INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 12, numeral 2, del Reglamento de la Contingencia Sanitaria, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 6 de septiembre de 2022 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2022.– Diputado Santiago Creel Miranda (rúbrica), presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que adiciona una fracción al artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

2. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Transición Energética, de la Ley General de Cambio Climático, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley del Seguro Social, de la Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley Federal de Trabajo y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de vida digna, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen, y a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para opinión.

3. Que expide la Ley del Sistema de Usos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez, Rubén Ignacio Moreira Valdez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

4. Que reforma y adiciona el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

5. Que reforma el artículo 17 de la Ley de la Industria Eléctrica, suscrita por el diputado José Elías Lixa Abimerhi y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

6. Que adiciona el artículo 2o. de Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y a la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, a intervenir ante el tráfico de influencia y el cohecho ejercido por Francisco de la Concha Hamdan para encarcelar a la ciudadana Ruth Peña Thompson, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Colegisladora, a dar continuidad al trámite de la minuta correspondiente a prohibir el trabajo en pozos o en cuevas para la extracción de carbón a profundidades menores de 100 metros o mediante el empleo de botes, de manera que se emita el dictamen correspondiente, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Campeche y a la CNDH, a garantizar el acceso y el derecho a la salud de las personas afectadas por el cierre de la farmacia comunitaria y a la FGE, a conducir de manera institucional, respeto, ética y autonomía a fin de garantizar paz y justicia de sus habitantes, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a la Profepa y a la Conagua, a establecer acciones que permitan salvaguardar el ecosistema en riesgo existente en el Parque San Rafael, ubicado en Guadalajara, Jalisco, derivado de la construcción del Proyecto de Depósito de Retención Pluvial, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nuevo León, a implementar un programa que permita apoyar a la ciudadanía ante la crisis hídrica que se vive en dicha demarcación, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, sobre la corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Lidia Pérez Bárcenas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a designar a la persona titular de la Dirección General del Conadis, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas locales, a inscribir en el Muro de Honor de sus recintos el nombre de la primera mujer que ocupó un cargo de elección popular, a cargo de la diputada Adriana Bustamante Castellanos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los ayuntamientos de la zona metropolitana, a considerar dentro de su reglamento interior de las comisiones edilicias, la creación de una Comisión en materia de Zonas Metropolitanas, a cargo del diputado Alan Castellanos Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Zonas Metropolitanas, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex, a que en el Sistema de Información Pública de Proveedores y Contratistas se omitan datos sensibles de los contratos celebrados a fin de dar protección a la privacidad digital, a cargo de la diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conadis, a publicar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex, a implementar acciones de competitividad en materia de comercialización de asfalto, a cargo de la diputada Lidia Pérez Bárcenas y el diputado Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conadis, a instalar su Asamblea Consultiva, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semar y al Gobierno de Chiapas, a considerar la realización de acciones permanentes de dragado y limpieza en la reserva de la biósfera La Encrucijada, a cargo de la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSC de la Ciudad de México, a incrementar carriles reversibles, a cargo de la diputada Karla Ayala Villalobos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Mesa Interinstitucional para la Atención de la Selva Lacandona, a considerar incluir en sus mesas de trabajo, el programa Guardianes de la Selva que propone el desarrollo de proyectos que den a sus habitantes viabilidad económica que los incentive a proteger su herencia medio-ambiental, a cargo de la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nayarit, a implementar una Política Digital Estatal, a cargo de la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para dictamen.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMPI, a iniciar los estudios y trámites necesarios para emitir la declaración de protección de la denominación de origen o indicación geográfica correspondiente al queso de Ocosingo, Chiapas, también conocido como Queso de Bola, a cargo del diputado Ismael Brito Mazariegos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a considerar la reactivación de los fondos para el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), a fin de atender la grave crisis de inseguridad que se vive en el país, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNH, a adecuar sus lineamientos y disposiciones generales a fin de atender la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, suscrito por las diputadas Raquel Bonilla Herrera y Judith Celina Tanori Córdova, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

21. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sader, a la Semarnat y a la Cofepris, a atender la emergencia ecológica por la que atraviesan apicultores de diversas entidades y regiones apícolas, como consecuencia del uso de plaguicidas altamente peligrosos en diversos cultivos agrícolas, a cargo de la diputada Brianda Aurora Vazquez Alvarez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

22. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNH, a emitir las recomendaciones pertinentes a Pemex para disminuir los volúmenes de gas quemado y venteado en la exploración y extracción de petróleo en las plataformas de las costas mexicanas, con el fin de evitar la contaminación del medio ambiente, a cargo de la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

23. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fonatur, a hacer pública la información de los procesos de selección de proveedores y contratación para la obra del Tren Maya, asimismo, a la SFP, a investigar los procesos de contratación al respecto y a la ASF a auditar los procesos de contratación y pagos relacionados con la misma obra, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

24. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la UIF, a investigar a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación que han liberado delincuentes o que han obstaculizado leyes y proyectos de interés público que ha impulsado el actual Gobierno Federal, a cargo de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

25. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a hacer público los resultados obtenidos a partir de las acciones para mitigar las externalidades educativas ocasionadas por la pandemia, a cargo del diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

26. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a sus 32 homólogas en las entidades federativas, al IMSS y al ISSSTE, a implementar campañas informativas y de prevención en materia de salud bucodental, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

27. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar, a hacer públicas las estrategias necesarias para dar cumplimiento a los programas realizados por el Indesol, a fin de contribuir en la protección a las mujeres en el país, a cargo de la diputada María Elena Limón García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Bienestar, para dictamen.

28. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y a sus 32 homólogas, a implementar programas de reforestación en los camellones urbanos y semiurbanos de las principales avenidas de todas las ciudades del país, con la finalidad de contribuir en el cuidado del medio ambiente, a cargo del diputado Raymundo Atanacio Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

29. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, a cumplir con los pagos pendientes del fondo 10230 de apoyo social para ex trabajadores migratorios mexicanos 1942-1964, a cargo de la diputada María Elena Limón García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

30. Con punto de acuerdo, por el que exhorta al Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Conagua, a atender la degradación ambiental y a realizar las gestiones técnicas y jurídicas para la restauración y recuperación del río Santiago, a cargo de la diputada María Elena Limón García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

31. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Durango, a cubrir pagos pendientes a profesores jubilados, a cargo de la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Seguridad Social, para dictamen.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

«Iniciativa que reforma el artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del honorable Congreso de la Unión iniciativa al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La vivienda es una necesidad humana indispensable no sólo para la supervivencia, sino para el desarrollo y ejercicio de otros derechos humanos como elemento previo, por lo que el Estado mexicano debe garantizar esta prerrogativa reconocida a nivel nacional e internacional.

El derecho humano a la vivienda en nuestro país haya su fundamento en el párrafo séptimo del artículo 4o. constitucional, que establece a la letra que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa...”. Sin embargo, al hablar de derechos humanos se debe tomar en cuenta el marco jurídico convencional que emana de los tratados internacionales de los que México es parte.

Así, de acuerdo con el derecho internacional, en la evolución del derecho humano a la vivienda a lo largo del tiempo y de sus diversas interpretaciones, no se limita sólo a tener un lugar donde vivir, sino que, para que pueda considerarse adecuada para sus moradores, debe cubrir determinados elementos cualitativos y objetivos.

Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en su observación general número 4 realizó una amplia interpretación en materia de vivienda adecuada en la que destacó que se trata de un derecho humano fundamental para el ejercicio de todos los derechos económicos, sociales y culturales.

El Comité observa que existen considerables problemas de vivienda inadecuada en algunas de las sociedades más desarrolladas económicamente y reporta que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calculan que hay más de 100 millones de personas sin hogar y más de mil millones alojadas en viviendas inadecuadas en el mundo.

La instancia señala también que el concepto de adecuación es relevante en relación con el derecho a la vivienda, puesto que subraya una serie de factores para determinar si algunas formas de vivienda constituyen una “vivienda adecuada” a los efectos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc). Aun cuando la adecuación viene determinada en parte por factores sociales, económicos, culturales, climatológicos, ecológicos y de otra índole, el Comité considera que es posible identificar algunos aspectos que deben valorarse como elemento de la vivienda adecuada y que han sido determinados y ampliamente difundidos por ONU Hábitat:

i. Seguridad de la tenencia. Condiciones que garantizan a sus ocupantes protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas.

ii. Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura. Contempla la provisión de agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, así como para la conservación de alimentos y eliminación de residuos.

iii. Asequibilidad. El costo de la vivienda debe ser tal que todas las personas puedan acceder a ella sin poner en peligro el disfrute de otros satisfactores básicos o el ejercicio de sus derechos humanos. Se considera que una vivienda es asequible si un hogar destina menos del 30 por ciento de su ingreso en gastos asociados a la vivienda.

iv. Habitabilidad. Condiciones que garantizan la seguridad física de sus habitantes y les proporcionan un espacio habitable suficiente, así como protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales.

v. Accesibilidad. El diseño y materialidad de la vivienda debe considerar las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados, particularmente de personas con discapacidad.

vi. Ubicación. La localización de la vivienda debe ofrecer acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, y estar ubicada fuera de zonas de riesgo o contaminadas.

viii. Adecuación cultural. La construcción de la vivienda y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda de modo que no se sacrifiquen las dimensiones culturales de la vivienda y que se aseguren, además, los servicios tecnológicos modernos.

A pesar de que los elementos anteriores se han incorporado al marco jurídico nacional desde que México es parte de diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, se afirma que en nuestro país la urbanización, en general y el sector vivienda en particular, han representado un desafío constante para las autoridades pues, aunque en las últimas dos décadas se impulsó un modelo de financiamiento y subsidio que permitió la construcción de más de 9 millones de viviendas para combatir el rezago habitacional, existen diversas problemáticas que han impedido alcanzar la inclusión social, y una adecuada coordinación interinstitucional.

Aunado a lo anterior, durante los últimos 70 años la población en México ha crecido poco más de cuatro veces. En 1950 había 25.8 millones de personas; en 2020 se registraron 126 millones. De 2010 a 2020, la población se incrementó en 14 millones de habitantes lo que ha repercutido invariablemente en la demanda de vivienda.

En este contexto, la urbanización y el crecimiento de la población y de las ciudades mexicanas ha sido descontrolado y carece de planificación, los intereses privados y políticos han prevalecido sobre los intereses sociales lo que ha permitido que la especulación inmobiliaria agote una gran cantidad de tierra de costo accesible para los mexicanos de bajos ingresos.

El urbanismo y arquitectura de las ciudades en México se ha basado en los intereses de pocos sin considerar el bienestar de la población, y desde la óptica de la vivienda como un bien comercial y no como un bien social, no se ha visto tampoco como un derecho inherente a la dignidad humana, pues la especulación inmobiliaria ha influido directamente en la forma en que se perciben y conforman las urbes generando división social del espacio en beneficio de aquellos que ya son propietarios y de los agentes económicos implicados en la producción inmobiliaria.

Por lo anterior, el costo de la vivienda en México ha rebasado el límite superior que establece la ONU, topado en 30 por ciento del ingreso de las personas, lo que pone en peligro el disfrute de otros satisfactores básicos y el ejercicio de otros derechos humanos y hace incompatible el elemento de asequibilidad con el acceso a una vivienda adecuada.

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se considera que el alto costo de la vivienda en México y la percepción de bajos ingresos, genera la incapacidad de adquirir una vivienda a través de un financiamiento público o privado, es por ello que el ingreso familiar es uno de los principales factores asociados al rezago habitacional ya que 69.10 por ciento de los hogares recibe menos de cinco veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) mensual vigente.

Aunado a ello, la Encuesta Nacional de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 2020, señala que de las 5.8 millones de viviendas rentadas, 51.4 por ciento se alquilan debido a que sus habitantes no tienen acceso a créditos o no tienen recursos suficientes y 9.7 por ciento más debido a que la mensualidad es menor a una hipoteca.

Por lo tanto, aunque la vivienda no ha dejado de representar el principal bien patrimonial de la familia y es en lo que más se invierte, aquella que se adquiere depende principalmente de la capacidad económica de las personas, que no deja de ser determinante, pues el ingreso familiar se compromete dependiendo del país, por un periodo de varios años para lograr su adquisición; por ejemplo, en España serán de 7 a 12 años y en México de 20 a 30 años.

Como ha quedado establecido, la inaccesibilidad a una vivienda adecuada es consecuencia, básicamente de los bajos niveles de ingreso; sin embargo, se ha agravado al grado de hacerse imposible el ejercicio de este derecho humano debido a la especulación inmobiliaria, fenómeno que requiere de un tratamiento específico por parte de las autoridades para abatir los diversos factores que la generan.

Cabe señalar que el suelo urbano tiende a incrementar su precio de manera normal y real en función de la escasez, monopolización, infraestructura, ubicación, etcétera; sin embargo, este incremento, conocido como plusvalía, no se compara con el que se deriva de la especulación que “consiste en negociar conscientemente con el incremento potencial de la renta urbana, por medio de la sustracción de terrenos del mercado o por la anticipación de posibles rentas diferenciales debidas a inversiones en construcciones que inciden en la tierra”.

Sobre este escenario, el encarecimiento inmobiliario se apoya también muy a menudo en las políticas urbanísticas y económicas gubernamentales, por lo que la especulación inmobiliaria se ha convertido en un recurso de los particulares e incluso de los órdenes de gobierno locales para obtener ganancias muy superiores en un futuro, derivadas de la renta o venta de un inmueble o suelo que se mantiene en desuso o subutilizado, previendo una mejora en la infraestructura o, incluso, considerando factores naturales de las ciudades, el crecimiento demográfico, a cambio de una inversión que no justifica la utilidad y que genera encarecimiento de la vivienda y el desplazamiento de aquellos que dejan de tener la capacidad económica de vivir en una determinada zona, o la imposibilidad de acceder a una vivienda para aquella población de menores ingresos.

Por lo anterior, resulta necesario emprender acciones legislativas que permitan combatir y erradicar la especulación inmobiliaria en México, donde la vivienda se caracteriza por la inadecuada localización de aquella que pudiera considerarse económica y, por otro lado, la no asequibilidad de la vivienda intraurbana, privilegiando los procesos de crecimiento de las ciudades que se rijan por principios lógicos de proximidad, preservando el suelo y su uso óptimo y eficiente disminuyendo con ello los desplazamientos y propiciando cohesión social.

Cabe señalar que la estrategia nacional de vivienda no es exclusiva de los órganos del Estado, sino que se hace extensiva a los integrantes de los sectores privado y social que participan en la promoción y desarrollo inmobiliario; máxime que, por regla general, éstos lo hacen con objeto de lucro. En este tenor, es conveniente que los estados y los municipios erradiquen por completo el desuso o la inutilización del suelo con fines especulativos y promuevan su uso eficiente y óptimo.

En este orden de ideas, la presente iniciativa plantea el establecimiento de un predial progresivo que tome en consideración el valor comercial del inmueble y de una tasa más alta para los propietarios de suelo de uso habitacional en desuso o sin construcción, con el objetivo de desincentivar la especulación y acabar con los suelos ociosos, en aras de la atención de las necesidades de desarrollo habitacional y de la utilidad pública en general.

Lo anterior tomando en cuenta que el predial es un impuesto directo con amplio potencial recaudatorio y distributivo debido a que su base (propiedad inmobiliaria) es altamente visible y no móvil; el valor de los predios no fluctúa como los ingresos y lo pagan únicamente los propietarios de los inmuebles, por lo que de tener tasas que aumenten conforme incremente el valor del predio pueden ser altamente progresivos.

Al respecto, debe tomarse en cuenta que nuestra Constitución Política establece en su artículo 31, fracción IV, que los mexicanos tienen la obligación de contribuir “para los gastos públicos, así de la federación, como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.

De conformidad con lo anterior, se establece que la imposición de tasas progresivas o diferenciadas por tipo de predio no constituye un trato diferenciado que pudiera reclamarse inconstitucional, sino que, por el contrario, se trata de una contribución equitativa que toma como base la propiedad inmobiliaria y que se considera proporcional y equitativa en función de ésta última.

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 115, fracción IV, inciso a), el municipio administra libremente su hacienda y percibirá “las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles”.

De igual manera, el numeral que antecede, establece que los ayuntamientos, deberán proponer a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Es así como el predial se convierte en una de las fuentes de ingresos más importantes del municipio, por su administración relativamente sencilla y por el financiamiento que representan respecto del desarrollo urbano, entendido como la contribución de carácter local que tiene injerencia sobre el derecho de propiedad, posesión y/o la tenencia de un bien inmueble, que grava tanto el terreno como lo que en él se edifique, a cargo de personas físicas o morales titulares de dichos derechos, independientemente del uso. Es decir, es el impuesto gravamen a la propiedad raíz y a todo tipo de construcción permanente que se encuentre sobre un predio.

Destaca también la función fiscal y extrafiscal del impuesto predial, toda vez que los propietarios que cubren esta contribución al municipio donde se encuentra el inmueble, aportan también para costear el gasto público municipal; tratar de regularizar la tenencia de la tierra; así como, darle seguridad jurídica a los propietarios o poseedores de los inmuebles.

A pesar de ser la principal fuente de ingresos de algunos estados, la recaudación del impuesto predial ha representado, en promedio, 0.2 por ciento del producto interno bruto (PIB) durante las últimas tres décadas; además, la administración tributaria competente en la materia, ha contribuido de manera importante a los escasos resultados recaudatorios, siendo algunos de sus principales motivos, la ausencia de mecanismos efectivos de control y seguimiento de obligaciones fiscales y el no llevar hasta el final, el ejercicio de sus facultades recaudatorias y de cobranza que las leyes fiscales le confieren.

Derivado de lo anterior, se considera de suma importancia incluir en la Ley General de Asentamientos Humanos la posibilidad de que los municipios realicen ajustes anuales al impuesto predial, con criterios de progresividad y tomando como base del cálculo de manera enunciativa, más no limitativa, la zonificación, extensión de la propiedad, uso de suelo y tipo de construcción, así como el valor comercial, calculado mediante valuación del instituto municipal de planeación o multimunicipal correspondiente.

Aunado a lo anterior, se establecerán tasas más altas a los propietarios de predios, que luego de un plazo razonable para su construcción, los mantengan en desuso o sin construcción, con el objetivo de desincentivar la especulación y acabar con los suelos ociosos.

Lo anterior permitirá combatir la especulación inmobiliaria de una manera eficiente, pues los empresarios de la construcción y los desarrolladores inmobiliarios de nuestro país merecen justas ganancias; sin embargo, deben sumarse al compromiso de los tres órdenes de gobierno para combatir el rezago habitacional y generar vivienda económica que cumpla, además con los demás elementos para considerarse adecuada.

A efecto de lograr una mejor comprensión de la propuesta se inserta el siguiente cuadro comparativo.

Con esta reforma se pretende comenzar a construir el andamiaje legal necesario para abatir la especulación inmobiliaria y lograr ciudades más ordenadas, diversas y con una menor cantidad de predios en desuso, dando un uso óptimo al suelo.

Por lo anteriormente expuesto, acudo a esta soberanía a presentar iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Único. Se adiciona una fracción XXVII al artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar como sigue:

Artículo 11. Corresponde a los municipios:

I. a XXVI. ...

XXVII. Realizar ajustes anuales al impuesto predial, con criterios de progresividad y tomando como base del cálculo, de manera enunciativa más no limitativa, la zonificación, extensión de la propiedad, uso de suelo y tipo de construcción. En todos los casos, los ajustes considerarán el valor comercial del inmueble, emitido mediante valuación del instituto municipal de planeación o multimunicipal correspondiente.

También establecerán sobretasas al impuesto predial para los propietarios de predios de uso habitacional que, transcurrido un plazo de tres años a partir de su adquisición, lo mantengan en desuso o sin construcción.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU. Observación general Nº 4: El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto). Pp 31-36

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r34177.pdf

2 Elementos de una vivienda adecuada.

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3594.pdf

3 Cuéntame de México, INEGI.

https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P

4 México compacto: Las condiciones para la densificación urbana inteligente en México.

https://www.senado.gob.mx/comisiones/vivienda/docs/mexico_compac to.pdf

5 8.5 millones de viviendas en rezago habitacional: Conavi.

https://www.gob.mx/sedatu/prensa/8-5-millones-de-viviendas-en-re zago-habitacional-conavi

6 Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020, INEGI.

https://www.inegi.org.mx/programas/envi/2020/

7 ídem

8 Venegas A, Sonia. La reserva para la vivienda protegida, un límite jurídico a la especulación inmobiliaria.

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2735/24.pdf

9 Registro digital: 2006170. Derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa. El estado mexicano está obligado a implementar las medidas para cumplir con la estrategia nacional de vivienda, pero su cumplimiento no es exclusivo de los órganos del estado, sino que se hace extensivo a los sectores privado y social que participan en la promoción y desarrollo inmobiliario. SCJN; 10ª. Época; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 1a. CXLVII/2014 (10a.); TA; Publicación viernes 11 de abril de 2014 10: 09 h.

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2006170

10 Unda, M. Los límites de la recaudación predial en los municipios urbanos de México: un estudio de casos. 2018.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S 0186-72102018000300601#fn25

11 Rodríguez H. El entorno jurídico del impuesto predial en México. revista praxis de la justicia fiscal y administrativa.

http://cesmdfa.tfja.gob.mx/investigaciones/pdf/r27_trabajo-5.pdf

12 2. Registro digital: 161079 FINES FISCALES Y EXTRAFISCALES. SCJN;9a. Época; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 1a./J. 107/2011 ;J consultada en

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/161079

13 Rodríguez H. El entorno jurídico del impuesto predial en México. revista praxis de la justicia fiscal y administrativa.

http://cesmdfa.tfja.gob.mx/investigaciones/pdf/r27_trabajo-5.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2022.– Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

LEY DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL, LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, LEY DEL SEGURO SOCIAL, LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, LEY FEDERAL DE TRABAJO Y LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Transición Energética; General de Cambio Climático; Federal de Responsabilidad Ambiental; General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; del Seguro Social; de Ciencia y Tecnología; Federal de Trabajo, y General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Las suscritas y los suscritos, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. Durante las últimas décadas, en México se ha intensificado la lucha por el reconocimiento de los Derechos Humanos, por lo que construir y crear las condiciones necesarias para que éstos puedan ser ejercidos en plenitud es indispensable.

Bajo la anterior premisa, reconocer el derecho que tienen todas las personas a una vida digna resulta relevante, ya que este derecho tiene la capacidad de influir en un conjunto de garantías que permitan el desarrollo integral de nuestras capacidades humanas y el mejoramiento de nuestra calidad de vida. Al respecto, el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, dice lo siguiente:

Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”

Lo anterior, hace evidente que para acceder a una vida digna se deben englobar una serie de aspectos que son necesarios atender, por lo que el gobierno es responsable de planear, impulsar y ejecutar diversas políticas públicas en beneficio de todas las personas.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 11 reconoce el derecho a una vida adecuada, que a la letra dice lo siguiente:

Artículo 11. Derecho a un nivel de vida adecuado. Comprende el acceso a alimentación, vestido y vivienda adecuados, así como a la mejora continua de las condiciones de existencia. La protección contra el hambre prevé mejorar métodos de producción, conservación y distribución de alimentos; divulgar principios de nutrición y perfeccionar los regímenes agrarios, entre otros.”

Cabe destacar que los derechos económicos, sociales y culturales se consideran derechos de igualdad por medio de los cuales se pretende alcanzar la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y el máximo nivel posible de vida digna.

II. Medio ambiente

El cuidado del medio ambiente es un recurso que sirve como condición previa para dar garantía a otros derechos humanos como el derecho a la vida, a la alimentación, a la salud y a un nivel de vida adecuado.

En este sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fueron adoptados por las Naciones Unidas en 2015 como un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad, por lo que atender de manera puntual dichos Objetivos, incluye la necesidad de legislar respecto a diversos aspectos que resultan relevantes para acceder a una vida digna y un mejor futuro para todas las personas, tales como el medio ambiente, la seguridad social, la economía sostenible, el trabajo digno y la seguridad ciudadana, que en conjunto permitan una total integridad y dignidad de las personas.

Como vimos, preservar la calidad del medio ambiente y regular el uso racional de recursos naturales se ha convertido en una de las prioridades a nivel mundial, pues el descuido que se tuvo durante muchas décadas del cuidado de la naturaleza, trajo una serie de problemáticas que han afectado a millones de personas en todo el mundo. Hoy, el aumento y surgimiento de nuevas enfermedades zoonóticas, la emergencia climática y la pérdida acelerada de la biodiversidad han puesto focos rojos en todos los países, haciendo que se tomen acciones internacionales que logren aminorar estas problemáticas.

Mantener la calidad de nuestros ecosistemas es uno de los pilares para garantizar una vida digna a todos los mexicanos, ya que como individuos tenemos una relación intrínseca con la naturaleza, pues ésta aporta todos los elementos naturales que son básicos para nuestra subsistencia, como son los alimentos, el agua o el aire.

En el caso de México el desarrollo de diversas actividades económicas ha generado una disminución en la calidad de vida de los pobladores. Por ejemplo, la generación de energía eléctrica aporta más cerca de 70 por ciento de los gases de efecto invernadero que se liberan a la atmósfera, mismas que dejan 9 millones de muertes prematuras al año. El incremento en la generación de emisiones de dióxido de carbono, así como de otros gases de efecto invernadero ha colocado a nuestro país como el principal emisor de gases contaminantes de América Latina. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) México ocupa el primer lugar con mayores emisiones de contaminantes por la generación de electricidad, superando a Argentina y Brasil hasta en 2.2 y 3 veces respectivamente, e incluso superando a Chile en 6 tantos.

Si bien, hoy día, el uso de la energía eléctrica se ha convertido en una necesidad básica para todo el país, también es cierto que su generación por medio de fuentes fósiles está mermando la calidad de vida de la ciudadanía, por lo que la diversificación de nuestra matriz energética, así como el aprovechamiento de fuentes de energía menos contaminantes, como las energías renovables, se vuelve fundamental para garantizar el derecho un ambiente sano para todos los mexicanos y por ende dar una vida digna.

El uso de fuentes energéticas renovables se está convirtiendo en una de las alternativas más viables para lograr satisfacer la alta demanda de energía que se tiene y, al mismo tiempo, lograr disminuir la contaminación atmosférica y reducir los costos en la generación de electricidad, pues la energía que se obtiene del sol, el aire o las corrientes marítimas se encuentran en la naturaleza de manera ilimitada. Además, la ventaja más marcada que se tiene con las energías renovables es que estas no emiten gases de efecto invernadero, algo que se debe considerar de manera primordial en un futuro cercano, pues se estima que la demanda energética crecerá de manera considerable, tan sólo para 2040 se prevé que a nivel mundial el requerimiento de energía eléctrica crezca 70 por ciento, lo cual se debe tener en mente por la crisis climatológica que estamos atravesando.

Por esto, debemos considerar, como prioridad, el impulso de políticas que ayuden a integrar nuevas fuentes de generación eléctrica, la cuales logren satisfacer la demanda eléctrica del país, al mismo tiempo que se disminuyen las emisiones contaminantes para garantizar la calidad de vida de los habitantes.

III. Economía sostenible

Los patrones de consumo y producción que se tienen a nivel mundial son insostenibles, pues estos están generando las mayores crisis globales a las que se enfrenta la humanidad, como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación generada por residuos, lo cuales en su conjunto merman la calidad de vida de los ciudadanos, pues inciden de manera directa en las fuentes de alimento y la calidad del aire.

De manera particular, en México 70 por ciento de los residuos que se producen en el país son generados por las zonas urbanas, mismas que generan 42.1 millones de toneladas al año, equivalente a 115.3 mil toneladas al día. Es decir, que cada mexicano en promedio aporta 0.99 kilogramos de residuos por día.

El aprovechamiento de estos residuos es una parte fundamental para la disminución de contaminantes que afecta directamente a la ciudadanía pues, hoy por hoy, somos una sociedad acostumbrada a los productos de un solo uso, lo cual implica un constante requerimiento de materias primas y energía para la producción de estos.

La reutilización de los desechos que generamos es un punto importante para asegurar una mejor calidad de vida a los mexicanos, por ello, tanto comercios como la propia ciudadanía, han impulsado nuevos modelos de venta como tiendas urbanas que venden productos a granel, o supermercados que son libres de plásticos, los cuales van más allá del propio modelo de economía circular al no generar residuos.

En este sentido, la implementación de políticas enfocadas a la disminución de residuos y a la trascendencia de nuestra economía hacia un modelo económico más sostenible, son elementos básicos para dar garantía al derecho a una vida digna.

Por otra parte, el impulso de proyectos sustentables fungirá un papel importante en un futuro cercano, pues como ya se ha mencionado, requerimos disminuir la contaminación generada en los procesos productivos para la creación de los productos y servicios que utilizamos.

Por ello, es de vital importancia dar el apoyo a este tipo de proyectos, donde los jóvenes tendrán uno de los papeles más importantes para su desarrollo, pues son estos los que cuentan con una mayor información de los requerimientos que van teniendo las nuevas generaciones.

Durante las últimas décadas se ha venido demostrando que debemos generar las condiciones para el desarrollo de políticas públicas que permitan a la sociedad aumentar su resiliencia hacia los cambios tecnológicos relacionados a la salud, la educación digital, medio ambiente, combate al cambio climático, la desigualdad, la seguridad pública o mejorar la productividad y producción del campo, mismas que permitan dignificar la vida de las personas en nuestro país, a través de proyectos sustentables.

IV. Seguridad social

La seguridad social es la mayor y más importante plataforma de bienestar que puede ofrecer el Estado a sus ciudadanos.

En México la seguridad social se rige por la Ley del Seguro Social, y en el artículo 2 de la misma se enmarca que: La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.

Sin embargo, en nuestro país, de acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) aproximadamente 71.7 millones de personas no tienen acceso a la seguridad social, lo que representa un 57.3% del total de la población mexicana.

La falta de cobertura de seguridad social se relaciona de manera directa con la informalidad y la situación precaria del empleo en el país. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía las actividades informales integran alrededor del 28% del Producto Interno Bruto en México.

El 57.3 por ciento de la población que no cuenta con seguridad social se enfrenta a tratamientos de salud excesivos o simplemente no pueden pagarlos. A su vez, este porcentaje de la población no tendrá derecho a disfrutar de una pensión en su vejez por lo que tendrán que trabajar aún siendo adultos mayores.

El tener un sistema de seguridad social universal que no dependa de la materia laboral, traerá consigo bienestar para toda la ciudadanía mexicana, ya que sus ingresos no serán usados para satisfacer sus necesidades de salud, ni tampoco tendrán que preocuparse por tener un sustento llegando a una edad avanzada, y en segunda instancia ayudará a que los niveles de informalidad vayan a la baja.

V. Trabajo digno

El trabajo puede ser definido como una “operación retribuida, resultado de la actividad humana” o como “el esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza”. Asimismo, el derecho al trabajo puede concebirse como un derecho fundamental para la consecución de otros derechos humanos. Asimismo, de acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, toda persona tiene el derecho de trabajar para que ésta pueda vivir con dignidad.

En este sentido, resulta claro que el derecho al trabajo engloba a otros derechos humanos tales como el derecho a la protección de la integridad física, la no discriminación, la prohibición del trabajo forzoso, la libertad sindical, así como al descanso y disfrute del tiempo libre, entre otros muchos más.

La Organización Internacional del Trabajo, visibilizó en 1999 el concepto de trabajo decente, que implica acceder al empleo en condiciones de libertad y de reconocimiento en los derechos básicos del trabajo, los cuales deben garantizar todo tipo de discriminación y hostigamiento, además de promover un ingreso que permita satusfacer las necesidades y responsabilidades básicas económicas, sociales y familiares, así como lograr un nivel de protección social para las personas trabajadoras y sus familias; y por último, generar condiciones de igualdad e inclusión para todas y todos.

Fue así que durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, el trabajo decente y los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente —creación de empleo, protección social, derechos en el trabajo y diálogo social— se convirtieron en elementos centrales de la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

Por su parte, el Objetivo 8 de la Agenda 2030 tiene como fin “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”. Asimismo, aspectos en torno al trabajo decente también están recogidos en otros objetivos. Por ejemplo, las competencias técnicas y profesionales se recogen en el Objetivo 4, mientras que en el Objetivo 1, dedicado a la pobreza, se hace referencia al nivel mínimo de protección social.

De tal manera, que ofrecer a las personas un trabajo digno incluye diversas aristas que deben ser atendidas para cumplir con el objetivo, entre las que destacan:

• Un salario justo.

• Acceso a periodos vacacionales.

• Igualdad de oportunidades y trato para todas las personas.

• Oportunidades de crecimiento laboral e integración social.

• Plena libertad de expresión y seguridad en el lugar de trabajo.

• Espacios libres de violencia.

Respecto al salario justo, es importante mencionar que el derecho a una remuneración justa se entiende como el derecho a percibir una remuneración que le asegure a los trabajadores un nivel de vida conveniente y acorde con la dignidad humana. El sistema de relaciones laborales de un país es uno de los puntos básicos para generar una transformación productiva.

Asimismo, en Movimiento Ciudadano consideramos que es indispensable un incremento en el salario mínimo, con la finalidad de revalorizar el empleo, ello por medio de la disminución de la brecha entre la línea de bienestar y el salario mínimo, esto con la finalidad de dar garantía al derecho a la alimentación, a la educación, o la salud, por mencionar algunos.

Sobre el acceso a periodos vacacionales, cabe resaltar que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país miembro de dicha organización en el que las personas trabajadoras trabajan más horas al año. Según dicha organización las y los trabajadores mexicanos laboran en promedio 2 mil 140 horas cada año. En otros países también miembros de la OCDE el número de horas trabajadas por año resulta ser mucho menor que en México. Tal es el caso de Dinamarca con mil 380 horas, Noruega con mil 384, Alemania con mil 386, Canadá con mil 670, España con mil 690. Por su parte, el promedio de las horas trabajadas por trabajador al año dentro de los países de la OCDE es de mil 726 horas.

Por otro lado, México está ubicado como el país en el que las personas trabajadoras sufren mayor estrés laboral que el resto del mundo, toda vez que 60 por ciento de las personas trabajadoras en el país lo padecen.

Aunado a las largas jornadas laborales, México es también el país con menos días de descanso vacacional en el mundo, por debajo de naciones como Cuba, Panamá o Nicaragua, que ofrecen 30 días desde el primer año de labores, según estadísticas del World Policy Analysis Center.

Es por lo anterior, que resulta fundamental otorgar mejoras significativas y palpables para las personas trabajadoras en la garantía de sus derechos y las condiciones en que desempeñan sus actividades, en consenso con el sector empleador, las organizaciones sindicales y la ciudadanía que vive a diario la precariedad, para que las y los trabajadores tengan acceso a periodos vacaionales dignos que les permita garantizar el derecho al descanso y al tiempo libre de manera plena.

Por otra parte, alcanzar la igualdad de oportunidades y trato para todas las personas trabajadoras es uno de los retos más importantes. La Constitución Política de los Estados reconoce en el artículo 4o. que deberá existir igualdad entre hombres y mujeres. Asimismo, el artículo 123 en el apartado A fracción en la fracción VII que señala: Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad.

En este sentido vale la pena recordar que en la medición de la OCDE, la brecha salarial de género en México es de 14 por ciento para 2018, lo que es una brecha agregada ligeramente más alta al promedio de este colectivo de países.

El Informe Mundial sobre Salarios 2018/19 de la OIT representa un parteaguas en el estudio de las brechas de género a nivel global. Es un gran esfuerzo para mejorar y estandarizar las metodologías para medir las brechas de género hacia una toma de decisiones basada en evidencia. Entre otros hallazgos para México, resalta que al descomponer los datos de los salarios por hora en deciles, las mujeres están sub representadas en todos los grupos. Al dividir en percentiles, en el más bajo de ellos (1 por ciento de los salarios más bajos de todo el mercado laboral), las mujeres, en cambio, tienen una presencia del 76 por ciento. Es por eso que en la Bancada Naranja no permitiremos más desigualdades entre hombres y mujeres, porque todos merecemos las mismas oportunidades y un mismo salario, por lo que seguiremos impulsando los mecanismos para combatir la brecha salarial por razones de género, así como los obstáculos que permiten la prevalencia de los techos de cristal en el ámbito laboral.

Otro aspecto a considerar para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, tiene que ver con las diferencias que existen entre las licencias de maternidad y los permisos de paternidad mismos que tienen implicaciones económicas para las empresas que los otorgan, puesto que mientras las licencias de maternidad quedan cubiertas por los servicios de seguridad social, el costo de los permisos de paternidad corren a cargo de los patrones.

Por lo que combatir las diferencias no justificadas entre estos permisos contribuye a la reconfiguración social que la igualdad sustantiva exige. Las licencias de paternidad contribuyen a eliminar los roles de género atribuidos a las mujeres como únicas cuidadoras, además de contribuir a generar condiciones laborales más justas para las mujeres, quienes frecuentemente no son contratadas, no reciben ascensos o no gozan del mismo sueldo de los hombres derivado del temor a que se ausenten derivado de la maternidad.

VI. Seguridad ciudadana

En marzo de 2022, 66.2 por ciento de la población en México de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Este porcentaje nacional no representa un cambio estadísticamente significativo con relación a los porcentajes registrados en marzo y diciembre de 2021, que fueron de 66.4 y 65.8 por ciento, respectivamente. Asimismo, 71.1 por ciento de las mujeres y 60.4 por ciento de los hombres tuvieron una percepción de inseguridad.

Lo anterior refleja que México vive una crisis de inseguridad significativa, por lo que construir un nuevo trato por la paz, puede dar como resultado una mejor calidad de vida para todas las personas que habitan en nuestro país, por lo que Movimiento Ciudadano ha planteado diversas propuestas entre las que destacan:

• Escuchar a las víctimas. Ellas y ellos deben de ser el centro de la estrategia. Se debe dignificar su lucha y honrarla con acciones concretas para evitar la repetición de actos violatorios de derechos humanos.

• Crear mecanismos de justicia transicional. Es necesario establecer comisiones de la verdad que cuenten con un acompañamiento de la comunidad internacional para que haya justicia y reparación de los daños. Y establecer mecanismos para que estos abusos no se repitan.

• Policías que sirvan. Construir una estrategia de seguridad duradera y viable: fortalecer las capacidades y el estado de fuerza de las policías estatales y municipales en todos los rincones del país, con recursos presupuestales, humanos y tecnológicos suficientes. El fortalecimiento de las policías es el primer eslabón para construir una estrategia de seguridad duradera, viable y democrática. Los militares deben regresar a sus funciones sustantivas y constitucionales. Se debe apostar por una estrategia de seguridad pública verdaderamente federalista, de empoderamiento local, con corporaciones civiles eficaces, profesionales y coordinadas en todo el país.

• Fiscalías que sirvan. Garantizar la autonomía técnica de las Agencias del Ministerio Público, para que sean reales garantes en la procuración de justicia.

• Seguridad y género. Erradicar toda forma de violencia contra las mujeres y combatir las formas de revictimización que sufren las mujeres en el proceso de acceso a la justicia.

• Educar para la paz. Necesitamos comenzar a formarnos como sociedad en la búsqueda y construcción de paz, igualdad, respeto y solidaridad. Tenemos que parar, comenzando por el gobierno federal y el presidente, de confrontar y polarizar.

En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que la guerra no hace la paz. Esa es la razón por la que luchamos para echar abajo la Ley de Seguridad Interior y enderezamos la reforma constitucional de la Guardia Nacional para que fuera civil, aunque este gobierno insista en ver al pasado.

Buscamos un nuevo trato para terminar con una guerra que sólo nos ha dejado dolor y muerte. Una evolución para que vivir entre la violencia, el miedo y la inseguridad deje de ser parte de nuestra normalidad, para recuperar la tranquilidad que nos arrebataron, para que las juventudes sean futuro y que la paz se convierta en la consigna de México.

VII. En la bancada naranja estamos convencidos de que México tiene opción de un mejor futuro que ponga a las personas al centro y sus causas al frente, por eso nuestra labor como legisladoras y legisladores está enfocada en brindar certeza a las y los mexicanos para que puedan ejercer de manera plena cada uno de sus derechos humanos.

México tiene opción de revertir la situación que atraviesa de inestabilidad económica, inseguridad, falta de trabajo y oportunidades, desabasto de medicamentos y falta de servicios de salud, entre otras cosas, lo que ha generado un estado de desigualdad entre la población mexicana que aumenta las situaciones de vulnerabilidad y lacera los derechos de las y los mexicanos, ya que no todos pueden tener el goce y disfrute de los mismos.

Aunado a lo anterior, la falta de políticas públicas eficientes e integrales por parte del ejecutivo federal no han solucionado de raíz ningún problema por el contrario se ha acrecentado la pobreza y las diferencias entre la población mexicana se hacen más visibles, por ello hoy presentamos esta iniciativa, que tiene como finalidad garantizar que toda persona tenga derecho a una vida digna que le asegure su bienestar integral, por lo que se establece que el Estado deberá implementar políticas públicas efectivas que garanticen el cumpliento de, por lo menos, un medio ambiente sano, seguridad social universal, una economía sostenible, trabajo digno y seguridad pública efectiva para cada uno de las y los mexicanos.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a las Leyes de Transición Energética, General de Cambio Climático, de Responsabilidad Ambiental, General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, del Seguro Social, de Ciencia y Tecnología, Federal de Trabajo y General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de vida digna

Primero. Se reforma la fracción IX del artículo 2 de la Ley de Transición Energética, para quedar como sigue:

Artículo 2. Para los efectos del artículo anterior, el objeto de la Ley comprende, entre otros:

I. a VIII. ...

IX. Garantizar el aprovechamiento energético de recursos renovables y de los residuos , así como la diversificación de la matriz energética del país por medio de fuentes renovables, y

X. ...

Segundo. Se reforma la fracción I del artículo 2 de Ley General de Cambio Climático, para quedar como sigue:

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto:

I. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, con base en los principios de equidad intergeneracional y sostenibilidad, y los criterios de transversalidad en materia de prevención y protección del medio ambiente;

II. a VIII. ...

Tercero. Se adiciona un segundo párrafo, recorriendose los subsecuentes en su orden al artículo 1 de la Ley de Responsabilidad Ambiental, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente Ley regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional, los mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

Se reconoce la reparación del daño ambiental como un derecho imprescriptible e inalienable, el cual se deberá garantizar a través de las instancias legales correspondientes.

...

...

...

...

Cuarto. Se reforma la fracción X y se adicionan las fracciones XI, XII y XIII al artículo 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:

I. a IX. ...

X. El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y penales que correspondan ;

XI. Garantizar el acceso a la información en materia de riesgo ambiental, así como a las medidas tomadas que se deberán adquirir para afrontarlos;

XII. El establecimiento de medidas precautorias en aquellas actividades económicas que, ante sospechas fundadas, sean un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente;

XIII. Reducir el uso de los recursos naturales y el consumo de materias primas por medio de la optimización en el aprovechamiento de los residuos.

...

Quinto. Se reforma el artículo 2 de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Artículo 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia , los programas sociales efectivos identificados para cada sector de la población, necesarios para dar pleno acceso a una vida digna a todas las personas, mediante un sistema universal y unificado de calidad para el bienestar, con enfoque en derechos humanos, que asegure la cobertura de los servicios de salud; que implemente programas de prevención de enfermedades y fomento a la salud; que garantice la suficiencia de medicamentos y la cobertura de todas las enfermedades, así como el otorgamiento de una pensión digna y decorosa que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.

Sexto. Se adiciona una fracción III Bis al artículo 1 de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de la fracción V del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto:

I. a III. ...

III Bis. Establecer los mecanismos de coordinación de acciones entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y otras instituciones que intervienen en la definición de políticas y programas que impulsen el desarrollo de proyectos que promuevan la innovación, la sustentabilidad y la inclusión social;

IV. a IX. ...

Séptimo. Se adiciona un párrafo cuarto recorriendose los subsecuentes en su orden al artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo par quedar como sigue:

Artículo 2. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva.

El trabajo digno o decente debe garantizar, un salario justo al alcance de la línea de bienestar familiar; goce y disfrute del tiempo libre, así como a una limitación razonable de la duración del trabajo, y el acceso a vacaciones periódicas pagadas; igualdad de oportunidades y trato para todas las personas, oportunidades de crecimiento laboral e integración social; plena libertad de expresión y seguridad en el lugar de trabajo; y espacios libres de violencia.

...

...

Octavo. Se adiciona un segundo párrafo, recorriendose los siguientes en su orden subsecuente del artículo 1 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para quedar como sigue:

Artículo 1. La presente ley es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad pública y tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios, en esta materia.

El Estado deberá garantizar las condiciones mínimas que generen un estado de paz para el buen funcionamiento de la sociedad y para que las personas accedan a una mejor calidad de vida, por lo que sus acciones deberá regirse por los siguientes principios:

• La profesionalización de policías civiles, y la administración pública de carrera de carácter civil;

• El fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad pública de nuestro país, tanto a nivel federal como local;

• El establecimiento de comisiones de la verdad que procuren justicia y reparación integral del daño; y,

• La plena autonomía técnica de las Agencias del Ministerio Público.

Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A la entrada en vigor del presente decreto, los congresos de las entidades federativas contarán con un plazo de 90 días naturales para realizar las adecuaciones a su normatividad correspondiente.

Tercero. A la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales contará con un plazo de 60 días naturales para realizar las adecuaciones a su normatividad correspondiente.

Cuarto. A la entrada en vigor del presente decreto, el Instituto Mexicano del Seguro Social contará con un plazo de 60 días naturales para realizar las adecuaciones a su normatividad correspondiente.

Quinto. A la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Educación Pública junto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología contarán con un plazo de 60 días naturales para realizar las adecuaciones a su normatividad correspondiente.

Sexto. A la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social contará con un plazo de 60 días naturales para realizar las adecuaciones a su normatividad correspondiente.

Séptimo. A la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana contará con un plazo de 60 días naturales para realizar las adecuaciones a su normatividad correspondiente.

Notas

1 Declaración Universal de Derechos Humanos. ONU. Recuperado de:

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-ri ghts

2 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. CNDH. Recuperado de:

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/7_Cartilla_PIDES CyPF.pdf

3 “70% de gases de efecto invernadero son a causa del transporte y generación eléctrica: ONU”, Forbes, 2021. Recuperado:

https://www.forbes.com.mx/noticias-70-gases-efecto-invernadero-t ransporte-refinerias-onu/#:~: text=En%20un%20pa% C3%ADs%20como%20M%C3%A9xico,de%20gases%20de%20efecto%20invernadero.

4 “México se ‘pasa de cochino’: es el país que más contamina en Latinoamérica por electricidad”, El Financiero, 2021. Recuperado de:

https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/2021/10/15/mexico-se-pa sa-de-cochino-es-el-pais-que-mas-contamina-en-latinoamerica-por-electricidad/

5 La imparable rentabilidad de las energías renovables”, BBVA, 2020. Recuperado de:

https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/la-imparable-rentabilidad -de-las-energias-renovables/

6 “Residuos sólidos urbanos: una problemática ambiental y oportunidad energética”, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2019, Recuperado de:

http://cienciauanl.uanl.mx/?p=9350#:~: text=En%20M%C3%A9xico%2C%2070%25%20de%20los,kg%20de%20residuos%20al%20d%C3%ADa.

7 “De los objetivos del Milenio al Desarrollo Sostenible, Organización de las Naciones Unidas, año 2015. Recuperado de:

https://scholar.google.com.mx/scholar?q=related: PXCoNwcomZsJ: scholar.google.com/&scioq=Desarrollo+Sostenible+ONU&hl=es&as_sdt=0, 5&as_vis=1

8 Ibídem.

9 Ley del Seguro Social, recuperado de:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSS.pdf

10 Forbes, “Más de la mitad de los mexicanos, sin acceso a seguridad social: Coneval”, 6 de agosto de 2019, recuperado de:

https://www.forbes.com.mx/mas-de-la-mitad-de-los-mexicanos-sin-a cceso-a-seguridad-social-coneval/

11 Idem.

12 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2016). Derecho humano al trabajo y derechos humanos en el trabajo. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Recuperado de:

<https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019- 05/Cartilla-DH-trabajo.pdf>

13 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No. 18, el Derecho al Trabajo, aprobada el 24 de noviembre. Ginebra. Organización de las Naciones Unidas. Recuperado de:

htttp://tbinternet.chchr.org/_layouts/treatbodyexternal/Download .aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%-2f18&Lang=en >

14 Ídem.

15 OIT. “Trabajo decente” OIT. Recuperado de:

https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang–es/index.htm

16 Ídem.

17 ONU, Objetivo 8–Análisis del Objetivo 8 relativo al trabajo decente para todos. ONU. Recuperado de:

https://www.un.org/es/chronicle/article/objetivo-8-analisis-del- objetivo-8-relativo-al-trabajo-decente-para-todos

18 “Salario mínimo y derechos humanos”, Comisión Nacional de Derechos Humanos. Disponible en:

https://www.cndh.org.mx/documento/salario-minimo-y-derechos-huma nos-0.

19 Asociación de Internet MX, OCC Mundial, Estrés Laboral en México. Septiembre 2021.

https://irp.cdn- website.com/81280eda/files/uploaded/Estre% CC%81s%20laboral%20en%20Me% CC%81xico%20280921%20 (vf).pdf?utm_source=aimx&utm_medium=web&utm_campaign= Estres+laboral+2021

20 World Policy Analysis Center, Is paid annual leave available to workers?, 202

1https://www.worldpolicycenter.org/policies/is-paid-annual-leave -available-to- workers

21 Organization for Economic Cooperation and Development, Gender Pay Gap, disponible en:

https://www.oecd.org/gender/data/gender-wage-gap.htm

22 Organización Internacional del Trabajo. Informe Mundial sobre Salarios 2018/19. ¿Qué hay detrás de la brecha salarial de género?, OIT, Ginebra, 2019

23 Zaldivar. Arturo, Políticas que cambian vidas: licencias de paternidad, Milenio, 23 de noviembre de 2021, recuperado el 10 de diciembre de 2021 de

https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy /politicas-que-cambian-vidas-licencias-de-paternidad

24 Inegi. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana primer trimestre de 2022. Inegi. Recuperado de:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/ ensu/ensu2022_04.pdf

25 Movimiento Ciudadano. “Movimiento Ciudadano propone 8 puntos para un nuevo trato para la paz” Recuperado de:

https://movimientociudadano.mx/boletines/movimiento-ciudadano-pr opone-8-puntos-para-un-nuevo-trato-para-la-paz

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a 2 de septiembre de 2022.– Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Trabajo y Previsión Social, para dictamen, y a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para opinión.

SE EXPIDE LA LEY DEL SISTEMA DE USOS HORARIOS EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que expide la Ley del Sistema de Usos Horario en los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez, Rubén Ignacio Moreira Valdez y legisladores del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez y Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputadas y diputado federales de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema de Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes:

Exposición de Motivos

Los husos horarios o zonas horarias son cada una de las veinticuatro áreas en las que se divide la Tierra, la cual gira alrededor de su eje una vez cada 24 horas, por lo que se establecen 24 husos horarios, las zonas horarias se han utilizado para corregir las diferencias que ocasionaba el uso del tiempo solar aparente (pequeñas diferencias horarias entre ciudades que no se encontraban en el mismo meridiano).

La implementación de los husos horarios aportó elementos de orden en diversos países y el caso de nuestro país, en todas las entidades federativas, al sincronizar los relojes de una región al mismo tiempo Solar medio.

Todos los husos horarios se definen en relación al Tiempo Universal Coordinado (UTC), por lo que se centran en el meridiano de Greenwich (0º). Al pasar de un huso horario a otro en dirección Este hay que sumar una hora y, por el contrario, al pasar de Este a Oeste hay que restar una hora.

La línea internacional de cambio de fecha, marca el cambio de día. Esta es una línea imaginaria se traza sobre el Océano Pacífico, coincidiendo con el meridiano de 180º. Atravesar este meridiano supone el cambio de fecha, exactamente un día.

Generalmente, los husos horarios están centrados en meridianos de una longitud que múltiplo de 15°; sin embargo, como consecuencia de las fronteras políticas, las delimitaciones pueden seguir líneas que adoptan formas muy irregulares.

Algunos países agregan una hora en verano (horario de verano), para así aprovechar la luz solar. Los países del hemisferio norte agregan esa hora en marzo o abril y los países pertenecientes al hemisferio sur, lo hacen en octubre o noviembre.

La escala de Tiempo Universal Coordinado (UTC), generada por el Buró Internacional de Pesas y Medidas ( Bureau International des Poids et Mesures, BIPM), es la referencia internacional que define la hora oficial para los diferentes husos horarios mundiales. Debido a que la escala de tiempo UTC es el resultado de un proceso matemático-estadístico, su aplicación para determinar la hora en los diferentes husos horarios en cada país no es directa.

La hora del día para los diversos husos horarios se establece a partir de realizaciones nacionales del UTC que algunos países mantienen. Estas escalas de tiempo se denotan como UTC( k), en donde el símbolo k es usado para representar al laboratorio que genera dicha escala de tiempo. En los Estados Unidos Mexicanos, el Centro Nacional de Metrología, CENAM, genera y mantiene la escala de tiempo UTC(CNM) como la realización nacional de la escala UTC. De la escala de tiempo UTC(CNM) se establece la hora oficial del día para los tres husos horarios que aplican en los Estados Unidos Mexicanos: Tiempo del Centro, Tiempo del Pacífico y Tiempo del Noroeste.

El 29 de diciembre de 1921, el presidente Álvaro Obregón firmó los acuerdos internacionales que establecían un sistema de horario mundial de 24 de horas, numeradas de 0 a 23 horas, empezando a la media noche. También estableció que el territorio nacional se regiría por dos husos horarios: la Hora del Centro UTC-7 correspondiente al meridiano 105° al oeste de Greenwich y la Hora del Golfo UTC-6 correspondiente al meridiano 90° al oeste de Greenwich.

El 24 de abril de 1942 el presidente Manuel Ávila Camacho, decretó que los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit dejaban de usar la Hora del Centro para integrarse a la Hora del Noroeste. Mientras que el Distrito Federal y los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Colima, Michoacán, México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Guerrero tenían que usar un horario de verano permanente (todo el año) de UTC-6 o 90° W.

En este contexto cabe tener presente que el horario de verano o estacional; es una medida convencional que han adoptado los países con objeto, entre otros, de adecuar o uniformar sus husos horarios con los de otros países a fin de facilitar las transacciones comerciales y las comunicaciones. Al mismo tiempo esta medida las permite un mejor aprovechamiento de la luz natural que produce ahorros de energía a nivel nacional.

Bajo la figura de horarios estacionales, se han implementado en diversos períodos diferentes horarios, principalmente en las entidades del norte y sur del país.

En el caso de los Municipios de la frontera norte, sustentado en la alta integración laboral, social, cultural y económica existente en la zona fronteriza colindante con los Estados Unidos de Norte América.

Cabe recordar también que, sustentado en razones turísticas, en el año de 1981 fue establecido por decreto el Uso Horario del Sureste, comprendiendo los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ante la inconformidad de diversos sectores de los primeros estados, en 1982, volvieron a utilizar la hora del centro. Quintana Roo, continúo con el huso horario del Sureste.

En 1996 se aplicó un nuevo horario estacional, de verano, con el objetivo de empatar la hora entre los Estados Unidos de Norteamérica, nuestro principal socio comercial y los Estados Unidos Mexicanos, lo cual genero opiniones divididas en cuanto a sus beneficios, en cuanto a las actividades económicas, financieras y de ahorro de energía.

Por otra parte, diversas notas sustentan que, en razón de las altas temperaturas registradas en el Estado de Sonora, durante 1998, el horario estacional aplicado en ese periodo resulto poco beneficioso en el Estado de Sonora, por lo que no fue implementado.

El 4 de junio del 2007 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el establecimiento del Patrón Nacional de Escalas de Tiempo, a cargo del Centro Nacional de Metrología, El Patrón Nacional de Escalas de Tiempo está integrado por las siguientes cuatro escalas de tiempo: i) Tiempo Universal Coordinado generado por el CENAM, UTC (CNM), ii) Tiempo del Centro, iii) Tiempo del Pacífico, iv) Tiempo del Noroeste.

Las escalas de tiempo para los tres husos horarios nacionales se relacionan con el UTC(CNM) de la siguiente manera:

Tiempo del Centro = UTC(CNM) N

Tiempo del Pacífico = UTC(CNM) ( N+1)

Tiempo del Noroeste = UTC(CNM) ( N+2)

Donde N es 6 horas para el horario de invierno y 5 horas para el horario de verano.

De acuerdo con el Centro Nacional de Metrología (CENAM) y con la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos vigente, en México se utilizan cuatro husos horarios denominados oficialmente Tiempo del Sureste, Tiempo del Centro, Tiempo del Pacífico y Tiempo del Noroeste.

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, analizamos con responsabilidad los diversos impactos que han tenido la aplicación de los horarios estándar y estacionales, entre estos los sustentados en la salud de las personas y en especial de las niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, toma en cuenta que los impactos han sido diferenciados para las entidades federativas, toda vez que las dinámicas laborales, sociales e incluso académicas varían y aún se encuentran vinculadas a las de otras entidades federativas o incluso estados fronterizos.

Por otra parte, es importante tener presente las modificaciones que se han venido suscitando en los climas a nivel mundial, en razón de lo cual consideramos viable expedir una nueva Ley de Usos Horario, manteniendo la posibilidad de aplicar un horario estacional, dependiendo las condiciones específicas de algunas regiones o entidades federativas.

Así, por ejemplo, el Grupo Parlamentario del PRI, ha escuchado a diversos sectores del Estado de Yucatán quienes han expresado su intención de homologar el huso horario con el vecino estado de Quintana Roo, en razón de las actividades turísticas, financieras, labores e incluso académicas que guardan.

Cabe recordar también los cambios de temperatura que llevaron al Estado de Sonora a modificar el huso horario en el año de 1988, aspectos estos que pueden volver a presentarse.

En tal virtud se estima viable expedir una nueva Ley en la materia, que contemple la posibilidad para que los Ejecutivos de una o más entidades federativas puedan solicitar al Ejecutivo Federal el establecimiento de horarios estacionales, estableciendo comisiones de trabajo entre las dependencias federales y de las entidades federativas solicitantes, a efecto de resolver sobre la procedencia.

Una de las principales limitaciones que se han identificado en la implementación de usos horario ha sido su establecimiento por decreto por parte del Ejecutivo Federal, aspecto que puede subsanarse y tener efectos diferentes, cuando su posible implementación derive precisamente de las entidades federativas.

En el Grupo Parlamentario del PRI tenemos la certeza de que las entidades federativas, a través de sus instituciones y mecanismos de enlace con la sociedad civil cuentan con mayores elementos para evaluar la conveniencia de implementar de manera permanente o durante un periodo determinado horarios estacionales.

Estamos seguros que la participación activa de las entidades federativas en la implementación de husos horarios estacionales puede contribuir a mejorar las actividades productivas y sociales, en beneficio de las familias.

En el Grupo Parlamentario del PRI, analizamos la propuesta del titular del Ejecutivo Federal, presentada en el mes de julio en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, que en su aspecto central establece un horario estándar para toda la República y desaparece el horario estacional, conocido comúnmente como horario de verano, con excepción de los municipios ubicados en la frontera norte.

Conscientes de la estrecha vinculación existente entre las entidades fronterizas de la República Mexicana y los Estados Unidos de Norteamérica, la Iniciativa que se presenta mantiene el horario estacional fronterizo norte el cual surtirá efecto desde las dos horas del segundo domingo de marzo, y concluirá a las dos horas del primer domingo de noviembre.

Asimismo, consideramos que es viable mantener la figura del horario estacional o un horario excepcional diferenciado, los cuales podrán ser definidos con la participación de las instancias competentes de la Federación y de las entidades federativas en un ejercicio democrático en la construcción de políticas públicas, en razón de lo cual se propone establecer comisiones de trabajo entre las dependencias federales y de las entidades federativas solicitantes, a efecto de resolver sobre la implementación de un horario estacional o diferenciado.

Cabe señalar que en dichas Comisiones participarán exclusivamente funcionarios públicos con atribuciones en la materia, en razón de lo cual no se requerirá de recursos adicionales para su funcionamiento.

Es importante tener en cuenta que una Ley debe tener como característica la posibilidad de resolver alguna situación, necesidad o problemática que pudiera llegar a presentarse a futuro, de lo contrario su vigencia puede ser corta.

La complejidad de los usos horario, sus ventajas y sus limitaciones, así como la interrelación económica y comercial entre uno o más países requieren de un análisis casuístico respecto a la posibilidad de implementar de manera excepcional un horario estacional, como en el caso de nuestro país con los usos horario de los Estados del Sur de los Estados Unidos de Norteamérica.

Cabe tener presente en el análisis que nos ocupa, que en marzo del 2022 el Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, unos de nuestros principales socios comerciales, aprobó la supresión del horario estacional, para implementar el horario de verano como estándar, a afecto de poder aprovechar mejor la luz solar y evitar el cambio de horario. No obstante, dicha medida está pendiente de aprobación por la Cámara de Representantes de ese país.

En este entendido, consideramos viable la posibilidad que pueda implementarse un horario diferenciado, como en el caso de los estados fronterizos, a planteamiento de los titulares de una o más entidades federativas, para lo cual se establecerán, en su caso, Comisiones de Trabajo.

En el Grupo Parlamentario del PRI, seguiremos impulsando un trabajo legislativo responsable, con una visión de futuro.

Cabe señalar que la presente iniciativa es resultado de escuchar planteamientos de diversas expresiones y sectores productivos del Estado de Yucatán, que proponen que en dicha entidad se aplique el huso horario que corresponde a la zona sureste, donde actualmente sólo se ubica al Estado de Quintana Roo, teniendo presente las estrechas relaciones turísticas, comerciales, financieras y sociales en ambas entidades federativas.

Por otra parte, manteniendo el huso horario actual que rige en el Municipio de Bahía de Banderas Nayarit se precisa, en un párrafo aparte, que en este se aplicará la zona horaria centro, lo anterior a efecto de dar mayor claridad a la enunciación que se hace en la Ley vigente.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se expide la Ley del Sistema de Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se expide la Ley del Sistema de Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue

Ley del Sistema de Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general y regirá en todo el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones son de orden público e interés general, su aplicación y vigilancia estará a cargo del Ejecutivo Federal a través de las dependencias tengan asignada competencia sobre la materia que regula el presente ordenamiento.

Artículo 2. Se reconoce para los Estados Unidos Mexicanos la aplicación y vigencia de los husos horarios 75 grados, 90 grados, 105 grados y 120 grados oeste del meridiano de Greenwich y los horarios que les corresponden conforme a su ubicación, aceptando los acuerdos tomados en la Conferencia Internacional de Meridianos de 1884, que establece el meridiano cero.

Artículo 3. Para efecto de esta ley, se establecen dentro del territorio nacional las siguientes zonas y se reconocen los meridianos que les correspondan:

I. Zona Centro: Referida al meridiano 90 grados al oeste de Greenwich, que comprende la mayor parte del territorio nacional, con la salvedad de lo dispuesto en las fracciones II, III, IV y V de este artículo;

II. Zona Pacífico: Referida al meridiano 105 grados al oeste de Greenwich, que comprende los territorios de los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

En el caso del estado de Nayarit, se exceptúa de la zona pacífico el municipio de Bahía de Banderas, el cual se regirá conforme a la fracción anterior en lo relativo a la Zona Centro.

III. Zona Noroeste: Referida al meridiano 120 grados al oeste de Greenwich, que comprende el territorio del estado de Baja California;

IV. Zona Sureste: Referida al meridiano 75 grados al oeste de Greenwich, que comprende el territorio del estado de Quintana Roo, y

V. Las islas, arrecifes y cayos quedarán comprendidos dentro del meridiano al cual corresponda su situación geográfica, y de acuerdo con los instrumentos de derecho internacional aceptados.

Artículo 4. En el territorio nacional habrá un horario estándar que se establecerá de acuerdo con las zonas horarias que correspondan de conformidad con el artículo anterior. Para los Municipios de la zona fronteriza norte, se aplicará un horario estacional, conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la presente ley.

El estado de Yucatán se regirá por la Zona Sureste, referida al meridiano 75 grados al oeste de Greenwich.

Artículo 5. En la zona fronteriza norte del territorio nacional se aplicará un horario estacional conforme a las siguientes reglas:

I. Para los municipios de Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en el estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac, en el estado de Nuevo León; Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán. Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, en el estado de Tamaulipas, así como los que corresponden a la franja fronteriza de la zona centro, se aplica el meridiano 75 grados al oeste de Greenwich;

II. Para los municipios de Janos, Ascensión. Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, en el estado de Chihuahua, incluyendo los correspondientes a su franja fronteriza, se aplica el meridiano 90 grados al oeste de Greenwich, y

III. Para los municipios de Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y Tijuana, en el estado de Baja California, y San Luis Rio Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en el estado de Sonora, incluida la franja fronteriza, se aplica el meridiano 105 grados al oeste de Greenwich. La franja fronteriza que se menciona en las fracciones anteriores se integra por el territorio comprendido entre la línea internacional norte y la línea paralela ubicada a una distancia de 20 kilómetros.

El horario estacional fronterizo norte surtirá efecto desde las dos horas del segundo domingo de marzo, y concluirá a las dos horas del primer domingo de noviembre.

Artículo 6. Atendiendo a sus condiciones específicas, los Ejecutivos de una o más entidades federativas podrán solicitar al Ejecutivo Federal el establecimiento de horarios estacionales diferenciados. Al respecto, se establecerán comisiones de trabajo entre las dependencias federales y de las entidades federativas solicitantes, a efecto de resolver sobre la procedencia.

Artículo 7. En el caso del establecimiento de horarios estacionales, el Ejecutivo Federal en coordinación con los Ejecutivos Estatales y de la Ciudad de México, difundirán, con la anticipación debida, el Decreto por medio del cual se establece dicho horario, para el conocimiento de la población.

Artículo 8. Las dependencias de los ejecutivos federal, y estatales y de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomarán las medidas necesarias a efecto de implementar de forma eficiente los horarios estacionales que sean decretados.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 30 días siguientes a su publicación en el Diario oficial de la Federación.

Segundo. Se deroga la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2001.

Notas

1 DOF - Diario Oficial de la Federación

2 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o de septiembre de 2022.– Diputadas y diputado: Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, Yolanda de la Torre Valdez, Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Rodrigo Herminio Samperio Chaparro, diputado de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral I, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de salud mental y grupos juveniles, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El 23 de octubre de 2018 quedó publicado el Diario Oficial de la Federación, la norma oficial mexicana NOM-035-STPS-2018, la cual trata sobre factores de riesgo psicosocial en el trabajo, teniendo por objetivo identificación, análisis y prevención de estos casos en materia de salud mental para promover entornos organizacionales favorables para los trabajadores, los cuales, deberán ser evaluados y cumplir con las disposiciones presentes en esta norma.

A pesar de que el contenido de esta norma es bastante solidario con el entorno psicosocial de los trabajadores, datos más actuales demuestran que en México, la salud mental continúa siendo una problemática que afecta el rendimiento y la integridad de la fuerza laboral. Un estudio de 2021 elaborado por las asociaciones OCC Mundial y Asociación Internet MX, revela que 63 por ciento los trabajadores han padecido de estrés laboral durante los últimos 2 años, donde 1 de cada 5 afirma haber sido expuesto a este problema de manera crónica. Este estudio también señala que entre la población joven del país (de 18 a 29 años), cerca de 58 por ciento de ellos ha experimentado episodios de estrés y las principales causas de que lo padezcan están relacionadas a la falta o el exceso de trabajo, así como de una pérdida de control de su ritmo y entorno laboral. Además, este estudio también revela que, a raíz de la pandemia, el estrés laboral incrementó en 46 por ciento sobre todo, gracias a la incertidumbre de resultar contagiado en el espacio de trabajo o bien, por ser despedido en algún momento por recortes de personal causados por la crisis económica que la Covid-19 trajo consigo.

Por otro lado, a nivel internacional, México es de los países que menos días de vacaciones tienen al año y es el país con el mayor número de horas trabajadas al año en comparación con los demás países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, siendo de 2 mil 137 horas al año por trabajador, 23 por ciento más que el promedio de los demás países miembros de la OCDE, el cual es de 1 726 horas por trabajador al año. Estas condiciones generan la reducción de tiempo de ocio, así como de ámbitos de descanso para el trabajador que por ley deberían de tener de acuerdo al artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, así como igual se encuentra contemplado en la NOM-035 como detonantes de factores de riesgo psicosocial en el trabajo.

Cuadro comparativo

Por lo expuesto se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de salud mental y grupos juveniles

Único. Se reforma la fracción XXXII y se adiciona la fracción XXXIII, recorriéndose la siguiente de forma subsecuente, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

I. a XXXI....

XXXII. Fijar y difundir en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo el texto fiel de la convocatoria y demás documentos que le solicite el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para el desarrollo del procedimiento de consulta a que hacen referencia los artículos 390 Bis y 390 Ter ;

XXXIII. Promover acciones que fomenten la salud mental de las personas trabajadoras, así como dar cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, especialmente para personas jóvenes y quienes pertenezcan a grupos en situación de vulnerabilidad, y

XXXIV. Fijar en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo la convocatoria que le solicite el sindicato cuando se consulte a los trabajadores el contenido del contrato colectivo de trabajo inicial o el convenio de revisión, en términos de los artículos 390 Ter y 400 Bis.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Diario Oficial de la Federación. “Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención”. 23/10/2018. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5541828&fecha =23/10/2018#gsc.tab=0 (Consultado el: 27/08/2022)

2 Asociación Internet MX y OCC Mundial. “Estrés Laboral en México”. Disponible en:

https://irp.cdn-website.com/81280eda/files/uploaded/Estre% CC%81s%20laboral%20en%20Me%CC%81xico%202809 21%20(vf).pdf?utm_source=aimx&utm_medium=web&utm_campaign=Estres+labora l+2021 (Consultado el: 27/08/2022)

3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). “Estadísticas: Horas Trabajadas”. Disponible en:

https://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas/horas-trabajada s.htm (Consultado el: 27/08/2022)

4 Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Declaración Universal de los Derechos Humanos: Artículo 24, Derecho al descanso y al tiempo libre”. Disponible en:

https://news.un.org/es/story/2018/12/1447471#:~: text=Art%C3%ADculo%2024%3A%20Toda%20persona%20tiene,trabajadores%20y%20para%20s us%20familias. (Consultado el: 27/08/ 2022)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2022.– Diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

«Iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley de la Industria Eléctrica, suscrita por el diputado José Elías Lixa Abimerhi y legisladores del Grupo Parlamentario del PAN

El proponente, José Elías Lixa Abimerhi, diputado por el estado de Yucatán en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley de la Industria Eléctrica, en materia de generación distribuida de energía eléctrica, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La generación de energía, así como la forma de distribución de la misma se encuentran, en la actualidad, en el centro de las discusiones respecto de la vocación de desarrollo de nuestro país. Las reglas existentes en nuestro orden jurídico, relacionadas con la generación de energía son relativamente restrictivas, y con las modificaciones introducidas recientemente en la legislación energética, particularmente en lo que se refiere al orden del despacho, existe un rezago significativo en lo que respecta al acceso a energía barata, así como de producción de energías renovables. Nuestro país ha suscrito un amplio número de compromisos relacionados con la transición hacia formas menos contaminantes de producción energética. Particularmente, al firmar el Acuerdo de París de 2015, orientado a limitar el incremento global de la temperatura a 1.5 grados Celsius, nuestro país se comprometió a reducir 22 por ciento los gases de efecto invernadero y 51 por ciento los de carbono negro, así como a generar 35 por ciento de energías limpias para 2024 y 43 por ciento para 2030. Sin embargo, las metas distan de los esfuerzos para promover el uso de energías limpias y avanzar con la transición energética.

Conforme al actual modelo de generación de electricidad, ésta se presenta generalmente en centrales a gran escala, utilizando tecnologías convencionales, en lugares alejados al consumidor final. Este modelo de generación-distribución, trae consigo pérdidas de energía asociadas al transporte y alteración en los perfiles de tensión a nivel de distribución, en algunos casos por fuera de los rangos permitidos. Como consecuencia de lo anterior, cada vez más se considera a la generación distribuida como un apoyo eficaz a los sistemas de generación convencionales, facilitando la inyección de potencia en lugares cercanos a la carga.

De acuerdo con lo que se establece en la Ley de la Industria Eléctrica, la generación distribuida es la generación de energía eléctrica que se realiza por un propietario o poseedor de una o varias centrales eléctricas que se encuentren interconectadas a un circuito de distribución que contenga una alta concentración de centros de carga, y que no requieran ni cuenten con permiso para generar energía eléctrica. La generación distribuida ha sido definida por varios organismos e institutos regionales y globales, tales como el IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers), el CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Électriques), la IEA (International Energy Agency), el EPRI (Electric Power Research Institute), la DPCA (Distributed power Coalition of America), el US Department of Energy (US. DOE), entre otros. La IEEE la define como las “instalaciones de generación eléctrica conectadas al sistema eléctrico mediante un punto de conexión común: Un subconjunto de fuentes distribuidas”, mientras que la CIGRE añade: “No es usualmente planificada; no es despachada de forma centralizada; y su capacidad es inferior a 50 o 100 MW”. En la misma línea, el US. DOE y el EPRI sostiene que la Generación Distribuida “varían en tamaño y capacidad de unos pocos kW hasta 50 MW” (US. DOE) o “incluyen pequeña generación (1 kW hasta 50 MW)

La legislación vigente en la materia, y en particular la Ley de la Industria Eléctrica regula los modelos de contratos, metodologías de cálculo de contraprestaciones y las disposiciones de carácter administrativo, normas que condicionan la posibilidad de comercialización de la energía eléctrica que se produce por medio de la generación distribuida. Conforme a este modelo, cualquier persona está facultada para generar energía eléctrica siempre que esté destinada al autoconsumo, y la venta se limita a los excedentes. Lo que esta posibilidad permite, es que personas físicas, y empresas privadas, participen en la generación de energía eléctrica en una pequeña escala. De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía, a diciembre de 2021 la generación distribuida representaba apenas el 2.22 por ciento de la capacidad de generación en el territorio nacional.

La primera vez que se introduce en la legislación mexicana la figura de la generación distribuida es en el año 2007, aunque ésta no estaba totalmente no se definía de forma completa y no otorgaba un marco conceptual de referencia adecuado y completo. No es hasta el año 2015 que se establece el desarrollo de la generación distribuida teniendo un crecimiento exponencial que se puede observar en el año 2020 con una capacidad instalada de 975.14 MW y un total de 129 mil 893 contratos de usuarios industriales, comerciales y residenciales que ya contaban con el uso de la energía a través de la generación distribuida

Actualmente México es un país con gran potencial en energía limpia alcanzando un total de 43 millones de usuarios o contratos, entre industrias, comercial y residencial. Existe en el país hasta la fecha una capacidad instalada de 975.14 MW distribuidas entre la energía solar, como máxima del mercado, y el resto incluye eólica, biomasa e hidroeléctricas, entre otras. Sin embargo, aún existe la oportunidad significativa de incrementar la participación de generadores bajo el esquema de generación distribuido para hacer más competitivo y eficiente el mercado eléctrico en nuestro país.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), es posible establecer de forma concreta seis razones por las cuáles, en México, es deseable la implementación y desarrollo de un sistema de generación distribuida robusto, las cuáles son las siguientes:

I. La energía eléctrica es cara. Desde el 2019, en promedio, las empresas de generación privada han logrado reducir su costo unitario de generación en 19.6 por ciento (precio por MWh generado). En específico, las plantas de energía eólica y solar han reducido su costo en 20.1 por ciento y 19.4 por ciento, respectivamente. Con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a septiembre del 2021, observamos que la energía que genera la CFE es 4.9 veces más cara que la que produce el sector privado (1,852 pesos por megawatt hora —MWh— contra 377 pesos por MWh)

II. El consumo está concentrado. El Sistema de Información Energética (SIE) estima que el consumo de electricidad de este sector fue de 22.6 TWh en el 2017, o bien el 9 por ciento de la demanda de electricidad total en México en dicho año. Como resultado, los edificios no residenciales son considerados en la Estrategia Nacional de Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014 (ENTEASE) (Sener, 2014) como un sector significante, pero cuya contribución al uso final de la energía no es dominante. Por otro lado, se estimó que la industria contribuyó con un consumo de electricidad de 157 TWh, o bien el 61 por ciento de la demanda de electricidad. Por ello, la cogeneración eficiente61 representa una gran oportunidad para la generación distribuida al aprovechar el vapor que proviene de la quema de combustibles para generar electricidad. Esto no sólo permite una disminución de costos, sino también una mayor confiabilidad en el suministro eléctrico.

III. La demanda está creciendo. La Secretaría de Energía (Sener) prevé que la demanda para el Sistema Eléctrico Nacional en 2024 tendrá un aumento del 6.8 por ciento en comparación a 2020, lo que es una buena señal y hace al sector muy atractivo para la inversión nacional y foránea. Se prevé que en 2024 el consumo bruto será de 364 mil 636 Gigawatt hora (GWh), lo que representa un aumento del 10.1 por ciento en comparación con 2020. Sin embargo, la contingencia sanitaria por Covid-19 puede disminuir esta prospectiva hasta los 356 mil 903 GWh, lo que se traduciría en un incremento del 6.8 por ciento con respecto a 2020.

IV. Altas pérdidas. El porcentaje de la electricidad que se pierde en el proceso de transmisión y distribución de electricidad en México es uno de los más altos del mundo. Por ende, la instalación de sistemas de generación distribuida al presentar pérdidas muy bajas, esto al no requerir de transportar electricidad grandes distancias, se convierte en una pieza fundamental para cumplir con la meta de reducir dichas pérdidas al 8 por ciento y estar a la par de la media internacional.

V. Potencial para generar energía a precios competitivos. Gran parte del éxito de la generación distribuida depende de qué tan competitivos son los costos de generación. En este sentido, el potencial energético de recursos renovables como el Sol, viento o biomasa, así como el precio del gas natural, resultan resulta fundamentales para su aprovechamiento y desarrollo. México cuenta con enorme potencial distribuido a lo largo del territorio nacional para aprovechar los recursos renovables, además de un esperado aumento en la oferta de gas natural en zonas industriales a partir de la construcción de nuevos gasoductos.

De acuerdo con la fracción XXII del artículo 3 de la Ley de la Industria Eléctrica se entiende por energías limpias aquellas fuentes de energía y procesos de generación de electricidad cuyas emisiones o residuos, cuando los haya, no rebasen los umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se expidan. Entre las cuales se consideran el viento, la radiación solar, la energía oceánica, el calor, los bioenergéticos, entre otras.

El costo de generación por MWh en las centrales Ciclo Combinado de la CFE —que utilizan combustión de gas— es de mil 759 pesos para 2021, mientras que en las de Ciclo Combinado de los PIE tiene un costo de 767, lo que significa que la de CFE es 129.3 por ciento más costosa. En las centrales termoeléctricas convencionales y las hidroeléctricas, que son las otras dos fuentes de energía más importantes en la CFE, cuesta 2 mil 079 pesos por MWh y mil 532 por MWh, respectivamente.

VI. La existencia de una política de servicio universal. El país cuenta con una política para electrificar comunidades rurales y zonas urbanas marginadas con un fondo integrado a partir de los ingresos excedentes de la disminución de pérdidas técnicas.

La Agencia Internacional de Energía Renovable, en su estudio sobre el Mercado de las Energías Renovables en América Latina, establece las nuevas tendencias emergentes para proyectos de energía renovables en la región. Estas son, sobre todo, la seguridad energética, el acceso a la energía en zonas aisladas, la sostenibilidad ambiental y la competitividad económica en una región en crecimiento.

Eduardo Ramos señala por qué es preferible la generación distribuida frente a otras formas de generación de energía, al sostener que, al estar conectada a la red del distribuidor, genera múltiples beneficios a la demanda del sistema donde está directamente conectada, así como al mercado eléctrico en general. Así, argumenta que constituyen beneficios económicos de la generación distribuida, los siguientes:

1.Reducción de costos en la construcción y/o ampliación de redes de transmisión. La generación distribuida lleva a la reducción de la necesidad de construir nuevas líneas de transmisión o repotenciar las existentes, así como de los costos de inversión, operación y mantenimiento que esta infraestructura implica. El beneficio consistiría en el ahorro para toda la demanda de electricidad, equivalente a la nueva inversión en líneas de transmisión y en los peajes y cargos asociados, los cuales ya no se asignarían a la demanda.

2.Incremento de la seguridad energética y resiliencia del sistema y de las actividades económicas. La generación distribuida trae beneficios para la seguridad energética del país y para el desarrollo de las actividades económicas, dado que mitiga considerablemente el riesgo de sufrir desbalances entre oferta y demanda eléctrica a largo, mediano y corto plazo. Su introducción aporta a la confiabilidad del sistema eléctrico en situaciones inesperadas que ponen en peligro el suministro y el buen funcionamiento de las actividades económicas, ahorrándonos costos de racionamiento y el aumento súbito de los costos marginales en dichas situaciones.

3. Menores costos de producción y transporte podrían implicar precios más baratos que los derivados de la generación centralizada. Energía a menores precios permitirá que el sector industrial aumente su eficiencia al reducir sus costos de producción (dentro de los cuales el precio de la energía es un elemento importante). Asimismo, su construcción y funcionamiento permite la reducción de costos de consumo de energía para consumidores regulados.

Conforme a lo anterior, es claro que el tránsito hacia la generación distribuida es deseable para el fortalecimiento de las capacidades técnicas y económicas de sistema eléctrico mexicano, a la vez que favorece la adopción de energías limpias y no contaminantes encaminadas al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de cambio climático, y permite a los usuarios y empresas acceder a energía eléctrica más barata. En la actualidad, conforme a lo que se establece en el artículo 17 de la Ley de la Industria Eléctrica, se permite a las centrales eléctricas con capacidad instalada menor a 0.5 MW generar y vender excedentes de energía eléctrica y productos asociados a pequeña escala y de manera descentralizada, a través de un suministrador. Sin embargo, esto limita considerablemente la capacidad del sistema eléctrico en su conjunto de beneficiarse de la generación distribuida y permitir que más agentes participen de esta forma de generación. Es por ello que resulta indispensable que, para permitir el fortalecimiento de este modelo de generación, se duplique el límite establecido en la ley para la generación exenta, para colocarlo en un 1MW.

Incrementar el límite de generación distribuida, para incluir a centrales que produzcan hasta 1MW permitiría, sin lugar a dudas ampliar la posibilidad de generación para diversos agentes que puedan participar del mercado de generación, sobre todo medianas, que actualmente tienen la mitad de esa capacidad como límite, pero no tienen la demanda eléctrica para acceder al mercado eléctrico. Es por ello que, con la presente iniciativa, se busca modificar el artículo 17 de la Ley de la Industria Eléctrica, de forma que sea posible establecer 1MW como el límite superior de exención para centrales generadoras, de modo que sea posible que la generación distribuida resulte accesible a más empresas y pequeños generadores, lo que fortalecería el sistema eléctrico mexicano, permitiría acceder a energía eléctrica más barata, y ampliaría considerablemente la capacidad de generación de energías limpias en México, a través de la participación de los particulares.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito someto a consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley de la Industria Eléctrica, en materia de generación distribuida de energía eléctrica

Único. Se reforma el artículo 17 de la Ley de la Industria Eléctrica, para quedar como sigue:

Artículo 17.- Las Centrales Eléctricas con capacidad mayor o igual a 1 MW y las Centrales Eléctricas de cualquier tamaño representadas por un Generador en el Mercado Eléctrico Mayorista requieren permiso otorgado por la CRE para generar energía eléctrica en el territorio nacional. Se requiere autorización otorgada por la CRE para importar energía eléctrica proveniente de una Central Eléctrica ubicada en el extranjero y conectada exclusivamente al Sistema Eléctrico Nacional. Las Centrales Eléctricas de cualquier capacidad que sean destinadas exclusivamente al uso propio en emergencias o interrupciones en el Suministro Eléctrico no requieren permiso.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Luis Femado Grisales, Bonie Johana Restrepo Cuestas y Fredy Esteban Jaramillo (2017) ‘Ubicación y dimensionamiento de generación distribuida: Una revisión’, Ciencia e Ingeniería Neogranadina, 27(2), páginas 157—176. doi: 10.18359/rcin.2344.

2 Ramos, E. (2020). La generación distribuida: El camino hacia la producción descentralizada de electricidad y pautas para su reglamentación. Forseti. Revista de Derecho, 8(11), 07 - 35.

https://doi.org/https://doi.org/10.21678/forseti.v8i11.1255

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2022.– Diputado José Elías Lixa Abimerhi (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

«Iniciativa que adiciona el artículo 2o. de Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo de la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo último al inciso A) de la fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene por objeto exentar del pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los productores de mezcal integrados entre campesinos cultivadores de maguey y pequeños inversores locales, siempre y cuando se trate de una producción artesanal o ancestral con un volumen no superior a 50 mil litros anuales y cuyas fábricas o palenques, así como su domicilio fiscal se encuentren establecidos en municipios con una población menor a cincuenta mil habitantes y que además posean una plantilla laboral de 90 por ciento de empleados oriundos del territorio municipal, a fin de lograr su crecimiento económico y que dentro de ese crecimiento tengan la capacidad de competir frente a productores de otras bebidas con contenido alcohólico tanto en el plano nacional como el plano internacional. Además, se prevé que en caso de que dichos productores rebasen el tope máximo de la producción a exentar de pago, el producto excedido se gravará en los términos que fija actualmente el numeral 3o., del inciso A) de la fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Cabe destacar que el mezcal es una bebida que se agrupa en la categoría de bebidas espirituosas junto con el tequila, whisky, ron, vodka y brandy entre otras. Su característica común es tener al menos 15 por ciento de volumen alcohólico, ser producto de la destilación con fermentación previa a partir de productos de origen agrícola como la uva, cereales, frutos secos, caña de azúcar (FEBE, 2019) y, en el caso del mezcal, el agave o maguey.

En este sentido cabe decir que el mezcal reportó un crecimiento —en producción— de casi 37 por ciento promedio anual en el periodo 2012-2018. Dicho crecimiento se ha visto acompañado de un incremento sin precedentes en los precios de la bebida, pasando de ser un producto considerado para personas de escasos recursos, a una bebida que alcanza los 3 mil pesos mexicanos (150 dólares estadounidenses) en el mercado (consulta de tienda en línea: www.laeuropea.com.mx). En los últimos cinco años el precio de la bebida se ha visto alterado por factores como la escasez del agave como materia prima y un aumento en la demanda del destilado.

El mercado al que se dirige el producto envasado desde 2011 es principalmente de exportación. Sin embargo, este mercado se encuentra al alcance de muy pocos productores. El mezcal es un destilado que se produce fermentando el tallo o piña cocida del agave maduro, una vez que éste ha concentrado todos los azúcares destinados a su reproducción, tras un periodo de crecimiento de 6 años en promedio. Una vez cocido el maguey, se muele hasta conseguir trozos pequeños que se dejan fermentar en barricas de madera hasta que los azúcares se han convertido completamente en alcohol. Estas cinco fases o procesos básicos: cocción, molienda, maceración, fermentación y destilación, se pueden llevar a cabo con varias especies de agave a lo largo de la República Mexicana, en tanto que la distribución del género es amplia y cada región posee especies, variedades y/o cultivares específicos. En 1994, el Estado mexicano obtuvo la certificación internacional para la denominación de origen del mezcal, limitando el uso del nombre “mezcal” a municipios de nueve estados de manera oficial (Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Zacatecas y Durango). Sin embargo, tanto dentro de estos territorios como fuera de ellos, se pueden detectar características regionales particulares en cualquiera de los procesos, con variaciones en materiales, instrumentos y procesos. Según la Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-2016 que guarda los lineamientos productivos de la bebida, el mezcal se puede producir de manera ancestral, artesanal o industrial. La elaboración industrial —llamado en la NOM únicamente “mezcal”— corresponde a 7 por ciento de la producción nacional. Implica el horneado, fermentado y destilado del maguey en material de acero inoxidable con las variables altamente controladas. El mezcal artesanal, que en 2018 implicó 92 por ciento de la producción nacional (CRM, 2019), es el de más común producción tanto por pequeños y medianos productores en fábricas (Guerrero), palenques (Oaxaca) o vinatas (Michoacán). Las características de esta modalidad productiva son el horneado de maguey en horno de piedra o tierra; el molido puede hacerse a mano con mazos o bien en molino eléctrico con una fermentación en barricas de madera; la destilación debe de hacerse mediante alambiques de cobre. En el caso de productores tradicionales de mediana escala, no se exceden, normalmente, los 15 mil litros anuales en una producción familiar, de acuerdo con los esquemas tradicionales de elaborar mezcal únicamente durante el primer semestre del año (en temporada de sequía) y para un mercado local-estatal. Sin embargo, cada vez se hacen adaptaciones a los espacios de trabajo para cubrir los hornos y evitar el contacto con el agua para aumentar producción. De igual forma los espacios e instrumentos para obtener mezcal artesanal pueden adaptarse para obtener gran cantidad anual de litros que conserven su sabor ahumado característico; por este motivo cada vez más son las empresas que montan instalaciones para la producción artesanal con fines de mercadeo nacional o internacional, logrando producciones de hasta 150 mil litros anuales. La producción ancestral, que abarcó el 1 por ciento de la producción total anual en 2018 (CRM, 2019) implica horneado en horno de tierra o piedra, machacado del maguey con mazo y destilación en olla de barro; ésta última característica implica pérdidas importantes por evaporación del líquido. Actualmente no existen marcas grandes que manejen este tipo de producción en volúmenes importantes y es más particular de palenques pequeños en el estado de Oaxaca.

Cabe destacar que actualmente la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, establece que las bebidas con contenido alcohólico y cerveza con una graduación alcohólica de hasta 14 grados pagan una tasa de 26.5 por ciento; de 14 a 20 grados se les grava con 30 por ciento; y las superiores a 20 grados la tasa es 53 por ciento, este último es el caso de la tasa con que se grava al mezcal cuyos de grado de alcohol oscilan entre los 35 y 55 por volumen.

Es de resaltar que esta forma de gravar el producto lastima enormemente su mercado artesanal y ancestral, favoreciendo en contra sentido al mercado ilegal. Por ello, México necesita una transformación en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de las bebidas alcohólicas ya que desde 1980 se grava bajo el concepto ad valorem (valor de la bebida) y es necesario un esquema ad quantum (por cantidad de alcohol contenida).

En consecuencia, es evidente que el esquema actual del IEPS es injusto no sólo con el producto mezcal frente a otras bebidas con contenido alcohólico, sino hasta entre los mismos productores de dicha bebida, como lo resulta el caso de quienes la producen de manera artesanal y ancestral frente a quienes lo realizan de manera industrializada, porque en el caso específico, la distribución de la carga fiscal es igual para todos, aun cuando la inversión para obtener la cantidad de mismo producto es distinta y por ende el lucro a obtener, generando evidentemente con esto un trato igualitario frente a desiguales, lo cual contraviene el espíritu del artículo 31, fracción IV, de la norma fundamental, el cual establece que la contribución para los gastos públicos, tiene que ser en forma proporcional y equitativa. En ese sentido pues, la proporcionalidad se logra mediante el establecimiento de una tarifa progresiva de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos ingresos, es decir que más grava a quien más gana, consecuentemente menos grava a quien menos gana estableciéndose, además, una diferencia congruente entre los diversos niveles de ingresos. Luego, la equidad se puede definir como aquel principio derivado del valor justicia en virtud del cual, por mandato constitucional, y de acuerdo con la interpretación jurídica, las leyes tributarias deben otorgar un tratamiento igualitario a todos los contribuyentes de un mismo crédito fiscal en todos los aspectos de la relación tributaria (hipótesis de causación, objeto, base, fecha de pago, gastos deducibles etcétera).

Dicho lo anterior, queda de manifiesto que el actual esquema de cobro del IEPS, es doblemente injusto en perjuicio de los productores ancestrales y artesanales de mezcal, ya que en un primer momento la forma de gravar la bebida es bajo el concepto ad valorem (valor de la bebida) cuando lo correcto debería ser un esquema ad quantum (por cantidad de alcohol contenida). Por ello, se destaca que el actual sistema del IEPS lo que incentiva es que se reduzca el costo de producción para que el impuesto les impacte menos. De esta forma, los mezcales pagan entre 200 a 400 pesos de IEPS, mientras que una bebida industrializada en sistema ad valorem paga entre 15 a 60 pesos del impuesto. En ese sentido, las cervezas industriales pagan dos pesos por botella, mientras que una cerveza artesanal paga de 10 a 15 pesos de impuesto. De ahí la razón de esta propuesta a fin de contribuir al crecimiento económico y empoderamiento económico de nuestros productores mexicanos de mezcal artesanal y ancestral.

En ese sentido, me permito someter a consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo último al inciso A) de la fracción I del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Único. Se adiciona un párrafo último al inciso A) de la fracción I del artículo 2o., de Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I....

A)...

1. a 3....

El producto con denominación de origen mezcal, queda exento del pago establecido en el numeral inmediato anterior, siempre y cuando se trate de una producción artesanal o ancestral con un volumen no superior a 50,000 litros anuales. Además de que el palenque, así como el domicilio fiscal del productor y/o comercializador deberán encontrarse establecidos dentro de un municipio con una población menor a cincuenta mil habitantes y poseer una plantilla laboral del 90 por ciento de empleados oriundos del territorio municipal. En caso de una producción excedente, el producto excedido se gravará en los términos que señala el numeral antes invocado. Para los efectos de este párrafo, el Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal, A C (CRM), será el organismo encargado de la certificación de las unidades de producción, unidades de envasado y almacenes de comercialización, en los términos que señalen las distintas disposiciones que rigen la materia.

B) a J)...

II. a III.

Artículo 2o. A. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2022.– Diputados y diputadas: Rubén Ignacio Moreira Valdez, Eufrosina Cruz Mendoza, Yerico Abramo Masso, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, José Francisco Yunes Zorrilla (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

SE INTERVENGA ANTE EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y EL COHECHO EJERCIDO POR FRANCISCO DE LA CONCHA HAMDAN PARA ENCARCELAR A LA CIUDADANA RUTH PEÑA THOMPSON

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SCJN, al TSJCM y a la CDHCM a intervenir ante el tráfico de influencias y el cohecho ejercido por Francisco de la Concha Hamdan para encarcelar a la ciudadana Ruth Peña Thompson, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Manuel Alejandro Robles Gómez del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los demás aplicables.

Someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por la que se exhorta al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a intervenir ante el tráfico de influencia y el cohecho ejercido por Francisco de la Concha Hamdan para encarcelar a la ciudadana Ruth Peña Thompson, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero.— En abril de 2020 el C. Francisco de la Concha Hamdan (sobrino del ex-senador del PAN, Fauzi Hamdán Amad y socio de Diego Fernández de Cevallos Ramos), interpone denuncia por abuso de confianza en contra de la C. Ruth Peña Thompson, derivado de lo anterior, el juez emite citatorios de notificación, que son enviados a direcciones en donde Ruth Peña Thompson ya no vivía, pues por acoso del C. Francisco de la Concha Hamdan tiene que buscar trabajo en otro país.

Segundo.— En enero 27 del 2022 se lleva a cabo audiencia y el juez Júpiter López Ruiz, gira orden de aprensión vs Ruth Peña Thompson.

Tercero.— El 8 de agosto del 2022, aproximadamente a las 4: 30 pm., Ruth Peña Thompson es detenida en el aeropuerto internacional de la ciudad de México y es presentada al Centro de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla.

Cuarto.— Se fija la audiencia el 9 de agosto a las 10 am, entregan carpeta de investigación núm. 012/0144/2022-OA, 10 minutos antes de las 10: 00 am.

Quinto.— Los abogados niegan errores en el debido proceso e instruyen a Ruth Peña Thompson a negar lo anterior. El juez fija vinculación a proceso con detención justificada y solicita un billete de depósito de garantía por 2 millones de pesos 00/100 M. N.

Sexto.— Se fija audiencia para el viernes 12 a las 11 am, misma que se da por concluida a las 12: 20, sin embargo, el billete queda listo a las 13: 38.

Séptimo.— Se solicita nuevamente audiencia para presentación del billete de depósito.

Octavo.— El 17 de agosto se transfiere la carpeta de investigación a la UGA 11 en Santa Martha Acatitla.

Noveno.— El 9 agosto 2022 se fija audiencia a las 14: 30h.

Décimo.— Es menester mencionar que detrás del C. Francisco de la Concha Hamdan hay personajes muy poderosos, pero también muy obscuros. El diario El Universal y la revista Proceso informan que es sobrino del ex-senador panista Fauzi Hamdán Amad y socio del ex—presidente Vicente Fox Quesada, con quien ha sido cabildero de empresas petroleras, es por eso que apoyaron la reforma energética de Enrique Peña Nieto, que despojó del petróleo al pueblo de México y cedió gran parte de la soberanía energética de nuestro país a las grandes petroleras. (Olmos, 2017); (Olmos, y otros, 2017).

Décimo primero.— Por otro lado, el tío del C. Francisco de la Concha Hamdan, el ex senador del Partido Acción Nacional, Fauzi Hamdán Amad, es muy cercado a Diego Fernández de Cevallos, el diario El Siglo de Torreón, lo enuncia de la siguiente manera:

“... Fauzi Hamdan, una de las personas más próximas, profesional y personalmente a Fernández de Cevallos. Fue Diego mismo quien llevó al ahora rector de la Escuela Libre de Derecho, a la política, como candidato externo a una diputación, en 1997.

Fueron después juntos al senado, donde fue visible y sensible la confianza que el coordinador de la fracción panista dispensaba a quien, por lo demás, era también socio en su despacho.” (Chapa, 2010)

Décimo segundo.— Es menester mencionar que la C. Ruth Peña Thompson, no tiene antecedentes, pues siempre ha sido propositiva, no una delincuente. En su época estudiantil trabajó para poder pagar la matricula en el ITAM; fue campeona nacional de gimnasia rítmica deportiva; fue integrante del grupo coral Kinderslider y del coro infantil y juvenil, cantó en Bellas Artes, siempre estudio becada.

Décimo tercero.— No cabe la menor duda que la C. Ruth Peña Thompson es objeto de la fabricación de un delito por parte del C. Francisco de la Concha Hamdan.

Décimo cuarto.— Y con la orden de prisión preventiva oficiosa, ella permanece detenida y sin posibilidad de demostrar su inocencia,  pues ella requiere de acceder a su computadora,  a sus celulares, al banco para solicitar estados de cuenta bancarios,  pues a su familia no se los pueden entregar.

Décimo quinto.— En suma, la C. Ruth Peña Thompson es una mujer honrada e íntegra, la cual están siendo víctima de la fabricación de un delito por parte del C. Francisco de la Concha Hamdan.

Por lo tanto, fundado y motivado en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa, al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Intervenir ante el Tráfico de Influencia y el Cohecho ejercido por Francisco De La Concha Hamdan para encarcelar a la ciudadana Ruth Peña Thompson.

Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Magistrado Rafael Guerra Álvarez, intervenir ante el Tráfico de Influencia y el Cohecho ejercido por Francisco De La Concha Hamdan para encarcelar a la ciudadana Ruth Peña Thompson.

Tercero.- La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa a la Presidenta de la Comisión De Derechos Humanos de la Ciudad De México, Licenciada Nashieli Ramírez Hernández, intervenir ante el Tráfico de Influencia y el Cohecho ejercido por Francisco De La Concha Hamdan para encarcelar a la ciudadana Ruth Peña Thompson.

Bibliografía

El Siglo de Torreón [En línea] / aut. Chapa Miguel Ángel Granados. - 09 de junio de 2010. -

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/2010/hipotesis-sobre -diego.html.

El Universal [En línea] / aut. Olmos Raúl y Valeria Durán. - 17 de septiembre de 2017. -

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/fox-se-beneficio- de-reforma-energetica.

Revista Proceso [En línea] / aut. Olmos Raúl. - 26 de agosto de 2017. -

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2017/8/26/fox-le-cobra-red itos-pena-nieto-190314.html.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 1 de septiembre de 2022.– Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

SE DÉ CONTINUIDAD AL TRÁMITE DE LA MINUTA CORRESPONDIENTE A PROHIBIR EL TRABAJO EN POZOS O EN CUEVAS PARA LA EXTRACCIÓN DE CARBÓN A PROFUNDIDADES MENORES DE 100 METROS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Colegisladora a dar continuidad al trámite de la minuta correspondiente a prohibir el trabajo en pozos o en cuevas para la extracción de carbón a profundidades menores de 100 metros o mediante el empleo de botes, de manera que se emita el dictamen correspondiente, a cargo del diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Rubén Ignacio Moreira Valdez, diputado por el estado de Coahuila de Zaragoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I; así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como demás relativos y aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Sin duda alguna la extracción metales, minerales y piedras preciosas es una de las actividades más peligrosas que existen para los trabajadores del sector minero. Dentro de ésta, la de mayor riesgo es definitivamente la extracción de carbón en las minas de tiro vertical o de pozo, que se ha cobrado la vida de 72 mineros de 2006 a 2021, en accidentes como el de El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, ocurrido el 3 de agosto; lo anterior, considerando que en ellas se usan procesos y técnicas artesanales o rudimentarias, sin observarse además medidas en seguridad minera y sin la debida supervisión de dichas actividades.

Quienes saben del tema le añaden el calificativo de “rojo”, al carbón que se extrae de los llamados “pocitos”, porque va teñido de sangre.

Hace años que debió prohibirse esta forma de extracción carbonífera, e iniciativas para ello han existido. La mayoría no han progresado más allá de la presentación del proyecto, y las que han logrado avanzar en su proceso legislativo, con origen en la Cámara de Diputados, aún se encuentra en trámite la minuta en el Senado de la República, en las Comisiones Unidas del Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera.

Dicha minuta se refiere a la que contiene el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, producto de las iniciativas presentadas en 2012, por los entonces diputados federales Adolfo Bonilla Gómez, Manlio Fabio Beltrones Rivera y Jesús Murillo Karam, del Grupo Parlamentario del PRI, así como por los entonces diputados federales Mario Alberto Dávila Delgado, José Guillermo Anaya Llamas, Esther Quintana Salinas y Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del PAN, siendo que en el dictamen aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el 11 de abril de 2013, en donde se previó adicionar un segundo párrafo al artículo 343-A de la Ley Federal del Trabajo en los siguientes términos: “Queda prohibido el trabajo en tiros verticales para la extracción de carbón, a profundidades menores de 100 metros o mediante el empleo de botes, en este caso, la extracción de carbón, deberá realizarse mediante tajos a cielo abierto y tiros inclinados; asimismo queda prohibido el trabajo en minas conocidas como cuevas y pozos carboneros, entendiéndose por esto a los trabajos de extracción de carbón en tiros verticales en forma artesanal, en donde las actividades mineras se llevan a cabo sin contar con las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para este tipo de obras, no contando con las medidas de seguridad que correspondan de acuerdo a la normatividad vigente para proteger la vida de los trabajadores”, y se aprobó adicionar las fracciones III y IV al artículo 343-E de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue: “Artículo 343-E. A los responsables y encargados directos de la operación y supervisión de los trabajos y desarrollos mineros, que dolosamente o por negligencia, omitan implementar las medidas de seguridad previstas en la normatividad, y que hayan sido previamente identificados por escrito en dictamen fundado y motivado de la autoridad competente, se les aplicarán las penas siguientes: I. y II. ... III. Prisión de 3 a 6 años y multa de hasta 5 mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, cuando por omisiones en el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 343-B y 343-C, fracciones II, IV, V, VI y VIII, se produzca la muerte de uno o varios trabajadores. IV. Prisión de 6 a 9 años y multa de hasta 10,000 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, cuando se produzca la muerte de uno o varios trabajadores, por la realización de trabajos de extracción de carbón, mediante tiros verticales a profundidades menores de 100 metros y en cuevas y pozos carboneros, cuando se realicen trabajos de extracción de carbón en tiros verticales en forma artesanal, sin contar con las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para este tipo de obras y donde no se observen, las medidas de seguridad que correspondan, para proteger la vida de los trabajadores”.

Cabe señalar que con fecha 30 de abril de 2015 se le dio primera lectura al dictamen relativo a dicha minuta y el 9 de octubre de 2018 se determinó que se remitiera de nuevo a comisiones.

Como bien se señaló en dichas propuestas “Son múltiples los factores de riesgos presentes en las faenas subterráneas. Las características geológicas, el uso de explosivos, la presencia de gases tóxicos o inflamables, el efecto del empleo de máquinas y equipos, la presencia de aguas subterráneas, las probabilidades latentes de incendios y de explosiones, etcétera, conforman un espectro de riesgos de alto potencial de severidad. A lo anterior debe adicionarse los errores de diseño o ejecución de los propios mineros. Dada la pequeña escala de tales actividades extractivas y la incipiente inversión que requieren propician su dispersión geográfica y su proliferación, en un ciclo de actividad y abandono de corta duración, lo que hace que, dada su escasa inversión en activos fijos y ausencia de tecnología, aunado a su carencia de licencias, permisos y autorizaciones requeridas, se encuentren al margen de la adecuada y permanente supervisión de las autoridades en materia de seguridad de riesgos de trabajo”.

En este orden de ideas, es de destacarse también que, desde hace más de tres años y medio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre el riesgo que la modificación de cauces de agua, por parte de la industria minera, significaba para trabajadores y zonas habitacionales aledañas a las minas de carbón en Sabinas, Coahuila, de la cual forma parte la comunidad Villa de Agujita, donde al día de hoy siguen atrapados diez mineros, por inundación.

Por lo anterior, y con la finalidad de evitar nuevos y lamentables acontecimientos como el que en reciente fecha ocurrió, y consiente de la necesidad que existe de solucionar de una vez por todas este histórico problema, es que propongo la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Senado de la República a dar continuidad y agotar en forma favorable el trámite legislativo de la minuta con proyecto de decreto aprobada por la Cámara de Diputados en fecha 11 de abril de 2013, por la que se reforman y adicionan los artículos 342-A, 342-C, 343-D y 343-E de la Ley Federal de Trabajo, para prohibir la extracción de carbón a profundidades menores a 100 metros en pozos o cuevas. Lo anterior incluye la minería artesanal en tiros verticales relatada en el considerando de esta proposición. La aprobación de la minuta resulta urgente para garantizar la seguridad de los mineros del carbón y evitar la extracción inadecuada.

Notas

1 Organización Familia Pasta de Conchos, disponible en

https://politica.expansion.mx/estados/2022/08/12/carbon-rojo-como-es-la-mineria -en-mexico

2 https://www.razon.com.mx/mexico/cndh-alerto-2018-riesgos-pozos-minas-coahuila-4 93241

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2022.– Diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO DE CAMPECHE Y A LA CNDH, A GARANTIZAR EL ACCESO Y EL DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL CIERRE DE LA FARMACIA COMUNITARIA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Campeche y a la CNDH a garantizar el acceso y el derecho a la salud de las personas afectadas por el cierre de la farmacia comunitaria y a la FGE, a conducir de manera institucional, respeto, ética y autonomía, a fin de garantizar paz y justicia de sus habitantes, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a la siguiente:

Exposición de Motivos

I. El pasado lunes 29 de agosto, Biby Rabelo, alcaldesa del municipio de Campeche publicó desde su cuenta oficial de Facebook un video donde expone la ingobernabilidad por la que atraviesa el estado de Campeche. De manera puntual señaló el abuso de poder ejercido por parte del Fiscal General del estado de Campeche, luego de que clausurará e impidiera la reapertura de un centro de salud comunitario que ofrece servicio médico gratuito a la población de escasos recursos.

De acuerdo a medios locales, dicha farmacia pertenece al otrora alcalde de Campeche Eliseo Fernández. Sin embargo, el inmueble actualmente se encuentra en comodato del ayuntamiento desde 2019 bajo la premisa de seguir otorgando el servicio de farmacia con servicio gratuito y costos bajos en medicamentos.

A pesar de esto, el pasado 28 de agosto de este año, varios empleados del ayuntamiento tuvieron un enfrentamiento con más de 20 elementos de la Fiscalía para evitar el cierre de la farmacia comunitaria, ya que los uniformados no contaban con algún tipo de orden judicial para mantener el inmueble bajo resguardo.

II. Recordemos que la propia Constitución señala que cualquier acto de molestia tiene que estar fundado y motivado por la autoridad competente, sin embargo esto no fue respetado al momento del cierre del inmueble, ya que cuando arribaron los policías ministeriales para el desalojo de la farmacia comunitaria, ni siquiera se identificaron.

Además de esto, la actual administración del estado de Campeche ha dejado de lado la salud de sus pobladores, ya que los campechanos se encuentran limitados de asistir a las instituciones de salud pública, tales como el IMSS o ISSSTE, debido a la falta de suministros médicos, lo que ha provocado que los propios campechanos se vean obligados a llevar sus propios materiales como alcohol, gasas o jeringas, para poder acceder a los servicios de salud, situación que atenta de manera visible contra su derecho constitucional al acceso a la salud.

Incluso la propia Secretaría de Salud del estado ha reconocido que hay un problema en lo que respecta al abasto de medicamentos, siendo las comunidades más alejadas las que se ven más afectadas por esto. Tan solo los municipios de Bethania y Chemblás de la junta municipal de Hampolol, también de Alfredo V. Bonfil, Chiná, Pocyaxum y Pich han reportado falta de medicamentos para enfermedades como la diabetes y la hipertensión arterial.

III. Asimismo, durante los últimos meses, la gobernadora del estado de Campeche, Layda Sansores, ha utilizado su actual cargo para exponer de manera negativa a sus adversarios políticos, dejando de lado su labor como gobernadora del estado, pues esta abusa de manera constante de su poder gubernamental.

Hoy en día, el actuar de la gobernadora es un claro ejemplo de cómo utilizar de manera incorrecta su cargo, ya que de manera constante dedica su tiempo dentro del horario laboral a la realización de actividades partidistas con fines electorales, o el uso faccioso de las instituciones para el beneficio personal y no del colectivo.

IV. En la Bancada Naranja, estamos convencidos de que México tiene opción de construir gobiernos que estén comprometidos con la justicia social y la garantía de todos los derechos humanos, por lo tanto no permitiremos y denunciaremos cualquier tipo de abuso o acto de arbitrariedad por parte de las autoridades que atente contra la calidad de vida y dignidad de las personas.

Contar con gobiernos ciudadanos que no defrauden, que enfrenten los problemas sociales, que den buenos resultados y sean transparentes, es posible. Por eso en Movimiento Ciudadano creemos que México tiene opción de gobiernos que estén al servicio de todas las personas mexicanas y no al de unos cuantos.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta asamblea, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular del Poder Ejecutivo del estado de Campeche, Layda Elena Sansores San Román a fin de que se garantice el derecho a la salud de las personas afectadas por el cierre de la farmacia comunitaria adscrita al Sistema DIF municipal de Campeche, conforme a los establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Campeche para que, en el ámbito de sus competencias, formule recomendaciones, y tome las determinaciones que considere pertinentes a fin de que se garantice el derecho a la salud de las personas afectadas derivado del cierre de la farmacia comunitaria adscrita al Sistema DIF municipal de Campeche

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General del estado de Campeche, a que se conduzca de manera institucional, bajo los principios de respeto, ética y autonomía, a fin de garantizar paz y justicia a los habitantes del estado de Campeche.

Notas

1 “Campeche: Farmacia comunitaria, resguardada por antimotines”, La Jornada, 2022. Recuperado de:

https://www.lajornadamaya.mx/campeche/202122/campeche-farmacia-c omunitaria-resguardada-por-antimotines

2 Ibidem.

3 Ibidem.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 2 de septiembre de 2022.–  Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

SE SALVAGUARDE EL ECOSISTEMA EN RIESGO EXISTENTE EN EL PARQUE SAN RAFAEL, UBICADO EN GUADALAJARA, JALISCO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, a la Profepa y a la Conagua a establecer acciones que permitan salvaguardar el ecosistema en riesgo existente en el parque San Rafael, en Guadalajara, Jalisco, derivado de la construcción del Proyecto de Depósito de Retención Pluvial, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Laura Imelda Pérez Segura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta a la SEMARNAT, PROFEPA y CONAGUA, a efecto de establecer acciones que permitan salvaguardar el ecosistema en riesgo existente en el parque San Rafael, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco, derivado de la construcción del proyecto de depósito de retención pluvial, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Antecedentes

En el año 2016, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana de Guadalajara (Siapa), presentó el proyecto correspondiente a la construcción de un “Depósito de Retención Pluvial”, a realizarse en la Unidad Deportiva Plan de Ayala del Parque San Rafael, en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Sin embargo, aunque en esencia dicho proyecto tiene por objetivo ayudar a mitigar los problemas de inundación que se presentan en las colonias San Rafael, San Andrés, Cantarranas y aledañas, pertenecientes al municipio de Guadalajara; desde el inicio de su construcción ha generado muchas dudas por parte de las y los vecinos de dichas zonas y, en especial, por parte del colectivo Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas A.C.

El Colectivo Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas A.C, es un grupo de personas organizadas a través de una asociación civil legalmente constituida, que tiene por objetivo dar a conocer a los habitantes de las colonias miembros sus derechos humanos, derechos ambientales, derecho a la participación ciudadana y a la rendición de cuentas en materia ambiental por parte de las autoridades, a fin de promover entre los habitantes la importancia de las áreas verdes de la comunidad.

Dicho colectivo fue creado en enero del 2017, derivado de las múltiples irregularidades detectadas en el inicio del proyecto “Depósito de Retención Pluvial” en el Parque San Rafael.

Las y los integrantes del colectivo han argumentado desde su fundación, que el proyecto que se pretende realizar en el Parque San Rafael atiende exclusivamente a intereses particulares, toda vez que las zonas que presuntamente pretende beneficiar, en realidad no sufren inundaciones en comparación con otras zonas del municipio de Guadalajara.

Señalan que realmente lo que busca el proyecto pluvial, es beneficiar la construcción de un complejo inmobiliario denominado “Gran San Rafael” en las inmediaciones del Parque San Rafael. El cual pretende realizar, desde 2017, la construcción de 13 torres departamentales, así como la llegada de alrededor de más de 4 mil personas nuevas a la zona.

Esto ha dado como resultado una movilización constante por parte de integrantes del colectivo y vecinos de la zona, en virtud de que de manera legítima han demostrado una serie de perjuicios que el proyecto del depósito pluvial, así como la construcción del complejo inmobiliario, generaría en contra del ecosistema del Parque San Rafael y en contra de la ciudadanía aledaña. Y que a continuación se detallan.

2. Problemática

El Parque San Rafael es un área natural muy importante en la ciudad de Guadalajara, ya que cuenta con diversas especies de árboles, así como también con canales de agua subterránea y humedales que son el hábitat de una gran cantidad de especies aviarias.

No obstante, desde que se planteó la construcción del proyecto de depósito pluvial, todos los recursos ambientales que se encuentran al interior del Parque San Rafael han sido causa de preocupación por parte de la ciudadanía que radica en la zona.

De conformidad con lo argumentado por el colectivo Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas A.C, el proyecto en comento atenta en contra de los recursos naturales de la zona, como son el agua y los arboles existentes dentro del parque.

Según informes del colectivo, se tiene conocimiento que, desde el 17 de junio pasado a la fecha, se ha realizado un ecocidio dentro del Parque San Rafael; ya que, de acuerdo con sus estimaciones, durante el desarrollo del proyecto antes referido, se ha dado muerte a cerca de 700 árboles.

Ello se corrobora, en virtud de la suspensión definitiva otorgada en favor del Parque San Rafael en agosto de 2022. Dicha resolución tiene por finalidad conservar los árboles que se encuentran dentro del parque en comento y sus inmediaciones, para evitar un daño inminente e irreparable.

De igual modo, se señala que el proyecto de construcción del depósito pluvial representa un grave riesgo para las aves endémicas que se encuentran dentro de la zona, de conformidad con el recorrido realizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Donde expresan que dentro del Parque se encuentran las siguientes especies, algunas en peligro de extinción:

Especies en peligro de extinción de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-Semarnat-2010

1. Loro corona lila o guayabero ( Amazona finchi)

2. Loro de cabeza amarilla ( Amazona oratrix)

Otras especies encontradas en el Parque San Rafael

1. Loro de mejilla amarilla ( Amazona autumnalis)

2. Zopilote aura ( Cathartes aura)

3. Paloma turca ( Strptopella decaocto)

4. Paloma común ( Columba livia)

5. Tortolitas ( Columbina inca)

6. Carpintero de desierto ( Melanerpes uropygialis)

7. Colibrí corona lila ( Amazilia violiceps)

8. Colibrí pico ancho ( Cynanthus latirostris)

9. Perlita ( Polioptila caerulea), especie migratoria.

10. Tirano gritón ( Tyrannus vociferans)

11. Luis bienteveo ( Pitangus sulfuratus)

12. Luis gregario ( Myiozetetes similis)

13. Chipe de rabadilla amarilla ( Setophaga coronata), especie migratoria.

14. Chipe de ala blanca ( Mioborus pictus), especie migratoria.

15. Chipe de Nashville ( Oreothlypis ruficapilla), especie migratoria.

16. Vireo gorjeador ( Vireo gilvus), especie migratoria.

17. Tangara roja ( Piranga rubra), especie migratoria

18. Primavera o mirlo ( Turdus rufopalliatus)

19. Tordo de cabeza café ( Molothrus aeneus), especie migratoria.

20. Calandria de ceja rayada ( Icterus bullockii), especie migratoria.

21. Pinzón mexicano ( Haemorhous mexicanus)

Finalmente, se tiene conocimiento que las obras de construcción del depósito pluvial han causado problemáticas de carácter estructural en la zona, toda vez que con la perforación que realizan al acuífero para la extracción de agua del subsuelo, se han ocasionado hundimientos y socavones en las calles, así como también distintos daños en viviendas.

En conclusión, los vecinos, así como las y los integrantes del colectivo Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas A.C, promueven, de manera legítima, la conservación del ecosistema existente del Parque San Rafael al igual que el bienestar de más de 500 viviendas a la redonda. Externando su preocupación de que el agua no sea suficiente para sustentar a los habitantes de la zona tras las modificaciones, y más aún, si se llega a concretar la construcción del complejo inmobiliario frente al parque.

3. Acciones legales al respecto

Desde 2017, los integrantes del “Colectivo Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas A.C”, comenzaron diversas acciones legales para defender el Parque San Rafael.

A partir de esa fecha, se han presentado una gran cantidad de recursos legales por parte del colectivo, en la búsqueda de detener la construcción del depósito pluvial, como también detener la construcción del complejo inmobiliario “Gran San Rafael”.

Sin embargo, a pesar de ello han sido varias las ocasiones en que, tanto de manera injustificada, como de manera deliberada, los recursos jurídicos interpuestos han sido dejados sin efectos por parte de las autoridades, o bien los encargados de las construcciones han omitido sin importar su cumplimiento.

Los casos más recientes ocurrieron en el presente año 2022, toda vez que el pasado 24 de febrero fue otorgada la suspensión provisional de la obra, misma que a finales de abril fue ratificada por un Tribunal Colegiado

Sin embargo, el pasado 08 de junio de 2022 el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo, resolvió dejar sin efectos dicha suspensión, permitiendo la reanudación de la obra.

En ese sentido, es que el 16 de junio de 2022, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, anunciara la reanudación de las obras por parte del SIAPA en el Parque San Rafael. Obras que iniciaron de manera inmediata en la misma fecha.

Pablo Lemus expresó lo siguiente:

“ El arranque de las obras del colector pluvial en el Parque San Rafael se da luego de que grupos opositores retirarán algunos aspectos legales, además de que un juez dio aval al Gobierno de Jalisco a través del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) de iniciar con los trabajos, los cuales se habían suspendido hace cuatro años”, informó el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro.

En respuesta a ello, el colectivo actuó de manera inmediata solicitando una nueva suspensión en contra de la obra, misma que fue otorgada el 27 de junio de 2022 por el juez séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo.

A pesar de ello, en la madrugada del 28 de junio del presente año, los vecinos del parque San Rafael fueron sorprendidos con un operativo de más de 100 elementos de seguridad de diversas corporaciones municipales y estatales con la finalidad de acordonar las inmediaciones del parque San Rafael. Y continuar por la fuerza, con las obras de construcción del depósito pluvial, sin importar el desacato a la suspensión otorgada previamente y mucho menos los graves daños medioambientales que podrían causar al ecosistema de la zona.

Finalmente, es importante reconocer que la lucha legal y de resistencia pacífica no ha tenido descanso por parte de las y los integrantes del colectivo, a pesar de todas las irregularidades evidenciadas por parte de las autoridades.

Tal es así, que el pasado 08 de agosto de 2022, se volvió a obtener una nueva suspensión definitiva emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias, Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a fin de conservar los árboles que se encuentran dentro del parque San Rafael y sus inmediaciones, y evitar el daño inminente e irreparable que se podría causar al medio ambiente.

Por lo anterior, se puede concluir que la defensa del Parque San Rafael y su ecosistema no parará hasta que existan resoluciones ambientales concretas emitidas por las autoridades competentes en la materia.

De tal manera que, con ellas, se avale justificadamente la realización de las obras proyectadas, o bien, se demuestren de manera contundente los posibles daños que su realización puede ocasionar al medio ambiente y a la ciudadanía de la zona.

4. Recomendación de la Comisión estatal de Derechos Humanos de Jalisco

En 2018, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (Cedhj) emitió una recomendación relativa a los daños provocados por los trabajos de construcción del depósito pluvial. Mismos que hasta la fecha siguen sin ser solucionados por las autoridades encargadas de la obra.

Entre las recomendaciones que se emitieron por parte de la Cedhj, es importante destacar las siguientes:

“ : Es fundamental que los servidores públicos del SIAPA tengan presente que la obra del colector pluvial [...], si bien puede traer beneficios y garantizar derechos humanos de un grupo de personas, también puede afectar los de otros. Por ello, en su planeación, diseño y ejecución deberán realizar ejercicios de ponderación en los que se analicen las colisiones de derechos, tomando en cuenta que la medida que se imponga sea la idónea, que sea realmente útil y que el beneficio sea mucho mayor, en proporción con la afectación que se cause. Esto deberá informarse a los inconformes de manera clara, oportuna y suficiente.

Realizar visitas de inspección permanentes a la obra del colector pluvial [...], para vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables de competencia estatal y en su caso, iniciar los procedimientos, expedir las recomendaciones, ejercer las acciones y tomar las medidas necesarias para propiciar la conservación, preservación, protección y restauración del equilibrio ecológico y los recursos naturales.

Gire instrucciones al personal a su cargo para que se analice la exención de impacto ambiental de la obra denominada Depósito de retención pluvial [...], emitida el 28 de octubre de 2016 en el expediente 3141 y se tomen las medidas pertinentes para garantizar que la obra no generará desequilibrios ecológicos.

Gire instrucciones para que personal a su cargo analice la fauna silvestre que habita en el [...], ya que esta Comisión acreditó la presencia de especies en peligro de extinción protegidas por la NOM-059-Semadet-2010 y la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).

Gire instrucciones para que personal a su cargo analice, una vez que se resuelva el juicio de amparo indirecto [...] integrado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, la situación de los mantos freáticos que presuntamente se ubican en el [...], y señale si la obra que ejecuta el SIAPA dentro del Pimi puede ocasionar daños irreparables a estos. Lo anterior, de conformidad con el artículo 7 de la Ley de Aguas Nacionales.”

5. Objetivo de la Proposición con Punto de Acuerdo

La presente proposición con punto de acuerdo tiene la finalidad de coadyuvar en la lucha que desde hace más de 5 años han gestado vecinas y vecinos del municipio de Guadalajara, así como también integrantes del colectivo Unidos por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas A.C, en defensa de los recursos ambientales existentes en el Parque San Rafael.

Es indispensable hacer valer lo consagrado por el artículo 4, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente al derecho a un medio ambiente sano y la obligación del Estado por garantizarlo.

“

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”

Es por ello, que para lograr lo mencionado por dicho precepto constitucional, es necesario fomentar e impulsar los mecanismos existentes de protección y procuración de justicia ambiental. Toda vez, que la protección y procuración de la justicia ambiental responde a una de las principales exigencias de la sociedad jalisciense, el cual es poder gozar de un ambiente sano.

Es indispensable que se hagan valer los instrumentos y procedimientos jurídicos en la materia, que permitan una protección y defensa real de los derechos de la ciudadanía y del medio ambiente, a fin de que se pueda realizar una intervención oportuna y eficaz por parte de las autoridades competentes respecto de la problemática vigente en el Parque San.

Por esta razón, esta proposición con punto de acuerdo pretende hacer un llamado a diversas instituciones y autoridades ambientales federales, para que cada una de ellas en el ámbito de sus respectivas competencias, establezcan mecanismos de actuación que tengan por objetivo brindar elementos justificables que esclarezcan los hechos realizados hasta el día de hoy en el Parque San Rafael.

De tal manera que, a través de la intervención, el veredicto y resoluciones emitidas por las dichas instituciones y autoridades ambientales federales, se garantice que, en caso de realizarse la obra proyectada, esta no generará ningún perjuicio a la ciudadanía ni al ecosistema de la zona. O bien, en caso contrario, se emitan las declaraciones y resoluciones pertinentes que sustenten la cancelación de toda obra a realizarse en el Parque San Rafael en beneficio de la ciudadanía y sobre todo en beneficio del ecosistema existente.

Instituciones Ambientales para exhortar

1. Semarnat: Es la dependencia del gobierno federal, encargada de establecer criterios e instrumentos institucionales que garanticen la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país. Una de sus tareas fundamentales es lograr la conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y la biodiversidad.

Es necesario por lo tanto hacerle un llamado para que, desde el ámbito de sus atribuciones, analicen y verifiquen el estatus actual de las especies de flora y fauna existentes dentro del Parque San Rafael, y en su caso establezcan las medidas necesarias tendientes a garantizar su protección y salvaguarda.

2. Profepa: Es un órgano administrativo desconcentrado de la Semarnat, el cual tiene como objetivo procurar la justicia ambiental, a través de la aplicación y cumplimiento efectivo de las leyes en la materia.

Una de sus principales metas es el frenar la destrucción de los recursos naturales y revertir los procesos de deterioro ambiental mediante diferentes acciones, como son la inspección, verificación y vigilancia.

Es por tanto, que resulta necesario hacerle un llamado para que, dentro de sus atribuciones, realice las acciones necesarias tendientes a preservar y proteger los recursos forestales, de vida silvestre y el ecosistema en riesgo dentro del Parque San Rafael.

3. Conagua: Es un organismo público perteneciente a la Semarnat, con el objetivo de administrar, regular, controlar y proteger los recursos hídricos del país.

Se solicita su intervención para que, dentro del ámbito de sus competencias, realicen las acciones necesarias a fin de intervenir como mediador en el conflicto suscitado en el Parque San Rafael, con el firme objetivo de garantizar la prevención, mitigación y una resolución que salvaguarde los recursos hídricos de la zona.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente pongo a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, realice las acciones pertinentes a fin de analizar y verificar el estatus actual que guardan las especies de flora y fauna existentes dentro del Parque San Rafael, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Y en caso de encontrarlas en riesgo derivado de la construcción del proyecto de depósito de retención pluvial, establecer las medidas necesarias que garanticen su protección y conservación.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, realice una visita de inspección y vigilancia dentro del Parque San Rafael, ubicado en el municipio de Guadalajara. Lo anterior, con el objetivo de proteger, preservar y en su caso restaurar los recursos forestales, de vida silvestre, así como de todo el ecosistema que pudiera estar en riesgo dentro de dicha zona derivado de la construcción del proyecto de depósito de retención pluvial.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua, para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, realice las acciones pertinentes a fin de intervenir como mediador en el conflicto suscitado en el Parque San Rafael, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Lo anterior, con el objetivo de garantizar la prevención, mitigación y solución de los posibles riesgos hídricos que pudieran existir en la zona derivados de la construcción del proyecto de depósito de retención pluvial.

Notas

1. Estudio Técnico SIAPA “Depósito De Detención Pluvial San Rafael”, SIAPA, 2016, Véase en:

https://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/doctrans/estudio_pa ra_solicitar_exencion_deposito_de_detencion_pluvial_san_rafael.pdf

2. Ibidem

3. ¿Qué es el Colectivo Unido por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas? A. C.?, YouTube, Véase en:

https://www.youtube.com/watch?v=nBuGk4ugXcA

4. Nacimiento del Colectivo Unido por Jardines de la Paz y Colonias Aledañas, A. C., YouTube, Véase en:

https://www.youtube.com/watch?v=z2yIDVvH9l8

5. Ibídem

6. Gran San Rafael deja derrama de 100 MDP, Informador Mx, 2021, Véase en:

https://www.informador.mx/economia/Gran-San-Rafael-deja-derrama- de-100-MDP–20210824-0149.html

7. Ibarra, Josué, #YoPrefieroElParqueSanRafael: una campaña en defensa de las áreas naturales urbanas, Laboratorio de Conflictos Socioambientales, 2022, Véase en:

https://labcsa.org/2022/07/01/yoprefieroelparquesanrafael-una-ca mpana-en-defensa-de-las-areas-naturales-urbanas/

8. Ibidem

9. I bidem

10. Parque San Rafael: vecinos no se dan por vencidos y preparan defensa jurídica, El Occidental, 2022, Véase en:

https://www.eloccidental.com.mx/local/parque-san-rafael-vecinos- no-se-dan-por-vencidos-y-preparan-defensa-juridica-calculan-que-seran-derribado s-700-arboles-8456633.html

11. Audiencia Incidental 1235/2022, del 08 de agosto de 2022, Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativas, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco.

12. Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Diario Oficial de la Federación, Véase en:

https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4254/semarnat/semarnat.ht m

13. Recomendación 19/2018, Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Véase en:

http://cedhj.org.mx/recomendaciones/emitidas/2018/Reco%2019-2018 .pdf

14.  “Mientras los tribunales no actúen: el Parque San Rafael seguirá siendo destruido”, ZonaDocs, 2022, Véase en:

https://www.zonadocs.mx/2022/07/13/mientras-los-tribunales-no-ac tuen-el-parque-san-rafael-seguira-siendo-destruido/

15. Continúa lucha de oposición contra las obras en el parque San Rafael, Milenio, 2022, Véase en:

https://www.milenio.com/politica/comunidad/parque-san-rafael-con tinua-lucha-oposicion-obras

16. Colector San Rafael afectará a 176 familias, W Radio, 2022, Véase en:

https://wradio.com.mx/emisora/2022/06/17/guadalajara/1655422682_ 450879.html

17. Vecinos se oponen a obras del colector pluvial en el parque San Rafael, Milenio, 2022, Véase en:

https://www.milenio.com/politica/comunidad/parque-san-rafael-vec inos-oponen-obras-colector-pluvial

18. Vecinos buscan frenar, otra vez, obra en Parque San Rafael, Laboratorio de Conflictos Socioambientales, 2022, Véase en:

https://labcsa.org/2022/06/17/vecinos-buscan-frenar-otra-vez-obr a-en-parque-san-rafael/

19. Ibídem

20. SIAPA Inicia La Construcción Del Depósito Pluvial San Rafael, Gobierno del Estado de Jalisco, Véase en:

https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/145256

21. Obras de colector pluvial inician pese a oposición de vecinos en Parque San Rafael, UDG, 2022, Véase en:

https://udgtv.com/noticias/obras-colector-pluvial-inician-pese-o posicion-de-vecinos-parque-san-rafael/

22. “Mientras los tribunales no actúen: el Parque San Rafael seguirá siendo destruido”, ZonaDocs, 2022, Véase en:

https://www.zonadocs.mx/2022/07/13/mientras-los-tribunales-no-ac tuen-el-parque-san-rafael-seguira-siendo-destruido/

23. La lucha por detener obras del Parque San Rafael no se detiene, El Occidental, 2022, Véase en:

https://www.eloccidental.com.mx/local/la-lucha-por-detener-obras -del-parque-san-rafael-no-se-detiene-8538454.html

24. “Mientras los tribunales no actúen: el Parque San Rafael seguirá siendo destruido”, ZonaDocs, 2022, Véase en:

https://www.zonadocs.mx/2022/07/13/mientras-los-tribunales-no-ac tuen-el-parque-san-rafael-seguira-siendo-destruido/

25. Audiencia Incidental 1235/2022, del 08 de agosto de 2022, Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativas, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco.

26. Vecinos continuarán pelea legal por colector en Parque San Rafael, Laboratorio de Conflictos Socioambientales, 2022, Véase en:

https://labcsa.org/2022/06/16/vecinos-continuaran-pelea-legal-po r-colector-en-parque-san-rafael/

27. Recomendaciones CEDHJ. 19/2018. (2022) Disponible en:

https://www.siapa.gob.mx/sites/default/files/doctrans/sj-0850-20 19_y_anexos_rec.19-2018.pdf

28. Urge CNDH a gobiernos salvaguardar el derecho a un medio ambiente sano, Crónica, 2019, Véase en:

https://www.cronica.com.mx/notas-urge_cndh_a_gobiernos_salvaguar dar_el_derecho_a_un_medio_ambiente_sano-1119325-2019.html

29. ¿Qué hacemos?, Secretaría de Medio Ambiente, Gobierno Federal, Véase en:

https://www.gob.mx/semarnat/que-hacemos

30. ¿Qué hacemos?, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Gobierno Federal, Véase en:

https://www.gob.mx/profepa/que-hacemos#:~: text=La%20Procuradur%C3%ADa%20Federal%20de%20Protecci%C3%B3n,con%20autonom%C3%A Da%20t%C3%A9cnica%20y%20operativa

31. Ibídem

32. ¿Qué es Conagua y cuál es su importancia para México?, Conagua Portal Informativo, Véase en:

https://conaguagob.com.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de septiembre de 2022.– Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN, A IMPLEMENTAR UN PROGRAMA QUE PERMITA APOYAR A LA CIUDADANÍA ANTE LA CRISIS HÍDRICA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León a implementar un programa que permita apoyar a la ciudadanía ante la crisis hídrica que se vive en dicha demarcación, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Marcela Guerra Castillo, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Nuevo León para que implemente un programa que permita apoyar a la ciudadanía ante la crisis hídrica que se vive en dicho estado, a fin de que las personas en situación de pobreza, en términos de los estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), pueda adquirir un tinaco a precio asequible, pagando a meses sin intereses, con cargo a su recibo de agua, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El agua es el elemento más importante para la vida. Es de importancia vital para el ser humano, así como para todos los seres vivos que habitan este planeta.

De conformidad con el Instituto Nacional de Salud Pública del Gobierno federal, el agua representa 80 por ciento de la composición de la mayoría de los organismos e interviene masiva y decisivamente en la realización de sus procesos metabólicos; asimismo, desempeña un importante papel en la fotosíntesis de las plantas y sirve de hábitat a una gran parte de los seres vivos.

La Organización de las Naciones Unidas ha manifestado que el acceso al agua, saneamiento e higiene es un derecho humano y, sin embargo, miles de millones de personas siguen enfrentándose a diario a enormes dificultades para acceder a los servicios más elementales.

Tan sólo en Nuevo León, vemos que se trata de un problema que lleva años y se debe principalmente a la escasez de lluvia, pues sin ese proceso no se pueden alimentar las presas en la entidad. Por lo que, en temporadas de calor la sequía se nota aún más.

Ante tales hechos, desde el mes de febrero, el gobierno de Nuevo León hizo la declaratoria de emergencia ante los bajos niveles de agua en las principales presas de la entidad y hasta la fecha, la situación no ha mejorado sino por el contrario las protestas y preocupación se han incrementado, sin que se aprecie una solución en breve.

A su vez, la declaratoria de emergencia implicó la suspensión de todas las actividades que por su naturaleza ameriten el uso excesivo de agua y medidas para su cuidado, entre ellas el Plan Agua para Todos, el cual se basó en cortes escalonados por secciones, extendiéndose posteriormente a los municipios hasta mantenerse todos los días con horarios definidos.

De igual forma, el pasado 29 de julio, el Gobierno federal emitió un decreto mediante el cual se busca que los concesionarios de agua en el estado permitan el uso temporal del agua para redireccionarla al uso doméstico en beneficio de las personas.

Sin embargo, la situación es crítica, no se ve en lo inmediato una solución que ponga fin a esta crisis hídrica que se vive día a día por las y los neoleoneses; por ello, en unidad y con pleno respeto a las atribuciones de cada una de las dependencias gubernamentales de los tres ámbitos de gobierno presento la siguiente propuesta, a fin de apoyar a las familias de nuestro estado.

Por ello, es necesario apoyar a la ciudadanía ante la crisis hídrica que vive el estado de Nuevo León, mediante un programa en el que cualquier persona pueda adquirir un tinaco a precio asequible, pagando a meses sin intereses, con cargo a su recibo de agua. Así las cosas, me permito proponer un programa en específico al que titule “Pon tu tinaco”.

Así, el programa propuesto prevé que cualquier persona que cuente con servicio de agua vigente y se encuentre al corriente en sus pagos, pueda adquirir un tinaco a bajo costo y en pagos de hasta 12 meses sin intereses, con cargo a sus recibos de agua.

Destacando las siguientes personas y dependencias que intervienen en el proyecto propuesto:

1. Usuario.

2. Fabricante.

3. Secretaría de Igualdad e Inclusión del Gobierno de Nuevo León.

4. Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y,

5. Diputados locales y federales.

En ese sentido se plantea que el programa pueda funcionar de la siguiente manera:

1. La Secretaría de Igualdad e Inclusión del gobierno de Nuevo León buscará acuerdos con los fabricantes, o bien, con organizaciones de la sociedad civil para que otorguen bajos costos en la adquisición de tinacos de agua para uso doméstico de diferentes capacidades.

Los fabricantes deberán de ser originarios del estado de Nuevo León para fomentar el comercio estatal y evitar sobrecargos por costos logísticos de transportación.

2. Las y los usuarios, a través de una inversión inicial, que no supere los $500 pesos podrán adquirir el tinaco que requieran, según sus necesidades.

El programa debe enfocarse en los polígonos de pobreza que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

3. Los fabricantes pondrán a disposición de las y los usuarios los tinacos y serán éstos últimos quienes corran con los cargos de instalación correspondientes.

4. El monto del valor de los tinacos restante deberá ser cubierto por las y los usuarios, con plazos de hasta 12 meses sin intereses, los cuales serán debidamente cargados a los recibos de agua de cada uno de ellos.

5. Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey será la autoridad encargada de realizar el cobro de los montos restantes a pagar de cada tinaco, con cargo al recibo de agua de cada usuario.

El gobierno estatal deberá realizar los convenios que estime pertinentes, a fin de delimitar las responsabilidades a que haya lugar.

Por otra parte, es importante resaltar que, por tratarse de un programa de desarrollo social, debe de cumplir con los principios de rendición de cuentas y evaluación; por lo que, se plantea que la Secretaría de Igualdad e Inclusión del Gobierno del Estado de Nuevo León elabore y publique en el periódico oficial, las convocatorias y las reglas de operación del programa, para cumplir con los principios de transparencia y rendición de cuentas correspondientes.

Asimismo, las reglas de operación del programa deberán contener mecanismos de evaluación que permitan medir el impacto del beneficio obtenido y establecer un padrón de beneficiarios claro, en términos de la legislación en materia de transparencia aplicable.

Gestión del Programa

Finalmente, se sugiere que tanto la convocatoria como las reglas de operación deberán ser difundidas en las gacetas municipales, en el periódico oficial del estado de Nuevo León; así como, en las páginas y redes sociales oficiales.

Las y los diputados federales y locales del estado de Nuevo León deberán realizar campañas de promoción masiva y constante del programa.

Las y los representantes populares podrán realizar censos y estudios en sus respectivas áreas territoriales para asegurar una promoción extensiva. O bien, hacer uso de los medios de comunicación al interior de sus Cámaras, sus casas de gestión y mediante redes sociales oficiales.

En mérito de lo expuesto, es que con la presente propuesta se busca apoyar a las familias neoleonesas ante esta grave crisis hídrica que se vive día a día en nuestro estado, por lo que es necesario exhortar al gobierno de Nuevo León para que implemente una política pública que permita que cualquier persona pueda adquirir un tinaco a bajo precio, con facilidades de pago y que esto pueda hacerse con cargo a sus recibos de agua, para facilitar a la ciudadanía el cobro del mismo.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Nuevo León para que implemente un programa que permita apoyar a la ciudadanía ante la crisis hídrica que se vive en dicho estado, a fin de que las personas en situación de pobreza, en términos de los estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, pueda adquirir un tinaco a precio asequible, pagando a meses sin intereses, con cargo a su recibo de agua.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2022.– Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

RELATIVO A LA CORRUPCIÓN INMOBILIARIA EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, sobre la corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Lidia Pérez Bárcenas, del Grupo Parlamentario de Morena

Lidia Pérez Barcenas, diputada de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, del reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera.  El crecimiento del sector inmobiliario en la Ciudad de México ha presentado un especial dinamismo en la última década, sin embargo, ha contado con un enorme componente de corrupción e irregularidades, especialmente en el periodo comprendido entre 2012 - 2021 concentrándose primordialmente en alcaldías como Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

Con la finalidad de incentivar la construcción de viviendas de interés social, sustentables y que garantizará el rescate y mejoramiento del Patrimonio Cultural Urbano de la Ciudad de México, el 10 de agosto de 2010 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la “Norma para incentivar la producción de vivienda sustentable”, de interés social y popular”, también conocida como la “Norma 26”

La Norma 26, otorgaba facilidades administrativas e incentivos a los constructores de vivienda cuyo precio final de venta se encontrará entre 20 hasta 30 veces el salario mínimo anualizado (Vsma). El principal estímulo que recibían las empresas constructoras era la posibilidad de agregar un mayor número de viviendas y niveles en sus desarrollos.

Pese a que el objetivo de la Norma 26 era la creación de vivienda popular destinada a la población con menores ingresos de la Ciudad, el ordenamiento jurídico fue objeto de abuso por parte de múltiples constructores quienes bajo el amparo de esta, en colusión con autoridades, construyeron departamentos con precios muy por encima de lo permitido.

Las múltiples violaciones a la legislación y los reglamentos en materia de construcciones dentro de la demarcación Benito Juárez han sido objeto de diversos señalamientos de corrupción a cargo de funcionarios públicos, denunciados por vecinos y distintos trabajos periodísticos, entre otros, por el abuso en el uso de la Norma 26.

En febrero de 2014, durante la gestión del entonces Jefe delegacional en Benito Juárez, el panista, Jorge Romero Herrera, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (Paot), emitió la recomendación 02/2014 en contra de la demarcación por violaciones en materia de construcción en distintos inmuebles ubicados dentro de sus límites territoriales

Ex edil, quien por cierto, ha sido señalado por la adquisición de un de pent-house de lujo a un precio muy por debajo del valor de mercado, transacción por la cual pagó tan solo $1,600,000 a la empresa “Grupo Rouz”, desarrolladora con una muy importante presencia en la construcción de obras dentro de la demarcación.

Segunda. En un hecho conocido, la tarde del 19 de septiembre de 2017 un sismo de magnitud 7.1 fue registrado en la Ciudad de México. Fenómeno que de acuerdo con información oficial proporcionada por el Gobierno de México, provocó la muerte de 228 personas solo en la Ciudad de México, destacando de forma lamentable como las demarcaciones con mayor número de víctimas mortales las alcaldías Cuauhtémoc con 102 y Benito Juárez con 43 decesos, es decir 44.7% y 18.9% respectivamente.

Asimismo, el sismo provocó el colapso de 44 inmuebles de los cuales, nuevamente, la demarcación con mayor número de derrumbes fue Benito Juárez con 14. Cifra que sumada a los edificios que no cayeron, pero que fueron desalojados ante el riesgo en sus estructuras sumaron 35, de los cuales, 17 fueron construidos dentro de los previos 10 años al sismo, es decir 1 de cada 4 inmuebles fue construido con el aval y la supervisión de las autoridades de la delegacionales entre 2007 y 2017.

A mayor abundamiento, a continuación se enlista el nombre de los titulares de la demarcación Benito Juárez:

Tercera. El pasado 30 de julio de 2022, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fgjcdmx), a través de una conferencia de prensa, informó a la opinión pública diversas acciones emprendidas por ese órgano ministerial en relación al denominado “Cartel Inmobiliario”, quienes presuntamente, bajo el amparo de cargos públicos crearon una red de otorgamiento de permisos y colusiones fuera de la ley para la construcción de departamentos.

Entre otras acciones, la Policía de Investigación llevó a cabo la detención, en cumplimiento de una orden de aprehensión, de Luis Vizcaíno Carmona, quien entre 2009 y 2016 se desempeñó como Director General de Jurídico y de Gobierno de la alcaldía Benito Juárez.

La Fiscalía, a través de su vocero, señaló contar con indicios de que el señalado aprovechó su posición como alto funcionario de la Alcaldía Benito Juárez para llevar a cabo extorsiones y supuestos intercambios de favores en beneficio de constructoras, obteniendo así lucros económicos para si mismo y para sus superiores jerárquicos, con los cuales se habría incrementado de forma considerable su patrimonio, no correspondiendo los montos a sus ingresos obtenidos como servidor público.

La Pgjcdmx dio a conocer que, un juez de control concedió órdenes de cateo para poder ingresar a 39 inmuebles presuntamente relacionados con los hechos delictivos, cumplimentando al momento de la información 21 de ellos. Resulta un hecho relevante señalar que, uno de los inmuebles intervenidos es actualmente arrendado por el ex Jefe Delegacional de Benito Juárez durante el periodo 2015 — 2018, Christian Damián Von Roehrich De La Isla, quien fuera superior jerárquico del hoy imputado.

Con fecha 4 de agosto de 2022, un juez de control adscrito al Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, decidió vincular a proceso Luis Vizcaíno Carmona por el delito de enriquecimiento ilícito, toda vez que la Fgjcdmx aportó en la carpeta de investigación los elementos necesarios a la autoridad judicial, concediendo además la medida cautelar denominada “prisión preventiva justificada” en contra del imputado y concediendo un periodo de 3 meses para la realización de la investigación complementaria.

Cuarta. Con relación a los señalamientos a los integrantes del denominado “Cartel Inmobiliario”, entre otros de Luis Vizcaíno Carmona y  Nicias René Aridjis Vázquez ex Director de Obras y Desarrollo Urbano de Gobierno, el pasado 1 de agosto de 2022 Ulises Lara López, vocero de la Fgjcdmx, dio a conocer la forma de operación del presunto grupo delictivo, el cual permitió a varios funcionarios de la demarcación Benito Juárez incrementar de forma significativa su patrimonio de forma injustificada.

Los hoy señalados de pertenecer a la presunta red de corrupción, de acuerdo con las investigaciones, se coludían o en algunos casos extorsionaban a empresarios inmobiliarios para otorgar licencias y permisos, facilidades en verificaciones, autorizar construir más pisos o viviendas de los permitidos por las normas, así como para utilizar influencias en los procesos de zonificación y modificaciones de usos de suelo, todo ello a cambio de recibir inmuebles o dinero.

De igual forma, de manera ilegal se permitieron que fueran derrumbadas edificaciones con valor histórico, tal es el caso del edificio conocido como “La antigua Octava Delegación de Policía”, ubicado entre las calles de Obrero Mundial y Av. Cuauhtémoc, pese a que el INBA solicito por lo menos en dos ocasiones la suspensión de la obra, toda vez que la construcción formaba parte de su catálogo, en enero de 2014 se demolió el inmueble. Posteriormente en ese terreno se construyó un estacionamiento de la plaza comercial “Parque Delta”.

El vocero señaló que de 2017 a 2021, de manera posiblemente irregular se autorizaron más de 1,000 manifestaciones de construcción para obras nuevas en la Alcaldía, lo que motivó diversas investigaciones a cargo de la Fiscalía. Se detalló que en agosto de 2021 se registró una explosión en un inmueble ubicado en la avenida Coyoacán. Dicho edificio recibió las manifestaciones de obra nueva y el dictamen de habitabilidad durante la gestión de Nicias Aridjis.

De acuerdo con las investigaciones, Nicias Aridjis, quien en 20011 había sido inhabilitado por la Contraloría capitalina por presunto enriquecimiento ilícito, posee un par de departamentos de ese inmueble, “mismos que pudieron haberle sido entregados como contraprestación a cambio de las facilidades que la Alcaldía ofrecía para la construcción de obras nuevas, además de ser propietario de empresas del ramo constructor con desarrollos dentro del territorio de la demarcación, lo que aduciría un claro conflicto de interés”.

La autoridad ministerial, establece como hipótesis que el indiciado, ex Director de Obras y Desarrollo Urbano, “posiblemente fue el responsable de la construcción desmedida de inmuebles en la demarcación” toda vez que entre sus facultades se encontraba garantizar que todo proyecto de construcción e infraestructura cumpliera con la normatividad aplicable y dar el visto bueno a las manifestaciones de obra y construcción. Entre otros autorizó un inmueble ubicado en Av. Zapata y que resultó con dañados en el sismo de 2017, el edificio colapsó nueve meses después de haber sido inaugurado.

Como parte de las investigaciones respecto a los hechos delictivos aquí narrados, la Fgjcdmx se encuentra en la búsqueda de Nicias Aridjis para dar cumplimiento a una orden de aprensión.

Quinta.  De acuerdo con una investigación periodística dada a conocer en el noticiario “En Punto” conducido por Denisse Maerker, entre 2012 y 2018 Luis Vizcaíno Carmona, y Nicias René Aridjis Vázquez, funcionarios de las administraciones panistas encabezadas por Jorge Romero y Christian Von Roehrich, fundaron una docena de empresas constructoras y comercializadoras inmobiliarias, además adquirieron inmuebles cuyo monto se calcula en los 500 millones de pesos.

De igual forma se señala que en 2015 Nicias René Aridjis Vázquez y sus hermanos fundaron la empresa “Construcciones y Desarrollos Virtuales S.A. de C.V. y tres años después transfirieron la sociedad a Sofia Sorata Von Roehrich De La Isla, hermana del ex Jefe delegacional de Benito Juárez.

Sexta. Derivado de una solicitud de información sobre permisos de construcción otorgados por la Alcaldía Benito Juárez, el órgano político administrativo informó, que durante los días 15 y 16 de septiembre de 2020 se presentó una fuerte lluvia que provocó la inundación del edificio conocido como “Centro de Soluciones Ciudadanas”, donde a decir de las autoridades, en el sótano se encontraban dichas documentales, mismas que según se indica fueron dañadas y no hay forma de poder consultarse.

Séptima.  El pasado 10 de agosto, la senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una proposición con punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Ciudad de México a crear una comisión de investigación para coadyuvar en el esclarecimiento de los presuntos hechos de corrupción inmobiliaria en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

La proposición en cita, a su vez da cuenta de diversas proposiciones con puntos de acuerdo presentados en el Congreso de la Ciudad de México por las diputadas y diputados Ana Francis López Bayghen Patiño, Carlos Cervantes Godoy, Indalí Pardillo Cadena, José Martín Padilla Sánchez, Martha Soledad Ávila Ventura y Paula Adriana Soto Maldonado, a través de los cuales se abordan problemas específicos relacionados con diversas irregularidades en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

Octava. El sistema de pesos y contrapesos en el Estado, ejercido esencialmente a través de la separación de poderes fortalece la aspiración histórica de gobiernos democráticos, en ese sentido, el papel de los poderes legislativos tanto de las entidades federativas como en la Federación resulta indispensable toda vez que su naturaleza radica en la representación popular, para entre otras cosas, el correcto actuar de los otros dos poderes, así como para coadyuvar en el combate a la corrupción.

Uno de los instrumentos diseñados para ello es el denominado control parlamentario, mismo que ha sido estudiado por distintos doctrinarios y el cual define, por ejemplo, la doctora Cecilia Mora Donatto como:

“ Un control de tipo político que se ejerce a través de todas las actividades parlamentarias, con especial interés de las minorías, y cuyo objeto es la fiscalización de la acción general del gobierno, lleve o no aparejada una sanción inmediata”.

Para lo cual el poder legislativo cuenta con las comparecencias obligatorias del ejecutivo, así como con la creación de comisiones de investigación, solicitudes de comparecencia y la pregunta parlamentaria.

Es en ese orden de ideas, reconocemos y respaldamos las acciones emprendidas desde el Congreso de la Ciudad de México para el combate a la corrupción en contra del denominado “Cartel Inmobiliario”.

La Cámara de Diputados no puede ser ajena a los fenómenos de corrupción que se presentan en la Ciudad de México, más aún cuando se trata de una entidad donde se asientan los poderes de la Unión.

En ese mismo sentido, esta representación popular esta obligada a coadyuvar en el combate a la corrupción de todas las entidades de la República, hasta erradicar un flagelo que daña e indigna a la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Congreso de la Ciudad de México, con pleno respeto a su autonomía constitucional, a fortalecer el Sistema Anticorrupción de dicha entidad, con objeto de mejorar la prevención, detección, investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respalda, con pleno respeto a su autonomía constitucional, todas las acciones legislativas y de control político que emprenda el Congreso de la Ciudad de México para esclarecer los presuntos hechos de corrupción inmobiliaria en las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo, de esa entidad.

Notas

1. https://paot.org.mx/centro/normas/df/pdf/2015/NGO_26_10_08_ 2010.pdf

2. https://www.reporteindigo.com/reporte/fantasmas-de-la-corrupcion-inmobiliaria-e n-benito-juarez/

3. https://paot.org.mx/contenidos/paot_docs/pdf/Recomedaciones_ 01_02_2014.pdf

4. https://www.sinembargo.mx/14-05-2015/1343798

5. https://ciencia.unam.mx/leer/652/-que-ocurrio-el-19-de-septiembre-de-2017-en-me xico-

6. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/492596/Bolet_n_ SEPTIEMBRE_2019.pdf Pág. 23

7. https://paot.org.mx/micrositios/riesgo-sismico/edificios-colapsados-19s_2.html

8. https://gatopardo.com/reportajes/corrupcion-inmobiliaria-en-la-benito-juarez/

9. https://www.fgjcdmx.gob.mx/comunicacion/nota/CS2022-721

10 Idem

11. https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cartel-inmobiliario-vinculan-proceso-l uis-vizcaino-exfuncionario-de-la-cdmx

12. https://www.excelsior.com.mx/expresiones/2014/01/11/937724

13. https://www.fgjcdmx.gob.mx/comunicacion/nota/CS2022-727

14. Ídem

15. Ídem

16. https://www.youtube.com/watch?v=Zn3XuoJZgkM

17. https://www.debate.com.mx/cdmx/Reporta-BJ-perdida-de-permisos-para-construccion -20220819-0063.html

18. https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/1/2022-08-10-1/assets/documentos/5 0-PA_Sen.Minerva_corrupcion_inmobiliaria.pdf

19. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5638/8.pdf  Pág.278

20. Ibidem Pág. 280

Dado en la Cámara de Diputados el 1 de septiembre de 2022– Diputada Lidia Pérez Bárcenas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, A DESIGNAR A LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CONADIS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a designar a la persona titular de la Dirección General del Conadis, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Norma Angélica Aceves García, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal para que designe a la persona titular de la Dirección General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) es el organismo público descentralizado rector de las políticas públicas en la materia, creado por mandato de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD), que de conformidad con su artículo 39 tiene por objeto la coordinación institucional e interinstitucional, así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas.

Las atribuciones del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, se encuentran contenidas en el artículo 42 de la Ley General para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que dispone lo siguiente:

“Artículo 42. Para el cumplimiento de la presente Ley, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Coordinar y elaborar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

II. Enviar el Programa a las Cámaras del Congreso de la Unión para su conocimiento;

III. Promover el goce y ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, así como hacer de su conocimiento los canales institucionales para hacerlos exigibles ante la autoridad competente;

IV. Promover la accesibilidad en la infraestructura física de instalaciones públicas y los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para la atención segura y accesible de la población con discapacidad;

V. Promover la elaboración, publicación y difusión de estudios, investigaciones, obras y materiales sobre el desarrollo e inclusión social, económico, político y cultural de las personas con discapacidad;

VI. Promover y fomentar la cultura de la dignidad y respeto de las personas con discapacidad, a través de programas y campañas de sensibilización y concientización;

VII. Solicitar información a las instituciones públicas, sociales y privadas que le permitan el cumplimiento de las atribuciones que le confiere la presente Ley;

VIII. Promover la firma, ratificación y cumplimiento de instrumentos internacionales o regionales en materia de discapacidad;

IX. Difundir y dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contraídas con gobiernos e instituciones de otros países, así como con organismos internacionales relacionados con la discapacidad;

X. Celebrar acuerdos de colaboración con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, para el desarrollo de proyectos que beneficien a las personas con discapacidad;

XI. Suscribir convenios con el sector gubernamental y los sectores productivos y empresariales, para que se otorguen descuentos, facilidades económicas o administrativas en la adquisición de bienes y servicios públicos o privados, a las personas con discapacidad o sus familias;

XII. Promover la armonización de Leyes y Reglamentos a nivel federal, estatal o municipal, respecto de las disposiciones establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;

XIII. Promover la creación y aplicación de Normas Oficiales Mexicanas en materia de discapacidad;

XIV. Elaborar, presentar y difundir anualmente el informe de avances y resultados del Programa;

XV. Presentar un informe anual de actividades;

XVI. Coadyuvar con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la elaboración de los informes que el Estado Mexicano presentará ante los organismos internacionales, sobre la aplicación y cumplimiento de los instrumentos internacionales en materia de discapacidad, y

XVII. Las demás que se establezcan en esta Ley, su Reglamento, Estatuto Orgánico del Consejo y demás disposiciones aplicables”.

El artículo 43 de la LGIPD señala que la administración del Conadis corresponde a la junta de gobierno y la dirección general. Asimismo, la LGIPD señala en su artículo 50 que la dirección general del Conadis tendrá, además de aquellas que establece el artículo 59 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes facultades:

“I. Planear, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento del Conadis, con sujeción a las disposiciones aplicables;

II. Presentar a la consideración de la Junta de Gobierno el proyecto del Programa;

III. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno el informe anual de actividades y el informe sobre el ejercicio presupuestal;

IV. Ejecutar los acuerdos y demás disposiciones del Conadis y de la Junta de Gobierno, así como supervisar su cumplimiento por parte de las unidades administrativas competentes del Conadis;

V. Elaborar el informe anual de actividades, así como el ejercicio presupuestal, éste último previa opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

VI. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno el proyecto del Estatuto Orgánico;

VII. Nombrar a los servidores públicos del Conadis, a excepción de aquellos que ocupen los dos niveles jerárquicos inferiores inmediatos al titular;

VIII. Ejercer la representación legal del Conadis, así como delegarla cuando no exista prohibición expresa para ello;

IX. Celebrar acuerdos de colaboración con organismos nacionales e internacionales para el desarrollo de las atribuciones del Conadis, de conformidad con las normas aplicables;

X. Proponer a la Junta de Gobierno el tabulador salarial del Conadis, y

XI. Las demás que le confieran éste u otros ordenamientos”.

Adicionalmente, el Estatuto Orgánico del Conadis señala en su artículo 25 que al frente del Consejo estará la persona titular de la dirección general, quien tendrá, además de aquellas señaladas en la LGIPD, las siguientes atribuciones:

“I. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno el Informe Anual de Actividades, el informe sobre ejercicio presupuestal y los Estados Financieros correspondientes;

II. Someter a consideración y aprobación de la Junta de Gobierno, el o los proyectos pertinentes para expedir, abrogar, derogar o reformar el Estatuto Orgánico del Conadis y una vez aprobado, realizar los trámites administrativos necesarios para su publicación en el Diario Oficial de la Federación;

III. Expedir las copias certificadas de los documentos que obren en los archivos del Consejo;

IV. Ejercer la representación legal del Conadis, así como delegarla cuando no exista prohibición expresa para ello;

V. Ejercer todo tipo de acciones legales y desistirse de las mismas, ofrecer y rendir pruebas, interponer recursos y procurar la conciliación en beneficio del Conadis;

VI. Formular denuncias y querellas, coadyuvar con el Ministerio Público en la fase indagatoria y durante los procedimientos penales y, en su caso, otorgar el perdón cuando proceda, celebrar acuerdos reparatorios, de conformidad con lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como formular, en general, todas las promociones y actos procesales que a dichos juicios y procedimientos se refieran;

VII. Celebrar, suscribir y otorgar toda clase de actos, poderes generales, especiales y documentos inherentes a su cargo, así como expedir los acuerdos, circulares, sustituir y revocar poderes generales, especiales y demás disposiciones jurídicas de su competencia, tendientes al buen despacho de las funciones del Conadis y a lograr el objeto del mismo, sin perder el ejercicio de éstas, inclusive las que requieran autorización o cláusula especial;

VIII. Proponer a la Junta de Gobierno el tabulador salarial del Conadis, así como estímulos, premios, bonos u otros conceptos de gasto de servicios personales, de acuerdo con la normatividad aplicable;

IX. Delegar en los funcionarios del Conadis, las atribuciones que expresamente determine, sin menoscabo de conservar su ejercicio directo;

X. Presentar oportunamente a la coordinadora sectorial, el anteproyecto de presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal, previamente aprobado por la Junta de Gobierno, para enviarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que se integre al Presupuesto de Egresos de la Federación;

XI. Ejercer el presupuesto anual de egresos del Conadis, de conformidad con los ordenamientos y disposiciones legales aplicables;

XII. Supervisar y vigilar la debida observancia del presente Estatuto Orgánico y demás ordenamientos que rijan al Conadis;

XIII. Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, el Manual de Organización General del Conadis;

XIV. Publicar en el Diario Oficial de la Federación la Convocatoria para la integración de la Asamblea Consultiva en términos de lo dispuesto en el presente Estatuto;

XV. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación y aplicación de este ordenamiento y, de estimarlo necesario, someterlas a la consideración de la Coordinadora de Sector;

XVI. Intervenir como representante del Estado Mexicano en eventos internacionales;

XVII. Apoyar en la convocatoria, coordinar la logística de las sesiones ordinarias de la Asamblea Consultiva y, en caso de estimarlo conveniente, estar presente en las sesiones de la misma, y

XVIII. Las demás que le señalen otras disposiciones jurídicas aplicables o le encomiende el Titular de la Presidencia de la República”.

De acuerdo al artículo 49 de la LGIPD, la persona titular del Conadis será designada por el Presidente de la República con base en los siguientes requisitos:

• Tener la ciudadanía mexicana por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

• Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos, experiencia en materia administrativa y de discapacidad, y

• No encontrarse en alguno de los impedimentos que para ser miembro del Órgano de Gobierno señalan las fracciones II, III, IV y V del artículo 19 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Como se expone, la legislación únicamente contempla que a través del titular del Ejecutivo federal sea nombrada quien ocupará la dirección general del Conadis, quien casi a la mitad de su gestión no ha cumplido con su obligación, dejando sin mando al organismo y abonando, con su omisión, a una inoperancia que en verdad hace del Consejo una institución que no puede cumplir con sus obligaciones. En concreto, el organismo tiene desde el 1 de diciembre de 2018 sin persona que lo encabece, que se traduce en tres años y nueve meses sin responsable.

El hecho de no nombrar a una persona responsable del Conadis, no sólo impacta en que un puesto o plaza esté vacante, repercute de manera negativa en la política nacional y en el quehacer del organismo, a tal grado que una de las razones de ser de la institución como es la creación, seguimiento y evaluación del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y que de conformidad con la LGIPD debería haber sido publicado el primer trimestre de 2019, al día de hoy se desconoce la existencia de, siquiera, un proyecto de programa.

Todo ello, además de generar incertidumbre institucional, representa una vez más, un incumplimiento a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, por ende, retroceso en el camino hacia la inclusión de las personas con discapacidad.

Como se ha expuesto, de seguir en esta lógica, el Conadis está condenado a una participación accesoria y testimonial en la construcción de la política pública, que aunada al inexplicable silencio del titular de la Secretaría de Bienestar sobre una política encaminada al acceso a los derechos, se concluye que el único interés del Gobierno federal, es repartir sin diagnóstico y metodología, recursos para mantener su proyecto de poder, sin que se tenga un proyecto de gobierno.

Así, el presente punto de acuerdo tiene como finalidad insistir en la necesidad y obligación del Poder Ejecutivo federal de designar a la persona titular de la Dirección General del Conadis.

Es importante señalar, que el pasado 10 de marzo de 2022, en la quinta reunión ordinaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, estaba contemplada en el orden del día la discusión de este asunto; sin embargo, en reunión previa de junta directiva, las diputadas y el diputado del Grupo Parlamentario de Morena, integrantes de dicho órgano, solicitaron retirar este asunto del orden del día, argumentando, entre otros temas, que se estaban realizando acercamientos con la Secretaría de Bienestar, proponiendo que se pudieran tener reuniones de trabajo con dicha dependencia para atender esta solicitud y aunque se les explicó que la mencionada Secretaría nada tiene que ver en el cumplimiento de esta obligación, por mayoría votaron por no entrar a la discusión de este asunto.

Misma situación ocurrió el pasado 28 de abril de 2022, en la sexta reunión ordinaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables; es decir, un mes y dieciocho días después, en la cual bajo los mismos argumentos de tener acercamientos con la Secretaría de Bienestar, cuando se insiste que dicha dependencia nada tiene que ver con el cumplimiento de esta obligación legal y durante el tiempo señalado no se tuvo ningún acercamiento, volvieron a solicitar retirar este exhorto del orden del día y por mayoría votaron por no entrar a la discusión de este asunto, aún cuando es evidente el incumplimiento a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Bajo esos argumentos, se somete a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que designe a la persona titular de la Dirección General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en cumplimiento del artículo 49 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Notas

1 Artículo 39. El Consejo tiene por objeto el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional; así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y el sector privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas derivados de la presente Ley y demás ordenamientos.

2 Artículo 59. Serán facultades y obligaciones de las personas Titulares de las Direcciones Generales de las entidades, las siguientes:

I. Administrar y representar legalmente a la entidad paraestatal;

II. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, así como los presupuestos de la entidad y presentarlos para su aprobación al Órgano de Gobierno. Si dentro de los plazos correspondientes la Directora o Director General no diere cumplimiento a esta obligación, sin perjuicio de su correspondiente responsabilidad, el Órgano de Gobierno procederá al desarrollo e integración de tales requisitos;

III. Formular los programas de organización;

IV. Establecer los métodos que permitan el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles de la entidad paraestatal;

V. Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones de la entidad se realicen de manera articulada, congruente y eficaz;

VI. Establecer los procedimientos para controlar la calidad de los suministros y programas, de recepción que aseguren la continuidad en la fabricación, distribución o prestación del servicio;

VII. Proponer al Órgano de Gobierno el nombramiento o la remoción de los dos primeros niveles de servidores de la entidad, la fijación de sueldos y demás prestaciones conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente aprobado por el propio Órgano;

VIII. Recabar información y elementos estadísticos que reflejen el estado de las funciones de la entidad paraestatal para así poder mejorar la gestión de la misma;

IX. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos;

X. Presentar periódicamente al Órgano de Gobierno el informe del desempeño de las actividades de la entidad, incluido el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes. En el informe y en los documentos de apoyo se cotejarán las metas propuestas y los compromisos asumidos por la dirección con las realizaciones alcanzadas;

XI. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con que se desempeñe la entidad y presentar al Órgano de Gobierno por lo menos dos veces al año la evaluación de gestión con el detalle que previamente se acuerde con el Órgano y escuchando al Comisario Público;

XII. Ejecutar los acuerdos que dicte el Órgano de Gobierno;

XIII. Suscribir, en su caso, los contratos colectivos e individuales que regulen las relaciones laborales de la entidad con sus trabajadores; y

XIV. Las que señalen las otras Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás disposiciones administrativas aplicables con las únicas salvedades a que se contrae este ordenamiento.

3 Artículo 34. El Programa deberá cumplir con los siguientes lineamientos generales:

I. Se deberá elaborar, revisar, modificar o ratificar y publicar en el Diario Oficial de la Federación en el primer trimestre del año y para su mayor difusión será publicado en las Gacetas o Periódicos Oficiales de las Entidades Federativas;

[...]

4 Norma Angélica Aceves García, “Presupuesto federal de 2021 en materia de inclusión social de las personas con discapacidad”, 21 de septiembre de 2020. Visto en:

http://www.discapacidad.pri.org.mx/Articulos/Articulo.aspx?y=106 94 consultado el 30 de septiembre de 2021.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2022.– Diputada Norma Angélica Aceves García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

EXHORTO A LAS LEGISLATURAS LOCALES, A INSCRIBIR EN EL MURO DE HONOR DE SUS RECINTOS EL NOMBRE DE LA PRIMERA MUJER QUE OCUPÓ UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las legislaturas locales a inscribir en el Muro de Honor de sus recintos el nombre de la primera mujer que ocupó un cargo de elección popular, a cargo de la diputada Adriana Bustamante Castellanos, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita diputada Adriana Bustamante Castellanos integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y artículo 79, numeral 2, fracción II del reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El 19 de julio de 1823, se expidió el primer decreto por el primer Congreso Constituyente de México independiente, en ese escrito se ordenó instalar en letras de oro los nombres de 13 héroes del gran movimiento de Independencia de 1810.

Los cuales fueron Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Abasolo, José María Morelos, Mariano Matamoros, Leonardo y Miguel Bravo, Hermenegildo Galeana, José Mariano Jiménez, Francisco Xavier Mina, Pedro Moreno y Víctor Rosales.

El decreto estableció que las letras debían colocarse en el “Salón de Cortes” de la sede del Poder Legislativo, pero en ese entonces, los primeros Congresos constituyentes y constitucionales tuvieron diferentes sedes, todas provisionales.

Es de mencionar, que en el decreto se excluyeron los nombres de dos personajes claves en la consumación de la Independencia de México en 1821, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide.

(Asimismo, no se incluyeron en el precepto a ninguna mujer, siendo desde esa época reconocidas por su destacada participación Josefa Ortiz de Domínguez, la Corregidora, y el de Leona Vicario.)

La ausencia de Agustín de Iturbide en el decreto se debió a que, tras la caída de la Corona Española, éste se instituyó como el primer Emperador Constitucional de México y entre sus primeras acciones ordenó la disolución del Primer Congreso Constituyente, en su lugar se instituyo la Junta Nacional Instituyente, posteriormente, ante el triunfo de las fuerzas antiimperialistas, Agustín de Iturbide reinstaló el Congreso y éste decretó la nulidad del Imperio.

En lo referente, al nombre de Vicente Guerrero se inscribió en el muro de honor entre los héroes de la patria, 18 años después, en 1841, cuando el Tercer Congreso Constitucional Centralista emitió el segundo decreto para la inscripción de letras de oro, a ese benemérito patriota.

Fue hasta 1829, cuando el Tercer Congreso Constitucional por fin tuvo una sede permanente: el Palacio Nacional, en la Ciudad de México, donde se erigió el primer Muro de Honor, únicamente con esos nombres.

Segunda.- En 1912, el recinto de Donceles albergaba en su Muro de Honor 29 inscripciones en letras de oro, conforme un informe documentado en el libro “ Letras de oro en los muros de honor de la Cámara de Diputados”.

En los años iniciales del recinto legislativo, en el Muro de Honor se colocó el nombre de Agustín de Iturbide. Sin embargo, fue retirado aproximadamente en el año de 1921. En la actualidad, este personaje no aparece en el Muro de Donceles, ni el de Palacio Legislativo de San Lázaro.

Es de mencionar, que la Cámara de Diputados federal sesionó en Donceles de 1911 a 1981, se expidieron 24 decretos que establecieron añadir 28 leyendas y nombres en el muro de honor, con lo que se contabilizaron un total de 57 inscripciones.

Durante este periodo, entre las inscripciones destacan las figuras de la Revolución Mexicana como Álvaro Obregón (1929), Aquiles Serdán (1932), Belisario Domínguez (1936), Carmen Serdán (1948), Emiliano Zapata (1931), Felipe Carrillo Puerto (1930), Francisco I. Madero (1925), Francisco Villa (19669 y Venustiano Carranza (1931).

Asimismo, la XLI Legislatura (1949-1952), se “emitió un decreto para inscribir el nombre de Cuauhtémoc, el último tlatoani azteca, evocando por primera vez el pasado prehispánico, y 54 años después se colocó el nombre de Nezahualcóyotl, señor de Texcoco.”

Desde la construcción del Muro de Honor en la sede del Palacio Legislativo de San Lázaro, los nombres que sean inscritos en el Muro de Honor son: Francisco J. Múgica (1984), Pedro Sáinz de Baranda (1988), Fray Servando Teresa de Mier (1992), Ignacio Manuel Altamirano (1992), Vicente Lombardo Toledano (1993), Sor Juana Inés de la Cruz (1995), Genaro Estrada (1996), Isidro Fabela (1996), Justo Sierra Méndez (1999), Defensores de la Patria 1846-1847 (1999) y Batallón de San Patricio (1999), Ricardo Flores Magón (2000), Alfonso García Robles (2003), Universidad Nacional Autónoma de México (2003), Nezahualcóyotl (2004), Instituto Politécnico Nacional (2006), Constituyentes de Apatzingán (2007), y “A los Constituyentes de 1857” (2008), Al Movimiento Estudiantil de 1968 (2018), Al Exilio Republicano Español, Herminia Galindo Acosta (2021), Elvia Carrillo Puerto (2021), 2021, Bicentenario de la Armada de México (2021), Felipe de Jesús Ángeles Ramírez (2021), Gilberto del Bosques Saldívar (2021) y La Transición a la Democracia en México (2021).

Actualmente, el muro de honor soporta 77 inscripciones, de un total de 59 nombres 6 son de mujeres y 53 de hombres destacados en la historia del país, 12 conciernen a distinciones de cuerpos legislativos, militares y movimientos sociales, cuatro corresponden a nombres de instituciones de educación civiles y castrenses, y dos a frases célebres.

Tercera.— El Muro de Honor representa un punto de referencia en la historia de México; a través de las distinciones, leyendas y nombres, se vuelve la contemplación y una mirada hacia un pasado lleno de orgullo, que las presentes y futuras generaciones deben conocer.

En la Historia del Congreso federal mexicano, se tiene registrado la inscripción en el Muro de Honor de siete destacadas mujeres, heroínas que han sido ejemplo y entrega a favor de las causas de la patria, los nombres son: Antonia Nava, Carmen Serdán, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Margarita Maza de Juárez, Mariana R. del Toro de Lazarín y Sor Juana Inés de la Cruz.

Al respecto, el 27 de octubre de 1948, la Cámara de Diputados emitió el Decreto por el que se inscribieron con letras de oro en los muros del congreso de la Unión, los nombres de las heroínas ilustres en el movimiento de independencia Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín y Antonia Nava, hasta ese año sólo habían figurado personajes hombres.

Posteriormente, el 18 de diciembre del mismo año, la XL Legislatura aprobó un segundo decreto con el que formalizaba la inscripción en el Muro de Honor del nombre de la heroína y precursora de la Revolución, señorita Carmen Serdán del Valle, hija de Aquiles Serdán.

Asimismo, el 26 de diciembre de 1966, durante la XLVII Legislatura se emitió el decreto por el que se inscribiera con letras de oro el nombre de la señora Margarita Maza de Juárez como homenaje por su activa e inquebrantable participación. Mujer de gran inteligencia, iniciativa y carácter decidido, fue capaz de dispensar consejos políticos, al Benemérito de las Américas en su lucha por la tolerancia religiosa y la creación de un Estado laico en México, en los largos años de prueba de la república, que confirmó sus títulos en la Revolución de Ayutla, la Guerra de Reforma y la desigual lucha contra la intervención extranjera y el falso imperio.

Finalmente, el 14 de abril de 1995, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que inscribiera con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz.

Lo anterior, evidencia que las mujeres mexicanas han tenido una participación activa e importante en la contribución y en la construcción de la historia de México, no sólo en el contexto nacional, sino también a nivel local, es decir en todas las regiones que conforman nuestra república mexicana. Sin embargo, su participación ha sido invisibilizada a lo largo de la historia.

Cuarta.— La importancia de participar en las decisiones de un país, que se refieren a los temas o asuntos que a todas y todos nos incumben, ha sido un reclamo latente de las mujeres en el mundo. Con diferentes enfoques, con distintas historias nacionales y con la participación de diversos organismos internacionales, mujeres de diferentes países del mundo fueron alcanzando sus derechos ciudadanos y avanzando de manera sólida, en su ejercicio cotidiano.

En el contexto histórico de nuestro país, las mujeres mexicanas hemos sido marginadas en la escena política. El escenario no cambio mucho durante el movimiento revolucionario o cuando el sistema político fue establecido. Las mujeres particularmente no estuvimos invitadas a participar al congreso constituyente de 1917.

La primera parte del siglo XX tuvo nula participación del voto de la mujer, por ende, la realización de políticas públicas estuvo notoriamente fiscalizado sólo por los hombres.

La falta de representación de las mujeres en los espacios de reconocimiento de las personas como agentes políticos e históricos, como lo son los muros de honor, es una violencia simbólica y que la paridad sustantiva también debe abarcar esos espacios de representación.

Aunque las mujeres fueron marginadas y no participaban explícitamente en las instituciones gubernamentales de ningún nivel, algunas mujeres estuvieron activas en el foro político del país.

Las iniciantes mujeres activistas, como las feministas, pertenecieron a la clase media. Las cuales se organizaron y batallaron de varias maneras: uno de los incipientes ejemplos fue el 1er Congreso Feminista de Yucatán, en 1916. Además, Las Ligas de Orientación Femenina fueron creadas para combatir a favor de la igualdad del salario y en el seno de las agrupaciones sindicales. En el año de 1935, el llamado Frente Único Pro Derechos de la Mujer fue fundado por diversas mujeres representantes de todas las clases sociales. La inquietud primordial de este sector fue el derecho de voto.

Fue hasta el año de 1947, durante el sexenio del Presidente Miguel Alemán Valdés que, por primera vez, las mujeres logramos el derecho al sufragio efectivo y también de ser votadas, es decir, presentarnos como candidatas en las elecciones y procesos municipales. Sin embargo, el primer avance hacia la equidad política para las mujeres fue llevado a cabo en 1953, durante la Presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, cuando ganamos el derecho de votar y obtuvimos el sufragio universal al ser candidatas en las elecciones nacionales, al publicar en el Diario Oficial el nuevo Artículo 34 Constitucional, para que las mexicanas gozáramos de la ciudadanía plena.

En ese momento, la Organización de las Naciones Unidas convoco a sus países miembros a reconocer los derechos políticos de las mujeres, ya que no podía considerarse democrático a un país, si más de la mitad de su población no participaba en la toma de decisiones.

Quinta.- En la década de los veinte, cuando únicamente Chiapas, Yucatán y Tabasco habían hecho valido el derecho de las mujeres para votar y ser votadas para ocupar cargos públicos de elección popular, surgieron figuras como Florinda Lazos León (1898-1973), joven chiapaneca que por su trayectoria y participación en la Revolución a los 28 años, logró ser la primera diputada local y continuar su lucha por el derecho a la educación y participación política de las mujeres. Así como, Elvia Carrillo Puerto (aguerrida feminista, conocida por su activismo, como la Monja Roja del Mayab) quien, en 1923, resultó la primera mexicana electa como diputada por el Congreso Local de Yucatán y Rosa Torres, quien, destacando por su participación en la Revolución, el mismo año fue electa presidenta municipal de Mérida.

En 1947, cuando constitucionalmente se reconocieron “parcialmente” los derechos políticos de las mujeres, dejando establecido su derecho a votar y ser votadas en las elecciones municipales, en Aguascalientes, María del Carmen Martín del Campo, quien poseía una sólida carrera en el Banco del Centro, se convirtió en la primera presidenta municipal de la capital.”

Finalmente, en 1953, como resultado que se concedió la plenitud de derechos ciudadanos a las mujeres a nivel federal, “emergieron las figuras de Aurora Jiménez de Palacios, quien en 1954 se convirtió en la primera Diputada Federal por el Estado de Baja California; y en 1964, María Lavalle Urbina (Sonora) y Alicia Arrellano Tapia (Campeche) las primeras Senadoras; alcanzando la primera de ellas, la presidencia del Senado.

En 1979, Griselda Álvarez, quien ya se había desempeñado como diputada, logró una de las más altas distinciones, ser gobernadora de un estado: Colima.”

Por lo anteriormente expuesto, y como ejemplo de visibilizar la participación de las mujeres en los espacios de la vida pública como agentes políticos e históricos, en el ejercicio de las actividades legislativas, sometemos a la consideración de esta Honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Legislaturas Locales de la Federación a que investiguen en los archivos históricos los nombres de las primeras mujeres en cargos de elección popular y honren su memoria develando sus nombres en el muro de honor y divulgando sus logros, luchas y participación en la vida pública de México.

Notas

1. http://www.mexicomaxico.org/Reforma/MuroHonor.htm#:~: text= El%20Muro%20de%20Honor%20tiene,Juan%20Aldama%2C%20Mariano%20Abasolo%2C%20Jos%C3 %A9

2. http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agen-cia-de-Noticias/20 19/Julio/19/2614-Muro-de-Honor-de-la-Camara-de-Diputados-196-anos-de-volver-la- mirada-a-un-pasado-de-orgullo-nacional

3. Ibídem.

4.  “Letras de oro en los muros de honor de la Cámara de Diputados” (Porrúa-LX Legislatura, 2009).

5. Op cit.

6. http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agen-cia-de-Noticias/20 19/Julio/19/2614-Muro-de-Honor-de-la-Camara-de-Diputados-196-anos-de-volver-la- mirada-a-un-pasado-de-orgullo-nacional

7. https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/entrevista s/10#gsc.tab=0

8. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/muro/pdf/nava.pdf

9. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/muro/pdf/cserdan.pdf

10. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/muro/pdf/maza.pdf

11. https://www.diputados.gob.mx/sia/Muro_de_Honor/SorJuana.pdf

12. http://www.priags.org/SabiasQue/Sabias.aspx?y=5109

13. Ibídem.

Dado en el Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, jueves 1 de septiembre de 2022.– Diputada Adriana Bustamante Castellanos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

EXHORTO A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ZONA METROPOLITANA, A CONSIDERAR LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN EN MATERIA DE ZONAS METROPOLITANAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los ayuntamientos de la zona metropolitana a considerar dentro de su reglamento interior de las comisiones edilicias la creación de una comisión en materia de zonas metropolitanas, a cargo del diputado Alan Castellanos Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Alan Castellanos Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una zona metropolitana es el conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuyas funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos predominantes urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica.

Adicionalmente, se definen como zonas metropolitanas todos aquellos municipios que concentran a un millón de habitantes o más, así como aquellos con 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos de América (EUA).

Asimismo, también se toman en cuenta otros criterios aplicables a los municipios para incluirlos dentro de una zona metropolitana: 1) municipios con una ciudad de más de 500 mil habitantes; 2) que se encuentren ubicados en la franja fronteriza norte, sur y en la zona costera y cuenten con ciudades de 200 mil o más habitantes, y 3) aquellos donde se asienten capitales si es que no forman parte ya de una zona metropolitana.

Ahora bien, por otro lado, se establece la existencia de tres tipos de municipios metropolitanos: los centrales, donde se ubica la ciudad que da origen a la zona metropolitana (en caso de existir dos o más conurbaciones de 100 mil habitantes o más se considera como ciudad central a la de mayor población); los exteriores definidos con base en criterios estadísticos y geográficos, es decir, municipios contiguos a los centrales cuyas localidades no están conurbadas a la ciudad central, pero poseen un carácter predominantemente urbano y mantienen un alto grado de integración funcional con los municipios centrales de la zona.

En este sentido resulta incuestionable el papel protagónico que los entes municipales juegan porque son los principales interesados en el orden de gobierno que más cerca está de las problemáticas a resolver, así como la instancia donde los requerimientos y presiones de la ciudadanía se acentúan.

Es así que en 2010 existían en nuestro país 59 zonas metropolitanas, que albergaban a 57 por ciento del total de la población en México. Sin embargo, de acuerdo al documento Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2015, el número de éstas aumentó a 74, mientras que la población residente en ellas pasó de 63.8 millones en 2010 a 75.1 millones de personas en 2015.

Sin duda, las zonas metropolitanas son un nuevo paradigma en la urbanización y una apuesta al futuro, pero representan grandes retos en términos de provisión de servicios públicos, movilidad, vivienda, empleo y seguridad.

Al día de hoy, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, designa al municipio como una comunidad organizada jurídicamente y dotada de autonomía funcional y política, para actuar libremente en el ámbito territorial que demarca su espacio de competencia.

Es decir, a partir de la reforma constitucional al artículo 115 de la Constitución, de fecha 23 de diciembre de 1999, el municipio fue clasificado como un orden de gobierno dentro del sistema federal mexicano.

En este sentido, el sistema federal de nuestro país sigue una lógica horizontal, es decir ningún orden de gobierno es superior jerárquico a otro, sin embargo, tienen facultades diversas.

Aunado a lo anterior, las entidades federativas y los municipios tienen a bien cumplir con las atribuciones establecidas en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

De manera concreta dicha ley establece en su artículo 36 que, para lograr una eficaz gobernanza metropolitana, se establecerán los mecanismos y los instrumentos de carácter obligatorio que aseguren la acción coordinada institucional de los tres órdenes de gobierno y la participación de la sociedad.

En tal virtud, resulta necesario que existan canales de comunicación detallados y eficientes entre las entidades federativas y los municipios, que permitan un impacto real y tangible respecto a la toma de decisiones cumpliéndose así el fomento a la cooperación entre entidades federativas y municipios.

Lo anterior permitirá a los municipios expresar sus necesidades y carencias a fin de que el Consejo de Desarrollo Metropolitano sea idóneo para realizar un diagnóstico más exacto y sobre todo sea capaz de acceder a los datos que le permitan evaluar los impactos mediante criterios racionales, y así buscar el beneficio a un mayor número de ciudadanos del ente municipal.

Además, se podría cumplir con la funcionalidad de fomentar la coordinación para trabajar en proyectos de beneficio común con la participación de todos los entes municipales beneficiados lo que eleva el éxito del proyecto ya que los municipios toman como propios los proyectos que ellos mismos aprobaron y decidieron realizar conjuntamente.

Lo anterior, debería ser atendido por los institutos metropolitanos, mismos que tienen su base jurídica en el artículo 3, fracción XLIII, donde se establece que el Instituto Metropolitano de Planeación es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal y municipal con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado y operado de manera coordinada por las entidades federativas y los municipios que conforman una determinada zona metropolitana, cuyo objetivo es contribuir a la planeación y ordenamiento territorial de la zona metropolitana correspondiente.

Sin embargo, esta encomienda aún sigue siendo una tarea la cual debe atenderse, a fin de establecer la participación en la decisión a los gobiernos municipales, ya que, será el impulso de un federalismo más fuerte, donde el orden de gobierno municipal, que es el que más cercanía tiene con los ciudadanos, pueda expresarse respecto de las decisiones que le impactan.

En conclusión, para cumplir con el objeto de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el esfuerzo debe ser conjunto y cada orden de gobierno debe tomar la responsabilidad que le corresponde, misma que necesariamente debe ser coordinada.

Por ello, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente y con pleno respeto a su soberanía, a los ayuntamientos que integran las 74 zonas metropolitanas para que consideren dentro de su Reglamento Interior de las Comisiones Edilicias la creación de una Comisión en Materia de Zonas Metropolitanas, a fin de atender los principios, políticas y lineamientos a que se refiere la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y con ello consolidar la Gobernanza metropolitana.

Notas

1 Las Zonas metropolitanas en México, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ce/2014/doc/minimo nografias/m_zmm_ce2014.pdf

2 Ibídem.

3 Sedesol (Secretaría de Desarrollo Social) -Actualmente, Secretaría de Bienestar-, Conapo (Consejo Nacional de Población) e INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), Delimitación de las zonas metropolitanas de México.

4 Unikel, Luis (1976), El desarrollo urbano de México: diagnóstico e implicaciones futuras, México, El Colegio de México.

5 “Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2015”, SEDATU, CONAPO, INEGI, México, 2018. Disponible en:

https://www.gob.mx/conapo/documentos/delimitacion-de-las-zonas-m etropol itanas-de-mexico-2015

6 Tesis: P./J. 44/2011 (9a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 160810 4 de 13

Pleno Libro I, octubre de 2011, Tomo 1 Pago 294 Jurisprudencia (Constitucional)

Orden jurídico municipal. Principio de competencia (municipios como órganos de gobierno).

La validez de los reglamentos municipales previstos en la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no deriva de las normas estatales (ni de las federales) sino directa y exclusivamente de la propia Ley Suprema. La articulación entre los ordenamientos federal, estatal y municipal se rige, en una serie de materias, por el principio de competencia. Así, cualquier conflicto entre normas pertenecientes a estos tres órdenes debe ser, en los ámbitos relevantes, solucionado exclusivamente a la luz del parámetro constitucional que opera la respectiva atribución y delimitación competencial. Si la relación entre normas estatales y municipales no pudiera en algún punto o ámbito material describirse sobre la base del principio de competencia -en contraposición al de jerarquía- la afirmación de que existe un “orden jurídico municipal” independiente y separado del orden estatal y del federal no tendría cabida, pues ningún sentido tendría afirmar que los Municipios son, en el contexto constitucional actual, “órganos de gobierno”, o afirmar que la fracción II del artículo 115 referido contempla “reglamentos” que, lejos de ser asimilables a los reglamentos tradicionales de detalle de normas, están llamados a la expansión normativa y a la innovación, sirviendo -dentro del respeto a las bases generales establecidas por las Legislaturas, de contenido constitucionalmente acotado- para regular con autonomía aspectos específicos municipales en el ámbito de sus competencias, y para adoptar las decisiones que las autoridades estiman congruentes con las peculiaridades sociales, económicas, biogeográficas, poblacionales, culturales y urbanísticas del Municipio.

Cámara de Senadores a 12 de octubre de 2015.

7 Artículo 36 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAHOTDU_010621.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2022.– Diputado Alan Castellanos Ramírez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Zonas Metropolitanas, para dictamen.

EXHORTO A PEMEX, A OMITIR LOS DATOS SENSIBLES DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS, A FIN DE DAR PROTECCIÓN A LA PRIVACIDAD DIGITAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex a que en el Sistema de Información Pública de Proveedores y Contratistas se omitan datos sensibles de los contratos celebrados, a fin de dar protección a la privacidad digital, a cargo de la diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrita diputada Flora Tania Cruz Santos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos para que en  el Sistema de Información Pública de Proveedores y Contratistas se omitan datos sensibles de los contratos celebrados a fin de dar protección a la privacidad digital, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Según el medio de comunicación de “El Financiero”, Cada hora, una empresa o ciudadano ha sido víctima de extorsión en México en 2021: Coparmex. El delito creció 12.3% en 2021, y su tendencia alcista lo ubica en este sexenio en niveles récord comparado con los primeros 37 meses de las últimas 4 administraciones.

En la misma tesitura el medio de comunicación denominado Reporte Índigo indica que:

“Las bases de datos con información personal son actualmente la herramienta principal de las empresas al momento de elaborar campañas de marketing, mapear el comportamiento de potenciales clientes o incluso contactarlos de forma directa ya sea vía telefónica o a través de mensajes electrónicos en sus redes sociales.

Sin embargo, la delincuencia organizada también desea esta información para utilizarla en actos de extorsión, fraudes, secuestros y suplantar la identidad de usuarios...”

Las anteriores referencias que se plasman en el presente ocurso son derivadas de que muchas empresas mexicanas sin dejar de lado a la Empresa Productiva del Estado como lo es PEMEX, tiene contratos celebrados con empresas que le prestan sus servicios de tal suerte que si nos remitimos a la página electrónica de Petróleos Mexicanos (Pemex) indica lo siguiente: La Ley de Pemex en el apartado “De las Medidas para Garantizar la Integridad en las Contrataciones”, específicamente en el Art. 85, establece que Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias contarán con un sistema de información pública sobre sus proveedores y contratistas que deberá actualizarse periódicamente y contener la información de los últimos cinco años de los contratos celebrados, así como el historial de cumplimiento de los mismos, incluyendo, en su caso, la ampliación, incremento o ajuste en dichos contratos.

El mismo artículo señala que el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, a propuesta de su Director General, determinará las reglas para la operación del sistema y la información que deberá incluir, considerando el tamaño de los proveedores y contratistas y su relevancia para las operaciones de las empresas contratantes.

Acatando tal mandado, en este sitio se publicará la información pública de proveedores y contratistas relevantes.

De igual forma, en el Portal de Obligaciones de Transparencia seguirá publicándose la totalidad de las contrataciones que realice Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias.

Así mismo, el sitio en cuanto al tema de Ética, Transparencia y Datos Personales, señala lo siguiente: “En Petróleos Mexicanos operamos y promovemos los valores de la ética institucional entre nuestro personal incluyendo clientes, socios, proveedores, contratistas y sociedad en general para beneficio de Pemex y de México, al mismo tiempo, consideramos a la transparencia como nuestro marco de referencia para dar a conocer los resultados de las actividades de manera clara, puntal y accesible.

La protección de datos personales es un principio de garantía para que los datos de las personas sean manejados con responsabilidad, protección y respeto a los derechos humanos”.

Sin embargo, al consultar el Sistema de Información Pública de proveedores y Contratistas encontramos que se publican datos sensibles como los son el domicilio del proveedor, actividad económica y el monto contratado en pesos, es de ahí que surge la presente Proposición con Punto de Acuerdo y que de manera inminente es de adecuar inmediatamente el Sistema de información Pública de Proveedores y Contratistas y evitar con ello que se sigan publicando datos tan sensibles como los señalados.

Además de que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México señala como datos personales son “toda aquella información que se relaciona con nuestra persona y que nos identifica o nos hace identificables. Nos dan identidad, nos describen y precisan:

Nuestra edad

Domicilio

Número telefónico

Correo electrónico personal

Trayectoria académica, laboral o profesional

Patrimonio

Número de seguridad social CURP, entre otros.

También indica dicho sitio electrónico que, “Desde el punto de vista de su formato, el concepto de datos personales abarca la información en cualquier modo, sea alfabética, numérica, gráfica, fotográfica o sonora, por citar algunas, y puede estar contenida en cualquier soporte como en papel, en la memoria de un equipo informático, en una cinta de video o en un DVD”

Aunado a lo anterior, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, establece lo siguiente:

“ Artículo 2.- Son sujetos regulados por esta Ley, los particulares sean personas físicas o morales de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, con excepción de:

I. Las sociedades de información crediticia en los supuestos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y demás disposiciones aplicables, y

II. Las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales, que sea para uso exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o utilización comercial”.

En este sentido Pemex, como empresa productiva del Estado es una persona moral de derecho público controlada por el Gobierno Federal, misma que es parte de la Administración Pública Federal sin considerarse una entidad paraestatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica, operativa y de gestión en los términos que determine su ley, cuyo objeto es desarrollar la actividad estratégica del Estado consistente en la exploración y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, así como su recolección, venta, transformación y comercialización, incluyendo su transformación, venta y comercialización de sus derivados, mediante el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental.

Expuesto lo anterior, en consecuencia, jurídicamente Pemex estaría sujeto a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

También es de resaltar lo que se establece en el artículo 3o. de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Los Particulares:

 Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

...

V. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable.

VI. Datos personales sensibles: Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.

...

VIII. Disociación: El procedimiento mediante el cual los datos personales no pueden asociarse al titular ni permitir, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación de los mismos.

De lo anterior, se desprende que jurídicamente se debe de aplicar dicho procedimiento señalado en la fracción VIII del artículo 3 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

La intención de la presente proposición con punto de acuerdo es la de evitar que se filtren datos personales para ser utilizados con fines ilícitos y con ello dar certeza jurídica y seguridad a los sujetos que celebren contratos de esta índole.

Por lo expuesto y fundado, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos para que en el Sistema de Información Pública de Proveedores y Contratistas se implemente la disociación de la información de sus proveedores para que los datos personales no puedan asociarse al titular ni permitir, por su estructura, contenido o grado de desagregación, la identificación del mismo.

Notas

1. https://www.reporteindigo.com/reporte/empresas-y-delincuentes-el-negocio-de-tus -datos-personales-internet/

2. https://www.pemex.com/procura/relacion-con-proveedores/Paginas/info-proveedores -contratistas.aspx

3. https://www.pemex.com/etica_y_transparencia/Paginas/default.a spx

4. https://www.infocdmx.org.mx/index.php/protege-tus-datos-personales/%C2%BFqu%C3% A9-son-los-datos-personales.html

5. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de septiembre de 2022.– Diputada  Flora Tania Cruz Santos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

EXHORTO AL CONADIS, A PUBLICAR EL PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Conadis a publicar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Norma Angélica Aceves García, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a publicar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Debido al cambio paradigmático que representó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la forma en que se debe abordar el tema de discapacidad, en el Congreso de la Unión se tomó la decisión de elaborar una Ley en la materia capaz de establecer las bases para la armonización de la legislación nacional.

Así, el 30 de mayo de 2011 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD) que contempla las directrices necesarias para que las personas con discapacidad logren ejercer sus derechos en circunstancias de igualdad, a través de 60 artículos distribuidos en cuatro Títulos y 20 capítulos.

Dentro de ellos, se comprenden aspectos como el objeto de la Ley, sus definiciones, así como el reconocimiento, cumplimiento y aplicación de los derechos de las personas con discapacidad. También, define de forma integral sus derechos en materia de salud y asistencia social, trabajo y empleo, educación, accesibilidad y vivienda, transporte público y comunicaciones, desarrollo social, recopilación de datos y estadística, deporte, recreación, cultura y turismo, acceso a la justicia, libertad de expresión, opinión y acceso a la información, así como el establecimiento del “Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”.

En conclusión, la citada Ley brinda una mayor amplitud y sentido garantista, que permite la plena inclusión de las personas con discapacidad dentro de un marco de igualdad en todos los ámbitos, siendo necesaria la inclusión en el goce de derechos humanos y libertades.

2. De igual manera y como punto toral para el desarrollo de la coordinación de la política pública, la citada Ley establece los lineamientos para la creación del “Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”, señalando:

Capítulo XI

Lineamientos del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Artículo 33. El gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y en coordinación con el Consejo, participarán en la elaboración y ejecución del programa, debiendo observar las responsabilidades y obligaciones con relación a las personas con discapacidad establecidas en la presente ley.

Artículo 34. El programa deberá cumplir con los siguientes lineamientos generales:

I. Se deberá elaborar, revisar, modificar o ratificar y publicar en el Diario Oficial de la Federación en el primer trimestre del año y para su mayor difusión será publicado en las Gacetas o Periódicos Oficiales de las Entidades Federativas;

II. Elaborar el Programa con base en los lineamientos establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y esta ley;

III. Establecer con claridad la política pública, metas y objetivos en materia de discapacidad en los tres niveles de gobierno;

IV. Cumplir con la normatividad vigente para la elaboración de programas, supervisión, rendición de cuentas y mecanismos de transparencia, y

V. Incluir lineamientos e indicadores de las políticas públicas, estadística, presupuestos, impacto social y todos aquellos que se estimen necesarios para una correcta y eficiente aplicación.

En este mismo contexto, el artículo 42 de la ley general señala como responsable del programa, a la persona titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis):

Artículo 42. Para el cumplimiento de la presente Ley, el Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

I. Coordinar y elaborar el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

II. Enviar el Programa a las Cámaras del Congreso de la Unión para su conocimiento;

...

3. Sin duda alguna, esta ley ha representado un importante avance en el camino de la inclusión de las personas con discapacidad que permitió, entre otros logros, que fuera elaborado y coordinado el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, primero en la historia de nuestro país, el cual se publicó el 30 de abril de 2014, en el Diario Oficial de la Federación.

Dicho programa fue clasificado como especial y transversal a la Administración Pública Federal y comprendía: 6 Objetivos, 37 Estrategias y 313 Líneas de Acción, de las cuales 27 son Líneas de Acción Transversales y 6 indicadores, en los que se incluyen los siguientes temas:

• Armonización legislativa,

• Salud,

• Educación,

• Trabajo,

• Accesibilidad,

• Turismo,

• Derechos Políticos,

• Impartición de Justicia,

• Deporte,

• Cultura,

• Asuntos Indígenas, y

• Asuntos Internacionales.

Participaron en su elaboración 49 instituciones de la administración pública federal, gobiernos estatales y 700 organizaciones de y para personas con discapacidad con más de 1000 propuestas.

Para su seguimiento, el 5 de febrero de 2015, se estableció una Agenda de Trabajo y de Coordinación con cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de acuerdo a los siguientes puntos:

1. Diagnóstico o inventario de información estadística, programas, acciones o servicios existentes en la institución.

2. Determinación de las acciones que darán cumplimiento a las líneas de acción correspondientes, así como de su indicador y meta, e identificación de necesidades presupuestales.

3. Revisión de las recomendaciones y observaciones del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU para, en su caso, determinar acciones que contribuyan a su respuesta.

4. Convenio de Colaboración con el CONADIS.

5. Revisión de reglas de operación y normatividad.

6. Incorporación del tema de discapacidad en las estrategias de comunicación social.

7. Capacitación a servidores públicos.

8. Coordinación de acciones para la atención ciudadana.

9. Revisión de las líneas de acción transversales, para incorporarlas en las agendas de trabajo.

10. Incorporación en grupos de trabajo a organizaciones de la Sociedad Civil.

11. Calendarización de reuniones.

Como se expone, la ley general establece como una de las obligaciones de la persona Titular del CONADIS la creación, seguimiento y evaluación del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; sin embargo esto no ha ocurrido en la presente administración, por lo que el organismo tiene desde el 1 de diciembre de 2018 sin persona que lo encabece, que se traduce en tres años y nueve meses sin responsable.

En suma a ello, al día de hoy se desconoce la existencia de, siquiera, un proyecto de Programa, el cual de conformidad con la multicitada Ley, tenía que haber sido publicado en el Diario Oficial de la Federación el primer trimestre de 2019. Tampoco se sabe de la existencia de convocatorias para realizar consulta previa a personas con discapacidad y organizaciones que las representan o alguna otro mecanismo de participación, como lo mandata el artículo 4.3 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Es decir, tenemos tres años incumpliendo la LGIPD con dos rubros, sin un documento base de coordinación de política pública en materia de discapacidad en perjuicio de sus derechos y en contra de la inclusión social que debe permear en un Estado garantista.

Es importante señalar, que el pasado 10 de marzo de 2022, en la quinta reunión ordinaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, estaba contemplada en la orden del día la discusión de este asunto; sin embargo, en reunión previa de junta directiva, las diputadas y el diputado del Grupo Parlamentario de Morena, integrantes de dicho órgano, solicitaron retirar este asunto de la orden del día, argumentando, entre otros temas, que se estaban realizando acercamientos con la Secretaría de Bienestar, proponiendo que se pudieran tener reuniones de trabajo con dicha dependencia para atender esta solicitud y aunque se les explicó que la mencionada Secretaría nada tiene que ver en el cumplimiento de esta obligación,  por mayoría votaron por no entrar a la discusión de este asunto.

Misma situación ocurrió el pasado 28 de abril de 2022, en la sexta reunión ordinaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables; es decir, un mes y dieciocho días después, en la cual bajo los mismos argumentos de tener acercamientos con la Secretaría de Bienestar, cuando se insiste que dicha dependencia nada tiene que ver con el cumplimiento de esta obligación legal y durante el tiempo señalado no se tuvo ningún acercamiento, volvieron a solicitar retirar este exhorto de la orden del día y por mayoría votaron por no entrar a la discusión de este asunto, aún cuando es evidente el incumplimiento a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Bajo esos argumentos, se somete a consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad para que:

a. Publique, en el Diario Oficial de la Federación, el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad que coordina la política pública en la presente administración, en cumplimiento de la fracción I del artículo 34 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

b. Envíe a las Cámaras de Congreso de la Unión el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en cumplimiento del artículo 42, fracción II, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y

c. Acompañe este envío con la evidencia de la Consulta Previa a Personas con Discapacidad realizada, para la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, conforme a lo establecido por el artículo 34, fracción II, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Notas

1 Artículo 49. El director general será designado por el presidente de la República, debiendo recaer tal nombramiento en persona que reúna los siguientes requisitos:

I. Ser Ciudadano Mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos, experiencia en materia administrativa y en materia de discapacidad, y

III. No encontrarse en alguno de los impedimentos que para ser miembro del Órgano de Gobierno señalan las fracciones II, III, IV y V del artículo 19 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

2 Artículo 34. El Programa deberá cumplir con los siguientes lineamientos generales:

I. Se deberá elaborar, revisar, modificar o ratificar y publicar en el Diario Oficial de la Federación en el primer trimestre del año y para su mayor difusión será publicado en las Gacetas o Periódicos Oficiales de las Entidades Federativas;

II. Elaborar el Programa con base en los lineamientos establecidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y esta Ley;

...

3 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Artículo 4

Obligaciones generales

...

3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.

...

Dado en la honorable Cámara de Diputados, el 2 de septiembre de 2022.– Diputada Norma Angélica Aceves García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

EXHORTO A PEMEX, A IMPLEMENTAR ACCIONES DE COMPETITIVIDAD EN MATERIA DE COMERCIALIZACIÓN DE ASFALTO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex a implementar acciones de competitividad en materia de comercialización de asfalto, a cargo de los diputados Lidia Pérez Bárcenas y Manuel Rodríguez González, del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, diputados Lidia Pérez Bárcenas y Manuel Rodríguez González, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a implementar acciones de competitividad en materia de comercialización de asfalto, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el Sistema de información Energética, en el apartado del glosario de la Secretaría de Energía define al asfalto como: la fracción pesada del petróleo crudo de color negro o café obscuro. Su consistencia puede variar de líquido a sólido. El asfalto es la fracción pesada del crudo después de someterse a destilación al alto vacío y mezclarse con otros residuos, diluentes y polímeros para ajustarse a las especificaciones dependiendo del tipo de asfalto. Actualmente el asfalto más común en el mercado nacional y de exportación es el asfalto AC-20. En Pemex se produce en las refinerías de Ciudad Madero, Salamanca, Salina Cruz, Tula y Cadereyta; se utiliza para revestimientos y pavimentación de carreteras, calles, estacionamientos, aeropuertos, también como impermeabilizante y sellador, su manejo se realiza en autotanques y carrotanques con sistema de calentamiento. (sic).

Sobre el precio de asfalto en México, como antecedente podemos argumentar que en la extinta Comisión Estatal de Caminos se podían consultar y cotizar los costos del AC-20 o también conocido como cemento asfáltico Pemex Ekbe Super Pave PG , sin embargo, en la actualidad en ningún sitio electrónico de Petróleos Mexicanos se pueden consultar los precios actuales del cemento asfaltico.

En dicho sitio se podían obtener los precios oficiales regulados, que utilizaban como regla para vigilar los costos de los productos para pavimentos en las obras públicas ya sea de algún estado como en los municipios.

Los precios regulados en ese entonces permitían que las obras públicas no tuvieran sobrecostos y con ello se generara un exceso al gasto del gobierno, pero desde agosto del año 2020 Pemex dejó de publicar esa lista, situación que ha dificultado para empresas privadas obtener una cotización oficial de los productos asfálticos.

Situación que deja los costos en manos de empresas que comercializan los productos petroleros como el asfalto, provocando con ello que exista una fluctuación en este mercado y en consecuencia afecta negativamente en los costos de las obras públicas y a su vez provoca que las empresas o municipios que requieren de este producto lo importen de Estados Unidos.

Un ejemplo ilustrativo de esta situación es por ejemplo la siguiente cotización en la que en el mes de junio de 2022 se estableció el precio de la tonelada de asfalto Ekbé en $15,005.00 pesos mexicanos:

Asimismo, como antecedente, en abril del año 2020 s ubió 20 por ciento el asfalto, pese a baja en crudo en ese entonces, resultado según lo publicado por el medio de comunicación El Reforma lo siguiente:

Un antecedente más que se suma a esta problemática, es el del alcalde de Tecate, en Baja California, Darío Benítez en el que el medio de comunicación denominado Semanario el Progreso, con fecha 3 de abril de 2022, publica lo siguiente:

“Tecate, B.C.- Será en las próximas semanas cuando lleguen a Tecate las 5 mil toneladas de asfalto importadas de Estados Unidos, luego de que el gobierno de Tecate obtuvo la autorización de ingreso al registro de operadores.

En entrevista, el alcalde Darío Benítez dijo que, luego de tres meses de estar ‘estira y afloja’ el trámite con el SAT fue liberado, no obstante, la convocatoria de licitación para la compra del asfalto seguirá su curso, así como la inversión de 6 millones de pesos, por parte del gobierno de Tecate para la compra del material.

En tal tesitura, lo que se pretende es que Pemex siga siendo una empresa competitiva para la oferta y la demanda de asfalto que se produce en nuestro país, y con ello evitar que las empresas nacionales, estados y/o municipios importen dicho producto, satisfaciendo con estas acciones la atención y el consumo del mercado interno.

Por lo expuesto y fundado, ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos a ajustar los precios del asfalto que se produce en México, con base en los precios del mercado internacional a partir del presente mes de junio de 2022, con el fin de que se deje de importar y con ello tener mayor margen de competitividad y la economía nacional se vea beneficiada.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos a fin de que publique en su portal electrónico los precios oficiales del asfalto Ekbé y con ello evitar los sobrecostos del producto.

Notas

1 https://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=temas#

2 https://sie.energia.gob.mx›docs›glosario_hc_es

3 https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/de-fault.aspx?__rv al=1&urlredirect=https://www.reforma.com/sube-20-asfalto-pese-a-baja-en-cru do/ar1929888?referer=–7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783b786d3a–

4 https://semanarioelprogreso.com/2022/04/03/iniciaran-bacheo-en-tecate-con-asfal to-proveniente-de-estados-unidos/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2022.– Diputada y diputado: Lidia Pérez Bárcenas, Manuel Rodríguez González (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

EXHORTO AL CONADIS, A INSTALAR SU ASAMBLEA CONSULTIVA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Conadis a instalar su Asamblea Consultiva, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Norma Angélica Aceves García, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad a instalar su Asamblea Consultiva, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) es el organismo público descentralizado rector de las políticas públicas en la materia, creado por mandato de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD), que de conformidad con su artículo 39 tiene por objeto la coordinación institucional e interinstitucional, así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas.

El artículo 43 de la LGIPD señala que la Administración del Conadis corresponde a la junta de gobierno y la dirección general. Por su parte, el artículo 44 de la citada Ley establece que la Junta de Gobierno del Conadis estará conformada de la siguiente manera:

Artículo 44. La Junta de Gobierno del Consejo estará integrada por diez representantes del Poder Ejecutivo Federal, uno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cinco representantes de la Asamblea Consultiva.

Los representantes del Poder Ejecutivo Federal serán los titulares de las siguientes dependencias y entidades:

I. Secretaría de Salud;

II. Secretaría de Desarrollo Social;

III. Secretaría de Educación Pública;

III Bis. Secretaría de Cultura;

IV. Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

V. Secretaría del Trabajo y Previsión Social;

VI. Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

VII. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;

VIII. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y

IX. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Los integrantes designados por la Asamblea Consultiva durarán en su encargo tres años, pudiendo ser ratificados por otro periodo igual. Este cargo tendrá el carácter de honorífico.

El director general del Consejo participará con voz pero sin derecho a voto.

Asimismo, serán invitados permanentes a la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero no a voto, un representante de cada uno de los siguientes órganos públicos: Secretaría de Turismo, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación e Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Como se observa, la Junta de Gobierno está conformada, entre otros, por cinco representantes de la Asamblea Consultiva, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD) es un órgano de asesoría y consulta, de participación ciudadana, conformación plural y carácter honorífico, que tiene por objeto analizar y proponer programas y acciones que inciden en el cumplimiento del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Es decir, es el mecanismo de participación directa de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan en el organismo rector de la política pública, a través del cual se cumple con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Esta asamblea tiene como atribuciones:

Artículo 52. La Asamblea Consultiva tendrá las siguientes atribuciones:

I. Atender las consultas y formular las opiniones que les sean solicitadas por la Junta de Gobierno o por el Director General del Consejo;

II. Emitir opiniones y formular propuestas sobre la aplicación y orientación de la Política Pública para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con discapacidad;

III. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones de y para personas con discapacidad en el seguimiento, operación y evaluación del Programa;

IV. Apoyar al Consejo en la promoción y cumplimiento del Programa;

V. Proponer al Consejo los temas que por su importancia ameriten ser sometidos a consulta pública;

VI. Promover y propiciar la colaboración de organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros en el desarrollo e inclusión de las personas con discapacidad;

VII. Promover la realización de estudios e investigaciones en la materia;

VIII. Recomendar la realización de auditorías a programas prioritarios cuando existan causas que lo ameriten;

IX. Promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo Federal, entidades federativas, municipios y organizaciones, para la instrumentación de los programas relacionados con el desarrollo y la inclusión social de las personas con discapacidad;

X. Informar a la opinión pública sobre los aspectos de interés general relativos al Programa;

XI. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el ejercicio de sus atribuciones;

XII. Nombrar a cinco personas, propietarios y suplentes, que formarán parte de la Junta de Gobierno, y

XIII. Las demás que dispongan otros ordenamientos.

Finalmente, en términos de lo establecido en el artículo 53 de la LGIPD, la Asamblea Consultiva se integrará de la siguiente forma:

a) Por un representante electo por las organizaciones de y para personas con discapacidad, de cada una de las Entidades Federativas;

b) Por cinco personas entre expertos, académicos o investigadores electos por convocatoria pública, y

c) Por cinco representantes de organizaciones nacionales de y para personas con discapacidad, electos por un comité que tomará en consideración las diferentes discapacidades y el género que estará integrado por el Director General del Consejo, los Presidentes de las Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables de ambas Cámaras del Congreso de la Unión y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Es importante señalar, que de conformidad con el artículo 54 de la multicitada Ley, quienes integren la Asamblea Consultiva, su cargo tendrá el carácter de honorífico, durarán en su cargo tres años y podrán ser ratificados por un periodo igual, en términos de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Consejo.

En ese contexto, el 29 de junio de 2011, fue instalada la Primer Asamblea Consultiva del Conadis, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que señala que con el objeto de instalar el Consejo, la Junta de Gobierno y la Asamblea Consultiva, por única vez y por un periodo de seis meses, el representante de la sociedad civil de cada una de las entidades federativas será designado por el titular del Ejecutivo de cada entidad, mientras que los cinco expertos y cinco Organizaciones Nacionales, por la persona titular de la dirección general del Consejo.

Posteriormente, el 31 de enero de 2017, la dirección general del Conadis publicó en el Diario Oficial de la Federación la “Convocatoria para la Integración de la Asamblea Consultiva del Conadis”, misma que quedó debidamente concluida con la instalación de la Asamblea Consultiva, el 8 de mayo de 2017.

Quienes integraban esta asamblea, de acuerdo con lo señalado en los artículos descritos con antelación, durarían en su encargo hasta el 8 de mayo de 2020, con la posibilidad de ser ratificados por un periodo igual de tres años más. Sin embargo, esta ratificación o la nueva conformación de la Asamblea Consultiva no se ha dado.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, el 11 de febrero de 2020 el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad publicó el “ Aviso por el que se dan a conocer las direcciones electrónicas en donde podrá ser consultada la Convocatoria para la integración de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”.

Dicha convocatoria señalaba que la publicación de resultados sería el 8 de abril de 2020, dando un plazo de 30 días naturales para llevar a cabo la instalación de la Asamblea Consultiva; es decir, al 8 de mayo de 2020. Sin embargo, al día de hoy no se ha dado la instalación señalada y el Conadis no cuenta con su Asamblea Consultiva, lo cual representa un incumplimiento legal y atenta en contra de los derechos de las personas con discapacidad, al no contar con el órgano de consulta especializado y conformado por las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan.

De igual manera, tampoco se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación algún acuerdo que amplíe los plazos o, en su defecto, declare desierta la citada Convocatoria, no se cuenta con evidencia de algún documento oficial que permita conocer cuál es el estatus de la Asamblea Consultiva y de cómo está trabajando el organismo para dar cumplimiento a la Ley en materia de inclusión.

En conclusión, existe una incertidumbre total del estado que guarda el proceso de selección de la Asamblea Consultiva, si este ya concluyó o, en su caso, quiénes conforman el órgano de consulta y la manera en que se llevan a cabo los trabajos respectivos.

Ello, además del incumplimiento señalado y de la violación a los derechos de las personas con discapacidad, adquiere especial relevancia legal, debido a que de no estar conformada la Asamblea Consultiva del Conadis, por ende, su Junta de Gobierno no está debidamente integrada, por lo que todos los acuerdos a los que llegue o se tomen carecerán de validez y podrán ser impugnados, corriendo el riesgo de ser declarados inválidos. Entre las atribuciones de la Junta de Gobierno se encuentran:

• Aprobar el Estatuto Orgánico del Consejo, con base en la propuesta que presente el Director General del Consejo;

• Establecer las políticas generales para la conducción del Consejo con apego a esta Ley, Estatuto Orgánico, al Programa y a los demás ordenamientos que regulen su funcionamiento;

• Aprobar los planes de labores, presupuestos, informes de actividades y estados financieros anuales;

• Aprobar el Estatuto Orgánico, la Organización General del Consejo y los Manuales de procedimientos;

• Nombrar y remover, a propuesta del Director General del Consejo a los servidores públicos de éste que ocupen cargos en las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél;

• Expedir y publicar el informe anual de la Junta, y

• Las demás que le confieran éste y otros ordenamientos aplicables.

En conclusión, además del incumplimiento legal y la violación de derechos de las personas con discapacidad, todos los acuerdos relativos y derivados de las atribuciones descritas, que son base para el desarrollo del organismo, se encuentra en riesgo de ser impugnados, lo que se traduce en una inestabilidad institucional que debe ser corregida con inmediatez, ya que han pasado más de dos años desde que la Asamblea Consultiva de Conadis dejó estar vigente.

Es importante señalar, que el pasado 10 de marzo de 2022, en la Quinta Reunión Ordinaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, estaba contemplada en la Orden del Día la discusión de este asunto; sin embargo, en reunión previa de Junta Directiva, las diputadas y el diputado del Grupo Parlamentario de Morena, integrantes de dicho órgano, solicitaron retirar este asunto de la Orden del Día, argumentando, entre otros temas, que se estaban realizando acercamientos con la Secretaría de Bienestar, proponiendo que se pudieran tener reuniones de trabajo con dicha dependencia para atender esta solicitud y aunque se les explicó que la mencionada Secretaría nada tiene que ver en el cumplimiento de esta obligación, por mayoría votaron por no entrar a la discusión de este asunto.

Misma situación ocurrió el pasado 28 de abril de 2022, en la sexta reunión ordinaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables; es decir, un mes y dieciocho días después, en la cual bajo los mismos argumentos de tener acercamientos con la Secretaría de Bienestar, cuando se insiste que dicha dependencia nada tiene que ver con el cumplimiento de esta obligación legal y durante el tiempo señalado no se tuvo ningún acercamiento, volvieron a solicitar retirar este exhorto de la Orden del Día y por mayoría votaron por no entrar a la discusión de este asunto, aún cuando es evidente el incumplimiento a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Bajo esos argumentos, se somete a consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad para que:

a. Declare desierta la Convocatoria para la integración de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de febrero de 2020;

b. Publique una nueva Convocatoria para la integración de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad;

c. Notifique a quienes integran la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad respecto a la indebida conformación de este órgano, y

d. Instale la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y nombre a los cinco integrantes de este órgano que integrarán la Junta de Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Notas

1 Artículo 39. El Consejo tiene por objeto el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional; así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y el sector privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas derivados de la presente Ley y demás ordenamientos.

2 Artículo 43. La Administración del Consejo corresponde a:

I. La Junta de Gobierno, y

II. El director general.

3 Sexto. Con el objeto de instalar el Consejo, la Junta de Gobierno y la Asamblea Consultiva, las personas con discapacidad a que se refiere la fracción I del artículo 53 serán designados por los Titulares del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas por única vez y durarán en su encargo hasta seis meses.

Los representantes a que se refieren las fracciones II y III del artículo 53 de la presente Ley, serán propuestos por el Director General por única vez y durarán en su encargo hasta seis meses.

4 Visto en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5585992&fecha =11/02/2020 consultado el 24 de febrero de 2022.

5 Visto en:

https://www.gob.mx/conadis/documentos/convocatoria-asamblea-cons ultiva-del-conadis-2020 consultado el 24 de febrero de 2022.

6 Artículo 47 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Dado en la honorable Cámara de Diputados, a 2 de septiembre de 2022.– Diputada Norma Angélica Aceves García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

SE CONSIDERE LA REALIZACIÓN DE ACCIONES PERMANENTES DE DRAGADO Y LIMPIEZA EN LA RESERVA DE LA BIÓSFERA LA ENCRUCIJADA, EN CHIAPAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semar y al gobierno de Chiapas a considerar la realización de acciones permanentes de dragado y limpieza en la Reserva de la Biósfera de “La Encrucijada”, a cargo de la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Marina y al gobierno del estado de Chiapas, para que en el ámbito de sus atribuciones y suficiencia presupuestaria, consideren llevar a cabo acciones periódicas de dragado y limpieza en la Reserva de la Biósfera de “La Encrucijada” en el estado de Chiapas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La reserva de la biósfera de “La Encrucijada” es un sitio en el estado de Chiapas que mantiene el equilibrio entre el hombre y su medio al albergar una serie de recursos naturales las cuales permiten el desarrollo de actividades económicas favoreciendo a los municipios de Pijijiapan, Mapastepec, Acapetahua, Huixtla, Villa Comaltitlán y Mazatán.

Dicha riqueza natural se ha vinculado a la consolidación de las vocaciones territoriales de los municipios en actividades como: la agricultura, la pesca y el turismo; por lo que, a través de ellas, las y los habitantes de dicha región han encontrado el principal sustento económico para sus familias.

Sin embargo, sus medios de subsistencia se ven constantemente en riesgo como consecuencia de inundaciones y azolves, las cuales, interrumpen de manera frecuente los ingresos que los pescadores obtienen de dicha actividad.

Con el incremento en la deforestación, ha aumentado el arrastre de sedimentos en los ríos que ahí confluyen, lo que coadyuva a acelerar las inundaciones y amenaza de manera constante la sobrevivencia de la reserva de la biósfera de “La Encrucijada”, poniendo además en riesgo, la prevalencia de las comunidades que la habitan y dependen económicamente de sus recursos.

En razón de lo anterior, tanto la suscrita como las y los diputados de Morena del estado de Chiapas, en diferentes momentos, hemos participado en una serie de acciones que han favorecido el desazolve de La Encrucijada, con la finalidad de devolver a las comunidades pesqueras y a los municipios que han recibido afectaciones por las inundaciones, su tranquilidad y su estabilidad económica.

Ello, pues desde los inicios de esta LXV Legislatura, hemos sostenido diversas reuniones con la Secretaría de Marina (Semar) y las autoridades locales del estado de Chiapas, a fin de brindar una solución para corregir el azolve que ocurre en la reserva de la biósfera de “La Encrucijada”.

Sensibilizados profundamente por el potencial riesgo que el azolve representa en la vida de los recursos hídricos y las especies animales, vegetales y de las y los habitantes del municipio de Pijijiapan, nos hemos movilizado, generando así un plan de acción que sea capaz de frenar las inundaciones que se han suscitado en los diversos esteros de la reserva de la biosfera de “La Encrucijada”, mediante acercamientos al almirante secretario José Luis Arellano Ruiz, de la Semar, y el resto de su personal en esa honorable institución, quienes en todo momento han colaborado de manera activa y sensible con nosotros para la atención de este problema.

Asimismo, se han mantenido reuniones con el presidente municipal de Pijijiapan, ingeniero Carlos Alberto Albores, para la revisión de un plan de desazolve que permita promover la continuidad de actividades en las comunidades pesqueras.

Así como la valiosa y decidida participación del gobierno del estado a través del doctor Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil, que ha dedicado recursos incansablemente para evitar inundaciones.

Los resultados de dichas reuniones se tradujeron en acciones inmediatas de limpieza y dragado en las que la Marina Nacional trabajó desde el 15 de julio de 2022 hasta el 21 de junio de 2022 para contribuir con el desazolve temporal de la Bocabarra de la conquista municipio de Pijijiapan; reactivando, así, las actividades de agricultura, pesca y turismo de esta región.

Adicionalmente, nuestras gestiones colaborativas con el estado han logrado la apertura de la bocabarra de chocohuital ante la falta de mantenimiento de la conquista que se ha cerrado nuevamente, impidiendo tanto el reflujo necesario entre mar y rio para mantener la biodiversidad, así como el acceso al mar de cientos de pescadores.

No obstante lo anterior y a pesar de haber recibido un incondicional apoyo de la Semar, quien suscribe estima necesario solicitar una vez más su colaboración, con la finalidad de realizar estas actividades de dragado de manera permanente, a efecto de favorecer la disminución de las inundaciones que ocurren en La Encrucijada y permitir que sus pobladores puedan seguir realizando sus actividades económicas sin interrupción, y mantener el equilibrio salino que la reserva necesita para su sobrevivencia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Marina y al gobierno del estado de Chiapas, para que, en el ámbito de sus atribuciones y suficiencia presupuestaria, consideren la realización de acciones permanentes de dragado y limpieza en la reserva de la biósfera de “La Encrucijada” en el estado de Chiapas.

Dado en el pleno de la Cámara de Diputados, a 2 de septiembre de 2022.– Diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

EXHORTO A LA SSC DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A INCREMENTAR CARRILES REVERSIBLES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SSC de la Ciudad de México a incrementar carriles reversibles, a cargo de la diputada Karla Ayala Villalobos, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Karla Ayala Villalobos, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de la Ciudad de México a incrementar carriles reversibles en la entidad para combatir la congestión vial, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Para los habitantes de la zona centro de nuestro país, no es una sorpresa el tráfico extremo que se congestiona a lo largo y ancho de la Ciudad de México, por lo que transportarse mediante metro, suburbano, cablebus, bicicleta, etc, ha sido la mejor opción para evitar los embotellamientos viales que diariamente se ocasionan por el altísimo flujo de ciudadanas y ciudadanos que se transportan para trabajar, estudiar, entre otras muchas otras cuestiones.

Por lo que el gobierno de la Ciudad de México ha optado en los últimos años por incorporar carriles reversibles en distintos puntos de la ciudad.

Lo primero que debemos entender es ¿que son los carriles reversibles? Pues bien, son una herramienta que tiene como objetivo agilizar y favorecer la circulación del tráfico, así como minimizar los atascos en un sentido de la circulación determinado, habilitándose un carril en sentido contrario durante las denominadas “horas pico” por la mañana y por la tarde, no sólo para desahogar el flujo vehicular, sino también para reducir los tiempos de viaje.

Se habilitan de manera sencilla, hacia la dirección que el tránsito sea demasiado le será tomado un carril de la dirección contraria, o bien, se revierte el sentido de una vialidad para cederlo a la o las vías más congestionadas, mediante la instalación de señalizaciones viales y apoyo de personal vial para ayudar a los usuarios a hacer uso de estos, y evitar accidentes en el tramo que los vehículos solo están separados por una hilera de conos u otros dispositivos viales.

Actualmente, y según los datos proporcionados en la página oficial de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, solo se encuentra activo el carril reversible de Circuito Interior, que abarca en los horarios de 06: 30 a 09: 00 hrs de La Raza a Leibnitz y de 17: 00 a 20: 00 hrs de Marina Nacional a La Raza.

La medida más reciente para atender el flujo vial fue el ampliar los horarios que el carril reversible opera en Circuito Interior, sin embargo, en la Ciudad de México se han llevado a cabo más carriles reversibles que por razones de la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana no han vuelto a operar.

Según investigadores del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas y del Centro de Ciencias de la Complejidad , Dante Pérez Méndez y Carlos Gershenson García, señalaron que es posible reducir hasta 40 por ciento el tráfico y los congestionamientos viales en la Ciudad de México con la implementación de carriles reversibles adaptativos.

A través de un estudio que realizaron bajo un modelo matemático, los investigadores pudieron revisar cómo se daría el flujo vehicular suponiendo que los carriles reversibles se adapten, cambiando su dirección al utilizar información en tiempo real de acuerdo a las situaciones viales.

Reducir el congestionamiento vehicular se trata de uno de los mayores retos que enfrentan las grandes ciudades del mundo, por lo que es necesario el estudio y creación de estrategias innovadoras que reduzcan los congestionamientos y al mismo tiempo las emisiones contaminantes.

La zona metropolitana del Valle de México al ser extremadamente extensa y productiva, no solo transita con los habitantes de la entidad, sino con los habitantes de las entidades federativas colindantes que a diario se trasladan para cumplir un sinfín de actividades dentro de la ciudad, por lo que no es para nada una sorpresa el alto número de vehículos que transitan a cada minuto y que generan vialidades altamente congestionadas.

Es imprescindible y necesario que las autoridades competentes pongan manos a la obra, no es posible seguir mostrando una ciudad tan importante como lo es la Ciudad de México con una imagen de congestión vial a todas horas, y que, por ende, genera un aspecto gris en nuestro medio ambiente.

Es trabajo del gobierno y de sus secretarías, el generar estudios y estrategias que combatan el tráfico que se genera en la Ciudad de México, ya sea con más carriles reversibles permanentes o generar adaptativos que propicien un mejor flujo vehicular para las y los mexicanos que diariamente se transportan a diversos puntos de la entidad.

Es un problema al que no le podemos seguir dando largas, no es posible permitir, y normalizar, lo tardado y tormentoso que es desplazarse por la ciudad a cualquier hora y que las autoridades no generen medidas que hagan frente a este gran problema que nos afecta.

Las y los mexicanos exigimos que cumplan su labor y combatan el tráfico que se genera en las vialidades de la ciudad.

Por lo expuesto es que se somete a su consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de la Ciudad de México a incrementar carriles reversibles en la entidad para combatir la congestión vial.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2022.– Diputada Karla Ayala Villalobos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

EXHORTO A LA MESA INTERINSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LA SELVA LACANDONA, A CONSIDERAR INCLUIR EN SUS MESAS DE TRABAJO, EL PROGRAMA GUARDIANES DE LA SELVA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Mesa Interinstitucional para la Atención de la Selva Lacandona a considerar incluir en sus mesas de trabajo el programa Guardianes de la Selva, que propone el desarrollo de proyectos que den a sus habitantes viabilidad económica que los incentive a proteger su herencia medioambiental, a cargo de la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la mesa interinstitucional para la atención de la “Selva Lacandona” a la inclusión del Programa Proyecto de Pago por Servicios Ambientales para Guardianes de la Selva a sus mesas de trabajo, a la luz de las siguientes

Consideraciones

La protección efectiva de nuestras 182 áreas naturales es urgente para prevenir el cambio climático. Quizás la acción más urgente y significativa es detener la destrucción de la Selva Lacandona (SL), único pulmón de selva alta perennifolia que apenas sobrevive en México. Originalmente comprendiendo alrededor de 1.5 millones de hectáreas (has), la SL incluye una reserva de la biosfera Montes Azules (RBMA), perteneciente a la Red Mundial de Reservas de la UNESCO), 4 áreas naturales “protegidas” (Bonampak, Yaxchilán, Chan Kin, y Lacantum) y la reserva comunal La Cojolita.

De esa superficie, producto de la desforestación acelerada por explotación forestal y actividades de agricultura y ganadería, quedan si acaso 400 mil hectáreas en su estado original de las cuales la RBMA ocupa la mayoría (331 mil has), donde se concentra más del 20 por ciento de nuestra biodiversidad. Toda esta área “protegida” está ya penetrada por asentamientos humanos irregulares y cercada por una amenaza de su extinción definitiva, por 2 grupos étnicos predominantes en número que claman por su repartición: los Choles y Tzeltales, cuyas formas económicas se manifiestan a través de actividades agrícolas y ganaderas expansivas, en contraposición con los Lacandones, cuya jurisdicción interna ocupa la mayoría de la RBMA, ocupados económicamente en actividades conservacionistas principalmente de turismo ecológico.

Los lacandones quienes se llaman así mismos hach winik, es decir, “verdaderos hombres”, han desempeñado una labor incansable de conservación de la biodiversidad de la Selva Lacandona, un sitio megadiverso que les ha provisto de los productos vegetales, animales, minerales e hídricos indispensables para su prevalencia.

Lo anterior enuncia una relación especial que desprende un espíritu de mutuo cuidado, pues la selva ha dotado a las comunidades lacandones la complementación de sus actividades económicas y alimentarias; sin embargo, no menos es cierto que de manera persistente este entorno se ve constantemente amenazado, en particular por la actividad humana.

A pesar de dicho riesgo constante, las y los lacandones, también conocidos como Guardianes de la Selva, históricamente han fungido como vigilantes en la conservación y reconstrucción de su herencia. Tan es así que en los estatutos comunales establecen que sea siempre un lacandón quien dirija el comisariado de bienes comunales, a pesar de que en representatividad tan solo conforman el 6 por ciento de toda la población que ahora habita la selva.

Para supervisar, coordinar, y resolver el conflicto, en abril del año 2021, el gobierno de México formó una comisión interinstitucional conformada por las Secretarías de Gobernación; de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP); la Procuraduría Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional (RAN), que brindan atención a la problemática intra comunal que presenta la Comunidad Zona Lacandona atendiendo, entre otros, al principio de conservación.

El compromiso con este principio, se hizo tangible con lo publicado el pasado 4 de marzo, por el coordinador general de Política y gobierno de la Presidencia de la República, CP Rabindranath Salazar Solorio, quien por medio de redes sociales realizó una moción pública en la que exhortaba a todas y todos los ciudadanos a sumarse a abonar en una propuesta integral que permitiese la generación de un diagnóstico basado en las demandas de los habitantes de la Selva Lacandona a fin de cumplir los objetivos señalados.

Imagen 1. Llamado para sumarse a la mesa interinstitucional para la atención de la Selva Lacandona.

En coadyuvancia a estos esfuerzos, la que suscribe se ha reunido en muchas ocasiones con las comunidades que ocupan la selva, para entender sus demandas y requerimientos. Como resultado, la propuesta “Guardianes de la Selva” es una que suma esfuerzos, basada en la hipótesis de que solo impulsando el desarrollo económico de todos los habitantes de la selva que los incentive a proteger su biodiversidad, se amainarán los conflictos sociales. Por lo anterior, se está proponiendo que, bajo la coordinación de la Secretaría de Turismo y la cooperación de la banca de desarrollo, a las comunidades que habitan la selva que lo soliciten se les instalen centros eco-turísticos administrados por cada comunidad, donde ésta aporte sus areas naturales conservadas, alrededor de los polígonos de cada área natural, tal y como se ha realizado en los centros ecoturísticos “las Guacamayas” y “Las Nubes” con acciones similares exitosas. Adicionalmente, bajo la coordinación de la Secretaría del Bienestar, con la colaboración de la banca de desarrollo, se proponga a los comuneros reestructurar sus parcelas hacia la ganadería intensiva que no extensiva, dotándolos de programas similares a “sembrando vida” para reforestar las areas que dejará la ganadería extensiva.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la mesa interinstitucional para la atención de la “Selva Lacandona” conformada por las Secretarías de Gobernación; de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP); la Procuraduría Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional (RAN), al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y a las autoridades del estado de Chiapas para que en el ámbito de sus atribuciones consideren incluir en sus mesas de trabajo, el programa proyecto “Guardianes de la Selva” que propone el desarrollo de proyectos que den a sus habitantes viabilidad económica que los incentive a proteger su herencia medio-ambiental.

Notas

1 Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. “Lacandones-Etnografía”. Consultado en: http://atlas.inpi.gob.mx/lacandones-etnografia/

2 @RabinSalazar. “Twitter”. Consultado en:

https://twitter.com/RabinSalazar/status/1367586415765168129

Dado en el Pleno de la Cámara de Diputados, a 2 de septiembre de 2022.– Diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO DE NAYARIT, A IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DIGITAL ESTATAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nayarit a implementar una política digital estatal, a cargo de la diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción 1, y 79, numeral 2, fracción II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al gobierno de Nayarit a implementar una política digital estatal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El aprovechamiento del potencial que brindan las tecnologías de la información y comunicación y de los servicios de banda ancha e internet representa un elemento catalizador para el desarrollo del país mediante su incorporación a la vida cotidiana de las personas y a las entidades de gobierno.

Un país digitalizado y un gobierno que goce de independencia, soberanía y autonomía tecnológica, centrado en las necesidades ciudadanas y empleando estas herramientas como instrumentos generadores de igualdad y crecimiento se ha convertido en una necesidad más que en un anhelo.

Con lo anterior en mente desde todos los ámbitos de gobierno surge la obligación de promover e impulsar que las y los mexicanos tengan garantizados sus derechos humanos digitales y así gocen y se beneficien del acceso a las tecnologías de la información y comunicación, cuenten con los servicios de banda ancha e internet y contribuyan en el potencial transformador que dichas tecnologías representan en cuanto al desarrollo social, cultural y económico, también contando con los correctos estándares de ciberseguridad y protección sobre su privacidad.

Esta obligación pasa también por la necesidad de que desde el gobierno se cuenten con los instrumentos, procesos y plataformas que garanticen la existencia de respuestas a las necesidades y servicios que requiere la ciudadanía desde el ecosistema digital.

La inminencia de la digitalización de las actividades humanas representa un reto particular para los gobiernos por la urgencia de adaptarse a las nuevas realidades y exigencias de una ciudadanía cada vez más globalizada y tecnologizada que espera respuestas inmediatas a los problemas comunes.

El empleo de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) no solo agiliza las comunicaciones entre particulares y entidades de gobierno, también contribuye a un mejor manejo de los recursos públicos logrando la diversificación de los medios de comunicación entre los ciudadanos y los servidores públicos, combate espacios de corrupción y fomenta la transparencia en la función pública, así como el conocimiento y ejercicio de los derechos de las y los ciudadanos.

Gracias a las TIC diferentes sectores tales como salud, educación, comercio y muchos otros, se han visto beneficiados de maneras extraordinarias. Al no contar con una política digital actualizada y eficiente hoy en día, se paraliza el desarrollo y se pierden posibles beneficios, creando una desigualdad de oportunidades entre la población y vulnerando sus derechos fundamentales.

Por estas cuestiones es importante que el Estado mexicano mantenga en permanente actualización y revisión la política digital que permita a la ciudadanía acceder a las acciones y programas de gobierno, contar con aspectos relativos a ciberseguridad que prevengan vulneraciones a los sistemas de información gubernamental y al mismo tiempo, impulse la generación de espacios que habiliten el empleo de nuevas tecnologías en la configuración económica y social del país.

Para lograr estos objetivos se requiere que el Gobierno Federal en conjunto con los gobiernos estatales realicen una serie de acciones clave para habilitar el acceso y adopción de esquemas digitales en todo el quehacer gubernamental y que estos se encuentren unificados y estandarizados.

En este aspecto, el Centro de Estudios e Investigación en Asuntos Públicos (CEIAP) presentó en julio de este año la segunda evaluación de Política Digital Estatal. En ella identificó que “ existen puntos que el grueso de las entidades cumple, como la incorporación de acciones de Gobierno Electrónico y Abierto. De acuerdo con los resultados obtenidos, 25 entidades federativas cuentan con acciones en materia de digitalización de trámites y servicios públicos, y 30 estados introducen protocolos de gobierno y datos abiertos a su plan de gobierno. Lo anterior implica que solo Guerrero y Nayarit no lograron obtener estos puntos debido a que no tenían plataformas digitales funcionales para ambas necesidades o sus plataformas no contaban con las características indispensables”.

En este mismo análisis se señala la precaria situación en materia de política digital que atraviesa el estado de Nayarit, siendo el único estado que no cumple con los diez puntos del decálogo de política digital del CEIAP e, incluso carece de los puntos ya avanzados en prácticamente todo el país.

El decálogo de política digital está compuesto por los siguientes puntos:

• Diagnóstico exhaustivo del ecosistema digital

• Marco jurídico local en materia de TIC y entorno digital

• Autoridad encargada de políticas digitales

• Agenda Digital Estatal

• Política de Infraestructura de Telecomunicaciones

• Programa de Digitalización de Trámites y servicios públicos

• Trámites y permisos para el despliegue de infraestructura homologados

• Clúster TIC, Laboratorio digital o hub digital

• Protocolos de gobierno y datos abiertos

• Programa de conectividad en espacios públicos para comunidades marginadas

El estudio menciona que existe preocupación en la materia para el estado de Nayarit pues “el Plan de Desarrollo de la administración entrante no contempla acciones en gobierno digital, ni estrategias relacionadas con infraestructura de telecomunicaciones en el estado. En general, no hay evidencia que demuestre que el nuevo gobierno advierte esta materia como un tema de interés ni que se tengan planeadas acciones de política digital”.

Se debe destacar que el artículo 6 de la Constitución establece que:

“El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.”

Por lo que se desprende la obligación constitucional de todas las autoridades y dependencia del Estado mexicano de garantizar el ejercicio de este derecho a la ciudadanía. Cuestión que resulta necesaria atender en el estado de Nayarit, ya que actualmente sus ciudadanos se encuentran en un estado de vulnerabilidad al no contar con el mismo desarrollo digital y por ende oportunidades limitadas de desarrollo.

De conformidad con los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 en cuanto a servicios de conectividad en la vivienda, particularmente el caso de acceso a las tecnologías en Nayarit, el porcentaje de viviendas en el estado con acceso a internet es del 47 por ciento, 34.9 por ciento de las viviendas disponen de computador y 88.5 por ciento de las viviendas dispone de un celular.2

La pandemia por Covid-19 puso en evidencia la relevancia de las TIC y de la conectividad pues fueron esenciales para mantener el funcionamiento del gobierno y del sector privado durante los momentos críticos del confinamiento y distancia social. Pero este contexto también ilustró la enorme disparidad que existe entre distintas regiones a nivel internacional y nacional en cuanto al acceso a estas tecnologías, lo que ha ampliado las brechas de desigualdad para muchos sectores de la población.

La desigualdad en el acceso a la tecnología trae consigo problemas que, independientemente del fin de la pandemia, seguirán existiendo y acrecentándose, por lo que es imprescindible tomar las acciones necesarias para terminar con ella y así proteger a la población de las posibles repercusiones de una política digital inadecuada.

Una política digital adecuada no solo garantiza desarrollo y oportunidades de crecimiento para la población, sino también la garantía del acceso y ejercicio a los derechos humanos digitales, pues las tecnologías digitales traen consigo un manejo diferente para ejercer los derechos humanos y es a través de políticas digitales por parte del Estado que se garantiza su protección y asequibilidad.

Con esto en mente, la política digital impulsada desde el gobierno de Nayarit debe traducirse en esquemas de regulación pública de los espacios digitales que fomenten el respeto a los derechos humanos y habiliten su ejercicio para toda la población.

Nayarit no debe permanecer al margen de la transformación, sus ciudadanos merecen disfrutar del gran impacto que han generado las TIC en los diversos sectores y poder aprovechar los beneficios y oportunidades que brinda la revolución digital para la población en general.

Por lo expuesto, se presenta el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nayarit a implementar una política digital estatal.

Nota

1 Centro de Estudios e Investigación en Asuntos Públicos. Evaluación de Política Digital Estatal 2022.

Cámara de Diputados, a 2 de septiembre de 2022.– Diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para dictamen.

SE EMITA LA DECLARACIÓN DE PROTECCIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN O INDICACIÓN GEOGRÁFICA CORRESPONDIENTE AL QUESO DE OCOSINGO, CHIAPAS, TAMBIÉN CONOCIDO COMO QUESO DE BOLA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al IMPI a iniciar los estudios y trámites necesarios para emitir la declaración de protección de la denominación de origen o indicación geográfica correspondiente al queso de Ocosingo, Chiapas, también conocido como Queso de Bola, a cargo del diputado Ismael Brito Mazariegos, del Grupo Parlamentario de Morena

Ismael Brito Mazariegos, en mi calidad de diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario Morena de la LXV Legislatura, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que abrogó la anterior Ley de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2020, en su artículo 264 define el concepto de la Denominación de Origen conforme a lo siguiente:

“ Artículo 264.- Se entiende por denominación de origen, el producto vinculado a una zona geográfica de la cual éste es originario, siempre y cuando su calidad, características o reputación se deban exclusiva o esencialmente al origen geográfico de las materias primas, los procesos de producción, así como los factores naturales y culturales que inciden en el mismo.”

De la definición anterior podemos establecer, entre otros, dos puntos:

A) La denominación de origen existe sin necesidad de que se declare la existencia de ésta; es decir, que regularmente por la costumbre o tradición, algunos productos con características especiales o singulares son designados con el nombre del lugar donde se producen, es decir, son designados con el nombre del lugar donde tienen su origen o que indican su procedencia; y

B) Para que sea considerada la procedencia una denominación de origen y protegida como tal por medio de la declaratoria respectiva, se deben cumplir con tres condiciones principales, que son las siguientes:

1. La denominación de origen deberá estar constituida por el nombre de un lugar o región geográfica del país;

2. Que con dicho nombre se designe un producto originario de esa región geográfica;

3. Que el producto tiene características y cualidades especiales respecto de productos de su misma clase o especie, y que éstas se deban exclusivamente al medio geográfico, incluido en este último los factores naturales y los humanos.

Ahora bien, respecto de la última parte del concepto de denominación de origen que se refiere a los factores naturales y humanos, a efecto de ejemplificar cuales pudieran ser estos factores, mencionaremos, por lo menos, los siguientes:

Factores naturales

1. Las características y composición del suelo.

2. Temperatura.

3. Humedad.

4. Altitud sobre el nivel del mar.

5. Clima.

Factores humanos

1. Tradición y costumbre.

2. Especialización en un determinado arte u oficio.

3. Utilización de procesos especiales.

Segunda. Según el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, hasta el 4 de febrero de 2020, México tenía 18 denominaciones de origen, las cuales son:

Cabe mencionar que México reconoce 925 denominaciones de origen y 386 indicaciones geográficas de todo el mundo, como parte de la cooperación internacional.

Tercera. La declaración de protección de una denominación de origen o indicación geográfica, se puede iniciar de oficio, por parte del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, o a petición de parte legitimada, como: 1) las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la producción o elaboración del producto que se pretenda amparar, 2) las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculados con el producto, 3) las dependencias o entidades del gobierno federal; 4) Los gobiernos de las entidades de la federación en cuyo territorio o zona geográfica se produzca o elabore el producto que se pretenda amparar, o 5) las Cámaras del Congreso de la Unión.

En este sentido, el artículo 273 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, referida a los sujetos que están legitimados para solicitar el inicio del Trámite de la Declaración de Protección de una denominación de origen o indicación geográfica, a la letra dice:

“Capítulo IIDel Trámite de la Declaración de Protección

Artículo 273.- La declaración de protección de una denominación de origen o indicación geográfica, se hará de oficio o a petición de:

I.- Las personas físicas o morales que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto que se pretenda amparar;

II.- Las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores vinculados con el producto que se pretenda amparar;

III.- Las dependencias o entidades del gobierno federal;

IV.- Los gobiernos de las entidades de la federación en cuyo territorio o zona geográfica se extraiga, produzca o elabore el producto que se pretenda amparar, o

V.- Las Cámaras del Congreso de la Unión, siempre y cuando la propuesta haya sido aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes.”

Por su parte, el artículo 274 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial señala los requisitos que debe tener toda solicitud de declaración de protección a una denominación de origen, que haya sido presentada ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, y establece:

“ Artículo 274.- La solicitud de declaración de protección a una denominación de origen deberá presentarse ante el Instituto con los siguientes datos y documentos:

I.- El nombre, domicilio y correo electrónico del solicitante;

II.- El carácter del solicitante, su naturaleza jurídica y las actividades a las que se dedica, en términos del artículo 273;

III.- El nombre de la denominación de origen;

IV.- Un estudio técnico emitido por una autoridad o institución, pública o privada, que contenga lo siguiente:

a) La descripción detallada del producto o los productos a proteger, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción, procesos de producción o elaboración, envase, empaque o embalaje y comercialización;

b) El lugar o lugares de extracción, producción o elaboración del producto a proteger y la delimitación de la zona geográfica;

c) El señalamiento detallado de los vínculos entre el nombre de la denominación de origen, producto, zona geográfica y los factores naturales o humanos;

d) Los criterios que establezcan las características y especificaciones que deberá cumplir el producto para su extracción, producción o elaboración, envase, empaque o embalaje y comercialización; y

e) Las normas oficiales mexicanas a las que deberá sujetarse el producto para su extracción, producción o elaboración, envase, empaque o embalaje;

V.- El comprobante del pago de la tarifa correspondiente; y

VI.- Los demás que el solicitante considere necesarios o pertinentes.”

De esta manera se da inicio al procedimiento para declarar o para resolver sobre la protección o no, de una denominación de origen. Cabe señalar que, en caso de que dictamine de manera favorable la denominación de origen, es el Estado mexicano quien se constituye en el titular de dicha denominación de origen protegida, y corresponde a la autoridad administrativa, en este caso, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autorizar el uso de las denominaciones de origen protegidas.

Cuarta. La protección de las denominaciones de origen constituye un reconocimiento a la existencia de ciertos productos que gozan de características propias, que los dotan de una calidad superior, las cuales son esencialmente atribuibles al lugar de donde proceden, considerando tanto las particulares condiciones naturales presentes en ese lugar, como la utilización de ciertas técnicas tradicionales de producción o extracción.

Es precisamente esta diferenciación construida socialmente la que exige una vinculación entre el producto y una región geográfica. Son muchos los beneficios que pueden ser identificados en la protección de las denominaciones de origen, los cuales van desde el interés de los consumidores, quienes gracias a ellas podrán identificar en el mercado productos de una calidad superior, mejorando la información que disponen y reduciendo los costos de búsqueda; hasta la promoción del interés de los productores, quienes podrán identificar sus bienes mediante un signo que expresa una calidad conocida, mejorando de esta forma su acceso al mercado y obteniendo una mayor retribución en su comercialización. Todo ello sin contar los beneficios que, en términos generales, su reconocimiento irrogará a la región de procedencia, al permitir aprovechar los recursos locales y convertir al territorio mismo en un atributo, favoreciendo de esta forma tanto el desarrollo económico regional como la conservación de aquellos elementos culturales ancestrales que conforman la identidad de la localidad.

El identificar un producto mediante una denominación de origen incide en la promoción la conservación de las redes agroalimentarias, lo que a su vez permite un desarrollo sostenible basado en tres pilares: el social, el ambiental y el económico, incorporándose la dimensión cultural dentro de la social, lo que permite la apropiación de los conocimientos tradicionales y de su proceso por parte de los actores locales.

Por estas razones, no es de extrañar que el reconocimiento y la protección de las denominaciones de origen presenten una creciente importancia, al igual como ocurre con otros derechos de propiedad industrial, en su rol de fuentes generadoras de riqueza en las economías modernas.

En este preciso sentido, como una prueba de la importancia que tiene la protección de las indicaciones de procedencia, debemos tener presente lo señalado por Le Goffic, en cuanto a que:

“En razón del valor agregado que confieren a los productos que designan, las indicaciones de procedencia geográfica tienen una importancia económica considerable. En un documento que data de 2003, la Dirección General de Comercio de la Comunidad Europea destacaba así que los quesos franceses beneficiados de indicaciones geográficas se venden a un precio medio mayor de dos euros. Ella estimaba que estas indicaciones hacen vivir 138 mil explotaciones agrícolas en Francia y 300 mil personas en Italia, y estimaba su valor en cada uno de estos Estados en 19 y 12 millardos de euros, respectivamente. Las indicaciones geográficas son un vector de desarrollo económico de los países. En el plano mundial, ellas favorecen las exportaciones a lugares de consumo ajenos a la producción: a modo de ejemplo, las bebidas espirituosas beneficiadas de indicaciones geográficas llegan a una tasa de 3,5 millardos de euros dentro de los 5,4 millardos de euros que reporta a la Unión Europea la exportación de esta categoría de productos. En los mercados de consumo, la demanda de productos típicos de calidad se acrecienta. No es, por tanto, sorprendente que las indicaciones geográficas sean objeto de estudios en los diversos ámbitos —geografía, economía, comercio internacional, derecho— en la confluencia de los cuales ellas se encuentran.”

En efecto, desde una perspectiva económica, la existencia de una denominación de origen permite reforzar la posición que los productores locales tienen en un mercado cada vez más competitivo: gracias a la globalización y a los procesos de integración de los países a través del comercio internacional, la denominación de origen representa un importante valor agregado al producto con ella identificado, permitiendo de forma general que el país saque el máximo de provecho a las ventajas que le confiere la naturaleza y el conocimiento humano tradicional, ganando de esta forma productividad, competitividad y facilitando la innovación.

Más aún, la denominación de origen también generan importantes beneficios sociales, los cuales se expresarán en la mejora de la calidad de vida de los habitantes de dicha localidad, quienes obtiene una mayor ganancia en los productos elaborados, al tiempo que preservarán los conocimientos tradicionales y el estilo de vida que forma parte de la cultura de la región; e, incluso, puede potenciar otros aspectos relacionados con la conservación de este conocimiento tradicional y su reconocimiento social a través de la propia denominación de origen, como sería el permitir que la localidad identificada se convierta en un punto turístico, convirtiéndose en un lugar de atracción, por la forma como se producen los bienes distinguidos por la denominación.

Quinta. A pesar de que la comida mexicana ha obtenido reconocimientos mundiales, uno de los más importantes es el que la distingue como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad dado por la UNESCO. Prácticamente no existen productos mexicanos que tengan denominación de origen. Como ejemplo, basta saber que Francia tiene más de 750 denominaciones de origen formalmente registradas.

Bebidas, que podrían tener hay denominación de origen, tanto nacional como internacional, en México tenemos, entre otras: a) el pulque de los Llanos de Apan; b) el aguamiel; c) tepache; d) téjate; e) pozol; f) atole; g) colonche; h) tascalate; i) téjate; j) Xtabentún; k) Yolixpa; o l) el Pox de Comitán.

México es la tierra del maíz, que, de acuerdo con Biodiversidad Mexicana, de las 220 razas que se han identificado en América Latina, 64 se encuentran aquí. Entonces, hay variedades como el maíz de Jala, en Nayarit, el más grande del mundo, o los 34 tipos endémicos que existen en Oaxaca también podrían participar en este registro.

Hablando de ingredientes consideremos a la milpa como el origen de productos como diversos chiles, frijoles y hortalizas. También el nanche, nopal (que por cierto China buscó patentar), huitlacoche y aguacate Hass, Criollo y Fuerte, la mayoría de ellos producidos en Michoacán.

Un producto que protegen varios países es el queso y en México también se produce. Existen variedades de regiones específicas como el Cotija que se produce en el estado de Michoacán, el quesillo de Oaxaca, el Chihuahua hecho por menonitas de dicha región, el de Ocosingo en Chiapas, el molido de Zacazonapan, en el estado de México, y el Porta, de Tabasco.

Si bien el hecho de la denominación de origen supondría que no se pueden reproducir —al menos con el mismo nombre— en otras regiones no registradas también significa la protección de estos y la garantía de su trascendencia a través del tiempo.

Sexta. En particular, el queso de Ocosingo o queso de bola es un manjar. Se trata de un alimento de sabor inconfundible. Es un queso en forma de bola que puede pesar 1 kilogramo. La bola está formada por una costra de queso de leche descremada, que alberga en el interior un queso con una maduración de por lo menos 20 días. Es típico de Ocosingo, Chiapas, donde su proceso de producción nació a partir de la necesidad de su conservación debido a las condiciones geográficas que imperan en la región. Su interior se come desmoronado o untado y la costra, si se asa o fríe, también se puede consumir.

El de Ocosingo es un queso de bola chiapaneco que se caracteriza por tener una costra dura y gruesa; mientras que en su interior contiene un rico queso doble crema madurado por más de veinte días. Su sabor es ligeramente agrio y salado, y también tiene notas dulces.

A medida que pasa el tiempo, la costra del queso de Ocosingo endurece más, dando como resultado un queso mejor conservado. Por ello no es casualidad que el origen de este lácteo sea precisamente la necesidad de buscarle métodos de mantenimiento efectivos ante las condiciones climáticas de la región de donde viene.

Ocosingo, que es nombre del municipio y del pueblo donde fue creado y se trata de una demarcación de clima cálido y húmedo, dentro del que se circunscribe la Selva Lacandona. Uno de los lugares más famosos dentro de Ocosingo, en el que puedes encontrar dicho queso, es en la fábrica de quesos Santa Rosa.

El interior se puede desmoronar y agregar a diversas preparaciones. Una deliciosa forma de degustarlo es espolvorear este queso sobre los frijoles refritos o de la olla. Verás que encontrarás un contraste bastante interesante. Incluso puedes preparar un flan con el interior de este queso.

La costra se puede asar, parrillar u hornear, como es el caso del queso relleno, ya que gracias a su firme consistencia resiste temperaturas altas. Una de las recetas más tradicionales es el queso relleno de picadillo de carne cerdo con chiles dulces, pasas con alcaparras, canela y jerez. Todo esto acompañado de una salsa de jitomate.

Para maridar este queso, un vino blanco con notas minerales siempre es una gran opción. Por otro lado, una cerveza clara también puede conjugar perfecto con él. Puedes acompañarlo con un poco de duraznos para probar un contraste interesante. En la actualidad se le ubica como un queso de alta calidad, con características únicas por las condiciones geográficas en las que se fabrica, aunque prácticamente es desconocido para el resto del país.

Por las consideraciones y fundamentos arriba expresados, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente, exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que inicie los estudios y trámites necesarios a efecto emitir la declaración de protección de la denominación de origen o indicación geográfica correspondiente al queso de Ocosingo, Chiapas, también conocido como “queso de bola”.

Notas

1 DOF: 01/07/2020. Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y se abroga la Ley de la Propiedad Industrial.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596010&fecha =01/07/2020#gsc.tab=0

2 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 6 de febrero de 2020. Tradición e Identidad protegidas: las denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

https://www.gob.mx/impi/articulos/tradicion-e-identidad-protegid as-las-denominaciones-de-origen-e-indicaciones-geograficas

3 Revista Iberoamericana de Viticultura, Agroindustria y Ruralidad, volumen 3, número 8, 2016. Universidad de Santiago de Chile. La importancia de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas para la identidad país.

https://www.redalyc.org/pdf/4695/469546449013.pdf

4 Íbid.

5 (Barjolle y Valdecandelaere, 2012: 5-6).

6 (Le Goffic, 2010: 2-3).

7 ¿Para qué proteger productos mexicanos como el aguacate, pulque y maíz? Hablemos de las denominaciones de origen. h

ttps://www.animalgourmet.com/2021/01/08/denominacion-de-origen-e n-mexico-alimentos-que-es/

8 Diccionario gastronómico Queso bola de Ocosingo.

https://laroussecocina.mx/palabra/queso-bola-de-ocosingo/

9 Gourmet de México. Queso de Ocosingo: una joya chiapaneca que no te puedes perder.

https://gourmetdemexico.com.mx/gourmet/cultura/queso-de-ocosingo -una-joya-chiapaneca-que-no-te-puedes-perder/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2022.– Diputado Ismael Brito Mazariegos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

EXHORTO A LA SHCP, A CONSIDERAR LA REACTIVACIÓN DE LOS FONDOS PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a considerar la reactivación de los Fondos para el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, a fin de atender la grave crisis de inseguridad que se vive en el país, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, párrafo 1, fracción I, y 79, párrafo 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Hoy, México vive la mayor crisis de inseguridad de su historia, que si bien es cierto no inicio en esta administración, fue en este gobierno donde claramente se ha acelerado y deteriorado la situación. Ante el inminente fracaso de la estrategia de seguridad, en lo que va de este sexenio el país sufre con más de 130 mil homicidios y cerca de 13 mil feminicidios.

Lamentablemente, la violencia se está volviendo un elemento cotidiano en las familias mexicanas. Fuentes estadísticas recuperadas por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales confirman que el fenómeno de la violencia se ha extendido en distintos ámbitos: en la psique y en los comportamientos cotidianos de los ciudadanos, en las interrelaciones humanas y familiares, así como en las estructuras sociales y culturales en que se ha impuesto la costumbre de la exclusión, discriminación, explotación y desigualdad.

Un estudio del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, revela que México cuenta con las 18 ciudades más violentas y peligrosas del mundo, seguido de Brasil con 11, de acuerdo a datos obtenidos del Consejo de Seguridad Pública y Justicia Penal AC.

Zamora en Michoacán encabeza la lista de todo el mundo de las ciudades más violentas, con una tasa de 196.63 por cada cien mil habitantes, según la medición del ranking; le sigue Ciudad Obregón, Sonora, con 155.47; Zacatecas con 107.47; Tijuana, Baja California con 103.19; Celaya, Guanajuato con 100.92; Ciudad Juárez, Chihuahua con 95.79; Ensenada, Baja California con 76.95 y Uruapan, Michoacán con 73.40.

Desde el mes de agosto en los estados de Guanajuato, Jalisco, Baja California, Michoacán, Chihuahua y Colima se hilaron actos de violencia que han amedrentado a la población de los estados.

Por su parte, el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte la grave crisis de derechos humanos que se vive en ese país. El estudio analiza particularmente las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia y la impunidad, y la situación de periodistas, defensores de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país.

Expertos en seguridad y violencia de género advierten que la impunidad, la falta de políticas públicas, las fallas en protocolos y la falta de presupuestos se han convertido en el caldo de cultivo para el incremento de la violencia en esta administración.

A pesar de lo anterior, la administración federal ha eliminado el financiamiento de la estrategia de fortalecimiento de la policía civil, particularmente en las instancias municipales, lo que apunta en los hechos a perpetuar la militarización del país.

En el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2022, se profundizó el problema: se dirige un mayor gasto hacia la Guardia Nacional, mientras se estancan las transferencias federales de seguridad pública y se elimina, por segundo año consecutivo, los fondos especiales para los municipios más inseguros del país.

El presupuesto para la Guardia Nacional es de 62.8 mil millones de pesos (mmdp), un incremento de 70 por ciento frente a lo aprobado para 2021. Al mismo tiempo, las transferencias federales destinadas a la seguridad pública local se quedaron sin cambio con respecto a 2021: 8 mmdp, monto 63 por ciento inferior frente al máximo de la última década, alcanzado en 2016.

La asignación 2022 del gasto del gobierno continúa la tendencia de financiar con recurso las políticas para la militarización de la seguridad pública. Este esquema institucional no ha demostrado cualitativamente ser superior al esquema previo de fuerzas de seguridad bajo el mando civil.

El secretario general de la Conferencia Nacional de Municipios de México (Conamm), Sergio Arredondo, afirmó que “al retirarse los fondos de seguridad complementarios al FASP, las ciudades, los cuerpos de seguridad y las estrategias de seguridad preventiva han quedado totalmente desprotegidas”.

Así mismo, Adán Larracilla, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), comentó: “ante los recortes presupuestales, los municipios han tenido que recortar otros capítulos de gasto para destinar recursos a labores de seguridad, afectando a los municipios más pequeños con menos margen de maniobra. Además, los recortes dificultan la coordinación con las instancias estatales y federales de seguridad, al debilitar el capital humano y limitar los recursos de trámites y procesos”. Anticipó que la Conamm, que agrupa a la ANAC y otras organizaciones, pedirá a la Cámara de Diputados, para el siguiente año, la reactivación del Fortaseg, pero con un rediseño de fórmulas que considere los índices delictivos más que el número de población.

Como grupo parlamentario reconocemos la urgencia de atender los elementos externos, así como los factores internos que impulsan el fenómeno de la violencia. En este sentido, el financiamiento de políticas públicas específicas es necesario para lograr resultados positivos, por lo que reiteramos la importancia de aprobar suficientes recursos para el fondeo de instituciones de seguridad a nivel local y municipal, específicamente el Fortaseg.

Los recientes ataques a la población civil registrados son un llamado de alerta para la implementación de fondos federales para programas de prevención de delitos de alto impacto que lastiman sin consideración alguna a hombres mujeres y niños en estado de indefensión.

El Estado mexicano no puede permitir la operación impune de grupos armados en el territorio nación, razón por la cual, consideramos que esta proposición sea de urgente u obvia resolución, toda vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está próxima a presentar la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Presupuestal 2023 y, es indispensable que se prevea la entrega de recursos aplicando los criterios aprobados en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y para dar atención a los principios mínimos de gobernanza en las entidades del país.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de sus atribuciones considere la reactivación de los fondos para el programa de fortalecimiento para la seguridad (Fortaseg) a fin de atender la grave crisis de inseguridad que se vive en el país.

Notas

1 Incidencia delictiva

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delict iva-299891?state=published

2 Personas más afectadas por la inseguridad

http://www.ibd.senado.gob.mx/?q=search/node/inseguridad

3 Violencia, inseguridad y desapariciones en México

http://www.oas.org/es/cidh/

4 En gobierno de AMLO, más de 13,000 mujeres han sido asesinadas

https://politica.expansion.mx/mexico/2022/07/27/en-gobierno-de-l opez-obrador-mas-de-13-000-mujeres-hansidoasesinadas#:~: text= Expertas%20en%20seguridad%20y%20violencia,El%20mensaje%20es%20de%20impunidad.

5 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2022.pdf

6 Seguridad Pública en el PEF 2022: más gasolina para la militarización

https://www.mexicoevalua.org/seguridad-publica-en-el-pef-2022-ma s-gasolina-para-la-militarizacion/

7 Encuentro de fenamm con el subsecretario de prevención y participación ciudadana de segob

https://fenamm.org.mx/site/index.php?option=com_content&view =article&id=1563: encuentro-defenamm-con-el-subsecretario-de-prevencion-y-participacion-ciudadana -de-segob&catid=248

8 En el consenso y no en la ocurrencia, se avanzará en adoptar el marco legal por la seguridad: MOS

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/grupos-p arlamentarios/18673-en-elconsensoy-no-en-la-ocurrencia-se-avanzara-en-adoptar-e l-marco-legal-por-la-seguridad-mos.html

Dado en la sede del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de septiembre de 2022.– Diputados y diputadas: Yerico Abramo Masso, Norma Angélica Aceves García, Brasil Alberto Acosta Peña, Ricardo Aguilar Castillo, Yeimi Yazmín Aguilar Cifuentes, María de Jesús Aguirre Maldonado, Blanca María Alcalá Ruiz, María Guadalupe Alcántara Rojas, Cristina Amezcua González, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Pedro Armentía López Karla Ayala Villalobos, Frinné Azuara Yarzábal, Laura Barrera Fortoul, Karina Marlen Barrón Perales, Sue Ellen Bernal Bolnik, Jaime Bueno Zertuche, María del Refugio Camarena Jauregui, Adriana Campos Huirache, Andrés Mauricio Cantú Ramírez, Óscar Gustavo Cárdenas Monroy, Sofía Carvajal Isunza, Javier Casique Zárate, Alan Castellanos Ramírez, Eufrosina Cruz Mendoza, Carolina Dávila Ramírez, Yolanda de la Torre Valdez, Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, Juan Francisco Espinoza Eguía, José Guadalupe Fletes Araiza, Rodrigo Fuentes Ávila, Pablo Gamboa Miner, José Luis Garza Ochoa, Augusto Gómez Villanueva, Mariano González Aguirre, Xavier González Zirión, Ildefonso Guajardo Villarreal, Marcela Guerra Castillo, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, José Antonio Gutiérrez Jardón, Lorena Haro Ramírez Laura, Ismael Alfredo Hernández Deras, Johana Montcerrat Hernández Pérez, Hiram Hernández Zetina, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Carlos Iriarte Mercado, Jazmín Jaimes Albarrán, Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, Cynthia Iliana López Castro, Roberto Carlos López García, Tereso Medina Ramírez, Marco Antonio Mendoza Bustamante, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Mariana Erandi Nassar Piñeyro, Lorena Piñón Rivera, Reynel Rodríguez Muñoz, Cristina Ruiz Sandoval, Miguel Sámano Peralta, Paloma Sánchez Ramos, María Elena Serrano Maldonado, Melissa Estefanía Vargas Camacho, Sayonara Vargas Rodríguez, Alma Carolina Viggiano Austria, Maribel Guadalupe Villaseñor Dávila, José Francisco Yunes Zorrilla y Eduardo Zarzosa Sánchez (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

EXHORTO A LA CNH, A ADECUAR SUS LINEAMIENTOS Y DISPOSICIONES GENERALES A FIN DE ATENDER LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la CNH a adecuar sus lineamientos y disposiciones generales a fin de atender la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, suscrita por las diputadas Raquel Bonilla Herrera y Judith Celina Tanori Córdova, del Grupo Parlamentario de Morena

Las suscritas, diputadas federales Raquel Bonilla Herrera y Judith Celina Tanori Córdova, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a adecuar sus lineamientos y disposiciones generales a fin de atender la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

¿Qué es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible?

La página electrónica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), al respecto señala lo siguiente: La Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas adopta en septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas que la suscribieron y es la guía de referencia para el trabajo de la comunidad internacional hasta el año 2030. La Agenda 2030 presenta una oportunidad histórica para América Latina y el Caribe, ya que incluye temas altamente prioritarios para la región, como la erradicación de la pobreza extrema, la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento económico inclusivo con trabajo decente para todos, ciudades sostenibles y cambio climático, entre otros.

Es una agenda civilizatoria, que pone la dignidad y la igualdad de las personas en el centro y llama a cambiar nuestro estilo de desarrollo. Es un compromiso universal adquirido tanto por países desarrollados como en desarrollo, en el marco de una alianza mundial reforzada, que toma en cuenta los medios de implementación para realizar el cambio y la prevención de desastres por eventos naturales extremos, así como la mitigación y adaptación al cambio climático.

La Agenda 2030 es el resultado del proceso de consultas más amplio y participativo de la historia de las Naciones Unidas y representa el consenso emergente multilateral entre gobiernos y actores diversos, como la sociedad civil, el sector privado y la academia. Asimismo, las bases normativas de esta agenda multilateral parten desde la carta de las Naciones Unidas de 1945 hasta las más de 40 referencias de conferencias y convenciones de la ONU aprobadas a la fecha.

La Agenda 2030 representa entonces un consenso multilateral entre gobiernos y actores diversos, capaz de tornar compatibles las políticas nacionales a favor del empleo con derechos y el desarrollo con la expansión del comercio internacional y la prevención de conflictos. Representa los compromisos que reconocen a las personas, la paz, la prosperidad compartida, al planeta y las alianzas como los principales rectores, compartidos y universales, en los que se debe basar una nueva batería de estrategias y políticas globales, regionales y nacionales, cuyo objetivo prioritario es caminar conjuntamente hacia una sociedad más igualitaria.

Objetivos de Desarrollo Sostenible en México

De lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas en México, señala lo siguiente: Como actor global, México participó activamente en la definición de la Agenda. El país fue uno de los más activos en los foros de consulta, participando y liderando el proceso de negociación. No solo presentó propuestas puntuales para incorporar los principios de igualdad, inclusión social y económica, e impulsó que la universalidad, sostenibilidad y los derechos humanos fuesen los ejes rectores de la Agenda 2030. También abogó por la adopción de un enfoque multidimensional de la pobreza que, además de considerar el ingreso de las personas, tomara en cuenta su acceso efectivo a otros derechos básicos como la alimentación, educación, salud, seguridad social y servicios básicos en la vivienda. México ha mantenido su participación activa en la implementación de la Agenda 2030, algunos de los avances son: México fue uno de los dos países voluntarios en la región para presentar avances sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ante el Foro Político de Alto Nivel en Desarrollo Sostenible. - Instalación del Comité Técnico Especializado en Desarrollo Sostenible (Presidencia de la República-INEGI), con la participación de las dependencias de la Administración Pública Federal. - El Senado de la República instaló el grupo de trabajo sobre la Agenda 2030, el cual dará seguimiento y respaldo desde el poder legislativo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Desarrollo del Plan de implementación de los ODS por parte de la Presidencia de la República y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). - Instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Agenda 2030 en materia de Desarrollo Sostenible.

Al respecto, la Comisión Nacional de Hidrocarburos en su portal indica que: “La Comisión Nacional de Hidrocarburos ha iniciado un proyecto piloto para aplicar la Clasificación Marco de las Naciones Unidas para los Recursos (UNFC)”.

Asimismo dicha publicación de fecha 18 de julio de 2018, destaca lo siguiente:

Con el objetivo de evaluar y gestionar de una manera integral los aspectos sociales y ambientales relacionados con los proyectos de exploración y producción asociados los recursos y reservas de los recursos convencionales y no convencionales, México por medio de la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha iniciado un proyecto piloto para aplicar la Clasificación Marco de las Naciones Unidas para los Recursos (UNFC) a un grupo de áreas seleccionadas como un preámbulo de una adopción más amplia a nivel nacional.

El foro y taller de lanzamiento de este proyecto se llevó a cabo del 18 al 21 de junio en la Ciudad de México con la participación de más de 120 expertos nacionales e internacionales que representan a diversas instituciones gubernamentales, de la sociedad civil y de compañías operadoras nacionales e internacionales.

México aspira a desarrollar sus recursos petroleros de manera más sostenible buscando ser un modelo a seguir en la aplicación de normas y estándares internacionales en el sector petrolero lo cual contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas en su agenda para el 2030.

De lo anterior el mismo sitio al calce de dicha página, se destaca en el apartado de documentos, el denominado: “Overview and expected outputs of the pilot test” (Resumen y resultados esperados de la prueba piloto) que la prueba piloto se desarrollaría de enero a julio del año 2019:

Asimismo y en el mismo tenor, la prueba piloto está proyectada a 5 años desde su inicio en 2019, tal y como muestra la siguiente diapositiva:

De todo lo anterior, se desprende que la intención de la presente proposición con punto de acuerdo es la de armonizar los lineamientos y disposiciones generales de la Comisión Nacional de Hidrocarburos con los objetivos de la Agenda 2030 en desarrollo sostenible, haciendo énfasis en los objetivos 3, 7 y 8 de dicha agenda y que se refieren a salud y bienestar, energía asequible y no contaminante y trabajo decente y crecimiento económico respectivamente.

Por lo expuesto y fundado, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a adecuar sus lineamientos y disposiciones generales a fin de atender la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a publicar en su portal electrónico los resolutivos correspondientes al proyecto piloto para aplicar la Clasificación Marco de las Naciones Unidas para los Recursos y con referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas en su Agenda para el 2030.

Notas

1 https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/ acerca-la-agenda-2030-desarrollo-sostenible

2 https://mexico.un.org/es/sdgs

3 https://www.gob.mx/cnh/documentos/clasificacion-marco-de-las-naciones-unidas-pa ra-los-recursos-unfc

4 https://www.gob.mx/cnh/documentos/clasificacion-marco-de-las-naciones-unidas-pa ra-los-recursos-unfc

5 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta -la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2022.– Diputadas: Raquel Bonilla Herrera, Judith Celina Tanori Córdova (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

EXHORTO A LA SADER, A LA SEMARNAT Y A LA COFEPRIS, A ATENDER LA EMERGENCIA ECOLÓGICA POR LA QUE ATRAVIESAN APICULTORES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader, a la Semarnat y a la Cofepris a atender la emergencia ecológica por la que atraviesan apicultores de diversas entidades y regiones apícolas, como consecuencia del uso de plaguicidas altamente peligrosos en diversos cultivos agrícolas, a cargo de la diputada Brianda Aurora Vázquez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe diputada Brianda Aurora Vázquez Álvarez, integrante del grupo parlamentario de Morena de la LXV Legislatura con fundamento en los artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución; con base a las siguientes

Consideraciones

Que como resultado de un exhorto realizado por esta soberanía en el año de 2017, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) elaboro el Atlas Nacional de las Abejas y Derivados Apícolas, documento que contiene información sobre el estado que guarda la Apicultura en México.

Que en dicho documento se señala: “El informe de la Plataforma Intergubernamental científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas de las Naciones Unidas advierte que el 40% de los polinizadores invertebrados en particular algunos tipos de abejas y mariposas podrían estarse enfrentando en este momento a un proceso de extinción”.

Agrega, además, “Es de resaltar que la abeja de la miel es una de las polinizadoras más eficientes pues prospera en casi todos los ambientes del planeta, trabaja la mayor parte del año, forma poblaciones muy numerosas y cada abeja suele ser fiel a un tipo de flor concreta aumentando por tanto el índice de reproducción de las especies vegetales”.

Por otra parte, es importante reconocer que la actividad apícola en nuestro país genera entre otros los siguientes beneficios:

La miel y sus derivados como la jalea real, el propóleo y la cera, además de su alto valor nutricional, tienen uso medicinal e industrial sin mencionar el impacto que genera en divisas la exportación de este producto; es de subrayarse la importancia social que representa que una parte importante de quienes se dedican a esta actividad sean pequeños productores que se localizan en pueblos indígenas, en zonas rurales de alta marginación.

De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el sector apícola mexicano existen:

Más de 43 mil apicultores.

2,172,107 Colmenas.

En 2019, se registro una producción de 61 mil toneladas de miel, de los cuáles se exportaron 33 mil toneladas principalmente a países como Inglaterra y Alemania.

Además, ocupamos el noveno lugar en producción de miel a nivel mundial.

Por su parte el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del estado de Jalisco, (Ciatej) A.C. perteneciente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); señala en el documento titulado “El impacto de los plaguicidas en el sector apícola”, algunas medidas tendientes a atender la problemática.

“Impulsar iniciativas que establezcan la regulación, la vigilancia, el buen uso, o en su caso hasta la prohibición de plaguicidas altamente peligrosos. Sin embargo, ante la prioridad de la mortandad de abejas se proponen recomendaciones para proteger al sector apícola a través de una estrecha comunicación entre autoridades, agricultores y apicultores, asimismo hacer efectivas las recomendaciones que da el Manual de Buenas Prácticas de la Sader tras la aplicación de plaguicidas en cultivos”

Agrega el documento; “México tiene convenios internacionales en los que se compromete a prohibir la producción, distribución y uso de sustancias altamente peligrosas entre ellos algunos plaguicidas; sin embargo, estos que México ha regulado los seguimos encontrando en nuestro medio ambiente.”

 Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea   la siguiente proposición:

Punto de Acuerdo

Primero. La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo rural (Sader), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y demás autoridades competentes en los niveles local, estatal y federal; para que se atienda la emergencia ecológica por la que atraviesan apicultores de diversos estados de la República, particularmente del estado de Colima; lo anterior derivado de la aplicación (fuera de norma y protocolo) de plaguicidas altamente tóxicos en diversos cultivos agrícolas, con lo que solamente en la última entidad, han acabado con más de mil colmenas, lo que representa la muerte de 90 millones de abejas en pocos días.

Segundo. La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y demás autoridades competentes, en  los niveles local, estatal y federal;  a tomar las medidas necesarias para atender de fondo este problema, en virtud de que la muerte de millones de abejas por el uso de plaguicidas de alto contenido toxico, se ha convertido en un problema recurrente en las diferentes zonas apícolas del país.

Tercero. La Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a elaborar y/o actualizar y publicar el Padrón Nacional de Productores Agrícolas que utilizan plaguicidas de alto riesgo para las abejas, desglosado por entidad federativa y municipio.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre del 2022.– Diputada Brianda Aurora Vázquez Álvarez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

EXHORTO A LA CNH, A EMITIR LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES A PEMEX PARA DISMINUIR LOS VOLÚMENES DE GAS QUEMADO Y VENTEADO, CON EL FIN DE EVITAR LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la CNH a emitir las recomendaciones pertinentes a Pemex para disminuir los volúmenes de gas quemado y venteado en la exploración y extracción de petróleo en las plataformas de las costas mexicanas, con el fin de evitar la contaminación del medio ambiente, a cargo de la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Conforme al Balance nacional de energía durante el año 2020 la producción de energía primaria aumentó 7.14 por ciento respecto al año 2019, los hidrocarburos representan el 84.06 por ciento de toda la producción nacional, lo que significa que los hidrocarburos continúan siendo la principal fuente de energía primaria en nuestro país.

Sin embargo, en los trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos se utiliza la quema y venteo, o como comúnmente se les conoce, la utilización de “mecheros”, cuya función es la quema de gas natural generado durante los procesos empleados en la exploración y extracción de petróleo. Al existir gas natural asociado al petróleo crudo, las empresas procesadoras de hidrocarburos tienen dos opciones, la primera es darle un uso productivo o quemarlo y/o ventearlo y por lo regular deciden implementar prácticas de quema y venteo de forma continua, sin embargo, estos procedimientos generan resultados económicos, medio ambientales y sociales negativos. Esta situación requiere de acciones y políticas públicas que regulen y logren minimizar los efectos negativos que ello acarrea.

Actualmente la quema de gas asociado se realiza en lugar de desfogarlo (liberar el gas directo a la atmósfera) o de ponerlo en un ducto para su proceso y con ello aprovechar su valor energético. Es importante señalar que el proceso de quema de gases indudablemente afecta la calidad del aire y es un factor que contribuye de manera directa al calentamiento global, lo anterior debido a la emisión de múltiples contaminantes como el metano y el CO2. Adicionalmente, la quema y/o venteo de gas representa un desperdicio de recursos económicos y energéticos para nuestro país.

Actualmente, investigaciones de la comunidad científica han evidenciado el deterioro que ha sufrido el medio ambiente; revertir esta situación se convierte hoy por hoy en un tema esencial; expreso que el primer paso a seguir es comprender y ser conscientes de la magnitud del tema que nos ocupa.

Es de señalar la resolución CNH 06.001/09 por la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos da a conocer las disposiciones técnicas para evitar o reducir la quema y el venteo de gas en los trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos y resaltar los siguientes artículos de dicha resolución, mismos que considero aportan al presente ocurso:

Artículo 1. Las presentes disposiciones técnicas se emiten en términos de los artículos 11 y 15 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, y 2, 3 y 4, fracciones III, VII, VIII, XIII, XV, XVI, XXI, XXII, XXIII, de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por lo que son de observancia obligatoria y tienen por objeto que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios realicen la planificación sobre la forma en la que deberán conservar el valor económico del gas presente en los yacimientos objeto de trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos, en tanto que es patrimonio de la nación; buscando siempre la maximización de su valor económico una vez que sea producido, y atendiendo a los principios y bases siguientes:

I. La Comisión dará prioridad a las inversiones para evitar o reducir al mínimo la quema y el venteo de gas. De la misma manera, la Comisión considera como prioritarias las inversiones en materia de seguridad industrial, a efecto de disminuir los riesgos que las actividades de la industria petrolera puedan causar al medio ambiente y a la salud de los trabajadores;

II. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios deberán sujetarse al marco normativo y procedimental establecido en las presentes disposiciones técnicas, a fin de evitar, salvo causa grave, o reducir al mínimo la quema o el venteo de gas que pudiera resultar prudente realizar, como consecuencia de sus actividades de exploración y explotación de hidrocarburos;

III.  Las presentes disposiciones establecen las metodologías que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios deberán seguir en el diseño de los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, conforme lo establecido en el capítulo II de las presentes disposiciones técnicas, en lo relativo a la evaluación de las alternativas para evitar extraer, aprovechar, conservar o transferir el gas natural que se debe obtener de un yacimiento, y a través de dichas medidas, evitar su destrucción;

IV. Se establecen las bases para el diseño y ejecución de un programa de inversión, construcción, operación y mantenimiento de instalaciones, cuyo propósito sea reducir al mínimo los volúmenes de gas que pudiese resultar prudente destruir, y que en tal programa Petróleos Mexicanos se compromete a cumplir con lo establecido en los capítulos II a V de las presentes disposiciones técnicas.

V. Se establecen los procedimientos que Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios deberán seguir para presentar a la Comisión un programa de cumplimiento obligatorio que incluya los objetivos, medidas, inversiones, cronogramas y otras informaciones o compromisos que resulten necesarios para reducir la quema o el venteo de gas al menor volumen que y nivel técnica y económicamente sea viable de alcanzar. Lo anterior, como consecuencia de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos de proyectos actualmente en explotación operación y en términos de lo establecido en el capítulo IX de las presentes disposiciones.

VI. Se establecen las bases para realizar la verificación del cumplimiento del programa referido en las fracciones tercera, cuarta y quinta de este artículo, así como los procedimientos y avances en los programas de inversión para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados en materia de reducción de quema y venteo de gas, en el marco del desarrollo de los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos. Lo anterior, conforme lo establecido en los capítulos VI, VII y VIII de las presentes disposiciones. (sic).

Finalmente, como diputada federal y como ciudadana comprometida con mi país y con el medio ambiente es que surge esta necesidad e importancia de realizar acciones que van encaminadas al bienestar humano.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que dentro de sus facultades realice las recomendaciones pertinentes a Petróleos Mexicanos para disminuir los volúmenes de gas quemado y venteado en la exploración y extracción de petróleo en las costas mexicanas, con el fin de evitar la contaminación del medio ambiente.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que dentro de sus facultades y conforme al presente dictamen interprete y vigile la aplicación de las disposiciones técnicas, así como, en su caso, la realización de acciones y procedimientos relacionados con su cumplimiento.

Nota

1 https://www.gob.mx/sener/documentos/balance-nacional-de-energia-2019

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de septiembre del año 2022.– Diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

SE HAGA PÚBLICA LA INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATACIÓN PARA LA OBRA DEL TREN MAYA, ASIMISMO, SE INVESTIGUEN Y AUDITEN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y PAGOS RELACIONADOS CON DICHA OBRA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Fonatur a hacer pública la información de los procesos de selección de proveedores y contratación para la obra del Tren Maya, asimismo, a la SFP a investigar los procesos de contratación al respecto y a la ASF a auditar los procesos de contratación y pagos relacionados con la misma obra, suscrito por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las y los suscritos, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. En diciembre de 2018, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el proyecto Tren Maya, mismo que fue considerado por el gobierno federal como el más importante en materia de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo de la presente administración, el cual tendría un recorrido de más de mil kilómetros, cruzará por las entidades federativas de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y fungirá como interconector entre las principales ciudades y sitios turísticos de la Península de Yucatán, para lo cual se estimaba inicialmente una inversión de 120 a 150 mil millones de pesos.

Luego de tres años y medio desde que se colocó la primer piedra simbólica para iniciar con la construcción del proyecto antes referido, la factura sigue aumentando para las y los mexicanos y es que tan solo en 2020, el monto de la inversión total estimada para la construcción del Tren Maya aumentó en 38 mil millones de pesos y para 2021 alcanzó una inversión estimada de casi 180 mil millones de pesos.

Recientemente, el pasado 26 de julio de 2022 durante la conferencia matutina presidencial, López Obrador dio a conocer que el proyecto en el sur del país costaría entre 15 mil y 20 mil millones de dólares, lo que equivale a 409 mil millones de pesos, que significa un aumento de 172% de su costo original, el cual estaba estimado en 150 mil millones de pesos aproximadamente.

Por otro lado, es de observar que dicho anuncio se da un día antes de que el Presidente informará que se implementará una nueva etapa de austeridad: de la republicana a la “pobreza franciscana”, en la que se prevén ajustes como limitar viajes al extranjero y disminuir viáticos de funcionarios públicos.

Cabe destacar que así como se han generado diversos cambios en el presupuesto asignado a dicho proyecto, también han surgido modificaciones en la ruta original del Tren Maya, lo que ha ocasionado suspensiones judiciales en medio de preocupaciones sobre el impacto ambiental del proyecto.

No obstante, López Obrador ha insistido en que la inauguración del Tren Maya se de en diciembre de 2023, lo que ha aumentado la presión para que los constructores encargados de la obra concluyan lo más pronto posible.

Cabe mencionar, que la suspensión judicial más reciente se dió hace unos días cuando un Juez dictó la suspensión del tramo 5 del Tren Maya, por lo que, después de este hecho, el pasado lunes 25 de julio, López Obrador confirmó que Grupo México ya no estaría a cargo de la construcción del Tramo 5, aparentemente poniendo fin a un contrato con la empresa por la cantidad  de 15 mil 400 millones de pesos.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación ha intervenido en múltiples ocasiones en el  proyecto del Tren Maya y es que tan solo en 2021 se dio a conocer que, a pesar del aumento millonario previsto en el costo del proyecto, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que es la dependencia federal encargada de la obra, no había actualizado los indicadores para evaluar su rentabilidad, como el cálculo de la demanda de pasajeros y de carga que tendrá el tren una vez que esté en operación.

Asimismo, la Auditoría resaltó que no se habían concluido los estudios de preinversión del proyecto, destacando que la fecha de finalización de los mismos se había ampliado hasta 2022, “lo que generaría demoras en la entrada en operación del proyecto, prevista para 2023, y limitaría el cumplimiento del objetivo, relativo a promover el desarrollo económico y detonar el producto turístico de la Península de Yucatán.

II. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en su artículo 26. dispone que las dependencias y entidades deberán adjudicar, por regla general,  los contratos a través de licitación pública, para que libremente se presenten las proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado  las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes.

Asimismo, en su artículo 40 la Ley referida señala que de forma excepcional las dependencias y entidades podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de procedimientos de invitación directa a 3 personas o de adjudicación directa, el cual deberá fundarse y motivarse según el caso. En dicho caso, el acreditamientos de los criterios en los que se funda deberá constar por escrito y ser firmados por el titular del área.

En este sentido, el artículo 41 de la misma Ley, dispone que sólo podrán realizarse adjudicaciones directas cuando:

• No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el mercado sólo existe un posible oferente, o se trate de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, o por tratarse de obras de arte.

• Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor.

• Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificados y justificados.

• Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia.

• Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla.

• Se haya rescindido un contrato adjudicado a través de licitación pública, en cuyo caso se podrá adjudicar al licitante que haya obtenido el segundo o ulteriores lugares, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento. Tratándose de contrataciones en las que la evaluación se haya realizado mediante puntos y porcentajes o costo beneficio, se podrá adjudicar al segundo o ulterior lugar, dentro del referido margen.

• Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos establecidos en la convocatoria a la licitación cuyo incumplimiento haya sido considerado como causa de desechamiento porque afecta directamente la solvencia de las proposiciones.

• Existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de bienes de marca determinada.

Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o semiprocesados, semovientes. Asimismo, cuando se trate de bienes usados o reconstruidos en los que el precio no podrá ser mayor al que se determine mediante avalúo que practicarán las instituciones de crédito o terceros habilitados para ello conforme a las disposiciones aplicables, expedido dentro de los seis meses previos y vigente al momento de la adjudicación del contrato respectivo.

• Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones, debiendo aplicar el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, entre las que se incluirán instituciones públicas y privadas de educación superior y centros públicos de investigación.

• Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya contratación se realice con campesinos o grupos urbanos marginados, como personas físicas o morales.

• Se trate de la adquisición de bienes que realicen las dependencias y entidades para su comercialización directa o para someterlos a procesos productivos que las mismas realicen en cumplimiento de su objeto o fines propios expresamente establecidos en el acto jurídico de su constitución.

• Se trate de adquisiciones de bienes provenientes de personas que, sin ser proveedores habituales, ofrezcan bienes en condiciones favorables, en razón de encontrarse en estado de liquidación o disolución, o bien, bajo intervención judicial.

• Se trate de los servicios prestados por una persona física a que se refiere la fracción VII del artículo 3 de esta Ley, siempre que éstos sean realizados por ella misma sin requerir de la utilización de más de un especialista o técnico.

• Se trate de servicios de mantenimiento de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, establecer las cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes.

• El objeto del contrato sea el diseño y fabricación de un bien que sirva como prototipo para efectuar las pruebas que demuestren su funcionamiento. En estos casos la dependencia o entidad deberá pactar que los derechos sobre el diseño, uso o cualquier otro derecho exclusivo, se constituyan a favor de la Federación o de las entidades según corresponda. De ser satisfactorias las pruebas, se formalizará el contrato para la producción de mayor número de bienes por al menos el veinte por ciento de las necesidades de la dependencia o entidad, con un plazo de tres años.

• Se trate de equipos especializados, sustancias y materiales de origen químico, físico químico o bioquímico para ser utilizadas en actividades experimentales requeridas en proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, siempre que dichos proyectos se encuentren autorizados por quien determine el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad.

• Se acepte la adquisición de bienes o la prestación de servicios a título de dación en pago, en los términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.

• Las adquisiciones de bienes y servicios relativos a la operación de instalaciones nucleares.

• Se trate de la suscripción de contratos específicos que deriven de un contrato marco.

Sin embargo, en el caso de la obra del Tren Maya, el Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur) ha adjudicado directamente el 82% de los contratos. De 1209 procedimientos en 2021, al menos 995 fueron adjudicaciones directas, conforme a datos de Compranet.

Desde el nombramiento de Javier May como titular de Fonatur, en 8 meses, se han adjudicado 324 de contratos de manera directa, de un total de 394. Uno de los contratos adjudicados directamente fue por más de 4 mil millones de pesos, hasta 2026, a la empresa Mota-Engil México, SAPI de CV, para la elaboración del proyecto ejecutivo, suministro de materiales y construcción de la plataforma y vía del tren, así como las adecuaciones carreteras correspondientes al tramo entre la localidad de China, en el sur de la ciudad de Campeche, y la localidad de Campo de Tiro en el norte.

En adición a la irregularidad con la cantidad de adjudicaciones directas, éstas se han concentrado en un grupo reducido de consorcios, siendo de los principales beneficiados por el irregular esquema de contratación,  Mota-Engil México y Entertainment SA de CV.

Derivado de lo anterior, resulta de la máxima importancia que Fonatur haga públicos los documentos en los que se fundó y motivó la excepcionalidad para realizar las contrataciones por medio de adjudicación directa, sobre todo tomando en consideración la opacidad que ha permeado la construcción del Tren Maya.

En este sentido, se debe exhortar además a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a investigar las condiciones en las cuales se han realizado las adjudicaciones directas referidas, bajo la óptica de que dicho mecanismo no ha contribuido al mejor interés del Estado, toda vez que el costo original del proyecto era de 120,000 millones de pesos; y actualmente la inversión requerida será por 299,367 millones, es decir un aumento del 150%..

Por todo lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente, al Titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a hacer públicos los documentos relativos a los procedimientos de adjudicación directa de la obra del Tren Maya, en los cuales deberán constar la razones que justifiquen de forma fundada y motivada, las causas por las cuales se actualizaron las causales de excepción al procedimiento de licitación pública, conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente, al Titular de la Secretaría de la Función Pública, dentro de su ámbito de competencias, a investigar los procesos de adjudicación directa y contratación respecto de la construcción del Tren Maya, y en su caso a iniciar los procedimientos para determinar en su caso las responsabilidades administrativas que correspondan.

Tercero.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a auditar los procesos de contratación relativos a la obra del Tren Maya, y determinar en su caso el impacto que el uso de la adjudicación directa ha tenido en el incremento del costo de la obra. Asimismo, una vez concluido el proceso de auditoría, hacer pública la información obtenida derivada de la misma.

Notas

1. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; Programa Sectorial de Turismo 2020-2024; Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024; Programa Institucional 2020-2024 del Fondo Nacional de Fomento al Turismo; Programa Institucional 2020-2024 de FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.; Estrategia Nacional de Turismo 2019-2024, y el Análisis Costo Beneficio del Proyecto Tren Maya

2. El Tren Maya se encarece. Animal Político. Recuperado de:

https://www.animalpolitico.com/2022/02/tren-maya-mas-caro-report e-auditoria-superior/#:~: text=En%20tan%20solo%20dos% 20a%C3%B1os,180%20mil%20millones%20de%20pesos.

3. Tapia, Anayeli,  Qué es la “pobreza franciscana”, la nueva bandera de AMLO, en Infobae, 28 de julio de 2022, disponible en

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/28/que-es-la-pobr eza-franciscana-la-nueva-bandera-de-amlo/

4. Ídem

5. El Tren Maya se encarece. Animal Político. Recuperado de:

https://www.animalpolitico.com/2022/02/tren-maya-mas-caro-report e-auditoria-superior/#:~: text=En%20tan%20solo%20dos%20a %C3%B1os,180%20mil%20millones%20de%20pesos.

6. Ídem

7. San Martín, Neldy,  Tabasqueños, los favorecidos: Contratos directos aceitan la marcha del Tren Maya, Proceso, 23 de agosto de 2022, disponible en:

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/8/23/tabasquenos-los- favorecidos-contratos-directos-aceitan-la-marcha-del-tren-maya-291975.html

8. Idem.

9. Vázquez, Jesus, Costo del Tren Maya aumenta 150%, El Economista, 7 de agosto de 2022, disponible en:

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Costo-de-la-obra-del-Tre n-Maya-aumenta-150-20220807-0077.html

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el 6 de septiembre de 2021.– Diputado Jorge Álvarez Maynez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

SE INVESTIGUE A JUECES Y MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN QUE HAN LIBERADO DELINCUENTES U OBSTACULIZADO LEYES Y PROYECTOS IMPULSADOS POR EL ACTUAL GOBIERNO FEDERAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la UIF a investigar a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación que han liberado delincuentes o que han obstaculizado leyes y proyectos de interés público que ha impulsado el actual Gobierno Federal, a cargo de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, integrante del grupo parlamentario Morena de la LXV Legislatura del Congreso De La Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III del reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El enriquecimiento ilícito de la clase política ha sido uno de los actos de corrupción más recurrentes en la historia de México, la Cuarta Transformación está decidida a acabar con esos lacerantes vicios y prácticas que afecta a los más pobres, siendo deleznable que la balanza de la justicia se doble y haya un “mercado” de sentencias al mejor postor.

Estos actos contra el Pueblo se dan cuando un juez permite una obra o negocio ilegal que afecta a personas que no tuvieron para pagar un abogado, cuando se despoja de su indemnización y salarios a un trabajador en indebido beneficio para un patrón, cuando se permiten negocios ilícitos que permiten saquear los recursos del país, casos hay muchos, pero lo cierto es que la justicia se aprecia lejana, lenta y la gente desconfía de los jueces.

Para nadie es ajena la existencia de corrupción en el ámbito del Poder Judicial, se precisa que no todos los servidores públicos judiciales han caído en ese mal social, no hay que generalizar pero si haya casos muy graves que deben ser investigados, aclarados y que se finquen las responsabilidades correspondientes.

Lo anterior, es parte de la amalgama que había entre el poder económico y el poder político, donde el primero compraba el favor judicial, eso se acabó con la Cuarta Transformación, por ello la preocupación del Ejecutivo Federal sobre la actuación de ciertos jueces y magistrados que han utilizado a modo la prisión preventiva para liberar presuntos delincuentes o que se han dedicado a impedir la aplicación de las leyes y proyectos estratégicos que ha impulsado la Cuarta Transformación.

Morena ganó en las urnas bajo el principio de “no robar” y de “primeros los pobres”, por lo que debemos estar atentos de aquellos servidores públicos de cualquier poder del Estado, cuyas prácticas y costumbres no han sido acordes al respeto y protección del Pueblo de México, es totalmente escandaloso que algunas personas previo a ser jueces, gozan de una medianía pero posteriormente viven con lujos desmedidos que no corresponden a su salario, por lo que deben ser investigados y determinar cuál ha sido la evolución de su patrimonio y de su entorno familiar.

En tal sentido exhortamos para que la Unidad de Inteligencia Financiera realice un exhaustivo trabajo de investigación, ya que como hemos afirmado por lo regular las personas con acceso ilícito a fuentes de recursos, usan testaferros y crean tramas complejas para ocultar el dinero.

Incluso el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador recientemente ha señalado la creación de tribunales de consigna y la existencia de diversos casos de corrupción judicial, de acuerdo a lo siguiente:

“ Presidente Andrés Manuel López Obrador: Entonces ¿qué quieren? No tienen llenadera. No hay injusticias, es: vamos a buscar la convivencia en armonía del sector público con el sector privado y esto nos conviene a todos. No,crearon sus tribunales para favorecer a las empresas privadas, jueces a modo, jueces de consigna para estar protegiendo a las empresas particulares, extranjeras del sector eléctrico en contra de la Comisión Federal de Electricidad, y lo mismo en el caso de Pemex.”

“ Lo mismo en el caso de la decisión que tendrá que tomar la Corte sobre las detenciones de delincuentes que requieren de prisión preventiva porque, de lo contrario, va a seguir la impunidad en el Poder Judicial, y eso afecta mucho.

Y no estoy inventando nada, hace como cuatro días di a conocer cómo se detiene a un presunto delincuente, generador de violencia en Colima.

Interlocutor: El caso de ‘la Vaca’.

Presidente Andrés Manuel López Obrador: Sí, y ya en la madrugada el juez ya lo había dejado en libertad. Nada más porque no dormimos, tenemos que estar pendientes, y ya se vio que este señor tiene dos órdenes de aprehensión por delitos graves, y ya estaban a punto de soltarlo, y por lo mismo, que porque estaba mal integrada la averiguación.

Imagínense en estos casos lo que sucedería,los jueces liberarían a diestra y siniestra, si ya lo hacen, se agravaría el problema. Si el Poder Judicial estuviese moralizado, entonces no tendríamos nada de qué preocuparnos, pero el Poder Judicial sigue siendo el Poder Judicial de tiempos atrás, caracterizado por la corrupción; con honrosas excepciones, para no generalizar.

Un día voy a dar a conocer –es más, mañana– todos los casos que tenemos así, porque van a resolver sobre este asunto y a lo mejor los ministros están hasta arriba en el pináculo, pero ¿y qué pasa en la vida diaria? ¿Qué, no sabe la gente que se detiene a alguien y todavía el que acusó no ha regresado a su casa y ya está libre el acusado? ¿Vamos a seguir así?

Vamos a limpiar el Poder Judicial y entonces sí, cuando tengamos confianza plena en que no va a haber corrupción y que va a haber apego estricto a la ley... pero no estamos en esa situación, no hay normalidad jurídica, todavía hace falta seguir limpiando de corrupción el gobierno en su conjunto, el Ejecutivo,pero el Judicial está intacto, jueces que ni siquiera les importa el pueblo, no existe el pueblo para ellos, son jueces para defender intereses de grupos de intereses creados, todos estos que defienden a las empresas extranjeras, todo ese andamiaje jurídico que se creó para defender las privatizaciones, ahí está intacto.

Hace falta seguir avanzando y nosotros no podemos quedarnos callados en estos casos, porque imagínense todo el esfuerzo que se hace, el riesgo para servidores públicos que son amenazados. En este asunto de la libertad de este presunto delincuente hay el asesinato de servidores públicos.

...

Sí, Entonces, son cuestiones muy graves, no nos podemos quedar callados.

Ah, la academia, ‘las teorías más avanzadas de políticas públicas nos orientan a que se modernice el sistema judicial garantizando más libertades’. Pues sí, siempre y cuando tengamos verdaderos, auténticos jueces, incorruptibles; si no, pues es el cuento de nunca acabar, es mantener la impunidad.

...

Y que conste, tengo mucho respeto y le tengo confianza al fiscal y al presidente de la Corte, y a algunos ministros, pero la mayoría,la mayor parte de los integrantes del Poder Judicial no son gentes caracterizadas por la honestidad; o sea, hablando en plata, no resisten cañonazos, no resisten las tentaciones, o son representantes de grupos de intereses creados, no representan al pueblo, desprecian al pueblo; es una vida como artificial, donde el pueblo no cuenta, cuentan todos los intereses, menos el interés del pueblo. Entonces, es una burbuja, son los abogados, las relaciones públicas, todo arriba.

Lo que ha señalado el Presidente de la República no es nuevo, hay distintos reportajes e investigaciones académicas que han evidenciado la corrupción existente, entre ellos podemos señalar:

• El estudio titulado “La corrupción de los jueces federales mexicanos y su depuración” del académico Julio Bustillos, quien es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

• Corrupción Judicial e Impunidad: El Caso de México por Miguel Carbonell.

Estoy segura que, aquellos malos jueces y magistrados al saber que están siendo investigados se moderaran, lo que ya será una ganancia para el Pueblo, pero lo cierto es que se debe investigar y deslindar responsabilidades, es justo el momento de acabar con la corrupción.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al Pleno, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Unidad de Inteligencia Financiera a efecto de que investigue a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación que han liberado delincuentes o que han obstaculizado leyes y proyectos de interés público que ha impulsado el actual Gobierno federal y, de ser el caso que advierta cualquier acto de enriquecimiento ilícito, inmediatamente se dé parte a la Fiscalía General de la República.

Notas

1. https://lopezobrador.org.mx/2022/08/29/version-estenografica-de-la-conferencia- de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-803/

2. https://www.gob.mx/presidencia/articulos/version-estenografica-conferencia-de-p rensa-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-del-30-de-agosto-de-2022?idiom =es

3. https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/33/04%20 Julio%20Bustillos.pdf

4. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2770/4.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2022– Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

SE HAGAN PÚBLICOS LOS RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DE LAS ACCIONES PARA MITIGAR LAS EXTERNALIDADES EDUCATIVAS OCASIONADAS POR LA PANDEMIA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a hacer público los resultados obtenidos a partir de las acciones para mitigar las externalidades educativas ocasionadas por la pandemia, a cargo del diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Rodrigo Herminio Samperio Chaparro, diputado federal de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Educación Pública a informar puntualmente sobre los resultados obtenidos a partir de las acciones para mitigar las externalidades educativas ocasionadas por la pandemia, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Debido a la reciente crisis sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19 se prevé que esta situación de emergencia tenga impactos significativos en los resultados educativos de la población joven, debido a la interrupción o disminución del aprendizaje, sobre todo, en una etapa donde los jóvenes corren el riesgo de experimentar una transición más larga y compleja hacia el empleo y trabajo decente; siendo la población adolescente uno de los grupos más afectados.

Se estima que de los 33 millones de jóvenes inscritos al sistema de educación (60 por ciento de la población de 3 a 29 años) 740 mil estudiantes (2.2 por ciento) tuvieron que desertar. Entre las principales causas de deserción se encuentra algún motivo relacionado con la pandemia (58.9 por ciento), por falta de recursos (8.9 por ciento) o por tener que trabajar (6.7 por ciento). En este último curso, no fueron inscritos al sistema cerca de 5.2 millones de estudiantes por culpa de la pandemia (2.3 millones) o por motivos socioeconómicos (2.9 millones), y otros 3.6 millones no se inscribieron porque tuvieron que conseguir un trabajo.

En general, la principal causa relacionada con la pandemia por la que estos jóvenes no se inscribieron al ciclo escolar, fue porque sus familias consideraron que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje (26.6 por ciento); la segunda causa se explica en que alguno de sus padres o tutores quedaron desempleados (25.3 por ciento) y la otra causa más importante de deserción escolar en tiempos de pandemia fue porque el alumno no contaba con la infraestructura digital necesaria (equipo de cómputo y conexión a internet) para tomar clases a distancia (21.9 por ciento). Lo anterior es entendible si tomamos en cuenta que, a nivel federal, la Secretaría de Educación Pública se abstuvo de emitir protocolos y lineamientos generales para garantizar certidumbre entre las familias y la población joven de México, enfocada en recuperar el aprendizaje perdido durante la pandemia, así como en diseñar un regreso seguro y sistematizado para los estudiantes, dejando ese trabajo para las dependencias locales y estatales. La falta de atención a las alteraciones que nuestro país sufrió en términos de educación por la pandemia ocasionó que, de acuerdo con el Banco Mundial, México perdiera por lo menos 2 años de escolaridad en términos de rezago educativo, afectando sobre todo a aquellos estudiantes cuya situación socioeconómica, provocó que tuvieran dificultades para transitar y acceder a un modelo de estudios digital en modalidad híbrida o a distancia.

Por otro lado, la asociación México Evalúa, en su estudio titulado Restando Oportunidades, donde se analizan datos sobre las afectaciones a nuestro sistema educativo a causa de la pandemia por Covid-19, señala que desde 2019, ha habido una caída del 2.5 por ciento en la matrícula de educación media superior y de 0.5 por ciento en educación superior, dejando a cerca de 367 mil jóvenes de 15 a 17 años sin inscribirse por lo menos al nivel de educación media superior.

Es importante subrayar que la encuesta ENCOVI-ED realizada por Inegi para saber los impactos que la pandemia de Covid-19 tuvo en nuestro sistema educativo, revela que para acceder al sistema de “clases a distancia”, el 28.6 por ciento de las familias tuvo que hacer un gasto adicional para que el alumno pudiera contar con la infraestructura y el material necesario para poder llevar a cabo dicha modalidad, como son: equipo de cómputo o teléfonos inteligentes, contratar servicio de internet fijo y mobiliario como sillas o escritorios para adecuar espacios de estudio.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que, a través de su titular, haga público un informe sobre las externalidades generadas por la pandemia de Covid-19, específicamente sobre rezago educativo, las afectaciones en los aprendizajes y la deserción escolar, así como los resultados obtenidos y retos pendientes por la dependencia en cualquier acción que haya realizado para mitigarlas.

Notas

1 Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve). “Programa Nacional de Juventud 2021-2024”. Disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/689907/PROJUVENTU D_2021-2024.pdf (Consultado el 1 de agosto de 2022).

2 Isabel Pérez Solís. Ciencia UNAM-DGDC. “Aumento de abandono escolar y trabajo infantil, consecuencia del coronavirus”. 24/05/2021. Disponible en:

Ihttps://ciencia.unam.mx/leer/1120/aumento-de-abandono-escolar- y-trabajo-infantil-consecuencia-del-coronavirus (Consultado el 1 de agosto 2022.)

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). “Encuesta para la medición del impacto Covid-19 en la educación (ENCOVID-ED) 2020”. 23/03/2021. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/ OtrTemEcon/ECovid-ED_2021_03.pdf (Consultado el 1 de agosto de 2022).

4 Banco Mundial. “Las pérdidas de aprendizaje debido a la Covid-19 podrían costarle a la generación de estudiantes actual unos USD 17 billones del total de ingresos que percibirán durante toda la vida”. 6 de diciembre de 2021. Disponible en:

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/ 2021/12/ 06/learning-losses-from-covid-19-could-cost-this-generation-of-students-close-t o-17-trillion-in-lifetime-earnings (Consultado el 1 de agosto de 2022).

5 Marco Antonio Fernández, Daniel Hernández, Laura Herrera y Sandra Reyes. “Restando Oportunidades: caída de la matrícula de la media superior y superior”. México Evalúa, Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey e Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad (IEEC). Disponible en:

https://ieec.mx/posts/restando_oportunidades_ieec (Consultado el 1 de agosto de 2022).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2022.– Diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE SALUD BUCODENTAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, a sus 32 homólogas en las entidades federativas, al IMSS y al ISSSTE a implementar campañas informativas y de prevención en materia de salud bucodental, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1 y el artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La salud bucodental es aquella que permite “el control de las bacterias presentes en los tejidos duros y blandos de la boca y la capacidad de superar los retos diarios asociados al modo de vida actual”, es decir, es un proceso que va más allá de cepillar los dientes ya que para que exista una salud bucodental completa es necesario “el cuidado de los dientes, la lengua, las mejillas y las encías, así como el equilibrio de la biopelícula”.

La falta de salud bucodental puede generar varias enfermedades e infecciones como caries y enfermedades de las encías, pero, además, al ser la boca el principal punto de entrada a nuestro organismo la falta de salud bucodental puede ser causante de otro tipo de enfermedades. De acuerdo con información de la Clínica Mayo algunas de las enfermedades que se pueden generar son las siguientes:

• Endocarditis. Esta infección del revestimiento interno de las cámaras o válvulas cardíacas (endocardio) por lo general ocurre cuando las bacterias u otros gérmenes de otra parte del cuerpo, como la boca, se propagan a través del torrente sanguíneo y se adhieren a ciertas zonas del corazón.

• Enfermedad cardiovascular. Aunque la conexión no se entiende completamente, algunas investigaciones sugieren que la enfermedad cardíaca, las arterias obstruidas y el accidente cerebrovascular podrían estar relacionados con la inflamación y las infecciones que las bacterias bucales pueden causar.

• Complicaciones durante el embarazo y el parto. La periodontitis se ha relacionado con el nacimiento prematuro y el bajo peso al nacer.

• Neumonía. Ciertas bacterias presentes en la boca pueden ser arrastradas hacia los pulmones y, en consecuencia, causar neumonía y otras enfermedades respiratorias.

La Organización Mundial de la Salud ha señalado que en 2019 alrededor de 3,500 millones de personas tenían algún tipo de enfermedad bucal, siendo la caries la enfermedad más común entre personas adultas y niños. De igual forma la OMS ha documentado que son los países de ingresos bajos y medianos en donde existe mayor prevalencia de este tipo de enfermedades, esto por la falta de una cultura de prevención, así como de un insuficiente acceso a servicios de atención, una mala alimentación, entre otros factores.

En México, lamentablemente, los datos existentes confirman esta información de la OMS. De acuerdo al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 9 de cada 10 personas tienen problemas de caries o enfermedad en las encías. En el caso de los niños 6 de cada 10 tienen caries al ingresar a la primaria, siendo Chiapas, Tlaxcala y el Estado de México las entidades en donde más prevalencia de caries en esta edad existe. Por su parte, al egresar de secundaria 6 de cada 10 adolescentes tiene caries, siendo los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Tamaulipas, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tlaxcala e Hidalgo las que presentan los mayores números de casos.

Las personas más propensas a tener algún tipo de enfermedad bucodental son los niños, seguidos de los adolescentes, mujeres embarazadas y personas con diabetes; de ahí la importancia de ir generando desde temprana edad la conciencia de proteger la salud bucal. Algunas de las medidas recomendadas para tener una buena higiene bucal son:

• Cepillarse, al menos dos veces al día, aunque lo recomendable es hacerlo tres veces al día después de cada alimento.

• Cambiar el cepillo dental a los tres meses de uso o antes si está muy desgastado.

• Limitar el consumo de alimentos ricos en azucares, así como de tabaco.

• Usar hilo dental y enjuague bucal.

• Realizar visitas periódicas con el odontólogo.

Como resultado de la actual pandemia de Covid que se vive las personas hemos dedicado más tiempo al cuidado de nuestra salud, lo que ha permitido tener una mayor preocupación e interés por nuestra salud bucodental y así evitar situaciones que, de no atenderse a tiempo, no solo dañarían nuestra salud sino también nuestra economía, pues un tratamiento dental, puede tener un costo de $200 pesos hasta los $30,000 mil pesos o más.

Con el fin de generar mayor conciencia sobre la importancia de la salud bucodental e implementar acciones para su adecuada atención, convencido de que la información y prevención siempre son fundamentales para el cuidado de la salud, es que se presenta el siguiente punto de acuerdo. Es importante señalar que esta propuesta se encuentra con concordancia con el Programa de Acción Específico de Prevención, Detección y Control de las Enfermedades Bucales 2020-2024 del gobierno federal, el cual señala lo siguiente: “la forma más eficaz y eficiente para garantizar una óptima salud bucal tanto en niños como en adultos es a través de la Atención Primaria a la Salud. Por lo cual los modelos de prevención se inician en las etapas tempranas de la vida.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a sus 32 homologas en las entidades federativas, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y facultades, implementen campañas de información y concientización sobre la importancia de la salud bucodental de las personas.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a sus 32 homologas en las entidades federativas, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y facultades, realicen acciones permanentes de prevención en materia de salud bucodental en beneficio de la población mexicana.

Notas

1. https://gacetadental.com/2018/12/que-es-la-salud-bucodental-com-pleta-75958/

2. Ibíd.

3. https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/dental /art-20047475

4. https://www.forbes.com.mx/salud-bucodental-en-mexico-8-de-10-adultos-de-entre-5 0-y-60-anos-tienen-solo-10-de-sus-dientes/

5. Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico de Prevención, Detección y Control de las Enfermedades Bucales 2020-2024. Disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/706942/PAE_BUC_cF .pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro a 6 de septiembre de 2022– Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

SE HAGAN PÚBLICAS LAS ESTRATEGIAS NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS REALIZADOS POR EL INDESOL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Bienestar a hacer públicas las estrategias necesarias para dar cumplimiento a los programas realizados por el Indesol, a fin de contribuir en la protección a las mujeres en el país, a cargo de la diputada María Elena Limón García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Limón García, diputada federal del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción I y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendidas, arraigadas y toleradas en el mundo, en México al menos 6 de cada 10 mujeres ha enfrentado un incidente de violencia alguna vez en su vida.

La violencia en el ámbito familiar se concibió por muchos años como un asunto del espacio privado y de índole personal, es por ello que en las últimas cuatro décadas y gracias a movimientos de mujeres es que comienza a visibilizarse como un problema que trasciende de lo familiar a una dimensión jurídica, social, política y de salud.

En respuesta a este clamor, los gobiernos se han comprometido a través de diversos instrumentos jurídicos internacionales, a impulsar programas y políticas públicas dirigidas a prevenir, atender y sancionar la violencia hacia las mujeres. La Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará) es una de las más importantes en su tipo, ya que se han vinculado los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA). En México se han impulsado cambios en la legislación y políticas públicas pues en 2007 se promulga la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia que reconoce la igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres como piedras angulares para eliminar la violencia contra las mujeres.

Uno de los mandatos de la Ley General de Acceso es la creación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que en su artículo 36 fracción IX, establece que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ocupará la Secretaría Ejecutiva del Sistema. Ésta ha desarrollado planes de trabajo en coordinación con los refugios para mujeres con el fin de profesionalizar su funcionamiento y operación desde las perspectivas de género y derechos humanos. La coordinación interinstitucional permitió la creación del Modelo de atención en refugios para víctimas de violencia y sus hijas e hijos, generando un programa integral para prevenir la violencia contra las mujeres establecido en la ley.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016, de las mujeres de 15 años y más el 41.3 por ciento de mujeres fue víctima de violencia sexual, el 49 por ciento de violencia emocional, el 29 por ciento de violencia económica o patrimonial, el 34 por ciento violencia física; el 66.1 por ciento de las mujeres han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida en al menos un ámbito y ejercida por cualquier agresor.

La violencia contra las mujeres continúa siendo un foco de atención en el que diversos organismos deben intervenir para dar respuesta y así prevenirla. Ante estas circunstancias es que la sociedad civil organizada responde con la creación de dichos refugios para atender y proteger la integridad de las mujeres que han tenido que huir de sus hogares a causa de la violencia.

El Instituto Nacional de Desarrollo Social se creó para brindar capacitaciones, vinculación, asesorías, promoción de la cultura de género, así como las representaciones institucionales y tiene a su cargo el Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PAIMEF).

De acuerdo con el objetivo del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas es el contribuir al bienestar social e igualdad mediante el empoderamiento de las mujeres en situación de violencia que solicitan los servicios de orientación y atención especializada en las unidades apoyadas por el PAIMEF.

La población objetivo es cuantificada a partir de los registros del programa, en el informe del cuarto trimestre del 2020 reporta que la población objetivo fue de 328 mil 923 mujeres en todo el país, a quienes se les brinda atención integral especializada y gratuita, psicológica, jurídica y de trabajo social. Dentro del mismo informe menciona que el programa ha logrado conformar una red para el fortalecimiento de sus acciones con otros programas sociales y Estrategias Nacionales como la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), La Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones (ENPA), las Estrategias derivadas del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), del Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) y del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, entre otras.

Ante la contingencia por la pandemia del Covid-19, el PAIMEF ha sido uno de los mecanismos más eficientes de respuesta emergente del gobierno federal en el tema de atención a mujeres víctimas de violencia.

En ese marco, el Indesol promovió la reorientación de recursos del PAIMEF en las entidades federativas, para fortalecer la atención de la línea 9-1-1, a través de: el enlace de sus propias líneas de atención; la provisión de psicólogas y abogadas especializadas, a los C4 o C5 de las Secretarías de Seguridad Pública estatales, para dar contención emocional, asesoría y atención psicológica y jurídica e, incluso, valoración del estado de riesgo de las mujeres y capacitación a personal de estos centros. Las unidades móviles, asimismo, se han puesto a disposición para la atención de emergencias.

Asimismo, el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, en su cuarto informe trimestral del 2020 tiene como población objetivo 72 Refugios Especializados en todo el país y las mujeres en situación de violencia, que requieran atención especializada y de un lugar seguro donde puedan resguardarse para proteger su integridad, su vida y la de sus hijas e hijos; los servicios son gratuitos, especializados y confidenciales.

Las reglas de operación son claras pues para acceder al programa los Refugios Especializados deberán acreditar:

• Experiencia comprobable de por lo menos tres meses en la operación contando con infraestructura y personal especializado acorde a su capacidad operativa para atender a cuando menos cuatro familias.

• Cuenten con programas de capacitación para el desarrollo del empoderamiento y autonomía de las mujeres, fomentando el fortalecimiento de conocimientos y habilidades para el auto empleo, la inserción laboral y la auto gestión económica.

• Que presten los servicios bajo los principios de igualdad y no discriminación, por alguna situación personal de las mujeres usuarias y en su caso sus hijas e hijos.

• Que cuenten con un Modelo propio y específico para la atención integral de mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia.

El reciente decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de diciembre de 2021 y del cual el artículo Segundo Transitorio abroga el acuerdo mediante el cual se regula la organización y funcionamiento interno del órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, denominado Instituto Nacional de Desarrollo Social, publicado el 26 de julio de 2005 en el Diario Oficial de la Federación deja con gran incertidumbre a refugios y mujeres que han sido víctimas de violencia en todo el país pues no se menciona que pasará con los programas.

En la conferencia de prensa “Programas para el Bienestar de las Mujeres” celebrada en Palacio Nacional en 2020, la titular del Indesol mencionó que a través de los programas Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) y el de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) ha beneficiado a más de 1.6 millones de mujeres en todo el país, además comentó que el PAIMEF cuenta con 414 unidades que impactan en mil 548 municipios del país, otorgando servicios de acompañamiento, asesoría jurídica, trabajo social y psicología, mediante orientación y atención a mujeres en situación de violencia, atención a sus hijas e hijos y prevención.

Respecto del Programa Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, expresó que el Indesol coordina la atención especializada y protección a mujeres que viven violencia, a través de 61 Refugios y 35 Centros de Atención Externa en 30 entidades federativas, donde se han beneficiado 19,170 personas.

El decreto menciona que los recursos humanos, financieros, materiales, así como los archivos, documentación y acervos bibliográficos del Instituto Nacional de Desarrollo Social serán transferidos a la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social, sin embargo, no especifica la certeza de cómo funcionarán los programas antes mencionados. Las reglas de operación del programa para 2022 fueron emitidas 20 días antes de la publicación del decreto y el “Indesol” aparece como la “entidad responsable del programa”.

En un país donde la violencia aumenta porque no es atendida con tanto rezago en la prevención ¿cómo van a funcionar ahora esos programas? La sociedad necesita respuestas claras y una estrategia por parte de las secretarias y organismos responsables.

La violencia, es un problema estructural que afecta a toda la sociedad; desde nuestra agenda legislativa Movimiento Ciudadano seguirá impulsando medidas que nos permitan orientarnos hacia la construcción de un nuevo pacto social en donde todas las mujeres sean libres y ejerzan plenamente sus derechos, exista acceso a la justicia con perspectiva de género, por un nuevo trato por las mujeres y las niñas.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.  La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Bienestar para que haga públicas las estrategias necesarias para dar cumplimiento a los Programas de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas y al Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos, realizados por el Instituto Nacional de Desarrollo Social a fin de contribuir en la protección a las mujeres en el país.

Notas

1 Disponible en:

https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/ 11/violencia-contra-las-mujeres

2 Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/e ndireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf

3 Cuarto informe trimestral 2020 del Programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas (Indesol). Página 80.

4 Cuarto informe trimestral 2020 del Programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas (Indesol). Página 80.

5 Cuarto informe trimestral 2020 del Programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas (Indesol). Página 88.

6 Cuarto informe trimestral 2020 del Programa de apoyo para refugios especializados mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos (Indesol). Página 92.

7 Lineamientos de operación del programa de apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos. Disponible en:

https://www.gob.mx/indesol/documentos/lineamientos-de-operacion- del-programa-de-apoyo-para-refugios-especializados-para-mujeres-victimas-de-vio lencia-de-genero-sus-hijas-e-hijos-para-el-ejercicio-fiscal-2020

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2022.– Diputada María Elena Limón García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Bienestar, para dictamen.

EXHORTO A LA SEMARNAT Y A SUS 32 HOMÓLOGAS, A IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE REFORESTACIÓN EN LOS CAMELLONES URBANOS Y SEMIURBANOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y a sus 32 homólogas a implementar programas de reforestación en los camellones urbanos y semiurbanos de las principales avenidas de todas las ciudades del país, con la finalidad de contribuir en el cuidado del medio ambiente, a cargo del diputado Raymundo Atanacio Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe diputado Raymundo Atanacio Luna, integrante del grupo parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1 , fracción I y 79 numeral 2, fracción II del reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales así como a sus 32 homologas, llevar a cabo programas de reforestación en los camellones urbanos y semiurbanos de las principales avenidas de todas las ciudades del país, con la finalidad de contribuir en el cuidado del medio ambiente, mejorar la imagen del municipio y reforzar las áreas verdes que son de gran ayuda para una mejor calidad del aire, al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

La reforestación urbana es una actividad que permite a las y los habitantes mejorar la calidad de vida en su entorno. Dentro de las ciudades son cruciales pues cumplen con diversas funciones como lo son:

• Estética. Que tiene por objeto proteger o adornar una región, lugar o sitio (parques, banquetas, camellones, entre otros)

• Conductiva o moderadora de ruido. Los árboles amortiguan el impacto de las ondas sonoras, reduciendo los niveles de ruido en calles, parques y zonas industriales. Este tipo de reforestación se hace en arreglos especiales, alineados o en grupos, ya que las cortinas de árboles abaten el ruido entre seis y diez decibeles.

También muestra los beneficios que se generan con el mejoramiento de la calidad del aire y la reducción de contaminantes para nuestro entorno.

Que mantener las áreas verdes en óptimas condiciones, es una responsabilidad compartida entre los Gobiernos Municipales y la población, ya que se requiere del mantenimiento constante de los espacios y que la comunidad ayude en la preservación de las áreas, no tirando basura y evitando el daño a las plantas y a los árboles.

Por lo que la finalidad de este punto de acuerdo es trabajar juntos para cuidar nuestro medio ambiente y fortalecer una meta global que es volver las ciudades de nuestro país en espacios más sanos y más verdes para vivir.

Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a esta Honorable Asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales así como a sus 32 homologas, llevar a cabo programas de reforestación en los camellones urbanos y semiurbanos de las principales avenidas de todas las ciudades del país, con la finalidad de contribuir en el cuidado del medio ambiente, mejorar la imagen del municipio y reforzar las áreas verdes que son de gran ayuda para una mejor calidad del aire.

Referencias

La importancia de la reforestación urbana • Teorema Ambiental

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2022.– Diputado Raymundo Atanacio Luna (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

EXHORTO A LA SEGOB, A CUMPLIR CON LOS PAGOS PENDIENTES DEL FONDO 10230 DE APOYO SOCIAL PARA EX TRABAJADORES MIGRATORIOS MEXICANOS 1942-1964

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob a cumplir con los pagos pendientes del fondo 10230 de apoyo social para ex trabajadores migratorios mexicanos 1942-1964, a cargo de la diputada María Elena Limón García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Limón García, diputada federal del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción I y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Segunda Guerra Mundial generó una crisis en los mercados laborales de Estados Unidos, por lo que entre 1942 y 1964 se llevaron a cabo una serie de acuerdo diplomáticos para regular el trabajo temporal de los mexicanos en aquel país. El traslado masivo de hombres al frente y la rotación de empleos plantearon la urgencia de importar trabajadores que pudieran que pudieran sacar adelante las cosechas y dieran mantenimiento a las vías de ferrocarriles.

De acuerdo con las estimaciones del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP), la cantidad total de los trabajadores braceros mexicanos que laboraron en el vecino país en el periodo 1942-1964 fue de 4 millones 646 mil 199, sin embargo, para los efectos de construir un referente para el Programa de Apoyo Social el CEFP apreció la cantidad de 3 millones 233 mil 755 trabajadores sobre la base de considerar sólo una vez a aquellos braceros que se enrolaron en dos o más ocasiones.

El 25 de mayo de 2005 se expide la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y da origen al Fideicomiso 2106 (posteriormente 10230); de acuerdo con el artículo 5 de dicha ley autoriza otorgar el apoyo social por un monto de 38 mil pesos.

Para conformar la evidencia documental y con ello sustentar el otorgamiento de recursos destinados a ex trabajadores migratorios mexicanos por medio del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964 se creó el Libro Blanco del Fideicomiso Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964, en él se presenta de manera cronológica las acciones conceptuales, legales, presupuestarias, administrativas, operativas y de seguimiento al fideicomiso.

Para la planeación y verificación del cumplimiento de dicho fideicomiso se conformó un comité técnico para establecer las reglas de operación del fideicomiso, elaborar y publicar las bases y procedimientos que autorice otorgar el apoyo social de 38 mil pesos, Vigilar que los recursos que se aporten al Fideicomiso se destinen al cumplimiento de sus fines.

Del 2005 al 2012 el comité elaboró diversas reuniones y actas con el fin de mejorar constantemente el funcionamiento del Fideicomiso.

Fuente: Actas de sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso 2106

La Secretaría de Gobernación en su carácter de dependencia coordinadora tenía las obligaciones de integrar el expediente de los ex trabajadores migratorios mexicanos que hayan cumplido con los requisitos y el comité aprobaba la lista. Además, fue la encargada de recibir, verificar y cotejar la documentación correspondiente, así como de verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad.

En los años 2005 al 2012, se asignaron partidas presupuestarias para tal efecto, pues así se señaló en los Presupuestos de Egresos de la Federación para los Ejercicios Fiscales 2005 a 2012, de los que se obtiene lo siguiente:

Asimismo, en el 2013 y 2014 no hubo asignación presupuestaria para el apoyo social. Desde el proyecto de presupuesto ésta no se incluyó, aun cuando desde el Congreso de la Unión se discutió en asambleas incluir partidas por ese concepto, en ambos casos, esos planteamientos fueron desechados.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2015 se incluyó el artículo octavo transitorio en el sentido de que la Secretaría de Gobernación debía implementar los mecanismos que se requieran para concluir con la revisión de los expedientes de las personas que hubieren presentado solicitud para recibir el apoyo social; determinar si tuvieran derecho a recibir el apoyo respectivo, así como realizar el pago correspondiente, incluyendo a los beneficiarios que no se hubieran presentado a cobrarlo, a más tardar el 31 de diciembre de 2015.

Derivado de ello, en 2015 se publica la lista número 47 de la Relación de Apoyos Programados del Fideicomiso 10230, Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, con fecha 5 de noviembre de 2015, y con ello otorgar el apoyo social. Del 2016 al 2018 tampoco se asignó la partida presupuestaria al apoyo social ex bracero, aunque existieron discusiones dentro de Congreso de la Unión, las propuestas fueron desechadas.

El 25 de otubre de 2018 se publica la lista número 48 de la Relación de Apoyos Programados del Fideicomiso 10230, Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos para dar continuidad a los pagos del apoyo social, de las 48 listas conformadas entre 2005 y 2018 los datos oficiales incluyen a 222 mil 871 ex trabajadores que tienen derecho a un pago correspondiente de $38,000.00 y de los cuales solo han cobrado 214 mil personas. Estas cifras no son si el 10 por ciento de los 4 millones de ex braceros que tiene derecho a dicha compensación y que hoy sus familiares solicitan.

El 31 de octubre de 2018, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió tres amparos relacionados con las peticiones presentadas por los ex trabajadores migrantes conocidos como “braceros”.

“Distintos grupos de ex trabajadores migrantes presentaron juicio de amparo en contra de la respuesta que la Secretaría de Gobernación dio a su petición, para que les sean devueltas ciertas cantidades que afirman les fueron descontadas de sus salarios durante el tiempo que laboraron en los Estados Unidos de América bajo el “Programa Bracero”.

Dicha Secretaría afirmó que no podía atender la petición porque carecía de facultades para ello, y que sólo podía resolver cuestiones relacionadas con el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos aprobado por el Congreso de la Unión.

La Segunda Sala resolvió otorgar el amparo a los quejosos, en virtud de que la respuesta no fue congruente con lo solicitado, toda vez que la Secretaría de Gobernación dejó de considerar que el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos fue creado precisamente para atender las demandas de ese grupo social.

Por lo anterior, la Secretaría de Gobernación deberá estudiar nuevamente la petición de los quejosos y emitir una nueva respuesta que sea congruente con lo solicitado.” (Suprema Corte de Justicia de la Nación).

Comunicado de Prensa número 138/2018

El 2 de abril del 2020 se publica el decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos. En el presente decreto en el artículo 5, menciona la exclusión de aquellos fideicomisos públicos, mandatos o análogos constituidos por mandato de ley o decreto legislativo y cuya extinción o terminación requiera de reformas constitucionales o legales, así como los instrumentos jurídicos que sirvan como mecanismos de deuda pública, o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones.

El 20 de mayo de 2020 se presenta en la comisión permanente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, argumentando que a causa de la pandemia es necesario contar con mayores recursos por parte de gobierno federal para enfrentar la crisis esto da pie a que el 19 y 22 de junio se realice el Parlamento Abierto Fondo Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Aunque hasta junio de 2020, el fideicomiso 10230 Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos contaba con 142 millones 952 mil 785 pesos y pese a que no ha tenido asignación presupuestal desde 2013 se determinó la eliminación de los 109 fideicomisos y la abrogación de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos comenzando en este momento con la incertidumbre de los braceros, pues aunque en el artículo décimo segundo transitorio señala que la Secretaría de Gobernación con cargo a su presupuesto asumirá las obligaciones pendientes de cumplimiento relacionadas con el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, hasta su total cumplimiento y hoy continúan sin recibir sus pagos pendientes.

Cabe señalar que dentro de su exposición de motivos para la eliminación de los fideicomisos se menciona eliminar los gastos innecesarios, eliminar la opacidad en la administración y con ello generar ahorros para que el país asigne eficazmente, pero la extinción radical y masiva de los fideicomisos nunca ha sido la respuesta ya que el combate a la corrupción se consigue fortaleciendo mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, lo peor de todo es que durante este proceso de eliminación se ha mantenido la constante que tanto se señaló y llevó a la desaparición de los fideicomisos: la opacidad.

Esta decisión se dejó a la deriva a millones de personas que dependían de un recurso para subsistir como es el caso de los ex trabajadores migrantes mexicanos que no saben a quién recurrir y qué sucederá con sus pagos pendientes ante una demanda añeja y que el país se los debe.

Por esta razón, en la bancada naranja estamos comprometidos por nuevo trato de iguales, donde las políticas económicas establezcan modelos que rompan con las injusticias sociales y las desigualdades, de esta manera en Movimiento Ciudadano creemos que es posible construir un nuevo pacto por la igualdad donde se respeten y garanticen los derechos humanos de todas las personas.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. — La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación a cumplir con los pagos pendientes del Fondo 10230 de apoyo social para ex trabajadores migratorios mexicanos 1942-1964.

Notas

1 Fuente: Centro de Estudios de Finanzas Públicas “Impacto presupuestario ‘Programa Bracero 1942-1964” México, Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo 2008, página 12.

2 Fuente: Amparo en revisión 1152/2016.

3 Octavo. La Secretaría de Gobernación deberá implementar los mecanismos que se requieran para concluir con la revisión de los expedientes de las personas que, en términos de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, hayan presentado solicitud para recibir el apoyo previsto en la misma; determinar conforme a los términos y condiciones establecidos en dicha ley aquellos que tienen derecho a recibir el apoyo respectivo, así como realizar el pago correspondiente, incluyendo a los beneficiarios que no se han presentado a cobrarlo, a más tardar el 31 de diciembre de 2015.

4 Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/extrabmigmex/Lista_47.html

5 Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/extrabmigmex/Lista_48.html

6 Disponible en:

https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/tema-migratorio-1410 20/

7 Artículo 5.- Quedan excluidos del presente decreto aquellos fideicomisos públicos, mandatos o análogos constituidos por mandato de ley o decreto legislativo y cuya extinción o terminación requiera de reformas constitucionales o legales, así como los instrumentos jurídicos que sirvan como mecanismos de deuda pública, o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591085&fecha =02/04/2020

8 Disponible en:

https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/tema-migratorio-1410 20/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2022.– Diputada María Elena Limón García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

EXHORTO AL ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO DE LA CONAGUA, ATENDER LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL Y LLEVAR A CABO LA RECUPERACIÓN DEL RÍO SANTIAGO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta al Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Conagua a atender la degradación ambiental, y a realizar las gestiones técnicas y jurídicas para la restauración y recuperación del Río Santiago, a cargo de la diputada María Elena Limón García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Limón García, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Río Santiago, también llamado Río Grande, es el segundo más largo de México y nace de la unión Lago de Chapala y el Río Zula, en Jalisco. Recorre los estados de Jalisco y Nayarit, además es parte de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago donde se encuentran grandes áreas industriales.

Atraviesa el municipio de El Salto, Jalisco, para esta localidad el vínculo con el río ha sido estrecho pues proporcionaba alimentos frescos como: peces, cultivos sanos y agua limpia para consumo y uso doméstico, además de ser un lugar de esparcimiento; sin embargo, esto cambió con la llegada de la industria instalada a orillas del río, actualmente existen alrededor de 400 empresas que descargan sus desechos y a esta parte de México se le conoce como “el valle del silicio”.

Con el transcurso de los años ha dado pie a una gran contaminación que comenzó con la muerte de peces, asimismo, los árboles frutales de mangos, guayabas, plátanos, limones, etcétera, comenzaron a escasear; poco después aparecieron las enfermedades graves en la población, de 2007 a 2010 en el municipio de Juanacatlán se presentó una mayor tasa de mortalidad debido a diarreas y gastroenteritis de presunto origen infeccioso, así como enfermedad renal hipertensiva, estado asmático e insuficiencia renal no especificada, mientras que en el municipio de El Salto se observó un incremento en las tasas de mortalidad a causa de enfermedad renal hipertensiva, insuficiencia renal crónica e insuficiencia renal no especificada.

Los municipios de la región centro (El Salto-Juanacatlán-Ixtlahuacán de los Membrillos) y la región sureste del Río Grande de Santiago (Ocotlán) presentaron las tasas de mortalidad específica más altas en enfermedades infecciosas de tipo intestinal, hipertensivas y crónicas de las vías respiratorias superiores en el período 1998-2010. Tanto en El Salto como en Juanacatlán, las tasas de mortalidad por tumores malignos del sistema digestivo y marginalmente la leucemia linfoide y cáncer de mama superaron la media estatal. En cuanto a las malformaciones congénitas, algunas de ellas no tienen registro dado que no son letales. Sin embargo, al comparar la suma total de mortandad por malformaciones, los datos demuestran que las comunidades de El Salto, Juanacatlán y Ocotlán han presentado tasas mayores que la media estatal.

Ante esta grave situación, en 2009, la Comisión Estatal de Agua de Jalisco, en colaboración con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, realizaron un estudio sobre la situación de contaminación en estas zonas, lo que ha derivado en mil 588 quejas interpuestas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

Asimismo, en 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizó las alegaciones de los pobladores de las zonas aledañas al Río Santiago en los municipios de Juanacatlán y El Salto, así como los pobladores de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala, en el municipio de Poncitlán, Jalisco, que resultó en la emisión de la resolución 07/20 que menciona:

“Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por las partes, la Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie que los pobladores de las zonas hasta 5 kilómetros del Río Santiago en los municipios de Juanacatlán y El Salto, así como los pobladores de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala en el municipio de Poncitlán, estado de Jalisco, se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento, la Comisión solicita a México que: a) adopte las medidas necesarias para preservar la vida, integridad personal y salud los pobladores de las zonas hasta 5 kilómetros del Río Santiago en los municipios de Juanacatlán y El Salto, así como los pobladores de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala, en el municipio de Poncitlán, estado de Jalisco, señalados en la solicitud. En particular, que el estado adopte las medidas pertinentes para brindar un diagnóstico médico especializado para las personas beneficiarias, teniendo en cuenta la alegada contaminación, proporcionándoles asimismo una atención médica adecuada en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, conforme a los estándares internacionales aplicables; b) concierte las medidas a implementarse con los beneficiarios y sus representantes; y c) informe sobre las medidas adoptadas para mitigar las fuentes de riesgo alegadas.”

Después de presentarse tantas quejas y que se emitiera una resolución por parte de la CIDH la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emite la recomendación 23/2022 que responsabiliza al gobierno de Jalisco por la violación a los derechos humanos y el ocultamiento de información ya que el convenio de colaboración celebrado en 2009, señalado anteriormente, menciona en una de sus cláusulas la confidencialidad de dicha propuesta, señalando que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí no podría divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes, medios electrónicos, los datos y resultados obtenidos, ya que al concluir el proyecto los resultados serían propiedad de la Comisión Estatal de Agua. De los expedientes mencionados en la recomendación se advierte que durante la administración estatal de 2006-2012 no brindó el seguimiento a las conclusiones y se presume que no fueron materia de un desglose y señalamiento en la correspondiente entrega-recepción con la administración 2012-2018.

Es evidente la gran violación a derechos humanos que se ha suscitado en la zona cercana al Río Santiago. En un comunicado de prensa, la actual administración ha realizado mesas de trabajo y creó el programa “Revivamos el Río Santiago”. En dicho programa se realizan acciones de atención médica en beneficio de 72 mil 672 personas, es decir, el 1.8 por ciento del total de la población objetivo. Sin embargo, a ese paso, el gobernador necesitará 110 años para atender al 100 por ciento de la población calculada en la llamada área de intervención prioritaria, que abarca 4 mil 200 kilómetros cuadrados de 18 municipios colindantes al Río Santiago y que suma a una población de 4 millones de personas, según datos proporcionados por el gobierno estatal.

Es indudable que se deben sumar esfuerzos para atender este grave problema de contaminación en el Río Santiago que ha derivado en la muerte y enfermedades de cientos de jaliscienses, el daño medioambiental debe ser atendido con prontitud por parte de las autoridades es por ello que debe existir una completa coordinación entre el gobierno federal y local.

En este sentido dentro de las conclusiones plasmadas en la recomendación 23/2022 sobre las omisiones que vinculan a diversas autoridades del sistema mexicano, la Comisión Estatal de Derechos Humanos hace un llamado a las y los legisladores que representan al estado de Jalisco para sumar esfuerzos y se realicen acciones de recuperación ambiental.

Las víctimas de violaciones de derechos humanos merecen una justa reparación al daño causado por convivir con aguas contaminadas. En un Estado constitucional y democrático de derecho debe ser garante de la protección a sus derechos humanos, teniendo la responsabilidad y obligación de responder por las acciones u omisiones por parte de los órganos de gobierno, de las y los servidores públicos mediante una reparación integral y garantía de la no repetición de los hechos.

En la Bancada Naranja estamos comprometidos en impulsar acciones que protejan la biodiversidad, que se le ponga un alto a la contaminación y se diseñen herramientas adecuadas que permitan atender la degradación ambiental que padece el país. Es menester crear mecanismos donde impere la coordinación federal y estatal para atender la degradación ambiental que actualmente padece el Río Santiago y se repare el daño ocasionado a las víctimas que por más de 10 años han clamado justicia y en especial a toda esa zona afectada.

Por esta razón y para poder atender de manera integral es necesario que el gobierno federal contemple dentro del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2023, específicamente en el ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales recursos para el estado de Jalisco, con el fin de contribuir a que la degradación medio ambiental en el Río Santiago no continúe.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. — La Cámara de Diputados exhorta al titular del organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Conagua, para que en el ámbito de sus competencias atienda la degradación ambiental, realice las gestiones técnicas y jurídicas que a nivel federal resulten necesarias para la restauración y recuperación del Río Santiago, a fin de reparar el daño ocasionado a las víctimas directas e indirectas cercanos al Río Santiago.

Notas

1 Arellano-Aguilar, O., Ortega Elorza, L., & Gesundheit Montero, P. Estudio de la contaminación en la cuenca del Rio Santiago y la salud pública en la región. Greenpeace, 2012. 1-20.

2 Recomendación 23/2022

3 Véase comunicado de prensa del gobierno de Jalisco, El rescate y saneamiento del Río Santiago son una prioridad para el gobierno de Jalisco, en línea El rescate y saneamiento del Río Santiago son una prioridad para el gobierno de Jalisco | Gobierno del estado de Jalisco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2022.– Diputada María Elena Limón García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO DE DURANGO, A CUBRIR PAGOS PENDIENTES A PROFESORES JUBILADOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobernador del estado de Durango a cubrir pagos pendientes a profesores jubilados, a cargo de la diputada Ángélica Ivonne Cisneros Luján, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Angélica Ivonne Cisneros Luján, diputada de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo estipulado en lo establecido por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición de urgente y obvia resolución con punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

Primera. El 7 de marzo de este año acudieron a esta representación social los maestros jubilados y pensionados de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) solicitando mi intervención en virtud del incumplimiento sobre el pago de sus prestaciones por parte del Gobierno del estado de Durango, como son:

a) Pagos quincenales cubiertos con retraso.

b) Retraso en el pago de prestaciones hasta 5 días posteriores a la fecha establecida.

c) Retraso hasta de 10 días en el pago de los aguinaldos.

d) Incremento injustificado en los descuentos quincenales por concepto de seguro de vida.

e) Falta del pago por concepto de quinquenio para algunos trabajadores.

f) Adeudo por concepto de retenciones en más de 500 millones de pesos, correspondiente a prestaciones sociales como son al Fondo de Vivienda (Fovi), Fondo para el Retiro de los Trabajadores (Forte), así como a los seguros individuales de vida.

Segunda. Debido a la reunión sostenida con los profesores jubilados y pensionados afectados, el pasado 25 de marzo, solicité al doctor José Rosas Aispuro Torres, gobernador constitucional del estado de Durango, nos pudiera recibir a efecto de analizar los temas señalados por los profesores y, en su caso, coadyuvar a su solución en conjunto, sin que hasta la fecha haya recibido respuesta a mi solicitud por parte del gobernador.

Tercera. El 15 de agosto pasado, la Secretaría de Finanzas del Estado de Durango prometió cumplir con el pago de prestaciones pendientes a maestros jubilados y pensionados de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sin que hasta la fecha se haya cubierto la totalidad de estas.

Cuarta. Aun cuando las autoridades estatales se comprometieron con el pago de las prestaciones pendientes, solamente se cumplió con el bono de rezonificación, faltando el ajuste de calendario, es importante mencionar que el periodo constitucional del gobernador Rosas Aispuro culmina el 15 de septiembre del año en curso y el temor de los más de 900 profesores jubilados y pensionados es que los funcionarios responsables que están por concluir su administración se vayan sin darles respuesta a sus justas demandas económicas. Es importarte resaltar que el incumplimiento en las fechas de pago de los profesores jubilados y pensionados agrava la situación a la falta de pago, que han venido reclamando desde hace cinco años aproximadamente.

Quinta. Los pagos a destiempo generan molestia y gastos adicionales a los profesores pensionados y jubilados porque como es entendible, muchos de ellos tienen brechas tecnológicas para revisar depósitos a través de las aplicaciones bancarias.

Sexta. Aun cuando el gobierno del estado hace la retención quincenal por concepto de seguro de vida individual, se ha presentado negativa de la aseguradora para cubrir la prima correspondiente alegando que la póliza no se encuentra cubierta y por lo tanto no pueden acceder a ese seguro.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno como asunto de urgente y obvia resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al doctor José Rosas Aispuro Torres, gobernador constitucional del estado de Durango para que atienda puntualmente al pago en tiempo y forma de las prestaciones económicas a las que tienen derecho los profesores pensionados y jubilados de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al doctor José Rosas Aispuro Torres, gobernador constitucional del estado de Durango para que cubra a la brevedad, las prestaciones sociales pendientes a las que tienen derecho los profesores jubilados y pensionados, desde hace cinco años.

Notas recuperadas de:

1 Durango: Maestros jubilados toman casa gobierno exigen pago pensiones - Grupo Milenio

2 https://www.youtube.com/watch?v=Zy_exgdzjc4&feature=youtu.be

3 Sigue sin pagarse a las financieras. FORTE, FOVI. Etc - YouTube

4 Código Durango - Publicaciones | Facebook

Dado en el Palacio Legislativo, a 6 de septiembre de 2022.– Diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.