INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 12, numeral 2, del Reglamento de la Contingencia Sanitaria, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 21 de septiembre de 2022 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputado Santiago Creel Miranda (rúbrica), presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que reforma y adiciona el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de salud mental y grupos juveniles, a cargo del diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

2. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

3. Que reforma y adiciona los artículos 35 y 37 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

4. Que reforma y adiciona el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

5. Que adiciona el artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

6. Que reforma y adiciona los artículos 15 y 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

7. Que adiciona dos fracciones al artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

8. Que reforma los artículos 324 y 334 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

9. Que reforma el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Hiram Hernández Zetina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

10. Que adiciona el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

11. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por los diputados Joaquín Zebadúa Alva, del Grupo Parlamentario de Morena y Karen Castrejón Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen, y a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para opinión.

12. Que deroga la fracción I del artículo 113-E de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Hiram Hernández Zetina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

13. Que reforma y adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

14. Que reforma el artículo 18 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, suscrita por la diputada Yesenia Galarza Castro y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Deporte, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas autoridades federales y al gobierno de Veracruz, a establecer un programa emergente para reactivar y fortalecer la actividad ganadera en dicha entidad federativa, a cargo de la diputada Rosa María Alvarado Murguía, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Ganadería, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno y a las autoridades e instituciones correspondientes, a atender y dar seguimiento a la problemática ocasionada por los fenómenos hidrometeorológicos en el municipio de Tototlán, en Jalisco, a cargo de la diputada Ana Laura Sánchez Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa, a fortalecer las medidas de sanción e infracción, en contra de las empresas que tengan operaciones dentro de Apodaca y Nuevo León cuyas emisiones contaminantes superen los límites permisibles en los términos que señale la legislación correspondiente, a cargo del diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales, a diseñar e implementar en conjunto con los concesionarios, programas encaminados a la renovación del parque vehicular de transporte público de pasajeros que permita la sustitución de unidades que utilizan combustibles de origen fósil por unidades eléctricas y sustentables, a cargo del diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Movilidad, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Ciudad de México y a diversas autoridades de dicha entidad, a efectuar una auditoría extraordinaria a los zoológicos, con el propósito de aclarar posibles irregularidades existentes en el cobro de indemnizaciones derivados de la muerte de ejemplares dentro de las instalaciones, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la FGR y a la SRE, a coordinar esfuerzos para concretar a la brevedad la extradición de Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, a cargo del diputado Joaquín Zebadua Alva, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Bienestar, a emprender acciones para garantizar sin distinción de edad, el apoyo del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Bienestar, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex, a emitir un boletín nacional en el que pronuncie una postura respecto a los grumos de hidrocarburo que arribaron a lo largo de 135 kilómetros en las costas de Campeche, a cargo del diputado Pedro Armentía López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conacyt, a hacer eficiente su presupuesto asignado con la finalidad de fortalecer la investigación aplicada a los sectores estratégicos del país para atender las más urgentes necesidades sociales y ampliar las perspectivas del sector productivo, a cargo del diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP, a investigar los contratos por adjudicación directa con la empresa Cyber Robotic Solutions, garantizando que el uso y destino de los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a ampliar el Decreto de regularización para vehículos de procedencia extranjera, a cargo de la diputada Martha Alicia Arreola Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a hacer público un informe por el cual exponga la toma de decisión de sustituir los grados escolares por fases de aprendizaje en la educación básica ante el inicio del ciclo escolar 2022-2023, a cargo de la diputada Esther Mandujano Tinajero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Judicial de las treinta y dos entidades federativas, a dar seguimiento puntual y/o concluyan, de acuerdo a cada situación, las investigaciones de los casos de asesinato de mujeres tipificados como feminicidio, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, a continuar con los apoyos correspondientes a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad derivada de la pandemia de covid-19, a cargo de la diputada María Elena Limón García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a sus 32 homólogas del país, a fortalecer el respeto a la labor docente por parte de las autoridades educativas, de los educandos, madres y padres de familia o tutores y sociedad en general, a cargo del diputado Raymundo Atanacio Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a diversas autoridades de dicha entidad, a informar a la opinión pública las acciones realizadas para rehabilitar el canal nacional en su segunda y tercera etapas, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Condusef, a llevar a cabo diversas acciones relativas a la prevención de fraudes cibernéticos a usuarios de aplicaciones bancarias, a cargo del diputado Luis Alberto Martínez Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de San Luis Potosí y al municipio de Villa de Arista, a investigar y hacer justicia en el feminicidio de la adolescente de 14 años en la comunidad de Derramerios, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y a la SRE, a dar seguimiento a la propuesta del gobierno de Michoacán para recibir inversiones para el desarrollo de semiconductores electrónicos, a cargo de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a informar a la opinión pública las acciones realizadas para dar atención a las personas que padecen la enfermedad conocida como lupus en el territorio nacional, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

21. Con punto de acuerdo, para agradecer al titular del Ejecutivo federal la extensión al 31 de diciembre de 2022 del Decreto de regularización para vehículos de procedencia extranjera, a cargo de la diputada Martha Alicia Arreola Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

22. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y a diversas autoridades de dicha entidad, a informar a la opinión pública las acciones realizadas para la reconstrucción del inmueble ubicado en la Calle Anáhuac, numeral 15, El Mirador, en Coyoacán, afectado por el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

23. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Oaxaca, a atender de manera pronta y expedita la situación que ha afectado a los municipios de Santa María Guienagati, Guevea de Humboldt y Santiago Ixcuintepec, derivado de las fuertes lluvias que han azotado a la Sierra Mixe Zapoteca, a cargo del diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.

24. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, a realizar las acciones para el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de las instituciones educativas de nivel básico dentro de la demarcación territorial Benito Juárez, de la Ciudad de México, a cargo del diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

25. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, a atender el rezago en esquemas de vacunación, de manera que se reactiven, apliquen y fortalezcan las campañas de vacunación en todo el país, suscrito por los diputados Mariela López Sosa, Oscar de Jesús Almaraz Smer y César Augusto Rendón García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

26. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal, a incluir la vacuna contra el covid-19 en el Programa de Vacunación, suscrito por los diputados Mariela López Sosa, Oscar de Jesús Almaraz Smer y César Augusto Rendón García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

27. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a la Secretaría de Salud, a realizar las acciones en materia de salud escolar así como actualizar y vigilar el cumplimiento de los Lineamientos Generales para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las Escuelas del Sistema Educativo Nacional, a cargo del diputado Pedro Salgado Almaguer, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

28. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a reconsiderar el nombramiento de la titular de la SEP, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

29. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SICT, a establecer convenios con los grupos aeroportuarios y se otorgue el servicio de estacionamiento gratuito a los usuarios de los aeropuertos nacionales e internacionales en el país, que transporten personas con discapacidad y/o adultos mayores, a cargo del diputado Salvador Alcántar Ortega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

30. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las entidades federativas, a realizar las evaluaciones diagnósticas necesarias que permitan conocer el grado de rezago educativo de los estudiantes de educación básica, suscrito por el diputado Enrique Godínez del Río y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Rodrigo Herminio Samperio Chaparro, diputado federal de la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y  los artículos 6, numeral I, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de salud mental y grupos juveniles, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

El día 23 de octubre de 2018 quedó publicado el Diario Oficial de la Federación, la NORMA Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, la cual trata sobre factores de riesgo psicosocial en el trabajo, teniendo por objetivo identificación, análisis y prevención de estos casos en materia de salud mental para promover entornos organizacionales favorables para los trabajadores, los cuales, deberán ser evaluados y cumplir con las disposiciones presentes en esta norma.

A pesar de que el contenido de esta norma es bastante solidario con el entorno psicosocial de los trabajadores, datos más actuales demuestran que en México, la salud mental continúa siendo una problemática que afecta el rendimiento y la integridad de la fuerza laboral.  Un estudio de 2021 elaborado por las asociaciones OCC Mundial y Asociación Internet MX, revela que el 63% los trabajadores han padecido de estrés laboral durante los últimos 2 años, donde 1 de cada 5 afirma haber sido expuesto a este problema de manera crónica. Este estudio también señala que entre la población joven del país (de 18 a 29 años), cerca del 58% de ellos ha experimentado episodios de estrés y las principales causas de que lo padezcan están relacionadas a la falta o el exceso de trabajo, así como de una pérdida de control de su ritmo y entorno laboral. Además, este estudio también revela que, a raíz de la pandemia, el estrés laboral incrementó en un 46% sobre todo, gracias a la incertidumbre de resultar contagiado en el espacio de trabajo o bien, por ser despedido en algún momento por recortes de personal causados por la crisis económica que el covid-19 trajo consigo.

Por otro lado, a nivel internacional, México es de los países que menos días de vacaciones tienen al año y es el país con el mayor número de horas trabajadas al año en comparación con los demás países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), siendo de 2 137 horas al año por trabajador, 23% más que el promedio de los demás países miembros de la OCDE, el cual es de 1 726 horas por trabajador al año. Estas condiciones generan la reducción de tiempo de ocio, así como de ámbitos de descanso para el trabajador que por ley deberían de tener de acuerdo al artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, así como igual se encuentra contemplado en la NOM-035 como detonantes de factores de riesgo psicosocial en el trabajo.

Cuadro comparativo

Por lo expuesto se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de salud mental y grupos juveniles

Único. Se reforma la fracción XXXII y se adiciona la fracción XXXIII, recorriéndose la siguiente de forma subsecuente, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

I. a XXXI....

XXXII. Fijar y difundir en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo el texto fiel de la convocatoria y demás documentos que le solicite el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para el desarrollo del procedimiento de consulta a que hacen referencia los artículos 390 Bis y 390 Ter ;

XXXIII. Promover acciones que fomenten la salud mental de las personas trabajadoras, así como dar cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, especialmente para personas jóvenes y quienes pertenezcan a grupos en situación de vulnerabilidad, y

XXXIV. Fijar en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo la convocatoria que le solicite el sindicato cuando se consulte a los trabajadores el contenido del contrato colectivo de trabajo inicial o el convenio de revisión, en términos de los artículos 390 Ter y 400 Bis.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Diario Oficial de la Federación. “NORMA Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención”. 23/10/2018. Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5541828&fecha =23/10/2018#gsc.tab=0 (Consultado el: 27/08/2022)

2 Asociación Internet MX y OCC Mundial. “Estrés Laboral en México”. Disponible en:

https://irp.cdn-website.com/81280eda/files/uploaded/Estre% CC%81s%20laboral%20en%20Me%CC%81xico%2028092 1%20(vf).pdf?utm_source=aimx&utm_medium=web&utm_campaign=Estres+laboral +2021 (Consultado el: 27/08/2022)

3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). “Estadísticas: Horas Trabajadas”. Disponible en:

https://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas/horas-trabajada s.htm (Consultado el: 27/08/2022)

4 Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Declaración Universal de los Derechos Humanos: Artículo 24, Derecho al descanso y al tiempo libre”. Disponible en:

https://news.un.org/es/story/2018/12/1447471#:~: text=Art%C3%ADculo%2024%3A%20Toda%20persona%20tiene,trabajadores%20y%20para%20s us%20familias. (Consultado el: 27/08/2022)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2022.– Diputado Rodrigo Herminio Samperio Chaparro (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía , diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración del pleno la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el inciso c) al artículo 3 Bis y se reforma la fracción II del artículo 51, así como la fracción XII y XIII del artículo 133 y la XI del artículo 135 de la Ley Federal del Trabajo , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Heinz Leymann se encargó de construir en los años ochenta, el concepto de mobbing, conceptualizándolo como: “aquella situación en la que una persona ejerce violencia psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente esa persona o personas acaben abandonando el lugar de trabajo”,

Aunque la traducción de la palabra “ mobbing” significa acoso, tal anglicismo es utilizado como sinónimo de acoso laboral, por diferentes estudiosos del tema, en distintas partes del mundo. Sus elementos son los mismos, pero la denominación depende del país donde se emplea.

Al hablar de mobbing o acoso laboral, debemos tomar en cuenta algunos otros conceptos, como el de hostigamiento, pues éste forma parte de la definición de acoso laboral y se refiere a toda conducta abusiva, que se manifiesta principalmente por comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos que pueden dañar la personalidad, la dignidad o la integridad física o mental de una persona, por ejemplo, poner en peligro su empleo o degradar el entorno laboral.

Por otro lado, la rama jurídica ofrece su definición de acoso laboral a través de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como: “la acción verbal o psicológica de índole sistemática, repetida o persistente por la que, en el lugar de trabajo o en conexión con el trabajo, una persona o un grupo de personas hiere a una víctima, la humilla, ofende o amedrenta” en su material “Promover la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo: Una cuestión de principios”.

Además, la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la Tesis 1a. CCLI/2014 (10a.), donde indica los componentes que conforman el acoso laboral, que se resumen a lo siguiente:

• Es intencional.

• Es horizontal o vertical.

• Son conductas ordenadas y relacionadas.

• Los hechos vertidos en la demanda coinciden con la dinámica de hostilidad.

Asimismo, dicha tesis clasifica el acoso laboral en tres niveles:

A) Horizontal, cuando se realiza entre compañeros del ambiente de trabajo, los sujetos activo y pasivo tienen la misma jerarquía ocupacional.

B) Vertical descendente, cuando ocurre por un superior jerárquico de la víctima.

C) Vertical ascendente, éste ocurre con menor frecuencia y se refiere al hostigamiento laboral que se realiza entre quienes ocupan puestos subalternos respecto del jefe victimizado.

La Ley Federal del Trabajo hace referencia en su artículo 3 Bis al hostigamiento y acoso sexual como:

a) Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas; y

b) Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

Así pues, la misma ley en su artículo 47, fracción VIII y 51, fracción II,  hace referencia al hostigamiento y acoso como causa de rescisión de la relación de trabajo tanto para empleador, como para empleado, igualmente en el artículo 133, en sus fracciones XII y XIII, prohíbe a patrones y representantes realizar o permitir hostigamiento o acoso sexual y el artículo 135, fracción XI, prohíbe a los trabajadores practicar las mismas actividades violatorias a derechos humanos; por último, en su artículo 994, fracción VI, señala las multas que se impondrán a quienes practiquen dichos actos.

Como se observa, el concepto de hostigamiento que presenta la Ley Federal del Trabajo no abarca uno de los elementos importantes que contempla el concepto de acoso laboral, no solo de la Organización Internacional del Trabajo, sino también la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tal elemento es el de ser un “acto sistemático, pues debe ocurrir en repetidas ocasiones para que se considere acoso laboral

Además, no es la única deficiencia con la que cuenta el concepto de hostigamiento de la Ley Federal del Trabajo, ya que ésta refiere que es “el ejercicio de poder en una relación de subordinación”, cuando en realidad lo puede realizar también un compañero de trabajo hacia otro, o bien, menos frecuente, por parte de un inferior jerárquico hacia un superior, como se explicó anteriormente.

Así mismo, la Ley Federal del Trabajo se limita a establecer que el hostigamiento se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, sin mencionar que tales conductas hieren, humillan, ofenden o amedrentan a la víctima, sólo por decir algunas de las consecuencias que genera el acoso laboral.

Igualmente, el inciso b) del artículo 3° Bis de la Ley Federal del trabajo, carece de elementos necesarios para calificar el acoso sexual como tal, pues se limita a decir que es “un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima”.

Tal concepto de acoso sexual se olvida de señalar los elementos más importantes, ya que ni siquiera hace alusión a actos en función del sexo, como lo hace la definición que ofrece la OIT, pues ésta menciona que acoso sexual es un “comportamiento en función del sexo, de carácter desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre”.

Al mismo tiempo, la OIT señala comportamientos que se califican como acoso sexual, lo que demuestra aún más la deficiencia que existe en el concepto de acoso sexual que dicta la Ley Federal del Trabajo, pues algunos de los comportamientos que señala la OIT son los siguientes:

• Físico. Violencia física, tocamientos, acercamientos innecesarios.

• Verbal. Comentarios y preguntas sobre el aspecto, el estilo de vida, la orientación sexual, llamadas de teléfono ofensivas.

• No verbales. Silbidos, gestos de connotación sexual, presentación de objetos pornográficos.

Lo anterior muestra que la Ley Federal del Trabajo  tiene un concepto muy deficiente sobre acoso sexual, pues no solo en ningún momento hace alusión a que los actos realizados deben ser en función del sexo, sino que además dice que es un “ejercicio abusivo del poder”, cuando en realidad el acoso sexual es un acto que se puede llevar a cabo por compañeros de trabajo, que se encuentren en la misma posición jerárquica que la víctima, por lo tanto, el concepto ofrecido por nuestra ley puede causar ambigüedad con el concepto de acoso laboral, o simplemente no abarca las acciones que conforman el acoso sexual, lo que puede resultar una problemática para la víctima y un beneficio para el victimario.

Por lo que se refiere a la problemática que ocasiona el mobbing, no solo en la víctima, sino en la sociedad en general, existen diversos estudios psicológicos que informan de las dificultades emocionales que presentan las víctimas no sólo durante el periodo donde se lleva a cabo el abuso, sino que son daños que continúan, aunque ya no se realice mobbing, pues éste incluye un trato objetivamente humillante, que afecta la integridad moral y que causa un perjuicio moral.

Algunos de los daños por el acoso laboral que afectan a las víctimas, físicos y psíquicos, reconocidos en la hoja informativa 4 de hostigamiento o acoso sexual de la Organización Internacional del Trabajo, son los siguientes:

Estrés, ansiedad, depresión, frustración, impotencia, insomnio, fatiga, disminución de la autoestima, humillación, cambios en el comportamiento, aislamiento, deterioro de las relaciones sociales, enfermedades físicas y mentales, úlcera, suicidio, hábitos adictivos, entre otras.

Además, en la misma hoja informativa, la Organización Internacional del Trabajo señala las consecuencias sociales que se pueden presentar por la práctica del acoso laboral, siendo éstas:

Aislamiento, deterioro de las relaciones sociales, sufrimiento de un estereotipo negativo, ausentismo, despido en el trabajo, renuncia al trabajo, mal desempeño y disminución de la productividad, discapacidad laboral, entre otras que afectan a los empleadores como la disminución de la productividad por dificultad para trabajar individualmente o en equipo, desmotivación y ausentismo, alta rotación de los recursos humanos, deterioro de las relaciones laborales, gastos por procedimientos administrativos, jurisdiccionales e indemnizaciones, conforme a género, salud y seguridad en el trabajo.

Lo anterior afecta a la sociedad debido a los costos a largo plazo para la reintegración de las víctimas, el incremento de la violencia laboral, la discriminación en el empleo, los gastos en procesos administrativos y jurisdiccionales.

Por supuesto, una vez definido el acoso laboral, podemos afirmar que representa una acción violatoria a los derechos humanos, pues dichas acciones atentan en contra del derecho a la vida, derecho a la integridad física, psicológica y moral, el libre desarrollo de la personalidad, el acceso a una vida libre de violencia, la prohibición de la discriminación, el trato digno, el derecho a la honra, derecho al trabajo, a un medio ambiente laboral sano, y las condiciones justas de trabajo, sólo por mencionar algunos de los derechos humanos que son violentados.

Al ser el mobbing una serie de acciones que violentan tantos derechos humanos, existe la necesidad y obligación de los Estados de fomentar en la legislación su reconocimiento o en las normas para erradicar la problemática por este fenómeno.

Por su parte, el primer estado registrado en preocuparse por la cuestión del acoso laboral, fue el de Río de Janeiro en Brasil, en donde se creó la Ley N.º 3921 del 2002 para disciplinar el asunto. En la esfera municipal, el municipio de Iracemápolis, del estado de São Paulo, fue el primero en crear una ley municipal sobre la materia (Ley N.º 1163/00).

Asimismo, se encuentra Colombia, que en el año 2006 crea la Ley 1010, la cual adopta medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. Más adelante nace la Ley 1257 de 2008, que tiene como objeto la prevención de situaciones que vulneren la integridad y dignidad de la mujer. En el artículo 12 habla sobre las medidas en el ámbito laboral, y desarrollaría campañas para erradicar todo acto de discriminación y violencia contra las mujeres en el ámbito laboral.

Por otra parte , en México es muy limitado el concepto de acoso laboral, pues en la Ley Federal del Trabajo se resume a hostigamiento o acoso sexual, a pesar de que una encuesta del Centro de Carrera Profesional en línea de OCCMundial, orientada a conocer la problemática del mobbing en México, revela que siete de cada 10 mexicanos han sufrido acoso laboral.

Además, el sondeo informa que: “ocho de cada 10 entrevistados confirmó haber sido testigo de mobbing en contra de algún compañero de trabajo y del total, 11% reconoció haberlo ejercido de alguna forma y sólo 2.0% aceptó hacerlo regularmente. Otro factor es el tipo de acoso que los participantes han sufrido o del cual han sido testigos, ya que 60% dice que este busca provocar un despido injustificado. Un 46% se refiere al acoso por conflictos personales, 33% acoso por placer, 21% por motivos económicos y ese mismo porcentaje mencionó el acoso sexual”.

Asimismo, entre los que ejercen el bullying laboral con mayor frecuencia: “74% respondió que son los superiores, 17% los compañeros, 7.0% los compañeros de su área laboral y 2.0% los subordinados. Asimismo, siete de cada 10 afirmó sufrir o haber sido testigo de acoso de parte de sus superiores y como consecuencia, ocho de cada 10 han pensado o decidido cambiar de trabajo por acoso laboral de parte de sus jefes”.

En cuanto a las formas más comunes del acoso laboral se encuentran: “los medios cibernéticos y es el WhatsApp o los mensajes de texto que ocupan 47%, otro 38% por comentarios negativos en foros de discusión, 36% en rumores en redes sociales, 25% por información humillante en sitios web y 18% a través de envío de fotos inapropiadas. Por lo que nueve de cada 10 consideraron que el acoso laboral es un problema grave en México y debería existir una legislación que prevenga cualquier forma de acoso laboral”.

Por otra parte, Gloria Careaga Pérez, directora del Programa de Sexualidad, Salud y VIH de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), recordó que “el 80% de los trabajadores ha presenciado un acto de acoso laboral contra un compañero y el 74% asegura que esta conducta es ejercida principalmente por los jefes”.

La misma especialista afirma que en el año 2017, 18,000 personas renunciaron a su trabajo por ser víctimas de mobbing, por ello pide reflexionar al respecto, así como tomar medidas para combatir el problema.

Cabe señalar que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce y da una mejor descripción sobre el acoso laboral en su artículo 10, donde menciona los daños ocasionados por un acto u omisión en abuso de poder, sin olvidar el hostigamiento sexual. Así también, dicha ley describe en qué consiste la violencia laboral, añadiendo acciones negativas que podrían presentarse por razón de género.

En cuanto a Instrumentos Internacionales suscritos por México para llevar a la mesa el tema, si bien no existe un tratado sobre mobbing, existen algunos donde México está suscrito para garantizar diversos derechos humanos en relación al ámbito laboral como el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, adoptado en Ginebra, el 21 de junio de 2019, con lo que se garantiza el derecho de toda persona al trabajo libre de violencia y el acoso, por razones de género.

Dicho instrumento reconoce que esas prácticas constituyen una violación a los derechos humanos, lo que representa una amenaza para la igualdad y el empleo digno. Asimismo, prevé un marco común de acción de los países miembros para que ajusten sus marcos jurídicos e implementen una estrategia integral que establezca medidas para erradicar dichas prácticas. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio 190 y la recomendación 206, serán clave para alcanzar los objetivos establecidos por la Declaración del Centenario de la OIT sobre el Futuro del Trabajo. Además, México está suscrito al Tratado C155, que es un convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo. Con este tratado, la señala la obligación del Estado Mexicano de poner en práctica una política en materia de seguridad y salud de las y los trabajadores y medio ambiente en el trabajo.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Belém do Pará, ratificado el 19 de junio de 1998, es el primer documento en el que se define la violencia contra la mujer como toda conducta basada en el género (de la mujer) que cause daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico o la muerte, sin importar el ámbito de ocurrencia. La violencia contra la mujer incluye, entre otras conductas, el acoso sexual.

Por otra parte, en México existe una Norma Oficial Mexicana referente al riesgo psicosocial en el trabajo, además del protocolo de actuación frente a casos de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual, que obliga a las empresas a tomar en cuenta, dependiendo ésta última del número de trabajadores con los que cuenta.

Una de esas normas es la NOM-035-STPS-2018.- Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo. Esta nueva disposición fue estipulada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, buscando identificar y prevenir los riesgos psicosociales y de salud para todos los trabajadores de México en sus empleos.

Asimismo, existe en México el Protocolo de actuación frente a casos de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual, que tiene como objetivo general prevenir la violencia, hostigamiento y acoso sexual en el lugar de trabajo para promover la salud física, mental y social, que propicie entornos organizacionales favorables que contribuyan al bienestar emocional y a mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores y al incremento de la productividad laboral.

Por los elementos señalados, se propone añadir a nuestra legislación el concepto de acoso laboral, pues tal definición abarca diferentes aspectos, que no toma en cuenta nuestra legislación para atender el acoso, que cada día va en aumento en nuestro país.

Contar con un concepto más amplio permitirá prevenir y erradicar este tipo de acciones para el ambiente laboral que afectan tanto a personas, como a la sociedad en general.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona el inciso c) al artículo 3 Bis y se reforma la fracción VIII del artículo 47, así como la fracción II del artículo 51, además de las fracciones XII y XIII del artículo 133 y la XI del artículo 135 de la Ley Federal del Trabajo

Único. Se adiciona el inciso c) al artículo 3 Bis y se reforma la fracción VIII del artículo 47, así como la fracción II del artículo 51, además de las fracciones XII y XIII del artículo 133 y la XI del artículo 135 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Artículo 3o. Bis. Para efectos de esta Ley se entiende por:

a) ...

b) ...

c) Acoso laboral: situación en la que una persona dentro del ambiente laboral, ejerce violencia verbal o psicológica, de forma sistemática y recurrente, durante un tiempo prolongado sobre otra persona o personas, con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima o víctimas, destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores, humillar, ofender o amedrentar y lograr que finalmente esa persona o personas abandonen el lugar de trabajo.

Artículo 47.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón:

...

VIII. Cometer el trabajador actos inmorales, de hostigamiento, acoso laboral y/o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo;

Artículo 51.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador:

I. ...

II. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes, dentro del servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento, acoso laboral y/o acoso sexual, malos tratamientos u otros análogos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos;

III. a X. ...

Artículo 133.-Queda prohibido a los patrones o a sus representantes:

I. a XI. ...

XII. Realizar actos de hostigamiento, acoso laboral y/o acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo;

XIII. Permitir o tolerar actos de hostigamiento, acoso laboral y/o acoso sexual en el centro de trabajo;

Artículo 135.- Queda prohibido a los trabajadores:

...

XI. Acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos de acoso laboral en los lugares de trabajo.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 José Luis Ugarte, “El acoso laboral: entre el Derecho y la Psicología” Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, XXXIX, 2o. semestre, Chile, Valparaíso, 2012.

2 Hirigoyen, Marie-France: Assédio moral: a violência perversa no cotidiano. 5.ª, Bertrand. Trad. M. H. Kühner. Rio de Janeiro, 2002, p. 65, [trad. del equipo editorial]. La cita es de

http://rvlj.com.ve/wp-content/uploads/2020/05/RVLJ-13-323-349.pd f

3 María Elena Lugo Garfias. (2017). Acoso laboral “Mobbing”. Ciudad de México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. P. 5

4 Ibídem. P. 8.

5 Ibídem.

6 Ley Federal del Trabajo. Artículo 3 Bis.

7 Oficina Internacional del Trabajo. (2019). Acoso Sexual en el Lugar de Trabajo. 2019, de Oficina Internacional del Trabajo Sitio web:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–-ed_norm/–-declaration /documents/publication/wcms_decl_fs_115_es.pdf

8 Oficina Internacional del Trabajo. (2019). Acoso Sexual en el Lugar de Trabajo. 2019, de Oficina Internacional del Trabajo Sitio web:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–-ed_norm/–-declaration /documents/publication/wcms_decl_fs_115_es.pdf

9 Organización Internacional del Trabajo. (2012). El hostigamiento o acoso sexual. 2012, de Organización Internacional del Trabajo Sitio web:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–-americas/–-ro-lima/–- sro-san_jose/documents/publication/wcms_227404.pdf

10 Ibídem

11 Ter

12 Rocco Antonio Rangel Rosso Nelson y Walkyria de Oliveira Rocha Teixeira. (Enero 2020). De la construcción jurídica del acoso moral laboral en Brasil. Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, 13, 349. P- 333

13 Colombia Legal Corporation. (2016). Medidas de Inclusión Laboral para las Mujeres en Colombia. 30 de enero de 2016, de Colombia Legal Corporation Sitio web:

https://www.colombialegalcorp.com/blog/medidas-inclusion-laboral -las-mujeres-colombia/

14 Forbes staff. (2018). Siete de cada 10 mexicanos han sufrido acoso laboral. septiembre 11, 2018, de Forbes Sitio web:

https://www.forbes.com.mx/siete-de-cada-10-mexicanos-han-sufrido -acoso-laboral/

15 Ibídem

16 Forbes staff. (2018). Siete de cada 10 mexicanos han sufrido acoso laboral. septiembre 11, 2018, de Forbes. Sitio web:

https://www.forbes.com.mx/siete-de-cada-10-mexicanos-han-sufrido -acoso-laboral/

17 Ibídem

18 El Economista. (2019). El 74% del acoso laboral en México es ejercido por los jefes. 30-07-2019, de América Economía Sitio web:

https://www.americaeconomia.com/articulos/notas/el-74-del-acoso- laboral-en-mexico-es-ejercido-por-los-jefes

19 Ibídem

20 Israel Zamora Guzmán. (2022). México se suma al combate a la violencia y acoso en el trabajo. 06-05-2022, de Forbes Sitio web:

https://www.forbes.com.mx/mexico-se-suma-al-combate-a-la-violenc ia-y-acoso-en-el-trabajo/

21 Ibídem

22 Israel Zamora Guzmán. (2022). México se suma al combate a la violencia y acoso en el trabajo. 06-05-2022, de Forbes Sitio web:

https://www.forbes.com.mx/mexico-se-suma-al-combate-a-la-violenc ia-y-acoso-en-el-trabajo/

23 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2017). Protocolo de actuación frente a casos de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual, dirigido a las empresas de la República Mexicana. 14 de diciembre de 2017, de Secretaría de Trabajo y Previsión Social Sitio web:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/281042/Protocolo_ 28062017_FINAL.pdf

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión a 8 de septiembre de 2022.– Diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

LEY AGRARIA

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 35 y 37 de la Ley Agraria, a cargo de la diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la lXV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 35 y 37 de la Ley Agraria, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestro país es uno de los Estados con mayor biodiversidad en el mundo, por ende, con mayor diversidad pluriétnica, cuenta con 68 pueblos y 68 lenguas indígenas. Son estos territorios mayormente rurales de propiedad social, ejidos comunidades agrarias, en la que encontramos la mayor riqueza natural y cultural, pero es también donde se encuentran las mayores condiciones de pobreza, injusticia, desigualdad, discriminación y exclusión para sus habitantes, pero en  especial para las mujeres, a quienes no solo constantemente se les violan sus derechos humanos, sino que  durante siglos no se les ha reconocidos como conocedoras de sus territorios, de sus recursos, manejo, conservación y uso, así también del patrimonio familiar ya  que algunas son sostén de sus familias, han tenido que padecer tratos discriminatorios por cualquier circunstancia a eso y más se han enfrentado nuestras mujeres de las comunidades agrarias.

La mayoría de las mujeres rurales por naturaleza son trabajadoras, organizadas, resolutivas, emprendedoras y con iniciativa, sin embargo, las condiciones muchas de las veces son desfavorables para ellas, pues se encuentran dentro de los grupos más vulnerables y desprotegidos.

Hasta hace poco a las mujeres rurales y de los ejidos se les reconoció su derecho en condiciones de igualdad para que las mujeres como los varones, sean sujetos a herencia, derechos y títulos de los ejidos, con ello se reformó el artículo 17 de la Ley agraria en este año.

“Para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de los derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario, en su caso, a una de las hijas o uno de los hijos de los ascendientes o a cualquier otra persona.”

Con ello obtienen certeza jurídica para que se garanticen sus derechos como herederas, aunque actualmente se busca que se les tome en cuenta y se les garantice su participación como titulares de derechos y representantes en los núcleos agrarios.

El ser mujer en un país en donde los derechos de las mujeres no son plenos, es un gran reto, se busca generar mejores oportunidades y condiciones de vida para ellas y que se traduzcan en beneficio para la protección de sus derechos humanos.

A partir del 2021 la participación de las mujeres en los órganos de representación alcanzó el 21 por ciento de participación, en puestos de elección de comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, pero consideramos que aún no es suficiente.

La participación de las mujeres dentro del comisariado ejidal y de los consejos de vigilancia es fundamental, por ello se busca que se les considere en las “candidaturas a ocupar esos puestos de elección”.

El artículo 35 de la Ley Agraria a la letra dice:

“El consejo de vigilancia estará constituido por un presidente y dos secretarios propietarios y sus respectivos suplentes y operará conforme a sus facultades de acuerdo con el reglamento interno; si éste nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente.

La propuesta a este artículo es que se incluya el “principio de paridad de género”, un lenguaje inclusivo o incluyente y que el consejo de vigilancia en el cargo de presidente y secretarios se conformen por el cincuenta por ciento hombres y el cincuenta por ciento mujeres, así también como en sus correspondientes suplentes.

Se busca con ello visibilizar e incluir que las mujeres puedan presidir los consejos de vigilancia no solo como integrantes, que se cubra la cuota que actualmente establece el artículo 37 de la Ley Agraria en su párrafo segundo.

“Las candidaturas a puestos de elección que integran el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia deberán integrarse por no más del sesenta por ciento de candidatos de un mismo género, pudiendo aspirar a cualquiera de los puestos indistintamente. Para las comisiones y secretarios auxiliares con que cuenta el comisariado ejidal, se procurará la integración de las mujeres.”

Esta propuesta va encaminada a que la cuota tenga paridad de género, que se establezca el 50,50.

Recordemos que, en la mayoría de las instituciones, cargos administrativos y de elección popular se rigen por el principio de paridad de género, y la Ley Agraria no debe ser la excepción.

La paridad de género es un principio constitucional que viene enunciado en el artículo 4o. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Con ello se busca ajustar las condiciones actuales que las circunstancias demandan y brindarles esos espacios a las mujeres que les corresponden y que sean para ellas un derecho, tal y como a continuación se enuncia:

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman los artículos 35 y 37 de la Ley Agraria  

Único. Se reforman los artículos 35 y 37 de la Ley Agraria, para quedar como sigue:

Artículo 35. El consejo de vigilancia estará constituido por un presidente o presidenta y dos secretarios, o secretarias propietarias y sus suplentes y operará conforme a sus facultades, se regirá por el principio de la paridad de género, y operará conforme a las facultades y de acuerdo con el reglamento interno; si éste nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente.

Artículo 37. Los integrantes del comisariado y del consejo de vigilancia, así como sus suplentes, serán electos en asamblea. El voto será secreto y el escrutinio público e inmediato. En caso de que la votación se empate, se repetirá ésta y si volviere a empatarse se asignarán los puestos por sorteo entre los individuos que hubiesen obtenido el mismo número de votos.

Las candidaturas a puestos de elección que integrarán el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia deberán integrarse por el principio de la paridad de género, con el 50 por ciento hombres y el otro 50 por ciento mujeres, pudiendo aspirar a cualquiera de los puestos indistintamente. Este principio se deberá aplicar para las comisiones y secretarias auxiliares con que cuenta la comisaria ejidal.  

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Gobierno de México. 2018-2024. Programa Nacional de los Pueblos indígenas 2018-2022. México. Recuperado de la página de internet.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/423227/Programa-N acional-de-los-Pueblos-Indigenas-2018-2024.pdf 2022

2 Gobierno de México. 2018, Día internacional de la lengua materna. Recuperado de la página de internet.

https://www.gob.mx/cultura/articulos/lenguas-indigenas?idiom=es# :~: text=M%C3%A9xico%20cuenta%20con%2069%20lenguas,Am%C3%A9rica%20Latina%2C%20despu %C3%A9s%20de%20Brasil. 2022

3 Cámara de Diputados. 2022. Ley Agraria. Artículo 17. De la página de internet. Párrafo adicionado 19–12-2016.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAgra.pdf 2022

4  Gobierno de México. 2020. Artículos. Alcanzan mujeres hasta 21% de participación en órganos de representación de ejidos y comunidades. Recuperado de la página de internet.

https://www.gob.mx/ran/es/articulos/alcanzan-mujeres-hasta-21-de -participacion-en-organos-de-representacion-de-ejidos-y-comunidades?idiom=es 2022

5 Ley Agraria, 2022, Artículo 35, De la página de internet.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAgra.pdf 2022

6 Ley Agraria  2022, Artículo 37, De la página de internet.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAgra.pdf 2022

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2022.– Diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 6, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

De acuerdo con los avances de la tecnología a nivel mundial y su influencia en las sociedades, ha sido trascendente la modificación de los patrones de convivencia entre las personas así como su incidencia en los sectores públicos y privados para integrarse a la globalización y generar transformaciones digitales

A nivel internacional la legislación de derechos digitales comenzó con la necesidad en la industria del entretenimiento de garantizar los derechos de propiedad intelectual a los autores y editores que producen música o películas; derechos de control digital, controlar y transmitir datos personales digitales y servicios de intermediación a través de internet.

Los derechos digitales exponen protección y dan continuación a los derechos existentes, como el derecho a la privacidad, acceso a la información, libertad de expresión, conexión a dispositivos electrónicos y su vez a redes de telecomunicaciones. Aunque el internet es una herramienta liberadora en muchos sentidos, también es cierto que con ella las afectaciones y violaciones a los derechos humanos se replican e intensifican contantemente, sin embargo, es importante saber que existe el riesgo de que las empresas y plataformas que brindan la tecnología son capases de recapitular datos personales de los usuarios y los vendan a empresas de publicidad, muchas veces por desconocimiento o incomprensión de los usuarios.

El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”.

En otro orden de ideas los derechos digitales resaltan su valor jurídico aplicando una propuesta interpretativa de las normas, refiriéndose a que no existe un catálogo de derechos digitales que de a conocer la aplicación de esta, por ende, se deben crear reglas en tiempo, forma y circunstancias particulares dando así paso al crecimiento de muchas actividades en el ámbito digital para diseñar un modelo de justicia adaptado.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó que “en 2020, una población de 84.1 millones son usuarios de internet, lo que representa el 72.0 por ciento de la población de seis años o más. Esta cifra revela un aumento de 1.9 puntos porcentuales respecto a la registrada en 2019 (70.1 por ciento). También señala que el 78.3 por ciento de la población se ubica en áreas urbanas, mientras que en el área rural la proporción es de 50.4 por ciento; mientras que en 2019 los usuarios en zonas urbanas se estimaron en 76.6 por ciento y en zonas rurales el 47.7 por ciento.

Los tres principales medios para la conexión de usuarios a internet en 2020 fueron: celular inteligente (smartphone) con 96.0 por ciento, computadora portátil con 33.7 por ciento y con televisor con acceso a internet 22.2  por ciento. Las principales actividades que realizan los usuarios de internet en 2020 son comunicarse (93.8 por ciento), buscar información (91.0 por ciento) y acceder a redes sociales (89.0 por ciento)”.

Ejemplo de lo anterior es la nueva Ley de Amparo, la cual eleva el grado de eficacia y de rapidez de la justicia al simplificar, agilizar y modificar, ciertos tramites, ya que permite la presentación de la demanda de amparo en línea mediante una firma electrónica, lo que contribuye a la implantación de elementos propios de la ciber-justicia en el ámbito judicial.

En su artículo 3o. se establece que “los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal”.

Por otra parte, el 4 de agosto de 2021 emitió por medio de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México una reforma legal que adicionó diversas disposiciones al Código Civil para el Distrito Federal y la Ley del Notariado para la Ciudad de México ; teniendo en cuenta el ejercicio de la función notarial como garantía institucional para la protección de la seguridad jurídica de las personas y ciudadanos que requieren de estos servicios.

Esta reforma busca adicionar figuras respecto a sucesiones testamentarias por medios electrónicos, por lo que en su artículo 1392 se da la posibilidad de que la persona testadora constituya un legado sobre bienes o derechos digitales, como se indica a continuación:

“Artículo 1392 Bis: “El legado también puede consistir en la situación sobre bienes o derechos digitales almacenados en algún equipo de cómputo, servidor, plataforma de resguardo digital, dispositivos electrónicos, redes sociales o dispositivos físicos utilizados para acceder, aun recurso restringido electrónicamente”.

Por lo cual para su interpretación e implementación se requiere reconocer el valor económico así como la existencia de los medios electrónicos como el correo, dominios, direcciones electrónicas, archivos en diversos formatos, contraseñas, aplicaciones informáticas de empresas de tecnología de cada uno de los usuarios.

El internet ofrece oportunidades sin precedentes para el desarrollo de los derechos humanos y desempeña un papel cada vez más importante debido a su influencia actual entre las personas, por lo que es indispensable que se desarrollen medidas que permitan garantizar el funcionamiento del internet, la protección y seguridad de los usuarios con el fin de cumplir con la Carta Universal de los Derechos Humanos y Principios del internet, en los que se establece:

1. Derecho a la intimidad en el ámbito laboral.

2. Derecho a la neutralidad de internet

3. Derecho a la seguridad digital

4. Derecho al olvido en búsquedas en internet, servicios de redes sociales y equivalente.

5. Derecho a la libertad de expresión.

6. Derecho a la portabilidad.

7. Derecho de la negociación colectiva.

8. Derecho a la protección de datos de los menores en internet.

9. Derecho de rectificación en internet.

10. Derecho a la actualización de informes en medios digitales.

Por su parte, en nuestro país se ha desarrollado el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación que van de la mano con esfuerzos mundiales para alcanzar las soluciones a los desafíos planteados, lo cual podemos verlo a través de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación de la educación digital.

Si bien se han hecho modificaciones en la interacción a nivel mundial debido a la pandemia por el virus del Sars-Cov 2, en México se diseñó un programa para la educación continua a distancia a través del uso de las tecnologías de información y las comunicaciones (TIC), lo que en la actualidad esta herramientas se han vuelto indispensables para la comunicación entre profesores y los estudiantes.

De acuerdo con cifras del Inegi; en el nivel medio superior alberga el índice más alto de no conclusión del ciclo escolar 2019-2020, pues un 3.6  por ciento de estudiantes abandono su formación, seguido de la escuela secundaria con un 3.2  por ciento como parte de los efectos por la pandemia.

La herramienta digital más utilizada por los estudiantes son los teléfonos inteligentes, especialmente en los niveles de primaria, secundaria y preparatoria; mientras que, para los estudiantes de nivel superior, el medio principal es una computadora de escritorio para realizar sus actividades”.

Cabe resaltar que la Estrategia Digital Nacional implementada en el periodo de 2012 a 1018 tuvo como meta el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones en México para integrar una educación de calidad, con estrategias y líneas de acción que fortalezcan las tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje; es decir que la política de formación educativa también influyó mediante la consideración de nuevas redes de comunicación digital y equipamiento para los estudiantes.

En el ámbito internacional, la Ley Orgánica 3/2018 de España contiene un apartado exclusivo que reconoce los derechos digitales de la siguiente manera:

El artículo 79 señala: “Los derechos y libertades consagradas en la Constitución y en los Tratados y Convenios Internacionales en que España sea parte son plenamente aplicables en internet. Los prestadores de servicios de la sociedad de la información y los proveedores de servicios de internet contribuirán a garantizar su aplicación “(Cortes Generales de España, 2018).

Sin embargo, en un comparativo con la legislación mexicana, podemos afirmar que no existe una ley que garantice la vigencia, respeto, cumplimiento y respaldo de los derechos digitales de los usuarios en la navegación de internet.

Fomentar prácticas de inclusión a la tecnología no significa que los usuarios de internet contarán con las garantías en forma digital, reconocidas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dentro de este orden de ideas los derechos digitales no se pueden ejercer si no se reconocen como tales, es probable que se confundan ya que las formas de concebirlos resultan complejas, por lo que la protección de estos requiere de claridad en materia legal.

En este sentido, a continuación, se señalan los avances legislativos reconocidos en España en comparación con la legislación en México.  

España

Derechos de libertad, enfocados principalmente a toda expresión vinculada con los medios de comunicación que comparten una visión de identidad en el entorno digital, protección de datos personales, aprobación del pseudonimato, derecho a la persona a no ser localizada y perfilada, así como derecho a la ciberseguridad y a la herencia digital.

Derechos de igualdad, dar el debido reconocimiento a la equidad vinculada en un entorno más humano enfocado en las nuevas tecnologías a la igualdad y a la no discriminación en el entorno digital, acceso a internet, protección de las personas menores de edad, así como proporcionar accesibilidad universal obteniendo mayor impulso y eficiencia en el aprovechamiento de la infraestructura de las TIC.

Derechos de participación y de conformación del espacio público, son aquellos derechos vinculados con la exposición y expresión de motivos sin la necesidad de afectar a terceras personas, conformando la unidad con neutralidad en base a la libertad de expresión y de información, recibiendo libremente información veraz dando paso al derecho a la participación ciudadana por medios y educación digitales planteando una política en relaciones con las administraciones públicas.

Mostrando intereses particulares por el ámbito laboral se plantearon derechos dentro del entorno empresarial con los cuales se obtuvieran menos riesgos en los aspectos dirigidos a las leyes., dicho lo anterior con equidad y respeto en el entorno digital para obtener derechos de acceso o datos con fines de interés público, de investigación científica, histórica, estadísticos, innovación, desarrollo tecnológico y un entorno digital sostenible dando la debida protección a la salud en el entorno digital.

México

La coordinación de la política tecnológica en la administración pública federal en México vincula cada tratado con base en todos los proyectos de contratación e implementación de las TIC aprobados y evaluadas por una instancia técnica central, acorde a la política de austeridad republicana, optimizando los recursos de la APF (administración pública federal) mediante acuerdos para compartir infraestructura y recursos tecnológicos, dando paso a una nueva política nacional de fomento. Dando continuidad y planeación a cada proyecto con la debida formulación de políticas, considerando estándares para el uso y adquisición de programas, bienes tecnológicos, y desarrollos informáticos.

Es así como el análisis técnico de las TIC promueve cada proyecto tecnológico minuciosamente para determinar su viabilidad, así como su alineación a la política nacional ante un gobierno electrónico, promoviendo la innovación, apertura, transparencia y colaboración, considerando ahora la participación ciudadana para mejorar la inclusión digital a través de prácticas de gobierno electrónico, con el objetivo de buscar aprovechar y potenciar las TIC extendiendo la cobertura de servicios gubernamentales mediante convenios con centros integradores.

Como podemos observar, la legislación española reconoce derechos fundamentales en entornos, mientras que en México unicamente se desarrollan prácticas tecnológicas mediante desarrollos informáticos y políticas de gobierno electrónico, por lo que de involucrar nuestras garantías no sólo en materia educativa y económica como lo hemos ejemplificado permitiría promover principios básicos, la protección de las libertades en el entorno digital.

Es posible ver el número de internautas en aumento para llevar a cabo sus tareas escolares, sin embargo, en temas de seguridad y responsabilidad a lo que podría acontecer contra su identidad digital existe un disminuida o nula incidencia, lo que cobra mayor relevancia cuando el nuevo plan de convergencia laboral deviene a través del teletrabajo, en donde muchas personas adolecen del conocimiento mínimo para disminuir riesgos digitales.

Es por ello que se propone la siguiente iniciativa para reformar el primer párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de reconocer y equiparar el derecho a la educación digital.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma el párrafo primero del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el párrafo primero del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado-Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, presencial y en línea, para; preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

...

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Álvaro Guzmán Gutiérrez. (S/F). Derechos digitales y reformas en materia de legado digital. Revista Abogacía Sitio web:

https://www.revistaabogacia.com/derechos-digitales-y-reformas-en -materia-de-legado-digital/

2 CDHDF. (junio 2016). El uso de las nuevas tecnologías y los derechos humanos. Dfensor, Pág.  6

https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2016/09/dfensor_06_2016. pdf

3  Artículo 17.  Secretaría de Gobernación (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) Sitio web:

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/17.pdf

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2021). Comunicado de Prensa. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. Inegi Sitio web:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/ OtrTemEcon/ENDUTIH_2020.pdf

5 Consejo de la Judicatura Federal. (2020). Acuerdo general 12/2020, del pleno del consejo de la judicatura federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos

6 jurisdiccionales a cargo del propio consejo. CJF. Página 2.  Sitio web:

https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/Ac uerdoGeneral12_2020.pdf

7 Antonio Fernández Fernández. (2021). El nuevo testamento digital y el legado de bienes intangibles. Revistas Jurídicas UNAM Sitio web:

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/a rticle/view/16193/16940

8 Internet Rights & Principles Coalition. (2015). Carta de Derechos Humanos y Principios para Internet. Internet Governance Forum Sitio web:

https://www.palermo.edu/cele/pdf/Carta-de-Derechos-Humanos-y-Pri ncipios-para-Internet-en-Espanol.pdf

9 Internet Rights & Principles Coalition. (2015). Carta de Derechos Humanos y Principios para Internet. Internet Governance Forum Sitio web:

https://www.palermo.edu/cele/pdf/Carta-de-Derechos-Humanos-y-Pri ncipios-para-Internet-en-Espanol.pdf

10 Inegi. (2021). Inegi presenta resultados de la encuesta para la medición del impacto covid-19 en la educación (ECOVID-ED) 2020., Sitio web:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/ OtrTemEcon/ECOVID-ED_2021_03.pdf

11 Julio A. Téllez Álvarez. (2020). Los Derechos Digitales y la Necesidad de su Regulación.  Pág. 17 , Comité Editorial del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Sitio web:

https://infocdmx.org.mx/documentospdf/2021/Vinculacion/LosDerech osDigitales_Libro_impresion.pdf

12 S/A. (2021). Derechos Digitales. Del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Sitio web:

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/20 21/140721-Carta_Derechos_Digitales_RedEs.pdf

13 Gobierno de México,

https://www.gob.mx/cedn

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2022.– Diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

«Iniciativa que adiciona una fracción al artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que adiciona dos fracciones al artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La falta de información actualizada en materia registral y catastral en los municipios ha contribuido en el deficiente ordenamiento territorial de nuestro país, la corrupción, la disposición ilegal de predios, la especulación inmobiliaria y la falta de uso óptimo del suelo, son algunas de las problemáticas atribuibles a esta situación.

Varios han sido los intentos para modernizar los registros catastrales en México, sin embargo, hoy en día existen municipios que se enfrentan al desconocimiento de los predios con vocación urbana que conforman su territorio y que pueden ser utilizados para el crecimiento más ordenado de sus ciudades, así como para la distribución más adecuada y eficiente de la población.

Las instituciones catastrales y registrales no cuentan con mecanismos que brinden seguridad jurídica a los propietarios de predios e inmuebles, lo que genera inseguridad en el mercado hipotecario y especulación inmobiliaria en perjuicio de la ciudadanía.

Aunado a ello, las deficiencias en la actividad catastral municipal perjudican la captación de recursos a través de impuestos como el predial, lo que impacta directamente en la solvencia y sustentabilidad de las finanzas públicas.

En este sentido, se considera esencial que los municipios actualicen la información catastral y registral de sus demarcaciones, con el objeto de contribuir al uso óptimo y eficiente del suelo ya que, en muchos casos, este orden de gobierno ignora los predios con los que cuenta para el adecuado desarrollo urbano y en otros que han sido objeto de donación, por ejemplo, las autoridades desconocen cuál es el estado que guardan y qué acciones u objetos se llevan a cabo en cada uno de ellos.

La falta de información respecto de los predios propiedad del municipio y la falta de registro de propiedad de predios aparentemente abandonados, genera falta de certeza jurídica en relación con la propiedad del suelo y fomenta problemáticas de mayor gravedad como la invasión de predios, la especulación inmobiliaria y la falta de cumplimiento del objeto en materia de donaciones, con la consecuente posibilidad de su recuperación por parte de las autoridades locales.

Cabe señalar que en el Estado mexicano los gobiernos locales y los municipios cuentan con soberanía y autonomía que les brinda nuestra Constitución. En función de esto, las atribuciones en materia de registro inmobiliario difieren en cada entidad federativa y en cada uno de sus municipios, haciendo ineficiente e incompatible en algunos casos, la labor de los registros catastrales.

Aunado a lo anterior, si bien es cierto que las entidades federativas se han apegado al Modelo Óptimo de Catastro creado en 2010 y actualizado por la Secretaría De Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en 2020, también lo es que aún hay catastros que trabajan con cartografía de papel y con información que no está actualizada y/o cuya actualización se ve limitada, generando poca credibilidad entre la ciudadanía y el desconocimiento de las autoridades municipales sobre el inventario de inmuebles que les pertenecen y de los cuáles pueden disponer para el crecimiento ordenado de la mancha urbana.

En este sentido, es necesario que los municipios cuenten con padrones catastrales y registrales actualizados que den cuenta de los predios que física y jurídicamente existen en su territorio para combatir las deficiencias en el ordenamiento y la planeación territorial, combatiendo al mismo tiempo la especulación de inmuebles y la posible corrupción que pudiera generarse en este orden de gobierno.

No se omite señalar que, dentro de los esfuerzos que se han hecho, en 2016 el Ejecutivo federal presentó ante la Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para Armonizar y Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales y los Catastros.

Esta iniciativa pretendió, como su nombre lo indica, armonizar y homologar la organización y funcionamiento de los Registros Públicos Inmobiliarios y de Personas Morales, así como de los catastros en el territorio nacional, definiendo de manera clara y precisa las facultades de los tres órdenes de gobierno; específicamente para el municipio, correspondía el mantener la información catastral y registral de inmuebles del municipio actualizada.

La multicitada iniciativa fue dictaminada y sometida a discusión en la Cámara de origen el 12 de diciembre de 2017. Se recibió en esta Cámara de Diputados en donde fue discutida el 30 de abril de 2021, aprobada con modificaciones, y recibida de nueva cuenta en el Senado de la República el 2 de septiembre de 2021, quedando pendiente concluir su proceso legislativo.

En este tenor, la Ley General aportaría mucho en cuestión de homologación de procesos y procedimientos registrales y facilitaría la actualización de la información de los predios e inmuebles que pertenecen a cada municipio y, además de dar certeza jurídica a los propietarios de inmuebles, facilitaría el conocimiento de las autoridades municipales respecto de los predios con los que cuenta; sin embargo, como se ha referido, el proceso legislativo no ha concluido para su entrada en vigor.

Derivado de lo anterior, se considera de suma importancia incluir de manera explícita en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la obligación de los municipios de elaborar un inventario de los predios que se encuentren ubicados dentro de su territorio y que le pertenezcan, y otorgarles la posibilidad de que liberen predios de su propiedad, por causa de utilidad pública, para la creación de espacio público y construcción de vivienda destinada a población en situación vulnerable.

Este inventario abonaría en la adecuada planeación territorial, el combate a la especulación inmobiliaria y la invasión de terrenos, y obligaría a aquellos beneficiarios de donaciones por parte del municipio, a cumplir con el objeto de la misma, so pena de que el municipio reclame el inmueble, independientemente de los cambios de administración.

Con ello se estaría contribuyendo en la plena identificación, ubicación, uso y regularización del inmueble aportando legalidad a la liberación de los predios, mejorando prácticas y procedimientos de los municipios que, en algunos casos, desconocen la disponibilidad de predios que pudieran destinar al desarrollo urbano y la vivienda.

A efecto de lograr una mejor comprensión de la propuesta se inserta el siguiente cuadro comparativo.

Por lo anteriormente expuesto, acudo a esta soberanía a presentar iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Único. Se adicionan dos fracciones al artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar como sigue:

Artículo 11. Corresponde a los municipios:

I. a XXVI. ...

XXVII. Elaborar un padrón de predios propiedad del municipio y mantenerlo actualizado para su entrega en el proceso de cambio de gobierno a la nueva administración. La omisión o entrega irregular de este padrón dará lugar a responsabilidad administrativa establecida en las normas locales para el presidente municipal y demás servidores públicos responsables de su elaboración y actualización.

XXVIII. Emitir acuerdo de liberación de predios propiedad del municipio, por causa de utilidad pública debidamente fundada y motivada, privilegiando la creación de centros sociales, culturales, deportivos, área verde para parques y esparcimiento, y uso habitacional para población en condición de vulnerabilidad, en los términos de las leyes locales.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los congresos locales deberán establecer en las leyes respectivas, los formatos y mecanismos de entrega del inventario de predios propiedad de los municipios y las sanciones administrativas para los servidores públicos responsables en caso de incumplimiento en la entrega del padrón, en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Notas

1 Desconoce municipio qué sucede en los terrenos de donación y comodatos. https://www.lja.mx/2017/08/desconoce-municipio-sucede-en-los-terrenos-donacion- comodatos/

2 Desconocen municipios uso de predios donados en Tamaulipas.

https://www.milenio.com/politica/desconocen-municipios-uso-de-pr edios-donados-en-tamaulipas

3 Modelo Óptimo de Catastro

http://circemexico.com/documentos/catastro/Modelo%20Optimo%20de% 20Catastro%20v3.4-20110221.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2022.– Diputada Lilia Aguilar Gil (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 15 y 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Salvador Caro Cabrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Salvador Caro Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de este pleno, la presente iniciativa con proyecto de decreto con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

A raíz de la pandemia por el covid-19, diversos ramos económicos fueron afectados, especialmente el de servicios. Por tanto, con el fin de contribuir y facilitar la reinserción económica de este ramo, se propone establecer la tasa cero para los servicios de organización y realización de congresos, convenciones, exposiciones y ferias, así como los servicios de hotelería y conexos que se presten en el marco de dichos eventos. Con ello, se apoyará en la recuperación y desarrollo de la Industria de Reuniones y se facilitaría el hecho de que México cumpla con los constructos internacionales de los que es parte.

Antecedentes

México es mundialmente conocido como uno de los principales destinos turísticos ya que en éste se celebran eventos de talla internacional, por ejemplo, conferencias, exposiciones, convenciones entre otros.

El sector de la Industria de Convenciones fue sumamente afectado por la crisis sanitaria. Ejemplo de esto es que la Industria de Reuniones organizó 319 mil 792 eventos en el 2019, mientras que para el año 2020 disminuyó a 115 mil 966 eventos (casi un tercio que el año anterior). Por otro lado, la participación del público en dichos eventos tuvo un decrecimiento importante. Durante el 2019 se registraron 35.3 millones de asistentes, mientras que en el año 2020 disminuyó el número a 12.8 millones de asistentes. De este modo, se perdieron 519 mil empleos.

Por otro lado, el informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y el Desarrollo, publicado en junio de 2021, i nformó que el sector turístico de México se encuentra afectado por la crisis sanitaria y que el producto interno bruto que puede perderse a causa de esto es de 1.6 por ciento. La OIT se ha pronunciado al respecto y ha señalado que:

“Apoyar los ingresos de los hogares y las transiciones en el mercado de trabajo, en particular para las personas más perjudicadas por la crisis, por medio de políticas activas del mercado de trabajo, servicios públicos de empleo y servicios de asistencia de alta calidad prestados por el sector público. La inversión en estos ámbitos facilita la participación de los trabajadores en el mercado de trabajo y les permite mejorar sus perspectivas laborales adquiriendo mayores competencias”.

Fundamentación

- Derecho al trabajo: La Carta Magna consagra los derechos mínimos de los trabajadores

Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de terceros, o, por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad.”

Por lo tanto, ninguna persona puede ser obligada a dedicarse a algo que no quiere, ni puede impedirse que se dedique a lo que quiera, siempre y cuando esto sea lícito.

En ese sentido, el artículo 2º de la Ley Federal del Trabajo establece lo siguiente:

Artículo 2. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva. Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al patrón.

Asimismo, no debe pasarse inadvertido que de acuerdo con nuestra Carta Magna los órganos jurisdiccionales del Estado mexicano dentro de sus respectivas competencias deben realizar una interpretación a la luz de la convención o tratados de los que nuestro país sea parte, de sus protocolos adicionales, así como de la jurisprudencia internacional siempre con la regla del principio pro homine, que implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre. Por tanto, debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y debe aplicarse en forma obligatoria.

Para ilustrar lo anterior, se muestra la siguiente jurisprudencia:

Novena Época. Registro No. 179233 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Febrero de 2005. Materia(s): Administrativa. Tesis: I.4o.A.464 A Página: 1744

PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA.

El principio pro homine que implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio, se contempla en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el siete y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, respectivamente. Ahora bien, como dichos tratados forman parte de la Ley Suprema de la Unión, conforme al artículo 133 constitucional, es claro que el citado principio debe aplicarse en forma obligatoria.

- Agenda 2030 Objetivos de Desarrollo Sostenible

México es parte de la Agenda 2030, la cual en el numeral ocho, tiene como objetivo “Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos”.

A su vez este objetivo se divide en metas, conviene señalar algunas:

Meta 8.3: Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleos decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación y alentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas mediante el acceso a servicios financieros.

Meta 8.5: Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

Meta 8.6: Reducir la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

Meta 8.9 Para 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo..

El Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe, señala:

“Necesidad de homogeneizar y dar consistencia a las demandas de recursos para inversión en las distintas áreas y sectores específicos: para evaluar adecuadamente programas y proyectos, los países deben determinar cómo fueron enunciados, cuál es su enfoque metodológico y cómo serán evaluados sus beneficios económicos, sociales y ambientales. Las estructuras de las metodologías de formulación y evaluación de proyectos tienden a ser similares en los países de la región, variando sólo el grado de profundidad en que se tratan los temas”.

Se consultó el repositorio de metodologías de formulación y evaluación de inversión pública, que se encuentra actualizado y no se encontró que México cuente con un Plan de Inversión Pública, Metodología, Manual o Guía para la evaluación de Proyectos encaminados al objetivo ocho de la Agenda 2030, ni para las metas enunciadas líneas arriba.

- Acta núm. 5ª

En 2021 se realizó la 109° Conferencia Internacional del Trabajo, los países miembros de la OIT realizaron el acta 5A, Informes de la Comisión de Respuesta a la covid.

Entre los compromisos que asumieron esta:

Situar el objetivo del empleo pleno, productivo y libremente elegido y el trabajo decente, las necesidades de las personas más vulnerables y afectadas por la pandemia, y el apoyo a las empresas sostenibles, el empleo y los ingresos en el núcleo de estrategias con una perspectiva de género, destinadas a construir mejor un futuro después de la crisis y adaptadas a situaciones específicas, teniendo plenamente en cuenta las circunstancias y las prioridades nacionales (...).

A. Crecimiento económico y empleo inclusivos.

a) Prever una recuperación de base amplia y generadora de empleo con oportunidades de trabajo decente para todos, mediante políticas nacionales de empleo integradas, reconociendo el importante papel del sector privado y del sector público y de la economía social y solidaria.

(...)

f) Fortalecer los sistemas nacionales de servicios de empleo y las políticas nacionales para proporcionar servicios de empleo de calidad a los trabajadores y los empleadores a fin de mitigar las perturbaciones económicas y del mercado de trabajo inducidas por la crisis, reconociendo cuando proceda el papel complementario de los servicios de empleo privados cuando estén debidamente regulados, de conformidad con las normas de la OIT, incluyendo la prohibición prevista en las mismas de cobrar comisiones y gastos a los trabajadores.

(...)

C. Protección social universal.

(...)

b) Mejorar el acceso a la protección contra el desempleo para dar apoyo a los trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo y sus medios de subsistencia debido a la pandemia y para facilitar las transiciones.

Dichos compromisos también se encuentran adoptados en la Declaración Ministerial de Trabajo y Empleo del G20.

- Objetivo de la iniciativa

El objetivo de la presente iniciativa es adicionar las fracciones XVII al artículo 15 y la fracción IX al artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para establecer la tasa cero para los servicios de organización y realización de congresos, convenciones, exposiciones y ferias, así como los servicios de hotelería y conexos que se presten en el marco de dichos eventos y con ello apoyar en la recuperación y desarrollo de la Industria de Reuniones. Lo cual haría que México cumpliera con los constructos internacionales de los que es parte.

Además de que dicha medida prevendría graves consecuencias económicas y mitigaría los estragos de la pandemia de la covid-19 y sobre todo esta medida actuaría como respaldo para estos sectores, que fueron los más afectados durante la pandemia.

Con la intención de una mejor ilustración de la propuesta de modificación se presenta el siguiente cuadro comparativo:

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de este pleno, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona la fracción XVII al artículo 15 y la fracción IX al artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de convenciones.

Único.  Se adicionan las fracciones XVII al artículo 15 y la IX al artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue:

Artículo 15. No se pagará el impuesto por la prestación de los siguientes servicios:

I. a XVI. ...

XVII. Los servicios de organización y realización de congresos, convenciones, exposiciones y ferias, así como los servicios de hotelería y conexos que se presten en el marco de dichos eventos y sean facturados a la empresa organizadora.

Artículo 29. Las empresas residentes en el país calcularán el impuesto aplicando la tasa del 0 por ciento al valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando unos u otros se exporten.

Para los efectos de esta Ley, se considera exportación de bienes o servicios:

I. a VIII. ...

IX. Los servicios de organización y realización de congresos, convenciones, exposiciones y ferias, así como los servicios de hotelería y conexos que se presten en el marco de dichos eventos y sean facturados a la empresa organizadora.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 María del Pilar Martínez. (2020). En riesgo alto por la pandemia, 44% del empleo en México: OIT. 13 de septiembre de 2021, de El Economista Sitio web:

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-riesgo-alto-por-la-p andemia-44-del-empleo-en-Mexico-OIT-20201009-0014.html

2 Ibidem.

3 OIT. (2021). Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo. 14 de septiembre de 2021, de OIT Sitio web:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–-dgreports/–-dcomm/–-p ubl/documents/publication/wcms_794492.pdf

4 (CPEUM, art. 5)

5 (Ley Federal del Trabajo, art. 2)

6 ONU. (2021). Objetivos del Desarrollo Sostenible. 14 de septiembre del 2021, de ONU Sitio web:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/

7 ONU. (11 de septiembre de 2017). Objetivo de Desarrollo Sostenible 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico. 13 de septiembre de 2021, de Gobierno de México Sitio web:

https://www.gob.mx/agenda2030/articulos/8-trabajo-decente-y-crec imiento-economico

8 Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe. (2021). Repositorio de metodologías de formulación y evaluación de Inversión Pública. 13 de septiembre del 2021, de Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de América Latina y el Caribe Sitio web:

https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/methodologies/country/22

9 Ibidem.

10 OIT. (16 de junio de 2021). Actas 5A Informes de la Comisión de Respuesta a la COVID. 14 de septiembre de 2021, de OIT Sitio web:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_norm/relconf/documen ts/meetingdocument/wcms_803429.pdf

Dado en el salón de sesiones de la H. Cámara de Diputados el día 13 de septiembre de 2022.– Diputado Salvador Caro Cabrera (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

Iniciativa que adiciona dos fracciones al artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que reforma los artículos 324 y 334 de la Ley General de Salud, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 324 y 334 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Hoy en día la salud es un tema fundamental no sólo para todos los hogares, sino también para los gobiernos de todos los ámbitos, incluso en el caso de nuestras autoridades no sólo lo es como un propósito primordial en el ejercicio de la responsabilidad, sino como un reflejo del buen gobierno.

No obstante lo anterior, todavía y tristemente no somos una sociedad que nos distingamos particularmente por el cuidado y la procuración de la salud ni mucho menos por la prevención en esta materia.

Como ejemplo basta mencionar los serios problemas que enfrenta nuestra población en materia de salud como la obesidad y el sobrepeso, la alimentación deficiente, la inactividad y sedentarismo, la diabetes y la hipertensión.

Todas estas enfermedades y padecimientos en la mayoría de los casos son prevenibles y controlables si se lleva a cabo una adecuada disciplina, cuidado y equilibrio entre la alimentación sana, la actividad física y los chequeos médicos de rutina.

Lamentablemente, somos una nación que ocupa de los primeros lugares en la prevalencia de las enfermedades anteriormente mencionadas entre la población, incluso la infantil.

También, muy lamentablemente, somos de las naciones que ocupan los últimos lugares en cuanto a la realización de estudios para la prevención oportuna de enfermedades o padecimientos.

Esto nos ha salido muy caro y a pesar de que estamos conscientes de esa deficiencia en nuestra cultura en materia de salud no hacemos mucho por remediarlo.

Además de lo anterior, tenemos muchos padecimientos y enfermedades atribuibles a la genética, es decir inevitables.

En muchos de estos casos, medicamente poco podemos hacer para prevenirlos, curarlos e incluso sobrellevarlos.

Esta situación hemos tratado de solventarla encauzando nuestros esfuerzos hacia la prevención y la detección oportuna a fin de evitar una enfermedad de prolongado tratamiento o permanencia hospitalaria.

El propósito no es menor y lo complica aún más el hecho de que el abanico de este tipo de padecimientos sea grande y sumamente diverso entre nuestra sociedad.

Son muchas las enfermedades que nos remiten a esta condición, al igual que las lesiones que nos pueden llevar a ello.

Además de lo anterior, hemos identificado que en lo referente a las enfermedades son también muy diversos los detonantes y los factores de riesgo que favorecen su aparición.

Como mencioné anteriormente, en primer lugar, tenemos las cuestiones genético-hereditarias y, por otro lado, los hábitos de alimentación, cuidados y procuración de la salud, la actividad y el ejercicio físico.

Pero también hay otros factores como los efectos de la contaminación ambiental y hasta los niveles de estrés a los que estamos cotidianamente sometidos.

Como podemos darnos cuenta, algunos detonantes de estas enfermedades los podemos controlar, evitar y quizás hasta erradicar; otros, desafortunadamente, están fuera de todo nuestro alcance.

Por todo ello hemos tratado de estar atentos a este tipo de enfermedades desde su diagnóstico, identificación, prevención y tratamiento, así como en los factores de riesgo o detonantes de las mismas, sin embargo, eso ha sido muy difícil.

Hemos tenido que desarrollar, consolidar y contar con una infraestructura médica y hospitalaria adecuada para coadyuvar en esta gran tarea. Lo anterior también es un pendiente en el cual estamos sumamente rezagados, porque lo que se ha hecho, aunque es sumamente valioso, ha resultado insuficiente.

Como muestra de lo anterior tenemos la situación que estamos padeciendo respecto al cáncer entre nuestra población. Una enfermedad que hasta hace poco tiempo la referíamos como poco frecuente y propia de la población de edad adulta o adulta mayor, pero cuya percepción hoy ha cambiado radicalmente, porque su prevalencia es cada vez mayor y, a pesar de todo el avance tecnológico en materia médica, no hemos podido ni curar ni prevenir del todo.

Su diagnóstico preciso muchas veces es complicado y en algunas ocasiones es hasta tardío, derivado de que los síntomas que nos alertan sobre su padecimiento aparecen cuando la enfermedad ya ha avanzado notoriamente en nuestro organismo, pero también es tardío el diagnóstico por el desdén de revisarse periódicamente.

Es cierto que los chequeos habituales del estado general de salud con una periodicidad anual nos alertarían de la probable presencia o desarrollo temprano de una condición así, pero, al ser un país en el cual como sociedad no tenemos la cultura y muy probablemente tampoco los medios ni los recursos para realizarnos esos chequeos médicos y de prevención de la salud, el panorama se complica.

De hecho, desde hace tiempo se ha mencionado que 7 de cada 10 mexicanos no se realizan estudios preventivos ni chequeos de su condición y estado que guarda su salud.

Lo anterior complica o impide no sólo el diagnóstico oportuno, sino también incide en la eficiencia del tratamiento correcto y acceso al mismo.

El cáncer no es el único padecimiento ante el cual tenemos serios problemas y deficiencias. Hay otro padecimiento o condición igual de grave y desgastante que en muchos casos es inevitable y está cada vez más presente. Me refiero a la necesidad de requerir y recurrir como única opción al trasplante de algún órgano o tejido para seguir viviendo.

El trasplante, de acuerdo a nuestras autoridades de salud, es el procedimiento a través del cual se logra recuperar la función perdida de los órganos enfermos y esto mejora la calidad de vida del paciente receptor. Incluso no sólo la mejora la calidad de vida, en muchos casos la salva.

Gracias a los adelantos tecnológicos y médicos, en la actualidad en nuestro país las personas que reciben, por ejemplo, un trasplante renal recupera su salud y se reincorporan a una vida activa y productiva. Por igual, las personas que reciben un trasplante de córnea recuperan la vista y mejoran su calidad de vida.

Incluso se reconoce que México se ha posicionado como uno de los países en Latinoamérica con la mayor cantidad de órganos donados y trasplantados.

El Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) tiene un invaluable y merecido reconocimiento nacional, internacional y social por ser la institución médica y científica responsable de estos tratamientos que salvan, recuperan vidas y ofrecen segundas oportunidades a las personas.

El Cenatra es el órgano responsable de impulsar y coordinar los procesos desde la donación hasta el trasplante de órganos, tejidos y células, desarrollando el marco regulatorio para favorecer el desempeño de los integrantes del Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes, otorgando a los pacientes que así lo requieran una mayor oportunidad con legalidad y seguridad.

Su visión es ser el órgano rector que dirija, coordine y regule la actividad de donación y trasplantes de órganos y tejidos en el Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes en México, destacando las cifras de pacientes beneficiados, dentro de estándares de calidad, equidad, altruismo y justicia.

El Cenatra cuenta para el desempeño de su función con cuatro objetivos específicos:

• Objetivo Específico 1: promover e impulsar proyectos de reforma al marco normativo a fin de fortalecer el desempeño de los integrantes del Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes.

• Objetivo Específico 2: fortalecer la coordinación de la actividad de donación y trasplantes de órganos y tejidos efectuada en el país.

• Objetivo Específico 3: incrementar el número de profesionales o actores sociales clave, capacitados o actualizados en temas relacionados con los procesos de donación, trasplante y líneas de investigación en la materia.

• Objetivo Específico 4: promover la cultura de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante, a través de diferentes alternativas de comunicación y difusión.

No obstante lo anterior, no hemos podido solventar ni afrontar adecuadamente los retos actuales en materia de trasplantes, lo cual es triste porque estamos refiriéndonos a vidas de seres humanos y a todo su entorno familiar. Se trata de vidas amenazadas y limitadas en todo, que se encuentran en la mayoría de los casos en su etapa de plenitud.

Basta señalar que la mayoría de nuestros pacientes que se encuentran en lista de espera para acceder a un trasplante se encuentran entre los 13 y los 35 años de edad. En promedio, cada diez minutos una persona que se encuentre entre este rango de edad se suma a la lista de espera para recibir un órgano o tejido.

Tristemente, en nuestro país se reporta que 20 personas mueren cada día esperando su trasplante.

Si lo anterior no es suficiente para hacer conciencia y entender que todos por igual estamos obligados urgentemente a actuar para revertir la situación descrita, basta señalar que en este momento cerca de 22 mil mexicanas y mexicanos, tanto adolescentes como adultos, se encuentran en espera de recibir el trasplante de un órgano o tejido.

Hoy en día tenemos:

• 16 mil 411 personas que esperan recibir un trasplante de riñón.

• 5 mil 56 personas que esperan recibir un trasplante de córnea.

• 269 personas que esperan recibir un trasplante de hígado.

• 53 personas que esperan recibir un trasplante de corazón.

• 10 personas que esperan recibir un trasplante de hígado-riñón.

• 3 personas que esperan recibir un trasplante de corazón-riñón.

• 3 personas que esperan recibir un trasplante de páncreas.

• 2 personas que esperan recibir un trasplante de riñón-páncreas.

• 1 persona que espera recibir un trasplante de corazón-pulmón.

• 1 persona que espera recibir un trasplante de pulmón.

Como podemos ver, el tema no es menor e incluso puede ser todavía mayor de lo que de por sí ya lo reflejan las cifras anteriores.

En contraparte, no hemos hecho lo suficiente para responderle y salvar la vida de estas personas que actualmente están esperando un trasplante que les devuelva la oportunidad de tener una vida y, a la vez, les otorgue alivio a sus familias.

Si bien lo logrado ha sido destacable y fruto de un esfuerzo invaluable de nuestro personal médico, la realidad nos ha rebasado por mucho, a tal grado de pasarnos completamente por encima; las cifras así lo demuestran.

Al cierre del primer semestre del presente año 2022 de acuerdo al Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes (SIRNT) se daba cuenta de que tan sólo se habían realizado:

• Mil 953 trasplantes de córnea.

• Mil 732 trasplantes de riñón.

• 156 trasplantes de hígado.

• 25 trasplantes de corazón.

• 1 trasplante de corazón-riñón.

• 1 trasplante de páncreas.

• 1 trasplante de hígado-riñón.

Como podemos ver, se ha hecho mucho. Orgullosamente se ha logrado bastante para salvar muchas vidas, pero no podemos evadir o no aceptar que no ha sido suficiente.

Al respecto no nos queda más que reconocer y aceptar un hecho lamentable: que estos valiosos pero insuficientes resultados no tienen que ver con la capacidad de nuestros médicos ni con sus recursos ni con su compromiso o ganas de ayudar, de hecho, en lo anterior lo demostrado por nuestro personal médico es destacable, invaluable y digno de merecido reconocimiento, el problema radica y tiene que ver con la falta de empatía y solidaridad que como sociedad hemos mostrado.

A pesar de todo nuestro adelanto tecnológico y médico y de nuestras capacidades humanas, nuestro potencial y deseo de salvar vidas por medio de la realización de trasplantes se han topado con un descomunal retraso en materia de solidaridad y empatía de la gran mayoría de quienes conformamos esta sociedad para apoyar, impulsar y facilitar la donación.

Basta señalar que en el país, de acuerdo a información del SIRNT, para el cierre del año 2021, las donaciones concretadas por personas fallecidas tan solo alcanzaron mil 158 casos, de las cuales 292 correspondieron a donaciones por muerte encefálica y 866 por paro cardiaco irreversible.

Son cifras muy bajas no sólo por los efectos de la pandemia, sino también por las trabas que se presentan para concretar la donación de órganos y tejidos Lo anterior por dos razones. La primera es inevitable y responde a las condicionantes médicas para que proceda una donación. No obstante, la segunda es evitable y se refiere a las trabas que nuestro mismo sistema pone para proceder a una donación y trasplante.

Cabe señalar que para el cierre del año 2018 llegamos a un pico histórico de 2 mil 600 donaciones concretadas por personas fallecidas en todo el país, un número que aunque mayor a lo que tenemos actualmente, también fue insuficiente y nos refleja que tenemos urgentemente que hacer algo al respecto.

En nuestro país la donación, a pesar del problema tan grave que tenemos, se sigue viendo como algo ajeno y de forma indiferente.

De acuerdo a nuestras autoridades, la donación es el acto de dar un órgano, tejido o células de sí mismo a otra persona que lo necesita para mejorar su salud. En el proceso de donación se involucran aspectos médicos, sociales, psicológicos, éticos y legales.

Actualmente, la Ley General de Salud señala dos casos en los que se puede realizar la donación, la donación en vida y la donación después de la muerte; tal y como se establece en su artículo 321:

“ Artículo 321. La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes”.

La presente iniciativa se centra en la donación después de la muerte.

Es imprescindible señalar que la donación en nuestro país, de acuerdo a nuestras autoridades, es coordinada por un grupo de médicos, enfermeras, paramédicos y trabajadoras sociales capacitados todos para fomentar la donación e incrementar el número de trasplantes que se realizan.

Sin embargo, como señalé anteriormente, hay dos problemas que no hemos solventado en cuanto respecta a la donación después de la muerte; uno inevitable y otro en el que tenemos una ventana de oportunidad para darle esperanza y apoyar a quienes actualmente se encuentran esperando salvar su vida por medio de un trasplante.

En este tema hay que señalar que una persona puede donar hasta 8 órganos (corazón, pulmones, hígado, páncreas, riñones e intestinos) y así salvar la vida de varias personas. No obstante, para que eso suceda hay un requisito médico que se debe cumplir y es el hecho de que la persona debe de tener entre 2 y 70 años y debió haber perdido la vida por muerte encefálica o un paro cardiaco.

La siguiente imagen es muy clara y descriptiva respecto a este requisito médico a solventar obligadamente para poder donar un órgano o tejido y así salvar una vida.

Este requisito obligado reduce significativamente las posibilidades y opciones de donar un órgano al morir y con ello ofrecerle una segunda oportunidad a alguien que lo está esperando.

Este requisito es inevitable pues todavía no contamos con las suficientes herramientas para tratar de solventarlo.

El segundo requerimiento, el cual reduce el ya de por sí muy limitado número de oportunidades para donar, se refiere a lo señalado por nuestras autoridades al respecto y estipulado en las leyes correspondientes, esto es el hecho de que para realizar una donación es necesaria la autorización de las personas que toman la decisión, en otras palabras, de los disponentes, es decir, las personas que deciden donar los órganos o tejidos de un familiar que perdió la vida.

Lo anterior está así dispuesto en el primer párrafo del artículo 324 de la Ley General de Salud, que dice lo siguiente:

“ Artículo 324. Habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de cualquiera de las siguientes personas que se encuentren presentes: el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante. Si se encontrara presente más de una de las personas mencionadas, se aplicará la prelación señalada en este artículo”.

Lo anterior se ha convertido en un serio impedimento no sólo para fortalecer la donación en nuestro país y para aumentar los trasplantes que realizamos, sino también para salvar una o muchas vidas más.

Las autoridades en la materia indican que se cuenta con leyes, reglamentos, órganos y organismos, tanto federales y estatales, que velan por la salud de la población y garantizan el acceso equitativo, ordenado y transparente de órganos para quienes lo requieren.

Asimismo, señalan que para muchas personas un trasplante es la única alternativa para salvar la vida ante enfermedades como insuficiencia cardiaca, cirrosis, hepatitis fulminante, cáncer de hígado, insuficiencia renal, diabetes mellitus y queratocono, enfermedad que destruye las córneas.

Por igual, advierten que la normatividad de México en materia de donación y trasplantes es una de las mejores en Latinoamérica y da certeza en los mecanismos de supervisión, vigilancia y control sanitario, donde participa activamente la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Pero, al mismo tiempo, se reconoce que la normatividad se modifica continuamente para actualizarse conforme a los cambios en materia científica, tecnológica y de atención a pacientes.

Sin duda alguna, hoy nos encontramos en un paradigma que nos obliga urgentemente a revisar la normatividad y quienes conformamos la presente soberanía no podemos ser omisos ante lo anterior.

El Cenatra es rector y trabaja de forma conjunta con autoridades locales en la definición de estrategias y acciones para que exista orden y trasparencia en materia de donación y trasplantes, así como para crear programas de capacitación y enseñanza al personal médico de los sectores público y privado.

Además, se han actualizado los protocolos de trasplantes para garantizar la seguridad de cada órgano a trasplantarse y prevenir enfermedades infectocontagiosas de la persona donante a la receptora, al tiempo de que la normatividad exige que cada centro hospitalario cuente con las medidas preventivas para evitar riesgos de contagio por el virus SARS-CoV-2.

A pesar de lo anterior, la Ley General de Salud establece que para donar hay que hacerlo saber y asentarlo por escrito en vida y, si no fuese el caso, está determinado en este mismo ordenamiento la donación tácita, es decir, el consentimiento que se entiende existe cuando no hay voluntad expresa de no ser donador.

A este respecto, los artículos 324 y 325 de la Ley General de Salud establecen lo siguiente:

“ Artículo 324. Habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de cualquiera de las siguientes personas que se encuentren presentes: el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante. Si se encontrara presente más de una de las personas mencionadas, se aplicará la prelación señalada en este artículo.

El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá ser privado o público, y deberá estar firmado por éste, o bien, la negativa expresa podrá constar en alguno de los documentos públicos que para este propósito determine la Secretaría de Salud en coordinación con otras autoridades competentes.

Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma para obtener dicho consentimiento.

Artículo 325. El consentimiento tácito sólo aplicará para la donación de órganos y tejidos una vez que se confirme la pérdida de la vida del disponente.

En el caso de la donación tácita, los órganos y tejidos sólo podrán extraerse cuando se requieran para fines de trasplantes”.

Es precisamente el contar obligadamente con el consentimiento de un disponente o tercero para poder donar los órganos de una persona que perdió la vida en las circunstancias que se requieren forzosamente para que el trasplante proceda médicamente lo que está reduciendo nuestras posibilidades de concretar una donación, realizar un trasplante y salvar más vidas.

Entiendo que hay cuestiones legales, incluso de seguridad en materia de tráfico de órganos que se solventan o se tratan de solventar o atender con ese requisito, incluso hay cuestiones religiosas y de creencias, todas respetables, pero la realidad nos tiene contra la pared y nos obliga a voltear a ver esas cuestiones llevándonos a un punto en donde es necesario y urgente revisarlas, revalorarlas y reflexionarlas.

Las disposiciones referidas han pasado de ser medidas legales, de seguridad, respeto, tolerancia y administrativas a impedimentos para salvar otras vidas y de darle una segunda oportunidad a otras personas y a sus familiares. Considero que, ante todo esto, es superior el propósito de salvar una vida.

Las cuestiones legales están solventadas si sustituimos el consentimiento a un tercero por un adecuado y obligado mecanismo de notificación por escrito de la donación y extracción de los órganos a esas mismas personas.

Las cuestiones de seguridad en materia de tráfico de órganos no las hemos solventado o controlado con el requerimiento del consentimiento por escrito de terceros o disponentes para poder utilizar un órgano o varios de una persona fallecida. Esto es así porque la solución no está ahí, está en los lugares clandestinos que se prestan a ello, está en la porosidad de nuestras fronteras, en la inseguridad prevaleciente y en las debilidades de nuestras autoridades de administración y procuración de justicia.

En eso también tenemos un compromiso que debemos atender y una responsabilidad pendiente por asumir. Pero no es el objeto, ni materia de la presente iniciativa.

Lo que propongo en este proyecto para impulsar y facilitar la donación, aumentar el número de trasplantes y salvar muchas vidas es reformar el artículo 324 de la Ley General de Salud para eliminar el requisito del consentimiento expreso de un disponente para poder donar los órganos de una persona fallecida cuando esto es posible, tal y como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo:

Planteo lo anterior no sólo por cuestiones de premura y simplificación administrativa, sino también por cuestiones de premura clínica y médica que permitan preservar la funcionalidad de esos órganos y tengan mayor posibilidad de ser útiles en el propósito de ser trasplantados.

Asimismo, propongo, en atención a los actuales y deplorables niveles de tráfico de órganos que no hemos sido capaces de reducir, reformar el artículo 334 de la misma Ley General de Salud, a fin de establecer como requisito obligado para realizar trasplantes de donantes que hayan perdido la vida contar con el consentimiento expreso cuando se trate de menores que conste por escrito, o bien, que no conste la revocación del consentimiento tácito para la donación de sus órganos y tejidos en caso de mayores de edad con capacidad jurídica, tal y como se aprecia en el siguiente cuadro comparativo:

Con estas reformas que propongo considero apoyaríamos categóricamente no sólo la donación de órganos en nuestro país de personas fallecidas, sino también nuestra capacidad de realizar trasplantes en mejores condiciones en cuanto a preservación de órganos o tejidos.

Esto porque dejaríamos ese esquema que actualmente está vigente y que no ha sido del todo eficiente, en donde sólo quienes así lo deseamos y lo expresamos en vida somos donantes y pasaríamos a un esquema en el cual todos somos donantes, a menos que expresemos y rechacemos serlo en vida.

Como podemos ver, no es un esfuerzo menor ni mucho menos una modificación de forma.

Se trata de una reforma de fondo, por supuesto perfectible, pero que visibiliza y pone sobre la mesa un tema de nuestra restringida, limitada y condicionada conciencia y cultura social en materia de donación, trasplantes y solidaridad entre nosotros mismos.

Tenemos que hacer urgentemente un alto, reflexionar y replantearnos las limitantes que nos han imposibilitado el ser una sociedad que se tienda la mano y que brinde segundas oportunidades de vida a quienes así lo requieren y que, además, esté consciente de que nadie está exento de requerir un trasplante alguna vez en la vida, ni uno mismo ni un familiar o ser querido.

Como mínimo, obligadamente y en congruencia, todos debemos reflexionar sobre la posibilidad de ser donadores de un órgano o tejido, más aún, cuando sabemos que ya no lo vamos a utilizar.

Quienes conformamos la presente soberanía tampoco estamos exentos de los anterior, por ende, no podemos mantenernos ajenos a la obligación de hacer algo al respecto.

Por todo lo aquí expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 324 y 334 de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 324 y la fracción II del artículo 334 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 324. Habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes o el deseo de hacer la donación a favor de determinadas personas, circunstancias de modo, lugar o cualquier otra condición; para el efecto no será necesaria la obtención del consentimiento de un disponente o un tercero, sólo será obligatoria la notificación por escrito de la donación a cualquiera de las siguientes personas que se encuentren presentes: el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante. Si se encontrara presente más de una de las personas mencionadas, se aplicará la prelación señalada en este artículo.

(...)

(...)

Artículo 334. Para realizar trasplantes de donantes que hayan perdido la vida, deberá cumplirse lo siguiente:

I. (...)

II. Existir consentimiento expreso que conste por escrito , cuando se trate de menores, o no constar la revocación del tácito para la donación de sus órganos y tejidos en caso de mayores de edad con capacidad jurídica;

II Bis. (...)

III. (...)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.facebook.com/ADN40mx/videos/siete-de-cada-10-mexicanos-no-verifican -su-salud/491779382145392/

2 https://www.gob.mx/salud/es/articulos/avanza-en-mexico-la-donacion-y-trasplante -de-organos-274285?idiom=es

3 https://www.gob.mx/salud/es/articulos/avanza-en-mexico-la-donacion-y-trasplante -de-organos-274285?idiom=es

4 https://www.gob.mx/salud/es/articulos/avanza-en-mexico-la-donacion-y-trasplante -de-organos-274285?idiom=es

5 https://news.culturacolectiva.com/estilo-de-vida/donacion-de-organos-en-mexico/

6 https://www.gob.mx/cenatra/que-hacemos

7 https://www.gob.mx/cenatra/que-hacemos

8 https://www.gob.mx/cenatra/que-hacemos

9 https://news.culturacolectiva.com/estilo-de-vida/donacion-de-organos-en-mexico/

10 https://news.culturacolectiva.com/estilo-de-vida/donacion-de-organos-en-mexico/

11 https://news.culturacolectiva.com/estilo-de-vida/donacion-de-organos-en-mexico/

12 https://www.gob.mx/salud/es/articulos/avanza-en-mexico-la-donacion-y-trasplante -de-organos-274285?idiom=es

13 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/740777/1erSemestre2022.pdf

14 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/740777/1erSemestre2022.pdf

15 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/740777/1erSemestre2022.pdf

16 https://www.gob.mx/cenatra/acciones-y-programas/donacion-498 89

17 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf

18 https://www.gob.mx/cenatra/acciones-y-programas/donacion-498 89

19 https://news.culturacolectiva.com/estilo-de-vida/donacion-de-organos-en-mexico/

20 https://news.culturacolectiva.com/estilo-de-vida/donacion-de-organos-en-mexico/

21 https://www.gob.mx/cenatra/acciones-y-programas/donacion-49889

22 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf

23 https://www.gob.mx/salud/es/articulos/avanza-en-mexico-la-donacion-y-trasplante -de-organos-274285?idiom=es

24 https://www.gob.mx/salud/es/articulos/avanza-en-mexico-la-donacion-y-trasplante -de-organos-274285?idiom=es

25 https://www.gob.mx/salud/es/articulos/avanza-en-mexico-la-donacion-y-trasplante -de-organos-274285?idiom=es

26 https://www.gob.mx/salud/es/articulos/avanza-en-mexico-la-donacion-y-trasplante -de-organos-274285?idiom=es

27 https://www.gob.mx/salud/es/articulos/avanza-en-mexico-la-donacion-y-trasplante -de-organos-274285?idiom=es

28 https://www.gob.mx/salud/es/articulos/avanza-en-mexico-la-donacion-y-trasplante -de-organos-274285?idiom=es

29 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

«Iniciativa que reforma el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del diputado Hiram Hernández Zetina, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hiram Hernández Zetina, diputado de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 6o., numeral 1; 77; 78; 82, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para reducir la tasa del IVA a 10 por ciento, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

Primero. El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que corresponde al Estado garantizar la competitividad, el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución.

Segundo. Por otra parte, el artículo 31, fracción IV, de la propia Constitución establece la obligación de las mexicanos y mexicanas de contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de manera proporcional y equitativa.

De tal manera, en nuestro sistema tributario se lleva a cabo la recaudación de impuestos, como es el impuesto sobre el valor agregado, que es una fuente que tiene el Estado para recabar recursos económicos, junto con otras contribuciones o fuentes generadoras de ingresos a nuestro país.

Tercero. El IVA es un impuesto que grava el valor agregado de un producto o servicio en las distintas etapas de su producción. Es una carga fiscal que se aplica al consumo de un bien o servicio.

Es un impuesto indirecto y regresivo, porque aunque es el proveedor del producto quien paga el impuesto al organismo gubernamental, luego recupera dicho porcentaje con la compra de los consumidores finales, que son quienes soportan el impuesto sobre el valor agregado. Es decir, afecta de forma generalizada a la economía de toda la ciudadanía.

Representa un gravamen al consumo, es decir, se va trasladando durante las diferentes etapas del proceso económico hasta llegar al consumidor final, quien cubre de manera definitiva el impuesto.

Cuarto. La tasa de este impuesto se encuentra establecida en diversas disposiciones normativas, así como las actividades que deben ser regulados por este impuesto que corresponde a una tasa de 16 por ciento de acuerdo a lo establecido en el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

En esa legislación establece que están obligados al pago del impuesto las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes: Enajenación de bienes; prestación de servicios independientes; otorgamiento del uso o goce temporal de bienes; importación de bienes o servicios.

Quinto. El IVA es un impuesto difícil de evadir, debido a que es un impuesto al consumo, aumentos en su tasa afectan de una manera mayor a los sectores más vulnerables de la población, aunque, medido en términos monetarios netos, el aumento en el pago del IVA será mayor en los deciles más ricos debido a su mayor capacidad de consumo.

Expertos en la materia señalan que los impuestos como el IVA afectan más seriamente a los hogares de más bajos de ingresos, ya que la carga impositiva les hace pagar una mayor proporción de sus ingresos que los hogares con ingresos superiores.

Sexto. La tasa del IVA históricamente ha aumentado, ocasionando un deterioro a la economía, la escasez y complejidad para elevar el nivel de vida, generándose desigualdad social y crecimiento de la pobreza, debido a que el incremento en la tasa de este impuesto afecta de manera especial a la ciudadanía con menor nivel adquisitivo.

Al prevalecer una tasa elevada de este impuesto no fomenta el consumo, lo inhibe y por consecuencia, no existe una economía fluctuante que permita un crecimiento de nuestro país por medio del consumo.

Séptimo. La situación de las personas más pobres en el país se podría equilibrar con una disminución de 10 por ciento de la tasa del IVA en especial sobre alimentos y medicinas, para que puedan tener una alternativa de una vida más digna con una distribución del ingreso y riqueza de forma equitativa, como lo precisa de forma utópica el artículo 31 constitucional, generando mayor bienestar sin que se perjudique la función recaudatoria del Estado.

Octavo. Una tasa elevada del IVA afecta el consumo de bienes y servicios de manera directa, tiene como todos los demás impuestos, problemas de recaudación, aunque el monto o tasa de la contribución se aumente de manera constante o en un mayor porcentaje, esto no implica el incremento en la recaudación del Estado.

Impactando de manera negativa en el consumo de los bienes y servicios, debido a que aumenta los precios en el mercado, mermando con ello la economía de la sociedad mexicana que ha atravesado diversas crisis ocasionadas por factores externos contemporáneos, como lo es la contingencia sanitaria por el virus covid-19 que frenó y deterioró los ingresos del país y la estabilidad económica de las clases sociales con menores ingresos.

Un estudio del Colegio de la Frontera Norte lista como consecuencias de cambios a la tasa del IVA afectaciones a la inflación, el ritmo de consumo, la desigualdad social, la recaudación fiscal por actividades económicas y la competitividad.

Noveno. Para la ciudadanía con menores ingresos económicos se necesita que en calidad de contribuyentes se puedan bajar los precios de los productos que consumen, con la finalidad de buscar una mejor recaudación al bajar esta contribución.

Por lo que al bajar la tasa del IVA se podrá mejorar la recaudación tributaria y la economía de nuestro país, que se encarece por la imposición de una tasa de 16 por ciento que no mejora la recaudación y aumenta el costo de los bienes y servicios que se adquieren de forma cotidiana.

Décimo. Por lo motivos expuestos en la presente, es evidente que una tasa de 16 por ciento del IVA ocasiona un severo deterioro a la economía de la sociedad que percibe menores ingresos, que es la predominante en todo el país.

En consecuencia, en este instrumento se plantea la reducción de la tasa actual de 16 por ciento a 10 por ciento del IVA con el propósito de beneficiar la estabilidad adquisitiva de la sociedad mexicana, y de forma particular en las clases sociales mas desprotegidas.

Undécimo. Por lo anterior el texto que propone la presente iniciativa es del tenor literal siguiente:

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue: 

Artículo 1o. ...

I. a IV. ...

El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 10%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.

...

...

...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 En lo subsecuente IVA

2 Gómez García Adrián, ISR e IVA: Impacto por el cambio en las tasas impositivas, octubre de 2016,

https://ciep.mx/iva-e-isr-impacto-por-el-cambio-en-las-tasas-imp ositivas/

3 Tax Policy Center. “Who bears the burden of a national sales retail tax”

https://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/who-bears-burden-n ational-retail-sales-tax

4 Fuentes, Noé Arón; Brugués, Alejandro; Díaz-Bautista, Alejandro. “Impactos de la homologación del IVA en Baja California” Colegio de la Frontera Norte, 2013. Consultado en:

https://www.colef.mx/wp-content/uploads/2013/09/REPORTE-DE-LA-HO MOLOGACION-DEL-IVA-EN-BAJA-CALIFORNIA3.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 21 de septiembre de 2022.– Diputado Hiram Hernández Zetina (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN

«Iniciativa que adiciona el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXII al artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad, todos coincidimos en que los servicios de telefonía móvil son imprescindibles no sólo para recibir y hacer llamadas de voz, sino también para acceder a una serie de servicios adicionales y complementarios de intercomunicación, acceso a la información e incluso comercialización de bienes y productos diversos, entre muchos otros beneficios más.

Por ello, su expansión, crecimiento y su cada vez mayor cobertura es un asunto de interés general tanto para la sociedad y el gobierno, que incluso nos puede servir como un índice de la solidez financiera, de infraestructura y de capital humano de una economía.

De hecho, el avance en la capacidad y cobertura de la telefonía móvil en el país fue sumamente útil e indispensable para hacerle frente a los retos de la pandemia sanitaria de covid-19, no sólo en materia de comunicación y contacto a través de llamadas, sino también, por ejemplo, en materia de prestación de servicios cuando la economía se paralizó a consecuencia de las medidas de confinamiento para hacerle reducir los contagios, sino también en materia laboral, ya que por medio de los dispositivos de telefonía móvil y su capacidad de interconexión a nivel mundial fue posible mantener funcionando durante los peores momentos de la contingencia sanitaria, algunas actividades laborales de manera virtual.

Asimismo, en materia educativa la telefonía móvil fue determinante durante la pandemia, ya que se pudo dar continuidad a los planes de estudios y enseñanza a través también de clases virtuales y del envío de las tareas e incluso para tener acceso a la información requerida para la consulta escolar.

En materia de comunicación, la telefonía móvil fue fundamental no sólo para mantenernos en contacto con nuestros seres queridos cuando nos encontramos distanciados a través de llamadas por voz o video llamadas, sino también para que la información fluyera de manera efectiva e inmediata, condición indispensable para salir adelante en la emergencia sanitaria.

Como ejemplo y sustento de todo lo anterior, podemos señalar un dato revelador, el año pasado se daba cuenta de que durante la pandemia los usuarios de telefonía móvil aumentaron significativamente, dada la importancia, relevancia y facilidades que estos equipos ofrecen.

Como podemos darnos cuenta, nuestro sector de telefonía móvil es imprescindible para nuestra economía y para el desarrollo social.

Tan solo basta señalar en materia económica que en nuestro país, de acuerdo a cifras oficiales, entre marzo de 2020 y marzo de 2021 la inversión total de los operadores de telecomunicaciones tuvo una variación al alza sumamente notable, ya que se registró 9.8 por ciento de crecimiento.

En lo que respecta específicamente a la inversión en infraestructura de este sector, la variación entre el mismo periodo de tiempo, marzo 2020 a marzo 2021, fue de 25 por ciento de crecimiento, lo cual es sumamente significativo para nuestro país.

Ahora bien, en lo que respecta al crecimiento en materia de usuarios, basta mencionar que en nuestro país contamos con al menos 123 millones, 377 mil 78 líneas totales de servicio móvil de telefonía. Este número total de líneas de servicio móvil de telefonía entre el año 2020 y el año 2021 tuvo un crecimiento de al menos 1 por ciento según cifras oficiales.

Como consecuencia de este destacado comportamiento del sector de telefonía móvil, tenemos que en nuestro país al menos 98 de cada 100 habitantes tienen una línea de servicio móvil de telefonía, lo cual es una tasa que está al mismo nivel de las más altas internacionalmente y vale la pena destacar que, además, presentó entre el año 2020 y el año 2021 una tasa de crecimiento anual de 0.4 por ciento.

Del total de estas líneas de servicio móvil de telefonía, 83.6 por ciento se adquiere mediante el esquema de contratación de prepago, en comparación con 16.4 por ciento que se da mediante el esquema de contratación de pospago.

Continuando con el mismo orden de ideas y en lo que se refiere a líneas de servicio móvil que cuentan con el servicio de acceso a internet, tenemos los datos que se aportan a continuación, también reveladores.

Para el año pasado se daba cuenta, de acuerdo a cifras oficiales, que había un total en nuestro país de 104 millones 6 mil 582 líneas de servicio móvil de telefonía con acceso a internet, lo que representó un crecimiento entre los años 2020 y 2021 de al menos 6.6 por ciento de este tipo de líneas. De cada 100 habitantes en nuestro país al menos 83 de ellos cuentan con una línea de servicio móvil con acceso a internet, una tasa sumamente alta y en el mismo nivel que presentan las economías mundiales más desarrolladas. Destaca en este punto que su variación de crecimiento registrado entre el año 2020 y el año 2021 fue un notable 7.8 por ciento.

En este punto es preciso señalar un dato significativo que nos refleja la dinámica de este sector y de la población en cuanto a disponer del servicio de telefonía móvil con acceso a internet se refiere.

De acuerdo a cifras oficiales, del total de líneas de servicio móvil con acceso a internet que hay en todo el país, 79.1 por ciento son contratadas mediante el esquema de prepago, en comparación con 17.8 por ciento de estas líneas que son contratadas mediante el esquema de pospago.

Con toda la información citada en párrafos anteriores nos podemos dar cuenta no sólo de la importancia del sector de servicio de telefonía móvil en nuestro país en todos los aspectos, sino también de la penetración que este servicio ha ganado entre la población sin diferencia o excepción alguna.

Esto no sólo en tiempos de estabilidad económica y social, sino también y preponderantemente, como lo vimos, en tiempos de emergencia tanto económica como de sanitaria.

Se trata de un sector que debemos preservar y cuidar para que no pierda ni su rentabilidad ni su eficiencia como tampoco su eficacia y continúe siendo una poderosa herramienta de comunicación y de interacción social.

Se trata también de un sector con una relevancia, peso e importancia en materia económica determinante para las finanzas nacionales. Basta señalar al respecto que sitios especializados en materia de adelanto tecnológico, comercio y sistemas de comunicación refieren que estamos entre los mercados más grandes de teléfonos inteligentes en todo el mundo. China es el país con el mayor mercado de estos teléfonos con ventas registradas para el año 2020 por 912 millones de unidades. Después está la India con una venta de 439 millones de estos teléfonos, seguido por Estados Unidos de América (EUA) con una venta total de 270 millones de equipos, posteriormente encontramos a Indonesia con una venta total de 160 millones de unidades. Continuando con la lista encontramos a Brasil con una venta total de 109 millones de equipos, después Rusia con un total de venta de 100 millones de unidades, seguido por Japón con una venta de 76 millones de teléfonos inteligentes. Posteriormente, ocupando el octavo lugar en esta lista, tenemos a nuestro país, con un registro de ventas de equipos inteligentes durante 2020 de 70 millones de estos dispositivos.

Como es evidente, son muchos los beneficios económicos para nuestro país el ser la octava nación en todo el mundo con las mayores ventas de teléfonos inteligentes.

El número de teléfonos inteligentes vendidos en nuestro país es significativo a nivel mundial, pero seguramente es pequeño en comparación con el mercado de teléfonos celulares que también se venden y que no entran en la categoría de equipos inteligentes, o bien, el mercado de segunda mano de todos los equipos celulares que también existe en México. Lo anterior ha representado serios retos y desafíos, como puede ser el robo de estos dispositivos, el mercado negro, el fraude y la estafa, entre muchos más.

Igualmente, hay un problema que no es nuevo, pero que sí hemos dejado de lado a costa no sólo de la eficiencia de la telefonía móvil, sino también en materia de economía familiar y contaminación ambiental. Es un tema altamente sensible que nos está haciendo mucho daño, me refiero a la basura tecnológica que estos equipos generan cada año. En particular, me refiero a los desechos o basura tecnológica que generan la diversidad de cargadores de estos equipos de telefonía móvil.

Este tema no es menor y es ya una amenaza a nivel mundial en cuya atención estamos rezagados tanto en su identificación como también en el planteamiento de alternativas de solución.

Cada año salen nuevos equipos celulares, así como también se integran nuevas marcas de estos dispositivos que ofrecen una gama incuantificable de modelos, los cuales en la mayoría de los casos tienen su propio cargador de batería, el cual no es compatible con otros dispositivos que se encuentren en el mercado, a pesar incluso de ser de la misma marca.

Esta situación está generando no sólo un gasto económico a todos nosotros como usuarios de la telefonía móvil en nuestro país, que al cambiar de teléfono tenemos que pagar también por un cargador nuevo, sino también nos genera un costo ecológico derivado de la generación de basura tecnológica.

Lo anterior no es una exageración, basta referir lo que sitios especializados en materia tecnológica señalan con alarma respecto a lo que está pasando en nuestro país. Somos una nación que genera, en promedio, alrededor de 29 mil toneladas de basura electrónica cada mes. 16

A lo anterior hay que sumarle un dato todavía más preocupante, que es el hecho de que de estas 29 mil toneladas de basura tecnológica sólo reciclamos 14 por ciento.

No obstante, quizás esta estimación es corta porque estos mismos sitios especializados hacen referencia a que se tiene identificado que cada persona en nuestro territorio genera alrededor de 7 y 9 kilos de basura electrónica al año. Si tomamos como base el dato del censo del año 2016 en donde éramos 120 millones de habitantes, tendríamos entre 840 a mil 80 toneladas al año de esta basura, de la cual sólo 14 por ciento se recicla. Gracias a esto, de acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), nuestro país es ya la tercera nación que más basura de este tipo produce en toda América.

El restante 86 por ciento de la basura tecnológica que no reciclamos no hace otra cosa más que contaminar y matarnos lentamente por el impacto ambiental sumamente desfavorable que genera en el medio ambiente y en la salud de las personas. No se puede soslayar que se trata de basura que contiene metales pesados sumamente tóxicos, como lo es el plomo, el cobre y el arsénico.

De toda la basura electrónica que generamos un gran porcentaje corresponde a los cargadores de equipos celulares que por ser obsoletos o por ya no usarse a causa de un cambio o renovación de equipo. En otras palabras, se trata de cargadores que ya no se desean y se desechan, aunque todavía funcionen.

Esto ya es un grave problema en materia ambiental, económica y también de salud pública para nuestro país. En contraparte, para contrarrestar o atender este problema no estamos haciendo nada y peor aún, cerramos los ojos y tapamos nuestros oídos, ante las advertencias y los esfuerzos mundiales que se están llevando a cabo para hacer conciencia respecto a esta situación.

Desde junio del año 2009, ante el problema que ya era este asunto de la basura tecnológica que generan los cargadores en desuso de teléfonos celulares y previendo el escenario que ya vivimos, el comisario para Asuntos Empresariales e Industriales de la Comisión Europea anunciaba que un cargador estándar para una nueva generación de teléfonos móviles sería lanzado al mercado a partir del año 2010, esto con la finalidad de que los usuarios no se vieran obligados a utilizar un nuevo cargador cada que cambiaran de un equipo de telefonía móvil a otro.

Adicionalmente, tan sólo unos pocos meses después, el brazo de telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Sindicato Internacional de Telecomunicaciones, aprobó en octubre de ese mismo año, una solución universal de recarga para teléfonos móviles, es decir, la aplicación de un cargador de batería que sirva para todos los teléfonos celulares futuros de la marca y modelo que sea.

A pesar de las advertencias, los esfuerzos y las voces por proteger nuestros ecosistemas de esta basura tecnológica que representan los cargadores en desuso y adoptar un cargador único, poco o muy lentamente se ha avanzado.

Lo anterior por una sencilla razón: el peso y fuerza que se ha impuesto de los intereses económicos de las empresas que fabrican, distribuyen y venden estos teléfonos celulares. Obviamente, una medida como la que desde el año 2009 se propone afectaría los intereses económicos de los fabricantes de teléfonos celulares y, en consecuencia, han bloqueado esta iniciativa.

Estos consorcios internacionales anteponen sus ganancias al cuidado ambiental, al cuidado de las finanzas familiares, a la obligación que les corresponde para reducir la cantidad de basura tecnológica que su actividad genera y, sobre todo, al cuidado y la preservación de la salud de toda la población a nivel mundial.

Apenas en junio de este año 2022, después de más de diez años, se anunció en diversos medios especializados que los países de la Unión Europea y los negociadores del Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo para imponer en ese bloque de naciones un cargador único y universal para teléfonos inteligentes, tabletas y dispositivos, a más tardar en el otoño boreal del año 2024.

Este ha sido el avance más representativo en esta materia, pero es necesario señalar que todavía tiene que enfrentar y confrontar la resistencia de la industria.

Como podemos darnos cuenta, en todo el mundo ya se está haciendo algo contundente respecto a la basura en que se convierten los cargadores de teléfonos celulares en desuso, por eso propongo reformar el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para incluir como un derecho más de los usuarios en nuestro país de los servicios de telecomunicación que, sin excepción, los equipos o dispositivos terminales móviles disponibles cuenten con un cargador único, estándar o adaptable para todas las marcas y modelos, que sea además energéticamente eficiente.

Considero que no podemos hacer menos, porque si nosotros no actuamos en concordancia con la gravedad de este tema ambiental, tecnológico, económico y de salud pública, en el muy corto plazo vamos a ser el mercado en donde se comercialice toda esa basura tecnológica que del otro lado del mundo ya están prohibiendo; porque se verá a nuestro país como un lugar en donde se podrán colocar esos cargadores y desechos tecnológicos que ya no quieren en otras naciones.

Todo esto con nuestra complacencia y a pesar de las graves repercusiones que ello conlleva en materia de daño ambiental y afectaciones a la salud pública.

No podemos dejar de hacer algo al respecto, porque sería someternos a los intereses particulares de estos consorcios internacionales a quienes les importan únicamente sus ganancias.

No tengo duda que quienes integramos la presente soberanía estamos obligados hacer prevalecer el interés público a costa de lo que sea. La salud de nuestra población es prioritaria como lo es también nuestro medio ambiente. Si nosotros no hacemos algo por cuidarlos, rescatarlos y procurarlos, entonces somos cómplices del daño causado, ante las generaciones presentes y también las venideras. Está en juego nada más y nada menos que nuestro futuro.

Por lo aquí expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción XXII al artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

Artículo Único. Se adiciona una fracción XXII al artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para quedar como sigue:

Artículo 191. Los usuarios gozarán de los derechos previstos en esta Ley y en la Ley Federal de Protección al Consumidor, así como en las demás disposiciones aplicables.

Son derechos de los usuarios:

I. a XXI. (...)

XXII. Que los equipos o dispositivos terminales móviles disponibles cuenten, sin excepción, con un cargador único, estándar o adaptable para todas las marcas y modelos, que sea además energéticamente eficiente.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor a los dos años posteriores al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto Federal de Telecomunicaciones contará con un plazo no mayor a 90 días a partir del día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación para emitir las disposiciones que establezcan las condiciones para que los concesionarios y los autorizados atiendan lo señalado en el presente decreto.

Notas

1 https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Usuarios-de-telefonia-movil- aumentaron-su-uso-durante-la-pandemia-IFT-20210425-0046.html

2 https://bit.ift.org.mx/SASVisualAnalyticsViewer/VisualAnalyticsViewer_guest.jsp ?reportSBIP=SBIP%3A%2F%2FMETASERVER%2FShared%20Data%2FSAS%20Visual%20Analytics% 2FReportes%2FResumen%20de%20Indicadores%20Trimestrales(Report)&page=vi1568&sso_guest=true&informationEnabled=false&commentsEnabled=false&a lertsEnabled=false&reportViewOnly=true&reportContextBar=false&share Enabled=false

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 Ibídem.

7 Ibídem.

8 Ibídem.

9 Ibídem.

10 Ibídem.

11 https://expansion.mx/tecnologia/2021/07/02/mexico-es-uno-de-los-mercados-mas-gr andes-de-smartphones

12 Ibídem.

13 Ibídem.

14 Ibídem.

15 Ibídem.

16 https://expansion.mx/tecnologia/2019/04/05/basura-tecnologica-en-mexico-cuanta- se-produce-que-puedes-hacer

17 Ibídem.

18 Ibídem.

19 Ibídem.

20 Ibídem.

21 https://learngerman.dw.com/es/cargador-%C3%BAnico-de-celular-a-partir-de-2012-e n-todo-el-mundo/a-4445557

22 https://expansion.mx/tecnologia/2009/10/22/crean-cargador-unico-para-celulares

23 https://www.infobae.com/america/tecno/2022/06/07/la-union-europea-acordo-impone r-un-cargador-unico-para-celulares-tablets-y-otros-dispositivos/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, suscrita por los diputados Joaquín Zebadúa Alva, del Grupo Parlamentario de Morena y Karen Castrejón Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista.

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen, y a la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, para opinión.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

«Iniciativa que deroga la fracción I del artículo 113-E de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del diputado Hiram Hernández Zetina, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Hiram Hernández Zetina, diputado de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1; 77, 78, 82, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción I del articulo 113-E de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de conformidad con la siguiente:

Exposición de Motivos

Primero. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución federal establece la obligación de las y los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de manera proporcional y equitativa.  De tal manera, en nuestro sistema tributario se lleva a cabo la recaudación de impuestos, como es el impuesto sobre la renta, que es una fuente que tiene el Estado para recabar recursos económicos, junto con otras contribuciones o fuentes generadoras de ingresos a nuestro país.

Segundo. El ISR es un impuesto directo sobre las ganancias obtenidas durante el ejercicio fiscal de actividades como la venta o renta de inmuebles, o la prestación de algún tipo de servicio.

Es un impuesto que grava los ingresos o ganancias obtenidas durante el ejercicio. Y se puede decir que es la diferencia entre los ingresos y las deducciones autorizadas por el gobierno para todos los contribuyentes.

Todas las personas, tanto físicas como morales, están obligadas a la contribución de este impuesto sin importar la naturaleza, denominación u origen de sus ingresos, solo se grava la utilidad del bien o actividad que incremente el patrimonio del contribuyente.

Tercero. El 12 de noviembre de 2021 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del ISR, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos, vigentes a partir del 1 de enero de 2022.

En esta reforma, por cuanto hace a la Ley del Impuesto Sobre la Renta se incorporó la sección IV del capítulo II del título IV relativa a las disposiciones bajo las cuales operará el nuevo Régimen Simplificado de Confianza (Resico) de las personas físicas, en sustitución del Régimen de Incorporación Fiscal.

Cuarto. El Resico es una simplificación para que el pago del ISR se realice de forma sencilla, rápida y eficaz. Su objetivo es la reducción de las tasas de este impuesto para que las personas que tengan menores ingresos, paguen menos. Es decir, ya no será deducido por cada ingreso de forma individual, ahora si está entre cierto rango pagará lo proporcional.

Quinto. Este régimen se dirige a las personas físicas que perciben ingresos anuales menores a 3.5 millones de pesos facturados, que  pertenezcan a alguno de los cuatro regímenes fiscales: Actividades empresariales y profesionales; Régimen de Incorporación Fiscal; uso o goce de bienes inmuebles (arrendamiento); actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas.

Con este nuevo régimen se busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales con menores tasas.

Sexto. Las personas físicas que se incorporen a este régimen gozarán de ventajas fiscales, entre las cuales se encuentra: El impuesto se calculará sobre los ingresos que se perciban, algo que en otros regímenes se calcula bajo una tasa base; no necesitaran presentar contabilidad electrónica; se pueden combinar los ingresos del régimen de confianza con el régimen de sueldos y salarios y el de ingresos por intereses, siempre y cuando, en conjunto no excedan de los 3.5 millones de pesos.

Séptimo. Estos beneficios fiscales no pueden ser gozados por las personas físicas, que de conformidad a la fracción I del articulo 113-E de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sean socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esa Ley, situación que genera una inequidad de beneficios a los contribuyentes vulnerando el principio de equidad tributaria.

Octavo. Bajo este contexto, se debe plantear que existen principios constitucionales de las contribuciones que cumplen las funciones específicas siguientes:

La exegética que ayuda a la interpretación de todo ordenamiento jurídico; la fundamentadora dado que limitan a las autoridades y dirigen el ejercicio de sus potestades y atribuciones; de garantía para los particulares por ser fortaleza para los derechos individuales y otorgar certeza jurídica al particular.

En nuestro sistema jurídico mexicano los principios en materia tributaria constituyen el eje del orden jurídico-fiscal y se encuentran contenidos en el artículo 31, fracción IV, constitucional, en el cual se desprende el principio de equidad.

Este principio establece que los contribuyentes de un impuesto que se encuentren en una misma hipótesis de causación deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que implica que las disposiciones tributarias de deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, para lo cual el legislador debe crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, sustentadas en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra.

Noveno. De tal forma, bajo dicha premisa doctrinaria se considera que el fracción I del articulo 113-E de la Ley del Impuesto sobre la Renta no cumple el principio de equidad que deben cumplir todas las contribuciones, al excluir de los beneficios del Resico a las personas físicas que sean socios, accionistas o integrantes de personas morales, lo que bajo desde una óptica del derecho natural y universal ( iusnaturalismo), se considera que se está dando un trato inequitativo, desigual y restrictivo a gozar de un beneficio tributario que la ley concede.

Décimo. La disposición establecida en la fracción I del artículo 113-E para que las personas físicas que sean socios, accionistas o integrantes de personas morales no puedan tributar en el Resico, se estima restrictiva a uno de los objetivos que persigue este régimen de hacerlo accesible a quienes tienen menor capacidad administrativa y de gestión, por el sólo hecho de ser integrantes de personas morales, aunque a través de éstas no se lleven a cabo actividades empresariales o con fines de lucro.

Esto implica que si un profesionista que fuere integrante de una figura asociativa prevista en la ley, persona moral, con fines académicos y no de lucro, estaría excluido de optar por tributar en el Resico, lo que genera un trato fiscal restrictivo y limitativo.

Por lo motivos expuestos en la presente, es evidente que al excluir de los beneficios del Resico a las personas físicas que sean socios, accionistas o integrantes de personas morales, se vulnera el principio de equidad que deben cumplir todas las contribuciones, al excluirlos de los beneficios de este régimen, alejando esta disposición legislativa de los principios en materia tributaria que se encuentran contenidos en el artículo 31, fracción IV Constitucional.

Undécimo. Por lo anterior el texto que propone la presente iniciativa es del tenor literal siguiente:

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE DEROGA LA FRACCIÓN I DEL ARTICULO 113-E DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

ARTÍCULO ÚNICO. Se deroga la fracción I del artículo 113-E de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 113-E

...

I. Se deroga.

II. ...

III. ...

IV. ....

...

Artículos Transitorios

Artículo Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 En lo subsecuente ISR.

2 https://www.infoautonomos.mx/obligaciones-fiscales/isr-impuesto-sobre-renta/

3 En lo subsecuente Resico

4 Estefanía S, Resico y personas física con actividad, 15 de marzo de 2022,

https://www.pagomed.com/blog/pagomed/resico-y-persona-fisica-con -actividad/#:~: text=El%20R%C3%A9gimen%20Simplificado%20de%20Confianza,forma%20sencilla%2C%20r% C3%A1pida%20y%20eficaz.

5 Cruz Tenorio Ixchel, Conceptos constitucionales de la contribución o del derecho al mínimo vital, 2012,

https://www.tfja.gob.mx/investigaciones/historico/pdf/conceptosc onstitucionales.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 21 de septiembre de 2022.– Diputado Hiram Hernández Zetina (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La proponente Amalia Dolores García Medina, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, fracción I y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía la presente, iniciativa con proyecto con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 151 a Ley del Impuesto sobre la Renta, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

La educación es un derecho fundamental consagrado en nuestra Carta Magna en el artículo tercero; en el cuál se dispone que toda persona tiene derecho a recibir educación y que el Estado en sus tres niveles de gobierno, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

El artículo 26, numeral 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

La educación permite a los seres humanos alcanzar una vida plena, en lo social es un derecho esencial para que las sociedades alcancen su pleno desarrollo económico, social y cultural, por lo cual, este debe ser accesible para todas las personas sin distinción alguna. En éste sentido, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación con enfoque en la igualdad y el respeto a la dignidad humana, que contribuya a garantizar sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como el desarrollo de su individualidad que le permita aprovechar todas sus potencialidades como persona. Por ello, es obligación del Estado, garantizar la Educación y promover la accesibilidad material y económica a la misma.

Los gastos ocasionados por motivo del inicio del ciclo escolar para las familias ahora que las clases presenciales han regresado, implica una fuerte inversión y menoscabo en los ingresos familiares. Uno de los gastos más comunes en el regreso a clases son los uniformes escolares. Generación tras generación el uniforme escolar ha sido parte de la vida de millones de estudiantes. Escuelas alrededor del mundo lo han incorporado a su sistema educativo. En México, aunque el uniforme no es obligatorio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) recomienda su uso, pues lo considera una medida de seguridad tanto para la escuela, como para el alumnado. Respecto a éste gasto, si bien en ocasiones se pueden reutilizar, los cierto es que los niños, las niñas y adolescentes crecen muy rápido y la ropa pronto les deja de quedar. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, los precios promedio de uniformes dónde se incluyen blusas, camisas, faldas, pantalones y suéteres, rondan los 380 pesos para escuelas públicas y pueden duplicarse o hasta triplicarse en escuelas privadas. A esto habría que añadir que en muchas ocasiones es necesario también adquirir bata de laboratorio y tenis para actividades deportivas que oscila entre los 300 y 700 pesos en promedio. Sin embargo, existen notas periodísticas, y quejas en redes sociales, con información en las que padres y madres de familia denuncian precios exorbitantes en la venta de uniformes escolares en escuelas públicas, los cuales alcanzan hasta los $1,800.00 hasta $2,000.00, superando por mucho el monto que menciona la Procuraduría Federal del Consumidor.

También hay que realizar gastos de entre 5 y 9 libretas que oscilan entre 15 y 160 pesos en promedio cada una, mochilas que rondan entre 250 y 800 pesos, colores, bolígrafos, crayones, compás, juegos de geometría, gomas, plastilinas, tijeras y Resistol que en conjunto rondan entre los 440 a 960 pesos. En total los padres o tutores gastaran en este regreso clases alrededor de 6mil pesos por cada hijo, contando ya los uniformes, mochila y zapatos para deportes; Esta cantidad es solo si las o los alumnos son de escuelas públicas, ya que en los colegios privados se debe agregar la inscripción, colegiatura y libros extra, subiendo la suma a más de 10 mil pesos por hija o hijo.

Por ello y con la intención de contrarrestar un poco la afectación en la economía familiar, se propone permitir la deducción de algunos gastos en que las familias incurren cada año con motivo del inicio del ciclo escolar tales como: Gastos de reinscripción, uniformes, computadoras, laptops, tablets, mochilas, libros de texto, uniformes y útiles escolares. Proponiendo que en la Declaración Anual estas compras sean parte de las deducciones personales que se indican en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Éstas deducciones personales tienen la característica de que pueden aprovecharse por todas las personas independientemente de que sus ingresos deriven de salarios, actividad profesional o comercial, de rentas u otros. Las deducciones personales siguen el principio del ingreso mínimo vital, la cual en términos generales establece que los gastos básicos, necesarios e inevitables de una persona deben ser 100% deducibles.

Esto ocurre en el caso de los gastos con motivo del inicio del año escolar, ya que éstos no son gastos voluntarios que pueden realizar o no las familias, sino que son gastos estrictamente necesarios e indispensables para que sus hijos puedan acceder a la educación y con ello acceder a la oportunidad de mejorar su calidad de vida presente y futura. Por ello, es necesario que se permita la deducción de los mismos con el objetivo de lograr disminuir la pesada carga económica que implica para las familias mexicanas.

Asimismo, siendo política pública el fomentar la educación como un medio de nivelación de las clases sociales y promotora de los derechos de igualdad, debemos tomar medidas para evitar que el acceso a la educación represente un menoscabo en la economía de los hogares fomentando medidas que ayuden a disminuir ésta afectación. De esta manera, al permitir que, en la determinación de su impuesto sobre la renta del ejercicio, las familias puedan disminuir los gastos en que necesariamente incurren año con año con motivo del inicio del ciclo escolar, generará una mayor disponibilidad de recursos en el hogar para que los puedan destinar a otros rubros de gasto indispensables para el mejoramiento y bienestar de las familias.

Derivado de la presente iniciativa, se podrían deducir para efectos del Impuesto Sobre la Renta, los gastos de reinscripción a nivel primaria, secundaria, bachillerato o equivalente; computadoras, laptops, tablets, mochilas, libros de texto, uniformes y útiles escolares hasta por equivalente hasta por un monto de 90 UMAS, es un monto de $8,660 (ocho mil seiscientos sesenta pesos) por cada hijo o hija para éste año fiscal, monto que se actualizaría cada año en la medida en que se actualice a UMA.

Por otra parte, para respetar el principio de progresividad del impuesto, en el sentido de que deben contribuir al gasto público aquellas personas que tengan mayores ingresos, se propone que ésta deducción personal solo aplique a aquellas personas cuyos ingresos durante el año fiscal no superen los $392,841.97 (trecientos, noventa y dos mil, ochocientos cuarenta y uno 97/100. MN), en el entendido que para aquellas personas dicha cantidad se encuentran en los deciles superiores de ingresos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto

Por el que se adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Único. Se adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 151. (...)

I. a VIII. (...)

IX. Los gastos de reinscripción, computadoras, laptops, tablets, mochilas, libros de texto, uniformes y útiles escolares para los niveles preescolar, primaria, secundaria y bachillerato o su equivalente hasta por un monto de 90 UMAS por cada hijo o hija; y solo los padres o tutores podrán hacer uso de esta deducción.

La deducción establecida en ésta fracción podrá aplicarse por contribuyentes cuyos ingresos acumulables anuales no superen los $392,841.97 (trecientos, noventa y dos mil, ochocientos cuarenta y uno 97/100. MN).

(...)

(...)

(...)

(...)

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En materia presupuestaria la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la responsable de que los recursos asignados no podrán disminuir; y el monto se actualizaría cada año en la medida en que se actualice a UMA.

Notas

1 Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

i CPEUM.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM. pdf

ii Declaración Universal de Derechos Humanos

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-ri ghts#:~: text=Elaborada%20por%20representantes%20de%20todas,todos%20los%20pueblos%20y%20 naciones.

iii Documentos. Procuraduría Federal del Consumidor. Uniformes escolares, no gastes de más | Procuraduría Federal del Consumidor | Gobierno | gob.mx(www.gob.mx

iv La Jornada. (2022).

https://www.jornada.com.mx/notas/2022/08/22/economia/pega-la-ola -inflacionaria-a-utiles-escolares-y-uniformes/

v MVS/Noticias

https://mvsnoticias.com/entrevistas/2022/8/9/regreso-clases-padr es-gastaran-alrededor-de-mil-pesos-por-cada-estudiante-561639.html

vi Pérez Chávez. Campero y Olguín Fol. Régimen Fiscal de los Ingresos por Actividades Empresariales y Profesionales. Tomo II. Personas Físicas. Editorial. Tax Editores. México 2008. p.90

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputada Amalia Dolores García Medina (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

«Iniciativa que reforma el artículo 18 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, suscrita por la diputada Yesenia Galarza Castro y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Yesenia Galarza Castro, diputada federal integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6o., fracción I, 65, numeral 1, fracciones I y II, 76, numeral 1, fracción II, 78, numeral 1, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18, inciso j), de la Ley General de Cultura Física y Deporte, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. El artículo 4o., décimo tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce que toda persona tiene el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, correspondiendo al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia, por lo que se debe garantizar a todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades dentro de los programas de desarrollo que en la materia se implementen.

En el mismo artículo, también se señala, que el Estado deberá de velar por el interés superior de la niñez, y entre uno de sus derechos establece el de “sano esparcimiento para su desarrollo integral”, por lo que generar los espacios para ello es un requisito indispensable para que pueda darse total cumplimiento a estos preceptos.

Corresponde también al Estado la creación, mantenimiento y adecuaciones de centros y unidades deportivas, para que todas las personas, desde cualquier edad, puedan acudir a algún lugar donde se pueda practicar cualquier tipo de deporte o disciplina de manera digna, para ello los distintos niveles de gobierno, pueden promover la participación de los sectores sociales y privado a nivel nacional.

2. La Ley de Cultura Física y Deporte, establece que la cultura física y el deporte, tiene entre otras finalidades generales fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte como medio importante en la preservación de la salud, prevención de enfermedades, así como en la prevención del delito.

Asimismo, en el artículo 41 de la presente Ley, establece que las autoridades de gobierno, esto es, Federal, Estatal y Municipal, se coordinarán entre sí o con instituciones del sector social y privado para:

“IV. Promover la construcción, adecuación, conservación y aprovechamiento óptimo de la infraestructura para la cultura física y el deporte, en coordinación con las respectivas Asociaciones Deportivas Nacionales y de acuerdo a las Normas Oficiales y demás disposiciones que para tal efecto expida la dependencia correspondiente;”

Además, se establece endicha Ley, en el Capítulo I, de la Infraestructura, específicamente en el artículo 91, que:

“Artículo 91. La planificación y construcción de instalaciones de cultura física y deporte financiadas con recursos provenientes del erario público, deberán realizarse tomando en cuenta las especificaciones técnicas de los deportes y actividades que se proyecta desarrollar, considerando la opinión de la Asociación Deportiva Nacional que corresponda, así como los requerimientos de construcción y seguridad determinados en la Norma Oficial Mexicana correspondiente, que para tal efecto expida la dependencia en la materia, para el uso normal de las mismas por parte de personas con alguna discapacidad física, garantizando en todo momento que se favorezca su utilización multifuncional, teniendo en cuenta las diferentes disciplinas deportivas, la máxima disponibilidad de horario y los distintos niveles de práctica de los ciudadanos. Estas instalaciones deberán ser puestas a disposición de la comunidad para su uso público.”

3. Para poder desarrollar alguna unidad enfocada al deporte, esta debe “regirse por los principios de respeto por la naturaleza y de preservación de sus recursos, debiéndose observar las disposiciones de los instrumentos de gestión territorial vigentes.”

Por lo que respecta al plan institucional de la Conade, 2021-2024, se señala que,

“La infraestructura deportiva es parte fundamental para el desarrollo y fomento de los programas de actividad física y deportiva en sus diversas modalidades, ya sean recreativas, escolares, de promoción de la salud y de competencias de alto nivel. De ahí, la importancia de conocer y analizar a fondo las necesidades que tengan los miembros del SINADE utilizando una metodología que permita atenderlas en consideración de la diversidad territorial y su entorno social.”

En el mismo plan, continua, “... las administraciones anteriores han creado infraestructura deportiva, considerando necesidades municipales o estatales, pero sin pensar en un modelo integral de desarrollo ...”, por lo que, contar con plan de desarrollo en materia de infraestructura deportiva, es fundamental para desarrollar criterios de creación, construcción, modernización y rehabilitación, que contribuyan a mejorar la toma de decisiones al momento de elegir un determinado lugar, pensando en el mejor espacio, la mejor ubicación, que cuente con los servicios mínimos requeridos, que tenga buena ubicación y accesibilidad, para que todas y todos los interesados en la práctica de algún deporte, puedan llegar a explotar su máximo potencial, enfocándose mayormente en la disciplina y no en el tiempo o accesibilidad, de la instalación deportiva.

4. Es importante contar con una buena infraestructura deportiva para desarrollar sus diversas modalidades, ya sean recreativas, escolares, de promoción de la salud y de competencias de alto nivel.

Se hace señalamiento de lo anterior porque en diferentes encuestas, se tiene que la población mexicana es de las más sedentarias a nivel mundial; para ilustrar lo mencionado tomemos la encuesta del Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (Mopradef) a cargo del Inegi, la cual señala que, para noviembre de 2021, el porcentaje de personas, mayores de 18 años que practican algún deporte o actividad física, es del 39.6%, si tomamos en cuenta que para el 2018, un año previo al confinamiento por covid-19, las personas que practicaban alguna actividad física era de 41.7%, esto representa una diferencia de 2.1% menos para el año 2021.

También es pertinente señalar que las personas más jóvenes son las que acaparan una mayor actividad física, con el 64.7% en 2021, en contraste con personas de mayor edad, 45-54 años, que representa 31.6% para el año 2021. Cabe mencionar que, en el caso de las mujeres, estas tienen una actividad física más homogénea, las de 18-24 años, con un 35.1 para 2021, mientras que para las del grupo 35-44, representa el 35.2%, aunque en el caso del grupo de 45-54, es el de menor actividad física, con 28%.

Pero ¿porque es bueno tener actividad física?, la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que “ayuda a prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes y varios tipos de cáncer. También ayuda a prevenir la hipertensión, a mantener un peso corporal saludable y puede mejorar la salud mental, la calidad de vida y el bienestar.”

5. La estructura de la Conade, estará conformado de un órgano de gobierno denominado Junta Directiva y de las estructuras administrativas que se establezcan en el Estatuto Orgánico correspondiente, según se señala en la Ley General de Cultura Física y Deporte, y entre sus facultades tenemos que, en el artículo 19, fracción IV, lo relacionado a la infraestructura deportiva.

IV. Aprobar de acuerdo con los ordenamientos aplicables, las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos o acuerdos que deba celebrar la Conade con terceros en las materias de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles. El director general y en su caso los servidores públicos que deban intervenir, de conformidad con el Estatuto, realizarán tales actos bajo su responsabilidad con sujeción a las directrices fijadas por la Junta Directiva;

6. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), como su nombre lo indica, es la entidad de gobierno que se encarga de los temas relativos al desarrollo agrario, desarrollo urbano y vivienda en el país.

Según su descripción oficial, la Sedatu tiene el propósito de planificar, coordinar, administrar, generar y ejecutar las políticas públicas de ordenamiento territorial, asegurar una vivienda digna, un desarrollo urbano y rural, así como otorgar certeza jurídica a los núcleos agrarios; con lo que busca mejorar la calidad de vida de los mexicanos, prevenir los asentamientos en zonas de riesgo y coadyuvar en caso de fenómenos naturales para la atención inmediata.

Además de planear y proyectar la adecuada distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, ciudades y zonas metropolitanas, bajo criterios de desarrollo sustentable.

Por ello un buen desarrollo urbano y rural, debe ir acompañado de un buen ordenamiento y distribución de los diferentes centros y unidades deportivas, para que, se pueda potencializar el aprovechamiento del espacio, puesto que, al estar ubicado en un mejor entorno, esto es, que este accesible a los habitantes en una comunidad o ciudad, estos pueden realizar sus actividades deportivas de manera óptima y constante.

En la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se señala que:

Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, Centros de Población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego a los siguientes principios de política pública:

I. a VI. ...

VII. Protección y progresividad del Espacio Público. Crear condiciones de habitabilidad de los espacios públicos, como elementos fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad ciudadana que considere las necesidades diferenciada por personas y grupos. Se fomentará el rescate, la creación y el mantenimiento de los espacios públicos que podrán ampliarse o mejorarse, pero nunca destruirse o verse disminuidos. En caso de utilidad pública, estos espacios deberán ser sustituidos por otros que generen beneficios equivalentes

7. Por lo que, si tomamos lo expuesto, y con la integración de la Sedatu a la Junta Directiva de la Conade, esta podrá contribuir en las decisiones sobre las obras públicas, adquisiciones, etc., relacionados con los inmuebles destinados a las actividades deportivas, para que se puedan tomar criterios con base en un mejor desarrollo urbano o rural, tomando en cuenta otras especificaciones, que a veces se pueden pasar por alto, como la geografía de la comunidad, la accesibilidad o si de cuentan con los servicios mínimos requeridos.

Esto ayudara a una mejor toma de decisiones, que favorezca a los habitantes de muchas comunidades a lo largo y ancho del país, porque, es momento de ser más asertivos en este tipo de acciones, ya no se puede nada más pensar en la obtención de los recursos, que, por supuesto es importante, si no que se tiene que pensar en la utilidad y beneficio, vivimos momentos complicados a raíz de la pandemia, que visibiliza cada vez más, la poca actividad física y deportiva de nuestros ciudadanos, a eso le añadimos que no hay lugares óptimos para la realización de estas actividades, por la falta de una buena planeación y ubicación o mantenimiento, o falta de servicios, complica cumplir la meta de incentivar la actividad física y deportiva en el país.

A continuación, se muestra un cuadro comparativo que especifica la modificación propuesta.

Por lo expuesto y fundado, quien suscribe, Yesenia Galarza Castro, diputada federal, integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 18, inciso j), de la Ley General de Cultura Física y Deporte

Único. Se reforma el artículo 18, inciso j), de la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:

Artículo 18. La Junta Directiva a que se refiere el artículo anterior, estará integrada por representantes de cada una de las siguientes Dependencias:

a) Secretaría de Educación Pública;

b) Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

c) Secretaría de Relaciones Exteriores;

d) Secretaría de Gobernación;

e) Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;

f) Secretaría de la Defensa Nacional;

g) Secretaría de Marina;

h) Secretaría de Salud;

i) Secretaría de Desarrollo Social, y

j) Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

...

...

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCFD.pdf

2 Ídem.

3 artículo 92 de la LGCFYD, párrafo segundo.

4 Véase:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/636517/Programa_I nstitucional_2021_2024_Conade.pdf

5 Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (Mopradef), Inegi, 2021. Véase:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/mopradef/doc/resul tados_mopradef_nov_2021.pdf

6 Organización Mundial de la Salud. Véase:

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-act ivity

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputada Yesenia Galarza Castro (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Deporte, para dictamen.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

PROGRAMA EMERGENTE PARA REACTIVAR Y FORTALECER LA ACTIVIDAD GANADERA EN VERACRUZ

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a distintas autoridades federales y al gobierno de Veracruz a establecer un programa emergente para reactivar y fortalecer la actividad ganadera en la entidad, a cargo de la diputada Rosa María Alvarado Murguía, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Rosa María Alvarado Murguía, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, del honorable Congreso de la Unión, con fundamento los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al gobierno del estado de Veracruz para que se establezca un programa emergente para reactivar y fortalecer la actividad ganadera en el estado de Veracruz, debido a las afectaciones provocadas por los cambios climáticos y los rezagos que ha dejado la pandemia originada por el coronavirus provocada por el virus SARS-CoV-2, conforme a las siguientes

Consideraciones

La acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre está ocasionando un cambio climático con graves implicaciones, como fenómenos meteorológicos extremos, cambios en la función y composición de los ecosistemas. Debido a su importancia, resulta relevante analizar el impacto del cambio climático en los sistemas de producción pecuarios.

Un área que requiere especial atención es precisamente la salud animal, la emergencia y reemergencia de enfermedades vectoriales en numerosas regiones del país constituyen un claro ejemplo de asociación entre cambio climático y efectos sobre la interfaz de la salud humana/animal. Dichas afectaciones a la salud animal pueden obedecer a múltiples factores sociales y medioambientales, provocando las llamadas “enfermedades de la producción”, los cuales influencian la aparición de enfermedades emergentes. Sin embargo, cada región y cada sistema de producción tiene sus propias vulnerabilidades.

Estos cambios son considerados un problema de primer orden por sus efectos negativos en la actividad ganadera. El impacto inicial de la sequía se percibe en la reducción de forraje disponible y, posteriormente, en la disminución de su producción que se refleja en sus pesos bajos, afectándose la reproducción y producción de leche.

Otra consecuencia de la sequía es la proliferación de las plantas menos palatables y la posibilidad de que el ganado, por hambre, consuma plantas con factores antinutricionales y lleguen a presentarse bajas por intoxicaciones. Por otro lado, el sobrepastoreo afecta la condición de los suelos en los agostaderos, por lo que aumenta la erosión y conduce a disminuir el potencial biológico, y la ocasionada pandemia originada por el coronavirus SARS-CoV-2 que ha dejado varias afectaciones a la población ganadera con pérdidas económicas, tanto para los que tienen hatos de miles de ganado como para los que tienen de veinte a treinta animales.

El estado de Veracruz tiene un área de 71 mil 820 kilómetros cuadrados. Es el undécimo estado más extenso, con el 3.66 por ciento de la superficie total del país. Veracruz comprende una larga franja de tierra de bordes irregulares delimitada por el mar y por montañas. Se divide en 212 municipios.

En el estado de Veracruz, la ganadería de pastoreo representa la principal actividad pecuaria en más de 50 por ciento de su territorio y tiene una gran importancia social, cultural y ambiental, por lo que un objetivo a considerar es el diseño de una estrategia dirigida a reducir la vulnerabilidad de la ganadería veracruzana ante el impacto de sequías, lluvias e inundaciones asociadas a los posibles efectos del cambio climático. La temporada de sequías representa el mayor impacto negativo, particularmente en las zonas norte y centro del estado, mientras que las lluvias afectan principalmente a la zona sur. Para las tres zonas, las principales pérdidas ganaderas se concentran en el rubro de animales y pastizales; en la zona sur, además de estas afectaciones, los daños a la infraestructura son importantes. La especie más afectada ha sido la bovina y la principal causa de pérdida es por la muerte de los animales.

Mayoritariamente, tanto la producción de carne como la producción de leche de bovino que se generan en Veracruz son soportadas por el ganado manejado en las regiones tropicales húmedas, subhúmedas y secas del estado, donde predomina el sistema denominado de doble propósito.

En consecuencia, se deriva la necesidad urgente de reactivar y fortalecer la actividad ganadera en el estado de Veracruz a través de un programa emergente para el fortalecimiento en el sector, tales como:

Establecer un diseño de procedimientos de planeación regional a corto, mediano y largo plazo de instrumentos operativos para la prevención del riesgo durante las sequías en la zona norte y centro, cada vez más frecuentes, y durante las lluvias e inundaciones en la zona sur del estado.

Contemplar una perspectiva más amplia cuyo propósito sea mejorar el conocimiento para poder influir sobre las causas de estos fenómenos y para mitigar los posibles impactos del cambio climático.

Impulsar el establecimiento de praderas para producir forraje.

Fondo de aseguramiento ganadero.

Financiamiento para la actividad ganadera.

Por todo lo anterior, estimamos procedente esta proposición con punto de acuerdo, ya que la intervención de los sectores para impulsar el desarrollo de la actividad ganadera del país es necesaria, en particular para el estado de Veracruz.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno del estado de Veracruz, a efecto de que el ámbito de sus facultades y atribuciones y por conducto de las dependencias a su cargo, establezcan un programa emergente para reactivar la actividad ganadera en el estado de Veracruz.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Poder Ejecutivo federal a través de las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, de Económica y de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que en el ámbito de sus facultades y atribuciones establezcan un programa emergente para reactivar y fortalecer la actividad ganadera en el estado de Veracruz.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 septiembre de 2022.– Diputada Rosa María Alvarado Murguía (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Ganadería, para dictamen.

SE ATIENDA Y SE DÉ SEGUIMIENTO A LA PROBLEMÁTICA OCASIONADA POR LOS FENÓMENOS HIDROMETEO-ROLÓGICOS EN TOTOTLÁN, JALISCO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los tres niveles de gobierno y a las autoridades e instituciones correspondientes a atender y dar seguimiento a la problemática ocasionada por los fenómenos hidrometeorológicos en el municipio de Tototlán, Jalisco, a cargo de la diputada Ana Laura Sánchez Velázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Ana Laura Sánchez Velázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno y a las autoridades e instituciones correspondientes a llevar a cabo acciones con prontitud para atender y dar seguimiento a la problemática ocasionada por los fenómenos hidrometeorológicos en el municipio de Tototlán, Jalisco, asimismo, exhortar puntualmente al Gobierno federal a asegurar recursos a largo plazo para la prevención de desastres naturales y se vinculen con los recursos destinados para la atención a los efectos del cambio climático, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El cambio climático afecta a todas las regiones del mundo, hoy en día desgraciadamente debido a este cambio climático y que, entendemos, el ser humano ha colaborado mucho en este sentido, hemos sufrido diversas amenazas naturales que con frecuencia impactan en las áreas tanto urbanas como rurales, destacando las de origen hidrometeorológico, sobre todo lluvias fuertes, precipitaciones intensas, las de corto tiempo, incluso las provocadas por los ciclones tropicales, las cuales, al vincularse con la situación de ocupación urbana y rural, éstas favorecen el riesgo de desastre por inundaciones, ayudadas sin duda alguna por la falta de proceso de planificación urbana y rural, por la falta de políticas públicas del Gobierno federal, así como la falta de recursos destinados a estas situaciones de desastre.

Tototlán es un municipio del estado de Jalisco, con un poco más de 23 mil habitantes, perteneciente por tradición, a la zona conocida como Los Altos de Jalisco, y forma parte de la Alianza Bajío-Occidente. Administrativamente se localiza en la Región Ciénega; Tototlán es uno de los nueve municipios comprendidos dentro del Distrito XV el cual represento como diputada federal.

Desafortunadamente, en días pasados se han registrado en el municipio afectaciones en 234 viviendas, de las cuales 34 tuvieron daño a menaje y dos sufrieron daño estructural, de igual manera, dos escuelas también sufrieron daño por la filtración de agua. Las precipitaciones derivaron en el desbordamiento del arroyo que pasa por la zona, el cual ya ha dejado estragos, estos, ocasionados principalmente por el canal El Tajo, que atraviesa la comunidad, afectando colonias como la Adolfo López Mateos y Teodosio R. Guevara.

Los pobladores se encuentran en zonas muy vulnerables a las inundaciones. Cabe señalar que el problema aumenta rápidamente y sus consecuencias se manifiestan en pérdidas económicas y daños materiales.

Por lo cual considero urgente, con respecto a la autonomía y a las facultades de las autoridades e instancias correspondientes, dar celeridad y solución a esta problemática, como ha sido hasta el día de hoy, sobre todo con la intervención coordinada de los tres niveles de gobierno.

Es por ello que con el debido respeto exhorto a la autoridad federal a brindar un apoyo que contravenga las afectaciones a las hectáreas de sembradío de maíz que quedaron bajo el agua, principalmente para no desproteger a las familias afectadas; así como a la Comisión Estatal del Agua, a continuar con el proyecto de mamposteo una vez pasado el temporal de lluvias.

De igual manera, agradecer y reconocer a los gobiernos estatal y municipal, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) Jalisco, a la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Seguridad Pública de Jalisco, a la Comisión Estatal del Agua, a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social a través de DIF Jalisco, a la Secretaría de Salud Jalisco, a las Fuerzas Armadas, por su intervención en este problema que durante años ha afectado a los tototlenses.

Finalmente es importante solicitarle al Ejecutivo federal asegurar recursos a largo plazo para la prevención de desastres naturales, y se vinculen con los recursos destinados para la atención a los efectos del cambio climático.

En Acción Nacional tenemos un interminable compromiso con la sociedad, pero aún más con aquellos sectores vulnerables de nuestro país, es por ello que, con lo anteriormente expuesto, sometemos al pleno de esta soberanía para su aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los tres niveles de gobierno y a las autoridades e instituciones correspondientes a seguir llevando a cabo acciones con prontitud para atender y dar seguimiento a la problemática ocasionada por los fenómenos hidro meteorológicos en el municipio de Tototlán, Jalisco.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta puntualmente al Gobierno federal a asegurar recursos a largo plazo para la prevención de desastres naturales y se vinculen con los recursos destinados para la atención de los efectos del cambio climático.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputada Ana Laura Sánchez Velázquez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.

SANCIONES E INFRACCIONES A LAS EMPRESAS DE APODACA Y NUEVO LEÓN CUYAS EMISIONES CONTAMINANTES SUPEREN LOS LÍMITES PERMISIBLES A LA LEGISLACIÓN CORRESPONDIENTE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Profepa a fortalecer las medidas de sanción e infracción en contra de las empresas que tengan operaciones dentro de Apodaca y Nuevo León, cuyas emisiones contaminantes superen los límites permisibles en los términos que señale la legislación correspondiente, a cargo del diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 4o constitucional es muy claro respecto a su contenido al establecer como derecho de todas las personas a tener un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, siendo el propio Estado quien deberá garantizar el respecto a este derecho.

En un segundo nivel, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, señala en su artículo primero fracción VI como una acción de orden público la prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo.

Desde estos dos ordenamientos de nuestro marco jurídico nacional, se observa con total claridad que la protección a la calidad del aire es un asunto de interés general que debe ser protegido por el Estado y respetado por todas y todos quienes formamos parte de la población del territorio nacional.

Ahora bien, es de reconocer que el artículo 22 de la legislación anteriormente señalada refiere como instrumento de mercado las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos correspondientes a volúmenes preestablecidos de emisiones de contaminantes en el aire; es decir, se establecen límites permisibles de emisión de contaminantes como mecanismo de explotación para el desarrollo económico.

No obstante lo anterior, esta ley a lo largo de su contenido, contempla diversos mecanismos de protección al ambiente que rigen el actuar tanto del estado como de aquellos particulares que cuenten con concesiones, permisos u autorizaciones para su explotación, por lo cual hace de esta ley un instrumento clave para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano en beneficio tanto de la población como del ecosistema nacional.

Pese a que México cuente con robustos mecanismos e instrumentos legales y ejecutivos en los que se incluyen entidades administrativas, organismos públicos descentralizados y especializados en protección del medio ambiente y medición de la calidad del aire, la realidad es que miles de empresas que actualmente operan con concesiones pasadas o desactualizadas superan con creces los límites permisibles de emisiones contaminantes, provocando un deterioro acelerado del medio ambiente que afecta a la población agravando y multiplicando enfermedades respiratorias y afectando el ecosistema de miles de especies animales endémicas de cada región de nuestro país donde se presentan estos casos.

De forma particular, nos podemos referir a lo ocurrido el pasado 17 de septiembre en el municipio de Apodaca, Nuevo León, donde el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente de la entidad clausuró temporalmente la empresa GRAFTECH México SA de CV entidad que pertenece a GRAFTECH INTERNATIONAL LTD, que por durante al menos 4 décadas, ha rebasado los niveles de emisiones de carbón permitidas las cuales por el tipo de actividad e industria a la que pertenece, son de carácter altamente contaminantes y cancerígenas, y cuyas partículas afectan directamente a la población de este municipio.

La medida implementada por la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León es de reconocer por ser una acción de prevención y protección a la salud, lo cual refleja el verdadero interés por defender la integridad de las y los habitantes del estado y de Apodaca.

Esta situación que fue anunciada por el presidente municipal de Apodaca, César Garza, refiere a una acción que se tenía pendiente con la localidad, pues durante muchos años, las emisiones contaminantes han afectado el bienestar y la salud de las y los habitantes de este municipio, lo cual implica una clara violación al cuarto constitucional y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

La implementación de esta medida es señal de que existe coordinación tanto a nivel estatal como municipal en materia de protección al medio ambiente mediante los mecanismos legales que establece la legislación local y nacional, velando siempre por la integridad y el bienestar de la población nuevoleonense.

Sin embargo, en distintos casos, como el ejemplo anterior y que no son exclusivos del estado de Nuevo León, la propia autoridad de gobierno a cualquier nivel queda atado de manos para acabar con las malas prácticas que llevan distintas entidades del sector privado en este mismo sentido, lo cual conlleva una cadena de malas acciones que afectan la calidad del aire, agravan el estado de salud de las personas y animales, y deterioran con mayor rapidez el ecosistema nacional.

Debemos señalar además que, el artículo 111 de la ley secundaria y reglamentaria del 4o constitucional señalada anteriormente, establece la facultad del gobierno para emitir las normas oficiales mexicanas que establezcan los niveles de medición de calidad del aire dentro de una demarcación territorial dentro del país, por lo que en este sentido la NOM-025-SSA1-2014 establece los valores máximos permisibles para la concentración de partículas suspendidas en el aire, las cuales para el caso de Apodaca debido a la operación de empresas como el ejemplo anterior ayudaron a que estas fueran superadas y, por tanto, afectaran la calidad del aire y la salud de la población que habita en este municipio.

Asimismo, no seremos omisos al señalar que el artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su fracción X, establece como atribución de las entidades federativas y los municipios la posibilidad de aplicar sanciones y medidas por infracciones como medida de prevención y control de la contaminación de la atmósfera.

Por lo que hace de estos artículos, elementos clave y fundamentales para entender el actuar de la Secretaría del Medio Ambiente de Nuevo León en contra de quienes afectan la calidad del aire, además de establecer un precedente que promueva en el futuro próximo, acciones y sanciones más severas sobre quienes realicen este tipo de actividades económicas que provoquen un deterioro en la atmósfera y el ecosistema en general.

De esta forma, es necesario que ahora sean las autoridades nacionales quienes de forma coordinada y aliada a los esfuerzos que ha realizado la Secretaría del Medio Ambiente en Nuevo León se sumen a impulsar y fortalecer las medidas de control y combate a la contaminación mediante mecanismos más severos que obliguen a los concesionarios a respetar los límites permisibles de emisiones contaminantes, a implementar nuevas tecnologías amigables con el ambiente y a evitar seguir con la contaminación desmedida que afecta la salud de personas y animales en el estado de Nuevo León y en el país.

Para las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI, es una obligación como representantes de la ciudadanía el proteger el medio ambiente y el entorno mediante el cual se puedan desarrollar libremente con la garantía de que su salud será velada por las entidades del Estado mexicano y respetada por todas y todos quienes residen y económicamente operan en nuestro país.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a que fortalezca las medidas de sanción e infracción en contra de las empresas que tengan operaciones dentro de Apodaca y Nuevo León cuyas emisiones contaminantes superen los límites permisibles en los términos que señale la legislación correspondiente, como mecanismo de protección al derecho humano a un medio ambiente sano.

Suscrito el 19 de septiembre de 2022, salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados.– Diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

EXHORTO A LOS GOBIERNOS ESTATALES A IMPLEMENTAR PROGRAMAS ENCAMINADOS A LA RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos estatales a diseñar e implementar, en conjunto con los concesionarios, programas encaminados a la renovación del parque vehicular de transporte público de pasajeros, que permita la sustitución de unidades que utilizan combustibles de origen fósil por unidades eléctricas y sustentables, a cargo del diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con datos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), el calentamiento en el sistema climático es inequívoco y desde la década de 1950 muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) han aumentado. Este panorama tiene como causantes a las sustancias y los procesos naturales y antropogénicos que alteran el balance energético de la Tierra, según lo ha señalado el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés).

Lo anterior se debe en cierta medida al uso masivo de combustibles fósiles como es el caso del transporte que es el segundo mayor generador de emisiones. El autotransporte tiene un impacto negativo, debido a que las emisiones de contaminantes atmosféricos provocan enfermedades respiratorias crónicas entre la población.

De acuerdo con la Sexta Comunicación Nacional y el Segundo Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, elaborado en conjunto por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en el contexto del compromiso asumido por México como contribución al Acuerdo de París se incluye la reducción de emisiones o mitigación y la preparación o adaptación ante impactos imprevistos del clima. Este compromiso debe reflejarse en la reducción de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero.

De acuerdo al Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero, elaborado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el autotransporte produce 171 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono que equivalen al 24.5 por ciento de los más de 700 millones de toneladas de la emisión nacional de gases de efecto invernadero.

Así mismo, ONU-Hábitat ha señalado que las ciudades mexicanas padecen serios problemas de contaminación ambiental y el sector transporte es una de sus principales causas al contribuir con el 20.4% de la emisión de GEI, de los cuales el 16.2% proviene del subsector automotor, en su mayoría por viajes en transporte individual motorizado.

Además, en algunas zonas metropolitanas de las principales ciudades del país las emisiones generadas por vehículos representan hasta un 60% de la contaminación total por partículas suspendidas gruesas (PM-10).

El Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024) promueve acciones para el desarrollo regional del país a través de la implementación de proyectos estratégicos del Gobierno de México y los gobiernos locales orientados al tránsito hacia esquemas de movilidad urbana sustentable, priorizando medios de transporte público impulsados por motores eléctricos.

Adicionalmente, el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen 2019) menciona a la Estrategia Nacional de Electromovilidad como un esfuerzo nacional y la primera iniciativa de orden federal con el propósito de enfrentar de manera coordinada y sustentable los retos ambientales asociados al sector transporte y la movilidad eléctrica.

Problemática

Trasladar de manera eficiente a millones de personas en el país y principalmente en las ciudades con mayor densidad poblacional es uno de los principales retos que enfrentan los gobiernos locales. Hoy, la mayoría de los traslados cotidianos que hacen las personas para la realización de diversas actividades, tanto en transporte público como privado, se llevan a cabo a través de vehículos motorizados que utilizan combustibles fósiles, los cuales son uno de los principales generadores de emisiones que causan el calentamiento global.

Los gases emitidos por los vehículos impulsados por motores de combustión interna, tales como dióxido de carbono y monóxido de carbono, potencian el efecto invernadero, la lluvia ácida y la mala calidad del aire, por lo cual resulta urgente migrar hacia alternativas más amigables con el medio ambiente y con menor impacto en nuestra calidad de vida por los problemas de salud pública derivados de la contaminación atmosférica.

En este contexto, los gobiernos de los estados deben procurar la sustitución de los vehículos de motor a combustión por autotransporte eléctrico para renovar el parque vehicular de transporte público de pasajeros con unidades más sustentables.

Lo anterior, en el marco de planes y programas que permitan mejorar los demás aspectos del transporte público y sea éste una auténtica opción de movilidad para que las personas realicen sus traslados diarios.

El hecho de que las personas perciban al transporte público como ineficiente, lento, incómodo e inseguro hace que quienes tiene acceso a otra opción prefieran no usarlo, lo cual provoca altos costos económicos, sociales y ambientales asociados al uso desmedido del automóvil particular.

En nuestro país el uso del automóvil ha crecido exponencialmente en las últimas dos décadas, ya que los kilómetros recorridos por los automóviles (KVR-Kilómetros-Vehículo-Recorridos) prácticamente se han triplicado al pasar de los 106 millones KVR en 1990 a los 678 millones KVR en 2019.

En otras palabras, se requiere en las entidades federativas de políticas públicas proactivas y previsoras de las tendencias de crecimiento urbano que permitan estructurar ordenadamente el desarrollo de las grandes ciudades y ofrezcan a sus habitantes opciones de transporte público eficiente. No podemos perder de vista que, en términos generales, el transporte público atiende el 80% de la demanda de traslados de las personas.

Para ello es necesario realizar un cambio de paradigma en los modelos de desarrollo urbano y con ello los del transporte que permita proporcionar de manera sostenible y accesible redes de movilidad que incluyan transporte público eficiente, cómodo, seguro y menos contaminante.

El transporte no sostenible tiene consecuencias graves para el medio ambiente y la salud de las personas, por eso es necesario una transición hacia el transporte eléctrico, a través de políticas públicas integrales que promuevan el cambio del parque vehicular y contribuyan de ese modo a mitigar la emisión de gases de efecto invernadero.

El uso de vehículos eléctricos es cada vez mayor en países como China y Noruega donde la flota vehicular nueva llega a tener hasta un 50% de vehículos eléctricos.

Como podemos ver, el transporte público eléctrico resulta ser un elemento imprescindible para garantizar la sostenibilidad de las ciudades y resolver el grave problema de la contaminación.

Sin lugar a dudas, el camino hacia un futuro sostenible en nuestro país conlleva la construcción de sistemas de transporte eléctrico que no emitan dióxido de carbono, capaces de asegurar la conectividad y la seguridad de los usuarios, manteniendo a la vez un fuerte enfoque en el cuidado del medio ambiente. Tan solo un autobús híbrido consumiría 30% menos combustible y generaría 50% menos emisiones que un autobús que usa combustible de origen fósil.

Según un estudio de la ONU, “ si la flota actual de buses y taxis de 22 ciudades latinoamericanas fuera reemplazada hoy por vehículos eléctricos, para 2030 se ahorrarían casi 64,000 millones de dólares en combustible y se reducirían 300 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono”.

De hecho, el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en México (PNUD), destacó que “el cambio climático es mucho más rápido que la capacidad de acción que estamos teniendo como humanidad”, por lo que urge impulsar y promover acciones para mitigar este fenómeno.

Es importante destacar que ya están en marcha las Políticas de Mitigación al Cambio Climático de la Semarnat, mediante la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica de México, la cual cuenta con los siguientes grupos de trabajo especializados:

1) Regulación, normas y estándares;

2) Investigación, Tecnologías, Infraestructura y Energía;

3) Incentivos, modelos de negocios y financiamiento;

4) Proyectos demostrativos, comunicación y difusión; y

5) Alianza de Ciudades por la Movilidad Eléctrica, a través de los cuales se impulsan las iniciativas de movilidad sustentable de bajas emisiones a diferentes escalas en el país.

En este sentido, considero relevante que los gobiernos de las 32 entidades federativas se apoyen en esta estrategia para atender el problema de la contaminación del aire generada por el transporte que usa combustibles fósiles.

La movilidad eléctrica es considerada una de las formas de ayudar a transformar el transporte público para lograr las metas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que en cuanto menor sea el consumo de energía por distancia recorrida, como en el caso de los medios de transporte público, mayor será su contribución a la reducción general de las emisiones.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales a diseñar e implementar en sus entidades, en conjunto con los concesionarios, programas encaminados a la renovación del parque vehicular de transporte público de pasajeros que permita la sustitución de unidades que utilizan combustibles de origen fósil por unidades eléctricas y sustentables.

Segundo.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales a que en el diseño e implementación de los programas encaminados a la renovación del parque vehicular de transporte público de pasajeros consideren como instrumento rector a la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, la cual está dirigida a coordinar y liderar los esfuerzos a nivel nacional para la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la transformación tecnológica de la movilidad.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Movilidad, para dictamen.

EXHORTO PARA QUE SE EFECTÚE UNA AUDITORÍA EXTRAORDINARIA A LOS ZOOLÓGICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Auditoría Superior de la Ciudad de México y a diversas autoridades locales a efectuar una auditoría extraordinaria a los zoológicos, con el propósito de aclarar posibles irregularidades existentes en el cobro de indemnizaciones derivadas de la muerte de ejemplares dentro de las instalaciones, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Jorge Álvarez Máynez diputado y Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a la siguiente

Exposición de Motivos

I. Los teporingos, o “conejos de los volcanes”, son pequeños mamíferos con orejas y patas cortas, considerados como “uno de los conejos más pequeños del mundo’. De igual forma, los teporingos son una especie endémica de nuestro país que habita en las laderas de volcanes y montañas del centro de México. Dicho de otro modo, los teporingos sólo habitan en el centro de nuestro país.

Ahora bien, la reproducción de los teporingos es altamente compleja pues ésta sólo suele darse durante los meses cálidos y lluviosos además de que sus gestaciones duran aproximadamente 40 días. Lastimosamente, de acuerdo con la NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, el teporingo es considerada como una especie en peligro de extinción ya que se estima que existen menos de 7,000 ejemplares en estado salvaje. Lo anterior debido al desarrollo agrícola, urbano y de caminos que ha fragmentado los hábitats de los teporingos.

Es una realidad que los teporingos cada vez cuentan con menos espacios para vivir en libertad y, a la vez, enfrentan amenazas cada vez más peligrosas. Lo anterior ha puesto en grave peligro su supervivencia dentro de la naturaleza. Por tal razón, se han implementado diversos esfuerzos de conservación dentro del Parque Nacional Izta-Popo, en el Corredor Biológico Chichinautzin, en Milpa Alta, Topilejo y en el Tepozteco.

II. De acuerdo con el oficio OF/SEDEMA/DGZCFS/ OFDG/0552/2020 de la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, en 2012 se reportó la muerte intempestiva de 420 teporingos dentro del Zoológico de Chapultepec por lo que se cobraron indemnizaciones durante este año por $1,890,000 pesos. En el año 2013 se cobró la póliza de 380 teporingos; en 2014, la póliza de 130; en el 2015, la de 125; en 2016, la de 57; en 2017, la de 46; y, en 2018, la póliza de 40.

El pasado 12 de septiembre, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México emitió un comunicado en el que negó que hubiera irregularidades en el cobro de las pólizas de los seguros de los teporingos. Sin embargo, dicha dependencia confirmó que existe una alta tasa de mortalidad de estos mamíferos dentro de los zoológicos de la Ciudad de México y no expuso cuál fue el destino final de los recursos captados por el cobro de seguros derivados de la muerte de teporingos. Dicho de otro modo,  la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México no exhibió pruebas que pudieran fundamentar dicha afirmación.

En este sentido, resulta de vital importancia que tanto la Secretaría de Medio Ambiente como la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, así como la Auditoría Superior de la Ciudad de México, lleven a cabo diversas acciones a fin de aclarar la muerte de 1,198 ejemplares de teporingos de 2012 a 2018 así como las presuntas irregularidades dentro del cobro de las pólizas de los seguros correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, y en aras de buscar la salvaguarda de especies como el teporingo dentro de los zoológicos de la Ciudad de México, así como transparentar el ejercicio del gasto público, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. -  La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Ciudad de México a efectuar una auditoría de carácter extraordinario a los zoológicos de Chapultepec, Los Coyotes y San Juan de Aragón así como a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México en los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2012-2021, con el propósito de aclarar posibles irregularidades existentes en el cobro de indemnizaciones, a causa de la muerte de ejemplares dentro de dichos zoológicos.

Segundo.-  La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México a que haga público un informe en el que documente el monto, concepto, fecha de cobro así como el destino final de los recursos captados por el cobro de indemnizaciones derivados de la muerte de ejemplares dentro de los zoológicos de Chapultepec, Los Coyotes y San Juan de Aragón.

Tercero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a implementar políticas públicas de carácter emergente, a fin de evitar decesos de ejemplares dentro de los zoológicos de Chapultepec, Los Coyotes y San Juan de Aragón.

Notas

1. National Geographic. (2020). Teporingo o Conejo de los volcanes. National Geographic. Recuperado de:

https://www.nationalgeographicla.com/animales/2020/04/teporingo- o-conejo-de-los-volcanes

2. ídem.

3. Ídem.

4. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2010). NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.Diario Oficial de la Federación. Recuperado de:

https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5173091

5. ídem.

6. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (2022). Esfuerzos de conservación del teporingo en la región del Eje Neovolcánico. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Recuperado de:

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/esfuerzos-de-conservacion- del-teporingo-en-la-region-del-eje-neovolcanico?idiom=es

7. @YoAmloaLaCiencia. (2022). Publicación. Recuperado de:

https://twitter.com/YoAmoaLaCiencia/status/1569149738070 540289?s=20&t=BuWC27eCxRxHIE7jq6QyuA

8. ídem.

9. @YoAmloaLaCiencia. (2022). Publicación. Recuperado de:

https://twitter.com/YoAmoaLaCiencia/status/1570153379023982 593?s=20&t=BuWC27eCxRxHIE7jq6QyuA

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

EXHORTO A LA FGR Y A LA SRE, A COORDINAR ESFUERZOS PARA CONCRETAR A LA BREVEDAD LA EXTRADICIÓN DE MAURICIO ALONSO TOLEDO GUTIÉRREZ

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR y a la SRE a coordinar esfuerzos para concretar a la brevedad la extradición de Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, a cargo del diputado Joaquín Zebadúa Alva, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado federal Joaquín Zebadúa Alva, del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los demás aplicables.Someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por la que se exhorta a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a coordinar esfuerzos para concretar a la brevedad la extradición de Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. El 11 de agosto del año 2021, con 381 votos a favor, 24 en contra y 37 abstenciones, avaló el Pleno de la Cámara de Diputados el dictamen que declaró la procedencia de la acción penal en contra del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.

Segunda. Sin embargo, con antelación al proceso de desafuero, “...el Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México, Rafael Chong Flores informó ante el pleno de la Cámara de Diputados que Mauricio Toledo huyó a Chile desde el 26 de julio; explicó que la información se proporcionó por las autoridades migratorias u aseguró que el legislador del Partido del Trabajo aseguró que dejó México por compromisos que había contraído con anterioridad y defendió que salir del país libremente es un derecho.”(Guzmán, 2021)

Tercera. El 24 de diciembre de 2021, la Corte Suprema de Chile aprobó la extradición a México de Mauricio Toledo en los términos siguientes:

“I.- Que se acoge la solicitud de extradición de los Estados Unidos Mexicanos contra su connacional Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, nacido el 19 de junio 1980, clave única de registro de población mexicana (CURP) TOGM800619HDFLTR04, cédula nacional de identidad chilena (RUN) N° 18.304.163-0, para su juzgamiento por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, previsto y sancionado en el artículo 275 del Código Penal del Distrito Federal (Ciudad de México), conforme a investigación que se sigue en la carpeta judicial 012/908/2020-AI, y a los hechos que han sido materia del requerimiento.

II. Ejecutoriada que sea esta sentencia, remítase copia y póngase al requerido a disposición del país solicitante a través del ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

III. Que se mantendrán las medidas cautelares personales decretadas respecto del requerido hasta su entrega a las autoridades competentes de los Estados Unidos Mexicanos, o hasta disposición en contrario.

IV. En igual oportunidad, póngase la presente sentencia en conocimiento de la Oficina Central Nacional de Interpol, de la Policía de Investigaciones de Chile”. (Poder Judicial de Chile, 2024)

Cuarta. El artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Público Federal, en su artículo 28 fracción XI, estipula lo siguiente:

Artículo 28. A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

(...)

XI. Colaborar con el fiscal general de la República, en la extradición conforme a la ley o tratados y en los exhortos internacionales o comisiones rogatorias para hacerlos llegar a su destino, previo examen de que llenen los requisitos de forma para su diligenciación y de su procedencia o improcedencia, para hacerlo del conocimiento de las autoridades judiciales competentes, y

(...)

Quinto. Por otra parte, el artículo 40 de la Ley de la Fiscalía General de la República, señala lo siguiente:

Artículo 40. Son facultades de las personas agentes del Ministerio Público de la Federación las siguientes:

(...)

XXXII. Intervenir en la extradición, entrega o traslado de personas imputadas, procesadas o sentenciadas, en los términos de las disposiciones aplicables, así como en cumplimiento de los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte;

(...)

Sexto. No se debe olvidar que Mauricio Toledo está acusado por un inexplicable incremento de su patrimonio, tal como lo ha argumentado Rafael Chong Flores, fiscal especializado en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, en los términos siguientes:

“... explicó que del 1 de octubre 2012 al 21 de agosto de 2018, periodo en que se desempeñó como jefe delegacional en Coyoacán y diputado local de la Ciudad de México, Toledo incrementó su patrimonio injustificada e inexplicablemente.

Dijo que el dictamen contable señala que los ingresos reflejados en los depósitos que recibió de 2012 a 2019 ascendieron a 20 millones 826 mil 611 pesos, pero la remuneración por sus cargos públicos en ese mismo lapso fue de 9 millones 406 mil 624 pesos.

Adicionalmente, señaló, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó que en el año 2017 el legislador recibió 3.4 millones de pesos por parte de la empresa Consultoría de Gestión Empresarial Lebrija, la cual reportó en 2016 cero ingresos.

Agregó que a los siete meses de que Toledo tomó protesta como diputado compró dos departamentos al contado por un valor de 6.2 millones de pesos, “cuando él obtiene ingresos por 1 millón 58 mil 98 pesos al año, es decir, 17 por ciento del costo total de los inmuebles”, por mencionar algunos delitos. La bancada del Partido del Trabajo (PT) se retiró de la sesión, al calificar el acto como “algo cercano a un circo”. (Hernández, 2021)

Por lo tanto, fundado y motivado en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa a la Fiscalía General de la República a coordinar esfuerzos para concretar a la brevedad la extradición de Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores a coordinar esfuerzos para concretar a la brevedad la extradición de Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.

Notas

Guzmán Claudia Sáenz Capital 21 [En línea]. - 11 de agosto de 2021.

https://www.capital21.cdmx.gob.mx/noticias/?p=25806.

Hernández Eduardo El Universal [En línea]. - 12 de agosto de 2021. -

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/fiscalia-cdmx-busca-fic ha-roja-para-mauricio-toledo-acusado-de-enriquecimiento-ilicito.

Poder Judicial de Chile Ministro Mauricio Silva Cancino aprueba extradición de parlamentario requerido por México por enriquecimiento ilícito [En línea]. - 24 de diciembre de 2024. -

https://www.pjud.cl/prensa-y-comunicaciones/noticias-del-poder-j udicial/66884.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 21 días del mes de septiembre de 2022.– Diputado Joaquín Zebadúa Alva (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

SE GARANTICE EL APOYO DEL PROGRAMA DE PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SIN DISTINCIÓN DE EDAD

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Bienestar a emprender acciones para garantizar, sin distinción de edad, el apoyo del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Titular del poder Ejecutivo federal y al de la Secretaría de Bienestar para emprender acciones dirigidas a garantizar a todos los mexicanos, sin distinción de edad, recibir el apoyo del Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Antecedentes

• De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 6,179,890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9 % de la población total del país. De ellas 53 % son mujeres y 47 % son hombres.

• El INEGI identifica a las personas con discapacidad como aquellas que tienen dificultad para llevar a cabo actividades consideradas básicas, como: ver, escuchar, caminar, recordar o concentrarse, realizar su cuidado personal y comunicarse.

• Según datos recabados por el INEGI en el 2020, la mayoría de las personas con discapacidad son personas de 30 años en adelante, a saber, el 79.84% de los mexicanos que se encuentran en esta situación.

• Las personas con discapacidad frecuentemente se ubican en un estatus de vulnerabilidad debido a los prejuicios y la discriminación, elementos que no les permiten el acceso a un empleo y ser acreedores de una estabilidad económica necesaria para su bienestar.

• El IEPDS 2020 nos recuerda que, según los datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2017, una de cada 5 personas de 18 años y más declaró haber sido discriminada; los resultados indican que estas personas sufren no solamente perjuicios emocionales derivados de la misma, sino una situación extremadamente vulnerable por la pobreza.

• En México, los derechos de las personas discapacitadas se ven vulnerados constantemente en virtud de que se viola su derecho a la igualdad de oportunidades, el derecho a un nivel de vida adecuado, y la no discriminación.

• El Gobierno federal, con la Secretaría del Bienestar y en coordinación con diversos Estados de la República, plantearon aumentar la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad hasta los 64 años de edad, ¿Cuándo cumplen 65 años ya no tienen la discapacidad?

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1o, establece que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas” (CPEUM, artículo 1).

En cuanto a tratados internacionales que México ha firmado, se encuentra el realizado en atención a una propuesta de México con La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que estableció un Comité Especial para examinar propuestas relativas a un tratado que promoviera y protegiera los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Con una amplia participación de diversos actores y específicamente de personas con discapacidad, el 13 de diciembre de 2006, se adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en donde establece en su artículo primero promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Asimismo, establece en su artículo quinto que los estados partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna. En los artículos mencionados se habla sobre llevar a cabo las medidas necesarias para garantizar los derechos inherentes a las personas con discapacidad, y prevenir la discriminación con base en cualquier factor que los involucre.

Por lo tanto, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, incluyendo el derecho a la no discriminación son elementos que se establecen en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como otros derechos determinados en el la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, en México se están violando derechos debido a la discriminación a personas discapacitadas de 30 años en adelante, en alusión a un tema étnico y de edad.

Desafortunadamente, el gobierno actual está llevando a cabo una exclusión a las personas discapacitadas de 30 años en adelante que no son pertenecientes a la población indígena, negándoles el acceso al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.

Lo anterior resulta grave, ya que la Constitución no permite la discriminación con base en el origen étnico y la edad, factor por el que toda persona con discapacidad, independientemente de la población a la que pertenezca o su edad, debe tener la posibilidad de acceder al programa en cuestión, y no negarles deliberadamente dicho beneficio por no ser indígenas o tener más de 29 años, ya que la mera situación de discapacidad los relega a un punto de vulnerabilidad sin importar su etnia o edad.

El Programa actual determina el apoyo a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 0 a 29 años que tienen discapacidad permanente, y población indígena de 0 a 64 años; esto es un acto discriminatorio con base en el origen étnico y la edad. En este sentido, lo constitucional y moralmente adecuado sería cambiar lo mencionado por un: “apoyo a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos que tienen discapacidad permanente”; de esta forma, se incluye a cualquier persona con discapacidad, sin discriminación alguna.

Llevando a cabo lo conducente, se estaría cumpliendo con lo establecido en la Constitución y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, logrando que más personas con discapacidad vean sus derechos respetados e implementados, tal cual un mejor nivel de vida.

Por lo anterior expuesto, es que se somete a su consideración la proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal y al de la Secretaría de Bienestar para emprender acciones dirigidas a garantizar a todos los mexicanos, sin distinción de edad, recibir el apoyo del programa de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad.

Notas

1. http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx

2.Ídem

3. https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Discapacidad_Discapaci dad_01_44ae2514-5d2b-4c7e-ad80-49a3c772ed44&idrt=151&opc=t

4. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/ estsociodemo/enadis2017_08.pdf

5. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6. Betrián, P. (2020), Derechos de las Personas con Discapacidad, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Centro de Estudios Constitucionales SCJN, Ciudad de México, México, Pág. 1.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Bienestar, para dictamen.

EXHORTO A PEMEX A PRONUNCIARSE RESPECTO A LOS GRUMOS DE HIDROCARBURO QUE ARRIBARON A LO LARGO DE 135 KILÓMETROS EN LAS COSTAS DE CAMPECHE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex a emitir un boletín nacional en el que pronuncie una postura respecto a los grumos de hidrocarburo que arribaron a lo largo de 135 kilómetros en las costas de Campeche, a cargo del diputado Pedro Armentía López, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Pedro Armentía López, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, a tenor de los siguientes:

Exposición de Motivos

En los primeros días del mes de febrero de 2022, se detectaron grumos de hidrocarburo en Playa Norte, Isla del Carmen, Campeche. Habitantes carmelitas, quienes acostumbran hacer recorridos en el malecón, denuncian que los grumos de hidrocarburo se encuentran a lo largo de toda la orilla de Playa Norte.

En lo que respecta a pescadores del Carmen, han denunciado encontrar grumos de hidrocarburo en sus redes de pesca, los grumos se adhieren, imposibilitándoles seguir con la pesca, ya que los materiales con los que les recomiendan hacer limpieza a las redes, las debilitan y las dejan inservibles. Lo anterior ha tenido como consecuencia la falta de ingreso y alimento en sus hogares.

Pobladores de Sabancuy, Isla Aguada y Península de Atasta, reportan presencia de grumos de hidrocarburos en sus costas a lo largo de 135 kilómetros de playa.

De acuerdo con investigaciones de La Jornada Maya, trabajadores de Pemex realizaron labores de limpieza de playas en la zona de los restauranteros en el malecón costero “Nelsón Barrera Romellón” en las que se lograron recolectar aproximadamente 40 bolsas de 20 kilogramos cada una de hidrocarburos.

Sin embargo, en un recorrido realizado en la zona de la playa, se puede apreciar que continúan arribando a la costa grumos de hidrocarburos.

Es común que Pemex exprese que la presencia de grumos de chapopote sean producto de las denominadas chapopoteras naturales y niegan en todo momento que se trate de derrame de crudo en la sonda de Campeche.

Eduviges Contreras Barrientos, ambientalista y presidente de la Red de Jóvenes por la Laguna de Términos, señaló el pasado 13 de febrero de 2022 que el personal que ha destinado Pemex para la limpieza de las playas es insuficiente, solo se han destinado a 4 personas para ello y que, además, la actitud de la paraestatal ha sido la indiferencia y la irresponsabilidad al no dar una postura al respecto.

Todo lo anterior, tiene graves afectaciones en las aves como el charral que desova en Playa Norte, así como a las tortugas marinas y otras especies.

Desafortunadamente, el 21 de febrero del 2022, después de hacer una consulta en la página oficial de Pemex, no se ha emitido ningún comunicado o boletín nacional de su postura sobre el tema.

(https://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Pagina s/default1.aspx)

Considero de suma importancia que Pemex se pronuncie al respecto, que haga las aclaraciones pertinentes, pero sobre todo, que destinen los recursos materiales y humanos suficientes para atender dicha problemática a la brevedad, ya que han pasado 8 meses, y en las playas continúan arribando grumos de hidrocarburos, trayendo consigo graves afectaciones al medio ambiente de del municipio de Carmen y a las cadenas productivas de las que dependen los pescadores en mi estado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a Petróleos Mexicanos para que emita un boletín nacional en el que pronuncie postura respecto a los grumos de hidrocarburo que arribaron a lo largo de 135 kilometros en las costas de Campeche, asi como a tomar las medidas oportunas para realizar de manera inmediata y a detalle, la limpieza y reparación de los daños causados en el ecosistema del municipio de Carmen, Campeche.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que organice y ejecute una visita de inspección en coordinación con una comisión plural conformada por diputados y diputadas integrantes de las Comisiones Ordinarias de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Cambio Climático y Sostenibilidad, y Pesca a efecto de verificar el estado en el que se encuentra la zona afectada.

Notas

1.  Alonzo, L. (2022, 9 febrero). Grumos de hidrocarburo aparecen en playas de Campeche La ciudadanía alertó sobre estos grumos en Playa Norte de Ciudad del Carmen; personal de Pemex trabaja en la zona.El Financiero. Recuperado 21 de febrero de 2022, de

https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2022/02/09/grumos-de-hid rocarburo-aparecen- en-playas-de-campeche/

2.  Graniel Herrea, G. (2022a, febrero 10). Pemex limpia las playas de «Carmen» de grumos de petróleo Los residuos de hidrocarburos arribaron tras fuerte oleaje provocado por el frente frío. La Jornada Maya. Recuperado 21 de febrero de 2022, de

https://www.lajornadamaya.mx/campeche/189755/pemex-limpia-las-pl ayas-de-carmen-de- grumos-de-petroleo#

3.  Graniel Herrea, G. (2022b, febrero 13). Arriban más grumos de petróleo a Carmen; Pemex no ha declarado. Debido al fuerte oleaje que se ha registrado, las manchas llegan a la vegetación costera. La Jornada Maya. Recuperado 21 de febrero de 2022, de

https://www.lajornadamaya.mx/campeche/189985/arriban-mas-grumos- de-petroleo-a- carmen-pemex-no-ha-declarado

4.  Pemex. (2022, 21 febrero). Pemex. Boletines nacionales. PEMEX. Boletines nacionales. Recuperado 21 de febrero de 2022, de

https://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/ default1.aspx

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputado Pedro Armentía López (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

EXHORTO AL CONACYT, A HACER EFICIENTE SU PRESUPUESTO ASIGNADO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Conacyt a hacer eficiente su presupuesto asignado, a fin de fortalecer la investigación aplicada a los sectores estratégicos del país, para atender las más urgentes necesidades sociales y ampliar las perspectivas del sector productivo, a cargo del diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Juan Luis Carrillo Soberanis, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 del reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La ciencia no sólo es una de las vías más importantes para la comprensión de nuestro entorno, sino que, al generar nuevos conocimientos, mejora nuestra calidad de vida, por lo cual juega un papel fundamental en beneficio de la sociedad en su conjunto.

El filósofo Mario Bunge afirma que la ciencia pertenece a la vida social, en cuanto se le aplica al mejoramiento de nuestro medio natural y artificial, a la invención y manufactura de bienes materiales y culturales, la ciencia se convierte en tecnología.

En otras palabras, la ciencia nos ayuda a responder a los grandes retos de la humanidad, pero también nos hace la vida más agradable, pues a través de ella podemos satisfacer nuestras necesidades básicas, adecuar o mejorar nuestro entorno, cuidar nuestra salud, fabricar fármacos que curan las enfermedades y dolores que nos afectan e incluso podemos aplicarla en ámbitos como el ocio, el arte y el deporte.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) sostiene que “acercar la ciencia a la sociedad y ayudar a los ciudadanos a comprenderla mejor para que contribuya en su desarrollo es fundamental para construir sociedades en donde los individuos tengan los conocimientos necesarios para elegir de manera pertinente sus opciones profesionales, personales y políticas”.

Sin embargo, la ciencia no solo debe estar al servicio de las personas en lo individual, sino que debe convertirse en un elemento fundamental en la toma de decisiones públicas. Sin duda alguna, la inversión en ciencia y tecnología es una de las principales herramientas para que una sociedad acceda al progreso y desarrollo y, en consecuencia, también al bienestar.

Para que la ciencia contribuya cada vez más a la solución de los problemas y necesidades de la sociedad es indispensable la toma de conciencia por parte del gran público sobre su importancia, para lo cual la divulgación científica resulta esencial.

La importancia de la relación entre ciencia y sociedad es puesta de manifiesto por la Unesco cuando señala que “para afrontar los desafíos del desarrollo sostenible, gobiernos y ciudadanos tienen que entender el lenguaje de la ciencia y adquirir una cultura científica. Asimismo, los científicos han de comprender los problemas a los que se enfrentan los gobernantes y esforzarse en buscar soluciones pertinentes y comprensibles para los gobiernos y la sociedad en general”.

El artículo 12 de la Ley de Ciencia y Tecnología establece que el Gobierno federal está obligado a otorgar apoyo para fomentar, desarrollar y fortalecer en general la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, así como en particular las actividades de investigación que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Por su parte, la fracción III del precepto citado establece que la toma de decisiones, desde la determinación de políticas generales y presupuestales en materia de ciencia, tecnología e innovación hasta las orientaciones de asignación de recursos a proyectos específicos, se llevará a cabo con la participación de las comunidades científica, académica, tecnológica y del sector productivo y de servicios.

Derivado de lo anterior, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) fomenta, coordina y articula las actividades científicas y tecnológicas en todo el territorio nacional a fin de promover el desarrollo de la ciencia básica para ampliar las fronteras del conocimiento y asociarlo a la formación de recursos humanos y a la ampliación y mejora de la calidad de la educación en ciencia y tecnología. Además, promueve el desarrollo y el fortalecimiento de la investigación aplicada para atender las más urgentes necesidades sociales y ampliar las perspectivas del sector productivo.

En este sentido, consideramos oportuno privilegiar el uso y ejercicio eficiente de los financiamientos otorgados a las universidades y a los centros de investigación del país, así como a las instituciones de educación superior públicas y privadas, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás personas inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECyT) con el propósito de desarrollar estudios enfocados en la atención, a través de la ciencia y la tecnología, de las necesidades más urgentes de México y de cada una de las entidades federativas.

En virtud de lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a efecto de que haga uso eficiente de su presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2022 con la finalidad de fortalecer la investigación aplicada a los sectores estratégicos del país para atender las más urgentes necesidades sociales y ampliar las perspectivas del sector productivo.

Notas

1. Véase, Bunge, Mario, La ciencia, su método y su filosofía, Editorial Patria, México 2007. Página 9.

2. Véase, “La ciencia al servicio de un futuro sostenible, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura”, sin fecha. Consultado el 18 de septiembre de 2022. Disponible en:

https://es.unesco.org/themes/ciencia-al-servicio-futuro-sostenib le

3. Ibídem.

4.  “Ley de Ciencia y Tecnología”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2002. Disponible en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LCT.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para dictamen.

EXHORTO A LA SFP, A INVESTIGAR LOS CONTRATOS POR ADJUDICACIÓN DIRECTA CON LA EMPRESA CYBER ROBOTIC SOLUTIONS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP a investigar los contratos por adjudicación directa con la empresa Cyber Robotic Solutions, garantizando que el uso y destino de los recursos públicos sean administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Jorge Álvarez Máynez diputado y Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a la siguiente

Exposición de Motivos

I. El pasado 18 de julio de 2022, el titular de la Unidad Política de Contrataciones Públicas de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, Luis Carlos Jaso García, envió un comunicado a las y los oficiales mayores y titulares de las unidades de administración y finanzas en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, entidades federativas, municipios, alcaldías y entes públicos usuarios en el que notificó que la plataforma que soportaba a Compranet presentó fallas técnicas a partir de las 16: 00 horas del 15 de julio de 2022. Asimismo, el citado funcionario informó que el sistema de Compranet sería suspendido de manera temporal sin informar cuándo se rehabilitará dicha plataforma.

Dicho comunicado señala lo siguiente:

“ Consecuentemente sirva el presente Dictamen para dejar constancia y confirmar que a partir de las 16: 00 horas del viernes 15 de julio de 2022, por causas ajenas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se presentó la baja de la plataforma que se utiliza para la consulta de información, configuración de procedimientos, carga de documentación y descarga de propuestas en procedimientos de contratación, provocando la inoperatividad por parte de los usuarios lo cual implica que dichas circunstancias afectan el desarrollo de los procedimientos regulados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (Laassp) y la Ley de obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas (Lopsrm).

Ante esta situación atípica cabe invocar el principio jurídico de que “a lo imposible nadie está obligado” derivado de lo dispuesto en el artículo 1943 del Código Civil Federal supletorio de la Laassp y Lopsrm de conformidad con los artículos 11 y 13 respectivamente de dichos ordenamientos, por lo que con base en el Artículo Único, numerales 1 y 30 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado COMPRANET”, se declara la SUSPENSIÓN TEMPORAL del Sistema COMPRANET, para todos los actos de los procedimientos de contratación que se deben desarrollar mediante la plataforma, así como para la carga de información hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su reanudación.”

En este sentido vale la pena recordar que  los requerimientos de bienes y servicios que las dependencias públicas demandan para el cumplimiento de sus programas institucionales, constituyen medios necesarios para la realización de sus objetivos públicos. Por ello, los entes públicos cuentan con partidas presupuestales para la compra de bienes y servicios, en donde deben asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad.

La suspensión del portal Compranet representó un retroceso significativo en materia de transparencia y de rendición de cuentas, ya que dicha “caída” del sistema ocasionó la opacidad respecto a los contratos que son otorgados por el Gobierno, propiciando actos de corrupción. Dicha herramienta digital ha sido uno de los principales logros de la última década de vigilancia por parte de la sociedad mexicana y las organizaciones de la sociedad civil que impulsaron dichas herramientas por años.

Desde el comunicado de prensa en el mes de julio,  la Bancada Naranja ya había anticipado las posibles afectaciones y las graves consecuencias de no contar con el portal para la vigilancia de compras públicas, mejor conocida como Compranet, y de la situación atípica que pudiera favorecer a algunas empresas, en tanto este no operaba con normalidad; esto es, como resultado de los 17 días que no se pudo vigilar ni cuidar el gasto de los recursos públicos en materia de adjudicación.

La discrecionalidad favoreció a empresas que han sido señaladas por actos de corrupción en las pasadas administraciones, o que se han beneficiado por ser cercanos de funcionarios de primer nivel, como ocurrió en las fechas entre el 15 de julio y el 1 de agosto de 2022, tal y como expuso Oscar Cedillo en el periodico Milenio, quien señala lo siguiente:

“[...] algunos hospitales integrantes del sector salud otorgaron nuevamente contratos por más de 20 millones de pesos a la compañía Cyber Robotic Solutions S.A. de C.V., propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz. En específico, el 26 de julio pasado el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío reportó el procedimiento de adjudicación directa AA-012NBQ001-E119-2022, para adquirir con la citada razón social los servicios de “mantenimiento del equipo médico del HRAEB”, por un monto total de 9 millones 19 mil 584 pesos.

Un día después, el 27 de julio, Cyber Robotic Solutions fue beneficiado con la contratación AA-012NAW001-E531-2022, por un monto de 11 millones 346 mil 207 pesos, correspondiente al servicio de “mantenimiento preventivo y correctivo del equipo Acelerador Lineal Radixact X9 y equipos periféricos marca Accuray”, del Hospital Juárez de México.

A estas adjudicaciones, operadas manualmente durante la notable ‘ausencia’ de CompraNet, habrá que sumar la adquisición que Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V., mejor conocidos como Birmex, hizo a la empresa Grupo Dequivamed S.A. de C.V. para asegurar la distribución de la vacuna antirrábica canina.

La firma (por cierto, propiedad del dueño de fútbol Atlante de la Liga de Expansión MX, Emilio Escalante Méndez), que fue beneficiada con contratos por más de mil millones de pesos durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, se adjudicó este 29 de julio un negocio por 17 millones 917 mil pesos, con el procedimiento AA-012NEF001-E96-2022”

II. Cabe señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refiere, en su artículo 134, que los recursos públicos que ejerza el Estado Mexicano deben de administrarse bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Dicho precepto constitucional refiere lo siguiente:

“ Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.”

A su vez, el artículo 26 Ter de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dispone las convocatorias relativas a las licitaciones públicas que sean mayores a cinco millones de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal deberán de ser difundidas en la página electrónica de la dependencia o entidad y en CompraNet. Este artículo señala lo siguiente:

“ En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y en aquellos casos que determine la Secretaría de la Función Pública atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de la dependencia o entidad, participarán testigos sociales conforme a lo siguiente:

. La Secretaría de la Función Pública tendrá a su cargo el padrón público de testigos sociales, quienes participarán en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública, a los que se refiere esta Ley, con voz y emitirán un testimonio final que incluirá sus observaciones y en su caso “recomendaciones, mismo que tendrá difusión en la página electrónica de cada dependencia o entidad, en CompraNet y se integrará al expediente respectivo”.

Por tal razón, quienes integramos la Bancada Naranja creemos necesario que se investigue la adjudicación de dichos contratos, especialmente cuando se trata de empresas que han sido cuestionadas hace ya varios años por cometer actos de corrupción; y, por otro lado a la empresa que fue señalada por vender a sobre costo,  a fin de garantizar que los recursos públicos del Estado Mexicano sean administrados bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.-  La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Función Pública para que, con base a sus facultades y atribuciones legales, investigue los contratos por adjudicación directa con número AA-012NBQ001-E119-2022 y número AA-012NAW001-E531-2022, de la empresa Cyber Robotic Solutions, así como el procedimiento de adjudicación AA-012NEF001-E96-2022, con el objeto de garantizar que el uso y destino los recursos públicos del Estado Mexicano sean administrados bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Notas

1. Comunicado disponible en:

https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/MX-M5071_2022071 8_180313.pdf

2. Megaadjudicaciones durante ‘caída’ de CompraNet, Periodico Milenio, 12 de septiembre de 2022, recueprado de:

https://www.milenio.com/opinion/oscar-cedillo/contrasena/megaadj udicaciones-durante-caida-de-compranet

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, A AMPLIAR EL DECRETO DE REGULARIZACIÓN PARA VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a ampliar el Decreto de regularización para vehículos de procedencia extranjera, a cargo de la diputada Martha Alicia Arreola Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Martha Alicia Arreola Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena, del estado de Durango, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en los artículos 6, numeral 1, fracción I y artículo 79, numeral II, fracción II, ambos preceptos del Reglamento de Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El  27 de diciembre del 2000 fue aprobada por el Congreso de la Unión, la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera. En el dictamen aprobado se menciona que “prácticamente todos los grupos parlamentarios coinciden en la necesidad de proceder a normalizar la situación y estadía en el país de los vehículos de procedencia extranjera, buscando a su vez conciliar la necesidad de procurar transparencia y legalidad en la posesión de dichos bienes con la demanda de grupos sociales para evitar que se afecte parte de su patrimonio.”

El 1 de septiembre del 2004 se publicó la Ley del Registro Público Vehicular, que tiene como objeto la identificación y control de todos los vehículos que circulen en el territorio nacional; para ello registran las inscripciones o altas, bajas, emplazamientos, infracciones, pérdidas, robos, recuperaciones y destrucción de los vehículos que se fabrican, ensamblan,  importan o circulan en la nación, así como brindar servicios de información al público.

El 22 de agosto del 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, por parte del Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el decreto por el que se establecían las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados de procedencia extranjera de hasta quince pasajeros; y de los camiones de capacidad de carga hasta de 4 mil 536 kilogramos, incluyendo los de tipo panel, así como los remolques y semirremolques tipo vivienda, cuyo año-modelo fuera de entre diez y quince años anteriores al año en que se realizará la importación, siempre que el Número de Identificación Vehicular correspondiera al de fabricación o ensamble del vehículo en los Estados Unidos de América, Canadá o México. Se establecía un arancel ad valorem del 10 por ciento, para las fracciones arancelarias aplicables a la importación definitiva de los vehículos automotores usados a que se refiere ese decreto, sin que se requiriera permiso previo de la Secretaría de Economía.

La importación definitiva se realizaría mediante pedimento, el cual únicamente ampararía un vehículo usado.

La importación temporal de los vehículos usados que se realizará a partir de la entrada del citado decreto, podría convertirse en definitiva pagando los impuestos correspondientes, actualizados desde la fecha en que se importaron temporalmente y hasta que se efectuara el pago.

Los propietarios de los vehículos importados, en definitiva, deberían cumplir con el trámite de registro señalado en la Ley del Registro Público Vehicular, debiendo presentar copia del pedimento de importación definitiva.

Se considera que los vehículos importados en definitiva al país, se encontrarían legalmente en el mismo hasta que dichos vehículos se inscribieran en el Registro Público Vehicular y obtuvieran las placas de circulación.

La legal estancia en territorio nacional de los vehículos que se importaran se acreditaría con el pedimento de importación definitiva; la constancia de inscripción en el Registro Público Vehicular; y las placas de circulación respectivas o el documento equivalente que permitiera la circulación del vehículo.

En el transitorio segundo del mismo decreto del 22 de agosto del 2005, se establecía que las personas físicas que, antes de la entrada en vigor ese decreto, tuvieran en el país automóviles usados importados temporalmente, podrían cambiarlos al régimen de importación definitiva, sin necesidad de que se efectuara el retorno al extranjero.

Para la determinación de las contribuciones y las regulaciones no arancelarias, aplicables a la importación definitiva de los vehículos usados a que se refiere este artículo, se considera como fecha de internación del vehículo, la del pago de las contribuciones para su importación definitiva. Las personas físicas podrían efectuar el cambio de importación temporal a definitiva únicamente por un vehículo. Para efectuar el cambio de régimen aduanero previsto en este párrafo no sería obligatoria la presentación de la documentación comprobatoria de la importación temporal del automóvil de que se tratase.

El cambio de importación temporal a definitiva, únicamente se podría efectuar durante los seis meses siguientes a la entrada del decreto, este plazo se cumplió el 22 de febrero de 2006. Se consideró que este tiempo había sido insuficiente por lo que el 9 de marzo de 2006 se publicó el Diario Oficial de la Federación otro decreto por medio del cual el Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ampliaba dicho plazo al 31 de mayo de 2006.

Resulta interesante observar, que las entidades federativas en las que más autos chocolate circulan, son las que más remesas provenientes de los Estados Unidos recibieron durante el 2006, por ejemplo Michoacán, Guanajuato y Jalisco ocuparon el primero, segundo y tercer lugar en la recepción de remesas y son señaladas por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores como las entidades en que se han detectado el mayor número de de autos chocolate.

En el estado de Michoacán la emigración a los Estados Unidos de América ha sido tan alta, que ha visto disminuida su población en casi 20 mil habitantes de acuerdo con los censos de los años 2000 y 2005, el PIB promedio por habitante en esa misma entidad es de 10 mil doscientos pesos anuales por lo que algunas personas viven con una cantidad mucho menor a esta; la situación en otras entidades no es más halagüeña.

Por lo señalado en el párrafo anterior, podemos inferir que gran parte de estas unidades, son importadas por los trabajadores ilegales que van a trabajar a los Estados Unidos. Estos trabajadores el año pasado enviaron remesas por  23,053.8 millones de dólares  que equivalen a un 59 por ciento de las exportaciones petroleras; a un 94.7 por ciento de los ingresos por turismo; y es prácticamente equivalente a los 23,054 millones de dólares del superávit de la cuenta de transferencias; estas remesas constituyen una gran contribución a la economía del México, sería por lo tanto, de elemental justicia para estos trabajadores ilegales, permitirles la legalización de sus vehículos.

Como señalamos en los antecedentes, particularmente en la ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera y La Ley del Registro Público Vehicular; el problema de no tener un registro de todos los automóviles que circulan en el territorio nacional, tiene no sólo consideraciones económicas sino de seguridad pública e incluso de seguridad nacional, el no tener registrados a todos los vehículos que circulan por las autopistas, carreteras y caminos de México, aumenta la factibilidad de que sean usados para actividades ilícitas, o en su defecto, si tienen algún percance con daños a terceros, simplemente abandonen el automóvil sin responsabilidad alguna.

El fisco con la regularización tendría un ingreso extra para las economías de los gobiernos locales.

AMDIA, la AMIS y la AMDA, estimaban que para el año 2001 circulaban en nuestro país entre 1.5 y 2.5 millones de vehículos contrabandeados hacia nuestro país; mientras que en el país circulaban alrededor de 90 mil vehículos ilegales destinados al transporte de carga.

Una de las razones para explicar esta problemática obedece a la severa crisis por la que atraviesa desde hace años el campo mexicano, lo cual ha obligado a nuestros campesinos a adquirir camionetas de origen ilícito cuyo valor es de aproximadamente un 15 o 20 por ciento respecto de un auto de las mismas características, pero producido en el territorio nacional.

De los casi 700 mil vehículos que ingresaron de manera temporal a México durante el año 2002, cerca de una cuarta parte ya no regresó a su país de origen, concentrándose este problema en la franja fronteriza colindante con los Estados Unidos.

A fin de aliviar de alguna manera esta situación, las diversas administraciones federales han expedido normas de carácter general tendientes a regularizar la estancia de dichos bienes en México. De esta forma, entre los años 1978 y 2003 fueron puestos en marcha 14 programas de regularización vehicular, llegándose, incluso, en el año 2001, a aprobar la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera.

Recientemente en este gobierno el 18 de octubre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Acuerdo por el que se instruyen diversas acciones a las dependencias que se indican, en relación a la importación definitiva de vehículos usados, a favor de las personas físicas que residen en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas;

Con objeto de fomentar la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera que se encuentren en el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, el 19 y 21 de enero de 2022 se publicó en el DOF, el Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, así como su fe de erratas, respectivamente.

Asimismo, con la finalidad de desincentivar el uso de los vehículos referidos en la comisión de delitos en contra de la seguridad y patrimonio de los mexicanos, el 27 de febrero de 2022 se publicó en el DOF el decreto por el que se reforma el diverso por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2022, y se incluyó a los estados de Sinaloa y Zacatecas al referido programa de regularización.

Por último, se publicó el 20 de junio de 2022, el último decreto que permite la regularización de vehículos de procedencia extranjera, hasta el 20 de septiembre del presente año 2022, por lo que resulta muy breve el espacio para que los propietarios de estos vehículos pudieran terminar los trámites para la importación de estos vehículos y es muy necesario la ampliación de este plazo.

Es importante, por cuestiones de seguridad, que se normalice la estadía de vehículos de procedencia extranjera en México. La mayoría de estos vehículos pertenecen a familias de escasos recursos, algunas de estas familias se han sacrificado enviando a uno o varios de sus miembros a los Estados Unidos de América para hacerse de un patrimonio, del que alguna unidad de transporte forma parte, es justo que por la gran contribución que estos braceros hacen a la economía de México puedan tener legalmente estas unidades.

Por esos motivos es que solicitamos su apoyo decidido compañeros para que contemplemos la extensión de dicho plazo para que más familias mexicanas, puedan contar con este beneficio y hacerse de un patrimonio.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a la división de poderes, le solicita al titular del Ejecutivo federal para que amplié el plazo establecido para la importación de vehículos de procedencia extranjera; la anterior inscrita en el decreto por el que se reforma el diverso por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2022, su fe de erratas de 21 de enero de 2022, así como su posterior modificación de 27 de febrero de 2022; publicado el 20 de junio de 2022,  en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputada Martha Alicia Arreola Martínez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

SE HAGA PÚBLICO UN INFORME RELATIVO A LA DECISIÓN DE SUSTITUIR LOS GRADOS ESCOLARES POR FASES DE APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a hacer público un informe por el cual exponga la toma de decisión de sustituir los grados escolares por fases de aprendizaje en la educación básica ante el inicio del ciclo escolar 2022-2023, a cargo de la diputada Esther Mandujano Tinajero, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada Esther Mandujano Tinajero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Cámara, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que respetuosamente se exhorta a la Titular de la Secretaría de Educación Pública para que a haga público un informe detallado por el cual se dé a conocer los razonamientos y fundamentos por los cuales se tomó la decisión de sustituir los grados escolares por fases de aprendizaje ante el inicio del ciclo escolar 2022-2023, así como sustentar como fue el proceso para elegir las escuelas donde se inicia la prueba piloto, conforme a los siguientes

Consideraciones

El propósito de la educación básica y media superior es contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política de México. Es decir, personas que tengan la motivación y capacidad de lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestas a mejorar su entorno social y natural, así como a continuar aprendiendo a lo largo de la vida, en un mundo complejo que vive cambios vertiginosos.

Los fines de la educación están establecidos en el Artículo 3o constitucional y se refieren al desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano. Es primordial que la educación se proponga formar a los estudiantes en la convicción y capacidades necesarias para contribuir a la construcción de una sociedad más justa e incluyente, respetuosa de la diversidad, atenta y responsable hacia el interés general.

Hoy en día, la sociedad del conocimiento exige de las personas mayor capacidad de interpretación de fenómenos, creatividad y manejo de la información en entornos cambiantes. La escuela ha dejado de ser el único lugar para aprender y la infinidad de fuentes de información nos obligan a replantear las capacidades que los alumnos deben desarrollar en su paso por la educación obligatoria.

Como ya se refirió, nuestro artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

Por lo que resulta necesario destacar que las deficiencias existentes en nuestro sistema educativo deben ser examinados con detenimientoy pensar que estos no serán eliminados con una reforma educativa que dista mucho de lo que hoy se está viviendo y pareciera a criterio de muchos una reforma laboral y no educativa, y ahora pretender que con un novedoso plan de estudio o en la mejora de los modelos educativos, se eliminara con la problemática en el sector educación que nos afecta, resulta aventurado, pues en nuestro país se median los bajos resultados en pruebas como PISA.

La SEP ha rehuido su tarea de realizar diagnósticos nacionales y que, por ello, no sabemos dónde estamos parados en materia de rezago, de abandono escolar y en materia de aprendizaje. Surgiendo entre otros este cuestionamiento ¿Qué aprendieron los niños en este periodo que estuvieron cerrados los planteles educativos? Es un misterio. Por ello, no contamos con esos instrumentos para tener una mejor forma de saber cómo deberíamos estar interviniendo educativamente este momento después de dos años en que los planteles educativos estuvieron cerrados.

La pandemia afectó gravemente al sistema educativo, a finales de 2018, la educación había iniciado ya un periodo de declive que se ha agravado al avanzar el sexenio. Este deterioro empezó con la aprobación de la contrarreforma constitucional que echó abajo la profesionalización de la carrera docente; siguió con la eliminación del organismo creado para evaluar y diagnosticar al sistema educativo en su conjunto, y luego se le sumó la política de “austeridad republicana” que quitó cada vez más recursos al sector educativo ya de por sí pobre.

No se trata solo de crear y crear más centros educativo o escolares, o de mejorar las condiciones de infraestructura, si no que va más allá de cambios en la intervención que se relacionan con la organización estructural del sistema educativo donde se encuentran por ejemplo la duración de un ciclo escolar en los distintos niveles de grado y los días efectivos del mismo e incluso la forma de evaluación de algunos sistemas educativos que también trae problemáticas fuertes en cuanto a la permanencia o deserción de los estudiantes.

Así pues nos toparemos con diversas formas y críticas al sistema educativo de México, pues lo que hoy se vive con la reforma educativa no está siendo justo, pues considero que en su mayoría los docentes no están negados a una evaluación si no a las condiciones que se les ha puesto, pues existen maestros que frente a un aula son excelente catedráticos pero carecen de algunas habilidades que hoy la reforma exige, pero ello no debería implicar que un docente al reprobar cierto número de evaluaciones u oportunidades deba irse cuando su quehacer educativo realmente es bueno, quizá solo debería capacitarse pero no condicionarle un trabajo que finalmente solventa su vida y donde un examen estandarizado no demuestra nada, si bien existen otros aspectos a evaluar de acuerdo a la reforma la mayoría de los docentes tiene ya miedo y se está centrando en pensar en ella y se está olvidando de los grupos, las horas clase y si sumamos las deficiencias que existen en las formas de evaluación establecidas en algunos sistemas educativos los resultados de lo mencionado anteriormente no darán los frutos que se esperan.

Ahora bien, la Secretaría de Educación Pública el día 16 de agosto de 2022, presentó el Plan de Estudios de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. Sosteniendo que su principal objetivo es cubrir las necesidades de cada estudiante a través de la eliminación de los grados escolares en las escuelas, cambiándolos por “fases de aprendizaje”, con esto se pretende lograr mejoras en el aprendizaje, en los procesos cognitivos, sociales y culturales desde las capacidades y habilidades de cada estudiante, así como poder brindar mayores posibilidades de profundizar en los nuevos saberes.

La subsecretaria de Educación Básica, Martha Velda Hernández Moreno, expuso que los planes y programas de estudio representan una transformación profunda de la Educación Básica en interés de niñas, niños y adolescentes.

Subrayó que el plan será objeto de una prueba piloto durante el ciclo escolar 2022-2023, con niñas, niños y adolescentes del primer grado en los niveles de preescolar, primaria y secundaria en cuatro componentes:

Formación docente; codiseño de programas de estudio a cargo de maestras y maestros; desarrollo de estrategias nacionales, así como transformación administrativa y de gestión.

Como se puede observar, la SEP al iniciar en este momento un cambio de programas de estudio atenta contra la meta obligada de recuperar y regularizar el desarrollo integral de los estudiantes, además de que las autoridades educativas hoy deberían tener como primera tarea reinsertar a la escuela a quienes la abandonaron debido al confinamiento sanitario y a la crisis económica, pues los retos con la educación del país son mayúsculos.

En ese sentido, es evidente la incertidumbre que genera el contenido de la reforma educativa del gobierno federal, surgiendo los cuestionamientos respecto a que papel jugarán las seis fases, ni cómo se empatarán con los grados escolares vigentes. Tampoco dicen una palabra sobre los recursos materiales y humanos (maestros) necesarios y adecuados para ejecutar la reforma educativa revolucionaria.

Por lo anterior, es necesario considerar que un cambio de esta magnitud debe tener un proceso de reflexión de la comunidad, de los docentes, de la gente que está trabajando en el salón de clases, a quienes cabe preguntarse, ¿cómo podemos lograr tocar estos temas, ¿cómo podemos transformar a la sociedad? ¿Cómo se diseñarán o con qué criterios se generarán los elementos y medios de evaluación de las figuras educativas (docentes, directivos escolares y asesores técnicos) que contempla la Ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros?.

Como ya se adujo, únicamente se mencionó que se realizara el cambio en los planes y programas educativos, pero poco se sabe de cómo se va a implementar, ni las condiciones de las escuelas donde se inicia la prueba piloto y como se decidió que esas escuelas fueran elegidas para esta prueba y si esas escuelas en efecto reflejaran una muestra confiable para determinar que es viable la aplicación a nivel nacional de este Plan y Programa propuesto.

Siguen surgiendo más cuestionamientos como lo son: ¿cuál fue la valoración de los planes de estudio y en dónde puede ser consultada?, ¿A partir de cuándo se pondrá en marcha el nuevo currículum? ¿por qué hasta enero de 2022 se conoció la versión “preliminar” del nuevo currículum? ¿cómo se va a lograr que las y los docentes puedan aterrizar los ejes articuladores, cuando, no son claros en la malla curricular?

Como se advierte surgen muchas interrogantes ante una decisión de relevancia mayor, pues estamos hablando de la educación de nuestras niños y niños que son el futuro del país.

Por considerar que en la materia del presente exhorto el Estado debe priorizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes para garantizar de manera plena su derecho humano a la educación, es motivo suficiente para que con fundamento en la fracción III del numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se someta a la consideración de esta soberanía con carácter de urgente resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Educación Pública a hacer público un informe detallado por el cual se dé a conocer los razonamientos y fundamentos por los cuales se tomó la decisión de sustituir los grados escolares por fases de aprendizaje en la educación básica ante el inicio del ciclo escolar 2022-2023, de igual manera hacer del conocimiento cual fue el proceso para elegir las escuelas donde se inicia la prueba piloto y si esas escuelas en efecto reflejaran una muestra confiable para determinar que es viable la aplicación a nivel nacional del Plan de Estudios 2022 de la educación Básica.

Notas

1. https://www.redalyc.org/journal/132/13248313012/html/

2. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

3. https://revista.universidadabierta.edu.mx/2017/11/07/principales-problemas-del- sistema-educativo-en-mexico/#:~: text=Problemas% 20relacionados%20con%20la%20oferta,Problemas%20relacionados%20con%20el%20contex to.

4. https://www.gob.mx/sep/articulos/boletin-sep-no-192-presenta-sep-plan-de-estudi os-de-preescolar-primaria-y-secundaria-habra-prueba-piloto-en-ciclo-escolar-202 2-2023

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputada Esther Mandujano Tinajero (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

EXHORTO AL PODER JUDICIAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, A DAR SEGUIMIENTO Y/O CONCLUIR LAS INVESTIGACIONES DE LOS CASOS DE FEMINICIDIO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Judicial de las 32 entidades federativas a dar seguimiento puntual y concluir, de acuerdo con cada situación, las investigaciones de los casos de asesinato de mujeres tipificados como feminicidios, a cargo del diputado Juan Carlos Natale López, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Juan Carlos Natale López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Resulta de gran relevancia el hecho de que México haya sido el primer país en el mundo en tipificar el delito de feminicidio. Sin embargo, ello no fue producto de la buena voluntad de las autoridades, sino más bien de un proceso motivado por acontecimientos dolorosos en distintas partes de nuestro territorio.

El punto de quiebre fueron los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, a partir del año de 1993, cuando se visibiliza la prevalencia de este delito más allá de nuestras fronteras para trascender al plano internacional.

Para el año 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emite el primer fallo internacional sobre feminicidio responsabilizando al Estado mexicano por la falta de diligencia en las investigaciones sobre el asesinato de mujeres conocido como Caso Campo Algodonero.

Al año siguiente, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) emitió la recomendación No. 19 para exhortar al Estado mexicano a adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar una adecuada tipificación de los feminicidios en los códigos penales locales e implementar los protocolos de investigación policial para el feminicidio en todo el país.

Posteriormente, en el año 2012, el Código Penal Federal se modifica con objeto de tipificar el delito de feminicidio. Hoy el artículo 325 establece lo siguiente:

Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa.

Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.

Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

A partir de lo anterior se fue completando el proceso de tipificación del delito de feminicidio en las entidades federativas por parte de las legislaturas locales para tratar de armonizarlo con la legislación federal.

Ante ello, la responsabilidad de investigar e integrar la carpeta ministerial, policial y pericialmente por el delito de feminicidio recayó en las fiscalías y/o procuradurías de las entidades federativas. Quienes a su vez tienen la obligación de contar con un protocolo de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género, mismo que establezca los procedimientos específicos y efectivos para la acreditación del mismo.

No obstante, y conforme a la estadística más reciente, en nuestro país sólo se investigan como feminicidios uno de cada cuatro asesinatos intencionales contra mujeres, esto a pesar de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más elevados.

Entre 2015 y 2019 la tasa de crecimiento de víctimas de feminicidio fue del 137.6%, pasando de 426 a 1,012 casos, respectivamente. La cifra de víctimas aumenta si se suman los homicidios de mujeres que no fueron tipificados como feminicidio pero que murieron por hechos violentos.

Conforme al Reporte 2020 de la organización Impunidad Cero, las entidades con mayor número de víctimas de feminicidio durante 2019 fueron Veracruz (162), Estado de México (126), Ciudad de México (71), Nuevo León (67) y Jalisco (60). Sobra decir que en estas cinco entidades se concentran casi la mitad de las víctimas registradas en México por este delito. Por el contrario, las entidades con menor incidencia fueron Baja California Sur (2), Yucatán (3), Tlaxcala (3), Nayarit (5) y Aguascalientes (5).

Considerando la tasa de mujeres que habitan en cada entidad federativa, la de feminicidio a nivel nacional se estimó en 1.6 feminicidios por cada 100 mil mujeres en 2019, lo que significa que cada día, en promedio, 2.7 mujeres en México son víctimas de feminicidio. Si se suman también las mujeres víctimas de homicidio doloso, se tiene un promedio diario de 10.5 mujeres asesinadas.

La impunidad, de acuerdo con Carlos Monsiváis en su ensayo Escuchar con los ojos a las muertas, es “el mayor estímulo racional del delito”. En este sentido, a una década de su tipificación, es prioritario exigir la aplicación de la ley, para que no haya ni una víctima más de feminicidio.

Por ellas, por todos, ni una más.

En razón de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Judicial de las treinta y dos entidades federativas para que den seguimiento puntual y/o concluyan, de acuerdo a cada situación, las investigaciones de los casos de asesinato de mujeres tipificados como feminicidio.

Notas

1. Zepeda, Guillermo y Jiménez Paola. Impunidad en homicidio doloso y feminicidio. Impunidad Cero, 2020. Disponible en:

https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=142&t=impunida d-en-homicidio-doloso-y-feminicidio-reporte-2020

2. Ibidem.

3. Ibidem.

4. Carlos Monsiváis, “Escuchar con los ojos a las muertas”, Letras Libres, 31 de enero de 2003.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputado Juan Carlos Natale López (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

SE CONTINÚE CON LOS APOYOS CORRESPONDIENTES A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE ORFANDAD DERIVADA DE LA PANDEMIA DE COVID-19

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno federal a continuar con los apoyos correspondientes a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad derivada de la pandemia de covid-19, a cargo de la diputada María Elena Limón García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Limón García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción I y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al tenor de las siguientes

Consideraciones

La pandemia de covid-19 se originó en diciembre de 2019 en China, causada por el virus SARS-CoV-2. En menos de un mes fue catalogada como “ Emergencia de salud pública de alcance Internacional” por la Organización Mundial de la Salud, lo que puso en alerta a todos los países del mundo. Al momento ha provocado el contagio de más de 600 millones de personas en todo el mundo y la muerte de más de 6 millones y medio de personas.

En México, la pandemia ocasionada por la covid-19 ha tenido grandes repercusiones en diversos sectores como salud, economía, social, político, entre otros. El primer caso positivo se detectó en febrero de 2020 en la Ciudad de México, esto generó el inicio de un contagio masivo por el mal manejo de la pandemia que derivó en la confirmación de más de 7 millones de personas que han dado positivo a esta enfermedad y han fallecido más de 329 mil personas.

Muchas de esas muertes se tratan de madres y padres de familia, incluso cuidadores de menores de edad, lo que ha significado que miles de niñas, niños y adolescentes han perdido algún progenitor, cuidador o cuidadora o bien, a ambos progenitores.

La pandemia ha dejado muchos estragos dentro de la sociedad y los seres más afectados son los menores de edad, quienes han sufrido las consecuencias en distintas áreas de su vida. La orfandad deja efectos negativos en cuanto al respaldo financiero, afecto, cuidados, guía y atención. Es por ello que el Estado debe intervenir para contrarrestar las desafortunadas secuelas que padecen los menores de edad en orfandad, mediante políticas publicas eficaces que busquen solucionar los problemas y apoyar a niñas, niños y adolescentes, así como adolescentes a salir adelante, perder a alguien de la familia no es fácil y menos si se trata de perder a sus protectores siendo menores de edad.

De acuerdo con Henrietta Fore (2021), Directora Ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la organización se encuentra preocupada por los más de 4 millones de niñas y niños que han quedado huérfanos a consecuencia de la muerte de uno o de ambos progenitores durante la pandemia de covid-19.

En abril de 2021, Sudáfrica, Perú, Estados Unidos, India, Brasil y México se colocaron como los países con mayor número de niñas y niños que perdieron a cuidadores.

De acuerdo con The Lancet (2021) en su artículo “ Estimaciones mínimas globales de niños afectados por la orfandad asociada a covid-19 y muertes de cuidadores: un estudio de modelado” que analiza a 21 países, se estiman que, del 1 de marzo de 2020 al 30 de abril de 2021, 1,134,000 niños experimentaron la muerte de los cuidadores principales, incluido al menos uno de los padres o abuelos con custodia.

La siguiente tabla muestra los números de niñas y niños que experimentaron la muerte de progenitores o abuelos relacionadas con covid-19 (o exceso de muertes) en América.

Como se observa en la tabla, de los seis países analizados de América, México muestra que un total de 131 325 menores en orfandad, perdieron a su madre, su padre o a ambos durante la crisis sanitaria. Asimismo, nuestro país ocupa el primer lugar con 141 mil 132 menores de edad que perdieron a su cuidador principal.

De acuerdo con los últimos datos publicados en abril de 2022 por Imperial College London, en todo el mundo se estima un total de 7 millones 379 mil 875 niños que han quedado huérfanos y en México calculó que 318 mil 900 niñas y niños son huérfanos por causa del covid-19.

En primer lugar, se encuentra India al reportar 3 millones 503 mil 700, es decir, el 47.5% del total de huérfanos, colocando a México tristemente en la segunda posición.

Es evidente que la pandemia de covid-19 ha dejado perjuicios en distintos sectores, entre ellos se encuentra la desintegración familiar a consecuencia de la muerte de millones de personas alrededor del mundo.  Varios países han manejado algunas políticas o programas para proteger a niñas, niños y adolescentes huérfanos, por ejemplo:

a) India

En el mes de mayo de 2021, el Primer Ministro anunció educación gratuita para los huérfanos de covid-19, además de pensiones para los familiares.

Entre la asistencia financiera para los padres adoptivos o custodios legales de menores de edad que hayan perdido a ambos padres, se les otorgará dicho apoyo a través del programa “PM-Cares”, que es un fondo público de caridad. Dicho fondo busca enfrentar cualquier emergencia o situación de desastre como los efectos ocasionados por la pandemia de covid-19.

b) Brasil

En mayo de 2021 se presentó el “Proyecto de Ley 1437/21 que crea el Programa Nacional de Apoyo Social y Psicológico (Pronasp), dirigido a niños y adolescentes huérfanos por la pandemia covid-19”.

De acuerdo con la propuesta, el Pronasp debe “recaudar fondos, a través de incentivos fiscales, destinados a la protección psicológica y social de quienes se volvieron vulnerables con la muerte de sus padres o tutores económicos”, el programa contará con varias entidades de beneficencia, así como el soporte de universidades e instituciones de educación superior, planteando que se expidan recibos deducibles de impuestos sobre la renta a las personas naturales o jurídicas que sean donantes.

c) Perú

En este país se encuentra dentro del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar, la Asistencia Económica para Casos de Orfandad por la covid-19. Esta Campaña mencionaba que la asistencia económica consistía en la entrega de 200.00 soles mensuales a niñas, niños y adolescentes cuyo padre, madre o ambos hayan fallecido durante la emergencia sanitaria por causa de la COVID-19, otorgados a través del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif). Se prioriza a las familias que se encuentren en situación de pobreza y extrema pobreza según el Padrón General de Hogares del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) y que la defunción se encuentre inscrita como tal en el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef).

d) México

Para el caso de México, la Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (Cnbbbj), y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (Sndif) a través de la Unidad de Atención a la Población Vulnerable, suscribieron el Convenio de Colaboración de Transferencia de Información para la Identificación de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad derivada de la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 (covid-19).

Dicho convenio tiene la finalidad de que se sienten las bases de acceso prioritario a los programas de Becas para el Bienestar Benito Juárez (BBBJ) a las niñas, niños y adolescentes (NNA) en situación de orfandad derivada de la pandemia causada por el COVID-19.

Los programas que participan son:

1. Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez.

2. Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez.

En ambos casos se les hará entrega de $800.00 mensuales por cada niña, niño y adolescente en situación de orfandad. Sin embargo, a dos años y medio de la pandemia solo 4 mil 875 niñas, niños y adolescentes que perdieron a su madre, padre o ambos a causa del covid-19 han recibido este apoyo económico, lo que significa que entre 2.5 y 4.1 por cierto de los afectados. Este convenio tuvo una duración de un año (del 26 de octubre de 2020 a la misma fecha de 2021).

Si bien, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias no cuenta con un número exacto de total de los menores en situación de orfandad, es obligación del Estado contar con la información actualizada y establecer mejores condiciones de vida para ellos, sobretodo debe prevalecer en todo momento el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Por esta razón, debe existir una mayor coordinación entre instituciones de gobierno encargadas de la vigilancia y manejo de la pandemia de covid-19.

El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano reconoce que la población mexicana se encuentra profundamente lastimada por la pandemia de covid-19, particularmente porque la emergencia sanitaria ha causado daños irreversibles a miles de niñas, niños y adolescentes. Es por eso que en la Bancada Naranja ponemos al centro a las niñas, niños y adolescentes, y al frente sus derechos, a fin de reducir las brechas e inequidades para garantizar una vida digna.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.— La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que, a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Bienestar continúe con los apoyos correspondientes a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad derivada de la pandemia de COVID-19.

Notas

1. Disponible en:

https://news.google.com/covid19/map?hl=es419&mid=%2Fm%2F02j7 1&gl=US&ceid=US%3Aes-419

2. Disponible en:

https://datosmacro.expansion.com/otros/coronavirus/mexico

3. Disponible en

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/declaracion-directo ra-ejecutiva-unicef-sobre-ninos-privados-cuidado-padres-debido-covid19#:~: text=NUEVA%20YORK%2C%2019%20de%20julio,de%20uno%20o%20ambos%20progenitores.

4. Disponible en:

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736( 21)01253-8/fulltext

5. Disponible en

https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/def ault.aspx?__rval=1&urlredirect=/suman-por-covid-319-mil-huerfanos/ar2386663

6. Gómez Carla. La orfandad ocasionada por la pandemia. Instituto Belisario Domínguez

7. Disponible en Atención a niñas, niños y adolescentes en orfandad derivada de la pandemia causada por covid-19 | Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez | Gobierno | gob.mx (www.gob.mx)

8. Disponible en:

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/se-quedan-cortos-apoyos-hu erfanos-por-covid

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputada María Elena Limón García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

EXHORTO A FORTALECER EL RESPETO A LA LABOR DOCENTE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y a sus 32 homólogas del país a fortalecer el respeto a la labor docente por parte de las autoridades educativas, de los educandos, madres y padres de familia o tutores y sociedad en general, a cargo del diputado Raymundo Atanacio Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Raymundo Atanacio Luna, integrante del grupo parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1 , fracción I y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública Federal, así como a sus 32 homólogas, fortalecer el respeto a la labor docente y a su persona por parte de las autoridades educativas, de los educandos, madres y padres de familia o tutores y sociedad en general así como fortalecer su liderazgo en las comunidades más alejadas cuando se encuentren ejerciendo su profesión, al tenor de lo siguiente:

Exposición de Motivos

En México de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su reporte de maestros y escuelas por entidad federativa según nivel educativo, para el ciclo escolar 2020-2021, se registraron 2 millones 10 mil 989 maestros, que ejercen su labor en 250 mil 698 instituciones educativas.

Sobre esta cifra, hay una serie de datos interesantes que debes conocer:

• De los cinco niveles educativos que hay en México (preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior), en la primaria es donde hay una mayor cantidad de docentes registrados, hablamos de 568 mil 857 maestros para 95 mil 699 escuelas.

• El nivel preescolar es el que menos maestras y maestros presenta, con un total de 228 mil 86 para 87 mil 684 instituciones educativas.

• Los niveles secundaria, medio superior (bachillerato) y superior (universidad) tienen a poco más de 400 mil maestros registrados cada uno.

• La entidad donde hay una mayor cantidad de maestros es el Estado de México con una plantilla de 245 mil 475 docentes para 22 mil 308 escuelas.

• Al Estado de México le sigue la Ciudad de México con 188 mil 345 maestros; Jalisco con 130 mil 247; Veracruz con 128 mil 503 y Puebla con 97 mil 940.

• Baja California Sur y Colima son las entidades con menor cantidad de maestros en el país, cada una con más de 12 mil.

Que el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, federación, estados, Ciudad de México y municipios, impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.

Que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.

En ese mismo artículo, señala que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social.

Ya que ellos, tienen la enorme responsabilidad de enseñar a las futuras generaciones. Y la mayoría lo hace con comedimiento, capacidad y entrega.

Sin embargo, el ser maestra o maestro, se ha convertido en un trabajo de alto riesgo. Ya que el respeto que en el pasado se tenía por las y los docentes de la educación, se ha ido perdiendo como consecuencia de la descomposición social.

Ahora quienes ejercen esta profesión, son víctimas de agresiones verbales, físicas, amenazas, asaltos y hasta secuestros no sólo de los alumnos, sino también de los padres de familia, tutores y sociedad en general.

Situación por la que es fundamental garantizar la integridad personal de todas las y los maestros de nuestro país, cuando se encuentran ejerciendo su profesión principalmente en las comunidades más alejadas de sus estados.

Por ello, es esencial fortalecer el respeto hacia su persona en nuestra sociedad.

Ya que el rol del docente es de vital importancia en todas las sociedades, porque en las primeras etapas de nuestra vida, nos dotan no sólo de conocimientos, sino también de valores para nuestro crecimiento personal.

Por lo que la finalidad de este punto de acuerdo es prevenir este tipo de percances a los que se exponen a diario las y los docentes de la educación en México.

Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Camara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de Educación Pública Federal, así como a sus 32 homologas del país, fortalecer el respeto a la labor docente y a su persona por parte de las autoridades educativas, de los educandos, madres y padres de familia o tutores y sociedad en general, así como fortalecer su liderazgo en las comunidades más alejadas cuando se encuentren ejerciendo su profesión.

Notas

Día del Maestro 2022: ¿Cuántos docentes hay en todo México? — El Financiero

Maestros en México, con profesión de alto riesgo - Reporte Indigo

Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1library.co)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de Septiembre de 2022.– Diputado Raymundo Atanacio Luna (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

SE INFORME A LA OPINIÓN PÚBLICA DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA REHABILITAR EL CANAL NACIONAL EN SU SEGUNDA Y TERCERA ETAPAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México y a diversas autoridades locales a informar a la opinión pública las acciones realizadas para rehabilitar el Canal Nacional en su segunda y tercera etapas, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado en la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, al Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael Bernardo Carmona Paredes y a la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles García, a que en uso de sus facultades y atribuciones informen a la opinión pública las acciones llevadas a cabo para rehabilitar el Canal Nacional en su segunda y tercer etapa, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Canal Nacional presenta una orografía natural por su propia evolución, y sufre modificaciones por la mano del hombre; fue modificado por los pueblos de la Anáhuac antes de la fundación de México-Tenochtitlán. Originalmente se abastecía de los deshielos del Popocatépetl, el lago de Chalco y los ojos de agua en Xochimilco y Tláhuac. Su vocación inicial era transportar los alimentos de las regiones agrícolas para el comercio, es probablemente el canal más antiguo en activo del continente americano y es parte de la herencia prehispánica y lacustre de la Ciudad de México.

Este canal cuenta con una extensión de 32.32 hectáreas y está ubicado en las alcaldías de Coyoacán (25.82 hectáreas) e Iztapalapa (6.50 hectáreas) respectivamente. Es de relevancia ambiental como bosque de galería y zona lacustre, así como por los servicios ambientales que genera como zona de amortiguamiento, corredor biológico, reservorio de biodiversidad y refugio de aves tanto migratorias como residentes. Se abastece de agua residual tratada y genera un ecosistema de alta humedad relativa.

Entre los años de 1940 y 1960 el Canal Nacional sufrió varias modificaciones en su cause, algunas partes fueron entubadas y se permitieron descargas de aguas negras. Sin embargo, desde hace dos décadas los mismos vecinos han trabajado en su rescate para que se convierta en una zona de preservación histórico-cultural-recreativa y de cercanía con la naturaleza. En 2006 recibió un mantenimiento mayor, pero después fue abandonado y en 2012 se le nombró “Espacio Abierto Monumental del Distrito Federal”.

El Canal Nacional ha sido un tema de mucha importancia para esta administración y para muestra es el Decreto firmado por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, publicado el pasado miércoles 15 de junio, en la Gaceta Oficial Bis número 873, en donde quedó establecido que en el Área de Valor Ambiental con categoría de Bosque Urbano “Canal Nacional” quedan prohibidos los usos y destinos de suelo en materia de vivienda, industria y agricultura.

En dicho decreto quedó establecido que la aplicación, supervisión y vigilancia del Programa de Manejo del Área de Valor Ambiental a que se refiere el presente Decreto, estará a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a través de la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, la cual propondrá los mecanismos de participación pública y privada para el desarrollo de estrategias de financiamiento para el manejo del Área de Valor Ambiental.

En el lugar se podrán realizar actividades pertinentes a la conservación de los ecosistemas, restauración ecológica, mantenimiento de áreas verdes, así como de espacios abiertos, monumentos históricos, infraestructura y equipamiento urbano como reforestación, forestación, mantenimiento de plantaciones, obras de captación de agua pluvial, retención de suelos, entre otras actividades para la conservación y manejo integral del área.

Ahora bien, es importante mencionar que el rescate de dicha zona histórica era llevado a cabo por los vecinos, pero evidentemente no contaban con los medios necesarios para poder realizar esta titánica labor, es por eso, que el gobierno de la Ciudad de México presentó el Proyecto Integral y Ejecución de Obra de Saneamiento del Canal Nacional, en 2019, al cual se le asignó la inversión de 100 millones de pesos para ese año por parte del gobierno capitalino, que contempla el proyecto ejecutivo de 8.6 kilómetros en el tramo de Anillo Periférico a Río Churubusco, y la construcción de la primera etapa de La Viga a Río Churubusco.

Para la segunda etapa se planeó realizarse en 2020 la cual consta de 4.1 kilómetros, y va de la calle Nimes hasta La Viga. La tercera fase, corresponde al tramo que va de Anillo Periférico a la calle Nimes con 2.3 kilómetros.

Es así, que la primera etapa ya fue entregada por la constructora, sin embargo, en su momento existieron observaciones de los vecinos.  En la segunda y tercera etapa, las obras se han caracterizado por la indolencia, pues no se realizaron consultas a los Pueblos y Barrios Originarios, ya que manifestaron que no han sido considerados por la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México (SEPI), toda vez que estos afirman que el proyecto no afecta los intereses de los siguientes pueblos y barrios originarios:

Pueblo Mexicaltzingo, Culhuacán con sus Pueblos y Barrios, empezando con Pueblo de Culhuacán, Pueblo los Reyes Culhuacán,  Barrio San Antonio Culhuacán, Barrio Tula Culhuacán, Barrio San Simón Culhuacán, Barrio la Estrella Culhuacán, Pueblo San Andrés Tomatlán, Pueblo Santa María Tomatlán, Pueblo San Francisco Culhuacán con sus Barrios de la Magdalena, Barrio San Juan, Barrio Santa Ana.

Cabe señalar, que por parte del gobierno capitalino los vecinos han manifestado la falta de cumplimiento de lo acordado para llevar a cabo estas obras, además de la falta de transparencia por parte de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y la serie de negligencias con las que se está llevado a cabo los trabajos de rehabilitación. Se destaca, que existen vecinos que sus inmuebles se encuentran dentro del tramo de la segunda etapa, y cuentan con afectaciones graves en su patrimonio.

En el tramo correspondiente a la segunda etapa, se tomó la determinación de una vez secada esa porción territorial se pusiera una capa de cemento sobre el suelo lacustre y piedra braza, lo cual es completamente imprudente, ya que al hacer esto se impide las filtraciones a los mantos acuíferos, lo que ha comenzado a generar que los inmuebles aledaños comiencen a experimentar hundimientos ya que el suelo de la zona se ha visto afectado. Se anexan imágenes para una mejor referencia

Otro de los temas que han generado molestia con vecinos de esas alcaldías y que de igual modo no fueron consultados son los materiales que se emplean en las bermas que recubren el cauce del canal en esa zona, ya que al no evaluar la implementación de los materiales ideales para este trabajo ha generado afectación en los árboles, la poda es deficiente y sigue creciendo la plaga de muérdago en la vegetación , así como no se ha respetado la paleta vegetal nativa se adjuntan imágenes para una mejor referencia.

Otro tema que los vecinos han denunciado es la forma en la que se recolectó  la fauna del tramo 2, debido a que no se tiene constancia de cuántas especies fueron rescatadas para poder realizar los trabajos de rehabilitación, ya que al hacer recorridos  se encontraron tortugas casquito, japonesa, cincuate que es una víbora de agua, gallineta frente roja y gallineta americana, pez tilapia,  generando con esto la  inquietud sobre si las especies fueron reinsertadas al canal o fueron enviadas a lugares especializados para su conservación, las siguientes imágenes muestran los hallazgos:

Por otro lado, los vecinos comentan que respecto a los puentes diques, SACMEX y SEDEMA se comprometieron a colocar compuertas, lo cual señalan no se cumplió.

Los originarios del Barrio de San Simón Culhuacán y Barrio la Estrella Culhuacán del tramo dos, sección dos, a la altura de calle Hacienda y Presidencia, y de calle Relaciones Exteriores sobre Canal Nacional, denuncian que por las obras referidas, los juegos infantiles, y los 3 gimnasios al aire libre fueron retirados, los cuales fueron resultado del presupuesto participativo aprobado en su momento.

Respecto a la tercera etapa, los colonos manifiestan que no conocen el plan de trabajo para las obras, ya que lo que originalmente les habían propuesto sufrió modificaciones, mismas que no les han sido mostradas, por lo que los trabajos que se están desarrollando en dicha zona, generan incertidumbre ya que se desconoce lo que pretende realizar. Además de que se demolió la barda que protegía la pista de tartán, la cual protegía a los corredores ya que evitaba que desarrollarán sus actividades al mismo nivel del arroyo vehicular; la vialidad en esa parte se torna peligrosa ya que, al no existir semáforos, se propicia que quienes la usen empleen altas velocidades al desplazarse por la avenida.

Otro tema que genera inquietud en los vecinos del tramo 3 del canal son las descargas de aguas negras en la parte de calzada de las Bombas con Canal Nacional, lo que propicia que exista un mal olor que incomoda a las personas que transitan por la zona.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero.— La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, al Coordinador  General del Sistema De Aguas de la Ciudad de México, Rafael Bernardo Carmona Paredes y a la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles García, a que informen a la opinión pública, las acciones que se han emprendido durante los trabajos de rehabilitación de la segunda y tercera etapa de Canal Nacional, así como, si se han llevado a cabo las consultas a los pueblos y barrios originarios que se podrían ver afectados por los trabajos de rehabilitación.

Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Coordinación General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael Bernardo Carmona Paredes, a que informe a la opinión pública la justificación técnica del por qué en la Calzada de las Bombas y el cruce con la avenida Canal Nacional existe una descarga de aguas negras que desembocan en el Canal Nacional.

Tercero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,  exhorta a la titular de la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, Marina Robles García, a que informe a la opinión pública, las acciones realizadas para la preservación de las especies que habitaban en el Canal Nacional, así como el destino de las especies recolectadas (tortugas, cincuates, peces y aves) derivado de los trabajos de rehabilitación de la segunda y tercera etapa.

Cuarto.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, al Coordinador  General del Sistema De Aguas de la Ciudad de México Rafael Bernardo Carmona Paredes y a la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México Marina Robles García, a que informen a la opinión pública la justificación para el retiro de los Juegos Infantiles y los 3 gimnasios al aire libre ubicados en la  Calle Hacienda y Presidencia, y de Calle Relaciones Exteriores sobre Canal Nacional, y si existen planes para la restitución de los mismos, ya que fueron obtenidos por medio del presupuesto participativo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

EXHORTO A LA CONDUSEF, A LLEVAR A CABO ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE FRAUDES CIBERNÉTICOS A USUARIOS DE APLICACIONES BANCARIAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Condusef a llevar a cabo diversas acciones relativas a la prevención de fraudes cibernéticos a usuarios de aplicaciones bancarias, a cargo del diputado Luis Alberto Martínez Bravo, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Luis Alberto Martínez Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 del reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde 2013 en México, contamos con servicios digitales bancarios, por lo cual los usuarios ya no tienen que acudir necesariamente a una sucursal bancaria de manera personal ni al cajero ni es necesario llamar por teléfono para realizar transacciones, estos servicios se pueden hacer desde la comodidad de la casa o la oficina.

La tecnología ha permitido ir más allá, pues en la actualidad desde nuestros dispositivos móviles, contando con internet, a través de las aplicaciones digitales de los bancos podemos realizar la mayoría de las transacciones bancarias, como son transferencias a cuentas propias y de terceros, pago de servicios, consulta de saldos, solicitud préstamos, entre otros.

Este avance tecnológico también ha cambiado la forma en la cual los delincuentes llevan a cabo las estafas y los robos a los usuarios que utilizan los servicios referidos.

Existen varias modalidades de fraude, siendo de los más comunes el “spoofing”, que es una técnica delictiva de suplantación de identidad. Una persona se hace pasar por una fuente confiable (puede ser de empresas, dependencias de gobierno o instituciones bancarias) para acceder a datos personales e información de importancia (bancaria, hacendaria, tributaria, etcétera), para cometer fraudes, estafas y/o ilícitos cibernéticos.

A su vez, existen distintos tipos de “spoofing”, entre los cuales se encuentran:

• El “phishing”, que es un ciberataque que suplanta páginas web reales por falsas. Se hace copiando una URL al de la página original cambiando algunos elementos ortográficos.

• Correos electrónicos: envían archivos adjuntos o enlaces a páginas web que contienen malware que ayuda a los ciberdelincuentes a obtener información personal de la gente.

• Falsificación de dirección IP del usuario, mediante lo cual saltan las restricciones de un router y hacen llegar a los dispositivos paquetes con malware.

• Vía telefónica: desde dispositivos no identificados suplantan instituciones bancarias y dependencias para acceder a datos personales e información bancaria.

En semanas recientes en redes sociales y medios de comunicación varios usuarios de plataformas bancarias digitales manifestaron que habían sido víctimas de estafas utilizando alguna de las prácticas delictivas arriba mencionadas.

El 27 de agosto, el periódico El Financiero publicó una nota en la cual detalla que “ varios clientes y usuarios de Citibanamex denunciaron ser víctimas de estafas vía llamada telefónica, donde supuestamente el banco les alertaba que alguien intentó acceder a su banca móvil, desde un dispositivo no identificado.”

En días previos a esa publicación, el 5 de agosto del año en curso, en el periódico El Universal se leía que una usuaria había recibido una llamada del corporativo de Banamex y que alguien intentó acceder a su banca móvil desde un dispositivo no identificado. En este caso, quien realizó la llamada tenía acceso a su cuenta bancaria y estaba observando todos sus movimientos, señalando que alguien había pedido un préstamo con el fin de cometer fraude.

En esa misma fecha, Telediario informó que “Citibanamex confirmó que existe una campaña de fraude a través de “ingeniería social” en la que hacen creer a los usuarios que sus cuentas bancarias fueron vulneradas a fin de que los estafadores obtengan información sensible de los clientes, tal como lo han reportado clientes en redes sociales.”

En julio pasado, a través de Twitter, se hizo viral un video de la actriz Verónica Bravo, quien mencionó que le robaron su celular y, a pesar de que no tenía guardadas en el dispositivo sus contraseñas o foto de su credencial para votar, entraron a su aplicación de BBVA Bancomer y le robaron todo su dinero.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) reportó en 2020 16,036 quejas de usuarios de la banca móvil, mientras que en 2021 las quejas aumentaron a 24.442, esto representó un incremento del 52%.

Como se observa en la siguiente tabla, las reclamaciones iniciadas ante la CONDUSEF por un posible fraude de tipo virtual, siguen en aumento. Del periodo comprendido entre enero a junio de 2022 aumentó 5.8% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Según datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la Ciudad de México, los delincuentes se han especializado en el cibercrimen. Se hacen pasar, en mayor medida, por bancos para engañar a sus víctimas, pero también por aerolíneas, páginas de comercio digital, agencias de autos y hasta dependencias gubernamentales.

La principal razón con la que engañan a sus víctimas es por cargos o envíos no reconocidos, algo que a cualquiera le puede sonar normal y cuando se da cuenta ya es demasiado tarde porque ha revelado a los delincuentes información personal confidencial con la cual pueden acceder a sus cuentas bancarias.

Derivado del aumento en las cifras de fraudes cibernéticos, considero oportuno que las autoridades responsables fortalezcan las acciones encaminadas a combatir de manera eficaz este tipo de delitos y evitar que más usuarios sean víctimas de estos delincuentes.

En virtud de lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a que, en el ámbito de sus atribuciones, difunda ampliamente información que sirva a los usuarios de la banca electrónica para prevenir fraudes cibernéticos.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a que, en el ámbito de sus atribuciones, atienda y resuelva de manera oportuna las reclamaciones formuladas por los usuarios afectados por fraudes cibernéticos, especialmente aquellos en los que pudieran estar involucrados personas que laboran en los bancos.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a que, en el ámbito de sus atribuciones, promueva la revisión y fortalecimiento de las medidas de seguridad implementadas por los bancos para el uso de sus plataformas digitales.

Notas

1. Véase: “Estafa en Citibanamex: Experto señala probable colaboración de alguien desde el banco”, El Financiero, 27 de agosto de 2022. Disponible en:

https://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/2022/08/27/estafa-e n-citibanamex-experto-senala-probable-colaboracion-de-alguien-desde-el-banco/?o utputType=amp

2. Véase: “Usuaria de Banamex acusa intento de fraude desde una llamada que “venía del banco”. ¿Qué es el Spoofing?”, El Universal, 05 de agosto de 2022. Disponible en:

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/usuaria-de-banamex-acusa- intento-de-fraude-desde-una-llamada-que-venia-del-banco-que-es-el-spoofing

3. Véase: “Citibanamex advierte sobre fraudes telefónicos; así operan estafadores para robar el dinero de los cuentahabientes”, Telediario, 05 de agosto de 2022. Disponible en:

https://www.telediario.mx/economia/citibanamex-advierte-fraudes- telefonicos-operan-estafadores

4. Véase: “Las sofisticadas estrategias de los estafadores bancarios para robar el dinero de los mexicanos”, El País, 27 de julio de 2022. Disponible:

https://elpais.com/mexico/economia/2022-07-27/las-sofisticadas-e strategias-de-los-estafadores-bancarios-para-robar-el-dinero-de-los-mexicanos.h tml

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputado Luis Alberto Martínez Bravo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

SE INVESTIGUE Y HAGA JUSTICIA RESPECTO AL FEMINICIDIO DE UNA ADOLESCENTE DE 14 AÑOS, EN LA COMUNIDAD DE DERRAMERIOS, SAN LUIS POTOSÍ

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de San Luis Potosí y al municipio de Villa de Arista a investigar y hacer justicia en el feminicidio de la adolescente de 14 años en la comunidad de Derramerios, a cargo de la diputada Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Amalia Dolores García Medina diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La comunidad de Derramaderos esta ubicada en el Estado de San Luis Potosí en el municipio de Villa de Arista. Está integrada por 1424 habitantes de cuales 682 son hombres o niños y 742 mujeres o niñas. En esta comunidad el 15 de septiembre del presente año, se encontró el cuerpo sin vida de la menor Chuyita Lelixia Rodríguez desaparecida el 14 de septiembre cuando se dirigía la preparatoria, a la cual nunca llegó y tampoco regreso a su casa.

Habitantes de la comunidad marcharon a la presidencia municipal de Villa Arista, para exigir justicia ante este caso de feminicidio, ya que, pese a que se dio la alerta de desaparición de la adolescente de 14 años de edad, las autoridades mostraron mayor interés por los festejos patrios que por buscar a la menor desaparecida.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí denunció la desaparición de la adolescente de 14 años, desafortunadamente, la encontraron el 15 de septiembre en los baños de la Unidad Deportiva de Villa de Arista, con signos de violencia sexual y de asfixia. Por lo que, vecinos de la comunidad se manifestaron el 16 de septiembre del presente año, para exigir mayor seguridad y justicia ante este feminicidio.

Por su parte la FGE de San Luis Potosí inició una carpeta de investigación para el esclarecimiento de este feminicidio, del cual de acuerdo con medios de comunicación ha trascendido que cuentan con una persona detenida, sin embargo, esta información hasta la elaboración del presente exhorto no ha sido confirmada por las autoridades o la familia de la menor.

La comunidad creo el hashtag #justiciaparaChuyita, en el que las personas denuncian la inseguridad y falta de apoyo por parte de las autoridades con mensajes como:

“Coraje porque Villa de Arista celebró después de haber sabido que Chuyita había muerto, les valió y siguieron, y las autoridades no hicieron nada como siempre! Qué coraje y dolor”

La adolescente, era una niña que vivía con sus hermanas y su padre en la comunidad de Derramaderos, en el Municipio de Villa de Arista; recientemente acababa de entrar a la preparatoria y tenía solo 14 años de edad; iba camino a su escuela y nunca llegó.

Resulta indignante que una adolescente que iba camino a la escuela a plena luz de día, pueda desaparecer en una pequeña comunidad y que tanto las autoridades como la Fiscalía estatal no hagan más que papeleo, su vida estaba en peligro y fueron omisos en darle prioridad a la situación y buscar hasta encontrar con vida a la niña.

Desafortunadamente no es un caso aislado en el país o en el municipio de Villa de Arista, ya que, tan solo en lo que va de enero a julio de 2022, en San Luis Potosí se han abierto 6 carpetas de investigación por el delito de feminicidio; y 20 casos más de asesinatos de mujeres clasificados como homicidios dolosos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados, emite un pronunciamiento al Presidente Municipal de Villa de Arista y al Gobernador del estado de San Luis Potosí, para que se investigue a fondo y se haga justicia para Chuyita Lelixia Rodríguez adolescente de 14 años, que fue víctima de feminicidio el pasado 15 de septiembre del presente año.

Segundo.- La Cámara de Diputados, emite un exhorto, al gobernador del Estado de San Luis Potosí, para que realice políticas de prevención y garantice la seguridad de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, en el municipio de Villa de Arista y las comunidades que lo integran, para evitar que sigan ocurriendo feminicidios y/o homicidios dolosos contra mujeres.

Notas

i. Mi pueblo.mx Derramaderos.

http://www.mipueblo.mx/27/2259/derramaderos/

ii. SDP Noticias. (2022). Feminicido: Exigen justicia para Chuyita, de 14 años y asesinada en San Luis Potosí

https://www.sdpnoticias.com/estados/justicia-para-chuyita-adoles cente-de-14-anos-fue-asesinada-en-san-luis-potosi/

iii. SDP Noticias. (2022). Feminicido: Exigen justicia para Chuyita, de 14 años y asesinada en San Luis Potosí

https://www.sdpnoticias.com/estados/justicia-para-chuyita-adoles cente-de-14-anos-fue-asesinada-en-san-luis-potosi/

iv. El Universal. (2022) Convocan en Villa de Arista a marcha por Chuyita, adolescente víctima de feminicidio.

https://sanluis.eluniversal.com.mx/municipios/convocan-en-villa- de-arista-marcha-por-chuyita-adolescente-victima-de-feminicidio

v. Reforma. (2022) Matan a Chuyita de 14 años, tras violarla en SLP.

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/def ault.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/matan-a-chuyita-de-14-anos-tras-v iolarla-en-slp/ar2471953?__rval=1

vi. SDP Noticias. (2022). Feminicido: Exigen justicia para Chuyita, de 14 años y asesinada en San Luis Potosí

https://www.sdpnoticias.com/estados/justicia-para-chuyita-adoles cente-de-14-anos-fue-asesinada-en-san-luis-potosi/

vii. Ídem.

viii. ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputada Amalia Dolores García Medina (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

SE DÉ SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DEL GOBIERNO DE MICHOACÁN PARA RECIBIR INVERSIONES PARA EL DESARROLLO DE SEMICONDUCTORES ELECTRÓNICOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SE y a la SRE a dar seguimiento a la propuesta del gobierno de Michoacán para recibir inversiones para el desarrollo de semiconductores electrónicos, a cargo de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada federal Reyna Celeste Ascencio Ortega, integrante del grupo parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La creciente utilización de semiconductores electrónicos en aparatos como computadores, teléfonos, vehículos, pantallas, aparatos de línea blanca y cualquier dispositivo electrónico es una veta de oportunidad que México debe aprovechar, se trata de que el país se convierta en un polo de desarrollo y proveeduría de estos insumos para nuestros principales socios comerciales y para el mundo.

Como es conocido por la pandemia de covid-19 se provocó una desaceleración económica y se ha generado un desabasto de semiconductores electrónicos que ha tenido como consecuencia que muchas industrias se detengan, además de que ha provocado tensiones económicas entre China y Estados Unidos de Norteamérica.

En el contexto de que estamos saliendo de la pandemia de covid19 y de que existe un ánimo internacional de hacer parte a México en la industria de abasto de semiconductores, es que el ciudadano gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, apenas el pasado 13 de septiembre manifestó lo siguiente:

“Michoacán, listo para atraer empresas de semiconductores chip: Bedolla

Morelia, Michoacán, 13 de septiembre del 2022.- La entidad tiene las condiciones logísticas y productivas para formar parte del plan para el desarrollo de la industria de semiconductores anunciado por Washington, Estados Unidos, afirmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Luego de que se formalizara la invitación del vecino país para que México participe en el paquete de inversión en semiconductores y electromovilidad, el mandatario externó la posibilidad de que Michoacán se sume a esta iniciativa por sus características geográficas y operativas.

Recordó que en Lázaro Cárdenas se tiene capacidad para la inversión por sus parques industriales, así como en la reserva de Queréndaro, lo que permitiría impulsar la productividad regional, la generación de empleos y el desarrollo económico estatal.

La comunicación terrestre por la autopista de Occidente y las vías férreas que permiten el traslado de mercancías hacia otros estados y a Estados Unidos, agregó, son otras de las fortalezas que tiene la entidad para atraer empresas y fortalecer el sector productivo.”

Además de que aseguró se cuenta con programas de licenciatura, posgrado e investigaciones científicas y tecnológicas afines a la movilidad de automotores en importantes universidades e institutos de educación superior.

Estimo de la mayor relevancia el posicionamiento del C. Gobernador de Michoacán, al levantar la mano en favor del desarrollo, la economía y el empleo del Pueblo de Michoacán, aprovechando la infraestructura, capacidades industriales y humanas que tiene el Estado.

Es una propuesta que va por el bienestar del Pueblo de Michoacán y que valoro tiene todo el respaldo del pueblo, empresarios y comerciantes del Estado, con honestidad y trabajo es como podemos sacar adelante al Estado de Michoacán; Lo que refleja claridad de participar en el paquete de inversión en semiconductores y electromovilidad anunciado ofreciendo la capacidad y trabajo del Estado, por lo que como representante popular respaldo el anuncio.

En tal sentido, se apoya la propuesta del gobernador y desde la representación popular del pueblo de Michoacán en el Congreso de la Unión se pide encarecida y respetuosamente a las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores que impulsen a que el Estado de Michoacán sea parte de los lugares donde se dispersen las inversiones para el desarrollo de semiconductores electrónicos, lo que seguramente impulsará el empleo, la economía, desarrollo de michoacanas y michoacanos.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que den seguimiento a la propuesta del ciudadano gobernador de Michoacán, a fin de que se reciban inversiones para el desarrollo de semiconductores electrónicos, lo que impulsará el empleo, la economía y el desarrollo del estado de Michoacán.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a veintiuno de septiembre de dos mil veintidós.– Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

SE INFORME A LA OPINIÓN PÚBLICA LAS ACCIONES REALIZADAS PARA DAR ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE PADECEN LUPUS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a informar a la opinión pública las acciones realizadas para dar atención a las personas que padecen lupus en territorio nacional, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado en la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, a que informen a la opinión pública las acciones llevadas a cabo para dar atención a las personas que padecen la enfermedad conocida como lupus en el territorio nacional, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El lupus en una enfermedad autoinmune, lo cual significa que el sistema inmunológico ataca las células sanas del cuerpo por error.

Se desconoce la causa de la enfermedad, pero hay evidencia concreta de influencia genética, la epigenética (cambios en los cromosomas que afectan la actividad genética).

Los expertos también creen que se desarrolla en respuesta a ciertas hormonas (incluyendo el estrógeno) o desencadenantes ambientales. Un desencadenante ambiental es algo fuera del cuerpo que puede provocar síntomas del lupus, o empeorarlos. Algunos desencadenantes de síntomas de lupus incluyen: Los rayos ultravioleta del sol o luces fluorescentes, algunos antibióticos, tener una infección, estrés del cuerpo, sufrir una lesión, una cirugía, estrés emocional.

Las mujeres, particularmente las afroamericanas, hispanoamericanas, y las indias norteamericanas, presentan un mayor riesgo de sufrir la enfermedad.

El lupus ataca principalmente a mujeres en edad fértil. Sin embargo, los hombres, los niños y los adolescentes también desarrollan lupus. La mayoría de las personas con lupus desarrollan la enfermedad entre las edades de 15 a 44.

Hay muchos desafíos para llegar a un diagnóstico de lupus. El lupus es conocido como “el gran imitador” porque sus síntomas imitan a muchas otras enfermedades y pueden ser confusos, aparecer, desaparecer, o cambiar. En ocasiones toma varios años desde el momento en que las personas presentan síntomas por primera vez, hasta ser diagnosticados.

Los síntomas propios de la enfermedad son:

• Fatiga (sensación frecuente de cansancio).

• Dolor o hinchazón de articulaciones.

• Hinchazón de manos, pies o alrededor de los ojos.

• Dolores de cabeza.

• Fiebre baja.

• Sensibilidad a la luz del sol o a la luz fluorescente.

• Dolor de pecho al respirar profundo.

La sintomatología puede variar entre pacientes, cada caso es diferente y a veces difícil de diagnosticar en un principio, sin embargo, también es importante considerar las repercusiones psicológicas que ocasiona la enfermedad tales como depresión, frustración, coraje, desesperación, angustia, baja de autoestima, entre otros.

Algunos indicadores de salud en México muestran que la prevalencia del lupus es del 0.06%, con una incidencia que varía entre 1.8 y 7.6 casos por cada 100,000 habitantes/año, pero la falta de estudios apropiados tanto a nivel mundial como regional (en México no se cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica para el lupus), aunado a la frecuencia de diagnósticos imprecisos en el primer nivel de atención, hacen que estas cifras no sean del todo confiables.

El lupus eritematoso sistémico (LES), de acuerdo con el doctor Juan Carlos Arana Ruiz, médico especialista en Reumatología e integrante del Colegio Mexicano de Reumatología, AC, es el conjunto de síndromes clínicos que comparten una fisiopatología común, donde destaca la mediación de inmunocomplejos. Es resultado del desbalance en los linfocitos T autorreactivos en su cooperación con linfocitos B que generan autoanticuerpos. Es decir, es una enfermedad autoinmune, crónica y multisistémica que puede afectar cualquier sistema de órganos. El daño de órganos específicos se acumula con el tiempo y puede ser fatal.

Con datos del estudio Community oriented Program for the Control of Rheumatic Diseases, de 2010, el especialista Arana Ruiz afirma que la prevalencia en México por 100 mil habitantes del LES es la siguiente:

En general 80 en mujeres, 40 en varones.

La proporción de casos registrados en nuestro país en 2010 era la siguiente:

• 90 en la Ciudad de México.

• 40 en Nuevo León.

• 70 en Yucatán.

• 40 en Sinaloa.

• 40 en Chihuahua.

Se tienen identificados 3 tipos de Lupus; discoide, sistémico y el secundario a medicamentos.

• Lupus discoide (cutáneo) siempre se limita a afectar la piel. Se le identifica por ronchas que aparecen en la cara, cuello y la piel del cuero cabelludo.

• El lupus sistémico es generalmente más severo que el lupus discoide y puede afectar casi cualquier órgano del cuerpo. En algunas personas, puede afectar solamente la piel y las articulaciones. En otras, afectan las articulaciones, pulmones, riñones y otros órganos o sistemas.

• El lupus secundario se presenta después de algún tiempo de tomar fármacos recetados para diferentes enfermedades (que no son lupus). El lupus inducido por medicamentos es más común en los hombres, dado que este tipo de fármacos son prescritos más frecuentemente en pacientes del sexo masculino. Sin embargo, solamente 4 por ciento de la gente que toma este tipo de medicinas desarrollará anticuerpos sugestivos de lupus. De este 4 por ciento, solamente un número extremadamente pequeño presentará este tipo de lupus.

En México, el panorama es desolador ya que el padecimiento no se reconoce en términos médicos como causa de muerte.

Estos datos desoladores nos hacen plantearnos, ¿Qué está haciendo el gobierno de México para atender esta enfermedad? La realidad es que las acciones son escasas, si no es que son nulas.

Es necesario hacer conciencia sobre el impacto que tiene esta enfermedad en las personas que la padecen, pero sobre todo el estado mexicano debe brindar el acceso a la atención medica oportuna que permita detectar esta enfermedad y a su vez tratamiento que permita mejorar la calidad de vida de las personas que padecen cualquiera de los tipos de lupus.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.— La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, a que informe a la opinión pública, cuáles son las acciones que se han emprendido durante los últimos años para dar atención a las personas que padecen de lupus y hacer conciencia sobre este padecimiento, así como, las acciones para tener datos actualizados sobre los casos existentes en nuestro país. Finalmente, se exhorta a que se informe a la opinión pública los montos que han sido asignados desde el año 2019 a 2021 para estos objetivos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.–Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

PARA AGRADECER AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL LA EXTENSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, DEL DECRETO DE REGULARIZACIÓN PARA VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA

«Proposición con punto de acuerdo, para agradecer al titular del Ejecutivo federal la extensión al 31 de diciembre de 2022 del Decreto de regularización para vehículos de procedencia extranjera, a cargo de la diputada Martha Alicia Arreola Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Martha Alicia Arreola Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena, del estado de Durango, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral II, fracción II, ambos preceptos del Reglamento de Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 27 de diciembre del 2000 fue aprobada por el Congreso de la Unión, la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera. En el dictamen aprobado se menciona que “prácticamente todos los grupos parlamentarios coinciden en la necesidad de proceder a normalizar la situación y estadía en el país de los vehículos de procedencia extranjera, buscando a su vez conciliar la necesidad de procurar transparencia y legalidad en la posesión de dichos bienes con la demanda de grupos sociales para evitar que se afecte parte de su patrimonio.”

El 1 de septiembre del 2004 se publicó la Ley del Registro Público Vehicular, que tiene como objeto la identificación y control de todos los vehículos que circulen en el territorio nacional; para ello registran las inscripciones o altas, bajas, emplazamientos, infracciones, pérdidas, robos, recuperaciones y destrucción de los vehículos que se fabrican, ensamblan, importan o circulan en la nación, así como brindar servicios de información al público.

El 22 de agosto del 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, por parte del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Decreto por el que se establecían las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados de procedencia extranjera de hasta quince pasajeros; y de los camiones de capacidad de carga hasta de 4,536 kilogramos, incluyendo los de tipo panel, así como los remolques y semirremolques tipo vivienda, cuyo año-modelo fuera de entre diez y quince años anteriores al año en que se realizara la importación, siempre que el Número de Identificación Vehicular correspondiera al de fabricación o ensamble del vehículo en los Estados Unidos de América, Canadá o México. Se establecía un arancel ad valórem del 10%, para las fracciones arancelarias aplicables a la importación definitiva de los vehículos automotores usados a que se refiere ese Decreto, sin que se requiriera permiso previo de la Secretaría de Economía.

En el transitorio segundo del   mismo Decreto del 22 de agosto del 2005, se establecía que las personas físicas que, antes de la entrada en vigor ese Decreto, tuvieran en el país automóviles usados importados temporalmente, podrían cambiarlos al régimen de importación definitiva, sin necesidad de que se efectuara el retorno al extranjero.

El cambio de importación temporal a definitiva, únicamente se podría efectuar durante los seis meses siguientes a la entrada del Decreto, este plazo se cumplió el 22 de febrero del 2006. Se consideró que este tiempo había sido insuficiente por lo que el 9 de marzo del 2006 se publicó el Diario Oficial de la Federación otro Decreto por medio del cual el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ampliaba dicho plazo al 31 de mayo del 2006.

Resulta interesante observar, que las entidades federativas en las que más autos chocolate circulan, son las que más remesas provenientes de los Estados Unidos recibieron durante el 2006; por ejemplo, Michoacán, Guanajuato y Jalisco ocuparon el primero, segundo y tercer lugar en la recepción de remesas y son señaladas por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores como las entidades en que se han detectado el mayor número de autos chocolate.

En el estado de Michoacán la emigración a los Estados Unidos de América ha sido tan alta, que ha visto disminuida su población en casi 20 mil habitantes de acuerdo con los censos de los años 2000 y 2005, el PIB promedio por habitante en esa misma entidad es de 10 mil doscientos pesos anuales por lo que algunas personas viven con una cantidad mucho menor a esta; la situación en otras entidades no es más halagüeña.

Por lo señalado en el párrafo anterior, podemos inferir que gran parte de estas unidades, son importadas por los trabajadores ilegales que van a trabajar a los Estados Unidos. Estos trabajadores el año pasado enviaron remesas por  23053.8 millones de dólares  que equivalen a un 59 por ciento de las exportaciones petroleras; a un 94.7 por ciento de los ingresos por turismo; y es prácticamente equivalente a los 23,054 millones de dólares del superávit de la cuenta de transferencias; estas remesas constituyen una gran contribución a la economía del México, sería por lo tanto, de elemental justicia para estos trabajadores ilegales, permitirles la legalización de sus vehículos.

Como señalamos en los antecedentes, particularmente en la ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera y  La Ley del Registro Público Vehicular; el problema de no tener un registro de todos los automóviles que circulan en el territorio nacional, tiene no sólo consideraciones económicas sino de seguridad pública e incluso de seguridad nacional, el no tener registrados a todos los vehículos que circulan por las autopistas, carreteras y caminos de México, aumenta la factibilidad de que sean usados para actividades ilícitas, o en su defecto, si tienen algún percance con daños a terceros, simplemente abandonen el automóvil sin responsabilidad alguna.

El fisco con la regularización tendría un ingreso extra para las economías de los gobiernos locales. AMDIA, la AMIS y la AMDA, estimaban que para el año 2001 circulaban en nuestro país entre 1.5 y 2.5 millones de vehículos contrabandeados hacia nuestro país; mientras que en el país circulaban alrededor de 90 mil vehículos ilegales destinados al transporte de carga.

Una de las razones para explicar esta problemática obedece a la severa crisis por la que atraviesa desde hace años el campo mexicano, lo cual ha obligado a nuestros campesinos a adquirir camionetas de origen ilícito cuyo valor es de aproximadamente un 15 o 20% respecto de un auto de las mismas características, pero producido en el territorio nacional.

De los casi 700 mil vehículos que ingresaron de manera temporal a México durante el año 2002, cerca de una cuarta parte ya no regresó a su país de origen, concentrándose este problema en la franja fronteriza colindante con los Estados Unidos.

A fin de aliviar de alguna manera esta situación, las diversas administraciones federales han expedido normas de carácter general tendientes a regularizar la estancia de dichos bienes en México. De esta forma, entre los años 1978 y 2003 fueron puestos en marcha 14 programas de regularización vehicular, llegándose, incluso, en el año 2001, a aprobar la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera.

Recientemente en este gobierno el 18 de octubre de 2021 publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Acuerdo por el que se instruyen diversas acciones a las dependencias que se indican, en relación a la importación definitiva de vehículos usados, a favor de las personas físicas que residen en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Con objeto de fomentar la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera que se encuentren en el territorio de los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, el 19 y 21 de enero de 2022 se publicó en el DOF, el Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, así como su fe de erratas, respectivamente.

Asimismo, con la finalidad de desincentivar el uso de los vehículos referidos en la comisión de delitos en contra de la seguridad y patrimonio de los mexicanos, el 27 de febrero de 2022 se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforma el diverso por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2022, y se incluyó a los estados de Sinaloa y Zacatecas al referido programa de regularización.

El 20 de junio de 2022, el último decreto que permite la regularización de vehículos de procedencia extranjera, hasta el 20 de septiembre del presente año 2022, por lo que resulta muy breve el espacio para que los propietarios de estos vehículos pudieran terminar los trámites para la importación de estos vehículos y es muy necesario la ampliación de este plazo.

Es importante, por cuestiones de seguridad, que se normalice la estadía de vehículos de procedencia extranjera en México. La mayoría de estos vehículos pertenecen a familias de escasos recursos, algunas de estas familias se han sacrificado enviando a uno o varios de sus miembros a los Estados Unidos de América para hacerse de un patrimonio, del que alguna unidad de trasporte forma parte, es justo que por la gran contribución que estos braceros hacen a la economía de México puedan tener legalmente estas unidades.

Por esos motivos es que nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador sensible a las demandas de los mexicanos y a las necesidades de los mismos emitió una extensión al Decreto anteriormente referido para que los automóviles de procedencia extranjera puedan realizar su legal regularización hasta el 31 de diciembre de 2022. Por ello el que inicialmente era un punto de acuerdo para solicitarle la ampliación de dicho decreto ahora lo hemos convertido en un decreto de agradecimiento a nombre de todas y todos los duranguenses y mexicanas y mexicanos beneficiados con esta medida.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión expresa su agradecimiento y reconocimiento al titular del Ejecutivo Federal Presidente Andrés Manuel López Obrador, por haber ampliado al 31 de diciembre del 2022 el plazo establecido para la importación de vehículos de procedencia extranjera; mediante el decreto por el que se reforma el diverso por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2022, su fe de erratas de 21 de enero de 2022, y sus posteriores modificaciones de fechas 27 de febrero y 20 de junio, de 2022.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputada Martha Alicia Arreola Martínez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

SE INFORME DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE ANÁHUAC, NUMERAL 15, EL MIRADOR, EN COYOACÁN, AFECTADO POR EL SISMO OCURRIDO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México y a diversas autoridades locales a informar a la opinión pública las acciones realizadas para la reconstrucción del inmueble ubicado en calle Anáhuac número 15, El Mirador, en Coyoacán, afectado por el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado en la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, al Director General del Instituto de la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México, Renato Berrón Ruiz y a la Titular Comisionada para la Reconstrucción de la Ciudad de México, Jabnelly Maldonado Meza, a que en uso de sus facultades y atribuciones informen a la opinión pública las acciones llevadas a cabo para la reconstrucción del inmueble ubicado en la calle Anáhuac, marcado con el numeral 15 , colonia el Mirador, en la Alcaldía Coyoacán, afectado por el sismo ocurrido  el 19 de septiembre de 2017, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Para entender la problemática a la que se enfrentan las 40 familias que vivían en el inmueble ubicado en la calle de Anáhuac, número 15, colonia el Mirador, en la alcaldía Coyoacán, es necesario remontarnos 26 años en el pasado.

En el año de 1996 un grupo de 120 familias se organizaron para poder adquirir un predio a través de la gestión ante el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI). Dicha gestión fue encabezada por la unión popular Benita Galeana, organización civil encabezada en su momento por el actual diputado local, Gerardo Villanueva y por el ahora Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, quienes fungían como integrantes y fundadores.

Es así que en el año 2000, se firmó el contrato de crédito para la adquisición del terreno ante el INVI, pero derivado de la entrada en vigor del Bando número 2, en diciembre de ese mismo año, emitido por el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador” -mismo que impidió que fuera edificada la unidad habitacional-, fue necesario que las familias llevarán a cabo múltiples movilizaciones pacíficas, y que gracias a ello en el año 2003 lograran que el INVI aprobara la edificación mediante un crédito integral , pero solo para 40 de las 120 familias iniciales.

Para el año 2004, fueron entregados los 40 departamentos repartidos en 5 edificios en la unidad habitacional; por lo que cada condómino inició con el pagó de su crédito de edificación en el INVI, sumado a que en la corrida financiera de dicho crédito se adicionó un seguro de vida a nombre de cada titular y de daños por cada departamento, los cuales eran pagados mensualmente.

Es un hecho público y notorio lo sucedido el martes 19 de septiembre de 2017, cuando un terremoto de gran magnitud causó daños estructurales graves en los edificios que conforman la unidad habitacional citada, mismos que eran tan evidentes que los vecinos procedieron a solicitar la intervención de las autoridades involucradas con la finalidad de que se realizara la cuantificación de los daños.

Ante el evidente daño en la cimentación de los edificios, y la indolencia de las autoridades es que se requirió la intervención del Director de Obra 2000, Jorge Calzada López, quien determinó un alto riesgo de colapso debido al desplome de los cimientos. Dicho dictamen fue enviado mediante oficio al Instituto de la Seguridad de las Construcciones (ISC). Acto seguido, en marzo del año 2018 se apersonó en la unidad habitacional el Ingeniero Díez de Bonilla, por parte de la Comisión de Emergencia para realizar la valoración, de la cual se desprendió que el edificio “ B” era considerado como vivienda de alto riesgo, y los edificios restantes presentaban inclinaciones que rebasaban lo establecido por el reglamento de construcciones.

En agosto de ese mismo año, los vecinos de la unidad habitacional sostuvieron una reunión con el entonces director del INVI, Raymundo Collins, donde se acordó que los residentes desalojaran los departamentos para su demolición y reedificación, en dicho acto la autoridad responsable se comprometió a resguardar el predio.

En agosto de ese mismo año, los vecinos de la unidad habitacional sostuvieron una reunión con el entonces director del INVI, Raymundo Collins, donde se acordó que los residentes desalojaran los departamentos para su demolición y reedificación, en dicho acto la autoridad responsable se comprometió a resguardar el predio.

Es así, que en septiembre de ese mismo año, se procedió al desalojo de los departamentos. A solicitud del INVI se retiraron puertas, ventanas y el mobiliario a fin de evitar invasiones, por lo que desde entonces se ha contado con vigilancia permanente a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

Por su parte el ISC, durante marzo de 2019 entregó en copia simple la determinación de riesgo del inmueble ubicado en la calle de Anáhuac número 15; en dicho dictamen fue catalogado como inmueble de riesgo medio, sin que mediara la intervención de ningún especialista o se realizaran inspecciones oculares o estudios técnicos (propios) que sustenten el dictamen de referencia, además, de que toman como fundamento para emitir su resolución, el dictamen del DRO que fue pagado por los condóminos de la unidad habitacional, sin considerar  las conclusiones del dictamen original, por el contrario, concluyendo lo opuesto.

A consecuencia de lo anterior los vecinos tuvieron que asumir el costo de los siguientes estudios:

1. Dictamen de DRO de los 5 Edificios, diciembre de 2017

2. Dictamen estructural de los 5 edificios

3. Dictamen de DRO de los 5 edificios, junio de 2018

4. Estudio Geofísico del inmueble

5. Estudios de estructura de suelo con pozos a cielo abierto

6. Mecánica de Suelos.

Los resultados de dichos estudios arrojaron varios vicios de origen en las edificaciones, por ejemplo, que por el tipo de suelo donde se realizó la construcción al ser suelo tipo lacustre III, se requería que el relleno se hiciera con tepetate por las características de este material, al hacer el relleno con cascajo fue una de las causas de la situación actual del inmueble, esta información se les hizo llegar al INVI y la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México.

Entre los meses de agosto y septiembre de 2019, derivado de la de diversas gestiones ante la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, y posterior a una visita del entonces director, César Cravioto Romero, el cuál accedió a ordenar un TERCER dictamen, esta vez a cargo del Colegio de Ingenieros Civiles de México, mismo que arrojó que efectivamente existían afectaciones mayores en los inmuebles y que era necesaria la intervención de la Comisión.

Una vez que se verificó el riesgo y la imposibilidad de habitar los inmuebles de la Unidad Habitacional, dieron inicio las reuniones con la Comisión, para la reconstrucción de estos, en las cuales se hizo saber a la autoridad la existencia de las pólizas del seguro de daños vigentes en favor de 26 de los 40 condóminos.

Derivado de lo anterior, la Comisión condicionó su labor de reconstrucción, a la transferencia de los recursos del seguro de los inmuebles para amortizar el gasto de reconstrucción de los inmuebles.

Las empresas aseguradoras dictaminaron pérdida total y la imposibilidad de habitar los 40 departamentos, por lo que procedieron al pago de las coberturas ante el INVI, lo que generó que la cobertura de las pólizas de liquidación de los saldos insolutos de cada uno de los 26 inmuebles que se tenían ante el instituto, mismas que se encontraban respaldados en la escritura pública donde obra dicho acto jurídico.

Se sostuvieron múltiples reuniones, en las que se les hizo saber a los representantes de la Comisión de Reconstrucción y del INVI, la imposibilidad contractual y legal para que pudieran ejercer los recursos del seguro de daños para financiar la reconstrucción de los departamentos, a pesar de las explicaciones brindadas las autoridades se empeñaron en seguir condicionando su accionar si se les otorgaba el remanente de los seguros. Lo anterior, persistió con la nueva comisionada, Jabnelly Maldonado Meza, la cual continuó con la postura de impedir los trabajos si no se cedían los fondos de los seguros.

Ante la insistencia de los 26 condóminos interesados, y derivado de la petición de los mismos, el INVI se vio obligado a proceder a la liquidación de los seguros, en los términos estipulados en las escrituras públicas correspondientes.

De esta manera, el 14 de noviembre de 2019, se apersonó en el predio el Ingeniero José Nolasco Espiridión, quien fue contratado por la Comisión de Reconstrucción, para dar a conocer el proyecto de reconstrucción de la Unidad Habitacional Anáhuac #15, el cuál era deficiente pues no contemplaba la atención de la problemática de la cimentación, ni consideraba el mejoramiento de los suelos para así evitar que se repitiera la falla estructural que causó los daños en los edificios.

Los vecinos de Anáhuac #15 a fin de que a la brevedad se inicien los trabajos de reconstrucción, realizaron la siguiente propuesta al INVI y a la Comisión de Reconstrucción; que a falta de una cláusula contractual y específica y disposición legal aplicable, se destine el monto del remanente del pago de las pólizas de daños que asciende a la suma de $ 2,709,108.85 (dos millones, setecientos nueve mil ciento ocho pesos con ochenta y cinco centavos 00/100 M.N), a los conceptos no considerados en el proyecto de rehabilitación propuesto por la Comisión de Reconstrucción, pero que son indispensables para garantizar la habitabilidad y seguridad de los inquilinos.

Es importante que los vecinos que sufrieron afectaciones a sus inmuebles, tengan certeza y el apoyo total de las autoridades, pues ya a casi 5 años de ese lamentable acontecimiento no cuentan con sus viviendas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.— La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, al Director General Del Instituto de la Seguridad De Las Construcciones en la Ciudad de México, Renato Berrón Ruiz y a la Titular Comisionada para la Reconstrucción de la Ciudad De México, Jabnelly Maldonado Meza, a que informen a la opinión pública, cuáles son las acciones que se tienen contempladas llevar a cabo para la reconstrucción del inmueble ubicado en la calle Anáhuac número 15, colonia el Mirador, en la alcaldía Coyoacán, que den certeza y seguridad a los condóminos de dichos inmuebles.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

SE ATIENDA LA SITUACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA MARÍA GUIENAGATI, GUEVEA DE HUMBOLDT Y SANTIAGO IXCUINTEPEC, DERIVADA DE LAS LLUVIAS QUE HAN AZOTADO A LA SIERRA MIXE ZAPOTECA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Oaxaca a atender de manera pronta y expedita la situación que ha afectado a los municipios de Santa María Guienagati, Guevea de Humboldt y Santiago Ixcuintepec, derivada de las fuertes lluvias que han azotado a la Sierra Mixe Zapoteca, a cargo del diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Jorge Ángel Sibaja Mendoza, diputado del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Oaxaca a que atienda de manera pronta y expedita la situación que ha afectado a los municipios de Santa María Guienagati, Guevea de Humboldt y Santiago Ixcuintepec, derivado de las fuertes lluvias que han azotado a la sierra mixe zapoteca, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las fuertes lluvias que se han presentado en la sierra mixe zapoteca en el estado de Oaxaca, han dejado graves afectaciones, como es el caso de las inundaciones que han impedido la comunicación entre diversos municipios, a consecuencia de estas, ha tenido lugar el deslizamiento de laderas, caída de árboles y tierra acumulada sobre las vías de comunicación que han dificultado el paso de vehículos y de personas desde y hacia las comunidades de Santa María Guienagati, Guevea de Humboldt y Santiago Ixcuintepec.

Es importante señalar que, ante esta emergencia los pobladores de dichos municipios, han manifestado no tener energía eléctrica, agua potable, además de que no han podido obtener los alimentos de la canasta básica necesarios para su día a día, por la dificultad que representa no poderse trasladar a otras comunidades, ya que las condiciones de los caminos por los que tienen que transitar, no son las más óptimas.

Fuentes de noticias han señalado que en el municipio de Guevea de Humboldt, se ha pedido auxilio al gobierno del estado de Oaxaca para que atienda las necesidades de esas poblaciones.

Al respecto, el agente municipal de Nueva Esperanza, Orestes Marín García, ha señalado que se necesitan unas 300 despensas, asimismo, solicitan que la CFE repare tres postes dañados por las lluvias y que el gobierno de Oaxaca arregle la tubería de agua que se afectó con tanta lluvia.

A raíz de las fuertes precipitaciones que se han presentado, los caminos se encuentran intransitables, razón por la que solicitan también, la presencian de las autoridades de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), para que envíen maquinarias a fin de limpiar las zonas afectadas.

Este no es un tema reciente, las lluvias han sido una constante para estos municipios de la sierra mixe zapoteca, pues las comunidades se han mantenido incomunicadas debido a las inundaciones, que incluso ponen en riesgo su integridad física.

Por estas razones, el Congreso del estado de Oaxaca, solicitó a los titulares de la Coordinación Estatal de Protección Civil y de Caminos y Aeropistas de Oaxaca atender a las comunidades indígenas de la Sierra Mixe, afectadas por las lluvias y derrumbes, ya que las afectaciones ocasionadas por las lluvias son severas, por lo que requiere hacer una valoración de los daños, así como la rehabilitación de los caminos de terracería a la brevedad posible.

Las personas que habitan en estas comunidades han expresado su preocupación frente a esta problemática que, como se ha mencionado anteriormente, ha dejado a los municipios de Santa María Guienagati, Guevea de Humboldt y Santiago Ixcuintepec, además de otros municipios circunvecinos, sin luz, agua y comestibles.

La incertidumbre de los habitantes frente a las fuertes lluvias se incrementa con el paso de los días, por sentirse inmersos en un contexto de riesgo, pues se ha señalado que algunas viviendas se encuentran a punto de colapsar, así lo mencionaron medios de comunicación locales, que han evidenciado el peligro que representan los deslizamientos de laderas, inundaciones, además del reblandecimiento de construcciones a causa de la humedad.

Al mismo tiempo, el presidente Municipal de Guevea de Humboldt, Rubén Ortiz Ramírez, informó que, debido a los deslaves y derrumbes, se tienen contabilizadas hasta el momento un aproximado de 30 viviendas dañadas y cien familias afectadas; sin embargo, esta cifra podría incrementarse debido a que las lluvias continúan presentes.

El 10 de septiembre pasado, el residente de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), Jaime Ordóñez, acudió a la cabecera municipal de Guevea de Humboldt a proporcionar vales de diesel para que las autoridades auxiliares arreglen el camino, sin embargo, los agentes municipales, comentaron que no tienen la maquinaria y tampoco dinero para rentarla.

Sin lugar a dudas, la situación que atraviesan los municipios de la sierra mixe debe ser atendida, pues las fuertes lluvias y tormentas continuaran en gran parte del territorio oaxaqueño, así lo indicó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca.

“Estos fenómenos hidrometeorológicos podrían ocasionar inundaciones de corrientes rápidas y peligrosas, crecidas de ríos con posibles desbordamientos momentáneos, deslizamientos de laderas en zonas de alta pendiente, por lo que es de vital importancia, atender las recomendaciones de Protección Civil de su localidad y autoridades portuarias”, explicó la institución en un comunicado.

Es muy importante reforzar los trabajos en materia de protección civil en estos municipios para salvaguardad la integridad física de sus habitantes, además de contribuir en la reducción de riesgos o emergencias y mitigar sus efectos, por ello, este punto de acuerdo, busca que, en un marco de coadyuvancia, se convoque a las instancias correspondientes del gobierno del estado de Oaxaca, para atender de manera pronta y eficiente la situación que se ha presentado derivado de los fenómenos hidrometeorológicos, así como hacer llegar la maquinaria necesaria para poder retirar todo el derrumbe que han provocado las fuertes lluvias, y con ello, liberar los caminos de comunicación entre los municipios y comunidades señaladas, así como resolver el tema relativo a la falta de energía eléctrica y apoyo con víveres a las personas afectadas.

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Oaxaca a que atienda de manera pronta y expedita la situación que ha afectado a los municipios de Santa María Guienagati, Guevea de Humboldt y Santiago Ixcuintepec, derivado de las fuertes lluvias que han azotado a la sierra mixe zapoteca.

Notas

1 https://oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/sin-comida-agua-ni-luz-nueva-esper anza-pide-auxilio-al-gobierno-de-oaxaca-ante-fuertes

2 https://estadoactual.com/danos-por-lluvia-cortan-comunicacion-terrestre-con-la- sierra-mixe-zapoteca/

3 https://codicesoaxaca.mx/2022/09/15/piden-a-gobierno-estatal-reparar-caminos-en -la-sierra-norte-y-costa/?fbclid=IwAR0y2q8Z BGnrj_cI-6ggeUm-hvKybiN2wSsF9WhJhu2pERgyPepq88t2lMM

4 https://mxpolitico.com/oax-seguridad/100-familias-de-municipio-indigena-de-oaxa ca-son-afectadas-por-las-lluvias/?fbclid=Iw AR05lFmoG-yarRpqTWxTBjaCK4v4Eoe3ZhtYwL457byxouhqIQTfjSgINXQ

5 https://oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/sin-comida-agua-ni-luz-nueva-esper anza-pide-auxilio-al-gobierno-de-oaxaca-ante-fuertes

6 Ídem

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre del 2022.– Diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, para dictamen.

ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL BÁSICO DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ, DE LA CIUDAD DE MÉXICO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a realizar las acciones para el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de las instituciones educativas de nivel básico dentro de la demarcación territorial Benito Juárez, de la Ciudad de México, a cargo del diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, y las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Honorable asamblea lo siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que mandate a la Dirección General de Operación de Servicios Educativos a su cargo, a realizar las acciones conducentes y necesarias para el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de las Instituciones Educativas de nivel básico dentro de la demarcación territorial Benito Juárez y de toda la Ciudad de México, a tenor siguiente

Antecedentes

El día 19 de septiembre del año 2017 un sismo de magnitud 7.1 sacudía y revivía en la memoria de muchos ciudadanos el amargo momento de aquel año de 1985, ya que casi 32 años después de esa tragedia, la Cuidad De México tuvo que volver a enfrentarse a las consecuencias de este desastre. Como ya sabemos, esto trajo consigo consecuencias terribles, por ejemplo, aproximadamente 370 víctimas mortales, así como miles de heridos, además de daños físicos a la ciudad.

Dichos daños se vieron reflejados en diferentes sectores, afectando a Alcaidías como Benito Juárez, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Milpa Alta, Álvaro Obregón, Xochimilco y Tláhuac. “Según el conteo rápido de daños realizado por el Gobierno de la Cuidad, se encontraron 38 derrumbes, de los cuales 12 ocurrieron en Benito Juárez”.

Cuatro años después, el 7 de septiembre de 2021 se registra un sismo nuevamente de magnitud 7.1 y posteriormente una réplica de magnitud 5.2, según datos del Secretario de Gobierno Martí Batres durante este, no se registraron daños graves. Estos dos sismos sumados a la mala o poca atención a escuelas de nivel básico en la Alcaldía Benito Juárez las han puesto en una situación de deterioro y olvido terrible.

Ejemplo de esto son la escuela Federico Álvarez en la cual los padres de familia expresan que hay daños en uno de los edificios y las instalaciones no pueden usarse hasta conocer los detalles, sin embargo, no les han dado una solución concreta, o la Primaria José María Mata donde un grupo de padres de familia bloquearon la avenida Amores y exigieron solución a su demanda que consistía en la reparación de una de las escaleras del plantel que presenta daño estructural por el sismo del 2017.

Durante el mes de enero del año en curso, la alcaldía comenzó a recibir un gran número de solicitudes por parte de Instituciones educativas públicas, de nivel básico; localizadas dentro de la demarcación territorial de Benito Juárez. Las solicitudes refieren una diversidad de peticiones que a continuación se enuncian:

• Apoyo para pintar fachadas en interiores y exteriores.

• Construcción de baños.

• Desazolves.

• Instalación de lavabos.

• Retiro de hojarasca.

• Instalación de arco techos.

• Mantenimiento a domos.

• Poda de árboles.

• Impermeabilización de techos.

• Plomería para baños.

• Construcción de escalera de emergencia.

• Levantamiento de columnas.

• Construcción de trabes de refuerzo en los pasillos.

• Reforzamiento de cancelería.

Dichas solicitudes se han llevado a cabo para el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de las instituciones a continuación mencionas, esto por y para el bienestar de la comunidad estudiantil, recordemos que este sector de la población debe de ser una prioridad para el Gobierno de México. A continuación, se muestra la lista de peticiones que incluyen nombre de la escuela, quien suscribe y que solicita:

Atender este tipo de acciones le corresponden puntualmente al Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa (ILIFE), sin embargo, dicho Instituto turnó las peticiones hechas a la alcaldía, a la Dirección General de Operación de Servicios Educativos de la Autoridad Educativa Federal (SEP) en la Ciudad de México, el ILIFE ya ha respondido con varios oficios alegando que:

Por tal motivo la Alcaldía Benito Juárez se ha visto obligado a dirigir algunas de las solicitudes en materia de servicios urbanos, a las áreas competentes de dicho órgano político administrativo, esto con la finalidad de no dejar en situación de desamparo a los planteles de educación pública, sin embargo, los esfuerzos no han sido suficientes, debido a que esta demarcación territorial no tiene las atribuciones legales ni presupuestales para tales solicitudes de infraestructura física.

En conclusión, es necesario que la Secretaría de Educación Pública, a través de las áreas responsables del mantenimiento de la infraestructura física educativa, atiendan este tipo de solicitudes que no son más que para la protección de los educandos de la demarcación que dignamente represento.

Necesitamos que hagan caso de estos llamados para evitar posteriores tragedias como la ocurrida en el colegio Rebsamen en la alcaldía Tlalpan.

Recordemos que nuestra ciudad es susceptible de movimientos telúricos fuertes y que nuestra alcaldía está en el epicentro de la ciudad, lo que significa doblemente un riesgo para los inmuebles de Benito Juárez.

Por lo anteriormente fundado y motivado, se pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo

Único. La H. Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que mandate a la Dirección General de Operación de Servicios Educativos a su cargo, a realizar las acciones conducentes y necesarias para el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de las Instituciones Educativas de nivel básico dentro de la demarcación territorial Benito Juárez y de toda la Ciudad de México.

Nota

1. Fuente: https://congresocdmx.gob.mx/media/banners/d120319-2.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A ATENDER EL REZAGO EN ESQUEMAS DE VACUNACIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno federal, a través de la Ssa, a atender el rezago en esquemas de vacunación, de manera que se reactiven, apliquen y fortalezcan las campañas en todo el país, suscrita por los diputados Mariela López Sosa, Óscar de Jesús Almaraz Smer y César Augusto Rendón García, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados Mariela López Sosa, Oscar de Jesús Almaraz Smer, César Augusto Rendón García del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional correspondiente a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al gobierno federal a través de la Secretaría de Salud a atender el rezago en esquemas de vacunación, de manera que se reactiven, apliquen y fortalezcan las campañas de vacunación en todo el país.

Consideraciones

El Programa de Vacunación Universal, es una política pública de salud, cuyo objetivo es otorgar protección específica a la población contra enfermedades que son prevenibles a través de la aplicación de vacunas. Contiene las acciones que deben llevarse a cabo en todas las instituciones de Sistema Nacional de Salud del país para lograr el control, eliminación y erradicación de las enfermedades prevenibles por vacunación.

Los objetivos de la vacunación universal en el marco de los compromisos nacionales e internacionales son alcanzar y mantener el 90% de cobertura de vacunación con el Esquema Básico de Vacunación: BCG (una dosis), Hepatitis B (3 dosis) Pentavalente acelular (4 dosis), triple viral SRP (una dosis), rotavirus (3 dosis), neumocócica (3 dosis), triple bacteriana DPT (una dosis) en menores de cinco años de edad en cada entidad federativa; alcanzar y mantener el 95% de cobertura de vacunación para cada uno de los biológicos del esquema en menores de 5 años de edad, en cada entidad federativa; mantener la erradicación de la poliomielitis por el polio virus silvestre; prevenir brotes de poliomielitis por virus derivado de vacuna; mantener el control epidemiológico de la difteria; mantener la eliminación del tétanos neonatal, como problema de salud pública; mantener el control epidemiológico del tétanos no neonatal; mantener la eliminación del sarampión, la rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita (SRC) y mantener el control de la tos ferina.

Asimismo prevenir las formas graves de tuberculosis (tuberculosis meníngea y miliar); prevenir infecciones invasivas por Haemophilus influenzae tipo b (meningitis, neumonía y artritis séptica) y por neumococo; control epidemiológico de la parotiditis; disminuir la severidad de la gastroenteritis causada por rotavirus; prevenir las complicaciones de las Infecciones Respiratorias Agudas por el virus de la Influenza; reducir la incidencia de infección por el Virus del Papiloma Humano; asegurar el manejo adecuado de biológicos e insumos del Programa; asegurar la detección, notificación, estudio y seguimiento oportunos de los Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunación o Inmunización (ESAVI); asegurar la disponibilidad continua de vacunas del Esquema Nacional de Vacunación mediante la adecuada programación y abasto. Además de apoyar con información técnico-científica para la introducción de biológicos de importancia en salud pública.

La vacunación es tan importante pues tras vacunarnos, nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos, como ocurre cuando nos exponemos a una enfermedad, con la diferencia de que las vacunas contienen solamente agentes muertos o debilitados y no causan enfermedades ni complicaciones. Cuando una persona se vacuna contra una enfermedad, su riesgo de infección también se reduce, por lo que es mucho menos probable que transmita el virus o la bacteria a otras personas. Cuantas más personas de una comunidad se vacunen habrá menos personas vulnerables, y de ese modo se reducirán las probabilidades de que una persona infectada transmita el agente patógeno a otros.

Según datos y cifras de la Organización Mundial de la Salud del 2019 al 2020, la cobertura mundial de vacunación cayó del 86% al 83% y se calcula que 23 millones de niños menores de un año no recibieron vacunas básicas, lo que supone la cifra más alta desde 2009. La pandemia causada por el COVID-19 pusieron bajo presión a los sistemas de salud y se calcula que 23 millones de niños no fueron vacunados en 2020, lo que supone 3.7 millones más que en 2019 y la cifra más alta desde 2009.

En 2020, 17.1 millones de lactantes no recibieron una dosis inicial de la vacuna DTP, lo que apunta a falta de acceso a servicios de inmunización y otros servicios de salud, y otros 5.6 millones solo están parcialmente vacunados. De esos 23 millones de niños más del 60% viven en 10 países: Angola, Brasil, Etiopía, Filipinas, India, Indonesia, México, Nigeria, Pakistán y República Democrática del Congo.

El escenario es alarmante y ante el riesgo de que entre la población infantil de México resurjan enfermedades ya erradicadas o brotes de otras que ya están controladas, se requiere atender rezago en esquemas de vacunación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la asamblea la presente proposición con punto de acuerdo

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Gobierno federal a través de la Secretaría de Salud a atender el rezago en esquemas de vacunación, de manera que se reactiven, apliquen y fortalezcan las campañas de vacunación en todo el país.

Notas

1. Secretaría de Salud. (2013). Programa de Acción Específico. Vacunación Universal . 1 de septiembre de 2022, de Gobierno de México Sitio web:

http://www.censia.salud.gob.mx/contenidos/descargas/transparenci a/especiales/PAE_Vacunacion_Universal_PAE_final_final.pdf

2. Secretaría de Salud. (2015). Esquema de Vacunación. 1 de septiembre de 2022, de Gobierno de México Sitio web:

https://www.gob.mx/salud/articulos/esquema-de-vacunacion

3. Ibidem.

4. Organización Mundial de la Salud. (2022). Cobertura vacunal. 5 de septiembre de 2022, de Organización Mundial de la Salud Sitio web:

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/immunization -coverage

Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputada Mariela López Sosa (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO FEDERAL, A INCLUIR LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 EN EL PROGRAMA DE VACUNACIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno federal a incluir la vacuna contra el covid-19 en el Programa de Vacunación, suscrita por los diputados Mariela López Sosa, Óscar de Jesús Almaraz Smer y César Augusto Rendón García, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados Mariela López Sosa, Oscar de Jesús Almaraz Smer, César Augusto Rendón García y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional correspondiente a la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno federal para incluir la vacuna contra el covid-19 en el Programa de Vacunación y se garantice el presupuesto para la adquisición del antígeno a fin de salvaguardar la salud de los mexicanos.

Consideraciones

La vacunación es una de las mejores prácticas eficaces para la prevención de enfermedades y un elemento clave dentro de la medicina preventiva. Una vacuna, es una preparación farmacéutica que contiene agentes que simulan a los microorganismos causantes de una enfermedad, en forma debilitada, atenuada o inactivada y se administran con la finalidad de que el organismo los conozca, para que pueda producir anticuerpos y activar la respuesta del sistema inmunológico, así, guarda información que le ayuda a saber cómo atacar diversas enfermedades infectocontagiosas provocadas por virus, bacterias y/o parásitos, poniendo en marcha las defensas naturales del cuerpo, desencadenando una respuesta en el sistema inmunitario.

Después de la administración de una o más dosis de una vacuna contra determinada enfermedad, el organismo queda protegido contra ella durante periodos específicos o, incluso, para toda la vida. Gracias esto, por medio de la vacunación se ha logrado erradicar diversas enfermedades que han causado muertes a nivel mundial.

Ante el actual panorama epidemiológico de la covid-19, el tema de la vacunación adquiere mayor relevancia, aún se reportan índices elevados de contagios y muertes en el mundo por SARS-CoV-2, por lo que la búsqueda de una vacuna para el desarrollo de defensas contra este virus ha sido el principal reto de salud y política pública, tanto a nivel nacional como internacional.

El acceso equitativo a vacunas seguras y eficaces es fundamental para poner fin a la pandemia de covid-19, a febrero del 2022, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha autorizado las vacunas de Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford, Janssen, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Bharat y Novavax, otras vacunas continúan siendo estudiadas, además, agencias reguladoras nacionales (ARN) han autorizado otras vacunas contra la covid-19 en países específicos.

Los datos disponibles sugieren que la mayoría de las personas que se recuperan de covid-19 desarrollan una respuesta inmunitaria que proporciona de seis meses de protección contra la reinfección, por lo que la OMS recomienda que todas las personas elegibles reciban una dosis de refuerzo de cualquier vacuna aprobada por la Organización tan pronto como se les ofrezca.

Es necesario contar con el presupuesto y aplicación de la vacuna a los mexicanos, a fin de garantizar su derecho a la salud e integridad. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la asamblea la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y al Consejo Nacional de Vacunación a incluir la vacuna contra el covid-19 en el Programa de Vacunación Universal.

Notas

1. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. (2021). La importancia de la vacunación como medida para la prevención de enfermedades. 19 de agosto de 2022, de Gobierno de México Sitio web:

https://www.gob.mx/inapam/es/articulos/la-importancia-de-la-vacu nacion-como-medida-para-la-prevencion-de-enfermedades? idiom=es

2. Ibidem.

3. Organización Panamericana de la Salud. (2022). Preguntas frecuentes: Vacunas contra la COVID-19. 22 de agosto de 2022, de Organización Panamericana de la Salud Sitio web: https://www.paho.org/es/vacunas-contra-covid-19/preguntas-frecuentes-vacunas-co ntra-covid-19

Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputada Mariela López Sosa (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO A LA SEP Y A LA SECRETARÍA DE SALUD, A REALIZAR ACCIONES EN MATERIA DE SALUD ESCOLAR

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y a la Ssa a realizar las acciones en materia de salud escolar, así como actualizar y vigilar el cumplimiento de los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, a cargo del diputado Pedro Salgado Almaguer, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Pedro Salgado Almaguer, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud, para que se lleven acciones en materia de salud escolar y se actualicen y se vigile el cumplimiento de los Lineamientos Generales para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las Escuelas del Sistema Educativo Nacional, en relación a la prohibición al expendio, distribución y venta al interior y exterior de las escuelas, de productos de bajo valor nutrimental y que excedan los nutrientes críticos, a cargo del diputado Pedro Salgado Almaguer, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La pérdida de cultura alimentaria y el deterioro de los hábitos alimenticios que se viven actualmente en nuestro país, es un motivo fundamental para trabajar en políticas públicas que fortalezcan y prevengan las complicaciones futuras en términos de salud alimentaria.

La creciente epidemia de obesidad, ha sido uno de los retos más importantes de salud pública en México durante los últimos años.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, México puede ser considerado como un país mayoritariamente malnutrido. Lo que significa que mientras algunas personas tienen insuficiencia de nutrientes como desnutrición, otras cuentan con un exceso de uno o más nutrientes en la dieta como sobrepeso y obesidad; la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 revela que en nuestro país la prevalencia de sobrepeso recae con más fuerza en los menores de 8 años, siendo el 24% de ellos y el 26% con obesidad en menores de 9 años.

México ocupa el 5o. lugar de obesidad en el mundo y se estima que la cifra aumente en 35 millones de adultos para la siguiente década, con 21 millones de mujeres que padecen obesidad, un 41% de prevalencia, y 15 millones de hombres con una prevalencia del 31%, la Federación Mundial de Obesidad y Atlas Mundial de Obesidad estiman que para 2030, el 36.8% de las personas del país tengan obesidad, con un incremento anual del 1.6%, esto equivale a más de 35 millones de adultos para la siguiente década, de continuar las tendencias actuales, se prevé que para 2030, el 42.9% de los niños de 5 a 19 años en México vivan con obesidad.

El sobrepeso y la obesidad actualmente se presentan en todos los grupos de edad, siendo la población infantil y adolescente de las más vulnerables, lo que muchas veces genera que el niño y el adolescente padezcan problemas de salud que antes se consideraban sólo como problemas de adultos, como diabetes, presión arterial alta y colesterol alto, es por ello considerar que la alimentación saludable y un estilo de vida activo, son la clave para prevenir este tipo de problemas.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020 informa que el 38.2% de niños de 5 a 11 años, tienen sobrepeso y obesidad, por otra parte el 43% de niños y adolescentes de 12 a 19 años la padecen. Entre las complicaciones relacionadas con la obesidad se encuentran la ansiedad y depresión.

Dicha encuesta también estima que en México en los últimos diez años, la obesidad entre adolescentes ha aumentado del 34.9 al 43.8 por ciento, de acuerdo con las diferentes ediciones, 2.8% de los niños y niñas menores de 5 años presentan bajo peso, el 13.6% muestra baja talla y el 1.6% desnutrición aguda. Unicef también indica que 59% de los niños tuvo una diversidad mínima en su dieta y el 18% no consumió frutas ni verduras.

De acuerdo a las Encuestas Ensanut, realizadas por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en los años 2006, 2012 y 2018, la prevalencia de sobrepeso en niños menores de cinco años fue de 20.2%, 19.8% y 18.1% respectivamente. Para la obesidad siguiendo el mismo orden de años de levantamiento de la Ensanut, las prevalencias fueron de 14.6%, 14.6% y 17.5%. La prevalencia de sobrepeso más obesidad en 2006 fue de 34.8%, en 2012 de 34.4% y para el año 2018 de 35.6%. En 2018 y 2019, el total de niños entre 5 y 11 años de edad con obesidad fue de 1,923,551, el número de niños con sobrepeso fue de 1,989,501 niños.

En total niños con sobrepeso más obesidad fue de 3,313,052, de 2006 a 2018 la prevalencia de obesidad en este grupo de población pasó de 14.6% a 17.5% respectivamente, como se puede ver, es un aumento muy importante y considerable.

México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, un problema que está presente no sólo en la infancia y la adolescencia, sino también en población en edad preescolar. Datos de INEGI en 2020, informan que poco más de una quinta parte (22%) de niñas y niños con menos de 5 años, tenía riesgo de padecer sobrepeso en 2018.

Las organizaciones ContraPESO y la Alianza por la Salud Alimentaria, advirtieron que las escuelas son espacios que promueven la obesidad, ya que la prevalencia por esta enfermedad a lo largo de la primaria aumenta un 50%.

A manera de ejemplo, en el estado de Nuevo León, existen más de un millón de niños cursando el nivel de primaria, de los cuales en base a cifras de la Facultad de Salud Pública y Nutrición (Faspyn), casi 400 mil de ellos, cuentan con algún nivel de sobrepeso y desarrollaron enfermedades crónicas debido a su problema de obesidad.

Resultados de la plataforma Mi Escuela Saludable, la cual surgió como una iniciativa del Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en México, como un espacio para recopilar observaciones de padres y madres de familia sobre las escuelas de sus hijos e hijas, identificó que más de 97 por ciento de las escuelas no cumplen con los lineamientos para la venta de alimentos y bebidas dentro y fuera de los planteles y a pesar de ello, ninguna escuela ha recibido la sanción correspondiente, como se estableció desde 2014.

Dos reportes del Instituto Nacional de Salud Pública registraron el consumo de una cantidad similar de caloría al día por alumno, la cual calificaron como inaceptable, ya que propicia trastornos metabólicos, como obesidad y diabetes; además de déficit de atención e hiperactividad que provocan daños profundos en el aprendizaje y la salud. A lo anterior se suma el hecho de que las escuelas se han convertido en generadoras de grandes cantidades de basura plástica, lo cual provoca un deterioro al medio ambiente.

La auditoría realizada por el Poder del Consumidor en el mes de julio de este año, arrojó como resultado de la recolección de basura plástica identificada de los productos más consumibles en las escuelas durante una jornada escolar, un total de 1,711 residuos contaminantes, de los cuales 1,238 correspondían a plásticos etiquetados provenientes de jugos y leches con azúcar, dulces, galletas, pastelillos y frituras. Al mismo tiempo, se realizó un análisis de los ingredientes y del contenido nutrimental de 20 productos y se encontró que durante la jornada escolar en un día, el alumno consume en promedio 550 calorías de alimentos no saludables, además de considerar las calorías propiciadas por el desayuno y otras comidas que se pueden realizar al día, de igual manera se identificó que los infantes consumen hasta 15 colorantes diferentes, por cierto, algunos de los cuales están prohibidos en otros países, debido a sus efectos.

En 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a la Secretaria de Educación Pública a fin de que se protejan los derechos a la educación, la salud y la alimentación saludable en los espacios escolares, sin embargo, hasta el momento han sido nulas las acciones al respecto.

A pesar de que a partir del año 2010 existen en el país los Lineamientos Generales para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las Escuelas del Sistema Educativo Nacional que establecen cuáles son los alimentos y bebidas permitidos y no permitidos para su venta y distribución en las escuelas de educación básica, y a partir del año 2014, dichos lineamientos son obligatorios y sancionables por su incumplimiento, a la fecha han sido difíciles de aplicar.

De igual manera a pesar de que en abril del 2021, la Secretaria de Educación Pública (SEP) y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) firmaron un acuerdo de colaboración para educar en la creación de escuelas limpias y sustentables, lo que contempla fomentar el uso mínimo de residuos plásticos y la práctica de una alimentación saludable en todos los niveles educativos, una auditoría realizada a la basura de un plantel evidenció que no existe un adecuado manejo del tema.

En base a lo antes mencionado, es fundamental llevar a cabo las acciones pertinentes por parte de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, para promover el desarrollo integral de los niños y niñas, particularmente en materia de salud, alimentación y educación, a través de la implementación y coordinación para la ejecución de lo plasmado en nuestra normatividad, como lo es:

El Decreto por el que se reforman los artículos 3o. y 73, donde se adiciona un párrafo tercero y un inciso d) al párrafo segundo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 26 de febrero de 2013, en el cual se señala en su Transitorio Quinto, fracción III, inciso c) que el Congreso de la Unión y las autoridades competentes deberán prever, al menos, entre otras, las adecuaciones al marco jurídico, para prohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos.

La Ley General de Educación, donde en su artículo 7o., dispone que la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los relativos a contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas; fomentar la educación en materia de nutrición, desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud. De igual manera en su artículo 24 Bis de dicho ordenamiento, se señala que la Secretaría de Educación pública, mediante disposiciones de carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables, establecerá los lineamientos a que deberán sujetarse el expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela, en cuya elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal efecto determina la Secretaría de Salud. Estas disposiciones comprenderán las regulaciones que prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos y fomenten aquellos de carácter nutrimental.

La Ley General de Salud, en sus artículos 112, fracción III y 113, establece que la educación para la salud tiene por objeto orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, y que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, y con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, formulará, propondrá y desarrollará programas de educación para la salud, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población;

Dicho ordenamiento, en su artículo 115, dispone que la Secretaría de Salud tendrá a su cargo el normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables; normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas, y establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos;

La Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, “Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria publicada el 22 de enero de 2013, señala que la orientación alimentaria debe llevarse a cabo mediante acciones de educación para la salud, haciendo énfasis en el desarrollo de capacidades y competencias, participación social y comunicación educativa.

Los niños tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, por lo que se debe combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos de conducta alimentaria.

A pesar de lo considerado anteriormente, es urgente transformar las escuelas en espacios de protección y bienestar en donde las niñas y los niños sean una prioridad. Aún hay una agenda pendiente en materia de derechos de la niñez. En este senito es importante hacer un llamado a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud, a fin de se revise, actualicen y se cumpla con los Lineamientos Generales para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las Escuelas del Sistema Educativo Nacional los cuales deben ser acordes a una alimentación correcta, con higiene y seguridad, y con los nutrimentos necesarios y el aporte calórico adecuado a la edad y condición de vida de las alumnas y alumnos.

Por esta razón, es urgente establecer las bases legales en materia de entornos escolares saludables, así como implementación de una política de alimentación escolar para garantizar el derecho a la salud y alimentación saludable de niñas, niños y adolescentes.

De igual forma es fundamental refrendar el compromiso para mejorar y hacer cumplir con la aplicación y reforzamiento en todas las escuelas de los Lineamientos Generales para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las Escuelas del Sistema Educativo Nacional, en donde se prohíba el expendio, distribución, venta y publicidad al interior y afuera de las escuelas de productos de bajo valor nutrimental y que excedan los nutrientes críticos.

Las escuelas deben actuar como espacios de formación y cambio para los alumnos, los niños, niñas y adolescentes deben de tener derecho a una alimentación sana y derecho a la salud, por lo que es importante que se promuevan acciones que garanticen y respeten los derechos humanos de la niñez y adolescencia.

Actualmente nos enfrentamos ante un nuevo ciclo escolar 2022-2023, donde es fundamental trabajar coordinadamente, para para que se lleven acciones en materia de salud escolar y se actualicen y se vigile el cumplimiento de los Lineamientos Generales para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las Escuelas del Sistema Educativo Nacional, en relación a la prohibición al expendio, distribución y venta al interior y exterior de las escuelas, de productos de bajo valor nutrimental y que excedan los nutrientes críticos.

Por lo antes fundado, en ejercicio de las atribuciones que nos confieren las disposiciones jurídicas aplicables y en el ámbito de nuestras respectivas competencias, someto a la consideración del pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura, exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud, para que se lleven acciones en materia de salud escolar y se actualicen y se vigile el cumplimiento de los Lineamientos Generales para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las Escuelas del Sistema Educativo Nacional, en relación a la prohibición al expendio, distribución y  venta al interior y exterior de las escuelas, de productos de bajo valor nutrimental y que excedan los nutrientes críticos.

Notas

1. https://www.gob.mx/promosalud/es/articulos/obesidad-infantil-nuestra-nueva-pand emia?idiom=es

2. https://alimentacionysalud.unam.mx/obesidad-en-ninos-y-adolescentes-en-mexico/

3. https://miescuelasaludable.org/

4. Amchova P, Kotolova H, Ruda-Kucerova J. Health safe issues of synthetic food colorants. Regulatory Toxicology and pharmacology. 2015;73(3): 914-922

5. López-Olmedo N, Jiménez-Aguilar A, Morales-Ruan MDC, Hernández-Ávila M, Shamah-Levy T, Rivera-Dommarco JA. Consumption of foods and beverages in elementary schools: Results of the implementation of the general guidelines for foods and beverages sales in elementary schools in Mexico, stages II and III. Eval Program Plann. 2018 Feb;66: 1-6

6. Recomendación General 39/2019. Comisión Nacional de Derechos Humanos. Páginas 104, 246, 214, 219. 15 de octubre de 2019

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputado Pedro Salgado Almaguer (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, A RECONSIDERAR EL NOMBRAMIENTO DE LA TITULAR DE LA SEP

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a reconsiderar el nombramiento de la titular de la SEP, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las y los que suscribimos Román Cifuentes Negrete, Esther Mandujano Tinajero, Juan Carlos Romero Hicks, Yesenia Galarza Castro y Lilia Caritina Olvera Coronel diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República a reconsiderar el nombramiento de la Titular de la Secretaría de Educación Pública, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 15 de agosto del 2022, el Presidente de la República nombró a la C. Leticia Ramírez Amaya como nueva Secretaria de Educación Pública, en sustitución de la Mtra. Delfina Gómez Álvarez.

Dicho nombramiento se hizo atendiendo a la facultad constitucional prevista por la fracción II del artículo 89 de la que dispone el Ejecutivo federal, para nombrar y remover libremente a los Secretarios del Despacho, los que deben satisfacer los requisitos que prevé el artículo 91 de la Carta Magna que son: tener la ciudadanía mexicana por nacimiento y tener treinta años cumplidos al momento de la designación, requisitos con los que la actual Secretaria cumple.

Sin embargo, estar frente de una Secretaría de Estado exige mucho más que solo cumplir con los requisitos mínimos establecidos en la Constitución, los cuales establecen el piso mínimo, que son solo la base de la que se debe partir para poder nombrar a una persona.

Al mismo tiempo, se debe considerar la experiencia profesional, el trabajo, los conocimientos necesarios y la idoneidad del perfil que se requiere para asumir una responsabilidad tan importante como lo es el liderar los esfuerzos en la implementación de la política pública educativa del país.

La actual administración ha asumido en el Plan Nacional de Desarrollo, y en su programa sectorial, objetivos para cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación secundaria, lo cual requiere de conocimientos y relaciones institucionales comprobables por parte de quien tiene el mandato de interlocución con, al menos, los organismos internacionales en la materia y las 32 entidades federativas.

Reconocemos la trayectoria de Ramírez Amaya al frente de la Dirección General de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, encargo a través del cual , a decir de la propia titular, ha realizado un intenso diálogo con la población y vínculo con todas las Dependencias y Entidades Públicas de la Administración Pública Federal.

Aplaudimos también los más de 25 años de experiencia dentro de la Administración Pública, incluido su desempeño como profesora de educación primaria en escuelas oficiales del entonces Distrito Federal durante doce años.

Sin embargo, en el espíritu de la institucionalidad propia de un Estado democrático se debe insistir en la idoneidad y competencias de las personas a cargo de tan importantes encargos.

Por eso nos preocupa que la experiencia profesional de la titular de la Secretaría de Educación Pública esté tan alejada de la agenda educativa del país y el mundo, a grado tal de mostrarse incapaz de responder una pregunta básica que cualquier maestra o maestro frente a grupo pueda responder, máxime contando con 12 años de experiencia.

La oposición alza la voz y de forma contundente se manifiesta en contra del nombramiento realizado por el Presidente, consideramos que pone en grave riesgo el futuro de la educación en todos sus grados y niveles escolares.

Además de que al frente de una dependencia tan importante deben estar mujeres y hombres que cuenten con una amplia trayectoria en el sector y con la preparación académica necesaria para ponerla al servicio de la niñez y adolescencia, como puede ser el caso de nuestras compañeras y compañeros legisladores pertenecientes a la 4T que, sin mezquindad partidista, les reconocemos su amplia trayectoria y conocimientos en la materia. Teniendo una cartera tan amplia de perfiles, nos desconcierta la selección hecha por el titular del Ejecutivo federal.

Quien dirige la SEP debe ser capaz de entender que su trabajo impacta más allá de su cargo al frente de la administración y que sus decisiones pueden marcar la vida de generaciones enteras: impulsar o dar fin a un programa social implica la modificación de vidas y procesos de miles de estudiantes en el país entero.

Hoy nuestro país debe enfrentar un rezago muy importante luego de una pandemia que destruyó mucho del avance de décadas. La deserción escolar, el embarazo adolescente, el impacto psicológico del aislamiento y las herramientas perdidas del aprendizaje requieren de atención inmediata en coordinación con las entidades federativas, porque el problema se notará a lo largo de los años y no se pueden esconder bajo la alfombra.

Por lo anterior, y atendiendo a la trascendencia y coyuntura que enfrenta el sistema educativo en nuestro país, es urgente exhortar al Presidente de la República a priorizar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes para garantizar de manera plena su derecho humano a la educación.

Este bienestar es motivo suficiente para que con fundamento en la fracción III del numeral 2 del artículo 79 del reglamento de la Cámara de Diputados, se someta a la consideración de esta soberanía con carácter de urgente resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, con pleno respeto al principio de división de poderes, exhorta cordial y respetuosamente al Ejecutivo Federal a reconsiderar el nombramiento de la C. Leticia Ramírez Amaya como titular de la Secretaría de Educación Pública, considerando que la titularidad de la misma exige contar con las credenciales suficientes para desempeñar un encargo de tal envergadura e importancia.

Notas

1. https://www.gob.mx/sep/estructuras/leticia-ramirez-amaya

2. https://www.nmas.com.mx/noticieros/programas/despierta/videos/ entrevista-exclusiva-leticia-ramirez-nueva-titular-la-sep

Salón de sesiones, a 21 de septiembre de 2022.– Diputados y diputadas: Román Cifuentes Negrete, Esther Mandujano Tinajero, Juan Carlos Romero Hicks, Yesenia Galarza Castro, Lilia Caritina Olvera Coronel (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

SE OTORGUE EL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO GRATUITO A LOS USUARIOS DE AEROPUERTOS QUE TRANSPORTEN PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOS MAYORES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a establecer convenios con los grupos aeroportuarios y se otorgue el servicio de estacionamiento gratuito a los usuarios de los aeropuertos nacionales e internacionales en el país que transporten personas con discapacidad y adultos mayores, a cargo del diputado Salvador Alcántar Ortega, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Salvador Alcántar Ortega, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en artículo 6 numeral 1, fracción I, artículo 79 numerales 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

Jurídicamente hablando todas las personas que se encuentren en el país gozan de los Derechos Humanos consagrados en la Carta Magna y Tratados Internacionales de los que México es parte; derivado de ello y conforme al Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que a la letra dice;

” Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvo conducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones”.

De ello surgen los medios de transporte que facilitan este libre tránsito por todo el país como son los aviones que año con año llevan a millones de personas por el territorio nacional. Con información de la Agencia Federal de Aviación Civil. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, se presenta la información sobre el volumen de llegada de pasajeros nacionales e internacionales transportados por las diferentes aerolíneas que operan en nuestro país.

Siguiente actualización: Primeras dos semanas de cada mes con información a dos meses de demora.

Cuadros resumen con las últimas cifras preliminares

Pasajeros transportados en vuelos nacionales por principales aerolíneas mexicanas

Pasajeros transportados en vuelos internacionales por principales aerolíneas

El uso constante de los aviones fomentó la construcción de aeropuertos tanto nacionales como internacionales por todo el país, ello dependiente de las necesidades de la población mexicana y extranjera, gracias a ello actualmente se cuenta con 62 terminales aéreas siendo innegable señalar que el más importante es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el cual otorga servicio a más de 26 millones de personas al año y mil operaciones diarias en promedio tan solo en aviaciones diarias.

Pasajeros Comerciales

De estos 26 millones, muchos son personas con discapacidad y adultos mayores, inicialmente porque el 5.1% de la población nacional tiene algún tipo de discapacidad mientras que el 7.2% de toda la población mexicana es adulto mayor y todos ellos tienen el derecho de viajar en avión, ello sumado a los miles de personas de otros países que llegan al país con alguna de estas características.

En base a lo señalado en el párrafo inmediato anterior, tanto los aeropuertos como las propias aerolíneas han establecido políticas e implementado estrategias incluyentes para las personas con discapacidad y los adultos mayores, ejemplo claro de ello es el AICM, el cual cuenta con elevadores, rampas peatonales, rampas eléctricas, sanitarios debidamente adaptados, mini vehículos y aerotrén.

Por su parte, aerolíneas como Aeroméxico y Volaris cuentan con accesibilidad en silla de ruedas y asistencia personal tanto en aire como en tierra. Asimismo, otras empresas aéreas como Aeromar e Iberia otorgan facilidades a las personas según sus necesidades y presentan algunas recomendaciones para el fácil acceso y uso de sus aviones.

Un antecedente de gran relevancia en materia internacional son los Derechos del Pasajeros, establecidos por la Unión Europea a partir de 2008, con lo que se busca disminuir las dificultades al volar, principalmente para las personas con discapacidad y adultos mayores. Estos derechos son: no discriminación, condiciones de igualdad, información, asistencia gratuita y transportar gratuitamente dos equipos de movilidad.

Los derechos de los pasajeros aéreos de la UE se aplican:

• Si tu vuelo se realiza dentro de la UE y está operado por una compañía aérea de la UE o de fuera de la UE

• Si tu vuelo llega a la UE desde fuera de la UE y está operado por una compañía aérea de la UE

• Si tu vuelo sale de la UE hacia un país de fuera de la UE y está operado por una compañía aérea de dentro o de fuera de la UE

• Si no has recibido aún prestaciones (indemnización, transporte alternativo, asistencia de la compañía aérea, etc.) por problemas relacionados con tu vuelo según la legislación aplicable de un país de fuera de la UE.

Derechos de los Pasajeros

Derivado de los Decretos por los que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicados en el Diario Oficial de la Federación de 26 de junio de 2017, las aerolíneas, desde el 8 de noviembre de 2017, están obligadas a proporcionar a todos sus pasajeros un servicio eficiente y de calidad, así como a respetar e informar a los consumidores de manera veraz, adecuada y clara sus derechos y obligaciones. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha emitido recomendaciones para los adultos mayores que piensan viajar en avión, señalando, entre otras cosas, si tienes alguna condición o algún tipo de discapacidad que requiera atención especial, es importante contactar con anticipación a la aerolínea para verificar cuales son los servicios y facilidades que pueden brindarte.

A pesar de que año con año se busca una infraestructura incluyente con las personas con discapacidad, adultos mayores y las necesidades de la población en general, aún existen deficiencias en algunos aeropuertos, tal como lo señala la vicepresidenta de la Asociación Libre Acceso, Laura Bermejo, afirmando que, a pesar de todos estos servicios, tanto en los aeropuertos como las líneas aéreas aún tienen algunas carencias en el apoyo de las personas con discapacidad. Un ejemplo claro de dichas carencias de algunos aeropuertos (entre ellos el AICM) es el poco acceso a los estacionamientos, que si bien cuentan con espacios especiales para personas con discapacidad, son insuficientes para las personas que los requieren; pero más allá de ello, es el poco tiempo con el que cuentan a partir del pago del estacionamiento para poder salir del mismo, ya que en la mayoría de las ocasiones, requieren de diferentes movimientos para poder acceder al coche lo cual hace que se amplié el tiempo de estancia, lo que contribuye a realizar un pago mayor.

Tarifas

Hasta 30 minutos MXN 24.00

De 31 a 45 minutos MXN 36.00

De 46 A 60 minutos MXN 48.00

De 7 horas hasta las primeras 24 MXN 316.00

Boleto Perdido - MXN 357.00 (más tiempo de permanencia. Tarifa incluye IVA)

Costo de servicio de valet parquin MXN 49.00, más el tiempo de permanencia.

Recomendaciones generales:

• Respetar las normas y límites de velocidad.

• Dejar cerrado el vehículo y sin pertenencias valiosas a la vista, durante tu estancia en el estacionamiento.

• Recuerda tu número de cajón y en qué planta dejas tu coche.

• No pierdas el boleto de estacionamiento, ya que en caso de extravío deberás pagar el costo de reposición.

• Pagar en las cajas de prepago, ya que no hay cajeros en las salidas.

• Después de realizado el pago, cuentas con 15 minutos para retirar tu auto de las instalaciones.

La discapacidad o la edad no debe ser una razón para que se pague más en los estacionamientos, sino por el contrario debemos de pensar en otorgar mayores facilidades a aquellas personas que lo requieran o para aquellos que los transportan; es por ello que se propone exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a fin de que establezca una política en la cual ningún automóvil que transporte personas con discapacidad y/o adultos mayores pague estacionamiento en los aeropuertos, con lo cual se amplía la inclusión de las personas al uso de un transporte tan importante como son los aviones.

Es muy importante otorgar dichas facilidades a quien más lo necesita, pensemos en las dificultades con las que se presenta algunas personas cada día, por lo que es responsabilidad del Gobierno federal derribar dichas dificultades, con el fin de ejercer los derechos humanos aún más ampliamente.  No nos confundamos, ya que este no es un tema de recaudación o de dinero, sino de otorgar facilidades de transporte y uso de los aeropuertos a quienes más lo requieren y necesitan.

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a esta soberanía la siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que con base en sus atribuciones se lleven a cabo acciones para establecer convenios con los grupos aeroportuarios y se otorgue el servicio de estacionamiento gratuito a los usuarios de los Aeropuertos Nacionales e Internacionales en el país, que transporten personas con discapacidad y/o adultos mayores.

Notas

1. Fuente: Agencia Federal de Aviación Civil. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

2. Agencia Federal de Aviación Civil. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

3. Vid.

http://www.ciltec.com.mx/es/infraestructura-logistica/aeropuerto s/todos-los-aeropuertos-en-mexico

4. Vid.

http://eleconomista.com.mx/industrias/2012/11/19/celebran-60-ano s-aeropuerto-ciudad-mexico

5. Vid.

https://www.aicm.com.mx/acercadelaicm/archivos/files/Estadistica s/EstadisticasJunio2022.pdf

6. Vid.

http://www.viveusa.mx/articulo/2014/03/21/tu-primera-vez/como-vi ajan-en-avion-las-personas-con-discapacidad

7. Vid.

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/poblacion-de-mas-de-65-a nos-llego-a-de-los-habitantes-de-mexico.html

8. Vid.

http://www.viveusa.mx/articulo/2014/03/21/tu-primera-vez/como-vi ajan-en-avion-las-personas-con-discapacidad

9. Vid.

http://www.predif.org/index.php?q=derechos-de-los-viajeros-todo- lo-que-las-personas-con-discapacidad-deben-saber-cuando-viajen-en-avi%C3%B3

10. Vid.

https://www.gob.mx/sre/documentos/guia-del-viajero-adultos-mayor es

11. Vid.

http://www.viveusa.mx/articulo/2014/03/21/tu-primera-vez/como-vi ajan-en-avion-las-personas-con-discapacidad

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre del 2022.– Diputado Salvador Alcántar Ortega (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

SE REALICEN LAS EVALUACIONES DIAGNÓSTICAS NECESARIAS QUE PERMITAN CONOCER EL GRADO DE REZAGO EDUCATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las entidades federativas a realizar las evaluaciones diagnósticas necesarias que permitan conocer el grado de rezago educativo de los estudiantes de educación básica, suscrita por el diputado Enrique Godínez del Río y diputados del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Enrique Godínez del Río, diputado federal por el estado de Michoacán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con moción de urgente resolución, por el que la Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a las entidades federativas para que realicen las evaluaciones diagnósticas necesarias que permitan conocer el grado de rezago educativo de los estudiantes de educación básica; para llevar a cabo acciones para atender y erradicar tal rezago; y para brindar la atención psicológica suficiente a fin de eliminar las afectaciones que puedan interferir en el rendimiento escolar y a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que celebren los convenios necesarios con gobiernos de las entidades federativas para que se les destinen recursos específicos y se acuerden con ellas acciones concretas, a fin de reducir y superar el rezago educativo en los niveles de educación básica y se brinde apoyo psicológico a los estudiantes para mejorar su desempeño escolar, lo anterior al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El impacto de la pandemia en la educación pública

La pandemia ocasionada por la enfermedad covid19 no sólo ha dejado fuertes impactos negativos en la economía, sino también en el sector educativo al afectar a millones de estudiantes que tuvieron que dejar las aulas para migrar a un sistema de educación a distancia que no estuvo a la altura de sus necesidades y no cumplió con el objetivo de mantener el aprendizaje que tenían de forma presencial, resultando en un rezago en los conocimientos que va desde 1.2  hasta 2.1 años en promedio a nivel nacional, ampliando más la brecha entre quienes tienen la capacidad económica para acceder a una educación privada y quienes deben conformarse con lo que ofrece el sistema de educación pública.

Aunado a esto, se ha demostrado que el confinamiento en niños y jóvenes provocó afectaciones en su bienestar emocional y en su salud mental que sin duda han repercutido en su desempeño escolar.

Los expertos en el sector coinciden que ambos problemas deben ser de atención prioritaria, sin embargo, ya dio inicio el nuevo ciclo escolar sin un plan articulado de evaluación y recuperación de aprendizajes por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), dejando esta gran responsabilidad  a  las comunidades escolares y sin un acompañamiento ni recursos suficientes para enfrentar estos grandes desafíos. Por si este escenario no fuera ya un gran problema por sí solo, se pretende implementar un nuevo plan de estudio improvisado y que deja fuera el monitoreo y la evaluación en la educación básica.

¿Qué pueden hacer las entidades federativas?

Ante todas estas adversidades y la clara indiferencia del gobierno federal, a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo tercero que corresponde al Estado la rectoría de la educación, una opción para enfrentar este gran reto es que las entidades federativas sean más proactivas y llevando a cabo acciones, dentro de sus facultades, para atender las causas del rezago educativo, en cumplimiento a lo señalado en artículo primero de la Ley General de Educación que señala que cada orden de gobierno tiene la obligación de participar en el proceso educativo y de aplicar los recursos económicos que se asignan a esta materia por las autoridades competentes para cumplir los fines y criterios de la educación.

Cabe recordar lo que señalan los artículos 119, 121 y 124 de la Ley General de Educación:

Artículo 119

“El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos...”

Artículo 121

“...el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del desarrollo nacional.

En todo tiempo procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública”.

Artículo 124

“...el Ejecutivo Federal llevará a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de aquellas entidades federativas con mayores rezagos educativos, previa celebración de convenios en los que se concerten las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades educativas locales deberán realizar para reducir y superar dichos rezagos”.

EI Instituto Mexicano para la Competitividad llevó a cabo un análisis, encontrando que, cuando se abrieron las escuelas para clases presenciales en el mes de marzo de 2021, doce entidades federativas implementaron acciones para enfrentar el rezago educativo y las afectaciones psicológicas que dejó la pandemia. El estado de Michoacán implementó políticas de pérdida de aprendizajes, pero no tiene aún una política de apoyo socioemocional, indispensable para acompañar la mejora en el desempeño escolar de los estudiantes.

El análisis concluye con una serie de recomendaciones dirigidas a los gobiernos estatales:

1. Implementar jornadas ampliadas para cubrir las áreas con mayores carencias y promover la adquisición de aprendizajes.

2. Generar alianzas con universidades para que los estudiantes de carreras vinculadas con la salud mental brinden el apoyo necesario.

3. Garantizar los recursos y las condiciones necesarias para la implementación de las evaluaciones diagnósticas en las escuelas.

4. Transparentar y difundir las prácticas educativas locales. Para facilitar el acceso a toda la ciudadanía, se propone que los estados concentren las acciones implementadas en un mismo canal de comunicación para brindar mayor claridad.

Es importante resaltar que, aunque las entidades federativas implementen acciones, no serán suficientes para resolver el gran reto, ya que la SEP es quien tiene la rectoría de la educación, no obstante, es una forma de abrir el camino y poner en marcha soluciones que pueden dar pauta a que el gobierno federal reconozca los esfuerzos de los gobiernos locales y decida tomar el liderazgo para que estas acciones se implementen de forma general en todo el país y con la participación presupuestal de la federación, como lo señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a las entidades federativas para que realicen las evaluaciones diagnósticas necesarias que permitan conocer el grado de rezago educativo de los estudiantes de educación básica; para llevar a cabo acciones para atender y erradicar tal rezago; y para brindar la atención psicológica suficiente a fin de eliminar las afectaciones que puedan interferir en el rendimiento escolar.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que celebren los convenios necesarios con gobiernos de las entidades federativas para que se les destinen recursos específicos y se acuerden con ellas acciones concretas, a fin de reducir y superar el rezago educativo en los niveles de educación básica y se brinde apoyo psicológico a los estudiantes para mejorar su desempeño escolar.

Notas

1 The potential effects of the COVID-19 pandemic on learning

https://ceey.org.mx/wp-content/uploads/2021/10/08-Monroy-Gomez-F ranco-Velez-y-Lopez-Calva-2021.pdf

2 Los estados pueden hacer una diferencia en este nuevo ciclo escolar

https://imco.org.mx/los-estados-pueden-hacer-una-diferencia-en-e ste-nuevo-ciclo-escolar/

3 Acciones estatales educativas para mitigar el impacto de la pandemia

https://imco.org.mx/acciones-estatales-educativas-para-mitigar-e l-impacto-de-la-pandemia/

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 21 de septiembre de 2022.– Diputado Enrique Godínez del Río (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.