INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 12, numeral 2, del Reglamento de la Contingencia Sanitaria, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 8 de septiembre de 2022 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2022.– Diputado Santiago Creel Miranda (rúbrica), presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma el artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por los diputados Yolanda de la Torre Valdez y Felipe Fernando Macías Olvera, de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, respectivamente.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

2. Que adiciona el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

3. Que reforma el artículo 419 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

4. Que reforma y adiciona el artículo 325 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

5. Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y a la Ley General de Salud, a cargo de la diputada Susana Cano González, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y de Salud, para dictamen.

6. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de paridad en el sector pesquero, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Pesca, para dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión.

7. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia de bebidas saborizadas, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

8. Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en materia de vía incidental, a cargo de la diputada Esther Berenice Martínez Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, a investigar a la Jefa de Gobierno, para realizar los descuentos salariales correspondientes por las giras y ausencias en horario laboral, a cargo de la diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las entidades federativas y a los ayuntamientos, a calcular el cobro del predial de manera progresiva, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a informar a la opinión pública los avances en la implementación de programas y proyectos de la Agenda 2030 en la lucha por un medio ambiente sostenible y contra el cambio climático, a cargo de la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SSPC, a coadyuvar de manera integral y permanente con el gobierno de Chihuahua, brindando seguridad para los habitantes de Ciudad Juárez, a cargo de la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Conagua y al SACMEX, a realizar acciones para la proyección de infraestructura hidráulica y aprovechamiento del recurso hídrico de un ojo de agua ubicado en la alcaldía La Magdalena Contreras, a cargo de la diputada Diana María Teresa Lara Carreón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE, a iniciar el procedimiento respectivo con motivo de los actos anticipados de precampaña y campaña cometidos por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Berenice Montes Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a atender los graves rezagos en la Cobertura Nacional de Vacunación, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a definir un perfil idóneo para el coordinador Nacional de la Conabio, a cargo del diputado Enrique Godínez del Río, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, a incluir en su Programa Anual de Trabajo para el año 2023, temas relacionados con los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, a cargo del diputado Héctor Israel Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la colegisladora, a ratificar el Convenio sobre las Vacaciones Pagadas C132, 1970 (núm. 132) emitido por la OIT, a cargo del diputado José Luis Báez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a expedir el reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad, a cargo del diputado José Luis Báez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE, con relación a los proyectos para consulta pública sobre las especificaciones que debe cumplir todo producto comercializado y denominado como vino en territorio nacional, a cargo del diputado José Luis Báez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de Nuevo León y de Tamaulipas y a la Conagua, a revisar las condiciones del acuerdo de coordinación celebrado el 13 de noviembre de 1996, para el aprovechamiento de las aguas del río San Juan, a cargo de la diputada Mariana Mancillas Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nuevo León y a los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, a generar una estrategia sobre las acciones y las obras hidráulicas estatales a instrumentarse para hacer frente a la escasez de agua, a cargo de la diputada Mariana Mancillas Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSPC, a la Guardia Nacional y a la SICT, a implementar las acciones de seguridad, vigilancia y protección necesarias en la autopista México-Puebla, con la finalidad de evitar los asaltos y proteger a la ciudadanía, a cargo del diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS, a intervenir en las negociaciones de la empresa Volkswagen y su sindicato de trabajadores, en Puebla, con la finalidad de mantener la estabilidad laboral y se llegue a un acuerdo que beneficie a ambas partes, a cargo del diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la SHCP, de la SE y de la SSPC, a extender la vigencia establecida en el Primer Transitorio del Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, publicado en el DOF el 19 de enero de 2022, a cargo del diputado Daniel Murguía Lardizábal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al IMSS, al ISSSTE y al Insabi, a realizar las acciones necesarias para atender el persistente desabasto de medicamentos, a cargo de la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno, a promover la inclusión y empoderamiento de las mujeres con discapacidad, así como a promover el ejercicio de sus derechos humanos en condiciones de igualdad, en el marco del Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, en coordinación con las dependencias y entidades del sector salud, a instrumentar las acciones necesarias en materia de educación sexual y planificación familiar, a fin de reducir el alto índice de niñas y adolescentes embarazadas, a cargo de la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

21. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y a la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a que fortalezcan las medidas preventivas y de protección para cesar el hostigamiento e intimidación a periodistas que critican al gobierno, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

22. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Coneval, a publicar una medición de la proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de la pobreza, establecido para la meta 1.1. Erradicar la pobreza extrema, del objetivo de Desarrollo sostenible de la estrategia legislativa 1, para la Agenda 2030, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Bienestar, para dictamen.

23. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Tribunal Electoral del estado de Oaxaca, a resolver con perspectiva de género y a la brevedad el expediente JDC/656/ 2022, suscrito por los diputados Maribel Martíne Ruíz y Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen.

24. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las entidades federativas, a impulsar y fortalecer las acciones de prevención y sensibilización de la violencia de género, así como a difundir la cultura de la no violencia y a considerar la apertura de un mayor número de centros de justicia para mujeres, a cargo de la diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

25. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal y a los gobiernos estatales y municipales, a diseñar, coordinar y poner en marcha acciones integrales y permanentes de reforestación, conservación de especies endémicas de acuerdo a la biodiversidad geográfica, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

26. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a constituir un fideicomiso público con objeto de atender las emergencias causadas por desastres naturales, a cargo del diputado Jaime Bueno Zertuche, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

27. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a hacer público un informe que explique la sustitución de los grados escolares por fases de aprendizaje ante el inicio del ciclo escolar 2022-2023, a cargo de la diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

28. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a implementar en toda la República Mexicana el Programa Pasos para la Sustentabilidad y Programa de Ganado Seguro, a cargo del diputado Salvador Alcantar Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Ganadería, para dictamen.

29. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGJE, a difundir en su página oficial de internet el uso y ejercicio de los recursos públicos subsidiados por la Conavim, a cargo de la diputada Jéssica María Guadalupe Ortega de la Cruz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

«Iniciativa que reforma el artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por los diputados Yolanda de la Torre Valdez y Felipe Fernando Macías Olvera, de los grupos parlamentarios del PRI y del PAN, respectivamente.

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

«Iniciativa que adiciona el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI.

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

«Iniciativa que reforma el artículo 419 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Carlos Alberto Puente Salas, en representación de las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, integrantes de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se que reforma el artículo 419 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México es uno de los países que cuenta con una amplia diversidad de recursos naturales de todo tipo, entre ellos, recursos forestales que comprenden especies representativas de tres de las principales zonas climáticas, zonas templadas, zonas tropicales y zonas áridas. Los recursos forestales albergan una gran riqueza de especies vegetales y animales, muchas de las cuales son endémicas de nuestro país, con un gran número de ellas con alguna categoría de protección, o bien, en peligro de extinción.

Según un estudio, elaborado por la Universidad Autónoma Chapingo, la gran diversidad de la cubierta vegetal de nuestro país tiene como base tres factores:

A. La ubicación geográfica en la zona intertropical y templada,

B. La configuración orográfica y el relieve accidentado, y

C. La diversidad climática. A esto se agrega un cuarto elemento, que consiste en la influencia humana.

Por lo que hace a la importancia de los recursos forestales, estos representan un porcentaje importante del total de la biomasa de la tierra, aproximadamente el 85 por ciento de la totalidad de los recursos bióticos terrestres están contenidos en bosques de diferentes tipos. Además, la biomasa de los bosques es producto directo del proceso de fotosíntesis, por lo que pueden considerarse recursos renovables, no obstante, para que lo sean, es preciso que su utilización no altere el proceso de fotosíntesis y los ciclos bioquímicos que en ella se llevan a cabo.

La utilidad de los recursos forestales no radica sólo en la producción de materias primas y bienes económicos, sino en el papel esencial que desempeñan en el funcionamiento del sistema natural, es decir, en los servicios ambientales que prestan.

A nivel mundial, los bosques cubren una tercera parte de la Tierra, lo que equivale a 4 mil 060 millones de hectáreas; en otras palabras, hay alrededor de 0.52 hectáreas de bosque por cada persona en el planeta; más de la mitad (54 por ciento) de los bosques del mundo se encuentran en sólo cinco países: Rusia con el 20 por ciento mundial de los bosques, Brasil con el 12 por ciento, Canadá con el 9 por ciento, los Estados Unidos de América con 8 por ciento y China con el 5 por ciento.

Estas cifras se basan en la definición y los cálculos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los cuales consideran a los bosques como un sistema ecológico cubierto por lo menos en un 10 por ciento por árboles; al margen de estos bosques existen 1,600 millones de hectáreas con alguna cubierta vegetal de tipo boscoso, de los cuales 1,100 millones están en los países en desarrollo, tal y como se muestra en el siguiente gráfico:

Los bosques y selvas son considerados como ecosistemas complejos e importantes por su cobertura densa y su funcionamiento en términos de conservación y captura de carbono, ciclo hidrológico, protección de suelos y biodiversidad; así como por los bienes y servicios que proporcionan y que, conforme disminuyen, adquieren un mayor valor.

Para la protección de los bosques se han desarrollado diversos mecanismos legales, institucionales e incluso de participación internacional, en este sentido, México se ha adherido a las convenciones internacionales más importantes que se han conformado en los últimos años, ejemplo de estos son:

1. La Convención Internacional de Lucha Contra la Desertificación (cuya última reunión se llevó a cabo en la Ciudad de México en 1996);

2. La Convención sobre Diversidad Biológica, y

3. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

En nuestro país, como vía de acción para la protección de los bosques se estableció la obligación de solicitar autorización para el uso y aprovechamiento de estos recursos naturales, misma que sería otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual, a través de su Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, dictamina la viabilidad de otorgar la autorización de aprovechamiento de recursos forestales, maderables, no maderables, plantaciones forestales comerciales y centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales.

La vigilancia del cumplimiento a dichas autorizaciones lo efectúa la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a través de acciones de inspección y vigilancia a la cadena productiva forestal, conformada en sus 4 fases: aprovechamiento, transporte, transformación y almacenamiento. En este sentido, la Profepa tiene como una de sus atribuciones: recibir, atender, investigar y, en su caso, canalizar ante las autoridades competentes las denuncias en materia ambiental.

En nuestro país la investigación delitos ambientales está a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales (UEIDAPLE), dependiente de la Fiscalía General de la República, la cual determinará la comisión de delitos ambientales, así como las sanciones y penas a las que serán acreedores. Al respecto, entre los delitos ambientales más recurrentes se encuentra el transporte de recursos forestales maderables en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos.

En concordancia con lo anterior, datos presentados en el Cuarto Informe de Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señalan que durante el último año se fortaleció la presencia institucional en el combate a la tala ilegal en diversas zonas del país, realizándose diversas acciones en 82 áreas naturales protegidas, en los cuales, la Profepa realizó 232 recorridos de vigilancia, 296 inspecciones, 49 operativos y la instalación de 22 comités de vigilancia ambiental participativa en materia forestal, obteniendo como resultado el aseguramiento de 907.5 metros cúbicos de madera, 30 vehículos y 10 piezas de maquinaria, además de equipo y herramienta, así como la imposición de 67 multas por un monto de 5.5 millones de pesos.

Derivado de estas acciones lograron contener los diversos delitos que se presentaron en la cadena productiva forestal como son el aprovechamiento, transporte, transformación y almacenamiento de materias primas forestales y el derribo clandestino de arbolado dentro de las áreas naturales protegidas.

Por lo que hace a otros ecosistemas forestales, se realizaron 2 mil 87 inspecciones, 191 operativos y mil 970 recorridos de vigilancia, con el aseguramiento de 121 equipos y herramientas, 55 vehículos, 5 mil 264 metros cúbicos de madera y 169 toneladas de carbón; asimismo, se puso a disposición del Ministerio Público Federal a seis personas. Estas cifras, sin duda, pudieran elevarse si se atiende la problemática que se describe a continuación.

Dentro del Código Penal Federal se contempla en un capítulo denominado “De la biodiversidad”, todas las acciones que atenten o afecten los recursos naturales, así como sus sanciones y penas.

En el caso que nos ocupa, las acciones contempladas en el artículo 419 del Código Penal Federal señala que a quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera aserrada, se le impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días multa. La misma pena se aplicará, aún cuando la cantidad sea inferior a cuatro metros cúbicos, si se trata de conductas reiteradas que alcancen en su conjunto esta cantidad.

El cumplimiento a este precepto jurídico es evadido e incluso burlado por prácticas dolosas que buscan engañar a las autoridades ambientales y penales; ya que las personas que se dedican al transporte de éstos dividen el cargamento total de los recursos forestales en distintos vehículos, de tal suerte que nunca se rebasen los cuatro metros cúbicos establecidos, evadiendo con ello cualquier tipo de acción penal en su contra.

En otras palabras, el tipo penal señala que se iniciará la investigación por el delito de transporte ilícito de recursos forestales, siempre y cuando éste exceda un volumen de cuatro metros cúbicos, o bien, cuando se trate de cargamentos menores y se demuestre que se trata de conductas reiteradas y sumen en su conjunto dicha cantidad.

Si bien este último supuesto podría subsanar la imposibilidad de las autoridades ministeriales para acreditar el delito, lo cierto es que, en la práctica, su aplicación se torna ambigua, ya que podría hacerse la acumulación de dichos volúmenes siempre y cuando se acreditara la misma procedencia de dichos recursos forestales.

Por el contrario, son mayoría los casos en los que los transportistas “desconocen mañosamente” la procedencia de los recursos forestales, o bien, sólo son contratados para trasladarla, sin que exista la posibilidad de corroborar y acreditar las acciones reiteradas de una misma procedencia.

En ese supuesto, la autoridad está actualmente impedida para hacer más, ya que, aún cuando esta conducta pueda ser sancionada administrativamente, no será posible encuadrarlo en el tipo penal que analizamos, dando pie a la comisión de este delito tan dañino para la conservación de nuestros bosques de forma descarada.

Una vía para garantizar la erradicación de estos actos delictivos, es modificar la redacción del artículo 419 del Código Penal Federal para quedar como sigue:

La propuesta anterior tiene como finalidad otorgar herramientas a la autoridad ministerial para que pueda ejercer sus atribuciones de mejor y sin limitarse a una cantidad específica para dar inicio a una investigación penal por el delito de tráfico ilegal de madera. De esta manera se pretende que la autoridad pueda investigar y sancionar más adecuadamente este delito y contribuir así a disminuir su incidencia.

El presente planteamiento es parte integral de un conjunto de esfuerzos dirigidos a la protección de nuestros recursos naturales, principalmente de los recursos forestales, como uno de los elementos indispensables tanto para el equilibrio ecológico como para la propia salud de los seres humanos.

En este sentido, buscamos contribuir a dar la atención debida a una problemática real y en crecimiento; las circunstancias actuales por las que atravesamos a causa de la crisis climática global nos obligan a tomar medidas eficaces para lograr una verdadera protección de los recursos naturales, garantizando con ello su preservación en beneficio del planeta y de nuestra propia subsistencia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con:

Proyecto de decreto por el que se modifica el primer párrafo del artículo 419 del Código Penal Federal

Único. Se modifica el primer párrafo del artículo 419 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 419. A quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera aserrada, se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días multa. La misma pena se aplicará aun cuando la cantidad sea inferior a cuatro metros cúbicos, si se trata de conductas reiteradas que alcancen en su conjunto esta cantidad; así como al comprobarse que se tratan de cargamentos de un mismo origen distribuidos en diversas unidades de transporte, cuya finalidad sea no exceder el volumen señalado y evadir con ello las sanciones a que se harían acreedores, en dicho caso no será necesario alcanzar la suma permitida, ya que bastará la comprobación de la acción referida para hacerse acreedor a las sanciones y penas señaladas.

(...)

Transitorio

Único. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase, FAO, “Una nueva perspectiva. Evaluación de los recursos forestales mundiales 2020”. Disponible en:

https://www.fao.org/forest-resources-assessment/2020/ es#:~: text=Los%20bosques%20en%20el%20mundo,cada%20persona%20en%20el%20planeta.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 8 días del mes de septiembre de 2022.– Diputado Carlos Alberto Puente Salas, Ana Laura Huerta Valdovinos, Angélica Peña Martínez, Antonio de Jesús Ramírez Ramos, Armando Antonio Gómez Betancourt, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, Claudia Delgadillo González, Consuelo del Carmen Navarrete Navarro, Eunice Monzón García, Fátima Almendra Cruz Peláez, Fausto Gallardo García, Gilberto Hernández Villafuerte, Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle, Janine Patricia Quijano Tapia, Javier Joaquín López Casarín, Jazmine María Bugarín Rodríguez, José Antonio Estefan Gillessen, Juan Carlos Natale López, Juan Pablo Montes de Oca Avendaño, Karen Castrejón Trujillo, Kevin Ángelo Aguilar Piña, Luis Alberto Martínez Bravo, Luis Arturo González Cruz, Luis Edgardo Palacios Díaz, Marco Antonio Natale Gutiérrez, María del Carmen Pinete Vargas, María del Rocío Corona Nakamura, Mario Xavier Peraza Ramírez, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Roberto Alejandro Segovia Hernández, Roberto Antonio Rubio Montejo, Santy Montemayor Castillo, Sonia Mendoza Díaz, Tomás Gloria Requena, Valeria Santiago Barrientos (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

CÓDIGO PENAL FEDERAL

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 325 del Código Penal Federal, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 325 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Actualmente hay que aceptar que tanto la inseguridad que se vive como la percepción de la misma no sólo es grave, sino incluso parece haberse instalado permanentemente en nuestro tejido social, parece que se normalizó y se aceptó con resignación.

Lo anterior se debe, entre otros factores, a que los niveles de delincuencia que vivimos hoy en día son el resultado de la inacción, o bien, la simulación de gobiernos anteriores que permitieron su crecimiento desmesurado y nos heredaron la inercia actual que padecemos.

Esta situación es intolerable, peligrosa, sumamente perjudicial y sin duda alguna, no debe seguir.

A nadie, más que a los delincuentes, le conviene esta situación, pues como nación nos amenaza, limita, daña, perjudica e incluso reduce los recursos que podrían ser destinados a la mejora social y no a tareas de seguridad pública.

Esta situación tampoco nos conviene como sociedad porque restringe nuestras libertades más básicas y amenaza nuestra integridad y nuestra vida, lo que termina afectándonos a todos por igual tanto en el presente como también hacia el futuro.

Ante este panorama, es justo y necesario también reconocer que actualmente se han tomado medidas significativas y se han llevado a cabo importantes esfuerzos para contener, sancionar y prevenir el delito, así como para proteger a la población.

Como mencioné al inicio, la fuerte inercia y tendencia de su crecimiento y prevalencia, desafortunadamente heredada por los gobiernos anteriores, ha complicado no sólo la labor requerida, sino también ha mermado la premura en la entrega de resultados satisfactorios que justificadamente exige la población.

Todo lo anterior nos deja una lección y requerimiento imprescindible para solventar este problema. Impostergablemente, todos desde nuestras facultades estamos obligados a cooperar, proponer y ayudar en el combate, la sanción, la denuncia y la prevención de todo delito en nuestro país. A la par, tenemos que poner nuestra atención, empeño y esfuerzo en proteger a las víctimas directas e indirectas del delito en nuestro país, es decir, hacernos cargo de las consecuencias derivadas de los delitos. No hay de otra, estamos en el punto de no retorno.

En este propósito, quienes integramos la presente soberanía no estamos exentos ni de la obligación ni mucho menos de asumir con urgencia y celeridad el compromiso de contribuir a cambiar nuestra realidad en materia de seguridad.

Tenemos una corresponsabilidad con todos los gobiernos del país de los tres órdenes existentes para coadyuvar en brindar seguridad a la población en general, pero también para promover la denuncia, proteger a las víctimas directas o indirectas de los delitos, asegurar la reparación del daño y garantizar la protección, la paz y la tranquilidad en todos y cada uno de los rincones del país.

La tarea es grande y complicada, pero, sobre todo, inaplazable, más aún si nos referimos a un delito grave, condenable y vergonzoso que tanto daño nos ha hecho a todos como sociedad en su conjunto, a las mujeres en general y en lo particular a las familias de quienes desafortunadamente lo han padecido en carne propia, me refiero al feminicidio.

Hablamos de un delito grave, condenable y persistente, en el cual debemos comprender y aceptar que no inicia ni termina con la muerte de la mujer y que la víctima no es sólo a quien se le arrebata la existencia, pues también hay más víctimas y son las hijas, hijos y familiares de las mujeres asesinadas a quienes con ese delito también se les arrebata el modo de vida que llevaban.

Para dimensionar lo anterior, tenemos que empezar por recordar que el feminicidio, es la muerte violenta de una mujer por razones de género, todo ello bajo las circunstancias establecidas en el artículo 325 del Código Penal Federal, el cual refiere lo siguiente:

1. La víctima presenta signos de violencia sexual.

2. La mujer presenta mutilaciones infamantes o degradantes antes o después de su muerte, o bien, actos de necrofilia.

3. Cuando existen antecedentes de violencia familiar, laboral, escolar o del sujeto activo contra la víctima.

4. Relación sentimental o de confianza entre la víctima y el sujeto activo.

5. Amenazas relacionadas al asesinato, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.

6. Cuando la mujer haya sido incomunicada antes de su asesinato.

7. Cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

Como podemos apreciar con la conceptualización anterior, nos damos cuenta de por qué nos referimos al feminicidio como un delito no sólo grave, sino además hiriente y sumamente condenable cuya adecuada atención ha sido un reto inconcluso desde hace ya mucho tiempo.

Se trata de un pendiente al que además le hemos permitido crecer como una verdadera bola de nieve. Al respecto, basta mencionar que, de acuerdo a organismos especializados en la materia, nuestro país está entre los primeros lugares en América Latina en cuanto a feminicidios se refiere.

Lo anterior como consecuencia de que el número de feminicidios crece significativa, imparable y alarmantemente año con año; tan sólo hay que señalar que, de acuerdo a medios de comunicación, se dio cuenta de que el año 2020 fue el año con más feminicidios desde que existen registros de este delito. Para ese año negro y triste, de acuerdo a organizaciones pro derechos de las mujeres, se contabilizaron en nuestro país, cuando menos, 969 víctimas de feminicidio.

Además del alarmante número de feminicidios que permitimos se cometan en nuestro país diariamente, hay otros flagelos alrededor de este delito que lo potencializan todavía más.

Por si el número de feminicidios registrados en nuestro país no fuera suficiente, a la par tenemos el registro de que, al menos 2 mil 125 mujeres fueron asesinadas y vergonzosamente su asesinato fue catalogado, investigado y sancionado como homicidio doloso.

Lo anterior, por negligencia y una carencia de perspectiva de género en la investigación y proceso judicial, derivando en una pena mucho menor para el asesino y en una condena permanente de injustica, impotencia y revictimización de la familia de la víctima y de todos como sociedad.

Finalmente, a esta impotencia histórica tenemos que sumarle un hecho igual de escalofriante y reprobable, esto es que en nuestro país sólo entre 20 y 25 por ciento de los asesinatos de mujeres son clasificados como feminicidio, pues entre 2016 y febrero de 2021 se daba cuenta de que únicamente 23.78 por ciento de estos delitos cometidos se asumieron así.

Todo ello implica no sólo más impunidad y molestia social, sino también revictimización, especialmente cuando agregamos un dato más, el referente a la tasa de impunidad para los casos de feminicidio en nuestro país, que es de al menos de 51.4 por ciento; en otras palabras, como se menciona en reportes al respecto, sólo 5 de cada 10 feminicidios son esclarecidos.

Con todo lo anterior, queda sustentado que el feminicidio en nuestro país es un delito que se ha expandido preocupantemente, que es un flagelo para toda la sociedad y que su normalización no sólo ha resultado peligrosa, sino también doblemente hiriente debido a la indiferencia de la sociedad, por un lado, y de las autoridades, por el otro.

Es innegable el desinterés de muchos gobiernos locales frente a este delito, que incluso han tolerado su presencia en nuestra sociedad por el vacío que generan al no asumirlo con la gravedad, el profesionalismo, la seriedad y respeto que se merece.

Por eso, tristemente, somos un país en donde de acuerdo a datos oficiales, impunemente se cometen entre 10.5 y 11 feminicidios diarios.

Cada año, tenemos récords en materia de feminicidios como lo vimos en el año 2021, en donde según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública (SESNSP) nos arrebataron la vida de mil 6 mujeres; además de 2 mil 747 muertes más que convenientemente fueron catalogadas como “homicidios dolosos”.

Permitimos, toleramos y solapamos que además de matarnos a nosotras las mujeres, también nos secuestren o nos sometan a delitos como la trata y la violación. Se sabe que entre el año 2020 y el año 2021, al menos 416 mujeres fueron víctimas de secuestro, 957 más fueron víctimas del delito de trata y tan sólo durante el año 2021 se acumularon 21 mil 188 denuncias por el delito de violación en contra de una mujer, en otras palabras, se trata de un delito que creció de 2020 a 2021 en 28 por ciento.

Con todo esto, hemos llegado al punto en que casi todo nuestro país, específicamente 86 por ciento de nuestro territorio, está en alerta de violencia feminicida y de desaparición de mujeres, adolescentes y niñas.

Cada hora se registra la llamada de una mujer pidiendo ayuda o apoyo a los refugios implementados para protección en contra de situaciones de violencia; tenemos más de 3 mil mujeres víctimas del delito de corrupción de menores y 12 mil 918 menores de edad atendidas en diversos hospitales por violencia familiar, de las cuales 88.3 por ciento fueron niñas y adolescentes.

Con este breve resumen de la realidad que enfrentamos no sólo las mujeres en este país, sino la sociedad en general podemos entender la urgencia de hacer algo al respecto porque la falta de atención de este pendiente se está convirtiendo en una fría, enorme, incontenible y creciente, estadística de muerte de mujeres.

Estos casos reales y estadísticas de violencia de género en nuestro territorio, termina convirtiéndose en feminicidios.

Y en este azote de feminicidios, de tantas vidas arrebatadas de mujeres, hay un tema preocupante e indignante que estamos omitiendo observar y atender al grado de dejarlo pasar inadvertido.

Desafortunadamente, la tasa de impunidad en el delito de feminicidio no sólo proviene de la indiferencia de las autoridades o de la sociedad, proviene y reside también en que los delincuentes han diversificado las formas de violencia, brutalidad, ferocidad y barbarie. Igualmente, se han diversificado las motivaciones de los feminicidas.

En contraparte, los criterios para establecer el asesinato de una mujer como feminicidio y acceder con ello a otra forma de investigación, proceso, juicio y, por ende, pena y sanción no se han actualizado ni diversificado.

Eso es algo grave que no estamos advirtiendo.

Actualmente, esos criterios para tipificar como feminicidio el asesinato de una mujer están establecidos, como ya se dijo, en el artículo 325 de nuestro Código Penal Federal.

A pesar de la especificidad de los criterios, desafortunadamente, el día a día, la cruda realidad, nos hace ver y nos está indicando que ya no son los únicos que debemos asumir ni considerar si de verdad queremos hacerle frente a este delito grave.

No podemos permitir que gracias a este vacío los delincuentes que cometen este delito evadan la pena que les corresponde.

No podemos seguir permitiendo que esta falta de actualización en nuestro marco legal siga revictimizando a las familias de las mujeres que nos han arrebatado.

Tenemos que ser más específicos respecto al establecimiento de los criterios que permitan exigir y demandar como se debe, que el asesinato de una mujer se tipifique como feminicidio.

Al no llevar a cabo esta tarea, se potencializa la incapacidad, opacidad y complicidad que priva sistemáticamente en las autoridades correspondientes para clasificar adecuadamente como feminicidio el asesinato de una adulta mayor, mujer, adolescente o niña.

Si de verdad queremos enfrentar, identificar, erradicar y sancionar el feminicidio en nuestro país, tenemos que hacerlo sin titubeos y con todo el peso de la ley.

Es inconcebible que como sociedad, autoridades y gobierno no tengamos la capacidad de reaccionar ante un delito grave, altamente preocupante, hiriente e indignante como lo es el feminicidio. Tenemos que hacer algo urgentemente.

Por lo anterior, propongo agregar una fracción VIII al artículo 325 de nuestro Código Penal Federal y establecer un criterio o motivo para considerar al asesinato de una mujer como feminicidio.

Me refiero al hecho de que el motivo del asesinato sea la intención de obstaculizar o impedirle a una mujer, adolescente o niña ejercer, disfrutar, pretender o demandar algún derecho que le corresponde.

Cada vez más nos enteramos de casos de feminicidios motivados por el hecho de que la víctima exigía una libertad, un derecho, un mejor salario, un mejor puesto, una candidatura, una pensión, un divorcio, una propiedad, un bien, entre muchas cosas más.

Mujeres, adolescentes o incluso niñas que intentaron lograr, acceder o reclamar el disfrute de algún derecho han sido asesinadas por ese motivo.

No podemos cerrar los ojos ante esta realidad y seguir permitiendo que este motivo siga quedando fuera de los criterios para tipificar el asesinato de una mujer como feminicidio.

Considero que la reforma propuesta nos actualiza y nos da mejores herramientas para enfrentar, erradicar y sancionar los feminicidios en nuestro país.

También, resarcimos un poco la deuda pendiente que tenemos con todas esas niñas, adolescentes, mujeres y sus familias que no pudimos proteger y garantizarles la salvaguarda de su vida. Como gobierno y sociedad, ya les fallamos a ellas y a sus familias, no continuemos fallándoles a más hijas, adolescentes y mujeres que corren peligro día a día en nuestro país. Tenemos esa deuda pendiente con ellas y quienes conformamos la presente soberanía no podemos omitir su atención ni simularla.

Por todo lo anterior, se somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción VIII al artículo 325 del Código Penal Federal

Artículo Único. Se adiciona una fracción VIII al artículo 325 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida.

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público ;

VIII. Cuando existan datos o indicios que establezcan que el hecho se cometió con el fin de obstaculizar o impedirle a la víctima el ejercer, disfrutar, pretender o demandar algún derecho.

(...)

(...)

(...)

(...)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día posterior al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf

2 https://laverdadnoticias.com/mexico/Que-lugar-ocupa-Mexico-en-feminicidios-a-ni vel-mundial-20210507-0080.html

3 https://aristeguinoticias.com/2501/mexico/2020-fue-el-ano-con-mas-feminicidios- desde-que-existen-registros-de-este-delito-causa-en-comun-documento/

4 https://aristeguinoticias.com/2501/mexico/2020-fue-el-ano-con-mas-feminicidios- desde-que-existen-registros-de-este-delito-causa-en-comun-documento/

5 https://www.elpinero.mx/en-mexico-solo-el-23-de-los-asesinatos-de-mujeres-son-i nvestigados-como-feminicidios-el-50-se-esclarecen/

6 https://www.elpinero.mx/en-mexico-solo-el-23-de-los-asesinatos-de-mujeres-son-i nvestigados-como-feminicidios-el-50-se-esclarecen/

7 https://www.elpinero.mx/en-mexico-solo-el-23-de-los-asesinatos-de-mujeres-son-i nvestigados-como-feminicidios-el-50-se-esclarecen/

8 https://politica.expansion.mx/mexico/2022/03/07/datos-sobre-la-violencia-contra -las-mujeres-mexico

9 https://politica.expansion.mx/mexico/2022/03/07/datos-sobre-la-violencia-contra -las-mujeres-mexico

10 https://politica.expansion.mx/mexico/2022/03/07/datos-sobre-la-violencia-contra -las-mujeres-mexico

11 https://politica.expansion.mx/mexico/2022/03/07/datos-sobre-la-violencia-contra -las-mujeres-mexico

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2022.– Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN Y LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones a las Leyes Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, y General de Salud, a cargo de la diputada Susana Cano González, del Grupo Parlamentario de Morena

Susana Cano González, diputada del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numerales 1 y 4, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y a la Ley General de Salud, en materia de lengua de señas mexicana en el derecho a la salud, al tenor de la siguiente

I. Exposición de Motivos

En nuestro país, con la llegada de la pandemia por Covid-19, no sólo se han marcado las diferencias en el sentido económico, entre la población mexicana, se ha evidenciado, que nuestro sistema de salud no estaba listo para recibir una emergencia sanitaria de tal magnitud, a lo largo de este par de años, se han realizado grandes esfuerzos por nuestro Gobierno federal, para poder aplicar políticas públicas que aminoren el impacto de esta terrible pandemia.

Hablamos de que todos y todas merecemos atención médica, es nuestro derecho constitucional, es nuestro derecho humano, reconocido no sólo en las leyes nacionales, sino también en los tratados internacionales, ahora bien, si esta pandemia ha sido complicada para las personas que no enfrentan algún tipo de discapacidad, nos hemos preguntado ¿cómo la han pasado aquellas personas que enfrentan algún tipo de discapacidad? ¿cuál es la dificultad que han tenido estas personas para poder acceder al sistema de salud mexicano? Para aproximarnos a comprender ¿quién es una persona con discapacidad? Podemos revisar lo que establece la fracción XXVII del artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que a la letra menciona:

“Persona con Discapacidad. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás...”.

En esta propuesta legislativa hablamos muy puntualmente de aquellas personas que enfrentan una discapacidad auditiva y/o verbal, cuyas posibilidades para comunicarse correctamente dependen de que el receptor del mensaje, en este caso los médicos, enfermeras e inclusive el personal de seguridad, pueda comprenderlos y que tengan las herramientas necesarias para poder comunicarse con estas personas, es un gran reto que desde hace años ha tenido nuestro sistema de salud en México y que, a pesar del panorama actual, (y en particular, presupuestalmente complicado) debemos observar que el hecho de no poder atender correctamente a estas personas, estaría vulnerando su derecho humano a la salud, e inclusive, no es un secreto, que muchas veces, en las clínicas, los hospitales, y unidades de seguridad social, se han visto y documentado casos de discriminación y abusos contra estas personas, vulnerando su derecho humano a la no discriminación y faltando a toda nuestra legislación en materia de inclusión de las personas con discapacidad a un entorno saludable donde se les reconozcan y respeten sus derechos humanos.

¿En algún momento nos hemos preguntado si en cada una de las clínicas, hospitales o unidades de seguridad social, existe al menos una persona que pueda comprender lenguaje de señas para poder comunicarse con las personas que tienen una discapacidad auditiva y/o verbal?

Para atender correctamente a estas personas, y garantizarles sus derechos humanos a la salud y a la no discriminación, debemos comprender el problema y brindar soluciones que permitan, en el mediano y largo plazo, tener un sistema de salud donde todas y cada una de las personas puedan recibir una atención médica integral, por ello es que en esta iniciativa de ley busco que en las clínicas, hospitales o cualquiera unidad de salud, haya personal que pueda comunicarse con lenguaje de señas, para poder atender a la población sordomuda, y que nuestro sistema de salud sea cada vez más incluyente, más integro, más cercano a las personas.

II. Planteamiento del problema

En México no existe explícitamente una norma jurídica que establezca la obligatoriedad de nuestro sistema de salud de tener en cada clínica, hospital o unidad de seguridad social, personal capaz de comunicarse a través del lenguaje de señas, por ello es necesario reformar nuestra legislación y caminar hacía normas más incluyentes, y no sólo hablando en el ámbito sexo-genérico, sino que aquellas personas que tienen una discapacidad auditiva y/o verbal, para que puedan acceder a una consulta y a un tratamiento integral donde el personal de salud, pueda comunicarse perfectamente con estas personas.

III. Consideraciones

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México 16.5 por ciento de la población enfrenta alguna discapacidad, hablamos de 20 millones 838 mil 108 personas con algún tipo de discapacidad en nuestro país, y de estas, 34 por ciento tiene una discapacidad auditiva, es decir, cerca de 7 millones de personas sordas a nivel nacional, una cifra realmente importante, lo cual hace cada más necesario que aquellos que forman parte del Sistema Nacional de Salud, tengan la posibilidad de comunicarse con aquellos pacientes que enfrenten esta discapacidad, a través de la lengua de señas mexicana, que debería de ser una herramienta más del personal de salud, que necesitan para desempeñarse de la mejor manera en su trabajo, logrando atender a aquellos pacientes de la mejor manera, pudiendo comunicar todos y cada uno de los procesos y aspectos relacionados con la consulta y tratamiento, de una forma que el paciente no tuviera la menor duda.

Este es el camino que debemos tomar para sumarnos a las acciones afirmativas que mejoren nuestro sistema de salud, en favor de las personas con una discapacidad auditiva o verbal.

La doctora María Guadalupe Fragoso Palafox, responsable del área de discapacidad del Centro de Salud doctor Galo Soberón y Parra, y autora del libro La discapacidad no es incapacidad, comentó lo siguiente:

“Es elemental que el personal médico aprenda la Lengua de Señas Mexicana (LSM), con ello ayudaría u orientaría a los pacientes sordos y sordomudos, contribuiría a aclararles dudas que pudieran tener en la consulta”.

Cómo enfermera de profesión, durante muchos años atendí a personas con discapacidad auditiva y/o verbal, y siempre fue un reto poder comunicarme con ellas, si bien algunas personas, por ejemplo las personas sordas, de alguna manera, podían escribir, a través de ese medio, se realizaba la mayor parte de la comunicación, algunas personas tenían una discapacidad verbal, que les impedía comunicarse, entonces a través de papel, y con algunos gestos y señas, lográbamos transmitirle un mensaje, hace 40 años no hubiéramos podido concebir leyes tan avanzadas y enfocadas a los derechos humanos que fueran el pilar de políticas públicas encaminadas a garantizar el acceso a la salud a las personas con discapacidad.

Es cierto que el Lenguaje de Señas Mexicano no es la total solución a una problemática transversal que tiene un gran número de variables, pero sí nos encamina al fortalecimiento de nuestro sistema jurídico, y fundamenta a mediano y largo plazo la implementación de políticas públicas que garantizan la inclusión de las personas con discapacidad auditiva y/o verbal.

Por otro lado, pensemos, ¿qué pasaría con aquellas personas sordo-ciegas? Evidentemente, ante esta situación, no nos sería posible la implementación del lenguaje de señas como un medio de comunicación, ya que la comunicación puede que sea de forma verbal, o incluso a través del Lenguaje Braile, mismo que tiene otro tratamiento, ya que ante ese caso, necesitaríamos que las clínicas, hospitales y todas las unidades de seguridad social, contaran con material necesario impreso en este lenguaje, para poder comunicarles a estas personas los tratamientos, por ello, también debemos considerar que si bien significa un esfuerzo importante por parte de nuestro sistema de salud, las ventajas a mediano y largo plazo, tras su implementación, valdrían totalmente la pena.

El 11 de junio de 2003 se expidió la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, una norma jurídica que ha ido evolucionando y fortaleciéndose conforme se ha ido reformando, y tras el cambio de paradigma para todo nuestro sistema constitucional y judicial, en materia de derechos humanos y por supuesto, de amparo en 2011, en ese mismo año, el 30 de mayo, se expide la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, otro ordenamiento que ha caminado en el mismo sendero de los derechos humanos y que ha tenido una evolución considerable desde entonces, en favor de la protección de los derechos de las personas con alguna discapacidad.

Comencemos mencionando sobre la Lengua de Señas Mexicana, la cual tiene su concepto jurídico en la fracción XXII del artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y que a la letra establece:

“Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. a XXI. ...

XXII. Lengua de Señas Mexicana. Lengua de una comunidad de sordos, que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral”.

Tal como mencionamos antes, las personas que sufren algún tipo de discapacidad han sufrido de una u otra manera discriminación y, antes de avanzar, es importante mencionar, el contenido de la fracción III del artículo 1, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el cual muestra el concepto jurídico, de la misma:

“Artículo 1. ...

III. Discriminación: Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.

También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia”.

El artículo 3 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación menciona que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para cada ejercicio fiscal, se incluirán asignaciones correspondientes para promover acciones de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas que coadyuven a erradicar los obstáculos para el pleno goce de los derechos establecidos por nuestra legislación nacional y la legislación internacional en la materia, por ello, considero oportuno mencionar que si bien ya se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para este ejercicio fiscal, puede quedar sentado el antecedente de esta necesidad para que en los siguientes, podamos establecer acciones como las que presento en esta iniciativa, para tener un sistema de salud más incluyente, que elimine poco a poco todos y cada uno de los obstáculos para que todas y todos disfrutemos de nuestro derecho a la salud.

La implementación de las acciones establecidas en esta iniciativa, está alineada con la perspectiva antidiscriminatoria mencionada en el artículo 15 Bis de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, pudiendo ser incorporada de manera transversal y progresiva contribuyendo al mejoramiento de las políticas públicas que buscan la inclusión de personas con discapacidad, garantizando su derecho a la salud.

Esta iniciativa, de conformidad con el concepto de “medidas de nivelación” mencionado por el artículo 15 Ter de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, constituye una medida de nivelación que contribuye a hacer efectivo el acceso a todas las personas a la igualdad de oportunidades, eliminando las barreras comunicacionales que enfrentan las personas con discapacidad auditiva y/o verbal.

Dentro del artículo 15 Quáter de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se dice en el primer párrafo “Las medidas de nivelación incluyen, entre otras” y después, a lo largo de ocho fracciones menciona algunas, dentro de las cuales, considero sería pertinente establecer la obligatoriedad de las clínicas, hospitales y unidades de seguridad social, a personal que pueda comunicarse a través del Lenguaje de Señas Mexicano, para poder garantizar que las personas cuyo medio de comunicación sea ese, estén en posibilidades de ser atendidas con calidad y con alguien que pueda transmitirles un mensaje claro que puedan comprender ellos mismos.

Siguiendo en esta línea, el artículo 15 Sextus de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en el primer párrafo menciona que “las medidas de inclusión, podrán comprender entre otras, las siguientes”, y acertadamente en la fracción II:

“Artículo 15 Sextus. ...

II. La integración en el diseño, instrumentación y evaluación de las políticas públicas del derecho a la igualdad y no discriminación”.

En este sentido, esta iniciativa también cumple con lo establecido por las medidas de inclusión, ya que su implementación resulta benéfica para el diseño, instrumentación y evaluación de políticas públicas del derecho a la igualdad y no discriminación.

Por su parte, del estudio de la Ley General de Salud, resaltamos que en la fracción III, del artículo 6, el Sistema Nacional de Salud, tiene el objetivo de colaborar al bienestar social de ciertos grupos vulnerables, entre los que destacamos las personas con discapacidad.

El capítulo III de la Ley General de Salud, es acerca de la “atención médica”, donde se establece una definición y se delimitan las actividades de la misma, considero que por técnica legislativa es pertinente reformar el artículo 32, a efecto de homologarlo con lo establecido por esta propuesta, y la reforma que propongo al artículo 15 Quáter de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, a fin de establecer que en los hospitales, unidades sanitarias públicas o de la seguridad social, deben contar con personal que pueda comunicarse a través de lenguaje de señas, siendo que también los médicos deberán poder comunicarse por este medio, promoviendo la accesibilidad, inclusión, y la no discriminación a las personas con esta discapacidad.

Por otro lado, esta iniciativa también busca establecer dentro de la Ley General de Salud, el derecho a que las personas con discapacidad auditiva y/o verbal, puedan recibir la información a través del lenguaje de señas. Al respecto, el segundo párrafo del artículo 51 Bis 1, establece que los usuarios de los servicios de salud, que sean originarios de pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho de recibir la información en su lengua, en ese sentido ¿por qué los usuarios de servicios de salud con discapacidad auditiva y/o verbal no tendrían el derecho a recibir la información a través de lenguaje de señas?

Observando lo establecido por el título segundo Derechos de las Personas con Discapacidad capítulo I, Salud y Asistencia Social, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a partir del artículo 7, se enumeran diversas acciones que la Secretaría de Salud, debe realizar a favor de las personas con alguna discapacidad, entre ellas cabe resaltar la fracción III, del artículo 7, la cual instruye a la Secretaría de Salud, a la colaboración con la Secretaría de Educación Pública, para que se implementen programas de educación, capacitación, formación y especialización para la salud en materia de discapacidad, por lo que estaría más que justificado, que en la formación de los profesionales de la salud, se incluyera el aprendizaje de la lengua de señas mexicana.

Esta propuesta plantea también, reformar el segundo párrafo del artículo 51 Bis 1 de la Ley General de Salud, a efecto de establecer el mismo derecho a las personas con discapacidad auditiva y/o verbal, ya que no encuentro argumentos lógicos para excluirlos, toda vez que la norma es muy clara en sus intenciones, y con la implementación de mi propuesta, el texto del artículo quedaría enriquecido, constituyendo un avance en los derechos de las personas con discapacidad.

Esta propuesta también reconoce y armoniza los avances legislativos en esta materia, al incorporar dentro de las normas, el concepto ampliamente estudiado y consensuado por la academia, las distintas fuerzas políticas y la sociedad civil, y es el referente al concepto jurídico de la “comunidad sorda”, mismo que está contemplado en la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 2; la fracción X del artículo 12; y se adiciona una fracción III Bis al artículo 7, y un párrafo segundo al artículo 14 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y recibido en la Cámara de Diputados el 9 de noviembre de 2021, estableciendo que será:

“El grupo de personas definida por la obtención visual del conocimiento, quienes presentan una deficiencia parcial o total de la audición y que adoptan un lenguaje visual constituido por expresiones gestuales y señas, denominado Lengua de Señas. La Comunidad Sorda es reconocida por la Ley como una minoría lingüística y posee una identidad y cultura propias. Dentro de ella se incluye aquellas personas o grupos con formas de comunicación distintas a la Lengua de Señas, que pueden incluir expresiones orales o verbales, o bien, carecer de ellas”.

Recordando que la Lengua de Señas Mexicana es reconocida oficialmente como una lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación mexicana.

La propuesta está encaminada a que en los hospitales, las unidades sanitarias públicas o de la seguridad social, exista siempre intérpretes de lenguaje de señas, no obstante, la redacción de la reforma propuesta, también va encaminada a que sean los propios médicos, los que cuenten con esas herramientas para poder mejorar la calidad de sus servicios y contribuyan a generar un entorno más influyente donde puedan comunicarse de mejor manera con aquellas personas que tienen una discapacidad auditiva y/o verbal, y es por eso, que en lo concerniente al capítulo III de la Ley General de Salud de rubro “Formación, Capacitación y Actualización del Personal”, es el lugar idóneo para establecer dentro de los lineamientos a seguir por los profesionales de la salud, el hecho de que también deben conocer la Lengua de Señas Mexicana, para poder comunicarse correctamente con aquellos pacientes que se comuniquen a través de ella.

En el Grupo Parlamentario de Morena estamos comprometidos con los derechos de las personas con discapacidad, legislamos en favor de todas y todos, construyendo de la mano de los electores leyes más inclusivas y que verdaderamente resuelvan necesidades de todas y todos los mexicanos.

Por ello, a fin de ilustrar a esta soberanía sobre la reforma planteada, presento la siguiente:

IV. Propuesta legislativa

V. Decreto

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y a la Ley General de Salud, en materia de Lengua de Señas Mexicana en el derecho a la salud

Primero. Se adiciona, la fracción V al artículo 15 Quáter, recorriéndose en su orden los subsecuentes de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para quedar como sigue:

Artículo 15 Quáter. Las medidas de nivelación incluyen, entre otras:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. Uso de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, o personal médico, de enfermería o trabajadores sociales que puedan comunicarse a través de este medio, en el hospital, la unidad sanitaria pública o de la seguridad social de que se trate.

VI. Uso de intérpretes y traductores de lenguas indígenas;

VII. La accesibilidad del entorno social, incluyendo acceso físico, de comunicaciones y de información;

VIII. Derogación o abrogación de las disposiciones normativas que impongan requisitos discriminatorios de ingreso y permanencia a escuelas, trabajos, entre otros, y

IX. Creación de licencias de paternidad, homologación de condiciones de derechos y prestaciones para los grupos en situación de discriminación o vulnerabilidad.

Segundo. Se adiciona, un tercer y cuarto párrafo al artículo 32, un tercer párrafo al artículo 51 Bis 1, una fracción V al artículo 90, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 32. Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud.

...

La atención médica será brindada observando los principios de igualdad y no discriminación, prioritariamente a personas pertenecientes a los pueblos indígenas, afro descendientes, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con cualquier tipo de discapacidad y personas adultas mayores.

Tratándose de personas de la Comunidad Sorda, en el hospital, la unidad sanitaria pública o de la seguridad social, deberá contarse con intérpretes de lengua de señas mexicana, o personal médico, de enfermería o trabajadores sociales que puedan comunicarse a través de este medio.

Artículo 51 Bis 1. Los usuarios tendrán derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna, y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen.

...

Tratándose de personas de la Comunidad Sorda, estas tendrán derecho a recibir la información a través de la lengua de señas mexicana.

Artículo 90. Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades educativas en la materia y en coordinación con éstas:

I. a IV. ...

V. Promover dentro de la capacitación, el aprendizaje de la lengua de señas en los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, para cumplir de mejor manera las necesidades del país en materia de salud de las personas de la Comunidad Sorda.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Salud contará con 365 días, contados a partir de la publicación del presente decreto, para realizar las modificaciones pertinentes a sus ordenamientos legales y organizacionales, a fin de poder cumplir con la capacitación a los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, en materia de lengua de señas.

Tercero. La Secretaría de Salud deberá establecer personal intérprete del lenguaje de señas, mientras que sus profesionales, técnicos o auxiliares de la salud obtienen los conocimientos necesarios para poder comunicarse con las personas con discapacidad auditiva y/o verbal, para ello asignará recursos de su presupuesto otorgado en el ejercicio fiscal correspondiente.

Notas

1 Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Consultado de:

https://dis-capacidad.com/2021/01/30/censo-2020-16-5-de-la-pobla cion-en-mexico-son-personas-con-discapacidad/

2 Lengua de señas, útil e inclusiva en medicina. Gaceta U.N.A.M, Guadalupe Lugo, Consultado de:

https://www.gaceta.unam.mx/lengua-de-senas-util-e-inclusiva-en-m edicina/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2022.– Diputada Susana Cano González (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, y de Salud, para dictamen.

LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

Honorable asamblea, quien suscribe diputada federal Marcela Guerra Castillo, coordinadora del Grupo de Trabajo para la Implementación de la Agenda 2030 en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como, 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de paridad en el sector pesquero, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Importancia de incluir y de salvaguardar la perspectiva y la igualdad de género en la política pública

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la perspectiva de género se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.

Cuando se habla de perspectiva de género, se hace alusión a una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no sólo por su determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos.

El empleo de esta perspectiva plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios que existen entre mujeres y hombres, mediante acciones como:

• Redistribución equitativa de las actividades entre los sexos (en las esferas de lo público y privado).

• Justa valoración de los distintos trabajos que realizan mujeres y hombres.

• Modificación de las estructuras sociales, los mecanismos, las reglas, prácticas y valores que reproducen la desigualdad.

• El fortalecimiento del poder de gestión y decisión de las mujeres.

La importancia de la aplicación de la perspectiva de género, radica en las posibilidades que ofrece para comprender cómo se produce la discriminación de las mujeres y las vías para transformarla.

Aunado a lo anterior, y de acuerdo con la Agenda 2030, en todas partes del mundo, las mujeres y las niñas deben tener los mismos derechos y las mismas oportunidades, y deben poder llevar una vida libre de violencia y discriminación. La igualdad y el empoderamiento de las mujeres es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y también es un elemento esencial de todas las dimensiones del desarrollo inclusivo y sostenible. De hecho, todos los ODS dependen de que se logre el Objetivo 5.

Lograr la igualdad de género de aquí a 2030, requiere adoptar medidas urgentes para eliminar las causas profundas de la discriminación que sigue restringiendo los derechos de las mujeres, tanto en la esfera pública como privada. Entre otras cosas, es necesario modificar las leyes discriminatorias y adoptar otras que promuevan activamente la igualdad.

ONU Mujeres actúa para empoderar a las mujeres y las niñas en todos sus programas y actividades de promoción. La intensificación de las medidas en materia de igualdad de género en todas las partes del mundo permitiría avanzar hacia el desarrollo sostenible para 2030, sin dejar a nadie atrás.

Así mismo, la Asamblea general de las Naciones Unidas proclamó el año 2022 como el “Año internacional de la pesca y la Acuicultura artesanales”. Tal nombramiento tiene como finalidad sensibilizar a la población y a los gobiernos sobre las problemáticas que enfrentan las personas asociadas a estas actividades, remarcando la importancia de adoptar políticas públicas específicas encaminadas a la sostenibilidad.

En este contexto, la FAO publicó un “Plan de acción mundial 2022” promoviendo una serie de acciones en torno a siete pilares de trabajo: 1) Sostenibilidad ambiental, 2) Sostenibilidad económica, 3) Sostenibilidad social, 4) Gobernanza, 5) Igualdad y equidad de género, 6) Seguridad alimentaria y nutrición, y 7) Resiliencia, donde cada pilar describe actividades orientativas encaminadas a obtener resultados en cuatro categorías: sensibilizar, fortalecer la interrelación entre la ciencia y la política, empoderar las partes interesadas y promover asociaciones.

Si bien, a lo largo de ese documento la FAO hace referencia a la importancia del reconocimiento y respeto del papel de la mujer en el sector pesquero, el cual es un desafío en todos los pilares de trabajo y una meta que hay que alcanzar para lograr la sostenibilidad, el pilar 5 recalca la importancia de hacer frente a esta problemática, teniendo como objetivo “Reconocer la igualdad de las mujeres y los hombres que trabajan en la pesca y la acuicultura artesanales en pequeña escala”.

En el pilar 5, se señalan las problemáticas más comunes que enfrentan las mujeres en este sector, como la exclusión social, falta de acceso a servicios esenciales, invisibilización, falta de representación en la toma de decisiones o mayor probabilidad de ver vulnerados sus derechos humanos básicos. Haciendo énfasis en la importancia del reconocimiento de los derechos y trabajo de las mujeres, se incentiva a la adopción y construcción de enfoques con perspectiva de género que permitan el desarrollo pleno de las mujeres en todas las etapas de la red de valor y el esfuerzo para garantizar su acceso a cualquier tipo de recurso.

Considerando lo anterior, se propone la adopción de instrumentos internacionales como la “ Guía para la gobernanza y el desarrollo de la pesca en pequeña escala con equidad de género”, y la realización de actividades de difusión; elaboración y promoción de estudios de caso; análisis, mejora y aplicación de marcos normativos; subvenciones; adopción de medidas contra la discriminación y el abuso; o promoción de plataformas y espacios de diálogos entre mujeres y hombres sobre cuestiones de género, en todas las naciones.

Para la ONU y la FAO el mensaje clave es que: “En aras del empoderamiento de las mujeres y del desarrollo sostenible, es indispensable que la participación femenina en la pesca y acuicultura artesanales en pequeña escala ocupe un lugar central”.

No está demás señalar que, entender los procesos sociales y culturales que posibilitan o niegan el acceso diferencial por género a los recursos naturales es de suma relevancia (Velázquez, 1996), ya que dicho acceso sigue siendo reducido o condicionado por su género, y su situación en el sector pesquero no es la excepción.

Análisis sobre la situación de vulnerabilidad y el rol de las mujeres en el sector pesquero

El papel que desempeñan las mujeres es vital para la pesca ribereña y tiene un gran potencial para desarrollar. Sin embargo, sus derechos se encuentran actualmente desprotegidos y vulnerados, lo cual hace necesario incorporar la perspectiva de género en el diseño de la política pesquera.

La pesca se ha considerado como una actividad meramente masculina, en la cual, mientras los hombres se van al mar a buscar el sustento familiar, las mujeres se encargan de las tareas domésticas y la crianza de los hijos. Sin embargo, esta concepción es errónea, ya que las mujeres siempre se han involucrado en la actividad en mayor o menor grado. Este reconocimiento inadecuado de las contribuciones de las mujeres en la pesca dificulta el proceso de desarrollo sostenible, lo que resulta en un aumento de la pobreza y de la seguridad alimentaria.

De acuerdo con el informe “El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura 2018” (FAO), las mujeres representaron alrededor del 14% de las personas involucradas (a tiempo completo, parcial u ocasionalmente) en el sector primario de la pesca y la acuacultura a nivel mundial, llegando incluso al 50% si se consideran el sector primario y el secundario de la actividad.

En México, la pesca es uno de los sectores que registran la tasa de crecimiento de empleo femenino más alta. No obstante, pese a esta elevada tasa de aumento, las mujeres representan tan solo 10% de la fuerza laboral. De acuerdo con la CONAPESCA, hay cerca de 22 mil mujeres empleadas directamente por el sector, sin embargo, datos del INEGI indican que son 14 mil empleadas. Esta inexactitud en las cifras es reflejo de la falta de datos del sector, desagregados por género, así como de la exclusión de la pesca de subsistencia (realizada principalmente por mujeres) en las estadísticas.

Asimismo, si bien la participación de la mujer en la pesca ha sido subestimada, la realidad es que su intervención se ha diversificado y fortalecido. Ellas participan en labores de administración, comercialización, transformación del producto pesquero, pre-captura (colecta y preparación de carnada, elaboración y reparación de redes) y en la misma captura a bordo o como buzas. En muchas comunidades, el trabajo femenino hace la diferencia en la productividad de la pesca: sin ellas la actividad no podría sostenerse en la comunidad.

Complementariamente, las mujeres pescadoras sufren mayor marginalidad que los hombres pescadores debido a que tienen un limitado acceso a incentivos como créditos y permisos para pescar (Salazar-Ramírez et al., 2010). Además, las mujeres no son legalmente elegibles para recibir ayuda –financiamiento– por parte del gobierno para reparar equipo de pesca o lanchas que hayan sufrido daños en un huracán, a diferencia de los integrantes de las cooperativas de hombres pescadores quienes sí tienen acceso a estos apoyos (Chuenpagdee et al., 2006).

A pesar de su importante contribución, la equidad de género en la pesca continúa siendo una importante área de oportunidad, ya que el rol de las mujeres se caracteriza por la informalidad, la mala remuneración y diversas condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, es común que las mujeres perciban un ingreso inferior al de los hombres o bien, que su trabajo no tenga un valor económico. Además, ponen en riesgo su vida durante la actividad, e incluso su libertad cuando comercializan el producto en temporada de veda.

De igual forma, las mujeres enfrentan una serie de obstáculos con relación a la participación y el liderazgo en las organizaciones de pescadores, debido a la cultura del machismo prevaleciente, así como a la falta de información sobre el trabajo y las contribuciones de las mujeres en la actividad.

Algunas de las barreras identificadas respecto a la participación de las mujeres en el sector pesquero son:

Cabe añadir que, en las cadenas de valor de la pesca, los hombres y las mujeres tienen roles distintos y su estatus socioeconómico influye en sus relaciones de poder. De esta manera, las mujeres y los hombres pueden tener roles dominantes o pueden estar en posiciones de alta dependencia. No obstante, en varios estados del país, las mujeres se han convertido en importantes empresarias, líderes o administradoras de cooperativas o empresas pesqueras, y han generado importantes rendimientos para los hogares y las comunidades.

Sin duda el proceso de afrontamiento que las mujeres muestran ante su condición como pescadoras, madres y esposas, merece destacarse a fin de analizar cómo se construyen fortalezas desde un lugar social no reconocido, lo que sugiere pensar que la misma adversidad constituye elementos que favorecen cierta estructura resiliente en la vida cotidiana y esa ha sido la historia de muchas mujeres en el mundo y en diversos contextos y situaciones sociales.

Por otra parte, reconociendo que la vulnerabilidad al cambio climático no es igual para quienes integran los grupos sociales, con base en el estudio “Cambio climático en México: recomendaciones de política pública para la adaptación y resiliencia del sector pesquero y acuícola”, se recomienda incluir un enfoque de género en los análisis de vulnerabilidad del sector pesquero, de manera que se transversalicen estos aspectos a la elaboración e implementación de medidas de adaptación.

No olvidemos que la pesca empodera a las mujeres y contribuye a la igualdad de género, y, gracias a su participación en la cadena de valor de la pesca, obtienen ingresos, independencia y poder. Éste es un camino para aterrizar y cumplir desde la pesca algunas recomendaciones del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 “Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer” de la Agenda 2030. Abordar los impactos sociales de la pesca en México desde la perspectiva de los ODS permite evaluar, bajo un enfoque multidimensional, la contribución de la actividad en la erradicación de la pobreza, así como al desarrollo local de las comunidades, tomando en cuenta el acceso efectivo de los pescadores a derechos básicos como alimentación, educación, salud, seguridad social y servicios básicos en vivienda, entre otros.

No está demás resaltar que a nivel mundial existen redes enfocadas en promover la igualdad de género en la pesca, la ciencia y la conservación marina, tales como: African Network of Women in the Fisheries Sector (AWFISHNET), Gender in Aquaculture and Fisheries (GAF), Network of Women in Marine Science (WIOMSA), Red europea de organizaciones de mujeres en el sector pesquero, Women And Fisheries In The European Union, Women in Fisheries, Girls in Ocean Science, International Association for Women in the Seafood Industry (WSI), International Collective in Support of Fish Workers (ICSF), Women Divers Hall of Fame (WDHOF), entre otras.

Incorporación de la Perspectiva de Género en la política pesquera

De conformidad con el estudio “ Impacto Social de la pesca ribereña en México: propuestas para impulsar el bienestar social en el sector pesquero ”, se sugiere que la perspectiva de género constituya un aspecto transversal en el diseño de la política pesquera y en los diferentes procesos de toma de decisiones y gobernanza del sector.

Asimismo, que se estipule el fomento y el apoyo al liderazgo de la mujer (principalmente pescadoras) y se garanticen sus derechos.

Algunas estrategias sugeridas para reducir la desigualdad entre mujeres y hombres en la pesca incluyen: fortalecer sus capacidades técnicas, de organización y de administración de empresas, el fomento de la creación de redes y el acceso a servicios y financiamiento y asegurar acceso a canales y puntos de venta institucionales de alto impacto (por ejemplo, adquisiciones públicas para programas de alimentación escolar y en hospitales).

Es preciso enfocar la política en el fortalecimiento de la participación de la mujer en la pesca, mediante el fomento y apoyo a su liderazgo, el impulso a su participación en las organizaciones de pescadores, así como la garantía de sus derechos.

Vale la pena resaltar algunas de las metas que plantea el ODS 5 de la Agenda 2030 para reforzar la importancia de la incorporación de la perspectiva de género en la política pesquera:

— Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública.

— Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos económicos en condiciones de igualdad, así como el acceso a la propiedad y al control de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.

— Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de la mujer.

— Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles.

Bajo ese tenor, a continuación, se presenta un cuadro comparativo con las modificaciones propuestas:

Las y los legisladores participantes de esta LXV Legislatura, tenemos un compromiso con la sostenibilidad y el bienestar de todas y todos; es por ello, que el impulso de esta iniciativa constituye un paso fundamental en el alcance de los objetivos planteados en la paridad de género y del desarrollo para nuestro país.

Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, elevamos a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Único. Se reforma el artículo 1o.; la fracción II del artículo 2o., y se adicionan las fracciones LII y LIII al artículo 4o.; un artículo 6o. Bis; una fracción XVII al artículo 17; un párrafo cuarto del artículo 19; y una fracción XVI al artículo 20, todas de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Artículo 1o. La presente Ley es de orden público e interés social, reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción; del 73 fracción XXIX-L para establecer las bases para el ejercicio de las atribuciones que en la materia corresponden a la federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, bajo el principio de concurrencia y con la participación de los productores pesqueros, así como de las demás disposiciones previstas en la propia Constitución que tienen como fin propiciar el desarrollo integral y sustentable de la pesca y la acuacultura. Asimismo, busca regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres dedicados a la pesca; proponer acciones orientadas hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado; y promover el empoderamiento de las mujeres.

Artículo 2o. ...

I. ...

II. Promover el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y acuicultores del país a través de los programas que se instrumenten para el sector pesquero y acuícola con perspectiva de género;

III. a XV. ...

Artículo 4o. ...

I. a LI. ...

LII. Igualdad de Género: Acceso a derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y hombres al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.

LIII. Perspectiva de Género: Metodología y mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así como las acciones necesarias para actuar sobre los factores de género y crear condiciones de cambio para avanzar en la construcción de la igualdad de género.

Artículo 6o Bis. La Federación, a través de la Secretaría, de las entidades gubernamentales del sector, y de las instancias administrativas que se ocupen del adelanto de las mujeres, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación con la coparticipación del Instituto Nacional de las Mujeres, a fin de:

I. Fortalecer las funciones y atribuciones en materia de igualdad;

II. Establecer mecanismos de coordinación para lograr la transversalidad de la perspectiva de género en la política pesquera y acuícola;

III. Coordinar las tareas en materia de igualdad mediante acciones específicas;

IV. Proponer iniciativas y políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos de participación igualitaria de mujeres y hombres en los ámbitos de la economía, toma de decisiones y en la vida social, deportiva, cultural y civil.

V. Asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones para la igualdad entre mujeres y hombres;

VI. Fomentar la participación y representación equilibrada entre mujeres y hombres en los diferentes ámbitos y espacios de diálogo, de participación y de toma de decisiones;

VII. Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres;

VIII. Fomentar el desarrollo, la participación, el liderazgo y el reconocimiento de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, política y cultural, y de las actividades económicas que desempeñan.

Artículo 17. ...

I. a XVI. ...

XVII. La igualdad de derechos entre las personas, la no discriminación, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en todos los aspectos de la calidad de la vida, para lograr el desarrollo de la población; y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 19. ...

...

...

La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género.

Artículo 20. ...

I. a XV. ...

XVI. La perspectiva e igualdad de género.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 ONU Mujeres. ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

2 FAO, 2022. Año internacional de la pesca y la Acuicultura artesanales.

3 FAO. Plan de acción mundial 2022.

4 FAO. Guía para la gobernanza y el desarrollo de la pesca en pequeña escala con equidad de género.

5 Perea Blázquez, Alejandra; Flores Palacios, Fátima. Participación de las mujeres en la pesca: nuevos roles de género, ingresos económicos y doble jornada. Sociedad y Ambiente, vol. 1, núm. 9, 2016, pp. 121-141. El Colegio de la Frontera Sur.

6 “Igualdad de Género en el Mar”. Comunidad y Biodiversidad A.C., 2019.

7 Cambio climático en México: recomendaciones de política pública para la adaptación y resiliencia del sector pesquero y acuícola.

8 Inteligencia Pública, EDF de México (2019). “Impacto Social de la Pesca Ribereña en México: Propuestas para impulsar el bienestar social en el sector pesquero”.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2022.– Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Pesca, para dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión.

LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Norma Angélica Aceves García, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Quinta Legislatura Federal, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia de bebidas saborizadas, de acuerdo con la siguiente:

Exposición de Motivos

Con fecha domingo 8 de septiembre de 2019, el Ejecutivo federal presentó ante la honorable Cámara de Diputados su propuesta del Paquete el Económico 2020.  En el caso particular presentó iniciativa “Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación”. Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Publicada en la Gaceta Parlamentaria, número 5361-D.

Dicho Paquete Económico presenta una propuesta de modificación del Impuesto sobre Producción y Servicios sobre la actualización anual e incremento de la cuota a bebidas saborizadas (página 32 y 33).

La presente propuesta pretende ajustar los criterios del IEPS en el apartado de bebidas saborizadas con base en la promoción de la salud y la proporcionalidad y equidad que se establece en el artículo 31, fracción IV constitucional, para que el incremento en el impuesto ayude a disminuir significativamente el consumo de estas bebidas saborizadas (azucaradas),  potencie el impacto positivo en salud al promover bebidas saludables y en materia preventiva ayude a disminuir la obesidad y enfermedades derivadas por el alto consumo de azúcar.

Antecedentes

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publica que la causa fundamental del sobrepeso es un desequilibrio entre las calorías consumidas y las gastadas, y de acuerdo con el INEGI el 58% de los mexicanos no hace actividad física. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (ONUAA o FAO) publica que los mexicanos consumen a diario en promedio más de tres mil calorías, 50% más de la recomendación de la OMS y los refrescos, asegura la industria, representan sólo entre 5% y 6% por ciento de las calorías totales.

En los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 (ENSANUT 2018) se observa que la prevalencia del sobrepeso y obesidad en la población de edad escolar (5 a 11 años) es de 32.1 % y para la población de edad adulta (20 años en adelante) es de 73 %.

El resultado de la prevalencia del sobrepeso y obesidad de la población en edad escolar ha disminuido en 4.8 % respecto a lo observado en la ENSANUT 2012; por el contrario, este indicador en la población adulta aumentó 1.8 % en el mismo periodo. En este contexto, se considera que lo más adecuado es continuar fortaleciendo las medidas estratégicas para la atención de la problemática de sobrepeso y obesidad.

Asimismo, Feebbo México en junio de 2013 creó un estudio de mercado sobre el consumo de refresco en el que se encuestó a 600 personas, 50% hombres y 50% mujeres. Según el Estudio de Mercado sobre consumo de Refresco en México: los encuestados 99% consume refresco y solo el 1% no lo consume nunca. Del 99% que lo consume se midió la frecuencia de consumo siendo varias veces a la semana la más votada con 47% de los encuestados, a estos les sigue el 26% que dicen tomar refresco todos los días, un 19 % lo consume solamente una vez a la semana y el restante 8% lo consume muy rara vez.

Según el estudio de las personas que beben refresco, el 43% lo bebe principalmente en casa, el 30% en reuniones y el 27% lo hace en restaurantes, bares, discotecas, etcétera.

El sabor preferido de los encuestados es el refresco de cola teniendo el 60% de aprobación, en segundo sitio se encuentra el refresco de manzana con 12%, siguiéndole la sangría y el sabor de lima limón con 7% y 4% respectivamente, mientras que otros sabores (como naranja, ginger ale, toronja, mandarina, fresa, tamarindo, durazno, etc.) tienen una preferencia del 17% entre todos.

Por otra parte, se midió qué tipo de refrescos toma la gente, el refresco más popular es el refresco normal con un 88% que lo consume, el 12% restante lo consumen en refrescos light, zero y sin gas con porcentajes de 5%, 4% y 3% respectivamente.

De acuerdo con el Banco de Información Económica de Inegi en la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) de las Cifras preliminares enero 2013 a julio 2019 tomadas como año base 2013, el volumen y valor de ventas de la industria de las bebidas representadas en las estadísticas siguientes son:

1) Consumo de litros de bebidas saborizadas

a. Comparativo del consumo de litros de bebidas saborizadas (azucaradas) por mes de cada año de enero 2013 a julio 2019, en México.

b. Comportamiento del consumo de litros de bebidas saborizadas (azucaradas) por mes de enero 2013 a julio 2019, en México.

c. Comportamiento de consumo de litros de bebidas saborizadas (azucaradas) por año de 2013 a 2018, en México. Valores reales en pesos por litros sin impuestos. Año base 2013.  Crecimiento del volumen de litros.

d. Impacto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) respecto al año de referencia 2014. Comportamiento del crecimiento del consumo de litros de bebidas saborizadas (azucaradas) por año de 2014 a 2018, en México.

2) Valor real del litro de bebidas saborizadas sin IEPS ni IVA (pesos)

a. Comparativo de valor del consumo de litros de bebidas saborizadas (azucaradas) por mes de cada año de enero 2013 a julio 2019 (pesos), en México. Sin impuestos de IVA ni IEPS.

b. Comportamiento del valor real del consumo de litros de bebidas saborizadas (azucaradas) de cada año por mes de enero 2013 a julio 2019 (pesos), en México. Sin impuestos de IVA ni IEPS.

c. Comportamiento del valor real de consumo de litros de bebidas saborizadas (azucaradas) por año de 2013 a 2018 (pesos), en México. Valores por litros sin impuestos. Año base 2013. Valores reales por litros, sin impuestos de IVA ni IEPS.

d. Impacto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) respecto al año de referencia 2014. Comportamiento del crecimiento del valor real de consumo de litros de bebidas saborizadas (azucaradas) por año de 2014 a 2018 (pesos), en México. Año base 2013.

3) Precio promedio real por litro de bebidas saborizadas sin IEPS ni IVA (pesos)

a. Precio promedio real del litro de bebidas saborizadas (azucaradas) por mes de cada año, de enero 2013 a julio 2019 (en pesos), en México. Sin impuestos de IVA ni IEPS.

b. Precio promedio real del litro de bebidas saborizadas (azucaradas) por año, de 2013 a 2019 enero - julio (pesos), en México. Año base 2013. Sin impuestos de IVA ni IEPS.

c. Crecimiento del precio promedio real del litro de bebidas saborizadas (azucaradas) por año, de 2013 a 2019 enero a julio (pesos), en México.  Año base 2013. Sin IVA ni IEPS.

4) Precio promedio real del litro de bebidas saborizadas (azucaradas) por año, de enero 2013 enero a julio 2019 (pesos), en México. Con IEPS y con IVA. Año base 2013.

5) Recaudación mensual por año del IEPS de bebidas saborizadas (azucaradas) por litro de enero 2013 a julio 2019, en pesos, en México. Año base 2013.

a. Recaudación mensual por año del IEPS de bebidas saborizadas a valores reales de enero 2013 a julio 2019 (pesos), en México. Año base 2013.

b. Comportamiento de la recaudación mensual de bebidas saborizadas por IEPS a valores reales de enero 2013 a julio 2019, en México. Año base 2013.

c. Recaudación anual de bebidas saborizadas por IEPS a valores reales por año 2013 a 2019 enero a julio (pesos), en México. Año base 2013. Valor real del crecimiento del IEPS.

Marco normativo vigente

1. Actualmente la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios (IEPS), establece un impuesto aplicable a las bebidas saborizadas, el cual se determina mediante la aplicación de una cuota de $1.3996 pesos por litro de bebidas saborizadas importadas o enajenadas.

Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Título I

Capítulo IDisposiciones Generales

Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:

[...]

F) Bebidas energizantes, así como concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energizantes 25%

G) Bebidas saborizadas; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas; y jarabes o concentrados para preparar bebidas saborizadas que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, siempre que los bienes a que se refiere este inciso contengan cualquier tipo de azúcares añadidos.

La cuota aplicable será de $1.3996 por litro. Tratándose de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, el impuesto se calculará tomando en cuenta el número de litros de bebidas saborizadas que, de conformidad con las especificaciones del fabricante, se puedan obtener.

Lo dispuesto en este inciso también será aplicable a los bienes mencionados en el inciso F) de esta fracción, cuando contengan azúcares añadidos, en adición al impuesto establecido en dicho inciso F).

La cuota a que se refiere este inciso se actualizará anualmente y entrará en vigor a partir del 1 de enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre del penúltimo año hasta el mes de diciembre inmediato anterior a aquél por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de actualización en el Diario Oficial de la Federación durante el mes de diciembre de cada año, así como la cuota actualizada, misma que se expresará hasta el diezmilésimo.

[...]

2. Dicha Ley establece que la cuota se actualice cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) exceda de 10 puntos porcentuales desde la última actualización, conforme al artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación (CFF).

Código Fiscal de la Federación

Título PrimeroDisposiciones Generales

Capítulo I

Artículo 17-A. El monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo del fisco federal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar. Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del fisco federal, no se actualizarán por fracciones de mes.

En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo, no haya sido publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado.

Los valores de bienes u operaciones se actualizarán de acuerdo con lo dispuesto por este Artículo, cuando las leyes fiscales así lo establezcan. Las disposiciones señalarán en cada caso el período de que se trate.

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. El monto de ésta, determinado en los pagos provisionales, definitivos y del ejercicio, no será deducible ni acreditable.

Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo del fisco federal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 1.

Las cantidades en moneda nacional que se establezcan en este Código, se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por última vez, exceda del 10%. Dicha actualización entrará en vigor a partir del 1 de enero del siguiente ejercicio a aquél en el que se haya dado dicho incremento. Para la actualización mencionada se considerará el período comprendido desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización y hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el porcentaje citado. Para estos efectos, el factor de actualización se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del período entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización.

Tratándose de cantidades que se establezcan en este Código que no hayan estado sujetas a una actualización en los términos del párrafo anterior, para llevar a cabo su actualización, cuando así proceda en los términos de dicho párrafo, se utilizará el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de noviembre del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que hayan entrado en vigor.

Para determinar el monto de las cantidades a que se refieren los párrafos sexto y séptimo de este artículo, se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante lo anterior, dicho monto se ajustará para que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata superior.

El Servicio de Administración Tributaria realizará las operaciones aritméticas previstas en este artículo y publicará el factor de actualización, así como las cantidades actualizadas en el Diario Oficial de la Federación.

Cuando de conformidad con las disposiciones fiscales se deban realizar operaciones aritméticas, con el fin de determinar factores o proporciones, las mismas deberán calcularse hasta el diezmilésimo.

La cuota inició su vigencia el 1 de enero de 2014 en $1.00 por litro y se actualizó por última vez, el 1 de enero de 2018 a $1.17 por litro.

3. Es necesario hacer cumplir con lo establecido en la Ley Federal de Competencia Económica para evitar favorecer el monopolio del mercado de bebidas saborizadas.

Ley Federal de Competencia Económica

Libro PrimeroDe la Organización y Funcionamiento

Título IDisposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de libre concurrencia, competencia económica, monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones, es de orden público e interés social, aplicable a todas las áreas de la actividad económica y de observancia general en toda la República.

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

4. Artículo 31, fracción IV, constitucional. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

[...]

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Fracción reformada.

Problemática

1) La actualización de la cuota del IEPS provoca incrementos abruptos del precio de los productos de bebidas saborizadas sin lograr los objetivos de reducir el consumo de bebidas azucaradas.

2) El IEPS es un impuesto que no es equitativo, porque grava al litro de agua y no al gramo de azúcar por litro.

3) La cuota del IEPS es un impuesto que no ha reducido el consumo de las bebidas azucaradas y es desproporcional. El comparativo de recaudación por el monto esperado para el 2020 presentado el Paquete Económico por el secretario de Hacienda se plantea que la cuota del IEPS a bebidas saborizadas cambie su mecánica de actualización por inflación a forma anual y se exprese hasta el diezmilésimo. Así, calcula que con base en una estimación de inflación de 3.6% para el 2019, a partir del 1 de enero de 2020 la cuota aplicable sería de $1.2705 pesos por litro.

4) El consumo de bebidas saborizadas aumentó 4.11% de 2014 a 2018.

5) El consumo de litros de bebidas saborizadas por mes por año se ha mantenido con un comportamiento creciente, ajustándose a las demandas del consumidor frente a su precio. Solo tiene una caída significativa en el año 2015 (-3.17%) que se recupera en el 2016 (4.98%).

6) El objetivo por el que se aprobó gravar con el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a partir del 2014, la enajenación e importación de bebidas saborizadas con azúcares añadidos, tuvo como resultado en el 2015 una disminución de -3.17% en términos reales, sin embargo, para el año 2016 tuvo un crecimiento de 4.98%, prácticamente recuperándose por completo frente al impacto. Situación que pudiera ser que el precio de las bebidas se aceptó por parte de los consumidores debido a las estrategias de las empresas productoras de bebidas saborizadas.

7) El valor real del consumo de bebidas saborizadas aumentó 21.26% de 2014 a 2018.

8) La industria de bebidas saborizadas vendió de enero a julio del año 2019 por un valor real de $102,276,506,000.00 pesos por una cantidad de 11,676,173000 litros, 25.14% por ciento más que lo comercializado en el mismo periodo de 2014 con un valor real de $76,566,143,000.00 pesos por una cantidad similar de 11,237,619,000 litros.

9) En las gráficas de Venta de litros de bebidas saborizadas (azucaradas) por año de 2013 a 2018, en México. Antes de impuestos (IEPS e IVA), podemos observar que en el año 2014 ya existía una tendencia de crecimiento anual a la baja con solo un 2.51% con respecto al año anterior 2013, lo que sorprende es la caída de la venta de consumo de litros de bebidas azucaras para el año 2015, impactando en -2.95% lo ingresos. Por el contrario, en los años 2017 y 2018 la tendencia de crecimiento se mantiene a pesar del IEPS, pasando de un crecimiento de 10.48% en el 2017 a 12.44% en el 2018.

10) La recaudación aumento en un 32.58% de 2014 a 2018.

11) Considerando que el IEPS grava al producto y no al precio, se puede observar que el incremento del precio no refleja un crecimiento significativo, tiene mayor impacto recaudatorio el IVA.

12) El valor real del consumo de litros de bebidas saborizadas por mes por año, tiene ajustes en el precio, significativamente por la incorporación del IEPS.

13) El precio promedio real del litro de bebidas saborizadas (azucaradas) por mes y año, de enero 2013 a julio 2019, en pesos, en México antes de impuestos (IEPS e IVA) muestra un crecimiento constante, con ajustes drásticos en el año 2015 a 2016 al pasar de $7.06 pesos a $7.52 pesos y en el año 2016 a 2017 al pasar de $7.52 pesos a $8.41 pesos.

14) El impacto del IEPS derivado de la disminución del consumo de litros de bebidas saborizadas en el 2014 es mínimo frente al impacto que se generó en el 2015, las refresqueras decidieron soportar el impacto de la disminución del consumo aumentando el precio y trasladando el IEPS al consumidor. Aumentando su valor antes de impuestos en el 2014 en un promedio de 3.05% a su precio de venta y trasladando al consumidor el impuesto de $1.00 peso por litro desde el ejercicio fiscal 2014 al 2017 y de $1.17 pesos por litro de 2018 a 2019, lo que equivalió en un incremento del precio hasta 17.88% con respecto del precio de 2014.

15) La no actualización de la cuota reduce la carga tributaria en términos reales.

16) La Ley del IEPS no es justa, porque no considera el principio de proporcionalidad y equidad, al no gravar más impuesto a las bebidas saborizadas que tengan más gramaje de azúcar y usar el esquema valor específico (cuota fija para todos).

17) Las bebidas saborizadas que tienen más porcentaje de azucares tienen menor carga fiscal (8% promedio) y las que tienen menos contenido de azucares tienen una mayor carga tributaria (entre 14% y 22% promedio), lo que claramente marca una desproporcionalidad en el incentivo de reducir la cantidad de consumo de azúcar.

18) Las bebidas saborizadas tienen diferente gramaje de azúcar, por lo que es inequitativo el gravar impuestos al litro de agua que contenga azúcar en porciones diferentes.

19) Las marcas de bebidas saborizadas más consumidas por los mexicanos son Coca — Cola con 78%, Pepsi con 6%, Peñafiel con 4% y otras marcas (Jarritos, Mundet, Big Cola, Yoli, entre otras) 12%.

20) El Líder del Mercado en Refrescos es la marca Coca Cola con un promedio de 61% del Mercado Mexicano, sus productos tienen una alta concentración de azúcar (63 gramos, equivalente a 12 cucharadas de azúcar) en su bebida de presentación de 600 ML, por encima de otras marcas como los refrescos como Big Cola que en su bebida de presentación de 600 ML tiene 54 gramos de azúcar, que equivale a 10 cucharadas de azúcar (es decir 9 gramos de azúcar menos que el del líder del mercado), pero existen bebidas adicionadas con fructosa y reducen el gramaje de azúcar a menos de 1 gramo.

21) El IEPS no es congruente con la inhibición de prácticas monopólicas para el caso de las empresas que elaboran bebidas saborizadas, al no usar el principio de Ad Valorem (un porcentaje del valor de venta), favoreciendo a los productos que tienen mayor precio, dado que la cuota fija por litro impacta desproporcionalmente el porcentaje de impuesto en las bebidas.

22) Los criterios de asignación de la cuota por litro de bebidas saborizadas del IEPS, que tiene como propósito disminuir su consumo, no está considerando el hábito de los consumidores, mismo que se ve reflejado en la adecuación del precio de las bebidas saborizadas por parte de las empresas, que al no querer ver disminuidas sus ganancias, registran ajustes que en sus precios para contrarrestar la disminución de la venta por litros por el impacto del IEPS.

23) El IEPS no es lógico porque no considera el principio de proporcionalidad y equidad que se usan en los productos que se mencionan en el Artículo 2º, fracción I, incisos A, B, J y en la Fracción II, Incisos B y C del mismo artículo de la “Ley del Impuesto Especial Sobre la Producción y Servicios” al no usar el esquema AD VALOREM (un porcentaje del valor de venta).

a. Las bebidas con contenido alcohólico y cervezas que pagan el (26.5%, 30% y 53% del valor de venta según la graduación alcohólica), Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables.

b. Tabacos Labrados como Cigarrillos, Puros y otros Tabacos Labrados (160% y 30.4%).

c. Alimentos No Básicos como las Botanas, Confitería, Chocolates, Flanes, Dulces de Frutas y Hortalizas, Crema de Cacahuate y Avellanas, Dulces de Leche, Alimentos Preparados a Base de Cereales, Helados, Nieves y Paletas de Hielo (8%).

d. Juego de Apuestas y Sorteos (30%)

e. Redes Públicas de Telecomunicaciones (3%).

24) Los criterios para la asignación de una cuota (monto fijo) y el no considerar el criterio Ad Valorem de tasa según valor (coeficiente expresado en porcentaje que expresa la relación entre la cantidad y la frecuencia del precio) entorno al IEPS en los productos de bebidas saborizadas no son claros. El impuesto de una cuota obligatoria por litro primero en los años de 2014 a 2017 con una cuota de $ 1.00 peso, luego de 2018 y 2019 una cuota de $1.17 pesos, la propuesta del ejecutivo para el periodo 2020 de una cuota ajustada a la inflación de $1.2705 pesos  y la propuesta del diputado Manuel Huerta de una cuota de $2.00 pesos, a todas las marcas independientemente de los gramos de azucares que tenían por litro y sin tomar en cuenta el precio de venta de cada marca que es muy desigual entre los competidores, dado que favorece el monopolio que tiene Coca Cola frente a las otras marcas. Ejemplo de ellas son las marcas mexicanas Peñafiel, Pascual Boing, Jarritos y las marcas hispanas con inversión en México como Grupo Aje con los productos Big Cola y Volt, entre otras, que son de las pocas marcas que ha podido mantenerse en el mercado.

25) Desde el 2014 aplicarse el IEPS con el esquema de cuota con valor especifico ($1.00 peso por litro), dio como resultado que el líder del mercado que tenía mayor contenido en gramos de azucares que el resto de marcas, tenga una menor carga fiscal (8.2%) que las otras marcas con contenido menor en gramos de azúcar en sus bebidas con carga fiscal aproximado de (14% a 22.59%). Lo cual es insostenible desde todo punto de vista comercial y de prácticas monopólicas.

26) El impacto del precio integrado con el IEPS, dio como resultado un debate sobre la posible doble tributación y/o yuxtaposición de impuestos entre el IEPS y el IVA, por considerarse que los dos impuestos se trasladan al consumo y no forman parte de la cadena de manufactura de un producto, dado que, si bien se grava a las bebidas saborizadas para inhibir el consumo de azúcar, no se grava la porción de azúcar.

27) El crecimiento de la venta de litros de bebidas saborizadas por año en México tuvo un comportamiento de efecto bumerán (efecto circular) en el corto plazo al aplicar el IEPS, debido a que la caída del consumo en el 2014 y 2015 no generó un decremento en el consumo en forma inercial, por el contrario, se recuperó el nivel de consumo de bebidas saborizadas por litro en un solo año (2016) y los subsecuentes años mantuvieron su crecimiento natural.

28) La no actualización de la cuota reduce los recursos para cumplir con su fin extra fiscal de combate al sobrepeso y obesidad.

29) Los fines extra fiscales contemplados para la aplicación del IEPS sobre las Bebidas Saborizadas es “combatir el sobrepeso y la obesidad, además de fomentar el cambio en el hábito de consumo” a través de desalentar el alto consumo de bebidas saborizadas que tengan niveles altos de azucares; esto no sucede.

30) El IEPS No cumple con el objetivo principal de bajar el consumo de litros de bebidas saborizadas, es incongruente al no incluir criterios de ad valorem para disminuir el consumo de bebidas saborizadas con alta concentración de azucares.

31) Se encuentra en discusión para su revisión y votación en el Senado de la República el dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud a los artículos 66, primer párrafo; 111, fracción II; 115, fracción VII; 159, Fracción V; 212, primer y segundo párrafo; 210, con un segundo párrafo; 212, con tercer y cuarto párrafos, recorriéndose el actual tercer párrafo para pasar a ser el sexto párrafo; y 2015, con fracciones VI, VII. Para evitar el sobre peso, la obesidad y las enfermedades que se originan.

32) Se promueve la alimentación nutritiva y la realización de actividad física, y se propondrán acciones para reducir la mal nutrición y evitar los alimentos que representen un riesgo a la salud, como son los alimentos de altos contenidos de azucares, grasas saturadas, grasas trans y sodio.

33) Se promoverá el etiquetado en los productos para que especifiquen la fórmula, la composición, la calidad, denominación distintiva de la marca, información de las etiquetas y contra etiquetas que deberán corresponder con las disposiciones establecidas a la Secretaria de Salud. Y las indicaciones de las etiquetas y contra etiquetas deberán incluir información nutrimental de fácil comprensión, veraz, directa, sencilla y visible, en el que se indiquen por separado de los ingredientes e información nutrimental, los contenidos energéticos, azúcares añadidos, grasas saturadas, sodio y los demás nutrimentos críticos e ingredientes que establezcan las disposiciones normativas competentes.

34) El propósito del impuesto es combatir el alto consumo de azucares que se encuentran en las bebidas saborizadas que provocan el sobrepeso y la obesidad. Es decir, el impuesto busca reducir la ingesta de grandes cantidades de azucares, no busca reducir el consumo de litros de agua contenidos en las bebidas, por tal motivo se debe calcular el impuesto con base en la cantidad de azúcar por litro de agua.

35) El impuesto parece no cumplir con su objetivo de cambiar hábitos ni de disminuir el consumo, ya que no se tiene claridad de cuál ha sido el destino de los recursos recaudados gracias a esta medida impositiva, previendo que el destino del recurso recaudado debe asignarse a las actividades de prevención, mitigación y atención de enfermedades causadas por los azucares.

Cuota y mecanismo de actualización propuestos

– Se propone cambiar la forma de gravar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que actualmente es por cuota (valor específico) por Ad Valorem (porcentaje al valor final de producción por litro), para que la actualización no se dé por valores constantes que inhiben la carga fiscal, reducen la recaudación, aumentan el precio de los productos al disminuir el volumen de consumo de litros provisionalmente y luego aumenta de nuevo el volumen de consumo de litros de bebidas saborizadas por las estrategias de las empresas refresqueras.

– Se considera adecuado continuar fortaleciendo las medidas estratégicas para la atención de la problemática de sobrepeso y obesidad al gravar al precio y al mayor contenido de azúcar en las bebidas saborizadas, por lo que se gravará con mayor carga fiscal a los productos que superen los 100 gramos de azúcar por litro.

– Los valores propuestos son:

- Productos con más de 100 gramos de azúcar por litro gravará un impuesto de 20% al valor final de manufactura del producto.

- Productos con menos de 100 gramos de azúcar por litro gravará un impuesto de 12% al valor final de manufactura del producto.

Beneficios

• El cambio de forma de gravar el impuesto del IEPS de cuota a Ad Valorem permite la actualización automática de la carga fiscal y promueve la proporcionalidad y equidad entre los productos que contienen mayor gramaje de azúcar, inhibiendo las prácticas monopólicas y fortaleciendo las industrias mexicanas.

• Promueve el consumo de bebidas saborizadas con menor gramaje de azúcar, favoreciendo a la salud pública, fortaleciendo las medidas estratégicas para la atención de la problemática de sobrepeso y obesidad.

• El principio de Ad Valorem es la proporcionalidad que se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a la selección de los productos y los criterios del IEPS para reducir la obesidad y el sobre peso.

• El principio de Ad Valorem es  de equidad que radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente y el criterio del IEPS para reducir el consumo de bebidas saborizadas, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regla.

Derecho a la Salud

• De acuerdo con los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 (ENSANUT 2018) se observa que la prevalencia del sobrepeso y obesidad en la población de edad escolar (5 a 11 años) es de 32.1% y para la población de edad adulta (20 años en adelante) es de 73%.

Con el objetivo de conocer el estado de salud y las condiciones nutricionales de diversos grupos de población en México, el INEGI en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la Secretaría de Salud (SS), realizó el levantamiento de información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018.

Principales datos preliminares de la ENSANUT 2018:

1. Inseguridad alimentaria. El 22% de los hogares mexicanos presentan inseguridad alimentaria moderada y severa.

2. Niños menores de 5 años. El 32% de los menores de 5 años presentan algún tipo de mal nutrición como desnutrición, sobrepeso y obesidad.

3. Escolares. La prevalencia preliminar de la obesidad y sobre peso en escolares es de 32.1%.

4. Adolescentes. La prevalencia preliminar del sobrepeso y obesidad en este grupo de edad es del 38.1%.

5. Adultos. El 37% de los mayores de 20 años presentan sobrepeso y obesidad.

6. Anemia. La prevalencia de la anemia en preescolares es del 33%, en escolares es del 25.4%, en adolescentes del 15.3%, en mujeres no embarazadas es del 29.7% y en adultos mayores es del 36.6%.

— Los resultados de la prevalencia del sobrepeso y obesidad de la población en edad escolar ha disminuido en 4.8 puntos porcentuales respecto a lo observado en ENSANUT 2012; por el contrario, este indicador en la población adulta aumentó 1.8 puntos porcentuales en el mismo periodo.

La Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Capítulo Séptimo, referente al Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo Integral determina en el Artículo 43 que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social.

Dicha ley en el Capítulo Noveno, Del Derecho a la Protección de la Salud y a la Seguridad Social, refiere en el Artículo 50, que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: l. Reducir la morbilidad y mortalidad; ll. Asegurar la prestación de la asistencia médica y sanitaria que sean necesarias a niñas, niños y adolescentes, haciendo hincapié en la atención primaria; IV. Adoptar medidas tendentes a la eliminación las prácticas culturales, usos y costumbres que sean perjudiciales para la salud de niñas, niños y adolescentes; y VIII Combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos de conducta alimentaria mediante la promoción de una alimentación equilibrada (2030), el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico, e impulsar programas de prevención e información sobre estos temas.

Impacto recaudatorio

• Se estima que modificar la cuota específica del IEPS de bebidas saborizadas a los criterios de Ad Valorem, implicaría una recaudación superior estimada por la prevista en la cuota del IEPS propuesta por el ejecutivo para el año 2020.

Comparación Internacional

• De acuerdo con indicadores de la OCDE publicados en 2017, la tasa de obesidad de adultos de México en 2015 es de 33%, la segunda más alta en los países miembros y mayor que el promedio de la Organización (19.4%). Asimismo, el 35% de los adolescentes de 12 a 19 años de edad tienen sobrepeso u obesidad.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) publicó recientemente el reporte de actualización sobre la obesidad 2017 (Obesity Update 2017), en el que se proporciona información sobre la situación actual de este complejo, multifactorial y grave problema de salud, así como los retos que plantea para la sociedad, las entidades sanitarias y los gobiernos.

El problema es tan alarmante que frecuentemente se cita como una pandemia no transmisible y de alguna manera silenciosa. Las proyecciones de la OCDE estiman que las tasas de obesidad seguirán incrementándose al menos hasta el 2030, sobre todo en los EE.UU., México y Reino Unido, donde se estima que el 47%, 39% y 35% de la población (respectivamente) serán obesos para el 2030. En sentido inverso, se esperan menores incrementos en Italia y Corea, cuyas tasas de obesidad proyectadas son respectivamente del 13% y el 9% para 2030.

Por otra parte, la OCDE estima que los niveles de obesidad en Francia y España estarán prácticamente a la par de las cifras actuales, alcanzando el 21% para 2030.

Un dato tan curioso, como triste, es que, en Corea y Suiza, países en los que las tasas de obesidad eran históricamente bajas, se espera un acelerado incremento de las mismas.

La OCDE reconoce los positivos avances realizados por algunos de sus miembros para combatir y frenar el crecimiento de la epidemia de obesidad mundial. Entre estas acciones, destacan: el gravamen fiscal para aquellos productos y bebidas que lejos de alimentar, impulsan el sobrepeso y colateralmente el desarrollo de las Enfermedades No Transmisibles (ENT); el diseño e implementación de campañas informativo-educativas dirigidas a la población en general en las que se motiva a las personas a incrementar y mantener una actividad física regular, disminuir  el consumo de alimentos de baja calidad e incrementar (en la medida de lo posible) el consumo de mejores alimentos, así como la reducción del tamaño de las porciones alimenticias; la firme prohibición de la venta de comida y bebida “chatarra” en los colegios y la obligación de etiquetar con claridad y veracidad los productos alimenticios y bebidas, educando a los consumidores a interpretarlas.

¿Cómo puede ayudar la industria alimentaria a combatir la epidemia de obesidad?

1. Disminuyendo el contenido de grasa, azúcar y sal en los alimentos procesados que comercializa.

2. Asegurando que las opciones saludables y nutritivas estén disponibles y sean accesibles para todos los consumidores.

3. Disminuyendo la comercialización de alimentos ricos en azúcar, sal y grasas, particularmente los alimentos, golosinas y bebidas dirigidas a los segmentos infantil y adolescente.

4. Asegurando la disponibilidad de opciones alimentarias saludables y apoyando la práctica de actividades físicas periódicas en el lugar de trabajo.

A las acciones anotadas previamente, la OCDE sugiere, entre otras, sumar el desarrollo y mantenimiento de campañas masivas de comunicación, en medios tradicionales, nuevos y emergentes, la colocación visible y clara de la tabla nutrimental de cada platillo en los menús de restaurantes, y el establecimiento de una regulación más estricta para la comercialización de los productos potencialmente no saludables.

• Actualmente, además de México, existen 35 países identificados que establecen un impuesto específico a las bebidas azucaradas; 15 de ellos aplican un esquema de cuota fija, mientras que los 20 restantes tienen un esquema de tipo ad valorem.

— La carga fiscal de bebidas saborizadas de México es de 0.06 dólares de los Estados Unidos de América por litro, equivalente a 8.2% del precio sin impuestos (considerando la marca más vendida), ubicándose en el lugar 12 de los países que aplican un esquema de cuota fija y en el lugar 14 de los países con un esquema ad valorem.

Por lo anteriormente expuesto y con base en el objetivo del Ejecutivo para desalentar el consumo de productos que causan obesidad y sobrepeso en la población mexicana, presento ante la H. Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en materia de bebidas saborizadas con azúcares añadidos

Único. Se reforma el párrafo segundo del inciso G), de la fracción I, del artículo 2o y se adicionan los párrafos tercero, cuarto y séptimo, recorriendo los actuales párrafos tercero y cuarto a los subsecuentes, al inciso G), de la fracción I, del artículo 2º, todos de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I. ...

A) a F) ...

G) ...

El impuesto aplicable a bebidas saborizadas será Ad Valorem, aplicando un porcentaje del precio de producción por litro y cantidad de gramaje de azúcar, diferenciando el monto del impuesto en productos de igual o más de 100 gramos de azúcar por litro y menores a 100 gramos de azúcar por litro. Tratándose de concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, el impuesto se calculará tomando en cuenta el número de litros de bebidas saborizadas que, de conformidad con las especificaciones del fabricante, se puedan obtener.

La carga tributaria a las bebidas saborizadas con igual o más de 100 gramos de azúcar por litro será de 20% del valor final de manufactura del producto (a precio de venta del productor).

La carga tributaria a las bebidas saborizadas con menos de 100 gramos de azúcar por litro será de 16% del valor final de manufactura del producto (a precio de venta del productor).

...

...

Los recursos recaudados de conformidad con lo dispuesto por este inciso deberán destinarse al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, en fomento de las acciones que el Estado Mexicano implemente para combatir la obesidad y sobrepeso de las niñas, niños y adolescentes en el país, sin perjuicio de la aplicación previa de las disposiciones en materia de coordinación fiscal.

H) a J)

II. ...

A) a C)

III. ...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2023, una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Referencias

1 Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

2 Inegi

3 Código Fiscal de la Federación.

4 Secretaria de Hacienda y Crédito Público

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

6 Paquete Económico 2020.

7 Ley Federal de Competencia Económica

8 Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

9 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, (OCDE)

10 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018.

11 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Cámara de Diputados. Evaluación Ex Post de la Reforma Hacendaria 2014.

12 Organización Mundial de la Salud (OMS).

13 OECD, Health at a Glance 2011: OECD Indicators, OECD Publishing, 2011.

14 (OMENT, 2018)

15 Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.

16 Instituto Nacional de Salud Pública en México.

17 Organización Panamericana de la Salud.

18 Diario El País, 2 de mayo de 2017.

19 Cepal

Dado en el pleno de la honorable Cámara de Diputados, a los 8 días del mes de septiembre de 2022.– Diputada Norma Angélica Aceves García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a cargo de la diputada Esther Berenice Martínez Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Esther Berenice Martínez Díaz, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Sexagésima Quinta Legislatura federal, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Sociedades Mercantiles en materia de vigilancia en las sociedades mercantiles, de acuerdo con la siguiente:

Exposición de Motivos

En uso de las atribuciones que me confiere la ley, y con el objetivo de mejorar el sistema de justicia mercantil, se atiende a una problemática que surge en los procedimientos judiciales, particularmente se considera que existe la necesidad de reformar el cuerpo normativo de la Ley General de Sociedades Mercantiles, atendiendo a que en la actualidad dicha ley contempla hipótesis que son confusas y contradictorias con lo que establece el Código de Comercio, lo que ocasiona que no se brinde certeza jurídica a los justiciables; lo anterior es así, pues en ella existen dispositivos que lejos de brindar un fácil acceso a la justicia para los gobernados, establecen criterios que se convierten en callejones sin salida que limitan el ejercicio de un derecho plenamente establecido.

El objetivo es dar agilidad, certeza jurídica y reducir costos de juicios mercantiles, eliminando las inconsistencias jurídicas engorrosas.

Con la propuesta que más adelante se realizará, se busca dar certeza jurídica a través de la claridad en la ley cuando algún accionista desee ejercer su derecho de solicitar la intervención de la autoridad judicial, para sesionar en Asamblea General de Accionistas, para aquellos casos en que ésta no sea convocada por el administrador o el Consejo de Administración o los comisarios, e incluso se rehusaren a hacerlo, o en los casos en que disuelve la sociedad y se quiere recurrir ante la autoridad judicial; debido a que la actual ley, establece que ese derecho una vez ejercido, debe ser tramitado bajo las reglas de los incidentes de los juicios mercantiles, hipótesis que contrasta con lo regulado en el Código de Comercio, pues en él se indica que los incidentes son cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que, aquellos que no guarden relación serán desechados de plano; de ahí que, el caso en particular se convierta en un callejón sin salida, pues, por un lado, la Ley General de Sociedad Mercantiles concede el derecho de solicitar la intervención judicial para ciertos casos, pero lo limita a que la controversia se dirima por la vía incidental, mientras que el Código de Comercio, establece que toda cuestión que no guarde relación inmediata con el negocio principal, será desechada.

Cabe señalar que tal derecho no debe limitarse a que se ejerza por la vía incidental, pues la naturaleza de ésta es ventilar cuestiones accesorias dentro de un procedimiento judicial, lo cual contraviene con el uso de ese derecho, pues obviamente cuando se accede a él, no hay ningún asunto judicial previo, lo que implicará que cuando se intente ejercer ese derecho, la autoridad judicial lo desechará de plano; es por ello, que se considera indispensable y necesaria la reforma de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para dotar a los gobernados de herramientas fidedignas que garanticen el acceso a la justicia.

La legislación en materia mercantil debe ser clara, y atenderse con la debida inmediatez cuando se requiere llevar a cabo alguna acción o modificación en la actuación de las sociedades mercantiles y para ello se requiera de la intervención judicial.

Es importante subrayar que una de las funciones del Legislativo es armonizar la legislación a efecto de evitar inconsistencias, incongruencias o la confrontación de preceptos que se terminan subsanando por la interpretación judicial ante las omisiones legislativas, por lo que la claridad y asertividad en la ley, sin duda se traducen en certeza y una de sus finalidades es facilitar la función del Poder Judicial de tal forma que el operador de la norma tenga una opción clara de cómo aplicar la ley.

Ciertamente, la legislación actual contempla la intervención de la autoridad judicial en casos específicos, como es el caso cuando no se ha convocado para sesionar en Asamblea General de Accionistas, que es el órgano supremo de toda sociedad mercantil y es el espacio en el cual se acuerdan o ratifican los actos, operaciones y resoluciones de las sociedades, esto ocurre cuando el administrador o Consejo de Administración, o los comisarios se rehusaren a hacer la convocatoria, o no lo hicieren dentro del término de quince días desde que hayan recibido la solicitud. Otro de los supuestos es el que describe el numeral 168:

“ Artículo 168. Cuando por cualquier causa faltare la totalidad de los Comisarios, el Consejo de Administración deberá convocar, en el término de tres días, a Asamblea General de Accionistas, para que ésta haga la designación correspondiente.

Si el Consejo de Administración no hiciere la convocatoria dentro del plazo señalado, cualquier accionista podrá ocurrir a la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, para que ésta haga la convocatoria.

En el caso de que no se reuniere la Asamblea o de que reunida no se hiciere la designación, la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, a solicitud de cualquier accionista, nombrará los Comisarios, quienes funcionarán hasta que la Asamblea General de Accionistas haga el nombramiento definitivo.”

Como se aprecia, el precepto es puntual al establecer el derecho de cualquier accionista a ocurrir a la autoridad judicial del domicilio de la sociedad, lo cual, se entiende claramente que no tiene que mediar un juicio principal previo, simplemente ante el incumpliendo de obligaciones por parte de la Asamblea General; no obstante lo anterior, existen artículos que contravienen este derecho.

Tal es el caso de lo establecido en el dispositivo 185 en relación con el numeral 184 de la LGSM, respecto de la convocatoria para las asambleas y que se refiere a los casos en los cuales no se hayan llevado a cabo las asambleas o celebradas no hayan abordado los temas establecidos en el artículo 181 del mismo ordenamiento, para lo cual, la petición la puede hacer el titular de una sola acción en determinados casos; no obstante, el último párrafo del artículo 185 contraviene lo anterior al señalar que: “El punto se decidirá siguiéndose la tramitación establecida para los incidentes de los juicios mercantiles”, por lo que, se propone la siguiente modificación:

El señalamiento se hace puntualizando que, de acuerdo con lo señalado en el último párrafo del artículo 185, tendría que existir un juicio principal para poder dirimir en uno incidental para que así la Asamblea General de Accionistas de una sociedad mercantil pudiera estar en la posibilidad de obtener un mandato judicial a fin de poder llevar a cabo una sesión ordinaria o en su caso extraordinaria.

En ese mismo tenor, encontramos en tal legislación preceptos que, en lugar de coadyuvar a una justicia pronta y expedita, condicionan su accesibilidad a un juicio previo, lo cual, no tendría razón de ser de no existir alguna controversia que entablar ante la autoridad jurisdiccional, tal es el caso de lo dispuesto en el artículo 232 de la LGSM.

Es así que, en el referido numeral 232, que alude a la disolución de la sociedad, señala que cualquier interesado podrá recurrir ante la autoridad judicial para realizar la inscripción correspondiente en el Registro Público de Comercio en caso de que no se hubiere realizado, sin embargo, el mismo precepto señala que lo puede hacer por la vía sumaria o por la vía incidental en caso de que la resolución haya sido judicial, lo cual contraviene lo estipulado sobre el derecho de “cualquier interesado podrá recurrir ante la autoridad judicial”, esto es, que si la disolución de la sociedad se ha dado por resolución judicial, y no se lleva a cabo la inscripción, no se puede solicitar por cualquier parte interesada sino es a través de la vía incidental, por lo que, se propone la siguiente modificación:

Esta misma irregularidad se presenta en los artículos 236 y 238, por lo que, en concordancia con lo antes planteado, se proponen las siguientes modificaciones:

Las modificaciones propuestas van encaminadas a eliminar la vía incidental en todos los casos en lo que se propone modificación del artículo bajo el cuestionamiento ¿Dónde está el juicio principal en estos incidentes? Lo anterior, considerando que Incidente en materia procesal “son pequeños juicios que tienden a resolver controversias de carácter adjetivo, que tienen relación inmediata y directa con el asunto principal”.

Ciertamente, en todo juicio junto con la razón principal, se van promoviendo diversas cuestiones que deben ser resueltas antes que la materia principal, y estas cuestiones que se desarrollan durante la secuela del juicio se llaman incidentes. Para poder ser promovidos y conocidos por el Tribunal que conoce de la causa principal, deben tener una relación más o menos inmediata con ella. Si no guardan ninguna relación no pueden ser conocidos ni tramitados y deberán ser promovidos en un juicio separado y no así por la vía incidental.

Por otra parte, el Código de Comercio señala, en su artículo 1349, que son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que, aquellos que no guarden esa relación serán desechados de plano. Esta aseveración establecida en dicha legislación deja en estado de indefensión a los accionistas de una sociedad que incumple con los procedimientos establecidos en las leyes.

Tomando en cuenta que, para el derecho un incidente es una cuestión que difiere del asunto principal de un juicio, pero que guarda relación con él. Puede decirse, que el incidente es un litigio accesorio al procedimiento judicial principal, que el juez o el tribunal deben resolver a través de una sentencia interlocutoria o de un auto, por lo cual, no hay razón de ser para solicitar a través de la vía incidental algún pronunciamiento omitido por la Asamblea General en una sociedad mercantil.

Por lo antes expuesto, es que presento ante esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforman los artículos 185, 232, 236 y 238 de la Ley General de Sociedades Mercantiles

Artículo Único. Se reforman los artículos 185, 232, 236 y 238 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, para quedar como sigue:

Ley General de Sociedades Mercantiles

Sección Sexta De las asambleas de accionistas

Artículo 185. La petición a que se refiere el artículo anterior, podrá ser hecha por el titular de una sola acción, en cualquiera de los casos siguientes:

I. Cuando no se haya celebrado ninguna asamblea durante dos ejercicios consecutivos;

II. Cuando las asambleas celebradas durante ese tiempo no se hayan ocupado de los asuntos que indica el artículo 181.

Si el Administrador o Consejo de Administración, o los Comisarios se rehusaren a hacer la convocatoria, o no la hicieren dentro del término de quince días desde que hayan recibido la solicitud, ésta se formulará ante el Juez competente para que haga la convocatoria, previo traslado de la petición al Administrador o Consejo de Administración y a los Comisarios.

Capítulo XDe la disolución de las sociedades

Artículo 232. En el caso de la fracción I del artículo 229, la disolución de la sociedad se realizará por el solo transcurso del término establecido para su duración.

En los demás casos, comprobada por la sociedad la existencia de causas de disolución, la causa de disolución se inscribirá de manera inmediata en el Registro Público de Comercio.

Si la inscripción no se hiciere a pesar de existir la causa de disolución, cualquier interesado podrá ocurrir ante la autoridad judicial, en la vía sumaria a fin de que ordene el registro de la disolución.

...

Capítulo XIDe la liquidación de las sociedades

Artículo 236. A falta de disposición del contrato social, el nombramiento de los liquidadores se hará por acuerdo de los socios, tomado en la proporción y forma que esta Ley señala, según la naturaleza de la sociedad, para el acuerdo sobre disolución. La designación de liquidadores deberá hacerse en el mismo acto en que se acuerde o se reconozca la disolución.

En los casos de que la sociedad se disuelva por la expiración del plazo o en virtud de sentencia ejecutoriada, la designación de los liquidadores deberá hacerse inmediatamente que concluya el plazo o que se dicte la sentencia.

Si por cualquier motivo el nombramiento de los liquidadores no se hiciere en los términos que fija este artículo, lo hará la autoridad judicial en la vía sumaria a petición de cualquier socio.

Artículo 238. El nombramiento de los liquidadores podrá ser revocado por acuerdo de los socios, tomado en los términos del artículo 236 o por resolución judicial, si cualquier socio justificare, en la vía sumaria la existencia de una causa grave para la revocación.

Los liquidadores cuyos nombramientos fueren revocados, continuarán en su encargo hasta que entren en funciones los nuevamente nombrados.

...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Becerra Bautista, José. (1996), El Proceso Civil en México, México, Porrúa, decimoquinta edición.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2022.– Diputada Esther Berenice Martínez Díaz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A INVESTIGAR A LA JEFA DE GOBIERNO, PARA REALIZAR LOS DESCUENTOS SALARIALES CORRESPONDIENTES POR AUSENCIAS EN HORARIO LABORAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México a investigar a la jefa de gobierno, para realizar los descuentos salariales correspondientes por las giras y ausencias en horario laboral, a cargo de la diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada federal Ana Laura Valenzuela Sánchez, y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la a LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México para que en el ejercicio de sus facultades de auditoría investigue a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum para que se le hagan los descuentos salariales correspondientes por las giras y ausencias en horario laboral para promoción de su persona, de acuerdo a lo siguiente:

Antecedentes

Pese a que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, afirmó que pediría que le descontaran el salario completo por cada día que viajará fuera de Ciudad de México, sólo lo ha cumplido en 10 de 30 ocasiones, y en otros siete viajes, los más recientes, de julio y agosto, la administración local no ha informado.

De la treintena de giras que ha hecho la mandataria en poco más de un año, entre julio de 2021 y agosto de 2022, sólo pidió que se le descontará el salario en un tercio de ellas, hasta el 1 de julio de este año, consta en documentos solicitados vía transparencia.

Los descuentos que ha pedido han sido tanto de días hábiles, de lunes a viernes, como de sábado y domingo. En los documentos no se explica por qué no pidió el descuento salarial en el resto de días que viajó fuera de la capital, incluso en días hábiles.

Entre los motivos de sus viajes destacan desde celebrar proyectos promovidos por el presidente, como la refinería Dos Bocas, acompañarlo en sus conferencias de prensa para presumir acciones de Ciudad de México en otros estados, mítines masivos.

Los viajes que realiza los fines de semana a distintas entidades son “por invitación” para presentar el programa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.

El día lunes, la morenista estuvo en Hermosillo, Sonora, donde dio la conferencia “Las políticas emblemáticas de los gobiernos progresistas de la Ciudad de México”, en un evento lleno de elogios para ella de parte del gobernador Alfonso Durazo y viceversa, además de los aplausos multitudinarios.

Cuestionada este lunes al respecto, lo explicó así: “Fue un evento institucional. Nosotros firmamos con ellos un convenio hace tiempo para la digitalización de trámites; hicimos un evento de revisión de cómo va el convenio, y posteriormente, aprovechando que fui a Sonora igual que cuando él viene a la Ciudad de México, dimos una plática de los avances de lo que hemos realizado en la ciudad”.

Consideraciones

Representantes de oposición en la Ciudad de México exigieron que se aplique a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, la totalidad de descuentos salariales por todas las giras y ausencias en horario laboral que ha registrado en el último año. Según documentos oficiales de la administración capitalina, solo en 10 de las 30 ocasiones en que ha viajado fuera de la ciudad.

Las familias de desaparecidos develaron una placa para reconocer cómo un espacio de memoria la antigua glorieta de La Palma y la renombraron como La Glorieta de las y los Desaparecidos y avenida Reforma como la Ruta de la Memoria.

Al evento fueron invitados el presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quienes dejaron sus sillas vacías. Jorge Verástegui González, activista y buscador, señaló a nombre de las familias y colectivos, que la jefa de Gobierno se comprometió a reunirse con ellos para llegar a un acuerdo sobre el uso de este espacio.

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, y el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, también fueron convocados, pero “posiblemente están ocupados en algo más importante”. Verástegui reprochó también que las familias sigan saliendo a buscar a sus desaparecidos y el gobierno haya renunciado a esta obligación a pesar del discurso que dice lo contrario.

Lo propuesto va en concordancia al artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Artículo 44. La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene y, en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la denominación de Ciudad de México”.

En esa virtud las y los diputados al Congreso de la Unión, consideran necesario realizar el exhorto correspondiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México para que, en el ejercicio de sus facultades de auditoría, gestione los descuentos salariales correspondientes por las giras y ausencias en horario laboral para promoción personal de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo; y a la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México, para investigar las presuntas faltas administrativas por dichos actos de promoción de la servidora pública, no obstante encontrarse prohibidos por el artículo 134 constitucional.

Notas

1 del Siglo Gr, L. (2022, 29 agosto). Pide Sheinbaum (a medias) que le descuenten días por viajes. Luces del Siglo. Recuperado 31 de agosto de 2022, de

https://lucesdelsiglo.com/2022/08/29/pide-sheinbaum-a-medias-que -le-descuenten-dias-por-viajes-cdmx/

2 Pantoja, S. (2022, 29 agosto). Giras de fines de semana son “por invitación” para presentar programa de la CDMX: Sheinbaum. Proceso. Recuperado 31 de agosto de 2022, de

https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2022/8/29/giras-de-fine s-de-semana-son-por-invitacion-para-presentar-programa-de-la-cdmx-sheinbaum-292 384.html

3 Bucio, N. (2022, 30 agosto). Recriminan ausencia de AMLO y Sheinbaum en Glorieta de los Desaparecidos. MVS Noticias. Recuperado 31 de agosto de 2022, de

https://mvsnoticias.com/nacional/2022/8/30/recriminan-ausencia-d e-amlo-sheinbaum-en-glorieta-de-los-desaparecidos-563821.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2022.– Diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

EXHORTO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y A LOS AYUNTAMIENTOS, A CALCULAR EL COBRO DEL PREDIAL DE MANERA PROGRESIVA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las entidades federativas y a los ayuntamientos a calcular el cobro del predial de manera progresiva, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada Lilia Aguilar Gil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados; y demás disposiciones relativas y aplicables, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las entidades federativas y a los ayuntamientos a que el cobro de predial se calcule de manera progresiva, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Al referirse a la propiedad inmueble, encontramos que el gravamen más relevante en la materia es el impuesto predial, pago que se debe cubrir, así se trate de un departamento, casa, edificio o terreno. De este se obtienen recursos que se destinan a la calidad de vida de los habitantes donde se ubica el inmueble. Su naturaleza y características hacen de este un importante instrumento para promover y regular el desarrollo urbano.

El predial es un impuesto directo de gran potencial recaudatorio y distributivo porque su base, la propiedad inmobiliaria, es altamente visible y no móvil; el valor de los predios no fluctúa como los ingresos y solo lo pagan los propietarios de los inmuebles; por lo que contar con tasas que aumenten conforme incremente el valor del predio, puede ser altamente progresivo.

En este tenor, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 31, fracción IV, que es obligación de los mexicanos: “contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.”

Además, conforme al artículo 115, fracción IV, inciso a), de nuestra Constitución tenemos que “los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.”

Asimismo, el inciso c) de dicho artículo estipula que los ayuntamientos deberán proponer a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

De esta manera, el predial constituye una de las fuentes de ingresos más importantes del municipio, por su administración y el financiamiento que representa respecto del desarrollo urbano. Entendido como la contribución de carácter local que tiene injerencia sobre el derecho de propiedad, posesión y/o la tenencia de un bien inmueble, que grava tanto el terreno como lo que en éste se edifique, a cargo de personas físicas o morales titulares de dichos derechos, independientemente del uso. En otras palabras, es el impuesto gravamen a la propiedad raíz y a todo tipo de construcción permanente que se encuentre sobre un predio.

La recaudación en sí no constituye un fin, sino que es un medio para obtener ingresos encaminados a satisfacer las necesidades sociales, dentro del trazo establecido en el texto constitucional. Por lo que los propietarios que cubren esta contribución al municipio donde se ubica el inmueble, aportan también para costear el gasto público municipal.

En esta línea se debe destacar la reforma al artículo 115 constitucional llevada a cabo en el año de 1999, que en su artículo quinto transitorio establece: “Antes del inicio del ejercicio fiscal de 2002, las legislaturas de los estados, en coordinación con los municipios respectivos, adoptarán las medidas conducentes a fin de que los valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad y procederán, en su caso, a realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas contribuciones, a fin de garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y equidad.”

Los ayuntamientos y las legislaturas locales tienen la obligación constitucional de cuidar que los valores catastrales deban ser equiparables a los de mercado, lo cual implica que dichos valores deban ser revisados y ajustados año con año a fin de mantenerlos actualizados.

Por lo tanto, las autoridades municipales y legislativas tienen las facultades para elaborar y aprobar las tablas de valores unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Puesto que el valor de la propiedad inmueble constituye uno de los elementos principales para la determinación de las contribuciones inmobiliarias, particularmente del impuesto predial.

Se debe destacar que la base administrativa y legal del impuesto predial es el catastro municipal, fundamental no solo para realizar el cobro del impuesto predial, sino también para asociar el predio al costo de proveer servicios básicos a cada uno según el uso del suelo, que puede ser vivienda, oficina, edificio, local comercial o predio.

Un catastro moderno y eficiente debe por naturaleza y por obligación contar con una relación actualizada de la propiedad inmueble y de sus características, siendo una de las más importantes la que se refiere al valor de los inmuebles, en los que se debe validar las condiciones de infraestructura urbana y de servicios, y los valores que observa el mercado inmobiliario respecto de los inmuebles que son objeto de operaciones de compra-venta; como son, características dimensionales, de construcción, conservación y de uso de los respectivos inmuebles.

Derivado de lo anterior, considero de gran importancia que las entidades federativas y ayuntamientos realicen ajustes anuales al impuesto predial, con criterios de progresividad y tomando como base de cálculo, de manera enunciativa más no limitativa, la zonificación, extensión de la propiedad, uso de suelo y tipo de construcción, así como el valor comercial, calculado mediante valuación del instituto municipal de planeación o multimunicipal que corresponda.

Además, se deben establecer tasas más altas a los propietarios de predios que tras un plazo razonable para su construcción, los mantengan en desuso o sin construcción, con el fin de desincentivar la especulación inmobiliaria y abonar a la reducción de suelos en desuso. De esta forma, también se atenderán las necesidades de utilidad pública en general y el desarrollo habitacional, por lo que se promoverá y regulará el desarrollo urbano.

De conformidad con lo anterior, establecer tasas progresivas o diferenciadas por tipo de predio, no representa un trato diferenciado que pudiera interpretarse inconstitucional, sino que, por el contrario, se trata de una contribución equitativa que toma como base la propiedad inmobiliaria y que se considera proporcional y razonable en función de ésta última.

Por lo anteriormente expuesto, en mi condición de diputada federal, presento ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las entidades federativas y a los ayuntamientos a establecer que el cobro de predial se calcule de manera progresiva, así como establecer la obligación de los ayuntamientos a realizar la liberación y la actualización de los registros municipales.

Notas

1 Unda, M. Los límites de la recaudación predial en los municipios urbanos de México: un estudio de casos. 2018.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S 0186-72102018000300601#fn25

2 Rodríguez H. El entorno jurídico del impuesto predial en México. Revista Praxis de la Justicia Fiscal y Administrativa.

http://cesmdfa.tfja.gob.mx/investigaciones/pdf/r27_trabajo-5.pdf

3 Registro digital: 161079 Fines fiscales y extrafiscales. SCJN;9a. Época; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta;1a./J. 107/2011 ;J consultada en

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/161079

4 Morones H. La valuación catastral y su problemática.

https://biblat.unam.mx/hevila/INDETECFederalismohacendario/2010/ no163/13.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2022.– Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

SE INFORME A LA OPINIÓN PÚBLICA LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA AGENDA 2030

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a informar a la opinión pública los avances en la implementación de programas y proyectos de la Agenda 2030 en la lucha por un medio ambiente sostenible y contra el cambio climático, a cargo de la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que rinda un informe a la opinión pública respecto a los avances en la implementación de programas y proyectos de la agenda 2030 en la lucha por un medio ambiente sostenible y contra el cambio climático, de acuerdo a lo siguiente:

Consideraciones

Primera. El cambio climático es un reto global que exige la respuesta pronta y decidida de todas las naciones. Para hacerle frente y contener sus efectos, es necesario que cada país tome acciones audaces a su interior, como el caso de la actuación nacional con respecto a las Estrategia de Acción Nacional que actúa como el instrumento rector de la política nacional en el mediano y largo plazos para enfrentar los efectos del cambio climático y transitar hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono.

Dicho lo anterior ha quedado claro que México asume su compromiso y responsabilidad global ante este desafío, que amenaza al género humano en su conjunto, conscientes de que somos uno de los países más vulnerables con respecto a los efectos del cambio climático, requerimos la acción corresponsable de ciudadanos y autoridades para modificar hábitos de consumo y producción, a fin de alentar prácticas más sustentables y amigables con el medio ambiente.

Es en esta medida que el gobierno federal en estos últimos años ha seguido la Estrategia Nacional de Cambio Climático, siendo que es el instrumento que guiará nuestras acciones como nación, para combatir este fenómeno en los próximos 40 años. Sustentada en sólidos fundamentos científicos, plantea metas viables que van más allá de reducir los gases de efecto invernadero.

Lo anterior como sabemos se originó tras consolidar alianzas entre sociedad y gobiernos, con el objetivo de crear un frente común contra el cambio climático, sin embargo, se debe resaltar que es crucial aprovechar el talento de la comunidad científica y la actuación decidida del sector empresarial en este propósito, sin embargo, dicho lo anterior, una de las formas más eficaces de frenar el cambio climático es impulsando el crecimiento sostenido y sustentable de nuestra economía.

En gran medida se debe generar un crecimiento verde incluyente en el país, basado en una mayor productividad y no en la explotación irresponsable de nuestros recursos naturales. Por esto, es de suma importancia trazar una ruta de largo plazo para mejorar la salud y la calidad de vida de la población, además de convertir a México en una sociedad con mayor resiliencia donde sea una participación conjunta de ciudadanos, empresas y académicos con el gobierno de la república, para construir infraestructuras sostenibles, utilizando soluciones basadas en la naturaleza y avanzando en la adaptación y la resiliencia climática.

Segunda. La acción global frente al cambio climático es ineludible e impostergable. De acuerdo con la comunidad científica internacional, es necesario que todos los países reduzcan, de manera conjunta y decidida, las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para evitar que los efectos se agraven, sin embargo para México, este desafío conlleva problemas sociales, económicos y además ambientales que ya afectan a su población, infraestructura, sistemas productivos y ecosistemas.

Sumado a esto, las emisiones de gases siguen aumentando lo que ha resultado la temperatura de la Tierra es ahora 1,1 °C más elevada que a finales del siglo XIX. De acuerdo con un informe de la ONU, miles de científicos y revisores gubernamentales coincidieron en que limitar el aumento de la temperatura global a no más de 1,5 °C nos ayudaría a evitar los peores impactos climáticos y a mantener un clima habitable. Sin embargo, según los actuales planes nacionales sobre el clima, el calentamiento global alcanzará los 2,7 °C para finales de siglo.

Sin embargo, de acuerdo al mismo informe dado por las Naciones Unidas donde piensan que las consecuencias del cambio climático se han visto aún más presentes en nuestra actualidad, donde incluso en este último año el mundo entero pese a que sufrió de un alto total de actividades en las grandes urbes, en consecuencia de la pandemia de Covid-19, se registraron un gran número de sequías intensas, escasez de agua, incendios graves, aumento del nivel del mar, inundaciones, deshielo de los polos, tormentas catastróficas y disminución de la biodiversidad.

Después de la crisis del coronavirus, vivida a nivel mundial, todos los países afectados y que paralizaron sus actividades ahora están retomando poco a poco las rutinas productivas con un aprendizaje extra, el adquirido por todas las sociedades a través del experimento masivo que ha supuesto la paralización de industrias y economías en todo el mundo. Aunque los patrones de consumo han variado y las emisiones se han reducido en estos últimos años excepcionalmente, el freno por la pandemia del coronavirus no fue suficiente para reducir el calentamiento global.

Estas emisiones que provocan el cambio climático proceden de todas las partes del mundo y afectan a todos, pero algunos países generan mucho más que otros, pues de acuerdo a las estadísticas los 100 países que menos emiten, solo generan el 3 por ciento de las emisiones totales, mientras que los 10 países con mayores emisiones aportan el 68 por ciento, estos porcentajes no se deben tomar a la ligera, en gran medida las Naciones Unidas en conjunto de los objetivos de la agenda 2030, recomiendan que todo el mundo debe tomar medidas en lo que respecta al clima, pero las personas y los países que crean más problemas tienen una mayor responsabilidad para actuar primero, en donde de estos ultimos México pertenece a estos países.

Sumando a esto la salud juega un papel crucial en estos últimos años, pues ahora la principal prioridad mundial es la salud de la población mundial, sin embargo esta se ha visto deteriorada a través de los años, de acuerdo a un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, nueve de cada diez personas en todo el mundo están expuestas a niveles de contaminación catastróficos que superan el umbral de seguridad y esto en gran medida influye en los determinantes sociales y medioambientales de la salud, a saber, un aire limpio, agua potable, alimentos suficientes y un entorno seguro.

No obstante las condiciones climáticas tienen gran influencia en las enfermedades transmitidas por el agua o por los insectos, e incluso otros animales de sangre fría. Es probable que los cambios del clima prolonguen las estaciones de transmisión de importantes enfermedades transmitidas por vectores y alteren su distribución geográfica, de igual forma en México tenemos muy presente llevar a pensar que es probable que el cambio climático continúe aumentando el riesgo de transmisión del dengue.

Aunque esto no es la principal preocupación mundial, pues de acuerdo a estudios realizados por las Naciones Unidas y la OMS se tiene una medición de los efectos sanitarios que el cambio climático provoca y en el futuro provocará, no obstante, en una evaluación llevada a cabo por la OMS que tiene en cuenta sólo algunas de las posibles repercusiones sanitarias, y que asume un crecimiento económico y progresos sanitarios continuados, se concluyó que según las previsiones, el cambio climático causará anualmente unas 250 mil defunciones adicionales entre 2030 y 2050.

Esto significa que todas las poblaciones se verán afectadas por el cambio climático, pero algunas son más vulnerables que otras,de acuerdo al estudio realizado por la OMS los habitantes de los pequeños estados insulares en desarrollo y de otras regiones costeras, megalópolis y regiones montañosas y polares son especialmente vulnerables.

En particular, como lo vimos actualmente con la pandemia del Covid-19, las entidades pobres, son poblaciones más vulnerables a los riesgos sanitarios resultantes y se ven expuestos por más tiempo a las consecuencias sanitarias, los efectos en la salud son más graves en las personas mayores y las personas con diversos achaques o dolencias preexistentes, sin embargo las zonas con infraestructuras sanitarias deficientes y la mayoría de entidades en desarrollo, son las que tienen más dificultades para prepararse y responder si no reciben la asistencia correcta.

Tercero. Como sabemos la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 con el fin de un Desarrollo Sostenible, invitando a que las naciones del mundo desarrollen un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, donde como ya se mencionó con anterioridad para estos últimos años se estimaba que las emisiones de gases de efecto invernadero podrían caer alrededor de un 6 por ciento en 2020 debido a las restricciones de movimiento y las recesiones económicas derivadas de la pandemia de la Covid-19, lo que beneficiaria al objetivo número 13 para la agenda 2030, pero solo beneficia de forma temporal.

El cambio climático no se debe tomar a la ligera, esto nos repercute a todos y en gran medida a México de no actuar ahora, Dada la actual concentración y las continuas emisiones de gases de efecto invernadero, es probable que a finales de siglo el incremento de la temperatura mundial supere los 1,5 grados centígrados en comparación con el período comprendido entre 1850 y 1900. De acuerdo con la Agenda 2030 se estima que de seguir por el camino todas las naciones, las repercusiones ser verían antes de lo pensado, pues los océanos del mundo seguirán calentándose, así como se prevé una elevación media del nivel del mar de entre 24 y 30 cm para 2065 y entre 40 y 63 cm para 2100. La mayor parte de las cuestiones relacionadas con el cambio climático persistirán durante muchos siglos, a pesar de que se frenen las emisiones.

Para resolver esto México se comprometió a implementar los planes que sean necesarios para lograr cumplir con las metas del objetivo número 13 de la agenda 2030 en la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático donde se negociaban las posibles respuestas para hacerle frente al cambio climático dichas metas que México debe buscar cumplir con ímpetu son:

-Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales nacionales.

-Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.

-Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

-Cumplir el compromiso de los países desarrollados que son partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de lograr el objetivo de movilizar conjuntamente 100 mil millones de dólares anuales procedentes de todas las fuentes a fin de atender las necesidades del país respecto de la adopción de medidas concretas de mitigación y la transparencia de su aplicación.

-Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas.

La visión de largo plazo de cumplir esas metas plantea que el país crecerá de manera sostenible y promoverá el manejo sustentable y equitativo de sus recursos naturales, así como el uso de energías limpias y renovables que le permitan un desarrollo con bajas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.

También aspira a que México se vuelva un país próspero, competitivo, socialmente incluyente y con responsabilidad global que genere empleos suficientes y bien remunerados para toda su población, en particular para la más vulnerable. Propone una nación socialmente equitativa, con una economía verde, con ecosistemas y poblaciones resilientes al cambio climático y con ciudades sustentables.

Cuarto. Por su ubicación geográfica, topografía y aspectos socioeconómicos, México es especialmente vulnerable a los impactos del cambio climático, debido a que 56 por ciento del territorio nacional corresponde a zonas áridas y semiáridas; cuenta con una población de más de 100 millones de habitantes, de los que 75 por ciento corresponde a población urbana y 15 por ciento habita en zonas costeras; además, se registra una pérdida promedio anual de alrededor de 260 mil hectáreas de bosques templados; hay una baja disponibilidad y desigual distribución del agua; casi dos terceras partes de los suelos del país no son aptos para la agricultura y está sujeto a la incidencia de tormentas tropicales y huracanes, entre otros muchos aspectos.

Los estudios del cambio climático global y sus posibles impactos en México tienen como un antecedente fundamental el primer Estudio de País: Donde México ante el cambio climático, presenta en general la comparación entre las condiciones actuales y las que potencialmente podrían haber bajó un cambio climático en el caso hipotético de que se alcanzaron incrementos significativos en el cambio climático.

Queda sumamente claro que las metas de la agenda 2030 con respecto al cambio climático no han sido todavía alcanzados mediante este acuerdo multilateral, sin embargo la Semarnat tiene la obligación de hacer a toda medida de lo posible trabajar para la implementación de programas y proyectos de la agenda 2030 en la lucha por un medio ambiente sostenible y contra el cambio climático, por ello es necesario transitar hacia la adopción de un nuevo instrumento global jurídicamente obligatorio de participación universal, basado en la ciencia, con compromisos diferenciados pero comparables.

Estas acciones tienen la finalidad de contribuir al cumplimiento de las metas voluntarias de reducción de emisiones definidas, dada la magnitud del cambio climático, y el hecho de que afectará a muchos ámbitos de la vida, la adopción también debe producirse a gran escala. Nuestra economía y sociedad en su conjunto deben ser más resistentes a los impactos climáticos, futuros, sin embargo esto requerirá esfuerzos a gran escala, muchos de los cuales sabemos deben ser organizados por el gobierno y las Secretarías correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que rinda un informe a la opinión pública respecto a los avances en la implementación de programas y proyectos de la agenda 2030 que actúan en beneficio de la nación, para un medio ambiente sostenible y en contra del cambio climático,

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que continúe coordinando y emprendiendo las acciones adecuadas que la Secretaría, dentro de sus atribuciones, mitiguen en toda la medida posible los efectos del medio ambiente dentro del territorio Nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2022.– Diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, para dictamen.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA SSPC, A COADYUVAR CON EL GOBIERNO DE CHIHUAHUA, A BRINDAR SEGURIDAD PARA LOS HABITANTES DE CIUDAD JUÁREZ

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y a la SSPC a coadyuvar de manera integral y permanente con el gobierno de Chihuahua, brindando seguridad para los habitantes de Ciudad Juárez, a cargo de la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Daniela Soraya Álvarez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Nuestro país vive una ola de violencia sin precedentes, los hechos ocurridos el día 11 de agosto del presente año en Ciudad Juárez, Chihuahua, generaron pánico en la población. Como resultado de los ataques del crimen organizado perdieron la vida, civiles inocentes.

Los que somos habitantes de esta ciudad vivimos horas de incertidumbre derivado de la serie de ataques armados, los denominados narco bloqueos, incendios a establecimientos y las lamentables pérdidas de vidas humanas. Una jornada violenta que se desató en diferentes puntos y que se perpetro principalmente en la población civil requiere del apoyo permanente de todas las instituciones.

Desafortunadamente estos crímenes y pánico hacia el municipio están sucediendo en todo el país, el cobro de plazas y la guerra entre grupos rivales de narcotraficantes están violentando día a día, la paz de los mexicanos.

Como se ha informado, los sucesos se dieron por la confrontación de grupos criminales, sin embargo, estos ataques se han trasladado hacia la población. La violencia no solo ha ocasionado pérdidas de vidas, sino también está afectando a los comercios y empresas que se dedican a generar trabajo y fomentar la economía.

Los comercios han sufrido quebrantos totales, el personal que labora en ellos vive con temor de regresar a trabajar, mientras que los empresarios tienen que asumir los costos por estos actos. Las pequeñas y medianas empresas son el sostén de la economía y son a los que están atacando, quienes día a día han trabajado para tener su patrimonio, mismo que ante la intimidación lo ven desaparecer en instantes.

El trabajo en colaboración de los tres órdenes de gobierno ha dado resultados por estos hechos, sin embargo, es necesario que éste sea permanente para evitar que nuestra ciudad se convierta en un territorio de nadie.

De acuerdo con el documento Índice Global de crimen organizado 2021 “La República Democrática del Congo fue identificada como el país más afectado por el crimen organizado, seguida de Colombia, Myanmar, México y Nigeria” es decir, nuestro país ocupa el cuarto lugar de 193 países. En puntuación de criminalidad, México se encuentra calificado con 7.57, solo por debajo de Myanmar. Referente a la puntuación en mercados criminales, nuestro país ocupa el primer lugar con 8.0.

El mismo documento señala que “México, un país asolado por la violencia y el crimen organizado, fue declarado el país más peligroso del mundo para los periodistas ante el aumento de asesinatos en 2020. Según los informes, los periodistas en México corren un mayor riesgo de ser asesinados que aquellos que se encuentran en zonas de guerra.

Con datos del Inegi, “Las estadísticas revelan que de enero a diciembre de 2021 se registraron 35 mil 625 homicidios en México; es decir, una razón preliminar de 28 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional. La principal causa de los homicidios durante 2021 fue agresión con arma de fuego”.

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con fecha 10 de agosto en el marco de los hechos ocurridos en Jalisco y Guanajuato a nivel nacional se reportaron 64 homicidios dolosos.

Para el día 11 del mismo mes, la institución reportó 81 homicidios dolosos en todo el país, el denominado jueves negro para Ciudad Juárez, Chihuahua, se perdieron vidas de personas inocentes, ataques perpetrados a negocios, quema de autos derivado de los hechos en el penal estatal.

El viernes 12 de agosto, nuevamente esa violencia se hizo presente en Tijuana, Baja California, y reiteradamente en Guanajuato, con el mismo modus operandi, quema de autos, bloques en diversos puntos, así como pánico en los habitantes, un día marcado con 62 asesinatos en México.

No solo eso, el crimen organizado golpea el desarrollo de la economía en México, la falta de inversión y la extorsión siguen aumentando, lo que tiene a nuestro país con un deterioro importante en cuanto a su crecimiento.

No podemos permitir que estas acciones continúen y que los ciudadanos vivan bajo la sombra del miedo, es por ello, que se debe cambiar la estrategia en seguridad y brindar a los estados más afectados apoyo permanente que proteja a nuestros habitantes.

Como es de conocimiento público, el Ejecutivo federal minimizó lo sucedido no solo en nuestra ciudad, sino también lo que ocurrió en otros estados, por lo que pedimos actué con seriedad y responsabilidad ante el encargo que le fue conferido.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de este pleno, el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta a los titulares de Ejecutivo federal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que, en el ámbito de sus respectivas facultades y competencias, coadyuven de manera integral y permanente con el gobierno del estado de Chihuahua, brindando la seguridad necesaria para los habitantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, derivado de los hechos violentos ocurridos el día 11 de agosto del presente año.

Notas

1 Shaw, M. (2021) The Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Recuperado de

https://ocindex.net/assets/downloads/global-ocindex-report-spani sh.pdf

2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/ DH/DH2021.pdf

3 http://www.informeseguridad.cns.gob.mx/files/homicidios_100820 22_v2.pdf

Palacio Legislativo, a 2 de septiembre del 2022.– Diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, A LA CONAGUA Y AL SACMEX, A REALIZAR ACCIONES PARA LA PROYECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a la Conagua y al Sacmex a realizar acciones para la proyección de infraestructura hidráulica y aprovechamiento del recurso hídrico de un ojo de agua ubicado en la alcaldía La Magdalena Contreras, a cargo de la diputada Diana María Teresa Lara Carreón, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Diana María Teresa Lara Carreón, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, al director general de la Comisión Nacional del Agua, y al coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a realizar acciones para la proyección de infraestructura hidráulica y aprovechamiento del recurso hídrico de un ojo de agua ubicado en la alcaldía La Magdalena Contreras; al tenor de los siguientes antecedentes y considerandos

Antecedentes

El agua para el consumo humano y las fuentes naturales del recurso hídrico son un tema insoslayable para la agenda de los gobiernos de todo el mundo. Es de conocimiento público que el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho de toda persona “al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, así mismo establece que “El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

Es posible afirmar que la humanidad podrá avanzar de manera eficiente, en la distribución y aprovechamiento del agua si logra que la acción gubernamental se coordine con la participa ciudadana, aplicando el conocimiento tradicional y el científico; para desarrollar de manera planificada, acciones de aprovechamiento de las principales fuentes de abastecimiento de agua; desde una perspectiva sustentable.

Es necesario que la gestión y protección del derecho al acceso y disposición del agua potable se convierta en un apunte permanente para la memoria humana y los gobiernos del mundo; a fin de crear conciencia colectiva acerca de lo indispensable que resulta el agua para la vida en el planeta.

A treinta años de que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente pusiera énfasis sobre la relevancia del agua, nos enfrentamos a una situación crítica; pues más de dos mil millones de personas en todo el mundo, no tienen aceso al agua potable.

En México, más de 12 millones de personas carecen de acceso al agua potable. Esa es la realidad después de diez años de la reforma Constitucional. De esa manera queda claro que nos enfrentamos a un gran reto.

No debemos perder de vista que la carencia de agua impacta principalmente en las zonas rurales y en las zonas marginadas de las zonas urbanas. En la Ciudad de México, el 20 por ciento de la población recibe solamente una hora de agua potable al día. Otro 20 por ciento tiene agua potable solo parte del día.

Es importante señalar que no poseemos un sistema eficiente para reciclar el agua, y que el 40 por ciento de la que corre por las tuberías se pierde por mal uso y daños en la infraestructura.

Actualmente se dispone de seis mil millones de litros de agua en la Ciudad de México; solamente para satisfacer las necesidades cotidianas de la población que tiene acceso a ella.

Se requeriría de mil doscientos millones de litros más, solamente para lograr que todas las personas en la ciudad pudieran disponer de agua en cantidad aceptable para su supervivencia; con lo que posiblemente nos estaríamos dirigiendo hacia el cumplimiento del objetivo de lograr la seguridad hídrica.

Aún tenemos mucho por hacer. Debemos redoblar los esfuerzos para resolver la escasez de agua, la contaminación de los recursos hídricos entre los que se encuentra el río Magdalena; que corre por la alcaldía La Magdalena Contreras y que es el único río vivo de la Ciudad de México. Por el bien de la población mexicana y de la humanidad en general, es necesario resolver los conflictos por el vital líquido y a la par debemos proteger el deterioro ambiental.

Es urgente que concentremos nuestros esfuerzos a favor de la preservación y uso racional de los recursos hídricos; asegurándonos de desarrollar la infraestructura verde necesaria para robustecer el sistema de aguas subterraneas. En ese contexto resulta indispensable el diseño de la infraestructura hídrica y el aprovechamiento de las fuentes de reproducción del recurso hídrico.

Queda claro que la escasez de agua, pone en riesgo la preservación de la vida humana. Es urgente que logremos realizar acciones conjuntas para proteger tan preciado recursos natural. Ese objetivo debe estar muy por arriba de los colores partidistas, de las ideologías y de las promesas mesiánicas. La protección de la vida del ser humano y del ecosistema que le asegura la permanencia en este planeta, debe ser la prioridad.

En la colonia El Ocotal, en la calle Huayatla 3, de la alcaldía La Magdalena Contreras, en la Ciudad de México, existe un ojo de agua ubicado en zona federal. En él emana el vital líquido de manera abundante. No obstante que los miembros de la comunidad se han esforzado por instalar un tanque cisterna y la instalación de una sencilla tubería; a fin de que todos puedan aprovecharla. Sin embargo, los esfuerzos han sido insuficiente. Es mucha el agua que se desperdicia y corre por la barranca, por lo que resulta urgente que el Ejecutivo Federal tome cartas en el asunto y realice la obra pública necesaria para lograr la protección del recurso y su mayor aprovechamiento en beneficio de la comunidad.

Considerandos

Frente a la actual sequía que actualmente padecen diversas regiones del país; en gran parte como consecuencia del calentamiento global, es necesario que el gobierno federal realice acciones de planeación para el desarrollo de la infraestructura hidráulica.

Debemos tomar en cuenta que la planeación y la aplicación de medidas en el sentido que se menciona en el párrafo anterior; tiene un costo. Por lo que la planeación no escapa del diseño indispensable de la previsión presupuestal.

La presente proposición con punto de acuerdo exhorta al titular del Ejecutivo federal, al director general de la Comisión Nacional del Agua, y al coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México a que, en el ámbito de sus facultades, planeen y diseñen el desarrollo de la infraestructura hidráulica, aprovechando de manera sustentable el recurso hídrico que emana del ojo de agua ubicado en la colonia el Ocotal en el núemro 3 de la calle Huayatla, en la alcaldía La Magdalena Contreras en la Ciudada de México; realizando para ello la previsión presupuestal necesaria.

La preservación y protección de las fuentes de recursos hídricos requiere de un presupuesto de egresos, cuyo contenido debe poseer el equilibrio indispensable para la distribución de recursos monetarios, a fin de que una parte de ellos sea eficientemente garantice la distribución equitativa de los recursos naturales que le son indispensables al ser humano para poder sobrevivir.

El cambio climático ha comprometido gravemente la disponibilidad de recursos y las áreas naturales, entre los que se encuentran las fuentes naturales de agua.  Por ello se requieren acciones urgentes para la protección, preservación, prevención, control, rescate, conservación, restauración, rehabilitación, aprovechamiento sustentable y sostenible del agua y dichos recursos naturales.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica exige la conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales. Es necesario que el gobierno federal se esfuerce por cumplirlo. Desde el legislativo apoyaríamos cualquier acción tendiente a garantizar su cumplimiento.

De acuerdo con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, resulta imperante garantizar la disponibilidad, así como la gestión sostenible del agua para todos; de manera universal, equitativa y a un precio accesible.

En la Ciudad de México se vive permanentemente el riesgo de que el acceso al agua potable se vea gravemente comprometida. Ello incluye la amenaza permanente de sismos.

Como ejemplo, el sismo registrado el pasado septiembre de 2017 generó seis fugas en un tramo de la línea de conducción de los Ramales Tláhuac y Mixquic-Santa Catarina y fallas en siete pozos del Ramal Texcoco, las cuales afectaron el abastecimiento de agua en las zonas oriente y sur de esta zona.

Independientemente de ello, son bien conocidas las permanentes quejas de los vecinos de las alcaldías de Iztapalapa, Iztacalco y Tlahuac; por la carencia de agua.

En la alcaldía Magdalena Contreras se ha padecido la escasez en el abasto de agua recientemente. Y esa situación se ha ido agravando de manera preocupante. Al tratarse de una ciudad ampliamente poblada. Resulta evidente que la Ciudad de México posee una gran demanda de agua potable.

Con base en lo aquí expuesto, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con,

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXV Legislatura exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador; al director general de la Comisión Nacional del Agua, ingeniero Germán Arturo Martínez Santoyo, y al coordinador general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, doctor Rafael Bernardo Carmona Paredes, a que, en el ámbito de sus competencias, realicen las acciones de planeación y previsión presupuestal necesarias para el desarrollo de infraestructura hidráulica y aprovechamiento del recurso hídrico del ojo de agua ubicado en la alcaldía La Magdalena Contreras, calle Huayatla 3, colonia El Ocotal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2022.– Diputada Diana María Teresa Lara Carreón (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

EXHORTO AL INE, A INICIAR EL PROCEDIMIENTO CON MOTIVO DE LOS ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA COMETIDOS POR LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al INE a iniciar el procedimiento respectivo con motivo de los actos anticipados de precampaña y campaña cometidos por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Berenice Montes Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe Berenice Montes Estrada, diputada de la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en el artículo 3, numeral 1, fracción XX, artículo 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del reglamento de la Cámara de Diputados someto ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El principio constitucional de equidad electoral está diseñado y sustentando en la igualdad de condiciones que deben gozar todas las personas que contienden a un cargo público.

Entre las inequidades que suelen existir en los procesos electorales, está el posicionamiento de forma anticipada a las etapas electorales de los aspirantes a cargos de elección popular. Esto es, los actos anticipados de campaña, que consisten en aquellas expresiones que previo al inicio formal de las campañas electorales, llevan a cabo los contendientes para obtener un beneficio, ya sea exponiendo sus ofertas o descartando a otras para reducirle simpatía, e incluso se ha considerado que pueden desplegarse antes del inicio del proceso electoral. Por lo que debe estimarse que su denuncia puede presentarse en cualquier momento.

Ahora bien, estos actos anticipados se consideran una infracción porque las diversas fuerzas políticas que pretenden acceder al poder público por vía del voto, con esos actos, vulneran las condiciones de equidad en la contienda, y no se ajustan sus conductas con las etapas que comprenden el proceso electoral, donde la campaña es el periodo establecido para buscar el voto ciudadano.

Así, quienes pueden ser infraccionados por realizar actos anticipados son personas aspirantes a candidaturas independientes, partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos postulados por partidos, todos ellos pueden recibir alguna sanción de las establecidas en la ley electoral.

Las sanciones van desde la amonestación pública y multas, reducción de ministraciones del financiamiento público e interrupción de la transmisión de la propaganda en radio y televisión en el caso de partidos políticos; a los aspirantes, precandidatos o candidatos partidistas se les puede imponer la pérdida del derecho a ser registrado, la cancelación del registro, o con la negativa para registrar al precandidato electo en el proceso interno partidista; y a los aspirantes a candidatos independientes con la negativa de registro, conforme al artículo 456, párrafo 1, inciso a), c) y d) de la  Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe).

Por lo anterior, el reto para las autoridades electorales, especialmente para el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) es dar certeza y seguridad jurídica a las contiendas electorales a través de la jurisprudencia necesaria para la identificación de actos anticipados de campaña y proteger también la libertad de expresión política.

Para que se acrediten estos actos, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos:

1) El personal, que la conducta sea cometida por partidos políticos, aspirantes, precandidatos y candidatos (5);

2) Temporal, que se den antes del inicio formal de las campañas; y

3) El subjetivo, que la finalidad del mensaje esté relacionada con el llamado expreso al voto en contra o a favor de una candidatura o partido, o la solicitud de cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral.

Desde 2009, esos elementos se han incluido en sentencias del Tepjf, tales como en las emitidas en los expedientes SUP-RAP-15/2009 y acumulado, SUP-RAP-191/2010, SUP-RAP-204/2012, SUP-RAP-15-2012 y SUP-JRC-274/2010; sin embargo, en criterios posteriores se ha enriquecido una línea jurisprudencial que les da mayor precisión y que abona a la certeza para identificar posibles conductas infractoras.

Adicionalmente, con los precedentes de la Sala Superior SUP-REP-18/2016, SUP-RAP-268/2017 y acumulados, y SUP-REP-32/2018 y acumulado, se estableció que, para evitar una simulación o fraude a la ley, los mensajes deben analizarse en su contexto, valorar el protagonismo de la persona que los emite, el objetivo de éstos, y su relación con un proceso electoral. Con estas resoluciones, se integró la Jurisprudencia 6/2019 de rubro “uso indebido de pautas. Elementos para identificar la posible sobreexposición de dirigentes, simpatizantes, militantes o voceros de partidos políticos en radio y televisión.”

Estos criterios tuvieron el propósito también de potenciar la libertad de expresión, ya que los partidos políticos pueden definir internamente en su estrategia de comunicación política que sus dirigentes, voceros o representantes electos, como figuras públicas, puedan aparecer en los promocionales para expresar las ideas políticas de su instituto político.

Sin embargo, en relación con el elemento subjetivo, para evitar ambigüedades y calificaciones que pudieran considerarse solamente apreciaciones estrictamente personales, la Sala Superior en la sentencia del expediente SUP-JRC-194/2017 y acumulados, estableció que las autoridades electorales deben verificar si el mensaje denunciado de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad, llama al voto en favor o en contra de una persona o partido político; publicita plataformas electorales; o posiciona a alguien con el fin de que obtenga una candidatura; y que estas expresiones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía.

Estos criterios jurisprudenciales tienden a clarificar qué conductas constituyen actos anticipados de campaña, para que las autoridades electorales sancionen efectivamente e inhiban conductas que atenten contra la equidad de la contienda; y se eviten sanciones erróneas sobre actos que constituyan promoción política o electoral dentro de los márgenes legales de libertad de expresión.

Además de brindar certeza y seguridad, se protege la equidad consagrada en nuestra Constitución Política, garantizando también la libertad de expresión en el debate electoral.

Lo anteriormente expuesto, tiene el objetivo de evidenciar una situación que se ha presentado desde hace algunos meses, relacionada con la promoción explícita de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum para una virtual candidatura para la Presidencia de la República en 2024. Desde el mes de junio aparecieron en distintos puntos de la Ciudad de México bardas pintadas con la leyenda “Para que siga la transformación #EsClaudia”, sin que, hasta el momento, ninguna persona, organización o partido se atribuya la autoría de lo que puede ser el inicio de la promoción a favor de Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, rumbo a la sucesión presidencial.

Asimismo, luego del evento del partido Morena en Toluca, Estado de México, el pasado 12 de junio donde los tres posibles contendientes a la presidencia de la República mostraron su fuerza política, diversas cuentas de Twitter, Facebook e Instagram subieron fragmentos del discurso de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum o momentos durante el evento denominado “de unidad” rumbo a la sucesión presidencial de 2024, mismos que venían acompañados con frases de apoyo a la mandataria.

No obstante, que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México se ha deslindado de la propaganda a su favor, declarando no conocer su origen, esta situación no solo no se ha aclarado, sino que ha ido en aumento, sobrepasando los límites de la Ciudad, presentándose en diversas entidades del interior de la República, por ejemplo, Quintana Roo, Puebla, Veracruz y más recientemente Guanajuato.

Este último caso, es doblemente irregular, pues para la promoción de la Jefa de Gobierno se utilizó la barda de una escuela primaria, es decir, se utilizaron recursos públicos para la promoción personal de una aspirante a candidata presidencial. Esto se dio el pasado 30 de agosto de 2022, ya que, se recibió el reporte que una barda de la escuela primaria “José Vasconcelos” en el Municipio de Victoria, Guanajuato se encontraba pintada con proselitismo a favor de Claudia Sheinbaum. Posteriormente, se detectó la misma situación en la Escuela Secundaria Técnica número 25 y en la Escuela Secundaria Vanguardia ambas en San Luis de la Paz.

El principal objetivo que se tuvo al prohibir y sancionar este tipo de conducta fue garantizar la equidad en la competencia política, lo que comúnmente se conoce como “piso parejo”, mismo que se conseguiría si todos los candidatos tienen el mismo tiempo y posibilidades para promoverse.

También se busca proteger un segundo valor: la libre formación de las preferencias entre los ciudadanos. Es decir, se pretende evitar que la ciudadanía sea sometida constantemente y durante todo el proceso a solicitudes de respaldo electoral. De ese modo se pretende asegurar que el tiempo que la ley da a los votantes para reflexionar sus preferencias se de en ausencia del bombardeo de partidos y candidatos que piden el voto.

En virtud de lo anterior y de la importancia de brindar la debida atención a este problema que atenta en contra de la libre determinación de las preferencias electorales de los habitantes de la parte alta del Estado de Guanajuato, someto a consideración de esta asamblea del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que, en uso de sus facultades y atribuciones, inicie el procedimiento respectivo con motivo de los actos anticipados de precampaña y campaña cometidos por la C. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en virtud de la utilización de diversas bardas de escuelas públicas ubicadas en los municipios de Victoria y San Luis de la Paz del estado de Guanajuato, para la promoción de su imagen con motivo de su aspiración públicamente manifestada para ser candidata del partido político de Morena al cargo de Presidenta de la República en el proceso electoral federal 2023-2024.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que, en uso de sus facultades y atribuciones, investigue el origen y destino de los recursos utilizados por el partido Morena y por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para la realización de actos anticipados de precampaña y campaña con motivo de su aspiración públicamente manifestada para ser candidata de ese partido político al cargo de Presidenta de la República en el proceso electoral federal 2023-2024.

Notas

1. Artículo 3, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe)

2. Tesis XXV/2012 de rubro “Actos anticipados de precampaña y campaña. Pueden denunciarse en cualquier momento ante el instituto federal electoral.”

3. Artículos 372, párrafo 1; y 446, párrafo 1, inciso b); artículo 443, párrafo 1, inciso e); y artículo 445, párrafo 1, inciso a), todos de la Legipe.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2022.– Diputada Berenice Montes Estrada (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen.

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD, A ATENDER LOS GRAVES REZAGOS EN LA COBERTURA NACIONAL DE VACUNACIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a atender los graves rezagos en la Cobertura Nacional de Vacunación, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Éctor Jaime Ramírez Barba, Leticia Zepeda Martínez, María del Carmen Escudero Fabre, Mariana Mancillas Cabrera, Juan Carlos Maturino Manzanera y Vicente Javier Verástegui Ostos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

El cierre de los servicios de inmunización durante la pandemia de covid-19 y la negligencia criminal del gobierno federal para garantizar el abasto y distribución de vacunas, provocará un resurgimiento de enfermedades que pueden llegar a ser mortales y deben prevenirse con una vacunación oportuna, que, en muchos casos, deben aplicarse desde los primeros días de vida del menor.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que las niñas y los niños no están recibiendo las vacunas que les pueden salvar la vida, en el caso de México, las bajas de tasas de vacunación representan una crisis de salud pública que no parece tener solución en el corto plazo, ante la indiferencia e incapacidad de las autoridades sanitarias de la federación.

La OMS ha manifestado que, cuando se interrumpen los servicios de inmunización, incluso durante breves períodos de emergencia, aumenta el riesgo de que se produzcan brotes de enfermedades como el sarampión, tuberculosis o el cáncer cervicouterino.

En México, en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2021 publicada hace unos días ha puesto una alarma en el país, al documentar que solamente el 27.5% de los niños y niñas de un año de edad tuvieron esquema completo, de vacunación cuando en 2015 el esquema completo era de 97.2 % y de 57% el año pasado 2020.

Se detalla también que, la cobertura de vacunación completa hasta los dos años es solo de 31.1%, totalmente un fracaso en términos de las coberturas históricas de vacunación en el país, lo que han padecido las madres y padres que no encuentran vacunas para los menores en las unidades médicas de todo el país.

Es un retroceso terrible que deja vulnerable a nuestras niñas y niños frente a enfermedades que son potencialmente mortales.

Además, la Ensanut reporta que, la cobertura de vacunación contra sarampión y rubéola en adultos de 20 a 59 años fue de 16.6% según la cartilla nacional de salud.

En el mundo al menos 30 campañas de vacunación contra el sarampión fueron canceladas o están en riesgo de serlo, lo que podría dar como resultado un aumento en el número de brotes en años posteriores.

La OMS señala que, los progresos en la cobertura de la inmunización se habían estancado antes de la aparición de covid-19 en un 85% para las vacunas DTP 3 y la vacuna contra el sarampión. La probabilidad de que un niño nacido hoy en día, esté completamente vacunado con todas las vacunas recomendadas a nivel mundial para cuando cumpla los 5 años de edad, es inferior al 20%.

En las Recomendaciones de la OMS para la vacunación de rutina se instala que todos los niños y niñas sean vacunados contra la tuberculosis, la difteria, la tos ferina, el tétanos, la poliomielitis, el sarampión, la hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo b, la neumonía/ meningitis, el rotavirus y la rubéola.

Unicef, OMS, asociados como Gavi y la Alianza para las Vacunas, respaldan iniciativas encaminadas a reforzar los sistemas de inmunización:

• Restableciendo los servicios y las campañas de vacunación para que los países puedan llevar a cabo con seguridad los programas de inmunización sistemática durante la pandemia de covid-19;

• Ayudando a los trabajadores de la salud y a los líderes de la comunidad a comunicarse activamente con los cuidadores para explicarles la importancia de la vacunación;

• Rectificando las lagunas en la cobertura de inmunización, en particular mediante la identificación de las comunidades y las personas que no han recibido atención durante la pandemia;

• Velando por que la administración de vacunas contra la covid-19 se planifique y financie de manera independiente, y se lleve a cabo paralelamente a los servicios de vacunación infantil, y no a expensas de estos;

• Aplicando los planes de los países para prevenir los brotes de enfermedades prevenibles mediante vacunación y darles respuesta, y reforzar los sistemas de inmunización en el marco de los esfuerzos de recuperación tras la covid-19.

Dicha situación tiene intranquila a la población, pues saben que las vacunas no se están suministrando a los más vulnerables, prueba de ello son los recientes brotes de Sarampión en todo el país. De acuerdo con la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles de la Secretaría de Salud en 2020 se reportaron 196 casos de sarampión en México, la mayoría sin antecedente de vacuna.

Asimismo, el Programa de Vacunación de la Secretaría de Salud tiene $30 mil millones asignados para 2022, que contrasta con los $2.15 mil millones asignados en 2021.

Sin embargo, pese al incremento exponencial de recursos, hay un déficit muy grave en el abasto de vacunas y un subejercicio en el gasto, ya que solamente han podido gastar 6.3% de sus recursos totales, de hecho es el programa con menor avance de cumplimiento de todos los de la Secretaría de Salud.

La vacunación universal no solo debe estar enfocada en covid-19, sino en prevenir otras enfermedades transmisibles que pueden acabar con la vida de las niñas y los niños de México.

Dicha situación trae como resultado que el gobierno federal ha sido incapaz de diseñar una estrategia adecuada para aplicar las dosis de biológicos que requieren las y los niños, o incluso que, los recursos para las vacunas ya se estén destinando a otros conceptos de gasto, es decir, a las obras prioritarias del Presidente, como el Tren Maya.

En el segundo trimestre de 2022, la SHCP reporta que solamente se han ejercido 27.3% de sus recursos programados al mes de julio; además, SHCP modificó los recursos asignados por los diputados al Programa de Vacunación en el periodo señalado, de $7,005.7 millones a $1,914.3 millones, es decir, hay $5 mil millones menos para vacunas. Mientras millones de infantes pierden la vida por falta de vacunas.

Y es posible que, ante la incapacidad de gastar, en los últimos meses del año se recorte aún más el dinero para la vacunación.

Por ello, es fundamental y de suma importancia que la Cámara de Diputados haga una revisión del gasto enfocado en el Programa de Vacunación para el presupuesto de 2023, a fin de retomar la inmunización de millones de menores que están sin protección.

La Agenda de Inmunizaciones 2030, como referencia, establece como meta coberturas de más de 90% por biológico, pero en México, vamos en retroceso, que de ninguna manera se justifica por la emergencia sanitaria, ya que la falta de vacunas en el país tiene como origen las fallas en el sistema de compras del gobierno federal y el pésimo funcionamiento de los mecanismos de distribución desde la federación a los estados.

Directivos del sector salud en de todo el país han reportado desabasto de vacunas durante largos periodos; principalmente de vacunas contra influenza, hepatitis B y BCG, esta última contra la tuberculosis.

Urge que el Gobierno federal acelere las compras de vacunas y reactive las jornadas de vacunación en todo el país.

¡Llamamos a las autoridades de salud federal a garantizar el uso del presupuesto de manera que permita fortalecer el sistema de salud y no haya desabasto!

¡Necesitamos qué las vacunas sean prioridad y no las obras faraónicas!

¡No más vidas en peligro por falta de vacunas!

Los brotes de enfermedades no deben seguir siendo una amenaza cuando disponemos de vacunas seguras y eficaces para protegernos

¡Debemos actuar de inmediato para proteger los servicios de inmunización, con el fin de seguir reduciendo al mínimo los brotes de enfermedades y las pérdidas de vidas evitables!

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que, se atienda el grave rezago en la cobertura nacional de vacunación, debido a que, solamente el 27.5% de los niños y niñas de un año de edad tuvieron esquema completo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2021.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, se subsane el subejercicio en el gasto del Programa de Vacunación, ya que solamente han podido gastar 6.3% de sus recursos totales de acuerdo a los reportes de gasto entregados a la Cámara de Diputados correspondientes al segundo trimestre del 2022.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, se fortalezca el presupuesto destinado al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (Censia), para que, entre otras funciones, fortalezcan las acciones que den cumplimiento al Programa de Vacunación Universal.

Cuarto. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a que, sigan las iniciativas y recomendaciones planteadas por la Unicef, la OMS, asociados como Gavi y la Alianza para las Vacunas, para tener un adecuado manejo de la inmunización.

Notas

1.https://ensanut.insp.mx/

2. https://www.gob.mx/salud/documentos/casos-confirmados-por-sarampion-2020

3. https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2021/docs/12/r 12_ppcer.pdf

https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/how-who- is-supporting-ongoing-vaccination-efforts-during-the-covid-19-pandemic

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid= S0036-36342020000200215&lng=es&nrm=iso&tlng=es

4. https://www.who.int/es/publications/m/item/immunization-agenda-2030-a-global-st rategy-to-leave-no-one-behind#:~: text=La%20Agenda%20de%20Inmunizaci%C3%B3n%202030,durante%20el%20decenio%202021% 2D2030.

5. https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_al_C ongreso_de_la_Union

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6  de septiembre de 2022.– Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, A DEFINIR UN PERFIL IDÓNEO PARA EL COORDINADOR NACIONAL DE LA CONABIO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a definir un perfil idóneo para el coordinador nacional de la Conabio, a cargo del diputado Enrique Godínez del Río, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Enrique Godínez del Río, diputado federal por el estado de Michoacán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo federal a definir un perfil idóneo para el coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad a designar candidatos que cumplan con el perfil para ocupar el cargo, a  garantizar la asignación de recursos humanos y económicos suficientes para que la Comisión de Conocimiento y Uso de la Biodiversidad pueda llevar a cabo todas sus funciones y a mantener su autonomía; lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), tiene la misión de promover, coordinar, apoyar y realizar actividades dirigidas al conocimiento de la diversidad biológica, así como a su conservación y uso sustentable para beneficio de la sociedad. Fue concebida como una organización de investigación aplicada, promotora de investigación básica, que compila y genera información sobre biodiversidad, desarrolla capacidades humanas en el área de informática de la biodiversidad y es fuente pública de información y conocimiento accesible para toda la sociedad.

Es una institución clave del sector ambiental porque genera inteligencia sobre nuestro capital natural; sirve de puente entre la academia, el gobierno y la sociedad; promueve que la conservación y manejo de la biodiversidad se base en acciones realizadas por la población local, la cual, debe ser un actor central en ese proceso.

Es una institución referente a nivel internacional por sus logros y el alto perfil profesional de sus experimentados investigadores y funcionarios, siendo un orgullo para la comunidad científica mexicana y admirada por la internacional.

El 25 de agosto de 2022 será una fecha que quienes integran esta comisión y quienes amamos nuestro capital natural recordaremos siempre por la partida de José Sarukhán Kermez, coordinador nacional de la Conabio, con una carrera en el sector de más de 50 años. Es biólogo especializado en agricultura y ecología, fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de 1989 a 1997, Premio Nacional de Ciencias y Artes de 1990 y tiene un asiento en la Royal Society. Además, es el único mexicano reconocido con el galardón Tyler, considerado el Nobel de la Ecología. Sarukhán fue fundador de la Conabio en el año 1992.

Su renuncia se dio después de que la titular de la Secretaría de Medio Ambiente asignara como secretario ejecutivo a alguien no calificado, cuando éste debe ser propuesto por el coordinador nacional, como se establece claramente en el artículo tercero del Reglamento Interno de la comisión.

A su salida recomendó a personas adecuadas para el cargo y es importante que sean consideradas o se propongan candidatos que tengan un perfil adecuado con formación y experiencia en temas y ciencias de biodiversidad.

La Conabio es una comisión de carácter intersecretarial encabezada por el presidente constitucional de México y compuesta por los titulares de las siguientes Secretarías de Estado:

•Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

•Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

•Secretaría de Bienestar

•Secretaría de Economía

•Secretaría de Educación Pública

•Secretaría de Energía

•Secretaría de Hacienda y Crédito Público

•Secretaría de Relaciones Exteriores

•Secretaría de Salud

•Secretaría de Turismo

La Conabio cuenta con un coordinador nacional, quien es apoyado por un grupo operativo especializado de 243 personas (personal técnico, en su mayoría, y personal administrativo); algunos con plazas federales comisionadas o asignadas por Semarnat a la Coordinación Nacional de la Conabio y otros con plazas contratadas por el Fideicomiso privado Fondo para la Biodiversidad para proyectos o programas temporales.

Su Reglamento Interno señala en su artículo tercero que el coordinador nacional será designado por el presidente de la comisión, a propuesta de sus miembros, mientras que los titulares de las unidades administrativas serán designados por el secretario técnico (secretario de Desarrollo Social, ahora Secretaría del Bienestar), a propuesta del coordinador nacional, lo que deja claro que este debe ser una persona altamente competente por el poder que tiene para proponer a quienes formarán parte de la comisión en puestos de liderazgo.

El problema con la designación directa del coordinador nacional es que no se considera ni la formación ni la experiencia en el sector, por lo que es necesario definir el perfil que debe tener para que realmente contribuya a resolver los retos que enfrenta esta comisión, cada vez más debilitada y rezagada de las prioridades del gobierno federal y por megaproyectos que atentan contra la biodiversidad, además de la amenaza de perder su autonomía para ser convertida en una dirección general dentro de la Semarnat.

Determinación de un perfil idóneo

La idoneidad del perfil se refiere a una valoración detallada de las competencias, desempeño en cargos anteriores, conocimientos técnicos, probidad y autonomía del poder político de los y las candidatas, entre otras consideraciones. Si se establece un perfil idóneo se pueden identificar las capacidades que deben tener las y los postulantes a un cargo, por lo que se convierte en una importante salvaguarda para evitar que las designaciones directas se basen en motivos distintos o contrarios a los que requieren las instituciones y se reduce la discrecionalidad en la selección y el pago de favores con cargos públicos.

Desafortunadamente, ni la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ni el Reglamento Interior de alguna de las Secretarías que integran la Comisión, demandan un perfil para esta posición.

Funciones del Coordinador Nacional

En el Reglamento Interno de la Conabio se especifican las funciones que corresponden al coordinador nacional:

1.Formular los programas anuales, que serán sometidos para su aprobación al pleno de la propia comisión;

2.Elaborar y presentar para la consideración y aprobación de la comisión el presupuesto de egresos;

3.Presentar el informe anual de actividades;

4.Proponer al secretario técnico, la designación del secretario ejecutivo y de los directores de los Grupos Técnicos de Análisis y Prioridades y de Evaluación de Proyectos, y nombrar al jefe de la Unidad Administrativa y de Operación;

5.Determinar, con el auxilio de los directores de los Grupos Técnicos, las prioridades de investigación, formación de recursos humanos, difusión, desarrollo tecnológico, entre otros, así como los proyectos para apoyarlos, que formarán parte del programa anual de actividades;

6.Proponer a la comisión programas de actividades regionales;

7.Promover la participación de las universidades e institutos de investigación, de los sectores social y privado, así como de las organizaciones no gubernamentales en los proyectos que se aprueben anualmente;

8.Aprobar las propuestas de los directores de los grupos técnicos, para la creación de grupos de trabajo, así como su composición, los cuales no formarán parte de la estructura orgánica de la comisión;

9.Coordinar y supervisar el desempeño del secretario ejecutivo, de los directores de los grupos técnicos y del jefe de la Unidad Administrativa y de Operación, así como de las demás instancias que lo auxilien en el desarrollo de sus funciones;

10.Proponer a la comisión la creación de centros regionales de carácter operativo en el territorio nacional;

11.Promover la aportación de recursos financieros y materiales por parte de los sectores social y privado;

12.Promover la celebración de convenios para el logro de los objetivos de la comisión

13.Asistir con carácter de invitado permanente a las sesiones de la comisión, y

14.Las demás actividades que sean compatibles con el cargo y que le encomiende la comisión.

¿Por qué es tan relevante que el coordinador nacional cumpla con un perfil idóneo?

a. El trabajo de la Conabio contribuye directamente a garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano mediante la conservación y protección de la biodiversidad y los ecosistemas.

b.El comisionado es quien lidera operativamente la comisión y las acciones en materia de la protección de la biodiversidad, es la cara de México, de un país megadiverso, ante el mundo.

c.Contar con una persona con la experiencia, formación y aptitudes adecuadas es indispensable para cumplir con el objetivo de la Conabio, que es el conocimiento, conservación y uso sustentable de la diversidad biológica.

d.Tenemos el derecho a tener instituciones lideradas por personas capacitadas y comprometidas que nos garanticen el mejor desempeño y resultados.

¿Por qué es importante que la Conabio mantenga su autonomía?

El diseño organizacional de la Conabio constituye un caso de éxito en la administración pública mexicana en lo que se refiere al manejo transparente y eficiente de sus recursos mediante el fideicomiso privado. Entre otras cosas, la existencia del Fideicomiso Fondo para la Biodiversidad permite que donantes privados contribuyan al esfuerzo nacional de la conservación de la biodiversidad.

Por ejemplo, con las aportaciones recibidas por el fondo, el primer trimestre de 2020, se cumplieron funciones importantes:

1.Instrumentar y operar el Sistema Nacional de Información sobre la Biodiversidad (SNIB), para brindar datos, información y asesoría a diversos usuarios.

2.Instrumentar redes de información nacionales y mundiales sobre biodiversidad.

3.Dar cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de biodiversidad adquiridos por México, que hayan sido asignados a la Conabio.

4.Llevar a cabo acciones orientadas a la conservación y uso sustentable de la biodiversidad de México.

Es de conocimiento público que la agenda ambiental no es prioridad en el gobierno actual y la Conabio no ha sido la excepción. En mayo del 2021 fueron despedidos 40 investigadores y el fideicomiso a través del que opera la Conabio y del que depende económicamente, ya no recibe fondos federales.

Depende de donaciones de organizaciones, instituciones y empresas nacionales y extranjeras para poder cumplir con sus funciones. Esta pérdida de recursos humanos y económicos es una clara amenaza para la comisión, por lo que debe garantizar su permanencia y darle un mayor apoyo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo Federal, a definir un perfil idóneo para el cargo de coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y a designar candidatos que cumplan con un perfil para ocupar el cargo.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo Federal, a garantizar la asignación de recursos humanos y económicos suficientes para que la Comisión de Conocimiento y Uso de la Biodiversidad pueda llevar a cabo todas sus funciones y a mantener su autonomía.

Notas

1 https://www.gob.mx/conabio/que-hacemos

2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/463027/reglamento_interno.pdf

3 https://elpais.com/mexico/2022-09-01/la-salida-de-jose-sarukhan-de-la-conabio-p one-el-foco-en-la-politica-ambiental-del-gobierno.html

4 https://www.gob.mx/conabio/documentos/estructura-organica?idiom= es

5 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/463027/reglamento_interno.pdf

6 http://noroesteenlamira.org.mx/wp-content/uploads/2018/08/Psta_ Designacion_CONANP_7-08-18.pdf

7 https://www.gob.mx/conabio/documentos/financiamiento-conabio? idiom=es

8 https://elpais.com/mexico/2022-09-01/la-salida-de-jose-sarukhan-de-la-conabio-p one-el-foco-en-la-politica-ambiental-del-gobierno.html

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 6 de septiembre de 2022.– Diputado Enrique Godínez del Río (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

RELATIVO A LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES A LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO URBANO O MUNICIPAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a incluir en su Programa Anual de Trabajo para 2023 temas relacionados con los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, a cargo del diputado Héctor Israel Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario del PAN

Héctor Israel Castillo Olivares, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La ausencia de la gestión integral de las aguas residuales en México y sus efectos devastadores en términos de calidad del agua, salud pública e integridad de nuestros ecosistemas dulceacuícolas y marinos, ha sido reconocida como una problemática compleja y prevaleciente en la que las alternativas de solución eficaz han sido pospuestas por décadas.

De acuerdo con el glosario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), las aguas residuales se definen como las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos público urbano, doméstico, industrial, comercial, de servicios, agrícola, pecuario, de las plantas de tratamiento y en general, de cualquier uso, así como la mezcla de ellas.

Las descargas de aguas residuales se clasifican en municipales y no municipales. Las municipales son generadas por la población y colectadas en los sistemas de alcantarillado urbanos y rurales. Las no municipales son generadas por otros usos, como la industria autoabastecida, la agricultura y la ganadería; éstas descargan directamente a los cuerpos de agua nacionales sin ser colectadas por sistemas de alcantarillado. Lo anterior, en términos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Esta problemática no es exclusiva de nuestro país, ya que el tratamiento de aguas residuales, se traduce en una crisis mundial debido a que realmente no sabemos cuántos desechos arrojamos a las aguas de la Tierra ni el verdadero impacto de ello. Los cálculos más aproximados del total liberado al medio ambiente sin tratamiento, hasta el 2017, rondaban el 80 por ciento, según los hallazgos de un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Un cálculo reciente reduce esta cifra al 48 por ciento, lo que puede demostrar un progreso, pero esa cifra también es especulativa.

En este contexto, el Consejo Consultivo del Agua, A.C., -organismo ciudadano, sin fines de lucro, plural e independiente que permite la participación de diferentes organizaciones, empresas e instituciones educativas en torno a la problemática del agua en México- ha revelado datos de impacto significativo sobre la situación del agua en nuestro país, en los términos siguientes

“En México, la distribución geográfica del agua no coincide con la distribución geográfica de la población. El volumen de agua renovable promedio en el país per cápita es de 4,028 metros cúbicos por habitante por año.

Sin embargo, existen diferencias sustanciales entre el Sureste y el Norte del territorio; se observan áreas con gran escasez de agua y regiones con frecuentes eventos hidrometeorológicos que significan costosas inundaciones y afectación de asentamientos humanos e infraestructura.

En la zona Centro—Norte del país se concentra 27 por ciento de la población, se genera 79 por ciento del PIB y se cuenta con sólo 32 por ciento del agua renovable; en cambio, en la zona sur donde existe el 68 por ciento del agua el país, se asienta sólo 23 por ciento de la población y se genera 21 por ciento del PIB.

La mala calidad del agua superficial limita su aprovechamiento, en términos de DBO (Demanda biológica de oxígeno):

• 22.7 por ciento del agua superficial se encuentra contaminada o fuertemente contaminada.

• 33.2 por ciento del agua superficial tiene calidad aceptable.

• 44.1 por ciento del agua superficial observa calidad buena y excelente.

El sector agropecuario genera 62 por ciento de las aguas residuales (cargas orgánicas, plaguicidas y fertilizantes, entre otros contaminantes).

De los 653 acuíferos registrados, 106 se encuentran sobreexplotados, especialmente en zonas de interfase agrícola y urbana, lo que plantea un horizonte previsible de agotamiento y la contaminación por minerales naturales que significan graves problemas de salud pública (por ejemplo, arsénico).

La mayoría de los organismos operadores de sistemas de agua para servicio público son ineficientes y opacos; funcionan con criterios políticos y clientelares, no están debidamente profesionalizados, dependen de cuantiosos subsidios, y no están constituidos como empresas públicas sujetas a reglas claras y transparentes de gobierno.

En las ciudades se desperdicia alrededor de 40 por ciento del agua, por fugas en las redes de abastecimiento y distribución y tomas domiciliarias. Ya que sólo 47.5 por ciento de las aguas residuales colectadas reciben tratamiento, y sólo un porcentaje mucho más bajo (difícil de precisar por la falta de monitoreo y vigilancia) cumple con las normas de calidad de las descargas.

Constitucionalmente, los municipios tienen las facultades de ofrecer el servicio público de agua y de tratar las aguas residuales. Con este justificativo la federación ha descuidado responsabilidades de regulación sobre los organismos operadores municipales. En el mejor de los casos, la regulación está a cargo de los gobiernos estatales.

La normatividad es obsoleta y relativamente laxa en materia de descargas de aguas residuales.

Es de señalar la ausencia de una regulación y vigilancia eficaces de descargas de aguas residuales, así como la impunidad y falta de cumplimiento de la normatividad.

La autoridad no condiciona ni vincula el suministro primario con el cumplimiento de obligaciones de tratamiento y descarga de aguas residuales.

Hay una gran vulnerabilidad a eventos hidro-meteorológicos extraordinarios, por regulación inadecuada del territorio a escala municipal y por corrupción en la aplicación de los programas de Desarrollo Urbanos.

No existe un sistema de monitoreo en tiempo real, ni de información pública creíble sobre el desempeño de los organismos operadores municipales, ni sobre la calidad de cuerpos de agua, descargas de aguas residuales, concesiones y disponibilidades.”

Por otro lado, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024; 5. Objetivos prioritarios; 5.4 Relevancia del Objetivo prioritario 4: Promover un entorno libre de contaminación del agua, el aire y el suelo que contribuya al ejercicio pleno del derecho a un medio ambiente sano. Reconoce la problemática de la contaminación del agua, como un obstáculo para la seguridad hídrica y alimentaria, la salud y la conservación de la biodiversidad.

Asimismo, que un número importante de las principales cuencas muestran signos evidentes de deterioro. En 2018, el análisis de los 3,774 sitios con los que cuenta la red de monitoreo de la calidad del agua operados por la Conagua en todo el país mostraron que tan sólo alrededor del 51 por ciento podía clasificarse con una calidad excelente considerando su grado de contaminación por aguas residuales domésticas e industriales. En el caso de la toxicidad, 11.7 por ciento de ellos mostraba algunos signos y tan sólo el 44 por ciento se podía calificar de una calidad excelente por los bajos niveles de enterococos. En nuestro territorio nacional, existen lamentablemente situaciones extremas de contaminación en algunas cuencas y ríos del país, como las que se viven desde tiempo atrás y han permanecido desatendidas en los ríos Atoyac, en Puebla y Tlaxcala; el Lerma-Santiago, en varios estados; y el de la presa Endhó, en Hidalgo, que vulneran la vida de las comunidades que se asientan o dependen de ellos para su sobrevivencia.

Además de una clara brecha regional en la capacidad de tratamiento, mientras entidades del norte del país, como Baja California, Nuevo León y Tamaulipas consiguen tratar más del 95 por ciento de su caudal de aguas residuales generado, otras como Yucatán, Campeche e Hidalgo no alcanzan el 10 por ciento.

Finalmente, en el programa se sostiene que el problema del bajo nivel de tratamiento de aguas residuales en nuestro país se debe no sólo a la falta de infraestructura, sino también a la baja operatividad e ineficiencia de las plantas existentes. Existe un número importante de plantas sin operar, además de que los sistemas de recolección presentan insuficiencia y deterioro. Además, las plantas que operan requieren grandes consumos de electricidad y no cuentan con el mantenimiento adecuado para dar cumplimiento a las normativas aplicables. El problema del insuficiente tratamiento del agua residual municipal se suma a las necesidades de tratar las aguas residuales no municipales, tales como las de origen industrial, agrícola y a los lixiviados de rellenos sanitarios, entre otras.

Ahora bien, respecto a la regulación aplicable en materia de normas oficiales mexicanas, se destacan las siguientes

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales. (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997).

Norma Oficial Mexicana NOM-002-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 1998).

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al público. (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 1998).

Respecto a la NOM-001-SEMARNAT-1996, es necesario mencionar que derivado de su incorporación al Programa Nacional de Normalización 2020, como un tema reprogramado en el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad de 2021; el 11 de marzo de 2022, se publicó en el DOF la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, renovando aspectos técnicos que por el transcurso del tiempo ya no cumplía y que tiene como objetivos preservar los derechos humanos al agua y al saneamiento, así como garantizar su disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, calidad, seguridad y admisibilidad y, por la que se establecen los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación.

Si bien, con la publicación de la citada NOM-001-SEMARNAT-2021, el Estado mexicano dio un paso trascendental en temas relacionados con la medición de parámetros y límites permisibles de Demanda Química de Oxígeno (DQO), toxicidad y color que tienen mayor capacidad de detección de contaminantes para tipificar, controlar y reducir la contaminación del agua, entre otros; aún persisten los relacionados con los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, materia de regulación en la NOM-002-SEMARNAT-1996 y los relativos a los límites máximos permisibles de contaminación para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al público y previstos en la NOM-003-SEMARNAT-1997. Ambas con más de 26 años sin revisión quinquenal y actualización respectiva, por lo actualmente no salvaguardan los objetivos legítimos de interés público para el cual fueron diseñadas.

Derivado del panorama crítico ante los niveles alarmantes de contaminación de las aguas residuales y los efectos adversos que causan impacto directo al medio ambiente y la salud de quienes habitamos en el territorio nacional; estoy convencido que es necesario iniciar el proceso de revisión de la NOM-002-SEMARNAT-1996 y la NOM-003-SEMARNAT-1997, previsto en el artículo 32 de la Ley de Infraestructura de la Calidad (LIC), que se determina que dicha revisión deberá acompañarse de una justificación correspondiente y que debe contener:

I. Diagnóstico que podrá incluir un análisis y evaluación de medidas alternativas, en caso de haberlas;

II. Impacto o beneficios de la Norma Oficial Mexicana;

III. Datos cualitativos y cuantitativos, y

IV. Confirmación o, en su caso, la propuesta de modificación o cancelación.

Asimismo, es menester destacar que para estar en posibilidades de iniciar el proceso mencionado, es indispensable atender lo dispuesto en el artículo 29 de la LIC, en el que se determina que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su carácter de autoridad normalizadora, incluya en su programa anual de trabajo para el año inmediato siguiente, los temas relacionados con los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, previstos en la NOM-002-SEMARNAT-1996 y los relativos a límites máximos permisibles de contaminación para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al público, contenidos en la NOM-003-SEMARNAT-1997.

Lo anterior, para efectos de revisión, análisis y aprobación ante la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad, a más tardar el 15 de diciembre y su publicación en el Diario Oficial de la Federación durante el primer bimestre durante el primer bimestre del año inmediato siguiente al de su aprobación.

A partir de la expedición de la nueva LIC, la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad, es un órgano colegiado que tiene la atribución de revisar, analizar y aprobar anualmente el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad y su Suplemento, vigilar su cumplimiento y coadyuvar en la política de normalización, estandarización y metrología, así como la coordinación de las actividades que en esta materia corresponde realizar a las autoridades normalizadoras.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en el ámbito de sus atribuciones en su carácter de autoridad normalizadora, incluya en su programa anual de trabajo para el año 2023, temas relacionados con los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, previstos en la NOM-002-SEMARNAT-1996 y relativos a límites máximos permisibles de contaminación para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al público, contenidos en la NOM-003-SEMARNAT-1997. Lo anterior, para efectos de revisión, análisis, aprobación y actualización ante la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad, a más tardar el 15 de diciembre y su publicación en el Diario Oficial de la Federación durante el primer bimestre de 2023.

Notas

1 Glosario, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 8080/approot/compendio_2019/RECUADROSINTGLOS/D3_GLOSAGUA.htm

2 García Laura, Oliva Luz, Ciencia UNAM-DGDC, Infografía: Tratamiento de aguas residuales,08 de enero de 2020.

https://ciencia.unam.mx/contenido/infografia/97/infografia-trata miento-de-aguas-residuales

3 Mowbray, Sean, Translated by Steckel Natalia, “Nuevo informe revela la cadena de daños que provocan las aguas residuales al planeta”, Mongabay periodismo ambiental independiente en Latinoamérica, 17 de febrero de 2022.

https://es.mongabay.com/2022/02/nuevo-informe-revela-cadena-de-d anos-que-provocan-las-aguas-residuales-al-planeta/

4 Consejo Consultivo del Agua, A.C., sin fecha de publicación.

https://www.aguas.org.mx/sitio/panorama-del-agua/diagnosticos-de l-agua.html

5 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; p. 73.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/566832/PROMARNAT- 2020-2024.pdf

6 Op cit.

7 Ibidem, p. 74.

8 Ibidem, p. 75 y 76.

9 Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de febrero del año 2020.

10 Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de febrero del 2021.

11 Comunicado de Prensa Núm. 17/22, Ciudad de México, 11 de marzo de 2022.

https://www.gob.mx/semarnat/prensa/se-publica-nom-001-semarnat-2 021-que-establece-limites-de-contaminantes-en-descargas-de-aguas-residuales?idi om=es

12 Ley de Infraestructura de la Calidad, nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2020.

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, 6 de septiembre de 2022.– Diputado Héctor Israel Castillo Olivares (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL Y A LA COLEGISLADORA, A RATIFICAR EL CONVENIO SOBRE LAS VACACIONES PAGADAS C132, 1970 (NÚM. 132) EMITIDO POR LA OIT

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y a la colegisladora a ratificar el Convenio sobre las Vacaciones Pagadas C132, 1970 (número 132) emitido por la OIT, a cargo del diputado José Luis Báez Guerrero, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado José Luis Báez Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 numeral 1, fracción I y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La Organización Internacional del Trabajo, fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra Mundial, y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente, consagrada a la promoción de la justicia social, de los derechos humanos y laborales reconocidos internacionalmente, persiguiendo su misión fundadora: la justicia social es esencial para la paz universal y permanente. Reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados miembros a fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente de todos, mujeres y hombres. La OIT, contribuye a mejorar la situación económica y las condiciones de trabajo que permiten que todos los trabajadores, empleadores y gobiernos participen en el establecimiento de una paz duradera, de la prosperidad y el progreso.

La OIT, es un organismo especializado en materia del trabajo y de justicia social, su misión fundamental la constituye la formulación del derecho internacional de trabajo, actividad que materializa al adoptar en sus Conferencias Internacionales, Convenios, y Recomendaciones; demás, en su vinculación con los Países miembros desempaña funciones de divulgación y asesoría, y con base en una adecuada política laboral, apoya, recomienda, exige el cumplimiento de los instrumentos internacionales ratificados por sus miembros.

El 12 de septiembre de 1931, México se incorporó a la Organización Internacional del Trabajo.

El 9 de marzo del año 1938, México ratificó el Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936 (núm. 52), vigente en nuestro País hasta el día de hoy (84 años). En dicho Convenio se estableció que toda persona a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, después de un año de servicio continuo, a unas vacaciones anuales pagadas de seis días laborables, por lo menos; y, que las personas menores de dieciséis años, incluidos los aprendices, tendrán derecho, después de un año de servicio continuo, a vacaciones anuales pagadas de doce días laborables, por lo menos.

Al respecto, el legislador ordinario de 1970, estableció que los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada año subsecuente de servicios.- Después del cuarto año, el período de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicios.

Para los menores de dieciocho años, se otorgó un período anual de vacaciones pagadas de dieciocho días laborables, por lo menos.

Por razones de salud y por las condiciones particularísimas del trabajo que prestan, suponen un apartamiento muy prolongado de la vida familiar o un desgaste nervioso considerable, a los trabajadores de los buques, les correspondió un período mínimo de doce días laborables de vacaciones anuales pagadas, que se aumentará en dos días laborables, hasta llegar a veinticuatro, por cada año subsecuente de servicios. Con posterioridad se aumentará el período de vacaciones en dos días por cada cinco años de servicios; asimismo, para los trabajadores de tripulaciones aeronáuticas, se les concedió un plazo más amplio, correspondiente a un período anual de vacaciones de treinta días de calendario, no acumulables. Este período podrá disfrutarse semestralmente en forma proporcional, y se aumentará en un día por cada año de servicios, sin que exceda de sesenta días de calendario.

Ahora bien, en el año de 1954, la Organización Internacional del Trabajo, emitió la Recomendación sobre las vacaciones pagadas, número 98, en la que se estableció que toda persona tiene derecho a vacaciones anuales pagadas que n o deben ser inferiores a dos semanas laborables por doce meses de servicio; asimismo, se expresó que los jóvenes trabajadores menores de dieciocho años deben disfrutar de un período de vacaciones anuales pagadas de mayor duración al señalado.

Posteriormente el 24 de junio de 1970, la OIT, en la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 3 junio del mismo año, en su quincuagésima cuarta reunión, después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a las vacaciones pagadas, estableció el Convenio sobre las vacaciones pagadas C132 (revisado), (núm. 132). Convenio que revisa el diverso sobre las vacaciones pagadas número 52 de 1936, estableció que las vacaciones de los trabajadores no serán en ningún caso inferiores a tres semanas laborables por un año de servicios.

Al respecto, 38 países han ratificado el convenio 132 de la Organización, ampliando el plazo de vacaciones conforme a la siguiente tabla:

Además, en los artículos 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; y, 7 inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se garantiza a los trabajadores, el derecho humano al descanso, al disfrute del tiempo libre y a vacaciones periódicas pagadas.

Ahora bien, en el Convenio sobre las vacaciones pagadas número 52, de 1936, se estableció que en caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio. Sin embargo, el Convenio número 132 de 1970, señala que revisa el Convenio sobre las vacaciones pagadas de 1936, e implica ipso jure, la denuncia inmediata del citado Convenio.

En tal sentido, toda vez que no es necesario la denuncia del Convenio número 52, de 1936, lo conducente es la ratificación del Convenio sobre las vacaciones pagadas C132 (revisado), (núm. 132), para proteger los derechos humanos de las personas trabajadoras, de conformidad al principio pro homine consagrado en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizando una duración justa de vacaciones.

En consecuencia, en el deber de proteger y garantizar los derechos humanos laborales reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales, y de otorgar a los trabajadores mejores condiciones laborales y de descanso, de conformidad con los artículos 1o. y 133 de la Constitución Federal; y conforme a las facultades establecidas en los artículos 76 fracción I, segundo párrafo, 77 fracción II y 89 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el suscrito propone el siguiente punto de acuerdo a efecto de exhortar al titular del poder Ejecutivo Federal y a la honorable Cámara de Senadores, a ratificar el Convenio sobre las vacaciones pagadas c132, 1970 (núm. 132) emitido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), conforme al siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, en el marco de sus atribuciones, impulse la ratificación el Convenio sobre las vacaciones pagadas C132, 1970 (núm. 132), emitido por la Organización Internacional del Trabajo.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Honorable Cámara de Senadores, a que ratifique el Convenio sobre las vacaciones pagadas C132, 1970 (núm. 132), emitido por la Organización Internacional del Trabajo.

Notas

1. https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang–es/index.html

2. (Instituto de Investigaciones Juridicas, UNAM., 2016)

3.https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB: 11300: 0:: NO:: P11300_INSTRUMENT_ID: 312197

4. Artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo de 1970.

5. Artículo 179 de la Ley Federal del Trabajo de 1970.

6. (De Buen L., 2002)

7. Artículo 199 de la Ley Federal del Trabajo de 1970

8. Artículo 233 de la Ley Federal del Trabajo de 1970.

9.https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB: 12100: 0:: NO:: P12100_INSTRUMENT_ID: 312436

10.https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB: 12100: 0:: NO:: P12100_ILO_CODE: C13

11. https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000: 11300: 0:: NO: 113 00: P11300_INSTRUMENT_ID: 312277

12. Artículo 24: “Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”.

13. Artículo 7 inciso d): “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:...d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos”.

14. Artículo 15, del Convenio sobre las vacaciones pagadas número 52, de 1936.

(http://cedhj.org.mx/transparencia/II/II_B/Convenios_derechos_la borales/Convenio%20(Int_del_Trab_52).pdf)

15. Artículo 16, del Convenio sobre las vacaciones pagadas número 132, de 1970.

(https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB: 12100: 0:: NO:: P12100_ILO_CODE: C132#:~: text=Art%C3%ADculo%204-,1.,sus%20servicios%20en%20dicho%20a%C3%B1o.)

Dado en el salón de sesiones el 6 de septiembre de 2022.– Diputado José Luis Báez Guerrero (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, A EXPEDIR EL REGLAMENTO DE LA LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a expedir el Reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad, a cargo del diputado José Luis Báez Guerrero, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado José Luis Báez Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 numeral 1, fracción I y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Los reglamentos permiten proveer la exacta observancia de las leyes en la esfera administrativa. Este ejercicio se manifiesta en la facultad conferida al Presidente de la República y a los Gobernadores de los Estados, en sus respectivos ámbitos competenciales, para la expedición de disposiciones generales, abstractas e impersonales que tienen por objeto la ejecución de la ley, desarrollando y completando en detalle sus normas, pero sin que, pueda excederse el alcance de sus mandatos, contrariarse o alterarse sus disposiciones, por ser precisamente la ley su medida y justificación.

Dicho lo anterior, el 1 de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Infraestructura de la Calidad, misma que tiene por objeto fijar y desarrollar las bases de la política industrial en el ámbito del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, a través de las actividades de normalización, estandarización, acreditación, Evaluación de la Conformidad y metrología, promoviendo el desarrollo económico y la calidad en la producción de bienes y servicios, a fin de ampliar la capacidad productiva y el mejoramiento continuo en las cadenas de valor, fomentar el comercio internacional y proteger los objetivos legítimos de interés público previstos en este ordenamiento.

Esta ley, como lo refiere la exposición de motivos, buscaba actualizar la normatividad vigente para continuar incentivando el intercambio de bienes, productos, procesos y servicios en el contexto internacional de manera ágil, eliminando barreras innecesarias e injustificadas al comercio. Pretendía: “ homologar los procedimientos de normalización, estandarización, evaluación de la conformidad y metrología, ...consolidar la rectoría de la Secretaría de Economía sobre los mismos, buscando generar claridad y seguridad sobre sus alcances; y modernizar el marco normativo actual para reflejar adecuadamente los compromisos asumidos por el Estado Mexicano bajo los tratados internacionales vigentes, así como las mejores prácticas internacionales.”

Al respecto y una vez publicada la misma en el Diario Oficial de la Federación, precisa que el ámbito de aplicación de ésta y su Reglamento es para todo el proceso de normalización, estandarización, acreditación y evaluación de la conformidad, y prevalecerá sobre cualquier otroprevisto en la legislación aplicable a las Autoridades Normalizadoras.

Refiere que  en el Reglamento de  la Ley de Infraestructura de la Calidad, se establecerán los términos en que se desarrollarán los elementos complementarios que deberán contener la regulación que regirá, entre otros, la normalización para la industria de la construcción, vías generales de comunicaciones, seguridad vial, la protección del derecho a la información, protección al medio ambiente, seguridad alimentaria y protección a la sanidad animal y vegetal, así como aquélla relacionada con el fomento y protección de denominaciones de origen.

Determina que en materia de protección del derecho a la información, el Reglamento deberá considerar, entre otros, los sellos o declaraciones que los bienes, productos, procesos y servicios comercializados en territorio nacional deben ostentar, el uso de las contraseñas oficiales, así como la información comercial, sanitaria o de otro tipo que deba formar parte del etiquetado de un bien o producto, en protección de los intereses de los consumidores.

En el diverso artículo 15 precisa que las instancias encargadas de la normalización forman parte del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, a saber, la Comisión, las Autoridades Normalizadoras y los Comités Consultivos Nacionales de Normalización. En los artículos subsecuentes, habla de la integración y atribuciones de cada uno de ellos y, en la mayoría nos remite al reglamento de la ley materia.

En una parte importante materia de la presente ley, cita que las Normas Oficiales Mexicanas deberán ser redactadas y estructuradas de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en su Reglamento y, además tanto el reglamento  como la Comisión establecerán la clasificación de las Normas Oficiales Mexicanas considerando los objetivos legítimos de interés público que persigan.

La ley obliga que las Normas Oficiales Mexicanas deben ser revisadas al menos cada cinco años posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación o de aquélla de su última modificación, a través de un proceso de revisión sistemática que se ajuste a lo previsto en el Reglamento, debiendo notificar el informe al Secretariado Ejecutivo de la Comisión con los resultados de la revisión, dentro de los sesenta días posteriores a la terminación del período quinquenal correspondiente.

En atención a esta y otras muchas referencias más, se hace patente la necesidad de contar con el citado reglamento, mismo que a la fecha no se encuentra publicado, no obstante que ya transcurrió el término de doce meses a partir de la entrada en vigor de la Ley de Infraestructura de la Calidad.

Cabe precisar que el diverso numeral tercero transitorio refiere que:

“

Al respecto, el término “en tanto” debe entenderse como el lapso que transcurre a partir de la entrada en vigor de la ley de Infraestructura de la calidad hasta el término de doce meses siguientes, intervalo durante el cual el ejecutivo federal deberá expedir el reglamento a la ley y, mientras ello ocurre se continuará aplicando en lo que no se oponga, el diverso Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Queda claro que el lapso de tiempo que tenía el ejecutivo federal a efecto de expedir el multicitado reglamento ya transcurrió en exceso. Y que ya no se cumple la condición a efecto de continuar aplicando el diverso reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, porque éste, como se reitera, solo se aplicaría durante el tiempo que se otorgó al Ejecutivo Federal a efecto de expedir la normativa reglamentaria referida. Situación que no ha ocurrido a la fecha.

La falta de expedición del reglamento repercute en la exacta observancia de la ley de Infraestructura multicitada.

La falta de emisión del reglamento imposibilita el cumplimiento de los fines establecidos en la exposición de los motivos para la expedición de esta nueva ley.

Por ello, es importante contar con un marco jurídico sólido en materia de Infraestructura de la Calidad que permita prever e implementar disposiciones reglamentarias y que éstas a su vez permitan la exacta y oportuna aplicación de la ley.

Por lo anterior, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del poder Ejecutivo Federal a que en uso de las facultades regulatorias que le otorga el artículo 89 constitucional expida a la brevedad posible el Reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad, lo anterior en cumplimiento al diverso artículo tercero transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Infraestructura de la Calidad, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de Julio de 2020.

Notas

1. Tesis: 2a. I/2015 (10a.), Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, febrero de 2015, Tomo II, página 1770, del rubro: “Principio de subordinación jerárquica. se vulnera cuando un reglamento contraría una ley distinta a la que desarrolla, complementa o detalla, pero con la cual guarda vinculación.”

2. Tesis: 2a. CXV/99, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, septiembre de 1999, página 266, del rubro: “Facultad reglamentaria. los conceptos de violación que se refieran a su infracción, deben establecer una contrariedad o exceso de los mandatos legales por la disposición reglamentaria, como condición para revelar una violación directa a la constitución federal”.

3. Artículo 1 de la Ley de Infraestructura de la Calidad.

4. http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2020/03/asun_ 4021086_20200318_1584565942.pdf

5. Ley publicada en la Primera Sección-Vespertina al Número 2 del Diario Oficial de la Federación, el 1 de julio de 2020.Dado en el salón de sesiones el día 6 de septiembre de 2022.

6. Ibídem Artículo 9.

7. Ibídem Artículo 11.

8. Ibídem Artículo 30.

9. Ibídem Artículo 1o Transitorio.

Dado en el salón de sesiones el 6 de septiembre de 2022.– Diputado José Luis Báez Guerrero (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

RELATIVO A LOS PROYECTOS PARA CONSULTA PÚBLICA SOBRE LAS ESPECIFICACIONES QUE DEBE CUMPLIR TODO PRODUCTO COMERCIALIZADO Y DENOMINADO COMO VINO EN TERRITORIO NACIONAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SE con relación a los proyectos para consulta pública sobre las especificaciones que debe cumplir todo producto comercializado y denominado como vino en territorio nacional, a cargo del diputado José Luis Báez Guerrero, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado José Luis Báez Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 numeral 1, fracción I y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El primero de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Infraestructura de la Calidad que abroga la diversa Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Esta ley tiene porobjeto fijar y desarrollar las bases de la política industrial en el ámbito del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, a través de las actividades de normalización, estandarización, acreditación, Evaluación de la Conformidad y metrología, promoviendo el desarrollo económico y la calidad en la producción de bienes y servicios, a fin de ampliar la capacidad productiva y el mejoramiento continuo en las cadenas de valor, fomentar el comercio internacional y proteger los objetivos legítimos de interés público.

Corresponde a laSecretaría de Economía encabezar las acciones de política pública para fortalecer el Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad; y lasAutoridades Normalizadoras deben procurar políticas públicas que contribuyan a la modernización del referido Sistema, a impulsar una adecuada infraestructura de la calidad que permita estimular el crecimiento de la industria, así como a la consecución de los diversos objetivos legítimos de interés público previstos en esta Ley.

En esos términos, la ley define al Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad como aquel que tiene por objeto coordinar a las autoridades de todos los órdenes de gobierno en sus respectivos ámbitos de competencia, a las Autoridades Normalizadoras, al Centro Nacional de Metrología, a los Institutos Designados de Metrología, a las Entidades de Acreditación, a los Organismos de Evaluación de la Conformidad, a los Organismos Nacionales de Estandarización y a los sujetos facultados para estandarizar, a través de regulaciones, estrategias y principios para que la política nacional en materia de normalización, estandarización, Evaluación de la Conformidad y metrología, que fomente la calidad y el desarrollo económico.

Al efecto es necesaria la emisión de un Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad como un instrumento de planeación, conducción, coordinación e información de las actividades de normalización, estandarización y metrología a nivel nacional. Dicho Programa deberá alinearse con el Plan Nacional de Desarrollo, así como con los programas sectoriales de las Autoridades Normalizadoras y solo podrá complementarse a través del Suplemento; ambos deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 30 de agosto del año de que se trate.

En esos términos, y respecto al tema que corresponde al presente punto de acuerdo se resalta que la actividad vitivinícola en el país ha tenido un gran auge y aceptación nacional e internacional, 147 medallas en la 27a edición del “Concurso Mundial de Bruselas” y primer lugar al mejor Cabernet Sauvignon del Mundo en el “Concurso Mundial de Cabernets” de un vino mexicano son la muestra.

En los últimos años el consumo nacional de vino ha aumentado de 450 a 950 mililitros por persona, con sus más de 37 hectáreas dedicadas a esta actividad se generan casi medio millón de toneladas de uva y de esta cantidad solo el 12.5% se destina a la elaboración de vinos.

Porcentaje que representa 36 millones de litros de vino al año y genera más de 500 mil empleos.

En esos términos y en aras de fortalecer dicha actividad se requieren reglas precisas. Se necesita dar unidad a la regularidad para llevar a cabo esta actividad.

Al respecto, en el Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2021, en la sección “1.4 Secretaría de Economía.” “I. TEMAS NUEVOS DE ACUERDO CON LA LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD” refiere de la necesidad de emitir una Norma Oficial Mexicana “NOM-XXX-SE-2020” porque en nuestro país se ha comenzado a desarrollar una importante producción de vino destinada al mercado nacional y de exportación, por lo que:

“ es necesario trabajar las especificaciones que debe cumplir todo producto comercializado y denominado como vino en territorio nacional, sus denominaciones e información comercial que deben cumplir en sus etiquetas, así como los métodos de prueba para validar la autenticidad del producto. Elaborar el procedimiento para la evaluación de la conformidad para que los productores e importadores demuestren el cumplimiento de la norma oficial mexicana.”

Dicho trabajo debió realizarse durante los meses de enero a diciembre de 2021 sin que a la fecha se haya emitido norma oficial alguna.

En otro punto de dicho programa, sección “3. SECCIÓN DE NORMAS MEXICANAS” “II. Normas vigentes a ser modificadas.” “B. Temas reprogramados.” “B.1) Que han sido publicados para consulta pública” “8. Modificación a la Norma Mexicana NMX-V-012-NORMEX-2005, Bebidas alcohólicas- Vino — Especificaciones” y “10. Modificación a la Norma Mexicana NMX-V-047-NORMEX-2009, Bebidas Alcohólicas-Vino espumoso y Vino Gasificado- Denominación, Etiquetado y Especificaciones.” Precisa que en las mismas se deben incluir las actualizaciones de Denominación, Etiquetado y Especificaciones, correspondientes al producto denominado Vino y vino generoso, que se comercializan en los Estados Unidos Mexicanos de acuerdo a la normatividad internacional actual.

Ambas propuestas con una duración de trabajo de enero a diciembre de 2021.

Sin embargo, dichas propuestas de normas oficiales antes referidas no fueron realizadas y en el nuevo Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2022 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2022 no incluye la creación ni modificación de las Normas Oficiales referidas en párrafos precedentes ni otra alguna relacionada con el “vino” o actividad “Vitivinícola”.

Por ello y en aras de atender las consideraciones establecidas en el mismo Programa Nacional de Infraestructura vigente como son:

• Fomentar el desarrollo económico de los sectores productivos y regiones del país,

• Incrementar la innovación e impulsar la competencia en el mercado interno

• Brindar las condiciones óptimas para estimular la competencia a través de reglas claras que promuevan una cultura de confianza ciudadana y consumo responsable,

• Así como el fortalecimiento del Sistema Nacional de Normalización, Evaluación de la Conformidad y Metrología (Infraestructura de la Calidad) para garantizar la seguridad y calidad de los productos y servicios en beneficio de todas las personas

Se propone el siguiente punto de acuerdo a efecto de que

Punto de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía para que incluya dentro de su programa de trabajo para el año inmediato siguiente y remita al Secretariado Ejecutivo de la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad proyecto de Norma Oficial Mexicana y/o Norma Mexicana, así como los proyectos para consulta pública relacionados a las especificaciones que debe cumplir todo producto comercializado ydenominado como vino en territorio nacional, sus denominaciones e información comercial que deben cumplir en sus etiquetas, así como los métodos de prueba para validar la autenticidad del producto; y elaborar el procedimiento para la evaluación de la conformidad para que los productores e importadores demuestren el cumplimiento de la norma oficial mexicana.

Segundo. - La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a las Autoridades Normalizadoras de la administración pública federal, a actualizar las Normas Oficiales Mexicanas “NMX-V-012-NORMEX-2005 Bebidas alcohólicas- Vino — Especificaciones” y “NMX-V-047-NORMEX-2009, Bebidas Alcohólicas-Vino espumoso y Vino Gasificado- Denominación, Etiquetado y Especificaciones” para que en ambas se incluyan las actualizaciones de Denominación, Etiquetado y Especificaciones, correspondientes al producto denominado Vino y vino generoso, que se comercializan en los Estados Unidos Mexicanos de acuerdo a la normatividad internacional actual.

Notas

1. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596009&fecha=01/07/2020

2. Artículo 1o. de la Ley de Infraestructura de la Calidad

3. Ibídem art. 2.

4. Ibídem art. 3.

5. Ibídem art. 4 fracción XXII

6. Ibídem art. 29.

7. https://lideresmexicanos.com/tendencias/nom-de-vinos-mexicanos/

8. https://www.dof.gob.mx/2021/SEECO/ECONOMIA_250221.pdf

9. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5643672&fecha=24/ 02/2022#gsc.tab=0

10. Programa Sectorial de Economía 2020-2024

(https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/programa-sectorial-d e-economia-2020-2024)

Dado en el salón de sesiones el 6 de septiembre de 2022.– Diputado José Luis Báez Guerrero (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

EXHORTO A LOS GOBIERNOS DE NUEVO LEÓN Y DE TAMAULIPAS Y A LA CONAGUA, A REVISAR EL ACUERDO PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS DEL RÍO SAN JUAN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos de Nuevo León, de Tamaulipas y a la Conagua a revisar las condiciones del “acuerdo de coordinación, celebrado el 13 de noviembre de 1996, para el aprovechamiento de las aguas del Río San Juan”, a cargo de la diputada Mariana Mancillas Cabrera, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada Mariana Mancillas Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta Honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta respetuosamente a los titulares de los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas, así como al director general de la Comisión Nacional del Agua, a revisar las condiciones del “Acuerdo de Coordinación celebrado el 13 de noviembre de 1996, para el aprovechamiento de las aguas del río San Juan”.  

Consideraciones

1. El 13 de noviembre de 1996, los Gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas, la Comisión Nacional del Agua, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, y Asociaciones Civiles de Usuarios del Distrito de Riego 026, firmaron el Acuerdo de Coordinación para el Aprovechamiento de las Aguas del Río San Juan.

El Acuerdo se dio en un complejo escenario político que registró distintos eventos y conflictos entre los habitantes de los dos estados, contexto que también fue conocido como: “ La guerra del agua” el altercado fue provocada por el aprovechamiento del agua que almacena la presa El Cuchillo. El Acuerdo de Coordinación, buscó dar respuesta a las necesidades de agua tanto del estado de Tamaulipas para el Distrito de Riego 026 como para el consumo humano de los ciudadanos residentes en la Zona Metropolitana de Nuevo León.

2. Compartir agua estableciendo las reglas a través del Acuerdo de Coordinación, se dio en un marco regional que buscaba beneficiar a ambos estados, así lo reflejan las reglas de operación de la presa El Cuchillo, pues son de administración regional e integral de las fuentes de agua. Estas son las condiciones más importantes del Acuerdo:

“ En noviembre de cada año deben trasvasarse los excedentes de 315 Mm3, de la presa El Cuchillo hacia la presa Marte R. Gómez, siempre y cuando esta última tuviera menos de 700 Mm3 almacenados. El Acuerdo de noviembre 13 de 1996 estipula que la decisión de transferir el agua de El Cuchillo a Marte R. Gómez, se toma en función de los almacenamientos existentes al 31 de octubre de cada año. También se contempla que, en mayo de cada año, la Conagua hace una valoración de las disponibilidades regionales, por si se tienen que reprogramar las transferencias a la presa Marte R. Gómez. Estas transferencias se analizan a la luz de la disponibilidad regional de agua —en las distintas fuentes— toda vez que el suministro de agua al AMM de facto las tiene que considerar —bien sea en términos del abasto mismo a la metrópoli o de los excedentes a transferir a la presa Marte R. Gómez, incluyendo, por supuesto, el envío del agua tratada comprometida en los Acuerdos de 1990 y de 1996.”

Las transferencias del recurso, el manejo de las aguas del Río San Juan y de las cuencas, involucran a usuarios de los dos estados:

“ En 1996 se establecen los acuerdos para el aprovechamiento de las aguas del río San Juan, estableciendo entre otros las políticas de operación de las presas localizadas en la cuenca.”

El control y operación de la presa el Cuchillo, lo tiene la Comisión Nacional del Agua:

“ El Acuerdo de Coordinación de 1996 establece que la presa El Cuchillo estará bajo control y operación de la Comisión Nacional del Agua (Clausula Quinta, Inciso C), en concordancia con la Ley de Aguas Nacionales.

Lo anterior da el carácter regional a las soluciones en torno al recurso hídrico en la zona. Todos los embalses y sus correspondientes cuencas de aportación forman parte integral de la cuenca del Río Bravo, sobre la que obra también una vigilancia internacional. En este sentido es que el manejo conjunto de las presas cobra especial relevancia, como también lo hace el trabajo que conjuntamente tienen que realizar la Conagua y la CILA. Vale la pena subrayar que el Río San Juan es un tributario del Río Bravo y por ende queda vinculado con este entorno regional.”

3. A 25 años de la entrada en vigor del Acuerdo de Coordinación de 1996, las condiciones en ambos estados son totalmente diferentes; en el caso de Nuevo León, el número de habitantes es mucho mayor al de 1996, de acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el Censo de Población y Vivienda 2020, el número de habitantes es de 5 784 442, ocupa el lugar 7 a nivel nacional por su número de habitantes, subió 1 lugar con respecto a 2010.

 La dinámica de crecimiento población es de:

El aumento de población de 1996 al 2022, es de prácticamente 3 000,000 de personas. Considerando que en Nuevo León el uso del agua que almacena la presa El Cuchillo es destinada al consumo humano y urbano doméstico, se requiere mayor cantidad de agua para satisfacer las necesidades del creciente número de población, que en su mayoría habita en zonas urbanas, el INEGI señala que en el estado reside el 78% de la población en localidades urbanas y el 22% en rurales.

Actualmente, la población que reside en la Zona Metropolitana de Nuevo León sufre la peor crisis de escasez de agua, no tienen garantizado el abasto del recurso, en muchas ocasiones se abastecen de agua por medio de tandeo en pipas que se reparten en algunas colonias de los diferentes municipios que forman parte del área Metropolitana. El 3 de febrero del año en curso, el Gobierno estatal emitió la Declaratoria de Emergencia por sequía, exhortando a los sectores público, social y privado a realizar acciones para mitigar la falta de agua.  En la Declaratoria se señala:

“ Se suspenden todas las actividades que por su naturaleza ameriten el uso excesivo de agua. Se deberán realizar todas las acciones de carácter preventivo que eviten la operación de infraestructura hidráulica, para ayudar a mitigar los efectos de la falta de agua”

Los niveles de agua que mantienen las presas y que abastecen a la Zona Metropolitana son inferiores a lo requerido para satisfacer la demanda del recurso:

“ Con base en los resultados de los análisis y dictámenes realizados por la Comisión Nacional del Agua y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., se emite la presente Declaratoria de Emergencia por ocurrencia de sequía, conforme a lo expresado en los Considerandos de este instrumento y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de Protección Civil del Estado de Nuevo León, en virtud de que a esta fecha se han presentado bajos niveles de volumen en la Presa Cerro Prieto con el 9.88%; la Presa La Boca con un 25.28%, y la Presa el Cuchillo con un 53.98% de su capacidad de almacenamiento”

El 22 de marzo de 2022, dio inició el Plan “Agua para todos” el cual consiste en dividir el área Metropolitana en 7 zonas en las que un solo día a la semana se reducirá la presión del agua a partir de las 9 de la mañana. El plan se ha ido adaptando a las circunstancias para tratar de dar respuesta a las demandas del vital líquido. Con esta estrategia se pusieron en marcha nuevas recomendaciones para el uso del agua.

El escenario antes descrito es muy preocupante, no existe una alternativa real por parte del Gobierno del estado para dar respuesta a la situación, durante el mes de febrero donde se realizó la Declaratoria de Emergencia por sequía a la fecha las presas que abastecen la Zona Metropolitana siguen en su nivel más bajo.

4. La situación de escasez de agua y sequía es alarmante, en la Zona Metropolitana se vive una situación preocupante, constantemente se presentan manifestaciones y bloqueos por falta de agua, las pipas que abastecen por tandeo a las colonias no se dan abasto, existe un riesgo real de llegar a niveles de ingobernabilidad en distintas zonas. Muchas personas se han visto en la necesidad de tomar el agua de manera riesgosa en las fugas de agua que se han presentado. De las opciones para dar respuesta a la escasez de agua, el Gobierno del estado se ve inoperante y manifiesta en reiteradas ocasiones que espera la temporada de lluvias; una respuesta poco alentadora para el escenario que enfrentamos. Es necesario buscar alternativas reales a corto, mediano y largo plazo.

5. El 12 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “ACUERDO de carácter general de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2022.” Se considera que, alrededor de tres cuartas partes del país no han presentado lluvias, otras partes del territorio tienen un grado de sequía, solo la parte sur del país no presenta este panorama.

Prácticamente todos los estados del norte tienen algún tipo de sequía, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Baja California presentan sequía extrema, mientras que Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Sinaloa, exhiben sequía severa. En el “Monitor de Sequía de México” del 18 de julio, se puede observar que existen 764 municipios con sequía”.

En el Acuerdo de carácter general de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2022, se señala:

Entre las medidas transitorias concertadas, se prevé la limitación temporal a los derechos de agua existentes, a través de la reducción provisional de volúmenes a los usuarios de las cuencas que se encuentren en condición de sequía severa, extrema o excepcional, a fin de abastecer agua para uso doméstico y público urbano a las poblaciones que se encuentren sin este recurso natural por efecto de dicho fenómeno, en términos de lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales y atendiendo a las condiciones generales establecidas en los títulos de concesión.

Los Programas de Medidas Preventivas y de Mitigación de los respectivos 26 Consejos de Cuenca, consideran el ámbito geográfico de los municipios para fácil identificación de las medidas preventivas y de mitigación que se aplicarán.

Con la publicación del Acuerdo y su entrada en vigor, la Conagua podría reducir los niveles de agua de los usuarios que forman parte de las cuencas en condición de sequía severa, extrema o excepcional, dándole prioridad al consumo doméstico y público urbano de las poblaciones afectadas. Lo anterior, traería consecuencias a la industria y la agricultura, serían los sectores afectados con la medida, sus volúmenes de agua no serían los mismos.

6. Para dar respuesta a la escasez de agua, el 1 de agosto se dio a conocer que el Gobierno de Nuevo León y la Federación arrancarían con la construcción de “El Cuchillo II”. “

El Acuerdo de Coordinación para el Aprovechamiento de las Aguas del Río San Juan, se firmó a finales del siglo pasado con condiciones muy distintas a las actuales, es necesario revisar el Acuerdo y actualizar sus condiciones. Cuatro años antes de lo que hoy vivimos, en 2018 legisladores del Partido Acción Nacional tanto a nivel federal como en el Congreso del estado, ya habíamos solicitado se revisara el acuerdo, esta situación de escasez de agua y sequía se veía venir desde hace varios años tanto por el incremento en el número de población y la demanda de mayor recurso, como por el uso indiscriminado que se le da al agua para otras actividades no relacionadas al consumo humano. Con la construcción de “El Cuchillo II” se deben revisar las condiciones del Acuerdo considerando que una buena parte de agua se destina al distrito de riego 026 en Tamaulipas, el agua que se consigna para ese fin, podría ser utilizada y aprovechada para los neoleoneses y satisfacer la demanda para consumo humano.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los titulares de los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas, así como al Director General de la Comisión Nacional del Agua, a revisar las condiciones del “Acuerdo de Coordinación celebrado el 13 de noviembre de 1996, para el aprovechamiento de las aguas del río San Juan” con la finalidad de actualizar la información respecto al crecimiento urbano, actividades productivas, población, disponibilidad de agua en la cuenca, variaciones en el consumo en todos los usos, variabilidad climática y considerar la demanda creciente de agua, principalmente para consumo público urbano e industrial que existe actualmente en la zona metropolitana de Monterrey y su área de influencia, esto con el objetivo de asegurar en un futuro un abasto y gestión sustentable de los recursos hídricos para toda la población en la región.

Notas

1. Aguilar Barajas Ismael, P. N. y Ramírez Orozco Aldo I. Agua para Monterrey Logros, retos y oportunidades para Nuevo León y México, recuperado de:

https://www.sadm.gob.mx/PortalSadm/Docs/aguaparamonterrey-media. pdf revisión hecha el 16 de agosto de 2022.

2. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) Censo de Población y Vivienda 2020 recuperado de:

https://inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/cpv2020_ pres_res_nl.pdf revisión hecha el 16 de agosto 2022.

3. Instituto Nacional de Estadística y Geografía Información por Entidad, distribución. Recuperado de:

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nl/poblacio n/distribucion.aspx?tema=me&e=19 revisión hecha el 16 de agosto de 2022.

4. Comisión Nacional del Agua Monitor de Sequía de México recuperado de:

https://smn.conagua.gob.mx/tools/DATA/Climatolog%C3%ADa/Sequ%C3% ADa/Monitor%20de%20sequ%C3%ADa%20en%20M%C3%A9xico/Seguimiento%20de%20Sequ%C3%AD a/MSM20220715.pdf revisión hecha el 19 de agosto de 2022.

5. Diario Oficial de la Federación ACUERDO de carácter general de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2022 recuperado de:

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5657697&fecha=12/ 07/2022#gsc.tab=0 revisión hecha el 19 de agosto de 2022.

6. Gobierno del estado de Nuevo León Formalizan Gobierno de Nuevo León y Federación arranque de construcción de El Cuchillo II recuperado de:

https://www.nl.gob.mx/boletines-comunicados-y-avisos/formalizan- gobierno-de-nuevo-leon-y-federacion-arranque-de revisión hecha el 19 de agosto de 2022.

Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2022.– Diputada Mariana Mancillas Cabrera (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO DE NUEVO LEÓN A GENERAR UNA ESTRATEGIA SOBRE LAS ACCIONES Y LAS OBRAS HIDRÁULICAS A INSTRUMENTARSE PARA ENFRENTAR LA ESCASEZ DE AGUA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León y a los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey a generar una estrategia sobre las acciones y las obras hidráulicas estatales por instrumentarse para hacer frente a la escasez de agua, a cargo de la diputada Mariana Mancillas Cabrera, del Grupo Parlamentario del PAN

Mariana Mancillas Cabrera, en mi carácter de diputada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 1, fracción II del reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta Honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta respetuosamente al Gobernador del estado de Nuevo León y al Director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey a generar una estrategia de corto, mediano y largo plazo sobre las acciones y las obras hidráulicas estatales a instrumentarse para hacer frente a la escasez de agua que padecen los habitantes de la Zona Metropolitana de Monterrey.

Consideraciones

1. Los habitantes de la Zona Metropolitana de Monterrey sufren la peor crisis de sequía y escasez de agua que se tenga registro en el estado de Nuevo León. La población que habita en esta zona, no tiene garantizado el abasto del recurso, en muchas ocasiones se abastecen de agua por medio de tandeo en pipas que se reparten en algunas colonias de los diferentes municipios que forman parte del área Metropolitana. El 3 de febrero del año en curso, el Gobierno de Nuevo León, emitió la Declaratoria de Emergencia por sequía, exhortando a los sectores público, social y privado a realizar acciones para mitigar la falta de agua.  En la Declaratoria se señala:

“ Se suspenden todas las actividades que por su naturaleza ameriten el uso excesivo de agua. Se deberán realizar todas las acciones de carácter preventivo que eviten la operación de infraestructura hidráulica, para ayudar a mitigar los efectos de la falta de agua”

Los niveles de agua que mantienen las presas y que abastecen a la zona Metropolitana, son inferiores a lo requerido para satisfacer la demanda del vital recurso:

“ Con base en los resultados de los análisis y dictámenes realizados por la Comisión Nacional del Agua y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., se emite la presente Declaratoria de Emergencia por ocurrencia de sequía, conforme a lo expresado en los Considerandos de este instrumento y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley de Protección Civil del Estado de Nuevo León, en virtud de que a esta fecha se han presentado bajos niveles de volumen en la Presa Cerro Prieto con el 9.88%; la Presa La Boca con un 25.28%, y la Presa el Cuchillo con un 53.98% de su capacidad de almacenamiento”

2. El 22 de marzo, dio inició el Plan “Agua para todos” consiste en dividir el área Metropolitana en 7 zonas en las que un solo día a la semana se reducirá la presión del agua a partir de las 9 de la mañana. El plan se ha ido adaptando a las circunstancias para tratar de dar respuesta a las demandas del recurso. Con esta estrategia se pusieron en marcha nuevas recomendaciones para el uso del agua.

El escenario antes descrito es muy preocupante, del mes de febrero a la fecha las presas que abastecen la Zona Metropolitana siguen en su nivel más bajo, hasta llegar al punto donde ya no es posible extraer agua.

3. El 12 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “ACUERDO de carácter general de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2022.” Se considera que, alrededor de tres cuartas partes del país no han presentado lluvias, otras partes del territorio tienen un grado de sequía, solo la parte sur del país no presenta este panorama.

Prácticamente todos los estados del norte tienen algún tipo de sequía, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Baja California presentan sequía extrema, mientras que Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Sinaloa, exhiben sequía severa. En el “Monitor de Sequía de México” del 18 de julio, se puede observar que existen 764 municipios con sequía”.

En el ACUERDO de carácter general de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2022, se señala:

Entre las medidas transitorias concertadas, se prevé la limitación temporal a los derechos de agua existentes, a través de la reducción provisional de volúmenes a los usuarios de las cuencas que se encuentren en condición de sequía severa, extrema o excepcional, a fin de abastecer agua para uso doméstico y público urbano a las poblaciones que se encuentren sin este recurso natural por efecto de dicho fenómeno, en términos de lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales y atendiendo a las condiciones generales establecidas en los títulos de concesión.

Los Programas de Medidas Preventivas y de Mitigación de los respectivos 26 Consejos de Cuenca, consideran el ámbito geográfico de los municipios para fácil identificación de las medidas preventivas y de mitigación que se aplicarán.

Con la publicación del Acuerdo y su entrada en vigor, la Conagua podría reducir los niveles de agua de los usuarios que forman parte de las cuencas en condición de sequía severa, extrema o excepcional, dándole prioridad al consumo doméstico y público urbano de las poblaciones afectadas. Lo anterior, traería consecuencias en la industria y la agricultura; serían los sectores afectados con la medida, sus volúmenes de agua no serían los mismos.

La situación de escasez de agua y sequía que viven los habitantes del estado de Nuevo León es alarmante, en la Zona Metropolitana se vive una situación grave, constantemente se presentan manifestaciones y bloqueos por falta de agua, las pipas que abastecen por tandeo a las colonias no se dan abasto, existe un riesgo real de llegar a niveles de ingobernabilidad en distintas zonas. Muchas personas se han visto en la necesidad de tomar el agua de manera riesgosa por medio de las tuberías o de las fugas de agua que se han presentado.

4. El 1 de agosto, el Secretario de Gobernación y el Gobernador del estado, anunciaron la construcción del Acueducto El Cuchillo II; con el acueducto pretenden llevar agua de la Presa El Cuchillo a la Zona Metropolitana. La construcción busca aliviar por un período de tiempo la escasez de agua, empleando el agua del embalse para ser distribuido a la población. Durante el evento, se precisó que se reducirá el nivel de agua que recibe la industria para hacerlo llegar a los hogares, el Director de la CONAGUA informó que, “se seguirán celebrando convenios con la industria ya que el agua no se les quitará a la fuerza, esta es una tarea de unidad y participación”.

El 13 de agosto, el Presidente de la República visitó el estado de Nuevo León y se reunió con el Gobernador para formalizar la construcción del acueducto y dar detalles de la construcción del mismo:

“ Vamos a arrancar, a inaugurar el segundo ducto, el famoso Cuchillo II, que nos va a traer 5,000 litros por segundo adicionales a la ciudad de Monterrey, este ducto debió haberse construido en 1996”, dijo el presidente López Obrador.

“ Esto es parte de un plan ambicioso para garantizar agua de aquí a 2050, el Cuchillo II, la Presa Libertad, los pozos someros, los pozos profundos, la sectorización en Agua y Drenaje, los reductores (de presión)”, agregó el mandatario federal.

5. El escenario que enfrentamos los neoleoneses es producto de una serie de circunstancias e inacciones por parte de los gobiernos estatales, quienes, con una visión muy corta no actuaron de manera adecuada ante una crisis que se veía venir. No solo se trata del aumento de población y la demanda de mayor recurso lo que nos puso en esta situación, es un problema multifactorial donde las administraciones estatales pasadas y la actual no buscaron solucionar y construir fuentes de abastecimiento para un período mayor de tiempo y no afrontaron el problema con una agenda u hoja de ruta que no cambie cada seis años y que pudiera garantizar el abasto de agua para las futuras generaciones.

La propuesta del Gobierno federal de reducir el volumen de agua a la industria, no es una buena opción, la industria, sostiene a miles de familias que de manera directa o indirecta laboran para empresas que utilizan el agua para la creación de sus productos. Es indispensable buscar mayores soluciones a la escasez de agua, enfocar los recursos al acueducto El Cuchillo II será una solución temporal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobernador del estado de Nuevo León y al Director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey a generar una estrategia de corto, mediano y largo plazo sobre las acciones y las obras hidráulicas estatales a instrumentarse para hacer frente a la escasez de agua que padecen los habitantes de la Zona Metropolitana de Monterrey.

Notas

1.- Comisión Nacional del Agua Monitor de Sequía de México recuperado de:

https://smn.conagua.gob.mx/tools/DATA/Climatolog%C3%ADa/Sequ%C3% ADa/Monitor%20de%20sequ%C3%ADa%20en%20M%C3%A9xico/Seguimiento%20de%20Sequ%C3%AD a/MSM20220715.pdf revisión hecha el 19 de agosto de 2022.

2.- Diario Oficial de la Federación ACUERDO de carácter general de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2022 recuperado de:

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5657697&fecha=12/ 07/2022#gsc.tab=0 revisión hecha el 19 de agosto de 2022.

3.- Flores Lourdes El Economista A puerta cerrada, AMLO y Samuel García supervisan condiciones para construir el acueducto El Cuchillo IIrecuperado de:

https://www.eleconomista.com.mx/estados/A-puerta-cerrada-AMLO-y- Samuel-Garcia-supervisan-condiciones-para-construir-el-acueducto-El-Cuchillo-II -20220813-0018.html revisión hecha el 19 de agosto de 2022.

Ciudad de México a 6 de septiembre de 2022– Diputada Mariana Mancillas Cabrera (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

ACCIONES DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN NECESARIAS EN LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC, a la Guardia Nacional y a la SICT a implementar las acciones de seguridad, vigilancia y protección necesarias en la autopista México-Puebla, con la finalidad de evitar los asaltos y proteger a la ciudadanía, a cargo del diputado Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Mario Gerardo Riestra Piña, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Sexagésima Quinta Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, así como por las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Nacional, y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que, en coordinación, implementen las acciones de seguridad, vigilancia y protección necesarias en la autopista México — Puebla, con la finalidad de evitar los asaltos y proteger a la ciudadanía; al tenor de los siguientes

Considerandos

La inseguridad en nuestro País cada vez se vuelve más recurrente. Y no solo estamos propensos a la inseguridad en las calles de nuestra colonia, ciudades o Estados, sino también en las carreteras o autopistas, mientras viajamos de un lugar a otro.

La inseguridad en las carreteras del país ha aumentado considerablemente, al ser actualmente uno de los puntos principales de operación de la delincuencia. La inseguridad en las carreteras se ha incrementado hasta en un 6% respecto al 2021, esto de acuerdo con un estudio realizado por la Fiscalía General de la Republica.

En 2020 se registraron un total de 1 mil 121 denuncias por robos a vehículos en las carreteras federales del país, según datos oficiales de la Guardia Nacional, Lo cual representó un aumento del 64% en comparación con el 2019.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el primer semestre de este año hubo 6 mil 389 robos al autotransporte de escala nacional, lo cual representa un aumento de más del 3% con respecto a 2021.

Las entidades más afectadas son: Estado de México, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Tlaxcala, siendo los estados donde se concentra el 94% de los robos.

La autopista México — Puebla es una de las carreteras más transitadas del País, el promedio diario de vehículos que circulan por esta vialidad que comunica a la ciudad de México y el estado de Puebla es de 125 mil 403.

Es una de las carreteras con más asaltos, y en las cuales, incluso, esta en riesgo la vida de las personas que transitan por ahí. Durante el mes de agosto, al menos se registraron 2 asaltos diarios, como fueron los casos del equipo del cantante de música popular Fidel Rueda y contra el equipo de béisbol Leones de Yucatán.

A través de las redes sociales y medios de comunicación, se ha advertido a los ciudadanos que utilizan diversas formas de llevar a cabo este delito, los asaltantes han buscado la manera de poder atracar a su víctima sin que esta se pueda defender tan fácilmente.

Uno de estos mecanismos son los “poncha llantas” o la colocación de piedras y que presuntamente es utilizada para obligar a los conductores a detenerse y entonces cometer el asalto.

Otra forma es, lamentablemente, disparar al vehículo, en donde no solo despojan a las personas de los objetos materiales, sino que también pueden resultan con lesiones e incluso costarles la vida.

Esto le sucedió en el mes de agosto, al equipo de béisbol Leones de Yucatán, que fueron obligados a detenerse luego de que sujetos armados dispararon directo a las llantas de su autobús, por lo que terminó ponchado el neumático delantero derecho.

Otro modus operando, es lanzar piedras a los vehículos, ya que, al bajarse a inspeccionar, ya sea porque el parabrisas resultó afectado o estrellado, o porque abolló alguna parte del vehículo, los asaltantes están esperando para salir y asaltarlos con algún arma.

Incluso, otra forma que los asaltantes han empleado es cerrarles el paso a los vehículos. A través de las redes sociales, se han visto videos de los propios transportistas es que se observan que los ladrones a bordo de otra unidad les hacen un corte de circulación para obligarlos a detenerse.

De hecho, en fechas recientes y ante la gran cantidad de asaltos a transportistas e inseguridad que viven día con día, el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, solicitó al Secretario de Gobernación a establecer, de manera inmediata, acciones efectivas para atacar el robo al autotransporte de carga, como parte de la reactivación del Programa Nacional de Seguridad para el Transporte, basado en la implementación de operativos de vigilancia y protocolos de seguridad en los corredores de mayor riesgo.

Por tal motivo, tomando en consideración lo anterior, resulta imperante la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública, a la Guardia Nacional, y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para evitar que sigan los asaltos y proteger a la ciudadanía.

Por lo que, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta, respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Nacional, y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que, en coordinación, implementen las acciones de seguridad, vigilancia y protección necesarias en la autopista México — Puebla, con la finalidad de evitar los asaltos y proteger a la ciudadanía.

Notas

1. Asaltos en carreteras se dispararon 64%: aquí los puntos más peligrosos (animalpolitico.com)

https://www.animalpolitico.com/2021/03/asaltos-carreteras-federa les-2020-puntos-peligrosos/

2. Tramo de la autopista México-Puebla se ha convertido en zona de asaltos - El Sol de Puebla | Noticias Locales, Policiacas, sobre México, Puebla y el Mundo

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/tramo-de-la-autopi sta-mexico-puebla-se-ha-convertido-en-zona-de-asaltos-8761877.html#!

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre del 2022.– Diputado Mario Gerardo Riestra Piña (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

EXHORTO A LA STPS, A INTERVENIR EN LAS NEGOCIACIONES DE LA EMPRESA VOLKSWAGEN Y SU SINDICATO DE TRABAJADORES, EN PUEBLA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS a intervenir en las negociaciones de la empresa Volkswagen y su sindicato de trabajadores en Puebla, con la finalidad de mantener la estabilidad laboral y llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes, a cargo del diputado  Mario Gerardo Riestra Piña, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Mario Gerardo Riestra Piña, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Sexagésima Quinta Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, así como por las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta Soberanía proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo Federal para que intervenga, de manera urgente, en las negociaciones de la empresa Volkswagen y su sindicato de trabajadores, en Puebla, con la finalidad de mantener la estabilidad laboral y se llegue a un acuerdo que beneficie a ambas partes; al tenor de los siguientes

Considerandos

Volkswagen es una empresa alemana, referente en el ramo automotriz en el mundo. Una de las plantas más grandes y de larga duración de esta emblemática empresa, se encuentra en Puebla, México.

Es la fabricante de autos más grande de México y también la segunda planta más grande de Grupo Volkswagen fuera de Alemania.

La sede de Volkswagen de México se estableció en Puebla en 1964. En 1965, la compañía comenzó a buscar un nuevo sitio de producción y comenzó a construir la planta ese año. La construcción de la planta se completó en julio de 1967 y el primer automóvil, el icónico Beetle, salió de la línea en octubre.

Actualmente, ahí se realizan todos los procesos de producción desde la fabricación de motores, ejes, ensamblado, pintura, etc. Además en esta fábrica se producen los modelos: Tiguan, Golf y Jetta.

Desde hace casi 60 años, esta planta sin duda ocupa un lugar especial en la historia del automóvil, tras la producción del “vocho”, siendo un vehículo icono y clásico.

Además, contribuye en la economía del estado y el país. De acuerdo con cifras del Inegi, en 2021, Volkswagen vendió un total de 98 mil 436 unidades ligeros. La importancia que para el desarrollo de nuestra Entidad representa dicha armadora es de todos conocida.

Sin embargo, actualmente existe un conflicto laboral entre la empresa Volkswagen y su sindicato de trabajadores, luego de que el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (Sitiavw) rechazara la propuesta de incremento salarial del 11%, con lo que podría estallar la huelga.

El pasado 31 de agosto del año en curso, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen llevo a cabo la consulta del convenio de revisión celebrado entre la empresa y el sindicato de fecha 20 de julio del año en curso; sin embargo, no fue aprobado.

Tras esta situación, de acuerdo con el análisis “Impacto del conflicto laboral de VW para Puebla”, realizado por los investigadores de la Facultad de Derecho de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), a ningún sector le beneficia un conflicto laboral que se traduzca en huelga.

Una huelga en la armadora se traduciría en que mas del 40% del PIB del Estado se detenga, motivo por el cual la economía del estado se vería afectada. Si se llega a una huelga, la empresa pondrá en marcha sus estrategias legales y se puede presentar un lapso que impactará en la economía, en la estabilidad de la entidad y en los bolsillos de los trabajadores y de todos los poblanos.

Si bien, ambas partes han emitido comunicados y han asegurado que el camino de la negociación y dialogo, son primordiales sin vulnerar los derechos de ninguna de las partes, también es cierto, el Sindicato puede ejercer su derecho de huelga.

En este sentido, con fecha 5 de septiembre, el Sindicato emito un comunicado en el que manifiesta que, plantea la posibilidad de una prórroga; pero en caso de no entrar en proceso de negociación, o bien alcanzar un nuevo acuerdo antes de las 11 horas del día 9 de septiembre del año en curso, están obligados a ejercer su derecho y seguir los lineamientos legales aplicables.

Sin duda, una huelga en estos momentos impactaría no solo al Estado, sino también al país; por tal motivo, tomando en consideración de lo anterior, resulta indispensable la intervención de las autoridades federales, con la finalidad que puedan entablar dialogo y mediar la situación en pro de la empresa, los trabajadores y los poblanos.

Por lo que, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta, respetuosamente a la Secretaría de Trabajo Federal para que intervenga, de manera urgente, en las negociaciones de la empresa Volkswagen y su sindicato de trabajadores, en Puebla, con la finalidad de mantener la estabilidad laboral, y se llegue a un acuerdo que beneficie a ambas partes.

Notas

1. https://www.vw.com.mx/es/experiencia/tips/planta-volkswagen-mexico.html

2. La rica historia de la fabrica de Volkswagen en Puebla, México (purosautos.com)

https://www.purosautos.com/novedades/la-rica-historia-de-la-fabr ica-de-volkswagen-en-puebla-mexico/

3. https://www.milenio.com/negocios/investigadores-upaep-conflicto-volkswagen-no-c onviene-puebla

4. Pediría sindicato de VW segunda prórroga para huelga | Municipios Puebla | Noticias del estado de Puebla

https://municipiospuebla.mx/nota/2022-09-05/ puebla/pedir%C3%ADa-sindicato-de-vw-segunda-pr%C3%B3rroga-para-huelga

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre del 2022.– Diputado Mario Gerardo Riestra Piña (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

SE EXTIENDA LA VIGENCIA DEL DECRETO POR EL QUE SE FOMENTA LA REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la SHCP, de la SE y de la SSPC, a extender la vigencia establecida en el primer transitorio del decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, publicado en el DOF el 19 de enero de 2022, a cargo del diputado Daniel Murguía Lardizábal, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Daniel Murguía Lardizábal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1 fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El 27 de febrero de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformaban disposiciones del diverso por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2022, y entre las que destacan:

• Se fomentará la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera que se encuentren en el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

• No se requerirá intervención de agente aduanal, agencia aduanal, apoderado aduanal o de cualquier otro intermediario.

• Se cubra un aprovechamiento único de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.).

• El interesado debe realizar trámite ante el Registro Público Vehicular (Repuve), presentando la documentación requerida; posteriormente el Repuve enviará Agencia Nacional de Aduanas de México los documentos para la acreditación de la importación y legal estancia de los vehículos de procedencia extranjera.

• El Repuve emitirá la constancia de inscripción, la cual consiste en una calcomanía con un dispositivo electrónico que acreditará el registro del vehículo, para estos fines, el propietario deberá de presentar el auto para revisión física por única ocasión.

• La regularización concluirá con la inscripción de los mismos en el Repuve.

• Se establecerán en las entidades referidas en el Decreto módulos de inscripción vehicular.

• Se amplía la vigencia del decreto al 20 de septiembre de 2022.

2. Para el cumplimiento de lo referido en el Decreto, autoridades estatales firmaron diversos convenios con autoridades del ámbito federal a fin de instalar módulos de operación del Repuve y con ello, avanzar en la meta de regularización

Adicionalmente, el sitio de internet del Repuve, mismo que fue habilitado para realizar el trámite de citas https://regularizaauto.sspc.gob.mx/ comenzó a funcionar el 17 de marzo del 2022.

3. El 30 de mayo, se publica en el Diario Oficial de la Federación, los LINEAMIENTOS para el ejercicio de los RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN EN LOS MUNICIPIOS que correspondan, derivados de los aprovechamientos que se generen con motivo de la REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. En los mismos se establece en el numeral 2 de las Disposiciones Generales que:

“ Los recursos a que se refieren los presentes lineamientos tienen el carácter de subsidios públicos federales, por lo que, en su ejercicio, aplicación, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia están sujetos a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en las demás disposiciones jurídicas aplicables”.

4. El 13 de junio, se presenta un informe en voz de la Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Sspc), Rosa Icela Rodríguez, misma que detalló que del 19 de marzo al 11 de junio se habían regularizado 116 mil 36 vehículos, y que los mismo ya contaban con sus documentos en regla.

Asimismo, se informaba que, como resultado del proceso de regularización de autos de procedencia extranjera, se habían obtenido a ese momento, “un total de 290 millones 90 mil pesos, siendo Sonora el estado que ha registrado más recaudación, con un total de 63 millones 782 mil 500 pesos, seguido de Chihuahua, con 53 millones 442 mil 500 pesos”.

5. Adicionalmente, el 22 de junio del 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación DECRETO por el que se reforma el diverso por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2022, su fe erratas de 21 de enero de 2022, así como su posterior modificación de 27 de febrero de 2022, mediante el cual, se incorpora al estado de Puebla dentro de las entidades con la aplicación del programa.

6. El pasado 19 de agosto, se presentó un avance del Programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, y en el cual, al momento del corte, se había logrado regularizar “373 mil 905 unidades en todo el país”; con lo que se contaban en ese informe con “934 millones 762 mil pesos”.

Con base a lo informado, Baja California cuenta con 79, 878 vehículos regularizados, seguida de Chihuahua con 73,030; Sonora con 56, 665 unidades.

7. Con base a lo antes expuesto, y considerando que aún prevalece la confianza de la ciudadanía para regularizar autos de procedencia extranjera, es que se considera oportuno que se extienda el plazo establecido del 20 de septiembre al 31 de diciembre y con esto también realizar las adecuaciones correspondientes a los LINEAMIENTOS para el ejercicio de los RECURSOS DESTINADOS A ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN EN LOS MUNICIPIOS que correspondan, derivados de los aprovechamientos que se generen con motivo de la REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, para realizar los ajustes que se crean convenientes.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto a la consideración de esta Honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana analicen la viabilidad de extender la vigencia establecida en el primer transitorio del Decreto por el que se reforma el diverso por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2022, con fecha de publicación del día 27 de febrero del 2022, para pasar del 20 de septiembre al 31 de diciembre del 2022,  a fin de responder el interés de la ciudadanía para concluir los trámites y procesos de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, en los términos del Decreto.

Segundo. - La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, realicen las adecuaciones que se consideren convenientes a los lineamientos para el ejercicio de los recursos destinados a acciones de pavimentación en los municipios que correspondan, derivados de los aprovechamientos que se generen con motivo de la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, en el caso de considerarse oportuno la ampliación de la vigencia del Decreto en comento.

Notas

1. Información referida en el Punto de Acuerdo publicada en Gaceta de la Comisión Permanente el día 25 de mayo de 2022. Gaceta: LXV/1SPR-6

2. DECRETO por el que se reforma el diverso por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2022. DOF. [en línea]. [consultado el 4 de mayo de 2022]. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5643946&fecha =27/02/2022

3. Inicia el martes regularización masiva de autos ‘chocolates’; firman convenio. Vanguardia Mx. 19 de marzo de 2022. [en línea]. [consultado el 4 de mayo de 2022]. Disponible en:

https://vanguardia.com.mx/noticias/inicia-el-martes-regularizaci on-masiva-de-autos-chocolates-firman-convenio-YE2060742

4. LINEAMIENTOS para el ejercicio de los recursos destinados a acciones de pavimentación en los municipios que correspondan, derivados de los aprovechamientos que se generen con motivo de la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera

5. Gobierno de AMLO regulariza más de 116 mil autos ‘chocolate’. Publimetro. [en línea]. [consultado el 26 de agosto de 2022]. Disponible en:

https://www.publimetro.com.mx/nacional/2022/06/13/amlo-gobierno- federal-regulariza-mas-de-116-mil-autos-chocolate/https://www.publimetro.com.mx /nacional/2022/06/13/amlo-gobierno-federal-regulariza-mas-de-116-mil-autos-choc olate/

6. Más de 373 mil vehículos usados de procedencia extranjera regularizados [en línea]. [consultado el 26 de agosto de 2022]. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Disponible en:

https://www.gob.mx/sspc/prensa/mas-de-373-mil-vehiculos-usados-d e-procedencia-extranjera-regularizados?idiom=es

7. Ibídem

Dado en el Palacio Legislativo, a 8 de septiembre de 2022.– Diputado Daniel Murguía Lardizábal (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

SE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ATENDER EL PERSISTENTE DESABASTO DE MEDICAMENTOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, al IMSS, al ISSSTE y al Insabi a realizar las acciones necesarias para atender el desabasto de medicamentos, a cargo de la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79 del reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El servicio y acceso a la salud es un derecho humano fundamental que debe ser brindado con oportunidad y calidad a cada uno de los ciudadanos. Dicho precepto se encuentra establecido en nuestra Carta Magna, específicamente en el artículo 4o Constitucional, al señalar que “todas las personas tienen derecho a la protección de la salud”.

El desabasto de medicamentos no es un tema nuevo, desde que el actual gobierno centralizó la compra de medicamentos y ante su incompetencia e ineficiencia para resolver esta grave situación, siguen millones de mexicanos sin recibir lo que por derecho les corresponde.

Una de las quejas más recurrentes de los ciudadanos lo es, la falta de medicamentos en las Unidades Médicas, quienes tienen que hacer un doble desembolso, porque tienen que comprarlos asumiendo un gasto que no les corresponde, cuando es la institución la que se los debería brindar.

Los denominados Vales de Medicina que emite el Imss y que solo aplica en algunos Estados, se extienden porque en la Unidad Médica no se cuenta con el medicamento, por lo que tienen que asistir a los Centros de Canje para recogerlos, ya sea el mismo día u otro día y con vigencia mínima, sin embargo,  en múltiples ocasiones tampoco los surten, provocando otro gasto, dado que regresar en diversas ocasiones para ver si ya cuentan con el medicamento, siendo en su mayoría medicamentos controlados y de alto costo.

La escasez no solo se acentuó durante el inicio del covid-19, sino que sigue sin que se vea una solución a corto plazo. El Ejecutivo federal y el secretario de salud, reconocieron el desabasto de medicamentos, pero de nada ha servido, porque no se han generado planes o acciones que atienda con urgencia esta problemática.

La insensibilidad del gobierno ante la demanda pública de los derechohabientes, aunada a los recortes presupuestales, ha provocado que las personas tengan que pagar de su bolsillo las medicinas que les recetan pero que no les dan, mientras las cuotas correspondientes como trabajadores y empleadores se siguen pagando.

Con información del documento “Radiografía del Desabasto. Informe de Transparencia en Salud 2017-2021”, señalan que con “datos de la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud, durante 2018 todos los días en el sistema público de salud se dieron 1.2 millones de consultas, se asistieron 4 mil nacimientos, se practicaron 10 mil cirugías y se atendieron 16 mil personas hospitalizadas. Todo esto en un solo día”. Hoy en día, la realidad es otra, dado que se ha reducido significativamente el servicio en todas las áreas.

Un sistema que solo funciona por la condición laboral de las personas, si tienes un trabajo formal con suerte te atienden y dotan parte del medicamento en el Imss o Issste, de no estar laborando puedes buscar atención en el Insabi, un Instituto plagado de opacidad y falta de información.

Del mismo documento Radiografía del Desabasto “El sistema de salud mexicano ha sufrido grandes cambios de los cuales resaltan tres:

1. En 2019 se anunció el cambio del modelo de compra de medicamentos, centralizándolos en la Secretaría de Hacienda y separando el proceso de distribución...

2. El 1o de enero de 2020 entra en vigor el decreto que crea el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y desaparece la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, encargada de operar el Seguro Popular.

3. A principios de 2020 comienza la pandemia por covid-19 en el país con un fuerte impacto en el sistema de salud y en la salud de las personas que atiende. Al día de hoy, la Secretaría de Salud reporta más de 5.5 millones de personas contagiadas y más de 330 mil fallecidas. Estos grandes cambios, entre otros, han impactado de manera negativa el acceso a los servicios de salud en México”.

Sin embargo, ya han pasado por lo menos dos años de estos hechos y la situación no mejora. Como ejemplo, “la cantidad de las atenciones ofrecidas por las unidades de la Secretaría de Salud se redujeron considerablemente al grado de que durante 2020 y 2021 se dieron la mitad de las consultas que en 2017 y se practicaron cerca de medio millón de procedimientos quirúrgicos menos”. En la siguiente tabla se pueden observar los resultados del 2017 al 2021:

Fuente: Elaborado por Nosotrxs con datos obtenidos de los cubos dinámicos de la Dirección General de formación en Salud recuperado del documento Radiografía del Desabasto. Informe de Transparencia en Salud 2017-2021.

La desaparición del Seguro Popular por el Insabi ha tenido consecuencias negativas, el “resultado de este cambio improvisado fue catastrófico para las personas, especialmente para las más pobres. Entre 2018 y 2020, más de 15 millones de personas quedaron excluidas y la “carencia por acceso a la salud” se incrementó de 16% al 28% de la población, esto es de 20.1 millones a 35.7 millones de personas sin acceso a servicios de salud.”

Con datos de la Organización Cero Desabasto quienes a través de su plataforma recolectaron reportes de desabastos de medicamentos, insumos médicos y vacunas, señalan que “El año 2021 ha sido el récord histórico de reportes recibidos, los últimos dos trimestres superan los mil trescientos registros (1,807 y 1,311 sucesivamente), contabilizando al cierre del año 3,237.” Es así que, el primer lugar lo ocupa la CDMX (26.6%), seguida del Estado de México con (10.4%), Jalisco (8.2%) y Chihuahua (6.9%) donde se concentran más de la mitad de los reportes (52.1%), sin dejar de mencionar los sub registros.

Respecto a los tipos de insumo que se reportan, es decir, el desbasto, resaltan: medicamentos con un 94%, seguido de otros insumos (2.4%), material de curación (1.7%) y vacunas (1.3%). De las instancias que se reportan desde 2019, sobresale que más de la mitad de los reportes están vinculados al IMSS (53%), seguidos por el ISSSTE con un 24.4% e INSABI con 16%.

En definitiva, se está violentando de forma recurrente el derecho a la salud porque no se les brinda la atención completa, un derecho que además pagan y que no reciben. Es por ello, que solicitamos se atienda lo que por derecho les corresponde, dejando atrás los pretextos por la incapacidad de resolver, porque al final quienes sufren las consecuencias en su salud son los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.  La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión en su LXV Legislatura, exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como, al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), a que de manera urgente realicen las acciones necesarias para atender el persistente desabasto de medicamentos.

Nota

1. https://cdn-yeeko.s3.amazonaws.com/assets/Radiografia+desabasto+2017-2021.pdf

Dado en el Palacio Legislativo, a 8 de septiembre del 2022– Daniela Soraya Álvarez Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO A LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, A PROMOVER LA INCLUSIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los tres órdenes de gobierno a promover la inclusión y empoderamiento de las mujeres con discapacidad, así como a promover el ejercicio de sus derechos humanos en condiciones de igualdad, en el marco del Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Norma Angélica Aceves García, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a los tres órdenes de gobierno a promover la inclusión y empoderamiento de las mujeres con discapacidad, así como a promover el ejercicio de sus derechos humanos en condiciones de igualdad, en el marco del Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Las mujeres con discapacidad son objeto de discriminación múltiple no sólo en el ámbito público, sino también en la esfera privada sufren desigualdades en la contratación, remuneración por igual trabajo y enfrentan dificultades como obstáculos en el acceso a una vivienda adecuada, así como a los servicios de salud, educación, formación profesional y empleo y, por las visiones médicas asistencialistas de muchos países, tienen más posibilidades de ser internadas en instituciones.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, en su artículo 6, reconoce que las mujeres con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación, por lo que los Estados partes deben adoptar medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Al respecto, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, señala que la discriminación contra mujeres y niñas con discapacidad puede adoptar muchas formas:

a) Discriminación directa: cuando las mujeres con discapacidad reciben un trato menos favorable que otra persona en una situación similar e incluye los actos u omisiones que causen perjuicio.

b) Discriminación indirecta: hace referencia a leyes, políticas o prácticas en apariencia neutras pero que influyen de manera desproporcionadamente negativa en las mujeres con discapacidad.

c) Discriminación por asociación: contra personas a causa de su asociación con una persona con discapacidad. Las mujeres que desempeñan una función de cuidadoras suelen sufrir discriminación por asociación.

d) Denegación de ajustes razonables: constituye discriminación cuando no se realizan las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas a pesar de que se requieran para garantizar que las mujeres con discapacidad gocen, en igualdad de condiciones con las demás, de sus derechos humanos o libertades fundamentales.

e) Discriminación estructural o sistémica: se manifiesta a través de patrones ocultos o encubiertos de comportamiento institucional discriminatorio, tradiciones culturales discriminatorias y normas y/o reglas sociales discriminatorias. La falta de concienciación a menudo puede dar lugar a la violación de derechos.

Así mismo, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en las Observaciones realizadas sobre el informe inicial de México, señaló lo siguiente:

13. Al Comité le preocupa la falta de acciones de atención específica implementadas por el Estado parte para prevenir y combatir la discriminación interseccional que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad, así como la ausencia de información al respecto.

14. El Comité recomienda al Estado parte a:

(a) Poner en marcha la legislación y todos los programas y acciones previstas para las mujeres y niñas con discapacidad, incluidas medidas de nivelación y acción afirmativa, para erradicar su discriminación en todos los ámbitos de la vida, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, garantizando su participación efectiva en su diseño e implementación.

(b) Recopilar sistemáticamente datos y estadísticas sobre la situación de las mujeres y niñas con discapacidad con indicadores que puedan evaluar la discriminación interseccional.

2. En México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay 64´540,634 mujeres, que representan el 51.2 por ciento de la población total, de las cuales 3´275,342, es decir, 5.07 por ciento, viven con discapacidad.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2017, reporta que:

• 20.1 por ciento de las mujeres de 18 años y más percibieron haber sido discriminadas por al menos un motivo en los últimos 12 meses, por el siguiente motivo:

• 51.3 por ciento de las mujeres por su apariencia (tono de piel, forma de vestir, peso o estatura).

• 25.9 por ciento de las mujeres por su edad.

• 16.7 por ciento de las mujeres por su manera de hablar.

• 32.3 por ciento de las mujeres por sus creencias religiosas.

• 29.5 por ciento de las mujeres por su sexo.

• 17.7 por ciento de las mujeres por el lugar en donde vive.

• 16 por ciento de las mujeres por su clase social.

Estás situaciones se agravan tratándose de mujeres con discapacidad, quienes además de padecer el contexto desigual que vive la mujer en el mundo, y particularmente en nuestro país, deben de enfrentar discriminación multifactorial e invisibilidad, dado que no se cuentan con datos precisos oficiales y actualizados del complejo entorno que viven y las condiciones que afrontan. Prueba de ello, es el Tercer Informe de Gobierno 2021-2022, en el que no se señala ninguna acción focalizada en favor de las mujeres con discapacidad.

Ante esta serie de elementos, es vital seguir insistiendo en la necesidad de que los tres órdenes de gobierno establezcan las medidas necesarias y suficientes, a fin de promover que las mujeres con discapacidad sean visibilizadas y sus derechos sean debidamente protegidos.

Para lograr lo anterior, en el país contamos con el Instituto Nacional de las Mujeres, cuyo objeto es promover y fomentar las condiciones que posibiliten el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural, económica y social del país así como el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que tiene por objeto el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional, quienes deben coordinarse a fin de desarrollar una estrategia nacional focalizada en promover la inclusión y el empoderamiento de las mujeres con discapacidad.

Asimismo, es fundamental que las entidades federativas, en sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial, diseñen e implementen acciones focalizadas a promover la inclusión y empoderamiento de las mujeres con discapacidad, así como el ejercicio de sus derechos humanos en condiciones de igualdad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de las Mujeres y al Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad a diseñar, coordinadamente, una estrategia nacional focalizada en promover la inclusión y el empoderamiento de las mujeres con discapacidad.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las entidades federativas, en sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial, para que en el marco de sus atribuciones diseñen e implementen acciones focalizadas a promover la inclusión y empoderamiento de las mujeres con discapacidad, así como el ejercicio de sus derechos humanos en condiciones de igualdad.

Notas

1. Visto en: Las mujeres y las niñas con discapacidad | Disabilities ES (un.org) Consultado el 4 de septiembre de 2022.

2. Artículo 6 Mujeres con discapacidad

1). Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

2). Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos en la presente Convención.

3. Observación general núm. 3 (2016), sobre las mujeres y las niñas con discapacidad, párrafos 16 y 17. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

4. Tomando como referencia el Censo de Población y Vivienda 2020 que establece que hay 6,179,890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9 por ciento de la población total del país. De ellas 53 por ciento son mujeres y 47 por ciento son hombres. Visto en:

http://www.cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tem a=P Consultado el 24 de agosto de 2021.

5. Visto en:

http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/tarjetas/Discriminaci on.pdf Consultado el 4 de septiembre de 2022.

6. Ley del Instituto Nacional de las Mujeres

Artículo 2.- Se crea el Instituto Nacional de las Mujeres como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

Artículo 4.- El objeto general del Instituto es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural, económica y social del país, bajo los criterios de:

- Transversalidad, en las políticas públicas con perspectiva de género en las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas o conjuntas.

- Federalismo, en lo que hace al desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento institucional de las dependencias responsables de la igualdad de género en los estados y municipios.

- Fortalecimiento de vínculos con los Poderes Legislativo y Judicial tanto federal como estatal.

7. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Artículo 38. Se crea el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que para el cumplimiento de sus atribuciones gozará de autonomía técnica y de gestión para formular políticas, acciones, estrategias y programas derivados de ésta Ley.

Artículo 39. El Consejo tiene por objeto el establecimiento de la política pública para las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional; así como promover, fomentar y evaluar la participación del sector público y el sector privado, en las acciones, estrategias, políticas públicas y programas derivados de la presente Ley y demás ordenamientos.

Dado en el pleno de la Honorable Cámara de Diputados, a 8 de septiembre de 2022.– Diputada Norma Angélica Aceves García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para dictamen.

SE INSTRUMENTEN LAS ACCIONES NECESARIAS EN MATERIA DE EDUCACIÓN SEXUAL Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR, A FIN DE REDUCIR EL ALTO ÍNDICE DE NIÑAS Y ADOLESCENTES EMBARAZADAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa, en coordinación con las dependencias y entidades del sector salud, a instrumentar las acciones necesarias en materia de educación sexual y planificación familiar, a fin de reducir el alto índice de niñas y adolescentes embarazadas, a cargo de la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, diputada María Rosete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral I, artículo 6, fracción I y el artículo 79, numeral 1, fracción II, ambos preceptos del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Un problema mundial de salud pública es el embarazo en niñas y adolescentes, su impacto tiene relación directa con el ejercicio de los derechos humanos, el bienestar psicosocial y físico de las menores de edad, sus familias y el desarrollo de los países.

Entre los países para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar de embarazos adolescentes. Al año, 340 mil nacimientos son de mujeres menores de 19 años con una tasa de 77 nacimientos por cada mil embarazos.

Un estudio realizado por la Conapo en el tema “ Fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 14 años, niveles, tendencias y caracterización sociodemográfica de las menores y de los padres de sus hijos(as), a partir de las estadísticas del registro de nacimiento 1990-2016”, reveló que, del 40% de las menores que tuvieron un hijo antes de los 15 años, el padre era mayor que ellas.

Por su parte, cifras de Estadística de Nacimientos del Inegi con base en actas de nacimiento entre 2010 y 2015, informó que el 70% de las niñas entre 10 y 14 años que tuvieron un hijo, manifestaron que el padre del menor nacido tenía entre los 18 y 78 años de edad. Es preciso señalar, que en uno de cada tres casos no se registra la edad del progenitor.

Asimismo, a nivel mundial se estima que ocurren alrededor de 2 millones de embarazos al año en niñas menores de 15 años- El Consejo Nacional de Población (Conapo) informó que, en el año 2020 se registraron en las niñas de entre 10 y 14 años, 8 mil 876 embarazos.

En ese orden de ideas, el artículo 4 de nuestra Constitución Política establece el derecho de todas las personas a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el numero y espaciamiento de sus hijos, sin embargo, es alarmante las cifras registradas de embarazos no deseados prevalecientes en niñas y adolescentes que por falta de información y/o orientación de los métodos anticonceptivos y el tratamiento de esterilidad enfrentan embarazos a edad temprana.

Existe una correlación natural entre el derecho a la salud de las mujeres y la planificación familiar, el derecho a la libertad, la vida, la intimidad y la no discriminación, con independencia a la edad, sexo, religión, orientación sexual, raza, religión y cultura, máxime a que es un derecho que protege la integridad de las mujeres y las familias.

Para mayor abundamiento, el  Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la Cedaw); el Comité de los Derechos del Niño; el Comité de Derechos Humanos; el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial; y el Comité contra la Tortura, han realizado declaraciones respecto a la anticoncepción y planificación familiar.

No obstante el derecho a la salud de las mujeres debe estar garantizada como una obligación asumida por el Estado mexicano no sólo en nuestra Constitución, si no también, por los diversos instrumentos y tratados internacionales, así también para eliminar los estereotipos de género que existen en la operación de las instituciones de salud y alcanzar la tan anhelada igualdad

Por lo anterior, es de suma importancia realizar de manera constante acciones que contribuyan a un programa de planificación familiar con la finalidad de que todas las personas puedan tener una vida digna y desarrollarse en un ambiente sano para lograr una mejor calidad de vida, a través de la prevención de embarazos no planeados y la cifra negra de niñas y adolescentes embarazadas.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Secretaría de Salud, para que, con base en sus atribuciones y de manera coordinada con las dependencias y entidades del sector salud, instrumenten las acciones necesarias en materia de educación sexual y planificación familiar, a fin de  reducir el alto índice de niñas y adolescentes embarazadas.

Notas

1. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/308970/Fecundidad_Menores_de_15_ Final.pdf

2. Centro de Análisis de Datos A.C. “Cifras de la Estadística de Nacimientos del INEGI” en Violencia sexual y embarazo en adolescentes (Ciudad de México: Ipas México, 2018).

3. Centro de Análisis de Datos A.C. “Cifras de la Estadística de Nacimientos del INEGI” en Violencia sexual y embarazo en adolescentes (Ciudad de México: Ipas México, 2018).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2022.– Diputada María Rosete Sánchez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

SE FORTALEZCAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN PARA CESAR EL HOSTIGAMIENTO E INTIMIDACIÓN A PERIODISTAS QUE CRITICAN AL GOBIERNO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob y a la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a fortalecer las medidas preventivas y de protección para cesar el hostigamiento e intimidación a periodistas que critican al gobierno, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Gina Gerardina Campuzano González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo conforme a las siguientes

Consideraciones

En México, el ejercicio periodístico se ha visto amenazado desde hace varios años, ya que los asesinatos a comunicadores se han vuelto más comunes y salen cada vez más a la luz.

En lo que va del año 2022, nueve comunicadores han sido asesinados en México, por lo que el país se ha convertido en uno de los más peligrosos en todo el mundo para ejercer el periodismo.

De acuerdo con la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021 elaborado por la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), México ocupa la posición 143 en el ranking de libertad de prensa, de un total de 180 países.

De acuerdo con el informe, “México es uno de los países más peligrosos del mundo. La vida de los periodistas de investigación es dura en este país corroído por la corrupción y bajo la influencia de cárteles y narcotraficantes. Los asesinatos, los exilios y la autocensura se han convertido en la regla”.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), México es el segundo país más mortal para periodistas, después de Siria. Y se estima que el 86 por ciento de los homicidios a comunicadores desde 2006 han quedado impunes.

Asimismo, de acuerdo con autoridades de la Secretaría de Gobernación, de diciembre de 2018 al 26 de enero de 2022 se tienen contabilizados 52 asesinatos de periodistas y 97 de personas defensoras de derechos humanos.

El Mecanismo de Protección a Periodistas considera que el 57 por ciento de las agresiones a periodistas se concentra en el Estado de México, Guerrero, Michoacán, Sonora, Oaxaca y Veracruz.

El primer caso de ataque contra un periodista se registró en Tijuana, en el estado de Baja California, cuando el 17 de enero, el fotoperiodista Margarito Martínez fue al exterior de su casa.

El 24 de enero, la Fiscalía de Baja California reveló que tienen las primeras líneas de investigación del asesinato y aseguró que es posible que su asesinato tenga que ver con algún cártel de la droga.

Días después del ataque a Margarito Martínez, la comunicadora María de Lourdes Maldonado López fue asesinada afuera de su domicilio. La periodista habría muerto a causa de las heridas resultantes al haber sido atacada con un arma de fuego. La FGE abrió una carpeta de investigación. En 2019 la periodista pidió justicia al presidente Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera en Palacio Nacional, y advirtió que desde ese tiempo temía por su vida. Anteriormente, había sido blanco de atentados intimidatorios, no obstante, lamentablemente no recibió ningún tipo de apoyo y fue asesinada afuera de su casa.

El 27 de enero, Eduardo Edmar Pérez confirmó que dejaría el caso de la comunicadora, que llevó por varios años, debido a amenazas, por las cuales también tendrá que salir del país.

Posteriormente, el 17 de enero, la Fiscalía de Veracruz confirmó el asesinato del periodista José Luis Gamboa, murió tras ser atacado con un arma blanca. Ese día, la FGE dio a conocer que José Luis Gamboa fue hallado malherido en una calle del fraccionamiento Floresta, tras un presunto asalto, y posteriormente fue llevado a un hospital donde falleció.

El lunes 31 de enero, el reportero Roberto Toledo fue asesinado afuera de las oficinas de Monitor Michoacán, lugar donde laboraba, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. El director del portal, Armando Linares López, comentó a través de un video que Toledo, se encontraba afuera de las oficinas cuando tres sujetos le dispararon y se dieron a la fuga.

En el mes de febrero, se registró un ataque a un periodista, cuando el reportero Nezahualcóyotl Cordero ‘G’ sufrió una amenaza de muerte en la zona continental de Rancho Viejo, en los límites con Cancún.  De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública, vecinos de la zona reportaron a gente armada amenazando al comunicador, posteriormente se informó que al llegar los primeros respondientes de seguridad, se encontraron con que los vecinos ya habían logrado desarmar al presunto agresor, a quien también dejaron lesionado.

El domingo 6 de febrero se reportó el asesinato de Ernesto Islas Flores en Tijuana, quien fue editor del portal Notiredes en esa ciudad fronteriza y cuyo padre y tío son periodistas. La agresión ocurrió alrededor de la una de la madrugada afuera de su vivienda, ubicada sobre Lomas Verdes en la delegación de La Mesa de Tijuana, de acuerdo con La Jornada.

Asimismo, el periodista Heber López fue asesinado el jueves 10 de febrero cuando ingresaba a un domicilio en el Barrio El Espinal del municipio Salina Cruz, Oaxaca, y hay dos detenidos como presuntos responsables del homicidio, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Se trata del quinto periodista asesinado en lo que va de 2022.

Durante el mes de marzo fueron asesinados el reportero Juan Carlos Muñiz y el periodista Armando Linares. El primero fue atacado a balazos el 4 de marzo cuando se encontraba realizando sus actividades como taxista en el municipio de Fresnillo, Zacatecas.

Apenas hace unos días, el jueves 5 de mayo, el analista político Luis Enrique Ramírez Ramos, fue asesinado, tras haber sido secuestrado el miércoles, mientras salía de su domicilio en la colonia Los Pinos, en el municipio de Culiacán, Sinaloa. La Fiscalía General del Estado confirmó que el cuerpo fue encontrado en un camino vecinal a orillas del kilómetro 15 de la carretera internacional Culiacán-Mazatlán, quien denunció violencia e insultos antes de ser asesinado. “Nos queremos vivos para ejercer la libre expresión”, escribió el periodista Luis Enrique Ramírez ante la ola de violencia contra los periodistas en México sin saber que tres meses después él mismo sería asesinado.

Este trágico lunes 9 de mayo de 2022, fueron asesinadas dos periodistas más mexicanas a tiros por la tarde en el estado de Veracruz, confirmaron las autoridades locales, en un año particularmente violento para los trabajadores de la prensa en el país. La Fiscalía General del Estado informó que se inició carpeta de investigación, ante los lamentables hechos en los que perdieran la vida la directora del portal El Veraz, Yessenia Mollinedo Falconi y la reportera Sheila Johana García Olivera, en el municipio de Cosoleacaque.

El 16 de agosto, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora confirmó el hallazgo del cuerpo del periodista, Juan Arjón López, en San Luis Río Colorado. De acuerdo con los primeros informes, el comunicador había sido reportado como desaparecido el 9 de agosto y fue hallado sin vida el 16 de este mismo mes.

El lunes 22 de agosto, el periodista Román fue atacado a balazos cuando estaba dentro de su automóvil color vino en la calle Prolongación Valerio Trujano, de la colonia Progreso. De acuerdo con informes de la Policía Estatal, Fredid Román quedó herido en el interior del vehículo. Sin embargo, cuando llegaron paramédicos de la Cruz Roja, el periodista mexicano ya había fallecido por los impactos de bala recibidos en distintas partes del cuerpo.

Con la confirmación de la muerte de la locutora Cándida Cristal en Mazatlán, Sinaloa, ya son un total de 16 los periodistas asesinados en lo que va de este 2022 en México. De acuerdo con los primeros reportes, Cándida Cristal presuntamente habría muerto por asfixia, además de que fue encontrada con las manos atadas, una soga en el cuerpo y envuelta con bolsas de plástico a las que le colocaron piedras para que se pudiera hundir en un canal de Mazatlán.

Con los asesinatos de Juan Arjón, Fredid Román y Cándida Cristal, ya son un total de 16 periodistas asesinados hasta este 27 de agosto del 2022, lo cual está suponiendo ser un año con altos índices de violencia para el gremio. Estos son los 16 periodistas que lamentablemente han sido privados de la vida:

1. José Luis Gamboa, 15 de enero en Veracruz.

2. Margarito Martínez, 17 de enero en Baja California.

3. Lourdes Maldonado, 23 de enero en Baja California.

4. Roberto Toledo, 31 de enero en Michoacán.

5. Herber López Vázquez, 10 de febrero en Oaxaca.

6. Jorge Luis Camero Zazueta, 24 de febrero en Sonora.

7. Juan Carlos Muñiz, 4 de marzo en Zacatecas.

8, Armando Linares, 15 de marzo en Michoacán.

9. Luis Enrique Ramírez, 4 de mayo en Sinaloa.

10. Yessenia Mollinedo, 9 de mayo en Veracruz.

11. Sheila Johana García, 9 de mayo en Veracruz.

12. Antonio de la Cruz, 29 de junio en Tamaulipas.

13. Ernesto Méndez, 2 de agosto en Guanajuato.

14. Juan Arjón López, 16 de agosto en Sonora.

15. Fredid Román, 22 de agosto en Guerrero

16. Cándida Cristal, 27 de agosto en Sinaloa.

Como podemos observar, tan solo en este año 2022, son dieciséis los comunicadores ejecutados, y en lo que va del sexenio, han asesinado a 36 periodistas. Pese a lo anterior, el Ejecutivo Federal ha mostrado su talante autoritario y su intolerancia ante los medios y los periodistas que critican sus políticas o cuestionan las acciones y conductas de sus seres queridos.

La “mañanera” es y se ha convertido cada vez más en un espacio para detonar la provocación -más que la polémica- en voz del Ejecutivo. Desde el ejecutivo se impone a los medios, su agenda, sus posturas, su moral y actos de fe; pero es una agenda de provocación, descalificación y polarización política y social.

Al margen de sus contrincantes políticos que los tiene todo gobernante en cualquier país, el Ejecutivo, arremete contra los medios y los comunicadores a quienes considera oponentes de su movimiento.

Lo hace en un país que es el segundo a nivel mundial con más asesinatos de periodistas, atentados y agresiones contra la libertad de expresión. Ojalá fuera tan enfático en rechazar y actuar contra los crímenes de periodistas como lo es en acusar a conservadores y neoliberales de todos los males.

Pese a esto, el presidente sale a atacar sin freno, a periodistas mañaneras tras mañanera, pero no se mata la verdad, matando a periodistas, por lo que como legisladores debemos hacer un llamado a las autoridades mexicanas a nivel federal y estatal para que investiguen “exhaustivamente” los casos abiertos de agresiones contra periodistas “con el fin de identificar y procesar a los responsables y defender la libertad de prensa”.

Es por ello, que presento el presente exhorto al Titular de la Secretaría de Gobernación y a las autoridades integrantes de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a que fortalezcan las medidas preventivas y de protección para cesar el hostigamiento e intimidación a periodistas que critican al gobierno.

Por lo antes expuesto y fundamentado, someto respetuosamente a la consideración de esta Honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y se investigue “exhaustivamente” los casos abiertos de homicidios y agresiones en contra de periodistas con el fin de procesar a los responsables, por lo que me permito proponer, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al Titular de la Secretaría de Gobernación y a las autoridades integrantes de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a que fortalezcan las medidas preventivas y de protección para cesar el hostigamiento e intimidación a periodistas que critican al gobierno

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Fiscalía General de la República, para que establezca mecanismos de coordinación y apoyo con las Fiscalías Generales de las Entidades Federativas a efecto de fortalecer la investigación exhaustiva de los homicidios y agresiones contra periodistas con el fin de identificar y procesar a los responsables a efecto de garantizar el libre ejercicio de la labor periodística, así como la vida, seguridad e integridad de los profesionales de la comunicación en todo el país.

Notas

i. Milenio, De 2018 a 2022, 52 periodistas han sido asesinados en México; este año van tres, Milenio digital consultado por última vez el 07 de febrero de 2022, en

https://www.milenio.com/estados/cuantos-periodistas-han-sido-ase sinados-en-mexico

ii. Carlos Velázquez, Ellos son los 9 periodistas asesinados en México en lo que va del 2022, La Nación, consultado por última vez el 07 de mayo de 2022 en

https://www.nacion321.com/seguridad/ellos-son-los-9-periodistas- asesinados-en-mexico-en-lo-que-va-del-2022

iii. Ibídem.

iv. Carlos Velázquez, Ellos son los 9 periodistas asesinados en México en lo que va del 2022, La Nación, consultado por última vez el 07 de mayo de 2022 en

https://www.nacion321.com/seguridad/ellos-son-los-9-periodistas- asesinados-en-mexico-en-lo-que-va-del-2022

v. Ibídem.

vi. Ibídem.

vii. Carlos Velázquez, Ellos son los 9 periodistas asesinados en México en lo que va del 2022, La Nación, consultado por última vez el 07 de mayo de 2022 en

https://www.nacion321.com/seguridad/ellos-son-los-9-periodistas- asesinados-en-mexico-en-lo-que-va-del-2022

viii. Ibídem.

ix. Milenio, De 2018 a 2022, 52 periodistas han sido asesinados en México; este año van tres, Milenio digital consultado por última vez el 07 de febrero de 2022, en

https://www.milenio.com/estados/cuantos-periodistas-han-sido-ase sinados-en-mexico

x. Ibídem.

xi. Milenio, De 2018 a 2022, 52 periodistas han sido asesinados en México; este año van tres, Milenio digital consultado por última vez el 07 de febrero de 2022, en

https://www.milenio.com/estados/cuantos-periodistas-han-sido-ase sinados-en-mexico

xii. Ibídem.

xiii. Mayra Escobar Hidalgo, La prensa en México sigue de luto: asesinaron a otro periodista en Tijuana, El Espectador, consultado por última vez el 13 de febrero de 2022 en

https://www.elespectador.com/mundo/america/la-prensa-en-mexico-s igue-de-luto-asesinaron-a-otro-periodista-en-tijuana-noticias-hoy/

xiv. Ibídem.

xv. Mayra Escobar Hidalgo, La prensa en México sigue de luto: asesinaron a otro periodista en Tijuana, El Espectador, consultado por última vez el 13 de febrero de 2022 en

https://www.elespectador.com/mundo/america/la-prensa-en-mexico-s igue-de-luto-asesinaron-a-otro-periodista-en-tijuana-noticias-hoy/

xvi. Roselia Chaca y Fernando Miranda, Matan al periodista Heber López en Oaxaca; hay dos detenidos, consultado la última vez el 12 de febrero de 2022 en

https://www.eluniversal.com.mx/estados/periodistas-asesinados-ma tan-al-periodista-heber-lopez-en-su-estudio-de-grabacion-en-oaxaca

xvii. Roselia Chaca y Fernando Miranda, Matan al periodista Heber López en Oaxaca; hay dos detenidos, consultado la última vez el 12 de febrero de 2022 en

https://www.eluniversal.com.mx/estados/periodistas-asesinados-ma tan-al-periodista-heber-lopez-en-su-estudio-de-grabacion-en-oaxaca

xviii. Redacción Sin Embargo, Una reportera y la directora de un portal son asesinadas en Cosoleacaque, Veracruz, consultado por última vez el 09 de mayo de 2022 en

https://www.sinembargo.mx/09-05-2022/4179290

xix. Redacción ADN40, ¿Quiénes son los 16 periodistas asesinados en México en el 2022?, adn40, consultado por última vez el 06 de septiembre de 2022 en

https://www.adn40.mx/mexico/16-periodistas-asesinados-mexico-202 2-ytc

xx. Ibídem.

xxi. Ibídem.

xxii. Ibídem.

xxiii. Jorge Bravo, AMLO vs. Aristegui: el poder contraataca, Revista Proceso, consultado por última vez el 12 de febrero de 2022 en

https://www.proceso.com.mx/opinion/2022/2/9/amlo-vs-aristegui-el -poder-contraataca-280598.html

xxiv. Ibídem.

xxv. Ibídem.

xxvi. Ibídem.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 8 de septiembre de 2022.– Diputada Gina Gerardina Campuzano González  (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

SE PUBLIQUE UNA MEDICIÓN DE LA PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE VIVE POR DEBAJO DEL UMBRAL INTERNACIONAL DE LA POBREZA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Coneval a publicar una medición de la proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de pobreza, establecido para la meta 1.1, erradicar la pobreza extrema, del Objetivo de Desarrollo Sostenible de la estrategia legislativa 1, para la Agenda 2030, a cargo de la diputada Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Marcela Guerra Castillo, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social a publicar, con la misma periodicidad que se presenta la Medición Multidimensional de la Pobreza, igualmente presente una Medición de la Proporción de la población que vive por debajo del Umbral Internacional de la Pobreza, establecido para la Meta 1.1. Erradicar la pobreza extrema, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, de la Estrategia Legislativa para la Agenda 2030, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Cerca de 200 países, incluyendo a México, adoptaron en 2015 en las Naciones Unidas, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), claves para la llamada Agenda 2030. El primero de los Objetivos es precisamente el “Fin de la Pobreza”. Lograr este Objetivo, llevaría a un mayor bienestar para todos los mexicanos y al pleno ejercicio de los derechos sociales que ya están enmarcados en nuestra Constitución y en la ley.

En términos generales y conforme a lo indicado en el Análisis del ODS 1, Fin de la Pobreza: Vacíos jurídicos y acción legislativa pertinente, el marco legal actual, contiene ya las bases fundamentales y establece los instrumentos para avanzar decididamente en la dirección correcta. En particular, la Ley General de Desarrollo Social publicada en enero 2004 y reformada en 2012, 2016 y 2018. Sin embargo, considerando que la pobreza es un fenómeno multidimensional y que las metas del ODS tienen un carácter amplio, otros ordenamientos jurídicos también inciden en el logro de las metas.

Como los demás ODS, el Objetivo 1 incluye metas específicas a cumplir, en particular nos referimos a las primeras metas, relacionadas la reducción de la pobreza.

Meta 1.1 Para 2030, Erradicar la Pobreza Extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1.25 dólares al día.

Esta meta implica una medición de la pobreza extrema por ingresos. Esta manera de medir la pobreza es la más común. Implica determinar una “línea de pobreza extrema” (en este caso $1.25 dólares al día por persona). Se considera que están en pobreza extrema a todas las personas cuyo ingreso es menor a dicha línea de pobreza. El monto de $1.25 dólares por día (calculando paridad de poder de compra) y actualizado más recientemente a $1.90, se utiliza por organismos internacionales como la ONU y sus Agencias o el Banco Mundial, para realizar comparaciones internacionales y por eso es el que se adoptó para la Meta 1.1.

La medición oficial de la pobreza en México, conforme al Capítulo IV (De las Zonas de Atención Prioritaria), de la Ley General de Desarrollo Social, es multidimensional, incorporando dimensiones adicionales al ingreso. La metodología adoptada por el Coneval establece que las personas en situación de pobreza son aquellas cuyo ingreso es inferior a la línea de bienestar (equivalente a una línea de pobreza) y presentan carencia en al menos una carencia de las seis dimensiones consideradas: (i) rezago educativo, (ii) acceso a servicios de salud, (iii) acceso a la seguridad social, (iv) calidad y espacios de vivienda, (v) acceso a servicios básicos en la vivienda y (vi) acceso a la alimentación.

Esta manera de medir la pobreza ofrece una idea más amplia de la pobreza que una medida sólo basada en el ingreso y, gracias a ello, también ofrece información más útil para guiar las políticas públicas al dar a conocer la situación y carencias en cada una de sus dimensiones y cómo evoluciona esto en el tiempo. Por ello, debe mantenerse la obligación del Coneval de utilizar una medición multidimensional y presentarla con la periodicidad establecida en la propia LGDS (Artículo 37). Sin embargo, con el objeto de contar con información adecuada para conocer el avance en términos de la Meta 1.1., del Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, se propone que, en adición a la medición multidimensional y otras mediciones que ya lleva a cabo el Coneval, se exhorte al Coneval a publicar con la misma periodicidad de la medición multidimensional, la medición de la pobreza conforme a los indicadores de la meta 1.1., y sus adecuaciones en el tiempo. Esta medición no deberá sustituir la medición multidimensional que ya lleva a cabo.

El cálculo del indicador correspondiente al ingreso para efectos de conocer el avance hacia el logro de la Meta 1.1., es sencillo y puede hacerse con la información contenida en la Encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH) que levanta y publica el INEGI cada dos años. La meta está en dólares, pero se puede actualizar el equivalente en pesos fácilmente a partir de información de Banco de México u otras fuentes. No se requiere cambio alguno en la legislación pertinente para ello. Cabe señalar que Coneval ya presenta periódicamente un indicador de la población cuyo ingreso queda debajo de la línea de bienestar económico definida por el Coneval. En esencia, es la misma metodología que la que se busca con este exhorto, solo que ahora, además de ella, deberá presentar adicionalmente la estimación conforme a la línea de pobreza que se defina para la Meta 1.1., del ODS 1.

Respecto de la Meta 1.2., Reducir la Pobreza, no es necesario ningún cambio legislativo ya que se refiere a las definiciones nacionales de pobreza a las que se refiere el Capítulo VI de la Ley General de Desarrollo Social.

La Meta 1.3 Protección Social Para Todos, es: Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables.

Como se indicó en el Análisis del ODS 1, Fin de la Pobreza: Vacíos jurídicos y acción legislativa pertinente, no hay una definición única de protección social y frecuentemente se presenta, sin serlo, como sinónimo de seguridad social. En términos generales, protección social se refiere a la protección de la seguridad de las personas y sus hogares ante eventos y riesgos a lo largo de la vida, como podrían ser la enfermedad, la discapacidad o invalidez, la muerte, la vejez, la maternidad o paternidad, la pérdida de ingresos por factores externos y otros. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define protección social como “el conjunto de políticas y programas públicos y privados llevados a cabo por sociedades en respuesta a varias contingencias para compensar la ausencia o reducción sustancial de ingreso del trabajo, para proveer asistencia a familias con niños y para proveer a las personas con cuidado básico de la salud y vivienda” (citado por Coneval, 2013). Una visión amplia de protección social incluye contar con ingreso suficiente para lograr una alimentación adecuada y suficiente. Bajo este enfoque, la protección social también considera aspectos relacionados con prevención y mitigación, para reducir la probabilidad y severidad de estos eventos, así como la vulnerabilidad de las personas cuando ocurren.

En México, la cobertura de Seguridad Social está asociada al empleo formal conforme a la legislación vigente, sea en el sector privado, en el gobierno y empresas públicas o en las fuerzas armadas. Se ofrece a través de diversas instituciones según el tipo de empleo: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (ISSFAM), además de las instancias de seguridad social para los trabajadores al servicio del estado en algunos estados de la república y la seguridad social para los trabajadores de PEMEX. Algunos trabajadores, aún del sector formal (por ejemplo, trabajadores por cuenta propia) y todos los del sector informal quedan fuera de la cobertura de estas instituciones a menos que estén cubiertos por un familiar asegurado o por los escasos programas voluntarios del IMSS.

Por consiguiente, la cobertura de las instituciones de seguridad social no llega a todas las y los mexicanos y, además, tiene la complejidad de diferir entre las instituciones indicadas. De hecho, entre las dimensiones de la pobreza utilizadas en la medición multidimensional de la pobreza definida por Coneval, donde hay más carencia es precisamente en el acceso a Seguridad Social, que afecta a 52% de los mexicanos, es decir, a 66 millones de personas, según la medición más reciente (2020).

Por diversas políticas y programas se ha buscado ampliar la protección social a las y los mexicanos sin ella, pero aún se está lejos de alcanzar la protección social para todos, como indica la Meta 1.3. En el caso de cobertura de servicios de salud, por ejemplo, tanto el ahora extinto Seguro Popular como el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) tienen el propósito declarado de avanzar hacia la cobertura universal. Sin embargo, a pesar de avances iniciales significativos que llevaron a reducir la carencia de servicios de salud a 16.2% de la población en 2018, ésta aumentó a 28.2% en 2020 según datos del Coneval. Es decir, aún hay un largo trecho por andar.

Aún de lograrse un incremento sustancial en cobertura, sin embargo, persistiría la fragmentación en el sistema de salud, entre las diversas instituciones de seguridad social, el INSABI y quienes deben acudir al sector privado, con diferentes protocolos y nivel de cobertura.

Por otra parte, la protección social no se limita sólo a la salud, sino que incluyen protección ante otro tipo de riesgos y coyunturas, incluyendo: pensiones; cuidado infantil; seguro de desempleo; incapacidad; y atención a personas con discapacidad. Las instituciones de seguridad social, en mayor o menor medida y con diferencias entre ellos, cubren estos riesgos. Para quienes no son asegurados por estas instituciones, hay diversos programas y políticas públicas, que no alcanzan aún cobertura universal o no ofrecen protección suficiente en todos los casos. Ejemplo de ello son los servicios de salud ofrecidos a través del ahora INSABI y otras instancias federales y locales; las pensiones no contributivas; los servicios de guardería ofrecidos por el DIF y otras instancias y los que ofrecía el ya extinto Programa de Estancias Infantiles y otros. Sin embargo, no solo no tienen cobertura universal sino que tienen problemas de diseño o implementación que no impiden cumplir cabalmente sus objetivos y, en todo caso, se tiene el problema que cubren de manera distinta a las personas dependiendo de factores como su estatus laboral, su lugar de residencia y otros.

Para avanzar mejor hacia la protección social universal y poner fin a la pobreza como apunta el ODS 1 hay esencialmente dos grandes vías (con varios caminos posibles cada una de ellas). Ambas requieren cambios legislativos significativos, en ciertos casos a nivel constitucional, dependiendo de la vía que se elija serían los cambios, por lo que en este documento sólo se presenta una visión general.

La Ley General de Desarrollo Social vigente establece ya un marco regulatorio adecuado y pertinente para avanzar en el logro de dichas metas, por lo que no se considera necesario ningún cambio legislativo. Sin embargo, se propone en presente Exhorto al Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) para que publique, con la misma periodicidad que se presenta la medición multidimensional de la pobreza, una medición de la proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de la pobreza establecido para la Meta 1.1., del Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, desglosada por sexo, edad, situación laboral y ubicación geográfica (urbana o rural).

Cabe señalar que la metodología de medición de la pobreza adoptada por el Coneval conforme al Capítulo IV de la Ley General de Desarrollo Social es, por distintas razones ya explicadas en el documento citado, más útil e informativa que la utilizada para medir el avance respecto de la Meta 1.1., por lo que no se propone cambios a dicha metodología. Por eso, el exhorto es a publicar adicionalmente la información establecida en el Indicador de esta meta, algo que el Coneval podría hacer fácilmente con la información ya disponible.

Por las ventajas anteriormente descritas de una medición multidimensional y por la sencillez del cálculo de la pobreza conforme lo establecido en la Meta 1.1., para lo que se usa información pública y libremente disponible, se considera que no es necesario un cambio legislativo y que un exhorto será suficiente para que Coneval publique un indicador como lo establece la meta en cuestión.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,  exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social,  a publicar con la misma periodicidad que se presenta la Medición Multidimensional de la Pobreza, igualmente presente una medición de la proporción de la población que vive por debajo del Umbral Internacional de la Pobreza establecido para la Meta 1.1. Erradicar la pobreza extrema, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, de la Estrategia Legislativa para la Agenda  2030, desglosada por sexo, edad, situación laboral y ubicación geográfica (urbana o rural).

Notas

1. Coneval, Medición multidimensional de la pobreza en México: un enfoque de bienestar económico y de derechos sociales,

https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/FolletosInstitu cionales/Documents/Medicion-multidimensional-de-la-pobreza-en-Mexico.pdf

2. Texto exacto que aparece en la resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015 Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (A/RES/70/1). En algunas páginas web de Naciones Unidas o sus agencias, la meta 1.3. aparece en forma abreviada, omitiéndose lo de “incluidos los niveles mínimos” (por ejemplo:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/).

3. Coneval 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a  8  de septiembre de 2022.– Diputada Marcela Guerra Castillo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Bienestar, para dictamen.

SE EXHORTA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE OAXACA, A RESOLVER CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y A LA BREVEDAD EL EXPEDIENTE JDC/656/2022

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Tribunal Electoral del estado de Oaxaca a resolver con perspectiva de género y a la brevedad el expediente JDC/656/2022, suscrita por los diputados Maribel Martínez Ruiz y Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada Maribel Martínez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del PT a la LXV Legislatura, de conformidad con lo establecido por los artículos 62 numeral 3 y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia contra las mujeres es una de las más grandes pandemias que afectan a nuestra sociedad porque menoscaba, restringe y/o anula el goce pleno de nuestros derechos humanos, políticos, sociales, económicos y culturales.

La violencia contra las mujeres y las niñas en México es una lamentable constante; desafortunadamente no hemos logrado generar políticas públicas que verdaderamente impacten en la erradicación de esta otra pandemia social y Oaxaca no es la excepción.  Según las cifras oficiales más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), en el Estado de Oaxaca, al mes de julio, se han registrado 27 feminicidios, 72 homicidios dolosos de mujeres, 4344 casos de violencia familiar, 471 violaciones y 21 casos de abuso sexual, cifras que se tornan aún más preocupantes si tomamos en consideración que estas sólo representan los casos que lograron ser denunciados.

Desafortunadamente la violencia que sufren la mayoría de las mujeres en México y específicamente en Oaxaca, por el solo hecho de ser mujeres, es una realidad cotidiana a la que nos enfrentamos todos los días, ya sea en la casa, el trabajo, la escuela y la calle, la cual se recrudece cuando decidimos participar en el espacio público.

Los casos de violencia política son numerosos, no sólo en año electoral, contra las aspirantes, precandidatas o candidatas, también lo sufren las mujeres en el ejercicio del cargo y eso es alarmante, porque a la vez que presumimos leyes que garantizan la participación de las mujeres en el espacio político, también damos cuenta del incremento de casos de violencia y del recrudecimiento constante y permanente de la crueldad con la que se cometen.

El caso que hoy les expongo es el de la regidora de equidad de género y vialidad del municipio de La Ciénega Zimatlán, Oaxaca.

Ella es una joven madre de dos niñas, quien además tiene cinco meses de embarazo.  En 2021 contendió para ser presidenta de ese municipio de los Valles Centrales de Oaxaca, obteniendo el segundo lugar en la preferencia electoral, lo que le valió un espacio de representación proporcional en el cabildo; no obstante, desde el primer minuto del 1 de enero de 2022, fecha en la que tomó protesta el actual cabildo, ha sido objeto de violencia política por parte de la presidenta municipal, la C. Maricela Morales Gutiérrez.

La presidenta municipal, Maricela Morales Gutiérrez, hoy denunciada ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca en la queja identificada con la clave alfanumérica CQDPCD/PES/001/2022, ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca en el expediente JDC/656/2022 y ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción del estado de Oaxaca en la carpeta de investigación número 402/FEEMCCO/2022, tomó protesta a dicho cargo, para lo que convocó al acto protocolario en la explanada del palacio municipal de la Ciénega Zimatlán, Oaxaca, a las 10: 00 horas del 1 de enero del año en curso.

Sin embargo, una vez que Maricela Morales Gutiérrez rindió protesta al cargo de presidenta municipal, la víctima de violencia tomó protesta como Regidora de dicho ayuntamiento, ello, pese a la negativa inicial de la presidenta municipal de tomarle protesta bajo el argumento de que era regidora por el principio de representación proporcional; sin embargo, después de un extenso y difícil diálogo, Maricela Morales Gutiérrez accedió a tomarle protesta a la C. Mónica Pablo Mateo en el mismo acto que a las y los demás concejales electos.

Pese a haber tomado protesta, la presidenta municipal se negó a asignarle una regiduría, señalando que sería hasta el día 10 de enero cuando se le asignaría una, contraviniendo con ello lo establecido en la legislación vigente en el Estado de Oaxaca y violando sus derechos como regidora del Ayuntamiento de La Ciénega Zimatlán, Oaxaca al libre ejercicio del cargo.

Aunado a lo anterior, el día 3 de enero del año en curso, al presentarse en las instalaciones del palacio municipal como habían acordado en la sesión del 1 de enero, se le negó el acceso, informándole el personal de vigilancia que la presidenta municipal, así como el cabildo habían acudido a la Secretaría General de Gobierno (Segego) para llevar a cabo el registro y acreditación de la autoridad municipal, sin que a ella se le hubiera convocado e informado de tal acto de suma importancia para el correcto desempeño del cargo.

Desde ese día, en reiteradas ocasiones se le negó el acceso a las instalaciones del Ayuntamiento y asignarle una oficina o espacio de trabajo, así como recursos materiales y humanos adecuados para el desempeño de sus funciones; es más, el día 10 de enero se le asignó una regiduría de nueva creación, la regiduría de Equidad de Género y Vialidad, tareas que no tienen relación una con la otra pero que, sin embargo, ha desempeñado de manera ética y profesional, pese a que se le ha negado personal auxiliar para el desempeño de esas funciones.  Es más, en las ocasiones en que, por situaciones ajenas al municipio derivadas de bloqueos carreteros aumenta el flujo vehicular en la comunidad, la regidora se ha visto en la necesidad de acordonar, señalizar y abanderar el tránsito para evitar situaciones de conflicto o riesgo en el municipio. No obstante, de manera unilateral le han sido retenidas sus dietas a lo largo de varios meses.

Derivado de las diversas denuncias que ha presentado Mónica Mateo Pablo, ha acudido a reuniones de conciliación en la Secretaría General de Gobierno y en la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, sin embargo y pese a que la presidenta municipal llega a acuerdos con la víctima ante esas autoridades, al regresar al municipio la violencia se recrudece; es más, el pasado 31 de agosto no le fue posible acceder a las instalaciones en las que se encuentra su oficina, la oficina de la regidora de protección civil y el DIF Municipal, ya que la puerta estaba asegurada con cadenas y candados.

Además, el 1 de septiembre, aproximadamente a las 00: 17 horas, al dirigirse a su domicilio a bordo de una motocicleta en compañía de un familiar, ubicado en la misma calle que ocupan las instalaciones del DIF Municipal y de la regiduría a su cargo, la presidenta municipal y el Síndico se encontraban frente a dichas instalaciones, por lo que decidió regresar para dar parte a la comandancia y solicitar se levantara un informe del estado de la cadena y candado colocados, ya que habían sido manipulados.

Dadas las circunstancias, al lugar acudieron las encargadas de las distintas áreas que laboran al interior de dicho inmueble, por temor a que se extraviara documentación importante, herramientas y equipo de cómputo; temor derivado de la manera arbitraria en la que se negó el acceso a las y los trabajadores el día anterior.

Pasados algunos minutos, una patrulla que transitaba por el lugar se detuvo y le solicitaron el apoyo para resguardar el inmueble, momento en el que arribaron al lugar la presidenta municipal y el síndico municipal, quien conducía un vehículo oficial en estado de ebriedad, tan es así que al verse evidenciados y tratar de abandonar el lugar, pusieron en riesgo la integridad tanto de la regidora de equidad de género y vialidad como de las demás personas, en su mayoría mujeres, que se encontraban en el lugar, sin que la policía hiciera algo por detenerlos y evitar que continuaran conduciendo en estado de ebriedad.

Todos y cada uno de los hechos narrados constituyen de manera clara violencia política en razón de género en contra de la regidora Mónica Mateo Pablo, por lo que hoy solicito su apoyo para exhortar a las diversas autoridades del Estado de Oaxaca para que intervengan a la brevedad y eviten un daño irreparable a la integridad física, psicológica, patrimonial y a la vida de la víctima y de su familia.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca para que resuelva con perspectiva de género, enfoque de Derechos Humanos y a la brevedad el expediente JDC/656/2022 del índice del Tribunal.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General del Estado para que a través de las Fiscalías Especializadas en Delitos Electorales y en Materia de Combate a la Corrupción investiguen de manera diligente, pronta y con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos los hechos denunciados por la C. Mónica Mateo Pablo y de los cuales ya tienen conocimiento a través de las denuncias presentadas por la víctima en ambas dependencias.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para que dé seguimiento con perspectiva de género, enfoque de Derechos Humanos y a la brevedad la queja CQDPCD/PES/001/2022, del índice de la Comisión de Quejas y Denuncias o Procedimiento Contencioso Electoral.

Cuarto. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y a la Secretaría General de Gobierno atiendan e intervengan a la brevedad posible para evitar daños irreparables en la integridad de la regidora Mónica Mateo Pablo y de las demás regidoras y mujeres que laboran en el Ayuntamiento de La Ciénega Zimatlán.

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados, a 8 de septiembre de 2022.– Diputada Maribel Martínez Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen.

SE EXHORTA A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A IMPULSAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las entidades federativas a impulsar y fortalecer las acciones de prevención y sensibilización de la violencia de género, así como a difundir la cultura de la no violencia y a considerar la apertura de un mayor número de centros de justicia para mujeres, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La violencia de género en nuestro país ha alcanzado niveles preocupantes, lo que sitúa a las mujeres como un sector vulnerable. Este problema surge desde nuestra sociedad debido al comportamiento, concepción de roles y características de unas y otros, también por fomentar y permitir desde los hogares comportamientos machistas o agresivos para las mujeres que son normalizados.

Día a día vemos noticias de mujeres violentadas por sus parejas o exparejas, integrantes de su propia familia, o simplemente personas que odian a las mujeres por el simple hecho de serlo.  Existen muchos tipos de violencia hacia la mujer, uno de los más comunes es el acoso sexual, pues todos los días lo enfrentan al salir a la calle, en el transporte público, o incluso en el trabajo o escuela.

Desafortunadamente, lo anterior no es el único problema que tienen que enfrentar todos los días nuestras mujeres, pues ahora viven con el miedo de salir a la calle y sufrir un daño mayor, ya que cada vez son más las situaciones donde son abusadas sexualmente, agredidas física y mentalmente, torturadas o asesinadas, por el simple hecho de pertenecer al género femenino.

En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la violencia contra las mujeres se define como “Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público;”

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2020 el 10.8 por ciento  de los delitos cometidos en contra de mujeres fue de tipo sexual; en 2021 el 20 por ciento de mujeres de 18 años o más reportó percepción de inseguridad en casa;  y 23.2 por ciento de las defunciones por homicidio de mujeres ocurrieron en la vivienda.

No obstante, existen datos aún más preocupantes, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 (Envipe), a partir de 2016 y hasta 2018 se registra un incremento en el porcentaje total de la población con percepción de inseguridad en los contextos en que residen, llegando a un máximo de 79.4 por ciento en 2018. Además, dicha encuesta afirma que cuando se observan estos datos por sexo, es notorio que la percepción de inseguridad es mayor en las mujeres y que la diferencia respecto a los hombres se ha incrementado en los últimos años, alcanzando hasta siete puntos porcentuales en 2020 (81.7 por ciento en mujeres contra 74.7 por ciento en hombres).

Igualmente, la Envipe del año 2019, señala que a nivel nacional, la percepción de inseguridad de las mujeres, en el municipio en donde residen, es cada vez mayor, de 2013 a 2019, pasó de 65.6 a 74.1 por ciento, y en su colonia o localidad de 46.7 por ciento a 54.5 por ciento, en comparación con los hombres cuyo porcentaje ha pasado de 60.0 por ciento a 66.3 por ciento en el municipio y en la colonia o localidad de 41.0 a 46.2 por ciento de 2013 a 2019. Además, las principales víctimas de delitos sexuales son mujeres, pues ocurren 2 mil 747 delitos de esta índole por cada cien mil mujeres, mientras que para los hombres esta cifra es de sólo 294.

Asimismo, la Envipe 2021, señala que 10.8 por ciento del total de delitos cometidos contra las mujeres es de tipo sexual, para las mujeres, los delitos sexuales ocupan el cuarto lugar.

Por su parte, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, del 1 de enero al 14 de abril del 2022 se han reportado 748 mujeres desaparecidas. Además, dicho registro señala que de un total de 2,272 desapariciones, el 33 por ciento son mujeres.

Además, la ONU informa que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su vida y al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas ha enfrentado un incidente de violencia alguna vez en su vida. En casos extremos, como el de México, para el año 2018, 9 mujeres eran asesinadas diariamente. Es por ello que en ese año, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) emitió recomendaciones a México para garantizar los derechos humanos a mujeres y niñas.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, se tiene un registro de 273 mil 903 delitos contra las mujeres, de las cuales en las investigaciones y carpetas de investigación abiertas iniciadas en 2020, estas representan el 14.8 por ciento del total de delitos (1 millón 856 mil 805). De esos 273 mil 903 delitos, resalta que 80.4 por ciento corresponden a delitos de violencia familiar. Asimismo, en un porcentaje significativamente menor se encuentran los delitos sexuales: abuso sexual (8.4 por ciento), violación simple o equiparada (6.6 por ciento), acoso sexual (2.0 por ciento) y hostigamiento sexual (0.7 por ciento).

Por otra parte, el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE), menciona que entre los principales delitos cometidos contra las mujeres y registrados en las causas penales ingresadas, se encuentran el abuso sexual y violación, representando alrededor del 90 por ciento dentro de los delitos cometidos contra las mujeres (estos delitos están conformados por feminicidio, abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, violación/violación equiparada, estupro, trata de personas y violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar) en los años comprendidos entre 2013 a 2018.

También datos del INEGI, afirman que “la mayoría de las mujeres entrevistadas (66.8 por ciento) no sabe a dónde acudir para solicitar ayuda”. Por ello, resulta de suma importancia fomentar y fortalecer los mecanismos necesarios para garantizar a las mujeres la protección a sus derechos humanos a fin de evitar ser víctimas de cualquier delito.

Por su parte, La “Ley General de Víctimas” establece en su artículo 1o, párrafo tercero, las competencias entre las autoridades de todos los ámbitos de gobierno y las dependencias, organismos o instituciones para velar por la protección de las víctimas. Sobre la reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensione individual, colectiva, material, moral y simbólica.

Asimismo, el artículo 2 de la misma ley, señala que su objetivo es “Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos...”, así como “establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, además de “garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia” y “Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión” .

En cuanto a acciones que ha tomado el gobierno para atender la situación de violencia de género, existen algunos institutos y dependencias encargadas de llevar a cabo programas para atender la problemática. Una de esas dependencias es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que consiste en un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, encargado de diseñar la política nacional para promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y la erradicación de la violencia en su contra.

Dicho órgano desconcentrado formula las bases de coordinación entre los tres niveles de gobierno y promueve el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Además, la Conavim es la encargada de elaborar y dar seguimiento al Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que conjunta las acciones del Gobierno de la República en materia de promoción de la igualdad y combate a la discriminación contra las mujeres y niñas. En el Capítulo II del Programa para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2021-2024 se enuncia lo siguiente:

“A pesar del mandato que se desprende tanto de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como de su reglamento, quedan muchas tareas pendientes en ese sentido, ya que aunque la citada Ley establece que el modelo de atención a la violencia debe brindar servicios gratuitos de atención y apoyo, además de atender el impacto de esta para que las mujeres puedan participar plenamente en la vida pública, privada y social, la Endireh 2016 señala que del grupo de mujeres que declaró haber vivido violencia de pareja y buscaron atención (5.9 por ciento), 38.94 por ciento señaló que la situación mejoró, mientras que para 40.22 por ciento sólo mejoró un tiempo o siguió igual y para el 18.63 por ciento la violencia empeoró.”

Si bien el programa es integral, su objetivo es prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, el problema es que lejos de disminuir las cifras de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, éstas van en aumento, lo que muestra que no se está trabajando lo suficiente, por ello, se debe considerar el diseño de políticas públicas que brinden una atención integral a las mujeres para poder prevenir cualquier tipo de violencia hacia ellas, además de atender las denuncias y darles la importancia que el caso requiera, con un seguimiento al caso en concreto.

Por otra parte, existe el Instituto Nacional de las Mujeres, que es la entidad del gobierno federal que coordina el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad sustantiva y coadyuva con la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Dicho instituto tiene como objetivo general el promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural, económica y social del país.

Algunos de los recursos que tenemos en el país para atender la violencia contra las mujeres son:

• Refugios especializados para mujeres en situación de violencia.

• Centros de justicia para las mujeres.

• Agencias y/o fiscalías especializadas en delitos contra las mujeres.

Los refugios son una herramienta muy importante para brindar apoyo a mujeres que se encuentran en situación de violencia, éstos surgieron gracias a la sociedad civil organizada y al logro de distintos movimientos llevados a cabo por mujeres, para poder hacer visible el problema y hacer que el Estado brinde la atención necesaria.

Como parte de las acciones que el Estado toma para proteger a las víctimas de violencia, la Ley General de la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), contempla el Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos, que consiste en tener espacios que operan de manera gratuita y guardan la confidencialidad de las personas que atienden.

La atención que se ofrece en refugios es integral y abarca el servicio médico, apoyo psicológico (terapia o pláticas grupales), apoyo jurídico en derechos humanos, talleres de manualidades u oficios, orientación en salud sexual y reproductiva, así como de vivienda, alimentación, entre otros.

Los objetivos principales de los refugios son los siguientes:

• Garantizar un espacio seguro y digno de alojamiento temporal

• Proporcionar a las mujeres la atención necesaria para su recuperación física y psicológica, que les permita participar plenamente en la vida privada, pública y social.

• Favorecer la toma de conciencia individual y colectiva, a fin de promover la autonomía de las mujeres para el ejercicio pleno de sus derechos;

• Apoyar un proceso de toma de decisiones hacia una vida libre de violencia;

• Ofrecer atención integral en las áreas de necesidades básicas, apoyo emocional, salud, protección legal, social, educativa y productiva.

Actualmente, como ha sido desde sus inicios, los refugios son operados por organizaciones no gubernamentales en su mayoría, algunos otros forman parte de instituciones públicas de nivel estatal y municipal, pero ambos cuentan con aportaciones provenientes del gobierno.

Al mismo tiempo, como se ha mencionado anteriormente, existen también los Centros de Justicia para Mujeres, que es un espacio donde se concentran servicios especializados, integrales e interinstitucionales, que atienden a mujeres y niñas, así como niños hasta los 12 años, víctimas de violencia familiar y de género, garantizando su derecho a una vida libre de violencia.

Dichos centros ofrecen atención a las mujeres que lo solicitan, ello con base en sus necesidades, ofreciendo servicios como:

• Trabajo Social

• Psicología

• Lúdica

• Médica

• Jurídica

• Medidas de Protección.

• Empoderamiento

• Juzgado Familiar.

• Juzgado Cívico.

• Asesoría Jurídica Pública

• Agencia del Ministerio Público

A su vez, los Centros de Justicia para Mujeres trabajan en coordinación con distintas autoridades y secretarías, pues se encuentran conformados por: Fiscalía General de Justicia, Secretaría de Gobierno, Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Bienestar e Inclusión Social, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, Secretaría de Salud, Consejería jurídica y de Servicios Legales, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Procuraduría Social, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

No obstante, las cifras de violencia contra la mujer son la muestra de que no se está trabajando lo suficiente para erradicarla, que no existen los suficientes centros de atención o bien, acciones eficientes para contrarrestar la problemática que enfrentamos actualmente  y se requiere mayor atención en los programas y acciones que se llevan a cabo para atenderla.

Indudablemente, las mujeres son un grupo vulnerable en nuestra sociedad y corren riesgo a ser víctimas de cualquier tipo de violencia, pues los datos expuestos anteriormente, así como muchos otros realizados por diferentes institutos, afirman la magnitud de la problemática que está atentando contra los derechos humanos de nuestras mujeres.

La falta de coordinación entre todos los niveles de gobierno e instituciones y el incremento acelerado de violencia hacia la mujer, refleja la falta de mecanismos y medios armonizados que aseguren y garanticen los derechos humanos de las mujeres.

Por lo anterior, se debe asegurar el acceso a la justicia de las mujeres, reparando el daño de manera integral, además de buscar en todo momento erradicar cualquier tipo de violencia.

El gobierno debe enfocarse en las zonas con mayor incidencia en delitos contra las mujeres y promover soluciones que coadyuven con todas y cada una de las instituciones involucradas, además de una capacitación a todos los servidores públicos en prevención de violencia de género para que brinden atención con dicha perspectiva.

Ante las cifras mencionadas y el panorama de que día con día se incrementan los casos de violencia contra las mujeres, es necesario aumentar los programas y acciones, así como capacitar a las autoridades encargadas para que se solidaricen con  la problemática y ejerzan justicia, para que ningún delito quede impune.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La  honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a  las treinta y dos entidades federativas a impulsar y fortalecer las acciones de prevención y sensibilización de la violencia de género, además de fomentar la difusión de la cultura de la no violencia.

Segundo. La  honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Educación Pública a impartir talleres de prevención y sensibilización hacia la violencia de género, en los sectores de educación básica y superior.  

Tercero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Gobernación, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres a incrementar el número de albergues temporales.

Cuarto. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Gobernación en coordinación con las autoridades y Secretarías correspondientes a analizar la apertura de un mayor número de Centros de Justicia para las Mujeres.

Quinto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a incrementar y mejorar la capacitación para la formación de los cuerpos policiales con perspectiva de género.

Notas

1 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Art. 5, fr. IV.

2 INEGI, (2021), Estadísticas a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer (25 de noviembre), recuperado de la página de internet EAP_Elimviolmujer21.pdf (inegi.org.mx) (2022).

3 ÍBIDEM. P. 1

4 INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad Pública (ENVIPE) 2019. Presentación Ejecutiva. Consultada el 27 de octubre de 2020 en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2019/doc/en vipe2019_presentacion_nacional.pdf

5 INEGI, (2021), Estadísticas a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer (25 de noviembre), recuperado de la página de internet EAP_Elimviolmujer21.pdf (inegi.org.mx) (2022).

6 ONG. (2022). Desaparecen 7 mujeres al día. Julio 2022, de ONG Sitio web:

https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/

7 ONU mujeres. (2018). La violencia contra las mujeres no es normal ni tolerable.. 25 noviembre 2018, de ONU Sitio web:

https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2018/ 11/violencia-contra-las-mujeres#:~: text=En%20M%C3% A9xico%2C%20al%20menos%206,asesinadas%20al%20d%C3%ADa%5B3%5D.

8 INEGI, 2022. COMUNICACIÓN SOCIAL. Comunicado de Prensa núm. 143/22 del 3 de marzo de 2022, Recuperado de la página de internet. EAP_Mujer22.pdf (inegi.org.mx) (2022)

9 INEGI, (2021), Estadísticas a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer (25 de noviembre), recuperado de la página de internet

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020 /Violencia2020_Nal.pdf

10 INEGI, (2021), Estadísticas a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer (25 de noviembre), recuperado de la página de internet

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020 /Violencia2020_Nal.pdf

11 LEY GENERAL DE VÍCTIMAS. (2020) Artículo 1ro. Párrafo tercero  Ley General de Víctimas (diputados.gob.mx) (2022).

12 ÍBIDEM. Art. 2°.

13 Tomado del sitio web:

https://www.gob.mx/conavim/que-hacemos

14 Tomado del sitio web:

https://www.gob.mx/conavim/que-hacemos

15 Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2021-2024. Capítulo II. Recuperado de la página de internet. DOF - Diario Oficial de la Federación, (2022).

16 Tomado del sitio web:

https://datos.gob.mx/busca/organization/about/inmujeres

17 Tomado del sitio web:

https://www.gob.mx/inmujeres/que-hacemos#:~: text=Promover%20y%20fomentar%20las%20condiciones,econ%C3%B3mica%20y%20social%20 del%20pa%C3%ADs.

18 INEGI, (2021), Estadísticas a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer (25 de noviembre), recuperado de la página de internet

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020 /Violencia2020_Nal.pdf.

19 INEGI, (2021), Estadísticas a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer (25 de noviembre), recuperado de la página de internet

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020 /Violencia2020_Nal.pdf.

20 Tomado del sitio web:

https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/refugios-para-muje res-que-viven-violencia-extrema

21 Tomado del sitio web:

https://www.fgjcdmx.gob.mx/nuestros-servicios/en-linea/mp-virtua l/centros-de-justicia-para-las-mujeres#:~: text=Es%20un%20espacio%20donde%20se,una%20vida%20libre%20de%20violencia.

22 Tomado del sitio web:

https://www.fgjcdmx.gob.mx/nuestros-servicios/en-linea/mp-virtua l/centros-de-justicia-para-las-mujeres#:~: text=Es%20un%20espacio%20donde%20se,una%20vida%20libre%20de%20violencia.

23 ÍBIDEM.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2022.– María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para dictamen.

ACCIONES DE REFORESTACIÓN, CONSERVACIÓN DE ESPECIES ENDÉMICAS DE ACUERDO A LA BIODIVERSIDAD GEOGRÁFICA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal y a los gobiernos estatales y municipales a diseñar, coordinar y poner en marcha acciones integrales y permanentes de reforestación, y conservación de especies endémicas de acuerdo con la biodiversidad geográfica, a cargo de la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Noemí Berenice Luna Ayala, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II; 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79 del reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Sin duda, la falta de agua y la sequía que vive nuestro país no es un asunto menor, México, o gran parte de él, se está quedando sin agua y la problemática va en aumento. Según una publicación del New York Times, las cifras son sorprendentes: en julio, ocho de los 32 estados de México sufrían una sequía entre extrema y moderada, por lo que 1546 de los 2463 municipios del país se enfrentaban a la escasez de agua, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El mismo artículo señala que a mediados de julio, cerca del 48 por ciento del territorio mexicano sufría sequía, según la comisión, en comparación con cerca del 28 por ciento del territorio del país durante el mismo periodo del año pasado.

Pero tenemos que tener claro que la sequía no solo trae consigo la falta de agua, también afecta la producción económica en general, el agua se considera un activo económico fundamental para el desarrollo de las naciones y su demanda va en aumento.

Es importante destacar la gran importancia del agua, el agua no es necesaria solamente para los seres humanos, es necesaria también para la biodiversidad natural.

Adicionalmente a lo anterior, el agua contribuye a regular la temperatura y el clima del planeta, es una fuente de oxígeno y contribuye en el combate del CO2 y generador de energía.

En materia forestal, según una publicación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de marzo de 2020; México cuenta con una superficie de 137.8 millones de hectáreas (Ha) cubiertas por algún tipo de vegetación forestal. De éstas, 65.7 millones de Ha (47.7%) corresponden a superficie arbolada por bosques, selvas, manglares y otras asociaciones vegetales; 56.3 millones de hectáreas (40.8%) están cubiertas de matorral xerófilo, es decir, vegetación de zonas áridas y semiáridas; y otras áreas forestales cubren 15.8 millones de ha (11.5%).

El mismo documento advierte que la gran importancia de los bosques “ radica en los componentes y procesos que integran a los ecosistemas y que proporcionan múltiples beneficios al ambiente, la fauna y la sociedad.

Desde el punto de vista de la ecología, los bosques ayudan a la regulación del clima y al amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales.

• Mantienen la provisión de agua en calidad y cantidad.

• Generan oxígeno.

• Controlan la erosión, así como la generación, conservación y recuperación del suelo.

• Coadyuvan en la captura de carbono y la asimilación de diversos contaminantes.

• Protegen la biodiversidad, de los ecosistemas y las formas de vida.

• Propician y permiten la polinización de plantas y el control biológico de plagas.

• Son el espacio en donde se lleva a cabo la degradación y el reciclaje de desechos orgánicos.

• Permiten la apreciación del paisaje y la recreación.

• Son fuente importante de materias primas.

• Son reservorio genético de la vida y proporcionan infinidad de sustancias de gran utilidad a la humanidad para el combate de las enfermedades.

En resumen, aportan enormes beneficios económicos, sociales y ambientales”.

Según la misma publicación, “los ecosistemas forestales entre los que se encuentran: proporcionan productos y servicios que contribuyen directamente al bienestar de la población y son vitales para nuestras economías y vida cotidiana.

Entre otros servicios, los bosques son fuente de recursos alimentarios, maderables, combustibles y medicinales, además, sirven como sitios turísticos, de recreación escénica y son también importantes para las actividades socioculturales de sus habitantes.

Los bosques y selvas proporcionan servicios ambientales fundamentales como: el mantenimiento de las fuentes de agua, la diversidad biológica, así como la regulación del clima y la captura de carbono”.

Sin embargo, el medio ambiente se ve amenazado por factores humanos que debemos erradicar poco a poco mediante educación y concientización de la necesidad de su conservación, algunas de ellas son:

• La extracción, tráfico y comercio ilegal de plantas y animales;

• La cacería ilegal, el maltrato a ejemplares de flora y fauna silvestre;

• La introducción de especies inadecuadas a los hábitats, por mencionar algunas.

Un reclamo urgente del planeta es el cuidado de los ecosistemas forestales para asegurar el hábitat, los recursos naturales y la permanencia de la vida silvestre.

Hoy más que nunca debemos voltear a ver la gravedad del estado de salud del planeta Tierra, debemos abordar el tema como una prioridad nacional y mundial. No es un caso menor, puesto que la deforestación avanza a pasos agigantados y con ella la pérdida de biodiversidad.

La reforestación y la recuperación de la biodiversidad natural debe considerarse como un asunto de seguridad nacional. Si no actuamos ahora los desafíos serán mayores y los daños serán irreversibles. Las acciones y las políticas públicas en materia ambiental y climática deben comenzar a ser el centro de la subsistencia de la humanidad.

Nuestro país tiene grandes desventajas y retos por atender y superar, algunos de ellos son:

El bajo presupuesto destinado al sector ambiental, así como el rediseño de la Semarnat que ha golpeado a las áreas naturales protegidas y a las zonas forestales del país;

La violencia contra defensores de ambiente y territorio sigue imparable, así como los megaproyectos que se impulsan desde el gobierno federal y;

Que el medio ambiente no está dentro de las prioridades de este periodo presidencial.

Muestra de ello es que, en 2021, se destinaron 31,348 millones de pesos para todo el sector, un poco más que los 28,900 millones de pesos (poco más de 1,368 millones de dólares) que recibió uno de los principales programas del gobierno: Sembrando Vida.

Dependencias claves para la protección de los recursos naturales y combate a los delitos ambientales recibieron recursos mínimos. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) contó con un presupuesto de 866 383 000 pesos (alrededor de 41 millones de dólares), una cantidad que equivale a destinar alrededor de 9.6 pesos (poco menos de medio dólar) a cada una de las más de 90 millones de hectáreas del territorio nacional que tienen alguna categoría de protección.

Cálculos realizados por integrantes de la Red de Jóvenes Ambientalistas muestran que por cada peso que se deja de invertir en áreas naturales protegidas se pierden entre 100 y 400 metros cuadrados de cobertura forestal, según información vertida por la publicación ladobe.com.mx. La misma publicación señala que la Semarnat sufrió recortes de personal, se dejó sin titular a las delegaciones estatales y, hasta diciembre de 2021, no se publicaba su reglamento interior, por lo que las nuevas subsecretarías y direcciones generales no tienen atribuciones claras asignadas.

Entre las consecuencias que esto ha provocado está el retraso en la atención de todo tipo de trámites, entre ellos los relacionados con los programas de manejo forestal, lo cual desincentiva el manejo legal de los bosques y vulnera los derechos de las comunidades forestales.

La realidad de la sequía en nuestro país es tan grave que incluso el Gobierno federal tas la presión social y la emergencia por falta de agua en Nuevo León, ha tenido que voltear a atender el problema.

El pasado 12 de julio de 2022, la Conagua publicó un acuerdo de carácter general de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2022.

Si bien es cierto, el acuerdo establece la necesidad de mitigar los daños con base en los resultados de los análisis y dictámenes realizados por la Comisión Nacional del Agua, a través del Monitor de Sequía de México que forma parte del North American Drought Monitor, se emite el presente Acuerdo de Carácter General de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía, en virtud de que a la fecha se ha determinado en diversas cuencas del país, la condición de este fenómeno natural en sus modalidades de severa, extrema o excepcional.

Sin embargo, dicho acuerdo sólo atiende la emergencia actual a fin de garantizar el abasto de agua para uso doméstico y público urbano, podrá ejecutar las medidas transitorias concertadas con los representantes de los usuarios en los Consejos de Cuenca que presenten condiciones de sequía severa, extrema o excepcional, contenidas en los Programas de Medidas Preventivas y de Mitigación.

Lo que se plantea con este exhorto es la necesidad de atender la problemática de la sequía de manera continua y permanente, no transitoria, mediante la reforestación, cuidado, concientización y educación, con acciones sencillas, pero bien definidas y con trabajos coordinados de aportaciones laborales entre los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal respectivamente.

Algunas de las acciones que se proponen son las siguientes:

1. Que el Ejecutivo federal, en coordinación con los Estados y Municipios, diseñen unPrograma Nacional Permanente de Estrategias de Reforestación y Conservación de la Biodiversidad.

Con el objetivo de reforestar y conservar la biodiversidad en todo el país, especialmente las zonas con condiciones graves de sequía, con especies endémicas de acuerdo a sus distintas zonas geográficas que privilegien la captación de agua, la recarga de los mantos acuíferos y la recuperación de los ecosistemas.

2. Que el Ejecutivo federal otorgue los fondos y mano de obra posibles del programa Sembrando Vidas y sus beneficiarios en apoyo al Programa Nacional de Reforestación y Conservación de la Biodiversidad.

Es decir, re direccionar los esfuerzos reconociendo que esta medida va dirigida a privilegiar las especies endémicas más adecuadas para la reforestación según la geografía y las necesidades de cada entidad.

Cabe mencionar que el Programa Sembrando Vidas, si bien es cierto es el programa estrella de esta Administración, tiene muchos vicios ocultos, la opacidad en el manejo del ahorro de los más de 426 mil beneficiarios, el incumplimiento de sus Reglas de Operación y el poder extremo del personal que maneja el programa, opacan los resultados de la iniciativa.

La misma publicación de expansión del 29 de octubre de 2021 indica que:

“ Expansión Política en alianza con Connectas con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) dentro del programa ARCO realizaron peticiones de información, hablaron con una veintena de productores y operadores del programa y visitaron comunidades y viveros donde pudieron constatar que al interior de Sembrando Vida persiste la opacidad y las dudas en parte de funcionamiento”.

“ En los casi tres años de operación, se han presentado 97 denuncias en contra de funcionarios que operan Sembrando Vida que van desde las presuntas irregularidades administrativas, hasta por hacer proselitismo político con él y por condicionar sus beneficios a los campesinos. Las denuncias han llegado hasta las oficinas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), pero solo tres han sido concluidas y se archivaron por falta de elementos. Las otras siguen en etapa de investigación, por lo que aún no se cuenta con una sola sanción”.

Incluso, la misma nota, que es bastante extensa, señala que “algunos de los que se han atrevido a levantar la voz los han amonestado o notificado de la cancelación de sus beneficios, según se pudo constatar durante el desarrollo de la investigación”.

Otros fallos del programa han sido publicados por varios medios de comunicación que se pueden revisar en las siguientes ligas:

https://gatopardo.com/reportajes/sembrando-vida-el-proyecto-mil agro-de-lopez-obrador-para-el-campo-mexicano-2021-2020/

https://www.elfinanciero.com.mx/peninsula/deforestar-en-vez-de- reforestar-esto-es-lo-que-ocurre-con-sembrando-vida/

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/de fault.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/da-pocos-frutos-sem brando-vida/ar19870 58?referer=–7d616165662f3a3a6262623b72 7a7a7279703b767a783a–

3. Que los tres órdenes de gobierno Federal, Estatal y Municipal diseñen y promuevan programas educativos de concientización de la importancia del agua y su uso racional, la protección y el cuidado de los árboles y de la conservación de los ecosistemas naturales.

Esta acción es de las más importantes, educar y concientizar en materia de aguas y biodiversidad, no debemos perder más tiempo. Recordando que los días 22 de marzo se celebra en el mundo el día de “El agua y el cambio climático”. En este sentido, debemos reconocer que el agua y la biodiversidad se concatenan y que todas y todos somos responsables y parte de la solución, puesto que el uso responsable del agua beneficia a la disminución del efecto invernadero.

Debemos hacer conciencia y ciudadanos más comprometidos. Debemos comprender que el uso responsable del agua es un deber y una obligación de todos en favor de la humanidad.

4. Como cuarta y última acción, que los 3 órdenes de gobierno promuevan jornadas empresariales y familiares voluntarias de convivencia para la siembra de árboles, plantas y especies nativas, de limpieza de las regiones y de fomento de actividades de esparcimiento en contacto con la naturaleza.

En este sentido, hemos podido observar varios casos en los que el compromiso de Fundaciones que invitan a participar a las empresas y también de algunas comunidades en las que se organizan y alcanzan grandes resultados.

Es el caso de Red Árboles, Plantarse, Comisión Forestal del Estado de Michoacán, entre otras.

Considerando lo anterior y dada la gran importancia de conservar uno de los recursos naturales indispensables para el ser humano como es el agua y los acuíferos subterráneos que, en muchas ocasiones desembocan en ríos, presas y lagunas, razón por la que debemos atender urgentemente el tema, puesto que una vez que un acuífero subterráneo se agota, corre peligro de bloquearse e incuso cerrarse por derrumbes o hundimientos.

Por su parte, la Comisión Nacional Forestal, publicó la importancia de los ecosistemas y señala que: “ Los ecosistemas forestales son el hábitat de la vida silvestre, que incluye las plantas y animales que viven libres en él y están expuestos a sus procesos naturales. La vida silvestre, al igual que los bosques, selvas, humedales y zonas áridas, puede ser aprovechada de dos formas:

• Extractiva: Cuando por ejemplo se caza un venado como alimento, se colecta alguna planta para ser utilizada como alimento, medicina u ornato.

• No extractiva: Cuando se realizan actividades como el ecoturismo y la educación ambiental, sin sustraer especies.

Así mismo, BBVA hizo pública la importancia de la reforestación, menciona que “México es uno de los países más diversos del mundo. No obstante, está perdiendo sus bosques a una tasa alarmante por año, por lo que se debe resaltar más que nunca la importancia de la reforestación”.

Y, tomando en cuenta que la pérdida de áreas forestales, ya sea por incendios, plagas o tala clandestina, tiene varias consecuencias. Principalmente, ya no se absorbe tanto CO2 y también entran en riesgo los animales y plantas de los ecosistemas locales.

Menciona 5 beneficios: Refuerza las barreras forestales, regula el clima, aumenta la disponibilidad de agua, previene la erosión del suelo y conserva la biodiversidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y a los gobiernos Estatales y Municipales, a diseñar, coordinar y poner en marcha acciones integrales y permanentes de reforestación, conservación de especies endémicas de acuerdo a su biodiversidad geográfica, así como su seguimiento, con el objeto de obtener mayor captación de agua, regenerar los mantos acuíferos y recuperar la biodiversidad natural del territorio nacional.

Segundo. - La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobierno Federal a re direccionar los recursos y trabajos de los beneficiarios del programa Sembrando Vidas a un plan permanente de acciones de reforestación y conservación de la biodiversidad natural de todo el país.

Tercero. - La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales a diseñar y promover programas educativos de concientización sobre la importancia del agua y su uso racional; la protección y el cuidado de los árboles y de la conservación de la biodiversidad natural.

Cuarto. - La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Gobiernos Estatales y Municipales a realizar, en la manera de lo posible, jornadas empresariales y familiares de siembra de árboles, plantas y especies nativas, de limpieza de las regiones y el fomento de actividades de esparcimiento en contacto con la naturaleza y su seguimiento.  

Notas

1. https://www.nytimes.com/es/2022/08/03/espanol/mexico-monterrey-agua-sequia.html

2. https://www.gob.mx/profepa/articulos/importancia-de-los-ecosistemas-forestales- especies-de-los-bosques-y-selvas?idiom=es#:~: text=La%20importancia%20de%20los%20bosques&text=Generan%20ox%C3%ADgeno. &text=Controlan%20la%20erosi%C3%B3n%2C%20as%C3%AD%20como,conservaci%C3%B3n%20y% 20recuperaci%C3%B3n%20del%20suelo.&text=Coadyuvan%20en%20la%20captura%20de% 20carbono%20y%20la%20asimilaci%C3%B3n%20de%20diversos%20contaminantes.&text =Protegen%20la%20biodiversidad%2C%20de%20los%20ecosistemas%20y%20las%20formas%2 0de%20vida

3. Carta de Uso del Suelo y Vegetación del INEGI, Serie VI-2014.

4. https://www.ladobe.com.mx/2021/12/las-deudas-ambientales-de-mexico-en-2021/

5. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5657697&fecha=12/ 07/2022#gsc.tab=0

6. https://politica.expansion.mx/mexico/2021/10/28/voces-sembrando-vida-irregulari dades-pagos-programa-amlo

7. https://politica.expansion.mx/mexico/2021/10/28/voces-sembrando-vida-irregulari dades-pagos-programa-amlo

8. https://www.reddearboles.org/es-MX/

9. https://plantarse.org/

10. https://cofom.michoacan.gob.mx/inicia-en-aquila-la-jornada-nacional-de-siembra- de-arboles-2022/

11. http://www.conafor.gob.mx: 8080/biblioteca/ver.aspx?articulo=705

12. https://www.bbva.mx/educacion-financiera/blog/importancia-de-la-reforestacion.h tml

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2022.– Diputada Noemí Berenice Luna Ayala (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

FIDEICOMISO PÚBLICO CON OBJETO DE ATENDER LAS EMERGENCIAS CAUSADAS POR DESASTRES NATURALES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a constituir un fideicomiso público con objeto de atender las emergencias causadas por desastres naturales, a cargo del diputado Jaime Bueno Zertuche, el Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado Jaime Bueno Zertuche del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del reglamento de la Cámara de Diputados, presenta el siguiente documento bajo las siguientes

Consideraciones

Debido a su diversidad geográfica, México está expuesto a una amplia variedad de peligros geológicos e hidrometeorológicos terremotos, volcanes, maremotos, huracanes, incendios destructivos, inundaciones, deslaves y sequias pueden impactar al país. Entre 1970 y 2009, aproximadamente 60 millones de personas se vieron afectadas por desastres naturales en el país. México está clasificado como unos de los 30 países en el mundo más expuestos a tres o más tipos de peligros naturales.

El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) constituía un instrumento financiero dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, el cual a través de sus Reglas de Operación y procedimientos, delimitaba las competencias, responsabilidades y necesidades de los diversos órdenes de gobierno, con la finalidad de apoyar a las entidades federativas de la República Mexicana, así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en la atención y recuperación de los efectos producidos por fenómenos naturales. Fue establecido a finales de los años 90 como un mecanismo presupuestario para apoyar de manera eficaz y oportuna a la rehabilitación de la infraestructura federal y estatal afectada por desastres naturales. El Fonden fue originalmente creado como un programa dentro del Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 1996, quedando con capacidad operativa en 1999 cuando se emitieron sus primeras Reglas de Operación.

Su objetivo era proporcionar, de manera rápida y eficiente, recursos financieros para atender los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, fondo que era administrado por las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Contaba con un marco regulatorio que permitía establecer mecanismos de apoyo tanto a los gobiernos estatales cuando los daños ocasionados por los fenómenos naturales perturbadores superaban su capacidad financiera y operativa de respuesta, así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

El Fonden permitió atender de manera pronta a la población afectada por lluvias, huracanes, sequias inundaciones, terremotos y otros eventos catastróficos en sus necesidades básicas y posteriormente en la reconstrucción. Sin embargo, un Decreto del Ejecutivo federal y diversas reformas legales extinguieron el fideicomiso bajo el falaz argumento de falta de transparencia.

La mayoría de las catástrofes naturales no son previsibles. En ellas se ve superada la capacidad física, técnica y humana para minimizar los daños y se debe actuar en consecuencia para a brindar apoyos a personas evacuadas o que sufrieron daños y pérdidas en su patrimonio. Cuando estos fenómenos suceden, se brinda asistencia médica, alimentaria, de vestido, alojamiento y posterior reconstrucción a la población afectada. Constituía un método eficaz de reacción, estabilización y vuelta a la normalidad.

A partir de que el Fonden fue eliminado, al ocurrir catástrofes naturales las entidades federativas se ven superadas en sus capacidades operativas y financieras y deben destinar recursos que inicialmente no se encontraban contemplados en sus presupuestos. El Fondo constituía una herramienta eficaz para la reposición de dichas partidas.

Esta propuesta hace un llamado al Titular del Ejecutivo federal a fin de que constituya nuevamente el fideicomiso, estableciendo unas reglas de operación claras y de gran alcance.

El fideicomiso será sujeto a la supervisión en el uso y destino de recursos por la Auditoría Superior de la Federación para una efectiva rendición de cuentas, y para que el pretexto de la falta de transparencia o la supuesta malversación de recursos no vuelva a poner en riesgo la atención a miles de familias en los momentos en que más ayuda necesitan. Además, de igual forma que en el pasado, se encontrará sujeto a las leyes de transparencia y acceso a la información pública, de manera que toda persona tenga claridad sobre su operación. Debemos superar los estereotipos y concepciones del pasado y poner en marcha las mejores prácticas para esta tarea.

Debemos destacar la siempre loable participación del Ejército Mexicano en las tareas de rescate y reconstrucción a través del programa DN-III. Su apoyo siempre es fundamental para la contención de las crisis catastróficas. Sin embargo, no debemos asignarle aún más tareas que pueden ser atendidas desde el orden civil como la habilitación de albergues, preparación de alimentos, vestimenta y reconstrucción.

Los mexicanos somos solidarios. La administración pública debe cumplir con su tarea de proveer bienestar y condiciones dignas de vida, más aún cuando las catástrofes se presentan.

Por tal motivo constituir nuevamente el referido fondo permitirá brindar una respuesta rápida y oportuna ante las dificultades y afectaciones que cada persona presenta en este tipo de eventos.

Los damnificados carecen de interés respecto del manejo administrativo de los recursos, requieren atención rápida, recuperación y vuelta a la normalidad. Es la razón por la cual esta propuesta se sustenta, para que las afectaciones en la vida de cada persona sean las menores y poder seguir adelante.

Por ello, constituir nuevamente el Fondo Nacional de Desastres Naturales permitiría una rápida atención por los municipios y las entidades federativas. Permitiría una distribución de tareas entre las diversas dependencias de los tres ordenes de gobierno.

El cambio climático es una realidad, sus consecuencias incluyen ahora, entre otras, sequías intensas, escasez de agua, incendios graves, aumento del nivel del mar, inundaciones, deshielo de los polos, tormentas catastróficas y disminución de la biodiversidad. Cada día sus efectos son más latentes, los fenómenos más frecuentes y los daños mayores.

Las consecuencias en la vida de las personas que menos tienen son mayores, su calidad de vida se ve mermada poco a poco. Hagamos lo posible por aprobar nuevamente la constitución del Fonden para que cuando las catástrofes sucedan sus efectos sean los menos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- Se hace un respetuoso exhorto al Titular del Ejecutivo Federal con la finalidad de que constituya nuevamente un fideicomiso público con el objeto de proporcionar recursos a los tres órdenes de gobierno para la atención de los daños producidos por desastres naturales.

Nota

1. El Fondo de Desastres Naturales de México-Una Reseña.

http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Re source/469/1/images/LibroFonden_versionEsp.pdf

Ciudad de México, a 8 de Septiembre de 2022.– Diputado Jaime Bueno Zertuche (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

SE HAGA PÚBLICO UN INFORME QUE EXPLIQUE LA SUSTITUCIÓN DE LOS GRADOS ESCOLARES POR FASES DE APRENDIZAJE ANTE EL INICIO DEL CICLO ESCOLAR 2022-2023

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a hacer público un informe que explique la sustitución de los grados escolares por fases de aprendizaje ante el inicio del ciclo escolar 2022-2023, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión y, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente  proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Educación Pública a hacer público un informe que explique la sustitución de los Grados escolares por Fases de aprendizaje ante el inicio del ciclo escolar 2022-2023, así como a indicar los planteles escolares en las Entidades federativas que participarán en la prueba piloto, así como a presentar los estudios y valores que se tomaron en cuenta para la implementación de este nuevo modelo educativo y el impacto que se espera lograr con su ejecución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La educación es parte fundamental para el desarrollo de un país y un derecho para todos los niños, niñas, jóvenes y adultos. A raíz de eso, fue que en el año 1921 fue creada la Secretaría de Educación Pública (SEP). El proyecto educativo tenía como objetivo atender a las necesidades de la población rural con el ochenta por ciento de analfabetismo. En 1939 se expidió la primera Ley Orgánica de Educación, de esta manera nacieron los planes y programas de estudios nacionales y únicos, para la primaria y en 1942 se sustituye por Ley federal de Educación.

En el periodo del 2001-2006, se dio a conocer el “Programa Nacional de Educación”, el modelo educativo del programa era por competencias con el objetivo que el aprendizaje tuviera enfoques como: el saber, el ser, las actitudes y los valores. En 2013 se promulgó la reforma educativa, y su objetivo fue un servicio profesional docente y la propia autonomía del instituto para la Evaluación de la Educación. Después de tres años se reorganizó el sistema educativo nacional, posterior a ello se creó el Modelo Educativo 2016 con la finalidad que los estudiantes logren los aprendizajes que el siglo XXI exige y puedan formarse. En 2018 se presentó una iniciativa para modificar la constitución y cancelar la reforma educativa del 2013. Cuatro años después se modificó nuevamente el modelo  educativo el cual tiene  nombre de “Nueva Escuela Mexicana” (NEM), el objetivo es promover valores entre los estudiantes como también un aprendizaje más inclusivo y equitativo.

La educación es importante para un buen desarrollo social y económico, para poder formar profesionistas se necesita hacer un buen uso de los recursos públicos destinados al nivel básico. En los últimos 25 años no se ha modificado mucho el sistema educativo, es por eso que existen complicaciones: es insuficiente, desigual y carece de calidad. Es importante señalar que 7 de cada 10 estudiantes tienen dificultades en la comunicación del lenguaje, estos son los resultados que se arrojaron dentro del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes de la Secretaría de Educación Pública en 2017.

México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), que destina menos recursos a cada alumno. El 98.1% del presupuesto destinado a educación se usa para prestar servicios educativos, mientras que el 1.8% es destinado para cubrir gastos de obra pública, el 0.02% es para gastos de programas subsidiarios y el 0.03% a la construcción de obra pública.

Como ya se mencionó, hay grandes deficiencias en el sistema educativo y para lograr la mejora en la calidad se necesita un incremento en la inversión para la capacitación de los docentes Los programas de actualización y formación no están diseñados para la mejora educativa, los contenidos son enseñados para una educación automatizada, lo cual eso no funciona. Se necesita nuevas formas de enseñanza, que sea holística y didáctica, y logre absorber el interés y gusto por querer aprender de cada alumno.

El día 16 de agosto de 2022, la SEP presentó el Plan de Estudios de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. Su objetivo es cubrir las necesidades de cada estudiante a través de la eliminación de los grados escolares en las escuelas, cambiándolos por “fases de aprendizaje”, con esto se pretende lograr mejoras en el aprendizaje, en los procesos cognitivos, sociales y culturales desde las capacidades y habilidades de cada estudiante, así como poder brindar mayores posibilidades de profundizar en los nuevos saberes.

Las “fases de aprendizaje” se conformarán de la siguiente manera: “Fase 1. Educación inicial. Fase 2. Educación Preescolar. Fase 3. Primero y segundo grados de Educación Primaria.  Fase 4. Tercer y Cuarto grado de Educación Primaria.  Fase 5. Quinto y Sexto grados de Educación Primaria.  Fase 6. Primero, segundo y tercer grados de Educación Secundaria”.

Se iniciará la prueba piloto en 30 escuelas por entidad federativa, durante el ciclo escolar 2022-2023. El tránsito de grados escolares a fases es una estrategia pedagógica que promueve un proceso educativo transformador de las condiciones sociales con la participación de toda la comunidad escolar desde los estudiantes hasta los directivos. La meta es realizar cambios favorables al desarrollo de la propiciación de saberes que permita obtener una mejor educación.

La SEP enfrenta varios retos con la educación en México en este regreso a clases presenciales, uno es la implementación del nuevo modelo educativo como una propuesta que sea a largo plazo, la pregunta es: ¿cómo va a funcionar en ciertos niveles educativos este ciclo escolar 2022-2023?, y explicar cómo se seguirá llevando a cabo el modelo anterior en los siguientes grados escolares. El segundo es el rezago educativo y como al implementar el nuevo modelo educativo en las aulas ayudará a integrar a los alumnos que tuvieron que dejar la escuela durante la pandemia.

Para establecer el nuevo modelo educativo se necesita de un diagnóstico sobre la situación escolar en México, el cual no hay información que indique las razones y los motivos principales para la modificación del nuevo modelo educativo, ni las condiciones de las escuelas donde se inicia la prueba piloto. Así mismo se menciona que los alumnos adquirirán conocimientos para utilizarlos en su vida cotidiana conforme a sus contextos, pero no explican de qué manera se va a implementar y qué eficacia abra al iniciar el ciclo escolar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a consideración de la asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Educación Pública a hacer público un informe que explique la sustitución de los grados escolares por fases de aprendizaje ante el inicio del ciclo escolar 2022-2023, así como a indicar los planteles escolares en las Entidades Federativas que participarán en la prueba piloto, y  hacer públicos los estudios y valoraciones que se tomaron en cuenta para la implementación de este nuevo modelo educativo y el impacto que se espera lograr con su ejecución.

Notas

1. Redalyc. (2016). El Modelo Educativo en México: el planteamiento pedagógico de la Reforma Educativa.

https://www.redalyc.org/journal/132/13248313012/html/

2. Méxicoeducación. (2017). México y su educación a través del tiempo.

https://mexicoeducacion.blogspot.com/

3. Redalyc. (2016). El Modelo Educativo en México: el planteamiento pedagógico de la Reforma Educativa.

https://www.redalyc.org/journal/132/13248313012/html/

4. AMLO. (2019). Reforma Educativa.

https://lopezobrador.org.mx/temas/reforma-educativa/

5. Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. (2016). El sistema educativo mexicano, rezagado en calidad y distribución de recursos.

https://ciep.mx/el-sistema-educativo-mexicano-rezagado-en-calida d-y-distribucion-de-recursos/

6. Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. (2021). Gasto público en educación PPEF 2021.

https://ciep.mx/gasto-publico-en-educacion-ppef-2021/

7. SEP (2022). Boletín SEP. no. 192 Presenta SEP plan de estudio preescolar, primaria y secundaria; habrá prueba piloto en ciclo escolar 2022-2023.

https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-sep-no-192-presenta-sep -plan-de-estudios-de-preescolar-primaria-y-secundaria-habra-prueba-piloto-en-ci clo-escolar-2022-2023#:~: text=La%20Secretar% C3%ADa%20de%20Educaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica, el%20ciclo%20escolar%202022%2D2023

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2022.– Diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

SE IMPLEMENTE EN TODA LA REPÚBLICA MEXICANA EL PROGRAMA PASOS PARA LA SUSTENTABILIDAD Y PROGRAMA DE GANADO SEGURO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a implementar en toda la República Mexicana el Programa Pasos para la Sustentabilidad y el Programa de Ganado Seguro, a cargo del diputado Salvador Alcantar Ortega, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado Salvador Alcantar Ortega, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en numeral 1, fracción I, del artículo 6, numerales 1, fracción II, y 2 del artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Con el paso del tiempo las afectaciones que trae consigo el cambio climático a nivel mundial parece solo afectar a los más desprotegidos, debido a lo anterior se han implementado Acuerdos donde la prioridad es no aumentar la contaminación dando por entendido que el camino a seguir es la mitigación y adaptación.

Se da a entender al mundo que en medida de lo posible debe tomar una postura responsable, donde cada país debe llevar acciones sustentables. De lo contrario el escenario futuro para la industria agropecuaria se ve limitada y en peligro, donde los más afectados son los pequeños productores.

En el caso de México continuar con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), hace ver a la nación con una postura firme al cumplir los acuerdos firmados.

A pesar de tomar iniciativas para seguir una ruta sustentable, no es posible llegar a todos los espacios, debido a que son los más desprotegidos los que aún sufren las consecuencias del cambio climático por la poca información y avance tecnológico al que tienen acceso.

El Acuerdo de París, en su Artículo 10, expresa la necesidad de desarrollar tecnología para así mejorar la resiliencia al cambio climático y reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Razón por la que es necesario empezar por el avance de desarrollo de tecnologías e implementación de capacitaciones donde se facilite a la población el acceso de su uso.

La necesidad de tomar acciones ahora se forma de acuerdo con los resultados negativos que se han estado obteniendo, pues nuestro país si bien es líder encabezando políticas para la mitigación y adaptación al cambio climático, pero no llevando a cabo estas mismas. Por lo anterior es que el sector agropecuario se ve afectado, pues solo aquellos que son mayores productores pueden adaptarse con mayor facilidad que los pequeños.

Considerando ahora  los cambios bruscos del clima presentados en México dan como resultado preocupación y pérdidas monetarias al sector agropecuario con los pequeños productores.

En el caso de la ganadería, las afectaciones son visibles, pues son mayormente afectados los pequeños ganaderos, los cuales aseguran el otro 50% del valor nacional de producción agropecuaria. Es necesario tomar importancia en este dato ya que, después de la pandemia el cual pudo ser una limitante para los ingresos de algunos ganaderos y esto sumando las sequías que en algunos Estados se han presentado en los últimos meses y otras catástrofes a causa del cambio climático dejando a los pequeños ganaderos con mayores pérdidas.

Si bien, también debe ser tomado en cuenta la existencia de otro aspecto en donde se ven afectados los pequeños ganaderos y es en los seguros al ganado donde se apoya en casos de perdida por los cambios climatológicos. Pero las afectaciones surgen de igual manera por el robo de ganado, por lo cual se debe pensar en un apoyo concientizado y bien administrado de para los pequeños ganaderos. Para así dar mayor seguridad al pequeño productor agropecuario.

De acuerdo a los puntos anteriores es imperante la necesidad de crear programas como Pasos para la Sustentabilidad y Ganado Seguro, donde se puede ver que no solo el beneficiado será el pequeño productor agropecuario, sino que la población en general debido a que las mejoras que tenga el sector agropecuario será un alivio en la economía de las familias mexicanas.

La ruta que debe seguir el programa pasos para el desarrollo es que mediante reuniones quincenales donde se prepare a los pequeños agropecuarios con platicas de carácter informativo sobre el cambio que pueden realizar en cosechas, ganado y en demás actividades del sector agropecuario, moldeando así sus actividades a la Agenda 2030, y a la vez, también con pequeñas practicas para que estas las lleven a cabo en sus propios territorios además de otorgar ayuda tecnológica necesaria para las diferentes situaciones en las que se encuentren, evaluando previamente sus necesidades y así poder apoyar cada situación de los pequeños agropecuarios.

En todo el anterior proceso se verán apoyados por expertos en la materia, como ingenieros agrónomos o zootecnistas especializados en sustentabilidad.

Para el programa ganado seguro, es un seguro donde se garantice la recuperación ya sea de monetaria o en ganado en caso de robo del 70% de lo que haya sido la perdida, y para que se pueda acceder sería mediante la inscripción de este programa, con el debido registro del ganado previamente. Además de que se apoyará también con los filtros sanitarios que requiera el ganado.

Por lo anteriormente expuesto se debe poner a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados  exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo Federal, a implementar en toda la República Mexicana el Programa Pasos para la Sustentabilidad, dando seguimiento de asesorías con especialistas en sustentabilidad agropecuaria para los pequeños ganaderos y así evitar pérdidas futuras.

Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Poder Ejecutivo Federal a implementar en toda la República Mexicana el Programa Ganado Seguro, generando no solo seguridad para el ganado en casos de perdidas por clima, si no también por robos.

Notas

1. Consultado en:

https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.p df

2. Consultado en:

http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/12El%20cambio%20clim%C3%A1t ico.pdf

3. Consultado en:

https://en.www.inegi.org.mx/contenidos/app/consultapublica/doc/d escarga/CA2022/proyecto/Presn_ConsultaCA22.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2022.– Diputado Salvador Alcantar Ortega (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Ganadería, para dictamen.

EXHORTO A LA PGJE, A DIFUNDIR EN SU PÁGINA OFICIAL DE INTERNET EL USO Y EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SUBSIDIADOS POR LA CONAVIM

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la PGJE del estado de Tlaxcala, a difundir en su página oficial de internet el uso y ejercicio de los recursos públicos subsidiados por la Conavim, a cargo de la diputada Jéssica María Guadalupe Ortega de la Cruz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Jéssica María Guadalupe Ortega de la Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la presente “ Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Tlaxcala, para que haga del conocimiento público por medio de su página oficial de internet el uso y ejercicio de los recursos públicos subsidiados por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” , con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

I. Presupuesto de Egresos de la Federación.

El Presupuesto de Egresos de las Federación (PEF) se define como el “Documento de política pública elaborado por el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el que se describen la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos de los tres poderes, de los organismos autónomos, así como las transferencias a los gobiernos estatales y municipales”

En ese sentido, el PEF es el instrumento de política pública más relevante ya que en él se establece el monto, destino y tipo de gasto público que se ejercerá del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.

II. Gasto Federalizado

El Gasto Federalizado son recursos públicos que el ejecutivo federal transfiere a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a través de los siguientes componentes:

a) Participaciones federales.

b) Aportaciones federales.

c) Subsidios.

d) Convenios de descentralización o reasignación.

Cabe señalar que el gasto federalizado representa una tercera parte del gasto neto total federal.

La Auditoría Superior de la Federación ha definido los subsidios como: “recursos que son entregados a las entidades federativas y municipios a través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada; éstos se destinan para apoyar programas que atiendan situaciones especiales de carácter social, económico o de operación de las haciendas públicas y obras que fomenten el desarrollo de actividades sociales, económicas o de interés general”.

Cabe señalar que dichos recursos también son entregados a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Estos recursos forman parte del gasto programable, es decir, se encuentran etiquetados y no pierden su naturaleza federal.

III. Erogaciones en materia de prevención y atención de violencia contra las mujeres.

El 29 de noviembre de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el PEF para el ejercicio fiscal 2022.

En el anexo 13 “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres” de dicho PEF, se consideró el siguiente programa presupuestario:

Conforme al analítico presupuestario por Programa Presupuestario, la Conavim cuenta con recursos económicos en la partida “43801 Subsidios a Entidades Federativas y Municipios” por un monto de 210 millones 232 mil 035.00 pesos.

1. Subsidio para el fortalecimiento del Centro de Justicia para Mujeres del estado de Tlaxcala.

La Procuradora General de Justicia del estado de Tlaxcala, C. Ernestina Carro Roldán, solicitó a la Conavim, recursos federales para el acceso a los subsidios destinados para el fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres del estado de Tlaxcala.

Derivado de lo anterior, el pasado 31 de marzo de 2022 se firmó el “Convenio de Coordinación entre la Secretaría de Gobernación y el estado de Tlaxcala, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres del estado de Tlaxcala” (Convenio CJM Tlaxcala) por un monto total de 3 millones de pesos, mismo que fue publicado el 17 de mayo del mismo año en el DOF.

2. Subsidios en materia de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres

La Procuradora General de Justicia del estado de Tlaxcala, C. Ernestina Carro Roldán, solicitó a la Conavim, recursos federales para el acceso a los subsidios destinados para los proyectos AVGM/TLAX/AC1/PGJ/83 y AVGM/ TLAX/AC2/PGJ/12.3

Derivado de lo anterior, el 31 de marzo de 2022 se firmó el “Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Gobernación y el estado de Tlaxcala, que tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para el proyecto AVGM/TLAX/AC1/PGJ/83, que permita dar cumplimiento a la aplicación de recursos destinados a las acciones de coadyuvancia para la declaratoria de Alerta de Género contra las Mujeres en Estados y Municipios para el ejercicio fiscal 2022” (Convenio AVGM Tlaxcala) por un monto total de 1 millón 659 mil 502.83 pesos, mismo que fue publicado el 22 de julio del mismo año en el DOF.

Por lo que respecta al proyecto AVGM/TLAX/AC2/PGJ/ 12.3, en la cuarta reunión extraordinaria del Comité de Evaluación de Proyectos de la Conavim se evaluó como procedente para del tercer proceso de asignación de recursos, por un monto total de 1 millón 500 mil pesos.

IV. Violencia contra mujeres y niñas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), considera que la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones más generalizadas y recurrentes de los derechos humanos en el mundo, aunado a las graves consecuencias que trae consigo.

En el caso particular de las mujeres y niñas, se encuentran expuestas a diversas situaciones de violencia por su género, por mencionar algunas: económica, psicológica, emocional, física, sexual, digital, que cada vez van más en aumento hasta llegar al feminicidio.

La Conavim informa a través de su página oficial de internet que, a la fecha se han emitido 25 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres en diversas entidades federativas, entre ellas, el estado de Tlaxcala y sus municipios.

De la información sobre violencia contra las mujeres presentado por el secretariado ejecutivo del SESNSP, se desprende que, de enero a julio de 2022, se tiene un registro de 70 mil 412 presuntos hechos delictivos cometidos en agravio de mujeres (lesiones dolosas, lesiones culposas, que atentan contra la libertad personal, que atentan contra la vida e integridad personal, homicidio culposo, homicidio doloso, extorsión, corrupción de menores, feminicidio, trata de personas, secuestro, rapto, tráfico de menores, etc).

En el caso de los delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual y, contra la vida y la integridad corporal, respectivamente, se tiene un registro de 13 mil 861 por violación; 12 mil 307 por lesiones culposas; 39 mil 268 por lesiones dolosas; 2 mil 238 por homicidios culposos; mil 639 por homicidios dolosos; y 530 por feminicidios.

VI. Denuncia a través de redes sociales.

El 15, 17 y 18 de agosto de 2022 la C. Yeny Charrez Carlos, entonces directora del Centro de Justicia para Mujeres del estado de Tlaxcala, denunció a través de sus redes sociales, el presunto manejo y aplicación inadecuado de recursos públicos federalizados asignados al estado de Tlaxcala, a través de subsidios para el fortalecimiento del Centro de Justicia para Mujeres y en materia de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Las manifestaciones de la C. Yeni Charrez Carlos, se fijan en por las presuntas irregularidades en la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres, subejercicios de los subsidios federales señalados en el párrafo anterior, contratación de personal que no cumple con el perfil requerido.

Derivado de lo anterior, la C. Yeni Charrez Carlos fue removida de su puesto.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Tlaxcala, para que haga del conocimiento público, por medio de su página oficial de internet, el avance físico-financiero del proyecto “Fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres del estado de Tlaxcala 2022”, así como la evidencia correspondiente de los trabajos realizados.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Tlaxcala, para que haga del conocimiento público, por medio de su página oficial de internet, la administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de los recursos públicos federales destinados a los proyectos AVGM/TLAX/AC1/PGJ/83 y AVGM/TLAX/AC2/PGJ/12.3.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de Justicia del estado de Tlaxcala, para que haga del conocimiento público, por medio de su página oficial de internet, el destino rendimientos financieros obtenidos en las cuentas productivas específicas en la que se transfirieron los recursos subsidiados, a través de los proyectos “Fortalecimiento del Centro de Justicia para las Mujeres del estado de Tlaxcala 2022”, AVGM/TLAX/AC1/PGJ/83 y AVGM/ TLAX/AC2/PGJ/12.3.

Notas

1 Secretaría de Gobernación. Sistema de Información Legislativa. Disponible en

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=189 Consultada: 31 de agosto de 2022

2 CEFP. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Disponible en

https://www.cefp.gob.mx/new/faq11.php Consultada: 31 de agosto de 2022.

3 ASF. Auditoría Superior de la Federación. Entrega de Recursos del Gasto Federalizado. Auditoría Especial del Gasto Federalizado. Febrero 2018. Disponible en

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016ii/Documentos/Audito rias/2016_MR-ENTREGA%20DE%20RECURSOS_a.pdf Consultada: 31 de agosto de 2022.

4 Cámara de Diputados. Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022. Disponible en

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2022.pdf Consultada: 31 de agosto de 2022.

5 Secretaría de Gobernación. Convenio CJM Tlaxcala. Disponible en

https://sidof.segob.gob.mx/notas/docFuente/5652166 Consultada: 31 de agosto de 2022.

6 Diario Oficial de la Federación. Convenio AVGM Tlaxcala. Disponible en

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5658976&fecha =22/07/2022#gsc.tab=0 Consultada: 31 de agosto de 2022.

7 Secretaría de Gobernación. Anexo 2 del avance de los programas presupuestarios con erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres. Disponible en

https://portales.segob.gob.mx/work/models/CONAVIM/archivos/inf/a 13_2_22.pdf Consultada: 31 de agosto de 2022.

8 Organización Mundial de las Naciones Unidas. Preguntas frecuentes: Tipos de violencia contra las mujeres y las niñas.

https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-wo men/faqs/types-of-violence Consultado: 03 de septiembre de 2022.

9 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Disponible en

https://www.gob.mx/conavim/articulos/cuales-son-las-alertas-de-v iolencia-de-genero-contra-las-mujeres-declaradas-en-mexico Consultada: 03 de septiembre de 2022.

10 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Información sobre violencia contra las mujeres. Junio 2022. p. 11.

https://drive.google.com/file/d/1ZYIIcpOfrINFGxGWJUjUEqeMhevqrKn 4/view Consultado: 05 de agosto de 2022.

11 Ibid. pp. 14-85.

12 Facebook. Disponible en

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=741919247074050&id=100002307306529

https://m.facebook.com/yeny.charrez/videos/439525428193137/ y

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=337766011810620&id=100002307306529 Consultada: 03 de septiembre de 2022.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2022.– Diputada Jéssica María Guadalupe Ortega de la Cruz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.