INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 12, numeral 2, del Reglamento de la Contingencia Sanitaria, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 14 de septiembre de 2022 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2022.– Diputado Santiago Creel Miranda (rúbrica), presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que expide la Ley de Agricultura Familiar, suscrita por los diputados Ma. de Jesús Aguirre Maldonado e Ismael Alfredo Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

2. Que adiciona el artículo 5o. de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

3. Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Alberto Velázquez Flores, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

4. Que adiciona el artículo 14 de la Ley General de Bienes Nacionales, suscrita por los diputados Carlos Alberto Puente Salas, Luis Armando Melgar Bravo y Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

5. Que reforma los artículos 4o. y 9o. de la Ley General de Turismo, suscrita por los diputados Carlos Alberto Puente Salas y Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Turismo, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Jucopo de esta soberanía, acordar la celebración de la efeméride con motivo de la nacionalización de la industria eléctrica, a cargo de la diputada Marisol García Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SSPC, a brindar auxilio y asistencia a los municipios afectados por las intensas lluvias registradas en las últimas semanas en Chihuahua, a cargo de la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de las secretarías de Salud y de Bienestar, a implementar la jornada de vacunación dirigida a menores de edad en el municipio de Apodaca, Nuevo León, para evitar contagios y propagación del virus SARS-CoV-2, a cargo del diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ISSSTE y al Fovissste, a eliminar del modelo de cobranza institucional contenido en el Reglamento Orgánico del Fovissste, la contratación de despachos privados para la cobranza extrajudicial, suscrito por las diputadas Angélica Ivonne Cisneros Luján, del Grupo Parlamentario de Morena, y Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Vivienda, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al comité ejecutivo del Programa Nacional de Reconstrucción, a informar a la opinión pública sobre el avance de la restauración de los inmuebles con valor cultural e histórico de acuerdo a las declaraciones de desastre de los sismos del 2017 y 2018, a cargo del diputado Javier Casique Zárate, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

SE EXPIDE LA LEY DE AGRICULTURA FAMILIAR

Iniciativa que expide la Ley de Agricultura Familiar, suscrita por los diputados Ma. de Jesús Aguirre Maldonado e Ismael Alfredo Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del PRI.

Se turna a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

«Iniciativa que adiciona el artículo 5o. de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 5 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El problema de los residuos en México no sólo se relaciona con su mal manejo, sino con la falta de políticas y programas que permitan reducir al mínimo posible la generación de los mismos. En este sentido, no se trata únicamente de disminuir los índices de contaminación ambiental y evitar los daños a la salud humana provocados por la multiplicación de tiraderos a cielo abierto, sino también de fomentar en la sociedad una cultura de separación de la basura que facilite el reciclaje y la reutilización de los residuos que generamos.

El principio Basura Cero es un concepto de vida sustentable que consiste en disminuir, aprovechar y valorizar al máximo los residuos que actualmente tiramos, incorporar este principio en las políticas de gestión de los residuos es uno de los principales retos ambientales en nuestro país.

En México uno de los mayores desechos es el plástico. Genera alrededor de 8 millones de toneladas al año y sólo se recicla alrededor de un tercio del mismo. A pesar de los esfuerzos, aún no hay una infraestructura suficiente para el reciclaje en el país.

De seguir con esta tendencia, los océanos se llenarán de plástico, el cual tarda miles de años en degradarse y ya está afectando seriamente la biodiversidad marina y el equilibrio ecológico. La acumulación de residuos que no se reciclan también provoca la degradación del suelo. Los microplásticos en la tierra son ingeridos por las lombrices, que pierden masa al ingerir este producto, lo cual afecta su aporte nutrimental a los suelos e impacta en el crecimiento de plantas y cosechas.

México necesita iniciativas como las implementadas por algunos países europeos que fomentan la industria del reciclaje para que ésta sea determinante en la disminución de la cantidad de basura y contribuya al desarrollo de la economía nacional. Para lograr lo anterior se necesita una proyección a largo plazo y que los sectores público y privado se comprometan.

En México las empresas son las que más han trabajado en la reducción y reciclaje de sus desechos. Una de las muestras más significativas de estos esfuerzos es la puesta en marcha de estrategias que permiten a las personas monetizar la basura, por ejemplo, hay empresas que se han coordinado para instalar máquinas recolectoras en distintos centros comerciales que dan puntos, créditos u otros incentivos al reciclar latas y botellas, con lo cual es posible pagar la suscripción a servicios de contenidos audiovisuales o comprar tiempo aire para telefonía celular.

Darles valor a los residuos, convirtiéndolos en dinero a través de centros o estrategias de recolección donde se aceptan como moneda de cambio para adquirir bienes y servicios es una manera de acabar con la contaminación de suelos y cuerpos de agua, especialmente los mares y océanos, pero también representa una oportunidad para aliviar las carencias de las personas que viven en situación de pobreza.

En México se generan anualmente 53.1 millones de toneladas de residuos, lo cual representó un aumento del 61.2 por ciento con respecto al volumen generado en 2003. Lo anterior significa que diariamente se producen 145 mil 479 toneladas de basura; expresada por habitante, la cifra alcanza 1.2 kilogramos en promedio por día.

El volumen de materiales reciclados en México es reducido; en 2015 alcanzó alrededor del 9.6 por ciento del total de los residuos generados. Esta cifra resulta baja cuando se compara con el volumen de reciclaje en países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los cuales en promedio reciclaron en ese mismo año alrededor del 24 por ciento de los residuos que generaron. Destacan los casos de Corea del Sur y Alemania, países que reciclaron respectivamente 58 y 47 por ciento de sus residuos.

La Ciudad de México recicla 90 por ciento de las botellas de PET que su población consume, pero en el resto del país el porcentaje es sólo de 56 por ciento.

Para poder disminuir y aprovechar mejor los residuos que actualmente generamos es indispensable promover la clasificación de la basura, así como su recolección por separado, sin embargo, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los residuos recolectados en nuestro país, 89 por ciento corresponde a recolección no selectiva y sólo el 11 por ciento restante a recolección selectiva (es decir, a la separación de la basura en al menos dos categorías: orgánica e inorgánica).

Con la implementación desde 1989 de una serie de políticas basadas en el principio Basura Cero, la ciudad de San Francisco, en California, recicla y recupera 80 por ciento de todos los residuos que genera.

De acuerdo con David Katz, fundador y director general de Plastic Bank, una empresa que pretende acabar con la contaminación por plásticos convirtiendo los residuos en moneda, se estima que hay alrededor de 150 millones de toneladas de plástico en los océanos, un camión de basura lleno vertiendo plásticos al mar por minuto. Plastic Bank reconoce el valor que tienen los 8.3 billones de kilogramos de plástico ya producidos, la mayoría de los cuales son residuos y señala que si se pagaran estos a un costo de aproximadamente 50 centavos de dólar por kilogramo se generaría una oportunidad de mercado de 4 billones de dólares en el mundo.

Aunque, afortunadamente, son cada vez más las personas que integran a su vida cotidiana la separación de residuos, todavía hay gente que tiene dudas sobre cómo distribuir los residuos para su adecuada disposición. En este sentido, sería de gran ayuda que las empresas que producen bienes que eventualmente pueden convertirse en residuos agreguen a estos una etiqueta con información clara respecto a la manera en que debe ser desechado y a partir de ello logremos construir una cultura inculcada desde que somos pequeños en donde el reciclaje nos resulte algo familiar y, sobre todo, fácil de llevar a cabo.

Por lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción VII al artículo 5 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Artículo Único. Se adiciona una fracción VII, recorriéndose las demás en su orden subsecuente, al artículo 5 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue:

Artículo 5. Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. a VI. ...

VII. Etiquetado ambiental: símbolo y/o información que se coloca en un producto para señalar cómo deberá realizarse su disposición final;

VIII. a XLVII. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá elaborar los lineamientos que establezcan las bases para el etiquetado ambiental de productos.

Tercero. La existencia de envolturas que ya se encuentren producidas a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, podrán ser utilizadas para la comercialización de productos, evitando el desperdicio de las mismas.

Dicha práctica no podrá exceder de 180 días naturales y, en tanto la empresa que comercialice los productos que aún no cuenten con el etiquetado ambiental, deberán implementar campañas informativas en sus medios de difusión previamente establecidos, señalando los mecanismos de disposición final de los productos referidos.

Notas

1 Véase, Informe de la situación del medio ambiente en México 2015, Semarnat, México, 2015. Página 434. Disponible en:

http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe15/tema/pdf/Informe15_ completo.pdf

2 Ibídem, página 443.

3 Véase, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Módulos Ambientales. Disponible en:

http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/ambiente/basura.aspx?tem a=T

4 Véase, David Katz: monetizando residuos para acabar con la contaminación por plásticos, Believe Earth, 30 de mayo de 2018. Disponible en: David Katz: monetizando residuos para acabar con la contaminación por plásticos - Believe Earth

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2022.– Diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jesús Alberto Velázquez Flores, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Jesús Alberto Velázquez Flores, diputado federal a la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXXII del numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer el cambio de nombre a la Comisión de Pesca, por el de Comisión de Pesca y Acuacultura.

Exposición de Motivos

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 39 numeral 1, que las comisiones son órganos constituidos por el pleno que, a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

Asimismo, establece que las comisiones ordinarias tienen a su cargo tareas de dictámenes legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto en los artículos 12, apartados A, párrafo cuarto, y 93, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también establece que su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Ahora bien, la Comisión de Pesca es una de estas comisiones ordinarias, está integrada por legisladores de los distintos grupos parlamentarios cuyas funciones en su ámbito de competencia son las del estudio minucioso, análisis y dictamen de las iniciativas de ley o decretos en materia de pesca y acuicultura, con el fin de impulsar, a través del trabajo legislativo, reformas y adecuaciones al marco jurídico del orden federal de esta materia, es decir, la Ley General de Pesca y Acuacultura.

También, son menester de la Comisión de Pesca el análisis a las necesidades alimentarias que el sector pesquero y acuícola, como actividad productiva, integran. Fomentar el desarrollo integral incluyente, sustentable y equitativo en las zonas pesqueras y acuícolas, así como aquellas con potencial de serlo, a fin de elevar la calidad de vida de las personas que dependen de esta actividad, con el fin de desarrollar e incrementar el sector pesquero y la producción acuícola de México.

Aunado a ello, la Comisión de Pesca debe entablar vínculos con las instituciones y dependencias del sector acuícola y pesquero de México, como el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), con el Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas (Comepesca), con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y con la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), con objeto de conocer, analizar y evaluar las necesidades de los sectores, así como realizar los trabajos legislativos encaminados al enriquecimiento de ambos sectores.

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables es el marco federal normativo que regula la materia, ésta tiene su fundamentación en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los objetivos de esta ley están establecidos en el artículo 2o. de la misma, y, entre otros, dicen:

Establecer y definir los principios para ordenar, fomentar el aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales; proponer mecanismos para garantizar que la pesca y la acuacultura se orienten a la producción de alimentos.

El mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y acuicultores del país; fijar las normas básicas para planear y regular el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, en medios o ambientes seleccionados, controlados, naturales, acondicionados o artificiales, ya sea que realicen el ciclo biológico parcial o completo, en aguas marinas, continentales o salobres, así como en terrenos del dominio público o de propiedad privada; establecer las bases y los mecanismos de coordinación entre las autoridades de la federación, las entidades federativas y los municipios, para el mejor cumplimiento del objeto de esta ley; determinar y establecer las bases para la creación, operación y funcionamiento de mecanismos de participación de los productores dedicados a las actividades pesqueras y acuícolas; apoyar y facilitar la investigación científica y tecnológica en materia de acuacultura y pesca; establecer el régimen de concesiones y permisos para la realización de actividades de pesca y acuacultura; establecer las bases para la certificación de la sanidad, inocuidad y calidad de los productos pesqueros y acuícolas, desde su obtención o captura y hasta su procesamiento primario, de las actividades relacionadas con estos y de los establecimientos e instalaciones en los que se produzcan o conserven; establecer el Sistema Nacional de Información de Pesca y Acuacultura y el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura; establecer las bases para la realización de acciones de inspección y vigilancia en materia de pesca y acuacultura.

Como podemos observar, el articulado se refiere en su gran mayoría a la acuacultura, es decir, esta norma reglamentaria tiene por objeto regular, fomentar y administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción; y no sólo sobre los temas pesqueros.

Antecedentes

Cabe señalar que la Cámara de Senadores integró e instaló para el cumplimiento de sus funciones, durante las legislaturas LXII y LXIII, una comisión denominada Comisión de Pesca y Acuacultura, misma que se encargó de realizar los trabajos legislativos pertinentes a dichas materias.

Planteamiento del problema

La acuacultura no sólo contribuye a la conservación de especies acuáticas, sino también contribuye al crecimiento y estabilidad del sistema alimentario y los niveles de nutrición; a la disminución de impactos ambientales, así como detonante económico, pues fomenta el autoempleo y como coadyuvante a mitigar la pobreza.

La acuacultura consiste en aplicar técnicas que permiten producir alimentos de alto valor nutrimental. Estas técnicas se practican desde hace siglos, de manera artesanal, y más recientemente de manera más profesional y moderna.

Dentro de los objetivos más importantes que busca esta comisión son los de priorizar las necesidades en el territorio nacional en materias pesquera y acuacultura sustentables; conocer y analizar las necesidades legislativas que permitan el desarrollo e impulso sustentable de la actividad pesquera y acuícola; coadyuvar al crecimiento y desarrollo integral de dichos sectores; entablar relaciones con las entidades federativas y municipios en ambas materias, entre otros, pese a ello, se omite en el nombre de la Comisión Pesquera la palabra acuícola.

Dicho lo anterior, es inevitable comprender que el ámbito de acción de la Comisión de Pesca no se circunscribe al sector pesquero, sino también al de la acuacultura. Por lo expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la presente

Propuesta de modificación

Fundamento Legal

Con fundamento en los artículos 71, fracción II y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma la fracción XXXII del numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica Del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

Único. - Se reforma la fracción XXXII del numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General, para quedar como sigue:

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Capítulo SextoDe las Comisiones y los Comités

Sección PrimeraDe las Comisiones

Artículo 39.

1. Las comisiones son órganos constituidos por el pleno que, a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

2. La Cámara de Diputados contará con las comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

Las comisiones ordinarias serán:

I a XXXI.- (...)

XXXII.- Pesca y Acuacultura.

XXXIII a XLVIII.- (...)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2022.– Diputado Jesús Alberto Velázquez Flores (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen.

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES

«Iniciativa que adiciona el artículo 14 de la Ley General de Bienes Nacionales, suscrita por los diputados Carlos Alberto Puente Salas, Luis Armando Melgar Bravo y Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados Carlos Alberto Puente Salas, Luis Armando Melgar Bravo y Nayeli Arlen Fernández Cruz, en representación de las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, integrantes de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 14 de la Ley General de Bienes Nacionales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante el año 2020, el producto interno bruto del mundo cayó un 3.4 por ciento. Para poner esta cifra en perspectiva, el PIB mundial alcanzó los 84.54 billones de dólares estadounidenses en 2020, lo que significa que una caída del 3.4 por ciento en el crecimiento económico se traduce en más de 2 billones de dólares estadounidenses de pérdida de producción económica.

El año 2021 fue más esperanzador y hubo un crecimiento significativo en la economía global, principalmente por el efecto espejo. El crecimiento se elevó a 6.4 por ciento. Sin embargo, al segundo trimestre de este año, la economía mundial encontró retos importantes a causa de las tensiones geopolíticas, volatilidad de los mercados financieros y los elevados precios de las materias primas y alimentos. Como consecuencia, el Fondo Monetario Internacional ha rebajado sus previsiones de crecimiento global hasta el 3.2 por ciento este año y 2.9 por ciento el que viene, una caída que representa cuatro puntos porcentuales en un año. Sin embargo, al presentarse un escenario de elevada inestabilidad, no se descarta que estas estimaciones se ajusten a la baja.

Dicha crisis ha sido más pronunciada en las economías de los países emergentes, debido a que dichos países tienen menores ingresos y una mayor debilidad institucional.

En el contexto nacional, el considerable debilitamiento económico dentro de este panorama sin duda tuvo grandes repercusiones en torno a las finanzas públicas nacionales. Sin embargo, en el ámbito local y municipal los efectos fueron más drásticos, principalmente debido al mecanismo residual en el cobro de las contribuciones.

Como una manera para combatir la coyuntura económica derivada de la crisis sanitaria antes expuesta, los gobiernos tanto federales como locales optaron por utilizar la deuda pública para subsanar las deficiencias financieras del momento. La deuda pública implementada con fines productivos y de manera sostenible puede catalizar el crecimiento de la economía tanto federal como subnacional, sin embargo, se convierte en un problema cuando los gobiernos utilizan parte importante de sus ingresos para pagar una deuda que se sostiene por sí misma. Esto limita a los municipios en la prestación de servicios públicos de calidad que se encuentran a su cargo.

Según datos del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), en 2021, los gobiernos de las entidades federativas concentraron el 94 por ciento del total de la deuda subnacional (627 mil 296 millones de pesos), mientras que los municipios sólo el 6 por ciento (39 mil 529 millones de pesos). La reducción de la deuda pública que contrajeron los municipios acortó mucho su margen de operación para solventar el pago de los servicios públicos a su cargo.

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. Dichos recursos obtenidos por las haciendas municipales se destinan principalmente para el manejo de diversos servicios públicos que garantizan el bienestar de la población, entre los que se encuentran el agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jardines.

La recaudación de las finanzas públicas municipales siempre ha presentado grandes retos. Es claro que las capacidades de los municipios no tienen que ver sólo con la disponibilidad de recursos. Desde las reformas constitucionales al artículo 115 realizadas en 1983, en las que se incrementaron las atribuciones a los municipios, se demostró que mayores atribuciones no necesariamente representan mayores ingresos.

En 1999 se presentó una iniciativa ante el Congreso de la Unión con el objeto de fortalecer las haciendas municipales. Dentro del análisis de la iniciativa se expuso que no corresponde a las participaciones federales generar la autosuficiencia financiera de los municipios. Por esto, se reformó el artículo 115 con el fin de establecer más atribuciones a las haciendas municipales en el cobro de sus correspondientes contribuciones. Sin embargo, y pese al catálogo de ingresos previstos en las leyes impositivas de carácter local, los ingresos municipales siguen siendo notoriamente insuficientes.

De acuerdo con el IMCO, las finanzas públicas de los municipios en nuestro país se componen con un 73 por ciento de ingresos públicos federales y estatales, un 22 por ciento de ingresos propios y un 4 por ciento de ingresos de financiamiento. Esta dependencia casi total en las transferencias federales y estatales ha generado que los municipios gasten más de lo que realmente generan, además de provocar un manejo muy limitado para controlar la calidad de los servicios públicos que se prestan. Según datos de la misma institución, “entre los años 1994 y 2018, los ingresos que percibieron los municipios tuvieron un crecimiento de 302 por ciento, en términos reales, de estos las transferencias de los gobiernos federal y estatales y los que pertenecen a los municipios crecieron 120 por ciento”.

Con relación al impuesto municipal más relevante, en el panorama nacional la recaudación del impuesto predial representa únicamente el 0.2 por ciento del PIB, mientras que la media internacional es del 2 por ciento, mostrando comparativamente la deficiente situación que representan las recaudaciones municipales en el marco internacional.

En este contexto, se presenta un área de oportunidad muy relevante para robustecer el marco normativo con el fin de clarificar y simplificar la labor de los ayuntamientos en el cobro de sus contribuciones, y con ello fortalecer sus haciendas públicas en beneficio de la población. Esto se puede lograr, por ejemplo, mediante reformas al marco legal que coadyuven a explicitar ciertos conceptos normativos con el fin de delimitar los criterios de interpretación que en última instancia derivan en la obtención de mayor seguridad jurídica en beneficio tanto de las haciendas municipales como de los contribuyentes.

Actualmente, las disposiciones relativas al cobro de contribuciones inmobiliarias de competencia municipal presentan una problemática de interpretación que deriva en una indefinición operativa sobre las facultades de cobro que tienen las haciendas municipales. Sobre estas interpretaciones disyuntivas, se han suscitado diversas controversias jurisdiccionales para esclarecer su verdadera finalidad.

Específicamente, el artículo 14 de la Ley General de Bienes Nacionales establece una exención para el pago del impuesto aplicable a la propiedad inmobiliaria aplicable a los inmuebles de dominio público con fines administrativos o con propósitos no relacionados con su objeto público. Este artículo ha presentado diversos criterios de interpretación por parte de los receptores de la norma. La redacción del artículo vigente genera muchas ambigüedades sobre qué actividades son consideradas de objeto público dentro de los inmuebles sujetos al régimen de dominio público.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación en los años 1994 y 2011 emitió dos criterios en el mismo sentido, en los que se excluye la exención de contribución municipal a los derechos de suministro de agua en bienes del dominio público y a los aeropuertos y servicios auxiliares. Se estableció que, a efecto de fortalecer la hacienda municipal, se consideró procedente modificar la exención otorgada a los bienes de dominio público, estableciendo que dicho beneficio fiscal es inaplicable si tales bienes son utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Esto claramente excluye a cualquier actividad mercantil, y prestación de servicios privados de cualquier tipo que se presten al interior de los predios sujetos a este régimen.

Dicho lo anterior, y para efectos de brindar un mayor grado de seguridad jurídica en beneficio de los municipios y sus haciendas públicas, se estima conveniente añadir un párrafo a la Ley General de Bienes Nacionales en el que expresamente se defina la función de objeto público, por la cual dichos inmuebles de dominio público están exentos del pago de contribuciones municipales por concepto de propiedad inmobiliaria. Esta adecuación normativa permitirá tener un marco jurídico más robusto y evitar posibles controversias jurisdiccionales en el marco del ejercicio de la función recaudatoria a cargo de los municipios.

En consecuencia, esta nueva redacción implicará que todas las actividades que se realicen en el interior de inmuebles de dominio público que no sean expresamente para la administración u operación de la actividad prioritaria para la cual son utilizados no se consideren como actividades de objeto público para los efectos de dicha disposición, y por lo tanto están sujetos a contribuciones municipales, lo cual redundará en beneficio de las haciendas públicas locales para la satisfacción de necesidad colectivas en un entorno de especial vulnerabilidad e incertidumbre económicas.

En ese contexto, una vez delineados los alcances y las implicaciones de la propuesta de reforma, y por las cuestiones presentadas en esta iniciativa, someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 14 de la Ley General de Bienes Nacionales

Artículo Único. Se adiciona un párrafo al artículo 14o. de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 14.- Las entidades o los particulares que, bajo cualquier título, utilicen inmuebles sujetos al régimen de dominio público de la federación en fines administrativos o con propósitos distintos a los de su objeto público, estarán obligados a pagar las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Para los efectos de este artículo, se entiende por objeto público la actividad perteneciente al Estado cuya ejecución se lleva a cabo directamente, o en su caso, se encuentra encomendada a entidades paraestatales o particulares, que cumple con la finalidad de la actividad prioritaria para la cual se utilizan, aprovechan o explotan los inmuebles a que se refiere el párrafo anterior, bajo cualquier título legal.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Clavellina Miller JL (Julio de 2020) Economía y finanzas públicas ante la crisis de Covid-19,Instituto Belisario Domínguez-Senado de la República. Página 3. Consultado en:

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4829

2 https://imco.org.mx/hablemos-de-deuda-2022-reporte-de-deuda-subnacional/#:~: text=En%202021%2C%20los%20gobiernos%20de,municipios%20casi%20no%20contratan%20d euda.

3 IMCO (2020) “Contexto de la Finanzas Públicas Municipales”. IMCO.Consultado en:

https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2020/10/20201029_Contexto -de-las-Finanzas-Pu%CC%81blicas-Municipales_Presentacio%CC%81n.pdf

4 Unda Gutierrez M (2019) Finanzas municipales en México: porque unos municipios recaudan más y gastan mejor,El Colegio de México. Página 1.

5 Tesis 2a./J. 22/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, página 247.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2022.– Diputados y diputadas: Carlos Alberto Puente Salas, Kevin Ángelo Aguilar Piña,  Jasmine María Bugarín Rodríguez, Karen Castrejón Trujillo, María del Rocío Corona Nakamura, Fátima Almendra Cruz Peláez, Claudia Delgadillo González, Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle, José Antonio Estefan Gillessen, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Fausto Gallardo García, Tomás Gloria Requena, Armando Antonio Gómez Betancourt, Luis Arturo González Cruz, Gilberto Hernández Villafuerte, Ana Laura Huerta Valdovinos, Javier Joaquín López Casarín, Luis Alberto Martínez Bravo, Sonia Mendoza Díaz, Santy Montemayor Castillo, Juan Pablo Montes de Oca Avendaño, Eunice Monzón García, Marco Antonio Natale Gutiérrez, Juan Carlos Natale López, Consuelo del Carmen Navarrete Navarro, Luis Edgardo Palacios Díaz, Angélica Peña Martínez, Mario Xavier Peraza Ramírez, María del Carmen Pinete Vargas, Janine Patricia Quijano Tapia, Antonio de Jesús Ramírez Ramos, Roberto Antonio Rubio Montejo, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, Valeria Santiago Barrientos, Roberto Alejandro Segovia Hernández (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY GENERAL DE TURISMO

«Iniciativa que reforma los artículos 4o. y 9o. de la Ley General de Turismo, suscrita por los diputados Carlos Alberto Puente Salas y Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados Carlos Alberto Puente Salas y Nayeli Arlen Fernández Cruz, en representación de las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, integrantes de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4 y 9 de la Ley General de Turismo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El sector turístico ha sido uno de los rubros más afectados por la crisis global provocada por la pandemia por el virus SARS-CoV-2. De acuerdo con el cuarto informe de labores de la Secretaría de Turismo (Sectur), durante la pandemia, la Organización Mundial del Turismo (OMT) clasificó a México como uno de los países más vulnerables, debido al peso que el turismo tiene en su economía (8.5 por ciento del producto interno bruto).

Sin embargo, según el seguimiento de la vulnerabilidad del turismo internacional que realiza la propia OMT, en la región de Norteamérica, “México es el país menos afectado en su desempeño turístico”; ya que, si se compara el primer cuatrimestre de 2022 con el de 2019, se puede observar una reducción acumulada de 21 por ciento, “mientras que la correspondiente a los Estados Unidos de América (EUA) es de 56 por ciento y a Canadá de 61 por ciento. De hecho, México se situó muy por debajo de la reducción promedio mundial de 44 por ciento que estima la organización”.

En concreto, la actividad turística en México, comparada con el periodo previo, registró de septiembre de 2021 a mayo de 2022 los siguientes resultados:

• La llegada al país de 26.4 millones de turistas internacionales, un aumento de 36.6 por ciento.

• El ingreso de divisas por visitantes internacionales mostró un crecimiento de 107.9 por ciento anual, al totalizar 19 mil 370 millones de dólares.

• Por vía aérea ingresaron 14.6 millones de turistas, lo que representa un incremento de 104.1 por ciento en comparación con el lapso previo, lo que a su vez representó un aumento de divisas de 128.9 por ciento, al sumar 16 mil 456 millones de dólares.

• Se calcula el arribo de 9.1 millones de turistas estadounidenses por vía aérea, lo que representó un crecimiento de 70.1 por ciento. El ingreso de divisas por este concepto se estimó en 10 mil 284 millones de dólares, lo que implicó un incremento de 90.8 por ciento respecto al mismo periodo previo.

• Los principales mercados turísticos emisores a México fueron EUA, Canadá, Colombia, Reino Unido, Brasil, España, Francia, Argentina, Alemania y Perú. En todos los casos las cifras resultaron muy por encima de las del periodo similar previo.

• El gasto medio de los visitantes internacionales a México entre septiembre de 2021 y mayo de 2022 fue de 423.8 dólares, cifra que reflejó un crecimiento de 62.9 por ciento respecto del mismo periodo anterior en el que se registró un monto de 260.1 dólares.

• Del 1 de septiembre de 2021 al 31 de mayo de 2022, el saldo en la balanza turística fue de 14 mil 824 millones de dólares, al registrar un ingreso de divisas por parte de viajeros internacionales de 19 mil 370 millones de dólares y un egreso de 4 mil 546 millones de dólares.

• El monitoreo hotelero de 70 destinos arrojó una ocupación promedio de 51.9 por ciento de septiembre de 2021 a mayo de 2022, esto refleja un aumento de 21.8 por ciento de lo observado en el periodo previo.

• Entre septiembre de 2021 y mayo de 2022, el número de pasajeros en cruceros ascendió a 4.3 millones de personas, lo que aportó a la economía nacional una derrama de 312.2 millones de dólares, con un gasto promedio de 73.2 dólares por pasajero.

• La población empleada en el sector turístico durante el primer trimestre de 2022 ascendió a 4.4 millones de personas, lo que representó 8.6 por ciento del empleo nacional en el periodo.

• Se espera que para el cierre del ejercicio 2022 el turismo alcance un nivel de recuperación importante, considerando los resultados favorables registrados al primer trimestre de 2022 en la encuesta de viajeros.

A su vez, mediante un comunicado, el secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, dio a conocer que, de enero a julio de 2022, el ingreso de divisas por concepto de visitantes internacionales fue de 16 mil 484.7 millones de dólares; lo cual implica un aumento de 64.6 por ciento comparado con el año anterior.

El titular de la Sectur también señaló que, en ese mismo periodo, el gasto medio de los turistas internacionales mostró un crecimiento de 32.9 por ciento más comparado con 2021. Mientras que el saldo de la balanza por concepto de viajeros internacionales fue de 12 mil 895.6 millones de dólares, esto es 72.8 por ciento más a lo registrado en 2021.

Finalmente, destacó que, con base en los resultados de la Encuesta de Viajeros Internacionales elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre enero y julio de 2022, 21 millones 677 mil turistas internacionales ingresaron al país, lo que representa 25.5 por ciento más respecto a lo captado en 2021; estando a 17.3 por ciento de alcanzar los 26 millones 224 mil turistas internacionales que ingresaron en el mismo periodo de 2019. Y se prevé que para el cierre del ejercicio 2022 el turismo alcance un nivel de recuperación importante, considerando los resultados favorables registrados al primer trimestre de 2022 en la encuesta de viajeros.

En este sentido, tal alza registrada en el ámbito turístico, forzosamente se ve acompañada de un crecimiento exponencial de todas aquellas externalidades negativas que derivan de la propia actividad turística, especialmente cuando se trata de turismo internacional. En los últimos años, la huella del turismo se ha convertido en un problema multifactorial, pues no sólo impacta el medio ambiente y los recursos naturales, sino que también afecta el ámbito social y económico. En concreto, las afectaciones se pueden enunciar de la siguiente manera:

Impactos medioambientales

• Destrucción y fragmentación del hábitat y pérdida de la biodiversidad asociada debido a:

- Eliminación de la cubierta vegetal por extracción de ejemplares completos, incineración, desmonte selectivo o total.

- Destrucción o modificación de la línea de costa y ecosistemas adyacentes por la urbanización.

- Remoción de materiales, alteración de la conformación topográfica y de patrones de sedimentación del sustrato.

- Prácticas de deporte acuático, especialmente en arrecifes coralinos, y por el garreo de las lanchas ancladas.

- Alteración de flujos hidrológicos.

- Generación de aguas residuales y residuos sólidos.

- Arrastre de contaminantes a mantos freáticos.

- Disposición de lodos activados, que frecuentemente son destinados a tiraderos a cielo abierto.

• Alteración de hábitats y dinámica poblacional de especies de flora y fauna por:

- Creación de barreras.

- Destrucción de madrigueras.

- Tráfico de especies.

- Alteración de corredores biológicos.

- Modificación de patrones y rutas migratorios.

- Perturbación por ruidos.

• Relleno, compactación y nivelación para la construcción de infraestructura en humedales que trae consigo:

- Riesgos de inundación de áreas adyacentes.

- Desecación de áreas.

- Modificación de la estructura de los ecosistemas en la conformación de la vegetación, debido a que ésta se distribuye en función de los periodos de inundación.

- Aceleración de los procesos naturales de eutrofización de los cuerpos de agua.

• Contaminación potencial de cuerpos de agua que puedan influir en la calidad de aguas subterráneas, lagunas y zonas arrecifales, propiciando:

- Problemas de salud pública.

- Reducción de las actividades pesqueras de la región.

- Desequilibrio ecológico de los cuerpos de agua.

- Elevado consumo y desperdicio de agua.

- Reforzamiento de actitudes que no consideran las capacidades de carga o asimilación de los ecosistemas.

- Emisiones a la atmósfera.

- Introducción de especies exóticas.

- Modificación del paisaje.

- Tráfico ilegal de especies.

Impactos sociales

• Incompatibilidad de proyectos con las tendencias socioeconómicas regionales

• Inmigración, la cual puede generar la creación de asentamientos humanos irregulares con carencia de servicios básicos para la población y marginación.

• Riesgos para la salud de la población por crecimiento urbano desordenado.

• Aumento de delincuencia e inseguridad.

Impactos económicos

• Inflación local.

• Fraccionamiento inadecuado y especulación con predios.

• Importación intensiva de recursos e insumos que inhiben las oportunidades para el desarrollo regional.

• Competencia por abasto de recursos a centros de población cercanos a circuitos económicos locales.

• Insuficiente inversión en infraestructura de tratamiento y disposición final de residuos.

• Modificación de la estructura económica de las regiones con inversión concentrada en beneficios de corto plazo.

La coyuntura económica de los gobiernos locales, en el marco de un contexto generalizado de incertidumbre financiera y debilidad presupuestal, no permite la contención adecuada y suficiente para contrarrestar y dar respuesta puntual a cada una de estas externalidades.

Lo anterior, en estricta consideración de un contexto en el que una buena parte de los ingresos públicos estatales no son obtenidos directamente por las entidades federativas. En el año 2000, 70 por ciento de estos ingresos fueron obtenidos por transferencias federales y esto no ha hecho más que aumentar. En el año 2020, 83.1 por ciento de los ingresos provino de participaciones federales, donde únicamente 11 por ciento ha provenido de participaciones estatales y 5 por ciento de los ingresos estatales ha provenido de deuda pública.

Derivado de lo anterior, es necesario que las entidades federativas cuenten con más herramientas financieras para allegarse de recursos suficientes con el fin de atender la problemática enmarcada en el crecimiento del turismo que deriva en un universo concreto de impactos ecológicos y sociales, y así, continuar con la prestación de servicios públicos de calidad y velar por la preservación del medio ambiente. Lo anterior, en el entendido de que los mecanismos existentes en el plano nacional carecen de esquemas que garanticen la recaudación correspondiente en el ámbito operativo, por lo cual se vislumbra un área de oportunidad relevante para que la federación coadyuve en dichos esfuerzos.

En diversos países alrededor del mundo se han establecido contribuciones específicas en el ámbito turístico que han demostrado ser un vehículo eficaz para mejorar la infraestructura de los destinos turísticos y mitigar los daños ecológicos causados por la actividad turística. Ejemplos de esto son Bután, Japón, Francia, Alemania, Italia, España, Suiza, EUA, Grecia y Bélgica, entre otros. Estos países han establecido contribuciones en el ámbito turístico a través de mecanismos diversos que han encontrado diversas manifestaciones: una cuota diaria pagada al reservar el viaje; una tarifa que debe ser cubierta al salir del país; un impuesto al hospedaje dependiendo de la zona de alojamiento y un impuesto al consumo de ciertos productos. Es claro que en estos países el establecimiento de contribuciones a cargo de turistas, no ha sido un desincentivo a la actividad turística. La consecuencia de la imposición de dichas cuotas ha tenido un impacto positivo porque ha permitido mitigar las externalidades causadas por el turismo y crear un mejor ambiente para atraer un mayor flujo turístico.

En el plano nacional, diversas entidades federativas ya han establecido, en el marco del ejercicio de su autonomía y de sus facultades constitucionales, diversos esquemas que han derivado en contribuciones al turismo. En ese sentido, un precedente relevante es el visitax. Se trata de un impuesto establecido por el Gobierno de Quintana Roo, que obliga a los turistas extranjeros a pagar por su estancia. El costo de éste es de 224 pesos mexicanos ($11 USD por persona), y se paga a través de un portal o por medio de los kioscos instalados en el aeropuerto. Su comprobante debe ser descargado para posteriormente mostrarlo en el aeropuerto antes de la salida del turista. El objetivo del impuesto radica en generar ingresos para crear puestos de trabajo y financiar el desarrollo de la industria turística.

Asimismo, en Baja California Sur se realiza el cobro de un Aprovechamiento a Turistas Extranjeros, éste es un impuesto de 400 pesos mexicanos, dirigido a turistas extranjeros que permanezcan más de 24 horas en la localidad. Se estima que a partir de este gravamen se recaudan 500 millones de pesos que, a su vez, se destinan al Fondo de Sustentabilidad de Baja California Sur, el cual tiene la función de fortalecer diferentes rubros como la infraestructura social y turística, así como seguridad pública, educación y vivienda.

El impuesto, sustentando en el artículo 129 de la Ley de Hacienda de dicha entidad federativa, es dado a conocer a los turistas extranjeros por medio de operadores turísticos, hoteles o arrendadoras de autos. Su cobro se ejerce por medio de las aerolíneas; en caso de que arriben por vía marítima, es la Administración Portuaria Integral (API) quien recauda el gravamen; también se cuenta con módulos y quioscos en el Aeropuerto Internacional de San José del Cabo; y también se puede realizar a partir del portal electrónico. Sin embargo, los turistas extranjeros que viajen en crucero están exentos del pago.

En el contexto de tales precedentes, resalta la pertinencia de establecer previsiones normativas generales para facultar a las entidades federativas en la promoción, formulación e implementación de mecanismos de colaboración y coordinación con el Poder Ejecutivo federal para garantizar la recaudación de cuotas y contribuciones locales en el ámbito turístico, con la participación, en su caso, de las autoridades federales competentes en materia migratoria y hacendaria. Lo anterior, con el propósito de garantizar la recaudación correspondiente y con ello fortalecer sus capacidades financieras para hacer frente a los impactos ambientales, sociales y económicos causados por el turismo, al tiempo de mejorar la infraestructura de los destinos turísticos en el país para proveer servicios públicos de calidad, en el ámbito del ejercicio de las atribuciones de los gobiernos locales.

Lo anterior, al tiempo de señalar expresamente la facultad de la federación para coadyuvar en el establecimiento de tales mecanismos de colaboración y coordinación.

En ese sentido, se propone la adición de una fracción III Bis al artículo 4 de la Ley General de Turismo para establecer como atribución del Poder Ejecutivo federal el establecimiento de mecanismos de colaboración y coordinación con las entidades federativas para coadyuvar en la recaudación de contribuciones locales en el ámbito turístico, al tiempo de prever la adición de la fracción III Bis al artículo 9 del ordenamiento en comento a efecto de establecer como atribución de los estados y de la Ciudad de México el promover la formulación e implementación de mecanismos de colaboración y coordinación con el Poder Ejecutivo federal para garantizar la recaudación de dichas contribuciones, con la participación, en su caso, de las autoridades federales competentes en materia migratoria y hacendaria.

Por todo lo aquí expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 9o. de la Ley General de Turismo

Artículo Único. Se adiciona la fracción III Bis al artículo 4o. y se adiciona la fracción III Bis al artículo 9o. de la Ley General de Turismo, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 4. Son atribuciones del Poder Ejecutivo federal, que se ejercerán a través de la Secretaría:

I. a III. [...]

III Bis. Coadyuvar con los estados y la Ciudad de México en el establecimiento de mecanismos de colaboración y coordinación para garantizar la recaudación de las cuotas y contribuciones locales a que se refiere la fracción III Bis del artículo 9 de la presente Ley, con la participación de las autoridades hacendarias y migratorias competentes.

IV. a XV. [...]

Artículo 9. Corresponde a los estados y a la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las leyes locales en materia turística, las siguientes atribuciones:

I. a III. [...]

III Bis. Promover la formulación e implementación de mecanismos de colaboración y coordinación con el Poder Ejecutivo federal para garantizar la recaudación de cuotas y contribuciones locales en el ámbito turístico, con la participación, en su caso, de las autoridades federales competentes en materia migratoria y hacendaria.

IV. a XXI. [...]

[...]

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Secretaría de Turismo. 4º Informe de labores 2021-2022. Turismo, 1 de septiembre de 2022.

2 Secretaría de Turismo. 4º Informe de labores 2021-2022, 12.

3 Ibid.

4 Ibid.

5 https://www.gob.mx/sectur/prensa/ingresan-a-mexico-mas-de-16-mil-millones-de-do lares-por-visitantes-internacionales-de-enero-a-julio-de-2022

6 http://dgeiawf.semarnat.gob.mx: 8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ ex=D2_R_TURISMO02_02&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass= dgeia_mce

7 IMCO (Marzo de 2021) Diagnostico IMCO: Hablemos de ingresos en los Estados PP 5 consultado en:

https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2021/04/20210304_Hablemos DeIngresos_2021_Documento.pdf

8 https://www.insider.com/countries-that-require-a-tourist-tax-2019-2#youll-encou nter-a-tourist-tax-on-your-lodging-in-portugal-16

9 https://embamex.sre.gob.mx/francia/index.php/es/avisos/823-nuevo-impuesto-para- los-turistas-que-visiten-quintana-roo

10 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/baja-california-sur-cobrara-un-impuest o-especifico-a-turistas-extranjeros/

11 https://www.excelsior.com.mx/nacional/turistas-extranjeros-pagaran-400-pesos-al -llegar-a-bcs/1498572

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2022.– Diputados y diputadas: Carlos Alberto Puente Salas, Kevin Ángelo Aguilar Piña, Jasmine María Bugarín Rodríguez, Karen Castrejón Trujillo, María del Rocío Corona Nakamura, Fátima Almendra Cruz Peláez, Claudia Delgadillo González, Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle, José Antonio Estefan Gillessen, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Fausto Gallardo García, Tomás Gloria Requena, Armando Antonio Gómez Betancourt, Luis Arturo González Cruz, Gilberto Hernández Villafuerte, Ana Laura Huerta Valdovinos, Javier Joaquín López Casarín, Luis Alberto Martínez Bravo, Sonia Mendoza Díaz, Santy Montemayor Castillo, Juan Pablo Montes de Oca Avendaño, Eunice Monzón García, Marco Antonio Natale Gutiérrez, Juan Carlos Natale López, Consuelo del Carmen Navarrete Navarro, Luis Edgardo Palacios Díaz, Angélica Peña Martínez, Mario Xavier Peraza Ramírez, María del Carmen Pinete Vargas, Janine Patricia Quijano Tapia, Antonio de Jesús Ramírez Ramos, Roberto Antonio Rubio Montejo, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, Valeria Santiago Barrientos, Roberto Alejandro Segovia Hernández (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

CELEBRACIÓN DE LA EFEMÉRIDE CON MOTIVO DE LA NACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo a acordar la celebración de la efeméride con motivo de la Nacionalización de la Industria Eléctrica, a cargo de la diputada Marisol García Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La diputada Marisol García Segura, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los primeros sistemas de suministro de energía eléctrica aparecen en México en el último cuarto del siglo XIX y su desarrollo estuvo a cargo de capital privado extranjero que se fue consolidando principalmente a través de dos empresas.

The Mexican Light & Power Company, Ltd, fue fundada en Canadá en 1898, era la principal generadora de energía eléctrica en nuestro país y fue la empresa ganadora de las concesiones otorgadas por Porfirio Díaz para generar, transmitir, distribuir y comercializar la energía eléctrica en el Valle de México. Posteriormente, en 1906, nace Mexilight, otra empresa que se encargó de electrificar los estados de México, Hidalgo, Puebla y Michoacán. Derivado del aumento de trabajadores del sector eléctrico, en 1914 se constituyó el Sindicato Mexicano de Electricistas.

En 1937 el presidente Lázaro Cárdenas creó la Comisión Federal de Electricidad, con el propósito de “organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo el mejor rendimiento posible en beneficio de los intereses generales”.

La nacionalización se refiere al proceso mediante el cual el Estado pasa a ser regulador de bienes o actividades que hasta la fecha pertenecían al sector privado.

De acuerdo con el presidente López Mateos, la principal justificación de la expropiación se debió a que a las empresas privadas mexicanas y extranjeras que operaban la industria eléctrica lo hacían con grandes deficiencias. Entonces, el 1 de septiembre de 1960, el presidente anunció la reforma al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo que cesaban las concesiones a particulares para administrar el suministro eléctrico.

Asimismo, el 27 de septiembre de 1960, durante la presidencia de Adolfo López Mateos se decidió nacionalizar a la industria eléctrica, con el fin de aumentar el nivel de electrificación, que en ese año era de 44 por ciento, así como recuperar la exclusividad para generar, conducir y abastecer energía y a lograr en un futuro la independencia energética de México.

Derivado de lo anterior y tomando en consideración que, en términos del artículo 38, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el pleno, a propuesta de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, podrá decretar o acordar la celebración de sesiones solemnes para conmemorar sucesos históricos, someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara a acordar la celebración de la efeméride con motivo de la nacionalización de la industria eléctrica por llevarse a cabo el martes 27 de septiembre de 2022.

Notas

1 México Desconocido, “Adolfo López Mateos y la nacionalización de la industria eléctrica de México” en

https://www.mexicodesconocido.com.mx/adolfo-lopez-mateos-y-la-na cionalizacion-de-la-industria-electrica-de-mexico.html

2 Viquera Landa, Jacinto, “Reorganización o desorganización de la industria eléctrica mexicana”, Coloquio energía, reformas institucionales y desarrollo en América Latina en

https://www.depfe.unam.mx/p-cientifica/coloquio-erdal/13DJacinto ViqueiraLtt.pdf

3 Op. Cit. México Desconocido.

4 Comisión Nacional de Derechos Humanos, “Creación de la Comisión Federal de Electricidad en beneficio de la economía popular y de la nación” en

https://www.cndh.org.mx/noticia/creacion-de-la-comision-federal- de-electricidad-en-beneficio-de-la-economia-popular-y-de-la#:~: text=A%C3%B1os%20m%C3%A1s%20tarde%2C%20el%2027,la%20independencia%20energ%C3%A9 tica%20de%20M%C3%A9xico.

Dado en el pleno de la Cámara de Diputados, a 14 de septiembre de 2022.– Diputada Marisol García Segura (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

SE BRINDE ASISTENCIA A LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR LAS INTENSAS LLUVIAS REGISTRADAS EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS EN CHIHUAHUA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y a la SSPC a brindar auxilio y asistencia a los municipios afectados por las intensas lluvias registradas en las últimas semanas en el estado de Chihuahua, a cargo de la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Daniela Soraya Álvarez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En las últimas semanas el estado de Chihuahua ha vivido lluvias atípicas, mismas que han provocado pérdidas humanas y cientos de damnificados en toda la entidad. El crecimiento de ríos y el desbordamiento de presas aunado a los derrumbes han inundado diversas comunidades, muchas de ellas, quedando incomunicadas por la devastación, asimismo, en muchos casos, pérdidas totales en el patrimonio de miles de familias, en infraestructura básica y en cosechas.

Los ciudadanos más vulnerables han sufrido el embate de un fenómeno natural que ha dejado serias afectaciones tras las lluvias históricas no registradas en las últimas décadas, por lo que se requiere del trabajo coordinado inmediato de los tres órdenes de gobierno para coadyuvar en las labores de reconstrucción y recuperación de la población.

Los desastres naturales, como señala “la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) los define como cambios violentos, súbitos y destructivos en el medio ambiente cuya causa no es la actividad humana, sino los fenómenos naturales.”

Como medidas preventivas y con el fin de salvaguardar la vida de los ciudadanos la Coordinación Estatal de Protección Civil emitió avisos preventivos, además de acudir en apoyo de los municipios que así lo han solicitado, señalan que “las lluvias severas que se han presentado en gran parte de la entidad, las cuales han sido generadas debido a la interacción del monzón mexicano con un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacifico y el Golfo de México, lo que ha ocasionado inundaciones fluviales y pluviales en localidades de varios municipios de la entidad y ha originado el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves en diversas zonas del estado.”

Por los daños devastadores en gran parte de la región, nuestra gobernadora ha emitido una Declaratoria de Emergencia Estatal para 10 municipios de la entidad: “Es así que el 26 de agosto del año en curso se llevó a cabo la segunda sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, en la que el pleno aprobó emitir una declaratoria de emergencia por los daños ocasionados por las fuertes lluvias en la entidad durante el mes de agosto del presente año.”

Diversos municipios solicitaron la ayuda por las afectaciones con lo que el gobierno del estado expidió la Declaratoria de Emergencia Estatal el día 31 de agosto del presente año por la concurrencia de lluvia severa, inundación fluvial e inundación pluvial en diversos municipios, estableciendo que permanecerá abierta para integrar a los municipios que resulten afectados, quedando integrados en principio los siguientes:

Es por lo anterior, que la titular de la entidad realizó la solicitud formal de declaratoria de emergencia al gobierno federal, para que se brinde el respaldo a todas las personas afectadas.

Para ello, se requiere que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), emita la declaratoria por los sucesos de lluvia severa, inundación fluvial e inundación pluvial, para poder acceder a los recursos del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales.

Este es un programa presupuestario cuya unidad responsable es la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y tiene como objetivo general asegurar que la población afectada por amenazas naturales reciba atención suficiente por parte del gobierno estatal y municipal ante emergencias.

En su artículo 2, señala los objetivos específicos del Programa, siendo los siguientes:

“1. Apoyar a las entidades federativas cuyas capacidades operativas y financieras se encuentran rebasadaspara brindar suministros de auxilio a la población afectada por una amenaza natural;

2. Fortalecer el marco normativo para la atención de emergencias por amenazas naturales;

3. Desarrollar el conocimiento del personal de Protección Civil de las entidades federativas en el acceso al programa presupuestario para la atención de emergencias.

4. Desarrollar materiales y contenidos para capacitar al personal de las unidades estatales de Protección Civil.”

Con ello, se podrá acceder a los recursos como son los alimentos, medicamentos, artículos de abrigo y resguardo, así como, de limpieza e higiene.

En cumplimiento a las afectaciones antes mencionadas, es urgente el apoyo para atender a las localidades más vulnerables quienes no deben ni pueden esperar a que se les brinde lo más necesario. Ante ello, es que solicitamos se atienda con prontitud la solicitud formal que se ha hecho a través del gobierno del estado para la referida declaratoria.

De igual forma, que se brinden los apoyos necesarios humanos y técnicos para poder establecer los elementos más necesarios como lo son plantas potabilizadoras, rehabilitación de casas, avenidas y centros comunitarios, entre otros, para que puedan los habitantes retomar lo más pronto posible sus actividades.

Es momento de seguir reconociendo el apoyo de la sociedad civil organizada, de los empresarios y de la población en general que ha ofrecido su apoyo desmedido en favor de las personas que lo han perdido todo.

Nuestro país ha sido reconocido a nivel mundial por su ayuda humanitaria, por ello, es momento de que les brindemos a nuestros ciudadanos el auxilio necesario sin límites ante las circunstancias antes expuestas.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de este pleno, el presente

Punto de Acuerdo

Único.   La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal y a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que en el ámbito de sus respectivas facultades y competencias brinden el auxilio y asistencia a los municipios afectados por las intensas lluvias registradas en las últimas semanas en el estado de Chihuahua, asimismo, se otorguen recursos federales del Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales.

Notas

1 https://www.geoenciclopedia.com/desastres-naturales/

2 https://chihuahua.gob.mx/sites/default/atach2/periodico-oficial/periodicos/2022 -08/PO70_2022.pdf

3 https://chihuahua.gob.mx/sites/default/atach2/periodico-oficial/periodicos/2022 -08/PO70_2022.pdf

Palacio Legislativo, a 13 de septiembre del 2022– Diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.

JORNADA DE VACUNACIÓN DIRIGIDA A MENORES DE EDAD EN EL MUNICIPIO DE APODACA, NUEVO LEÓN, CONTRA DEL VIRUS SARS-COV-2

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Salud y de Bienestar, a implementar la jornada de vacunación dirigida a menores de edad en el municipio de Apodaca, Nuevo León, para evitar contagios y propagación del virus SARS-CoV-2, a cargo del diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece con claridad que el Poder Ejecutivo, está dividido en 3 niveles, el federal, el estatal, y el municipal; estructura bajo la cual la división de funciones, facultades, acciones y obligaciones permite atender a la ciudadanía con mayor precisión, es decir, se garantiza la cercanía y la atención de necesidades de la población.

En este sentido, el artículo 115 constitucional, refiere a la forma de gobierno que deberán adoptar las entidades federativas para su régimen interior, la cual deberá ser un gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular.

Asimismo, el párrafo primero de la fracción II de este mismo artículo, refiere que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su propio patrimonio conforme a la ley.

Lo anterior responde al marco normativo supremo de nuestro país que establece las formas de gobierno para los municipios del país y establece la primera línea de obligaciones y facultades que competen a este nivel de gobierno para el beneficio de la población que viva dentro de la demarcación de cada municipio.

Adicionalmente, cada entidad federativa, tiene la obligación de regular y establecer las bases de la integración, organización, administración, funcionamiento y atribuciones del gobierno y la administración pública municipal, tomando como base lo referido en el artículo 115 constitucional, anteriormente señalado, siempre en respeto y concordancia a las disposiciones federales, estatales, así como a las disposiciones internacionales de las cuales México forme parte.

Para el caso de Nuevo León, nos referiremos a la Ley de Gobierno Municipal del Estado, la cual determina las relaciones entre los Poderes del Estado y los municipales y determina las facultades y obligaciones de los Municipios, así como su funcionamiento y responsabilidades.

En este sentido, bajo estos dos ordenamientos, se pueden determinar con claridad los alcances y responsabilidades de cada uno de los 51 municipios que integran el estado de Nuevo León.

Ahora bien, tomando como base los ordenamientos anteriores, se debe señalar que, en materia de salud y protección del bienestar de la población, la responsabilidad de garantizar este derecho humano a las y los habitantes del estado y los municipios, resulta en una tarea compartida entre los distintos niveles de gobierno, es decir, para garantizar el acceso universal a los servicios de salud, se requiere de la coordinación y la participación, tanto del Poder Ejecutivo federal como del local y municipal.

Para esto, partimos de lo que igualmente señala la Carta Magna en su artículo 4o, el cual refiere en su párrafo cuarto que toda persona tiene derecho a la protección de la salud mediante un sistema de salud para el bienestar definido por la ley que busque promover la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud.

A su vez, de forma secundaria y reglamentaria al artículo 4o constitucional, la Ley General de Salud, es el ordenamiento en la materia que establece las bases y modalidades para promover el acceso universal a los servicios de salud bajo la concurrencia de la Federación y las entidades federativas.

Por último, en el orden de niveles la misma Ley de Gobierno Municipal del estado de Nuevo León, en su artículo 33, en su fracción VII, inciso d), se establece como facultad del municipio en materia de participación ciudadana, la procuración de la integridad física, emocional y de salud de los gobernados.

Por lo cual, en materia de salud, en los 3 niveles de gobierno desde el federal hasta el municipal, existen las atribuciones y responsabilidades para que se ejecuten acciones, programas y recursos para promover y proteger la salud de las y los ciudadanos de Nuevo León y de cada una de las personas que viven en nuestro país.

Todo lo anterior, son fundamentos normativos que hoy en día ante la evolución de la pandemia de covid-19 en el país y en el mundo deben seguir siendo respetados para procurar el acceso universal a los medicamentos y tratamientos a la población en México, particularmente hacemos referencia a lo relativo a la disponibilidad y aplicación de vacunas para la población infantil y juvenil, quienes son los últimos en recibir las dosis correspondientes para evitar su contagio y propagación.

De esto, preocupa que en las últimas semanas las autoridades del gobierno federal en materia de salud están demostrando una falta grave de coordinación con los niveles de gobierno local y municipal en cuanto a la logística para las jornadas de vacunación infantil, toda vez que han sido señalados por querer llevar a cabo de forma exclusiva estas jornadas sin el apoyo ni acompañamiento de los gobiernos locales y municipales.

Esta decisión, ha provocado que existan largas filas, que las y los niños estén expuestos a altas temperaturas por prolongados tiempos en la espera de ser vacunados, y que los tiempos de espera sean entre 20 minutos y 3 horas o más, además de generar tensiones en los centros de trabajo debido a que las madres y/o padres de familia tienen que ausentarse para que sus hijas o hijos puedan ser vacunados.

Esta actuación de los representantes del gobierno federal fue señalada y expuesta por el alcalde de Apodaca, Nuevo León, quien, refirió que la Secretaría del Bienestar está asumiendo el control total en la organización de las campañas de vacunación a menores de edad en este municipio nuevoleonense, sin considerar la participación de las autoridades municipales para mejorar el desempeño de los centros de vacunación y garantizar la pronta atención y la distribución equitativa de vacunas que alcance para todas las niñas y niños del municipio.

Situación que más allá de generar tranquilidad, ha implicado un quebrantamiento de los ordenamientos legales que exigen que exista coordinación interinstitucional que promueven el acceso gratuito de medicamentos y vacunas para el combate al covid-19; así como una distorsión completa de la logística en la aplicación de vacunas, que evite aglomeraciones, retrasos y escasez de vacunas para menores de edad.

En el pasado reciente, el municipio de Apodaca, ha demostrado que cuando existe el acompañamiento coordinado entre los 3 niveles de gobierno se garantiza el respeto a la dignidad humana y el derecho humano a la salud, toda vez que se reducen los tiempos de espera, se garantiza el acceso universal y gratuito, y maximizan los recursos para llegar a más gente.

El acompañamiento en las campañas de vacunación, buscan beneficiar a la población, reducir el número de quejas y crear información precisa que invite a la ciudadanía a acercarse a los lugares adecuados y designados para recibir la dosis correspondiente sin que esto implique una condicionante entre la protección de la salud de las y los menores de edad, o dejar otra actividad principal de sustento de la familia para alcanzar la dosis de vacuna.

Apodaca ha demostrado en jornadas anteriores, sobre todo, en personas de edad avanzada, que la coordinación institucional cuando es en favor de la ciudadanía, no existen colores ni diferencias políticas, se trata sí o sí de defender la integridad y el bienestar de las personas que viven en el municipio, se trata de promover la universalidad y el respeto a la vida.

En ningún momento se trata de restar, ni de dirimir esfuerzos para las y los representantes de la población nuevoleonense, el principal objetivo es velar por su integridad, generar acuerdos y fortalecer las estrategias de acción pública que garanticen el derecho a la salud.

Desde Apodaca, pese a la posición del gobierno federal, no se dejará de apoyar las acciones que protejan a la población, se seguirán buscando espacios de sinergia que coadyuven a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y, sobre todo, a respetar los derechos humanos en materia de salud.

Los ordenamientos normativos y legislativos son claros en cuanto a la coordinación interinstitucional, las disposiciones de carácter federal y local exigen que entre los órganos de gobierno de cualquier nivel formen alianzas de colaboración para que los beneficios y las acciones lleguen a más mexicanas y mexicanos.

En materia de salud, todos estamos involucrados, en Apodaca, en Nuevo León y en el resto del país, necesitamos que todos pongan de su parte para que nuestras niñas y niños se mantengan protegidos ante las amenazas a la salud por propagación de este virus que ha cobrado la vida de miles de mexicanas y mexicanos.

En la medida que las autoridades del gobierno federal retomen y accedan a la coordinación con los gobiernos locales y municipales, se garantizará que las campañas de vacunación sean más efectivas en beneficio de nuestra población infantil.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, al titular del Ejecutivo federal para que, a través de las Secretarías de Salud y del Bienestar, coordinen esfuerzos y trabajos para la implementación de la jornada de vacunación dirigida a menores de edad en el municipio de Apodaca, Nuevo León, a fin de garantizar que las niñas y niños cuenten con la dosis correspondiente para evitar contagios y propagación del virus SARS-CoV-2 que provoca el covid-19 y sus variantes.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, suscrito el 12 de septiembre de 2022.– Diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO AL ISSSTE Y AL FOVISSSTE, A ELIMINAR DEL MODELO DE COBRANZA INSTITUCIONAL CONTENIDO EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL FOVISSSTE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al ISSSTE y al Fovissste a eliminar del modelo de cobranza institucional, contenido en el Reglamento Orgánico del Fovissste, la contratación de despachos privados para la cobranza extrajudicial, suscrita por las diputadas Angélica Ivonne Cisneros Luján, del Grupo Parlamentario de Morena, y Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

Las suscritas, Angélica Ivonne Cisneros Luján y Lilia Aguilar Gil, diputadas de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, de Los Grupos Parlamentarios de Morena y del Partido del Trabajo, respectivamente, con fundamento en lo estipulado en lo establecido por el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición, de urgente y obvia resolución, con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, Apartado B, establece las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, siendo su Ley Reglamentaria la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado –LFTSE–, en donde se establecen las condiciones de trabajo y derechos y obligaciones de las personas trabajadoras.

Para poder otorgar a las personas trabajadoras del sector público su derecho a la seguridad social, se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con su respectiva ley que contiene en la Sección II los lineamientos para el otorgamiento de crédito para la vivienda, mediante el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

El Fovissste es un órgano desconcentrado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), creado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1972.

Su fin es establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a las personas trabajadoras obtener crédito barato y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria en los casos que expresamente determine la Comisión Ejecutiva del mismo Fondo.

Los recursos del Fondo de la Vivienda se destinarán al otorgamiento de créditos a las personas trabajadoras que sean titulares de las Subcuentas del Fondo de la Vivienda de las Cuentas Individuales y que tengan depósitos constituidos a su favor por más de dieciocho meses en el Instituto.

El importe de los créditos se puede destinar a la adquisición o construcción de vivienda; a la reparación, ampliación y mejoramiento de la misma o a los pasivos contraídos por cualquiera de los conceptos mencionados.

La misión del Fovissste es operar un sistema de financiamiento que permita otorgar créditos accesibles y suficientes a los trabajadores del Estado para que adquieran una vivienda digna y decorosa en legítima posesión, así como apoyarlos para generar un retiro sustentable, a través de una eficiente administración de sus aportaciones.

Sin embargo, en este primer año legislativo hemos recibido múltiples solicitudes de apoyo para personas trabajadoras que fueron beneficiadas con un crédito hipotecario del Fovissste y que por diversas circunstancias han visto crecer sus adeudos de tal forma que después de pagos puntuales por años, siguen debiendo una cantidad igual o mayor a lo que les prestaron.

Enseguida enlistamos solo algunos ejemplos de casos de deudores que se han acercado a estas comisiones para exponer su problemática:

María Eugenia R., jubilada del ISSSTE, su crédito lo obtuvo el 5 de marzo de 2009 por $399,000.00 pesos, quien con pagos puntuales al 31 de julio de 2022 adeuda $396,762.51.

Martha V., trabajadora de base por 29 años como administrativa especializada y desde 2018 jubilada. El préstamo hipotecario se le concedió en agosto 2006 por $322,454.82 con descuento del 30 por ciento del sueldo compactado cada quincena y al que se le abonó su saldo del SAR al inicio del crédito. Al no recibir estados de cuenta y estar cerca su jubilación acudió a las oficinas del Fovissste para revisar su saldo. Allí le informaron que por un error administrativo de esa dependencia no calcularon el descuento correcto porque no se tomó en cuenta que pertenecía al turno opcional. Allí solicitó que se le nivelara el descuento, pero le informaron que primero tenía que pagar el saldo de $90,000.00 vencido y hacerlo de contado. El Fovissste siempre le ha descontado quincenalmente los pagos y, a partir de su jubilación, en enero 2018, el descuento se le ha ajustado automáticamente. Hoy con 16 años de descuentos puntuales, del saldo inicial de $322,454.82 a 30 años, sigue con un adeudo vencido de $130,543.84.

Colectivo Tlalpan, varias personas deudoras del Fovissste que durante el sismo de 2017 su condominio sufrió graves daños internos en toda su área por lo que hasta la fecha se considera inhabitable. Hoy las personas que vivían allí se mudaron con familiares o están pagando renta en otro domicilio. Los que tienen créditos hipotecarios de dicho condominio solicitaron la aplicación del seguro de vivienda que tiene el Fovissste (GNP Seguros) y la aseguradora omitió dictaminar pérdida total, a diferencia de los que tienen crédito de Infonavit del mismo edificio y a los que se les dictaminó pérdida total. Hasta la fecha y sin tener donde vivir, los acreedores del Fovissste tienen que continuar pagando sus adeudos y viéndolos aumentar año con año, sin tener respuesta a su demanda.

Áurea P., trabajadora jubilada a la que le descuentan de su pensión $1,338.48 pesos para pago de su crédito hipotecario y seguro. Sin embargo, por la actualización anual de su crédito el Fovissste le requiere un pago de $7,628.00, o sea, $6,273.00 más de lo que pagaba. La pensión de la compañera es de $4,682.00, o sea, menor a la cantidad requerida. En su estado de cuenta se observa que su crédito original es de $452,493.00, y tomando en cuenta todos los abonos al 31 de diciembre de 2021 equivalentes a $605,377.00 adeuda todavía $901,778.00.

En diversas ocasiones muchas de estas personas han acudido al Fovissste para tratar de hacer algún convenio con el mismo, sin obtener respuesta favorable. Además, en diversos casos las personas deudoras, aunque tengan la buena intención de pagar, encuentran dificultades para cubrir cantidades más allá de sus posibilidades y que en la mayoría de las veces el aumento de su saldo no es por causas imputables a ellas.

Aunado a todos los problemas a que se enfrentan, denuncian que también tienen que lidiar con personas que laboran en despachos de cobranza privados que se dedican a “cobrar adeudos” a cualquier hora, día y noche y cualquier día de la semana, mediante llamadas telefónicas que tienen que sufrir las personas acreditadas y sus familiares, aguantando malos tratos, acoso, hostigamiento y hasta amenazas para que paguen.

Cabe señalar que el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se conforma sólo con los ahorros de las personas trabajadoras, por lo que los gastos administrativos y de cobranza de esos despachos externos que solo los amedrentan violando sus derechos humanos, son pagados por las y los trabajadores, lo que resulta contrario al objetivo del Fondo que es, entre otros, el de garantizar una vivienda digna.

Es cierto que estos despachos de cobranza privados están permitidos e incluso son promovidos por el Fovissste y se encuentran normados en el Reglamento Orgánico del mismo, los artículos 46, 87 y 93 que señalan las facultades que los y las funcionarias que deben de aplicar, según el “modelo de cobranza institucional” tratándose de cobranza extrajudicial, así como los productos de solución aprobados por la Comisión Ejecutiva del Fovissste y de la Junta Directiva del ISSSTE; sin embargo, dicho modelo es opuesto al objeto social, por lo que no ha lugar a que utilicen esquemas lucrativos como los de las financieras privadas.

Estas personas contratadas externamente llaman para hacer la cobranza a nombre del Fovissste, aún y cuando no entienden cuál es la problemática que aqueja a cada persona, ya que solo tienen las instrucciones de “hacer pagar a la gente, sea como sea” y con la desfachatez de que a los despachos encargados se les paga con los fondos de las personas trabajadoras a las que les están cobrando.

Como se señaló anteriormente, el Fovissste tiene la obligación de otorgar créditos accesibles y suficientes a las personas trabajadoras al servicio del estado para que adquieran una vivienda digna y decorosa en legítima posesión. Para ello deben de brindar la atención adecuada a personas beneficiarias y deudoras y buscar dar solución a la problemática particular de cada una.

De ninguna manera se puede continuar utilizando los fondos de las personas trabajadoras para contratar despachos privados que presionan y amenazan a las personas acreditadas.

Por lo anteriormente mencionado, sometemos a consideración de este pleno, de manera urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Mesa Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y a la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) para que eliminen del modelo de cobranza institucional contenido en el Reglamento Orgánico del Fovissste, la contratación de despachos privados para la cobranza extrajudicial, que son pagados con los recursos de las y los trabajadores.

Notas

1 https://www.cnbv.gob.mx/SECTORES-SUPERVISADOS/BANCA-DE-DESARROLLO/Descripcion-d el-Sector/Documents/Descripcion%20Fovissste.pdf

2 https://www.gob.mx/fovissste/que-heacemos#:~: text=Fovissste%2 C%20est%C3%A1%20encargado%20de%20otorgar,de%20responsabilidad%20como%20organism o%20p%C3%BAblico.

Dado en el Palacio Legislativo, a 14 de septiembre de 2022.– Diputadas: Angélica Ivonne Cisneros Luján, Lilia Aguilar Gil (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

SE INFORME SOBRE EL AVANCE DE LA RESTAURACIÓN DE LOS INMUEBLES CON VALOR CULTURAL E HISTÓRICO DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES DE DESASTRE DE LOS SISMOS DEL 2017 Y 2018

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Reconstrucción a informar a la opinión pública sobre el avance de la restauración de los inmuebles con valor cultural e histórico, de acuerdo con las declaraciones de desastre de los sismos de 2017 y de 2018, a cargo del diputado Javier Casique Zárate, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Javier Casique Zárate, diputado federal de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; con fundamento en lo dispuesto por lo establecido en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados; someto a consideración de esta soberanía, la presente proposición de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Como todos sabemos nuestro país tiene una alta actividad sísmica, de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional de la UNAM durante el mes de agosto de 2022, reportó 1,891 temblores; la sismicidad se distribuyó principalmente en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco y el Mar de Cortés; así como algunos sismos en el océano Pacífico; siendo estos lo que provocan desastres de alta magnitud.

El objetivo de este punto de acuerdo es que el Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), informe sobre el avance de la restauración para los inmuebles con valor cultural e histórico que sufrieron daños por los sismos de los años 2017 y 2018.

No podemos dejar de observar que los sismos de los últimos cinco años han hecho estragos en gran número de inmuebles tanto particulares, públicos y en los monumentos y las zonas arqueológicas, siendo estos últimos una fuente principal del turismo, lo cual repercute en las poblaciones y municipios en donde se encuentren toda vez que son un detonante para el turismo local, nacional e internacional; además de símbolos culturales de nuestro país.

Estas zonas son iconos de pueblos mágicos, lo característico de un municipio o entidad federativa.

Por otra parte el Estado se encarga de resguardar estas zonas como de utilidad pública, por ende está obligado a la conservación y restauración de estos, lo que conlleva una responsabilidad entre autoridades federales, estatales y municipales para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos; lo anterior tiene sustento en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, establece en su artículo 2, toda vez que establece lo siguiente: “Es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos.

La Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de esta ley, organizarán o autorizarán asociaciones civiles, juntas vecinales, y uniones de campesinos como órganos auxiliares para impedir el saqueo arqueológico y preservar el patrimonio cultural de la nación. Además, se establecerán museos regionales.” Lo que significa que el estado tiene la plena responsabilidad de la restauración de los monumentos arqueológicos.

En 2017 y 2018 se presentaron cuatro sismos que afectaron a la zona centro sur del país. El sismo del 7 de septiembre de 2017, tuvo un severo impacto sobre los habitantes de las entidades federativas que lo resistieron.

Por su parte, el sismo del 19 de septiembre de 2017 afectó a 12 millones de personas y en 2018 se establece la cifra oficial de 369 muertos: 228 en la Ciudad de México; 74 en Morelos, 45 en Puebla, 15 en el Estado de México; 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca.

La estimación de los costos económicos de los daños provocados por los sismos de 2017 y 2018 es diversa de acuerdo con el Diagnóstico 2021 del Programa Nacional de Reconstrucción. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/679980/Diagn_stico_PNR_2021_VF.p df

De acuerdo con las cifras dadas por el anterior Diagnóstico, el United States Geological Survey (USGS) estimó las pérdidas económicas en 10 mil millones de dólares (198 mil millones de pesos), que equivalen al 1 por ciento del producto interno bruto (PIB);

La Presidencia de la República estimó daños por alrededor de 48 mil millones de pesos.

Según el Banco de México, los sismos tuvieron efectos importantes en las economías de las regiones centro y sur del país. En el caso de la región centro, los desastres causaron una contracción del 0.24 por ciento del PIB regional, mientras que en la región sur la contracción fue de 0.41 por ciento del PIB.

El Cenapred, cuenta con una estimación del impacto de los sismos del 14 de junio, del 07 y del 19 de septiembre del año 2017, 28; y del 16 febrero de 2018, 29, por un importe de 83 mil 078.1 millones de pesos.

Como resultado de los sismos de 2017 y 2018, la Secretaría de Gobernación emitió declaratorias de desastre para 733 municipios de los estados de Chiapas, México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y la Ciudad de México. A través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) autorizó recursos por 40 mil 019.25 millones de pesos. En el siguiente cuadro, se desglosan los recursos destinados a los tres sismos ocurridos en 2017 y el ocurrido en 2018:

Recursos autorizados por el Fonden para atender los daños causados por cada uno de los sismos de 2017 y 2018.

En el siguiente cuadro, se aprecia la distribución de esos recursos por entidad Federativa. A Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Morelos y Oaxaca, se les autorizaron 33 mil 427.18 millones de pesos que representan el 86.45 por ciento del total autorizado. Destacan en particular los estados de Morelos y Oaxaca, con 7,066.59 y 10 mil 590.79 millones de pesos respectivamente, que de forma conjunta representan el 45.75 por ciento de los recursos autorizados por la Secretaría de Gobernación a través del Fonden y las aportaciones que hicieron los propios gobiernos de los estados afectados.

Recursos autorizados por el Fonden por entidad federativa para atender los daños causados por los sismos de 2017 y 2018.

Si se analiza el mismo presupuesto autorizado por concepto de gasto, los conceptos carretero, educativo, monumentos y vivienda, absorben 33 mil 976.01 millones de pesos, es decir, el 84.90 por ciento de los recursos totales autorizados.

El mismo diagnóstico destaca que se ejerció el cien por ciento (630.96 millones de pesos) de los recursos destinados a la reparación de los daños en el ámbito militar, que se ejerció el 96.86 por ciento (7 mil 500.50 millones de pesos) en la reparación de viviendas, que se ejerció el 94.51 por ciento (48.37 millones de pesos) en los daños causados a la infraestructura de los pueblos indígenas y que se ejerció el 92.48 por ciento (65.94 millones de pesos) en la reparación de infraestructura urbana . Sin embargo, en el rubro de monumentos, de un presupuesto autorizado de 6,116,162.9 millones de pesos solamente se ejerció el 3.08 por ciento de los recursos tal como se observa en la siguiente tabla.

Recursos autorizados y ejercidos por concepto de gasto para atender los daños causados por los sismos de 2017 y 2018.

Si se parte del cálculo del Cenapred respecto de los daños causados por los sismos de 2017 y 2018 que es de 83 mil 078.1 millones de pesos, y si se considera que se aplicaron 15 mil 458 millones de pesos de recursos federales y 22 mil 281.0 millones de pesos de indemnizaciones de seguros, entonces se habrían aplicado 37 mil 739.4 millones de pesos, lo que equivale al 45.43 por ciento del cálculo de los daños causados por los sismos de 2017 y 2018. Aún más, suponiendo sin conceder, que se aplicaron los 8 mil 469.7 millones de pesos de los recursos aportados por los estados, entonces se habrían aplicado 46 mil 208.1 millones de pesos, lo que equivaldría al 55.62 por ciento de los daños calculados por Cenapred por 83 mil 078.1 millones de pesos.

Sin embargo, con base en el trabajo de campo y en la revisión documental registrada en el Diagnóstico 2021, se detectó que parte los daños han sido atendidos con recursos propios, fundaciones, seguros; y en otros casos están a la espera de ser apoyados con recursos del Fonden; situación que al no haber sido atendidas arrojó evidencias claras de que aún existía reconstrucción por concluir.

Por otra parte, el número de municipios afectados presentó diferencias respecto a la cuantificación inicial, revelando que los municipios considerados en las declaratorias de desastre no incluyeron la totalidad de las zonas que se vieron afectadas por los sismos, y se han identificado más de 1,300 municipios afectados

Es así que se llegaron a estimar cifras aproximadas de necesidades, se registraron viviendas, planteles educativos, inmuebles de salud y bienes culturales que en su momento no fueron atendidos o que no cuentan con los recursos, derivado de ello, se estiman un total de 208 mil 326 acciones, mismas que se desglosan por sector en el siguiente cuadro:

Resumen de Daños

Resumen de avances por sector

Como puede observarse se registraron 2 mil 340 bienes del patrimonio histórico y cultural que requerían ser atendidos de los cuales 1,140 quedaron en situación pendientes correspondiendo al 49 por ciento.

Ante el rezago de atención en los municipios afectados, el gobierno de México impulsó en 2019, el Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), con el propósito de contribuir a garantizar la protección de los derechos humanos de las personas y comunidades afectadas por los sismos, a través de abatir el rezago de atención en la región centro-sur del país.

El PNR estableció estrategias, acciones, metas y objetivos integrales y coordinados para la intervención de las viviendas, infraestructura física educativa y de salud, así como de los bienes culturales, históricos, arqueológicos y artísticos dañados por los fenómenos perturbadores de referencia, por parte de las dependencias de la Administración Pública Federal. El PNR es coordinado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y ejecutado por las Secretarías de Educación Pública, Salud, Cultura y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), en el ámbito de sus respectivas competencias, y en colaboración con gobiernos estatales, municipales, actores de la sociedad y de la iniciativa privada.

En este sentido, para el ejercicio fiscal 2020 el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), estableció la continuidad y consolidación de la contribución del Estado en la protección de los derechos humanos de las personas y de las comunidades afectadas por los eventos anteriormente mencionados, así como contribuir desde la Sedatu con las políticas públicas en materia de vivienda, ordenamiento territorial, desarrollo urbano, crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población, planeación de acuerdo con el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; a través del PEF 2020 se aprueba los recursos presupuestarios al programa con reglas de operación, que establece las competencias y responsabilidades a las instancias responsables y ejecutoras que atenderán las intervenciones de las viviendas, infraestructura física, educativa y de salud, así como de los bienes culturales, históricos, arqueológicos y artísticos dañados por los fenómenos perturbadores.

La implementación de una política pública que permita atender a los municipios afectados por los sismos para la reconstrucción de viviendas, inmuebles educativos, de salud y los bienes culturales, con el objetivo de contribuir a que las personas retornen a la normalidad de su vida cotidiana fue una necesidad inaplazable que se planteó solventar con la ejecución de PNR. Tomando en consideración la estimación inicial de los daños y con base en el trabajo de campo y en la revisión documental, se estimó un total de 208 mil 326 acciones que no habían sido atendidas al momento del inicio de operación del PNR.

Por ello, se realizó la identificación de los municipios afectados por los sismos como se aprecia en el siguiente mapa, así como su representación de acuerdo con la concentración de los daños por municipio, en cuanto a vivienda e inmuebles de educación, salud y bienes culturales como se aprecia en el mapa.

Concentración de Daños de los sismos de septiembre 2017 y febrero 2018

Es así, que el problema identificado se compone de un diagnóstico inicial de cada uno de los sectores que deriva en una problemática general. Por lo tanto, el PNR busca solventar la problemática general con la intervención pública. En el caso del sector cultura se identifica que:

En consecuencia, de la gran cantidad de bienes patrimoniales existentes, el sector cultura presenta diversos problemas que repercuten en la inadecuada identificación de los inmuebles y muebles históricos y/o culturales que tuvieron afectaciones en los diversos municipios, toda vez que no se cuenta con un censo completo de la totalidad del patrimonio histórico cultural.

Existen dificultades para la identificación de los bienes afectados. Esto imposibilita conocer la magnitud de las afectaciones, originando fallas en el registro de una base de datos, pero también un rezago en la atención de los daños y la dispersión de recursos para la recuperación, rehabilitación o restauración, propiciando sobre costos para la obtención de mano de obra especializada y materiales de construcción.

Aunado a lo anterior, es importante destacar el deficiente o nulo mantenimiento preventivo que se les da a los bienes históricos y culturales, sea por desconocimiento o por carencia de recursos humanos económicos y materiales; lo que refleja la insuficiencia de mecanismos de atención para la salvaguarda y protección del patrimonio.

Asimismo, existen bienes patrimoniales vulnerables por su precario estado de conservación, además, de las deficiencias de algunos materiales y sistemas constructivos, aunado a las condiciones geográficas de riesgo donde se sitúan. Lo que conlleva a bienes dañados que no han sido intervenidos, afectando el derecho a la cultura de la población.

Con base en la identificación de la persistencia de daños en los sectores de vivienda, infraestructura física educativa, infraestructura de salud, así como en bienes culturales, el programa atendió en el ejercicio fiscal 2021 a 551 municipios distribuidos de la siguiente manera:

Municipios que reciben atención en 2021, población objetivo

En la primera reunión del Consejo de Monumentos después de los sismos del 7 y 19 de septiembre, realizada en octubre del 2017, el director general del INAH manifestó que el sismo afectó a miles de personas y comunidades en el país en el goce y disfrute de su patrimonio cultural.

Las edificaciones ubicadas en los sitios históricos importantes se encuentran en el Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Ciudad de México, Tabasco, Veracruz, Hidalgo y Morelos, constituyendo un patrimonio para el país y para la humanidad, ya que otorgan identidad local.

Para atender el reto de la restauración del patrimonio afectado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, generó una estrategia a partir de su estructura territorial descentralizada, para identificar el volumen y la magnitud de los daños; y para atender los protocolos relacionados con la obtención de los recursos a partir de las fuentes de financiamiento disponibles. Siendo que hasta el día de hoy las restauraciones no han sido reparadas en su totalidad.

Es necesario que estos daños se reparen a la brevedad, toda vez que hasta este momento se desconocen la gravedad de estos, lo que pudiera provocar una afectación mayor conforme pasen los años y, por otra parte, los accidentes que pudieran provocar a los visitantes de esta zona.

De conformidad con el artículo 7 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, cuando se decide restaurar un monumento arqueológico se deben de sujetar a ciertas reglas como lo es el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia y que los trabajos deben ser bajo la dirección de este ente.

Por otra parte, el Cuarto Informe Trimestral del PNR 2021, de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y Agrario, Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, registra que específicamente para el estado de Puebla ya se realizaron 16 acciones; bajo esta tesitura podemos establecer que el PNR contempla un presupuesto federal, siendo el Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Reconstrucción Sector Cultura integrado por los titulares de la Secretaría de Cultura, Subsecretaria de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, Dirección General de Administración, Unidad de Asuntos Jurídicos, Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, Instituto Nacional de Bellas Artes e Instituto Nacional de Antropología e Historia; el órgano superior de decisión de las acciones a realizarse.

Por esta razón primeramente el Comité Ejecutivo autorice la restauración y finalmente el Instituto Nacional de Antropología e Historia otorgue el o los permisos y vigile de la obra.

Por estas razones es pertinente que, en el siguiente presupuesto de egresos de la federación, se encuentre asignado el recurso asignado para que el Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Reconstrucción continúe programando los trabajos de reparación.

Por lo antes expuesto, presento el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta, respetuosamente, al Comité Ejecutivo del Programa Nacional de Reconstrucción para que se haga de conocimiento público el avance de la restauración de los inmuebles con valor cultural e histórico de acuerdo a las declaraciones de desastre de los sismos del 2017 y 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2022.– Diputado Javier Casique Zárate (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Cultura y Cinematografía, para dictamen.