del congreso de los estados unidos mexicanos
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio
Crónica Parlamentaria
Gilberto Becerril Olivares
Diario de los Debates
Eugenia García Gómez
SUMARIO
De conformidad con el acuerdo aprobado por esta soberanía, y con el propósito de preservar e impulsar el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales, se otorga el uso de la tribuna a:
-El ciudadano Adán Castillo Galindo, quien se expresa en lengua cuicateca
MINUTO DE SILENCIO
La Presidencia solicita a la asamblea guardar un minuto de silencio en memoria del embajador de México en Ghana, Enrique Escorza Zamudio, miembro del Servicio Exterior Mexicano, quien fuera jefe de la Oficina de Asuntos del Congreso de la Embajada de México en Estados Unidos, y expresa su solidaridad y condolencias a sus familiares
De la Junta de Coordinación Política, por la que comunica cambios de integrantes, de juntas directivas de comisiones, y de grupos de amistad.Aprobados, comuníquense
Del diputado Jorge Álvarez Máynez, de MC, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Del diputado Jorge Álvarez Máynez, de MC, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios
De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el Informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo de julio, agosto y septiembre de 2022, elaborado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, para su conocimiento
De la Cámara de Senadores, por medio de la cual remite el acuerdo por el que solicita que se consideren los recursos suficientes para respaldar la política industrial planteada por la Secretaría de Economía.Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención
La ciudadana Tania Litz Villagrán Martínez y el ciudadano Jorge Luis Guzmán Domínguez, rinden la protesta de ley y entran en funciones como diputada y diputado federales
MINUTAS
De la Cámara de Senadores, se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 y 44 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen
De la Cámara de Senadores, se recibió la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Se turna a las Comisiones Unidas para Asuntos Migratorios, y de Relaciones Exteriores, para dictamen
De la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena, por medio de la cual solicita dejar sin efectos la licencia autorizada en la sesión celebrada el jueves 24 de noviembre del año en curso.De enterado. Comuníquese
EFEMÉRIDES
Para referirse a la efeméride, en nombre de su grupo parlamentario, intervienen:
-La diputada Laura Lynn Fernández Piña, del PRD
-El diputado Manuel Jesús Herrera Vega, de MC
-La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del PT
-El diputado Kevin Angelo Aguilar Piña, del PVEM
-La diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del PRI
-El diputado Noel Mata Atilano, del PAN
-El diputado Miguel Ángel Pérez Navarrete, de Morena
Para referirse a la efeméride, en nombre de su grupo parlamentario, participan:
-La diputada Elizabeth Pérez Valdez, del PRD
-El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, de MC
-El diputado Pedro Vázquez González, del PT
-La diputada Sonia Mendoza Díaz, del PVEM
-La diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, del PRI
-El diputado Mauricio Cantú González, de Morena
La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Noemí Berenice Luna Ayala, dirige un mensaje a la Asamblea con motivo del natalicio del escritor José Revueltas Sánchez
DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES
Con fundamento en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Presidencia anuncia la declaratoria de publicidad del dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Política-Electoral, de Puntos Constitucionales, y de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral
INICIATIVAS CON PROYECTO DE LEY O DECRETO
La diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia vicaria.Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Igualdad de Género, para dictamen
El diputado Marco Humberto Aguilar Coronado, en nombre propio y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Revocación de Mandato.Se turna a las Comisiones Unidas de Reforma Política-Electoral, y de Gobernación y Población, para dictamen
La diputada Carolina Dávila Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado inclusivo en el sistema de escritura Braille. Se turna a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables, y de Salud, para dictamen, y a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para opinión
El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del PVEM, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación.Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen
El diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del PT, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Pesca, para opinión
El diputado Salomón Chertorivski Woldenberg, en nombre propio, del Grupo Parlamentario de MC, y de los diputados Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena, y Frinné Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en materia de muerte digna sin dolor. Se turna a las Comisiones Unidas de Salud, y de Justicia, para dictamen
La diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, del Grupo Parlamentario del PRD, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 21 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen
La diputada Adriana Bustamante Castellanos, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 325 del Código Penal Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen
El diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para opinión
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, en nombre propio y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 69, 72 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para opinión
El diputado José Luis Garza Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRI, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 5o., de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen
La diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el día 10 de noviembre de cada año como el Día Nacional del Sotol.Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen
La diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, en nombre propio y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 27 y 29 de la Ley General de Salud. Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen
El diputado Steve Esteban del Razo Montiel, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 280 de la Ley Federal del Trabajo.Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen
El diputado Oscar de Jesús Almaraz Smer, en nombre propio y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda.Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen
La diputada Olga Leticia Chávez Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 48 de la Ley de Migración.Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen
La diputada Gabriela Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley de Aguas Nacionales, en materia de empresas tractoras.Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, y de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen
En términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 12, numeral 2, del Reglamento de las Situaciones de Emergencia y la Contingencia Sanitaria, las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria
ASISTENCIA
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Solicito a la Secretaría que haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados.
La secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas: Señor presidente, existen registrados previamente 420 diputadas y diputados, por lo tanto, hay quórum.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda (a las 12:50 horas): Se abre, en consecuencia, la sesión ordinaria correspondiente al martes, 29 de noviembre del año 2022, en modalidad presencial.
ORDEN DEL DÍA
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día.
La secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXV Legislatura.
Orden del día
Martes 29 de noviembre de 2022
Intervención desde la tribuna en lengua indígena
Del ciudadano Adán Castillo Galindo, hablante de la lengua cuicateca.
Acta de la sesión anterior
Comunicaciones oficiales
De la Junta de Coordinación Política
Del diputado Jorge Álvarez Máynez
Solicita el retiro de iniciativas.
De la Secretaría de Gobernación
Remite el Informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio, agosto y septiembre de 2022, elaborado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
De la Cámara de Senadores
Remite acuerdo por el que solicita se consideren los recursos suficientes para respaldar la política industrial planteada por la Secretaría de Economía.
Solicitudes de licencia de diputados
Protesta de diputados
Minutas
Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 y 44 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
Acuerdo de los órganos de gobierno
Efemérides
Con motivo del aniversario luctuoso del general Felipe de Jesús Ángeles, a cargo de los grupos parlamentarios.
Con motivo del aniversario luctuoso de Valentín Campa, a cargo de los grupos parlamentarios.
Con motivo del natalicio de José Revueltas.
Declaratoria de publicidad del dictamen
De las Comisiones Unidas de Reforma Política-Electoral, de Puntos Constitucionales, y de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia Electoral.
Iniciativas
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en materia de cirugía estética, a cargo del diputado Marco Antonio Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 321 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Beatriz Dominga Pérez López, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
De decreto para inscribir en el Muro de Honor del Salón de Sesiones, de la H. Cámara de Diputados la leyenda Cien Años de la Radio en México, a cargo del diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Miguel Ángel Pérez Navarrete, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 50, 51 y 52 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona los artículos 192, 192 Quáter y 420 de la Ley General de Salud, suscrita por la diputada Mónica Becerra Moreno y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 5o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Saúl Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un artículo 15 Décimus a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Claudia Selene Ávila Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que expide la Ley General para Proteger a los Trabajadores Internacionales en América del Norte, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para crear la Procuraduría Consular de Defensa de las y los Migrantes, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un artículo 186 Bis a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y de la Ley sobre la Celebración de Tratados, en materia de fortalecimiento, capacitación de la representación y defensa de mexicanas y mexicanos en el extranjero, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y de la Ley de la Guardia Nacional, a cargo del diputado Leobardo Alcántara Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
De decreto por el que se declara el mes de marzo de cada año como Mes de las Mujeres, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona los artículos 1o. y 9o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, suscrita por la diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez y diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a cargo de la diputada Esther Martínez Romano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo de la diputada Esther Martínez Romano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que abroga la Ley para la Depuración y Liquidación de Cuentas de la Hacienda Pública Federal, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de declaración de procedencia contra servidores públicos de las entidades federativas por delitos federales, suscrita por los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 26, 26-A y 27-A de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 99 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 308 del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Beatriz Dominga Pérez López, del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto por el que se declara el 10 de septiembre de cada año Día Nacional de la Torta Ahogada, a cargo del diputado Alberto Villa Villegas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 41 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por la diputada Anabey García Velasco y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
De decreto por el que inscribe en letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Plutarco Elías Calles, a cargo del diputado Hiram Hernández Zetina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 56 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por la diputada Anabey García Velasco y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de preferencia sexual e identidad de género, a cargo de la diputada Frinné Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del Partido RevolucionarioInstitucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Población, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación, en materia de fortalecimiento de políticas públicas de migrantes de retorno, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley General de Educación, para garantizar el ejercicio pleno y protección de los derechos humanos y la igualdad de los migrantes, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona el artículo 19 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por el diputado José Antonio García García y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 31 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 39 de la Ley del Banco de México, suscrita por el diputado Oscar Almaraz Smer y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 64 de la Ley General de Turismo, suscrita por la diputada Paulina Aguado Romero y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 1o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de atlas de riesgo en el sector pesquero, suscrita por las diputadas María del Carmen Bautista Peláez y Marcela Guerra Castillo, de los grupos parlamentarios de Morena y del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente.
Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 46 y 56 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, suscrita por el diputado Anuar Roberto Azar Figueroa y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 225 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona el artículo 420 Quáter del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo del diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación, en materia de perspectiva familiar, suscrita por el diputado Anuar Roberto Azar Figueroa y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de hipoteca inversa, suscrita por el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 60 y 61 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Shirley Vázquez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto para que se inscriba en el muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Vicente Riva Palacio, a cargo del diputado Brasil Alberto Acosta Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Óscar Almaraz Smer, Mariela López Sosa, César Augusto Rendón García y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona los artículos 224 Bis, 224 Ter del Código Penal Federal y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 12 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas, en materia de mecanismos de control y vigilancia de obligaciones contractuales de proyectos, a cargo de la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 8o. y 11 de la Ley Federal de Consulta Popular, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma los artículos 103 Bis de la Ley Federal del Trabajo y 8o. de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, a cargo del diputado Daniel Murguía Lardizábal, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional publicado el 26 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 8o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Claudia Tello Espinosa, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de etiquetado inteligente de contenidos digitales y controles de usuario para niños y adolescentes, a cargo del diputado Raymundo Atanacio Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 69 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, suscrita por el diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 27 y 29 de la Ley General de Salud, suscrita por la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona los artículos 23 y 84 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Karina Marlen Barrón Perales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 6o. de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Susana Prieto Terrazas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de pensión para las personas con discapacidad permanente, suscrita por la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que expide la Ley Federal de Suspensión de Derechos y Garantías, Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona los artículos 7o., 11 y 14 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, a cargo del diputado Irán Santiago Manuel, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un artículo 25 Bis a la Ley del Registro Público Vehicular, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que expide la Ley Orgánica del Ministerio Público Federal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que expide el Código Procesal Penal para los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que expide la Ley Nacional de Investigación del Delito, en materia de fortalecimiento de la investigación policial del delito, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por la diputada Leticia Zepeda Martínez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que expide la Ley General de Justicia Cívica, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Revocación de Mandato, suscrita por el diputado Marco Humberto Aguilar Coronado y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de investigación del delito, justicia penal y justicia cívica, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 18, 30 y 59 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Mauricio Cantú González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 37 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 115 y 301 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Mauricio Cantú González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 117 del Reglamento de la Cámara de Diputados, suscrita por la diputada Noemí Berenice Luna Ayala y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que expide la Ley Orgánica del Servicio Federal de Investigación Criminal, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 19 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo del diputado Mauricio Cantú González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de fortalecimiento a la seguridad pública, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 419 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 30 y 73 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Susana Cano González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Raymundo Atanacio Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados el nombre de Rosario Ibarra de Piedra, a cargo del diputado Saúl Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de igualdad sustantiva en anteproyectos y políticas públicas, a cargo de la diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Anuar Roberto Azar Figueroa y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 69, 72 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
De decreto por el que se declara el 19 de septiembre como el Día Nacional de Protección Contra Sismos y Desastres Naturales, a cargo del diputado Raymundo Atanacio Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 73 y 74 de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada María Teresa Castell de Oro Palacios y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 6o. y 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por la diputada Karen Michel González Márquez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 84 de la Ley del Seguro Social, suscrita por la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona diversas disposiciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de prueba anticipada, suscrita por el diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 1o. y 2o. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, suscrita por los diputados Alfredo Femat Bañuelos, Amalia Dolores García Medina y Manuel Alejandro Robles Gómez, de los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo, de Movimiento Ciudadano y de Morena, respectivamente.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo de periodistas, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona los artículos 61 de la Ley Federal del Trabajo y 22 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia del protocolo Alba, a cargo de la diputada Karla Ayala Villalobos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona los artículos 3o. y 35 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a cargo del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Martha Barajas García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada María Guadalupe Román Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona el artículo 4 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, suscrita por los diputados Oscar de Jesús Almaraz Smer, Mariela López Sosa, César Augusto Rendón García y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de políticas para garantizar el derecho a la alimentación, a cargo de la diputada Susana Cano González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 444 Bis del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Graciela Sánchez Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Energía para el Campo, suscrita por el diputado Román Cifuentes Negrete y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, para crear organismos auxiliares de bienestar animal a cargo del diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 20 y adiciona un artículo 15 Bis a la Ley Minera, a cargo de la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 75, 109 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona el artículo 149 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Julieta Andrea Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 263 y 268 de la Ley Federal de Derechos, a cargo del diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Rocío Natalí Barrera Puc, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Raymundo Atanacio Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 156 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Salma Luévano Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Emmanuel Reyes Carmona y Carlos Alberto Manzo Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 325 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Adriana Bustamante Castellanos, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, para aumentar los días de descanso por año de servicio, a cargo de la diputada Susana Prieto Terrazas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el DOF el 27 de enero de 2016, a cargo de la diputada Jazmín Jaimes Albarrán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 30 y 53 de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Alberto Villa Villegas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Nacionalidad, de Ley General de Población y de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para establecer el reconocimiento de la matrícula consular, como instrumento oficial de identificación de las y los mexicanos, a cargo de la diputada María Elena Serrano Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que expide la Ley General de Juventudes, suscrita por los diputados Rodrigo Samperio Chaparro y Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona los artículos 72 y 85 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 22 de la Ley General de Educación, en materia de contenido histórico en los libros de texto, a cargo de la diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 45 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 27 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, suscrita por la diputada Noemí Berenice Luna Ayala y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Guardia Nacional, suscrita por la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación con perspectiva de género desde la educación inicial, a cargo de la diputada Olimpia Tamara Girón Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona el artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Olimpia Tamara Girón Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de paridad de género y lenguaje incluyente, a cargo de la diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 61 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Alejandro Aguilar López, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma diversas disposiciones Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de lenguaje incluyente, a cargo de la diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Gerardo Peña Flores y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 233 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Margarita Garcia Garcia, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 6o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada María Macarena Chávez Flores, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
De decreto por el que se declara el 19 de septiembre como el Día de la Remembranza del Heroísmo y Solidaridad de México, a cargo de la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona el artículo 7o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Shirley Guadalupe Vázquez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona un artículo 17 Bis a la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, suscrita por el diputado María Teresa Castell de Oro Palacios y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de reparto de utilidades, suscrita por el diputado Román Cifuentes Negrete y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Alejandra Pani Barragán, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 50 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, suscrita por el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 45 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, a cargo de la diputada Blanca Araceli Narro Panameño, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 38 de la Ley de Aviación Civil, suscrita por el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en materia de no discriminación de usuarios de servicios financieros, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 2o. y 44 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a cargo del diputado Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley Minera, suscrita por la diputada Adriana Bustamante Castellanos y diputados integrantes de los grupos parlamentarios de Morena y del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 431 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por el diputado Javier González Zepeda y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Planeación, para garantizar la participación de la sociedad en el Sistema de Planeación Democrática, suscrita por la diputada Adriana Bustamante Castellanos y diputados integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 133 de la Ley Federal del Trabajo y 1o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que expide la Ley General de Ciberseguridad, a cargo de la diputada Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona el artículo 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a cargo de la diputada Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 140 Bis de la Ley del Seguro Social, 37 Bis de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 170 Ter de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Verónica Collado Crisola, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, en materia de trabajo sexual, a cargo de la diputada María Clemente García Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona el artículo 81 de la Ley de Migración, suscrita por la diputada Soraya Álvarez Hernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo de la diputada Gabriela Sodi, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 48 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Olga Leticia Chávez Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desarrollo policial y régimen laboral, suscrita por los diputados Gerardo Peña Flores, Oscar de Jesús Almaraz Smer, Mariela López Sosa y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por las diputadas Karen Castrejón Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Melissa Estefanía Vargas Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia laboral, a cargo de la diputada Susana Prieto Terrazas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 27 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, suscrita por el diputado Héctor Israel Castillo Olivares y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 14 y 19 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, suscrita por la diputada María Teresa Castell de Oro Palacios y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 2o., 13 y 30 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona los artículos 5o., 6o. y 13 de la Ley de Seguridad Nacional, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de enseñanza universal del lenguaje de señas mexicano, suscrita por la diputada Martha Estela Romo Cuéllar y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado José Luis Garza Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de protección a los derechos de los usuarios de las aerolíneas comerciales, a cargo del diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para otorgar mayores facultades a las entidades de fiscalización superior de los estados, suscrita por el diputado Mauricio Cantú González y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 159 y 162 de la Ley de Migración, suscrita por la diputada Nora Elva Oranday Aguirre y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que deroga el párrafo primero de la fracción V del artículo 111 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por los diputados Oscar de Jesús Almaraz Smer, Mariela López Sosa, Gerardo Peña Flores y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 81 y 82 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a cargo del diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 101 del Código Penal Federal, suscrita por la diputada Saraí Núñez Cerón y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
De decreto por el que se declara el 6 de diciembre de cada año, como el Día del Arte Pirotécnico Nacional, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 135 de la Ley General de Salud, suscrita por la diputada Saraí Núñez Cerón y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 73 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 390 del Código Penal Federal, suscrita por la diputada Saraí Núñez Cerón y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 412, 414 y 443 del Código Civil Federal, suscrita por la diputada Saraí Núñez Cerón y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, suscrita por la diputada Saraí Núñez Cerón y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 160 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Inés Parra Juárez, del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto por el que se declara el 19 de noviembre de cada año como el Día del Hombre y sus Nuevas Masculinidades, a cargo de la diputada Martha Alicia Arreola Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para crear un padrón de viviendas recuperadas, a cargo del diputado Omar Enrique Castañeda González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, a fin de suspender y restringir el uso del agua para realizar la fractura hidráulica o fracking, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 3o., 4o. y 85 de la Ley de Hidrocarburos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
Que adiciona un artículo 51 Bis y reforma el artículo 61 de la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal, en materia de autotransporte de carga de doble remolque, suscrita por los diputados Lorena Piñón Rivera y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Leonel Godoy Rangel, del Grupo Parlamentario de Morena y diputados integrantes de diverso grupos parlamentarios.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objeto de redefinir el delito de posesión de narcótico con fines de venta o suministro, a cargo del diputado José Antonio Gutiérrez Jardón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 34 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Gabriela Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona los artículos 30 Bis y 30 Ter de la Ley de Migración, suscrita por la diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona diversas disposiciones a la Ley de la Guardia Nacional, a cargo de la diputada Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para crear la Medalla Salvador Díaz Mirón, a cargo de la diputada Rosa María Alvarado Murguía, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, suscrita por el diputado Anuar Roberto Azar Figueroa y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 21 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Gabriela Sodi, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Andrés Pintos Caballero, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona el artículo 8o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma los artículos 30 y 106 de la Ley General de Cambio Climático, suscrita por la diputada Adriana Bustamante Castellanos y diputados integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México.
Que adiciona el artículo 847 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por las diputadas Adriana Bustamante Castellanos y Karen Castrejón Trujillo, así como diputados integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, a cargo del diputado Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de 47 leyes federales, en materia de armonización de la denominación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a cargo del diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 26 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suscrita por la diputada Wendy González Urrutia y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 10 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo de la diputada Martha Robles Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Claudia Tello Espinosa, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 320 y 321 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona el artículo 214 del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Ignacio Loyola Vera y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
De decreto por el que se declara el 10 noviembre de cada año como Día Nacional del Sotol, a cargo de la diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el DOF el 6 de enero de 1997, suscrita por la diputada Krishna Karina Romero Velázquez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 14, 15 y 159 Bis 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por las diputadas Adriana Bustamante Castellanos, del Grupo Parlamentario de Morena y Karen Castrejón Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y diputados integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 27 y 208 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, suscrita por el diputado Pedro Salgado Almaguer y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
De decreto por el que se declara el 16 de octubre de cada año como el Día Nacional de los Sistemas Alimentarios, a cargo del diputado Ismael Brito Mazariegos, del Grupo Parlamentario de Morena y diputados integrantes de la Comisión Asuntos Frontera Sur.
Que reforma el artículo 85 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, a cargo del diputado Ismael Brito Mazariegos, del Grupo Parlamentario de Morena y diputados integrantes de la Comisión Asuntos Frontera Sur.
Que adiciona el artículo 1o. de la Ley de Amnistía, a cargo de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Bea-triz Dominga Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Agraria, en materia de la titularidad de las parcelas ejidales para mujeres, a cargo de la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 20 de la Ley Federal del Trabajo y 12 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Susana Prieto Terrazas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Susana Prieto Terrazas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado inclusivo en sistema de escritura braille, a cargo de la diputada Carolina Dávila Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo del diputado Martín Sandoval Soto, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Rosa María Alvarado Murguía, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 160 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Armando Tejeda Cid y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 11 de la Ley General de Turismo, suscrita por la diputada Lilia Caritina Olvera Coronel y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
De decreto por el que se declara el 12 de julio de cada año como el Día del Abogado, a cargo del diputado José Alejandro Aguilar López, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados el nombre de Heberto Castillo Martínez, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales y diversos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma el artículo 6o. y deroga la fracción IV del artículo 19 de la Ley Minera, a cargo del diputado Joaquín Zebadúa Alva y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 9o. de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada María Teresa Castell de Oro Palacios y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia de vinos, a cargo del diputado Xavier González Zirión, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que adiciona el artículo 95 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en materia de lineamientos para un nuevo procedimiento abreviado a menores de edad, a cargo del diputado Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 28 y 32 de la Ley Federal de Consulta Popular, suscrita por el diputado Mario Gerardo Riestra Piña y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 92 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Susana Prieto Terrazas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 115 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 222 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Martín Sandoval Soto, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 16 y 17 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Mónica Herrera Villavicencio, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 280 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Steve Esteban del Razo Montiel, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 54 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, a cargo del diputado Steve Esteban del Razo Montiel, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Marisol García Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda En Memoria de las Personas Fallecidas por covid-19, a cargo del diputado Pedro David Ortega Fonseca, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de incentivos fiscales para pequeños productores de productos de consumo básico, a cargo de la diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 33 y 82 de la Ley General de Cambio Climático, suscrita por el diputado Gabriel Ricardo Quadri de la Torre y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 333 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Miguel Sámano Peralta, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 107 Bis del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona un artículo 38 Bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Luis Ángel Xariel Espinosa Cházaro y Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que adiciona el artículo 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo de la diputada Esther Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona el artículo 3 Bis de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo de la diputada Gabriela Sodi, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático, en materia de mercados voluntarios de carbono, suscrita por los diputados Eufrosina Cruz Mendoza y Eduardo Enrique Murat Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
De decreto para inscribir en letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados los nombres de Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada, el Nigromante y Leandro Valle Martínez, suscrita por los diputados Gerardo Fernández Noroña y Moisés Ignacio Mier Velazco, de los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo y de Morena, respectivamente.
Que reforma los artículos 158, 159 y 160 de la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Pedro Salgado Almaguer y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Juan Francisco Espinoza Eguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, a cargo de la diputada Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de impuesto predial, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 8o., 52 y 55 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Steve Esteban del Razo Montiel, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Turismo, suscrita por la diputada Carolina Beauregard Martínez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de abandono de adultos mayores, a cargo de la diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
De decreto por el que se declara cada primer domingo de noviembre como el Día Nacional de la Niñez Huérfana, a cargo de la diputada Shirley Guadalupe Vázquez Romero, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona el artículo 4o. del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma diversas disposiciones de Ley General de Contabilidad Gubernamental, a cargo de la diputada Lidia Pérez Bárcenas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de fomento y educación en las artes y las humanidades, suscrita por la diputada Genoveva Huerta Villegas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de estereotipos y perspectiva de género en la procuración de justicia, a cargo del diputado Mariano González Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma los artículos 52 y 75 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, en relación a derecho al olvido, suscrita por el diputado José Luis Báez Guerrero, y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 4o. y 5o. de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Susana Prieto Terrazas, del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto por el que se declara el día 30 de octubre de cada año como el Día Nacional de Concientización del Cáncer de Hígado, suscrita por las diputadas María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena y Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que adiciona los artículos 152 Bis a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y 28 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, suscrita por la diputada Ana María Esquivel Arrona y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona un artículo segundo transitorio a la Ley General de Cambio Climático, suscrita por el diputado Gabriel Ricardo Quadri de la Torre y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada Genoveva Huerta Villegas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma los artículos 19 y 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, suscrita por el diputado José Antonio García García y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 62 y 76 del Reglamento de Cámara de Diputados, suscrita por la diputada Noemí Berenice Luna Ayala y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley del Seguro Social, suscrita por la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, suscrita por la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 129 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 21 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Guillermo Octavio Huerta Ling y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a cargo de la diputada Gabriela Sodi, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Que reforma y adiciona el artículo 2o. de la Ley de Planea-ción, a cargo de la diputada Adriana Bustamante Castellanos, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Verónica Collado Crisola, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 73 y 73 Bis de la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Salvador Alcántar Ortega y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Lidia García Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Salvador Alcántar Ortega y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 3o. y 5o. de la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Daniel Murguía Lardizábal, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un artículo 7 Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por los diputados Wilbert Alberto Batún Chulim y Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que expide la Ley de Fomento de la Caficultura, a cargo del diputado Ismael Brito Mazariegos, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 873-J de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por la diputada Genoveva Huerta Villegas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Fiscalía General de la República, en materia de perspectiva de género, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona el artículo 10 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a cargo del diputado Sergio Barrera Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 34 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 185 de la Ley Federal de Derechos, suscrita por la diputada Krishna Karina Romero Velázquez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de seguridad estructural y atlas de riesgo, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma el artículo 15 Octavus, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a cargo de la diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de elección de diputados y senadores, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, suscrita por el diputado Román Cifuentes Negrete y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en materia de muerte digna sin dolor, suscrita por los diputados Salomón Chertorivski Woldenberg, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena y Frinné Azuara Yarzábal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de geoparques, geodiversidad y patrimonio geológico, a cargo del diputado Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 3o. y 4o. de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, suscrita por el diputado Salvador Alcántar Ortega y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley del Registro Público Vehicular, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley General de Cambio Climático, en materia de armonización con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, suscrita por diputados integrantes de la Comisión de Movilidad.
Que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un artículo 202 Bis a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de educación sexual, a cargo de la diputada Susana Cano González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de políticas públicas para promover una nutrición adecuada, a cargo de la diputada Claudia Tello Espinosa, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 13 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Claudia Tello Espinosa, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 4o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Claudia Tello Espinosa, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, en materia de reconocimiento al oficio de bombero, a cargo de la diputada Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 19 de la Ley de la Fiscalía General de la República y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Guadalupe Román Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pedro David Ortega Fonseca, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en materia de quejas e inconformidades, a cargo de la diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de prevención de discriminación en las políticas públicas, a cargo de la diputada Marisol García Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 218 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada Martha Barajas García, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
De decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la leyenda Al personal de salud por su heroísmo durante la pandemia del covid-19, suscrita por la diputada Mariela López Sosa y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Vivienda y de la Ley General de Desarrollo Social, en materia de vivienda adecuada, suscrita por diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo y de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en materia de acceso a derechos y no discriminación, suscrita por el diputado Santiago Torreblanca Engell y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 368 Quáter del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Claudia Selene Ávila Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 2o. y deroga el artículo 6o. de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, suscrita por la diputada Genoveva Huerta Villegas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 300 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por el diputado Guillermo Octavio Huerta Ling y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de fortalecimiento a la autonomía financiera y administrativa municipal, a cargo del diputado José Guadalupe Fletes Araiza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 57 y 58 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la diputada Olimpia Tamara Girón Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma, adiciona y deroga los artículos 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y 17 de la Ley de Vivienda, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona el artículo 216 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona los artículos 18, 30 y 78 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Olimpia Tamara Girón Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda, suscrita por el diputado Oscar Almaraz Smer y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Taygete Irisay Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera, en materia de otorgamiento de concesiones mineras, suscrita por los diputados Alfredo Vázquez Vázquez, Mayra Alicia Mendoza Álvarez y Judith Celina Tanori Córdova, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 1o. y 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para crear un sistema único de información estadística de actos de discriminación, violencias y crímenes de odio por cuestiones de orientación sexual, expresión o identidad de género, a cargo de la diputada María del Rocío Banquells Núñez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Wilbert Alberto Batún Chulim y Alma Anahí González Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 36 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, suscrita por el diputado Salvador Alcántar Ortega y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 298, 304 y 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Andrés Pintos Caballero, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma la fracción III y deroga la fracción II del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley de Aguas Nacionales, en materia de empresas tractoras, a cargo de la diputada Gabriela Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 3o. de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 3o. de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, suscrita por las diputadas Paulina Rubio Fernández, María Elena Pérez-Jaén Zermeño y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para que los seguros de gastos médicos tengan cobertura para enfermedades mentales, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en materia de muerte anticipada, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena y Salomón Chertorivski Woldenberg, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 2o. y 3o. de la Ley General de Cultura Física y Deporte, a cargo de la diputada Catalina Díaz Vilchis, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, para incorporar la figura de candidato migrante, a cargo del diputado Mario Alberto Torres Escudero, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar los diputados y senadores plurinominales, a cargo del diputado Mario Alberto Torres Escudero, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 387 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Mario Alberto Torres Escudero, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, en materia de puestos de dirección o administración en las sociedades cooperativas, a cargo del diputado Mario Alberto Torres Escudero, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 7o. de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Mario Alberto Torres Escudero, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 15 y 16 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de diferencia salarial en el deporte, a cargo de la diputada Marisol García Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de acreditación de establecimientos de atención y tratamiento a enfermedades raras, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez e integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México.
Que adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de transparencia en comisiones, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 3o. y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado Mario Alberto Torres Escudero, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lidia Pérez Bárcenas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, suscrita por la diputada Rosa María González Azcárraga y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de regular los gastos de la familia presidencial y de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma los artículos 201 del Código Penal Federal y 17 de la Ley General para el Control del Tabaco, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 4o. y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Marco Antonio Mendoza Bustamante y Roberto Carlos López García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en materia de auditorias en tiempo real, a cargo del diputado José Mauro Garza Marín, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona un artículo 146 Bis al Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 140 y 141 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 581, 588 y 591 del Código de Comercio, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 6o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a cargo de la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona un artículo 6 Bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pedro Sergio Peñaloza Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma los artículos 211 Bis 1, 211 Bis 2 y 211 Bis 3 del Código Penal Federal, suscrita por la diputada Gina Gerardina Campuzano González y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación a acciones afirmativas en materia electoral en favor de las personas con discapacidad, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma el artículo 6o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Fátima Almendra Cruz Peláez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, en materia de atención de las personas en situación de calle, a cargo de la diputada María Asención Álvarez Solís, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 1o. y adiciona un artículo 65 Quáter a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a cargo del diputado Mauricio Prieto Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Que reforma los artículos 4o. y 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Ángel Miguel Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, suscrita por el diputado José Antonio Zapata Meraz y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Gustavo Cárdenas Monroy, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que adiciona un artículo 150 Bis a la Ley del Seguro Social, a cargo de la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona los artículos 2o. y 5o. de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a cargo de la diputada Ma.Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que adiciona los artículos 59 Ter, 59 Quáter y 59 Quinquies a la Ley de Hidrocarburos, suscrita por los diputados Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena, y Luis Alberto Martínez Bravo del Grupo Parlamentario, del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma el artículo 53 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, suscrita por el diputado José Antonio Zapata Meraz y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Cynthia Iliana López Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona los artículos 20 Quinquies, 38 y 42 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Baltierra García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y deroga los artículos 330, 331 y 333 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma el artículo 9o. de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 4o., 10o. y 43 de la Ley General de Protección Civil, suscrita por el diputado Noel Mata Atilano y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de aportaciones al sistema de ahorro para el retiro y pensiones autosustentable, a cargo del diputado Rodrigo Fuentes Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que reforma y adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona los artículos 11, 46 y 79 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Que reforma y adiciona el artículo 156 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona los artículos 9o. y 72 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma el artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Noel Mata Atilano y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Que reforma y adiciona el artículo 38 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Que reforma y adiciona el artículo 7o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que expide la Ley que Regula la Participación de las Fuerzas Armadas en Tareas de Seguridad Pública, suscrita por el diputado Román Cifuentes Negrete y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 72 y 85 de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 4o.-C a la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por el diputado Salvador Alcántar Ortega y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona los artículos 128 y 129 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a cargo de la diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona los artículos 262 y 263 del Código Penal Federal, suscrita por el diputado Salvador Alcántar Ortega y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona los artículos 5o. y 7o. de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, suscrita por los diputados Salvador Alcántar Ortega y María Elena Pérez-Jaén Zermeño y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que reforma y adiciona el artículo 31 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que reforma y adiciona el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, suscrita por el diputado Noel Mata Atilano y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que adiciona el artículo 20 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones, la frase La Radio en México, a cargo del diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto por el que se declara el 15 de noviembre como Día de Frida la Canina Rescatista de la Secretaría de Marina, a cargo de la diputada Susana Cano González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena.
De decreto por el que se declara el día 29 de noviembre de cada año como Día Nacional del Idioma Huasteco-Tenek, a cargo del diputado Antolín Guerrero Márquez, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que expide la Ley General de Operación de los Registros Civiles, a cargo de la diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Morena y diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia vicaria, a cargo de la diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena.
Que adiciona el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Raymundo Atanacio Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.
Proposiciones
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, a realizar el seguimiento correspondiente a las denuncias presentadas por diversos legisladores con motivo del caso de maltrato animal que derivó en la muerte de un canino en la Alcaldía Tlalpan, y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a instruir a la Brigada de Vigilancia Animal a implementar mecanismos que permitan a sus elementos, acudir de manera expedita a los llamados para salvaguardar a los animales violentados, a cargo de la diputada Susana Cano González, del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a investigar si hubo bloqueo u obstaculización en el traslado de los animales para su atención médica por parte de la Profepa en el caso de la fundación Black Jaguar-White Tiger, a cargo del diputado José Luis Báez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo relativo a fortalecer al Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Municipal en México, a cargo del diputado Ricardo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, a trabajar en coordinación para establecer un programa integral para incentivar la transición hacia la electromovilidad, del parque vehicular nacional, a cargo de la diputada Esther Martínez Romano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sader, a la ANAM y a la SRE, a tomar medidas necesarias para dejar de recibir el fosfato explotado de forma ilícita de la República Árabe Saharaui Democrática, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Conagua, y a distintas instituciones, a efectuar acciones conjuntas para solucionar el desabasto de agua potable y de alta calidad en Ecatepec, a cargo del diputado Juan Ángel Bautista Bravo y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sectur, a considerar las rutas del vino como zonas de desarrollo turístico sustentable y emita el proyecto de propuesta correspondiente a efecto de ser sometido a consideración del Ejecutivo federal, a cargo del diputado José Luis Báez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Semarnat, a la Sader y a la Profepa, a implementar las acciones necesarias para proteger a la vaquita marina y la totoaba, con la finalidad de evitar su tráfico y extinción, a cargo del diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al IMSS y a la Secretaría de Salud, a informar a la opinión pública los casos de meningitis aséptica registrados en el país, a cargo de la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Efemérides
Con motivo del aniversario 58 de la inauguración del Conjunto Habitacional Nonoalco Tlatelolco, ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Cynthia Iliana López Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con motivo del 30 de noviembre, aniversario 116 del natalicio de Andrés Henestrosa Morales, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.»
INTERVENCIÓN DESDE LA TRIBUNA EN LENGUA INDÍGENA
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Diputadas y diputados, con motivo del uso y conservación de lenguas indígenas nacionales, damos la bienvenida al ciudadano Adán Castillo Galindo, hablante de la lengua cuicateca, originario de Santos Reyes Pápalo, comunidad indígena de la región Cañada del estado de Oaxaca. Ciudadano Adán Castillo Galindo, tiene usted la palabra, hasta por cinco minutos. Bienvenido, por favor.
El ciudadano Adán Castillo Galindo: (Habla en lengua cuicateca). Buenos días a todos los diputados y demás personalidades que nos acompañan en este recinto. Mi nombre es Adán Castillo Galindo, originario de la comunidad de Santos Reyes Pápalo, pueblo indígena cuicateco.
Oaxaca es un estado con una riqueza cultural sorprendente, como sabrán en ella se hacen presentes 17 pueblos indígenas, cada uno de ellos posee características propias que los hace identificar, pero entre todos compartimos algo en común, realizamos cultos, rituales, ceremonias y ofrendas, que son elementos de nuestra identidad cultural intangible que se conservan gracias al conocimiento y la práctica de nuestra lengua. Lamentablemente, desde que inició el proceso de castellanización en nuestras comunidades y pueblos indígenas, nuestra lengua materna ha sido y sigue siendo desplazada y desvalorizada, lo que ha provocado la pérdida de conocimientos y saberes milenarios de nuestros pueblos.
De las ocho regiones de mi estado de Oaxaca; la región Cañada es la más pequeña, si nos referimos a extensión territorial. Sin embargo, en ella se concentran los siguientes pueblos indígenas: el cuicateco, chinanteco, mazateco, mixteco, náhuatl, ixcateco y, recientemente reconocido, el pueblo afromexicano.
De ellos, la mayoría conserva la lengua materna a excepción del Ixcateco, que de acuerdo a los datos del Inegi 2020, se tiene el registro de 5 hablantes de la lengua ixcateco.
Solicito, a nombre de todos los pueblos y comunidades, que se hagan efectivas las acciones y estrategias consideradas a implementarse, empezar a trabajar desde el sistema educativo, impulsar una educación con pertenencia cultural, dando principal atención a la lengua indígena, para que de esta manera se pueda fortalecer o, en su caso, rescatar este elemento cultural, que sin duda es la base de la comunicación y la transmisión de conocimientos.
Otro punto muy importante de nuestros pueblos y comunidades indígenas es nuestro derecho a la libre determinación y autonomía, que contempla el derecho a la tierra, a los territorios, a los sistemas normativos y al patrimonio cultural estipulados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, que en nuestra Carta Magna solo se menciona en términos generales, omitiendo especificaciones, muy lejos de acercarse a la realidad de nuestros pueblos.
Lo antes expuesto, en el año 2021 el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas dio inicio a una propuesta de reforma constitucional para poder tener un fundamento legal y hacer efectivos todos los derechos que como pueblos originarios nos asisten. Para cuando esta propuesta esté en esta honorable Cámara en la que ustedes presiden, pido que se revise y se tome en cuenta la iniciativa de reforma constitucional que sin duda será de gran beneficio para nuestras comunidades. De ante mano muchas gracias. Muchas gracias a todos.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Le agradecemos al ciudadano Adán Castillo, por su participación. Adán Castillo Galindo, por su participación y que lo haya hecho en representación de los 17 pueblos originarios que abarcan la región de donde viene el ciudadano Castillo Galindo.
También tomamos nota de lo que nos comenta, en términos de que la lengua cuicateca solamente registra cinco habitantes que la hablan, entonces esto es una llamada que hacemos a las autoridades para que se registre este hecho porque solamente cinco personas tienen el conocimiento de esta lengua y por lo tanto hay que buscar rescatar para que de ninguna manera se pierda y quede en el olvido.
Y, también, por supuesto que tomamos nota del comentario que nos hace el ciudadano Castillo Galindo, en términos de la Declaración por parte de Naciones Unidas, en términos de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Lo tenemos muy presente y veremos cómo esa Declaración puede adaptarse a nuestro orden jurídico, al orden constitucional, y en qué medida pueda ser coincidente. Le agradecemos muchos esos comentarios. Y tenga por presente que los vamos a tomar en cuenta. Muchas gracias por su participación.
MINUTO DE SILENCIO
EN MEMORIA DEL EMBAJADOR DE MÉXICO EN GHANA, ENRIQUE ESCORZA ZAMUDIO
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Honorable asamblea, esta Presidencia lamenta el sensible fallecimiento del licenciado Enrique Escorza Zamudio, embajador de México en Ghana. Fue miembro del Servicio Exterior Mexicano, jefe de la Oficina de Asuntos del Congreso de la embajada de México en Estados Unidos, así como en distintos cargos dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Hace apenas unas horas falleció el señor embajador Escorza Zamudio, que además fue asesor especial de Asuntos Consulares y Cooperación Internacional y estuvo adscrito a la embajada de México en Canadá. Fue un gran servidor público, un servidor público abocado a la diplomacia y a las relaciones exteriores del país, es decir un funcionario de Estado. Por eso esta Presidencia, junto con los y las integrantes de la Mesa Directiva, envía las más sentidas condolencias a sus familiares y amigos.
Solicito a la asamblea ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.
(Minuto de silencio)
Muchas gracias. Pueden tomar asiento, por favor.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: En términos del artículo 96 del Reglamento, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior.
La secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas: En votación económica, se consulta a la asamblea si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Se dispensa la lectura.
«Acta de la sesión semipresencial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el jueves veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Sexagésima Quinta Legislatura.
Presidencia de la diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos
En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de cuatrocientos setenta y cinco diputadas y diputados, a las doce horas con diecisiete minutos del jueves veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, la Presidencia declara abierta la sesión.
Lectura del orden del día.
La Presidencia informa a la Asamblea que el orden del día de la presente sesión, se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, mismo que contiene los asuntos a tratar el día de hoy.
Intervención desde la tribuna en lengua indígena.
En el marco de la promoción y desarrollo de las lenguas indígenas, se concede el uso de la palabra, al ciudadano Cecilio Morales Vázquez, hablante de la lengua tutunakú.
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
La Presidencia, de conformidad a lo establecido en el artículo noventa y seis del Reglamento de la Cámara de Diputados, instruye a la Secretaría consultar a la Asamblea si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, toda vez que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica, se dispensa su lectura, y no habiendo oradores registrados, de la misma manera, se aprueba.
Comunicaciones.
Se da cuenta con Comunicaciones Oficiales:
a) De las diputadas y diputados:
• Lidia Pérez Bárcenas, de Morena, por la que solicita el retiro de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo cincuenta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.
• Carmen Patricia Armendáriz Guerra, de Morena, por la que solicita el retiro de las siguientes iniciativas con proyecto de decreto:
—Por el que se reforma la fracción ocho del artículo nueve de la Ley General de Educación, en materia de implementación de escuelas con horario completo, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.
—Por el que se reforma el inciso C de la fracción dos del artículo nueve de la Ley de la Guardia Nacional para crear la Guardia Nacional Verde, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.
—Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, y de la Ley del Seguro Social, en materia de salud universal, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.
• Azael Santiago Chepi, de Morena, por la que solicita el retiro de iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo setenta y uno Bis a la Ley General de Educación, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.
• Miguel Ángel Pérez Navarrete, de Morena, por la que solicita el retiro de las siguientes iniciativas con proyecto de decreto:
—Por el que se adiciona el artículo setenta y cuatro Bis, así como una fracción veintitrés al artículo ciento trece a la Ley General de Educación, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.
—Por el que se reforma la fracción once del artículo treinta de la Ley General de Educación, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Se tiene por retirada, actualícense los registros parlamentarios.
Solicitudes de licencia de legisladores.
Se da cuenta con oficios de las diputadas y el diputado:
• Olga Zulema Adams Pereyra, de Morena, por el que solicita licencia para separarse de sus funciones como diputada federal, electa en la Primera Circunscripción Plurinominal, el veintinueve y treinta de noviembre del año en curso. En votación económica, se aprueba. Comuníquese y llámese a la suplente.
• Claudia Selene Ávila Flores, de Morena, por el que solicita licencia para separarse de sus funciones como diputada federal, electa en la Cuarta Circunscripción Plurinominal, el veintinueve de noviembre del año en curso. En votación económica, se aprueba. Comuníquese y llámese a la suplente.
• Susana Prieto Terrazas, de Morena, por el que solicita licencia para separarse de sus funciones como diputada federal, electa en la Primera Circunscripción Plurinominal, el veintinueve de noviembre del año en curso. En votación económica, se aprueba. Comuníquese y llámese a la suplente.
• Laura Imelda Pérez Segura, de Morena, por el que solicita licencia para separarse de sus funciones como diputada federal, electa en el Décimo Sexto Distrito Electoral del estado de Jalisco, a partir del veintinueve de noviembre del año en curso. En votación económica, se aprueba. Comuníquese y llámese a la suplente.
• Pedro David Ortega Fonseca, de Morena, por el que solicita licencia para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en el Décimo Distrito Electoral del estado de Guanajuato, a partir del veintinueve de noviembre del año en curso. En votación económica, se aprueba. Comuníquese y llámese al suplente.
Comparecencia de la secretaria de Bienestar.
El siguiente punto del orden del día es la comparecencia de la titular de la Secretaría de Bienestar, ciudadana Ariadna Montiel Reyes, quien se encuentra en el Salón Protocolo de esta Cámara de Diputados, por lo que, se designa una comisión para recibirla y acompañarla al interior del Salón de Sesiones.
La Presidencia hace del conocimiento de la secretaria de Bienestar que, de conformidad con los artículos sesenta y nueve, y noventa y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparece ante esta Soberanía, bajo protesta de decir verdad, a fin de profundizar en el análisis del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente de la República, acto seguido, se le toma la protesta constitucional referida, y se le concede el uso de la Tribuna, hasta por quince minutos, para realizar su presentación, en cumplimiento al resolutivo Segundo, numeral dos, del acuerdo aprobado por la Asamblea.
La Presidencia hace saber al Pleno que, en términos del resolutivo Segundo, numeral tres, del acuerdo aprobado por la Asamblea para la realización de esta comparecencia, se concederá el uso de la palabra a los grupos parlamentarios en orden decreciente, hasta por cinco minutos.
En consecuencia, intervienen las diputadas y diputados: Martha Rosa Morales Romero, de Morena;
Presidencia de la diputada Marcela Guerra Castillo
Ana María Esquivel Arrona, del Partido Acción Nacional; Rodrigo Fuentes Ávila, del Partido Revolucionario Institucional;
Presidencia de la diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos
La Presidencia realiza moción de orden a la Asamblea.
Angélica Peña Martínez, del Partido Verde Ecologista de México; Ana Karina Rojo Pimentel, del Partido del Trabajo; Amalia Dolores García Medina, de Movimiento Ciudadano; y Héctor Chávez Ruiz, del Partido de la Revolución Democrática.
La Presidencia informa a la Asamblea que, para profundizar en el análisis del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente de la República, se llevará a cabo una primera ronda de intervenciones, que se desarrollará en términos del resolutivo Segundo, numeral cuatro, del acuerdo aprobado por la Asamblea.
En consecuencia, en la primera ronda de preguntas, respuestas y réplicas, intervienen las diputadas y diputados: Elizabeth Pérez Valdez, del Partido de la Revolución Democrática;
Presidencia de la diputada Marcela Guerra Castillo
La Presidencia realiza moción de orden a la Asamblea.
Maria Asención Álvarez Solís, de Movimiento Ciudadano; para formular preguntas, Esther Martínez Romano, y para realizar réplica, Jorge Armando Ortiz Rodríguez, ambos del Partido del Trabajo; María José Alcalá Izguerra, del Partido Verde Ecologista de México; Miguel Sámano Peralta, del Partido Revolucionario Institucional; para formular preguntas, Sonia Murillo Manríquez, y para realizar réplica, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, ambas del Partido Acción Nacional; para formular preguntas Leonor Coutiño Gutiérrez.
La Presidencia realiza moción de orden a la Asamblea.
Para realizar réplica, Verónica Collado Crisolia, ambas de Morena. En su oportunidad, la ciudadana Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, da respuesta a los cuestionamientos correspondientes.
Desde su curul, interviene la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Partido Acción Nacional, para solicitar moción de orden. La Presidencia realiza moción de orden a la Asamblea.
En la segunda ronda de preguntas, respuestas y réplicas, intervienen las diputadas y diputados: Marcelino Castañeda Navarrete, del Partido de la Revolución Democrática;
La Presidencia da la bienvenida a este Salón de Sesiones, a un grupo de estudiantes de la Escuela Telebachillerato, número ciento veintisiete, del municipio de La Paz, Estado de México, invitados por el diputado Alan Castellanos Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional.
Elvia Yolanda Martínez Cosío, de Movimiento Ciudadano; para formular preguntas, Alfredo Femat Bañuelos, y para realizar réplica, Araceli Celestino Rosas, ambos del Partido del Trabajo; Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Partido Verde Ecologista de México; Frinné Azuara Yarzábal, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia de la diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos
Para formular preguntas, Daniela Soraya Álvarez Hernández.
La Presidencia realiza moción de orden a la Asamblea.
Desde su curul, intervienen las diputadas y el diputado: Leonel Godoy Rangel, de Morena; Carmen Rocío González Alonso, del Partido Acción Nacional; y Ana Karina Rojo Pimentel, del Partido del Trabajo, para solicitar moción de orden.
Y para realizar réplica, Ana Teresa Aranda Orozco, ambas del Partido Acción Nacional.
La Presidencia solicita a los oradores que participan en Tribuna, no obstruir la visibilidad de la secretaria de Bienestar.
Para formular preguntas Zeus García Sandoval.
Desde su curul, interviene la diputada Patricia Terrazas Baca, del Partido Acción Nacional, para solicitar moción de orden.
Y para realizar réplica, Rocío Natalí Barrera Puc, ambos de Morena. En su oportunidad, la ciudadana Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, da respuesta a los cuestionamientos correspondientes.
La Presidencia realiza moción de orden a la Asamblea.
Desde su curul, interviene la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, del Partido Acción Nacional, para responder alusiones personales.
Finalmente, la Presidencia emite un mensaje a la Asamblea, destacando que, en términos del artículo noventa y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ha dado cuenta a esta Soberanía el estado que guarda la Secretaría de Bienestar. Acto seguido, da por concluida la comparecencia de la secretaria del ramo en materia de política social, e informa que, de conformidad con lo que establece el artículo séptimo, numeral cinco, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta sesión será remitida al presidente de la República, para su conocimiento.
La Presidencia solicita a la comisión designada, acompañar a la ciudadana Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bie-nestar, cuando desee retirarse del Salón de Sesiones.
Declaratoria de publicidad de dictámenes.
La Secretaría informa a la Asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, los siguientes dictámenes con proyecto de decreto:
a) De la Comisión de Igualdad de Género:
• Por el que se adiciona un inciso d) a la fracción cinco del artículo treinta y cuatro Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
• Por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo siete de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Dispensa de trámites a dictámenes.
En términos del artículo ochenta y siete del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con el requisito de declaratoria de publicidad, por consiguiente, la Presidencia instruye a la Secretaría consultar a la Asamblea, si se autoriza que los dictámenes antes referidos, se sometan a discusión y votación de inmediato. En votación económica, se autoriza.
Discusión de dictámenes.
El siguiente punto del orden del día es la discusión de los siguientes dictámenes con proyecto de decreto:
a) De la Comisión de Igualdad de Género, por el que se adiciona un inciso d) a la fracción cinco del artículo treinta y cuatro Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La Presidencia, en términos del artículo catorce, numeral uno, inciso b) del Reglamento de las Situaciones de Emergencia y la Contingencia Sanitaria, concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen, en nombre de la Comisión, a la diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz.
Para fijar la postura de su respectivo grupo parlamentario y de conformidad a lo que establece el artículo catorce, numeral uno, inciso c) del Reglamento de las Situaciones de Emergencia y la Contingencia Sanitaria, interviene la diputada María Rosete, del Partido del Trabajo, quien es promovente de la iniciativa dictaminada.
Está a discusión, al no haber oradores registrados, en votación económica, se considera suficientemente discutido, en lo general y en lo particular.
La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos diecinueve, numeral uno, inciso b) del Reglamento de las Situaciones de Emergencia y la Contingencia Sanitaria, y ciento cuarenta y cuatro, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, instruye a la Secretaría abrir la plataforma digital para el registro de votación hasta por cinco minutos, para que las diputadas y diputados presentes en el Salón de Sesiones y los que concurren de manera telemática, a través de la plataforma digital Zoom, procedan a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto, en un solo acto.
La Presidencia da la bienvenida a este Salón de Sesiones, a estudiantes de la carrera de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Campus Tehuacán, invitados por la diputada Araceli Celestino Rosas, del Partido del Trabajo.
Desde su curul y de manera telemática, a través de la plataforma digital Zoom, intervienen las diputadas y diputados: Marco Antonio Almendariz Puppo, del Partido Acción Nacional; Mario Xavier Peraza Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México; Saraí Nuñez Cerón, del Partido Acción Nacional; María Elena Limón García, de Movimiento Ciudadano; Marco Antonio Flores Sánchez, de Morena; Miguel Ángel Monraz Ibarra, del Partido Acción Nacional; Héctor Armando Cabada Alvidrez, y Olga Zulema Adams Pereyra, ambos de Morena; Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, del Partido Acción Nacional; Janicie Contreras García, y Emmanuel Reyes Carmona, ambos de Morena; Mariana Mancillas Cabrera, del Partido Acción Nacional; Alma Anahí González Hernández, de Morena; Fátima Almendra Cruz Peláez, del Partido Verde Ecologista de México; Berenice Juárez Navarrete, del Partido Acción Nacional; Angélica Peña Martínez, del Partido Verde Ecologista de México; e Irma Juan Carlos, de Morena, todos para solicitar el registro de su voto a favor del dictamen. La Presidencia informa que se computará el voto manifestado por los legisladores.
En votación nominal, por unanimidad de cuatrocientos setenta votos, se aprueba, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso d) a la fracción cinco del artículo treinta y cuatro Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
b) De la Comisión de Igualdad de Género, por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo siete de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La Presidencia, en términos del artículo catorce, numeral uno, inciso b) del Reglamento de las Situaciones de Emergencia y la Contingencia Sanitaria, concede el uso de la palabra para fundamentar el dictamen, en nombre de la Comisión, a la diputada Julieta Kristal Vences Valencia.
Para fijar la postura de su respectivo grupo parlamentario y de conformidad a lo que establece el artículo catorce, numeral uno, inciso c) del Reglamento de las Situaciones de Emergencia y la Contingencia Sanitaria, interviene el diputado Wilbert Alberto Batun Chulim, de Morena, quien es promovente de la iniciativa dictaminada.
Presidencia de la diputada Marcela Guerra Castillo
La Presidencia informa a la Asamblea que con la intervención del diputado Wilbert Alberto Batun Chulim, ha terminado el plazo para el registro de reservas, al dictamen a discusión.
Al no haber más oradores registrados, en votación económica, se considera suficientemente discutido, en lo general.
La Presidencia informa a la Asamblea, que se recibió propuesta de modificación, suscrita por legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios, al artículo siete de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, e instruye a la Secretaría dar lectura a la misma. En votación económica, se admite a discusión, y no habiendo oradores registrados, de la misma manera, se considera suficientemente discutida. En votación económica, se acepta y se reserva el artículo para su votación nominal en conjunto, con la modificación aceptada por la Asamblea.
En consecuencia, la Presidencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos diecinueve, numeral uno, inciso b) del Reglamento de las Situaciones de Emergencia y la Contingencia Sanitaria, y ciento cuarenta y cuatro, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, instruye a la Secretaría abrir la plataforma digital para el registro de votación hasta por cinco minutos, para que las diputadas y diputados presentes en el Salón de Sesiones y los que concurren de manera telemática, a través de la plataforma digital Zoom, procedan a la votación, en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto, con la modificación aceptada por la Asamblea.
La Presidencia da la bienvenida a este Salón de Sesiones, a estudiantes y docentes de la Universidad Interamericana para el Desarrollo del estado de Zacatecas, invitados por la diputada Amalia Dolores García Medina, de Movimiento Ciudadano.
Desde su curul y de manera telemática, a través de la plataforma digital Zoom, intervienen las diputadas y diputados: Marco Antonio Almendariz Puppo, del Partido Acción Nacional; Mario Xavier Peraza Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México; Saraí Nuñez Cerón, del Partido Acción Nacional; Marco Antonio Flores Sánchez, de Morena; Miguel Ángel Monraz Ibarra, del Partido Acción Nacional; Héctor Armando Cabada Alvidrez, Olga Zulema Adams Pereyra, Janicie Contreras García, Emmanuel Reyes Carmona, y Alma Anahí González Hernández, todos de Morena; Fátima Almendra Cruz Peláez, del Partido Verde Ecologista de México; Karla Ayala Villalobos, del Partido Revolucionario Institucional; Diana María Teresa Lara Carreón, del Partido Acción Nacional; Flor Ivone Morales Miranda, y Nancy Yadira Santiago Marcos, ambas de Morena; Laura Barrera Fortoul, del Partido Revolucionario Institucional; Alfredo Porras Domínguez, y Juan Isaías Bertín Sandoval, ambos de Morena, todos para solicitar el registro de su voto a favor del dictamen, con la modificación aceptada por la Asamblea. La Presidencia informa que se computará el voto manifestado por los legisladores.
En votación nominal, por unanimidad de cuatrocientos sesenta y siete votos, se aprueba, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo siete de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
Comunicaciones de los órganos de gobierno.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da cuenta a la Asamblea con comunicación de la Junta de Coordinación Política, por la que solicita, de conformidad con el artículo sesenta y cuatro, numeral uno, del Reglamento de la Cámara de Diputados, modificar el orden del día de la presente sesión, a efecto de incluir el siguiente asunto para dispensa de trámites, y sea discutido y votado:
• Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción dos, y se adiciona una fracción tres al artículo cinco de la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos.
En votación económica y de conformidad con lo que establece el artículo sesenta y cinco, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se autoriza la modificación al orden del día.
Comunicaciones oficiales.
En consecuencia, la Presidencia instruye a la Secretaría, dar cuenta a la Asamblea con la minuta remitida por la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción dos, y se adiciona una fracción tres al artículo cinco de la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos.
Dispensa de trámites a minuta.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría consulta al Pleno, con fundamento en el artículo ochenta y dos, numeral dos, del Reglamento de la Cámara de Diputados, si se considera de urgente resolución, se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato. En votación económica, se considera de urgente resolución y se le dispensan todos los trámites.
Discusión de minuta con proyecto de decreto.
Por consiguiente, el siguiente punto del orden del día es la discusión de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción dos, y se adiciona una fracción tres al artículo cinco de la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos.
Está a discusión, al no haber oradores registrados, en votación económica, se considera suficientemente discutido, en lo general y en lo particular.
La Presidencia da la bienvenida a este Salón de Sesiones, al licenciado Víctor Loranca, quien viene acompañado de un grupo de alumnas y alumnos, así como de maestros de la Universidad del Altiplano de Tlaxcala, invitados por la diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, del Partido Acción Nacional.
Desde su curul, intervienen la diputada y el diputado: Andrea Chávez Treviño, y Leonel Godoy Rangel, ambos de Morena, para solicitar moción de orden. La Presidencia realiza aclaraciones.
Desde su curul, intervienen la diputada y el diputado: José Elías Lixa Abimerhi, del Partido Acción Nacional; y Andrea Chávez Treviño, de Morena, ambos para solicitar moción de orden. La Presidencia hace aclaraciones, e instruye a la Secretaría dar lectura al artículo dieciocho, numeral dos, del Reglamento de las Situaciones de Emergencia y la Contingencia Sanitaria.
Desde su curul, interviene el diputado José Elías Lixa Abimerhi, del Partido Acción Nacional, para responder alusiones personales.
Desde su curul y de manera telemática, a través de la plataforma digital Zoom, intervienen las diputadas y diputados: Marco Antonio Almendariz Puppo, del Partido Acción Nacional; Mario Xavier Peraza Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México; Saraí Nuñez Cerón, del Partido Acción Nacional; Marco Antonio Flores Sánchez, de Morena; Miguel Ángel Monraz Ibarra, del Partido Acción Nacional; Héctor Armando Cabada Alvidrez, Olga Zulema Adams Pereyra, Janicie Contreras García, y Alma Anahí González Hernández, todos de Morena; Karla Ayala Villalobos, del Partido Revolucionario Institucional; Diana María Teresa Lara Carreón, del Partido Acción Nacional; Alfredo Porras Domínguez, Juan Isaías Bertín Sandoval, Angélica Ivonne Cisneros Luján, y Mónica Herrera Villavicencio, todos de Morena; Diana Estefanía Gutierrez Valtierra, del Partido Acción Nacional; Claudia Delgadillo González, del Partido Verde Ecologista de México; Enrique Godínez del Río, del Partido Acción Nacional; Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, del Partido Revolucionario Institucional; Edna Gisel Díaz Acevedo, del Partido de la Revolución Democrática; Brígido Ramiro Moreno Hernández, del Partido del Trabajo; Angélica Peña Martínez, del Partido Verde Ecologista de México; Jesús Roberto Briano Borunda, de Morena; Juan Carlos Maturino Manzanera, del Partido Acción Nacional; Leonel Godoy Rangel, Andrea Chávez Treviño, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Gabriela Martínez Espinoza, y Martha Azucena Camacho Reynoso, todos de Morena;
Desde su curul, intervienen la diputada y el diputado: Cecilia Márquez Alkadef Cortés, de Morena, para solicitar moción de orden; y José Elías Lixa Abimerhi, del Partido Acción Nacional, para responder alusiones personales. La Presidencia hace aclaraciones.
Flor Ivone Morales Miranda, y Emmanuel Reyes Carmona, ambos de Morena; Vicente Javier Verastegui Ostos, del Partido Acción Nacional; y Laura Lorena Haro Ramírez, y Augusto Gómez Villanueva, ambos del Partido Revolucionario Institucional, todos para solicitar el registro de su voto a favor de la minuta. La Presidencia informa que se computará el voto manifestado por los legisladores.
En votación nominal, por cuatrocientos sesenta y dos votos a favor, y uno en contra, se aprueba, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción tres al artículo cinco de la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales.
Presentación de iniciativas.
Se continúa con la presentación de iniciativas con proyecto de decreto, en consecuencia, se concede el uso de la palabra a las diputadas y diputados:
• Ismael Brito Mazariegos, de Morena, que reforma los artículos veintiséis, y veintisiete, y adiciona un artículo veintinueve Bis a la Ley Agraria. Se turna a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.
• Salvador Alcántar Ortega, del Partido Acción Nacional, que reforma el artículo tres de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, suscrita por legisladores integrantes de su bancada. Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.
La Presidencia realiza aclaraciones respecto a las manifestaciones durante la votación nominal de la minuta referente a la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos. Desde su curul, la diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés, de Morena, solicita a la Presidencia que sus manifestaciones con relación a este tema, se retiren del Diario de los Debates.
• Paloma Sanchez Ramos, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma y adiciona el artículo cincuenta de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.
• Jorge Luis Llaven Abarca, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de perspectiva de género. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
• María de Jesús Páez Güereca, del Partido del Trabajo, que reforma y adiciona los artículos cuarenta y uno, y setenta y dos de la Ley General de Educación. Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen, y a la Comisión de Salud, para opinión.
Presidencia de la diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos
• Taygete Irisay Rodríguez González, de Movimiento Ciudadano, que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de licencias de maternidad, suscrita por legisladores integrantes de su bancada. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para opinión.
• Marcelino Castañeda Navarrete, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma el artículo ocho de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo ciento veintitrés Constitucional. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
• Claudia Alejandra Hernández Sáenz, de Morena, que reforma el artículo cincuenta y ocho del Código Civil Federal. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
• Mauricio Cantú González, de Morena, que reforma y adiciona los artículos noventa y dos, y cien de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.
• Saraí Nuñez Cerón, del Partido Acción Nacional, que reforma diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, suscrita por legisladores integrantes de su bancada. Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y de Justicia, para dictamen.
• Reynel Rodríguez Muñoz, del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo ochenta y siete de la Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
• Saúl Hernández Hernández, de Morena, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, en materia de turismo incluyente. Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión.
• Berenice Montes Estrada, del Partido Acción Nacional, quien presenta dos iniciativas: la primera que reforma el artículo ciento cuarenta y cinco de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; y la segunda que reforma los artículos ciento setenta y ocho, y ciento ochenta y dos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, suscritas por legisladores integrantes de su bancada. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen, la primera iniciativa; y la segunda iniciativa a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.
• Marcos Rosendo Medina Filigrana, de Morena, que reforma el artículo cuarenta de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.
• Miguel Ángel Varela Pinedo, del Partido Acción Nacional, que adiciona el artículo ciento treinta y nueve de la Ley de la Industria Eléctrica, suscrita por legisladores integrantes de su bancada. Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.
Desde su curul, interviene el diputado Leonel Godoy Rangel, de Morena, para solicitar un minuto de silencio en memoria del general José Silvestre Urzua Padilla, coordinador de la Guardia Nacional en el estado de Zacatecas. La Presidencia concede la solicitud e invita a la Asamblea ponerse de pie y guardar un minuto de silencio.
(Se guardó un minuto de silencio)
• Alma Griselda Valencia Medina, de Morena, que adiciona un artículo cincuenta y siete Bis a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.
• Steve Esteban del Razo Montiel, de Morena, que reforma el artículo trece de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.
Comunicación de legislador.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría informa a la Asamblea que se recibió comunicación de la diputada Claudia Selene Ávila Flores, de Morena, para solicitar a la Presidencia que su solicitud de licencia autorizada en la presente sesión, quede sin efectos. De enterado. Comuníquese.
Comunicaciones de órganos de gobierno.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría informa a la Asamblea que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, la comunicación de la Junta de Coordinación Política, por la que informa cambios de integrantes y de juntas directivas de comisiones ordinarias. En votación económica, se aprueban. Comuníquense.
La Presidencia informa a la Asamblea que, en términos de los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la Cámara de Diputados, y doce, numeral uno, del Reglamento de las Situaciones de Emergencia y la Contingencia Sanitaria, las iniciativas y proposiciones con punto de acuerdo, contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.
Clausura de la sesión.
La Presidencia levanta la sesión a las veinte horas con treinta y seis minutos, y cita para la próxima que tendrá lugar, el martes veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, a las once horas, en modalidad presencial, precisando que el registro de asistencia estará disponible a partir de las nueve horas, por medio de las tabletas instaladas en las curules de las y los legisladores.»
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Muchas gracias, diputada secretaria. En votación económica, consulte la Secretaría si es de aprobarse el acta de la sesión anterior.
La secretaria diputada María del Carmen Pinete Vargas: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Aprobada el acta.
Continúe la Secretaría.
COMUNICACIONES OFICIALES
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: Se recibieron oficios de la Junta de Coordinación Política en relación a cambio de integrantes y de juntas directivas de comisiones y de grupos de amistad.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– LXV Legislatura.– Cámara de Diputados.– Junta de Coordinación Política.
Diputado Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.– Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, numeral 1, inciso c); y en el marco de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y con el resolutivo tercero del Acuerdo por el que se comunica la integración nominal de las comisiones ordinarias de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito solicitar a usted, se procedan a realizar los movimientos en comisiones ordinarias solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.
• Que el diputado Gustavo Contreras Montes, cause baja como integrante de la Comisión de Derechos Humanos.
• Que el diputado Gustavo Contreras Montes, cause Alta como integrante en la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres.
• Que el diputado Steve Esteban del Razo Montiel, cause baja como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
• Que el diputado Steve Esteban del Razo Montiel, cause alta como integrante en la Comisión de Gobernación y Población.
• Que el diputado Mario Miguel Carrillo Cubillas, cause baja como integrante de la Comisión de Gobernación y Población.
Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Respetuosamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2022.– Diputado Moisés Ignacio Mier Velazco (rúbrica), presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– LXV Legislatura.– Cámara de Diputados.– Junta de Coordinación Política.
Diputado Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.– Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, numeral 1, inciso c); y en el marco de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y con el resolutivo tercero del Acuerdo por el que se comunica la integración nominal de las comisiones ordinarias de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito solicitar a usted, se procedan a realizar los movimientos en comisiones ordinarias solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.
• Que la diputada Aleida Alavez Ruiz, cause baja como integrante de la Comisión de Cultura y Cinematografía.
• Que la diputada Aleida Alavez Ruiz, cause alta como integrante en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Respetuosamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2022.– Diputado Moisés Ignacio Mier Velazco (rúbrica), presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– LXV Legislatura.– Cámara de Diputados.– Junta de Coordinación Política.
Diputado Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.– Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, numeral 1, inciso c); y en el marco de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se comunica la integración nominal de las comisiones ordinarias y Grupos de Amistad de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito solicitar a usted, se procedan a realizar los movimientos en los grupos de amistad solicitados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
• Que la diputada Cynthia Iliana López Castro, cause alta como integrante en el Grupo de Amistad de la República de la India.
Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
Sin otro particular, le reitero mi consideración distinguida.
Respetuosamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2022.– Diputado Moisés Ignacio Mier Velazco (rúbrica), presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– LXV Legislatura.– Cámara de Diputados.– Junta de Coordinación Política.
Diputado Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.– Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, numeral 1, inciso c); y en el marco de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y con el resolutivo tercero del Acuerdo por el que se comunica la integración nominal de las comisiones ordinarias de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito solicitar a usted, se procedan a realizar los movimientos en comisiones ordinarias solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.
• Que el diputado Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, cause baja como integrante de la Comisión de Gobernación y Población.
• Que el diputado Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, cause alta como integrante en la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
• Que la diputada Brianda Aurora Vázquez Álvarez, cause baja como integrante de la Comisión de Juventud.
• Que la diputada Brianda Aurora Vázquez Álvarez, cause alta como integrante en la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria.
• Que la diputada Sandra Luz Navarro Conkle, cause baja como integrante de la Comisión de Juventud.
• Que la diputada Sandra Luz Navarro Conkle, cause alta como integrante en la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia.
• Que el diputado Hirepan Maya Martínez, cause baja como integrante de la Comisión de Juventud.
• Que el diputado Hirepan Maya Martínez, cause alta como integrante en la Comisión de Turismo.
• Que la diputada Karla María Ravelo Estrada, cause baja como integrante de la Comisión de Radio y Televisión.
• Que el diputado Víctor Gabriel Varela López, cause baja como integrante de la Comisión de Radio y Televisión.
• Que el diputado Víctor Gabriel Varela López, cause alta como integrante en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento.
• Que el diputado Emmanuel Reyes Carmona, cause baja como integrante de la Comisión de Radio y Televisión.
• Que el diputado Emmanuel Reyes Carmona, cause alta como secretario en la Comisión de Infraestructura.
• Que el diputado Steve Esteban del Razo Montiel, cause baja como secretario de la Comisión de Radio y Televisión.
• Que el diputado Steve Esteban del Razo Montiel, cause alta como integrante de la Comisión de Zonas Metropolitanas.
• Que el diputado Bruno Blancas Mercado, cause baja como secretario de la Comisión de Radio y Televisión.
• Que el diputado Bruno Blancas Mercado, cause alta como integrante en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.
• Que la diputada Marisol García Segura, cause baja como integrante de la Comisión de Cultura y Cinematografía.
• Que la diputada Marisol García Segura, cause alta como integrante en la Comisión de Diversidad.
Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Respetuosamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2022.– Diputado Moisés Ignacio Mier Velazco (rúbrica), presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– LXV Legislatura.– Cámara de Diputados.– Junta de Coordinación Política.
Diputado Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados.– Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, numeral 1, inciso c); y en el marco de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y con el resolutivo tercero del Acuerdo por el que se comunica la integración nominal de las comisiones ordinarias de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito solicitar a usted, se procedan a realizar los movimientos en comisiones ordinarias solicitados por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
• Que la diputada Ana Laura Huerta Valdovinos, cause baja como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores.
• Que el diputado Carlos Alberto Puente Salas, cause alta como integrante en la Comisión de Relaciones Exteriores.
Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Respetuosamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2022.– Diputado Moisés Ignacio Mier Velazco (rúbrica), presidente.»
En votación económica, se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Aprobados. Comuníquense.
Continúe por favor la Secretaría.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: Se recibió solicitud del diputado Jorge Álvarez Máynez para retirar iniciativas con proyecto de decreto.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Diputados.– LXV Legislatura.
Diputado Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.– Presente.
Por medio del presente, hago referencia al oficio de 24 de noviembre suscrito por la Secretaría Técnica de la Presidencia de la Mesa Directiva, con la referencia 1120 y turno 1658, por el cual hace de mi conocimiento los diversos SSP/LXV/3.-05524/2022 y DGPL/LXV/317/2022, signados por el coordinador de Asesores de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y el director general de Proceso Legislativo, respectivamente, en los cuales se sugiere la modificación del diverso del 25 de octubre de 2022, por el cual solicité oportunamente el retiro de diversas iniciativas. Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, numeral 2 y el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito gire nuevamente sus apreciables instrucciones para que sean retiradas las siguientes iniciativas turnadas a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Reforma Política-Electoral, y de Gobernación y Población:
• Proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicación en Gaceta el 4-noviembre-2021.
• Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicación en Gaceta el 4-Noviembre-2021.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de noviembre de 2022.– Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica), coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.»
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Se tienen por retiradas. Actualícense los registros parlamentarios.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: Se recibió de la Secretaría de Gobernación el Informe trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo de julio, agosto y septiembre de 2022, elaborado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Secretaría de Gobernación.
Diputado Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.– Presente.
Por este medio y con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y los artículos 5o., fracción XIII, 8o., fracción VIII, y 12, fracciones III, VIII y XIII de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y el artículo 151 del Reglamento de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio No. D00/100/167/2022 el doctor Iván Hilmardel Pliego Moreno, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remite el Informe Trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio, agosto y septiembre de 2022.
Por lo anterior, le acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido, así como el anexo que en el mismo se cita en formato impreso y disco compacto.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.
Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2022.– Doctor Valentín Martínez Garza (rúbrica), encargado del despacho de la Unidad de Enlace.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Secretaría de Gobernación.
Doctor Valentín Martínez Garza, encargado del despacho de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación.– Presente.
De conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, atentamente solicito sea usted el amable conducto para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 5o., fracción XIII, 8o., fracción VIII, y 12, fracciones III, VIII y XIII, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y el artículo 151 del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Por lo anterior, anexo al presente me permito acompañar por duplicado el Informe Trimestral sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, correspondiente al periodo julio, agosto y septiembre de 2022, tanto impreso como en disco compacto, el cual fue aprobado por la Junta de Gobierno de esta Comisión en su tercera sesión extraordinaria de dos mil veintidós y que, de no existir inconveniente, deberá entregarse al H. Congreso de la Unión a más tardar el 25 de noviembre del año en curso.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
Atentamente
Ciudad de México,a 16 de noviembre de 2022.– Doctor Iván Hilmardel Pliego Moreno (rúbrica), presidente.»
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para su conocimiento.
La secretaria diputada Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel: Se recibió de la Cámara de Senadores acuerdo por el que solicita que se consideren los recursos suficientes para respaldar la política industrial planteada por la Secretaría de Economía.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores.– Ciudad de México.
Diputado Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.– Presente.
Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Comisión de Economía, con el siguiente punto de acuerdo:
“Primero. El Senado de la República exhorta a la persona titular de la Secretaría de Economía para que, en representación del gobierno federal y en colaboración con los integrantes de esta Cámara, llevemos a cabo una serie de reuniones y mesas de trabajo para analizar nuestros instrumentos jurídicos en materia económica e industrial, con la finalidad de identificar los ajustes regulatorios que son indispensables para apuntalar y fortalecer la política industrial anunciada por la Secretaría de Economía el pasado 20 de septiembre, así como llevar a cabo un análisis meticuloso que nos permita obtener el respaldo presupuestal que le otorgue viabilidad a este proyecto.
Segundo. El Senado de la Republica exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura, para que se consideren en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023 los recursos suficientes para respaldar la política industrial planteada por la Secretaría de Economía”.
Atentamente
Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2022.– Senadora Verónica Delgadillo García (rúbrica), secretaria.»
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su atención.
TOMA DE PROTESTA
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Honorable asamblea, se encuentra a las puertas de este salón de sesiones la ciudadana Tania Litz Villagrán Martínez, diputada federal electa en la primera circunscripción plurinominal y el ciudadano Jorge Luis Guzmán Domínguez, diputado federal electo por el distrito 10 del estado de Guanajuato. Se designa en comisión para que nos acompañe al acto de rendir protesta de ley a las siguientes diputadas y diputados: diputado José Alejandro Aguilar López, diputada Martha Robles Ortiz y diputado Saúl Hernández Hernández. Le pido a la diputada y a los diputados que cumplan con su cometido para que acompañen a los señores diputados que ya están aquí presentes, diputada y diputados.
(La comisión cumple su cometido)
La secretaria diputada Saraí Núñez Cerón: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Por favor, póngase de pie quienes están también en la galería. Les agradecemos mucho. Muchas gracias.
Ciudadana Tania Litz Villagrán Martínez y ciudadano Jorge Luis Guzmán Domínguez, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada y diputado que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión?
La ciudadana Tania Litz Villagrán Martínez y el ciudadano Jorge Luis Guzmán Domínguez: Sí, protesto.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Si así no lo hicieren que la nación se los demande.Bienvenidas y bienvenidos, señores diputados.
La secretaria diputada Saraí Núñez Cerón: Se invita a los presentes a tomar asiento.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Continúe la Secretaría, por favor.
MINUTAS
LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La secretaria diputada Saraí Núñez Cerón: La Cámara de Senadores remite minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 y 44 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores.– Ciudad de México.
Secretarios de la Cámara de Diputados.– Presentes.
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 y 44 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.
Atentamente
Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2022.Senadora Verónica Noemí Camino Farjat (rúbrica), secretaria.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores.– Ciudad de México.
PROYECTO DE DECRETOCS-LXV-II-1P-37
POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 21 Y 44 DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
Artículo Único. Se reforman el párrafo primero y la fracción I del artículo 21 y la fracción II del artículo 44 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:
Artículo 21. La Secretaría de Bienestar promoverá el derecho de las personas con discapacidad a un mayor índice de desarrollo humano así como el de sus familias, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados y a la mejora continua de sus condiciones de vida, sin discriminación por motivos de discapacidad. Para estos efectos, realizara las siguientes acciones:
I. Establecer medidas que garanticen el acceso de las personas con discapacidad, en condiciones de equidad y no discriminación, a todas las acciones, programas de protección y desarrollo social y estrategias de reducción de la pobreza, en observancia de todas aquellas disposiciones que les sean aplicables de la Ley General de Desarrollo social;
II. a IV. ...
Artículo 44. ...
...
I. ...
II. Secretaría de Bienestar;
III. a IX. ...
...
...
...
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2022.– Senador Alejandro Armenta Mier (rúbrica), presidente;senadora Verónica Noemí Camino Farjat (rúbrica), secretaria.»
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.
LEY DE MIGRACIÓN Y LEY SOBRE REFUGIADOS, PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA Y ASILO POLÍTICO
La secretaria diputada Saraí Núñez Cerón: La Cámara de Senadores remite minuta con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores.– Ciudad de México.
Secretarios de la Cámara de Diputados.– Presentes.
Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.
Atentamente
Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2022.– Senadora Verónica Noemí Camino Farjat (rúbrica), secretaria.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Senadores.– Ciudad de México.
PROYECTO DE DECRETOCS-LXV-II-1P-38
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE MIGRACIÓN Y DE LA LEY SOBRE REFUGIADOS, PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA Y ASILO POLÍTICO
Artículo Primero. Se reforman los artículos 8, y 29, fracción IV, de la Ley de Migración, para quedar como sigue:
Artículo 8. Las personas migrantes podrán acceder a los servicios educativos provistos por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Las personas migrantes tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médica, provista por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Las personas migrantes independientemente de su situación migratoria tendrán derecho a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida.
En la prestación de servicios educativos y médicos, ningún acto administrativo establecerá restricciones a la persona extranjera, mayores a establecidas de manera general para las personas mexicanas.
Artículo 29. ...
I. a III. ...
IV. Coadyuvar con el Instituto en la implementación de acciones que permitan brindar una atención adecuada a las personas migrantes que por diferentes factores o la combinación de ellos; enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad;
V. a VII. ...
Artículo Segundo. Se adicionan un segundo párrafo al artículo 13, y un párrafo tercero, recorriéndose los subsecuentes en su orden al artículo 18 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, para quedar como sigue:
Artículo 13. ...
I. a III. ...
La Secretaría tomará las medidas necesarias para brindar la asistencia institucional que de acuerdo con sus necesidades requieran las personas solicitantes y refugiadas con alguna discapacidad, incluidas aquellas que durante su tránsito migratorio por el territorio nacional hayan adquirido una discapacidad.
Artículo 18. ...
...
Las personas extranjeras con alguna discapacidad solicitantes de la condición de refugiado, así como aquellas que durante su tránsito migratorio por el interior del territorio nacional hayan adquirido una discapacidad, podrán presentar la solicitud a que hace referencia el párrafo primero de este artículo, en cualquier momento.
...
...
...
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se realizarán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto responsables para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, por lo que no se autorizaran recursos adicionales para tales efectos.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2022.– Senador Alejandro Armenta Mier (rúbrica), presidente;senadora Verónica Noemí Camino Farjat (rúbrica), secretaria.»
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Túrnese a las Comisiones Unidas para Asuntos Migratorios y de Relaciones Exteriores, para dictamen.
COMUNICACIONES OFICIALES
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Pido a la Secretaría dé lectura a la comunicación que remite la diputada Laura Imelda Pérez Segura.
La secretaria diputada Saraí Núñez Cerón:«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.– Cámara de Diputados.– LXV Legislatura.
Diputado Santiago Creel Miranda, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.– Presente.
Estimado diputado Santiago Creel, sirva el presente para enviarle un cordial y afectuoso saludo, a su vez, es por este medio que le solicito amablemente su intervención a fin de dejar sin efectos el oficio LIPS/2022/109 mediante el cual, su servidora solicita licencia para el día 29 de noviembre del año en curso.
Sin otro particular y agradeciendo de antemano las atenciones al presente, quedo de usted.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de noviembre de 2022.– Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica).»
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: De enterado. Comuníquese.
EFEMÉRIDES
ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL FELIPE DE JESÚS ÁNGELES RAMÍREZ
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del aniversario luctuoso del general Felipe de Jesús Ángeles Ramírez, a cargo de los grupos parlamentarios, quienes harán uso de la tribuna hasta por cinco minutos. En consecuencia, tiene la palabra para intervenir en esta efeméride del general Ángeles, la diputada Laura Lynn Fernández Piña, del Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Adelante, diputada Fernández Piña.
La diputada Laura Lynn Fernández Piña:Con la venia de la Presidencia.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Adelante.
La diputada Laura Lynn Fernández Piña: Mi muerte hará más bien a la causa democrática que todas las gestiones de mi vida. Ese fue el testamento político que el general Felipe de Jesús Ángeles dictó antes de su fusilamiento el 26 de noviembre de 1919, en Chihuahua, Chihuahua.
Militar, educador y humanista, puso a disposición de la causa maderista su conocimiento y su servicio, impartiendo clases en el Colegio Militar y defendiendo en todo momento los ideales políticos de la Revolución.
El general Ángeles será siempre referencia de lealtad y humanismo en la Revolución Mexicana, declarándose siempre seguidor de Francisco I. Madero, lealtad que incluso lo llevó a no participar en la Decena Trágica, siendo el único que dio la orden de no disparar hacia la Ciudadela.
En sus campañas, dentro de la Revolución Democrática, tuvo diversos encuentros con Emiliano Zapata, quien en algún punto admiró al general al hacer batallas acotadas sin quemar tierras y sin fusilar a diestra y siniestra a civiles, siempre respetando al combatiente, fue hasta el asesinato de Francisco I. Madero que decide unirse a las fuerzas revolucionarias de Francisco Villa donde continuó su lucha a favor del cambio del régimen y la institucionalización de la vida política del país.
En las campañas emprendidas al norte del país, éste, por una traición, es capturado en Chihuahua y llevado a un juicio donde no presentó defensa, estableciendo como castigo la pena capital y ordenando su fusilamiento, se negó a vendarse los ojos para su muerte y dijo: ¿Por qué temerle a la muerte si no le temo a la vida? Cuando las convicciones son firmes y las causas legítimas el maniqueísmo no tiene cabida ni la traición.
Es por ello, que resulta enriquecedora esta efeméride donde las causas parecieran perderse para esa mayoría que llegó desde la democracia. Se debe destacar el valor de la lealtad a las causas, la lucha democrática del general Felipe Ángeles lo llevó a no traicionar a Madero, a luchar por las instituciones sin castigar a la población con campañas militares que dictaban a sus tropas el respeto a los derechos humanos y de la población civil, órdenes que resultaron de la admiración de propios y extraños.
Diputadas y diputados, desde el Grupo Parlamentario del PRD somos leales a nuestras convicciones, a nuestros estatutos, a la ciudadanía mexicana que se ve representada en nuestra institución política y que seguirá siendo la base de nuestros esfuerzos por la democracia.
Compañeras y compañeros, les invito a la reflexión, la democracia no se negocia, la democracia no se intercambia por favores, se defiende, se perfecciona y se ciudadaniza como lo ha hecho el PRD desde su formación que, por cierto, surge de la pluralidad de los consensos y de la recolección de causas legítimas y fundamentales para el desarrollo económico, político y sobre todo social del país.
Podrán distinguir a elefantes blancos con el nombre del general, pero jamás harán honor a sus ideales y sus causas, porque para eso, primero hay que ser demócratas. Qué viva la democracia de nuestro país y que viva la autonomía de nuestro Instituto Nacional Electoral, es cuanto.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Muchas gracias, diputada Fernández Piña, por su participación. Ahora tiene la palabra el diputado Manuel Jesús Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
Antes de esa intervención, esta Presidencia saluda a un grupo de personas, miembros del Comité Directivo Municipal de Chignahuapan, Puebla, invitados por la diputada Ana Teresa Aranda Orozco. Bienvenidas y bienvenidos a esta soberanía.
También nos acompaña un grupo de ciudadanos provenientes del estado de Puebla, invitados por el diputado Raymundo Atanacio Luna. Igualmente, esta Mesa Directiva les desea lo mejor y que tengan una buena estancia en esta Cámara de Diputados, que el tour les resulte interesante y sean todas y todos ustedes bienvenidos.
Adelante, diputado Herrera Vega, tiene usted la palabra.
El diputado Manuel Jesús Herrera Vega:Gracias, con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, en este mes de la Revolución, conmemoramos a otro gran personaje de la época, Felipe de Jesús Ángeles Ramírez, hombre valiente y un ejemplo de lucha y de amor por su patria, que junto con Francisco Villa luchó contra la dictadura de Porfirio Díaz.
Con tan solo 14 años inició su carrera militar y se desempeñó como director del Heroico Colegio Militar, donde demostró su lealtad con Francisco Villa, por lo que en su momento le fue encomendada la representación de nuestro país en diversas negociaciones con los Estados Unidos, que tuvieron como objetivo fortalecer al Ejército mexicano.
Fue también gobernador de Coahuila, reconocido por su idealismo, enfocado en la legalidad, la defensa de la soberanía nacional.
El general Felipe Ángeles fue acusado por el delito de rebelión y deserción ante el enemigo y fue asesinado el 26 de noviembre de 1929 a sus 51 años en el cuartel del regimiento de caballería de Chihuahua.
Por levantar la voz con sus ideas revolucionarias, Felipe Ángeles fue considerado un enemigo del gobierno de la nación.
En esos años revolucionarios se castigaba y asesinaba por tener una opinión. El día de hoy, desde Palacio Nacional, todas las mañanas se enjuicia y se juzga a quienes no estamos de acuerdo con este régimen, a quienes alzamos la voz, a quienes defendemos a nuestras instituciones.
Por eso, en la bancada naranja hemos insistido tanto en frenar la reforma electoral del presidente, que busca quitarle espacios a la pluralidad, espacios que las y los mexicanos hemos conquistado a lo largo de estos años. Y lo seguiremos haciendo ante este o ante cualquier gobierno que crea que este México democrático puede volver a gobernarse como una dictadura porfirista.
Reconocemos el liderazgo y valentía de los hombres que lucharon por construir el país y que dieron su vida por la libertad de este México. Fueron claro ejemplo de lo que es servir a nuestra patria.
Compañeras y compañeros diputados, de nada sirve reconocer el trabajo de grandes hombres revolucionarios si todo se queda en simples declaraciones, si callamos cuando tenemos que defender el legado que tanta sangre y esfuerzo costó y sigue costando a las y a los mexicanos.
Hoy, desde esta tribuna, hago un llamado a la congruencia, a cumplir con nuestro compromiso de servir con amor y con valentía a nuestra nación. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Muchas gracias, señor diputado Herrera Vega. Ahora tiene la palabra la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, igualmente para referirse a esta efeméride sobre el general Felipe Ángeles. Adelante, si me hace usted favor, diputada Núñez Monreal.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal:Con su venia, señor presidente.
El presidente diputado Santiago Creel Miranda: Adelante, por favor.
La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Compañeras y compañeros legisladores, acudo a esta tribuna para presentar, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, esta efeméride con motivo del aniversario luctuoso del general Felipe de Jesús Ángeles.
Ciento doce años han transcurrido desde aquella trágica tarde del 20 de noviembre de 1910, cuando el candidato del partido antirreeleccionista Francisco I. Madero convocaba al pueblo de México a levantarse en armas en contra del régimen del general Porfirio Díaz. Infinidad de personalidades se presentaron al llamado y la lucha por el poder en todos los sectores sociales.
Transcurrida la primera etapa de la Revolución maderista, la continuidad política del grupo porfirista hacía estragos en el gobierno de Francisco I. Madero y sus días estaban contados. La Decena Trágica marcaría el fin de la administración maderista, pero daba inicio a una de las etapas más brillantes de la historia militar de México, el Constitucionalismo.
Es así que, en esta tesitura, hablar del general Felipe Ángeles es sinónimo de nacionalismo, de lealtad y de valentía. El general fue parte del Ejército porfiriano, llegó a ser oficial federal de alto rango durante el maderismo, sin olvidar su valiosa participación en la lucha armada como revolucionario. Es así que se propuso erradicar los exterminios y los tratos inhumanos en contra de los zapatistas, dejando ver su lado humanista.
En palabras del coronel Alessio Robles, contemporáneo del general Ángeles, cito: Su nombre era un orgullo para el Colegio Militar, estaba rodeado de una aureola de prestigio y de leyenda, inspiraba respeto y simpatía, se le consideraba como el oficial más inteligente y culto del Ejército.
Nació en Zacualtipán, Hidalgo, el 13 de junio de 1868, hijo de don Felipe Ángeles y de doña Juana Ramírez. Ingresó como alumno del Colegio Militar cuando tenía 14 años de edad, donde se graduó con el grado de teniente de plana mayor facultativa de ingenieros. Representó con honor y lealtad un ejemplo para sus compañeros, mientras que para el Ejército postrevolucionario determinó las características y cualidades que deberían de reunir los futuros elementos del Ejército Mexicano, quienes a partir de la década de los años treintas sentaron las bases del actual Ejército y Fuerza Aérea mexicanos.
Por otra parte, el general Ángeles ejerció la profesión de maestro en la Escuela Militar de Aspirantes, donde se distinguió por la forma tan peculiar de enseñarle a sus alumnos, pues implementó una educación humanista, lo cual se centraba en el libre albedrío, todo lo contrario hasta ese momento de lo que era la educación militar sumamente estricta.
Al estallar la Revolución Mexicana, la tercera gran transformación de nuestro país, Francisco I. Madero convocó a Felipe Ángeles para nombrarlo director del Colegio Militar e intervenir en el conflicto con la rebelión en el sur, liderada por Emiliano Zapata.
Cuando Victoriano Huerta dio el cobarde golpe del Estado militar, el general Felipe Ángeles fue detenido junto con José María Pino Suárez y Francisco I. Madero. Sin embargo y gracias al grado y prestigio militar que tenía no fue fusilado, sino exiliado a Francia.
Fue hasta 1913 que el general Felipe Ángeles regresa a México para unirse a la lucha constitucionalista encabezada por Venustiano Carranza, con el objetivo de derrocar al gobierno usurpador de Huerta, uniéndose así a las filas del Ejército de la División del Norte, liderada por Francisco Villa, con el cual triunfaron en diversas batallas como la de Torreón y San Pedro de las Colonias y, desde luego, la toma de Zacatecas, las cuales fueron claves para derrocar militarmente al huertismo.
Sin embargo, el general Felipe Ángeles fue traicionado, detenido, acusado de rebelión y deserción frente al enemigo y el 19 de noviembre de 1919 fue trasladado a Chihuahua para someterlo a un juicio de guerra en el que fue declarado culpable y, como resultado de ello, la madrugada del 26 de noviembre de 1919 fue cobardemente fusilado y enterrado en Chihuahua. Posteriormente sus restos fueron traslados al Panteón Municipal de Pachuca y actualmente se encuentra en la Rotonda de los Hidalguenses Ilustres.
Su lealtad a la patria, su aporte y valor merecen el respeto de todas y todos los mexicanos, pues el general Felipe Ángeles fue pieza fundamental para lograr la revolución de nuestra nación. Es cuanto y muchas gracias.
Presidencia de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Gracias diputada. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Kevin Ángelo Aguilar Piña, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Kevin Ángelo Aguilar Piña:Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Adelante, diputado.
El diputado Kevin Angelo Aguilar Piña: El general Felipe de Jesús Ángeles Ramírez es un personaje de nuestra historia a quien no se le había dado el reconocimiento que realmente merece su vida y obra.
Apenas, en este gobierno, se le ha comenzado a hacer justicia al elegir su nombre para el Nuevo Aeropuerto de Santa Lucía, que es una gran obra de la que debemos sentirnos orgullosos, pensada y construida en el marco de muchos de los valores que guiaron al general Felipe Ángeles durante su vida: humildad, honestidad, eficiencia, sacrificio personal, pero sobre todo, un profundo amor a México y una enorme vocación de servicio al pueblo.
En este mismo sentido reconozco esfuerzos como el de hoy, a través del cual, en el marco de su aniversario luctuoso esta asamblea le dedica un espacio a rendirle un homenaje al general Felipe Ángeles por sus contribuciones en la construcción de un México más libre y más justo.
Asimismo, aplaudo que en esta legislatura se haya aprobado en diciembre pasado la inscripción del nombre de Felipe Ángeles, en el muro de honor de este recinto legislativo, no solo porque se trata de un actor clave de nuestra Revolución, sino porque debe ser uno de los pocos personajes de ese periodo sobre el cual existe unanimidad de pareceres entre los historiadores de hoy sobre sus virtudes personales: valentía, entereza, serenidad, combinados con honestidad y lealtad a toda prueba.
No menos sobresaliente resulta la vocación del general Ángeles, para el estudio y su inteligencia, su apuesta por el humanismo en la educación militar, su perspectiva social y sus actuaciones en los campos de batalla, donde destacó como uno de los más hábiles y prominentes artilleros de su generación.
Resalta igualmente del general Felipe Ángeles, su tendencia a utilizar mecanismos de conciliación y al establecimiento de acuerdos con la finalidad de evitar que la acción de sus tropas dañara a la población civil. Quienes le conocieron decían que resaltaba en él, la compasión y la voluntad de entender.
Felipe Ángeles fue el único oficial de jerarquía que, habiendo sido formado durante el régimen de Porfirio Díaz, se incorporó al bando revolucionario. Honrosamente, Ángeles, fue el único alto mando militar que se mantuvo leal a Madero, durante el golpe de Estado que dieron Huerta y Félix Díaz, y que culminó con el asesinato del presidente.
La actuación del general Ángeles, fue crucial para muchas de las victorias que obtuvo la división del norte, al mando de Francisco Villa, siendo las más célebres la toma de Torreón y la Batalla de Zacatecas, en donde los federales fueron derrotados categóricamente.
El buen oficio político de Felipe Ángeles fue decisivo para que el movimiento encabezado por Emiliano Zapata, participara en la Convención de Aguascalientes y para que esta hiciera suyo el Plan de Ayala y sus reivindicaciones.
No obstante lo anterior, se debe recordar que la percepción que hoy se tiene del general Felipe Ángeles no siempre fue positiva, para nadie es secreto que la historia la escriben los vencedores y el bloque que resultó victorioso al término de nuestra Revolución lo consideró como agente de la reacción y como enemigo de la patria, tanto así que por ese motivo fue hecho prisionero, juzgado y ejecutado en noviembre de 1919.
“Sepan que en el destierro pasaré mi vida entera, antes de inclinar la frente, o que moriré ahorcado de un árbol a manos de un huertista o un carrancista por el delito capital de odiar a las dictaduras”. Dijo Felipe Ángeles, al triunfo del carrancismo que finalmente le arrebataría la vida por su negativa a renunciar a sus ideales de libertad y justicia para todos.
Fue durante la Presidencia del general Cárdenas cuando algunos intelectuales que habían militado en las filas villistas iniciarían la reivindicación del general Felipe Ángeles, para reconocerlo como lo que realmente fue, un revolucionario generoso, prototipo de honestidad y pundonor, adalid del liberalismo y la democracia, destacado líder militar, pero sobre todo mexicano ejemplar por su rectitud y su lealtad, primero con el presidente Madero y luego con el general Francisco Villa, más bien con los que ambos representaban, es decir la lucha en contra de la dictadura y el carácter popular de nuestra revolución. Es cuanto. Muchas gracias.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, la diputada Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Alma Carolina Viggiano Austria:Estimados compañeros, compañeras diputadas, el pasado 26 de noviembre conmemoramos 103 años del fallecimiento del general Felipe Ángeles. Vengo aquí como hidalguense, como serrana y como mexicana. El general Felipe Ángeles, nacido en la sierra, en Zacualtipán de Ángeles.
Hoy quiero decirles que aquí se han dicho ya muchas cosas, y todas coincidentes, acerca de los valores que encarnaba el general Felipe Ángeles. Sólo quiero agregar que este gran general, considerado el mejor artillero de la Revolución, el artífice más importante de la misma, se asumió profundamente militar. Pero también, por otro lado, apostó a la academia, a prepararse, a la educación humanista. En él confió Madero la campaña en contra de la rebelión zapatista. Él trazó una estrategia conciliadora, para restaurar la paz en esa región del sur del país, tras la promulgación del Plan de Ayala, por parte de Emiliano Zapata.
Quiero invitarlos a una reflexión. Hoy nuestro país requiere una estrategia de pacificación, una estrategia conciliadora, como la del general Felipe Ángeles. No necesita México polarización. Tenemos que elevar el debate. Él, el general Ángeles, se alejó siempre de las argucias y de la mala política, se alejó de la politiquería. Un militar austero que se unió a Carranza para realmente recobrar la legalidad del país. siempre optó por sus principios. Ángeles fue a todos los rincones de México para salvar el futuro de nuestra patria.
Quiero aprovecha aquí para hacer un llamado a todos y a todas ustedes, a la Mesa Directiva, para que la inscripción en letras de oro con el nombre del general Felipe Ángeles finalmente se coloque en el Muro de Honor de este salón de sesiones.
Les recuerdo que hace justo un año 481 diputadas y diputados votamos a favor de esta iniciativa que con mucho orgullo como hidalguense y mexicana les propuse y que generosamente aprobaron.
Ángeles es un hidalguense universal. Ángeles es el que regresó a su pueblo para dar libertad, regresó de Francia más preparado y sin duda encarnando valores revolucionarios para entregar la tierra a los necesitados, para edificar un movimiento armado que confluiría con el reconocimiento de los trabajadores, la emancipación de los pobres. El que tuvo en sus manos glorias engañosas de aquella aristocracia anquilosada se alejó, se alejó siempre de esa falsa seguridad y prefirió ofrendar su vida por México. Ángeles del rayo de la guerra.
Él, Felipe Ángeles, fue el hombre de valores. Sus principios guiaron siempre sus acciones. Hoy más que nunca están vigentes sus principios y sus valores. Esta inscripción que les pido es un recordatorio para todas y todos los mexicanos de que las circunstancias en las que nacemos cambian si nos preparamos, si tenemos metas claras, si tenemos convicción de dejar huella en la historia.
Hoy, les digo a todas las niñas y niños de México y de Hidalgo que sueñen en grande. Que sueñen en grande y en este muro el nombre de un compatriota dará testimonio de que se pueden lograr las cosas.
Quiero pedirles también a todos y todas que honremos su memoria defendiendo la autonomía de nuestras instituciones. Defendamos los valores que él encarnó de libertad, de justicia, de democracia y, sobre todo, de justicia social. Un hombre revolucionario como Felipe Ángeles sigue viviendo, porque México aún necesita justicia y necesita buena política, política de altura. Gracias, presidenta.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Gracias, diputada.
Esta Presidencia saluda a las y los artistas queretanos que amablemente están compartiendo su obra en este recinto. Invitados por la diputada Paulina Aguado. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos.
Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Noel Mata, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Noel Mata Atilano:Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Adelante, diputado.
El diputado Noel Mata Atilano: Compañeras diputados, compañeros diputados, el 26 de noviembre de 1919 falleció fusilado en Chihuahua el general Felipe de Jesús Ángeles Ramírez, militar que participó en la Revolución Mexicana desde sus inicios.
Fue uno de los personajes más activos de la Revolución apoyando la causa de Francisco Madero y su proyecto de nación. Felipe Ángeles fue un militar destacado que gozó de reconocimiento y prestigió entre las filas del Ejército porfiriano.
Egresado del Colegio Militar, llegaría a dirigirlo luego de que Madero ganara la Presidencia a finales de 1911. En el Colegio Militar destacó por su vocación al estudio, por su habilidad y agilidad como artillero. El general fue leal a Madero y a su causa, y posteriormente durante la Decena Trágica, esa lealtad le costaría el exilio a Francia.
No murió junto al presidente y al vicepresidente Pino Suárez durante esos fatídicos hechos y tampoco permanecería lejos de México. Regresaría a México, a nuestra patria y se uniría a la causa constitucionalista de Venustiano Carranza y, posteriormente, a la División del Norte de Francisco Villa.
En el norte del país tuvo una participación destacada junto a Villa en batallas como la toma de Zacatecas en junio de 1914, en la batalla de Torreón y en la de San Pedro de las Colonias. Sería derrotado junto a Villa en las batallas de Celaya y León.
En diciembre de 1915, Carranza y el constitucionalismo triunfaban, sin embargo, surgieron diferencias entre Carranza y Felipe Ángeles, por lo que partió una vez más al exilio. Esta vez lo fue a los Estados Unidos.
Regresaría nuevamente para buscar el reencuentro con Villa y combatir el constitucionalismo, pero esa misión no tuvo éxito. En noviembre de 1919, cuando estaba en la sierra de Chihuahua, fue delatado y capturado.
Se convocó a un consejo de guerra que le acusó de rebelión y lo declaró culpable, condenándolo a la pena capital. La sentencia se ejecutó el 26 de noviembre a las 6 de la mañana en la ciudad de Chihuahua, según reportaron los periódicos de la época.
Felipe Ángeles defendió sus ideas y su forma de pensar hasta el final de su vida. Él creyó en la causa revolucionaria y vio en ella una visión de país que consideraba la mejor opción para nuestro México.
Felipe Ángeles vivió una época difícil para nuestro país, el porfiriato, una época marcada por la desigualdad, la concentración de la riqueza y la falta de oportunidades. Así como él, hay mexicanos hoy en día que no están de acuerdo con el rumbo que lleva el país, son muchas mexicanas y muchos mexicanos que han expresado su descontento y su oposición a la forma en que es toman decisiones, cómo se llevan a cabo las cosas en nuestra patria, de manera ocurrente, desorganizada, sin respeto por las instituciones y polarizando a nuestra sociedad.
Cuando las cosas no marchan bien podemos y debemos levantar la voz y manifestar nuestra inconformidad. Esa es una de las libertades que nos otorga la democracia, la libertad de manifestarnos y hacerle saber a los gobernantes cuando no coincidimos con ciertas decisiones.
En nuestra historia reciente hemos vivido tiempos de democracia disfrazada, en donde el autoritarismo gobernaba imprudentemente. Sabemos lo que es vivir sin democracias, sin sus instituciones y por ello la defendemos.
Compañeras, compañeros, a 103 años del fallecimiento de Felipe Ángeles su nombre y su recuerdo siguen vivos en la memoria de muchos mexicanos, mexicanas, mexicanos que ven en el general a una figura histórica que defendió la democracia en uno de sus momentos más decisivos que consideran que su participación y habilidades ayudaron a la causa revolucionaria. Con esta efeméride recordamos la memoria de Felipe Ángeles, recordamos ese espíritu de lucha que defendió su visión de México, así como sus aportaciones y su impacto a la historia de México. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Gracias, diputado. Tiene el uso de la tribuna, hasta por cinco minutos, el diputado Miguel Ángel Pérez Navarrete, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Miguel Ángel Pérez Navarrete:Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Adelante, diputado.
El diputado Miguel Ángel Pérez Navarrete: Compañeras y compañeros diputados, el contexto social actual de México no se podría entender sin conocer la historia y las transformaciones que forjaron nuestro camino hacia la libertad.
Hoy, conmemoramos el aniversario luctuoso de Felipe de Jesús Ángeles Ramírez, un hombre nacionalista con ideales revolucionarios adelantados a su época. Felipe Ángeles nació en Zacualtipán, Hidalgo, fruto del matrimonio de Juana Ramírez y el coronel Felipe Ángeles Melo, participante activo en las batallas contra Estados Unidos y la intervención francesa.
Durante su adolescencia fue becado para estudiar en el Castillo de Chapultepec, destacando en literatura, matemáticas y en artillería. Al concluir sus estudios impartió cátedra en el Colegio Militar, siempre con un espíritu humanista y abierto a la libertad del pensamiento, cualidades que contrastaban en su entorno de alta disciplina.
Al iniciar la Revolución atendió al llamado de Francisco I. Madero, siendo nombrado director del Colegio Militar, cargo en el que destacó al frente de los cadetes, y es que sin importar el momento y las circunstancias quien apuesta por las juventudes debe ser reconocido como un héroe.
En su trayectoria castrense, el general Ángeles destacó en labores de conciliación en la región sur del territorio nacional, enemigo de la represión y la violencia desmedida tejió los canales de concordia para avanzar pacíficamente en el país, pese al escenario de violencia que atravesaba México los mejores resultados que obtuvieron mediante la construcción de acuerdos y no derramamiento de sangre en el campo de batalla.
Luego del golpe de Victoriano Huerta, Felipe Ángeles fue detenido y exiliado a Francia, regresando unos años después para sumarse al constitucionalismo de Venustiano Carranza.
Durante la tercera transformación, Felipe Ángeles fortaleció sus principios para lograr el cambio verdadero, sumándose a la División del Norte, ejército que derrocó al entonces presidente Victoriano Huerta.
Sin embargo, víctima de una traición, Ángeles murió fusilado el 26 de noviembre de 1919. Dejó un legado de libertad que hasta hoy trasciende y en el Grupo Parlamentario de Morena honramos.
Al igual que Felipe Ángeles, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está convencido que un mejor futuro se construye en el presidente, asegurando que la niñez y las juventudes cuenten con todo lo necesario para forjar ciudadanos ejemplares.
En la cuarta transformación trabajamos por la transformación social, atendiendo las causas que originan la inseguridad, la pobreza y la marginación.
La vida de Felipe Ángeles es una prueba de nacionalismo y amor a la patria y, hasta nuestros días, inspira un sentimiento de orgullo e identidad en las y los mexicanos que abanderamos este movimiento.
Hoy, la corrupción no tiene cabida en la vida pública del país, por eso, desde esta tribuna aplaudimos la decisión de nuestro presidente de cancelar el aeropuerto de Texcoco, el cual estaba plagado de sobrecostos y negocios turbios.
En cuanto se logró construir un aeropuerto en tiempo récord, a un costo inferior y con más cualidades funcionales, que orgullosamente lleva el nombre del general Felipe Ángeles.
En poco tiempo, el aeropuerto ubicado al norte del Estado de México se está convirtiendo en el centro económico y cultural de una región marginada por los gobiernos neoliberales.
En poco tiempo la cuarta transformación llegará al gobierno del Estado de México, para consolidar el proyecto de nación que jamás la oposición, jamás podrá entender. Es cuanto.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Gracias, diputado.
ANIVERSARIO LUCTUOSO DE VALENTÍN CAMPA SALAZAR
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: El siguiente punto del orden del día es la efeméride con motivo del aniversario luctuoso del luchador social Valentín Campa Salazar, a cargo de los grupos parlamentarios, quienes harán uso de la tribuna hasta por tres minutos. Para tal efecto, tiene la palabra la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Elizabeth Pérez Valdez:Con la venia, presidenta.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Adelante, diputada.
La diputada Elizabeth Pérez Valdez: La efeméride del día de hoy contiene un particular y muy significativo reconocimiento que, desde esta tribuna y, por supuesto, desde el Grupo Parlamentario del PRD, hacemos.
Con un lugar reservado, muy distintivo en la historia de la hoy amenazada democracia, Valentín Campa poseyó una característica principal de las personalidades revolucionarias, caracterizada por poner en acción el pensamiento colectivo y social, para así movilizar a la gente en torno a un fin concreto: la democracia.
Enfrentó junto a muchos y muchas la represión contra los movimientos sindicalistas, promovidas por un gobierno represor de régimen presidencialista. A pesar de la dura represión sufrida durante años, las aprehensiones ilegales de los trabajadores ferrocarrileros, militantes sindicales y dirigentes políticos que eran juzgados por el delito de disolución social, asonada o motín, Valentín denunció los anuncios del poder y condenó al régimen, tanto en la calle como en la cárcel.
La dignidad de Campa aún yace en miles de mujeres y hombres que luchan día a día por las causas justas y más sentidas de nuestro país. Por encima del culto a la personalidad que él mismo siempre combatió, hoy le hacemos un homenaje a Valentín Campa.
Doce ingresos a la cárcel, varias veces sin juicio alguno, le robaron 14 años de su vida, en los que estuvo recluido como preso político. Todas las formas injustas fue lo que construyó los partidos Social Unificado de México, el Mexicano Socialista y como un gesto de su innegable oficio y grandeza política, fue uno de los principales motores y promotores de la sesión del registro del Partido Comunista, que como consecuencia del movimiento democrático de 1988 y de su enorme voluntad y generosidad política dio origen a una nueva institución, el Partido de la Revolución Democrática, del que fue integrante desde su fundación y consejero nacional hasta su muerte en 1999.
Tras la reforma política de 1977 accedió a la Cámara de Diputados en el 79 como diputado de partido, hoy conocidos como diputados plurinominales.
Campa fue sin duda un claro ejemplo de la trascendental importancia de las diputaciones plurinominales y de la aportación de ese mecanismo a la pluralidad y la representación de las minorías en el Congreso. Recordarlo debería ser nuestro único objetivo de esta efeméride.
Debemos honrar su memoria luchando, sin jamás renunciar a los principios que él defendió junto con lo que construyó, que es el PRD.
Democracia ya, patria para todas y todos, se lo debemos a Valentín Campa.
La presidenta diputada Noemí Berenice Ayala: Gracias, diputada. Tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo:Con su venia, presidenta, gracias.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Adelante, diputado.
El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Sin duda revisar la vida y obra de Valentín Campa es revisar la vida de la lucha obrera en el país, de la lucha hacia la transición democrática, del esfuerzo de un hombre por construir un país con mejores condiciones para la participación política. Quien me antecedió en el uso de la voz enumeró acciones muy concretas.
Sin duda su vida de él puede marcarse como la de un auténtico obrero en lucha permanente. Desde edad muy temprana se identificó con las causas de la clase obrera, que continuarían hasta los 95 años que terminó muriendo este ilustre hombre, que debería tener un lugar más preponderante en nuestra historia del país, ya que su lucha nos hace entender muchos de los acontecimientos que se dieron posteriormente en los movimientos, no solo magisteriales, también de médicos, por supuesto los ferrocarrileros que él encabezó y que, en algún momento de su juventud, inquietaran al presidente Plutarco Elías Calles e hicieran dictara una sentencia de muerte para Valentín Campa, que podría librarla después por una intervención de Portes Gil, pero que de alguna manera marcan la impetuosa necesidad de cambio y de participación.
Estuvo en el Partido Comunista Mexicano y este, después de algún tiempo y marcando posiciones muy contrarias al Partido Comunista es expulsado. Sencillamente la anécdota dice que en alguno de los casos había un lema que decía que eran marxistas-leninistas y estalinistas y él tachaba la palabra de Stalin, porque no era de su agrado y ese tipo de cosas lo llevó, después claro se opuso a la muerte y al ataque contra Trotski y eso le causó la expulsión del Partido Comunista Mexicano, que a la postre lo llevaría a construir el Partido Socialista Unificado Mexicano, que es quien —como decía mi compañera— lo llevó a darle un espacio, un curul, pero hay dos cosas importantes que nos dan como antecedente:
Primero. Fue un contendiente a la Presidencia de la República en el 76, donde un candidato, López Portillo, solo, en una auténtica elección, en solitario, ganó la Presidencia de la República acompañado por el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sin un candidato en contra.
Claro, Valentín Campa jugó como candidato de oposición, pero sin un registro en la participación y los votos se perdieron. Posteriormente esa lucha que le dio participación a los partidos minoritarios lo llevaron a tener este curul, que ya se mencionó con anterioridad.
Entonces, entender todo el proceso que requieren partidos minoritarios, formas de identificación y de participación como son los plurinominales y entenderles de una mejor manera, pues tiene que ver con la obra y el pensamiento de la lucha de este ilustre político y pensador del Movimiento Obrero Mexicano, que es Valentín Campa, que junto con Demetrio Vallejo, otro ilustre ferrocarrilero, bueno, pues dieron una lucha y batalla incesante toda su vida, diez años casi preso injustamente y siempre casi viviendo en la clandestinidad nos muestran lo que es una lucha de resistencia en el tiempo sobre un asunto que no ha terminado de tener descanso, que es la lucha obrera en México. Muchas gracias, compañeros. Gracias presidenta.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Esta Presidencia saluda a un grupo de estudiantes de bachillerato del Instituto Guadalupe Victoria, de Aguascalientes, invitados por diversos diputados, entre ellos el diputado Noel Mata, de ese mismo estado. Sean ustedes bienvenidos.
Tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, el diputado Pedro Vázquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Pedro Vázquez González:Pueblo de México, el pasado 25 de noviembre se cumplió otro año de la ausencia física de Valentín Campa Salazar. En el Partido del Trabajo, al igual que en amplios sectores populares lo recordamos como uno de los principales luchadores para el avance de la democracia en México, hombre ejemplar, incansable luchador social y activista, que buscó impulsar la transformación política, económica y social de México.
Nuestro compañero Valentín, es parte indispensable y referente obligado del siglo XX mexicano, su resistencia con dignidad a la fuerza irracional e intolerante del Estado que lo mantuvo más de 14 años de su vida en prisión hizo que su nombre fuera ya una leyenda.
Nace en 1904 en Monterrey, Nuevo León. Cursa sus estudios primarios en Torreón, en los años que corren de 1910 a 1916, este periodo de grandes transformaciones sociales y hechos que marcaron su vida para inclinarlo hacia la lucha por la justicia social.
En 1920 inicia como trabajador petrolero en el Puerto de Tampico, al año siguiente en San Hipólito, Coahuila, es contratado como estibador de los ferrocarriles y su vocación de servicio lo lleva a fundar la primera escuela de la población de ese lugar.
En 1925 forma parte de la dirigencia sindical de la Confederación de Transporte y Comunicaciones de Ciudad Victoria, en el cual ocupa el cargo de secretario del Consejo Divisional. Se empieza a ligar a varios sindicatos y participa intensamente en la campaña por la libertad de Sacco y Bartolomé Vanzetti. Su constante activismo por la causa obrera hace que lo apoden el bolchevique.
Valentín Campa estuvo presente desde abajo y desde el movimiento social y sindical y obrero, en la primera línea de resistencia de los trabajadores, por conseguir y preservar su independencia y por establecer la democracia como eje fundamental de la vida sindical.
El Partido Comunista Mexicano presentó a Valentín como su candidato, para el periodo 1976-1982. Valentín obtuvo cerca de un millón de votos, lo cual constituyó uno de los elementos fundamentales y que llevaron al gobierno a implementar la reforma política que permitió el registro y participación de nuevos partidos políticos nacionales.
El mejor homenaje que podemos rendirle a Valentín Campa Salazar es comprometernos a no fallarle al pueblo de México, a no robar, a no mentir, a no traicionar al pueblo de México. Así vamos a actuar en este homenaje a quienes han luchado históricamente por la justicia, por la libertad, por la democracia y por la defensa de nuestra soberanía. Su lucha, compañeras y compañeros diputados, no fue en vano, pues el cambio lo hemos conseguido hoy con esta cuarta transformación. Unidad nacional. Todo el poder al pueblo. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, la diputada Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Sonia Mendoza Díaz:Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Adelante, diputada.
La diputada Sonia Mendoza Díaz: El pasado 25 de noviembre conmemoramos el vigesimotercer aniversario luctuoso de un gran mexicano, como lo fue Valentín Campa Salazar, político y activista social nacido en Monterrey, Nuevo León, el 14 de febrero de 1904. Vivió en Torreón la Revolución Mexicana en carne propia.
Hay mucho que decir sobre Valentín Campa, pero me enfocaré en su actuar respecto a un tema que ha ocupado la agenda pública en los últimos días, y sobre el cual discutiremos próximamente. Me refiero a la lucha por la democracia. Valentín Campa es un claro ejemplo de integridad y espíritu de lucha por las y los mexicanos. Contaba con firmes ideales sociales en favor de los sectores de las sociedades más vulnerables.
Siempre actuó con una congruencia impecable, contribuyendo a mejorar la vida democrática e institucional del país y a garantizar los derechos laborales y sindicales de los trabajadores. En su ideario, los obreros deberían participar con sus propios planteamientos en la lucha política, con independencia respecto a otros partidos. Consideró que la participación electoral era una forma de lucha de los trabajadores, y por ello impulsó que los partidos en donde era dirigente presentaran candidatos propios a las elecciones.
Vivió en una época en la que la lucha sindical y política no afín al régimen, se daba en condiciones adversas. Es decir, sin posibilidad de interlocución con el gobierno y corriendo el riesgo de ser perseguido, reprimido, encarcelado o desaparecido.
Ante ese escenario, llamó a reformular la plataforma programática de la izquierda, colocando en el centro la lucha por la democracia política electoral, para crear condiciones más propicias que permitieran acceder a objetivos superiores de libertad y justicia social en nuestro país, los cuales eran no solo aspiraciones de la clase trabajadora, sino de todo el pueblo de México.
Valentín Campa fue un símbolo de la lucha por la libertad política, congruente hasta el final con sus valores y con una incuestionable rectitud personal que lo llevó a negarse permanentemente a ser cooptado o corrompido por el régimen.
Compañeras y compañeros diputados, más allá de nuestras coincidencias o discrepancias ideológicas, estamos obligados a reconocer el legado de mujeres y hombres como Valentín Campa, cuya vida y obra reflejan la coherencia entre su pensamiento y su actuar.
Finalmente, los invito a reconocer que nuestro régimen político electoral debe seguir avanzando y evolucionar. Logramos mucho con la alternancia y la democracia electoral que hoy tenemos, pero debemos profundizar para hacerla más participativa, para que la ciudadanía se sienta mejor representada.
Desde nuestra trinchera mantengamos la lucha por el avance y la consolidación de la democracia en México, una democracia como planeaba Valentín Campa: con libertad, con justicia e igualdad para todas y todos los mexicanos. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Gracias, diputada. Tiene el uso de la tribuna, hasta por tres minutos, la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda:Buenas tardes. Con su venia presidenta de la Mesa.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Adelante, diputada.
La diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda: Compañeras y compañeros legisladores, este pleno recuerda la muerte de Valentín Campa Salazar, luchador social, dirigente, junto a Demetrio Vallejo, del Movimiento Ferrocarrilero. Fundador del Partido Socialista Unificado de México y candidato presidencial en las elecciones de 1976. Que su aniversario luctuoso sea una oportunidad para recordar la vida del luchador social, la cual fue influencia desde la más corta edad del movimiento revolucionario mexicano.
Valentín Campa siempre mostró la característica fundamental de los grandes revolucionarios de la historia, poniendo en marcha la movilización social en torno a un fin concreto. Sus acciones mostraron una fuerte consciencia colectiva y la lucha por el fortalecimiento de la clase trabajadora, lo que lo llevó a protagonizar la huelga general.
En 1927 se sumó al Partido Comunista Mexicano, convirtiéndolo en uno de los miembros más jóvenes en el Comité Central. Trece años después, fiel a sus principios fue expulsado del partido, junto con Hernán Laborde, que era secretario General y todo fue por oponerse al asesinato de León Trotsky.
Fue preso político en repetidas ocasiones, acusado por disolución social. La libertad de Valentín Campa en la cárcel de Lecumberri, sería una de las demandas del Movimiento del 68. Fue candidato presidencial en 1976. Su lucha apoyaría la reforma electoral de 1977, lo que permitió que fuera diputado federal de 1979 a 1982.
Valentín Campa como luchador de izquierda abonó con su lucha a la consolidación de la reforma electoral, esa que dio como resultado la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, misma que hoy tratan de anular.
Hoy, especialmente recordamos a Valentín Campa que luchó por la ampliación del sistema de partidos y su participación en el Congreso, por la introducción del sistema mixto de representación proporcional, impulsó incrementar el número de diputados para que así se asegurara la representación de las minorías del país. Valentín Campa luchó por esas reformas que permitieron la incorporación de nuevos actores políticos de izquierda y que hoy el partido oficialista intenta revertir.
Compañeras y compañeros diputados, de la lucha de Valentín Campa, los exhortamos a que sea respetada en este recinto, que su lucha democrática sea la conciencia que guíe el voto de esta representación mexicana. Es cuanto, diputada presidente.
La presidenta diputada Noemí Berenice Ayala: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Mauricio Cantú González, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Mauricio Cantú González:Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Adelante, diputado.
El diputado Mauricio Cantú González: Gracias. Compañeras, compañeros, el día de hoy conmemoramos una gran vida. Valentín Campa Salazar, un gran mexicano, paisano mío y como diríamos en mi tierra, un gran chingón que tuvo una vida que impactó a millones, que dejó un gran legado.
Él nace en 1904 en Monterrey, Nuevo León. Seis años después se traslada a Torreón, Coahuila, y emprende una lucha social como líder sindical, funda el Partido Socialista Mexicano y toda su vida, hasta 1999, cuando fallece, establece un precedente de dignidad, de congruencia, alguien que siempre actúo con base en sus principios, en su ética.
Nunca se vendió por dinero, nunca se vendió por poder. Fue diputado federal en 1979 a 1982. Él en 1940, y esto es algo que tenemos que tener muy presente, en 1940 lo expulsan del Partido Comunista Mexicano, dado que se opuso al asesinato de León Trotski.
Siempre fue congruente, nunca estuvo presionado bajo el pensamiento grupal y él siempre actuó con base en lo que él sentía era lo mejor para su país y para la clase trabajadora. Él impulsó la creación de sindicatos, el Sindicato Ferrocarrilero. Él siempre fue trabajador ferrocarrilero.
La misma CTM, él impulsó la creación de la CTM conjuntamente con Vicente Lombardo Toledano, y deja un gran legado que tenemos que conmemorar. Un 25 de noviembre de 1999 fallece, pero esta gran persona, este gran mexicano pasó a la posteridad, pasó a quedar inscrito en los libros de historia, ¿por qué?, porque tuvo altura de miras, porque tuvo ética, tuvo principios, tuvo congruencia, y eso vale más que el dinero, eso vale más que el poder.
A pesar de que fue candidato presidencial y no logró la victoria, estoy convencido de que en el ocaso de su vida estuvo tranquilo con su actuar pública y su actuar privada. Tuvo esa congruencia y tenemos mucho que aprenderle a mi paisano Valentín Campa Salazar. Muchas gracias.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Gracias, diputado.
Esta Presidencia saluda a un grupo de deportistas de alto rendimiento de Taekwondo estatales, nacionales e internacionales de la Asociación del Deporte Escolar del estado de Puebla, así como a la regidora Oliva Lecona Santos y José Luis de la Cruz Gonzaga, presidente de la Asociación del Deporte, y otro grupo de regidores. Invitados por el diputado Raymundo Atanacio Luna. Sean ustedes bienvenidos a esta legislatura.
NATALICIO DEL ESCRITOR JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Honorable asamblea, con motivo de la efeméride relativa al natalicio del escritor José Revueltas Sánchez esta Mesa Directiva emite el siguiente pronunciamiento:
El 20 de noviembre de 1914, nació en Durango José Revueltas, a quien se le reconoce como un escritor, revolucionario y activista político mexicano. A los 13 años abandonó la escuela refugiándose en la Biblioteca Nacional, lo que le permite conocer con fervor a autores como Fiodor Dostoievski, Carlos Marx y Federico Engels. Compartió estudios con León Trotsky, quien lo invitó a integrarse al Partido Comunista Mexicano.
Participó en las huelgas de los trabajadores en Nuevo León, razón por la cual estuvo preso dos veces en las islas Marías. Estos sucesos dieron origen a su obra Los muros de agua, libro que relata la situación de las personas que eran llevadas a ese penal.
En 1958 apoya el movimiento ferrocarrilero por mejoras salariales y democracia sindical, por lo que nuevamente es detenido.
En 1968, José Revueltas fue miembro activo del movimiento estudiantil, motivo por el cual es condenado a 16 años en prisión Lecumberri. En 1969, escribe su novela El apando, considerada una de las obras maestras de la literatura mexicana del siglo XX, en donde narra su experiencia en el Palacio de Lecumberri y las condiciones en las que vivían los presos.
José Revueltas falleció el 14 de abril de 1976, su pluma dio fiel y doloroso testimonio de la forma en que el autoritarismo de un régimen político aniquila a la persona en su individualidad y en sus derechos. Memoria eterna para este demócrata y literato mexicano.
DECLARATORIA DE PUBLICIDAD DE DICTÁMENES
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad del dictamen.
La secretaria diputada Saraí Núñez Cerón: Dictamen de las Comisiones Unidas de Reforma Política-Electoral, de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Población, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: De conformidad con lo establecido en el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
Agradecemos la presencia, en este salón de sesiones, del señor Sergei Kosevich, miembro de la Cámara de Representantes de la Asamblea Nacional de la República de Bielorrusia, quien participará como testigo de honor en la instalación del Grupo de Amistad México República de Bielorrusia, que preside la diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal. Esta Cámara de Diputados le da la más cordial bienvenida y hace votos por el fortalecimiento del diálogo, la colaboración y los lazos de amistad entre nuestras naciones.
INICIATIVAS CON PROYECTO DE LEY O DECRETO
CÓDIGO PENAL FEDERAL Y LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Pasamos a la presentación de iniciativas. Tiene la palabra la diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia vicaria.
La diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa:Con el permiso de la Presidencia.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Adelante, diputada.
La diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa: Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. Agradezco a la diputada Leticia Chávez que me haya dado la oportunidad de tomar este tiempo, porque estamos en una etapa procedimental y este tiempo de estar en contra de la violencia de las mujeres me parece que es importante señalar, desafortunadamente, en muchas ocasiones hemos encontrado al interior de los hogares que el mayor peligro y la cruenta tortura de miembros, como es la violencia familiar, que de acuerdo al Inegi, durante el año 2021 es 1.4 millones de hogares se registró violencia familiar.
Con gran frecuencia, el sufrimiento no termina al finalizar una relación sentimental afectiva, de hecho y de derecho, ya que ex parejas, generalmente varones, durante o después de la separación provocan daño psicológico o físico, incluso la muerte a hijas, a hijos o cualquier otra persona con quien la mujer tenga un lazo afectivo, utilizándolos como instrumento para dañarla o causar sufrimiento, a eso se le conoce como violencia vicaria.
Ante ello, el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria auspiciado en la Encuesta Nacional a Víctimas de Violencia Vicaria, para conocer y profundizar la situación que enfrentan así, como los obstáculos que se presentan durante todos sus procesos, con base a 2 mil 231 casos dentro de los puntos importantes detectados en el levantamiento se encuentra, el miedo de la víctima a revelar situaciones personales o salir del anonimato de su situación.
La situación de violencia inicia previo a la separación de la pareja, ya que un poco más del 45 por ciento de las mujeres mexicanas mayores de 15 años sufren abuso de esta, y principalmente psicológico y económico.
A pesar de que casi el 80 por ciento de las víctimas entrevistadas generan ingresos por ellas solas, no les es suficiente para solventar sus gastos familiares, más los procesos legales en contra del agresor. Casi en la totalidad de los casos el agresor presenta ventaja legal y económica en contra de la víctima, lo que pone en una situación vulnerable para enfrentar procesos en condición de igualdad.
Es debido a situaciones como las descritas, que diversas entidades del país han modificado sus marcos jurídicos para tipificar este tipo de conductas, sus códigos civiles y/o sus leyes de acceso a mujeres en una vida libre de violencia.
En el caso de la Ciudad de México, con el apoyo de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, se está impulsando una iniciativa para clasificar la violencia vicaria como violencia de género.
Y también, cabe resaltar que una de las últimas actuaciones que se ha tenido por parte de la Ciudad de México es, en el caso que el agresor habite en su domicilio no es la víctima la que tiene que salir de su hogar, sino tiene que ser el agresor que salga de su hogar y dejar, en este caso, en manos de la justicia este proceso.
Es por ello y con la finalidad de dotar herramientas a la autoridad para desincentivar y prevenir, perseguir conductas antisociales, se propone adicionar, dentro del título Décimo Noveno, delitos contra la vida y la integridad corporal, del Código Penal Federal un nuevo capítulo noveno que se denominará de la violencia vicaria y que estará integrado a su vez por el artículo 343 Quintus, ello para sancionar con una pena privativa de libertad de 1 a 6 años de prisión, a quien provoque daño a una mujer mediante una acción u omisión que afecte física, psicológicamente a sus hijas o hijos, o persona con la que tenga otro parentesco o relación afectiva, aunado a una pena pecuniaria de 50 a 100 días de multa, tratamiento psicológico para el agresor y pérdida del derecho de pensión alimenticia para este.
De igual forma se plantea un nuevo tipo de violencia contra la mujer, como es la violencia vicaria en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entendiendo por esta cualquier acto u omisión por parte de quien mantenga o haya mantenido una relación de hecho con una mujer y le provoque a esta daño emocional o psicológico mediante una acción u omisión que afecte física o psicológicamente a los hijos procreados o cualquier persona con la que tenga otro parentesco o relación afectiva. También puede reflejarse la sustracción o retención ilegal de los hijos o mediante acciones que intenten romper el vínculo materno filial de estos.
Compañeras y compañeros diputados, no permitamos que la mujer continúe sufriendo más situaciones de violencia, que se afecte a terceros, con el fin de causar sufrimiento, daño a la mujer de cualquier tipo. Pero, sobre todo, no permitamos que la violencia cegue la vida de lo más valioso que tiene una sociedad, como es su infancia. Muchas gracias, diputada presidenta.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia vicaria, a cargo de la diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena
María Guadalupe Chavira de la Rosa, en mi calidad de diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena ante la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia vicaria, con base en la siguiente
Exposición de Motivos1. Antecedentes
Una de las funciones que el poder legislativo está obligado llevar a cabo, es expedir las reglas de convivencia social, así como las sanciones para quienes transgreden el mismo y causan daño a un integrante del conglomerado.
En consecuencia, las personas que ejercemos la labor legislativa, estamos obligadas a observar lo que ocurre en la sociedad y realizar los cambios al marco jurídico que correspondan.
Tal es el caso, en que la ex pareja de una mujer -generalmente varón- realiza acciones contra terceras personas como son los hijos u otros familiares o incluso con sus animales de compañía y contra todo aquello que le pueda representar a la mujer, angustia o sufrimiento; a manera de venganza con motivo de la separación o término, de la relación afectiva-sentimental que sostenían.
Para quienes estuvieron unidos en matrimonio o concubinato y que tuvieron hijos, son estos el objeto de disputa y hasta “arma” usada como medio de control o daño contra el otro cónyuge o pareja. Acciones como las descritas, corresponde a lo que se le conoce como Violencia Vicaria y Alineación Parental.
Ambos conceptos, son abordados y recibe su nombre el primero de Violencia Vicaria, derivado de las investigaciones realizadas por la psicóloga Sonia Vaccaroquien en el libro “El Pretendido síndrome de alienación parental” escrito de manera conjunta con Consuelo Barea Payueta.
De acuerdo con el texto señalado, Violencia Vicaria, es aquella que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer. Es una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. “La violencia de género contra las mujeres es el resultado expreso de las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres a lo largo de la historia humana. Esta manifestación limita total o parcialmente a las niñas y mujeres en el reconocimiento, goce y ejercicio de sus libertades fundamentales y derechos humanos, además de que constituye una grave transgresión a estos.”
Por su parte, el Frente Nacional contra Violencia Vicaria, concibe a ésta como:
Aquella violencia contra mujer que ejerce el hombre por sí o por interpósita persona, utilizando como medio a las hijas o hijos producto de la relación, de pareja, ex pareja, concubino, ex concubino, cónyuge, ex cónyuge para herir, violentar y controlar a la madre generando un daño psicoemocional a ella y a sus hijas e hijos. Antes, durante y después de la sustracción existe una violencia psicológica constante de parte del agresor hacia sus hijas e hijos, en contra de su madre. Estos sustraen a sus hijos e hijas de sus madres, amenazándolas con nunca volver a verlos, promoviendo procesos con base en simulaciones jurídicas, dilatando procesos existentes con la intención de romper el vínculo materno filial, lo cual provoca daños irreversibles y es la acumulación de varios tipos y modalidades de violencia, las cuales en su máxima expresión puede ocasionar la muerte y/o suicidio de la madre y/o de sus propios hijos e hijas.
2. Casos documentados y derecho comparado interno
El 2 de enero de 2021, en el municipio de Mineral de la Reforma, en la zona metropolitana de Pachuca, Hidalgo, un hombre asesinó a sus hijos de 3, 7 y 8 años, como una forma de venganza contra su pareja, tras discutir, según las investigaciones de las autoridades estatales.
Razón por la cual, el pasado mes de mayo, el estado de Hidalgo opto por reformar su marco normativo y ser el tercer estado del país en tipificar como delito la violencia vicaria, con penas de hasta seis años de prisión, así como multa de 50 a 100 días, además de que la persona agresora estará sujeta a tratamiento psicoterapéutico reeducativo especializado a quien, de manera intencional, dañe física o psicológicamente a los hijos o cualquier otra persona del lazo afectivo, con la finalidad de violentar a la mujer.
Antes lo hicieron los estados de Zacatecas y Yucatán, al modificar su Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como de sus códigos locales familiar y penal, posteriormente siguieron Yucatán e Hidalgo. Este tipo de violencia se traduce en perjuicios o daños psicológico, patrimonial, físico o de cualquier otra índole hacia las mujeres por parte de la parejas o exparejas sentimentales, quienes infligen a personas con las que ellas tienen lazos de parentesco civil, por consanguinidad o por afinidad.
Este delito contenido en el artículo 243 Bis del Código Penal de Hidalgo, reconoce dentro de los tipos de violencia establecidos en la ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el estado, la violencia vicaria, que consiste en que el agresor provoque daño psicológico o físico, incluso la muerte, especialmente a hijas o hijos, o a cualquier otra persona con quien la mujer tenga un lazo afectivo, utilizándolos como instrumento para dañar a la propia mujer. Asimismo, integra las características de la violencia vicaria en la modalidad de violencia familiar y amplía las medidas de protección para las víctimas.
En la exposición de motivos del dictamen en cuestión, se menciona que en el caso más extremo de este tipo de violencia las hijas e hijos son lesionados o asesinados porque el hombre busca mantener control y dominio sobre la mujer mediante este tipo de acciones violentas.
Este tipo de casos, han quedado documentados en el reportaje “Violencia vicaria: los hijos como armas contra las mujeres”, publicado en el número 2367 de la edición impresa de la Revista Proceso, el 13 de marzo de este año. Así como por el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, agrupación formada por mujeres que hemos experimentado la violencia de género en todas sus manifestaciones, emocional, psicológica, física, económica, patrimonial y sexual.
La agrupación en cita, junto con la empresa Altermind, dio a conocer la Segunda entrega de la Encuesta Nacional a Víctimas de Violencia Vicaria, misma que se encuentra disponible en su sitio web.
Dicho sondeo de opinión, realizada del 15 de marzo al 15 de abril, consto de 71 reactivos, teniendo como objetivos: Conocer y profundizar la situación actual de víctimas que enfrentan violencia vicaria; así como poder identificar la problemática a las que se enfrentan las víctimas y los obstáculos que se presentan durante todos sus procesos con base en 2, 231 casos.
Cabe considerar que de acuerdo al Inegi:
En México hay 34.7 millones de hogares, de los cuáles el 28.7% son encabezados por mujeres.
• Durante el 2021 (Enero — Septiembre), se registró violencia familiar en 1.4 millones de hogares.
• Del total de casos registrados de violencia familiar, el 40% es emocional, 21% económica patrimonial, 18% física y 6.5% sexual.
• Por otro lado, en México hay registradas 43.5 millones de mujeres de más de 15 años, de las cuáles el 22.5% reporta sufrir violencia por parte de sus parejas:
Tipo de Violencia (%)
• Le deja de hablar, la ignora, es indiferente: 43.2
• Discute, grita, la ofende, insulta, golpea o avienta objetos, amenaza con golpearla: 30.5
• Empuja, jalonea, la golpea o agrede físicamente: 10.9
• Deja de dar dinero o aportar para la casa: 9.5
• Otro: 0.7
Partiendo de esto, los principales resultados de la Encuesta, fueron los siguientes:
Dentro de los puntos importantes detectados en el levantamiento, se encuentran:
• El miedo de la víctima a revelar situaciones personales o salir del anonimato de su situación, ya que al finalizar la encuesta se tuvo una deserción total del 35%. Lo cual demuestra que no se está preparado para abrir y declarar la violencia vicaria (en esta encuesta significó que 777 mujeres la empezaron, pero no la lograron terminar) - habla del miedo a denunciar.
• La situación de violencia inicia, previo a la separación de la pareja, ya que un poco más del 45% de las mujeres mexicanas mayores 15 años sufren abuso de ésta, principalmente psicológico y económico.
• A pesar que casi el 80% de las víctimas entrevistadas generan ingresos por ellas solas, no les es suficiente para solventar sus gastos familiares, más los procesos legales en contra del agresor.
• Casi en la totalidad de los casos, el agresor presenta ventaja legal y económica en contra de la víctima, lo que pone en una situación vulnerable para enfrentar procesos en una condición de igualdad.
• En 80% de los casos las víctimas fueron separadas de sus hijos de una forma inesperada con previas amenazas, sin tener contacto con los menores.
• Durante los procesos que en promedio oscilan entre 1 y 1.5 años, la víctima dedica una tercera parte de una jornada laboral a la semana en atender temas legales, juicios y demás procesos para la recuperación de los menores. Generando desgaste emocional, físico y psicológico.
• Otro dato importante es que no se sienten protegidas por las autoridades e instancias a las cuáles han acudido para denunciar la sustracción y la violencia recibida. Autoridades que alentan los procesos y bloquean el seguimiento a los juicios, que en el 48% de las víctimas enfrenta penales y civiles.
• A pesar de declarar que saben a dónde o con quién acudir, no cuentan con una orientación correcta de los procesos, las instancias y las instituciones que apoyan y protegen a las víctimas.
• En conclusión existe una oportunidad contundente en desarrollar una estructura de apoyo eficiente en términos legales, psicológicos y emocionales para las víctimas de violencia vicaria.
• No solo se observa el hacer cambios y ajustes a la ley, se requiere de una especial atención en las instancias e instituciones que apoyan a las víctimas, mayor y mejor claridad en los procesos, así como un correcto seguimiento a los procesos conforme a derecho.
3. Ciudad de México
El pasado 21 de noviembre del año en curso, en conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno de la Ciudad, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, señalo que: “El Gobierno de la Ciudad de México está impulsando una iniciativa para clasificar la violencia vicaria como violencia de género, la cual será dictaminada en la Comisión de Igualdad de Género y posteriormente se presentará para su aprobación ante el pleno del Congreso local.”
Lo anterior, durante la semana por la eliminación de la violencia contra las mujeres, en conferencia de prensa y acompañada de mujeres pertenecientes al Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, la jefa de Gobierno, explicó que esta es una ley que han estado trabajando en el Congreso de la Ciudad de México, la cual está por dictaminarse y tiene todo el apoyo de su gobierno para iniciar con esta modificación a la ley contra la violencia contra las mujeres.
4. Derecho comparado internacional
El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), condenó al Estado español por no actuar de manera diligente para evitar la violación de los derechos de Ángela González, mujer víctima de violencia de género, y su hija Andrea. En su dictamen, el Comité explica de manera contundente que la negligencia de los agentes estatales dio lugar a la muerte de la hija de Ángela por el maltratador y condena al Estado por no proteger a ella y su hija, no castigar al maltratador y no investigar ni indemnizar a Ángela por los daños causados.
El pronunciamiento se produce a raíz de una demanda interpuesta en septiembre de 2012 por Women’s Link Worldwide en representación de Ángela González, quien en más de 30 ocasiones denunció ante las autoridades la violencia que ella y su hija sufrían, y solicitó medidas de protección para ambas.
La falta de debida diligencia del sistema de protección condujo a que la niña, de entonces siete años, fuera asesinada por su padre en una de las visitas sin supervisión concedidas al agresor.
A raíz de esta lamentable situación, en el año de 2017, tras un año de comparecencias y negociaciones, en septiembre de 2017 se aprobó, sin ningún voto en contra, el Informe de la subcomisión parlamentaria para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género en el Congreso de los Diputados, y la Ponencia del Senado, siendo el primer Pacto de Estado consensuado por los grupos parlamentarios desde el año 2015.
Este Pacto implica incidir en todos los ámbitos de la sociedad y contiene 214 medidas del Congreso de los Diputados y 267 medidas del Senado. Desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, órgano del Gobierno encargado de coordinar e impulsar la ejecución de las medidas del Pacto de Estado, se ha elaborado un documento único que refunde las medidas de la cámara baja y la cámara alta, en un total de 292 medidas estructuradas en 10 ejes de acción.
4. Marco jurídico que respalda la presentación de la iniciativa
El Estado mexicano ha signado diversos instrumentos internacionales para responder a compromisos adquiridos de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, los compromisos adquiridos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (convención Belém do Pará), así como a tratados internacionales que protegen los derechos humanos, por mencionar algunos.
A nivel internacional también, existen resoluciones de organismos supranacionales plenamente reconocidos por nuestro país como es la Organización de Naciones Unidas que ha emitido diversas resoluciones en ese sentido como son:
La resolución A/RES/48/104 “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” en 1993, la resolución A/RES/54/134, “Declaración el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” en 1999 por citar algunas.
De igual forma, México ha llevado a cabo acciones legislativas, institucionales o bien, diseño de mecanismos de coordinación inter e intrainstitucional para la atención del problema.
Entre las acciones legislativas destacan: La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006), y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), 2007, entre los mecanismos de coordinación -dada nuestra lógica federal- sobresale el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2007), que se sustenta en la LGAMVLV, así como la creación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
5. Objeto de la iniciativa
Tipificar como delito esta conducta antisocial que afecta y pone en riesgo a sectores importantes de la población como son las mujeres y niños, principalmente.
Es la última ratio, entendida esta como la condición que se predica del derecho penal, que solo puede ser utilizado por el Estado como el último recurso para proteger bienes jurídicos, cuando otros órdenes jurídicos han resultado insuficientes, al implicar su uso la razón de la fuerza. Lo cual, es el caso que nos ocupa.
Para ello, se plantea seguir la pena privativa de libertad adoptada en códigos penales de entidades que han legislado previamente, es decir de uno a seis años de prisión y una pena pecuniaria de 50 a 100 días multa.
Asimismo, deberá cumplir con tratamiento psicológico, toda vez que no es sólo el inhibir este tipo de conductas y sancionarlas, sino también, permitir que el agresor pueda tener una verdadera readaptación social y no presente un riesgo en su entorno inmediato ni a la sociedad en su conjunto.
Finalmente, se propone también que quien comenta este delito, pierda el derecho de pensión alimenticia, puesto que no se considera que quien comente este tipo de acciones contra miembros de su familia, sea merecedor del apoyo de estos ni que encima de todo deban de cubrir con ese acreedor.
Por otra parte, es visibilizar y reconocer, un nuevo tipo de violencia contra la mujer como es la Violencia Vicaria. Siendo la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el instrumento jurídico que establece y señala las modalidades y tipos de violencia que experimenta, el ordenamiento que, junto con el Código Punitivo, es necesario modificar.
6. Ordenamiento a modificar
Adicionar dentro del Título Decimonoveno, “Delitos contra la vida y la integridad corporal”, del Código Penal Federal, un nuevo capítulo noveno que se denominará “De la Violencia Vicaria” que estará integrado a su vez por el artículo 343 Quintus que por técnica legislativa debe seguir en ese orden.
De igual manera, se propone la adición de una nueva fracción VII al artículo 6° de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Para su mejor comprensión y visualización, se presentan los siguientes cuadros comparativos:
La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer define violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
No debemos pasar por alto que de conformidad con el tercer párrafo del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”.
Todo lo anterior, sirva para ejemplificar y son razones contundentes para proponer la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por la que se reforma y adiciona el Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Artículo Primero. Se adicionan al Título Decimonoveno del Código Penal Federal un nuevo Capítulo Noveno, que se denominará “De la Violencia Vicaria”, y un artículo 343 Quintus, para quedar como sigue:
Título DecimonovenoDelitos contra la vida y la integridad corporal Capítulo NovenoViolencia VicariaArtículo 343 Quintus. A quien mantenga o haya mantenido una relación de hecho con una mujer y le provoque a ésta, daño, mediante una acción u omisión que afecte física o psicológicamente a sus hijas, hijos o persona con la que tenga otro parentesco o relación afectiva se le impondrá de uno a seis años de prisión, multa de 50 a 100 días multa y deberá cumplir con tratamiento psicológico.
Perderá, además, el derecho de pensión alimenticia.
Este delito se perseguirá por querella; independientemente de que resultare la comisión de otro delito.
Artículo Segundo. Se reforma la fracción VI del artículo 6o. de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, su contenido íntegro se traslada a la nueva fracción VII, que se adiciona para quedar como sigue:
Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:
I. a V. ...
VI. Cualquier acto u omisión por parte de quien mantenga o haya mantenido una relación de hecho con una mujer y le provoque a ésta, daño emocional o sicológico, mediante una acción u omisión que afecte física o psicológicamente a los hijos procreados o a cualquier persona con la que tenga otro parentesco o relación afectiva. También puede reflejarse en la sustracción o retención ilegal de los hijos o mediante acciones que intenten romper el vínculo materno filial de estos.
VII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.
Artículo TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Vaccaro Sonia y Barea Payueta Consuelo, “El Pretendido síndrome de alienación parental”, 2009, Editorial Desclée de Brouwer.
2 Op. Cit.
3 https://www.fncvv.com/p%C3%A1gina-en-blanco-2
4 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2 Fwww.congreso-hidalgo.gob.mx%2Fbiblioteca_legislativa%2Fleyes_cintillo%2FCodigo %2520Penal%2520para%2520el%2520Estado%2520de%2520Hidalgo.docx&wdOrigin=BROW SELINK
5 https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/3/16/violencia-vicaria-los-hijos-com o-armas-contra-las-mujeres-282655.html
6 https://www.fncvv.com/_files/ugd/4a9c06_3d90d87199544054994 10d89d73bcbc6.pdf
7 Inegi. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) 2016 y estadísticas de población 2020 y 2021.
8 https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/respalda-gobierno-capi talino-iniciativa-que-reconoce-la-violencia-vicaria-en-ciudad-de-mexico
9 https://www.womenslinkworldwide.org/informate/sala-de-prensa/ historica-condena-al-estado-espanol-por-no-proteger-de-manera-efectiva-a-las-mu jeres-victimas-de-violencia-y-a-sus-hijos-e-hijas-1
10 https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/docs/FolletoPEVGcastweb.pdf
11 https://dpej.rae.es/lema/car%C3%A1cter-de-ultima-ratio-del-derecho-penal
Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de noviembre de 2022.– Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa (rúbrica).»
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Igualdad de Género, para dictamen.
LEY FEDERAL DE REVOCACIÓN DE MANDATO
La presidenta diputada Noemí Berenice Ayala: Tiene la palabra el diputado Marco Humberto Aguilar Coronado, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Revocación de Mandato, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Marco Humberto Aguilar Coronado:Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Adelante, diputado.
El diputado Marco Humberto Aguilar Coronado: Señoras y señores legisladores, la revocación de mandato es una figura que necesita ser reorientada hacia las mejores prácticas de democracia participativa, de auténtico empoderamiento de y desde la sociedad. Tiene que alejarse de la desnaturalización con orientación populista y electorera en la que ha derivado. Debe dejar de ser un censo de fanáticos promovido desde el poder, un subterfugio para justificar la sobreexposición mediática de los servidores públicos, así como una oportunidad para revivir los peores vicios de inequidad electoral, simulación y desprecio por el Estado de derecho que tanto trabajo y esfuerzo ha costado combatir desde la institucionalidad y desde la gobernabilidad democrática.
Dicha figura, la revocación de mandato, bien concedida, orientada y aplicada, puede ser uno de los instrumentos contemporáneos más oportunos para acceder a los derechos políticos de libertad de expresión y de pensamiento, ya que es un mecanismo que permite la ciudanía exprese su inconformidad con la persona titular de la Presidencia de la República por medio de una solicitud y, posteriormente a través de un voto en el que se pueden reflejar con plenitud y seguridad jurídica las ideas de esas personas, logrando incidir en las decisiones políticas, públicas y sociales del país de acuerdo con sus convicciones, valores y criterios.
La revocación de mandato merece ser un ejercicio que vivifique los derechos político-electorales de la ciudadanía al ejercer el derecho al voto para decidir sobre su país. Dicha norma, que es objeto de la presente iniciativa fue publicada en septiembre del 21, y al mes de promulgada, diversos diputados promovimos la acción de inconstitucionalidad.
Aunque la discusión en la Corte generó diversos claroscuros, su trascendencia radica en la constatación del hecho que los tribunales constitucionales pueden deliberar, discutir y resolver sobre temas políticos a partir de la defensa de los valores constitucionales y no de ideologías, lo que permite dar pie a que el Legislativo corrija, este Poder, nosotros como Cámara de Diputados.
Y aunque la jornada electoral del 10 de abril se llevó a cabo prácticamente en los términos que planteó el Legislativo, la jornada de la revocación de mandato, los resultados fueron poco alentadores para la democracia, no existió entre la población información ni ánimos suficientes para participar, privó la confusión y se permitió el principio, porque más que revocación, prevaleció la narrativa amplificada desde el Poder en el sentido que se dirigía hacia una ratificación.
Es, por lo tanto, objetivo de la presente iniciativa, reorientar democráticamente esta figura de la democracia participativa a efecto de devolverla a su cauce a través de ajustes que desincentiven los excesos y resuelvan las falencias identificadas en su primera aplicación. Reubicar a la ciudadanía como protagonista de todo proceso de revocación de mandato efectivo, son los objetivos de esta propuesta.
Primero, definir qué se entiende por pérdida de confianza, principal motivo para solicitar la conclusión anticipada del encargo. Segundo, afirmar que es una figura exclusivamente ciudadana y subrayar la necesaria exclusión de los partidos políticos. Ya lo dijo la sentencia. Tercero, adecuar la pregunta con la finalidad de evitar confusiones en su interpretación, sí o no. Y cuarto, proponer un régimen de sanciones eficaz para un quinto que garantice un presupuesto racional a prueba de chantajes para su eficacia.
Por eso, señoras y señores legisladores, presento a su consideración la iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Gracias, señora presidenta. Gracias por su atención.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Revocación de Mandato, suscrita por el diputado Marco Humberto Aguilar Coronado y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Marco Humberto Aguilar Coronado, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional a la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto, a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5, 13, 14, 19, 32 y 36 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 26 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, con base en la siguiente:
Exposición de MotivosLa revocación de mandato es una figura que necesita ser reorientada hacia las mejores prácticas de democracia participativa de auténtico empoderamiento de y desde la sociedad. En tal sentido, tiene que alejarse de la desnaturalización con orientación populista y electorera en la que ha derivado: debe dejar de ser un censo de fanáticos promovido desde el poder; un subterfugio para justificar la sobreexposición mediática de los servidores públicos y pretender un improbable ejercicio de ratificación, así como una oportunidad para revivir los peores vicios de inequidad electoral, simulación y desprecio por el Estado de Derecho que tanto trabajo y esfuerzo ha costado combatir desde la institucionalidad y gobernabilidad democrática.
Dicha figura, bien concebida, orientada y aplicada, puede ser uno de los instrumentos contemporáneos más oportunos para acceder a los derechos políticos de libertad de expresión y de pensamiento, ya que es un mecanismo que permite que la ciudadanía exprese su inconformidad con la persona titular de la Presidencia de la República por medio de una solicitud y, posteriormente, a través de un voto en el que se pueden reflejar, con plenitud y seguridad jurídica, las ideas personales de cada persona, logrando incidir en las decisiones políticas, públicas y sociales del país, de acuerdo con sus convicciones, valores y criterios.
De acuerdo con el artículo primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural , además de reconocer el derecho y oportunidad de la ciudadanía a participar en la dirección de los asuntos públicos.
Consecuentemente, la revocación de mandato merece ser un ejercicio que vivifique los derechos político-electorales de la ciudadanía, al ejercer el derecho al voto para decidir sobre su país. En el artículo 5 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, se define como el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza .
Dicha norma, que es objeto de la presente iniciativa, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 2021 y, de acuerdo con el párrafo segundo de su artículo 2, tiene por objeto regular y garantizar el ejercicio del derecho político de las ciudadanas y los ciudadanos a solicitar, participar, ser consultados y votar respecto a la revocación del mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de la Presidencia de la República, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.
Al mes de promulgada, el 14 de octubre de 2021, mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diversos Diputados integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión en curso, promovimos la acción de inconstitucionalidad 151/2021 para señalar diversos conceptos de invalidez de su articulado.
Aunque la discusión en la Corte generó diversos claroscuros, su trascendencia radica en la constatación del hecho que, los tribunales constitucionales, pueden deliberar, discutir y resolver sobre temas políticos a partir de la defensa de los valores constitucionales y no de ideologías, lo que permite dar pie a que el legislativo corrija.
No obstante que la jornada de 10 de abril de 2022 se llevó a cabo prácticamente en los términos que planteó el Legislativo, los resultados fueron poco alentadores para la democracia: no existió entre la población información ni ánimo suficientes para participar, privó la confusión y, lo más importante, se pervirtió desde el principio porque, más que revocación, prevaleció la narrativa (amplificada desde el poder hacia sus bases, como el mismo ejercicio) en el sentido que se dirigía hacia una ratificación del Ejecutivo.
Es, por lo tanto, objetivo de la presente iniciativa, reorientar democráticamente a esta figura de la democracia participativa, a efecto de devolverla a su cauce deseable a través de ajustes que desincentiven los excesos y resuelvan las falencias identificadas en su primera aplicación, mediante la reforma y adición a diversos artículos de la ley que la regula.
En tanto un mecanismo de empoderamiento ciudadano mediante el cual, quienes pueden decidir si un servidor público concluye anticipadamente -o no- el ejercicio del encargo durante el periodo para el cual fue electo, se convierte a su vez en un esquema de rendición de cuentas que permite evaluar el ejercicio de determinada gestión pública, lo que de suyo debería evitar interpretarse o entenderse como una ratificación, degeneración de la figura explicable, en el contexto actual, por una obsesión por lo electoral que, desde el poder, arrancó con una pantomima de complacencia narcisista y cálculo ramplón de los números verdaderos de la noción imperante en el sentido que la popularidad es más importante que los resultados.
Reubicar a la ciudadanía como protagonista de todo proceso de revocación de mandato efectivo es objetivo general de esta propuesta legislativa, que se descompone en los siguientes objetivos específicos, a saber: Primero, definir qué se entiende por pérdida de confianza, principal motivo para solicitar la conclusión anticipada del cargo; segundo, afirmar que es una figura exclusivamente ciudadana y sub-rayar la necesaria exclusión de los partidos políticos; tercero, adecuar la pregunta con la finalidad de evitar confusiones en su interpretación; cuarto, proponer un régimen de sanciones eficaz y, quinto, garantizar un presupuesto racional —a prueba de chantajes— para su eficacia.
La pérdida de confianza
Para ilustrar lo problemático del concepto pérdida de la confianza, baste mencionar la pregunta angular formulada hace diez años por el Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y Doctor con Mención de Honor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José del Tronco Paganelli: ¿Qué factores explican la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones representativas?
Con datos de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) de 2008, desarrollada y aplicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), responde que la literatura especializada ha presentado dos tipos de respuestas a este problema. La “corriente culturalista” sostiene que las actitudes políticas son resultado del 227 proceso de socialización (...) y, por lo tanto, difíciles de cambiar en el tiempo. Por su parte, el abordaje “racional” considera que las actitudes de los ciudadanos son consecuencia del desempeño que éstos le atribuyen al sistema (...) para el caso mexicano, (...) la desconfianza se explica mayormente a partir del deficiente desempeño que los ciudadanos atribuyen a sus representantes.
Dado que la falta de claridad en el término pérdida de confianza se agrava en tanto la ley no la define ni delimita sus alcances ni criterios, ésta tiene que quedar claramente explicada. Ello es especialmente trascendente, habida cuenta que se trata de la única razón por la que la ciudadanía (sin intervención del gobierno o los partidos políticos) puede iniciar un procedimiento de revocación.
Instrumento eminentemente ciudadano ajeno a los partidos políticos
Reorientar democráticamente tan importante figura pasa -se reitera- por hacer explícito el hecho que la revocación de mandato es un instrumento solicitado exclusivamente por la ciudadanía (o no será) para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República por pérdida de confianza, lo que de manera natural excluye a los partidos políticos (y movimientos), cuyo involucramiento contamina y degrada el carácter ciudadano que debe prevalecer.
La pregunta sin lugar a reservas del lenguaje
Resulta relevante señalar que, en el ejercicio inmediato pasado, quedó claro que la pregunta, tal como se aprobó en la Ley, alteró y desvió la figura de la revocación de mandato. Por ello, a pesar de su evidente contradicción con el texto constitucional, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, tuvo que justificar su voto con el argumento de que, al momento de resolver, ya no era adecuado cambiar la pregunta pues el proceso había llegado a mitad de su gestión.
De este modo, el argumento más empleado entre los esgrimidos por las y los Ministros de la Corte que impidieron la declaratoria de inconstitucionalidad de la pregunta, se basó en que, la sesión de resolución, se celebró el primero de febrero de 2022, siendo que el proceso de revocación de mandato se celebraría en los primeros días del mes de abril del mismo año.
Así, el Ministro estimó que lo más adecuado era que la pregunta se mantuviera en los términos originales (los que marca la Ley), para generar mayor claridad a las y los ciudadanos quienes, a final de cuentas, tendrían plena conciencia respecto a qué votarían; sin embargo, la pregunta debió modificarse en razón que, en su composición vigente, se advierte un problema lingüístico.
En efecto, el principal argumento empleado para proponer la modificación de la pregunta fue que desnaturalizaba el objetivo de la revocación, porque daba a entender que se estaría ratificando o alargando el período presidencial; es decir, la pregunta planteada generaba confusión. Reorientar democráticamente la figura también implica proponer reformas a lo que en su momento generó dudas lo que, eventualmente, garantizará la certeza de saber exactamente lo que se está proponiendo.
Son casos como el señalado los que demuestran que el lenguaje, como elemento civilizatorio, tendrá mayor o menor utilidad social en tanto atienda los Derechos Humanos, de tal suerte que los enunciados utilizados cumplan con la tarea de empoderar a la ciudadanía; es decir, que comprenda la dimensión social que todo texto normativo conlleva, pues puede ser utilizado para favorecer algún cambio social, contribuyendo así al cambio cultural.
En este orden de ideas, la pregunta de semejante ejercicio se espere que honre los principios consagrados en el artículo primero de nuestra Carta Magna en materia de Derechos Humanos, a saber: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
La confusión antes señalada se deriva, en un primer término, del hecho que la pregunta propuesta se puede desdoblar en dos preguntas completamente diferenciadas: ¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza?, así como ¿Estás de acuerdo con que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?. Ambas interrogantes son imposibles responder únicamente con un Sí o con un No.
En segundo lugar, el concepto pérdida de confianza, resulta en exceso vago e incierto, lo que viola el derecho a la seguridad jurídica en tanto que no se cumple con el principio de certeza jurídica -como el deber de la existencia de un conocimiento seguro, claro y evidente de las normas jurídicas existentes. En este orden de ideas, nuestra propuesta define, para efectos de la norma reformada a la pérdida de confianza como un deficiente desempeño en su encargo como titular del Poder Ejecutivo Federal.
Para agravar la falencia, la pregunta fue parafraseada de forma positiva para que el presidente continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato, lo que constituye una manipulación que no obedece a la naturaleza de la revocación. Si la suprema Corte ha sido promotora de las sentencias con lenguaje comprensible, en correlación a dicha tendencia, la pregunta de revocación tendría que ser relativamente fácil de comprender, sin que, por ejemplo, sea necesaria una campaña publicitaria para diferenciar entre ratificar y revocar (con el que costo que ello implica). Si hemos establecido las causales de la revocación, luego entonces, la pregunta en comento debe concretarse a una sencilla interrogante.
Régimen de sanciones eficaz
La experiencia vivida, durante el reciente proceso de revocación de mandato, demostró que las autoridades federales utilizaron el aparato público y sus recursos para influir, de forma indebida, en el proceso. Por ello, es igualmente importante incorporar en la ley herramientas para que las autoridades electorales persigan y sancionen las conductas contrarias a la norma en materia de imparcialidad y neutralidad a cargo de los servidores públicos, de lo que surge la necesidad de fortalecer al INE en materia disciplinaria a efecto de evitar y sancionar la intervención del poder público en la voluntad ciudadana al momento de organizar un eventual ejercicio de revocación.
Ciertamente, las normas generales electorales no sólo establecen el régimen normativo de los procesos electorales sino que, también, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente a procesos de expresión universal de la voluntad popular, como puede ser el caso de una consulta popular o, en este caso, de una revocación de mandato.
En este tenor, las autoridades a cargo de su organización, de las impugnaciones o de las sanciones, son el INE y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No obstante, sin perjuicio de admitir que el régimen de sanciones en esta materia debería regularse de manera global en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales -al ser las normas que aplican de manera general para todo proceso electoral-, en la presente propuesta se plantean adecuaciones que ameritan quedar asentadas en la Ley.
Suficiencia presupuestal
Recientemente, garantizar que las autoridades electorales -tanto administrativas como jurisdiccionales- cuenten con los recursos necesarios para cumplir a cabalidad con sus responsabilidades constitucionales -y, en el caso de la revocación con recursos adicionales- se ha vuelto un motivo más de desencuentro, en el Congreso de la Unión, con el actual régimen.
En un capítulo más del asedio bajo el que se ha puesto al sistema electoral mexicano desde el Ejecutivo y sus fanáticos en San Lázaro, la Cámara de Diputados redujo el 26% del presupuesto solicitado para el INE a ejercer durante 2022, comprometiendo así su viabilidad y sus funciones.
Dicho atropello al principio de autonomía constitucional del INE, provocó la interposición de una controversia constitucional promovida por el propio instituto el 7 de diciembre de 2021. Como resultado, la Primera Sala de la SCJN invalidó dicho presupuesto al no justificarse el recorte al monto solicitado. Se estableció, también, que la Cámara de Diputados debió argumentar la razón para realizar dicho recorte -sin perjuicio de reconocerse, en la resolución, su facultad exclusiva de asignar el presupuesto-.
De esta suerte, los ministros de la Primera Sala aprobaron, por unanimidad, invalidar el decreto por el que se expidió el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2022 publicado el 29 de noviembre de 2021 -específicamente, el artículo 13, fracción II, del Ramo 22.
Lo anterior justifica plenamente la obligación de garantizar en la Ley que el INE, como órgano constitucional autónomo, cuente con los recursos públicos necesarios para su operación y funcionamiento, particularmente cuando se le encomiendan actividades extraordinarias y adicionales a las previamente establecidas. En esta lógica, la ley de la materia debe contener una previsión que garantice que, la Cámara de Diputados, otorgue la suficiencia presupuestal necesaria para que los ejercicios de consulta popular para revocación de mandato se ejecuten en los términos que la norma ordena.
Por lo anterior, en esta iniciativa proponemos el mecanismo para la presupuestación y aprobación de los recursos que son indispensables para cumplir el mandato constitucional, limitando la responsabilidad exigible en caso que se configure una nueva violación a la ley, sello de la presente administración. Como sea, todo lo aquí planteado habrá de servir para reorientar democráticamente la figura de la revocación de mandato, para beneplácito de la sociedad y provecho del Estado de Derecho.
Para ilustrar mejor la razón de pedir, se incluye a continuación un cuadro comparativo de la propuesta:
Ley Federal de Revocación de Mandato
Por lo anteriormente expuesto, en nombre propio y del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Revocación de Mandato
Primero. Se reforman los artículos 5, 13, 14, 19, 32 y 36 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, para quedar como sigue:
Artículo 5. El proceso de revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza , entendida como un deficiente desempeño en su encargo como titular del Poder Ejecutivo Federal.
Artículo 13. (...)
El Instituto establecerá convenios de coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y otras dependencias competentes para prevenir, detectar y sancionar el uso de recursos públicos con dichos fines, que realicen los organismos o dependencias de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios , así como los partidos políticos.
(...)
Artículo 14. Queda prohibido a las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las alcaldías, los partidos políticos o cualquier otro tipo de organización del sector público, social o privado impedir u obstruir las actividades de recopilación de las firmas de apoyo de las ciudadanas y los ciudadanos.
(...)
Artículo 19. (...):
I. (...);
II. (...);
III. (...);
IV. (...);
V. La pregunta objeto del proceso, la cual deberá ser: ¿Está de acuerdo con que se revoque el mandato a (nombre de la persona titular del Ejecutivo Federal), como Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos?;
VI. (...) y,
VII. (...).
Artículo 32. (...)
(...)
(...)
Los partidos políticos no deberán promover la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato y se abstendrán de aplicar los recursos derivados del financiamiento público y del financiamiento privado para la realización de sus actividades ordinarias permanentes o sus actividades tendientes a la obtención del voto con el propósito de influir en las preferencias de las ciudadanas y los ciudadanos.
Artículo 36. (...):
I. (...);
II. (...);
III. (...);
IV. Contar dos cuadros al centro de la boleta colocados simétricamente y en tamaño apropiado para facilitar su identificación por la ciudadanía al momento de emitir su voto, con las respuestas “Sí” y “No”;
V. (...);
VI. (...) y,
VII. (...).
Segundo. Se reforma y se le adiciona un tercer párrafo al artículo 26 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, para quedar como sigue:
Artículo 26. (...):
I. (...);
II. (...);
III. (...);
IV. (...) y,
V. Las ciudadanas y los ciudadanos que hayan sido dados de baja de la lista nominal por alguno de los supuestos previstos en la Ley General.
Para la preparación de dicho mecanismo de participación ciudadana el Instituto incluirá en su presupuesto la partida correspondiente para la organización de la revocación de mandato conforme a las características que establece el artículo 41 de esta ley, en estricta observancia a las medidas de racionalidad y presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal correspondiente, buscará el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros.
Cuando la Cámara de Diputados, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución, apruebe un presupuesto distinto al solicitado, el Instituto diseñará el ejercicio conforme a los montos aprobados, sin responsabilidad alguna.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1. https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-coven ant-civil-and-political-rights. Consultado el 1 de septiembre de 2022.
2. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_Federal_de_Revocacion_de_M andato.pdf. Consultado el 31 de agosto de 2022. Entiéndase que todas las citas corresponden a la presente referencia.
3. https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/cerrados/Publico/Pryec-to/AI151_2021 PL.pdf. Consultado el 1º de septiembre de 2022.
4. Más de 17 millones de mexicanos participaron en el referéndum celebrado el 10 de abril, un 91,1% votó por la permanencia en la presidencia de AMLO, mientras un 7,5% participó en contra, reseñaba la versión en línea de la edición para México de El País, en
https://elpais.com/mexico/2022-04-10/revocacion-de-mandato-en-vi vo-la-consulta-de-lopez-obrador.html. Consultado el 1º de septiembre de 2022.
5. Parece quedar claro que, una disposición de naturaleza eminentemente participativa requiere de una genuina convocatoria y trabajo encaminado a su adecuada (re)orientación democrática, a efecto que no se pierda ni se desnaturalice su sentido sino, por el contrario, refuerce el espíritu de su creación, y se convierta efectivamente en una acción que empodere a la ciudadanía frente a lo que pueda constituirse en una mala gestión gubernamental.
6. Véase el espléndido ensayo titulado Las causas de la desconfianza política en México para la revista Perfiles latinoamericanos. Volumen 20, número 40. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México, 2012. En
https://perfilesla.flacso.edu.mx/index.php/perfilesla/issue/view /8. Consultado el 2 de septiembre de 2022.
7. https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvin egi/productos/metodologias/est/sm_encup08.pdf. Consultado el 2 de septiembre de 2022.
8. En efecto, la participación de los partidos políticos es un enorme despropósito porque anula el carácter y naturaleza ciudadana de la revocación, de hecho, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral estimó procedente la medida cautelar solicitada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) por la difusión, por morena, de dos vídeos en las redes sociales de Facebook, Twitter y YouTube con propaganda política para promocionar la participación ciudadana en el ejercicio de Revocación de Mandato. Dicha decisión se fundó en que la SCJN resolvió, en la precitada acción de inconstitucionalidad, que es contrario a la Constitución que los partidos políticos promuevan la mencionada participación durante un proceso de Revocación de Mandato: no tienen facultad para recabar firmas ni promover la participación de la ciudadanía, acción que corresponde en exclusiva al INE y a los organismos electorales locales. Véase
https://www.eleconomista.com.mx/politica/SCJN-resuelve-que-parti dos-no-pueden-promover-revocacion-20220202-0004.html. Consultado el 2 de septiembre de 2022.
9. Vale la pena hacer alusión nuevamente a la SCJN en cuanto al lenguaje ciudadano en las sentencias, mismo que tiene como objetivo que las personas a las que van dirigidas tengan claridad de los términos en los que se resuelve, independientemente de su nivel de estudios y partiendo de la idea que el derecho es un discurso (pensemos lo mismo en las leyes expedidas por este Poder Legislativo; los actos administrativos o reglamentos expedidos por el Poder Ejecutivo o y las resoluciones emitidas por el Poder Judicial) que va dirigido las y los ciudadanos como sus personas destinatarias. Si dejamos que el lenguaje específico del derecho solo sea entendido y utilizado por las personas estudiosas de su ámbito técnico, lo que dejaríamos en indefensión a las personas que no cuentan con dichos conocimientos, lo que representaría una nueva y gran dificultad para el efectivo acceso a la justicia y otros derechos, por lo que lo idóneo es que dicho lenguaje, al ser utilizado, resulte claro, preciso y asequible.
10. La universalidad se explica en el sentido de ser para todas las personas, sin excepción (ser accesible para toda la población sin algún tipo de discriminación); la interdependencia se entiende de forma que todos los Derechos Humanos se encuentran vinculados entre ellos, lo que los vuelve, a su vez, indivisibles; es decir, si se impide el acceso de uno, se impide el acceso a todos. Finalmente, la progresividad, comprendida como la obligación en el sentido de actuar siempre para el gradual acceso a todos los derechos, lo que impide que se pueden ejecutar medidas regresivas.
11. La pregunta reza: ¿Estás de acuerdo en que a (nombre), presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?
12. Plantear una pregunta que no es clara en cuanto a los alcances, ni entendible, sino más bien confusa, vulnera los derechos humanos de toda la población con derecho al voto, la libertad de expresión y pensamiento crítico, puesto que bajo esos términos no a todas las personas les queda claro lo que se está decidiendo. Dicha situación abre la posibilidad de utilizar el ejercicio de manera personal y subjetiva, ya que, volviendo a nuestro tema central, aunque diversas comunidades de personas estudiosas en las ciencias sociales puedan entender a qué se hace referencia, no ocurre lo mismo para el resto de la ciudadanía, por lo que puede ser influidas en sus posiciones e ideas, muy alejadas al objetivo de la consulta.
13. La Cámara de Diputados deberá analizar y determinar en sesión pública, lo que corresponda al anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio fiscal 2022, dentro del lapso de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación. En
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?i d=6928. Consultado el 2 de septiembre de 2022.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputado Marco Humberto Aguilar Coronado (rúbrica).»
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Reforma Política-Electoral y de Gobernación y Población, para dictamen.
LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LEY GENERAL DE SALUD
La presidenta diputada Noemí Berenice Ayala: Tiene la palabra la diputada Carolina Dávila Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley General de Salud en materia de etiquetado inclusivo en el sistema de escritura Braille.
La diputada Carolina Dávila Ramírez:Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Adelante, diputada.
La diputada Carolina Dávila Ramírez: Conóceme por mis habilidades, no por mis discapacidades. Robert M. Hensel, activista.
Compañeras y compañeros diputados, ¿alguna vez han cerrado los ojos y tratado de identificar algún objeto únicamente por el tacto o han tratado de desplazarse por algún lugar usando como guía los sonidos que lo rodean?
Datos de la OMS señalan que en el mundo hay al menos 2 mil 200 millones de personas con discapacidad visual, ubicando a México entre los 20 países con mayor número de personas afectadas, con más de 12 millones de habitantes con algún nivel de discapacidad visual.
Podemos entender la capacidad visual como una condición que afecta directamente la percepción de imágenes en forma total o parcial y se puede medir a través de diversos parámetros, como la capacidad lectora, de cerca o de lejos, el campo visual o la agudeza visual, la pérdida o el deterioro de la percepción visual afecta gravemente la autonomía de quien la padece y vulnera la calidad de vida.
Diversas disposiciones nacionales e internacionales establecen la importancia del derecho de las personas con discapacidad a la accesibilidad universal, a la información y a las comunicaciones. Sin embargo, nuestra legislación se ha enfocado al aspecto de la infraestructura, acceso y desplazamiento en espacios físicos, sin darle la atención requerida al acceso a la información y a las comunicaciones de las personas con discapacidad visual, fuera de lo referente al acceso a libros, materiales impresos y a la educación.
Naciones Unidas afirma que el uso del Braille de las personas con discapacidad visual garantiza la comunicación de información importante y representa competencia, independencia e igualdad, reconociéndolo como un medio de comunicación que consiste en una representación táctil de símbolos alfabéticos y numéricos, que utiliza seis puntos para representar cada letra y cada número, e incluso símbolos musicales, matemáticos y científicos.
Recientemente España publicó la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que obliga al etiquetado de Braille de los bienes y productos de consumo. Y actualmente se encuentran elaborando el reglamento respectivo. Por su parte, empresas como Vinos, Enate, Hero Baby, Esnaola, Biferdil y Natura, así como diversas farmacéuticas han incluido el sistema de escritura Braille en sus etiquetas.
Es por ello que la presente iniciativa tiene por objeto reformar diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley General de Salud, para implementar etiquetado inclusivo en el sistema de escritura Braille a los diversos productos que deben expenderse empacados o envasados, facultando a la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Economía, en el ámbito de sus competencias, para que emitan las normas oficiales mexicanas que regulen técnicamente las características que debe de llevar este etiquetado.
Esta iniciativa permitirá garantizar el derecho de acceso a la información y a las comunicaciones de las personas con discapacidad visual, otorgándoles mayor autonomía y seguridad en sus labores cotidianas. Es cuanto, diputada presidenta.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y de Salud, en materia de etiquetado inclusivo en sistema de escritura braille, a cargo de la diputada Carolina Dávila Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI
La que suscribe, Carolina Dávila Ramírez, diputada federal de la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente “Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado inclusivo en sistema de escritura braille”, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLas Naciones Unidas en su Resolución A/C.3/73/L.5/Rev.1 del 1ro de noviembre de 2018 en que se proclama el 4 de enero como Día Mundial del Braille, afirma que el uso del braille por las personas con discapacidad visual garantiza la comunicación de información importante y representa competencia, independencia e igualdad; siendo un requisito previo fundamental para la realización plena de los derechos humanos de las personas ciegas y con deficiencia visual promover sus derechos humanos y libertades fundamentales en el contexto del acceso al lenguaje escrito.
Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce la importancia de la accesibilidad a la información y las comunicaciones para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, enmarcando a la accesibilidad como uno de los principios generales de la propia Convención.
En particular, el artículo 9 de la Convención establece la obligación de los Estados Partes de adoptar medidas que aseguren el acceso de las personas con discapacidad a la información y las comunicaciones con el objetivo de que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y plena.
En nuestro país, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad identifica como un sistema de comunicación el sistema de escritura braille y reconoce en el artículo 16 el derecho de las personas con discapacidad a la accesibilidad universal. Sin embargo, en el propio texto de la ley no se hace ninguna referencia a la accesibilidad a la información y a las comunicaciones de las personas con discapacidad visual fuera de lo referente al acceso a libros, materiales impresos y educación.
En la actual legislación el derecho a la accesibilidad está acotado a un tema de infraestructura, acceso y desplazamiento en espacios físicos, sin darle la atención requerida al acceso a la información y las comunicaciones de las personas con discapacidad visual.
Por lo tanto, reconociendo la obligación del Estado Mexicano de adoptar medidas que garanticen el acceso a la información de las personas con discapacidad, la presente iniciativa tiene por objeto implementar el etiquetado en sistema de escritura braille a los diversos productos que deben expenderse empacados o envasados para dar mayor autonomía y accesibilidad a las personas con discapacidad visual, en alineación con el Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países y el Objetivo 12: Producción y consumo responsables de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Las Naciones Unidas reconocen que el braille es un medio de comunicación que consiste en una representación táctil de símbolos alfabéticos y numéricos que utiliza seis puntos para representar cada letra y cada número, e incluso símbolos musicales, matemáticos y científicos (Resolución A/C.3/73/L.5/Rev.1).
Alrededor del mundo se han dado ejemplos de empresas y gobiernos que han implementado el sistema de escritura braille en sus etiquetados, desde 2015 se expidió en la Unión Europea la UNE-EN ISO 17351 que exige a todos los países miembros incluir el etiquetado braille en todos los medicamentos, señalado las características que debe contener este etiquetado.
Por su parte, España publicó, el 25 de febrero del presente año, en el Boletín Oficial del Estado la Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica (Ley 4/2022) que obliga al etiquetado braille de los bienes y productos de consumo.
Esta Ley incluye una disposición sobre etiquetado inclusivo que establece que “el Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables” (CERMI, 2022).
El Ministerio de Consumo de España, que está trabajando en la reglamentación del etiquetado braille, ha señalado que este etiquetado deberá dar la información mínima básica, la dinámica y extensiva, sin embargo, asociaciones como la ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) ha expresado la complejidad de incluir toda esta información en sistema de escritura braille ante el espacio limitado en la superficie de los envases, por lo tanto se debe limitar a la información más importante como nombre del producto, lo relativo a alergias y fecha de caducidad.
Como complemento al sistema braille, se está considerando la utilización de códigos de respuesta rápida (QR) en el etiquetado para dar mayor información a las personas con discapacidad visual, el código estaría señalizado en relieve con líneas continuas o puntos para reconocer su ubicación. Esta tecnología inclusiva ha sido retomada por empresas y diseñadores informáticos para crear las herramientas necesarias que permitan leer el código QR por el teléfono móvil y que este reproduzca en audio la información que contiene, aunque algunos diseños aún se encuentran en proceso de desarrollo, contar con estas herramientas ayudaría no sólo a las personas con discapacidad visual sino también al resto de los consumidores a tener mayor información sobre los productos que se adquieren.
En el sector privado, empresas como Vinos Enate, Hero Baby, Esnaloa, Biferdil y Natura, entre otras, han incluido el sistema de escritura braille en sus etiquetas; por otro lado, iniciativas particulares como la de Gabriela Quintero en Sonora han incluido este tipo de etiquetado sobre los productos que distribuye y comercializa en su emprendimiento, inspirada en la campaña realizada por Coca-Cola en el año 2015 que entregó una edición limitada de botellas con nombres escritos en braille a la Selección Argentina de Fútbol Sala para Ciegos llamada “Los Murciélagos” e hicieron una segunda campaña con el Comité Internacional ProCiegos IAP y Cinépolis en Ciudad de México.
En lo relativo a los medicamentos, el 12 de abril del 2018 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables que adiciona una fracción X al artículo 7 y recorre las actuales fracciones de la Ley General para Inclusión de las Personas con Discapacidad para establecer que la Secretaría de Salud emitiría los lineamientos respectivo para que todos los productos farmacéuticos tengan integrado en el Sistema de Escritura Braille el componente activo del medicamento, el nombre comercial y la fecha de caducidad del mismo, esta minuta está pendiente en Comisiones del Senado.
Esta reforma deriva de la iniciativa presentada por el Diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda, que originalmente proponía facultar a la Secretaría de Economía para establecer lineamientos para que todos los productos de consumo elaborados en México tuvieran integrado en sistema de escritura braille, la marca del producto, así como el contenido del envase. El dictamen de la Comisión argumentó que esta modificación implicaría un aumento en el costo de elaboración de los productos que se traduciría en un incremento para el consumidor final, por lo tanto, debía acotarse únicamente a productos farmacéuticos por considerar que estos pueden representar un riesgo a la salud.
A pesar de no existir una disposición oficial en la materia, existen en el mercado diversos medicamentos que actualmente cuentan con un sistema de escritura braille en su empaque, este hecho aunado a un avance en los sistemas de producción y de tecnologías de la comunicación permiten hacer viable la implementación de un etiquetado inclusivo en sistema de escritura braille para medicamentos y otros productos.
En el Censo 2020 realizado por el INEGI se pudo identificar que en nuestro país hay 20, 838,108 personas con alguna discapacidad, limitación en la actividad cotidiana o con algún problema o condición mental ( 16.5% de la población), de las cuales 12, 272,653 personas tienen algún nivel de discapacidad visual, lo que representa el 61% del total de este universo.
En este sentido podemos entender la discapacidad visual como una condición que afecta directamente la percepción de imágenes en forma total o parcial y se puede medir a través de diversos parámetros como la capacidad lectora de cerca y de lejos, el campo visual o la agudeza visual. La pérdida o deterioro de la percepción visual afecta gravemente la autonomía de quien la padece y vulnera su calidad de vida.
La limitación en la autonomía y las barreras de accesibilidad para las personas con discapacidad visual se hacen más evidente en acciones tan cotidianas como ir al supermercado o comprar en cualquier autoservicio, no se trata únicamente de un tema de consumo autónomo sino de un tema de seguridad y bienestar para la persona usuaria de estos servicios. En este caso, las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad visual no son físicas sino de acceso a la información al no poder identificar, sin necesidad de ayuda, los productos y bienes que pretende adquirir.
Derivado de lo anterior es necesario que la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Economía, en el ámbito de sus competencias, emitan las Normas Oficiales Mexicanas que regulen técnicamente las características que debe llevar este etiquetado inclusivo en sistema de escritura braille.
Las NOM’s en la materia deberán considerar la información mínima de identificación a incluir, las posibles técnicas de impresión a usar (golpe en seco, moldeado, braille sólido), las dimensiones dentro y entre las celdas braille, la altura de los puntos de la celda, la disposición de la información, las distancias entre el relieve propio del diseño y el relieve del sistema braille, y la implementación de códigos de respuesta rápida (QR) señalizados en relieve que puedan ampliar la información proporcionada a las personas con discapacidad visual.
El etiquetado inclusivo en sistema de escritura braille permitirá garantizar el derecho de acceso a la información y a las comunicaciones de las personas con discapacidad visual, otorgándoles mayor autonomía y seguridad en sus labores cotidianas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado inclusivo en sistema de escritura braille
Artículo Primero. Se adiciona la fracción IX del artículo 7 y se recorren las fracciones subsecuentes de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad para quedar como sigue:
Artículo 7. La Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad, mediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados, considerando criterios de calidad, especialización, género, gratuidad o precio asequible. Para tal efecto, realizará las siguientes acciones:
I. a VIII.
IX. Emitir en coordinación con la Secretaría de Economía, en el ámbito de sus competencias, las Normas Oficiales Mexicanas en materia de etiquetado inclusivo en sistema de escritura braille y códigos de respuesta rápida (QR);
X. Dictar las normas técnicas a que quedará sujeta la prestación de los servicios de salud y asistencia social para las personas con discapacidad por parte del sector público, social y privado;
XI. Crear programas de orientación, educación, y rehabilitación sexual y reproductiva para las personas con discapacidad y sus familias;
XII. Incorporar de forma gratuita al Seguro Popular a la población con discapacidad, y
XIII. Las demás que dispongan otros ordenamientos.
Artículo Segundo. Se adiciona un párrafo a los artículos 210, 212, 218, 225, 228 y 281 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:
Artículo 210....
...
Para garantizar el acceso a la información de las personas con discapacidad visual, los productos que deben expenderse empacados o envasados llevarán etiquetas impresas en sistema de escritura braille con los datos necesarios para su identificación y códigos de respuesta rápida (QR) con información ampliada de conformidad con las normas oficiales mexicanas en la materia.
Artículo 212.- ...
...
...
...
...
Las etiquetas o envases para los alimentos y bebidas no alcohólicas deberán incluir en sistema de escritura braille los datos necesarios para su identificación y códigos de respuesta rápida (QR) con información ampliada.
Artículo 218.- ...
...
Todos los envases de bebidas alcohólicas deberán ostentar en sistema de escritura braille la leyenda “el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud” y los datos necesarios para su identificación, así como códigos de respuesta rápida (QR) con información ampliada.
Artículo 225. ...
...
...
...
El empaque de los medicamentos deberá contener los datos necesarios para su identificación en sistema de escritura braille y códigos de respuesta rápida (QR) con información ampliada.
Artículo 228. ...
Las leyendas precautorias a las que hace referencia el presente artículo deberán rotularse en sistema de escritura braille y contar con códigos de respuesta rápida (QR) con información ampliada para garantizar la seguridad de las personas con discapacidad visual.
Artículo 281. ...
Las etiquetas a las que hace referencia el presente artículo deberán contener las advertencias necesarias en sistema de escritura braille y contar con códigos de respuesta rápida (QR) con información ampliada.
Artículos TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Salud, en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá actualizar la Normas Oficiales Mexicanas aplicables, o en su caso emitir una nueva en la materia.
Tercero. La Secretaría de Economía, en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá actualizar la Normas Oficiales Mexicanas aplicables, o en su caso emitir una nueva en la materia.
Cuarto. Las etiquetas y envases de los productos materia de la presente reforma, deberán empezar a producirse, atendiendo los lineamientos establecidos por las autoridades competentes, en un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor de las Normas Oficiales Mexicanas respectivas.
Bibliografía
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https://www.inci.gov.co/blog/el-braille-en-el-derecho-comparado
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• Miranda, M. (2022). Crea etiquetado de alimentos en Braille para fomentar inclusión. Uniradio informa. Recuperado el 13 de septiembre 2022, de sitio web:
https://www.uniradioinforma.com/noticias/hermosillo/664630/crea- etiquetado-de-alimentos-en-braille-para-fomentar-inclusion.html
• Redacción (2015). Hero Baby modifica su packaging para añadir etiquetas escritas en braille. Marketing Actual. Recuperado el 5 de septiembre 2022, de sitio web:
https://marketingactual.es/publicidad/publicidad/hero-baby-modif ica-su-packaging-para-anadir-etiquetas-escritas-en-braille
• Grupo Lappí
https://www.grupolappi.com/es/blog/tecnologia/eliminando-barrera s-con-las-etiquetas-en-braille/
• Organización Nacional de Ciegos Españoles
https://www.once.es/
• Vinos Enate
https://www.enate.es/vinos/
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, octubre de 2022.– Diputada Carolina Dávila Ramírez (rúbrica).»
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Gracias, diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y de Salud, para dictamen, y a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para opinión.
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Tiene la palabra el diputado Juan Luis Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación.
El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis:Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Adelante, diputado.
El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis: De mis compañeras y compañeros diputados. Actualmente las competencias digitales están reguladas como un conjunto de conocimientos, capacidades destrezas y habilidades vinculadas con valores y actitudes para la utilización estratégica de la información, a fin de alcanzar objetivos de conocimiento tácito y explícito, contextualizadas con herramientas propias.
En la última década hemos sido testigos de la proliferación de nuevas tecnologías, tales como la inteligencia artificial, los macrodatos, la cadena de bloques, la computación en la nube, el internet de las cosas, el aprendizaje de máquina, las aplicaciones móviles, la nanotecnología y la impresión en 3D, las cuales están cambiando radicalmente nuestra vida cotidiana y modificarán sustancialmente nuestros hábitos de consumo, producción y trabajo.
Tenemos, entonces, la oportunidad de construir un país donde las habilidades digitales se valores, se promuevan y se prioricen, integrándolas como una de las capacidades fundamentales de la nación, junto con la alfabetización tradicional y los conocimientos de matemáticas.
En ese sentido, debemos impulsar que nuestra población disponga de las habilidades digitales necesarias para insertarse y desarrollarse exitosamente en el mundo laboral. Una sociedad donde todos nuestros jóvenes puedan contar con habilidades básicas para adquirir posteriormente, si así lo deciden, los niveles intermedio y avanzado de conocimientos técnicos digitales y ser capaces de participar en los sectores emergentes de la industria.
En términos generales, este tipo de alfabetización incluye tener conocimiento de diversas fuentes de información digitales, criterios étnicos para emplear la información, hacer un uso y tenencia responsable de dispositivos, entre otros elementos.
Las ventajas de estar alfabetizado digitalmente están vinculadas directamente con un mejor desarrollo académico, profesional, económico y social. Sin embargo, en nuestro país las brechas sociales y digitales impiden a la población acceder a este tipo de educación, lo cual impacta directamente en la productividad y en las posibilidades de acceder al mercado laboral con un mejor ingreso.
Es por esto que pongo a su consideración la siguiente iniciativa, cuyo objetivo es establecer en la Ley General de Educación la implementación de estrategias para garantizar el aprendizaje digital de nuestros estudiantes, impulsando su inserción plena en las sociedades modernas.
Además, proponemos establecer que los centros educativos deban contar con los elementos necesarios de infraestructura para garantizar el aprendizaje digital de nuestras niñas, niños y jóvenes, esperando contar con su respaldo, compañeras y compañeros diputados. Es cuanto. Muchas gracias.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del PVEM
El que suscribe, diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosActualmente, las competencias digitales están reguladas como un conjunto de conocimientos, capacidades, destrezas y habilidades, vinculadas con valores y actitudes, para la utilización estratégica de la información a fin de alcanzar objetivos de conocimiento tácito y explícito, contextualizadas con herramientas propias.
Vivimos inmersos en una revolución digital, ya que nunca antes ha habido tantas personas conectadas a internet con dispositivos y servicios digitales en su trabajo y en su vida en general.
En la última década, e incluso más recientemente, hemos sido testigos de la proliferación de nuevas tecnologías, tales como la inteligencia artificial, los macrodatos, la cadena de bloques, la computación en la nube, el internet de las cosas, el aprendizaje de máquina, las aplicaciones móviles, la nanotecnología y la impresión en 3D, las cuales están cambiando radicalmente nuestra vida cotidiana y durante la próxima década modificarán sustancialmente nuestros hábitos de consumo, producción y trabajo.
Lo anterior nos brindará nuevas oportunidades, pero también nos planteará importantes retos, pues ha aparecido una amplia disparidad de capacidades en un mundo en el que existen millones de puestos de trabajo para quienes poseen habilidades digitales avanzadas, mientras que escasean las personas con la cualificación adecuada para ocuparlos.
Tenemos entonces la oportunidad de construir un país donde las habilidades digitales básicas de todos los ciudadanos se valoren adecuadamente, se promuevan y se prioricen, integrándolas como una de las capacidades fundamentales de la nación junto con la alfabetización tradicional y los conocimientos de matemáticas.
Es igualmente importante realizar los esfuerzos necesarios para que todos los sectores de la población tengan acceso a las noticias y la información, puedan comunicarse con su familia y amigos, utilizar ordinariamente los servicios relacionados con la telemedicinas, el gobierno electrónico, las finanzas digitales, la agrotecnología, el transporte inteligente y puedan beneficiarse plenamente de la inmersión en una sociedad del conocimiento.
En ese sentido, debemos impulsar que nuestra población disponga de las habilidades digitales necesarias para insertarse y desarrollarse exitosamente en el mundo laboral, una sociedad donde todos nuestros jóvenes puedan contar con habilidades básicas para adquirir posteriormente, si así lo deciden, los niveles intermedio y avanzado de conocimientos técnicos digitales y ser capaces de participar en los sectores emergentes de la industria.
El desarrollo de habilidades digital permitirá a cualquier país integrarse a las nuevas tecnologías globales y con ello fortalecer su economía, así como su productividad, pues incluso los países menos desarrollados optan por formar profesionales en el uso de herramientas correspondientes a las tecnologías de la información y la comunicación, no solo por moda, sino por necesidad de integración mundial, con repercusiones sobre el empleo juvenil en apoyo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Una de las preguntas de rigor que constantemente nos obliga a repensar las políticas que se están poniendo en marcha en el ámbito educativo es: ¿cómo mejorar los aprendizajes que plantea la nueva era digital en los estudiantes?, pero a esta pregunta, hoy en día, se añade una preocupación más: ¿cómo mejorar el aprendizaje en la sociedad del conocimiento? Esto significa que existe una preocupación real y que la misma viene con exigencias adicionales, tales como el uso de las tecnologías.
Ante los problemas de aprendizaje que se presentan en los nuevos escenarios digitales son necesarias algunas estrategias para el desarrollo de competencias. Éstas se entienden desde una doble perspectiva: 1) saber actuar (o reaccionar); y 2) saber movilizar, integrar y transferir recursos (conocimientos, capacidades, etcétera) en un contexto profesional.
Esto significa que debemos implementar políticas públicas dirigidas a la capacitación y el aprendizaje de tecnologías digitales para lograr que el sector juvenil, principalmente, se adhiera a los requerimientos necesarios para un desarrollo óptimo de tecnología y capacidades digitales; asimismo, se deben establecer programas de financiamiento público destinados a la adquisición de implementos tecnológicos, como computadoras e internet en los centros educativos y en los espacios públicos.
De acuerdo con la investigadora Susana García Ávila, la reducción de la brecha digital consiste en fomentar la capacidad de la ciudadanía para utilizar de manera crítica la información a la que se puede acceder de forma libre. Al no saber utilizar la información para el desarrollo y beneficio personal, más allá de contar con un dispositivo y acceso a internet, el usuario queda limitado al esparcimiento y al entretenimiento y desaprovecha el potencial que estas herramientas tienen para generar autoempleo, aumentar sus conocimientos y capacidades, así como aumentar su productividad laboral. Una persona se considera analfabeta digital cuando tiene un acceso limitado y/o un desarrollo bajo o nulo de las habilidades que le permitan interactuar en la red comunicativa que proporciona el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
En este sentido, la alfabetización digital es aquella que promueve el desarrollo de habilidades necesarias para ser usuario de la información digital, dentro de las cuales se incluyen que: a) las personas adquieran y desarrollen aptitudes transferibles y utilizables a lo largo de toda la vida para la resolución de problemas; b) en el ámbito educativo se requiere una evolución hacia una pedagogía activa centrada en el estudiante, basada en los recursos y en la solución de problemas en contexto; y c) en el ámbito socio-laboral, el dominio del análisis, gestión, recuperación y evaluación de la información electrónica; y en el ámbito económico, actividades de servicio apoyadas en las tecnologías para un rápido desarrollo de cómo mejorar la infraestructura de acceso a los servicios multiplataforma y garantizar la ciberseguridad de la información y las comunicaciones.
En términos generales, este tipo de alfabetización incluye tener conocimiento de diversas fuentes de información digitales, criterios éticos para emplear la información, hacer un uso y tenencia responsable de dispositivos, entre otros elementos.
Las ventajas de estar alfabetizado digitalmente hablando están vinculadas directamente con un mejor desarrollo académico, profesional, económico y social. Lamentablemente, en nuestro país las brechas sociales y digitales impiden acceder a la población a este tipo de educación lo cual impacta directamente en la productividad y en las posibilidades de acceder al mercado laboral con un mejor ingreso.
En virtud de lo anterior, el objetivo de la presente iniciativa es establecer en la Ley General de Educación que se deberán poner en marcha estrategias para garantizar el aprendizaje digital de nuestros estudiantes para impulsar su inserción plena en las sociedades modernas. Además, proponemos que establecer que los centros educativos deberán contar con los elementos necesarios de infraestructura para garantizar el aprendizaje digital de nuestras niñas, niños y jóvenes.
Para dar mayor claridad a las reformas propuestas, presentamos el siguiente cuadro comparativo:
Por lo aquí expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación
Artículo Único. Se adiciona una fracción V Bis al artículo 9; se reforman las fracciones III y IV del artículo 53 y se adiciona una fracción V; se reforman los artículos 84 y 99, todos de la Ley General de Educación, para quedar como a continuación se presenta:
Artículo 9. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona, con equidad y excelencia, realizarán entre otras, las siguientes acciones:
I. a V. (...)
V Bis. Implementar estrategias para garantizar el aprendizaje digital, asegurando el uso productivo y responsable de las tecnologías de la información;
VI. a XIII. (...)
Artículo 53. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, impulsarán en todas las regiones del país, el desarrollo de la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación, de conformidad con lo siguiente:
I. y II. (...)
III. Creación de programas de difusión para impulsar la participación y el interés de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el fomento de las ciencias, las humanidades, la tecnología y la innovación ;
IV. Impulso de políticas y programas para fortalecer la participación de las instituciones públicas de educación superior en las acciones que desarrollen la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación, y aseguren su vinculación creciente con la solución de los problemas y necesidades nacionales, regionales y locales , y
V. Crear programas que promuevan el uso productivo y responsable de las tecnologías de la información, propiciando que los educandos hagan uso de éstas para alcanzar su desarrollo personal y profesional.
Artículo 84. La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, utilizará el avance de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, con la finalidad de fortalecer los modelos pedagógicos de enseñanza aprendizaje, la innovación educativa, el desarrollo de habilidades y saberes digitales de los educandos, además del establecimiento de programas de educación a distancia y semi presencial para cerrar la brecha digital , reducir las desigualdades en la población y asegurar la inserción plena de las personas en la sociedad digital.
(...)
Artículo 99. (...)
Dichos muebles e inmuebles deberán cumplir con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, resiliencia, pertinencia, integralidad, accesibilidad, inclusividad e higiene, incorporando los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, incluyendo la infraestructura necesaria para el aprendizaje digital, para proporcionar educación de excelencia, con equidad e inclusión, conforme a los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría.
(...)
TransitorioÚnico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Nota
1 García Ávila, Susana. Alfabetización Digital. Razón y Palabra. Universidad de los Hemisferios, Quito, Ecuador. Volumen 21. Número 98, julio-septiembre, 2017. Página 68. Disponible en:
https://www.redalyc.org/pdf/1995/199553113006.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de noviembre de 2022.– Diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (rúbrica).»
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Educación, para dictamen.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Tiene la palabra el diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jesús Fernando García Hernández:Ánimo, ánimo. Desde Navolato vengo. Con el permiso del pueblo de México, con el permiso de la Mesa Directiva.
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Adelante, diputado.
El diputado Jesús Fernando García Hernández: Hagamos de la pesca y la acuacultura un sector realmente productivo y sustentable, reconociéndole desde el marco legal la importancia que tiene como factor para el desarrollo regional y la producción de alimentos.
El sector público de México reconoce que la pesca y la acuacultura son actividades productivas y estratégicas para la seguridad alimentaria, que ofrecen un importante potencial de crecimiento en apoyo al desarrollo regional. Este reconocimiento lleva a la articulación de acciones diversas que van desde la aplicación de un marco jurídico sólido y una normatividad administrativa estricta.
México está reconocido como un país con vocación pesquera y acuícola, que posee una tradición ancestral y de cuyas actividades dependen 300 mil pescadores y acuacultores, se emplean directa o indirectamente un número aproximado de 3 millones de trabajadores, cuya productividad atiende a una demanda de 120 millones de personas.
Dado esto, en el sector público se han instrumentado ejes diversos orientados al impulso, a la productividad y sustentabilidad de la pesca y la acuacultura. Lo anterior, para asegurarles así mayores beneficios a partir del reconocimiento de que la pesca y la acuacultura no han sido consideradas como actividades primarias, repito, la pesca y la acuacultura no han sido consideradas como actividades primarias.
Es evidente que los temas pesquero y acuícola deben seguirse viendo y tratados como de la mayor relevancia dentro de la agenda pública, máxime que como tal son asuntos definidos ya en el marco legal secundario y la normatividad aplicable.
Repito, definido ya en el marco legal secundario y la normatividad aplicable. En consecuencia, queda de manifiesto que la pesca y la acuacultura no son conceptos aislados, están considerados en políticas públicas que se articulan al amparo de un ordenamiento específico como lo es la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Esto, lo cual determina que ambas actividades fortalecen la soberanía alimentaria y territorial de la nación al ser asuntos de seguridad nacional prioritarios, como la planeación nacional del desarrollo y la gestión integral de los recursos pesqueros y acuícolas.
Aún más, cuando está preceptuado que esta ley es un ordenamiento público de interés social, reglamentada en el artículo 27 constitucional, que tiene por objeto regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, resulta incongruente que haya un ordenamiento reglamentario de este artículo, como es la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, y que esos conceptos no estén contenidos en nuestra Carta Fundamental.
Vaya pues, no lo dice la Constitución, y hay que agregarlo para que se reconozca a la actividad de la pesca y la acuacultura como una actividad primaria desde la Carta Magna. Por eso, se presta a interpretaciones ambiguas, es así que la presente iniciativa propone reformar el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de adicionar los términos pesca y acuacultura en la Carta Magna, que se armonicen con los ordenamientos legales y normatividad administrativa que de ella emanen.
Sirva esto para orientar e instrumentar medidas para procurar la sustentabilidad y sostenibilidad pesquera y acuícola que mucha falta le hace a los pescadores y acuicultores de este país. Ojalá el voto de ustedes sea en favor de los pescadores y que se considere a la pesca y la acuicultura como una actividad primaria.
Un sentimiento que traigo. Hicimos una iniciativa de reconocer a la pesca y que se hiciera Secretaría de Pesca, como estaba anteriormente, y como tenía un presupuesto acordado ya de 8 millones y medio, pero la cuestión legal, la cuestión ya legislativa estaba superada por tener un costo de 8 millones y medio, esa iniciativa de considerar a la pesca como Secretaría no fue aprobada.
Por eso les pido, sáquense un 10. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Gracias por su atención y ánimo, y vamos por los pescadores que tanto necesitan. Es cuanto, presidenta.
«Iniciativa que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del PT
El suscrito, Jesús Fernando García Hernández, diputado a la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que dispone el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de adicionar los términos pesca y acuacultura en la carta fundamental, que se armonicen con los ordenamientos legales y normatividad administrativa que de ella emanan, con base en la siguiente
Exposición de MotivosEl sector público de México reconoce que la pesca y la acuacultura son actividades productivas y estratégicas para la seguridad alimentaria, que ofrecen un importante potencial de crecimiento en apoyo al desarrollo regional. Ante esa oportunidad, las políticas públicas se han orientado a la instrumentación de medidas para procurar la sustentabilidad y sostenibilidad pesquera y acuícola.
Este reconocimiento lleva a la articulación de acciones diversas, que van desde la aplicación de un marco jurídico sólido y una normatividad administrativa estricta que responde a criterios científicos y estándares internacionales, instrumentados para que ocurra una pesca responsable y una acuacultura ordenada; de suerte que se garantice en principio el cuidado de las pesquerías y el medio ambiente para la satisfacción de necesidades actuales y futuras del recurso pesquero y acuícola.
En el ámbito mundial, las expectativas de crecimiento de ambas actividades son favorables, toda vez que para el 2030, la producción pesquera actual de 179 se estima pase a ser de 204 millones de toneladas; de las que, 109 millones de toneladas provendrán de la acuacultura; la cual se perfila como la “la fuerza motriz” que vendrá a impulsar el aumento en la producción el sector.
Un análisis especializado a cargo de la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, tras precisar que “el futuro de la pesca y la acuicultura dependerá de muchos factores diferentes y de desafíos estratégicos relacionados entre sí que revisten importancia a nivel mundial, regional y local”, menciona asimismo “se prevé que el crecimiento demográfico y económico, junto con la urbanización, los adelantos tecnológicos y la diversificación de la dieta, crearán una expansión de la demanda de alimentos, y en particular de productos de origen animal, incluido el pescado”.
El organismo cita “el aumento de las capturas en algunas áreas de pesca en las que las poblaciones de determinadas especies se están recuperando gracias a la mejora de la ordenación de los recursos”, así como “el aumento de las capturas en las aguas de los pocos países con recursos infraexplotados, en los que existen nuevas oportunidades de pesca o en los que las medidas de la ordenación de la pesca son menos restrictivas” y a “la mejora de la utilización de las capturas, incluida la reducción de los descartes a bordo, los desechos y las pérdidas, como consecuencia de la aplicación de la legislación o de precios de mercado más alto para el pescado, tanto para los productos alimentarios como no alimentarios”; entre aquellos factores que tienen influencia en favor de una producción sostenida de la pesca de captura.
La importancia que la pesca y la acuacultura guardan dentro de la dieta mundial es tal que se ha previsto un aumento del orden aproximado al 89 por ciento para el año 2030. Entre los factores de esta predicción, está el que se tendrá la “combinación de una elevada demanda como consecuencia del aumento de los ingresos y la urbanización, vinculada a la expansión de la producción pesquera, las mejoras en los métodos postcaptura y los canales de distribución que amplían la comercialización del pescado”.
Se argumenta que “la demanda también se verá estimulada por los cambios en las tendencias alimentarias”, los cuales “apuntan a una mayor variedad en la tipología de los alimentos que se consumen”, así como “a una mayor atención a una mejor salud, nutrición y alimentación, en las que el pescado desempeña un papel fundamental”.
El carácter manifiesto de la importancia de las actividades pesquera y acuícola es evidente cuando tanto la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura como la Organización Mundial de la Salud, concluyen que “el consumo de pescado proporciona energía, proteínas y una gama de otros nutrientes importantes”, aparte de que “consumir pescado es parte de las tradiciones culturales de muchas poblaciones”.
En este orden, tenemos que México está reconocido como un país “con vocación pesquera y acuícola”, que posee una tradición ancestral, cuyo sustento está en los 11 mil 122 kilómetros cuadrados de litorales, en los 5 mil 500 kilómetros cuadrados de aguas interiores para pesca y acuacultura; así como en las 116 mil hectáreas que se destinan al cultivo de especies acuáticas.
Diagnósticos oficiales revelan que en México dependen de la pesca y la acuacultura 300 mil pescadores y acuicultores. En estas actividades se emplean directa e indirectamente un número aproximado a 3 millones de trabajadores; cuya productividad atiende a una demanda de 120 millones de personas.
Dado ello, en el sector público se han instrumentado así cinco ejes orientados al impulso a la productividad y sustentabilidad de la pesca y la acuacultura. El primero trabaja en un ordenamiento pesquero y acuícola integral. El segundo busca el cumplimiento y observancia normativa. En tercer orden, está el que tiene por objetivo impulsar la capitalización pesquera y acuícola. Un cuarto tiene como propósito el desarrollo estratégico de la acuacultura; mientras que el quinto está encauzado a fomentar el consumo de productos pesqueros y acuícolas.
Lo anterior, a partir del reconocimiento de que la pesca y la acuacultura no han sido consideradas como actividades primarias, para asegurarles así mayores beneficios a estos sectores mediante la inclusión de programas concurrentes para contribuir de una manera más importante al desarrollo rural integral de forma sustentable y al uso y aprovechamiento del agua.
Este diagnóstico contenido en el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2020-2024, derivado del Plan Nacional de Desarrollo de la presente gestión de gobierno federal, precisa que para la atención de las problemáticas identificadas y con el propósito de detonar así el crecimiento del sector, se tiende a considerar como necesario el contribuir como actividad de pesca y acuacultura a la seguridad alimentaria atender prioritariamente a la población ubicada en zonas rurales, para contribuir así a la mejora del ingreso y reducción de la pobreza de comunidades pesqueras y acuícolas; de forma tal que esto garantice el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas de interés comercial.
Esta necesidad parte del reconocimiento de que las zonas rurales de México, donde precisamente se ubica la casi totalidad de pescadores ribereños, son un espacio donde se localiza la inseguridad alimentaria con índices de marginalidad, lo cuales están asociados a la carencia de acceso seguro a una cantidad suficiente de alimentos inocuos y nutritivos para su normal crecimiento y desarrollo y para llevar a cabo una vida activa y sana.
De acuerdo con el programa sectorial, esto resulta de una disminución drástica del acceso a los alimentos o de los niveles de consumo, debido a riesgos ambientales, sociales e inestabilidad económica. Estimaciones oficiales revelan así que 210 mil personas que habitan en 179 municipios costeros con un alto y muy alto grado de marginalidad, representan alrededor del 70 por ciento del total de la población pesquera y acuícola en México, los cuales se enfrentan entre otras problemáticas a la inseguridad de manera directa.
El programa en comento refiere que los bajos niveles de ingresos y pobreza en las comunidades pesqueras y acuícolas, han limitado la capitalización de las Unidades Económicas Pesqueras y Acuícolas. Reconoce así también que la infraestructura y equipamiento pesquero y acuícola, de acopio, industrialización y distribución de los productos es insuficiente. Esta situación que pone en relieve la poca atención que se da a la demanda del sector para los apoyos de este tipo de conceptos, revela la notoria disponibilidad de productos sólo en algunas localidades y/o estados y en su mayoría sin algún tipo de procesamiento.
Es así que el sector público anuncia el establecimiento de estrategias y acciones para analizar y mejorar los mecanismos institucionales y disposiciones legales, de suerte que se pueda mantener una constante vigilancia sobre el quehacer gubernamental e institucional y la ampliación de la labor de apoyo a la pesca y la acuacultura. Ello, mediante la sensibilización, el fortalecimiento de las capacidades institucionales, el empoderamiento de las organizaciones de la pesca en pequeña escala; la generación y el intercambio de conocimientos, el apoyo a la reforma de las políticas y la prestación de asistencia técnica para lograr la sostenibilidad de la pesca y la acuacultura en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.
Se trata de un proceso contenido en las estrategias y objetivos sectoriales de bienestar y autosuficiencia alimentaria, cuyo objetivo está en sentar las condiciones para generar una estabilidad en cuanto a la disponibilidad, el acceso y la utilización correcta de los alimentos pesqueros, donde ocurra el desarrollo de políticas y canalización de apoyos, toda vez que ello podrá permitir acciones gubernamentales enfocadas hasta el nivel posible en los ámbitos estatal, municipal y/o localidad, de suerte y manera que se puedan solventar las desigualdades territoriales y sociales de los trabajadores que se emplean en las actividades pesquera y acuícola.
Es evidente que los temas pesquero y acuícola deben seguirse viendo y tratados como de la mayor relevancia dentro de la agenda pública, máxime que como tal son asuntos definidos ya en el marco legal secundario y la normatividad aplicable; a partir de cuyo reconocimiento se han establecido las medidas encaminadas al desarrollo de las actividades en estas materias, con el propósito de atender la demanda creciente de alimentos con calidad para la dieta de las poblaciones humanas.
En consecuencia, la pesca y la acuacultura no son conceptos aislados, dado que están considerados en políticas públicas que se articulan al amparo de un ordenamiento específico como lo es la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables; la cual determina que ambas actividades “fortalecen la soberanía alimentaria y territorial de la nación”, al ser “asuntos de seguridad nacional” prioritarios “para la planeación nacional del desarrollo y la gestión integral de los recursos pesqueros y acuícolas”.
Aún más, cuando está preceptuado que esta Ley es un ordenamiento público de interés social, reglamentaria del artículo 27 constitucional, que “tiene por objeto regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción”.
En razón de lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se reforma el artículo 27, párrafo tercero, fracciones IV y XX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 27. . .
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La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura , de la pesca, de la acuacultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.
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I a III. . .
IV. . .
En ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas, forestales o acuícolas en mayor extensión que la respectiva equivalente a veinticinco veces los límites señalados en la fracción XV de este artículo. La ley reglamentaria regulará la estructura de capital y el número mínimo de socios de estas sociedades, a efecto de que las tierras propiedad de la sociedad no excedan en relación con cada socio los límites de la pequeña propiedad. En este caso, toda propiedad accionaria individual, correspondiente a terrenos rústicos, será acumulable para efectos de cómputo. Asimismo, la ley señalará las condiciones para la participación extranjera en dichas sociedades.
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V a XIX. . .
XX.- El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agrícola, ganadera, forestal, pesquera y acuícola para el óptimo uso de las tierras y aguas, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, silvícola, pesquera y acuícola, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.
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TransitorioArtículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Fuentes de consulta
https://www.fao.org/3/ca9229es/online/ca9229es.html#chapter-1_1
https://foroeconomico.conapesca.gob.mx/ponentes/Por%20que%20pesc amos%20en%20Mexico.pdf
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609194&fecha=30/ 12/2020#gsc.tab=0
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2022.– Diputado Jesús Fernando García Hernández (rúbricas.»
La presidenta diputada Noemí Berenice Luna Ayala: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Pesca, para opinión.
Esta Presidencia saluda a los estudiantes Óscar Luna Ayala y Rubén García Martínez, ambos de la carrera de Derecho del Tec de Monterrey, campus Monterrey. Invitados por la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez. Sean ustedes bienvenidos.
Presidencia de la diputada Marcela Guerra Castillo
LEY GENERAL DE SALUD Y CÓDIGO PENAL FEDERAL
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Tiene el uso de la palabra el diputado Salomón Chertorivski Woldenberg, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, en materia de muerte digna sin dolor. Suscrita por los diputados Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena, y Frinné Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del PRI.
El diputado Salomón Chertorivski Woldenberg:Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante.
El diputado Salomón Chertorivski Woldenberg: Compañeras y compañeros, abordar el tema sobre el final de la vida, sobre la muerte es muy complicado, por supuesto que muchas veces no queremos hablar de ello y responder a la pregunta de cómo queremos morir es igual de complicado, porque esto trae en sí para cada uno montones de implicaciones, religiosas, ideológicas, culturales, morales, cada una de nosotras, cada uno de nosotros tiene su propio instrumental para tomar estas determinaciones, estas definiciones y cada día sabemos que la muerte es más clara porque llegará en algún momento.
Y sabemos, por lo menos intuimos que la manera en que esto suceda queremos que sea con toda la dignidad posible, sin sufrimiento y con el menor dolor posible. Hoy, ya tenemos una legislación para cuidados paliativos, contamos, sí, con el derecho para que enfermos en situación terminal puedan acceder a cuidados que le permitan reducir el dolor. Sin embargo, de 600 mil personas que lo requieren cada año, solo acceden a ellos menos del 3 por ciento.
Recientemente, en esta legislación aprobamos diversas reformas a la Ley General de Salud para ampliar la cobertura de este tipo de cuidados. Por otro lado, existen en muchas entidades de nuestro país la voluntad anticipada, un marco legal para ejercer el derecho a decidir el no tratamiento médico, o en caso de tener algún diagnóstico de una enfermedad en etapa avanzada o terminal, simplemente ya no internarse.
Sin embargo, México requiere una legislación que contemple un paquete completo de herramientas que protejan nuestro derecho a una muerte digna sin dolor. Ojo, es una salida de emergencia, no es para todos, es para aquellas, para aquellos que así lo elijan y que pueda permitirnos tomar una decisión absolutamente libre, consciente e informada sobre el final de nuestros días.
Porque más allá de creencias, es un hecho que la población mexicana está envejeciendo, que las enfermedades crónicas no transmisibles están hoy con nosotros y simplemente se incrementarán de la muerte y del final de la vida tenemos que hablar.
Por ello, como resultado de múltiples foros al respecto, de lecturas, de estudio, hoy presentamos ante esta soberanía, junto a mis compañeras Frinné Azuara del PRI, mi compañero Javier González, también del PRI, mi compañero Marcelino Castañeda, del PRD y, sobre todo y debo de agradecer, al presidente de la Comisión de Salud de esta Cámara, mi compañero Emmanuel Reyes, de Morena, una iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley General de Salud, a fin de garantizar el derecho a una muerte digna, sin dolor, en aquellos pacientes que tienen una enfermedad terminal, sufren una enfermedad o lesión intensamente dolorosa o están en agonía, todo a través de reglas claras, procesos y condiciones que deben ser revisados y verificados por especialistas.
Quiero insistirlo, si el final de la vida llega, si el dolor se trata de curar, pero no se puede y es insoportable y no hay remedio para la enfermedad que estoy sufriendo, el derecho, si es que se da, como una decisión absolutamente personal, autónoma e informada, bajo la estricta guía ética y de supervisión del personal médico, tiene que ser una posibilidad en nuestro país.
Por eso hoy presentamos la legislación que nos pone en la modernidad de nuestro planeta, con las capacidades para que el final de la vida se pueda dar con dignidad y sin dolor. Es cuanto y muchas gracias.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputado Salomón Chertorivski Woldenberg. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia, para dictamen.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Gabriela Sodi Miranda, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto por el que se reforman y adicionan los artículos 21 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda:Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda: La iniciativa que hoy presento ante esta soberanía, tiene como objeto atender una resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 25 de noviembre del 2021, en el caso Digna Ochoa y familiares contra el Estado mexicano, en el que se resolvió que nuestro país debe elaborar, presentar e impulsar una iniciativa de reformas constitucionales, para dotar de autonomía e independencia a los servicios periciales como órganos especializados, imparciales, con personalidad jurídica y patrimonio propio, los cuales gozarán de plena autonomía técnica y de gestión, dando como plazo dos años a partir de la notificación de la sentencia.
En la actualidad, los servidores forenses y periciales se encuentran supeditados a la acción de los agentes del Ministerio Público y ni sus actuaciones ni sus conclusiones derivan de lo que observan científicamente, sino de lo que les indican estos agentes del Ministerio Público, donde su autonomía queda subordinada a la decisión final de su jefe.
Por ello la importancia de que el Estado mexicano garantice las condiciones indispensables para que los peritos y forenses puedan profesionalizarse, capacitarse y que sus condiciones laborales respondan a las exigencias ciudadanas, con el propósito de que las personas tengan acceso a la justicia.
Muchos de los casos en los que la falta del profesionalismo de los peritos, o sus ámbitos de corrupción, o presión política, no han permitido el derecho de acceso a la justicia de que deben gozar todas y todos los habitantes del territorio nacional. Además de que tal y como lo dice la sentencia, el Estado mexicano debe de disponer de mecanismos de no repetición, que incluyen el fortalecimiento de la capacidad investigativa de actos de violencia en contra de los derechos humanos. Asimismo, debe establecer medidas de fortalecimiento institucional y debe capacitarlos a todas las autoridades que entran en contacto con este tipo de casos.
No omito decir que es la segunda vez que presento esta iniciativa de corte constitucional en el día que fuimos hoy convocados para trabajar iniciativas constitucionales. Esta iniciativa, misma que fue dictaminada en sentido negativo por la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual señaló que no es necesario reformar el párrafo primero del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que la Fiscalía General de la República ya goza con personas peritas que integran los servicios periciales, quien en el ejercicio de su encargo tiene libertad y autonomía técnica para emitir y determinar el sentido de sus informes, opiniones y dictámenes.
Por lo que las solicitudes de las personas del agente del Ministerio Público de la Federación o de los agentes de la Policía Federal Ministerial y de los demás sujetos legitimados, no influyen, dirigen, condicionan ni afectan los criterios. Siendo esto un discurso falso, debido a su subordinación laboral.
Sin embargo, los argumentos utilizados para la elaboración del dictamen no atienden al espíritu de la sentencia del Tribunal Regional, ya que si bien la Ley de la Fiscalía General señala que las personas peritas en ejercicio de su encargo tienen libertad de autonomía técnica para emitir y determinar el sentido de sus informes, opiniones o dictámenes, también es cierto que siguen estando bajo el mando de una persona titular, de una Fiscalía o Procuraduría, por lo que su trabajo jamás será autónomo estando subordinado.
Por lo anterior, la iniciativa constitucional que hoy propongo, no solo atiende a la agenda histórica de nuestro partido, sino que responde a las recomendaciones de las organizaciones nacionales e internacionales, de los derechos humanos sobre la necesidad de servicios periciales autónomos.
Por lo tanto, pido a la Comisión de Puntos Constitucionales a atender la sentencia de la Corte y el sentido que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es cuanto, presidenta.
«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 21 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Gabriela Sodi, del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 77, numerales 1 y 3, 78 y 102, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 21 y se reforma la fracción XXIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de autonomía e independencia de los servicios periciales, con base en el siguiente
Planteamiento del problema
La autonomía de los servicios periciales ha sido una demanda histórica del Partido de la Revolución Democrática y tiene por objeto dotar al Estado y particularmente a las Fiscalías, de elementos científicos que les permitan arribar a conclusiones inequívocas y confiables, relativas a las condiciones y desarrollo de la comisión de los delitos. Así lo propusimos desde la LXII Legislatura y, ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Digna Ochoa y Familiares vs. México, sentencia emitida el 25 de noviembre de 2021, ha impuesto esta obligación al Estado mexicano.
Argumentación
El asesinato de Digna Ochoa, abogada litigante en favor de los derechos humanos, marcó un hito en la lucha por las libertades en nuestro país. Encontrada sin vida en su despacho el 19 de octubre de 2001, Digna Ochoa trabajó en casos en los que se encontraban involucrados funcionarios de la Procuraduría General de la República y de las Fuerzas Armadas, por graves violaciones a los derechos humanos. A partir de su labor en el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, fue víctima de múltiples actos de intimidación y amenazas las que, habiendo sido ignoradas por el Estado mexicano, dieron lugar a la emisión de medidas cautelares provisionales en su favor, no obstante, dos meses después fue asesinada.
Las investigaciones llevadas a cabo por la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal, determinaron que la muerte de la defensora había sido producto de un suicidio, debido a las omisiones y falta de rigor en la aplicación de los protocolos de investigación por parte de los forenses y peritos, no obstante, las evidencias que apuntaban hacia contradicciones en los exámenes médicos y en las pruebas balísticas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe relativo al caso 61/19, determinó:
1. Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas. La CIDH solicita a la Corte que ordene al Estado adoptar las medidas de compensación económica a satisfacción.
2. Disponer las medidas de atención a la salud física y mental necesarias para la rehabilitación de la familia de Digna Ochoa y Plácido, de ser su voluntad y de manera concertada.
3. Reabrir la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa.
4. Disponer mecanismos de no repetición que incluyan el fortalecimiento de la capacidad investigativa de actos de violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos.
La Comisión informó que el 18 de febrero de 2020 habría dado vista a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su estudio, producto del cual es la sentencia de la que hoy nos ocupamos. En ella, la Coidh indica:
57. Según el acta realizada por la Fiscalía Desconcentrada de Cuauhtémoc, la defensora de derechos humanos yacía muerta en un sillón con impactos de proyectil de arma de fuego. También encontraron un arma de fuego del calibre 22 y tres casquillos de bala. La escena del crimen fue descrita como a continuación se indica:
Se aprecia un cuerpo ya sin vida del sexo femenino, lateralizada hacia el lado izquierdo con la cabeza apoyada en un sillón color café con rayas rojas, asimismo se aprecia otro sillón en el muro norte del mismo color apreciándose en la parte del descanso del brazo del lado izquierdo, polvo color blanco al parecer talco y en el asiento del lado izquierdo, una mancha hemática [...] y en el piso se aprecia goma de mascar masticada y una mancha hemática [...] observándose entre los pies de la occisa un casquillo percutido al parecer calibre 22 apreciándose en el sillón donde tiene recargada la cabeza la occisa del lado contrario polvo blanco al parecer talco [...] apreciándose también polvo blanco en el piso de la entrada de la habitación [...]. Al levantamiento del cadáver se aprecia debajo de este un arma de fuego al parecer calibre 22 [...] Asimismo, se aprecia en las manos del cadáver guantes de plástico en color rojo, apreciándose que el del lado derecho no se encuentra puesto en su totalidad y del lado izquierdo únicamente el del dedo pulgar se encuentra fuera de su espacio [...] se procede a levantar el sillón en donde se encontraba descansando la cabeza de la occisa y se aprecian dos casquillos percutidos [...].
58. Posteriormente, a través de varios peritajes se determinó que la señora Digna Ochoa presentaba tres lesiones: dos causadas por proyectil de arma de fuego —una en el cráneo en la región temporal izquierda únicamente con orificio de entrada y otra en el muslo izquierdo con orificio de entrada y salida—, y un hematoma en el muslo derecho.
...
80. En el referido informe se concluyó que algunas de las pruebas practicadas en el marco de la investigación “no fueron evacuadas en la investigación en forma ajustada a los métodos y procedimientos”, y ello debido a “procedimientos rutinarios y desactualizados” que realizaron los Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y el Servicio Médico Forense del Tribunal de Justicia del Distrito Federal. Dentro de las falencias que se constataron fue la inexistencia de una correcta cadena de custodia que garantizara “la originalidad del hallazgo, su preservación e intangibilidad”. Además, según dicho informe, algunos de los dictámenes periciales no cumplieron con los requisitos metodológicos y de forma, carecieron de análisis científico y formularon “conclusiones sin fundamento”. A raíz de lo anterior, el grupo de expertos independientes recomendó al Estado mexicano lo siguiente:
El diseño y la implementación de un agresivo plan de nuevos modelos de investigación criminal, que involucre la revisión de los recursos logísticos y materiales disponibles; la actualización de los métodos de investigación; la aplicación de estrictos procedimientos referidos a la cadena de custodia de la evidencia, el control de gestión y calidad del trabajo; la obligatoria capacitación y actualización de los conocimientos técnico-científicos de la criminalística en varios niveles, no solo para quienes corresponde la práctica de las pruebas, sino para los demás funcionarios que hacen parte del engranaje de la investigación; así como de la revisión de los requisitos profesionales, morales y personales de los funcionarios que conforman las unidades o equipos del Ministerio Público en el campo de la investigación criminal.
...
177. En el presente caso, la Corte valora positivamente las garantías de no repetición propuestas por el Estado, con las cuales las representantes han mostrado su conformidad, máxime cuando, tal y como se elaboró supra (párrafos 46 a 48), las cifras de muertes y ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos en México continúan siendo muy alarmantes. En consecuencia, a la vista de lo acordado por las partes, la Corte ordena al Estado:
...
6) Elaborar, presentar e impulsar, a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, una iniciativa de reforma constitucional para dotar de autonomía e independencia a los Servicios Periciales, como órganos especializados, imparciales, con personalidad jurídica y patrimonio propio, los cuales gozarán de plena autonomía técnica y de gestión, así como de capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna. Para cumplir con esta obligación el Estado cuenta con un plazo de dos años a partir de la notificación de la presente sentencia.
Derivado de lo anterior, como Estado mexicano y para dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debemos generar las condiciones indispensables para que los peritos y forenses puedan profesionalizarse, capacitarse y que sus condiciones laborales respondan a las exigencias ciudadanas. Muchos son los casos en los que la falta de profesionalismo de los peritos o los ámbitos de corrupción o presión política, no han permitido el derecho de acceso a la justicia del que deben gozar todas y todos los habitantes en el territorio nacional.
Actualmente, los servicios forenses y periciales se encuentran supeditados a la acción de los agentes del Ministerio Público y ni sus actuaciones ni sus conclusiones derivan de lo que observan científicamente, sino de lo que les indican estos agentes, que no atienden a la integración de equipos periciales multidisciplinarios que permitan la realización de un trabajo más profesional durante las investigaciones ministeriales.
Supeditados a las Fiscalías, los servicios periciales y forenses sufren de insuficiente capacidad técnica por falta de profesionalización y la ausencia de un salario digno; falta de habilidades en las distintas áreas forenses; así como del menosprecio institucional de la actividad forense y pericial. Por lo anterior, la iniciativa que hoy proponemos no solo atiende a la agenda histórica de nuestro Partido, sino que responde a las recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos sobre la necesidad de servicios periciales autónomos para el fortalecimiento del Sistema del Justicia y el respeto a los derechos humanos en México, y tiene como finalidad que la ciudadanía cuente con un órgano forense de servicios periciales gratuitos de primer nivel, integrado por especialistas altamente capacitados; y para que los propios peritos tengan la posibilidad de prepararse más, mejorar su trabajo y sus condiciones laborales.
Por lo anterior, proponemos las siguientes modificaciones:
Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometida con los derechos de humanos, particularmente el derecho de acceso a la justicia, pongo a consideración de esta Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 21 y se reforma la fracción XXIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 21 y se reforma la fracción XXIII del artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. La federación y las entidades federativas contarán con servicios periciales autónomos, independientes y profesionales, que proporcionarán datos científicos al Ministerio Público para el desarrollo de sus investigaciones.
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Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
I a XXII. ...
XXIII. Para expedir leyes que, con respeto a los derechos humanos, establezcan las bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios; organicen la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución; así como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley Nacional del Registro de Detenciones; para expedir la legislación general que regule a los servicios periciales.
XXIV a XXXI. ...
TransitoriosPrimero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión contará con el plazo de 180 días, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para la emisión de la Ley General referida en la fracción XXIII del artículo 73 del presente artículo.
Nota
1 https://www.cndh.org.mx/noticia/asesinato-de-digna-ochoa-abogada-mexica na-y-defensora-de-los-derechos-humanos-0
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2022.– Diputadas: Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, Melissa Estefanía Vargas Camacho (rúbricas).»
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias diputada Gabriela Sodi Miranda. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.
CÓDIGO PENAL FEDERAL
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Ahora tiene el uso de la palabra la diputada Adriana Bustamante Castellanos, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 325 del Código Penal Federal.
La diputada Adriana Bustamante Castellanos:Con su permiso, diputada presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante.
La diputada Adriana Bustamante Castellanos: La violencia contra la mujer es estructural y sistémica, el desempeño de los órganos de investigación y de aquellos que imparten justicia es fundamental en la garantía y el ejercicio efectivo del derecho a las mujeres a una vida libre de violencia.
La iniciativa por la que hoy pido el apoyo a todas y todos, representa un paso en la lucha de las familias de víctimas de feminicidio por exigir una deuda histórica, que involucra al agresor, pero también a la autoridad encargada de procurar justicia.
¿Cuántos, compañeras y compañeros, cuántos feminicidios han quedado impunes y se han clasificado como homicidios culposos o dolosos? ¿Cuántos casos de impunidad viven actualmente las familias en México?
Y esto, por la falta de sensibilidad o pericia de las autoridades al momento de llevar una formal investigación o por qué, ¿por qué parecería irrelevante resguardar debidamente una escena del crimen?, ¿por qué?, porque la chica estaba en aparente estado de ebriedad, porque parecía meramente un accidente o porque se notaban que eran conflictos domésticos. Con mucha tristeza les digo, que en 2021 la cifra de carpetas de investigación en materia de feminicidio que no se han resuelto, acumulan más de 23 mil. Este dato refleja las carencias y poca sensibilidad de las fiscalías, de sus fiscales ante la violencia de género. Lo realmente alarmante es que estas carpetas de investigación por falta de pruebas pueden durar años abiertas sin resolver absolutamente nada.
Ese fue el caso de Karla Yesenia, una joven de apenas 19 años de edad que en 2018 fue encontrada sin vida en una calle de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, su cuerpo tenía evidentes pruebas de violencia. Un hombre fue detenido por como presunto responsable. Sin embargo múltiples pruebas fueron desestimadas y actualmente después de cuatro años la familia aún sigue en espera de una sentencia favorable, a un amparo que interpusieron, el amparo 161/2022, radicado en el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal.
Lo que ellos buscan es que se reclasifique como un delito de feminicidio, con la única intención de que el responsable cumpla una condena mayor por el delito que cometió. Ese delito fue clasificado como un accidente.
Este caso es solo uno de los muchos, como el de Ariadna Flores, que demuestra que la impunidad y las transgresiones a los derechos y a la vida de las mujeres en México no sólo son cometidas por los agresores, sino también por las acciones y omisiones en el debido proceso durante la investigación por las autoridades encargadas de impartir justicia y que repercuten significativamente en una sanción efectiva por parte de las autoridades.
Por lo anteriormente expuesto, esta iniciativa tiene por objeto incorporar en los supuestos que establecen la responsabilidad de los servidores públicos que retarden o entorpezcan maliciosamente la procuración de justicia o la administración de justicia para resolver un delito de feminicidio, ya sea por acción u omisión. Además, que, atendiendo la gravedad del delito, se propone incrementar la pena de prisión de 3 a 10 años a esos funcionarios o funcionarias que cometan ese delito, y que esos malos funcionarios no regresen a su trabajo, que sean inhabilitados. No los queremos ahí entorpeciendo la justicia en este país.
Sin más por el momento, sólo quiero recordarles que nos queremos vivas, nos queremos libres y nos queremos seguras. Que caiga con fuerza el feminicida, pero también las autoridades cómplices que obstaculizan la justicia. Es cuanto, diputada presidenta.
«Iniciativa que reforma el artículo 325 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Adriana Bustamante Castellanos, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita diputada Adriana Bustamante Castellanos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, párrafo 1, fracción I, y 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 325 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosPrimera. El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la apremiante necesidad de llevar a cabo una efectiva aplicación universal de los derechos de las mujeres y sobre los principios referentes a la integridad, dignidad, seguridad, igualdad y libertad de los seres humanos.
Debido a que la violencia contra la mujer fue reconocida como parte de las diversas formas de violación de las libertades y del goce de los derechos humanos fundamentales de este sector determinados en diversos instrumentos internacionales.
Asimismo, reconoció que la violencia contra la mujer es una expresión manifiesta en las relaciones de poder históricamente desiguales entre la mujer y el hombre, que han llevado a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre. Además, de que excluyendo la violencia contra la mujer es y debe ser una condición necesaria para su desarrollo social, individual e igualitaria colaboración en todas las esferas de vida.
Por lo anterior, la Asamblea General aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas, que en su artículo 1°, establece la definición de la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o que pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
Segunda. El feminicidio se coloca en el extremo opuesto al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, siendo la expresión más profunda de la violencia y del abuso que lleva acabo principalmente el hombre hacia mujeres. Se produce como resultado de cualquier tipo de violencia de género, como pueden ser la violación, las agresiones físicas, la mutilación genital o la maternidad forzada.
El asesinato de mujeres llevada a cabo por sus padres, pretendientes, novios, amantes, esposos, desconocidos o conocidos no es el resultado de asuntos inexplicables o de conducta patológica o desviada. Por el contrario, es el producto de un sistema estructural de opresión. Estas muertes son feminicidios, la forma más extrema de terrorismo sexista, motivado, mayoritariamente, por un sentido de posesión y control sobre las mujeres.
En los casos de feminicidios constantemente se manifiestan como consecuencia a sentimientos de odio, maltrato o desprecio por el sexo femenino, el goce o al placer sexual en la acción de sometimiento de las mujeres y la pretensión de pertenencia, lo que lleva a que el homicida imagina a la mujer como una posesión del hombre. En cualquiera de estos casos se trata de un crimen de odio basado en el sexo.
Por lo tanto, el feminicidio se define como el asesinato de mujeres debido a su condición de ser mujeres, es decir, a su sexo, por lo cual es siempre perpetrado por un hombre. La palabra es un neologismo que proviene de la lengua inglesa, en la que recibe el nombre de feminicide. Este tipo de asesinatos constituye una de las primeras causas de muerte de la población femenina en la actualidad. De ahí que el feminicidio haya dado lugar a leyes específicas para su condena en algunos países.
En México, el Código Penal Federal define en su artículo 325, el delito de femenicidio:
Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.
A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.
Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.
En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.
Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
Tercera. De acuerdo con datos presentados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en México durante el 2° trimestre de este año 2022, los delitos de feminicidio mantienen una tendencia al alza, al saltar de 75 asuntos en marzo a 89 en junio.
Según cifras presentadas por la SSPC comparativamente el mes de enero de 2022, se registraron 79 feminicidios; febrero 83; marzo 75; abril 83 y en mayo 84 casos. Lo que representa que el mes de junio, ha sido el mes más violento contra las mujeres.
Sin embargo, en el mismo informe la Secretaría presenta cifras en las que se observa una disminución del 20.5% en este delito al comparar las cifras de junio con el máximo histórico, que se registró en agosto de 2021, con 112 asesinatos de mujeres.
Por otra parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presenta en el informe sobre violencia contra las mujeres, dos fuentes de información disponibles por el Centro Nacional de Información.
• Información de incidencia delictiva, que incluye feminicidio y víctimas mujeres de otros delitos, con base en las carpetas de investigación iniciadas ante el Ministerio Público en las 32 entidades federativas.
• Estadísticas de llamadas de emergencia al número único 9-1-1 relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres y que son registradas por los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia en las entidades federativas.
• Con el propósito de dimensionar apropiadamente el fenómeno delictivo asociado al feminicidio a nivel nacional y tener presente algunas consideraciones respecto de la estadística que se presenta, es importante señalar los siguientes aspectos:
• A nivel nacional, el delito de feminicidio representa 0.04% en la incidencia delictiva total en enero-junio de 2022.
• La contabilidad del delito de feminicidio se realiza conforme a su tipificación en las entidades federativas, la cual se ha dado de forma gradual durante los últimos siete años, completándose las 32 entidades federativas en diciembre de 2017.
• La investigación de cualquier hecho delictivo inicia con la apertura de una carpeta de investigación por un determinado tipo penal.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el mes de junio cerró su reporte de seguridad con 87 feminicidios, siendo la cifra más alta de este delito en lo que se tiene registrado durante los primeros seis meses del 2022.
De enero a junio de este año, el Estado de México encabezó la lista con 76 casos de feminicidio, seguido de Nuevo León, con 58; y Veracruz, con 41 casos; mientras que la lista de los 100 municipios con más casos está encabezada por Guadalupe, con 10 casos; Ciudad Juárez, Valle de Chalco y Ecatepec de Morelos, con ocho casos cada uno; y Juárez, Nuevo León, con siete casos.
En los casos de los homicidios dolosos, se reporta en el informe que, de enero a junio, hay 6 estados de la república que aglutinan el 49%: los cuales son: Guanajuato, con 1,566; Michoacán 1,421; Baja California 1,300; Estado de México 1,265; Jalisco 1,024; y Chihuahua con 929.
De estos estados, Jalisco es la que mayor aumento al pasar de 174 a 208 casos, es decir, aumentó 34 casos en un mes; le sigue Baja California de 234 a 257 casos; Chihuahua de 186 a 201 y el estado de Michoacán, que pasó de 204 a 217 homicidios dolosos en un mes.
Aunque Guanajuato es uno de los estados que encabeza la lista, es el segundo en disminución de casos, al pasar de 299 a 274; el Estado de México es el que más reducción tuvo en esta cifra, al pasar de 237 a 198 homicidios dolosos.
En los temas de mujeres víctimas de trata de personas, de enero a junio de 2022, se tienen registrados 329 casos; en los últimos 2 meses se han registrado 63 casos. De nueva cuenta, la lista es encabezada por el Estado de México, con 102 casos; la Ciudad de México, con 57; y Chihuahua, con 35 casos. Sobre los casos de violencia familiar, en lo que va del año se han registrado 135 mil 458 casos, en donde durante junio se vio una reducción de casos con 25 mil 320 durante dicho mes, cifra menor que mayo por mil 787 presuntos delitos. Además, en este delito, la Ciudad de México encabeza la lista, con 18 mil 298 casos, seguida del Estado de México, con 13 mil 643, y Nuevo León, con 11 mil 133 casos. Mientras que, en el caso de presuntos delitos por violencia de género, en lo que va del 2022 se han contabilizado 2 mil 596 casos, en donde durante junio se han contabilizado 480 casos, siendo la lista encabezada por el Estado de México con mil 291 casos.
Cuarta. De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Durante el periodo que va de diciembre de 2018 al de abril de 2022, las autoridades de los distintos estados registraron 3 mil 386 víctimas de feminicidio (26.25%) y 9 mil 511 de homicidio doloso (73.75%).
El número de mujeres víctimas de homicidio doloso registró un aumento del 77.4%: en el primer cuatrimestre de 2015, el SESNSP registró 478 casos, mientras que para 2022 la cifra creció a 848.
Durante los meses que van de 2022, los estados con más víctimas se encuentran el Estado de México y Guanajuato.
El Estado de México, registro 122 asesinatos de mujeres de los cuales 53 se consideraron como feminicidios. Tan sólo los días 14 y 15 de mayo, fueron asesinadas siete mujeres, una de ellas menor de edad, en los municipios de Tecámac, Ixtlahuaca y San Felipe del Progreso.
En Tecámac, las mujeres asesinadas fueron identificadas por autoridades como madre e hija, a quienes dispararon dentro de su domicilio. Cuatro víctimas más fueron arrolladas por una camioneta en el municipio de Ixtlahuaca. Ninguno de los casos se está investigando como feminicidio.
En el caso de la menor de edad hallada sin vida en San Felipe del Progreso, las autoridades indagan su caso como feminicidio. La joven de entre 12 y 16 años se encuentra en calidad de desconocida, debido a que su rostro fue desfigurado a golpes.
En el municipio de Celaya Guanajuato, el 23 de mayo fueron asesinadas ocho mujeres junto con tres hombres en agresiones armadas sucedidos dentro de 2 bares localizados en la Colonia Valle Hermoso. Este hecho violento ha representado en los últimos años, el que tiene mayor número de víctimas mujeres.
Conforme las cifras que dio a conocer la Fiscalía General del Estado, “en Guanajuato han asesinado a 120 mujeres en los primeros cuatro meses del año. Es la segunda entidad del país con mayor número de víctimas, de las cuales solo siete casos fueron reconocidos por las autoridades como feminicidios, es decir, el 5.83%.
Michoacán, con 113 víctimas, es el tercer estado en el que se ha asesinado a más mujeres en el primer cuatrimestre del año. El 9.73% de los casos fue considerado como feminicidio por la fiscalía.”
De acuerdo con el informe SESNSP, durante el mes de junio se registraron 89 feminicidios, lo que representa la cifra más alta del 2022. Es de señalar que también aumentó en comparación de mayo, cuando se reportaron 84 casos. Mientras que en los anteriores meses se habían registrado en enero 79 casos; 83 febrero; 75 marzo y 83 abril, lo que representa una suma total de 493 casos durante el primer semestre de este año.
Sin embargo, la cifra de feminicidios que se reportan durante el primer semestre de 2022 disminuyo en comparación con el primer semestre del 2021, que se registraron 536 casos de feminicidios.
Quinta. En el último año a nivel nacional, el delito de feminicidio representa 0.04% en la incidencia delictiva total de enero-julio de 2022. En el primer semestre de este año, el asesinato de niñas y adolescentes ha aumentado 14%, lo que representa que, entre los meses de enero y junio, fueron asesinadas 147 mujeres. En relación al mismo periodo en el 2021, en el número de feminicidios fue de 129, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En lo que va del año 2022, los feminicidios más emblemáticos que han tenido una amplia cobertura y difusión en los medios de comunicación, que por distintas situaciones se convirtieron en simbólicos y que movilizaron a distintos grupos de la sociedad, en la lucha contra la violencia de género. Casos que, a la vez, recuerdan que todavía hay un largo camino por recorrer en su prevención y en la búsqueda de justicia tanto a nivel nacional, como internacional.
Debanhi Escobar
Desde abril de 2022, se dio seguimiento al caso de la joven de 18 años, Debanhi Escobar, que por las circunstancias en las que desapareció, atrajo la atención de la sociedad mexicana y que, tras varios días de búsqueda por parte de las autoridades locales, fue encontrada muerta en una cisterna del motel “Nueva Castilla”, localizado en la carretera de Monterrey, Laredo, este fue el último lugar donde varias cámaras del inmueble, la captaron con vida y el cual fue registrado 4 veces por las autoridades, sin encontrarla. Exponiendo la cadena de anomalías e irregularidades cometidas por la Fiscalía estatal que provocó una ola de indignación que escaló en el debate nacional y que provoco que fueran destituidos 2 fiscales.
A más de cuatro meses de los hechos, las autoridades locales encargadas de la investigación aún no han logrado esclarecer lo ocurrido esa noche. El padre de Dabanhi ha denunciado en varias ocasiones la negligencia y retrasos de las autoridades locales en las investigaciones; así como, las omisiones de los servidores públicos que llevaron en la autopsia del cuerpo de su hija, por lo que exigió que se llevara a cabo una tercera autopsia por las inconsistencias en los resultados de la realizada por la fiscalía de Nuevo León. Esto luego de que él solicitara una segunda necropsia en la que se reportaron rastros de violencia en el cuerpo de la joven, hecho que las autoridades estatales habían descartado.
Finalmente, el pasado 18 de junio, la Fiscalía del Estado de Nuevo León difundió los resultados del tercer dictamen forense hecho al cuerpo de la joven, en el que se ratificó que Debanhi Susana Escobar Bazaldua falleció a causa de asfixia por sofocación; lo cual confirma que fue asesinada y que no murió al caer por la cisterna como en un inició plantearon las autoridades. Con ello, se demuestran las irregularidades e ineficiencias que tuvieron las omisiones de los funcionarios de la fiscalía en el desarrollo de las investigaciones.
Arith Alejandra Landeros
El 29 de junio, el Estado de Sonora se conmociono tras el tenebroso descubrimiento de un cuerpo de una mujer que fue encontrado calcinado a mitad de la vía pública, en la colonia Sahuaro en la ciudad de Hermosillo. Ese mismo día, las autoridades locales encargadas de la investigación dieron a conocer el nombre de la víctima, quien se identificaba con el nombre de Arith Alejandra Landeros Montaño de 25 años de edad. De acuerdo con una ficha de búsqueda del mismo colectivo, fue vista por última vez el pasado 24 de junio en esa misma ciudad.
De acuerdo con la autopsia forense practicada al cuerpo de la joven, el motivo de su muerte fue por asfixia provocada por sofocación, por lo que las autoridades consideraron que las quemaduras de tercer y segundo grado fueron provocadas tras su fallecimiento.
Luz Raquel Padilla
En la noche del 18 de julio, en un parque cerca de la colonia Arcos de Zapopan, una mujer sufrió un ataque violento por un grupo de cinco personas que le rociaron alcohol en el cuerpo para a continuación prenderle fuego, que le dejo el 90% de su cuerpo con quemaduras. Después de lo acontecido la Fiscalía del Estado de Jalisco, informó que la mujer atacada respondía al nombre de Luz Raquel Padilla, de 35 años de edad, que tras el ataque falleció días después en el hospital.
Luz Raquel fue víctima de feminicidio por la violencia con que se cometió el delito; pero el motivo de odio no fue por ser mujer y madre, sino por ser defensora del derecho al cuidado de su hijo Bruno, de 11 años y que vive con una discapacidad.
Karla Yessenia
Joven mujer de 21 años de edad cuando fue hallada muerta en la calle a inicios de julio de 2018 en Tuxtla Gutiérrez. Su cuerpo tenía huellas de violencia, un hombre está detenido como el presunto responsable, múltiples pruebas del feminicidio fueron desestimadas y actualmente el proceso fue suspendido por malas prácticas y burocracia del Poder Judicial de Chiapas.
La impunidad a las transgresiones de los derechos y a la vida de las mujeres por las acciones u omisiones cometidas por parte de las autoridades encargadas en las investigaciones y en la impartición de la justicia que, en muchos casos, no resuelven los delitos cometidos hacia este sector de la sociedad; además, de que persiste la aceptación social del fenómeno de la violencia contra las mujeres; así como, el sentimiento y la sensación de inseguridad para este sector en nuestro país.
Es de señalar, que en nuestro sistema de impartición de justicia preexiste un modelo de impunidad sistemática en las actuaciones en las investigaciones y en el procesamiento judicial en torno a los feminicidios debido al hecho de que la gran mayoría de estos casos las autoridades encargadas de llevar a cabo las diligencias, llevan a cabo acciones u omisiones en el debido proceso durante la investigación y que repercute en una sanción efectiva por parte de la autoridad encargada de la administración de justicia.
Por lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto incorporar en los supuestos que establecen la responsabilidad para el servidor público que no sólo retarde o entorpezca maliciosamente, sino por acción u omisión la procuración o administración de la justicia para resolver un delito de feminicidio; además, se propone incrementar la pena de prisión de tres a diez años, a quien lo cometa.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea, la presente iniciativa que propone reformar el último párrafo del artículo 325 del Código Penal Federal, para quedar de la siguiente manera:
Fundamento legal
Por las consideraciones expuestas y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como, en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados; someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente:
Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 325 del Código Penal Federal
Artículo Único. Se reforma el último párrafo del artículo 325 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 325....
I. VII...
...
...
...
Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia, por acción u omisión la procuración o administración de justicia para resolver un delito de feminicidio, se le impondrá pena de prisión de tres a diez años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimina tion-violence-against-women#:~: text=Los%20Estados%20deben%20condenar%20la,la%20violencia%20contra%20la%20mujer .
2 Ibídem.
3 https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/content/doc/publicaciones/daj vf.pdf
4 https://www.significados.com/feminicidio/
5 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf
6 https://www.forbes.com.mx/es-junio-el-mes-mas-violento-para-mujeres-con-89-femi nicidios/
7 Ibídem
8 https://drive.google.com/file/d/1ZYIIcpOfrINFGxGWJUjUEqeMhevqrKn4/view
9 Ibídem.
10 https://www.milenio.com/politica/feminicidios-junio-mes-casos-2022-sesnsp
11 https://www.animalpolitico.com/2022/07/asesinatos-feminicidios-estados-semestre -2022/
12 Ibídem.
13 https://perspectivas.mx/especial-record-de-asesinadas/
14 Ibídem.
15 https://www.animalpolitico.com/2022/05/asesinatos-feminicidios-mujeres-mexico-s exenio-amlo/
16 Ibídem.
17 Ibídem.
18 https://drive.google.com/file/d/1FtCkojr4gbm7D6xVZ5gtxvnlOPP Xb72/view
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2022.– Diputadas y diputados: Adriana Bustamante Castellanos, Alfredo Porras Domínguez, Ángel Miguel Rodríguez Torres, Bernardo Ríos Cheno, José Guadalupe Ambrocio Gachuz, Lidia García Anaya, María Magdalena Olivia Esquivel Nava, Marisol García Segura (rúbricas).»
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputada Adriana Bustamante Castellanos. Túrnese a la Comisión de Justicia, para dictamen.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz:Con su permiso, diputada presidenta de esta soberanía.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante, diputado.
El diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz: Compañeras diputadas, diputados, pueblo de México que nos sigue a través de las plataformas digitales: la rendición de cuentas de forma oportuna y transparente es una obligación en todo Estado que se precie de ser democrático.
Debe de considerarse como una fortaleza. Se encuentran involucradas todas las personas que representan a las organizaciones de carácter público y privado, y tienen la superior responsabilidad del correcto cumplimiento de sus funciones, derivado del mandato y la encomienda que les ha sido confiada. Y en específico a los funcionarios públicos que asumen a la representación popular, y entre sus responsabilidades se encuentra la administración de recursos públicos.
En nuestro país, en los últimos 10 años han evolucionado los procesos de fiscalización. Pero fue hasta el año de 1999 donde el poder revisor de la Constitución creó la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación como órgano de la Cámara de Diputados, con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, sustituyendo a la Contaduría Mayor de Hacienda.
Lo cual, por la condición técnica de cierres fiscales no ha sido suficiente para la prevención en la inversión de los recursos públicos que son destinados a los gobiernos municipales, estatales y federales.
Es importante recordar que el presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador, estableció como acciones fundamentales de gobierno la transparencia y el combate a la corrupción.
En ese tenor, la cuarta transformación está comprometida con garantizar en todo momento la transparencia en el uso de recursos públicos. La iniciativa que les expongo perfecciona mediante adición al artículo 79 de la Constitución y fijará acciones para realizar auditorías preventivas en tiempo real, cuando se establezca la sospecha de un mal uso en la ejecución de recursos públicos.
Diputadas y diputados, actualmente, ustedes recordarán que la ley que ahora nos rige en la Auditoría es que los recursos que fueron aprobados y que se están ejerciendo a partir del primero de enero de 2022 y que tendrán que cerrar el 31 de diciembre de este mismo año, podrán ser auditados hasta el siguiente año, 2023. Esto trae como consecuencia que las auditorías no pudieren ayudarnos a prevenir posibles desvíos o posibles malos manejos.
Por eso, compañeras y compañeros, les pido su voto a favor para que mediante esta adición al artículo 79 pudiéramos tener esa posibilidad de las auditorías en tiempo real, auditorías preventivas que nos permitan y que puedan ser una herramienta para poder inhibir el mal manejo de los recursos públicos. Es todo, diputada presidenta. Muchas gracias.
«Iniciativa que adiciona el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz, del Grupo Parlamentario de Morena
Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o., fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el suscrito, diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz, de la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, somete a consideración de esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un sexto y séptimo párrafos a la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosMéxico a través de su historia ha enfrentado significativos problemas de orden económico y financiero, de los cuales su punto principal se presenta en el ejercicio del gasto público. Derivado de esta función, la sociedad en múltiples ocasiones, ha reprochado el manejo turbio de los recursos públicos, es por ello que el principal objetivo del nuevo gobierno que representa el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estableció como principio rector de la buena administración pública, la correcta aplicación e inversión del gasto público, en donde se debe garantizar que los recursos económicos que dispongan, la federación, las entidades estatales, los municipios y la Ciudad de México, se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez; base fundamental de un buen gobierno, lo cual se fortalecerá mediante una óptima vigilancia y rendición de cuentas.
En este contexto “la rendición de cuentas es una condición inherente a todo Estado que se ostente de ser democrático. Consiste en que las personas, los organismos y las organizaciones de carácter público, privado y de la sociedad civil tienen la responsabilidad del apropiado cumplimiento de sus funciones, en virtud del mandato que les ha sido conferido, mediante la representación popular. Encontramos sus antecedentes en el sistema de pesos y contrapesos plasmado en la Constitución estadounidense que entró en vigor en 1789 —año en que inició la Revolución francesa— y que es consustancial a la delegación de autoridad que los electores depositan a sus representantes. En la antigua sociedad ateniense existían ciertos mecanismos para controlar el poder; sin embargo, la democracia griega no requería de procesos de rendición de cuentas, ya que los ciudadanos participaban directamente en la toma de decisiones de los asuntos públicos y no tenían que delegar a representante alguno la facultad de decidir por ellos los asuntos de interés colectivo”.
Sin duda, una de las condiciones que sustentan la gobernanza en un estado democrático de derecho, es precisamente la rendición de cuentas, ya que a partir de ella se procura la correcta aplicación de los recursos públicos por medio de fiscalización a las entidades que ejercen dichos recursos.
La rendición de cuentas sobre la gestión pública ha venido erigirse como un pilar de todo el funcionamiento de una sociedad organizada dentro de un estado democrático, ya que implica una seguridad tanto para las instituciones como para las personas, generando con ello un bienestar social en general, además de las repercusiones económicas que pudiera representar. El diseño jurídico de las instituciones encargadas del control y vigilancia de los recursos públicos a cargo del estado, permite observar el grado de desarrollo de las democracias y la salvaguarda del estado de derecho.
En nuestro país, la función de fiscalización pública ha venido evolucionando en los últimos años a raíz de los cambios políticos, pero no fue sino hasta finales del siglo pasado, en el año de 1999, donde el poder revisor de la Constitución creó la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, como órgano de la Cámara de Diputados, con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, sustituyendo a la Contaduría Mayor de Hacienda.
Con la creación de esta Entidad de Fiscalización, se expidió la Ley Fiscalización Superior de la Federación en diciembre de 2000, y con esta ley la entidad de fiscalización superior se denominó Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero fue hasta la reforma constitucional de 2015 que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, en donde se le elevó dicho órgano a rango constitucional.
Con esta reforma constitucional de 2015, se fortaleció a la ASF en su capacidad para analizar las cuentas públicas, formular las observaciones correspondientes a las entidades fiscalizadas, rendir los informes que correspondan a la Cámara de Diputados y generar la actuación que competa a otras autoridades en materia de investigación de presuntos ilícitos penales y administrativos, todo ello en consonancia con el que será el Sistema Nacional Anticorrupción.
Esta importante reforma constitucional también se orientó en innovar los procesos de la fiscalización superior de los recursos públicos federales, a fin de que la ASF fortalezca su función para la prevención y promoción de las responsabilidades administrativas y penales que identifique derivado del ejercicio de labor revisora, con el fin de que, mediante sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se resarzan los daños o perjuicios causados a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos.
No obstante, del importante avance de dicha reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, la fiscalización presenta aún condiciones que no permiten la prevención del incumplimiento y el mal manejo por parte de las entidades fiscalizables, en virtud de que las revisiones se realizan cuando los hechos y actos ya fueron consumados.
Si bien, la multicitada reforma constitucional de 2015 estableció la posibilidad de que se realicen revisiones del ejercicio en curso, éstas se encuentran condicionadas a que medie una denuncia con medios de prueba idóneos para que puedan autorizarse.
Lo anterior implica un obstáculo para que la ASF, pueda revisar e investigar a los entes fiscalizables para prevenir que los recursos públicos se utilicen para fines distintos para los que fueron asignados.
En este tenor se considera importante aprovechar el buen oficio de la ASF en la revisión del ejercicio de los recursos públicos para la prevención de la corrupción, y la posibilidad de que la misma Auditoría o bien, los propios entes fiscalizables, puedan solicitar auditorías preventivas en tiempo real, constituye una potencial solución al dispendio de recursos presupuestados.
Debemos valorar que es mejor realizar acciones preventivas para así lograr una mejor gestión de los recursos públicos, en vez de revisar los hechos consumados y perseguir a los responsables de los daños a la Hacienda pública, claro está sin demeritar el trabajo de revisión ex postque se realiza a la Cuenta Pública porque además implica el riesgo de dañar a la sociedad que espera los beneficios de cierto programa, cierta obra o cierta acción.
En este orden de ideas, la iniciativa que se presenta pretende reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fiscalización, a fin de establecer la posibilidad de que la ASF pueda llevar a cabo “Revisiones en Tiempo Real” para advertir y señalar preventivamente situaciones de hecho que pudieran poner en riesgo la buena administración pública y el fin propuesto en los proyectos y programas que se estén ejecutando.
La iniciativa plantea que las entidades fiscalizables y la ASF estén facultadas para solicitar auditorías en tiempo real. Para el caso de la Auditoría, su solicitud deberá estar motivada de la evaluación de los informes del ejercicio en curso que se entregan a la Cámara de Diputados, para que, a través de ello, la Auditoría estime oportuna su intervención para auxiliar y prevenir a los entes fiscalizables de incumplimientos e irregularidades que se deriven por el ejercicio de sus atribuciones.
La razón por la que se propone que sea mediante la información rendida a la Cámara de Diputados en donde la Auditoría considere que es pertinente la realización de una auditoría en tiempo real, es para evitar riesgos de arbitrariedades, así como irregulares disposiciones de los recursos públicos, teniendo forzosamente como presupuesto la evidencia contenida en los informes previamente rendidos.
Se propone que para la procedencia de la solicitud de revisión las entidades fiscalizadas en el ejercicio actual, se mantenga la autorización del titular de la ASF, en virtud de eficientizar el servicio de fiscalización y que exista un examen previo por parte del auditor para autorizar dicha revisión. Ello ayudará a adaptar su programación de auditoría basada en riesgos para priorizar más estratégicamente sus recursos y atender mejor las necesidades del Congreso.
Se debe entender que la información que por ley debe remitirse a la Cámara de Diputados, son aquellos informes, documentos, reportes, entre otros, que deben entregar periódicamente entidades fiscalizables, en atención a la función de control gubernamental que ejerce el Congreso de la Unión, un claro ejemplo de esta información del ejercicio en curso son los informes trimestrales que rinden.
Consideramos necesario dotar de herramientas a la ASF para que cumpla con su función de entidad fiscalizadora, y que su labor e influencia contribuya a la gobernanza, ya que la sociedad y la propia administración pública requiere que los programas, proyectos y políticas públicas correspondan a sus demandas, y que no se pierda tiempo y recursos en irregularidades y corruptelas que bien pueden prevenirse con revisiones en tiempo real.
La auditoría en tiempo real es el proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y se evalúa evidencia para determinar si las acciones llevadas a cabo por los entes sujetos a revisión durante procesos no concluidos se están realizando de conformidad con la normatividad establecida o con base en principios que aseguren una gestión pública adecuada.
Estas auditorías en tiempo real tienen las bondades de apoyar a las entidades fiscalizables para corregir errores, omisiones, irregularidades y prevenir la corrupción, además transmiten mayor confianza a los ciudadanos.
En otros países del orbe, como Alemania se permite a la entidad de fiscalización superior realizar auditorías en tiempo real para examinar una por una y en cada fase de los proyectos, las múltiples decisiones individuales que implican los principales programas. Este planteamiento permite detectar las deficiencias en una fase temprana e informar a tiempo a los organismos responsables de la adopción de decisiones.
En Japón, incluso la presentación de la Cuenta Pública se realiza junto con el informe de auditoría, lo que es básico para la declaración oficial de terminación de la auditoría y que el Ejecutivo puede presentar las cuentas definitivas a la Dieta Nacional (nombre que recibe el parlamento de Japón). La rendición de cuentas en Japón comporta la particularidad de que el Consejo de Auditoría desarrolla la auditoría en paralelo, en tiempo real y simultáneamente con el ejercicio, de manera que cuando el Gabinete entrega la Cuenta Pública, el Consejo de Auditoría de Japón rinde su informe de resultados a la Dieta para que, en su caso, apruebe el ejercicio del periodo cubierto y, con base en ello, valore y determine el del ejercicio siguiente, lo que permite que dichos resultados se reflejen en el presupuesto.
Incluso en algunas entidades federativas como en Sonora su sistema de fiscalización permite que las entidades fiscalizables soliciten a la entidad fiscalizadora estatal auditorías en tiempo real para programas y proyectos a fin de que se lleven a cabo de manera transparente y apegados a la normatividad aplicable.
Es preciso mencionar que la estrategia del nuevo gobierno fundamenta sus bases en la erradicación de la corrupción con el objetivo de dignificar y fortalecer la correcta administración pública, es por ello que en esta LXV Legislatura tenemos la prioridad de crear políticas que robustezcan el correcto ejercicio de los recursos públicos.
Para una mejor ilustración se presenta un cuadro comparativo del texto vigente y el texto propuesto de la iniciativa:
Por todo lo anterior, se propone la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adicionan un sexto y séptimo párrafos a la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo Único. Se adicionan un sexto y séptimo párrafos a la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 79. La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo:
I. ...
...
...
...
...
...
Previa solicitud de los entes fiscalizables y fiscalizadores, la Auditoría Superior de la Federación podrá llevar a cabo auditorías preventivas en tiempo real, previa autorización de su titular y, una vez concluidas, deberá formular un dictamen en el que se contenga un informe individual derivado de dicha auditoría.
La Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar auditorías que se mencionan en el párrafo anterior a las entidades fiscalizables, debiendo motivar su solicitud con la información que por ley estas deben entregar a la Cámara de Diputados durante el ejercicio en curso.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y el Congreso de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, deberán expedir o adecuar la legislación, de conformidad con los términos del presente decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.
Notas
1 https://contaduriapublica.org.mx/2018/10/15/sector-gobierno-rendicion-de-cuenta s-y-transparencia tomado el 15 de junio de 2021.
2 Gaceta Parlamentaria, Número 4554-V, Cámara de Diputados, Dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, 16 de junio de 2016, p. 18
3 Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 1999.
4 Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015.
5 Ibídem, p. 21.
6 OCDE, Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública, El Sistema Nacional de Fiscalización de México, 2016, consultado en
https://www.oecd.org/governance/ethics/sistema-nacional-fiscaliz acion-mexico.pdf
7 Consultado en
https://op.europa.eu/webpub/eca/book-state-audit/es/
8 Salinas García, Jerónimo Jesús, EL desempeño de las organizaciones públicas en México, primera edición: abril de 2018p, INAP, México, p. 164.
9 El segundo párrafo del inciso a) del artículo 67 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora establece que previa solicitud de los entes fiscalizables, el Instituto podrá llevar a cabo auditorías en tiempo real y, una vez concluidas, deberá formular un dictamen en el que se contenga un informe individual derivado de dicha auditoría. Para efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el hecho o período fiscalizado, se sujetará a los a los principios previstos en el artículo 67 de esta Constitución, dándose la definitividad después de la emisión del dictamen.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2022.– Diputado José Guadalupe Ambrocio Gachuz (rúbrica).»
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, diputado José Guadalupe Ambrocio. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para la opinión correspondiente.
Esta Presidencia saluda a la regidora Maricela Martínez Mercado y al regidor José Rubén Esqueda Rodríguez, ambos del municipio de Yahualica de González Gallo, del estado de Jalisco, así como la directora de Asuntos Internacionales de la Federación Jalisco, Óscar Álvarez Carvajal, quienes han sido invitados por el diputado Desiderio Tinajero, del PAN. Sean ustedes bienvenidos.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Tiene el uso de la palabra el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 69, el artículo 72 y el 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba:Con permiso de la presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba: Gracias. El día de ayer apareció publicado ya el Presupuesto de Egresos de la Federación, es decir, más de 8 billones de pesos que serán ejercidos por el Ejecutivo federal y por otras instancias. La población tiene el derecho de conocer cuál es el origen y cuál es el destino de los recursos.
Nunca antes en México el Congreso de la Unión y esta Cámara de Diputados había aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se supone que los recursos públicos deben ser invertidos para cumplir las metas, planes y programas que están en ese plan.
Debemos, como Congreso, definir bien en la Constitución las responsabilidades que significa el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y este Poder Legislativo.
Por eso es que estamos proponiendo hacerlo de manera mucho más clara para poder cubrir los compromisos que marca la Constitución. Estoy proponiendo que el presidente de la República asista presencialmente a esta Cámara a presentar su informe y que todos los grupos parlamentarios podamos emitir un posicionamiento al respecto.
Segundo. Que los servidores públicos que sean llamados a comparecer estén obligados a asistir a las Cámaras durante los meses de septiembre y octubre, no podrán excusarse de acudir, salvo que medie una causa lo suficientemente justificada a juicio de la mayoría de los miembros del pleno o de la comisión respectiva.
Tercero. La facultad de que los legisladores de cada Cámara puedan acordar volver a citar a comparecer a los servidores públicos en un plazo máximo de un mes.
Cuarto. Facultar a las comisiones legislativas de cada Cámara para desarrollar un informe por escrito de sus observaciones o sugerencias derivadas del informe de gobierno, el cual deberá ser remitido al titular del Ejecutivo federal y al órgano administrativo competente para su atención.
Quinto. Facultar a la Auditoría Superior de la Federación para dar seguimiento a las observaciones y sugerencias que las comisiones legislativas realizan del informe de gobierno, ya que actualmente no existe un mecanismo de supervisión efectivo para que el Poder Legislativo pueda monitorear y evaluar los puntos débiles de las políticas de gobierno, detectar anomalías que pueden constituir hechos de corrupción y/o las faltas de la ley.
Sexto. Detallar que cuando el Ejecutivo federal envíe una iniciativa de ley o decreto, cada una de las Cámaras podrá convocar al funcionario del ramo correspondiente con el propósito de debatir y ampliar la información sobre la misma.
Séptimo. Finalmente, para combatir las mentiras y la impunidad del gabinete, como a la fecha, proponemos que el servidor público que faltare a la verdad u omitiera información respecto del informe, deberá ser sujeto de responsabilidades administrativas y penales a que haya lugar.
En 90 días hábiles, una vez publicado esto en el Diario Oficial, el Congreso de la Unión tendrá que ajustar sus leyes para esto. Es decir, estamos regresando a que el presidente como un Poder, venga a esta Cámara donde reside el Congreso, la Presidencia del Congreso de la Unión, a rendir cuentas y que sus funcionarios, no como ocurre ahora, como ha ocurrido con el secretario y el titular del ISSSTE, por ejemplo, con cualquier pretexto y unas horas antes, cancelen su venir, estamos poniendo plazos y tiempos con muchísima claridad.
Esa es la propuesta, estimadas y estimados colegas, y no quisiera hoy despedirme de esta tribuna sin señalar que hace tres años, hoy 29 de noviembre, se aprobó la creación de la insabilina, esa poderosa medicina que no ha servido para nada, el Insabi.
Y, este Insabi, el día de hoy, tenía que haber presentado al Congreso el informe relativo al cuál era, consenso, el número de población que en teoría debió de haber atendido, los recursos y medicamentos destinados en su función. Ese fue un regalo que les dio la anterior legislatura de Morena y sus aliados al Insabi y hoy vence el plazo.
Esperamos que cumpla y si no será otro más de los nonatos, de esto niños no nacidos que antes de cumplir el año y medio fueron sacrificados por el Ejecutivo federal en función de que no cumplieron, lo que sí cumplía el seguro, que era seguro, que era popular, que había medicamentos y que se atendía a los enfermos. Es cuanto. Muchas gracias, presidenta.
«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 69, 72 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
Éctor Jaime Ramírez Barba, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan los artículos 69, 72 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente al informe presidencial y la celebración de comparecencias, al tenor de la siguiente:
Exposición de MotivosLa rendición de cuentas es un principio fundamental para la consolidación democrática y construcción de sociedades involucradas en la vida pública del país. La sociedad tiene el derecho de estar informada de los asuntos que tienen un impacto en su vida diaria y exigir resultados a sus gobernantes; el Poder Legislativo, por su parte, debe garantizar estos derechos a sus representados.
En este proceso de rendición de cuentas es indispensable que existan mecanismos bajo los cuales se garantice el equilibrio entre los Poderes de la Unión, pero también una efectiva comunicación, pues el primer paso para la apertura de las instituciones y el ejercicio de la representación popular es el diálogo, la suma de esfuerzos y el consenso como expresión de la política.
Cuando Montesquieu realizó algunos de los primeros planteamientos de la teoría general de separación de poderes del Estado en su obra “El Espíritu de las leyes”, una idea estaba clara: los poderes deben convivir en un sistema de pesos y contra pesos que permitan la existencia de controles para que el ejercicio de gobierno sea objetivo, plural e incluyente, vele por el interés general, no se desvirtúe y permita a los individuos ejercer sus libertades. Un pensamiento de este ideólogo del Estado moderno sobresale: el poder debe contrarrestar el poder.
La larga historia de autoritarismo en México, donde por décadas el control de los Poderes Legislativo y Judicial estuvo en manos del presidente en turno, ha dificultado el camino para que el equilibrio y la supervisión entre poderes se cumpla.
Con el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy vamos en franco retroceso en materia de rendición de cuentas, por lo que requerimos construir instituciones y leyes que fomenten transparencia, con estrictos mecanismos de vigilancia que combatan la corrupción, los malos gobiernos y sobre todo, con una ciudadanía participativa que a su vez confíe en sus instituciones.
En ese sentido, el ejercicio de rendición de cuentas más importante entre Poderes es el informe de gobierno presidencial, así como el llamado a comparecencias y las preguntas parlamentarias que realizan los legisladores del Congreso de la Unión, en su calidad de representantes populares, para pedir información de las labores a su cargo al presidente de la república y solicitar a los encargados de despacho de los órganos de la administración pública federal el esclarecimiento de los hechos de mayor relevancia derivados de sus responsabilidades al frente de las instituciones públicas.
Los ordenamientos legales que rigen el desarrollo de los informes de gobierno del presidente de la república y las comparecencias de su gabinete han sido objeto de debate en numerosas ocasiones, pues el contexto en el que se han desarrollado ha evolucionado a la par con la evolución democrática de nuestra nación.
En la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, nuestra primera Constitución como país independiente, se estableció en los artículos 67 y 68 la disposición normativa que obligaba al presidente a rendir un informe ante el Congreso en la apertura de sesiones, durante la cual el presidente de la federación pronunciaría un discurso que sería contestado en términos generales por el presidente del Congreso.
“Artículo 67. El Congreso general se reunirá todos los años el día 1 de enero en el lugar que se designará por una ley. En el reglamento de gobierno interior del mismo, se prescribirán las operaciones previstas a la apertura de sus sesiones, y las formalidades que se han de observar en su instalación.
Artículo 68. A ésta asistirá el presidente de la federación, quien pronunciará un discurso análogo a este acto tan importante; y el que presida al Congreso contestará en términos generales.”
En los ordenamientos jurídicos fundamentales siguientes de 1836 y en las Bases Orgánicas de 1843 no existió una regulación al respecto; es hasta el Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 que se restituye la vigencia de la Constitución de 1824.
“Artículo 63. A la apertura de sesiones del Congreso asistirá el presidente de la Unión, y pronunciará un discurso en que manifieste el estado que guarda el país. El presidente del Congreso contestará en términos generales.”
En la Constitución de 1917 se definió un formato para la entrega de los informes de gobierno, que regirá durante décadas. En el artículo 69 de la Carta Magna, se estableció que el presidente de la república asistirá a la apertura de sesiones, tanto ordinarias como extraordinarias del Congreso de la Unión y que, en la primera sesión ordinaria presentaría un informe por escrito sobre el estado de la administración pública del país.
“Artículo 69. A la apertura de sesiones del Congreso, sean ordinarias o extraordinarias, asistirá el presidente de la república y presentará un informe por escrito; en el primer caso, sobre el estado general que guarde la administración pública del país; y en el segundo, para exponer al Congreso o a la Cámara de que se trate, las razones o causas que hicieron necesaria su convocación, y el asunto o asuntos que ameriten una resolución perentoria.”
Posteriormente se dieron tres reformas constitucionales en la materia, una en 1923 y otra en 1986, sin mayor trascendencia; así como modificaciones al marco que regía el funcionamiento del Congreso General, cuyo contenido se detalla:
-En 1979 se expidió la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamiento donde se estableció que el 1 de septiembre de cada año deberían reunirse conjuntamente las dos Cámaras en el salón de sesiones de los Diputados, y antes de la llegada del presidente se inauguraría el respectivo periodo ordinario de sesiones. Posteriormente, el presidente acudiría a la apertura de sesiones del Congreso y presentaría su informe, al cual quien fungiera como presidente del Congreso daría contestación. Asimismo, se detalla que el informe sería analizado por las cámaras en sesiones subsecuentes, acto al que se denominó “glosa”.
-En 1994 se modifica la Ley Orgánica del Congreso, para señalar que antes del arribo del presidente de la república a la apertura del primer periodo de sesiones, un legislador por cada uno de los partidos políticos con representación en el Congreso haría uso de la palabra, por no más de quince minutos. El orden de participación sería en orden creciente en función del tamaño de su representación; además durante la presentación del informe no procederán intervenciones o interrupciones por parte de los legisladores, esto ante los cuestionamientos que comenzaron a suscitarse con motivo de la creciente oposición política.
Sobre este punto, la interpelación del entonces legislador federal Porfirio Muñoz Ledo al presidente Miguel de la Madrid en 1988 se toma como el punto de quiebre que terminó con el acto solemne del llamado “Día del presidente”, inaugurando la época de conflictos entre el Legislativo y el Ejecutivo y la ausencia de mayorías parlamentarias. De igual forma, se indicaba que las Cámaras analizarán el informe presentado en sesiones posteriores, agrupando el análisis en las materias de política interior, política económica, política social y política exterior.
Con la transición y en un escenario de gobiernos divididos, el informe se convirtió en un escenario de protestas en los mandatos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Fue tanta la confrontación derivada del conflicto post electoral del año 2006, entre el entonces presidente Calderón y la oposición en el Congreso durante su mandato, que en el año 2008, finalmente se modificó el artículo 69 constitucional para conformar su contenido actual, con un formato que dificultó la relación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Mediante una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de aquel año, se eliminó la obligación del presidente de la república de asistir a la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso de la Unión; con lo cual, únicamente se señalaba la obligación de presentar un informe por escrito sobre el estado que guarda la administración pública del país. Además, se dispuso que, con motivo del análisis del informe presidencial, las Cámaras del Congreso pueden solicitar por escrito la ampliación de información, así como citar a los Secretarios de Estado, Procurador General de la República y a los directivos de las entidades paraestatales para que comparezcan y rindan informes, bajo protesta de decir verdad.
Esta reforma demostró una cosa: el evidente deterioro de las relaciones entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, la falta de voluntad política para construir acuerdos y la descomposición de nuestro sistema político que atraviesa por una crisis de legitimidad y falta de credibilidad en las instituciones, dejando el país con una falta de rendición de cuentas claras, objetivas, comparables, confiables y transparentes.
Bajo estas reglas, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por la opacidad, la falta de diálogo con la oposición política y la nula coordinación entre los Poderes de la Unión.
En cuanto a las comparecencias, se ha avanzado en ciertos aspectos, pues los titulares de los organismos de la Administración Pública Federal regularmente han acudido anualmente a rendir cuentas.
Por otra parte, la inclusión de las preguntas por escrito que los legisladores pueden desarrollar para que los servidores públicos detallen con información de sus áreas de competencia, ha favorecido el desarrollo de un sistema de rendición de cuentas; sin embargo, falta mucho que consolidar para lograr una adecuada convivencia institucional y equilibrio entre los Poderes de la Unión, pues existen vacíos y oportunidades de mejora en el desarrollo de las comparecencias.
El artículo 93 de la Constitución Mexicana señala lo siguiente:
“Artículo 93.
Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.
Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.
Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los Senadores,
Una cuarta parte de los miembros de las cámaras, tratándose de la mitad de diputados y la otra mitad de senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Asimismo, los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo federal.
Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.
El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos
Actualmente, el procedimiento detallado en el texto constitucional obliga a los servidores públicos a entregar cuentas bajo procedimientos muy ambiguos, que no favorecen el diálogo con los legisladores, ni mucho menos la retroalimentación de las políticas de gobierno; las comparecencias se realizan en un ambiente marcado por los pronunciamientos políticos y los ataques personales, pero poco contribuyen al análisis del estado que guarda la administración pública, por lo que hay un distanciamiento entre los representantes populares en el Congreso y quienes encabezan las diferentes áreas del Ejecutivo federal.
Los señalamientos que realizan los legisladores no producen consecuencias jurídicas y no implica la remoción del servidor público en el cargo o el inicio de una responsabilidad, es por eso qué para los funcionarios del Ejecutivo no hay compromiso con las comparecencias.
Un caso actual, en donde podemos ver la falta de voluntad para asistir al Congreso de la Unión a rendir cuentas es el del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), ya que, la Comisión de Seguridad Social, citó al titular, el doctor Pedro Zenteno Santaella, para el día 22 de agosto de 2022 a las 9: 30 am, a fin de conocer la situación del Issste sobre los siguientes temas:
A) Abasto de medicamentos.
B) Infraestructura.
C) Atención médica.
D) Incremento de pensiones a jubilados con base en UMAS, su fundamento legal.
E) Normatividad en materia de créditos Fovissste y proyectos de mejora.
Sin embargo, horas antes de la sesión, el director decidió cancelar, sin mayor elemento válido de justificación , evitando el ejercicio de rendir cuentas antes los representantes electos del pueblo de México.
En ese sentido, lo que se propone en la presente iniciativa es fortalecer aspectos puntuales para la rendición de cuentas, que derivan del ejercicio republicano de la división de poderes y los pesos y contra pesos entre el Legislativo y el Ejecutivo.
El propósito de la reforma constitucional que se pone a consideración de esta soberanía, pretende profesionalizar las tareas de los legisladores para ejercer sus facultades de control sobre el Poder Ejecutivo. Asimismo, tiene como propósito, definir reglas para que los servidores públicos que asistan a rendir cuentas lo hagan bajo un esquema que permita conocer los resultados obtenidos en la gestión pública, evaluar el cumplimiento de las metas y los objetivos de los programas, controlar el uso de los recursos públicos, responder los cuestionamientos de los representantes del pueblo y definir un intercambio de ideas que resulte en acuerdos incluyentes que generen bienestar social.
Además, el propósito central de las modificaciones al texto de nuestra norma fundamental, tienen que ver con regresar al origen del informe de gobierno; y no para que el presidente en funciones sea idolatrado, sino para que realice un verdadero ejercicio de rendición de cuentas ante el Poder Legislativo; puesto que debe terminar la época de confrontación entre el Ejecutivo y los legisladores.
Ante los hechos de corrupción que acontecen en el actual sexenio; la sociedad demanda la existencia de más controles e información que permita evaluar las políticas de cada administración y los asuntos que acontecen en la vida pública de la nación. En ese marco, se propone reformar nuestra Constitución Política para incorporar al texto normativo, lo siguiente:
Devolver al informe de gobierno del Presidente de la República su sentido original, el de la rendición de cuentas de cara a la nación y de frente a los representantes electos del pueblo. Se propone modificar el artículo 69 de nuestra Constitución Política para establecer que el titular del Ejecutivo federal estará obligado a rendir un informe presencial anual ante el Congreso General cada 1 de septiembre, en el marco de la apertura del periodo ordinario de sesiones. Durante el desarrollo de dicha sesión, el presidente de la república atenderá un posicionamiento por cada Grupo Parlamentario representado en el Congreso y los legisladores independientes; el mismo que tendrá derecho de réplica por cada participación.
1) Un nuevo procedimiento para la realización de las comparecencias, mediante una reforma a los artículos 69 y 93 de la Constitución con la finalidad de favorecer la rendición de cuentas y el diálogo entre legisladores y directivos de los órganos de la administración pública federal y órganos autónomos, puesto que hoy los llamados a comparecer son actos que se realizan protocolariamente y con formatos rígidos que impiden el debate, con explicaciones muy cortas, o que simplemente no llegan a concretarse por la agenda del funcionario. Mismo que comprende los siguientes elementos:
Ampliar el catálogo de servidores públicos que pueden ser sujetos a rendir cuentas ante el Congreso pues hoy la Constitución restringe esta obligación a sólo unos cuantos titulares de los órganos de gobierno; además, diversas instituciones públicas han cambiado su naturaleza jurídica como resultado de las reformas constitucionales de los últimos años. Específicamente, se establece la facultad del Congreso de citar a comparecer a los titulares de las empresas productivas del estado, los organismos reguladores coordinados en materia energética, el Fiscal General de la República y a los titulares de los órganos constitucionales autónomos.
A) Los servidores públicos que, sean llamados a comparecer, estarán obligados a asistir a las cámaras durante los meses de septiembre u octubre, no podrán excusarse de acudir a rendir cuentas, salvo que medie causa lo suficientemente justificada a juicio de la mayoría de los miembros del pleno o comisión respectiva de cada cámara.
B) La facultad de que, los legisladores de cada cámara puedan acordar volver a citar a comparecer a los servidores públicos, en un plazo máximo de un mes, si existiera información pendiente por aclarar.
C) La obligación de que los formatos de comparecencias que se realicen mediante los acuerdos entre los Grupos Parlamentarios en las cámaras, propicien el debate y la participación de los legisladores de manera amplia y plural.
D) Determinar que, las comparecencias no podrán desarrollarse en el mismo día y horario que las sesiones ordinarias de cada cámara, ni en el mismo día y horario de manera simultánea dos o más comparecencias.
2) Facultar a las comisiones legislativas de cada cámara para desarrollar un informe por escrito de sus observaciones o sugerencias derivadas del informe de gobierno, dentro de su ámbito de competencia. El cual, deberá ser remitido al titular del Ejecutivo federal y al órgano administrativo competente para su debido seguimiento. Mediante una adición al artículo 93.
3) Facultar a la Auditoría Superior de la Federación para dar seguimiento a las observaciones y sugerencias que las comisiones legislativas realizan del informe de gobierno, ya que actualmente no existe un mecanismo de supervisión efectivo para que el Poder Legislativo pueda monitorear y evaluar los puntos débiles de las políticas de gobierno, detectar anomalías que puedan constituir hechos de corrupción y/o faltas a la ley.
4) Detallar que, cuando el Ejecutivo federal envíe una iniciativa de ley o decreto, cada una de las cámaras podrá convocar al funcionario del ramo correspondiente de la Administración Pública, con el propósito de debatir y ampliar la información sobre la misma.
5) Establecer que, el servidor público que faltará a la verdad u omitiera información respecto del informe, será sujeto a responsabilidades administrativas y penales a las que haya lugar.
Debemos asumir que la consolidación de nuestras instituciones implica ajustes a las leyes que rigen el funcionamiento de nuestra democracia y replantear las formas convencionales con las que se ha gobernado. Hay que desterrar la corrupción para hacer de las instituciones espacios que verdaderamente cumplan con los derechos sociales.
El momento histórico que estamos viviendo demanda que erradiquemos la idea de que las leyes pueden ser violadas y la impunidad será permanente. Debemos cambiar la forma de hacer gobierno, los servidores públicos deben estar abiertos a rendir informes y a escuchar las voces de quienes quieran opinar sobre los asuntos de estado, sean estos afines al gobierno o emanados de la oposición política.
Queremos cambiar la reglamentación de las comparecencias y el informe de gobierno, para construir el verdadero sistema de rendición de cuentas que México necesita.
Se anexa cuadro comparativo con los cambios:
DecretoArtículo Único. Se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 69; se adiciona el apartado A del artículo 72; y se reforman y adicionan diversas disposiciones del artículo 93, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 69. En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, a sistirá el presidente de la república y presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. Durante el desarrollo de dicha sesión, el presidente de la república escuchará un posicionamiento por cada Grupo Parlamentario representado en el Congreso y uno por los legisladores independientes, y tendrá derecho de réplica por cada participación.
En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.
Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al presidente de la república ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado, al Fiscal General de la República, así como a los titulares de las empresas productivas del Estado, de los órganos reguladores coordinados en materia energética, de los órganos constitucionales autónomos y de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad.
Las comisiones de cada cámara deberán desarrollar un informe por escrito de sus observaciones o sugerencias derivadas del informe de gobierno, dentro de su ámbito de competencia. El cual, deberá ser remitido al titular del Ejecutivo federal y al órgano de la administración pública competente para su debido seguimiento.
La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de estas facultades.
La Auditoría Superior de la Federación dará seguimiento a las observaciones y sugerencias que las comisiones legislativas realizan del informe de gobierno.
En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el Presidente de la República presentará ante la Cámara de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e informará anualmente sobre el estado que guarde.
Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones:
A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. Las Cámaras podrán convocar a los encargados de despacho de la Administración Pública Federal para ampliar la información y responder cuestionamientos respecto de las iniciativas de ley o decreto presentadas por el titular del Ejecutivo.
B a I ...
Artículo 93. Los Secretarios de Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del Estado que guarden sus respectivos ramos.
Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a comparecer a los Secretarios de Estado, al Fiscal General de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, de las empresas productivas del Estado y de los órganos reguladores coordinados en materia energética para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas.
Los servidores públicos enlistados en el párrafo anterior, están obligados a asistir a las cámaras durante los meses de septiembre u octubre, conforme al calendario de comparecencias que fijen los grupos parlamentarios, no podrán negarse o excusarse de acudir a rendir cuentas o postergar la convocatoria de las cámaras, salvo que medie causa lo suficientemente justificada a juicio de la mayoría de los miembros del pleno o comisión respectiva de cada cámara que los hubiera convocado. Si existiera información pendiente por aclarar, los legisladores podrán citar a comparecer a los servidores públicos para que, en el plazo máximo de un mes, asistan nuevamente a rendir cuentas.
Los formatos de comparecencias que se realicen mediante los acuerdos entre los Grupos Parlamentarios en las cámaras, deberán propiciar el debate y la participación de los legisladores de manera amplia y plural.
Las comparecencias no podrán desarrollarse en el mismo día y horario que las sesiones ordinarias de cada Cámara, ni en el mismo día y horario de manera simultánea dos o más comparecencias.
El servidor público que faltará a la verdad u omitiera información que sea solicitada por las cámaras, será sujeto a responsabilidades administrativas y penales a las que haya lugar.
Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo federal.
Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.
El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos.
TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Congreso de la Unión deberá realizar las modificaciones correspondientes a las normas que rigen el funcionamiento interno de las cámaras, para cumplir con el contenido del presente decreto, en los 90 días posteriores a su entrada en vigor.
Nota
1 Gutiérrez Rosas, Rosa María. El Informe Presidencial. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
https://www.derecho.unam.mx/investigacion/publicaciones/revista- cultura/pdf/CJ3_Art_5.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre de 2022.– Diputados: Éctor Jaime Ramírez Barba, Alfredo Porras Domínguez (rúbricas).»
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, diputado Éctor Jaime Ramírez Barba. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen, y a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para la opinión correspondiente.
El diputado Porras Domínguez, quiere hacer uso de la palabra, ¿con qué objeto? Sonido en la curul del diputado, por favor. Adelante, diputado.
El diputado Alfredo Porras Domínguez (desde la curul): Gracias, presidenta. Para preguntarle a don Éctor Ramírez, nada más que después ya se me fue a otro tema. Yo creo que es la oportunidad histórica, Éctor, que tenemos, efectivamente para que regrese el presidente a rendir cuentas en el pleno, yo me adhiero a que lo hagamos juntos.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputado. Diputado Éctor, acepta usted que el diputado Porras se adhiera a su iniciativa.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba: Será un honor.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias. Adelante. Favor de pasar aquí al área de Secretaría, diputado Porras, para hacer lo conducente.
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Luis Garza Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5o., de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
El diputado José Luis Garza Ochoa:Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante, diputado.
El diputado José Luis Garza Ochoa: Gracias. compañeras y compañeros legisladores vengo a presentar iniciativa por el que se reforma el inciso g), de la fracción I, del artículo 5o., de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Estoy aquí porque lo más importante de esta iniciativa son nuestros viejitos, nuestros adultos mayores. Es promover para ellos que su movilidad y accesibilidad mejoren su entorno, con una vida segura, de calidad y de mucho bienestar.
Derechos ya en nuestra Constitución que son vigentes, pero no positivos, compañeros, no se llevan a cabo.
Quiero destacar que la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores señala en su artículo 26 que los adultos mayores tienen derecho a la accesibilidad, al entorno físico, social, económico y cultural, a fin de garantizar una vida segura en todos los aspectos de la vida, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales.
Sin embargo, en nuestro país existen personas que siguen siendo víctimas de prácticas de exclusión de los espacios públicos para su movilidad y accesibilidad. Ya sea por sus características físicas o por su forma de vida, es decir, por su origen étnico, su edad o principalmente, por su condición de salud.
Las personas que son excluidas de los espacios públicos ven violentados sus derechos fundamentales, lo cual los orilla al aislamiento, y de ahí al abandono.
Esta exclusión sobre movilidad se manifiesta cuando existen conductas que demuestran aislamiento, por mencionar un ejemplo, impedir el acceso a los espacios públicos, negando o condicionar su movilidad y accesibilidad, que por cuestiones de su edad o problemas de trasladarse de un lugar a otro no les permite estar ahí.
Para el caso de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que en el 2020 residían en nuestro país 15.1 millón de personas de 60 años o más, que representan el 12 por ciento de la población total, y por cada 100 niños o niñas con menos de 15 años hay 48 adultos mayores.
Amigas y amigos diputados, seamos solidarios ante esta iniciativa. Nuestros adultos mayores requieren de nosotros para que podamos mejorar su infraestructura para una mejor movilidad en todos los espacios públicos, con el propósito de crear entornos que mejoren su calidad de vida.
Se debe impulsar la inclusión de este sector poblacional, el cual constituye un principio indispensable que debe ser tomado en cuenta y se encuentra declarado en todos los tratados y convenios internacionales relacionados a los derechos humanos en los que México está suscrito.
Compañeras y compañeros, ante este panorama salvaguardar los derechos de nuestros adultos mayores debe ser nuestra mayor necesidad y nuestra más grande oportunidad de regresar algo a quienes nos han regalado este hermoso país.
Que quede claro, en el Grupo Parlamentario del PRI legislamos para promover los principios de inclusión de todos los sectores menos favorecidos, como son nuestros adultos mayores, a fin de crear entornos seguros de movilidad y sobre todo de protección a sus derechos fundamentales. Por su atención, muchas gracias.
«Iniciativa que reforma el artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a cargo del diputado José Luis Garza Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRI
El que suscribe, diputado José Luis Garza Ochoa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II; 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso g de la fracción I del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosLa Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores señala en su artículo 26o. La persona mayor tiene derecho a la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, y a su movilidad personal. A fin de garantizar su accesibilidad para que pueda vivir de forma segura y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, tanto en zonas urbanas como rurales.
En este sentido, la exclusión social en los espacios públicos constituye un principio indispensable que debe ser tomado en cuenta y se encuentra declarado en todos los tratados y convenios internacionales relacionados a los derechos humanos, de los cuales nuestro país forma parte y constituye como promotor principal.
Sin embargo, en México existen personas que día a día siguen siendo víctimas de prácticas de exclusión de los espacios públicos para su movilidad y accesibilidad universal, ya sea por sus características físicas o formas de vida, es decir, por su origen étnico, edad y condición de salud, principalmente.
Las personas que son excluidas de los espacios públicos para su movilidad y accesibilidad, se ven violentados sus derechos fundamentales y dignidad, lo cual los orilla al aislamiento y abandono.
La exclusión para su movilidad, se manifiesta cuando existen conductas que demuestran distinción, por mencionar un ejemplo, impedir el acceso a los servicios básicos, así como negar o condicionar los servicios de movilidad y accesibilidad universal, ya que, por cuestiones de su edad, tienen problemas de trasladarse de un lugar a otro.
Para dimensionar la magnitud de este asunto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala que en 2020 residían en nuestro país 15.1 millones de personas de 60 años o más, que representan 12 por ciento de la población total. Y por cada 100 niños o niñas con menos de 15 años hay 48 adultos mayores.
En este contexto, de acuerdo con información censal del Inegi que de 1990 y 2020 indica que la población de 60 años y más pasó de 5 a 15.1 millones, lo cual representa 6 y 12 por ciento de la población total, respectivamente.
Ante el aumento sostenido de las personas adultas se requiere de infraestructura para su movilidad universal en todos los espacios públicos, con el propósito de crear entornos de que mejoren su calidad y bienestar de vida.
El Estado debe de legislar para los sectores más desprotegidos, como son los adultos mayores, incrementando espacios adaptables a su edad y necesidades, el cual puedan ejercer su derecho a desarrollarse de manera plena a través de su accesibilidad universal.
Nuestro país cuenta con una amplia legislación, la cual el gobierno debe de cumplir con las necesidades y principales demandas de la sociedad, promoviendo en todo momento la aplicación de las normas de inclusión de los adultos mayores.
Es imperativo promocionar los derechos fundamentales de todas las personas mayores, así como continuar trabajando en la erradicación de todas las formas de exclusión, creando entornos seguros de movilidad y sobre todo de protección para hacer efectivos sus derechos fundamentales, consagrados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ante este panorama, salvaguardar sus derechos, necesidades y oportunidades, los adultos mayores podrán mejorar su calidad de vida y no verse vulnerables ante cualquier situación de discriminación o maltrato a su persona.
Por ello, el objetivo de esta iniciativa es promover su movilidad y accesibilidad universal de los adultos mayores para mejorar su entorno, contar con una vida segura, de calidad y de bienestar, derechos garantizados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En tal virtud, se propone reformar el inciso g de la fracción I del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
DecretoÚnico. Se reforma el inciso g de la fracción I del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:
Artículo 5o. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:
I. De la integridad, dignidad y preferencia:
a. A una vida con calidad. Es obligación de las Instituciones Públicas, de la comunidad, de la familia y la sociedad, garantizarles el acceso a los programas que tengan por objeto posibilitar el ejercicio de este derecho.
b. Al disfrute pleno, sin discriminación ni distinción alguna, de los derechos que ésta y otras leyes consagran.
c. ...
d. ...
e. ...
f. ...
g. A vivir en entornos seguros, dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y requerimientos y en donde ejerzan libremente sus derechos, su movilidad y accesibilidad universal.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores. Consultado en el siguiente link:
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_inter americanos_a-70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf
2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2022). Estadísticas a propósito del día internacional de las personas adultas mayores (INEGI). Consultado en el siguiente link:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021 /EAP_ADULMAYOR_21.pdf
3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2022). Estadísticas a propósito del día internacional de las personas adultas mayores (INEGI). Consultado en el siguiente link:
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021 /EAP_ADULMAYOR_21.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2022.– Diputados y diputadas: José Luis Garza Ochoa, José Guadalupe Fletes Araiza, Juan Francisco Espinoza Eguía, Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, Marcela Guerra Castillo, María Elena Serrano Maldonado, Melissa Estefanía Vargas Camacho, Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, Rodrigo Fuentes Ávila (rúbricas).»
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, diputado José Luis Garza Ochoa. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.
Diputado Lázaro Jiménez, ¿con qué objeto? Sonido a la curul 139, adelante, diputado.
El diputado Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino (desde la curul): Para preguntarle al diputado José Luis Garza, si me permite suscribirme a su iniciativa.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Diputado José Luis Garza Ochoa, ¿acepta usted que el diputado Lázaro Jiménez se pueda adherir a la iniciativa que acaba usted de presentar?
El diputado José Luis Garza Ochoa: Un honor, presidenta, muchas gracias.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias. Adelante. Diputado Juan Espinoza, en la 138, ¿con qué objeto?
El diputado Juan Francisco Espinoza Eguía (desde la curul): En el mismo sentido, presidenta. Si el diputado José Luis Garza permite suscribirme a su importante iniciativa.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputado. ¿Sí, diputado José Luis Garza?
El diputado José Luis Garza Ochoa: Un honor, presidenta, muchas gracias.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante, muy bien. Si me permite, voy a hacer mención a todos. Todas aquellas diputadas y diputados que así quieran adherirse a esta iniciativa, favor de pasar al área de Secretaría, a suscribirse para los efectos conducentes.
SE DECLARA EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL DÍA NACIONAL DEL SOTOL
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Tiene el uso de la palabra la diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el día 10 de noviembre de cada año como el Día Nacional del Sotol.
La diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz:Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz: Muy buena tarde, compañeras y compañeros legisladores. Cuando hablamos del tequila o del mezcal pensamos en bebidas orgullosamente mexicanas, relacionadas con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, con nuestra esencia.
Pero, ¿qué pasa cuando hablamos del sotol? El sotol es un destilado proveniente de una planta llamada Dasylirion wheeleri, una bebida célebre en el norte de nuestro país. Desde hace aproximadamente 800 años nuestros ancestros la han elaborado, incluso considerándola como una bebida medicinal por sus diversas propiedades.
La llamamos bebida del desierto porque esta planta es una especie de maguey que crece principalmente en los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila, aunque también en los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas.
El sotol, diputados, diputadas, es parte de nuestra esencia, es parte de nuestra tierra, de nuestras raíces, de nuestra historia. En Chihuahua, particularmente, es parte, forma parte de nuestra identidad.
El sotol ocupa un espacio muy importante, ya que al ser una planta mexicana de la cual se extrae un destilado de forma artesanal, su producción se encuentra protegida desde el año 2002, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaración de protección a la denominación sotol para los estados de Chihuahua, Durango y Coahuila de Zaragoza. Y el 2 de octubre de 2019, la Secretaría de Cultura del estado de Coahuila declaró el sotol como patrimonio cultural intangible de la entidad, por medio de un decreto.
El sotol representa un mercado en expansión, su producción ha aumentado llegando hasta los 6.5 millones de litros al año, de acuerdo a lo señalado por el Consejo Certificador del Sotol. Por ello está protegido con una denominación de origen, ya que en estados extranjeros como Texas están comenzando a producirlo.
A pesar de todo esto que les acabo de contar, el sotol es aún desconocido por muchas personas en nuestro país. Por esta razón resulta importante impulsar su producción y comercialización. Se debe trabajar en una estrategia para que tenga un impacto, no solamente a nivel local, sino también nacional e internacional y uno de los pasos para que pueda ser reconocido a lo largo del país es que cuente con su propio día nacional, así como el tequila o el mezcal cuentan con su día para ser reconocidos.
Tanto por su elaboración, como por su historia, su gran potencial y la importancia económica que puede llegar a representar, esta presente iniciativa propone declarar el 10 de noviembre como Día Nacional del Sotol.
Compañeros y compañeras, estoy segura de que, con esta propuesta y diversas acciones, podremos dar un impulso muy positivo para el Sotol y sus productores, de los cuales, en Chihuahua, estamos muy orgullosos. Es cuanto.
«Iniciativa de decreto por el que se declara el 10 noviembre de cada año como “Día Nacional del Sotol”, a cargo de la diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Teresita de Jesús Vargas Meraz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 10 de noviembre de cada año “Día Nacional del Sotol”, conforme a la siguiente
Exposición de MotivosEl sotol es una bebida alcohólica y orgánica celebre en el norte del país, desde hace 800 años los tarahumaras y anazasis (indígenas autóctonos del norte de México) han elaborado el sotol para realizar ceremonias religiosas y también lo han utilizado como remedio medicinal, debido a sus diversas propiedades, pues al ser utilizarlo con wereke * la cual es una planta medicinal, ayuda a controlar la diabetes; al mezclarse con hojasén* alivia el dolor de estómago, mientras que al tomarse como curado combinado con manzana, sirve como un digestivo natural.
El sotol es una bebida de carácter fuerte, su gradación va de 38 a 45 por ciento de alcohol, tiene un sabor ahumado por lo que generalmente suele disfrutarse solamente con hielo, aunque al igual que las grandes bebidas que conocemos mundialmente, el sotol también cuenta con algunas clasificaciones que determinan el tiempo de añejamiento, por ejemplo: el sotol reposado, añejado, platinum y la crema de sotol.
El sotol es una bebida elaborada a partir de una planta llamada “Dasylirion wheeleri” la cual es una especie de maguey que crece principalmente en los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila, pero también en los Estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas.
El mezcal, el tequila y el pulque son bebidas representativas de México, pero el sotol también es muestra de nuestra cultura y ocupa un espacio importante ya que al ser una planta mexicana de la cual se extrae un destilado de forma artesanal, su producción se encuentra protegida, por ello, desde el año 2002 logró obtener la denominación de origen, así como la regulación de su elaboración solo en territorio mexicano en los estados del norte.
Fue el 08 de agosto de 2002 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Declaración de Protección a la Denominación Sotol” para los estados de Chihuahua, Durango y Coahuila de Zaragoza.
Y el 02 de octubre de 2019 la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila, declaro el sotol como Patrimonio Cultural Intangible de la entidad por medio de un decreto, esto con el objetivo de promocionar y difundir la cultura generada en torno al mismo, con la búsqueda de mejorar las condiciones de organización de los productores de los bienes generados por la planta, ya sean bebidas u objetos artesanales y lograr su posicionamiento como un distintivo coahuilense en el país, con reconocimiento internacional.
Ricardo Pico, vicepresidente del Consejo Certificador del Sotol, en una entrevista realizada por BBC New Mundo en julio del 2022, señalo que el sotol representa un mercado en expansión cuya producción ha aumentado, ya que su producción ha llegado hasta los 6,5 millones de litros al año, por ello, está protegido con una denominación de origen, ya que estados como Texas están comenzando a producirlo.
El sotol es el único destilado mexicano que no se hace a partir de un maguey o agave, es una bebida ancestral, sin embargo, es desconocida por muchas personas en nuestro país, por esta razón resulta transcendental impulsar su producción y comercialización.
Y aunque existe un proyecto de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), con el objetivo de generar bases para que se pueda hacer uso y manejo sustentable del sotol y ampliar la producción de plántulas de esta especie para que puedan serán trasplantadas en otros lugares donde el suelo sea apto para ser cultivado y lograr que en un futuro su producción sea sostenible, aún se tiene que trabajar para aumentar su producción ya que se calcula que en México hay solo 40 productores tradicionales y se estima que cerca del 80% del sotol se produce en Chihuahua y el resto a partes iguales en Coahuila y Durango, haciendo que a ojos del consumidor esta sea una bebida emergente a pesar de que el sotol sea una bebida con larga historia.
Por esta razón se debe trabajar en una estrategia para que su comercialización tenga impacto a nivel no sólo local, sino también nacional, considero que uno de los pasos para que esta bebida artesanal pueda ser conocida a lo largo del país, es que cuente con su propio día nacional, así como bebidas emblemáticas de nuestro país, como son el tequila, la cerveza o mezcal cuentan con su propio día nacional para ser reconocidas.
Es por ello, que tanto por su elaboración; su historia; su gran potencial y la importancia económica que puede llegar a representar, la presente iniciativa propone declarar el 10 de noviembre de cada año como el “Día Nacional del Sotol”.
Decreto: Se declara el 10 de noviembre de cada año “Día Nacional del Sotol”
Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el 10 de noviembre de cada año “Día Nacional del Sotol”.
TransitorioÚnico. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
* Su nombre científico es Ibervillea sonorae, pertenece a la familia Cucurbitaceae y es una planta trepadora nativa del noroeste de México y del sur de Estados Unidos. Tanto sus hojas como sus raíces se han aprovechado con fines medicinales.
* Esta planta arbustiva crece en forma silvestre en varias regiones semiáridas del suroeste de los Estado Unidos y norte de México
1 https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/sotol-bebida-celebre-del-desierto-o rgullodemexico
2 Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales, UACH
3 https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/sotol-bebida-celebre-del-desierto-o rgullodemexico
4 https://coahuila.gob.mx/noticias/index/cultura-coahuila-impulsa-al-sotol-como-p atrimonio-cultural-de-la-entidad-09-07-21
5 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-62101729#:~: text=est%C3%A1%20dejando%20de%20ser%20meramente,Am%C3%A9rica%20del%20Norte%20(T LCAN)
6 https://uach.mx/noticias/2020/5/8/proyecta-ciencias-agricolas-expandir-plantaci on-de-sotol-a-otros-municipios-de-chihuahua/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de octubre del año 2022.– Diputadas y diputados: Teresita de Jesús Vargas Meraz, Andrés Mauricio Cantú Rodríguez, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, Jesús Roberto Briano Borunda, Marcela Guerra Castillo, Omar Enrique Castañeda González, Steve Esteban del Razo Montiel (rúbricas).»
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputada Teresita de Jesús Vargas. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.
El diputado Omar Enrique Castañeda González (desde la curul): Presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: ¿Diputado? Diputado Omar Castañeda, ¿con qué objeto?
El diputado Omar Enrique Castañeda González (desde la curul): Preguntarle a la diputada si me permite adherirme a su iniciativa de Durango también y Chihuahua.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Sí. La diputada ya abandonó la tribuna.
El diputado Omar Enrique Castañeda González (desde la curul): Gracias, diputada.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Pero ya me hizo una seña, puede pasar, ella asiente, al área de la Secretaría a suscribirse, diputado Omar.
LEY GENERAL DE SALUD
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Ahora tiene el uso de la palabra la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 27 y 29 de la Ley General de Salud, suscrita también por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
La diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez:Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. Hoy vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa que de aprobarse concederá grandes beneficios y mejorará las condiciones de vida y de salud de los mexicanos.
Esta iniciativa parte de una realidad y problemática que día a día enfrentan miles de mexicanos, que no se ha visibilizado, pero que se está agudizando en la actual administración, la cual parece no tener una solución, es el caso de la falta de medicamento en todo el sistema educativo mexicano.
Decidí presentar esta iniciativa por la exigencia y reclamo de las gentes de mi distrito 9 de Chihuahua y de todo México, ya que se tiene conocimiento que cuando los pacientes acuden a intercambiar su receta médica, la mayoría de las veces esta no puede ser surtida por la falta de medicamentos en cualquier unidad médica, el cuadro básico incompleto. Es un viacrucis el recibir una consulta, una terapia y también una cita médica.
Situación que se presenta constantemente en pacientes con enfermedades consideradas como graves o crónico-degenerativas, como el cáncer, la diabetes, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida VIH, enfermedades renales, por mencionar algunos.
Al ser los medicamentos parte del componente fundamental de derecho a la salud, consagrada en la Constitución, encontramos que la atención médica en caso de enfermedad y la prevención, así como el tratamiento y el control de las enfermedades dependen también en gran medida del acceso oportuno y adecuado de medicamentos de calidad.
Ante lo que debería ser, muchas personas siguen sin tener acceso a los medicamentos esenciales. Es decir, obstáculos que impiden el acceso a medicamentos de buena calidad de forma asequible, oportuna y gratuita. Se ha visibilizado la falta de medicamentos oncológicos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que emitiría una recomendación dirigida al sector salud, al IMSS, al ISSSTE, al Estado si incumplían su obligación garante respecto de los derechos humanos en materia de salud.
Por lo anterior, y a fin de contribuir a una atención eficiente por parte del nuevo sistema de salud IMSS Bienestar y por la economía de la población en México, la presente reforma tiene como finalidad que cuando los derechohabientes de todas las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, incluyendo a las personas que no cuentan con seguridad social y que no tengan acceso a los medicamentos por parte del sector salud, oigan, éstas podrán adquirirlos en las farmacias que designe para tal efecto la Secretaría de Economía, y el pago será sufragado por la Secretaría de Salud. La intervención que tenga la Secretaría de Economía asegurará la adecuada distribución y comercialización, y fijará los precios máximos de venta al público de los medicamentos.
Necesitamos que volteen a ver a todos los mexicanos que sufren por la falta de medicamentos. Estoy segura que al acceder a medicamentos gratuitos por parte del sector salud se evitará desafiar la dignidad humana, incluidos los derechos a la vida, la salud, el respeto y el libre desarrollo de todas las personas y el bienestar de cada mexicano. Es cuanto.
«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 27 y 29 de la Ley General de Salud, suscrita por la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
La que suscribe, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 73, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de conformidad con la siguiente
Exposición de MotivosEl derecho a la salud es un derecho humano consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reconocido en todos los Sistemas de Derechos Humanos del mundo, dada la importancia que guarda en todas las sociedades, en diversos tratados internacionales es reconocido, por lo que se procederá a enunciar algunas disposiciones.
En el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se señala el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud:
Artículo 25.
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Mientras que, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, en su artículo 12, se reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y que los Estados deberán crear las condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad:
Artículo 12. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños;
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente;
c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas;
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo XI, por su parte expresa que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales:
Derecho a la preservación de la salud y al bienestar
Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.
En el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como “Protocolo de San Salvador” se enuncia que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social:
Artículo 10.
Derecho a la Salud
1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.
2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:
a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;
b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado;
c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;
d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole;
e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y
f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.
La Carta Social Europea, de 1961, en sus artículos 11, y 13 indica que se garantizará el ejercicio efectivo del derecho a la protección de la salud:
Artículo 11. Derecho a la protección de la salud.
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la protección de la salud, las partes contratantes se comprometen a adoptar, directamente o en cooperación con organizaciones públicas o privadas, medidas adecuadas para entre otros fines:
a. Eliminar, en lo posible, las causas de una salud deficiente.
b. Establecer servicios educacionales y de consulta dirigidos a la mejora de la salud y a estimular el sentido de responsabilidad individual en lo concerniente a la misma.
c. Prevenir, en lo posible, las enfermedades epidémicas, endémicas y otras.
Artículo 13. Derecho a la asistencia social y médica.
Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la asistencia social y médica, las partes contratantes se comprometen:
1. A velar por que toda persona que no disponga de recursos suficientes y no esté en condiciones de conseguirlo por su propio esfuerzo o de recibirlos de otras fuentes, especialmente por vía de prestaciones de un régimen de Seguridad Social, pueda obtener una asistencia adecuada y, en caso de enfermedad, los cuidados que exija su estado.
2. A velar por que las personas que se beneficien de tal asistencia no sufran por ese motivo disminución alguna en sus derechos políticos y sociales.
3. A disponer lo preciso para que todas las personas puedan obtener por medio de servicios adecuados, públicos o privados, el asesoramiento y ayuda personal necesario para prevenir, eliminar o aliviar su estado de necesidad personal o familiar.
4. Aplicar las disposiciones mencionadas en los párrafos 1, 2 y 3 del presente artículo, en condiciones de igualdad con sus nacionales, a los de las restantes partes contratantes que se encuentren legalmente en su territorio.
Y finalmente en la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, en su artículo 16, determina que todo individuo tendrá derecho a disfrutar del mejor estado físico y mental posible:
Artículo 16.
1. Todo individuo tendrá derecho a disfrutar del mejor estado físico y mental posible.
2. Los Estados firmantes de la presente Carta tomarán las medidas necesarias para proteger la salud de su pueblo y asegurarse de que reciben asistencia médica cuando están enfermos.
El derecho a la salud, además, es reconocido como componente sustantivo de otros derechos en otros tratados internacionales. Entre ellos destacan la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, de 1965; en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979, y en la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989.
La cuestión que se aborda en la presente Iniciativa, es un problema relativo al derecho a la salud, que se ha visibilizado y agudizado en la actual administración y la cual parece no tener una solución contundente: la falta de medicamentos.
Una de las noticias más visibilizadas es la falta de los medicamentos oncológicos, como se desprende del Comunicado de Prensa DGC/060/2020 de fecha 27 de febrero 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reitera su demanda a la Secretaría de Salud para que garantice el abasto y disponibilidad permanente de medicamentos oncológicos e insumos médicos en todo el país, para las niñas, niños y adolescentes que padecen cáncer. En dicho comunicado la Comisión Nacional advierte que emitirá una recomendación dirigida a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Salud para el Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado si incumplen su obligación de garante de los derechos humanos en materia de salud.
El acceso a los medicamentos es un componente fundamental de la plena realización del derecho a la salud. La atención médica en caso de enfermedad y la prevención, así como el tratamiento y el control de las enfermedades, dependen en gran medida del acceso oportuno y adecuado a medicamentos de calidad.
A pesar de los progresos realizados, muchas personas siguen sin tener acceso a los medicamentos esenciales. Esto se debe a los obstáculos que impiden el acceso a medicamentos de buena calidad, de forma asequible y oportuna, sobre todo en los países en desarrollo. Esto desafía la dignidad humana y la base de todos los derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, la salud y el desarrollo de todas las personas. Desde la perspectiva de los derechos humanos, el acceso a los medicamentos está intrínsecamente ligado a los principios de igualdad y no discriminación, transparencia, participación y responsabilidad. Sigue existiendo un vínculo intrínseco entre la pobreza y la realización del derecho a la salud, ya que los países en desarrollo son los que más necesitan y los que menos acceso tienen a los medicamentos.
En la Nota técnica sobre la carencia por acceso a los servicios de salud, 2018-2020, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se observa un aumento en el porcentaje de la población con carencia por acceso a los servicios de salud de 16.2% a 28.2% entre 2018 y 2020. Lo cual representó un incremento de 15.6 millones de personas más que presentaron la carencia.
El aumento de la población con carencia por acceso a los servicios de salud se da principalmente por la disminución de la población que reportó estar afiliada o inscrita al Seguro Popular o tener derecho a los servicios médicos del Instituto de Salud para el Bienestar, como se muestra en la siguiente gráfica:
En el Informe de la Organización de las Naciones Unidas, contiene un resumen de los debates y las recomendaciones del Foro Social celebrado en Ginebra, Suiza del 18 al 20 de febrero de 2015, el cual giró en torno al acceso a los medicamentos en el contexto del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, se expresó que el acceso a los medicamentos, es un problema especialmente del mundo en desarrollo
13. Dainius Püras, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, denunció las desigualdades generalizadas y muy graves en el acceso a los servicios de salud y a los medicamentos, que habían dejado a 2.000 millones de personas sin acceso a los productos médicos que necesitaban. La mala salud era una causa y una consecuencia de la pobreza, y el acceso a los medicamentos, un problema especialmente pertinente en el mundo en desarrollo. Los Estados debían velar por que los medicamentos fueran asequibles y accesibles sin discriminación.
En la investigación “Operación Desabasto”, de las organizaciones Impunidad Cero y Justicia Justa, organizaciones que identificaron las causas de la escasez generalizada de insumos médicos en México. El análisis final identifica que el desabasto se originó por una serie de políticas públicas mal planeadas y ejecutadas, que tenían como objetivo luchar contra la corrupción en la adquisición de medicamentos y ahorrar en la compra de insumos médicos. En el informe se resalta lo siguiente:
El desabasto comenzó cuando todas las compras públicas a nivel federal, incluidas las medicinas, se hicieron responsabilidad de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un intento por reducir los costos de la compra de insumos. Sin embargo, algo similar ya ocurría con las compras consolidadas de medicamentos: previo a este cambio, año con año el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) compraba los insumos médicos necesarios no solo para sus clínicas y hospitales, sino para otras instituciones de salud tanto estatales como federales. Debido a la compra masiva que se hacía anualmente, entre 2013 y 2018 se ahorraron hasta 21,361 millones de pesos. Pero al realizarlas la Oficialía Mayor de SHCP, se perdió el personal y el expertise técnico necesario para hacerlas.
Debido a la inexperiencia, la primera compra que le tocó realizar al actual gobierno federal se hizo a destiempo y de forma incompleta. Por lo mismo, 62% de las claves de medicamentos quedaron desiertas, es decir, no se recibió oferta alguna para que el gobierno las comprara y la mayoría de los contratos se dieron mediante adjudicaciones directas. Esto empezó a generar problemas de desabasto.
A esta mala ejecución de la centralización de compras se aunó una fallida estrategia anticorrupción en el sector, que se realizó mediante un veto presidencial hacia las tres principales distribuidoras de insumos médicos del país: Grufesa, Dimesa y Maypo. El veto prohibía al gobierno comprarles, pues se les acusaba de acaparar el mercado y de constituir un oligopolio. Este veto no contempló una alternativa viable para reemplazar la red de distribución, logística, almacenaje y personal que estas distribuidoras habían acumulado a lo largo de los años. Tampoco consideró que estas distribuidoras compraban a otras farmacéuticas los insumos necesarios, por lo que el gobierno adquiría tanto la distribución como el insumo médico a un mismo precio.
En un intento por transparentar el proceso de compras de medicamentos, se le pidió a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) que se encargara de las compras consolidadas de medicamentos del país desde este año. Sin embargo, debido a la inexperiencia inicial de la UNOPS respecto al mercado mexicano, se volvió a realizar de forma tardía la compra de insumos médicos. Esta compra, que antes se realizaba de manera gratuita en el país por parte del IMSS, nos costará alrededor de 85 millones de dólares por la comisión que se le pagará al organismo y, además, no contempla la solución al problema de distribución de insumos médicos.
De acuerdo con “Programas de subsidios en el PEF 2022: la persistente opacidad”, análisis realizado por México Evalúa, refiere que en la parte de medicamentos gratuitos, para 2022 no se prevén incrementos reales para este programa, que se quedará en 77.5 mmdp, siendo el segundo más costoso de los programas prioritarios del presidente. Cabe destacar que frente al presupuesto modificado de 2020, este programa quedará 34% (40 mmdp) por debajo.
En dicho análisis se hace mención a la auditoría de cumplimiento de la Auditoría Superior de la Federación para la Cuenta Pública 2019, este programa dejó pendientes aclaraciones por 2.6 mmdp en 2019. La Auditoría detectó falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto por 1.3 mmdp en el IMSS y en los estados de Chiapas, Morelos, Oaxaca y Tabasco, que representaron el 52.4% del monto total señalado con inconsistencias.
Asimismo, se menciona que Coneval aseguró desde 2020 que el programa no cuenta con información de avance de indicadores. Además, cuando el Insabi tomó el cargo del programa se detuvo el proceso de validación para la modificación del árbol de objetivos, de problemas y el diagnóstico del programa.
El análisis realizado por México Evalúa indica que el hecho de que el presupuesto se concentre en pocos programas y que la distribución geográfica no se defina o se asigne mayoritariamente en Ciudad de México compromete la meta de la política social de esta administración, y abre la puerta a la discrecionalidad en la entrega de los recursos.
Además, el estudio multicitado ha demostrado fallas en la identificación de los problemas a resolver mediante los programas, problemas en la ejecución, medición o publicación de avance de indicadores. Todo esto evita que comprobemos si los recursos que se destinan a estos programas tienen o no un impacto en el desarrollo social del país.
En el amparo en revisión 84/2020, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Instituto Mexicano del Seguro Social negó a uno de sus derechohabientes el suministro de un medicamento, reconocido por los médicos del propio organismo como indispensable para el tratamiento de su enfermedad, porque a pesar de estar contenido en el Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, no lo estaba en el Cuadro Básico de Medicamentos de dicha institución. Inconforme con lo anterior, el paciente acudió al juicio de amparo, en el cual, la Juez del conocimiento otorgó la protección de la Justicia Federal para el efecto de que se le proporcionara. Inconforme con lo resuelto, la autoridad responsable interpuso el recurso de revisión, en el cual, entre otras cuestiones, argumentó que la adquisición del medicamento solicitado tendría un impacto económico elevado, en perjuicio de sus demás obligaciones, e invocó como fundamento de su decisión el artículo 50 del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, que le confiere la facultad de decidir qué medicamentos comprar, en función de lo que dispongan sus políticas institucionales, el impacto y disponibilidad financieros correspondientes.
El Tribunal Colegiado de Circuito estableció que el ejercicio de la facultad discrecional del IMSS para decidir qué medicamentos del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud comprar, en función de lo que dispongan sus políticas institucionales, el impacto y disponibilidad financieros correspondientes, no debe tener como resultado una deficiente e insuficiente atención médica a sus derechohabientes sino, por el contrario, debe responder a la consecución de sus finalidades, como lo es garantizar el derecho a la salud de éstos, lo que incluye el suministro de los medicamentos considerados por los médicos del instituto como indispensables para el tratamiento de sus enfermedades.
En el amparo en revisión citado se menciona que, la discrecionalidad administrativa consiste en que el legislador confiere a determinadas autoridades, mediante una norma habilitante, la consecución de ciertos fines o consecuencias, pero sin describir y menos detallar los medios para conseguirlo, implicando que el órgano facultado disponga de libertad creativa para elegir o diseñar los medios que se estimen más adecuados. Tal función debe ejercerse con eficacia, razonabilidad y acorde con el fin previsto en la norma habilitante o valores y principios de los derechos fundamentales, que gobiernan la creación y operación del orden jurídico en su conjunto. El resultado debe ser orientar los recursos disponibles con la máxima eficiencia para el cumplimiento de la máxima expansividad y eficacia de los derechos fundamentales; de ahí que las deficiencias o impertinencias en políticas públicas, como es la regulación o limitación a los medicamentos que no se encuentren en el cuadro básico, no pueden ser razones válidas para restringir o anular discrecionalmente el núcleo mínimo de los derechos fundamentales, como lo son la vida y la salud, que los Jueces se encuentran obligados a proteger, en acatamiento al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Toda vez que en el artículo 29 de la Ley General de Salud, se establece la existencia del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, el cual determina la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud y a la letra dice que se “garantizará su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera”, es indispensable que el acceso a esa lista sea de forma gratuita para los derechohabientes y las personas sin seguridad social.
En el artículo 31 de la Ley que nos ocupa, se determina que la Secretaría de Economía, asegurará la adecuada distribución y comercialización y fijará los precios máximos de venta al público de los medicamentos e insumos, por lo que resulta viable, que dicha Secretaría sea la encargada de determinar las farmacias a las cuales podrán acceder los derechohabientes y las personas sin seguridad social para conseguir los medicamentos de manera gratuita.
Es por lo anterior, que se proponen las siguientes modificaciones a la Ley General de Salud, para dar garantía de acceso a los medicamentos de forma gratuita:
Por lo expuesto someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente Iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan el artículo 27 y 29 de la Ley General de Salud
Único. Se adicionan los artículos 27, fracción VIII, segundo párrafo y 29, segundo párrafo, ambos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 27. ...
I. ... a VII. ...
VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud;
Cuando los derechohabientes no tengan acceso gratuito a los medicamentos, en las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, estos podrán adquirirlos en las farmacias, que designe para tal efecto la Secretaría de Economía, y el pago de los mismos será sufragado por la Secretaría de Salud.
Las personas sin seguridad social podrán acceder a los servicios a que se refiere el párrafo anterior.
IX. ... a XI. ...
Artículo 29. ...
Para dar cumplimiento al párrafo anterior, las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, expedirán una receta médica especial, a aquellos derechohabientes, que habiendo solicitado medicamentos, y estos no se encuentren disponibles en las instituciones públicas, podrán hacer efectiva de manera gratuita, en las farmacias a las que hace referencia el artículo anterior de esta Ley.
Las personas sin seguridad social podrán acceder a los servicios a que se refiere el párrafo anterior.
TransitoriosPrimero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En un plazo que no excederá de ciento ochenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Secretaría de Salud establecerá la normatividad para las recetas médicas especiales.
Tercero. En un plazo que no excederá de ciento ochenta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Economía designará las farmacias a las que podrán acudir derechohabientes y personas sin seguridad social, para acceder gratuitamente a los medicamentos.
Notas
i Consultado en:
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-02/C OM_2020_060.pdf, fecha de consulta 22 de agosto de 2022.
ii Consultado en:
https://www.ohchr.org/es/stories/2017/03/access-essential-medici nes-fundamental-element-right-health, fecha de consulta 05 de agosto de 2022.
iii Consultado en:
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/MMP_2018_2020/N otas_pobreza_2020/Nota_tecnica_sobre_la_carencia_por_acceso_a_los_servicios_de_ salud_2018_2020.pdf, fecha de consulta 03 de agosto de 2022.
iv Consultado en:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/077/07/ PDF/G1507707.pdf?OpenElement, fecha de consulta 06 de agosto de 2022.
v Consultado en:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/077/07/ PDF/G1507707.pdf?OpenElement, fecha de consulta 06 de agosto de 2022.
vi Consultado en:
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2021/02/15/desaba sto-de-medicamentos-mexico-cancer-covid/, fecha de consulta el 06 de agosto de 2022.
vii Consultado en:
https://www.mexicoevalua.org/programas-de-subsidios-en-el-pef-20 22-la-persistente-opacidad/, fecha de consulta 20 de agosto de 2022.
viii Consultado en:
https://www.poderjudicialchiapas.gob.mx/archivos/manager/2DE7E14 5-4574-44C8-82EF-D646E419138B.pdf, fecha de consulta 01 de agosto de 2022.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputadas: María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, Jéssica María Guadalupe Ortega de la Cruz (rúbricas).»
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez. Y túrnese a la Comisión de Salud, para dictamen.
LEY FEDERAL DEL TRABAJO
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Steve Esteban del Razo Montiel, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 280 de la Ley Federal del Trabajo.
El diputado Steve Esteban del Razo Montiel:Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante, diputado.
El diputado Steve Esteban del Razo Montiel: Compañeras diputadas y compañeros diputados, libertad, justicia y ley. Hoy en este recinto legislativo esta frase debe hacer eco, no solo en nuestros oídos, sino también en nuestro ser por todo lo que representa.
Ante ustedes me permito hacer un llamado a la sensibilidad que implica el derecho laboral y, sobre todo, en lo que a los trabajadores del campo se refiere, toda vez que son ellos y su trabajo los que nos permiten disfrutar de todos los frutos que la tierra misma nos brinda.
Su labor y su papel, históricamente hablando, ha sido durante años infravalorado, pero antes, con las malas prácticas de los gobiernos anteriores. Hoy en este, que es el tiempo de la cuarta transformación, hablar sobre el tema no es solamente una responsabilidad sino también el acto más consciente que debemos hacer para proteger a los trabajadores del campo, toda vez que reconociendo sus derechos laborales, reconocemos el invaluable valor y la importancia que tiene su valor.
El objetivo de la presente iniciativa es adicionar los párrafos cuarto y quinto al artículo 280 de la Ley Federal del Trabajo. Para ello, reconocer las condiciones laborales del campo en nuestro país es necesario: sueldos muy por debajo de lo que la norma indica, presencia en algunos campos de menores de edad, a pesar de estar prohibido. Falta de derecho a la vivienda, falta de prestaciones y pago de las mismas, tales como son vacaciones, aguinaldo, horas extras, utilidades, nulos servicios de guardería, de salud, alta exposición a sustancias tóxicas y, en la mayoría de los casos, ningún tipo de seguridad social.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, estima que en México hay 5.5 millones de personas dedicadas al trabajo agrícola. De ellas, el 56 por ciento son personas agricultoras, y 44 por ciento trabajadores agrícolas de apoyo, peones o jornaleros. Además de que de cada 100, 24 hablan lengua indígena.
Por lo anteriormente expuesto es que a través de mi propuesta protegeremos a los trabajadores del campo eventuales, estacionales o permanentes, apoyándoles a que puedan no solamente realizar sus aportaciones voluntarias, sino también que estás puedan cubrir los servicios médicos y todos los demás derechos a los que debe tener acceso como trabajador.
Ya no más trabajadores de primera o de segunda. No toleremos a ser más vulnerables a los vulnerables. Basta ya de la doble vulnerabilidad de nuestros ciudadanos. Es nuestra obligación y parte de los motivos por los que estamos aquí. Así que démosle el justo valor a los trabajadores del campo, haciendo conciencia sobre los derechos laborales como derechos fundamentales y tal como lo dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en su histórico discurso del pasado 27 de noviembre.
Sigamos haciendo historia, continuemos impulsando el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias, pero, sobre todo, no olvidemos nuestro compromiso con el campo mexicano, porque por el bien de todos, primero los pobres.
Esta propuesta se enmarca en el modelo del humanismo mexicano planteado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Revolucionando conciencias estamos haciendo una nueva historia a legislar. Es cuanto.
«Iniciativa que reforma el artículo 280 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Steve Esteban del Razo Montiel, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Steve Esteban del Razo Montiel, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos cuarto y quinto al artículo 280 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de los derechos de los trabajadores del campo, al tenor de la siguiente
Exposición de MotivosSi bien es cierto todas y todos los trabajadores tienen derecho a ser inscritas (os) al IMSS para recibir la atención en salud, sin importar si su trabajo será por tiempo indefinido o temporal, también es cierto que en lo que a trabajadores del campo se refiere, la teoría dista mucho de la realidad.
Las condiciones laborales, en gran parte de los campos de nuestro país son un reto y muestran una gran área de oportunidad, no solo en el ámbito legislativo, sino también en la aplicación de la ley, y para muestra las cifras son muy claras al respecto. Entre 2006 y mediados de 2017, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social realizó 2,557 visitas de inspección a campos agrícolas, donde encontró 55,807 irregularidades, imponiendo 58.3 millones de pesos en multas, de la cuales las empresas han pagado aproximadamente el 2.5% derivado de los procedimientos y recursos legales a los que tienen derecho.
Dentro de todos los problemas en torno a los derechos laborales que se detectan entre los trabajadores del campo, encontramos: sueldos muy por debajo de lo que la norma indica, presencia en algunos campos de menores de edad a pesar de estar prohibido, no derecho a la vivienda por que los patrones no hacen las aportaciones correspondientes, no pago de vacaciones, aguinaldo, horas extras, utilidades, no servicios de guardería manejo de sustancias tóxicas, el caso de las familias jornaleras que son hacinada en pequeños cuartos, no acceso a guarderías y no acceso a ningún tipo de Seguridad Social.
Y es justamente en este sentido en el que tenemos que trabajar, toda vez que México ocupa el tercer lugar en producción agropecuaria en América Latina, los trabajadores del campo requieren también gozar de las garantías que sus funciones y labor requiere, garantizando así condiciones dignas de empleo y de seguridad social.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se estima que en México hay 5.5 millones de personas dedicada al trabajo agrícola. De ellas, 56% son personas agricultoras y 44% trabajadores agrícolas de apoyo, es decir, peones o jornaleros. De cada 100 trabajadores agrícolas, 24 hablan alguna lengua indígena.
En México, el trabajo agrícola representa el 4% del Producto Interno Bruto del país, de acuerdo con la Sagarpa, los productos agrícolas son la base de un gran número de actividades comerciales e industriales, con lo que su contribución sectorial al PBI de México supera el 9%. Cabe hacer mención que la actividad de los trabajadores del campo representa aproximadamente a 24 millones de mexicanos, casi la cuarta parte de nuestra población nacional.
A pesar de los anterior según el Inegi, sólo tres de cada 10 mujeres que laboran en el campo reciben un pago por su trabajo. En promedio el trabajo de jornalero es de 7.2 horas al día con un salario aproximado de 167.70 pesos, contando con contratos de 25 días que les impiden tener acceso a todas las prestaciones de ley que otras áreas laborales tienen.
Los problemas de salud derivados de las sustancias químicas que se ocupan en el campo no solo representan un riesgo sanitario sino también un tema de salud pública que hace más vulnerable a este sector, aunado a la falta de vigencia de derechos de seguridad social, se genera una situación de doble vulnerabilidad para los trabajadores del campo. Además de que muchos no cuentan con Seguro Social, podemos hacer mención que el Fondo de Ahorro para el retiro derivado de sus condiciones laborales y el ahorro para la vivienda, los deja en un estado sumamente vulnerable, motivo por el cual debemos prestar puntual atención a sus derechos laborales, toda vez que dar valor a las trabajadoras y a los trabajadores del campo es también darle valor a México.
Con la presente propuesta se busca garantizar el acceso a la Seguridad Social, y reducir el riesgo de vulnerabilidad de los trabajadores del campo cuando por enfermedad general, crónico degenerativa o catastrófica pudiera verse aquejado, además de garantizar un retiro digno y vivienda, mediante las aportaciones voluntarias cuando el trabajador del campo no tenga salvaguardados sus derechos por parte de un empleador. A modo tal que cuando sea empleado de forma estacional goce de sus derechos y cuando concluya su labor él pueda apoyarse de sus aportaciones para ir construyendo un retiro y vivienda digna, pero además que sea la forma en la que garantice su atención en el sistema de salud y el de su familia.
Sin importar el tipo de trabajador del campo del que se trate, sus derechos laborales deben de ser garantizados al igual que el de todos los trabajadores de los diferentes esquemas laborales en nuestro país.
Ley Federal del Trabajo
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
DecretoÚnico. Se adiciona el párrafo cuarto y quinto al artículo 280 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 280. ...
...
...
Las y los trabajadores del campo tendrán derecho a realizar aportaciones voluntarias para garantizar el acceso a un esquema de seguridad social, sin importar su condición de permanente, eventual o estacional.
Las aportaciones voluntarias del trabajador del campo serán complementarias con el fin de no quedar descubierto de sus prestaciones, las aportaciones voluntarias que hubiere realizado el trabajador del campo eventual, estacional o permanente, deberán de tomarse como aportaciones adelantadas, dependiendo del periodo de tiempo en el que se hayan realizado.
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 25 de octubre de 2022.– Diputado Steve Esteban del Razo Montiel (rúbrica).»
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, diputado Steve Esteban del Razo Montiel. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.
LEY DE VIVIENDA
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Óscar de Jesús Almaraz Smer, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda, suscrita por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. Adelante, diputado.
El diputado Óscar de Jesús Almaraz Smer:Con su permiso, presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante.
El diputado Óscar de Jesús Almaraz Smer: La pandemia nos dejó lecciones que aprender, nuevas formas y estrategias de trabajo, de convivencia y, sobre todo, de estudio. Debido a ello hoy son más las actividades que se realizan dentro de los hogares de las familias mexicanas.
Nuestros hijos, todos los días sin falta, realizan tareas escolares en casa. Las actividades productivas relacionadas con venta en línea aumentaron y todo esto desde casa. Ahora bien, nuestra Constitución establece, en su artículo 4o., que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda y que sea vivienda digna y decorosa. Por su parte, el artículo 2o. de la Ley de Vivienda considera que la vivienda debe cumplir con ciertas cualidades establecidas en disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos, construcción y salubridad.
Por ello, tenemos la oportunidad y la obligación de promover desarrollar acciones que permitan a las personas disponer de una vivienda adecuada. La iniciativa que presento este día tiene por objeto modificar la Ley de Vivienda en temas de iluminación saludable por concepto a que se refiere a la cantidad de iluminación requerida para cada actividad visual, a fin de promover un ambiente seguro y saludable en la realización de actividades cotidianas que se realizan por los habitantes de este país, ofrecer calidad de vida y evitar daños a la salud generados por cuestiones de falta de una iluminación correcta y saludable.
Desafortunadamente, se da por sentado que iluminación suficiente es la que desplaza la oscuridad, pero estudios formales han enseñado que una mala iluminación genera daños en la salud humana, como fatiga ocular, agotamiento, dolor de cabeza, estrés, sin mencionar que también puede ser origen de enfermedades psiquiátricas, neurológicas asociadas con el trastorno del sueño.
En México, la Norma Oficial Mexicana 025STPS2008 trata específicamente de las condiciones de iluminación y nos sirve como un referente de que la iluminación correcta, saludable trae consigo beneficios directos en la productividad y en la salud.
Si bien la norma mencionada tiene un campo de acción limitado al trabajo, es momento de que legislemos con miras de altura y pensando en la salud de las familias mexicanas. La reforma no genera impacto presupuestal, solo adecúa la norma de modo que el derecho a la vivienda de calidad se vea fortalecido al establecer que en el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales de cualquier tipo se considere que las viviendas cuenten con una iluminación saludable.
Agradezco a la Universidad Autónoma de Tamaulipas y a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo todo el apoyo que nos brindaron para la elaboración de esta iniciativa que al día de hoy presentamos. Es cuanto, presidenta.
«Iniciativa que reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda, suscrita por el diputado Óscar Almaraz Smer y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado Óscar Almaraz Smer, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, correspondiente a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 71 de la Ley de Vivienda, en materia de iluminación saludable.
Exposición de MotivosDe acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), “una vivienda es un espacio delimitado por paredes y techos de cualquier material, se construye para que las personas vivan ahí, duerman, preparen alimentos, los consuman y se protejan del medio ambiente. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 35,219,141 viviendas particulares habitadas.
A nivel nacional, 42 por ciento de las viviendas particulares habitadas tienen 2 dormitorios, 32 por ciento 1 dormitorio, 20 por ciento 3 dormitorios, 5 por ciento cuentan con 4 dormitorios y 1 por ciento tienen 5 dormitorios o más.
El 99 por ciento de las viviendas cuenta con el servicio de energía eléctrica.
Respecto a la iluminación, siempre se da por sentado que debe ser suficiente que desplace a la oscuridad. Asociamos la obscuridad con el descanso en el hogar. La iluminación que no sea adecuada puede provocar efectos en la salud de las personas, como la fatiga ocular, agotamiento, dolor de cabeza, estrés y hasta accidentes domésticos, sin menoscabo del daño en la vista, u obligar a una postura inadecuada y sus eventuales padecimientos musculares.
Mediante los ritmos circadianos el cuerpo vierte al torrente sanguíneo una serie de sustancias que fomentan la actividad durante el día y el descanso durante la noche. La duración y el momento de inicio y fin de esos ciclos son determinados por la luz natural, por lo que alterar la secuencia u orden de estos ritmos tiene un efecto negativo a corto plazo, como el conocido como jet lag (desfase horario) por los viajeros manifestado por síntomas de fatiga, desorientación e insomnio.
Algunos desórdenes psiquiátricos y neurológicos y algunos trastornos del sueño son asociados a funcionamientos irregulares de los ritmos circadianos. De forma que la luz solar es una reguladora tanto de la actividad como de las funciones corporales vitales en el organismo, haciendo de la iluminación adecuada una necesidad para la salud.
Las actividades desarrolladas en el hogar ameritan ser las indicadas en intensidad y calidad. La creciente utilización de lámparas de bajo consumo y el desarrollo de nuevas tecnologías de iluminación generan el debate sobre sus posibles perjuicios para las personas con enfermedades que las hacen fotosensibles.
En la Comisión Europea ha surgido un debate para emprender un análisis sobre los efectos de la exposición breve a rayos UV emanados de la luz artificial y la exposición prolongada a esos bajos niveles de radiación UV y el posible riesgo de desarrollar efectos adversos en la salud, e incluso las consecuencias en las personas fotosensibles, considerando que los fabricantes deben acercar a la autoridad más información y que los consumidores puedan elegir la lámpara más adecuada.
En México se cuenta con la Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo, que tiene por objetivo establecer los requerimientos de iluminación en las áreas de los centros de trabajo, para que se cuente con la cantidad de iluminación requerida para cada actividad visual, a fin de proveer un ambiente seguro y saludable en la realización de las tareas que desarrollen los trabajadores.
Si bien se han emprendido regulaciones para la salud de la persona en el trabajo, debe ser complementado con la iluminación saludable en los hogares mexicanos, con la finalidad de armonizar y complementar los esfuerzos emprendidos en los centros de trabajo.
A continuación, se presenta un cuadro comparativo con el que se ilustra la propuesta:
En concreto, la presente iniciativa busca que se incluya la iluminación saludable dentro de las acciones de política de vivienda.
Compañeras y compañeros, complementemos el marco legal que favorezca la salud de las personas en los hogares mexicanos, mediante la disposición expresa que llame a las autoridades a abordar el delicado problema de la iluminación saludable.
Por lo anteriormente expuesto, un servidor junto con las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente, proyecto de:
Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 71 de la Ley de Vivienda
Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 71 de la Ley de Vivienda, en materia de iluminación saludable, para quedar como sigue:
Artículo 71.- Con el propósito de ofrecer calidad de vida a los ocupantes de las viviendas, la Secretaría promoverá, en coordinación con las autoridades competentes tanto federales como locales, que en el desarrollo de las acciones habitacionales en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios asociados, se considere que las viviendas cuenten con los espacios habitables y espacios auxiliares suficientes en función al número de usuarios, provea de los servicios de agua potable, desalojo de aguas residuales y energía eléctrica con iluminación saludable que contribuyan a disminuir los vectores de enfermedad, así como garantizar la seguridad estructural y la adecuación al clima con criterios de sustentabilidad, eficiencia energética y prevención de desastres, utilizando preferentemente bienes y servicios normalizados.
(...)
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 V. Población. Viviendas (inegi.org.mx)
2 Ibid.
3 V. Cómo influye la iluminación en nuestra salud · Vivienda Saludable
4 Ibid.
5 V. Efectos de la luz artificial sobre la salud - Comisión Europea (europa.eu)
6 V. Secretaría del Trabajo y Previsión Social (dof.gob.mx)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de noviembre de 2022.– Diputado Óscar de Jesús Almaraz Smer (rúbrica).»
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputado Óscar de Jesús Almaraz Smer. Túrnese a la Comisión de Vivienda, para dictamen.
LEY DE MIGRACIÓN
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Olga Leticia Chávez Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 48 de la Ley de Migración.
La diputada Olga Leticia Chávez Rojas:Con la venia de la Presidencia.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Sí, adelante, diputada.
La diputada Olga Leticia Chávez Rojas: Hoy, vengo ante esta asamblea a presentar una iniciativa que ayudará a garantizar el pago de la pensión alimenticia para nuestros niños, niñas y adolescentes.
El derecho de alimentos se establece en el artículo 4o. constitucional como un derecho humano del menor, de lo que se advierte que el derecho de alimentos sea trascendido el campo de derecho civil involucrando los derechos humanos para que todo menor pueda ver satisfechas sus necesidades básicas, ya que el derecho de alimentos el cual engloba el vestido, la habitación, la asistencia médica, la educación y la recreación es directamente proporcional a las condiciones de bienestar de las niñas y de los niños para su sano desarrollo en todos los sentidos.
El incumplimiento, pago parcial o insuficiente de la pensión alimenticia daña la integridad física y moral de los menores, pues los alimentos están destinados a cubrir sus necesidades básicas de su existencia día con día, por lo que no puede quedar en capricho del deudor de cumplir con esta obligación.
Sin embargo, en nuestro país de acuerdo a cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 67.5 por ciento de las madres solteras no reciben pensión alimenticia, 3 de cada 4hijos de padres separados tampoco reciben pensión, lo que atenta contra el principio del interés superior de la niñez al vulnerar sus derechos de alimentación, nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica y recreación, dejando a miles de niños y niñas y adolescentes en un estado de indefensión y vulnerabilidad, en un contexto donde las brechas sociales y económicas se siguen profundizando.
Por ello, es urgente garantizar que los padres cumplan puntualmente con el pago de una pensión alimenticia para sus hijos menores de edad. Ya que, si bien en nuestro ordenamiento exigen diversas modalidades para garantizar el pago de alimentos como hipoteca, prenda, fianza, depósito o la detención de algún porcentaje del monto del salario del deudor alimenticio, esto no ha sido suficiente para asegurar el cumplimiento de otorga alimentos o bien la totalidad de ellos.
Ejemplo de ello es la salida del país del deudor alimentario, la cual genera diversas complicaciones para hacer elegible su obligación.
En apoyo a lo anterior, el Instituto para la Mujer, en la migración a sociedad civil, ha señalado que las obligaciones alimentarias internacionales esbozan grandes inconvenientes jurídicos, tanto de falta de regulación como de índole práctica, además, dicha hipótesis coloca en una situación de riesgo al menor, ante un posible incumplimiento del pago de la pensión alimenticia, valiéndose el principio de interés superior de la niñez.
Ya que conforme a dicho principio no es necesario que se generen daños o bienes a los derechos de los niños para que sean afectados, sino basta que estos coloquen en situación de riesgo, por lo que el Estado, como garante de este derecho humano, debe asegurar el cumplimiento de la obligación de dar alimentos, así como de tener una mejor elegibilidad en la vida interna.
Por todo ello, la presente iniciativa tiene como finalidad establecer la restricción migratoria como medida cautelar, ante la circunstancia de que el deudor pueda ausentarse temporal o definitivamente del país para garantizar el pago de la pensión alimenticia, hasta en tanto la misma no se encuentre debidamente garantizada.
Y hoy, compañeras y compañeros, espero que pronto la misma sea una realidad en beneficio de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Nada justifica el incumplimiento de la pensión alimenticia, defendamos a nuestros niños, no los abandonemos. Seguiremos luchando por los niños, las niñas y adolescentes en el Grupo Parlamentario de Morena y por lo pronto nuestro presidente, primero los pobres. Es cuanto, gracias.
«Iniciativa que reforma el artículo 48 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Olga Leticia Chávez Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena
La diputada Olga Leticia Chávez Rojas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 y los demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 48 de la Ley de Migración.
Exposición de MotivosLa Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 4o., párrafo noveno, que las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
De dicho precepto constitucional se advierte que el derecho de alimentos ha trascendido el campo del derecho civil involucrando derechos humanos, para que todo menor pueda ver satisfechas sus necesidades básicas, esto debido al papel fundamental e indispensable que juegan en la subsistencia y sano desarrollo de las y los niños; caracterizándose como un derecho fundamental.
Sumado a lo señalado, el artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país el 21 de septiembre de 1990, dispone que los Estados parte deben tomar todas las medidas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera del niño o la niña, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero.
Esto último conlleva la obligación a las autoridades del Estado para adoptar, en el ámbito de sus competencias, aquellas medidas que resulten idóneas y necesarias para garantizar la protección alimentaria a las y los niños.
Aunado ello, cabe citar que el artículo 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos...”
Por su parte, el párrafo segundo del artículo 2, de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece:
El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que México forma parte.
De igual manera la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3, párrafo 1, señala que: “...en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas a través de su Comité de los Derechos del Niño, ha señalado que “el principio del interés superior del niño se aplica a todas las medidas que afecten a los niños y exigen activas, tanto para proteger sus derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar”.
De lo anterior se prevé que el interés superior del menor exige la garantía plena de los derechos de niñas y niños, principio que debe atenderse en cualquier decisión que les afecte, como se precisa en el siguiente criterio jurisprudencial que al rubro se inserta:
Derechos de las niñas, niños y adolescentes. El interés superior del menor se erige como la consideración primordial que debe de atenderse en cualquier decisión que les afecte.
El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el “interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes”; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, “se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales”. Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe “en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño”, lo que significa que, en “cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá”, lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas —en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras— deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate.
Tesis de jurisprudencia 113/2019 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión privada del diez de julio de dos mil diecinueve.”
En este orden de ideas el interés superior es un principio que está implícito en la regulación constitucional de los derechos del niño, por lo que existe un mandato de tutela que refuerza sus derechos, con el cual se exige que los alimentos sean verdaderamente garantizados.
Bajo esta premisa, si bien en nuestro ordenamiento positivo vigente existen diversas modalidades para garantizar el pago de alimentos: hipoteca, prenda, fianza, depósito o la retención de un porcentaje o monto del salario del deudor alimentario, en ocasiones estas no son suficientes para asegurar el cumplimiento de otorgar alimentos o bien la totalidad de ellos.
Ejemplo esto último, es la salida del país del deudor alimentario, la cual eventualmente podría generar diversas complicaciones para hacer exigible su obligación.
Por ello, el 21 de abril de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración; que a la letra se inserta:
Artículo 48. La salida de mexicanos y extranjeros del territorio nacional podrá realizarse libremente, excepto en los siguientes casos:
I. a V. ...
VI. Las personas que, en su carácter de deudoras alimentarias, dejen de cumplir con las obligaciones que impone la legislación civil en materia de alimentos por un período mayor de sesenta días, previa solicitud de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de las excepciones previstas por la legislación civil aplicable, así como de aquellas conductas consideradas como delitos por las leyes penales correspondientes. Para efectos de esta fracción y tratándose de extranjeros, el Instituto definirá su situación migratoria y resolverá con base en lo que se establezca en otros ordenamientos y en el reglamento de esta ley.
...
A través de este precepto jurídico se impide a la persona que se encuentran en mora en el pago de los alimentos salga del país hasta en tanto no cubran el total del adeudo, ya que son muchos los deudores alimentarios que no cumplen con sus obligaciones, dejando a las familias, especialmente a los menores sin lo indispensable para su subsistencia.
Por lo que el Estado como garante de este derecho humano, a través de dicha norma contribuye asegurar el cumplimiento de la obligación alimentaria, al restringir la libertad de tránsito a los deudores alimentarios que no cumplan con sus obligaciones, hasta en tanto no liquiden el total de su adeudo.
Cabe señalar que el aludido precepto jurídico fue materia de controversia constitucional, por la supuesta contravención a la libertad de tránsito; sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación verificó su constitucionalidad.
Empero, si bien la restricción de tránsito al deudor alimentario contribuye en algún grado al cumplimiento de la obligación alimentaria, esta únicamente se aplica cuando el obligado a otorgar alimentos ya se encuentra en mora; no así para garantizar el pago de una pensión hacia el futuro ante la circunstancia de que el deudor alimentario pretenda ausentarse temporal o definitivamente del país, es decir, como medida cautelar para una mejor exigibilidad vía interna.
Esto último ya que las obligaciones alimentarias internacionales esbozan inconvenientes jurídicos, tanto de falta de regulación como de índole práctica, muestra de ello la información obtenida por el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC, que señala que el procedimiento para cobrar la pensión alimenticia en Estados Unidos de Ámerica, se sustenta en la Convención de las Naciones Unidas para el cobro de alimentos en el extranjero (1956) y en la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias (1989) y en el Programa para el Cobro de Pensiones Alimenticias México-Estados Unidos, conforme a la Ley Uniforme Interestatal para el Sostenimiento Familiar (UIFSA). Y que en nuestro país la gran mayoría de los casos se llevan a cabo mediante este último programa; sin embargo, no todos los estados de EUA han adoptado esta legislación, ni los mecanismos necesarios para llevar a cabo el trámite de la pensión alimentaria, a lo que suma que México entra al Convenio de la UIFSA en calidad de estado, no de país por lo que el mismo no es vinculante.
Se precisa que nos enfocamos en la Legislación para el cobro de pensiones alimenticias México-Estados Unidos, ya que de acuerdo a la información contenida en el Anuario de Migración y Remesas 2020, la población mexicana migrante se concentra en América del Norte, tan sólo en Estados Unidos se encuentra 97.4 por ciento y en Canadá 0.73, teniendo presencia menor en Europa del sur, Europa occidental, América del Sur y América Central, y en otras subregiones. A nivel país, en esas subregiones destacan España, Guatemala, Alemania, Francia, Reino Unido, Bolivia e Italia.
Al observarse la problemática existente en el marco jurídico internacional para el cobro de la pensión alimenticia en el exterior, resulta apremiante se actualice en nuestra legislación a la restricción migratoria como medida cautelar para garantizar el pago de una pensión hacia el futuro, hasta en tanto la misma no se encuentre debidamente garantizada, ante la circunstancia de que el deudor pueda ausentarse temporal o definitivamente del país.
Es importante señalar que actualmente países como el Salvador y Honduras en sus ordenamientos jurídicos ya reglamentan como medida cautelar para el pago de alimentos, la restricción migratoria en tanto el deudor alimenticio no deje garantizada esta obligación.
Para mejor comprensión enlisto los artículos 258 y 267 del Código de Familia de la República del Salvador y 78 del Código de la Niñez y Adolescencia de Honduras:
Código de Familia de la República de El Salvador:
Artículo 258. El Tribunal de Familia, de Paz o el Procurador General de la República a petición de parte, podrá ordenar que una persona obligada al pago de alimentos provisionales o definitivos, por sentencia, resolución administrativa o convenio, no pueda salir del país mientras no caucione previa y suficientemente dicha obligación. La resolución por medio de la cual se ordene la restricción migratoria deberá ser emitida dentro de las veinticuatro horas siguientes a la prestación de la solicitud.
Artículo 267. El juez ordenará de oficio la cancelación de la anotación preventiva de la demanda cuando se absolviere al demandado o se le presente por el alimentante garantía suficiente que cubra la pensión alimenticia fijada por resolución judicial, por todo el tiempo que faltare para que el menor alimentario llegue a su mayoría de edad, o por período no inferior a cinco años a las personas establecidas en el artículo 248 de este Código. También procederá dicha cancelación cuando se consignare la cantidad de dinero suficiente para el pago de los alimentos, por los mismos períodos a que se refiere el inciso anterior.”
Código de la Niñez y adolescencia de Honduras:
Artículo 78. El juez podrá, a solicitud de parte o de oficio, ordenar que se den alimentos provisionales desde la admisión de la demanda si aparece prueba siquiera sumaria de la capacidad económica del demandado y de la existencia de la obligación alimentaria. Dará inmediato aviso, además a las autoridades migratorias para que el demandado no pueda ausentarse del país sin prestar garantía suficiente que respalde el cumplimiento de la señalada obligación.
Los alimentos provisionales se concederán sin perjuicio del reembolso de su valor, si el demandado prueba que no está obligado a proveerlos.
De la lectura a los citados preceptos legales se advierte de manera irrefutable que tales naciones regulan en sus ordenamientos legales, como medida cautelar, la restricción migratoria del obligado a proporcionar alimentos en tanto no tenga debidamente garantizada la prestación alimenticia.
Con dicha medida los citados Estados garantes, aseguran el cumplimiento de la obligación de dar alimentos, así como tener una mejor exigibilidad en la vía interna, en el supuesto de que el obligado alimentario salga de su país.
Lo que resulta necesario se reglamente en nuestro país, ya que conforme principio de rango constitucional del interés superior del niño, en toda situación donde se vean involucrados niños, niñas y adolescentes se deben de proteger y privilegiar sus derechos.
Además de que la plena observancia de dicho principio exige, entre otras cosas, tomar en cuenta los aspectos dirigidos a proteger y garantizar el desarrollo de los menores y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores en el proceso de elaboración de leyes.
Por lo que resulta apremiante que nuestra legislación asegure el pago de alimentos para los y las niñas, ante la posible salida del país de la persona obligada a otorgarlos, ponderándose en cada caso, según sus circunstancias, la garantía que resulte suficiente y apropiada.
Ya que la salida del país del obligado alimentario coloca en una situación de riesgo al menor, ante el posible incumplimiento del pago de la pensión alimenticia, violentándose el principio del interés superior de la niñez, ya que conforme a dicho principio no es necesario que se genere un daño a los bienes o derechos de los niños para que se vean afectados, sino que basta con que éstos se coloquen en una situación de riesgo.
Lo anterior, se sustenta con lo señalado en la siguiente tesis:
Derechos de los niños. Basta con que se coloquen en una situación de riesgo para que se vean afectados.
El principio de interés superior implica que los intereses de los niños deben protegerse con mayor intensidad, por lo que no es necesario que se genere un daño a los bienes o derechos de los niños para que se vean afectados, sino que basta con que éstos se coloquen en una situación de riesgo. Aquí conviene hacer una precisión sobre el concepto de riesgo. Si éste se entiende simplemente como la posibilidad de que un daño ocurra en el futuro, es evidente que la eventualidad de que un menor sufra una afectación estará siempre latente. Cualquier menor está en riesgo de sufrir una afectación por muy improbable que sea. Sin embargo, ésta no es una interpretación muy razonable del concepto de riesgo. Así, debe entenderse que el aumento del riesgo se configura normalmente como una situación en la que la ocurrencia de un evento hace más probable la ocurrencia de otro, de modo que el riesgo de que se produzca este segundo evento aumenta cuando se produce el primero. Aplicando tal comprensión a las contiendas donde estén involucrados los derechos de los menores de edad, y reiterando que el interés superior de la infancia ordena que los jueces decidan atendiendo a lo que resultará más beneficioso para el niño, la situación de riesgo se actualizará cuando no se adopte aquella medida que resultará más beneficiosa para el niño, y no sólo cuando se evite una situación perjudicial.
Cabe señalar, que le restricción migratoria como medida cautelar para garantizar el pago de una pensión hacia el futuro, hasta en tanto la misma no se encuentre debidamente garantizada, ante la circunstancia de que el deudor pueda ausentarse temporal o definitivamente del país, no violentaría en ninguna forma el derecho a la libertad de tránsito tutelado en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece:
Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.
...
Ya que la Suprema Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el Estado puede definir de manera precisa y mediante una ley los supuestos excepcionales en los que la autoridad puede establecer como medida la prohibición de abandonar el país a determinada persona.
Además de que esta medida cumpliría con el test de proporcionalidad, para analizar medidas legislativas que intervengan con un derecho fundamental. Al corroborarse que se apega a los siguientes requisitos:
i) Legalidad
La restricción de salida del país para obligados alimentarios, que pretendan salir temporal o definitivamente de territorio mexicano se encontrará prevista en la Ley de Migración
ii) Finalidad
La finalidad del presente decreto, consistente en hacer cumplir el derecho de alimentos del menor de edad, en tutela del principio constitucional del interés superior del menor, mediante la restricción de la salida del país del obligado alimentario, hasta en tanto no garantice el pago de la pensión por el tiempo que se encuentre fuera de territorio nacional.
iii) Idoneidad
La presente iniciativa no pretende que con dicha restricción se alcance el cumplimiento de todos los casos de pensión alimenticia, sino que esta va dirigida al caso concreto de que el obligado pretenda salir del país ya sea de manera temporal o definitivamente por cualquier razón.
En este orden de ideas, esta reforma intenta que el obligado alimentario garantice el pago de la pensión alimenticia para el menor, en tanto se encuentre fuera del territorio nacional.
iv) Necesidad
Si bien para dar cumplimiento al pago de alimentos, nuestra legislación establece diversas modalidades para garantizarla, como: hipoteca, prenda, fianza, depósito o la retención de un porcentaje del salario del obligado alimentario, en ocasiones estas no son suficientes para garantizar su debido cumplimiento.
Ya que aun cuando el embargo de bienes puede ser una medida apta para hacer cumplir el pago de la pensión alimenticia, esta no garantiza de manera expedita la liquidación de la pensión, requiere de todo un procedimiento que debe agotarse, el cual puede demorar el cumplimiento de la obligación frente a las necesidades del acreedor, lo que pondría en riesgo el desarrollo integral del menor.
v) Proporcionalidad
Esta medida resulta razonable para restringir temporalmente el derecho de libertad de tránsito, ya que frente a la misma prevalece el principio constitucional del interés superior de la niñez, particularmente respecto del derecho de alimentos.
Por lo expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio se presenta ante esta honorable soberanía, el siguiente
Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 48 de la Ley de Migración
Artículo único: Se reforma a fracción VI, del artículo 48, de la Ley de Migración para quedar de la siguiente manera:
Artículo 48. La salida de mexicanos y extranjeros del territorio nacional podrá realizarse libremente, excepto en los siguientes casos:
I. a V. ...
VI. La persona obligada al pago de alimentos, previa solicitud de la autoridad judicial, no podrá asuntarse del país, hasta tanto no garantice dicha obligación por todo el tiempo que se encuentra fuera del territorio nacional, debiendo ponderarse en cada caso, según sus circunstancias, la garantía que resulte apropiada y bastante para ello.
Así como, las personas que en su carácter de deudoras alimentarias, dejen de cumplir con las obligaciones que impone la legislación civil en materia de alimentos por un período mayor de sesenta días, previa solicitud de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de las excepciones previstas por la legislación civil aplicable, así como de aquellas conductas consideradas como delitos por las leyes penales correspondientes. Para efectos de esta fracción y tratándose de extranjeros, el instituto definirá su situación migratoria y resolverá con base en lo que se establezca en otros ordenamientos y en el reglamento de esta ley.
...
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Instituto para las Mujeres en la Migración A.C, ¿QUÉ NOS CUENTAN, PENSIONES ALIMENTICIAS", recuperado de:
http://imumi.,org/documentos/pensionesalimentarias.pdf.
2 Serreano et al, "Anuario de Migración y Remesas 2020", recuperado de
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Anuario Migracion y Remesas 2020.pdf.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de octubre de 2022.– Diputada Olga Leticia Chávez Rojas (rúbrica).»
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputada Olga Leticia Chávez Rojas. Túrnese a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.
Esta Presidencia saluda a estudiantes y académicos de la Federación de Jóvenes Estudiantes de la Universidad de Londres, del estado de Querétaro, quienes están ahí en galerías, un saludo a todos ustedes, quienes son invitados también del diputado Felipe Fernando Macías Olvera, del PAN. Bienvenidos a la casa del pueblo.
LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Y LEY DE AGUAS NACIONALES
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Tiene el uso de la palabra, la diputada Gabriela Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y de la Ley de Aguas Nacionales, en materia de empresas tractoras.
La diputada Gabriela Martínez Espinoza:Con su venia, presidenta.
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante, diputada.
La diputada Gabriela Martínez Espinoza: Honorable asamblea, el día de hoy me presento ante ustedes, diputadas y diputados, para poner a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes de Desarrollo Rural Sustentable y de Aguas Nacionales, a partir de las siguientes consideraciones:
Según el doctor en ciencias agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de México, Francisco Herrera Tapia, en su ensayo Enfoques y políticas de desarrollo rural en México, existe una dicotomía entre lo rural y lo urbano, la cual tiene una larga historia de intentos por dividir la sociedad en dos mundos geográficos, para así poder situar y calificar a la población de acuerdo con la forma de interactuar con su medio ambiente.
Este investigador afirma que los rural es sinónimo de la falta de desarrollo en comparación a lo urbano. Afirma que lo rural se encuentra objetivado por un marco de actuación del gobierno y agentes institucionales que fomentan el desarrollo de los espacios considerados como rurales.
Si consideramos cierto lo que afirma este investigador, el campo mexicano debe de seguir transitando hacia esa modernización, la cual parte desde el México independiente, el cual transitó por varios conflictos sociales hasta llegar a esta cuarta transformación.
Una de las grandes posibilidades para alcanzar una política integral para el campo es atender el campo para resolver nuestra soberanía alimentaria como país.
Hoy, más que nunca, debemos de revalorizar los derechos de los campesinos y de las personas que viven en el medio rural. De acuerdo al diagnóstico de las actividades productivas del campo se realizan dos tipos de actividades agropecuarias en el país, la primera conocida como agricultura climáticamente inteligente, o agricultura de exportación, caracterizada principalmente por tenerlo todo. Y la otra, conocida como agricultura tradicional, caracterizada por la falta de liquidez, la desorganización, mínimo acceso o ino-portuno financiamiento, baja rentabilidad de la producción agrícola, bajos niveles de eficiencia en el riego, deterioro en la infraestructura hidroagrícola, disponible y comercialización secuestrada por intermediarismo.
Ante este panorama es la necesidad de implementar un programa para establecer medidas técnicas agroalimentarias y productivas que mejoren la productividad del campo mexicano, donde la infraestructura rural aproveche elementos como los que actualmente tienen los distritos y unidades de riego del país, los cuales han demostrado tener todo lo que se necesita para impulsar el verdadero desarrollo rural en México.
En términos generales, el área de riego del país se irriga en un 67 por ciento con agua superficial y un 33 por ciento con agua de bombeo y son los 86 distritos de riego y 50 mil 735 unidades de riego quien, mediante concesiones asignadas y organizados en asociaciones civiles de usuarios, prestan los servicios y apoyos a sus miembros usuarios productores para eficientar el uso de riego agrícola.
Para ello uno de los objetivos de la presente iniciativa es que este tipo de figuras productivas, no solo se conjunten, sino que su actividad se desarrolle bajo un modelo de desarrollo rural productivo y agroalimentario, a través de acciones productivas modernas, opciones para reducir la pobreza y, desde luego, aquellas opciones productivas de desarrollo sostenible.
El instrumento para alcanzar el éxito de estas reformas que se plantean es a través de la conformación y puesta en marcha de empresas tractoras. Es decir, facultar a los distritos y unidades de riego a conformar este tipo de figuras contempladas como sociedades mercantiles en el marco jurídico vigente.
Las empresas tractoras tienen como propósito que los módulos, distritos y unidades de riego continúen prestando el servicio de riego con alta eficiencia optimizando el recurso agua para maximizar la producción y el valor de la producción agrícola, así como labores de administración, conservación y mantenimiento de la infraestructura a su cargo y se conviertan en instrumentos de crecimiento y desarrollo económico con criterios de desarrollo sostenible a nivel de territorios.
Siendo así, los módulos de riego son asociaciones civiles con fines no lucrativos, las sociedades de usuarios en cambio son lucrativas, al darles el enfoque de empresas tractoras, los distritos de riego podrán recuperar su fuerza como organismo de Estado y se fortalecerá como organismo regulador.
Como empresas tractoras las sociedades de usuarios pueden asumir funciones económicas como empresas de servicios a la producción. Esta reforma también va dirigida a las familias mexicanas, sobre todo aquellas que se dedican a la producción del campo mexicano.
Mientras exista una mejor distribución del vital líquido en el trabajo del campo, habrá una mayor producción —y de eso estoy convencida— y ese impulso lo pueden dar estas empresas tractoras. Con la aprobación de esta iniciativa se fomentará el desarrollo económico...
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Concluya, diputada.
La diputada Gabriela Martínez Espinoza: ...la economía y se contará así con más y mejores empleos, más y mejores empresas...
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Concluya, diputada.
La diputada Gabriela Martínez Espinoza:...que es lo que requiere el país. Es cuanto, señora presidenta.
«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Desarrollo Rural Sustentable, y de Aguas Nacionales, en materia de empresas tractoras, a cargo de la diputada Gabriela Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada Gabriela Martínez Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes de Desarrollo Rural Sustentable y de Aguas Nacionales, para establecer medidas técnicas agroalimentarias y productivas que mejoren la productividad del campo mexicano, conforme a la siguiente:
Exposición de MotivosSegún el Doctor en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales y profesor del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México, Francisco Herrera Tapia, en su ensayo “Enfoques y Políticas del Desarrollo Rural en México: Una revisión de su construcción institucional” actualmente existe una dicotomía entre lo “rural” y lo “urbano”, la cual tiene “una larga historia de intentos por dividir a las sociedades en dos mundos geográficos de asentamientos humanos, para así poder situar y calificar a la población de acuerdo con la forma de interactuar con el medio físico-ambiental.”
En ese sentido hace una diferencia conceptual de lo “rural” de lo “urbano”, enfatizando en que se suele distinguirse lo rural de lo urbano en “la intensidad y las formas de relación entre el orden social y natural”.
Este académico e investigador afirma que lo rural es sinónimo de la falta de desarrollo en comparación a lo urbano; afirma que lo rural se encuentra objetivado por un marco de actuación del gobierno y agentes institucionales que fomentan el desarrollo de los espacios considerados como rurales y el equilibrio de su situación desventajosa respecto del medio urbano. En ese sentido, afirma que la definición de desarrollo rural remite “a una condición deseable de bienestar para los habitantes de un territorio considerado —según ciertos parámetros y calificaciones— como rural”.
También menciona que la palabra “rural” viene del latín ruralis, de rus que significa “campo”, y el término está asociado a la “rusticidad”. Por lo tanto, menciona, “el campo se convierte en el objeto del desarrollo, se entiende que las personas y el territorio que conforman un ámbito rural poseen una dinámica social que debe ser cambiada mediante el desarrollo (modernización)”. Por otra parte, apunta que el término “desarrollo” busca “un estado de perfección abierto al futuro, e incluye quitar aquello que se considera atrasado y, por lo tanto, las prácticas sociales del medio rural tenderán a cambiarse por otras en las que subyace la idea de cambio o transformación”.
Si consideramos cierto lo que afirma este académico, consideramos que el campo mexicano debe seguir transitando hacia esa modernización, la cual parte desde el México Independiente, el cual transitó por varios conflictos o transformaciones sociales hasta llegar a esta cuarta transformación.
Nuestro actual gobierno se ha preocupado por ayudar a los que menos tienen. Como lo ha afirmado la investigadora Elena Lazos, “... Los tres pilares para el campo que fueron planteados por López Obrador desde su campaña electoral son; incrementar la productividad, hacer una agricultura muy sustentable y alcanzar una agricultura más incluyente...”, y atendiendo a esa filosofía política es que la presente propuesta, ya que no sólo se busca ayudar al campo por medio de subsidios, sino que lo que se pretende es aplicar el paradigma “por el bien de todos, primero los pobres”, tal como se cumple parcialmente al campo a través de programas como “Sembrando vida”, el cual ha cumplido su objetivo principal: “no olvidar a los más necesitados y darles lo que se merecen por su trabajo, tierras y exportaciones”.
El campo. La asignatura pendiente.
Una de las grandes posibilidades para alcanzar una política integral para el campo mexicano y desde luego, participar como protagonista de la 4 Transformación de nuestra historia y en el rescate de la nación, del campo y de nuestra soberanía alimentaria como país, fue sin duda, el pacto denominado Plan de Ayala Siglo XXI 2.0, firmado por nuestro presidente AMLO y el esfuerzo de las organizaciones campesinas, indígenas, afroamericanos, jornaleros agrícolas, migrantes, profesionales del campo y del magisterio rural el día 10 de abril del 2018 en la Ciudad de Jerez de García Salinas, Zacatecas.
Dada la importancia de dicho pacto, nuestro Presidente reconoce poner por encima de sus intereses particulares, los intereses colectivos superiores de México, el campo y la soberanía alimentaria, y desde luego convertir ese pacto en la agenda principal para la transformación de las condiciones de vida y de trabajo para los hombres y mujeres del campo mexicano. Incluso los que han tenido que emigrar por coacción económica a los estados unidos.
Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, asume que en el sexenio 2018-2024 el pacto Plan de Ayala Siglo XXI 2.0, además de considerarlo estratégico y de interés público, será para revalorizar plenamente los derechos del campesinado, de los indígenas y las comunidades afroamericanas, reconociendo terminar con la pobreza y los derechos siguientes:
1. Derechos a los campesinos a la tierra.
2. Derechos al trabajo del asalariado rural.
3. Derecho de las mujeres.
4. Derechos de los jóvenes al campo.
5. Derechos de los pueblos originarios.
6. Derecho a la alimentación y soberanía alimentaria.
7. Derechos campesinos s la alimentación segura y de calidad.
8. Derecho a una vida buena y servicios públicos de calidad.
9. Derecho al territorio y a los recursos naturales como bienes colectivos.
10. Derecho a una naturaleza sana y a tecnologías respetuosas de la vida.
11. Derecho a la vida y a la seguridad
12. Derecho a una política integral para el campo.
13. Derecho a la libertad y a la verdadera democracia.
La suscripción de este Pacto, representaba el inicio de un nuevo Modelo de Desarrollo Rural que contenía como ejes: la Soberanía Alimentaria; la política de Estado; la reorientación del gasto público hacia las pequeñas unidades de producción; el comercio con una agenda de desarrollo; la Agroecología; la defensa del Territorio, el Ejido, las Comunidades; las Aguas y la Biodiversidad; el Derecho a la Agroalimentación Nutricional y a la vida libre de violencia.
En esa virtud, la suscrita considera en principio retomar las bases de estos acuerdos, sobre todo, lo relativo al derecho a una política integral para el campo y al eje central; la defensa del territorio, el ejido, las comunidades; las aguas y la biodiversidad y el derecho a la agroalimentación nutricional.
El campo mexicano y sus dos tipos de actividad agropecuaria
De acuerdo al diagnóstico de las actividades productivas del campo, se realizan dos tipos de actividad agropecuaria en el país. la primera, conocida como “Agricultura Climáticamente Inteligente” (CSA) o “Agricultura de Exportación”, caracterizada principalmente por:
• Agricultura de Conservación (siembras directas, rotación de cultivos)
• Uso eficiente de pesticidas, herbicidas e impulso a la fertilización orgánica.
• Sistema de Agricultura Protegida.
• Uso eficiente y manejo del agua (riego por goteo)
• Sistemas integrados tecnológicamente a la toma de decisiones.
• Campo liderado por los propios agricultores (campo minado).
• Interés federal por proporcionar apoyos (balanza comercial)
Y la otra conocida como “Agricultura Tradicional”, caracterizada, por la falta de liquidez; insuficiencia de recursos para aportar las contrapartes en los diferentes programas de apoyos de Gobierno federal; asociaciones de trabajo desorganizadas, acceso inoportuno a financiamientos; baja rentabilidad de la producción agrícola; bajos niveles de eficiencia en el riego; deterioro de la infraestructura hidroagrícola disponible, y comercialización secuestrada por el intermedialismo
Ante este panorama, de ahí, la necesidad de implementarse un programa para establecer medidas técnicas agroalimentarias y productivas que mejoren la productividad del campo mexicano, donde la infraestructura rural aproveche elementos como lo son los que, actualmente tienen los distritos y unidades de riego del país, los cuales han demostrado tener todo lo que se necesita para impulsar el verdadero desarrollo rural en los Estados Unidos Mexicanos.
Como se aprecia del siguiente cuadro, de los 86 Distritos de Riego (DR) del país considerados de grande irrigación, se tienen: 55 DR mayores de 10 mil a 100 mil hectáreas, 24 DR que se integran por pequeñas zonas de riego menores de 10,000 has que totalizan 136 mil 680 has, y 07 DR con 242 mil 984 ha que se integran de zonas de riego dispersas en un estado que no comparten las mismas fuentes de abastecimiento.
En cuanto a la situación actual de las Unidades de Riego (UR) del país, el diagnostico general arroja una superficie promedio de las UR es de 79.4 has y un tamaño de parcela de 5.2 has, aunque para la tenencia ejidal es de 3.1 has y para la pequeña propiedad de 12 has. 11,647 UR tienen una superficie mayor a la UR promedio y 39,088 una superficie menor. La UR registrada más grande en superficie (Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego de Desarrollo Rural Alfredo V. Bonfil) tiene 11,009 ha y está localizada en el municipio de Cuitláhuac en el estado de Veracruz.
• El 35 por ciento de la superficie es abastecida por fuentes superficiales y 65% por fuentes subterráneas.
• Se tienen 50 mil 735 UR en el país, 13 por ciento es abastecido por fuentes superficiales y 87 por ciento por fuentes subterráneas.
• Se estiman 780 mil 870 usuarios en la UR, que son abastecidas en 47 por ciento de fuentes superficiales y 53 por ciento por fuentes subterráneas.
• La UR con mayor número de usuarios tiene 13 mil 933 (Unión Rural de La Presa Tepatitlán, AC, en el estado de México).
• Los siete principales estados donde se concentra 38 por ciento de la superficie regable nacional de las UR son: Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, y Michoacán.
• Nayarit es el estado que tiene la mayor superficie promedio de las UR con 314.5 hectáreas por UR.
• Después de la ciudad de México (455 usuarios), el estado de México tiene el mayor número de usuarios promedio por UR por estado (168 usuarios)
En términos generales el área de riego del país, se irriga en un 67 por ciento con agua superficial y un 33 por ciento con agua de bombeo; y son los distritos y unidades de riego quien mediante concesiones asignadas y organizados en asociaciones civiles de usuarios prestan los servicios y apoyos a sus miembros usuarios productores para eficientar el uso de riego agrícola, planear sus opciones productivas y facilitar la administración de los sistemas e infraestructura de riego, asi como su participación en el desarrollo hidráulico y rural de México.
Situación actual de distritos y unidades de riego.
Para ello, uno de los objetivos de la presente iniciativa es que este tipo de figuras productivas (DR y UR) no solo se conjunten, sino su actividad central se desarrolle bajo un modelo de desarrollo rural, productivo y agroalimentario a través de acciones productivas modernas, opciones productivas para reducir la pobreza extrema y desde luego, aquellas opciones productivas de desarrollo sostenible, que promuevan la productividad, el Desarrollo Rural Sustentable e Integral con crecimiento económico y social, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de las cuencas hidrológicas en el país.
El instrumento central precisamente para alcanzar el éxito de estas reformas que se plantean es a través de la conformación y puesta en marcha de empresas tractoras. Es decir, facultar a los distritos y unidades de riego a conformar este tipo de figuras contempladas como sociedades mercantiles en el marco jurídico vigente, para convertirse en verdaderos instrumentos de Inversión, crecimiento y desarrollo económico del campo mexicano.
Las empresas tractoras, son aquellas que fomenta el crecimiento y desarrollo económico a nivel regional, representa un mercado fundamental para las pequeñas y medianas empresas y genera actividad económica incluso a nivel nacional y global.
Las empresas tractoras, tienen como proposito que los modulos, distritos y unidades de riego, continúen prestando el servicio de riego con alta eficiencia optimizando el recurso agua para maximizar la producción y el valor de la producción agrícola, asi como labores de administración, conservación y mantenimiento de la infraestructura a su cargo, y se conviertan en verdaderas empresas e instrumentos que fomentan el crecimiento y desarrollo económico con criterios de desarrollo sostenible a nivel de territorios, toda vez que ya cuentan con estructura organizacional, personal calificado, maquinaria y equipos, innovan y activan la economía local, ya que generan empleo y subcontratan servicios.
Siendo así, los módulos de riego son Asociaciones Civiles con fines no lucrativos, las Sociedades de usuarios en cambio son lucrativas, al darles el enfoque de empresas tractoras, Los distritos de riego (Conagua) podrían recuperar su fuerza como organismos de estado incorporándoles capacidad recaudatoria y fortaleciéndolos como parte del organismo regulador. Como empresas tractoras las Sociedades de Usuarios pueden asumir funciones económicas como empresas de servicios a la producción.
Es decir, lo que se pretende es generar nuevas empresas que sean instrumento de vinculación y gestión entre los usuarios productores en la formalización de todas aquellas acciones productivas como empresas. esta estrategia deberá garantizar mayor productividad, rentabilidad y valor agregado a sus productos que los conduzca hacer más competitivo en cualquier tipo de mercado.
Las empresas tractoras además de incorporar a los productores a las cadenas productivas, fomentan el crecimiento y desarrollo económico a nivel regional, estatal o nacional, son anclas del crecimiento, desarrollan proveedores más eficientes. La mayoría de ellas son generadoras de empleo de forma directa y por medio de la subcontratación de servicios y consumo de productos de otras empresas. Las empresas tractoras de México representan un mercado fundamental para el crecimiento y apuntalamiento de nuevas empresas propias que en la actualidad están en manos del intermediario.
Creo firmemente que la tecnología nos es útil para incrementar la productividad en el campo mexicano, sobre todo en regiones del país donde no existen estos avances y en donde los índices de producción están muy menguados, insostenibles y que se vuelven foco de pobreza y de subdesarrollo. Con las empresas tractoras se busca impulsar la tecnología agropecuaria e hidroagrícola de esas regiones.
Esta reforma también va dirigida a las familias mexicanas, sobre todo a aquellas que se dedican a la producción del campo mexicano. Se debe considerar que la superficie laboral del campo debe relacionarse con las condiciones y con el potencial de producción de la región, además de las prácticas hidroagrícolas y de los insumos para el trabajo.
También, en este sentido debemos involucrar, en este impulso a la producción agrícola, al volumen del riego. Mientras exista una mejor distribución del vital líquido en el trabajo del campo, habrá una mayor producción, y de eso estoy convencida, y ese impulso lo puede dar la empresa tractora.
Como lo han señalado los expertos, al hablar de la productividad del agua, lo tenemos que hacer al obtener el resultado de valorar el peso del agua con el volumen empleado para la producción agrícola.
Estoy convencida de que, con esta reforma a ambas leyes, se fortalecerá la satisfacción a la demanda de alimentos, sobre todo con base en el principio de la soberanía y garantía alimentarias, ya que con la creación de una infraestructura hidroagrícola se impulsará al campo mexicano y a quienes se dedican a hacerlo producir, ya que es trascendental el conocer la relación entre la producción y la demanda hidroagrícola nacional por cultivo, sobre todo entendiendo la dieta de las mexicanas y de los mexicanos.
Otro aspecto relevante de las empresas tractoras es tendiente a excluir el intermedialismo; el cual sin duda hara del desarrollo de estas empresas y sus integrantes más competitivos a la demanda de sus propios productos y servicios, que se utilizan y consumen en el desarrollo de las actividades productivas.
Esta estrategia, ha identificado cinco sectores para el fortalecimiento de las cadenas de valor de México, y en donde principalmente se enfoca la presente estrategia, que son:
• Industria de la trasformación (industria alimenticia entre otros)
• Industria maquiladora.
• Compras de gobierno.
• Industria turística.
• Cadenas comerciales
Con la aprobación de esta iniciativa, se fomentará el desarrollo económico, facilitando la derrama económica y la redistribución de la riqueza, contando así con más y mejores empleos, más y mejores empresas.
Ventajas de las Empresas Tractoras:
• Son empresas bien definidas en su estructura organizacional
• Su Capital humano suele ser calificado y competitivo
• Son innovadoras y activadoras de economías
• Son generadoras de empleos directos e indirectos
• Ayudan al crecimiento de otras empresas mediante la subcontratación de servicios
Funciones de las empresas tractoras:
• Acceso a mayor organización, capacitación, planeación, operación y evaluación.
• Acceso a economías a escala.
• Acceso a mejores y mayores financiamientos.
• Acceso a tecnologías para la medición y uso eficiente del agua.
• Trabajo de gestión.
• Nuevos modelos de inversión. (USO DE ENERGÍAS LIMPIAS; potencial de producción, tecnología, rentabilidad y riesgos).
• Desarrollo de la Agricultura regenerativa. Modelo alimentario sostenible para la agricultura y ganadería bajo tres principios ecológicamente (Regenera, Rentable y Cohesiona)
• Incorporación al Sistema de presas de Sinaloa y retomar el SHN (Para su consecución se necesitan acciones útiles y de obras hidráulicas de gran magnitud que permitan controlar, regular, almacenar, transferir, conducir y distribuir parte de los escurrimientos en beneficio de los productores y población indígena).
• Adaptación a los cambio tecnológicos, productivos y económicos
• Reconversión productiva de cultivos de baja demanda de agua y de alta rentabilidad.
• La Agro industrialización. (valor agregado a producción primaria; no se puede estar supeditado a la producción primaria. hay que dejar de ser maquiladores).
• Centro de Capacitación y Generación de Competencias Productivas y Económicas.
Marco regulatorio de las empresas tractoras
El esquema que la Ley de Aguas Nacionales emplea para la participación de los particulares en lo relacionado con la prestación de los servicios hidráulicos a que se refiere la misma es, según la fracción XLI del artículo 3, la de asociaciones y sociedades de carácter civil.
En ese sentido, son aplicables los artículos 25, fracción III, 26, 27 y 28 del Código Civil Federal, y se regulan por lo que sus estatutos establezcan respecto de su objeto social, el cual debe incluir, como su materia de trabajo, la labor de desarrollo rural y de impulso económico que se pretende con la presente iniciativa.
En materia agraria, también considero que pueden formar parte de este tipo de empresas las asociaciones de carácter rural a que se refiere la Ley Agraria, toda vez que lo que se pretende que las empresas tractoras incluyan a quienes trabajan la tierra en nuestro país.
En ese sentido, y toda vez que la Ley de Aguas Nacionales y la Ley de Desarrollo Rural sustentable son el instrumento jurídico que permita estas reformas a favor del campo mexicano, hacemos énfasis de considerar las siguientes propuestas:
Impacto legislativo
El impacto legislativo para incluir a las empresas tractoras en el marco jurídico federal se circunscribe a las siguientes leyes: La Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la Ley de Aguas Nacionales, instrumentos de alcance nacional, en materia de producción y desarrollo hidroagrícola que repercuten grandemente en la productividad del campo mexicano y la soberanía alimentaria de México.
Por lo anterior es que se propone a esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se adiciona una nueva fracción XVII, recorriendo en su orden las demás, al artículo 3; los párrafos cuarto y quinto al artículo 83; un artículo 86 Bis; un segundo párrafo al artículo 116; se reforman: el primer párrafo del artículo 116; el primer párrafo al artículo 191, todos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, así como se adiciona una fracción XXV Bis al artículo 3 y se reforma la fracción I al artículo 102, éstos de la Ley de Aguas Nacionales, en materia de empresas tractoras
Artículo Primero. Se adiciona: una nueva fracción XVII, recorriendo en su orden las demás, al artículo 3; los párrafos cuarto y quinto al artículo 83; un artículo 86 Bis; un segundo párrafo al artículo 116; se reforman: el primer párrafo del artículo 116, y el primer párrafo al artículo 191, todos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue:
Artículo 3. ...
I. a XVI. ...
XVII. Empresa tractora. es aquella unidad de organización económica que fomenta el crecimiento y desarrollo económico de todos sus asociados a nivel regional o territorios, y que representa un mercado fundamental para las pequeñas y medianas empresas y genera actividad económica incluso a nivel nacional y global, sobre todo en materia hidroagrícola.
Las estructuras jurídicas que deberán adoptar dichas empresas serán conforme al Código Civil Federal, o en su defecto, conforme a la Ley Agraria en lo tocante a las sociedades rurales;
XVIII. a XXXIV. ...
Artículo 83. ...
...
...
El gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, competencias, atribuciones y facultades promoverán la creación de empresas tractoras, las cuales se considerarán como puntos de desarrollo rural hidroagrícola, que sean detonantes económicos en las regiones del país que propendan al progreso económico y social del país.
Dichas empresas tractoras se conformarán por los sectores productivos de cada región. Se constituirán como asociaciones civiles o mercantiles, pero el Estado mexicano deberá llevar un registro minucioso de las mismas por medio de los registros públicos de la propiedad y del comercio en cada entidad federativa, así como, en el Registro Nacional Agropecuario de la Secretaría.
Artículo 86 Bis. De la misma manera, el gobierno federal y los de las entidades federativas, impulsarán la creación de empresas tractoras, entendiendo que éstas serán el eje fundamental de incremento productivo hidroagrícola, el cual servirá de base para el desarrollo regional del país y con ello atribuir al abasto asequible de alimentos y sin discriminación social
A través de la planeación agrícola nacional, las empresas tractoras impulsarán, en el territorio nacional, modelos de producción agroalimentaria que optimicen los recursos naturales disponibles, prioritariamente el suelo y agua por tonelada de alimento producido, incluyendo esquemas de reconversión productiva a cultivos de ciclo corto y de poca demanda de agua, rotación de cultivos, dobles cultivos entre otros con un enfoque de regeneración agrícola.
Esas empresas deberán promover esquemas de tecnificación y aprovechamiento sustentable del recurso agua, incluidos las cosechas de agua, las buenas prácticas para las recargas de mantos acuíferos, lo cual deberá estar apegado a la normativa vigente y aplicable.
Respecto del párrafo anterior, se crearán mecanismos de coordinación interinstitucionales entre los tres niveles de gobierno, en los cuales los agentes técnicos podrán ser las empresas tractoras.
Artículo 116. La política de financiamiento para el desarrollo rural sustentable se orientará a establecer un sistema financiero múltiple en sus modalidades, instrumentos, instituciones y agentes, que permita a los productores de todos los estratos y a sus organizaciones económicas, empresas tractoras y sociales disponer de recursos financieros adaptados, suficientes, oportunos y accesibles para desarrollar exitosamente sus actividades económicas con alto sentido de inclusión social y con una estricta disciplina financiera.
Al respecto, toda inversión al campo mexicano que contengan recursos públicos o aquellos de origen privado y que sean administrados por las empresas tractoras, promoverán una estrategia integral de gestión de riesgos técnicos, financieros, de mercado, climatológicos, coberturas de precios, entre otras.
...
...
Artículo 191. Los apoyos que se otorguen a los productores en cumplimiento a lo dispuesto por este ordenamiento, impulsarán la productividad y el desarrollo de actividades agropecuarias y la creación y consolidación de empresas rurales, empresas tractoras, a fin de fortalecer el ingreso de los productores, la generación de empleos y la competitividad del sector.
...
Artículo Segundo. Se adiciona una fracción XXV Bis al artículo 3 y se reforma la fracción I al artículo 102, todos de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:
Artículo 3. ...
I. a XXV. ...
XXV Bis. Empresa tractora, es aquella unidad de organización económica que fomenta el crecimiento y desarrollo económico de todos sus asociados a nivel regional o territorios, y que representa un mercado fundamental para las pequeñas y medianas empresas y genera actividad económica incluso a nivel nacional y global, sobre todo en materia hidroagrícola.
Las estructuras jurídicas que deberán adoptar dichas empresas serán conforme al Código Civil Federal, o en su defecto, conforme a la Ley Agraria en lo tocante a las sociedades rurales;
XXVI. a LXVI. ...
...
Artículo 102. ...
I. Celebrar con particulares contratos de obra pública y servicios con la modalidad de inversión recuperable, para la construcción, equipamiento y operación de infraestructura hidráulica, pudiendo quedar a cargo de una empresa o grupo de éstas, o bien a cargo de empresas tractoras, la responsabilidad integral de la obra y su operación, bajo las disposiciones que dicte la Autoridad en la materia y en los términos de los reglamentos de la presente ley;
II. y III. ...
...
...
TransitorioÚnico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 Ensayo consultado el 11 de octubre del 2022 en la siguiente página de internet:
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?scripy=sci_arttext& pid=S1405-10792013000100004
2 Ver en el Blog del Instituto de Investigaciones Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, “Resonancias”, en la siguiente página de internet, consultada el 11 de octubre del 2022, el artículo “Las políticas para el campo a un año de la 4T”, cuya autoría es del investigador Omar Ríos, publicado el 27 de marzo del 2020:
https://www.iis.unam.mx/blog/las-politicas-para-el-campo- a-un-ano-de-la-4t/
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 16 de noviembre de 2022.– Diputada y diputado: Gabriela Martínez Espinoza, José Guadalupe Ambrocio Gachuz (rúbricas).»
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Gracias, diputada Gabriela Martínez Espinoza. Túrnese a las Comisiones Unidas de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria y de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.
INICIATIVAS Y PROPOSICIONES
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Honorable asamblea, en términos de los artículos 100 y 102 del Reglamento de esta Cámara de Diputados, las iniciativas y las proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan, publicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria como es de habitud.
CLAUSURA Y CITA
La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo (a las 15:51 horas): Se levanta la sesión y cito para la que tendrá lugar el día de mañana miércoles 30 de noviembre del año en curso a las 15: 00 horas, en modalidad semipresencial. Repito, 15 horas, significa 3 de la tarde, compañeras y compañeros diputados. El registro de asistencia estará disponible a partir de las 13 horas, es decir, a la una de la tarde, por medio de la aplicación instalada en los teléfonos celulares de las y los diputados. Se levanta la sesión.
––––– O –––––
RESUMEN DE LOS TRABAJOS
• Tiempo de duración de la sesión: 3 horas 1 minuto
• Quórum a la apertura de la sesión: 420 diputadas y diputados
• Intervención desde la tribuna en lengua indígena
• Minuto de silencio: 1
• Acta de la sesión anterior
• Comunicaciones oficiales: 6
• Toma de protesta: 2
• Minutas: 2
• Efemérides: 3
• Dictámenes para declaratoria de publicidad: 1
• Iniciativas con proyecto de ley o decreto: 17
• Diputadas y diputados que participaron durante la sesión: 31
9-Morena, 6-PAN, 4-PRI, 3-PVEM, 3-PT, 3-MC, 3-PRD
DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE PARTICIPARON DURANTE LA SESION
(en orden alfabético)