INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 12, numeral 2, del Reglamento de la Contingencia Sanitaria, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo registradas en el orden del día del 6 de octubre de 2022 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2022.– Diputado Santiago Creel Miranda (rúbrica), presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para garantizar el abasto de medicamentos e insumos para la salud y combatir la corrupción, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen, y a la Comisión de Salud, para opinión.

2. Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, en materia de empleos en plataformas digitales, a cargo de la diputada Lidia Pérez BÁrcenas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

3. Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

4. Que reforma los artículos 74 de la Ley General de Desarrollo Social y 25 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada Berenice Montes Estrada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisiones Unidas de Bienestar, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

5. Que reforma los artículos 9o., 23 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen, y a la Comisión de Salud, para opinión.

6. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola y de la Ley General de Turismo, suscrita por el diputado José Luis Báez Guerrero y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisiones Unidas de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, y de Turismo, para dictamen.

7. Que reforma el artículo 113-E de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por el diputado Riult Rivera Gutiérrez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas, a normar el Premio Estatal de la Juventud en sus legislaciones e incluir la categoría de diversidad sexual, a cargo de la diputada Salma Luévano Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Diversidad, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a expedir un Programa Nacional para la Prevención, el Diagnóstico, el Manejo, y el Tratamiento de las demencias, con especial énfasis en la enfermedad de Alzheimer, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE y a la SE, a establecer una mesa de diálogo con el Gobierno de los Estados Unidos de América para resolver la petición de investigación ante la oficina de la representante comercial de dicho país, por la exportación de productos agroalimentarios mexicanos, a cargo de la diputada Paloma Sánchez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena, a la Semar y a la SSPC, a realizar el diagnóstico sobre las necesidades de infraestructura crítica de información y a desarrollar un plan de implementación para asegurar la ciberseguridad de los sistemas que garantizan la seguridad nacional, a cargo del diputado Javier Joaquín López Casarín, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena, a hacer público un informe sobre el estado que guardan las investigaciones relativas al ciberataque que recibió dicha dependencia, suscrito por los diputados Jorge Álvarez Máynez y Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS y al ISSSTE, a hacer de conocimiento público la estrategia que han planeado para resolver la problemática que se avecina a raíz del próximo vencimiento de los contratos con los integradores de servicios de laboratorio de análisis clínicos y bancos de sangre recientemente inhabilitados, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, a la Secretaría de Salud y a la Cofepris, a actualizar la alerta sanitaria sobre cigarros y similares a productos de tabaco que son comercializados de forma ilegal en México, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo de Veracruz y a diversas autoridades, a coordinar un plan con el propósito de ejecutar acciones orientadas a disminuir la contaminación del Río Blanco, asi como sanear el agua de este afluente, a cargo de la diputada Lorena Piñón Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a ejecutar acciones urgentes, en favor de la revisión, actualización y publicación de la NOM-014-SSA2-1994 para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino, a cargo del diputado Fausto Gallardo García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, a instruir la revisión de toda la infraestructura de la Línea B, poniendo especial atención a los tramos correspondientes de las estaciones: Morelos; San Lázaro; Flores Magón; Romero Rubio; Oceanía y Deportivo Oceanía y a la Secretaría de Obras y Servicios de la ciudada coadyuvar en la revisión, a cargo de la diputada Susana Cano González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas, a armonizar su marco normativo a fin de establecer en sus legislaciones correspondientes protección a periodistas y personas protectoras en derechos humanos, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a revisar la solicitud de los productores del campo y sectores relacionados, para que el régimen simplificado de confianza (RESICO), a declarar sea como monto mínimo 1,350,000 pesos en lugar de los 900,000 pesos actuales, a cargo de la diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Profepa y a diversas autoridades de Baja California, a ejercer acciones conjuntas en favor del saneamiento del Río Tijuana, a cargo del diputado Fausto Gallardo García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua, a realizar una supervisión en la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco de Tula, Hidalgo, a cargo de la diputada Lidia García Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSPC, a hacer público un informe en el que exprese las acciones que dicha dependencia realizará con motivo del artículo sexto transitorio del decreto en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, a cargo del diputado Román Cifuentes Negrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a diversas autoridades de Jalisco, a desarrollar e implementar medidas para atender y erradicar el abandono escolar, fortalecer la regularización del alumnado, establecer espacios seguros y eliminar el acoso y la violencia en las aulas y el desarrollo de escuelas verdes, a cargo de la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS, a llevar a cabo las acciones y acuerdos necesarios a efecto de actualizar las reglas de operación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, incluyendo al personal médico que realiza internados y pasantías en las dependencias del Sistema Nacional de Salud, a cargo del diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para garantizar el abasto de medicamentos e insumos para la salud y combatir la corrupción, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen, y a la Comisión de Salud, para opinión.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

Iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, en materia de empleos en plataformas digitales, a cargo de la diputada Lidia Pérez Bárcenas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado Carlos Alberto Puente Salas, en representación de las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los principales problemas que hoy afectan a México es el tema de la violencia que lamentablemente se registra en diversas regiones de nuestro territorio. Con el propósito de atender este flagelo, el Gobierno de México está realizando un gran esfuerzo para garantizarle a las y los mexicanos la paz y la tranquilidad que se merecen.

Además de la atención de las causas que generan la violencia a través de una inversión sin precedentes en programas sociales cuyo objeto es ofrecer a nuestros jóvenes una perspectiva de futuro y movilidad social basada en el esfuerzo, la educación y el trabajo lícito, no se ha dejado de combatir a la delincuencia organizada, a la cual se le han asestado golpes certeros gracias al uso de la inteligencia y la coordinación operativa entre los distintos cuerpos de seguridad existentes en nuestro país.

No obstante lo anterior, el problema de la violencia y la inseguridad en México es mucho más profundo y complejo. No habrá esfuerzo que nos alcance en materia de reducción de la violencia y combate a la inseguridad mientras no detengamos el flujo de armas desde Estados Unidos.

En este sentido, reconocemos la audacia y la pertinencia de la demanda que el Estado mexicano, por conducto de la cancillería, presentó en Estados Unidos en contra de las armerías por su negligencia en la venta de armas, pues esto favorece el tráfico ilegal de las mismas a nuestro país, con las nefastas consecuencias que todos conocemos. Como se establece en la demanda civil que el Gobierno de México sometió en la Corte Federal de Distrito de Massachussets, en contra de once empresas estadounidenses de armas, existe una relación directa entre el comercio ilegal de armas en nuestro país y el incremento de homicidios dolosos en territorio nacional, tal como puede verse a través de los siguientes datos:

• México cuenta con una de las tasas más altas en el mundo por muertes de civiles con armas de fuego.

• El incremento en la venta de armas en los EE.UU. ha generado un aumento de 10 veces los homicidios relacionados con armas de fuego en México, llegando a unos 23.000 en 2019. En 1997 sólo el 15% de los homicidios se cometían con un arma de fuego; para 2021 esa cifra había aumentado al 69%.

• Entre 2007 y 2019 se produjeron más de 180 mil homicidios cometidos con armas de fuego en México.

• Nuestro país es el tercer país en el mundo con más muertes relacionadas con las armas de fuego. Los asesinatos son la principal causa de muerte en México entre los adolescentes y jóvenes de entre 15 y 19 años.

• Se estima que hasta la mitad de los homicidios en nuestro país son atribuibles a los cárteles de la droga y otras bandas organizadas.

• La abrumadora mayoría de estas muertes fueron causadas por armas traficadas desde los Estados Unidos.

• A partir de 2010 la esperanza de vida en México ha disminuido.

• De 2006 a 2021, se utilizaron armas de fuego para matar al menos a 415 miembros de la Policía Federal o de la Guardia Nacional de México, y para herir al menos a 840 más. La gran mayoría de estas armas fueron traficadas desde los Estados Unidos.

• De marzo de 2009 a marzo de 2021, se utilizaron armas de origen estadounidense para matar a 25 miembros del ejército mexicano y para herir a otros 84.

• Respecto a los daños económicos generados en nuestro país por el tráfico de armas es pertinente señalar que se utilizaron armas de origen estadounidense para causar más de 41 millones de dólares en daños a quince aviones militares mexicanos.

El tráfico ilegal de armas de fuego es el fondo del problema de la violencia en México. El número de muertos está, sin duda alguna, directamente relacionado con la cantidad de armas que entran a nuestro país y que terminan en manos del crimen organizado.

En el Partido Verde destacamos que el combate al tráfico ilegal de armas sea una prioridad en materia diplomática y estamos dispuestos a colaborar para posicionar este tema en los foros de diálogo interparlamentario entre México y Estados Unidos a fin de hacer conscientes a nuestros pares estadounidenses de que al legislar lo hagan pensando que sus leyes en muchas ocasiones tienen un impacto más allá de su territorio.

En el mismo sentido, en cuanto respecta a lo que se debe hacer en el ámbito doméstico para contribuir a reducir la violencia y la inseguridad, en el Partido Verde somos conscientes de que existen áreas de oportunidad para mejorar la persecución, investigación y sanción del delito de tráfico de armas, sean o no, de uso exclusivo del Ejército y la Fuerza Aérea, pues se trata de un ilícito que tiene consecuencias muy graves para la sociedad y para el cual actualmente no se consideran penas proporcionales al daño que causa.

No podemos olvidar que el tráfico ilícito de armas es una de las principales razones por las cuales ha aumentado de manera exponencial el poder de fuego de las organizaciones criminales que le han arrebatado la paz y la tranquilidad a diversas regiones del país, por lo cual no podemos tomarlo a la ligera.

Las estadísticas en materia de uso de armas de fuego en la comisión de delitos en contra de la población hacen patente la necesidad hacer algo para lograr que el tráfico ilícito de armas se sanciona con la severidad que amerita.

Basta señalar que, en 2020, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tres de cada cuatro robos en el país, se realizaron con armas de fuego.

Además, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nuestro país cerró el año 2020 con 34,515 homicidios dolosos, de los cuales el 70% se cometieron con armas de fuego.

Tampoco se puede soslayar que alrededor del 80% de los 15 millones de armas ilegales que circulan en todo México están en manos del crimen organizado, grupos delincuenciales y cuerpos armados autodenominados como autodefensas, según lo estimó la compañía Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI).

Además de la demanda interpuesta en una corte de Estados Unidos en contra de los fabricantes de armas y las armerías de aquel país, existen otros esfuerzos que se han emprendido con el propósito frenar el tráfico ilegal de armas a nuestro país, por ejemplo, el reciente acuerdo de intercambio de buenas prácticas para combatir el tráfico de armas entre México y la Unión Europea, el cual, según lo reportado por diferentes medios de comunicación, se dio en el marco del “Programa de Control de Exportaciones para Armas UE-ATT Fase II, como un proyecto de colaboración sustentado en la visión de que la cooperación internacional y el principio de responsabilidad compartida son una necesidad para enfrentar los desafíos que presentan las transferencias ilícitas, el desvío y el tráfico ilícito de armas de fuego”.

A través del acuerdo en mención, nuestro país “refrendó la importancia del multilateralismo y de la cooperación internacional como herramientas fundamentales para asistir los esfuerzos del gobierno mexicano para prevenir y contrarrestar los desafíos que plantea el tráfico ilícito de armas de fuego y así contribuir al establecimiento de condiciones de paz y de bienestar en el país y en el continente americano”.

Asimismo, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, durante el debate abierto “El impacto del desvío y tráfico de armas para la paz y la seguridad” llevado a cabo a finales del año pasado 2021 en Nueva York, hizo un llamado a todos los países a fortalecer la cooperación y la acción conjunta para prevenir y contrarrestar las prácticas ilegales en el mercado de armas pequeñas y ligeras, al tiempo que reconoció que las armas de fuego traficadas a nuestra nación, nutren la violencia y son el vehículo para la comisión de miles de homicidios en territorio nacional cada año.

No obstante lo anterior, es indispensable legislar para contar con un marco jurídico que permita atender adecuadamente y erradicar el tráfico de armas hacia nuestro país, sean o no de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Como ya se dijo, es un delito que ni siquiera asumimos como grave, lo cual evita que pueda ser sancionado con todo el peso de la ley.

Las armas de fuego que se trafican hacia nuestro país son usadas para despojar a las familias mexicanas del fruto de su trabajo y de su esfuerzo o, peor aún, para atentar en contra de la integridad y la vida de las personas. Eso es inconcebible y, como podemos ver, nos ha traído serias y muy lamentables consecuencias.

Es sabido que una buena parte de ese armamento ilegal que ingresa a nuestro territorio nacional lo hace por nuestra frontera norte a través de vehículos.

Asimismo, tenemos conocimiento de que, en 31 de las 49 aduanas instaladas en el país en las zonas fronterizas, puertos marítimos aeropuertos y ciudades estratégicas, apenas se aseguran menos de 400 armas ilegales en promedio cada año.

Sabemos también que el tráfico de armas se encuentra entre las tres primeras fuentes de ingreso de los grupos delincuenciales en el país, junto con el tráfico de drogas y el tráfico de personas.

En contraparte, lo que encontramos o tenemos en nuestro marco jurídico para afrontar al traficante de armas y desalentar o inhibir su actividad ilegal es insignificante, porque cuando se da el caso de detener a un delincuente traficante de armas hacia nuestro país, se ha reportado por parte de los medios de comunicación que generalmente se le acusa de portación o posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea cuando es el caso y en raros casos también de acopio y muy excepcionalmente por introducción al territorio nacional de estos artefactos.

Todo esto es sancionado por una pena mínima que no corresponde con la gravedad de los delitos cometidos.

En este sentido, proponemos reformar el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que el tráfico ilegal de armas de fuego, sean o no de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, se considere como un delito grave en nuestro país y amerite prisión preventiva oficiosa.

Para mayor entendimiento de la reforma planteada, se presenta a continuación el cuadro comparativo con el texto vigente:

Por todo lo aquí expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 19. (...)

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, tráfico ilegal de armas de fuego, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Secretaría de Relaciones Exteriores, “Texto íntegro de la demanda civil que el gobierno de México sometió en la Corte Federal de Distrito de Massachussets”, 16 de noviembre de 2021. Disponible en:

https://www.gob.mx/sre/documentos/texto-integro-de-la-demanda-ci vil-que-el-gobierno-de-mexico-sometio-en-la-corte-federal-de-distrito-de-massac hussets-288207

2 Véase, Clara Zepeda, “Tres de cada cuatro robos fueron con armas de fuego en 2020: Inegi”, La Jornada, 23 de noviembre de 2021. Disponible en:

https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/tres-de-cada-cuatro-ro bos-fueron-con-armas-de-fuego-en-2020-inegi/ar-AAR386Q

3 Véase, Lidia Arista, “México cierra 2020 con 34,515 homicidios, el 70% con armas de fuego”, Política Expansión, 20 de enero de 2021. Disponible en:

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/01/20/mexico-cierra-co n-34-515-homicidios-en-2020-el-70-con-armas-de-fuego

4 Véase, Daniel Flores, “8 de cada 10 armas que ingresan al país están en manos del narco”, Publimetro, 29 de junio de 2022. Disponible en:

https://www.publimetro.com.mx/nacional/2022/06/29/violencia-cuan tas-armas-circulan-en-mexico-y-que-cantidad-son-legales/

5 Véase, Adyr Corral, México y la UE acuerdan intercambiar prácticas contra tráfico de armas”, Milenio, 1 de febrero de 2022. Disponible en:

https://www.milenio.com/politica/mexico-ue-acuerdan-intercambiar -practicas-trafico-armas

6 Ibídem.

7 Véase, “México promoverá en la ONU acciones contra el tráfico de armas”, Secretaría de Relaciones Exteriores, Comunicado No. 528, 21 de noviembre de 2021. Disponible en:

https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-promovera-en-la-onu-accione s-contra-el-trafico-de-armas?idiom=es

8 Véase, “8 de cada 10 armas que ingresan al país están en manos del narco”, Op. Cit.

9 Véase, Luis Carlos Sainz, “Unas 252 mil armas ingresan ilegalmente al país cada año y sólo se decomisa el 14%”, Sin Embargo, 6 de febrero de 2022. Disponible en:

https://www.sinembargo.mx/06-02-2022/4117910

10 Ibídem.

11 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2022.– Diputados y diputadas: Carlos Alberto Puente Salas, Kevin Ángelo Aguilar Piña, Jasmine María Bugarín Rodríguez, Karen Castrejón Trujillo, María del Rocío Corona Nakamura, Fátima Almendra Cruz Peláez, Claudia Delgadillo González, Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle, José Antonio Estefan Gillessen, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Fausto Gallardo García, Armando Antonio Gómez Betancourt, Luis Arturo González Cruz, Gilberto Hernández Villafuerte, Ana Laura Huerta Valdovinos, Javier Joaquín López Casarín, Luis Alberto Martínez Bravo, Sonia Mendoza Díaz, Santy Montemayor Castillo, Juan Pablo Montes de Oca Avendaño, Eunice Monzón García, Marco Antonio Natale Gutiérrez, Juan Carlos Natale López, Consuelo del Carmen Navarrete Navarro, Luis Edgardo Palacios Díaz, Angélica Peña Martínez, Mario Xavier Peraza Ramírez, María del Carmen Pinete Vargas, Janine Patricia Quijano Tapia, Antonio de Jesús Ramírez Ramos, Roberto Antonio Rubio Montejo, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, Valeria Santiago Barrientos, Roberto Alejandro Segovia Hernández (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

«Iniciativa que reforma los artículos 74 de la Ley General de Desarrollo Social y 25 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por la diputada Berenice Montes Estrada y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Berenice Montes Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

Conocer los procesos, resultados e impactos de las políticas de desarrollo social constituye un elemento fundamental para mejorar la toma de decisiones y obtener mayor eficacia en las políticas diseñadas, así como una mejor implantación de sus estrategias y eficiencia en la asignación de recursos. Alcanzar dicho objetivo implica realizar una evaluación integral, válida y confiable, de las políticas aplicadas, y ésta, a su vez, disponer de recursos financieros suficientes y de recursos humanos capacitados.

En este sentido, la evaluación de la política social se define como aquella actividad que permite valorar el desempeño de la acción pública, sea en la forma de un programa, proyecto, ley, política sectorial, etc. La evaluación corresponde a una valoración sistemática de la concepción, la puesta en práctica y los resultados de una intervención pública en curso o ya concluida; o una valoración ex ante, en la fase de diseño.

Desde una perspectiva instrumental, la evaluación puede ser definida como un sistema conformado por un conjunto de procedimientos técnicos utilizados para la obtención, procesamiento y análisis de información relevante. Su valor en el ámbito público radica en asegurar información veraz, pertinente, útil y consistente que permita en lo interno: orientar la asignación presupuestaria, cautelar la calidad del gasto y la definición de nuevas prioridades de programas, como también fortalecer la formulación e implementación de la intervención pública.

Y en lo externo, contar con elementos suficientes para responder de manera simultánea a las demandas de los ciudadanos por mayor transparencia en el accionar público y la rendición de cuentas. En tal sentido, la evaluación y los mecanismos de control y rendición de cuentas debieran llenar de contenido estratégico el diseño e implementación de políticas públicas, la gestión pública y la calidad analítica de la decisión gubernamental.

En México, sus orígenes se remontan a la década de 1970, sin embargo, los principios y la práctica de la evaluación de la política social empiezan a tomar forma hasta mediados de los años noventa y adquieren un impulso definitivo a partir de la publicación de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) en 2004 y del inicio de los trabajos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2006.

A partir de estos eventos se construye todo un andamiaje legal, institucional, regulatorio y normativo que define y organiza la política social y su evaluación; al interior de este andamiaje, el Coneval recibe de la LGDS la encomienda de realizar la evaluación de la política de desarrollo social.

La Ley le concede al Coneval la facultad amplia y sustantiva de hacerse cargo de la evaluación de la política social, pudiendo “realizarla por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes del ejecutor del programa”, con el objeto de “revisar periódicamente el objetivo social de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente”.

Además, como la política social tiene como uno de sus objetivos el asegurar el disfrute de los derechos sociales por parte de la ciudadanía y los derechos sociales trascienden las acciones que realiza la Secretaría del Bienestar, antes Sedesol, las atribuciones de evaluación del Coneval se extienden a las acciones y programas llevadas a cabo por otras dependencias y entidades del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales que involucran recursos federales y que llevan a cabo acciones y programas que tienen un impacto potencial sobre el disfrute de los derechos sociales reconocidos en la Ley (educación, salud, alimentación, vivienda, medio ambiente sano, trabajo, seguridad social y no discriminación).

En términos generales, todos esperan que la evaluación contribuya a un empleo eficiente de los recursos y a una alta efectividad de su impacto, al ofrecer información para mejorar los procesos de toma de decisiones. De acuerdo con diversos estudios académicos, son pocos los casos en América Latina en los que se puede hablar de una evaluación sistemática en la administración pública, en sus tres o cuatro niveles: políticas públicas, programas públicos, organizaciones públicas y desempeño de los empleados públicos.

En consecuencia, la evaluación de la gestión pública está dejando de ser un ejercicio técnico para transformarse en una herramienta política para resolver problemas de gobernabilidad y legitimidad, al contribuir al fortalecimiento de la democracia y la rendición de cuentas a la sociedad.

Así, una mejor gestión del gasto público debería contribuir a mejorar la imagen del Estado y aumentar su legitimidad, liberar recursos que pueden destinarse a satisfacer necesidades de grupos sociales de menores ingresos y aumentar la equidad. Sin embargo, aún no se reportan casos en América Latina en que estos resultados deseables se presenten prácticamente.

El valor de la evaluación en el sector público está en asegurar contar con información veraz, oportuna, útil para tomar decisiones; en ese sentido, la cultura de la evaluación radica en que los diferentes actores involucrados en el proceso reconozcan la importancia de la práctica evaluativa para mejorar, diciendo con claridad lo que funciona y lo que no funciona de las intervenciones públicas.

En este sentido, la evaluación de los programas sociales es de suma importancia, sobre todo a la luz de las fallas del actual gobierno, ya que, en los hechos, los programas sociales creados han demostrado que no tienen como fin último la mejora en la distribución de los recursos o la atención sustantiva de las personas más necesitadas, mucho menos la ruptura del ciclo perverso de pobreza intergeneracional. Por el contrario: fueron diseñados y operan bajo premisas eminentemente políticas, en las que lo más importante es entregar recursos monetarios para apuntalar la popularidad y los intereses electorales del presidente.

“La técnica para la hechura de políticas públicas ha sido lo menos importante. Terminaremos el sexenio con la paradoja de una política social de mucho ruido y pocas nueces, poniendo la palabra bienestar hasta en los tanques de gas, pero sin alcanzar la mejoría de los más pobres”.

Las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social evidencian que 43.9 por ciento de la población, alrededor de 55.7 millones de mexicanos, se encuentra en situación de pobreza. Esto equivale a un incremento de 3.8 millones de pobres más que 2018 y representa una ruptura de la tendencia a la baja que se mantenía desde 2014.

De los seis indicadores de carencias sociales que mide el Coneval (servicios de salud, seguridad social, calidad de la vivienda, servicios básicos y alimentación), la mitad empeoraron: la población en pobreza alimentaria pasó de 27.5 a 29.6 millones; el rezago educativo aumentó de 23.5 a 24.4 millones y la población que no tuvo acceso a los servicios de salud pasó de 20.1 a 35.7 millones.

No obstante, el presidente dice que 7 de cada 10 hogares reciben recursos de al menos un programa social, pero la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía lo desmiente: sólo 29.7 por ciento de los hogares reporta recibirlos. Asimismo, a población en pobreza general pasó de 49.9 por ciento en 2018 a 52.8 por ciento en 2020 y la de pobreza extrema, de 14 por ciento a 17.2 por ciento. En 2016, el 67 por ciento de los hogares en pobreza extrema declaraba recibir al menos un programa social. En 2020 ese porcentaje bajó a 43 por ciento.

Tras cada una de estas cifras hay una o varias políticas sociales fallidas del gobierno. El empeoramiento nutricional no puede comprenderse sin la eliminación del programa Prospera, que daba apoyos monetarios a 6.7 millones de familias de escasos recursos por hasta 2,945 pesos mensuales, pero también complementos alimenticios y capacitación sobre nutrición.

Prospera desapareció y en su lugar quedaron las Becas para el Bienestar Benito Juárez, cuya intervención se limitó a un apoyo económico de 800 pesos mensuales a cada familia, sin importar la cantidad de hijos, siempre y cuando éstos estudien.

Los últimos datos disponibles no sólo evidencian que las condiciones de vida de la población en general han empeorado, sino que las personas más pobres del país se han llevado la peor parte de este deterioro. El principal aumento en la pobreza se dio entre la población más vulnerable, pues la pobreza extrema pasó de afectar a 8.7 millones de personas en 2018 a 10.8 millones en 2020, un aumento de 2.1 millones.

Pésele a quien le pese, los más pobres han quedado relegados. El abandono en los esfuerzos de focalización de los apoyos, un ejercicio sumamente tecnocrático a los ojos del presidente, ha provocado que los más necesitados dejen de ser la prioridad.

De acuerdo con la Enigh de 2020, mientras en 2018 el 60.7 por ciento del primer decil de hogares más pobres recibía algún programa social, esa cifra cayó en 2020 hasta 39.7 por ciento; es decir, más del 20 por ciento de los hogares más pobres quedaron descubiertos con los cambios de la política social de este gobierno. Y, para rematar, las transferencias en efectivo han tenido un efecto regresivo.

La conclusión no puede ser, sino que la política social ha sido un fracaso, que promete agravarse en la medida en que este gobierno siga siendo incapaz de reconocer los errores de definición y diseño que se advirtieron desde un comienzo, así como los problemas de implementación y resultados negativos que aparecieron tras las primeras evaluaciones de sus programas sociales.

La evaluación de la política social y los programas sociales tiene una relevancia inusitada, ya que más allá del discurso, el actual gobierno na ha podido articular una política social integrada, sino una red de programas inconexos, sin padrones confiables, sin metas bien definidas y sin posibilidad, por tanto, de romper el círculo de la pobreza.

Si se revisan las declaraciones, los discursos y hasta los libros del presidente López Obrador, es imposible identificar metas sociales claras más allá de la denuncia de la pobreza y la desigualdad, la corrupción, la violencia y otros problemas del país que desaparecerían con la puesta en marcha de su proyecto de nación.

Las cifras históricas muestran el fracaso de sucesivos gobiernos mexicanos para combatir la pobreza y la desigualdad. Pero también muestran que en la atención a la pobreza extrema hubo algunos logros: limitados pero reales.

Según el Coneval, entre 2008 y 2018 la cantidad de personas en situación de pobreza aumentó de 49 a 52 millones. Pero las personas en situación de pobreza extrema disminuyeron de 12 a 9 millones, una reducción de 11 por ciento a 7.4 por ciento de la población.

Estos resultados no alcanzan para decir que la política social previa fue un éxito, pero sí que al menos una parte de ella, la enfocada a la población más vulnerable, tuvo consecuencias positivas, algo que la gestión de López Obrador no puede presumir.

La reducción de la pobreza extrema se debió a políticas específicas no sólo para dar dinero a las familias más necesitadas, sino para crear condiciones que ayudaran a romper el ciclo de la pobreza intergeneracional y transformar las condiciones de los beneficiarios.

El caso más significativo fue el programa Progresa-Oportunidades-Prospera (POP), que a lo largo de veinte años se convirtió en la política pública más y mejor evaluada del país y la que realizó mayores modificaciones para mejorar sus resultados.

En vez de continuar, ampliar y mejorar este tipo de programas, el presidente López Obrador decidió dar un giro de 180 grados, eliminar todo vestigio de gobiernos anteriores y dejar claro que los programas sociales emanarían del presidente, convertido ahora en “el gran benefactor”.

Dada la mayoría legislativa que obtuvo López Obrador en 2018, todas estas transformaciones en los programas sociales se hicieron sin mayores contratiempos, incluso antes de que el nuevo presidente tomase posesión del cargo. El Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019 ya incluyó los cambios para renombrar, eliminar, modificar y crear los programas que el presidente quería. Recibieron en 2019 un presupuesto de más de 227,000 millones de pesos, que llegaron a 396,000 millones en 2022.

De acuerdo con el gobierno de México, hay catorce programas sociales prioritarios: 1) Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; 2) Jóvenes Construyendo el Futuro; 3)Beca Universal para Estudiantes de Educación Básica Benito Juárez; 4)Beca Universal para Educación Media Superior Benito Juárez; 5) Sembrando Vida; 6)Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente; 7)Programa de Mejoramiento Urbano; 8) Jóvenes Escribiendo el Futuro; 9) Crédito Ganadero a la Palabra; 10) Programa de Microcréditos para el Bienestar; 11) Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras; 12)Universidades para el Bienestar Benito Juárez García; 13) La Escuela es Nuestra, y14) Programa de Becas Elisa Acuña.

Lo que se puso en marcha desde el inicio de este sexenio difícilmente puede llamarse una política social integral. Se trata de un conjunto de programas desconectados entre sí, que otorgan beneficios mayormente en efectivo a ciertos sectores y cuyos resultados, como anticiparon los expertos, difícilmente lograrán abatir la pobreza y la desigualdad.

En este mismo orden de ideas, el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales, que es una evaluación de la política social realizada por la organización de la sociedad civil Agencia para el Desarrollo (Gesoc), ha calificado la calidad del diseño, el cumplimiento de metas, el desempeño y la cobertura de las intervenciones, con lo que advirtió desde 2019 que la calificación promedio de todos los programas era, en una escala de 0 a 100, de 64.27, con un 37.6 por ciento de los programas reprobados y sólo cinco con una calificación superior a noventa.

Ninguno de ellos parte de los programas prioritarios de López Obrador. Para 2021, el mismo índice dio resultados todavía peores. La calificación promedio de todos los programas cayó a 57 puntos y 53.2 por ciento de los programas fueron reprobados. Prácticamente todos los programas estrella del gobierno están en esta última categoría reprobatoria, con la salvedad de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Sin embargo, los resultados de la Enigh 2020 del Inegi mostraron que el programa es regresivo, pues beneficia más a las personas más ricas. En 2018 el 22.9 por ciento del primer decil de ingresos (el 10 por ciento más pobre) recibía una pensión para adultos mayores. En 2020 ese porcentaje se había reducido a 19.3 por ciento. En contraste, el último decil (el 10 por ciento más rico) incrementó los beneficios recibidos por este programa, pasando de 4.5 por ciento en 2018 a 12.2 por ciento en 2020.

Hay que decirlo con todas sus letras: el programa social más costoso de todo este gobierno opera en la realidad bajo el principio de “primero los ricos”.

Ante los pobres resultados de los programas sociales, evidenciados por la academia, la prensa, la sociedad civil e incluso por instituciones públicas, la respuesta del presidente López Obrador ha sido siempre la misma: una fuga hacia adelante amparada en su muy personal conocimiento de “otros datos” imposibles de verificar pero que permiten hacer oídos sordos a todas las críticas, las recomendaciones y las sugerencias de corrección. A ello se suma la descalificación ideológica de los críticos del llamado bloque conservador y neoliberal en atención a que quieren mantener sus privilegios.

Que la política social sea regresiva, insuficiente, cosmética o meramente paliativa parece no importarle al presidente. Lo importante para él es que los beneficiarios de los programas sociales tengan muy claro de dónde vienen los apoyos y que recuerden permanentemente quién es “el gran benefactor”. Todo lo demás sale sobrando. Se ha cambiado todo no para mejorar, ni siquiera para seguir igual, sino para empeorar.

Derivado de todo lo anteriormente expuesto, se hace evidente la necesidad de la evaluación de los programas sociales, ya que, si bien es cierto que, México ha hecho importantes avances en la materia, principalmente mediante la contratación de evaluaciones externas, a partir del año 2000, también lo es que con la llegada del actual gobierno, hubo un enorme retroceso, empezando por que quien encabeza la administración no hace otra cosa que descalificar cualquier institución, estudio o análisis que se fundamente en un rigor técnico que mida resultados y no palabras y promesas.

El mejor ejemplo de evaluación de un programa, hasta ahora corresponde a Progresa, ya que fue realizado por expertos extranjeros, y pudo hacerse gracias a una disposición de recursos, de la cual carecen las evaluaciones realizadas recientemente en todo el país, lo que impide a las últimas contar con la confiabilidad y validez que sería deseable.

Además de mayores recursos financieros, es necesario generar mayor desarrollo de las capacidades para evaluar programas, tanto en lo que se refiere a especialistas técnicos como a los distintos actores sociales participantes en los mismos, lo que constituye un desafío para nuestras universidades en los niveles de licenciatura, posgrado, educación continua y servicios de asesoría.

Un último reto urgente para mejorar la asignación de recursos, su aplicación efectiva, la transparencia de los programas y contribuir a la democratización del país, implica la generación y consolidación de una cultura de la evaluación que sustituya la imagen punitiva de la misma por una visión positiva de aprendizaje a partir de la propia experiencia realizada

Formular y aplicar la política social necesita de acuerdos verdaderos y confianza mutua entre los diferentes actores públicos y sociales, la legitimidad social y la confianza de la ciudadanía en la práctica de la evaluación de la política social requiere de una institución responsable de la evaluación con mayor y mejor autonomía, con mayores recursos presupuestales, y con mayor y mejor participación de la sociedad.

Pero, además se requiere que las dependencias del Ejecutivo Federal, estatales o municipales, ejecutoras de los programas a evaluar, proporcionen toda la información, en los tiempos requeridos sin ningún tipo de excepción y otorguen las facilidades necesarias para la realización de la evaluación, lo que representa el objetivo de la presente iniciativa. De la misma manera, la evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño, debe integrar, en su caso, las evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Cuando se realizan las evaluaciones a los programas sociales, se hacen evidentes algunos de los problemas de su aplicación, por ejemplo, las dependencias y entidades no proporcionan, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y en los lineamientos, toda la información que tienen disponible, derivada de las distintas evaluaciones de sus programas; las matrices de indicadores de los programas derivadas de las evaluaciones de consistencia y en consecuencia los resultados no coinciden con las que integraron al sistema de monitoreo del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

Lo anterior sugiere que los programas, cuyos operadores se preocupan por los impactos presupuéstales de indicadores adecuados pero incómodos, llevan una “doble contabilidad” en sus matrices y sus indicadores, y finalmente, los resultados de las evaluaciones son cuestionados severamente por los responsables de algunos programas y sus dependencias, obligando al Coneval a hacer algunas observaciones de los límites del proceso y a colocar en el mismo sitio digital de las evaluaciones el “posicionamiento” del programa en relación con los resultados de la evaluación.

En virtud de su carácter trasversal y de la responsabilidad social compartida del gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, con el sector privado y la sociedad organizada, la política social debería estar rindiendo mejores cuentas a la ciudadanía respecto de problemas tan graves y persistentes como la pobreza, la desigualdad en la distribución del ingreso y la carencia de oportunidades sociales de un sector importante de la población mexicana. Sin embargo, la política social como sistema de acción pública requiere de una revisión profunda para que los actores públicos y sociales relevantes, imaginen, acuerden, diseñen e implementen ajustes urgentes que permitan superar la desigualdad social y la pobreza.

Mejorar la calidad de la participación social y la rendición social de cuentas en las diferentes tareas de la política social, desde su discusión hasta su evaluación, constituye un imperativo para darle viabilidad a la política social.

Si alguno de los actores tiene dudas respecto al mecanismo que se siguió para establecer los acuerdos, los compromisos y las obligaciones de los diferentes actores, si alguno de los actores actúa y decide de manera unilateral, si la desconfianza mutua prevalece entre los actores públicos, privados y de la sociedad organizada involucrados, o si los mecanismos y los instrumentos de rendición social de cuentas no tienen el reconocimiento de la ciudadanía, la política social como proceso de gobernar está destinada al fracaso.

Lo mismo sucede si algunos actores con capacidad de gestión o con poder para influir en los resultados de la política social no están incluidos en el mecanismo de deliberación que conduce al establecimiento de los acuerdos que permitan el análisis, la formulación, la aplicación y la evaluación de la política social, pues no será posible que ésta ofrezca soluciones factibles a los problemas sociales y opciones verdaderas a la creación de oportunidades de bienestar para la población.

En términos de eficacia/rendición social de cuentas, la valoración integral del cumplimiento de los objetivos de la política social debería servir de constante y permanente insumo para que la dependencia responsable de la coordinación de la política social impulse nuevos y urgentes acuerdos entre los actores públicos y sociales involucrados, que permitan darle mayor viabilidad a la política social como acción pública deliberada para solucionar el problema de la pobreza y sus causas estructurales.

Para ello es urgente que la evaluación de la política social genere la información necesaria para hacer un monitoreo sistemático del cumplimiento de sus objetivos y que, para poder estar en condiciones de cumplir con ese mandato legal, el Coneval cuente con el diseño institucional más apropiado y con los recursos presupuestales suficientes para cumplirlo; en este momento, la confusión en el mandato legal del Coneval y su excesiva dependencia del gobierno federal obstaculizan el cumplimiento de su responsabilidad primaria.

Aunque se han logrado avances importantes en la normalización de la evaluación y en la generación de información útil para determinar la calidad cognoscitiva de la política social, la información que ha generado la evaluación acerca de la consistencia interna y de la calidad de los indicadores de resultados, gestión y servicios de los programas no se ha usado todavía para modificar el diseño de los programas que presentan inconsistencias en su diseño y problemas en sus indicadores, y menos para valorar la eficiencia económica y la eficacia social del conjunto de la política social.

La evaluación tampoco ha generado todavía información acerca de la eficiencia económica de los servicios y productos considerados en los programas de política social que se requiere para hacer evaluaciones de costo—beneficio de los programas y que permita hacer ajustes en su operación para disminuir costos, mejorar la gestión, obtener mejores resultados y disminuir los espacios que fomentan el clientelismo de los programas sociales.

En tal virtud, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley General de Desarrollo Social y los artículos 25 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Primero. Se reforma el artículo 74 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 74. Para la evaluación de resultados, los programas sociales de manera invariable deberán incluir los indicadores de resultados, gestión y servicios para medir su cobertura, calidad e impacto. Las dependencias del Ejecutivo federal, estatales o municipales, ejecutoras de los programas a evaluar, proporcionarán toda la información en los tiempos requeridos sin ningún tipo de excepción y otorgarán las facilidades necesarias para la realización de la evaluación.

Segundo. Se reforma el artículo 25 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 25. ...

I. y II. ...

III. La evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales con base en el Sistema de Evaluación del Desempeño, las metas y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el ejercicio siguiente y, en su caso, las evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

IV. a VI. ...

...

...

Artículo 111. ...

...

En la elaboración de los anteproyectos de presupuesto a los que se refiere el artículo 25 de esta Ley, las dependencias y entidades deberán considerar los indicadores del sistema de evaluación de desempeño, mismos que formarán parte del Presupuesto de Egresos e incorporarán sus resultados en la Cuenta Pública, explicando en forma detallada las causas de las variaciones y su correspondiente efecto económico. Así como privilegiar el fortalecimiento presupuestal para aquellos programas relevantes en la disminución de la desigualdad y pobreza conforme a la evaluación de la política de desarrollo social que realice el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Cepal, 2020.

https://www.cepal.org/es/temas/evaluacion-de-politicas-y-program as/acerca-evaluacion-politicas-programas-publicos

2 Ibidem

3 Conde Bonfil, Carola. (2017). Avances y retrocesos de la evaluación en México. La perspectiva de los evaluadores. Política y cultura, (47), 9-40. Recuperado en 27 de septiembre de 2022, de

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S 0188-77422017000100009&lng=es&tlng=es.

4 Casar, María (2022). ¿Primero los pobres? La política social: un barco a la deriva. Revista Nexos. Recuperado en

https://contralacorrupcion.mx/primero-los-pobres-nexos-barco-der iva

5 Secretaría de Bienestar, 4.o Informe Trimestral 2019. Programas de Subsidio del Ramo Administrativo 20.- Bienestar, 2018, p. 125

6 Óp. Cit.

7 4 Hernández Licona, G.; De la Garza, T.; Zamudio J., y Yaschine, Iliana (coords.). El Progresa-Oportunidades-Prospera, a 20 años de su creación, Coneval, Ciudad de México, 2019.

8 Gestión Social y Cooperación A. C. Índice de Desempeño de Programas Públicos Federales (Indep), Gesoc, México, 2021.

9 óp. cit.

10 En la LFPRH se define al sistema de evaluación del desempeño como “el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una evaluación objetiva del desempeño de los programas bajo los principios de verificación de grado de cumplimiento de los objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2022.– Diputada Berenice Montes Estrada (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Bienestar, y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

«Iniciativa que reforma los artículos 9o., 23 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Éctor Jaime Ramírez Barba, Leticia Zepeda Martínez, María del Carmen Escudero Fabre, Mariana Mancillas Cabrera, Juan Carlos Maturino Manzanera y Vicente Javier Verástegui Ostos, diputadas y diputados federales en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos 9, 23 y 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El artículo 4o. constitucional garantiza el derecho a la salud, para todos y cada uno de los mexicanos. Al ser un derecho social del cual todos los ciudadanos deben gozar, la atención a la salud debe ser accesible, universal y de calidad.

La Ley General de Salud, regula la prestación de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, así mismo establece que el Estado debe garantizar el acceso a la salud bajo criterios de universalidad e igualdad, generando condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos. No cabe duda que para cumplir con esta atribución requiere de suficientes recursos.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México viven 126 millones 14 mil 24 personas. Comparado con otros países, México ocupa el lugar 11 dentro de las naciones más pobladas del mundo. Por su parte, el sistema de salud cuenta con diversas instituciones para garantizar el acceso y derecho a la salud de la población mexicana.

El Sistema Nacional de Salud se constituye por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y local, así como los mecanismos de coordinación, y las personas físicas que prestan servicios de salud. En este sentido, la Secretaria de Salud Federal es la dependencia que encabeza y coordina los esfuerzos del sector.

Para cumplir sus objetivos la Secretaría de Salud se apoya en los servicios estatales de salud, en los institutos nacionales de salud, los hospitales regionales de alta especialidad y los hospitales federales.

Entre las entidades de control directo que proporcionan servicios de salud se encuentran el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el cual atiende al 51 por ciento de la población, es decir 64 millones 267 mil derechohabientes, mientras que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (Issste) atiende al 8.8 por ciento de la población, un total de 11 millones 89 mil derechohabientes y en lo que respecta a la población que no cuenta con seguridad social.

Se creó en 2020 el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que era responsable de la atención del 35.5 por ciento de la población, es decir 44 millones 734 mil personas. Sobre este último punto, sin embargo, en marzo del presente año 2022 el gobierno anunció que la atención a la salud de las personas sin seguridad social pasaría a ser responsabilidad de lo que más adelante (el pasado 31 de agosto) se concretaría como el Organismo Público Descentralizado “Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar”.

Cada nueva administración traza las líneas de acción en materia de Salud alineadas al Plan Nacional de Desarrollo (PND) en el que se encuentran proyectados los objetivos generales que se pretenden alcanzar durante los próximos seis años y que buscan asegurar el acceso a los servicios de salud. Para lograr estos objetivos se plantean diversas estrategias y líneas de acción que se desarrollan de forma más específica en el Programa Sectorial de Salud (Prosesa).

Como todos sabemos, el presupuesto de egresos representa el recurso que el gobierno podrá gastar para satisfacer las necesidades colectivas, en este caso las necesidades de salud a las que se busca dar respuesta a través de las estrategias y líneas de acción planteadas en el PND.

Por otro lado, un programa presupuestal se define como el conjunto de gastos que se considera necesario realizar en el desarrollo de actividades orientadas a lograr determinados objetivos previamente establecidos, por ejemplo, para cumplir los objetivos establecidos en el Programa Sectorial de Salud referentes a salud materna, sexual y reproductiva o para la prevención y control de enfermedades.

El Presupuesto de egresos contiene los programas presupuestales definidos para el logro de los objetivos planteados.

En la materia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reiterado que los países deberían invertir de promedio entre 6 y 8 por ciento de su PIB en materia de salud.

En este sentido, cabe recordar que, en febrero del 2019, apenas unos meses después del inicio de la presente administración, el actual secretario de Salud, el doctor Alcocer Varela, dijo que México debería invertir el 8 por ciento del PIB en materia de salud, a fin de acercar a México al gasto que realizan países como Noruega o Dinamarca en la materia, que fueron además mencionados como referentes en cuanto a la universalización de los servicios de salud.

Sin embargo, de acuerdo a los datos recabados por Fundar, el porcentaje del presupuesto asignado a la Función Salud durante la presente administración, a pesar de haber tenido un incremento del 0.4 por ciento y alcanzar así en 2022 un gasto de 2.8 por ciento en materia de salud respecto del PIB, dista todavía mucho tanto de las recomendaciones de la OMS y también del promedio de gasto de los países de la OCDE, así como de las palabras del propio Secretario de Salud.

Gráfica 1. Evolución 2018-2022 del presupuesto en Función Salud como porcentaje del PIB y del gasto social (en términos relativos)

Fuente: Presupuesto para el sector salud en tiempos de covid-19, Fundar https://bit.ly/3bkvFud

En esta línea, el presupuesto para salud (específicamente el Ramo 12) en nuestro país ha mostrado una importante estancamiento, a pesar de la transición epidemiológica que enfrenta México y de la epidemia de enfermedades no transmisibles que no muestra ninguna señal de mejora. Ejemplo de esta estancamiento es el hecho de que de 2013 a 2021, el presupuesto ejercido en el Ramo 12 ha incrementado en términos reales menos del 1 por ciento (0.98 por ciento).

En relación a la pasada administración (2013-2018), es posible observar (ver tabla 1) como el gasto asignado al Ramo 12 se modificó a la baja sistemáticamente durante los 4 primeros años de mandato. A pesar de que en 2017 se presentó una modificación al alza para el Ramo, la reducción anual en términos reales de los recursos ejercidos para el periodo completo fue de -3.64 por ciento. Además de lo anterior, todos los años se produjo un subejercicio, siendo los años de mayor subejercicio 2013 y 2018, con 5 y 48 millones de pesos de subejercicio respectivamente.

De acuerdo al documento a la nota informativa “Ramo 12 Salud: evolución del gasto de sus programas emblemáticos 2013-2018”, elaborada por el Centro de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el 70 por ciento del total de los recursos del Ramo se concentraron en los programas de Seguro Popular y Atención a la Salud, mismos que estaban destinados a atender a la población no afiliada o no derechohabiente en diferentes niveles.

A pesar de la importancia de estos dos programas, el ahora Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (Asmgpss), ejercido hasta 2022 enteramente por el Insabi, presentó un crecimiento anual en términos reales de tan solo el 0.6 por ciento para ese periodo, mientras que el Programa Atención a la Salud presentó un incremento anual del 0.9 por ciento, también en términos reales (ambos respecto al presupuesto ejercido). Cabe destacar que ambos programas han visto incrementado su presupuesto para el periodo 2019-2022.

Tabla 2. Evolución del presupuesto del Programa Seguro Popular/Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (2013-2021)

Nota: La fila sombreada en color gris corresponde al Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral.

Tabla 3. Evolución del presupuesto del Programa Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud / Programa Atención a la Salud (2013-2021)

El sistema de salud de nuestro país se ha mantenido bajo presión de manera constante durante los últimos años debido al alto porcentaje de la población que no cuenta con ningún tipo de derechohabiencia a la seguridad social, y por lo tanto no cuenta con acceso a los servicios de salud en estas instituciones públicas. Al inicio de la actual administración se anunció que los esfuerzos en materia de salud estarían orientados a establecer un sistema de salud con principios rectores de universalidad y reducción de la desigualdad, el combate a la corrupción y mejorar la gestión pública. Lo anterior teniendo como marco de referencia la austeridad republicana, con lo que se generarían ahorros y se transparentarían los recursos públicos.

Sin embargo, a pesar de que durante la actual administración se ha incrementado el presupuesto para el Ramo 12 Salud, como se observa en la Tabla 4, el Sistema Nacional de Salud sigue sin garantizar plenamente el derecho a la salud de la población, ni el acceso efectivo a los servicios requeridos por las personas.

De acuerdo los resultados de la evaluación realizada por Coneval, se señala que, a nivel nacional, entre 2018 y 2020, se observó un aumento de la población con carencia por acceso a los servicios de salud, al pasar de 16.2 por ciento a 28.2 por ciento, lo que representó un aumento de 20.1 a 35.7 millones de personas sin acceso a servicios de salud de personas en este periodo. Esto significa que en dos años hubo un aumentó de 15.6 millones de personas que reportaron no estar afiliadas, inscritas o tener derecho a recibir servicios de salud en una institución pública o privada. Este dato hace aún más importante el proteger el presupuesto para salud para lograr avanzar en la reducción de la brecha de personas sin acceso a servicios de salud.

Tabla 4. Evolución del presupuesto del Ramo 12 (2019-2023)

Si bien el presupuesto del Ramo 12 ha aumentado en la presente administración, y la mayor parte de las modificaciones al presupuesto aprobado han sido para otorgarle mayores recursos, es posible detectar una serie de modificaciones (en muchas ocasiones a la baja) y subejercicios en programas clave conforme avanza el año fiscal, esto sin justificación alguna, impidiendo con ello el cumplimiento de los objetivos planteados y afectando la prestación de los servicios de salud. Lo anterior se puede observar en datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el “Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2022”, cuya información se analiza y sintetiza en las tablas 4,5 y 6:

Tabla 5. Análisis del ejercicio del gasto de programas clave del Ramo 12 (2022)

En la tabla 5 se observan algunas modificaciones a la baja en el presupuesto aprobado a programas del Ramo 12 por la Cámara de Diputados, pero más significativos son los importantes subejercicios en programas que contribuyen al derecho a la salud (así clasificados en la Exposición de Motivos del PPEF 2022) como son el Programa de Vacunación, Salud materna, sexual y reproductiva, Fortalecimiento de la Atención Médica o el Programa Nacional de Reconstrucción que al segundo trimestre del año presenta un subejercicio del total de los recursos asignados para ese periodo.

En la Tabla 6 podemos observar que para el IMSS el programa de Prevención y Control de Enfermedades además de haber sufrido un recorte de casi un 7 por ciento, presenta un significativo subejercicio al mes de junio del 35 por ciento. Este programa tiene como objetivo prioritario garantizar la calidad y cobertura de los servicios y prestaciones institucionales privilegiando la prevención de enfermedades y la promoción de la salud.

La Tabla 7 nos muestra los programas más relevantes para la atención de la salud de los derechohabientes del Issste, y podemos observar como algunos de ellos han sufrido modificaciones a la baja superiores al 5 por ciento y adicional ello, también algunos de estos programas presentan importantes subejercicios como los es el programa de Suministro de Claves de Medicamentos el cual sufrió una modificación a la baja en su presupuesto aprobado, superior al 10 por ciento y presenta al mes de junio un significativo subejercicio mayor al 76 por ciento.

Si bien el programa Atención a la Salud sufrió una modificación del 8.5 por ciento al alza, presenta un subejercicio al segundo trimestre del año de casi un 15 por ciento, este programa tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud física, mental y social de los derechohabientes, con base en el modelo de Atención Primaria de Salud Integral.

El mensaje que ha dado la actual administración es que se invertiría en salud durante el sexenio y que esta inversión pondría a la vanguardia al sector, sin embargo, los programas presupuestales experimentan modificaciones a la baja y aún más delicado, se presentan subejercicios sin explicación alguna en el gasto en salud, afectando así los derechos sociales de los mexicanos como lo son el acceso a servicios de salud y el pleno goce del derecho a salud.

Para el PEF 2022, el Gobierno de México decidió destinar recursos extraordinarios en la adquisición de vacunas para combatir la pandemia por covid-19 y así fortalecer las acciones de abasto de los biológicos necesarios para la mitigación del contagio. Dentro de las prioridades también se contempló continuar con el fortalecimiento del primer nivel de atención a la salud primordialmente en las zonas rurales y en comunidades indígenas, y continuar con la política de servicios y medicamentos gratuitos en los institutos nacionales y Hospitales Federales y Regionales, así como continuar con los servicios que proporciona el Insabi.

Sin embargo, en un estudio realizado por la Asociación México Evalúa encontró que, para el primer trimestre de 2022, en el Insabi, los 38 hospitales y organismos de la Secretaría de Salud se presentaron subejercicios en el gasto, vinculados principalmente a una caída en las erogaciones del Insabi. Al momento de realizar este análisis, la organización dedujo que esto podía deberse a una transición anticipada hacia lo que ahora es el Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud del IMSS para el Bienestar, comúnmente llamado IMSS-Bienestar, sin embargo, a la fecha, no se tiene certeza sobre esto.

Algunos de los datos más relevantes de este análisis (así como de las actualizaciones relativas al informe de avance del gasto al segundo trimestre - a junio- de la SHCP) incluyen:

-En marzo de 2022, se detectaron transferencias del Insabi hacia fideicomisos por 8.6 mil millones de pesos, mismas que se infiere que habrían sido realizadas para intentar disimular el menor gasto frente al calendario. Para el mes de abril se registró un retraso en el ejercicio del gasto programado en la Secretaría de Salud por 21 por ciento o 18.7 mil millones de pesos, subejercicio que ha empujado a la SSA a su peor nivel de ejecución de recursos en una década. Para el informe del segundo trimestre este subejercicio se mantiene en un 19 por ciento.

-El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, debía haber ejercido al mes de abril 418 mdp, pero erogó solo 217 mdp, 48 por ciento (200 mdp) menos. En el reporte del segundo trimestre mantiene un subejercicio de casi el 40 por ciento.

-El Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga, debió ejercer 1.1 mmdp al primer trimestre, pero erogó solo 952 mdp, lo que implica un retraso del 20 por ciento (198 mdp). Para el informe del segundo trimestre ha reducido su subejercicio a 5.65 por ciento.

-El Instituto Nacional de Cancerología, el cual debía ejercer al periodo 380 mdp, erogó solo 277 mdp, 26 por ciento (103 mdp) menos. Para el segundo trimestre ha reducido significativamente su subejercicio a un 2.33 por ciento.

-En el caso de los órganos desconcentrados, se destaca el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (Censia), el cual debía ejercer 6.6 mmdp al periodo, pero erogó solo 1.7 mmdp, 74 por ciento (4.9 mmdp) menos. Para el segundo trimestre mantiene un subejercicio mayor al 70 por ciento.

-El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, al mes de abril presentaba un subejercicio del 90 por ciento (1mmdp), cayendo así a su peor nivel de ejecución de recursos para ese periodo desde 2011. Para el informe del segundo trimestre, aunque informa de un avance en el ejercicio de los recursos, mantiene un significativo subejercicio de 37 por ciento.

-El Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades debía gastar al mes de abril 353 mdp, pero acabó con un subejercicio del 61 por ciento (216 mdp), por lo que acumula su peor nivel de gasto desde 2013. Al igual que el CNEGySR, aunque en el segundo trimestre informa de un avance en el ejercicio de sus recursos mantiene un subejercicio de casi el 50 por ciento.

Si hablamos de modificaciones a los presupuestos después de ser aprobados por la Cámara de Diputados, es de resaltar, nuevamente, el caso del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, que, en el 2022, sufrió una reducción al presupuesto aprobado de alrededor de un 9 por ciento.

Lo anterior son solo ejemplos de la situación que guarda el presupuesto para el Sistema de Salud público en nuestro país, es por ello que consideramos que el sector salud debe ser prioridad para el gobierno con la finalidad de poder asegurar un estado de bienestar para la población, ya que en el futuro próximo el sistema seguirá enfrentando retos importantes, como el combate a la pandemia y la lucha contra las enfermedades no transmisibles ocasionadas por el sobrepeso, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, además de los distintos tipos de cáncer.

Parte de los argumentos utilizados para llevar a cabo las reformas en el sistema de salud en la actual administración fueron el reconocimiento de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1ro, derechos que por el momento no se ven materializados, en particular el derecho a la salud, ya que los recortes y subejercicios afectan la operación de los servicios que podrían materializar este derecho.

En este sentido la iniciativa que se presenta tiene por objeto que una vez aprobado el Presupuesto en materia de salud este no pueda sufrir reducciones, de igual manera, que los subejercicios que se presenten en los diversos programas no puedan ser empleados para otros rubros diferentes a salud, estableciendo también la obligación de informar al Congreso sobre los programas de salud que sufran modificaciones que representen una variación mayor al 5 por ciento del monto originalmente presupuestado.

Adicionalmente, se contemplan sanciones para los servidores públicos que deliberadamente incumplan con los objetivos planteados en los programas de salud, para lo cual se propone reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria como a continuación se presenta:

Por lo anteriormente expuesto se propone el siguiente:

Decreto

Único. Se adicionan los párrafos sexto y séptimo al artículo 9; se reforma el párrafo décimo, se anexa un párrafo onceavo al artículo 23; se reforma el párrafo cuarto, se anexa un párrafo quinto; y se recorre el párrafo quinto como sexto del artículo 58 ambos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

Artículo 9. ...

...

...

...

I.

II.

III.

...

...

Los fideicomisos cuyo propósito sea financiar el gasto en materia de salud, no podrán destinar su patrimonio para otro fin distinto a la salud.

Los recursos que los fideicomisos transfieran a la Tesorería de la Federación no se considerarán como gasto ejercido, ni podrán ser utilizados con fines distintos al objetivo para el que se constituyeron. Si los recursos transferidos a la Tesorería de la Federación no son utilizados para el pago de obligaciones contraídas, deberán regresar a la unidad ejecutora del gasto a más tardar en 30 días naturales.

Artículo 23. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten, deberán subsanarse en un plazo máximo de 60 días naturales. En caso contrario dichos recursos se reasignarán a los programas sociales y de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría estará obligada a reportar al respecto oportunamente a la Cámara, así como hacerle llegar la información necesaria.

Los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que se presenten en el gasto en salud, no podrán ser destinados para otro fin.

Artículo 58....

I... a II. ...

III.

...

...

...

Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una variación mayor al 5 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate, del presupuesto de una entidad o programa presupuestario, la Secretaría deberá reportarlo en los informes trimestrales. Con base en esta información, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y las comisiones ordinarias competentes podrán emitir opinión sobre dichas adecuaciones y los titulares de los entes deberán acudir ante dicha comisión a explicar las adecuaciones realizadas.

Si de la revisión que hicieran las comisiones legislativas se desprende que los servidores públicos han realizado acciones u omisiones que deliberadamente generen subejercicios que se traducen en un incumplimiento de los objetivos y metas planteados en sus programas o instituciones, se les sancionará en los términos de las disposiciones aplicables, de conformidad con el título séptimo de esta ley.

No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones correspondientes al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas, la Atención a Grupos Vulnerables y al gasto en salud, salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión de la Cámara de Diputados.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El fideicomiso denominado Fondo de Salud para el Bienestar deberá especificar en sus informes trimestrales lo siguiente:

I. Proyección estimada de los recursos financieros necesarios para cubrir las intervenciones catastróficas establecidas en la Ley General de Salud y el monto por intervención;

II. Proyección estimada de los recursos financieros necesarios para la adquisición de medicamentos y otros insumos requeridos para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación médica;

III. Número de pacientes o casos estimados y atendidos; así como su distribución a nivel estatal y nacional;

IV. Número de casos autorizados, validados, pendientes por pagar y los pagados;

V. Tipo de casos, sean nuevos, de continuidad o seguimiento;

VI. Los rendimientos financieros generados;

VII. El saldo del Fondo de Salud para el Bienestar en el ejercicio fiscal en curso;

VIII. Las aportaciones de recursos fiscales, aportaciones de recursos propios u otras aportaciones que se hubieren realizado.

La Auditoría Superior de la Federación al fiscalizar la Cuenta Pública federal de cada año, verificará el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas correspondientes relativas al Fondo de Salud para el Bienestar y, en su caso, iniciará los procedimientos de responsabilidades administrativas, penales u otras que correspondan.

Tercero. El Fondo de Salud para el Bienestar, con base en las estimaciones que realice al respecto, deberá mantener los recursos necesarios para garantizar el financiamiento de la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos para un periodo de 5 años, por ningún motivo los recursos acumulados podrán utilizarse para otro objetivo distinto a lo establecido en la ley.

Notas

1 Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Cuéntame de México, población total. Recuperado de

https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P

2 Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Derechohabiencia, Población total según condición de derechohabiencia. Recuperado de

https://www.inegi.org.mx/temas/derechohabiencia/

3 Saludiario el medio para médicos. Rodrigo Rojas, febrero 21 de 2019. México debe invertir el 8 por ciento de su PIB en salud”: Jorge Alcocer. Recuperado de https://bit.ly/3SCcYTn

4 En 2020, año en el que entra en Vigor la desaparición del Programa Seguro Popular, aparece el mismo como Presupuesto aprobado, mas no existe modificado ni ejercido. Paralelamente, se crea el “Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (ASMGPSS)” que sustituye en los años subsecuentes.

5 Hasta 2015 el programa presupuestario E023 se llamaba “ Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud”

6 Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2022. Recuperado de

https://www.ppef.hacienda.gob.mx/swb/PPEF/estructuras_programati cas-2023

7 El porcentaje de subejercicio presentado en las tablas 5, 6 y 7 se calculó contrastando lo ejercido de enero a junio del 2022 con el monto de modificado mensual indicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su informe de avance al segundo trimestre de 2022.

8 México Evalúa. Junio 16 2022. El daño se extendió a toda la Secretaría de Salud: abril 2022. Recuperado de

https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2022/06/16/el-dano-se-e xtendio-a-toda-la-secretaria-de-salud-abril-2022/

Bibliografía y Fuentes de Consulta

-Cámara de Diputados, subdirección de análisis, junio de 2020. Presupuesto Público Federal para la Función Salud en México, 2019-2020. Recuperado de

https://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/se/SAE-ISS-12-20.pdf

-Cámara de Diputados. Centro de Estudio de la Finanzas Públicas. 31 de marzo de 2019. Ramo 12 ‘Salud’, evolución del gasto de sus programas emblemáticos, 2013 2018. Recuperado de

https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2019/notacefp0172019. pdf

-Cámara de Diputados. Centro de Estudio de la Finanzas Públicas. 10 de noviembre de 2020. Presupuesto para las Principales Funciones del Gasto del PPEF 2021 en la Reactivación de la Economía. Recuperado de

https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2020/notacefp0752020. pdf

-Cámara de Diputados. Centro de Estudio de la Finanzas Públicas. 30 de abril de 2019. Programas Prioritarios 2019-2020. Recuperado de

https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2019/notacefp0222019. pdf

-Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Informe del Avance Físico de los Programas Presupuestarios Aprobados en el PEF 2022. Recuperado de

https://www.ppef.hacienda.gob.mx/swb/PPEF/estructuras_programati cas-2023

-Cámara de Diputados. Centro de Estudio de la Finanzas Públicas. Dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. Recuperado de

https://cefp.gob.mx/cefpnew/presupuestoygasto.php

-Cámara de Diputados. Centro de Estudio de la Finanzas Públicas. Dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. Recuperado de

https://cefp.gob.mx/cefpnew/presupuestoygasto.php

-Cámara de Diputados. Centro de Estudio de la Finanzas Públicas. Dictamen de Aprobación del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. Recuperado de

https://cefp.gob.mx/cefpnew/presupuestoygasto.php

-Cámara de Diputados. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022. Recuperado de

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2021/nov/DOF29NOV2021-Pres upuesto2022.pdf

-México Evalúa. Junio 16 2022. El daño se extendió a toda la Secretaría de Salud: abril 2022. Recuperado de

https://numerosdeerario.mexicoevalua.org/2022/06/16/el-dano-se-e xtendio-a-toda-la-secretaria-de-salud-abril-2022/

-Diario Oficial de la Federación. Programa Institucional 2020-2024 del Instituto de Salud para el Bienestar. Recuperado de

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608326&fecha =21/12/2020#gsc.tab=0

-Diario Oficial de la Federación. Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Salud 2020-2024. Recuperado de

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608326&fecha =21/12/2020#gsc.tab=0

-Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A. C. 11 de septiembre de 2020. Implicaciones del Paquete Económico 2021. Recuperado de

https://ciep.mx/implicaciones-del-paquete-economico-2021/

-Centro de Análisis e Investigación Fundar. Presupuesto para el sector salud en tiempos de covid-19. Recuperado de

https://fundar.org.mx/pef2022/presupuesto-para-el-sector-salud-e n-tiempos-de-covid-19/#:~: text=Desde por ciento20un%20an%C 3%A1lisis%20funcional3,2.8%25%20como%20porcentaje%20del%20PIB

-Saludiario el medio para médicos. Rodrigo Rojas, febrero 21 de 2019. México debe invertir el 8 por ciento de su PIB en salud”: Jorge Alcocer. Recuperado de

https://www.saludiario.com/mexico-debe-invertir-el-8-por-ciento- de-su-pib-en-salud-jorge-alcocer/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2022.– Diputados: Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen, y a la Comisión de Salud, para opinión.

LEY DE FOMENTO A LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA Y LEY GENERAL DE TURISMO

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Leyes de Fomento a la Industria Vitivinícola, y General de Turismo, suscrita por el diputado José Luis Báez Guerrero y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado José Luis Báez Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola y de la Ley General de Turismo, al tenor de lo siguiente:

Planteamiento del Problema

Hace seis o siete mil años, en Sumeria, el país de mayor antigüedad en Mesopotamia, comenzó el cultivo de la vid y la consecuente elaboración de vino. De aquí, la vid fue llevada a Grecia y más tarde los romanos se convirtieron en los máximos propagadores del fruto.

Posteriormente, de Grecia se llevó a España y luego el cultivo de la vid se propagaría a América a partir de 1492 con la conquista, ya que esta bebida era parte de la dieta cotidiana de los españoles y también del proceso de evangelización que se realizó en la posteridad.

A los frailes de las diversas órdenes religiosas les corresponde el mérito de impulsar la vitivinicultura en las colonias españolas de América. Y así, la Nueva España se convirtió en el principal destino para los vinos y licores de la península ibérica ya que durante el gobierno de Cortés dieciséis barcos hispanos llegaban cada año procedentes de Cádiz cargados hasta las bordas con Jerez de Chiclana y Puerto Real y licores de Sanlúcar de Barrameda y Sevilla.

Por su parte, también en la Nueva España, los colonizadores encontraron uvas silvestres, diferentes de la Vitis vinífera europea. Y se precisa que los españoles, sobre las cepas silvestres, injertaron las vides españolas.

Así, a partir del decreto firmado por Cortés en 1524, se tiene conocimiento que el cultivo de la vid se propagó a Puebla, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca. Más tarde fue llevado a tierras septentrionales de las provincias de Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, Nueva Extremadura y Baja California. Por su parte, los misioneros jesuitas llevaron el cultivo de la vid a tierras bajacalifornianas -finales del siglo XVII.

En la Intendencia de Guanajuato Miguel Hidalgo y Costilla promovió la vitivinicultura. Durante su gestión —de 1803 a 1810-, fomentó el cultivo de la vid y la producción de vino.

Luego, Agustín Iturbide trató de fomentar la incipiente industria vitivinícola nacional, para lo cual en 1824 —tres siglos después del decreto expedido por Hernán Cortés—, ordenó que se aplicasen impuestos hasta de 35 por ciento a los vinos importados como una forma de estimular la producción en México.

A partir de la tercera década del siglo XX comenzó el auge en la vitivinicultura nacional. El presidente Abelardo L. Rodríguez (1932 a 1934) compró las bodegas de Santo Tomás e instaló en la ciudad de Ensenada una planta vinificadora y en 1936 se establece la vinícola regional y un italiano llegado a México, Angelo Cetto, comienza a elaborar vinos de calidad en el valle de Guadalupe.

Ya han pasado más de 80 años y hoy la industria vitivinícola se ha consolidado.

Según cifras de 2021, son 8 mil 431 hectáreas que se destinan a la elaboración de vinos y otros productos industriales, con más de 50 variedades en producción y 82 variedades registradas en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS).

Son más de 4 millones de cajas anuales de producción y 3 de cada 10 botellas de vino que se consumen en el país son de vino mexicano. México ocupa el tercer lugar mundial en exportación de uva de mesa, con ventas a más de 25 países.

La industria del vino en México necesita ir de la mano con las nuevas formas en que el vino se relaciona con la sociedad o en que la sociedad quiere experimentar el lugar donde se crea la magia del vino, así se ha acrecentado el enoturismo o turismo enológico en dichas regiones. Las casas vitivinícolas han abierto sus puertas y con ello, ofrecen una nueva experiencia para disfrutar de todo el proceso, desde el cultivo, la vendimia y producción del vino.

El enoturismo o turismo enológico se define como “aquel tipo de turismo dedicado a potenciar y gestionar la riqueza vitivinícola de una determinada zona. Se relaciona con el turismo gastronómico, cultural (arquitectura, arte) y de salud-belleza (vinoterapia). Los turistas conocen cada zona vitivinícola a través de la degustación de sus vinos y la visita a bodegas y viñedos”.

No obstante, que el turismo suele ser una actividad económica de “servicios”, el enoturismo ha influido en la actividad vitivinícola del país. Así, al considerarse la producción del vino como de “uso recreativo” éste hace posible la diversificación de las actividades recreativas de cualquier región proporcionando una diferenciación del producto turístico del estado con la del vino.

El turismo ha crecido y evolucionado, ya que no solo es turismo de playa; sino que ahora, en México se ha desarrollado un turismo familiar, enológico, gastronómico, de negocios, de eventos y convenciones, incluso de ocio.

En el desarrollo del enoturismo resulta fundamental el concepto de “rutas del vino”, itinerario diseñado a través de la región vitivinícola, temáticamente señalizado, y comercializado e interpretado a través de folletos y mapas, que incluye los diferentes viñedos y bodegas, proporcionando información sobre sitios históricos y de interés.

Las rutas del vino dan la oportunidad de visitar las bodegas y viñedos, museos y centros del vino, además de comprar vinos, degustar la gastronomía local y alojarse en establecimientos de la zona.

Las cinco rutas del vino más importes en México son:

1. Baja California, Ruta del Vino

2. Coahuila, Ruta Vinos y Dinos

3. Nuevo León, Las Maravillas

4. Querétaro, Ruta del Arte, Queso y Vino

5. Guanajuato, La Ruta del Vino

Ahora bien, como ya quedo claro, la actividad turística es de suma importancia para el país, sin embargo, hoy en día existen diversas actividades turísticas que no encuentran regularidad legal, omisión que provoca la falta de apoyo y oportunidades en las mismas.

Aplica a los ciudadanos el principio jurídico “todo lo que no está prohibido está permitido”, sin embargo, a las autoridades gubernamentales aplica a contrario sensu, es decir: “solo pueden hacer lo que dice la ley”.

En este sentido se encuentra el enoturismo.

Hoy en día la producción del vino en sí, es un atractivo con potencial de uso recreativo, se convierte en un recurso de explotación turística que otorga elementos suficientes para la diversificación de las actividades recreativas de la región, y proporciona una diferenciación del producto turístico del estado; elevando la producción, industrialización y comercialización del vino, los efectos secundarios sobre la economía regional y factores sociales de la población local, como también adquiere un valor agregado con el turismo a través de su respectivo efecto multiplicador, beneficiando al desarrollo local y regional; aspectos que conducen, sin lugar a dudas, a la competitividad no solo en la producción del vino sino también en el posicionamiento del destino turístico, y a su vez a un modelo sostenible del desarrollo local y regional.

El enoturismo ha venido tomando fuerza en la última década, sobre todo a partir del año 2000, año en que se inician los esfuerzos institucionales para la constitución de la Ruta del Vino en Baja California, lo que ha llevado a un nivel óptimo de consolidación a dichos espacios territoriales, y que los posiciona en valor turístico mediante la creación de paquetes y productos turísticos.

Posteriormente se sumaron otros proyectos, en 2007 se implementó la Ruta del Queso y el Vino en Querétaro; en Coahuila se puso en marcha una Ruta del Vino por las bodegas más importantes del territorio. Recientemente se incorporó el Circuito del Vino en Guanajuato, cuya oferta se compone de bodegas boutique. El crecimiento del mercado enoturísticos mexicano se asocia con el crecimiento de nichos de mercado de consumidores de vino, asociados al consumo como mecanismo de distinción social.

Considerar la alimentación como patrimonio y, también como herramienta para el desarrollo ha sido una estrategia gubernamental para reivindicar el valor de las identidades nacionales y/o regionales, aunque también puede surgir como una forma de reivindicación social y cultural de algunos grupos subalternos (comunidades indígenas, campesinos, entre otros). Sin que de suyo puedan considerarse como actividades vinculantes entre sí, ya que cada una de ellas, turismo gastronómico y enoturismo, cuentan con particularidades propias.

Y lo que propone la presente iniciativa es dar regularidad legal al enoturismo.

Especialmente en las comunidades rurales, donde se ha declarado un declive de las actividades productivas y la revitalización de la economía local, tomando como eje central el concepto de calidad, la activación patrimonial de las producciones agrarias y la valorización de platos/productos considerados tradicionales se ha convertido en una de las apuestas más rentables para lograr el desarrollo rural.

El interés por el mundo del vino deviene de un fenómeno de patrimonializacion de la alimentación y su activación mediante el turismo. Observar los procesos de producción, transformación, distribución y consumo, sirven como base para el desarrollo de actividades de ocio turístico en las sociedades contemporáneas.

En este sentido, el 31 de Julio de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Turismo, misma que precisa que la materia turística comprende los procesos que se derivan de las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con fines de ocio y otros motivos.

Refiere como parte de su objeto: “Fomentar y desarrollar acciones para diversificar la actividad turística, todas las modalidades turísticas se considerarán como un factor de desarrollo local integrado, apoyando el aprovechamiento de las actividades propias de las comunidades.”

En este sentido, una parte de esta iniciativa pretende agregar un apartado a efecto de dar regularidad legal a la actividad enoturística en el país que, como ya se precisó ha tenido un crecimiento exponencial desde los últimos años.

Además tiene como objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, a efecto de incorporar nuevos conceptos y con ello, favorecer a los productores del país, detonar el crecimiento económico en las entidades federativas que cuentan con producción vitivinícola, precisar y dar reconocimiento legal al enoturismo y rutas del vino, como actividad y lugar de interés que ha proliferado en estos nuevos tiempos.

Aunado a lo anterior, deviene también la necesidad de incorporar en la Ley General de Turismo el concepto de enoturismo antes señalado a efecto de que la Secretaría de turismo incorpore dentro de sus políticas de planeación y programación, mejoramiento, protección, promoción y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos esta nueva forma de hacer turismo; al efecto, también se propone incorporar el Capítulo III Bis denominado “Del Enoturismo” dentro del diverso Título Tercero denominado “De la Política y Planeación de la Actividad Turística” con dos artículos el 17 Bis y 17 Ter, sin que sea necesario recorrer la numeración establecida en la ley.

Para mayor claridad se presenta el siguiente cuadro comparativo:

En atención a lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente:

Decreto

Artículo Primero. Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, para quedar como siguen:

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto impulsar, fomentar, fortalecer, promover y difundir las actividades relacionadas al Sector, en concordancia con la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y demás ordenamientos legales aplicables, para impulsar una mayor productividad y competitividad de la actividad y fomento al enoturismo. Además de establecer las bases para el impulso y desarrollo de la industria vitivinícola mexicana.

Artículo 2. Son sujetos de esta Ley todos los actores involucrados, iniciando desde los procesos de plantación, siembra, cultivo, cosecha, fermentación, crianza, envasado y la comercialización del Vino elaborado, así como los productores, las organizaciones, asociaciones, comités, consejos de carácter nacional, estatal, regional, distrital y municipal, las subcomisiones de las entidades federativas que se constituyan o estén constituidos de conformidad con los lineamientos y las normas vigentes en la materia y, en general, toda persona física o moral que, de manera individual o colectiva, realice actividades relacionadas dentro de la cadena productiva a la actividad vitivinícola y del enoturismo en territorio mexicano.

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. al III.

III Bis. Enoturismo: Tipo de turismo enfocado en las zonas de cultivo y producción vinícola. Se relaciona con el turismo gastronómico cultural, rural y social, dependiendo del carácter histórico o artístico del sector.

IV. a la VI.

VII. Registro: El Registro Nacional de Productores Vitivinícolas y prestadores de servicios enoturísticos

VII Bis. Ruta del Vino: corredor, circuito o canal temático, geográfico y comercial en torno a las zonas de cultivo y producción vitivinícola, que ofrece productos, servicios y actividades culturales, gastronómicas y hoteleras.

Artículo 4. Las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán y coordinarán el impulso, desarrollo y participación del Sector en el mercado, incluyendo la promoción de esquemas de participación de productores y del enoturismo.

Artículo 8. El Ejecutivo federal, a través de sus dependencias y entidades, podrá suscribir convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, y de los municipios para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley y para fortalecer al sector y al enoturismo.

Además de emitir el programa federal vitivinícola y de enoturismo que promueva el desarrollo y aplique políticas públicas para el fomento del sector vitivinícola y del enoturismo.

Artículo 10. La Comisión tiene como objeto orientar, promover, apoyar y proponer políticas públicas para el fomento de la industria vitivinícola nacional y enoturismo.

Artículo 12. La Comisión para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes funciones:

I. Proponer en congruencia con el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, las políticas generales y definir las estrategias de fomento a la industria vitivinícola nacional y enoturismo;

II. Fomentar la investigación acerca de las diferentes variedades y clasificaciones de uva para vinificación, de los microclimas existentes en el país, así como de las distintas regiones o rutas vitivinícolas;

III. a V...

VI. Impulsar las políticas públicas relacionadas con el Sector y del enoturismo, para su crecimiento y desarrollo integral de los mismos;

Artículo 13. Las diferentes instituciones y entes de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, en el ámbito de sus competencias, así como las asociaciones, consejos, comités y representaciones privadas podrán apoyar a la Comisión en el ejercicio de sus atribuciones, bajo los principios de colaboración, coordinación e información interinstitucional.

Además, deberán promover la ampliación y mejora de la infraestructura para lograr el desarrollo del sector y del enoturismo.

Artículo 18. La Comisión será incluyente y representativa de las opiniones e intereses de los Comités Nacional y Estatales de los Sistemas Producto Vid, productores, consejos, asociaciones civiles, académicos y demás organizaciones que tengan por objeto o se encuentren relacionados con la industria vitivinícola mexicana y del enoturismo.

Artículo 20. La Secretaría en coordinación con la Comisión apoyará al Sector a:

I. Promover, evaluar y ejecutar una política nacional de fomento económico específica delineada a favor de la industria vitivinícola y del enoturismo con la participación de los representantes de los Comités Nacional y Estatales de los Sistemas Producto Vid, comités interinstitucionales, consejos, productores, asociaciones civiles y académicos que por objeto o interés estén vinculados a la Industria Vitivinícola y enoturismo;

II. Instrumentar el Registro, el cual deberá contener los datos completos del padrón de productores de uva destinada a la producción de Vino, embotelladores, comercializadores, distribuidores, importadores y exportadores de Vino, así como también a todos los prestadores de servicios enoturísticos; el cual será parte del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, establecido en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable;

III. Asesorar a los productores para que en el desarrollo de cultivos destinados a la producción de insumos para la vitivinicultura se realicen de acuerdo con las mejores prácticas agrícolas aplicables en materia de sanidad vegetal y que las investigaciones científicas y tecnológicas aconsejen; así como a los prestadores de servicios enoturísticos para que cumplan con los estándares recomendados.

Artículo 25. La Secretaría de Turismo en coordinación con la Comisión apoyará al Sector a:

I. a III ...

IV. La Secretaría de Turismo, como integrante de la comisión deberá propiciar la interacción con operadores turísticos, medios de comunicación y sector público y privado para la promoción del sector vitivinícola y del enoturismo.

Artículo Segundo. Se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I a VII...

VII Bis. Enoturismo: Tipo de turismo enfocado en las zonas de cultivo y producción vinícola. Se relaciona con el turismo gastronómico cultural, rural y social, dependiendo del carácter histórico o artístico del sector.

Título TerceroDe la Política y Planeación de la Actividad Turística

Capítulo III Bis Del Enoturismo

Artículo 17 Bis. La Secretaría impulsará y promoverá el Enoturismo, el cual comprende los viajes y estancias en las zonas de cultivo y producción vinícola, cuyo propósito es el conocimiento del territorio y de las labores en torno a la cultura del vino, e incluye visitas a los espacios de producción y otros eventos en los cuales la experiencia sensorial del vino es el motivo principal, pero, además está motivado por el deseo de conocer nuevos vinos y aprender de las diferentes culturas vitivinícolas.

Las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, coordinarán y promoverán sus esfuerzos entre ellas y con las de los gobiernos locales y municipales, e impulsarán acciones con los sectores social y privado para el fomento del enoturismo.

La Secretaría y la Secretaría de Desarrollo Social, elaborarán y ejecutarán de manera coordinada un programa tendiente a fomentar el enoturismo.

Artículo 17 Ter. La Secretaría, con la participación de las distintas dependencias y entidades promoverá la suscripción de acuerdos con prestadores de servicios turísticos para el cumplimiento de los objetivos de este capítulo.

Las instituciones, dependencias y entidades del sector público del Ejecutivo federal, de los estados, municipios y de la Ciudad de México, promoverán el enoturismo.

Transitorio

Único. - El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.mexicodesconocido.com.mx/el-vino-en-mexico.html

2 http://fangourmetchannel.blogspot.com/2013/07/mexico-el-primer-pais-de-america- donde.html

3 https://www.gob.mx/agricultura/articulos/vino-mexicano-igual-a-excelencia?idiom =es#:~: text=Son%20ocho%20mil%20431%20hect%C3%A1reas,SNICS)%20se%20cuenta%20con%2082.

4 Aunque la asociación de Productores de Uva de Mesa de México (AALPUM), espera que la cosecha de 2022 alcance un nuevo máximo, superando los 25 millones de cajas

(https://www.portalfruticola.com/noticias/2022/03/25/se-espera-q ue-la-cosecha-de-uva-de-mesa-mexicana-crezca-mas-de-un-19/)

5 https://www.mexicampo.com.mx/destinado-el-2022-para-ser-el-ano-del-vino-mexican o/

6 https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4470621.pdf

7 Se organiza en torno a un tema y debe integrarse por un conjunto de establecimientos o construcciones relacionadas a la producción que se refiera, en este caso el vino. Esta debe ofrecer una serie de servicios y actividades referentes a la temática que la define y debe también ofrecer un producto integrado entre sitios, atractivos, servicios y atención.

(https://www.cultura.gob.mx/turismocultural/cuadernos/pdf18/arti culo8.pdf)

8 https://recorriendomexico.travel/2021/08/18/5-rutas-del-vino-en-mexico-que-debe s-conocer/

9 http://www.redsocialesunlu.net/wp-content/uploads/2016/10/RSO C017-004-Morgan-Medina-J.-C-Cuamea-Vel%C3%A1zquez-O.-Minaverry-C.-M.-2016.-El-e noturismo-en-M%C3%A9xico.pdf

10 https://ojsull.webs.ull.es/index.php/Revista/article/download/1846/ 1532/11596

11 En 2010, las gastronomías de México, Francia y la dieta del Mediterráneo son parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad (Unesco) siendo la primera vez que se pone gastronomías en dicha organización

(https://www.bbc.com/mundo/noticias/2010/11/101116_unesco_patrim onio_inmaterial_comida_mexico_l)

12 Fracción XV artículo 2 de la Ley General de Turismo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2022.– Diputado José Luis Báez Guerrero (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, y de Turismo, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

«Iniciativa que reforma el artículo 113-E de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por el diputado Riult Rivera Gutiérrez y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El proponente, Riult Rivera Gutiérrez, diputado federal por el estado de Colima, y suscrita por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos noveno y décimo del artículo 113-E de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por el que se exenta del pago del impuesto a los socios o integrantes de sociedades cooperativas de producción de sal de mar, siempre y cuando, en el ejercicio fiscal que corresponda, sus ingresos no excedan de novecientos mil pesos efectivamente cobrados, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Primero. La presente iniciativa tiene por objeto beneficiar a los socios o integrantes de sociedades cooperativas de producción de sal de mar, al igual que los del sector agrícola, ganadera, silvícola, pesquera, al quedar exentos del pago del impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades en el ejercicio fiscal que corresponda y que estos no excedan de novecientos mil pesos efectivamente cobrados.

Segundo. El artículo 113-E del Impuesto Sobre la Renta establece que las personas físicas que realizan actividades exclusivamente en los sectores agrícola, ganadera, silvícola, pesquera, tienen incentivos fiscales, es decir, sus actividades quedan exentas del impuesto sobre la renta por los ingresos, siempre y cuando no excedan de novecientos mil pesos efectivamente cobrados.

Aunado lo anterior, el 9 de junio de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la primera Resolución de modificaciones a la Resolución de facilidades administrativas para el sector primario para 2022, en la que se adiciona la “Regla 16. De la Resolución de facilidades administrativas para el sector primario para 2022”, para quedar de la siguiente manera:

“Opción para socios o integrantes de sociedades cooperativas de producción pesqueras o silvícolas

16. Las personas físicas que sean socios de sociedades cooperativas de producción dedicadas exclusivamente a actividades pesqueras o silvícolas que cuenten con concesión o permiso del gobierno federal para explotar los recursos marinos o silvícolas, podrán optar por ser sujetas de la exención de $900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100 M.N.) a que se refiere el artículo 113-E, párrafo noveno de la Ley del ISR, a través de dichas sociedades cooperativas, considerando para dicho monto el total de los ingresos que perciban por las citadas actividades efectivamente cobrados en el ejercicio, siempre que la totalidad de los socios de la sociedad cooperativa de que se trate ejerzan la referida opción y dichas sociedades cumplan con los siguientes requisitos:

...]”

Sin embargo, tanto la primera resolución de modificaciones a la resolución de facilidades administrativas para el sector primario para 2022, como el artículo 113-E de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, excluyen uno de los sectores primarios importantes para el desarrollo de la economía en el país, como lo son los productores de la sal de mar.

Tercero. Sabemos que los incentivos fiscales surgen como apoyo a aquellos productores que se dedican al sector primario, para un desarrollo óptimo de la economía en el país, mejorar y aumentar la producción de ciertos sectores, pero además fortalecer la economía familiar de aquellos negocios cuya tradición es el desarrollo de alguna actividad en determinada región.

En México existen actividades económicas, consideradas como cualquier actividad relacionada con la producción, el intercambio y el consumo de bienes o servicios e incluso información. Son parte importante de la identidad de una población y contribuyen fuertemente a la economía de ella.

En ese tenor, podemos tener en consideración las “actividades primarias” que se generan para la actividad económica en el país, asimismo, como sector primario se denomina aquel sector de la economía que comprende las actividades productivas de la extracción y obtención de materias primas, como la agricultura, la ganadería, la apicultura, la acuicultura, la pesca, la minería, la silvicultura y la explotación forestal.

Como “minería”, podemos mencionar que es la extracción o explotación de los recursos minerales de la tierra, que se obtienen de los yacimientos naturales del suelo o subsuelo.

Cuarto. Tomando en cuenta el uso de los minerales, estos se pueden agrupar en tres grandes categorías:

-Metálicos: Tienen brillo propio y son buenos conductores de calor y electricidad. Los más comunes en México son: oro, plata, plomo, cobre, zinc y fierro.

-No metálicos: Incluyen rocas y minerales que tienen utilidad y aplicación en la industria o en la construcción: arena y grava, roca caliza (cal), carbón mineral, azufre, fluorita y sal, entre otros.

-Combustibles o energéticos: Originados de restos fósiles, como carbón, petróleo y gas.

En ese orden de ideas, nos centraremos en los minerales “No metálicos”, ya que el interés de la presente iniciativa es referente a la sal de mar.

Quinto. La mayoría de la sal que se produce en México es por salineras que se encuentran distribuidas en diferentes regiones del país. Según datos del Servicio Geológico Mexicano, las 14 productoras de México se encuentran en los siguientes estados:

-Guerrero Negro, Baja California

-Ciudad Obregón, Sonora

-Navojoa, Sonora

-Salina Cruz, Oaxaca

-Costa de Yucatán

-Cuenca Salina del Istmo, Veracruz

-Los Mochis, en Sinaloa

-Salinas, San Luis Potosí

-Costa de Jalisco

-Matamoros, Tamaulipas

-Costa de Colima

-García, Nuevo León

-Petatlán, Guerrero

-Sierra Mojada, Coahuila.

Existen 2 tipos de sal, la sal común y la sal de mar. El primer tipo de sal es la de gema o roca, conocida como sal común. Su origen son las minas, proviene de un mineral llamado halita. Para su consumo se tritura, refina y depura. Normalmente se le añade yodo y en ocasiones fluor. La base de esta sal es el sodio y para conservarla se añaden antiaglomerantes.

El segundo tipo es la sal marina, que se obtiene en salinas por la evaporación del agua de mar. Aunque también se procesa no se refina y por eso se ve distinta a la común. Además del sodio llega a incluir calcio, potasio o hierro, en cantidades muy pequeñas para ser peligroso igual que la común. También se adiciona yodo, como a la común. Suele promocionarse como más sana pero las diferencias son mínimas.

Siendo la sal de mar un importante aportador a la economía mexicana, benéfica a la salud del ser humano y amigable con el medio ambiente, en México existen múltiples Sociedades Cooperativas Salineras.

Sexto. De acuerdo a la Ley General de Sociedades Cooperativas, en su artículo 2, establece que “La sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.”

Atendiendo la calificación de los tipos de Sociedades Cooperativas, existen tres clases:

1. De consumo: Son aquéllas cuyos miembros se asocian con el objeto de obtener en común artículos, bienes o servicios para ellos, sus hogares o sus actividades de producción.

2. De producción: Son aquéllas cuyos miembros se asocian para trabajar en común en la producción de bienes o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual, independientemente del tipo de producción que realicen.

3. De ahorro y préstamo: Son aquéllas sociedades constituidas y organizadas conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas que, independientemente del nombre comercial, razón o denominación social que adopten, tengan por objeto realizar operaciones de ahorro y préstamo con sus socios, y quienes forman parte del sistema financiero mexicano con el carácter de integrantes del sector social sin ánimo especulativo.

Séptimo. Siendo las Sociedades Cooperativas de la Sal de Mar cooperativas de producción, mismas que se han formado y siguen activas por tradición familiar, cuya actividad es la que sostiene económicamente a sus familias en ciertas regiones del país, generando así un autoempleo, deben tener incentivos o beneficios fiscales, al igual que lo tienen otros sectores, como la agrícola, ganadera, silvícola y pesquera.

En congruencia con la Ley General de Sociedades Cooperativas, en su artículo 93, que establece, “Los gobiernos federal, de las entidades federativas, municipal y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, apoyarán, en el ámbito territorial a su cargo y en la medida de sus posibilidades, al desarrollo del cooperativismo”, en ese tenor, en el desarrollo de la aplicación de la Ley y en sintonía al apoyo que el gobierno federal debe realizar en la medida de las posibilidades, el Poder Legislativo, siendo su función la actividad legislativa, es necesario apoyar a uno de los sectores primarios más vulnerables e importantes en la economía de este país.

Por lo que se propone reformar los párrafos noveno y décimo del artículo 113-E de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con el objeto de beneficiar a socios o integrantes de sociedades cooperativas de producción de sal de mar, de quedar exentos del impuesto sobre la renta, siempre y cuando cuyos ingresos en el ejercicio fiscal que corresponda, no excedan de novecientos mil pesos efectivamente cobrados, para quedar como se muestra en el recuadro comparativo:

Con lo anteriormente expuesto, presento y someto a consideración del pleno de la honorable Aaamblea de la LXV Legislatura Federal la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman el noveno y décimo párrafos del artículo 113-E de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por el que se beneficia a los socios o integrantes de sociedades cooperativas de producción de sal de mar, al igual que los del sector agrícola, ganadera, silvícola y pesquera, cuyos ingresos en el ejercicio no excedan de novecientos mil pesos efectivamente cobrados, de quedar exentos del impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades

Único. Se reforman el noveno y décimo párrafos del artículo 113-E de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 113-E. ...

...

...

...

...

...

...

...

...

Las personas físicas que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, pesqueras y/o de extracción y explotación de sal de mar, cuyos ingresos en el ejercicio no excedan de novecientos mil pesos efectivamente cobrados, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades. En caso de que los referidos ingresos excedan dicho monto, a partir de la declaración mensual correspondiente se deberá pagar el impuesto conforme al Título IV, Capítulo II, Sección IV de esta Ley, en los términos que se determine mediante reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

Para efectos del párrafo anterior, se considera que los contribuyentes se dedican exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, pesqueras y/o de extracción y explotación de sal de mar cuando el total de sus ingresos representan el 100% por estas actividades.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro de los sesenta días de la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria, emitirá la resolución de modificaciones a las facilidades administrativas para el sector primario para el ejercicio fiscal 2023 y deberá supervisar que las instituciones financieras lleven a cabo la disposición que se establece.

Notas

1 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5654589&fecha=09/ 06/2022#gsc.tab=0

2 http://www.claraboya.com.mx/glosario-definicion/Actividades%20 econ%C3%B3micas

3 http://www.claraboya.com.mx/glosario-definicion/Actividades%20 econ%C3%B3micas

4 https://cuentame.inegi.org.mx/economia/secundario/mineria/default.aspx?tema=e

5 https://salroche.com/blogs/todo-sobre-la-sal/donde-sal-de-mar-mexico

6 https://mexicominero.org/lo-que-debes-saber-sobre-la-sal-que-consumes/

7 https://www.sat.gob.mx/consulta/08326/conoce-que-es-una-sociedad-cooperativa

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre del 2022.– Diputado Riult Rivera Gutiérrez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

EXHORTO A LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A NORMAR EL PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD EN SUS LEGISLACIONES E INCLUIR LA CATEGORÍA DE DIVERSIDAD SEXUAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos de las entidades federativas a normar el Premio Estatal de la Juventud en sus legislaciones e incluir la categoría de diversidad sexual, a cargo de la diputada Salma Luévano Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Salma Luévano Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Cámara, la presente proposición con punto de acuerdo en materia de inclusión de la categoría de Diversidad Sexual en los Premios Estatales de la Juventidad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El reconocimiento, estímulo e impulso de nuestras juventudes debe jugar un papel importante dentro de las políticas de gobierno, ya que es parte de la preparación de las nuevas generaciones, las cuales deben ser involucradas en las acciones de gobierno y reconocer su participación en todas aquellas acciones que beneficien a su comunidad.

El Premio Nacional de la Juventud es una de las mayores distinciones con las que el Gobierno Federal reconoce a las juventudes mexicanas, a nivel estatal también se cuenta con este reconocimiento en algunas de las entidades federativas.

A nivel federal, este reconocimiento fue creado con el objetivo de premiar a las juventudes cuya conducta o dedicación al trabajo o al estudio cause entusiasmo y admiración entre sus contemporáneos y pueda considerarse ejemplo estimulante para crear y desarrollar motivos de superación personal o de progreso de la comunidad.

Este tipo de premios, sirven para incentivar acciones en favor de las diversas luchas de la juventud, algo que tienen en común las legislaciones estatales que ya regulan un premio estatal de la juventud, es que reconocen la labor social, la protección al ambiente, las actividades artísticas, académicas, y en algunas variaciones a las personas con discapacidad, la innovación tecnológica y el emprendimiento.

Sin embargo y tristemente, algo que también tienen en común la gran mayoría de legislaciones estatales en la materia, es que ninguna reconoce la lucha de las juventudes diversas, lo cual es una consecuencia de la invisibilización sistemática a la que se ha sometido a la Comunidad LGBTTTIQA+ por parte no solo de la sociedad en su conjunto sino del Estado Mexicano.

Las personas pertenecientes a la Comunidad LGBTTTIQA+ enfrentamos grandes retos en el acceso y ejercicio de nuestros derechos, además de ser víctimas de estigmas arraigados tanto en la sociedad como en las Instituciones mexicanas, lo cual ha quedado evidenciado mediante estudios realizados y que recopila el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, donde de acuerdo con la ENADIS 2017, un tercio de la población no estaría dispuesta a rentar una habitación a personas trans (36%) ni a personas lesbianas o gay (32%), y a cuatro de cada diez personas no les gustaría que una persona gay o lesbiana fuera electa para la Presidencia de la Repúbl ica.

En el mismo sentido, gracias a la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (Endiseg) 2021, ahora sabemos que al menos 5 millones de mexicanes se consideran parte de la comunidad de la Diversidad Sexual y de Género, de los cuales el 68% se encuentra dentro del rango de edad de 15 a 29 años.

Para cualquier persona, el crecer y desarrollarse representa muchos riesgos que deben sortearse, para una persona LGBTTTIQA+ estos se multiplican ya que en muchas ocasiones debe enfrentar discriminación por parte de su entorno familiar, en la escuela o en el trabajo. La Organización de las Naciones Unidas presenta un diagnóstico devastador, al revelar que la comunidad de la diversidad sexual y de género padecen el estigma social, la exclusión y el prejuicio en el empleo, el hogar, el centro de estudio, las instituciones de atención de la salud y muchas otras facetas de sus vidas. Las personas pueden ser despedidas de sus empleos e intimidadas en la escuela; se les puede negar el tratamiento médico apropiado; pueden ser expulsadas de sus hogares, repudiadas por sus padres, ingresadas por la fuerza en instituciones siquiátricas y obligadas a contraer matrimonio o a quedar embarazadas; y su reputación puede ser atacada. En el caso de las personas intersexuales, la discriminación a menudo comienza al nacer, al ser sometidos muchos bebés y niños de corta edad intersexuales a intervenciones quirúrgicas y de otro tipo, realizadas sin su consentimiento informado ni el de sus padres, con la intención de borrar las diferencias intersexuales.

La discriminación, a como lo ha manifestado el Conapred, también trae como consecuencia no solo que no se pueda realizar el plan de vida de la persona discriminada, si no también frena el desarrollo de la sociedad a la que pertenece al desperdiciarse su potencial y talento, lo cual inhibe el desarrollo de la sociedad.

Es así que podemos concluir que las juventudes diversas de nuestro país no la han tenido fácil, y aun así nuestras juventudes luchan día con día por salir adelante no solo mediante su crecimiento personal si no involucrándose en acciones en beneficio de su comunidad.

La Comunidad LGBTTTIQA+ ha dado la lucha por la erradicación de la discriminación, ha peleado por la consecución de sus derechos no pidiendo más, si no lo mismo de lo que ya disfruta el resto de la sociedad; el matrimonio igualitario, la prohibición de las terapias de conversión, la adopción homoparental, la seguridad social igualitaria y las leyes de identidad de género.

LGBT+ Rights México es una organización que busca crear un espacio seguro para la Comunidad LGBTIQ+ en la política nacional, a través de la participación ciudadana, la formación política y la incidencia legislativa y que están luchando por el reconocimiento de la Diversidad Sexual en los Premios Nacional y Estatales de la Juventud, por lo que en conjunto con elles presento este punto de acuerdo.

Al incluir la categoría de Diversidad Sexual en los diversos premios estatales se reconocerá y dignificará a la población LGBTTTIQA+ que por años ha sido invisibilidad por el Estado, se manda el mensaje correcto, que nuestras juventudes son valiosas y que se reconoce su esfuerzo y contribución a la sociedad, a la vez que se construye en pro de eliminar la estigmatización de la que son objeto.

Realizando un estudio de la legislación estatal en la materia, encontramos diferencias en la regulación del Premio Estatal de la Juventud que ameritan una armonización legislativa; encontrando tres supuestos: el primero son las entidades federativas con la regulación del Premio Estatal de la Juventud, el segundo son las entidades federativas que aun cuando cuentan con el premio, no reconocen a la diversidad sexual y de género, y el tercero las entidades federativas que no cuentan con este premio en su legislación.

El primer supuesto, son las que regulan el procedimiento, las categorías y en qué consiste el premio, esas entidades son: Baja California, en su artículo 100 de la Ley de Juventud del Estado de Baja California; Ciudad de México, en su artículo 159 de la Ley de Derechos para personas jóvenes en la Ciudad de México; Jalisco, en su artículo 18 de la Ley que establece las Bases para el Otorgamiento de Premios y Condecoraciones en el Estado de Jalisco; Morelos, en su artículo 79 de la Ley de las Personas Adolescentes y Jóvenes del Estado de Morelos; Oaxaca, en su artículo 60 de la Ley Estatal de Premios; Querétaro, en su artículo 65 de la Ley para el Desarrollo de los Jóvenes en el Estado de Querétaro, y Sonora, en su artículo 34 de la Ley de las y los Jóvenes del Estado de Sonora.

En las entidades federativas anteriormente mencionadas, sólo es necesario adicionar una fracción o numeral de “Diversidad Sexual” a sus artículos vigentes.

El segundo supuesto es una regulación insuficiente, en la cual no se incluye definición del premio, ni procedimiento, ni categorías, sólo se hace una mención de la existencia del premio, los estados son: Campeche, en su artículo 32 de la Ley de la Juventud del Estado de Campeche; Chiapas, en su artículo 58, fracción III de la Ley de Juventud para el Estado de Chiapas; Guanajuato, en su artículo 94 de la Ley para las Juventudes del Estado de Guanajuato, Puebla, en su artículo 76 de la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla; Tlaxcala, en su artículo 53 fracción XVI de la Ley de la Juventud del Estado de Tlaxcala, Veracruz, en su artículo 18 cuarter de la Ley de Premios del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Yucatán, en su artículo 111 de la Ley de Juventud del Estado de Yucatán, y Zacatecas, en su artículo 33 de la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas.

En las entidades federativas anteriormente mencionadas, ya se cuenta con una mención del premio, pero es necesario que la legislación establezca de manera clara en qué consiste el premio y quiénes podrán ser acreedores al mismo, ya que actualmente encuentran su fundamento en los planes estatales de desarrollo.

El tercer supuesto son las entidades federativas cuya legislación no regula el premio, las entidades federativas son Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa.

En cuanto a los avances que se han conseguido desde la sociedad civil, es necesario mencionar los resultados del trabajo de LGBT+ Rights México en cuanto a la consecución de este premio:

Se presentó el proyecto legislativo a legisladores de veinte congresos locales; Oaxaca, Nayarit, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Chiapas, Hidalgo, Guanajuato, Quintana Roo, Querétaro, Baja California, Estado de México, Aguascalientes, Guerrero, Colima, Sonora, Sinaloa y Morelos.

Siendo inscrita la iniciativa ante el pleno de los Congresos de Oaxaca (2 de febrero de 2022), Hidalgo (4 de febrero de 2022), Ciudad de México (17 de febrero de 2022), Quintana Roo (17 de marzo de 2022), Baja California Norte (21 de abril de 2022), Chiapas (26 de abril de 2022) y Colima (17 de mayo de 2022).

Siendo el caso que el H. Congreso del Estado de Oaxaca fue la primera entidad federativa en aprobarla. El miércoles 9 de marzo de 2022 se aprobó la adición de la fracción VII al artículo 60 de la Ley de Premios Estatales, convirtiéndose en el primer estado de la República en contar con la categoría de “Género y Diversidad Sexual” en el Premio Estatal de la Juventud.

Posteriormente, el 17 de mayo de 2022, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la iniciativa que adiciona las categorías de “Mérito al Fortalecimiento y Promoción a la Diversidad Sexual” y “Mérito al Fortalecimiento y Promoción a la Igualdad de Género” en el numeral 6) y 7) del artículo 159 de la Ley para las personas jóvenes de la Ciudad de México.

Después, el 31 de mayo de 2022, el Congreso del Estado de Colima aprobó la adición de los artículos 91, 92 y 93 de la Ley de la Juventud del Estado de Colima para regular el Premio Estatal de la Juventud, e incluir la categoría de “Género y Diversidad Sexual”.

En Hidalgo, se aprobó la adición de los artículos 82, 83 y 84 a la Ley de Juventud del Estado de Hidalgo para regular el Premio Estatal de la Juventud, e incluir la categoría de “Género y Diversidad Sexual”, convirtiéndose Hidalgo en la cuarta entidad federativa en la que se consigue la aprobación.

Es necesario mencionar que estas reformas se han dado con consenso de todos los partidos políticos.

El conseguir la homologación de las normas para que cada entidad federativa cuente con una categoría de diversidad sexual en el Premio Estatal de la Juventud, es un mensaje para todas las personas jóvenes que no se sienten aceptadas porque se han visto obligadas a vivir en una sociedad heteronormada, patriarcal y machista, para que cada año observen que un hermano, una hermana o une hermane de su comunidad, se le reconoce y dignifica.

Esto contribuirá también a incentivar la lucha por la comunidad LGBTTTIQA+, la participación ciudadana y la presentación de propuestas, para que cada año se premie a todas las personas que toman acciones en favor de reducir la discriminación, los discursos de odio, la brecha salarial, los transfeminicidios, la conciencia de las diversas identidades, expresiones de género, u orientaciones sexuales diversas, la lucha por una legislación incluyente, la realización de capacitaciones y talleres que eduquen a la sociedad mexicana a alcanzar un México empático, respetuoso a la diversidad e inclusivo, hasta que ser libre no sea un acto de valentía para nadie.

Por las anteriores consideraciones, sometemos a consideración del pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a los Congresos estatales de Baja California, Jalisco, Morelos, Querétaro y Sonora, a adicionar en su legislación estatal vigente la categoría de “Diversidad Sexual” al Premio Estatal de la Juventud.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a los Congresos estatales de Campeche, Chiapas, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Nayarit, a regular la definición, el procedimiento y categorías del Premio Estatal de la Juventud en su legislación estatal vigente, e incluir la categoría de “Diversidad Sexual”.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a los Congresos estatales de Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Nayarit, a establecer el Premio Estatal de la Juventud en su legislación vigente, e incluir la categoría de “Diversidad Sexual”.

Notas

1. ACUERDO por el que el Premio Nacional de la Juventud 1989, se otorgo a los destacados mexicanos que se mencionan.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4648521&fecha =14/03/1990#gsc.tab=0

2. Ficha Temática: Orientación Sexual, Características Sexuales e Identidad y Expresión de Género. CONAPRED. Recuperado de:

http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/FichaTematica_LGBTI.p df

3. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endiseg/2021/doc/ endiseg_2021_resultados.pdf

4. Ficha de datos Igualdad y no discriminación. Libres e iguales. ONU

https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/Equality-and-Dis crimination-Esp.pdf

5. Presentación del Protocolo de Actuación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en la Atención de Presuntos Actos de Discriminación. SEGOB-CONAPRED 2017. Consultable en:

https://nmx.conapred.org.mx/materiales_consulta/descarga/materia l_14.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2022.– Diputada Salma Luévano Luna (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Diversidad, para dictamen.

PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN, EL DIAGNÓSTICO, EL MANEJO, Y EL TRATAMIENTO DE LAS DEMENCIAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a expedir un programa nacional para la prevención, el diagnóstico, el manejo, y el tratamiento de las demencias, con especial énfasis en la enfermedad de Alzheimer, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta H. asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Entre las principales complicaciones en los adultos mayores se encuentran las demencias, caracterizadas por el deterioro cognitivo progresivo e irreversible. Estas condiciones afectan directamente al intelecto, la orientación, el lenguaje, el comportamiento y la capacidad del paciente para llevar a cabo actividades cotidianas.

Históricamente la demencia ha sido pensada como una consecuencia inevitable del envejecimiento; sin embargo, no está ligado únicamente a la edad, sino que son consecuencia de un deterioro anormal y progresivo que afecta las conexiones neuronales. Por ende, es urgente prestar atención a dichas enfermedades y atenderlas como tal, a través de un enfoque integral de acceso a los servicios de salud, incluyendo intervenciones preventivas, diagnóstico oportuno y tratamiento para evitar o retrasar el deterioro que provocan esos padecimientos.

Las demencias son, en conjunto, una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre los adultos mayores en todo el mundo, afectando actualmente aproximadamente a 50 millones de personas, de las cuales alrededor del 60%, viven en países de ingresos bajos y medios. A ese escenario, se agregan cerca de 10 millones de nuevos casos de demencia cada año.

De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que entre un 5% y un 8% de la población mayor a 60 años, sufre alguna demencia en un determinado momento de su vida; y, para el año 2030, se prevé que el número total de personas con demencia alcance los 82 millones, mientras que para el año 2050, se espera que existan 152 millones de personas con uno de esos padecimientos.

La expresión más común de las demencias es el Alzheimer, pues representa entre el 60 y 70% de los casos de ese tipo de enfermedades; para el año 2030, se prevé que el número de pacientes con ese padecimiento sea de aproximadamente 57.4 millones de personas y para el 2050, será de 106.4 millones de personas a nivel mundial.

De acuerdo con la OMS, el 5% de los hombres y el 6% de las mujeres mayores de 60 años padecen la enfermedad de Alzheimer en todo el mundo. Para el caso de México, las cifras indican que existen más de 350,000 personas afectadas por esta enfermedad y que, cada año, causa la muerte de 2,030 pacientes.

La velocidad de la progresión de los síntomas de la enfermedad varía de persona a persona; en promedio, una persona con Alzheimer vive de cuatro a ocho años a partir del diagnóstico, pero puede vivir hasta 20 años, dependiendo de factores como la edad de diagnóstico y acceso a servicios de salud de calidad, entre otros.

Este padecimiento generalmente se diagnostica en personas de 65 años o más; sin embargo, el inicio de la enfermedad puede darse en etapas más tempranas, iniciando con cambios neurológicos sutiles que ocurren años o, incluso, décadas antes de que aparezcan los síntomas y, en el peor de los escenarios, nunca se diagnóstica como tal. Muchas personas experimentan signos precoces de deterioro cognitivo leve, los cuales a menudo no son reconocidos y tienen factores genéticos asociados.

Para abordar ese sub diagnóstico, se requiere de la participación de especialistas en neurología, guiados por métodos diagnósticos adecuados como la identificación de biomarcadores específicos que permiten evaluar de manera más certera y oportuna el nivel de deterioro cognitivo. Para ello se requiere una sensibilidad de diagnóstico superior al 85%.

Los biomarcadores asociados con el Alzheimer permiten identificar la acumulación anormal de las proteínas “beta amiloide” y/o “tau” y su forma “hiperfosforilada”, las cuales pueden ser detectadas desde la fase preclínica de la enfermedad, por lo cual abren la oportunidad al diagnóstico oportuno, así como a un inicio temprano del tratamiento.

De manera más específica, los biomarcadores mundialmente validados para el diagnóstico de Alzheimer se dividen en dos grandes grupos. El primero, incluye biomarcadores en PET con radiotrazador específico para beta amiloide o tau y, el segundo grupo, incluye biomarcadores para líquido cefalorraquídeo. Estos últimos son los únicos disponibles para su uso en territorio mexicano y están considerados como prueba complementaria para el deterioro cognitivo leve por parte de la guía de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer en su actualización del 2017, publicada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La atención que necesitan las personas con Alzheimer, incluye la atención primaria de la salud, atención especializada, servicios comunitarios, rehabilitación, cuidados de larga duración y cuidados paliativos. Destacando el acceso a medicación adecuada, productos de higiene, las tecnologías de asistencia y las adaptaciones domésticas también son más accesibles en los países de ingresos altos, con un mayor nivel de reembolso, que en los países de ingresos bajos.

El tipo y nivel de los servicios prestados por los sectores de la salud y la asistencia social también determinan el nivel de los cuidados informales que son proporcionados principalmente por familiares y, en su mayoría, mujeres (77% de los cuidadores en la región de las Américas). Los cuidadores juegan un papel principal en la vida diaria de los pacientes con Alzheimer y demencias, pues en promedio, los cuidadores invierten cinco horas diarias en el cuidado de los pacientes.

Dado el estrés financiero, social y psicológico al que se enfrentan los cuidadores, el acceso a la información, la formación y los servicios, así como el apoyo social y financiero, es especialmente importante. En la actualidad, el 75% de los países integrantes de la OMS informan que ofrecen algún nivel de apoyo a los cuidadores; no obstante, se trata principalmente de países de ingresos altos.

Ante el panorama que representan las demencias, la OMS las ha reconocido como una prioridad de salud pública y, a partir del 2014, inició el trabajo integral de los distintos países aliados para construir el Plan de Acción Mundial sobre la respuesta de salud pública a la demencia 2017-2025, el cual fue aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo del 2017.

El Plan de Acción de la OMS es un marco integral de referencia para las instancias normativas, los países socios y los organismos regionales en materia de evaluación de la demencia como prioridad de salud pública. Además, contempla la concienciación y la puesta en marcha de iniciativas para satisfacer las necesidades de las personas afectadas, la reducción de riesgos, el diagnóstico, el tratamiento y la atención, los sistemas de información, el apoyo a los cuidadores, y la investigación e innovación.

Dentro del documento, se hace énfasis en el Alzheimer como la forma más común de demencia y cuyo impacto no sólo implica al individuo que la padece, sino que, afecta de manera importante a los cuidadores, a las familias y a las sociedades, implicando un costo de 818 billones de dólares en 2015, lo cual representa el 1.1% del Producto Interno Bruto a nivel global.

En este sentido, la OMS ha construido una plataforma internacional de vigilancia, el Observatorio Mundial de las Demencias, con el objetivo de facilitar el seguimiento y el intercambio de información sobre las políticas relacionadas con la demencia, la prestación de servicios, la epidemiología y la investigación; en el cual, de manera particular se realiza el seguimiento de las muertes asociadas a la Enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, México no se ha sumado a la iniciativa, por lo que no es posible visualizar la información del país dentro de esa plataforma.

Adicionalmente, en 2018, la OMS publicó el documento “ Towards a dementia plan: a WHO guide”, el cual proporciona orientaciones a los Estados Miembros para establecer y aplicar un plan de acción en materia de esta enfermedad. Dicho documento proporciona varias herramientas de priorización, así como una lista de verificación para preparar, elaborar y aplicar un plan integral sobre la demencia y el Alzheimer.

México, debe sumarse a la Convención de la OEA, así como a las iniciativas de la OPS, OMS y la ONU, a efecto de dar visibilidad y atender las problemáticas que afectan a los adultos mayores, entender el proceso de envejecimiento y tomar acciones en la materia. Ello, para que, además de adecuar o diseñar políticas públicas para abordar la transición demográfica de una manera proactiva y positiva, y ser congruentes con los esfuerzos internacionales.

Además de lo anterior, en México, el Alzheimer se atiende a través de tratamientos sintomáticos, es decir, se ataca sus síntomas y no la causa subyacente de la enfermedad; ello, a pesar de que, en otros países, la enfermedad se atiende desde las causas que la originan.

Lo anterior, es especialmente importante, dada la importancia que el Gobierno Federal del Presidente de la República, Andrés López Manuel López Obrador, ha demostrado hacia los adultos mayores. En ese sentido, México debe ser ejemplo para que otros países de la región también se sumen al esfuerzo global a favor del envejecimiento saludable.

Las políticas públicas en México, deben incluir un Programa Nacional para la Prevención, el Diagnóstico, el Manejo y el Tratamiento de las demencias, con especial énfasis en la enfermedad de Alzheimer. Asimismo, se debe estandarizar el manejo integral de dicha enfermedad, como lo sugieren la OPS y la OMS, así como asegurar la asignación de recursos humanos, material para implementarlo y la definición de métricas adecuadas para su evaluación.

Únicamente a través de dichas medidas se podrá garantizar que las personas adultas mayores puedan tener garantizados sus derechos, a la vez que pueden exigirlos y ejercerlos.

Por lo antes expuesto y fundado; se somete a la consideración de esta soberanía para su análisis, discusión y en su caso aprobación, el siguiente EXHORTO

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a que, expida un Programa Nacional para la Prevención, el Diagnóstico, el Manejo y el Tratamiento de las Demencias con especial énfasis en la Enfermedad de Alzheimer.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2022.– Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

SE ESTABLEZCA UNA MESA DE DIÁLOGO CON EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA EN RELACIÓN CON LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS MEXICANOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE y a la SE a establecer una mesa de diálogo con el gobierno de Estados Unidos de América para resolver la petición de investigación ante la oficina de la representante comercial de dicho país, por la exportación de productos agroalimentarios mexicanos, a cargo de la diputada Paloma Sánchez Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Paloma Sánchez Ramos, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado 8 de septiembre, los senadores de Florida Marco Rubio y Rick Scott, así como otros representantes en la cámara baja del estado, enviaron una carta a la Oficina de la Representante Comercial de los Estados Unidos, Katherine Tai, en la que piden investigar las exportaciones de productos agroalimentarios mexicanos, toda vez que, señala, el crecimiento de estas hacia el mercado norteamericano se debe a los supuestos subsidios aplicados a la producción de frutas y vegetales estacionales, así como al bajo costo de mano de obra.

De esta forma, las acusaciones de esta delegación bicamaral, se centran en que las exportaciones de México han crecido, desde el año 2000, de menos de dos mil acres (809 hectáreas) a más de 126 mil acres (50 mil hectáreas), por lo que la preferencia en consumo de los productos agroalimentarios mexicanos se debe, según esta delegación, a este esquema mexicano, el cual pretende convertir a México en una potencia agrícola a través de la dominación de mercados extranjeros.

En ese sentido, considerando que Florida es un estado con una producción agrícola que deja una ganancia de más de siete millones de millones de dólares, equivalente al 1.6 por ciento del PIB estatal, la delegación bicamaral señala que los productores de su estado se ven afectados directamente por las malas prácticas del gobierno mexicano y sus productores, por lo que resulta necesario invocar la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, la cual le permite a la Oficina de la Representante Comercial de los Estados Unidos a tomar una serie de acciones en torno a las prácticas de comercio de otros país, incluído México.

Dicha investigación podría derivar, si no es atendida con seriedad por el gobierno mexicano, en una serie de medidas que restrinjan la exportación de productos agroalimentarios mexicanos hacia Estados Unidos, lo que ocasionaría un revés económico y serios daños a los ingresos de los productores mexicanos, especialmente del estado de Sinaloa, que comparte fechas de siembra y cosecha con el estado de Florida.

En ese sentido, considerando que las exportaciones agroalimentarias mexicanas poseen un valor de 3 mil 970 millones de dólares, es fundamental que México explique, en una mesa de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos, que la política agrícola de subsidios no tiene impacto alguno en la búsqueda por acaparar el mercado norteamericano sino que el consumo de productos agroalimentarios mexicanos se debe a las técnicas de producción utilizadas por nuestro país, generando un producto más fresco y atractivo para los consumidores, así como que Florida, como lo señala un estudio, tiene problemas para producir tomates, pimientos y otros vegetales frescos por las condiciones de su suelo, la presencia de insectos, la constante humedad y la dependencia a fertilizantes químicos.

Asimismo, con las presiones inflacionarias en México y Estados Unidos, es absurdo buscar un conflicto comercial entre ambos países, pues la demanda de consumo de los productos agroalimentarios no solo ha aumentado, sino que también se ha encarecido por la guerra en Ucrania y los problemas de las cadenas de distribución en torno a la pandemia de covid-19.

Aunado a ello, las recientes declaraciones de la Secretaría de Hacienda en torno a eliminar permisos de importación para alimentos, con el objetivo de reducir el precio a los productos, implican que los productores mexicanos ya están en riesgo de verse afectados por la falta de compromiso y respeto por sus cosechas, toda vez que los recursos de fomento a la productividad, seguros agrícolas, financiamiento y créditos han sido reducidos. De hecho, resulta cuestionable que la delegación bicamaral de Florida alegue que el gobierno mexicano apoya a los productores mexicanos pensando en controlar el mercado norteamericano, toda vez que solo el 8 por ciento de los productores reciben financiamiento y el 46 por ciento de ellos tienen más de 61 años y son, en su mayoría, pobres o extremadamente pobres.

En ese sentido, algunas organizaciones que importan productos mexicanos a Estados Unidos, ya han denunciado que la petición de investigación de la comisión bicamaral de Florida es un amague político que busca favorecer a los senadores Rubio y Scott ante las próximas elecciones, señalando que sus acusaciones no tienen fundamento alguno. Por esa razón, se requiere de negociación política y comercial para asegurar que los productores mexicanos estén respaldados frente a una posible investigación y sanción.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y Economía a establecer una mesa de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos de América para resolver la petición de investigación ante la Oficina de la Representante Comercial de los Estados Unidos por la exportación de productos agroalimentarios mexicanos.

Notas

1 Bipartisan Florida Congressional Delegation, Petition for Relief Under Section 301 (b) of the Trade Act of 1974, as Amenden, 19 U.S.C. 2411 et seq, BFCD, 2022.

2 https://www.rubio.senate.gov/public/index.cfm/2022/9/icymi-rubio-makes-case-for -trade-petition-to-protect-florida-growers

3 https://economic-impact-of-ag.uada.edu/florida/

4 https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11346

5 https://www.fdacs.gov/ezs3download/download/92083/2598666/ Media/Files/The-Impacts-Of-Mexico-Ag-Exports-On-Florida-Agriculture.pdf

6 https://www.perishablenews.com/produce/fpaa-response-to-rubio-scott-section-req uest-for-301-trade-investigation/

7 https://edis.ifas.ufl.edu/publication/IN733

8 https://www.cmdrs.gob.mx/sites/default/files/cmdrs/sesion/2022/08/ 23/4661/materiales/el-campo-en-mexico.pdf

9 https://www.freshfrommexico.com/rubio-and-scott-trade-petition-is-all-politics- and-ignores-the-facts-mexican-fresh-produce-has-grown-because-of-improved-varie ties-and-the-commitment-to-reducing-water-and-chemical-use/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2022.– Diputada Paloma Sánchez Ramos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

SE REALICE UN DIAGNÓSTICO Y SE ASEGURE LA CIBERSEGURIDAD DE LOS SISTEMAS QUE GARANTIZAN LA SEGURIDAD NACIONAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedena, a la Semar y a la SSPC a realizar el diagnóstico sobre las necesidades de infraestructura crítica de información y a desarrollar un plan de implementación para asegurar la ciberseguridad de los sistemas que garantizan la seguridad nacional, a cargo del diputado Javier Joaquín López Casarín, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Javier Joaquín López Casarín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Introducción

El incremento de ciberataques a dependencias públicas nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de atender de forma inmediata este fenómeno desde diversos sectores. Por lo anterior, resulta necesario conocer cuál es el estado de ciberseguridad que guarda el Estado mexicano.

Los ciberataques no solo vulneran la información clasificada y que guarda relación con la seguridad nacional, también ponen en riesgo información referente a datos personales de servidores públicos que son confidenciales.

En la actualidad, la evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ha generado que los ataques cibernéticos se incrementen de forma significativa, destacando que un sector importante de las víctimas de estos ataques son las dependencias públicas, lo que genera la necesidad de desencadenar una respuesta inmediata para mitigar los riesgos derivados de los ciberataques.

Marco conceptual

Para efecto de abordar el problema que implican los ciberataques a las dependencias e instituciones del Estado mexicano, resulta necesario contar con un marco conceptual claro, que nos permita explicar las razones por las cuales las intromisiones ilegales a la información son consideradas como ataques a la seguridad nacional.

La empresa IBM establece que los ciberataques son intentos no deseados de robar, exponer, alterar, deshabilitar o destruir información mediante el acceso no autorizado a los sistemas informáticos. Asimismo, establece que se identifican tres categorías principales de ciberataques: criminal, política y personal.

Respecto de los ciberataques criminales, estos se caracterizan por desplegar una conducta que está motivada por el logro de un beneficio económico a través de la extorsión; por otro lado, los ciberataques políticos se destacan por intentar captar la atención mediática hacia una causa específica.

Así pues, la ciberseguridad es la práctica de proteger los sistemas importantes, la información clasificada como reservada y la información referente a datos personales (confidenciales y sensibles) de los ciberataques.

La empresa “IBM” señala que la ciberseguridad también es conocida como seguridad de la Tecnología de la Información (TI); las medidas de ciberseguridad o ciberseguridad cibernética están diseñadas para combatir las amenazas contra sistemas en red y aplicaciones, ya sea que esas amenazas se originen dentro o fuera de una organización.

Finalmente, se establece que la seguridad nacional se encuentra definida en el artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional, que para pronta referencia se transcribe la porción que nos resulta de interés para el presente ejercicio:

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a:

I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;

(...)

A partir de estos elementos conceptuales y considerando el contexto de la realidad mexicana respecto de los ciberataques que han sufrido las instituciones y dependencias del Estado mexicano, podemos señalar que un ciberataque constituye un riesgo a la seguridad nacional.

Esto es así en virtud de que la intromisión a las bases de datos de las Secretarías de Estado Federales implica el acceso a documentos que, por su contenido y naturaleza, se clasifican como información reservada y confidencial.

Los ciberataques en el contexto mexicano

México se ha convertido en un país que recibe un número importante de ciberataques, destacando que el pasado 2 de octubre de 2022, Daniel Becker, Presidente de la Asociación de Bancos de México, declaró que en dos años México ha atraído la mayoría de los ataques cibernéticos en Latinoamérica.

Durante las reuniones de la Mesa permanente de Ciberseguridad que instaló, en el año 2022, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, la empresa Metabase Q compartió que México ocupa el lugar 52 de 182 países preparados en seguridad cibernética y que México fue el país latinoamericano que más intentos de ciberataques recibió en 2021 con 156 mil millones.

Como se mencionó líneas arriba, entre los motivos que inspiran los ciberataques se encuentran los políticos, que buscan hacer notar la vulnerabilidad de las instituciones mexicanas y de los principales actores políticos mexicanos.

Entre los casos más relevantes de ciberataques a las instituciones mexicanas podemos mencionar los siguientes:

• Banco de México (abril 2018)

• Pemex (noviembre de 2019).

• Secretaría de Economía (febrero de 2020).

• Lotería Nacional (mayo de 2021).

• Sedena (septiembre de 2022).

Otro aspecto que tenemos que considerar es que, en la actualidad, el Estado mexicano carece de una ley especializada en materia de ciberseguridad, por lo que tenemos que fortalecer los mecanismos que ayuden a las dependencias federales a protegerse de posibles ciberataques.

Recientemente, las instituciones del Estado mexicano han sido vulneradas por medio de ciberataques, por lo que, para efecto de profundizar sobre los casos más recientes, se presenta el siguiente recuento:

Banco de México

Una operación llevada a cabo con precisión a finales de abril de 2018, cuando varios de los mayores bancos de México detectaron transferencias no autorizadas. Se calcula que el monto osciló entre los 400 a 800 millones de pesos (entre US$21 y US$42 millones).

Los hackers que atacaron el Banco de México entre otras instituciones bancarias, se calcula que estuvieron infiltrados dentro de las redes de estas instituciones hasta año y medio antes de ser detectados.

Tras la investigación forense se determinó que fue software de terceros que fueron adquiridos por los bancos los que sufrieron el ataque directamente, hubo controles que no se siguieron y existió una falta de supervisión de Banxico.

Pemex 2019

La empresa productiva del Estado fue víctima del ataque de ransomeware (secuestro de datos) el 10 de noviembre del 2019 y los autores del hackeo demandaron un rescate de 568 bitcoins, el equivalente a 4.9 millones de dólares. Se estima que el 5% de los equipos de cómputo de la empresa productiva del Estado fueron infectados con el malware que encripta la información para pedir rescate posteriormente.

La agresión se le atribuyó a la banda de hackers DoppelPaymer.Según respuestas a solicitudes de información realizadas vía Ley de Transparencia, la Empresa Productiva identificó más de 176.3 millones de intentos de agresiones a sus sistemas de enero de 2015 a agosto de 2020.

La Auditoría Superior de la Federación realizó la Auditoría de Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones: 2018-6-90T9N20-0449-2019, destacando que se comprobó que, en el rubro de ciberseguridad, los principales riesgos se desprenden de la carencia de controles, entre los que destaca la falta de un análisis de vulnerabilidades y se recomendó que toda la infraestructura de Pemex cumpla con los objetivos de la seguridad informática.

Secretaría de Economía 2020

La Secretaría de Economía informó que, el 23 de febrero de 2020, sufrió un ataque cibernético en sus servidores. En el comunicado que publicó se puede observar lo siguiente:

“Ayer domingo, 23 de febrero a las 10: 30 horas, se detectó un ataque cibernético en algunos servidores de la Secretaría de Economía. Cabe destacar que la información sensible de la Secretaría y de sus usuarios no se vio comprometida. Sin embargo, como medida de precaución, la Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI) solicitó a los proveedores el aislamiento de todas las redes y servidores. La capacidad operativa será reestablecida de forma segura, paulatina y controlada”.

Por otro lado, Eloy Ávila, director de Tecnología de Darktrace para las Américas, declaró lo siguiente:

“El ciberataque a la Secretaría de Economía marca el tercer incidente en contra de una importante institución pública en México. A pesar de que la SE insiste en que no se comprometieron datos confidenciales, eso no significa que estos datos no fueran valiosos para los adversarios, si bien esta información puede no ser sensible para una organización, puede usarse como parte de campañas más grandes que usan múltiples datos para luego lanzar otros ataques”.

Lotería Nacional 2021

En mayo de 2021, la Lotería Nacional (Lotenal) sufrió un ataque de ransomware a manos del grupo de hackers de origen ruso Avaddon. Los documentos que quedaron expuestos van desde información de pagos, pólizas, contratos, hasta bases de datos desde el 2009 hasta el 2021.

Los operadores de Avaddon han hecho públicos 17 documentos que presuntamente extrajeron de los sistemas de Pronósticos Deportivos, dependencia gubernamental que se fusionó en 2019 con la Lotería Nacional, y amenazaron con ejecutar un ataque a la disponibilidad (DoS) en contra de la infraestructura de la institución.

Sedena 2022

El último ciberataque que se encuentra documentado tuvo lugar durante el mes de septiembre de 2022. La revista Forbes México informó del hackeo a las bases de datos de la Sedena y en su nota señaló lo siguiente:

El hackeo de 6 terabytes de información clasificada, incluidos miles de correos electrónicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha dejado en evidencia la gran vulnerabilidad del gobierno de México y el país en general en temas de ciberseguridad derivada de una insuficiente inversión y planeación, advirtieron expertos.

Este viernes, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, confirmó una filtración masiva de documentos reservados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que, entre otras cosas, sacó a la luz partes médicos que dan detalles no revelados de los padecimientos coronarios del mandatario.

La información que se extrajo de las bases de datos digitales de la Secretaría de la Defensa Nacional hace evidente el peligro que representan los ciberataques y el riesgo que implican en el contexto de la seguridad nacional.

Podemos concluir que la información que se ha sustraído de las diversas dependencias del gobierno federal, contiene información sensible, confidencial y reservada, por lo que tenemos que realizar acciones tendientes a disminuir los riesgos de que, en el futuro, el Estado mexicano sea víctima nuevamente de un ciberataque.

Necesidad de contar con un diagnóstico en materia de ciberseguridad

Como se expuso arriba, se requiere con carácter urgente poner atención a los diversos ciberataques y buscar soluciones inmediatas, en virtud de que están en riesgo datos e información que guardan relación con la seguridad nacional y datos personales confidenciales y sensibles de los principales servidores públicos.

En caso de que no realicemos acciones tendientes a disminuir los riesgos derivados de los ciberataques se pueden presentar los siguientes escenarios:

• Inactividad o suspensión de servicios públicos.

• Pérdida, alteración o destrucción de información pública relevante.

• Exposición mediática de información clasificada como reservada.

• Exposición mediática de datos personales confidenciales y sensibles.

• Pérdida de recursos públicos destinados a recuperar la información.

• Falta de credibilidad por parte de la ciudadanía, por carecer de sistemas de ciberseguridad efectivos.

No perdamos de vista que en algunas instituciones y dependencias del Estado mexicano ya se han vulnerado sus sistemas informáticos, por lo que el riesgo de que este fenómeno se repita resulta muy alto.

Las dependencias e instituciones que conforman el Estado mexicano tienen que trabajar en un programa o plan de trabajo estratégico que tenga como objetivo garantizar la protección de la información que se resguarda en los diversos sistemas cibernéticos.

Por lo anterior, resulta de vital importancia contar con un diagnóstico que permita tener certeza de las debilidades y fortalezas que, en el campo de la ciberseguridad, posee el Estado mexicano, así como gozar de los recursos necesarios para poder responder a los riesgos que se detecten.

Un diagnóstico nos permitirá de forma inmediata, contar con la siguiente información:

• Definir los elementos que requieren de la ciberseguridad (equipos de cómputo, teléfonos celulares, programas, plataformas, sistemas, entre otros).

• Definir medidas de seguridad (físicas y virtuales).

• Identificar riesgos.

• Identificar fortalezas (acciones que ya están implementadas).

• Implementar controles de ciberseguridad.

• Planificar cómo mitigar los riesgos.

• Planificar un programa de capacitación en materia de seguridad digital.

En resumen, el presente exhorto tiene como objetivo garantizar que el Estado mexicano esté en condiciones para prevenir eventuales ciberataques, detectar y corregir riesgos digitales con los consecuentes daños y vulneración de los sistemas de seguridad nacional.

No pasa inadvertido que, desde la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación se ha trabajado para consolidar un marco legislativo que estructure la política y estrategia nacional sobre ciberseguridad, destacando el análisis de iniciativas existentes y nuevas propuestas para contar con una ley especializada en materia de ciberseguridad.

En consecuencia y congruencia con el trabajo que se ha realizado, me permito hacer un respetuoso llamado para que las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana realicen el diagnóstico que corresponda y contemplen las medidas de ejecución necesarias en materia de ciberseguridad para evitar futuras vulneraciones.

Por lo antes expuesto y fundamentado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana para que se realice el diagnóstico sobre las necesidades de infraestructura crítica de información y se desarrolle un plan de implementación para asegurar la ciberseguridad de los sistemas que garantizan la seguridad nacional en nuestro país.

Notas

1 IBM. (abril de 2021). ¿Qué es un ataque cibernético? Recuperado el 3 de octubre de 2022, disponible en:

https://www.ibm.com/mx-es/topics/cyber-attack

2 IBM. (2021). ¿Qué es la ciberseguridad? Recuperado el 3 de octubre de 2022, disponible en:

https://www.ibm.com/mx-es/topics/cybersecurity

3 Méndez, L. E. (2 de octubre de 2022). México atrae 66% de los hackeos en Latinoamérica; 1% vulnera a la banca. Recuperado el 3 de octubre de 2022, disponible en Expansión:

https://expansion.mx/economia/2022/10/02/mexico-atrae-66-hackeos

4 Meza, N., & Buendía, E. (2021). PemexLeaks: el robo de información que la petrolera quiso ocultar. Recuperado el 3 de octubre de 2022, disponible en ONEA:

https://oneamexico.org/pemex-leaks-el-robo-de-informacion-que-la -petrolera-quiso-ocultar/

5 Auditoria Superior de la Federación. (2019). Auditoría De Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones: 2018-6-90T9N20-0449-2019. Recuperado el 3 de octubre de 2022, disponible en Auditoría de TIC:

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/Documentos/Auditor ias/2018_0449_a.pdf

6 Gobierno de México. (24 de febrero de 2020). Controla Secretaría de Economía ataque informático. Recuperado el 3 de octubre de 2022, disponible en Secretaría de Gobernación:

https://www.gob.mx/se/prensa/controla-secretaria-de-economia-ata que-informatico-235802

7 Ávila, E. (28 de febrero de 2020). Ciberseguridad y la Secretaría de Economía. Recuperado el 3 de octubre de 2022, disponible en Foro Jurídico:

https://forojuridico.mx/ciberseguridad-y-la-secretaria-de-eco-no mia/

8 Reyes, E. (9 de junio de 2021). Ciberdelincuentes filtran documentos internos de la Lotería Nacional. Recuperado el 3 de octubre de 2022, disponible en Expansión:

https://expansion.mx/tecnologia/2021/06/09/ciberdelincuentes-fil tran-documentos-internos-de-la-loteria-nacional

9 Riquelme, R. (1 de junio de 2021). Lotería Nacional confirma sustracción de información por delincuentes internacionales. Recuperado el 3 de octubre de 2022, disponible en El economista:

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Loteria-Nacional-confir ma-sustraccion-de-informacion-por-delincuentes-internacionales-20210601-0039.ht ml

10 Forbes. (30 de septiembre de 2022). Hackeo masivo a Sedena evidencia vulnerabilidad de ciberseguridad; así fue el ataque. Recuperado el 3 de octubre de 2022, disponible en Forbes:

https://www.forbes.com.mx/hackeo-masivo-a-sedena-evidencia-vulne rabilidad-de-ciberseguridad-asi-fue-el-ataque/

Trabajos citados

Auditoría Superior de la Federación. (2019). Auditoría de Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones: 2018-6-90T9N20-0449-2019. Recuperado el 3 de octubre de 2022, de Auditoría de TIC:

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/Documentos/Auditor ias/2018_0449_a.pdf

Ávila, E. (28 de febrero de 2020). Ciberseguridad y la Secretaría de Economía. Recuperado el 3 de octubre de 2022, de Foro Jurídico:

https://forojuridico.mx/ciberseguridad-y-la-secretaria-de-econom ia/

Forbes. (30 de septiembre de 2022). Hackeo masivo a Sedena evidencia vulnerabilidad de ciberseguridad; así fue el ataque. Recuperado el 3 de octubre de 2022, de Forbes:

https://www.forbes.com.mx/hackeo-masivo-a-sedena-evidencia-vulne rabilidad-de-ciberseguridad-asi-fue-el-ataque/

Gobierno de México. (30 de mayo de 2018). Misión y visión del SESNSP. Recuperado el 3 de octubre de 2022, de

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/mision-y-vision-d el-sesnsp

Gobierno de México. (24 de febrero de 2020). Controla Secretaría de Economía ataque informático. Recuperado el 3 de octubre de 2022, de Secretaría de Gobernación:

https://www.gob.mx/se/prensa/controla-secretaria-de-economia-ata que-informatico-235802

IBM. (2021). ¿Qué es la ciberseguridad? Recuperado el 3 de octubre de 2022, de

https://www.ibm.com/mx-es/topics/cybersecurity

IBM. (abril de 2021). ¿Qué es un ataque cibernético? Recuperado el 3 de octubre de 2022, de

https://www.ibm.com/mx-es/topics/cyber-attack

Méndez, L. E. (2 de octubre de 2022). México atrae 66% de los hackeos en Latinoamérica; 1% vulnera a la banca. Recuperado el 3 de octubre de 2022, de Expansión:

https://expansion.mx/economia/2022/10/02/mexico-atrae-66-hackeos

Meza, N., & Buendía, E. (2021). PemexLeaks: el robo de información que la petrolera quiso ocultar. Recuperado el 3 de octubre de 2022, de ONEA:

https://oneamexico.org/pemex-leaks-el-robo-de-informacion-que-la -petrolera-quiso-ocultar/

Reyes, E. (9 de junio de 2021). Ciberdelincuentes filtran documentos internos de la Lotería Nacional. Recuperado el 3 de octubre de 2022, de Expansión:

https://expansion.mx/tecnologia/2021/06/09/ciberdelincuentes-fil tran-documentos-internos-de-la-loteria-nacional

Riquelme, R. (1 de junio de 2021). Lotería Nacional confirma sustracción de información por delincuentes internacionales. Recuperado el 3 de octubre de 2022, de El economista:

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Loteria-Nacional-confir ma-sustraccion-de-informacion-por-delincuentes-internacionales-20210601-0039.ht ml

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2002.– Diputado Javier Joaquín López Casarín (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

EXHORTO A LA SEDENA, A HACER PÚBLICO UN INFORME SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LAS INVESTIGACIONES RELATIVAS AL CIBERATAQUE QUE RECIBIÓ

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Sedena a hacer público un informe sobre el estado que guardan las investigaciones relativas al ciberataque que recibió dicha dependencia, suscrita por los diputados Jorge Álvarez Máynez y Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputado Jorge Álvarez Máynez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a la consideración de la está asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a la siguiente

Exposición de Motivos

I. El pasado 8 de agosto de 2022 en conferencia matutina se originaron las primeras declaraciones del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador respecto a la presentación de la iniciativa para cambiar la adscripción de la GN:

“Presidente Andrés Manuel López Obrador: Lo voy a analizar en el ámbito, en la esfera de mis atribuciones. Puedo modificar, si es necesario, el reglamento interno en el gobierno, puede ser por decreto, puede ser una reforma a la Ley de la Administración Pública, independientemente de lo que resulte sobre la reforma constitucional, pero sí hacen falta estos cambios.”

Para el día 26 de agosto de 2022, en la conferencia matutina, el Presidente declaró:

“Entonces, para que se incorpore la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa —que lo que queremos es que sea una rama de la Secretaría de la Defensa, con la idea de que perdure y que sea la institución por excelencia para garantizar la seguridad pública— bueno, esa propuesta requiere de una reforma constitucional.”

“Entonces, sin reforma constitucional, voy a enviar el día 1º una iniciativa de ley integral para que en los márgenes legales se pueda lograr este propósito.”

El pasado 29 de septiembre de 2022 conforme a datos del reportaje del sitio de noticias Latinus, que dirige el periodista Carlos Loret, el grupo Guacamaya hackeó sistemas de la Sedena y obtuvo seis terabytes de información con comunicaciones y documentos sobre temas como seguridad, contratos de obra pública y la salud del propio presidente. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sufrió un ciberataque que expuso presuntos correos y documentos sobre operativos de seguridad, así como contratos del Ejército.

Con esta filtración, se expusieron miles de documentos e informes de inteligencia sobre líderes criminales y personajes de la política, así como transcripciones de intervenciones telefónicas, fotografías, directorios y seguimiento a personajes como el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. También se filtraron bases de datos sobre el estado de fuerza de militares desplegados en el país, el uso de aeronaves y contratos al Tren Maya y al Aeropuerto de Tulum, en Quintana Roo.

En la primera entrega sobre información filtrada se hicieron públicos documentos sobre la salud del presidente López Obrador; las medidas tomadas por el Ejército en octubre de 2019, durante el llamado ‘Culiacanazo’, cuando se dio un enfrentamiento entre militares y narcotraficantes en Sinaloa para obligar la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”; y una carta entre el secretario de la Marina y el secretario de la Defensa Nacional, en donde se muestran diferencias en torno a sus criterios de seguridad sobre el Aeropuerto Internacional de la CDMX. Asimismo, se difundió que, en la información obtenida, que equivale a 36 millones de documentos PDF y 1.5 millones de fotos o 3 mil horas de video, se tienen informes de inteligencia sobre líderes criminales y políticos, transcripciones de intervenciones telefónicas, informes extraoficiales sobre víctimas mortales en operativos militares y datos sobre presencia militar en diversas actividades a lo largo del país.

De acuerdo a especialistas en ciberseguridad de Seekurity, el grupo Guacamaya tardó alrededor de un mes para extraer la información de los servidores de Sedena, además de que, de acuerdo a declaraciones de dicho grupo, ya se tenían códigos infiltrados para hackear a la Secretaría desde el 5 de julio, los cuales se utilizaron para estar descargando información. Además, esta vulneración ante ataques cibernéticos creen que está ligada con la reducción presupuestal que sufrieron las áreas de tecnología de la información cuando comenzó la presente administración

Esta intromisión a los sistemas de cómputo de la Sedena da muestra de la vulneración y expone la seguridad de millones de personas que vivimos en el territorio nacional, así como las causas que nos han llevado a la militarización del país y del mando que tiene el Ejército en la actual administración. El hackeo a Sedena revela uno de los riesgos de confiarle un número creciente de responsabilidades a dicha institución: crea un punto focal de vulnerabilidad para todo el gobierno federal.

En la mañana del 30 de septiembre de 2022, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que el grupo de hackers denominado “Guacamaya” evidenció los documentos y la información antes descrita, y que esta fue obtenida por un ataque cibernético hacia la Sedena.

II. La Secretaría de la Defensa Nacional es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, con la misión de organizar, administrar y preparar al Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, con objeto de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; garantizar la seguridad interior y coadyuvar con el desarrollo nacional.

Desde 2013 a 2019 la propia Auditoría Superior de la Federación señaló deficiencias o vulnerabilidades relativas a la seguridad digital hacia la Sedena, así como en el área de tecnologías de información. Además, se encontró que 18 de 20 controles tenían deficiencias y vulnerabilidades en materia de seguridad nacional, entre ellas:

• Deficiencias en los controles de ciberdefensa para la infraestructura de hardware y software de la Secretaría, relacionadas con las directrices, infraestructura y herramientas informáticas en esta materia, que podrían afectar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, poniendo en riesgo la operación de la Sedena.

• Entre otras irregularidades graves, la Auditoría Superior de la Federación detectó falta de control en la configuración segura para hardware y software en dispositivos móviles, computadoras portátiles, estaciones de trabajo y servidores, evaluación continua de la vulnerabilidad y solución, así como protección de correo electrónico y navegador web.

• No se cuenta con evidencia documental acerca de las actividades realizadas por la Sedena para verificar que los minutos que reportaba el proveedor fueran los utilizados por la secretaría.

• Los dictámenes técnicos carecen de documentación soporte que garantice que las cifras reportadas corresponden a lo efectivamente prestado por el proveedor.

• El administrador del contrato no elaboró, revisó o aprobó los dictámenes y oficios de aceptación parcial para ninguna de las partidas del contrato.

Además de la Sedena, conforme a datos de EMEEQUIS, se encontró que en la violación de seguridad cibernética hay cuatro empresas responsables de la ciber vulnerabilidad : “Decsef sistemas”, “ Computadoras, Accesorios y Sistemas”, “ Debug experts” y “M&F Rservices”. Al respecto el portal referido señala que “En una revisión rápida encontramos a tres de las cuatro empresas mencionadas en los contratos públicos que la Plataforma Nacional de Transparencia tiene disponibles”.

En este sentido cabe mencionar que entre lo que encontró EMEEQUIS, se tiene que “Decsef sistemas” cuenta con 11 contratos: 9 para la Sedena, uno para la Junta de Caminos del Estado de México y otro para el Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua. Por otro lado, “Computadoras, Accesorios y Sistemas” tiene 63 contratos para diversas dependencias e instituciones como Sedena, IPN, Banxico, Marina, UAM y Universidades Tecnológicas. “Debug Experts” no se queda atrás pues tiene 15 contratos con el Senado, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial y Coneval, todos ellos celebrados entre 2019 y 2022. Lo anterior, se traduce en una amenaza continua a la seguridad cibernética, económica y a la estabilidad democrática de nuestras instituciones.

Lo anteriormente descrito resulta preocupante no sólo por la afectación a las instituciones en materia de seguridad nacional, si no porque como ha quedado expuesto, las empresas involucradas en las omisiones a recomendaciones en materia de ciberseguridad prestan servicios a otras dependencias y entidades de la administración pública, lo que expone a millones de mexicanas y mexicanos que entregan sus datos personales a dichas entidades y que se encuentran vulnerables a ataques cibernéticos.

Por otro lado, cabe apuntar que el 16 de diciembre de 2019, la Secretaría de la Defensa Nacional negó la realización de todo tipo de contratos con la empresa Antsua o personas morales vinculadas a los proveedores del equipo de vigilancia y espionaje Pegasus. Esto pues, la Secretaría de la Defensa Nacional respondió dentro de la solicitud de información pública con folio 0000700340519 que “después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Secretaría no se encontró evidencia documental que permita atender su requerimiento resultando aplicable el criterio 07/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.” Sin embargo, la información revelada por el grupo Guacamaya evidenció que en ese mismo año se compró equipo de vigilancia a una empresa proveedora de Pegasus. Es decir, la Secretaría de la Defensa Nacional faltó a la verdad.

Al respecto, el 4 de octubre de 2022, al ser cuestionado el presidente sobre las actividades de espionaje realizadas por las Fuerzas Armadas con el sistema Pegasus, si bien negó formalmente que el ejército espíe a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores, reconoció expresamente que las Fuerzas Armadas intervienen comunicaciones en labores de inteligencia.

Lo anterior resulta ilegal puesto que, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no existe fundamento legal alguno que permita que las Fuerzas Armadas realicen trabajos de inteligencia e intervención de comunicaciones. Por el contrario, con fundamento en el artículo 30 bis, fracción XVII, es facultad exclusiva de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana “organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción al Centro Nacional de Inteligencia, el cual fungirá como un sistema de investigación e información, que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, así como contribuir, en lo que corresponda al Ejecutivo de la Unión, a dar sustento a la unidad nacional, a preservar la cohesión social y a fortalecer las instituciones de gobierno.”

En este sentido, con base en las declaraciones del presidente, la Sedena estaría actuando ilegalmente y violando derechos humanos de las personas cuyas comunicaciones han sido intervenidas. Lo anterior además implica que se desconoce si es que existen autorizaciones judiciales que hayan permitido la intervención de comunicaciones, conforme al marco jurídico vigente. Por tanto, es necesario que se informe si algún juez de control ha autorizado dichas intervenciones y bajo cuál marco jurídico; y, en caso contrario, deben informar si lo han hecho por cuenta propia, sin autorización y sin marco legal alguno.

De acuerdo con el National Cyber Security Index 2022, México está en el lugar 84 de 160 de los países y sus medidas de seguridad implementadas por sus gobiernos centrales. Un reporte de la compañía de ciberseguridad Fortinet reveló que, en el primer semestre del año, la región de América Latina y el Caribe sufrió 137 mil millones de intentos de ciberataques. De estos, México fue el país más atacado de la región con 85 mil millones.

Ante ello, las y los legisladores que integramos la Bancada Naranja consideramos que la filtración de 6 TB de información clasificada como confidencial de la Secretaría de la Defensa Nacional por parte del grupo de hackers denominado “Guacamaya”, ha puesto en grave riesgo la seguridad nacional, por lo que exhortamos al Titular de la Secretaría de la Defensa Nacional a que haga público un informe detallado sobre el estado que guarda el reciente ciberataque realizado a la Secretaría a su cargo. Asimismo, consideramos oportuno que el titular antes referido, comparezca a la brevedad ante esta Soberanía para que dé cuenta sobre dicho ciberataque ocurrido el pasado 29 de septiembre de 2022.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional a que haga público un informe detallado sobre el estado que guardan las investigaciones relativas al ciberataque que recibió la Secretaría de la Defensa Nacional el pasado 29 de septiembre de 2022, así como sobre supuestas labores de inteligencia conforme a lo expresado por el Titular del Poder Ejecutivo, indicando el sustento legal de las mismas, así como las autorizaciones judiciales que se han obtenido para tales fines.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional a que tome las medidas de infraestructura y financieras necesarias para asegurar que el ciberataque no vuelva a suceder.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que, con base a sus respectivas competencias legales, cite al Secretario de la Defensa Nacional a sostener una reunión de trabajo con integrantes de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados a fin de que dé cuenta sobre el ciberataque que recibió la Secretaría de la Defensa Nacional durante los meses pasados.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados para que, con base a sus respectivas competencias legales, cite al Secretario de la Defensa Nacional a sostener una reunión de trabajo con integrantes de los grupos parlamentarios, a fin de que dé cuenta sobre el ciberataque que recibió la Secretaría de la Defensa Nacional durante los meses pasados.

Quinto. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de la Defensa Nacional a que cumpla con las recomendaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación en cuanto a la ciberseguridad de la citada Secretaría y garantice los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para evitar nuevas amenazas.

Sexto. La Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de la Defensa Nacional a que cumpla con las recomendaciones emitidas por Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre violaciones a derechos humanos perpetuadas por militares y garantice que estas no vuelvan a suceder.

Notas

1 Hackean al Ejército: Latinus revela documentos sobre seguridad, contratos y salud de AMLO, Animal Político, 29 de septiembre de 2022, recuperado de:

https://www.animalpolitico.com/2022/09/hackean-ejercito-latinus- documentos/

2 Ibídem

3 Loret Capítulo 96, Latinus, 29 de septiembre de 2022, recuperado de:

https://latinus.us/2022/09/29/loret-capitulo-96/

4 https://m-x.com.mx/al-dia/que-es-el-grupo-guacamaya-y-que-datos-sensibles-filtr o-de-la-sedena

5 “Varios hackers ya habían infectado a la Sedena antes de Guacamaya”, El Economista, 2022

https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Varios-hackers-ya-hab ian-infectado-a-la-Sedena-antes-de-Guacamaya-20221003-0070.html

6 Ibídem

7 Hackeo: desde 2021 ASF reprobó a Sedena por deficiencias graves en ciberseguridad, EMEEQUIS, 30 de septiembre de 2022, recuperado:

https://m-x.com.mx/al-dia/hackeo-desde-2021-asf-reprobo-a-sedena -por-deficiencias-graves-en-ciberseguridad

8 Ibídem

9 @padaguan. (2022). Publicación de la red social Twitter. Twitter. Recuperado de:

https://twitter.com/padaguan/status/1577057428528824320/photo/1

10 Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, 4 de octubre de 2022, disponible en

https://lopezobrador.org.mx/2022/10/04/version-estenografica-de- la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-82 6/

11 National Cyber Security, Inbox, octubre de 2022, recuperado de:

https://ncsi.ega.ee/country/mx/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2022.– Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Defensa Nacional, para dictamen.

EXHORTO AL IMSS Y AL ISSSTE, A HACER PÚBLICA LA ESTRATEGIA EN RELACIÓN CON EL VENCIMIENTO DE LOS CONTRATOS CON LOS LABORATORIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y BANCOS DE SANGRE INHABILITADOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS y al ISSSTE a hacer de conocimiento público la estrategia que han planeado para resolver la problemática que se avecina a raíz del próximo vencimiento de los contratos con los integradores de servicios de laboratorio de análisis clínicos y bancos de sangre recientemente inhabilitados, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1 y el artículo 79 numeral 2 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Los llamados servicios integrales constituyen una modalidad de contratación en el sistema de salud a través de la cual se presta un servicio médico. El abanico de servicios que pueden ser contratados bajo este esquema va desde laboratorios de análisis clínicos, anestesiología, cirugía laparoscópica hasta diálisis peritoneal, entre otros.

Usualmente para este tipo de servicios médicos se requiere adquirir equipos, instrumental médico, insumos y consumibles a través de agrupación de partidas (correspondientes a diversas claves del Compendio Nacional de Insumos para la Salud cuyos fabricantes o comercializadores son distintos, es decir, un laboratorio determinado no podría cumplir con la integralidad de las partidas por contratar), y adicionalmente se requiere capacitar al personal y contar con técnicos expertos para el mantenimiento que los equipos en cuestión requieran. A través de los servicios integrales, un solo proveedor, a quien se le conoce como integrador, es quien proporciona todo lo necesario y es el prestador del servicio integral quien compra a diversos proveedores los insumos requeridos y contrata al personal necesario para el trabajo de mantenimiento, además de ofrecer la capacitación necesaria para el correcto funcionamiento del servicio.

El modelo de servicio integral, en las áreas de laboratorios de análisis clínicos y bancos de sangre, ha sido utilizado tanto por el IMSS desde el año 2008 y por el ISSSTE desde el año 2010. Previo a este modelo, estas instituciones compraban los equipos y les proporcionaban el mantenimiento requerido, a raíz de lo cual se generaban desigualdades en las capacidades tanto para asegurar una eficiente operación a lo largo del país, como para proporcionar el mantenimiento. Los insumos se compraban de manera anual y los equipos eran adquiridos de manera directa por la institución, generándose desperdicios o falta de compatibilidad entre los equipos adquiridos, lo que dificultaba la correcta prestación del servicio y generaba costos adicionales.

Para el caso particular del Servicio Integral de Estudios de Laboratorio Clínico, el integrador provee todo lo necesario para realizar estudios de diagnóstico para los pacientes, lo que incluye, de manera no limitativa: jeringas, tubos de ensayo, tiras reactivas para procesar las pruebas, equipos, software y también el acondicionamiento de los espacios donde se instalan estos equipos, es decir, los laboratorios. De igual manera ocurre para los Bancos de Sangre, donde el integrador provee equipos, insumos, software, acondicionamiento de espacios, etc.

De acuerdo a la información presentada en la conferencia matutina del presidente López Obrador el día 15 de diciembre de 2020, en el año 2015 se llevó a cabo la última licitación plurianual por tres años y se privatizó el total de los servicios de laboratorios de análisis clínicos y de banco de sangre en IMSS e ISSSTE. Estos servicios son claves para garantizar el acceso a la salud.

Estos servicios integrales han sido proporcionados a lo largo de estos años por un pequeño grupo de empresas integradoras, que participan en las licitaciones que convocan tanto IMSS como ISSSTE. En agosto de 2020, el pleno de la Cofece determinó que 11 empresas y 14 personas físicas se coordinaron para presentar (o abstenerse de hacerlo) posturas en las licitaciones convocadas por ambos institutos y esto provocó perjuicio al erario y a los derechohabientes. El daño fue al menos de 1,200 millones de pesos por pago de sobreprecios. A raíz de esto, a las empresas coludidas se les impusieron multas que en conjunto suman 626 millones 457 mil pesos.

En fechas recientes, se emitieron una serie de circulares por parte de la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control del ISSSTE en las que se comunicaba a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con 9 empresas prestadoras de servicios integrales, entre las que se encuentran las principales integradoras de servicios de laboratorios de análisis clínicos y bancos de sangre (algunas de ellas actualmente son prestadoras de servicios tanto del IMSS como del ISSSTE), imponiéndoles una sanción que comprende la inhabilitación de las mismas para participar en licitaciones por un periodo de 7 años y multas que en conjunto suman más de 902 millones de pesos.

Si bien es de reconocer que la Secretaría de la Función Pública, en el marco del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la impunidad, y de Mejora de Gestión 2019-2024, busque salvaguardar las reglas que rigen las contrataciones públicas, causa profunda preocupación que ni IMSS ni ISSSTE, las dos principales instituciones de seguridad social prestadoras de servicios de salud en el país, hayan informado sobre la manera en qué asegurarán la prestación los servicios de laboratorio de análisis clínicos y bancos de sangre, toda vez que se reducirá el número de integradores con capacidad suficiente para cubrir la operación de estos servicios a nivel nacional.

Es de destacar que para lograr ser una empresa integradora prestadora de este tipo de servicios se requieren características muy puntuales, entre ellas el tener: un conocimiento profundo del modelo de prestación del servicio, capacidad financiera o líneas de crédito abiertas con las empresas trasnacionales proveedoras de equipos e insumos, personal experto en biotecnología para las áreas de mantenimiento, ingenieros con conocimientos puntuales sobre las adecuaciones necesarias en las instalaciones y una gran capacidad financiera para estar en la posibilidad de cumplir puntualmente con los compromisos que se adquieren al obtener este tipo de contratos. Por este motivo, no es fácil que cualquier empresa pueda ser un integrador de servicios de laboratorios de análisis clínicos y bancos de sangre.

Las experiencias vividas en los últimos años en relación a la desaparición de las empresas distribuidoras de medicamentos, acusadas por el Presidente de corrupción, así como la modificación en el esquema de adquisiciones de los mismos, aun cuando han sido acciones que han contribuido a la transparencia del sector, también han tenido impacto en el acceso a la salud para un gran número de mexicanos, puesto que ha afectado la continuidad de los procesos de compra y distribución. Lo anterior, derivado del hecho que el sistema de salud público requiere de un espacio temporal mayor para asumir la responsabilidad de la distribución de los insumos como medicamentos y material de curación por sí mismo y no contaba ni con la red de transporte, almacenes, red de frío, etc.

Hasta la fecha, a pesar de los esfuerzos del Gobierno para adquirir puntualmente los insumos para la salud, no se ha logrado que estos lleguen de forma oportuna al paciente. Este escenario podría replicarse en temas tan sensibles como lo son los servicios integrales de cirugía de mínima invasión, servicios integrales de hemodiálisis para pacientes con enfermedad renal crónica y también el servicio de pruebas diagnósticas que se realizan en los laboratorios, ya que al día de hoy IMSS e ISSSTE, en caso de modificar los esquemas de contratación de estos y virar de servicios integrales a la adquisición de cada uno de los insumos y equipos requeridos, enfrentarán obstáculos tan serios como lo son la necesidad de una importante inversión en equipamiento, como el no contar con personal técnico capacitado para el mantenimiento y conservación de los equipos especializados.

Las empresas fabricantes de los equipos carecen de suficiente personal para prestar servicio de soporte técnico al total de los laboratorios que se estarían equipando por no ser su objeto social primordial. De igual manera, las instituciones ya no cuentan con la experiencia necesaria para dimensionar los insumos que se requieren para la prestación del servicio, entre otras complejidades que se presentarán en caso de materializarse este escenario.

Es por lo anterior, que resulta menester que exista una debida planeación en la toma de decisiones inmediatas que garanticen la continuidad en la prestación de los servicios de laboratorio de análisis clínico y bancos de sangre para responder a la problemática que pueda generar la inhabilitación de los que eran los principales proveedores de tales servicios.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social y al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para que a la brevedad posible hagan de conocimiento público la estrategia que han planeado para resolver la problemática que se avecina a raíz del próximo vencimiento de los contratos con los integradores de servicios de laboratorio de análisis clínicos y bancos de sangre recientemente inhabilitados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2022.– Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

SE ACTUALICE LA ALERTA SANITARIA SOBRE CIGARROS Y SIMILARES A PRODUCTOS DE TABACO QUE SON COMERCIALIZADOS DE FORMA ILEGAL EN MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno federal, a la Ssa y a la Cofepris a actualizar la alerta sanitaria sobre cigarros y similares a productos de tabaco que son comercializados de forma ilegal en México, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Éctor Jaime Ramírez Barba y diputadas y diputados en la LXV Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a actualizar la alerta sanitaria sobre cigarros y similares a productos de tabaco que son comercializados de forma ilegal en México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), el mercado ilícito de cigarros alcanza el 18% del mercado; es decir, 18 de cada 100 cajetillas de cigarros que se consumen en el país, son ilegales. Se estima que más de 360 millones de cajetillas forman parte del mercado ilícito, las cuales se venden principalmente en el comercio no organizado (tianguis, mercados y tiendas de la esquina). Lo anterior, equivale a una pérdida fiscal para el Gobierno de 13,500 millones de pesos anuales.

Los cigarros ilegales constituyen un mayor riesgo a la salud de la población que los cigarros que se comercializan cumpliendo la normatividad vigente, ya que puede tratarse de producto falsificado, adulterado o incluso, elaborados con ingredientes desconocidos, lo que incrementa la posibilidad de contener compuestos químicos potencialmente tóxicos y distintos a la planta del tabaco y, por tanto, no se puede identificar el comportamiento de dichas sustancias en el organismo. Uno de los riesgos más importante es que por su bajo costo, los cigarros ilegales tienen mayor penetración en consumidores que son menores de edad y adolescentes, lo que fomenta el consumo de tabaco a temprana edad.

Según una investigación periodística titulada “Cartel del tabaco: amenaza de muerte a quienes venda otras marcas”, realizada por periodistas de grupo Milenio, se puso al descubierto una red de corrupción. En dicha investigación dan cuenta que, a partir de 2018, personas que portan uniformes de fuerzas policiacas o con gafetes de la Comisión Federal para la Protección de Riegos Sanitarios, han realizado una serie de operativos armados, con amenazas y reportan que en algunos casos han ejercido violencia en comercios de diversas localidades, el objetivo es: la venta de ciertas marcas de cigarros, entre ellas Laredo, Económicos y Studio 54.

Bajo el argumento que las otras marcas están prohibidas, sustraen la mercancía, otras veces la destruyen, a pesar de mostrar las facturas los encargados de las tiendas y comercios, la mercancía es retirada, les dicen que pueden recogerla en las fiscalías o a las policías locales, pero las autoridades desconocen los operativos y el producto incautado.

Al tiempo, reparten volantes en las que les enumeran las indicaciones de cuales marcas se pueden vender y cuáles no. En total se tiene registro de 364 operativos ilegales en Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Veracruz y Tabasco.

Muy recientemente, también se añade a esta lista, el estado de Guanajuato, de acuerdo con información compartida por comerciantes de las ciudades de León, Silao, Irapuato, Celaya, Moroleón y Uriangato. Los comerciantes declaran que, en estos casos, personas visitan sus negocios usando intimidación, exigiéndoles que solo vendan marcas específicas relacionadas a la investigación antes mencionada.

Esta incipiente actividad en la zona está siendo investigada, pero es indispensable la colaboración con el gobierno federal y que las autoridades cumplan con sus funciones de acuerdo con lo establecido por la ley. En nuestro país, corresponde a la Secretara de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), instrumentar la estrategia para definir y establecer las acciones idóneas para prevenir o contrarrestar riesgos sanitarios. Su misión consiste en proteger a la población contra riesgos a la salud que sean provocados por el uso y consumo de bienes y servicios, así como por su exposición a factores ambientales y laborales, la ocurrencia de contingencias sanitarias y la prestación de servicios de salud, mediante la regulación, control y fomento sanitario.

Así, entre las funciones de la Cofepris se encuentra el control sanitario de productos y servicios contemplando con ello su importación y exportación, así como la vigilancia de los establecimientos dedicados al proceso de los productos. Siendo que, entre los referidos productos sujetos al control y vigilancia sanitaria por parte de dicha dependencia, se encuentran los productos de tabaco.

Una alerta sanitaria es un comunicado de riesgo que se refiere a que un producto, competencia de la Cofepris, que es procesado, comercializado, distribuido, acondicionado, o elaborado en México o en otros países, que por su uso o consumo representa un riesgo para la salud del consumidor mexicano, que puede tener trascendencia social y frente a la cual hay que tomar medidas en salud pública de manera urgente y eficaz. La última alerta sanitaria publicada por Cofepris es de junio de 2018 misma que contiene más de 200 marcas ilegales de las que tiene conocimiento la Comisión que se comercializan en todo el país.

La alerta sanitaria sobre cigarros y productos similares del tabaco que se comercializan de forma ilegal en México es un documento indispensable para combatir al mercado ilícito de cigarros ya que es un instrumento que permite a las autoridades de seguridad y aduaneras y en general, a la población, estar informadas sobre las marcas ilegales que han sido identificadas en el mercado mexicano ya sea por carecer de permisos de importación, licencia sanitaria o publicidad ilegal.

A razón del acelerado crecimiento del mercado negro de cigarros que se ha dividido en dos tipos: cigarros de contrabando y cigarros ilegales producidos en México, al día de hoy la industria considera que se distribuyen y venden en nuestro país 30 marcas ilegales adicionales a las que hace referencia la alerta sanitaria de 2018. Es urgente que la misma refleje las condiciones actuales del mercado ilícito de tabaco que crece a pasos agigantados dando cabida a un sinnúmero de marcas fuera de la ley y esto es, principalmente, porque COFEPRIS no emite con regularidad la actualización de este documento ni desempeña a cabalidad las acciones de vigilancia, aseguramiento y destrucción de estos productos.

El artículo 4o de la Constitución consagra el derecho humano de toda persona a la protección de la salud. La salud, es un componente fundamental en el desarrollo socio-económico de cualquier nación; el mejoramiento de la misma tiene un valor humano, ético, político y económico intrínseco. El papel del Estado como garante de la salud de la población es parte toral para el desarrollo del país.

El objetivo debe ser promover condiciones para protección de la salud, de la legalidad, de la lucha contra productos ilegales que afectan a la sociedad y el libre mercado.

En México contamos un amplio marco jurídico que tiene como propósito proteger la seguridad y economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, así como los relacionados con estructuras financieras de organizaciones delictivas para con ello evitar el uso de los recursos para su financiamiento. En este sentido la coordinación interinstitucional es fundamental, cada institución debe ejercer las facultades que le confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir ilícitos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Gobierno Federal, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a, actualizar la Alerta Sanitaria sobre Cigarros y Similares a Productos de Tabaco que son Comercializados de Forma Ilegal en México, ya que la publicada en junio de 2018 no refleja la realidad del mercado ilícito de tabaco.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a que, por sí misma y en coordinación con las autoridades estatales, realice las acciones de vigilancia y aseguramiento de cigarros ilegales; así como ordenar su aseguramiento, destrucción e imposición de multas económicas por infracción a la regulación en la materia, independientemente de la responsabilidad penal que pueda derivar por la comercialización de productos ilegales.

Nota

Cofepris . Alerta sanitaria sobre cigarros y similares a productos de tabaco que son comercializados de forma ilegal.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/667935/9_Alerta_S anitaria_tabaco_junio_2018v.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 6 de octubre de 2022.– Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

ACCIONES ORIENTADAS A DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO BLANCO, EN VERACRUZ

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo de Veracruz y a diversas autoridades a coordinar un plan con el propósito de ejecutar acciones orientadas a disminuir la contaminación del Río Blanco, así como sanear el agua de este afluente, a cargo de la diputada Lorena Piñón Rivera, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Lorena Piñón Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a escrutinio de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1.- El Río Blanco, también conocido como Río Atlizcatl es un afluente con una longitud en su trayectoria de alrededor de 210 kilómetros y que cruza 37 municipios veracruzanos, debido a los procesos de industrialización y urbanización que se han presentado en el estado de Veracruz, este río se ha visto afectado por el desecho de una diversa cantidad de desperdicios producidos tanto por la industria como por los pobladores de los distintos municipios por los que pasa el afluente.

2.- Las diversas problemáticas relacionadas con el estrés hídrico que acontecen en nuestro país nos obligan a buscar distintas alternativas que permitan hacerle frente a esta preocupante crisis, una manera de solucionar esta cuestión es a través de la limpieza de los ríos y la prevención de la contaminación provocada a los mismos, en el caso del Río Blanco es necesario que las autoridades involucradas en el cuidado de los mantos acuíferos del estado, así como los municipios por los que pasa este afluente, trabajen de la mano con los actores y activistas preocupados por dicha situación para que pueda trabajarse en un programa integral que no sólo limpie la polución presente en el caudal, sino que también permita la prevención efectiva de la contaminación a este río.

3.- El derecho de los mexicanos al agua potable, así como un entorno hídrico libre de polución, es un derecho reconocido en nuestra Carta Magna, por esta razón la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su artículo 4 declara lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho (...)”

4.- De igual manera en el siguiente párrafo del artículo 4 de la CPEUM se expresa lo siguiente, respecto al el derecho de los mexicanos mexicanos sobre el agua:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

5.- El hecho relacionado con las responsabilidades para el cuidado de ríos y demás mantos acuíferos se expresa en el siguiente artículo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

Artículo 88.- Para el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos se considerarán los siguientes criterios:

I. Corresponde al Estado y a la sociedad la protección de los ecosistemas acuáticos y del equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico...

6.- De igual forma, se expresa en el artículo 92 de esta ley la facultad del Estado para reducir los márgenes de desaprovechamiento de agua:

Artículo 92.- Con el propósito de asegurar la disponibilidad del agua y abatir los niveles de desperdicio, las autoridades competentes promoverán el ahorro y uso eficiente del agua, el tratamiento de aguas residuales y su reuso.

7.- Sobre la competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el control de los procesos que contaminan los cuerpos de agua se expresa lo siguiente:

Artículo 93.- La Secretaría, realizará las acciones necesarias para evitar, y en su caso controlar procesos de eutroficación, salinización y cualquier otro proceso de contaminación en las aguas nacionales.

8.- Finalmente es este mismo marco normativo se exponen las pautas necesarias para evitar y prevenir la polución de agua en nuestro país:

Artículo 117.- Para la prevención y control de la contaminación del agua se considerarán los siguientes criterios:

I. La prevención y control de la contaminación del agua, es fundamental para evitar que se reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas del país;

II. Corresponde al Estado y la sociedad prevenir la contaminación de ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos y corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo;

(...)

IV. Las aguas residuales de origen urbano deben recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, incluyendo las aguas del subsuelo;

9.- La Ley General de Salud dicta en su artículo 65 las obligaciones de las autoridades en sus distintas funciones para que estas emprendan acciones orientadas a garantizar el derecho de las personas al acceso de agua apta para el consumo humano.

Artículo 65.- Las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán:

(...) IV. Acciones relacionadas con educación básica, alfabetización de adultos, acceso al agua potable y medios sanitarios de eliminación de excretas.

10.- El calentamiento global tiene una gran influencia en el estrés hídrico, debido a que las variaciones climáticas que derivan de este fenómeno producen alteraciones en las lluvias, así como en la temperatura, de igual manera se aumenta la probabilidad de existencia de sequía en la zona afectada por esta contingencia, por estas razones se recomienda el uso moderado y responsable de los recursos hídricos en una entidad con una importante densidad poblacional, con el objetivo de disminuir las probabilidades de que estos problemas se vuelvan recurrentes en varios regiones de nuestro país.

11.- Uno de los objetivos más importantes del Plan Hídrico 2020-2024, establecido por el gobierno federal, es garantizar progresivamente los derechos humanos al agua y al saneamiento de la misma, principalmente para la población más vulnerable. El documento también señala la importancia del saneamiento y de los servicios que facilitan el acceso al agua, ya que estos posibilitan la disminución de la mortalidad y otros padecimientos como la hepatitis, fiebre tifoidea, cólera o disentería entre los habitantes que sean menores de cinco años. Los servicios de agua y saneamiento permiten la reducción de la mortalidad y morbilidad entre la población menor de cinco años y demás población vulnerable.

12.- Una importante cantidad de cuerpos hídricos en nuestro país se encuentran contaminados debido al depósito de aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento, debido a esto el nivel de contaminación en estos cuerpos tiende variar, lo que dificulta dimensionar la magnitud de contaminación que presentan dichos cuerpos de agua.

 13.- Desde el año 2002 la Semarnat se había manifestado por la preocupante situación de polución que sufre el Río Blanco pues declaró en su Informe de la situación general del medio ambiente en México, 2002 que el Río Blanco en Veracruz se encontraba en la lista de los ríos más contaminados del país junto a las cuencas de Lerma, Alto Basas y San Juan. De igual manera el informe expresa cuales son los requerimientos necesarios par implementar las medidas que permitan la mitigación de los efectos causados por el cambio climático, en dicho documento se expone que solamente a través de esfuerzos comunes de cooperación será posible encontrar una solución viable y permanente al problema de la contaminación hídrica, de igual forma estos esfuerzos conjuntos deben de integrar entre las partes tópicos de equidad, justicia e imparcialidad dentro de un medio que permita la toma de decisiones y que está mismas estén basadas en principios éticos, percepciones de riesgos así como la búsqueda de oportunidades que permitan el beneficio de la comunidad en su conjunto.

14.- El problema de la contaminación en ríos y otros mantos acuíferos era una cuestión de preocupación en administraciones pasadas, una muestra de esto es la Agenda del Agua 2030 elaborada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en este documento se plantearon medidas para contrarrestar la polución y reducir las repercusiones que esta práctica causa a los cuerpos de agua, en dicha publicación se plantea la siguiente valoración:

Será necesario realizar un esfuerzo amplio de coordinación interinstitucional con entidades de los tres órdenes de gobierno y de concertación con todas las organizaciones sociales interesadas y con capacidad de contribuir a la limpieza de los arroyos y ríos del país, para mediante la suma de recursos y esfuerzos vigilar y proteger los cauces y zonas federales con el fin de mantenerlos libres de basuras, de descargas no controladas y de asentamientos.

15.- Los informes presentados revelan que la situación de contaminación hídrica ha persistido en nuestro país por un largo periodo de tiempo, en orden de hacer cumplir el derecho de los mexicanos a un medio ambiente que garantice su bienestar y un desarrollo adecuado es necesario enfocarnos en los ríos y presas del país para comenzar los trabajos que ayuden a limpiar el agua para hacerla más saludable y apta para el consumo humano.

16.- En nuestro contexto actual es fundamental abordar el problema que representa el estrés hídrico en México, por lo tanto, se vuelve indispensable tomar medidas que permitan reducir la magnitud de esta cuestión, una alternativa viable para solucionar esta cuestión son las acciones orientadas a incrementar la cantidad de agua potable así como el saneamiento de los mantos acuíferos.

17.- En orden de reducir la contaminación hídrica será necesario implementar un plan de trabajo que permita el control de los desechos realizados por los municipios al igual que los desechos industriales depositados sin tratamiento en diversos cuerpos de agua en nuestro país.

En tal virtud, se somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz (Sedema) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a los ayuntamientos de los municipios por los que corre el cauce del Río Blanco, para que en el ámbito de sus atribuciones tenga a bien sostener una reunión de trabajo relativa a atender la polución existente en el Río Blanco y considere abrir la convocatoria para invitar a especialistas e interesados en la contaminación hídrica que acontece en nuestro país.

Segundo.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave, a la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz (Sedema) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a los ayuntamientos de los municipios por los que corre el cauce del Río Blanco; para que derivado de un acuerdo interinstitucional, definan a partir del 2023, la operación coordinada de un plan diseñado en el ámbito de sus atribuciones legales, con el propósito de ejecutar acciones orientadas a disminuir la contaminación del Río Blanco, así como sanear el agua de este afluente.

Notas

1 https://www.jornada.com.mx/2013/09/30/eco-d.html

2 https://www.jornada.com.mx/notas/2022/06/23/politica/padece-el-valle-de-mexico- el-mayor-estres-hidrico-del-pais/

3 https://www.elsoldeorizaba.com.mx/local/que-pasa-con-el-rio-blanco-otra-vez-muy -contaminado-y-con-poca-agua-8049546.html

4 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50634600

5 Programa Nacional Hídrico2020-2024 Diponible en

http://201.116.60.46/DatosAbiertos/PNH_Resumen.pdf

6 https://apps1.semarnat.gob.mx: 8443/dgeia/informe_resumen14/06_ agua/6_2_3.html#:~: text=La%20descarga%20de%20aguas%20residuales,la%20integridad%20de%20los%20ecosi stemas.

7 https://paot.org.mx/centro/ine-semarnat/informe02/estadisticas_20 00/informe_2000/04_Agua/4.6_Calidad/index.htm#:~: text=A%20nivel%20nacional%2C%20las%20cuencas,los%20r%C3%ADos%20Grijalva%20y%20U sumacinta.

8 Estadísticas del Agua en México 2019 pág.171 Disponible en: http://sina.conagua.gob.mx/publicaciones/EAM_2019.pdf

9 https://www.senado.gob.mx/comisiones/recursos_hidraulicos/docs/ doc1.pdf

10 https://www.gaceta.unam.mx/estres-hidrico-y-desiguldad-factores-que-encarecen-e l-agua/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los tres días del mes de octubre del año 2022.– Diputada Lorena Piñón Rivera (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

ACCIONES URGENTES PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL CÁNCER CÉRVICO UTERINO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a ejecutar acciones urgentes en favor de la revisión, actualización y publicación de la NOM-014-SSA2-1994 para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cervicouterino, a cargo del diputado Fausto Gallardo García, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado Fausto Gallardo García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A pesar de los grandes esfuerzos y avances en la salud, la humanidad continúa enfrentando retos que le han ocasionado pérdidas y perjuicios, no solo con nuevos padecimientos o enfermedades, como es el caso del covid-19 ocasionado por el virus SARS-CoV-2, sino también de padecimientos añejos, tal es el caso del cáncer cervicouterino, padecimiento oncológico caracterizado por el “crecimiento anormal de las células que se encuentran en el cuello de la matriz”.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de cuello uterino es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en las mujeres de todo el mundo, con una incidencia estimada de 604 mil nuevos casos y 342 mil muertes en 2020. Asimismo, se reconoce que poco más del 90 por ciento de los nuevos casos y muertes en el ámbito mundial durante 2020, tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medianos.

Desde el año 2006, en México el cáncer cervicouterino está considerado como la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer, y conforme a las estimaciones oficiales, se tiene registro anual de una ocurrencia de 13 mil 960 casos en mujeres, con una incidencia de 23.3 casos por 100 mil mujeres y, que tan solo en el año 2013, se registraron 3 mil 784 defunciones en mujeres con una tasa cruda de 7 defunciones por 100 mil mujeres.

Es conocido y reconocido por las autoridades en materia de salud, que el cáncer cervicouterino está asociado a la infección por el virus de papiloma humano (VPH), prácticamente derivado de dos tipos de virus de los papilomas humanos (tipos 16 y 18), los cuales provocan el 50 por ciento de las lesiones precancerosas del cuello uterino de gran malignidad, y su transmisión se deriva del contacto sexual y afecta a 8 de cada 10 personas en algún momento de la vida, siendo que la mayoría de las personas se infectan poco después de iniciar su vida sexual activa.

A decir de la autoridad en la materia, el cáncer cervicouterino es la única neoplasia prevenible, debido, entre otros factores, a la disponibilidad de vacunas contra VPH, uso de preservativos (reduce la transmisión del VPH), además de los diversos mecanismos para la detección y tratamiento de lesiones precancerosas.

Respecto a la alta incidencia de la que se tiene registro en nuestro país, y sus consecuencias, es que se han implementado programas y disposiciones específicos para su atención, entre otros, la emisión de la Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994 para atender el cáncer del cuello del útero y de la mama en la atención primaria.

En el ejercicio 2011, la NOM-014-SSA2-1994 se dividió separando las acciones de manera protocolizada para cada tipo de enfermedad, por lo que el cáncer de mama se ubicó en la NOM-041-SSA2-2011, bajo la denominación “Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama.”

No obstante lo anterior, en el año 2019, a través del Programa Nacional de Normalización del mismo año, se procedió a fusionar ambas Normas Oficiales Mexicanas, la NOM-014-SSA2-1994 que atiende el cáncer cervicouterino y la NOM-041-SSA2-2011 que atiende el cáncer de mama.

La unificación de las mencionadas normas oficiales se realizó bajo el argumento de que con dicha acción se permitiría “unificar los criterios de prevención y control en esta materia, para que los servicios de salud cuenten con las herramientas necesarias desde el punto de vista legal y administrativo, es necesario actualizar el contenido de las disposiciones que regulan el cáncer en la mujer, que si bien es cierto son dos padecimientos diferentes el cáncer de mama y el cérvico uterino, se pueden reducir los costos de regulación, por parte de la Secretaria de Salud, atendiendo las nuevas disposiciones en materia de regulación.”

No obstante lo anterior, en la actualización del Programa Nacional de Normalización en el año de 2020 (entre los temas adicionales a los estratégicos, reprogramados no publicados para consulta) se publicaron de nueva cuenta las normas separadas, sin que esta acción haya imperado justificación alguna.

Al respecto, se estableció como fecha de inicio del proceso de revisión de la NOM para el cáncer cervicouterino de enero de 2020 a diciembre de 2020, sin embargo, la NOM-014-SSA2-1994 no sólo no fue actualizada, sino que tampoco se publicó, por lo que su vigencia aplicativa en favor de las mujeres con este tipo de cáncer es limitada, por no decir, desactualizada bajo las mejores prácticas reconocidas para combatir esta neoplasia.

Para el Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados, la salud es un tema que nos representa especial relevancia, muestra de ello ha sido y desde la integración de nuestra agenda de trabajo legislativo, la defensa y promoción de la salud, especialmente tras los estragos de la pandemia de covid-19 y, por consecuencia ser colaboradores garantes, entre otros, de insumos médicos como lo son los medicamentos y vacunas, de manera especial para quienes padecen enfermedades como el cáncer cervicouterino, neoplasia que afecta a miles de mujeres y que, por consiguiente, se requieren acciones contundentes en favor de su prevención, atención y tratamiento.

Por todo lo anteriormente expuesto, y ante la urgente necesidad de ser colaboradores garantes de las acciones gubernamentales en favor de la emisión de un marco legal de actuación en contra de una de las enfermedades que aquejan a miles de mexicanas, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud para que, en el marco de sus atribuciones legales, ejecute acciones urgentes en favor de la revisión, actualización y publicación de la NOM-014-SSA2-1994 para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cervicouterino.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud a que informe a la ciudadanía de las acciones emprendidas en favor de la revisión, actualización y publicación de la NOM-014-SSA2-1994 para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cervicouterino.

Notas

1 (IMSS, s.f.)

2 (Salud O. M., s.f.)

3 (Salud S. d., 2022)

4 (Diario Oficial de la Federación, s.f.)

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2022.– Diputado Fausto Gallardo García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A INSTRUIR LA REVISIÓN DE TODA LA INFRAESTRUCTURA DE LA LÍNEA B

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México a instruir la revisión de toda la infraestructura de la Línea B, poniendo especial atención a los tramos correspondientes de las estaciones Morelos, San Lázaro, Flores Magón, Romero Rubio, Oceanía y Deportivo Oceanía; y a la Secretaría de Obras y Servicios a coadyuvar en la revisión, a cargo de la diputada Susana Cano González, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Susana Cano González, diputada del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1 fracción I; y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la H. Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al director del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México, el ingeniero Guillermo Calderón Aguilera, para que en uso de sus facultades y competencia, instruya a que se revise toda la infraestructura de la Línea B, del Metro de la Ciudad de México, poniendo especial atención a los tramos correspondientes de las estaciones: Morelos; San Lázaro; Flores Magón; Romero Rubio; Oceanía y Deportivo Oceanía; de la misma manera exhorta respetuosamente al secretario de Obras y Servicios del gobierno de la Ciudad de México, el maestro Jesús Antonio Esteva Medina para que en uso de sus facultades y competencia, coadyuve en la revisión de toda la infraestructura de la Línea B, del Metro de la Ciudad de México, poniendo especial atención a los tramos correspondientes de las estaciones: Morelos; San Lázaro; Flores Magón; Romero Rubio; Oceanía y Deportivo Oceanía, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera.- El pasado jueves 22 de septiembre, en punto de las 10: 29 horas, decenas de personas que venían a bordo de los vagones del metro de la Ciudad de México, en la Línea B dirección Buenavista, pasaron momentos angustiantes, esto, al quedarse varados, entre las estaciones del metro San Lázaro, y Morelos , debido a que, de acuerdo con información oficial del metro de la Ciudad de México, una “ménsula de una charola eléctrica” se desprendió, ocasionando que en una curva se golpeara el tren de forma violenta, y que de acuerdo a lo visto en los vídeos sobre el incidente que circulan en las redes sociales, una densa nube de humo amenazaba con intoxicar a los pasajeros que se habían quedado atrapados.

Momentos más tarde, 30 personas fueron atendidas por personal del metro, dando prioridad a diversos casos de crisis nerviosas y a otras dos personas más, que fueron trasladadas a un hospital tras sufrir un esguince al salir de la estación.

En este incidente, personal del Sistema de Transporte Colectivo Metro, acudió para auxiliar a las personas involucradas en este suceso, y por parte del director del Metro, el Ingeniero Guillermo Calderón Aguilera, se realizaron las maniobras correspondientes.

No obstante, este suceso sin duda alguna pudo haberse evitado, y esto porqué no es la primera vez que el metro de la Ciudad de México presenta fallas de este tipo.

Segunda.— A lo largo de la Línea B del metro de la Ciudad de México, se encuentran diversas estaciones que cruzan por las alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, y por municipios del Estado de México como Ecatepec, y Nezahualcóyotl, puntualmente, en la Zona Norte.

Recordemos que día con día miles de habitantes de estos municipios, abordan esta línea del metro para ir a sus centros de trabajo o para visitar a sus familiares en la Ciudad de México, al respecto he recibido por parte de los vecinos de Nezahualcóyotl el reporte con la evidencia fotográfica en la cual se muestra que en el tramo elevado que va de las estaciones Deportivo Oceanía a Oceanía, existe una evidente falla estructural en las “ballenas” que sostienen las vías y dónde también se puede apreciar que existe un “desnivel” en el “viaducto” que va de las estaciones Flores Magón a Romero Rubio del metro de la Ciudad de México, lo cual podría representar un gran riesgo para la ciudadanía.

Existen diversos reportes de meses pasados en las redes sociales sobre este tema, sin embargo han acontecido varios sismos en nuestro país que han impactado a la Ciudad de México, en las últimas semanas, tal como lo fue el sismo del 19 de septiembre de este año, de 6.8 grados de magnitud, por ello es de suma importancia que el Sistema de Transporte Colectivo Metro, pueda dar atención y realizar mantenimiento preventivo en esta Línea B, toda vez que actualmente están haciendo tareas de renovación de la Línea 1, y que justo la estación San Lázaro, del metro de la Ciudad de México, es donde coincide el transborde entre la Línea B, y la Línea 1, pudiendo comenzar la revisión partiendo de ahí.

Es por ello que hago un llamado al director del Metro, el Ingeniero Guillermo Calderón Aguilera, para que se revise toda la Línea B del metro de la Ciudad de México, poniendo especial atención a los tramos correspondientes de las siguientes estaciones: Morelos; San Lázaro; Flores Magón; Romero Rubio; Oceanía y Deportivo Oceanía.

Tercera.- Debido a que han acontecido diversos sismos, es necesario que se haga una revisión completa y donde obre un dictamen que pueda tranquilizar a la ciudadanía, de que podemos utilizar la Línea B, sin ningún riesgo. Por otro lado, con esta acción contribuiremos a prevenir que puedan suceder más incidentes cómo este, teniendo la firme convicción, de qué en esta Cuarta Transformación, tenemos una gran vocación por servir al pueblo, y esto se traduce entre muchas cosas, en brindarles opciones seguras para su trayecto.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

 Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al Director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, de la Ciudad de México, el Ingeniero Guillermo Calderón Aguilera, para que en uso de sus facultades y competencia, instruya a que se revise toda la infraestructura de la Línea B, del Metro de la Ciudad de México, poniendo especial atención a los tramos correspondientes de las estaciones: Morelos; San Lázaro; Flores Magón; Romero Rubio; Oceanía y Deportivo Oceanía.

Segundo.- La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al Secretario de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, el Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina para que en uso de sus facultades y competencia, coadyuve en la revisión de toda la infraestructura de la Línea B, del Metro de la Ciudad de México, poniendo especial atención a los tramos correspondientes de las estaciones: Morelos; San Lázaro; Flores Magón; Romero Rubio; Oceanía y Deportivo Oceanía.

Notas

1. Restablecen servicio en Línea B del Metro por incidente en la estación Morelos. Expansión Política. 22 de septiembre de 2022. Consultado el 25 de septiembre de 2022 de:

https://politica.expansion.mx/cdmx/2022/09/22/incidente-metro-sa n-lazaro-morelos-linea-b

2. La razón por la que la Línea B, del Metro mantuvo suspendido el tramo de Oceanía a Buenavista. Infobae México. 22 de septiembre de 2022. Consultado el 25 de septiembre de:

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/09/22/esto-fue-lo-qu e-paso-en-la-linea-b-del-metro-y-que-mantiene-el-tramo-de-oceania-a-buenavista- suspendido/

3. Humo en los vagones: así vivieron los pasajeros el corto circuito en la Línea B del Metro. Proceso. 22 de septiembre de 2022. Consultado el 25 de septiembre de 2022 de:

https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2022/9/22/humo-en-los-v agones-asi-vivieron-los-pasajeros-el-corto-circuito-en-la-linea-del-metro-video s-293816.html

4. Línea B del Metro, ¿segura o de riesgo? Exhiben en redes fallas estructurales. Eje Central. 6 de agosto de 2022. Consultado el 25 de septiembre de 2022 de:

https://www.ejecentral.com.mx/linea-b-del-metro-segura-o-de-ries go-exhiben-en-redes-fallas-estructurales/

Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2022.– Diputada Susana Cano González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

EXHORTO A LOS CONGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A ARMONIZAR SU MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS Y PERSONAS PROTECTORAS EN DERECHOS HUMANOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos de las entidades federativas a armonizar su marco normativo a fin de establecer en sus legislaciones correspondientes protección a periodistas y personas protectoras en derechos humanos, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Gina Gerardina Campuzano González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

En México, de acuerdo con reporte de la organización internacional Global Witness, registró en la última década el asesinato de 154 activistas ambientales, 131 de ellos entre 2017 y 2021. Casi la mitad de los activistas asesinados en México eran indígenas, y los conflictos por la tierra y la minería estuvieron relacionados en dos tercios de estos homicidios, y esa misma proporción de asesinatos se concentraron en Oaxaca y Sonora.

Tan sólo en 2021, México fue el país con mayor número de asesinatos de este tipo, al sumar 54, por encima de los siguientes: Colombia, con 33 asesinatos, Brasil, con 26 asesinatos, Filipinas, con 19 asesinatos.

De entre los casos, está el de José Santos Isaac Chávez, opositor a un proyecto minero en Jalisco, asesinado en 2021. Dirigente indígena y abogado, era candidato a encabezar el Comisariado Ejidal de Ayotitlán.

Global Witness advierte también sobre las desapariciones forzadas de activistas ambientales, dice, para sembrar el temor entre familias y comunidades, de las cuales documentó 19 en el año pasado. Sostiene que las desapariciones son perpetradas por funcionarios estatales corruptos y grupos de la delincuencia organizada.

Se refiere en particular al caso de 10 hombres desaparecidos en julio de 2021 en territorio yaqui, en el sur de Sonora, y al hallazgo de los restos de 6 personas en la zona, en septiembre del mismo año.

Un par de periodistas asesinados más y 2022 será el año más sangriento del Siglo XXI para el gremio de comunicadores mexicanos; a la fecha, van 11 homicidios relacionados con la labor periodística, según datos de la organización Artículo 19. Pese a ello, 13 estados de la República no cuentan con leyes de protección en materia.

Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas son las entidades federativas sin legislaciones propias sobre seguridad para defensores de derechos humanos e informadores.

No obstante, el total de estados sin mecanismos de protección para dichas personas asciende a 17, porque cuatro de los 19 territorios con leyes enfocadas en el tema no contemplan tal figura, de acuerdo con estudios realizados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

De acuerdo con Luis Knapp, coordinador de Defensa en Artículo 19, menciona que existan leyes así brinda certeza jurídica y amparo a los periodistas y defensores ante el contexto de riesgo y violencia prevalente en su trabajo, sin embargo, no asegura un ejercicio de su labor sin riesgo y sin agresiones.

Múltiples esfuerzos se necesitan para resguardar la actividad periodística y el activismo en favor de los derechos humanos, agregó el especialista; de entrada, que las autoridades cumplan cabalmente sus funciones, dijo, así como coordinación entre cada nivel de gobierno —federal, estatal y municipal.

“El que exista una legislación así es un paso a favor, pero no es una solución. Las soluciones para tratar de afrontar este clima de violencia e inseguridad contra periodistas requieren muchos esfuerzos, y no solo de una institución o una autoridad, sino un trabajo de Estado”.

Un mecanismo de protección local tampoco es una solución porque las agresiones contra periodistas y defensores, en su mayoría, provienen de servidores públicos pertenecientes a los municipios o estados.

Se necesita una estructura normativa homologada a nivel estatal para proteger a los defensores y a los periodistas, pues el mecanismo nacional de Segob no basta para la terrible cantidad de ataques y de asesinatos vistos en la actualidad, aseveró en entrevista Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.

De acuerdo con Luis Knapp, al no existir una ley, pues, las autoridades dicen ‘bueno, yo no estoy obligado a nada, no hay ninguna ley, no hay ninguna norma que me obligue a hacer esto’. Entonces, las autoridades tienen ahí un incentivo perverso para lavarse las manos”.

Tres son los principales problemas de las leyes estatales en materia, abundó: agresores dentro de los mecanismos de resguardo, falta de coordinación entre las autoridades locales y federales, y poco presupuesto destinado para su operación.

A pesar de que 2022 ya es, con al menos 15 periodistas asesinados en 9 meses, el año más letal para periodistas en México desde que se tiene registro, el nuevo Proyecto de Egresos 2023 prevé un aumento mínimo para la Fiscalía encargada de investigar los ataques a la prensa.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) proyecta un presupuesto de 16 millones 272 mil pesos.

Esta cifra supone en términos reales, es decir, calculando ya la inflación, un aumento del 5%. Sin embargo, en términos prácticos se trata de un aumento de apenas 800 mil pesos más en comparación con el presupuesto que se solicitó para este 2022.

De hecho, el presupuesto de la FEADLE es, junto al de la Fiscalía especializada en investigar delitos contra las personas migrantes (con unos 3 millones de pesos), uno de los más bajos en toda la Fiscalía General de la República (FGR), a pesar de que organizaciones como Artículo 19, Amnistía Internacional o Reporteros Sin Fronteras llevan años catalogando a México como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, y como un país donde prevalece la impunidad, ya que de 140 mil investigaciones abiertas entre 2010 y 2018 por crímenes en contra de comunicadores, solo se han obtenido 10 sentencias condenatorias, lo que arroja unos niveles de impunidad superiores al 99%.

Cabe señalar que esta Fiscalía especializada tiene como responsabilidad investigar los homicidios, desapariciones y ataques en contra de periodistas y también de activistas y defensores de derechos humanos, otro sector muy golpeado por la violencia.

Por ejemplo, 2021 fue el año más violento para defensores ambientales en México con 25 asesinatos, mientras que en lo que va de sexenio de Andrés Manuel López Obrador suman al menos 58 personas defensoras ambientales asesinados, de acuerdo con datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

Es por ello, que presento el presente exhorto para que los congresos de las entidades federativas, armonicen su marco normativo a fin de establecer en sus legislaciones correspondientes protección a personas periodistas y personas protectoras en derechos humanos y los que han sido omisos en legislar en esta materia, expidan su Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Por lo antes expuesto y fundamentado, someto respetuosamente a la consideración de esta Honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes para que los congresos de las entidades federativas armonicen y expidan su ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, por lo que me permito proponer, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas, para que dentro de sus atribuciones y facultades, armonicen su marco normativo a fin de establecer en sus legislaciones correspondientes protección a personas periodistas y personas protectoras en derechos humanos y los que han sido omisos en legislar en esta materia, expidan su Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Notas

i. Texto íntegro: México el más letal para activistas y periodistas; Estados sin leyes en protección a defensores, Por Editor_Pxp, punto por punto, consultado por última vez el 02 de octubre de 2022 en

https://www.puntoporpunto.com/noticias/politica/13-estados-de-la -republica-sin-legislaciones-en-materia-de-proteccion-para-defensores-de-dh-y-p eriodistas/

ii. Ibídem.

iii. Ibídem.

iv. Texto íntegro: México el más letal para activistas y periodistas; Estados sin leyes en protección a defensores, Por Editor_Pxp, punto por punto, consultado por última vez el 02 de octubre de 2022 en

https://www.puntoporpunto.com/noticias/politica/13-estados-de-la -republica-sin-legislaciones-en-materia-de-proteccion-para-defensores-de-dh-y-p eriodistas/

v. Ibídem.

vi. Ibídem.

vii. Ibídem.

viii. Ibídem.

ix. Texto íntegro: México el más letal para activistas y periodistas; Estados sin leyes en protección a defensores, Por Editor_Pxp, punto por punto, consultado por última vez el 02 de octubre de 2022 en

https://www.puntoporpunto.com/noticias/politica/13-estados-de-la -republica-sin-legislaciones-en-materia-de-proteccion-para-defensores-de-dh-y-p eriodistas/

x. Ibídem.

xi. Ibídem.

xii. Ibídem.

xiii. Texto íntegro: México el más letal para activistas y periodistas; Estados sin leyes en protección a defensores, Por Editor_Pxp, punto por punto, consultado por última vez el 02 de octubre de 2022 en

https://www.puntoporpunto.com/noticias/politica/13-estados-de-la -republica-sin-legislaciones-en-materia-de-proteccion-para-defensores-de-dh-y-p eriodistas/

xiv. Ibídem.

xv. Ibídem.

xvi. Ibídem.

xvii. Texto íntegro: México el más letal para activistas y periodistas; Estados sin leyes en protección a defensores, Por Editor_Pxp, punto por punto, consultado por última vez el 02 de octubre de 2022 en

https://www.puntoporpunto.com/noticias/politica/13-estados-de-la -republica-sin-legislaciones-en-materia-de-proteccion-para-defensores-de-dh-y-p eriodistas/

xviii. Ibídem.

xix. Ibídem.

xx. Ibídem.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 6 de octubre de 2022.– Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

EXHORTO A LA SHCP, A REVISAR LA SOLICITUD DE LOS PRODUCTORES DEL CAMPO Y SECTORES RELACIONADOS, EN RELACIÓN AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO)

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a revisar la solicitud de los productores del campo y sectores relacionados, para que el régimen simplificado de confianza a declarar sea como monto mínimo 1 millón 350 mil pesos en lugar de los 900 mil pesos actuales, a cargo de la diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada federal María de Jesús Aguirre Maldonado, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta la SHCP a revisar la solicitud de los productores del campo y sectores relacionados, para que el régimen simplificado de confianza (Resico), a declarar sea como monto mínimo 1,350,000 pesos en lugar de los 900 mil pesos actuales, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La pandemia covid afectó la economía de las familias mexicanas provocando el cierre de 1 millón de micro, pequeñas y medianas empresas durante casi dos años de incidencia.

Al mismo tiempo, problemas de sequía afectaron casi tres cuartas partes del país, provocando la imposibilidad de sembrar cerca de 3 millones de hectáreas y una reducción drástica de los rendimientos, por lo que las importaciones de maíz se acercan al 48 por ciento del consumo nacional y en trigo, esta cifra es cercana al 60 por ciento.

La sequía provocó una drástica reducción de los volúmenes de agua almacenada en las presas del país, muchas de las cuales llegan a niveles menores del 10 por ciento de su capacidad, principalmente en el centro—norte.

Los ganaderos enfrentan graves problemas para alimentar a sus animales, ocurriendo por un lado un despoblamiento por venta de hatos y rebaños antes de perderlos por falta de agua y alimentos.

El encarecimiento de insumos como granos para el ganado, fertilizantes, agroquímicos y semillas redujo la producción y encareció lo producido.

Hoy el kilogramo de tortillas se encuentra por arriba de 21 pesos y el bolillo tiene una tendencia creciente, llegando en algunos lugares hasta 5 pesos por pieza.

La reducción de presupuesto a programas como sanidad e inocuidad agroalimentaria ha provocado un fuerte incremento de plagas y enfermedades al cancelarse plazas de técnicos para la realización de campañas de control sanitario, poniendo en riesgo los rendimientos la calidad y aumentando el riesgo de pérdida de cultivos como los cítricos con la presencia de Huanglongbing HLB.

Por lo anteriormente expuesto, solicito de esta soberanía su apoyo para el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente, a la SHCP a revisar la solicitud de los productores del campo y sectores relacionados, para que en el régimen simplificado de confianza (Resico), a declarar sea el monto mínimo de 1,350,000 pesos en lugar de los 900 mil pesos actuales y que el tope máximo sea de 4 millones en lugar de los 3.5 millones actuales. Asimismo, que los productores de hasta 20 hectáreas que formen parte de alguna sociedad y no tengan utilidades, sean considerados en el Resico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2022.– Diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

EXHORTO A DIVERSAS AUTORIDADES, A EJERCER ACCIONES CONJUNTAS EN FAVOR DEL SANEAMIENTO DEL RÍO TIJUANA, EN BAJA CALIFORNIA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, a la Profepa y a diversas autoridades de Baja California a ejercer acciones conjuntas en favor del saneamiento del Río Tijuana, a cargo del diputado Fausto Gallardo García, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado Fausto Gallardo García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El crecimiento de las urbes trae consigo avance y desarrollo para las ciudades y sus habitantes, sin embargo, también se traduce en consumo y residuos contaminantes, los cuales, sin una planeación adecuada, se convierten en un problema mayor para la humanidad y los ecosistemas.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha alertado con información contundente que al rededor del 70-75 por ciento de la contaminación marina es producto de las actividades humanas que tienen lugar en la superficie terrestre y que un 90 por ciento de los contaminantes es transportado a través de los ríos al mar.

Asimismo, la CEPAL estima que entre un 70-80 por ciento de la población mundial se ubica en las costas o cerca de ellas, especialmente en zonas urbanas, donde una parte importante de los desechos que allí se producen se deposita directamente en el océano.

Es conocido que la contaminación en la superficie terrestre termina en el mejor de los casos en vertederos, no obstante, la mayoría termina en ríos y mares, situación que afecta no solo la salud de las personas que conviven en un entorno contaminado, sino que, como lo manifiestan agrupaciones ambientalistas, muchos ecosistemas han sido alterados más allá de su capacidad de recuperación.

Uno de los espacios con afectaciones a causa de la contaminación por desechos y descargas contaminantes es la cuenca binacional del Río Tijuana, misma que integra ecosistemas costeros y marinos de importancia a nivel mundial, con áreas que incluyen, entre otras zonas de interés, la reserva nacional del Estuario del Río Tijuana, el Parque Regional de Preservación del Valle del Río Tijuana y las Islas Coronado, las cuales forman parte de la reserva de la Biosfera de las Islas del Pacífico de México.

La Convención Mundial de Humedales (RAMSAR) ha reconocido al Estuario del Río Tijuana como un humedal de alto valor internacional, debido a su magnitud e importancia como ruta migratoria de aves, incluyendo especies amenazadas y en peligro de extinción. Dicha reserva abarca playas, dunas, lodazales, marismas, matorrales de salvia costera y hábitats de tierras altas rodeados por las ciudades de Tijuana y San Diego.

La sociedad, a lo largo de los últimos años, ha manifestado su preocupación ante la creciente contaminación del Río Tijuana, la cual ha traído aparejada la percepción de olores desagradables, los cuales alertan e inquietan a la población debido a las posibles afectaciones a su salud.

De acuerdo a la organización Wildcoast “son aproximadamente 1,700 litros por segundo de aguas no tratadas, las cuales entran en la zona costera del sur de Playas de Tijuana, las cuales son aguas residuales que impactan dicha zona desde Rosarito en Baja California, hasta Coronado en California, lo que puede acarrear más de 43 millones de litros por segundo de aguas contaminadas y que causa no solo cierres de playas, sino afectaciones a la salud de usuarios y nadadores de las costas del municipio de Tijuana y Rosarito, Baja California.”

El estudio de referencia señala que son poco más de 40 millones de galones de aguas negras que por día son emitidas por la Planta de Tratamiento de San Antonio de los Buenos, y que dichas descargas impactan negativamente la calidad de agua desde Rosarito, Baja California, hasta Coronado, y que el impacto negativo a la salud de las personas ha causado la clausura de las playas por parte de la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios.

Sobre este particular, el pasado 15 de febrero de 2022, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos de América en México, al visitar la ciudad de Tijuana detalló que “en temas como la contaminación del río Tijuana, el gobierno que representa invertirá 300 millones de dólares en esa area en los próximos años”.

Al respecto, todos concordamos con las exigencias sobre la urgente necesidad de implementar acciones conjuntas entre nuestros gobiernos federal, estatal y municipal con el propósito de consolidar un entorno adecuado para el bienestar y la salud de la población.

Lo anterior no solo porque se trata de acciones necesarias en beneficio de la población mexicana, sino porque es facultad reglamentada de nuestras autoridades federales, quienes deben ser vigilantes del cumplimiento de las disposiciones ambientales en favor de los ecosistemas y de las especies endémicas en nuestro país.

Es pertinente señalar que la Semarnat, sus tres subsecretarías y los diversos órganos desconcentrados y descentralizados que forman parte del sector ambiental federal tienen entre sus tareas la conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, la prevención y control de la contaminación, la gestión integral de los recursos hídricos y el combate al cambio climático, por lo que su intervención es indispensable para atender la problemática que afecta al Río Tijuana.

Por todo lo aquí expuesto y ante la urgente necesidad de ejercer acciones contundentes para prevenir la contaminación de nuestros ríos, cuencas y aguas nacionales, de manera particular en el Río Tijuana, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, a través de la Comisión Nacional del Agua, en el marco de sus facultades, lleve a cabo acciones a favor de la adecuada conservación y saneamiento del Río Tijuana.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que programe, ordene y realice visitas y operativos de inspección para vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la preservación y protección a las especies de flora y fauna en riesgo respecto a las descargas de aguas residuales y contaminantes presentes en el Río Tijuana, en las localidades de Tijuana y Rosarito, Baja California.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Baja California, en coordinación con los gobiernos municipales de Tijuana y Rosarito, a instrumentar acciones en favor del tratamiento y reúso de las aguas residuales que se depositan en del Río Tijuana.

Notas

1 (Escobar, 2002)

2 (Wild Coast, s.f.)

3 (Heras, 2022)

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2022.– Diputado Fausto Gallardo García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

EXHORTO A LA CONAGUA, A REALIZAR UNA SUPERVISIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ATOTONILCO DE TULA, HIDALGO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a realizar una supervisión en la planta de tratamiento de aguas residuales de Atotonilco de Tula, Hidalgo, a cargo de la diputada Lidia García Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Lidia García Anaya, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Arturo Martínez Santoyo, a realizar una supervisión en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco de Tula, así como en las presas y cuerpos de agua contaminados, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco de Tula, fue creada para tratar aproximadamente el 60% de las aguas residuales de la Ciudad de México, las cuales posteriormente podrán ser ocupadas para riego, sin embargo, más que un proyecto de ingeniería ambiental, es un proyecto ecológico de gran valía ya que permite la mejora en las condiciones de salubridad de hasta 700,000 hidalguenses.

Tiene como objetivo tratar las aguas provenientes del Valle de México conducidas a través del Túnel Emisor Oriente y del Emisor Central, los cuales descargan al río el Salto y el canal de riego El Salto-Tlamaco, respectivamente. Finalmente, el río vierte al canal de riego y en una derivación de este canal, se han construido las obras de captación de las aguas que alimentan la planta, según lo señalado por la Revista Técnica de Medio Ambiente (Retema).

El Gobierno federal y el Gobierno del estado de Hidalgo tienen una deuda histórica con los hidalguenses, específicamente con los pobladores del Valle del Mezquital quienes han vivido de manera permanente con el drenaje de aguas negras que en su mayoría se deriva de la Ciudad de México, con lo cual han sido constantemente afectados con inundaciones que dejan a su paso la pérdida de sus viviendas, de bienes materiales, produciendo graves enfermedades derivadas de los problemas sanitarios que ocasionan las aguas negras, repercutiendo en pérdidas humanas.

Esta Planta de Tratamiento fue diseñada para reducir las inundaciones y obtener agua de calidad para el riego agrícola, pero el mayor objetivo fue y debe seguir siendo mejorar la calidad de vida de los hidalguenses y lograr la recuperación económica del Valle de México.

Es por lo anterior que resulta indispensable que la Conagua implemente mecanismos de supervisión permanentes en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco de Tula, así como en las presas y cuerpos de agua contaminados, trabajando de manera coordinada con el Gobierno Estatal para implementar mejoras de saneamiento, así como en el tratamiento de aguas residuales, se garantice el suministro de aguas de calidad, se brinde mayor seguridad en cuanto a las inundaciones y sobre todo se lleve por buen cause el tratamiento de las aguas residuales así como el agua de riego para cultivo.

Expuesto lo anterior, me permito someter a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.— La Cámara de Diputados exhorta al Director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Germán Arturo Martínez Santoyo, a realizar una supervisión en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Atotonilco de Tula, así como en las presas y cuerpos de agua contaminados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2022.– Diputada Lidia García Anaya (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

EXHORTO A LA SSPC, A HACER PÚBLICO UN INFORME DE LAS ACCIONES QUE DICHA DEPENDENCIA REALIZARÁ CON MOTIVO DEL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL Y SEGURIDAD PÚBLICA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC a hacer público un informe en el que exprese las acciones que realizará con motivo del artículo sexto transitorio del decreto en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, a cargo del diputado Román Cifuentes Negrete, del Grupo Parlamentario del PAN

Las y los que suscribimos Román Cifuentes Negrete y diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana hacer público un informe detallado en el que se pormenoricen las acciones que la dependencia habrá de realizar en aplicación del Artículo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado nueve de septiembre del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública; reforma que independientemente de los vicios constitucionales que en ella se contienen y que habrán de denunciarse vía la presentación de una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus artículos transitorios Segundo, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo se establecen diversos mandatos a cargo de las Secretarías de Marina, de Seguridad y Protección Ciudadana y de Hacienda y Crédito Público, en donde la materia de la presente proposición la constituye lo preceptuado en las fracciones II, III y IV del Artículo Sexto Transitorio que son del tenor siguiente:

“ Sexto.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana:

l. Coordinará con la Secretaría de la Defensa Nacional la homologación del adiestramiento especializado, considerando la Estrategia Nacional de Seguridad Pública;

II. Transferirá a la Secretaría de la Defensa Nacional, dentro de un plazo de sesenta días naturales, los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales y gastos de operación de la Guardia Nacional, así como los recursos materiales destinados a su operación, con excepción de aquéllos requeridos para el personal que seguirá bajo la adscripción de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Asimismo, destinará dichos recursos a la Secretaría de la Defensa Nacional conforme vayan quedando vacantes las plazas;

III. Dispondrá que el personal procedente de la extinta Policía Federal cese de prestar sus servicios en la Guardia Nacional, por lo que seguirá bajo su adscripción, conservando sus derechos laborales adquiridos. El personal que pertenezca a los organismos especializados de la Guardia Nacional continuará prestando sus servicios en dicha institución de seguridad pública de manera temporal, conforme a los convenios de colaboración que para tal efecto se formalicen entre las Secretarías de Defensa Nacional y del ramo de seguridad pública, y

IV. Relevará gradualmente al personal que integra la Coordinación de Administración y Finanzas de la Guardia Nacional, por aquél que proponga la persona Comandante de esa institución. El personal relevado mantendrá su adscripción a la propia dependencia.

Como se podrá observar existe ambigüedad en la construcción normativa de las fracciones II, III y IV lo que motiva a interpretar que causarán baja automática las y los 23,236 policías federales que se integraron a la Guardia Nacional en aplicación del Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional; nada se dice si continuarán prestando el servicio para el que fueron dados de alta como personal civil para realizar funciones de seguridad pública y que ya no ejercerá la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la que aparentemente seguirán adscritos, situación que se recrudece al haberse conferido el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, siendo por ello necesario y urgente el que esta Soberanía conozca a detalle las acciones que habrá de implementar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el cese del personal civil de la Guardia Nacional, que en el caso de las y los policías federales será inmediato y respecto del que se encuentra prestando servicios en los organismos especializados y en la Coordinación de Administración y Finanzas el cese será gradual hasta en tanto sean sustituidos por personal militar a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En atención a la ambigüedad y falta de precisión normativa que pueden causar una grave afectación a los derechos humanos laborales del personal civil de la Guardia Nacional es por lo que resulta necesario exhortar en forma urgente a la Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que en el ámbito de su competencia haga público un informe detallado y pormenorizado de las acciones que habrá de implementar en aplicación del Artículo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.

Dada la finalidad del presente exhorto que es la de preservar y garantizar los derechos humanos laborales de las personas trabajadoras actualmente adscritas a la Guardia Nacional la que por virtud de la inconstitucional adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional se integrará en su totalidad con personal militar, es motivo suficiente para que con fundamento en la fracción III del numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se someta a la consideración de esta soberanía con carácter de urgente resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura, exhorta a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez para que haga público un informe detallado y pormenorizado de las acciones que esa dependencia realizará con motivo del artículo sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación del día nueve de septiembre del año en curso.

Notas

1. Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional presentada por los grupos parlamentarios de MORENA, PT y PVEM el 2 de septiembre de 2022, pag. 5, visible en:

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2022/sep/20220902-III-4.pd f#page=39

2. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5555126&fecha= 26/03/2019#gsc.tab=0

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 6 de octubre de 2022.– Diputado Román Cifuentes Negrete (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

SE IMPLEMENTEN MEDIDAS PARA ATENDER Y ERRADICAR EL ABANDONO ESCOLAR, FORTALECER LA REGULARIZACIÓN DEL ALUMNADO, ESTABLECER ESPACIOS SEGUROS Y DESARROLLAR ESCUELAS VERDES, EN JALISCO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y a diversas autoridades de Jalisco a desarrollar e implementar medidas para atender y erradicar el abandono escolar, fortalecer la regularización del alumnado, establecer espacios seguros y eliminar el acoso y la violencia en las aulas y el desarrollo de escuelas verdes, a cargo de la diputada Laura Lorena Haro Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Laura Lorena Haro Ramírez, diputada federal de la LXV Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente “proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco y a los 125 Ayuntamientos de Jalisco para que desarrollen e implementen diversas medidas para atender y erradicar el abandono escolar, fortalecer la regularización del alumnado, establecer espacios seguros y eliminar el acoso y la violencia en las aulas y el desarrollo de escuelas verdes”, considerando los siguientes:

Antecedentes

La pandemia por el virus SARS-CoV-2 impactó gravemente a la sociedad desde diversas perspectivas. Muchas personas perdieron la vida, muchas otras perdieron sus fuentes de empleo.

Muchos negocios se vieron forzados a cerrar por el severo impacto económico que trajo el coronavirus. Las personas se vieron obligadas a enfrentar una nueva realidad, nuevas formas de convivir, nuevas formas de llevar su día a día, nuevas formas para existir.

Dentro de todo este impacto que tuvo la pandemia en la vida de las personas fue la manera en que millones de niñas, niños y jóvenes se vieron obligados a llevar sus estudios.

Las escuelas cerraron sus puertas y una gran cantidad de estudiantes se vieron obligados a dejar su faceta como estudiantes para dedicarse a trabajar y así apoyar a sus familias.

De acuerdo con cifras oficiales en materia de abandono escolar del Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa, desde que la pandemia inició, 50 mil niñas, niños y adolescentes han registrado abandono escolar.

De acuerdo con la Encuesta Nacional del Instituto Nacional de Geografía y Estadística para la medición del impacto del covid-19 en la educación, los principales motivos de abandono fueron los siguientes:

Como se puede notar, uno de los factores de mayor peso que motivó la deserción escolar fue que se consideraron poco funcionales las clases a distancia, lo que representa un gran reto a las instituciones educativas nacional y de Jalisco para hacer frente a este reto.

Es importante que la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación de Jalisco, así como los 125 ayuntamientos de toda la entidad inicien una campaña coordinada para detectar factores de riesgo y se disminuya o, incluso, erradique el abandono escolar.

Lo anterior fue para una parte de la población, otro sector tuvo el privilegio de continuar sus estudios. No obstante, también enfrentaron grandes retos y graves afectaciones, algunas de ellas aún persisten y han dejado secuelas en la población estudiantil como lo es la pérdida de aprendizaje.

De acuerdo con el documento retos educativos en Jalisco para el logro académico y la permanencia en pandemia, en el estado existían 413 mil alumnos con avance mínimo o ningún tipo de avance en su aprendizaje académicos, sociales, culturales, emocionales, actitudinales, sean o no sean curriculares, así como 101,018 que presentan nivel mínimo o bajo en sus calificaciones durante el primer trimestre del Ciclo Escolar 2020-2021.

Lo que requiere que se implemente un programa en el que se involucre al personal docente para regularizar a niñas, niños y adolescentes. Toda vez que este tipo de situaciones aumenta la posibilidad de que el alumnado incremente el índice de abandono, así como la vulnerabilidad en la formación de las y los educandos.

Otro factor que debe ser atendido por parte de las autoridades educativas es la violencia y el acoso que se presentan en las aulas entre compañeras y compañeros.

El acoso escolar es una práctica nociva que causa daños físicos, emocionales y sociales a quienes lo padecen. Es común que las y los estudiantes que padecen este tipo de violencia no se pronuncien al respecto, callando los abusos que sufren y no denunciando a quienes los violentan.

Aunado a esto, el cierre de las escuelas por la pandemia llevó a que niñas, niños y adolescentes padezcan de ansiedad y depresión, lo que también se suma a los factores que impactan su bienestar personal y escolar, perjudicando su salud mental.

Al respecto, la Comisión para la Mejora de la Educación en Jalisco reportó que, en materia socioemocional, las escuelas reportan que un 6.7 por ciento presentan alumnos con afectaciones graves, 46.5 por ciento regulares y 35.7 por ciento en menor medida.

Por su parte, el 41.3 por ciento de las y los docentes presentan afectaciones socioemocionales regulares, 45.3 por ciento en menor medida y 3.3 por ciento afectaciones graves. Factor que también es de relevancia, pues las escuelas no únicamente es el alumnado, también la plantilla docente forma parte importante de éstas.

La ansiedad y la depresión en el estudiantado se puede presentar a través de distintas manifestaciones como la ansiedad de separación, fobias, ansiedad social, ansiedad general, trastorno de pánico, sentirse triste, irritables, desinterés por hacer las cosas, cambios en patrones del sueño, cambios en el nivel de energía, dificultad para prestar atención, sentirse despreciable, inútil o culpable o comportamientos autodestructivos.

Por lo que es importante que se realicen programas que atiendan la salud mental y el bienestar del personal docente, como de las y los alumnos. Estableciendo estrategias de capacitación para el personal de las escuelas y de atención y prevención de este tipo de padecimientos en las y los alumnos.

Otro tema de relevancia para las escuelas es la calidad de las instalaciones, principalmente de los baños. Pues es un tema íntimamente ligado al derecho al acceso al agua, el saneamiento y la higiene.

Escuelas que carecen de servicios de calidad como baños óptimos y agua potable al servicio del alumnado conlleva a que las inscripciones reduzcan, así como el desempeño de las y los alumnos.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación de Jalisco, existen 13 mil escuelas públicas en la entidad. Sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco realizó una revisión a 500 planteles en 33 municipios de la entidad, obteniendo los siguientes resultados: 2.2 por ciento de los centros escolares no cuenta con agua potable, 6.5 por ciento no tiene sanitarios funcionales y el 4 por ciento no cuenta con drenaje en servicio.

Por su parte, la Comisión de la Mejora de la Educación en Jalisco publicó un estudio en 2021 en el que menciona que el 22.2 por ciento de las escuelas en la entidad tienen un servicio irregular de agua, mientras que el 2.6 por ciento no cuenta con suministro de agua.

Por lo que resulta imperativo asegurar el acceso al agua potable e infraestructura como baños limpios. Pues son elementos básicos y fundamentales en la formación académica de cualquier individuo, así como un derecho humano que toda persona debe gozar.

Otro tema de relevancia para las y los habitantes de Jalisco es la amplia jornada laboral que tienen y las distancias hasta sus centros de trabajo, pues esto afecta en sus tiempos para llegar por sus hijas e hijos a tiempo a las escuelas. Por lo que la eliminación del Programa Escuelas de Tiempo Completo resultó en una afección sumamente grande para muchas personas.

En México, la abrogación del programa en comento afectó la alimentación diaria de 1.4 millones de niñas, niños y jóvenes estudiantes en más de 14 mil 500 escuelas en todo el país. En Jalisco más de 940 escuelas resultaron afectadas por esta situación.

Cabe destacar que se han presentado iniciativas para reformar la Ley General de Educación y propuestas de modificación a los presupuestos de egresos con el objeto de que esta situación cambie. Pues se ha comprobado que la desaparición de este programa afectó a muchas personas que contaban con un programa útil y funcional.

Por último, el tema del medio ambiente y la diversidad biológica también se muestran como factores de relevancia en materia educativa.

El estado de Jalisco cuenta con una gran biodiversidad por su privilegiada ubicación geográfica. Sin embargo, producto del crecimiento poblacional y con ello el incremento en las actividades productivas primarias, secundarias y terciarias, el suelo, el agua, la flora y la fauna se han visto perjudicados y disminuidos.

Factores como la degradación y el manejo inadecuado del suelo, contaminación con agroquímicos, el vertimiento de contaminantes de tipo industrial en cuerpos acuíferos, la degradación del agua por vertimiento de residuos sólidos en tiraderos y basureros no controlados merman gravemente la atmósfera y los ecosistemas en la entidad.

Se deben promover esquemas integrales en los que se incluya la concientización y educación ambiental en la formación de niñas, niños y adolescentes. A partir de esto, surge la necesidad de implementar el modelo de escuelas verdes, promoviendo en las aulas procesos educativos colectivos que contribuyan a la sustentabilidad.

Un antecedente de esto en Jalisco son las escuelas de campo que desarrollaron este proyecto en el 2020 por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, a través de las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente, en la que impulsa dos esquemas de trabajo: escuelas de campo y comunidades sostenibles.

Estas escuelas tienen como objetivo fortalecer las capacidades de las y los productores para desarrollar buenas prácticas productivas a través de técnicas sustentables que reduzcan el impacto a la biodiversidad y al ambiente.

Sin embargo, de momento solo se han trabajado en trece comunidades de los municipios de Concepción de Buenos Aires, Gómez Farías, Mazamitla, Pihuamo, Tecalitlán, Tonila, Tuxpan y Zapotiltic.

Por lo que es necesario fomentar en los 125 municipios de la entidad que se desarrolle el Programa Escuelas Verdes, con el objeto de impulsar una educación para el consumo sustentable y el manejo de residuos sólidos, manejo sustentable del agua, eficiencia en el consumo de la electricidad, salud y estilo de vida sustentable, así como una educación y acciones ambientales comunitarias, bajo un enfoque de género, interculturalidad y cambio climático.

Como se puede notar, todas estas problemáticas no son menores. Aunado que, con el apoyo correcto se pueden transformar en ventanas de oportunidad en las que se beneficie a millones de personas en materia educativa, desde las y los educandos, hasta el personal de las escuelas e incluso madres y padres de familia.

Jalisco es un estado muy rico en muchos ámbitos y con una grandeza que aún se puede explotar mucho más, pero requiere del apoyo de todas y todos.

La pandemia perjudicó al sector educativo y ahora es menester redoblar los esfuerzos para retomar el camino que se llevaba o, en su caso, reconstruir lo que se perdió.

Por lo anteriormente expuesto, solicito:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, así como a los 125 ayuntamientos de Jalisco para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen en trabajo coordinado durante los meses de octubre y noviembre una campaña para detectar a la población en abandono o riesgo de abandono escolar de todos los niveles, e implementen programas de alerta temprana y atención personalizada, a fin de generar las condiciones para que todas y todos los alumnos tengan .

Segundo.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco para que, en el ámbito de sus atribuciones, desarrollen e implementen en trabajo coordinado un programa extraordinario, temporal y obligatorio en las escuelas de sostenimiento público y privado de Jalisco destinado a regularizar a las niñas, niños y adolescentes a través de clases de recuperación, en días y horarios destinados a tutorías, jornadas escolares ampliadas o difusión de materiales auxiliares para el aprendizaje.

Tercero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco para que, en el ámbito de sus atribuciones, desarrollen e implementen en trabajo coordinado un programa destinado a brindar espacios seguros para niñas, niños y jóvenes en las escuelas de sostenimiento público y privado del estado de Jalisco, con el fin de que en el corto plazo todas las escuelas cuenten con personal profesional de la salud mental y se prevengan y erradiquen el acoso y la violencia en las aulas.

Cuarto.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los 125 ayuntamientos del estado de Jalisco para que, en el ámbito de sus atribuciones, desarrollen e implementen el Programa “Escuelas Verdes”, con el fin de impulsar la educación para el consumo sustentable y el manejo de residuos sólidos, manejo sustentable del agua, eficiencia en el consumo de la electricidad, salud y estilo de vida sustentable, educación ambiental y acciones ambientales comunitarias, bajo un enfoque de género, interculturalidad y cambio climático.

Notas

1 https://www.inegi.org.mx/investigacion/ecovided/2020/#:~: text=La %20Encuesta%20para%20la%20Medici%C3%B3n,covid%2D19%20en%20la%20experiencia

2 https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/?page_id=620

3 https://mexicanosprimerojalisco.org/pdf/investigacin–500-das-mpj.pdf

4 Ibid.

5 https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/?page_id=620

6 Ibid.

7 Ibid.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2022.– Diputada Laura Lorena Haro Ramírez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

SE ACTUALICEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS a llevar a cabo las acciones y acuerdos necesarios a efecto de actualizar las reglas de operación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, incluyendo al personal médico que realiza internados y pasantías en las dependencias del Sistema Nacional de Salud, a cargo del diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La reciente crisis sanitaria que atraviesa la sociedad en todo el globo, por el SARS CoV2, ha repercutido con impactos negativos de índole económico, social, familiar, y humano en general, exhibiendo también las debilidades del andamiaje operativo de los sistemas de salud de todos los países.

Específicamente en México, la gestión de la pandemia se ha constituido en un reto complejo donde el Estado mexicano ha iniciado un sinfín de acciones con el fin de establecer las condiciones óptimas para la gestión de los recursos con que cuenta y así solventar las necesidades que esta crisis presenta.

En este sentido, el personal médico se ha constituido en la columna vertebral para dar atención en la primera línea a todos los mexicanos y mexicanas que han sido afectados por el virus del SARS CoV2, donde dicha labor ha sido fundamental para el abatimiento en los índices de mortandad, y desafortunadamente, muchos de estos colaboradores, han perdido la vida en el ejercicio de su profesión.

El personal médico de primera línea incluye también a los profesionales de la medicina y enfermería, quienes ingresan para contribuir en el sistema nacional de salud, realizando el interinato y la pasantía; dado que aún no son personal adscrito a alguna plaza en el sistema, este personal es sujeto de una beca que otorga la Secretaría de Salud con el fin de contar con ayuda

para el desempeño de sus labores, y en algunos casos, para material didáctico de manera trimestral.

El ultimo tabulador disponible respecto de estos montos, refleja las siguientes cantidades.

Fuente: Secretaría de Salud, “Tabulador de Becas para los Internos de Pregrado y Pasantes.

Si bien dichas cantidades únicamente son un “apoyo”, existe la posibilidad de acceder a un monto mayor cómo reconocimiento a la labor que este personal realiza en beneficio de todas y todos los mexicanos.

Es el caso que, el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ha impulsado desde el principio de esta administración, un noble programa que busca vincular a jóvenes que no tienen empleo o estudios, con diversos empleadores, con el fin de que realicen actividades propias del sector del que se trate y así obtengan habilidades que los califiquen para tener mayores posibilidades de empleabilidad en el futuro; el programa “ Jóvenes Construyendo el Futuro”, se constituye como una alternativa formativa y de ingreso para un grupo que se vislumbra ya como vulnerable.

En el contexto anterior, el programa otorga becas de apoyo mensual por un monto de $5,258.13 pesos, según la información de la secretaría, y/o de $3,748.00 pesos, según las Reglas de Operación del mismo, así como un seguro médico que cubre incidentes por enfermedad, maternidad y riesgos de trabajo.

Dado la naturaleza de los beneficiarios, jóvenes de entre 18 y 29 años, se propone actualizar las reglas de operación con los siguientes elementos.

• Crear un apéndice en dichas reglas de operación, donde se establezca al sector del personal médico, que cumpla con la condición de edad, entre los 18 y 29 años, cómo beneficiarios del programa.

• Que el personal mencionado, sean los internos y pasantes de medicina y enfermería.

• Que el monto de beca que se otorgue a este personal no sea en detrimento de la beca que reciben en el momento de su percepción, por medio de la Secretaría de Salud.

• Que la Beca que se otorgue al personal de salud, se acredite cómo un “ reconocimiento y dignificación” a su labor.

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que lleve a cabo las acciones y acuerdos necesarios a efecto de actualizar las Reglas de Operación del programa “ Jóvenes Construyendo el Futuro”, incluyendo al personal médico que realiza internados y pasantías en las dependencias del Sistema Nacional de Salud.

Notas

1 Véase:

https://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/

2 Véase: DOF de fecha 23 de diciembre de 2020, Reglas de Operación “Programa Jóvenes Construyendo el Futuro”.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de octubre de 2022.– Diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.