan-a-mexico/
3 Estadística y Geografía, Instituto Nacional de (2020). Vol. 1, Núm. 21, sep-dic 2020. En números, documentos de análisis y estadísticas. Recuperado de
https://www.casede.org/index.php/biblioteca-casede-2-0/encuestas -estadisticas-y-datos-duros/751-en-numeros-documentos-de-analisis-y-estadistica s-el-catalogo-nacional-de-indicadores/file
4 A mano armada.
5 México, Gobierno de (s/f). Instituto Nacional de las Mujeres. Mujeres víctimas de violencia armada. Recuperado de
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/235125/2._46_Docu mento_Resultados_OVAG_2015_Versi_n_FINAL_Colectivo.pdf
6 San Martín Romero, Sara (coord., gral.) (2020). Development Partner, IM Swedish. Violencia de género con armas de fuego en México. Noviembre 2020. Recuperado de
https://humanium-metal.com/app/uploads/2021/03/Violencia-de-g%C3 %A9nero-con-armas-M%C3%A9xico-Final-correc-24-feb-pm.pdf
7 Diputados, Cámara de (2019). Dirección de Comunicación Social. Boletín 2872. La campaña de canje de armas y desarme voluntario, debe ser permanente. Recuperado de
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletine s/2019/Diciembre/05/2872-La-campana-de-canje-de-armas-y-desarme-voluntario-debe -ser-permanente
8 Gobierno de México demanda por daños a fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos | Secretaría de Relaciones Exteriores | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)
9 Bolaños, Claudia (2022). Diario Contra Réplica. Cancillería mexicana respondería a armerías. Recuperado de
https://www.contrareplica.mx/nota-Cancilleria-mexicana-responder a-a-armerias-20223140
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.– Diputadas María Guadalupe Chavira de la Rosa, Olga Leticia Chávez Rojas y Claudia Delgadillo González (rúbricas).»
Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo.
EXHORTO A LOS AYUNTAMIENTOS DE GUADALAJARA, ZAPOPAN Y EL SALTO, Y AL GOBIERNO DE JALISCO, A REFORZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LA ZONA
«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar tanto a los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan y El Salto como al gobierno de Jalisco a investigar los hechos delictivos cometidos ahí y reforzar la seguridad pública, suscrita por la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Laura Lorena Haro Ramírez, diputada federal de la LXV Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados y, 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las personas titulares de los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan y El Salto, así como al gobierno del estado de Jalisco, para que investiguen los hechos delictivos cometidos en estos municipios, así como para que refuercen la seguridad pública en la zona metropolitana de Guadalajara, considerando los siguientes:
Antecedentes
De acuerdo al reporte diario publicado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en relación a los homicidios dolosos reportados por las fiscalías estatales y dependencias federales, así como de las fuentes públicas (medios periodísticos), Jalisco se encuentra dentro de las 6 entidades con mayores víctimas reportadas por homicidio. 1
Para el 17 de diciembre del año en curso, Jalisco reportó 10 eventos, de los cuales se presentaron en los municipios de El Salto, Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y Tonalá. 2
En este sentido, el estado de Jalisco se ha visto afectado por un oleaje de violencia desmedida, en el que han aparecido cuerpos sin vida en las calles de diversos municipios, sin que hasta el momento se haya ejecutado un protocolo urgente de seguridad.
El 20 diciembre, se registraron 4 homicidios y la forma de darse es ya a plena luz del día, alarmando a los jaliscienses, en específico en los municipios de Guadalajara, Zapopan y El Salto.
El primer homicidio se registró en el municipio de Guadalajara, suceso que no se pudo detallar precisamente el motivo de la muerte, pero lo que sí dejó constancia fueron las huellas de violencia.
Minutos más tarde se presentó otro homicidio en el municipio de Zapopan, encontrando en plena vía pública a una persona del sexo masculino envuelto en varias bolsas de plástico y, de acuerdo al informe rendido por personal de servicios médico, el deceso fue por diversos golpes recibido en el cráneo, lo que ocasionó deformidad, homicidio por demás violento.
De lo anterior, resulta sumamente importante que las autoridades investiguen, esclarezcan y sanciones a quienes resulten responsables por los hechos delictivos cometidos en estos municipios.
Y en este sentido, es urgente que el gobierno de Jalisco defina y ponga en marcha un protocolo de seguridad que garantice la integridad, la estabilidad y la seguridad de los jaliscienses ya que se está frente a una constante situación de inseguridad y ello pone en riesgo a la población en general.
Por lo anteriormente expuesto, solicito:
Punto de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las personas titulares de los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan y El Salto, así como al gobierno del estado de Jalisco, para que investiguen, esclarezcan y sanciones a quienes resulten responsables por los hechos delictivos cometidos en estos municipios.
Segundo. La Comisión Permanente de honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Jalisco, así como a las personas titulares de los ayuntamientos que conforman la zona metropolitana de Guadalajara, para que establezcan, a partir de un trabajo coordinado, estrategias que refuercen la seguridad pública en la zona metropolitana de la entidad.
Notas
1 http://www.informeseguridad.cns.gob.mx/files/homicidios_17122021_ v2.pdf
2 http://www.informeseguridad.cns.gob.mx/files/homicidios_17122021. pdf
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 12 de enero de 2022.– Diputada Laura Lorena Haro Ramírez (rúbrica).»
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.