«Iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, a cargo del diputado Miguel Ángel Pérez Navarrete, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado federal Miguel Ángel Pérez Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones V y VI al artículo 66, se adiciona un Capítulo VI titulado“ Estímulo económico por desarrollo profesional” y un Capítulo VII titulado“ Estímulo económico por compromiso y vocación docente” , al Título Quinto, y se adicionan nuevos artículos 89 Bis, 89 Bis 1, 89 Bis 2, 89 Bis 3, 89 Bis 4 y 89 Bis 5, a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

La educación es un derecho humano reconocido y regulado en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta prerrogativa significa un avance para el desarrollo social, laboral, histórico, económico e, inclusive, político y democrático de nuestro país. Esto, ya que se están formando a las generaciones que en un futuro tendrán en sus manos el rumbo de nuestro país.

El tener ciudadanos con una buena educación no solo significa que los estudiantes sean capaces de alcanzar altos puntajes en las pruebas, sino también que los estudiantes desarrollen la creatividad, curiosidad y buenos valores.

Los docentes son agentes indispensables en la formación académica de los estudiantes y el desarrollo personal de los ciudadanos del México del presente y del mañana. Esto, ya que comparten su conocimiento, experiencias y la transmisión de valores que inspiran a cada uno de los estudiantes a ser mejores personas y ciudadanos, sin dejar a un lado que facilitan el aprendizaje que los estudiantes necesitan para potenciar sus habilidades.

Los maestros entregan día a día todo su conocimiento y compromiso en las aulas de clase, de manera que demuestran su vocación por el desarrollo académico de los estudiantes y del país.

Cada uno de los docentes de México juega un papel sumamente importante en la motivación y la autoestima de sus alumnos, por lo tanto, tienen la capacidad de hacer sentir competente a todos sus alumnos por medio de mensajes constructivos y buscando siempre nuevas estrategias para que sus estudiantes puedan obtener una educación de calidad que contribuya al correcto desarrollo personal, profesional y educativo.

La formación de los docentes de México es fundamental para que todos los estudiantes puedan gozar de una buena educación, con estrategias y planes de acción que permitan crear un conocimiento integral y amplio, que construya a personas con sentido ético y moral. Es por ello que los docentes necesitan de un compromiso activo con la educación, debido a que al ser tan dinámica, exige una constante actualización, es decir, que cada profesor debe tener una buena formación y preparación, para contar con una alta capacidad pedagógica, que le permita superar y dar solución pronta a los retos de la enseñanza y de los problemas y obstáculos que demandan los constantes cambios sociales.

Como autoridades responsables de crear leyes que contribuyan a la transformación de México y como agentes en busca de transformar las vidas mediante la educación, es prioridad reconocer el importante papel que desempeñan los docentes en la educación como motor principal del desarrollo de nuestro país.

Tenemos el compromiso con la sociedad de buscar siempre estrategias para garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

De tal suerte que la presente iniciativa busca crear estímulos económicos para aquellos impartidores de educación que constantemente se encuentran mejorando como docentes, preparándose y actualizándose para garantizar una educación de calidad, permitiendo fortalecer en los docentes un sentido de deber y compromiso con el desarrollo académico del país.

Ahora bien, con la finalidad de otorgar claridad, se presenta el siguiente comparativo:

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de este honorable congreso, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto mediante el que se adicionan las fracciones V y VI al artículo 66, se adiciona un Capítulo VI titulado“ Estímulo económico por desarrollo profesional” y un Capítulo VII titulado“ Estímulo económico por compromiso y vocación docente” , al Título Quinto, y se adicionan nuevos artículos 89 Bis, 89 Bis 1, 89 Bis 2, 89 Bis 3, 89 Bis 4 y 89 Bis 5, a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros:

Artículo Único. Se adicionan las fracciones V y VI al artículo 66, se adiciona un Capítulo VI titulado “Estímulo económico por desarrollo profesional” y un Capítulo VII titulado “Estímulo económico por compromiso y vocación docente”, al Título Quinto, y se adicionan nuevos artículos 89 Bis, 89 Bis 1, 89 Bis 2, 89 Bis 3, 89 Bis 4 y 89 Bis 5, a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, para quedar como sigue:

Artículo 66. Con el objeto de reconocer la función social de las maestras y los maestros, y del personal directivo o de supervisión, las autoridades educativas podrán otorgar reconocimientos que consisten en distinciones, estímulos y opciones de desarrollo profesional para aquellos que destaquen por el desempeño de sus funciones, los cuales serán:

I. Beca Comisión;

II. Asesorías técnicas pedagógicas;

III. Tutorías, y

IV. Asesorías técnicas;

V. Estímulo económico por desarrollo profesional;

VI. Estímulo económico por compromiso y vocación docente.

Los reconocimientos a los que se refiere este artículo, se otorgarán en términos del presente Título.

La Secretaría celebrará un proceso público en el que pondrá a disposición de las autoridades educativas de las entidades federativas y las representaciones sindicales, en una mesa tripartita en cada uno de los Estados y la Ciudad de México, para su participación y garantía en el respeto de los derechos de los trabajadores, los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales que correspondan a los reconocimientos previstos en el presente Título, derivada de la convocatoria respectiva.

Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, dispondrán de los programas de capacitación y actualización necesarios para mejorar la práctica para el desempeño de las funciones derivadas de los reconocimientos referidos en las fracciones II, III y IV del presente artículo.

De manera adicional, las autoridades de las entidades federativas y de los municipios promoverán el reconocimiento de la labor docente, directiva o de supervisión, a través de ceremonias, homenajes y eventos públicos, entre otros, por su contribución al logro en el aprendizaje de los educandos, conforme a los lineamientos que emita la Secretaría.

(...)

Artículo 89 Bis. El estímulo económico por desarrollo profesional es un reconocimiento que se otorgará al personal docente y al personal técnico docente que cuenten con el grado académico de maestría o doctorado, según corresponda.

Artículo 89 Bis 1. Para beneficiarse del estímulo económico por desarrollo profesional, el personal docente y el personal técnico docente, deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Contar con cédula que acredite el grado de maestría o doctorado; y

II. Contar con una experiencia mínima de un año de servicios efectivos prestados en el sistema público educativo.

Artículo 89 Bis 2. El personal docente y personal técnico docente que cumpla con los requisitos que esta ley establece para acceder al estímulo económico por desarrollo profesional, tendrán el derecho de contar con los siguientes beneficios:

I. En caso de contar solo con maestría, tendrán derecho a recibir una bonificación del 7.5% en su salario quincenal.

II. En caso de contar con doctorado, tendrán derecho a recibir una bonificación del 15% en su salario quincenal.

Artículo 89 Bis 3. El estímulo económico por compromiso y vocación docente es un reconocimiento al personal docente y personal técnico docente por su relevancia en el desarrollo de los estudiantes y la nación.

Artículo 89 Bis 4. Tendrán derecho a acceder a este reconocimiento, el personal docente y personal técnico docente que cumpla con los siguientes requisitos:

I. Contar con una experiencia mínima de cinco años de servicios efectivos prestados en el sistema público educativo; y

II. Contar con el registro de asistencias completo.

Artículo 89 Bis 5. El personal docente y personal técnico docente que cumpla con los requisitos que esta ley establece para acceder al estímulo económico por compromiso y vocación docente, tendrá el derecho de contar con una bonificación del 5% en su salario quincenal.

(...)

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los estímulos económicos previstos en el presente decreto deberán empezarse a otorgar a más tardar el día 1 de diciembre de 2022.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2022.– Diputados y diputadas: Miguel Ángel Pérez Navarrete, Ana Laura Huerta Valdovinos, Beatriz Dominga Pérez López, Eunice Monzón García, Flor Ivone Morales Miranda, José Guadalupe Ambrocio Gachuz, Jesús Fernando García Hernández, Karla Estrella Díaz García, Luis Edgardo Palacios Díaz, María de Jesús Rosete Sánchez, María del Carmen Pinete Vargas, María Eugenia Hernández Pérez, Marina Valadez Bojórquez, Martín Sandoval Soto, Olimpia Tamara Girón Hernández, Pedro David Ortega Fonseca, Shirley Guadalupe Vázquez Romero, Susana Cano González (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para regular la actividad de las personas recuperadoras de materiales reciclables, suscrita por la diputada María Teresa Castell de Oro Palacios y diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada María Teresa Castell de Oro Palacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1; 77, numeral I; y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, al tenor de la siguiente

En México, como en muchos países de la región, existe un enorme número de personas dedicadas a la recolección informal de residuos sólidos urbanos, actividad mejor conocida como pepena,y que dentro del sector informal representa una de las labores más riesgosas, debido principalmente al contacto continuo con desechos y materiales potencialmente dañinos para la salud, así como los nulos protocolos de sanidad y en materia laboral.

Dicha actividad, consiste llanamente en recolectar y separar los residuos urbanos para seleccionar aquellos que pudiesen tener mayor valor comercial; generalmente buscan materiales como aluminio, cobre, cartón, plástico, PET, entre otros, los cuales comercializan con empresas o establecimientos que los procesan para convertirlos en materias primas y así reintroducirlos a la cadena de valor. Para ello, quienes se dedican a esta actividad suelen recorrer las calles, plazas, parques, etcétera, o bien, en los basureros a cielo abierto en busca de esta fuente de ingresos.

La pepena se deriva principalmente del aumento demográfico que se ha dado en décadas recientes a nivel global, lo que trae consigo un mayor consumo de productos, bienes y servicios que generan grandes cantidades de desechos, muchos de ellos reciclables y que, al ser vendidos, supone una fuente de ingresos para quienes se dedican a la actividad.

Muestra de lo anterior son los datos ofrecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en su Diagnóstico básico para la Gestión Integral de los Residuosde 2020, año en que se produjeron 43 millones 846 mil 120 toneladas de residuos sólidos urbanos, equivalente a 0.944 kg diarios per cápita, lo que representa un aumento considerable respecto a años anteriores, solo por debajo de 2015, donde se registró el máximo histórico con más de 53 millones de toneladas.

De las cantidades antes mencionadas, alrededor del 70 por ciento son de origen doméstico, es decir, provenientes de actividades cotidianas, donde el 31.5 por ciento es factible para su recuperación, lo que representa un umbral amplio para quienes dependen de la pepena. Los elementos que se mencionan a continuación son aquellos que en mayor medida son susceptibles de aprovechamiento.

Lo anterior da cuenta del universo de materiales con que los recuperadores de residuos suelen trabajar; pero en este tenor es necesario considerar que la capacidad de recolección de cada persona, así como sus ganancias, dependerá enteramente del producto en el cual se enfoquen, así como los medios con que se cuente para dicho fin, puesto que resulta evidente que no procesará las mismas cantidades una persona que utiliza un vehículo automotor, que aquella que realiza su labor en carretas tradicionales o a pie.

Por consiguiente, ante mayor cantidad de basura recolectada y procesada para su venta, mayores serán las ganancias, lo cual resulta complicado principalmente por la dificultad técnica para su transporte, así como por los bajos precios en que se suele comprar el producto de la pepena.

En 2022, los precios pagados por los materiales reciclados fueron relativamente bajos, como el caso del kilogramo de PET, el cual ha rondado entre los $4.50; el de cartón $2.00; el papel entre $2.00 y $3.00 dependiendo del tipo; o el aluminio, que se paga entre $10.00 y $20.00 el kilogramo.

Es decir, los pepenadores deben recolectar, almacenar y transportar grandes cantidades de material para que la actividad les sea redituable, lo que la mayoría de las veces no resulta así.

Su compleja situación económica se complicó aún más con la aparición del virus causante de la Covid-19, ya que a raíz de su llegada no solo debieron tomar precauciones adicionales ante el riesgo de contagio por el contacto con cubrebocas, caretas y demás artículos inseguros que se pueden hallar en la basura, sino porque además disminuyó la cantidad de residuos en distintas localidades de México, como el caso del tiradero Neza III, en el Estado de México, donde se pasó de recibir 120 toneladas diarias a tan solo 80.

Socialmente también se suele estigmatizar la labor, debido a la connotación negativa que supone trabajar manipulando directamente los residuos del resto de la población, además de ser una actividad realizada principalmente por los sectores más pobres de la sociedad.

Incluso, en años anteriores, los tiraderos de basura y la pepena que en ellos se realiza solía tomarse como un fenómeno propio de la periferia de los centros urbanos, empero, conforme ha avanzado el crecimiento humano y la expansión geográfica de los asentamientos, la situación se fue transformando hasta convertirse en uno de los grandes temas pendientes para el país, que aún no se ha atacado con acciones contundentes que permitan una reducción en los índices de contaminación por residuos sólidos y, por consiguiente, en las condiciones de trabajo y sanidad de quienes dependen de la recolección.

Respecto a estos trabajadores, diversas investigaciones comenzadas en los años setenta y que se han mantenido hasta la actualidad dan cuenta de una serie de características propias que los han posicionado en el nivel más bajo en la pirámide laboral, algunas de las cuales se enlistan en el cuadro siguiente:

Las condiciones generales de los pepenadores varían considerablemente respecto a las regiones donde se desempeñan y a la cantidad de residuos que ahí se generan, pero es posible identificar cinco diferenciadores básicos:

1. Quienes trabajan por cuenta propia y que en ocasiones eligen un líder para representarlos.

2. Los que son empleados de un líder.

3. Quienes trabajan en tiraderos municipales.

4. Aquellos que trabajan en tiraderos propios o clandestinos.

5. Los que forman parte de algún sindicato independiente.

Como se puede apreciar, la constante en la labor del pepenador es un abandono por parte de las instituciones del Estado y un nulo reconocimiento a su ocupación, ya que sus formas de organización son completamente informales, no se regulan bajo las leyes existentes y en ocasiones suelen responder a los intereses de terceras personas, que pueden incluso estar fuera del ámbito.

Por ello es importante diferenciar a los pepenadores o recolectores de residuos sólidos urbanos, de los trabajadores de limpia, quienes sí se encuentran contratados para la recolección de basura en las casas, oficinas y, en ocasiones, en la vía pública.

Estos últimos (que comúnmente suelen ser un chofer y uno o dos ayudantes pagados por el municipio o la entidad federativa, además de dos a cuatro voluntarios) también separan los materiales reciclables para su reventa, sin embargo esta no es su fuente principal de ingresos, ya que al ser trabajadores contratados reciben un sueldo y sus prestaciones correspondientes, además de las propinas que otorgan los usuarios del servicio de limpia, por lo que es posible afirmar que estos trabajadores, aún los voluntarios, tienen condiciones más favorables que los pepenadores cuya única fuente de ingresos es esta actividad.

Igualmente resulta necesario recalcar que, en aquellos países con mayores ingresos y políticas públicas enfocadas realmente hacia la disminución de residuos y su correcto tratamiento, dentro del ciclo de reciclaje y recuperación de materiales es más común que se creen plantas de tratamiento, compostaje, transformación en energía, etcétera, mientras que en aquellos mayormente atrasados en la materia, será más factible observar tiraderos a cielo abierto, distintos niveles de contaminación, sistemas deficientes, desperdicios no recolectados y, en consecuencia, familias enteras que encuentran en la pepena una fuente de ingresos.

Por ende, es normal suponer que en países menos desarrollados se presenta mayormente el fenómeno de los pepenadores, ante la falta de planeación y mecanismos eficientes para el reciclaje de residuos.

Desafortunadamente, aún con todos los retos que enfrenta el sector en México, no existe algún ordenamiento que salvaguarde la integridad y trabajo de quienes recurren a la recolección de residuos para subsistir, ya que el instrumento normativo encargado de regular la gestión de los residuos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), en ningún momento los toma en consideración, aun cuando estas personas representan el primer contacto, o eslabón primario, en la cadena del reciclaje.

Por el contrario, las legislaciones más recientes en la materia (casi todas ellas en el ámbito local) se han encargado principalmente de dificultar su labor, a través de una serie de restricciones que más que abonar a la dignificación de su labor parecieran enforcarse en tratar de minimizarlos aún más, o bien, en dar mayor preferencia al potencial económico que representa la reventa y transformación de materiales reciclables.

Tal es el caso de la propuesta de Ley de Manejo Integral de Residuos Sólidos para el estado de Baja California Sur, la cual ha tenido diversos detractores en el gremio, como aquellos agrupados en la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores (Conimer), quienes afirmaron que el proyecto podría afectar al menos a 25 mil trabajadores, ya que en su artículo 45 se establece que pepenar (recolectar) residuos sólidos urbanos o de manejo especialque estén en la vía públicaestaría prohibido, y con ello, el sustento de las miles de familias que dependen de la actividad.

No obstante, habría que tener en consideración que en países de la región existen casos de éxito donde la actividad y quienes viven de ella se hallan regulados, como Chile, donde la Ley 20.920 los reconoce como recicladores de basey que a partir de su incorporación se les ha dotado de múltiples beneficios, dentro de los cuales destacan, la posibilidad de colaborar en la implementación de los programas de educación ambiental que lleve a cabo el Ministerio del Medio Ambiente, así como participar en los proyectos y programas que fomenten el reciclaje y la prevención de la generación de residuos.

Otro país que también los ha integrado a su sistema normativo es El Salvador, que en la Ley de Gestión Integral de Residuos y Fomento al Reciclaje no solo reconoce a los gestores de residuos, sino que también los hace partícipes de varias actividades dentro de la economía circular, como la elaboración de Manuales de Gestión Integral de Residuos, facilitarles el acceso a la información sobre los riesgos que implican los residuos tanto para el medio ambiente como para la salud, además de darles la oportunidad de participar en la implementación de los programas en educación ambiental.

Argentina por su parte, los contempla en la Ley 1854 como recuperadores urbanos, y en diversos artículos de este ordenamiento se establece que además de incluirlos, también se les ha de priorizar en las actividades de gestión de residuos. Asimismo, pueden recibir líneas de crédito y subsidios a las cooperativas formadas por estas personas. Y lo más importante, se dispuso que cualquier persona que esté en contacto de forma directa con residuos debe de contar con todas las medidas de higiene y seguridad, garantizando así no solo el derecho a la salud, sino a un trabajo digno.

Finalmente, se rescata la legislación de Uruguay, ya que es la Ley número 19829 la brinda más protección a este sector entre los países de la región, misma que los reconoce como clasificadores de residuos, fomentando de esta manera la inclusión social y laboral de todas aquellas personas que se dedican a la recolección y clasificación como medio de manutención.

Y es que, a diferencia de las leyes de las naciones antes mencionadas, esta última dedica todo un capítulo tendiente a garantizar la integración de estos clasificadores a la cadena productiva establecida en la política nacional de residuos de Uruguay, e igualmente indica que en su proceso de incorporación se debe incluir el criterio de equidad, además de implementar algún tipo de acompañamiento social para reconocer los derechos, bienes y servicios a los que pueden acceder. Adicionalmente, esta Ley fomenta la capacitación de los clasificadores de residuos, para que adquieran conocimientos y habilidades que ayuden a potencializar su desempeño, lo que trae beneficios no solo a la sociedad, sino al medio ambiente y al propio Estado.

Es decir, a diferencia de México, otras naciones han procurado incluir la actividad de recolección y a los pepenadores dentro de su normatividad, por lo que resulta necesario comenzar a crear las herramientas jurídicas que garanticen su atención.

Por ello, es que quien suscribe busca reconocer en la LGPGIR a estas personas con el nombre de persona recuperadora de materiales reciclables,como punta de lanza para mejorar la calidad de vida de quienes integran dicho sector. Es menester iniciar con su reconocimiento para ir integrando en futuras legislaciones mecanismos para su incorporación al sector formal del empleo, entablar la discusión sobre esquemas de salud, prestaciones, etcétera.

De igual forma, se considera prudente identificar a los pepenadores y recolectores como el eslabón primario en el ciclo del manejo de residuos sólidos urbanos, toda vez que la labor de los servicios de limpia consiste en recoger los desechos domiciliaros para ser trasladados a centros de transferencia o directamente a los tiraderos; por consiguiente, el primer contacto para revalorizar los elementos que aún pueden tener vida útil son precisamente estas personas.

Actualmente, quienes se dedican al reciclaje de elementos, además de permanecer en la informalidad, suelen ejercer su labor desde el autoempleo, tal como se ha mencionado en párrafo anteriores. Esto es clara evidencia de la desigualdad e injusticia social que aun permea en la sociedad mexicana, al tiempo que da cuenta de que las diversas estrategias en los tres ámbitos de gobierno respecto a su incorporación a la formalidad han quedado cortas.

Y es que, al no contar con educación, experiencia u otros elementos necesarios para incursionar en el sector formal, los recuperadores de residuos no tienen otra opción que autoemplearse.

Por ello es indispensable abordar su situación de manera particular, debido a que no se pueden considerar en todos los casos como trabajadores al no existir necesariamente una subordinación en sus actividades, según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra dice:

Artículo 8. Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado.

...

Sin embargo, aunque no existan los elementos que se adecuen a la ley laboral, tampoco se puede negar el derecho irrestricto que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en el artículo 123, al señalar que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Además de la libertad de trabajo, estipulada en el artículo 5 constitucional, que reconoce que todas las personas tienen el derecho de dedicarse a la profesión, actividad u oficio que libremente deseen, y a recibir por ello, la remuneración acordada.

En esta dirección, la presente iniciativa plantea una propuesta necesaria para reconocer y garantizar estos derechos a uno de los grupos más invisibilizados históricamente, de tal suerte, que su tratamiento y aprobación es requerida a fin de generar las condiciones para salvaguardar a cientos de mexicanas y mexicanos que pertenecen al sector.

En el contexto nacional, es impensable el hecho de que, a pesar de ser una parte fundamental en el manejo de residuos desde hace años, jamás hayan tenido la atención que requieren, aunado a que al ser uno de los países más poblados del mundo, los residuos generados y su manejo, recolección y procesamiento, ha dependido más de este sector que del mismo gobierno. Por lo tanto, es un tema prioritario en una agenda de avanzada con miras a conseguir la justicia social que por décadas se les ha negado.

Otros grupos desprotegidos han podido mejorar sus condiciones como el de las y los trabajadoras del hogar, con la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo en 2020, por lo que es necesario continuar impulsando las modificaciones al marco normativo que nos permita establecer una esfera mínima de protección efectiva para todos los sectores productivos de la economía, sin distinción alguna.

Es momento de dignificar el trabajo de grupos vulnerables y visibilizar la valía de sus acciones dentro de la sociedad mexicana, más aún, en una coyuntura como la que estamos desarrollando en materia de derechos humanos y derecho internacional.

De conformidad con el Programa de Trabajo Decente para México 2019-2024, en concordancia con lo establecido por la OIT y la Agenda 2030 en el objetivo 8, se acordó promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, empleo pleno, productivo y decente para todos. Estructurando dicho programa en torno a los siguientes ejes transversales: igualdad de género, migración laboral, atención a grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros, dando lugar a la atención de sectores como el objeto de esta iniciativa.

En esta dirección, las adecuaciones planteadas no representan un impacto presupuestal, ni implican la creación de organismos o instituciones, oficinas, programas o algún tipo de gasto para el erario público, más allá de una petición económica o en valores, es la posibilidad de dar el reconocimiento jurídico a una de las labores más importantes e invisibilizadas en todo el país.

Esta iniciativa es por mucho, un esfuerzo por dotar de una legislación más justa, a los recicladores y pepenadores mexicanos, que por años han visto como otros países de la región han avanzado y garantizado sus derechos frente a su nación que sigue retrasada y minimizando su labor.

No es posible continuar insensibles como sociedad a lo que le está sucediendo a un sector que realiza una función vital en cada poblado de México, por ello, debemos empezar a construir las leyes que los protejan hoy y siempre.

Para una mejor visualización de los cambios propuestos en el presente proyecto, se ofrece el siguiente cuadro comparativo:

Es por lo antes fundamentado y motivado, que se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Único. Se adiciona una fracción XXI al artículo 5, y se recorren las subsecuentes; se reforma la fracción V del artículo 10 y la fracción II del artículo 99 todos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 5...

I a XX...

XXI. — Persona recuperadora de materiales reciclables: Persona dedicada a la recolección primaria, clasificación, traslado y/o comercialización de residuos sólidos urbanos a pequeña escala;

XXII a XLVII...

Artículo 10.- ...

I a IV...

V.- Otorgar las autorizaciones y concesiones de una o más de las actividades que comprende la prestación de los servicios de manejo integral de los residuos sólidos urbanos, incluyendo la regulación de la actividad de las personas recuperadoras de materiales reciclables;

VI al XII...

Artículo 99.- ...

I.- ...

II. Los requisitos para la prestación de los servicios para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos, lo que comprende la regulación de la actividad de las personas recuperadoras de materiales reciclables;

III.-...

Primero. — El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. — Se derogan las demás disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Notas

1 Yahoo! Finanzas (2022), Los pepenadores: ¿Recolectores de basura o pilares de la economía circular?,consultado en:

https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/los-pepenadores-recole ctores-de-basura-o-pilares-de-la-economia-circular-

2 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2020), Diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos,México.

3 Yahoo! Finanzas (2022), Op. Cit.

4 Expansión Política (2020), Si no traes cubrebocas, no trabajas: Así laboran los pepenadores de Neza,consultado en:

https://politica.expansion.mx/estados/2020/08/13/si-no-traes-cub rebocas-no-trabajas-asi-laboran-los-pepenadores-de-neza

5 Florisbela dos Santos, A. L. y Wehenpohl, G. (2001), “De pepenadores y tiradores. El sector informal y los residuos sólidos municipales en México y Brasil”, México, Gaceta Ecológica,número 60, consultado en:

https://www.redalyc.org/pdf/539/53906006.pdf

6 Ibídem.

7 Castillo Berthier, H. (1991), Servicios urbanos, gestión local y medio ambiente,México, El Colegio de México.

8 El Financiero (2022), Ley que prohíbe a pepenadores puede afectar a sectores vulnerables: Recicladores lo explican, México, consultado en:

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/07/04/ley-que-proh ibe-a-pepenadores-puede-afectar-a-sectores-vulnerables-recicladores-lo-explican /

9 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (2016), Ley 20920,Chile, consultado en:

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1090894

10 Diario Oficial, (2020), Ley de Gestión Integral de Residuos y Fomento al Reciclaje, número 40, Tomo número /426, El Salvador, consultado en:

https://cidoc.marn.gob.sv/documentos/decreto-no-527-ley-de-gesti on-integral-de-residuos-y-fomento-al-reciclaje/

11 Centro Documental de Información y Archivo Legislativo (2005), Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos,Buenos Aires, consultado en:

http://www2.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley1854.htm l?fbclid=IwAR3VluH0AT6ml4SImPiBYLLszgxR67HJ6WwDVYV0vnfh3ZZk2dpMy94boh8

12 Centro de Información Oficial (2019), Ley número 19829,Uruguay, consultado en:

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19829-2019

13 Artículo 8, Ley Federal del Trabajo, consultado en:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFT.pdf

14 Organización Internacional del Trabajo (2019), Memorándum de entendimiento para la puesta en marcha del Marco de Cooperación Técnica de la Organización Internacional del Trabajo: Programa de Trabajo Decente para México 2019 — 2024,consultado en:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–-americas/–-ro-lima/do cuments/publication/wcms_746148.pdf

Dado en salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2022.– Diputada María Teresa Castell de Oro Palacios, Ana Laura Huerta Valdovinos, Diana María Teresa Lara Carreón, Elizabeth Pérez Valdez, Eunice Monzón García, Itzel Josefina Balderas Hernández, Jorge Ernesto Inzunza Armas, Juanita Guerra Mena, Laura Patricia Contreras Duarte, Luis Edgardo Palacios Díaz, Marcelino Castañeda Navarrete, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, María del Carmen Pinete Vargas, María Macarena Chávez Flores, Olga Luz Espinosa Morales, Patricia Terrazas Baca, Sayonara Vargas Rodríguez (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 20 y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a cargo del diputado Luis Alberto Martínez Bravo, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado Luis Alberto Martínez Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 20 y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, al tenor de la siguiente:

El envejecimiento de la población y la reversión de la pirámide poblacional se cree que es un problema exclusivo de los países ricos, pero éste está empezando a alcanzar a los países con un desarrollo intermedio y se estima que en un futuro los países más pobres también van a tenerlo, este fenómeno ha sido denominado como “Invierno Demográfico”.

En el mundo hay diferentes parámetros de edad dentro de los cuales un adulto es considerado adulto mayor; en China se cree que la vejez empieza a los 50 años, pero en Francia ésta comienza a los 71: esas diferencias también se notan en las distintas organizaciones internacionales, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, cree que la vejez empieza a los 50, en cambio, los estándares propuestos por las Naciones Unidas establecen que ésta comienza a partir de los 60 años.

La vejez es particularmente dura para las mujeres, debido a que, por lo general, viven 5 años más que los hombres y presentan mayores índices de vulnerabilidad, así como menores ingresos, lo cual se agrava conforme va aumentando su edad, al tiempo de tener menor alfabetización y una posibilidad más reducida para encontrar empleo en comparación con los hombres. Lo anterior afecta su capacidad de generación de ingresos y de acceder a servicios financieros.

Actualmente, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay 15.4 millones de adultos mayores, de los cuales el 54.6 por ciento son mujeres y el 46.4 por ciento son hombres; en 2030 esta cifra puede aumentar a 20 millones, mientras que para 2050 se estima que alcance los 34 millones de personas.

Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), 1 de cada 3 personas que presentan una queja ante dicha institución por afectación a su patrimonio y a sus recursos financieros es un adulto mayor.

A continuación se anexan los datos de la Condusef respecto a las reclamaciones atendidas durante los últimos 3 años en contra de bancos, aseguradoras y administradoras de fondos para el retiro (Afores):

Los adultos mayores han sido de los grupos poblacionales más afectados por la pandemia, actualmente el 23 por ciento de los mayores de 60 años en nuestro país tiene un empleo, de ese porcentaje el 43 por ciento lo hace en actividades que presentan una alta tasa de desempleo, al perder su trabajo y no estar protegidos por una pensión ellos pasarían a depender únicamente de la pensión para el bienestar para los adultos mayores que otorga el gobierno federal y aunque ésta representa un valioso apoyo el monto de la misma no es suficiente para cubrir las necesidades de alimentos, medicinas y cuidados que requiere este grupo poblacional.

La causa principal de que muchos adultos mayores sigan trabajando en nuestro país es que la mayoría de la población trabaja en sectores informales. En el caso del 23 por ciento de los adultos mayores en México que hoy tiene un empleo, el 79 por ciento lo hace en el sector informal y únicamente el 21 por ciento lo hace en el sector formal.

En 2021 se publicaron cifras del Inegi sobre el desempleo en personas adultas mayores y éste resultó afectar más a las mujeres mayores de 65 años, ya que, comparado con el periodo comprendido entre el mes de noviembre de 2020 y el mismo mes de 2021, la cifra de desempleadas en ese rango de edad aumentó de 2 mil 399 a 10 mil 916 personas; en cambio, en los hombres de la misma edad la cifra mostró una disminución, de 34 mil 302 a 28 mil 960 personas en situación de desempleo.

En este contexto, la inclusión de una persona en el buró de crédito puede agravar una situación que, de por sí, es de especial vulnerabilidad económica y social en el caso de los adultos mayores, ya que la información crediticia que resguarda y que es consultada por las instituciones financieras genera un mayor costo para obtener más créditos y préstamos.

El buró de crédito es identificado por la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia como una Sociedad para Información Crediticia, definida ésta en el artículo 5 como “aquella sociedad que presta información relativa al historial crediticio, así como de operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga”.

En nuestro país hay fundamentalmente dos proveedores de datos y análisis de información crediticia (burós de crédito): Trans-Unión de México, SA (para personas físicas) y Dun & Bradstreet, SA (para personas morales).

Actualmente, la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia establece un plazo de 72 meses, contados a partir de la fecha de liquidación, para el resguardo de la información crediticia de una persona que ha incumplido con el pago de algún crédito.

El plazo señalado en el artículo 20 de la Ley para Regular Sociedades de Información Crediticia es un término razonable para una persona de edad promedio en etapa productiva y que tiene relativamente pocos gastos médicos. Pero en el caso de los adultos mayores dicho plazo representa una desventaja injustificada habida cuenta de su propia vulnerabilidad en el contexto de un panorama poco propicio para la inclusión financiera. Lo anterior, en el entendido de que la cantidad de enfermedades y la magnitud de los gastos médicos entre los adultos mayores se presenta como un reto para el bienestar integral de dicho grupo poblacional, el cual puede solventar sus carencias, principalmente en materia de gastos en salud, mediante el acceso a créditos en condiciones favorables.

No es correcto que a los adultos mayores, en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, el alto porcentaje de desempleo que los afecta y las carencias que muchos de ellos tienen de una pensión, les sea aplicable el mismo plazo que una persona en edad productiva para el resguardo de su información crediticia en caso de incumplimiento en el pago de un crédito.

En nuestro país, según datos de la empresa reparadora Resuelve tu Deuda, únicamente el 7 por ciento de la población tiene seguro de gastos médicos. En el mismo sentido, dicha empresa indica que el número de créditos activos para financiar gastos médicos asciende a 138 mil, representando uno de los 5 conceptos más populares para endeudarse.

Lo anterior, en un contexto en el que la mayoría de los adultos mayores de nuestro país depende de alguna pensión por parte del gobierno, lo cual enmarca un panorama generalizado de falta de oportunidades laborales que deriva en su calificación como sector poblacional especialmente vulnerable, lo cual, a su vez, se correlaciona con la desventaja de quedar excluidos de la posibilidad de obtener un crédito.

No obstante, y al margen de la información crediticia contenida en el buró de crédito, la mayoría de los rechazos se deben a la falta de ingresos o a la insuficiencia de las garantías. Esta situación, sumada a la baja productividad y a la informalidad laboral, origina un círculo vicioso de pobreza y marginalidad que afecta sobre todo a las personas adultas mayores.

Desde el sistema formal, la mayoría de los programas de acceso al crédito específico para las personas mayores son ofrecidos por entidades públicas y consisten en préstamos de bajo monto, relacionados al valor de la jubilación mensual. Una de las principales barreras en la materia es que las personas mayores que no poseen cobertura previsional son excluidas del sistema y se ven obligadas a solicitarlos en instituciones privadas como bancos sin tasas preferenciales ni otros beneficios.

En el ámbito Internacional, los países de América Latina y el Caribe se han comprometido a fomentar el acceso de las personas mayores al crédito y se han incorporado medidas específicas en los instrumentos adoptados en la primera y la tercera Conferencia regional intergubernamental sobre el envejecimiento.

En la Estrategia Regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, adoptada en la primera Conferencia regional intergubernamental sobre el envejecimiento de 2003, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), junto a sus estados miembro, reconocieron que muchas personas mayores desearían seguir trabajando o desarrollando proyectos que les permitan generar ingresos, mantenerse activas o buscar su realización personal.

Sin embargo, en la mayoría de los casos no cuentan con el acceso al crédito ni a la capacitación necesarios para desarrollar estas actividades. En respuesta a esta problemática, los países acordaron promover el acceso, en condiciones de igualdad, al empleo decente, a la formación continua y al crédito para emprendimientos propios o comunitarios.

Por todo lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforman los artículos 20 y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia

Artículo Único. Se reforman los artículos 20 y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para quedar como a continuación se presenta:

Artículo 20. La base de datos de las Sociedades se integrará con la información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que le sea proporcionada por los Usuarios. Los Usuarios que entreguen dicha información a las Sociedades deberán hacerlo de manera completa y veraz; asimismo, estarán obligados a señalar expresamente la fecha de origen de los créditos que inscriban y la fecha del primer incumplimiento. Las Sociedades no deberán inscribir por ningún motivo, créditos cuya fecha de origen no sea especificado por los Usuarios, o cuando éste tenga una antigüedad en cartera vencida mayor a 72 meses. En el caso de créditos de Clientes personas físicas mayores de sesenta años de edad, dicha antigüedad no deberá ser mayor a treinta y seis meses. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 24 de esta Ley.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Artículo 23. [...]

[...]

En caso de información que refleje el incumplimiento ininterrumpido de cualquier obligación exigible así como las claves de prevención que les correspondan, las Sociedades deberán eliminarlas del historial crediticio del Cliente correspondiente, después de setenta y dos meses de haberse incorporado el incumplimiento por primera vez en dicho historial.

En el caso de los historiales crediticios de Clientes personas físicas mayores de sesenta años de edad, el plazo establecido en los párrafos primero, segundo y tercero del presente artículo será de treinta y seis meses.

En el caso de créditos en los que existan tanto incumplimientos como pagos, las Sociedades deberán eliminar la información de cada período de incumplimiento, en el plazo señalado en el párrafo anterior, contado a partir de la fecha en que se incorpore en el historial crediticio el primer incumplimiento de cada periodo.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Fundación Microfinanzas BBVA Envejecimiento e Inclusión Financiera, una oportunidad 2020 Véase en:

https://www.fundacionmicrofinanzasbbva.org/revistaprogreso/envej ecimiento-e-inclusion-financiera-una-oportunidad/

2 Center for Financial Inclusion Inclusión Financiera y envejecimiento: una oportunidad 2015 Véase en:

https://www.helpagela.org/silo/files/inclusin-financiera-y-envej ecimiento.pdf

3 Ibidem

4 Egade Ideas La Inclusión Financiera y las variables demográficas que impactan la penetración de la banca digital en México 2022 Véase en:

https://egade.tec.mx/es/egade-ideas/opinion/la-inclusion-financi era-y-las-variables-demograficas-que-impactan-la

5 Forbes Las finanzas personales no tienen edad donde quedan los adultos mayores 2022 Véase en:

https://www.forbes.com.mx/las-finanzas-personales-no-tienen-edad -donde-quedan-los-adultos-mayores/

6 Condusef La Condusef y la ABM acuerdan estrategia de buen trato a las personas adultas mayores 2022 Véase en:

https://www.condusef.gob.mx/index.php?

7 Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) Adultos Mayores y Covid-19: vulnerabilidad económica ante la crisis sanitaria 2020 Véase en:

https://ciep.mx/adultos-mayores-y-covid-19-vulnerabilidad-econom ica-ante-la-crisis-sanitaria/

8 Ibidem

9 La Jornada Desempleo aqueja más a las mujeres cae entre hombres 2021 Véase en:

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/12/27/economia/desempleo-a queja-mas-a-las-mujeres-cae-entre-hombres/

10 Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

11 https://www.transunion.mx/

12 https://www.cialdnb.com/es/quienes-somos/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputadas y diputados: Ana Laura Huerta Valdovinos, Eunice Monzón García, Luis Alberto Martínez Bravo, Luis Edgardo Palacios Díaz, María del Carmen Pinete Vargas (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 18, 19 y 80 de la Ley Agraria, a cargo del diputado Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Jesús Fernando García Hernández, diputado a la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que dispone el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 18, 19 y 80 de la Ley Agraria, con el propósito de otorgarle al ejido facultades de autoridad conforme a la personalidad jurídica que constitucionalmente le es reconocida, bajo la siguiente

La reforma agraria en México, puesta en marcha a partir de la promulgación de leyes y creación de las instituciones surgidas al amparo de la Constitución de 1917, sustentada por el reparto de tierras entre el campesinado; se caracterizó por ser un proceso con alto sentido nacionalista, donde el Estado reconoció a los campesinos “un derecho genérico a la tierra”; que en la práctica se calificó “como garantía social” al constituir ello “una prerrogativa otorgada a favor de quienes vivían en el campo y eran de escasos recursos”.

Una vez que la tierra era entregada a los campesinos, se integraba así la figura conocida como ejido o comunidad agraria; cuyo distintivo está en ser “una unidad cohesionada por las características jurídicas de la propiedad que habían recibido”, tanto “como por las obligaciones colectivas que imponía la ley a sus integrantes”; por lo cual “el carácter social de la propiedad ejidal y comunal se veía reforzado”; toda vez que “se reconocía como titular del derecho agrario al núcleo ejidal”.

A este núcleo se le reconoció como una persona de carácter moral, dado que se convertía en un ente a cargo de recibir la tierra en propiedad, con la facultad de administrarla, asignarla y hasta privarla de derechos; además de decidir “el uso y destino de los terrenos” dentro de los márgenes permitidos por la ley.

La asamblea de ejidatarios era constituida así “como una entidad autónoma capaz de decidir sobre el destino de sus recursos y sobre las facultades y capacidades de sus agremiados”, además de convertirse en una instancia que “preservaba la unidad de los núcleos agrarios sin desmembramientos ni en los sujetos ni en los objetos”; toda vez que “protegía el patrimonio de la familia y los intereses de los segmentos campesinos más desvalidos”, lo cual “remarcaba su carácter social”.

Esta realidad que permeó por mucho tiempo y estuvo presente en la vida de los ejidos, empezó a cambiar a partir del año de 1992, con las reformas al artículo 27 constitucional; caracterizadas por la instrumentación de una política agraria liberal, bajo el argumento y proyección de desarrollar mercados de tierra y procurar de esta manera la eficiencia en el sector rural.

Esto representó un cambio radical en el paradigma, dado que se reconoce que, con motivo de las reformas a la legislación en la materia, “la propiedad ejidal se fragmentó y surgieron nuevos sujetos agrarios”; entre estos, “los avecindados y los posesionarios”; de forma que “entre campesinos y académicos comienza a cobrar forma la idea de que la parcela individual es una forma particular de propiedad privada”.

Análisis en el estudio del tema y ampliamente explicativos, publicados bajo el título Mercado de tierras y propiedad social: una discusión actual, de la autoría del universitario José Luis Plata Vázquez, precisan que “con la nueva legislación, el derecho de los ejidatarios sobre las también denominadas unidades de dotación se convirtió en un derecho de propiedad virtualmente autónomo en relación con el ejido e independiente respecto del derecho de propiedad de los terrenos mancomunados, cuya propiedad se acredita con un documento específico”. Ocurre por ello “un derecho real”, dado que “le corresponden atributos jurídicos muy flexibles y, sustancialmente, más cercanos al régimen de propiedad privada que al de la social”.

La particularidad del nuevo modelo de propiedad de la tierra determina que se ejerce “un dominio casi pleno”. No obstante que ello implique “una clase de propiedad en dominio moderado o limitado”; se trata de una medida cuya figura legal es suficiente para ser incorporada al mercado inmobiliario.

El mecanismo aplicado para aprobar la reforma constitucional que permite al ejidatario la enajenación de su parcela, tuvo como base la necesidad de impulsar la economía en el campo a partir de lo que se denomina la liberalización del mercado, bajo el argumento de que “el modelo de tenencia de la tierra basado en la propiedad colectiva o social se había constituido en un obstáculo para el desarrollo agropecuario del país”.

Derivado de ello, el sector campesino participó así en el mercado de tierras, como un mecanismo de adaptación a la nueva realidad y qué para no quedar fuera de este proceso, los llevó incluso a renunciar y hasta modificar “sus propias costumbres”.

La privatización de las tierras ejidales, caracterizada en parte por la comisión de actos de despojo contra el patrimonio de los campesinos y que ha implicado el éxodo de estas personas, constituye “un cambio en la conceptualización de la propiedad ejidal y comunal”; tanto como un proceso que afecta a la cohesión de las comunidades rurales.

Respecto a ello, en su momento se concluyó “que las políticas de corte estructural que regularizaban la tenencia de las tierras de los ejidos y comunidades agrarias del país liquidarían la propiedad social dejando un panorama desolador en el medio rural caracterizado por una nueva concentración de tierras por parte de personas ubicadas principalmente en el sector agroindustrial”.

Ello, “llevaría al resto de los habitantes del campo a una situación de pobreza extrema ante la pérdida de un patrimonio”, que les fue dado y que habían logrado conservar durante varias décadas del siglo pasado.

Por causa de las reformas referidas al artículo 27 constitucional, impera un nuevo modelo que limitó facultades y funciones al ejido y su asamblea como órgano supremo del núcleo de población ejidal y comunal, dado que asuntos de su naturaleza propia fueron transferidos al ámbito privado, porque en vez de ser planteados en el seno de la comunidad agraria; pasan a ser analizados y resueltos al interior de las familias.

Así, prácticas como el asambleísmo que antaño eran comunes en la vida de los ejidos y comunidades, que favorecían la cohesión y cooperación entre los miembros de la comunidad han sufrido un debilitamiento; mientras que, en sentido contrario, los acuerdos y decisiones acerca del uso sobre los derechos de parcelas tomados al interior de las familias, se han visto fortalecidos. Este comportamiento pone de manifiesto la manera como se concibe y entiende ahora el concepto de la propiedad de la tierra.

La reforma de carácter neoliberal en materia agraria refleja que el derecho parcelario como ahora se entiende está alejado del concepto tradicional de propiedad social, dado que aquellos asuntos en materia de tenencia de la tierra en el ámbito ejidal y comunal, cuyos acuerdos eran tomados al interior de una asamblea, hoy se circunscriben al espacio doméstico.

Esta segmentación que ahora caracteriza a la propiedad social, es factor “que la debilita conceptualmente”, amén de que por ello se “afecta notablemente la noción que los sujetos agrarios tienen sobre las operaciones de traspaso y transmisión de la propiedad y el usufructo de la tierra”.

El Programa Sectorial en Materia de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024, derivado del Plan Nacional de Desarrollo, precisa que “la exacerbación de las condiciones de vulnerabilidad social y el despojo de tierras, por parte de particulares y la presión mercantilista asociada a mecanismos de corrupción y grupos delictivos, ha sido rapaz y ha mermado los mecanismos de gobernanza territorial al interior de los ejidos y comunidades”.

El documento agrega que “durante el periodo neoliberal las instituciones del sector agrario vinculadas a los núcleos agrarios perdieron su vocación de salvaguardar y defender los derechos de los ejidos y comunidades y favorecieron intereses particulares, apoyando y facilitando la privatización de la propiedad social, afectando la calidad de vida de la población e impedido que sus territorios se desarrollen como espacios de paz y bienestar”.

Este programa ha definido como unos de sus objetivos prioritarios: fomentar el desarrollo y defensa de los territorios y sujetos agrarios, toda vez que ello es una aspiración nacional. El documento refiere que “a partir del reconocimiento de las brechas de desigualdad que persisten entre los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas y campesinos en general, será posible atender las necesidades que les garanticen el pleno ejercicio de sus derechos individuales y colectivos”. Ello, se indica, es inaplazable.

Abunda que como “resultado de las acciones y estrategias consideradas” en este objetivo, “se logrará fortalecer el régimen de propiedad social de los núcleos agrarios y toda la población que en ellos habita; respetando en todo momento los sistemas normativos y modos de vida en las comunidades agrarias bajo un enfoque de derechos y perspectiva de género”.

A la asamblea de ejidatarios, reconocida como una instancia “que se encargaba de mantener el orden social dentro de los márgenes establecidos por el gobierno”, deberían otorgársele facultades de decisión; de suerte que la vulnerabilidad presente en los ejidos por efectos de riesgo de despojo de tierras ante la presión mercantilista, deje de ser una amenaza a la cohesión social.

Ello es posible ante el espíritu de la disposición contenida en la fracción séptima del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual “reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales” y determina asimismo que “la ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela” y dicta que “la asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale”.

La presente propuesta legislativa plantea en consecuencia que para efectos de que ocurra la enajenación, venta y transmisión de los derechos parcelarios, ésta sea acordada por la asamblea de ejidatarios, de suerte que la medida sea un mecanismo disuasivo para que no ocurran actos a discreción que pudieran constituir hechos de corrupción en perjuicio de la propiedad ejidal.

En razón de lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 18, 19 y 80 de la Ley Agraria

Artículo Único. Se reforman los artículos 18, párrafo segundo, 19 en su párrafo y se adiciona al 80 un inciso d) de la Ley Agraria, para quedar como como sigue:

Artículo 18. ...

I. a V. ...

En los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V, si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién, de entre ellos, conservará los derechos ejidales. En caso de que no se pusieran de acuerdo, la asamblea de ejidatarios acordará y autorizará la venta de dichos derechos ejidales en subasta pública y repartirá el producto, por partes iguales, entre las personas con derecho a heredar. En caso de igualdad de posturas en la subasta tendrá preferencia cualquiera de los herederos.

Artículo 19. Cuando no existan sucesores, la asamblea de ejidatarios acordará y autorizará lo necesario para que se vendan los derechos correspondientes al mejor postor, de entre los ejidatarios y avecindados del núcleo de población de que se trate. El importe de la venta corresponderá al núcleo de población ejidal.

Artículo 80. ...

...

a) a b) ...

c) Dar aviso por escrito al comisariado ejidal, y

d) La aprobación de la asamblea de ejidatarios.

...

Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuentes

- https://www.elsevier.es/es-revista-anales-antropologia-95-articulo-mercado-tier ras-propiedad-social-una-S0185122513710178

-https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5595683&fecha=26 /06/ 2020#gsc.tab=0

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de septiembre de 2022.– Diputados y diputadas: Jesús Fernando García Hernández, Alfredo Porras Domínguez, Ana Karina Rojo Pimentel, Ángel Miguel Rodríguez Torres, Beatriz Dominga Pérez López, Catalina Díaz Vilchis, Héctor Ireneo Mares Cossío, Juanita Guerra Mena, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, María de Jesús Rosete Sánchez, María del Carmen Pinete Vargas, María Eugenia Hernández Pérez, Marina Valadez Bojórquez, Marisela Garduño Garduño, Martha Nabetse Arellano Reyes, Miguel Ángel Pérez Navarrete, Raymundo Atanacio Luna, Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, Shirley Guadalupe Vázquez Romero, Susana Cano González, Verónica Collado Crisolia (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo; para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa; y del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las suscritas y los suscritos, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura , con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa, con base en la siguiente:

I. Aun cuando se ha tenido un avance en la disminución de la brecha salarial por género, al pasar de 13.1 por ciento en 2018 a 12.2 por ciento en 2021, en México, todavía se requiere trabajar para atender los diversos factores que intervienen para que las mujeres participen en el mercado laboral.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), menciona que, si se considera a la población ocupada asalariada y remunerada, de tiempo completo y con un empleo formal en el rango de edad de 25 a 54 años, se observa que, durante el cuarto trimestre de 2021, las mujeres cuentan con un ingreso por hora de 49.40 pesos, mientras que los hombres reciben 54.10 pesos por cada hora laborada.

Asimismo, dicha encuesta menciona que las mujeres que se encuentran casadas o en unión libre, su probabilidad de ingresar al mercado laboral tiende a disminuir en 15.24 por ciento y que, si el hogar cuenta con alguien menor de 5 años de edad, la probabilidad llega a 9.1 por ciento; mientras que si se tienen infantes entre 5 y 12 años, esta baja hasta 4.9 por ciento en comparación con aquellos hogares sin integrantes menores de edad.

Por otro lado, el promedio de horas que una mujer destina a los quehaceres del hogar fue de 21.7 horas a la semana, mientras que en los hombres fue de 5.9 horas.

II. El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) identifica que, en términos económicos, el concepto emprendedoras se asocia con las mujeres que buscan generar su propio ingreso a pesar de no estar en un empleo subordinado.

Si se considera el contexto sociocultural, histórico y económico que enfrentan las mujeres, es natural que el principal motivo para emprender sea la independencia económica; sin embargo, dentro de este motivo se encuentran dos razones excluyentes, por un lado se encuentra la oportunidad para hacer un negocio y por el otro la necesidad de hacer un negocio; en el caso de América Latina, prima la necesidad sobre la oportunidad. En suma, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 2020, en México 29.4 por ciento de la población de 15 años y más sin ingresos propios eran mujeres.

Ante ello, el emprendimiento de mujeres surge como una opción para lograr la independencia económica, lo que a la par deriva en una mayor libertad en la toma de decisiones personales.

Si bien, de conformidad con el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), en los últimos años se ha presentado un aumento histórico de la participación de las mujeres en el ámbito del emprendimiento, aún persisten dos grandes clases de retos a enfrentar, estos son, el acceso al financiamiento y el ecosistema empresarial. Al respecto, el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME) menciona que 90 por ciento de las emprendedoras que solicitan créditos por montos de 5 mil pesos a 25 mil pesos liquidan dichos créditos.

Asimismo, la Asociación de Emprendedores de México (ASEM) sostiene que cuatro de cada 10 personas emprendedoras son mujeres; del total de emprendedoras, nueve de cada 10 utilizan recursos propios o de su círculo cercano como capital inicial del negocio. Lo anterior radica en que para las emprendedoras es más complicado acceder a un financiamiento para sus emprendimientos, sobre todo si se consideran los complejos procesos de solicitud, así como la falta de historial crediticio y de educación financiera.

Además de esto, la burocracia conlleva a la informalidad, lo que se traduce en mayores riesgos y vulnerabilidad, así como en mayor dificultad para la competitividad y para el crecimiento y desarrollo económico.

III. Si bien el emprendimiento resulta ser un impulso para que las mujeres se integren al mercado laboral, también es cierto ser insuficiente ante los espacios ocupados por los hombres.

Tan sólo hasta marzo de 2021, más de 544 mil mujeres se encontraban en una posición de empleadora o empresaria, las cuales representan 21 por ciento del total de la población empleadora, lo cual las coloca muy por debajo del género masculino, ya que, el número de empleadores hombres es tres veces mayor al de las mujeres, incluso en los momento de mayor inestabilidad económica durante la pandemia.

Por otro lado, las mujeres que laboran por cuenta propia, constituyen el segundo subconjunto de mujeres emprendedoras del país, las cuales, en números, son 7.8 veces mayores que aquellas que se encuentran al frente de alguna empresa.

La inserción de las mujeres al mundo del emprendimiento es uno de los caminos más sinuosos en nuestro país, pues al momento de querer expandir sus negocios por medio de la contratación de personal, el éxito suele ser menor que el de los hombres.

Lo anterior deriva de diversas circunstancias como las barreras para el desarrollo de habilidades para el manejo de negocios o factores asociados al hogar, como la carga de trabajo no remunerado, la cual disminuye el tiempo que emplean las mujeres para el desarrollo e impulso de sus negocios. En este sentido, la ASEM informa que al menos 26 por ciento de las emprendedoras que fracasaron en su emprendimiento fue debido a la falta de tiempo.

Esto se refleja en el tipo de empleo que suelen tener las mujeres, pues muchas de ellas optan por trabajos informales. Durante 2021, sólo 13 por ciento de las mujeres (625 mil trabajadoras) que se encontraba ocupadas por cuenta propia se encontraba en el sector informal, mientras que más de 4.2 mil millones de mujeres se emprenden en la informalidad, es decir, 82 por ciento de empleadoras y trabajadoras por cuenta propia del país.

De acuerdo al Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México, muchas de estas mujeres autoempleadas que se encuentran en el sector informal se dedican a la compra y venta de productos a través de internet, las cuales llegan a aportar a la economía un promedio de 9.5 millones de pesos al día, y benefician a cerca de 13 millones de hogares.

A pesar de lo que esto significa para la economía del país, los hombres que se encuentran trabajando por cuenta propia tienden a generar ingresos mayores a los de las mujeres en este ramo, pues ellas obtienen ganancias promedio de 4 mil pesos al mes, mientras que ellos ganan 6 mil 338 pesos mensuales.

IV. El emprendimiento en México es considerado una parte fundamental para el desarrollo de la economía en nuestro país, donde las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) aportan alrededor de 52 por ciento del producto interno bruto, y generan 72 por ciento de los empleos formales, generan nuevas industrias que llegan a servir de motores para el desarrollo del país y traen gamas nuevas de productos al mercado.

Derivado de la pandemia, muchas Mipyme tuvieron que cerrar sus puertas de manera definitiva. De acuerdo a datos del Inegi, durante 2020, de las 4.9 millones de Mipyme que se encontraban operando en el país, 3.9 millones sobrevivieron a los efectos económicos generados por la Covid-19 y, un millón 10 mil 857 establecimientos tuvieron que dejar de operar.

Hoy, en el caso de las mujeres, la inestabilidad económica generada por la pandemia sumada a las dificultades para equilibrar la vida laboral y la vida personal, los obstáculos para integrarse y conectarse a redes y ecosistemas de emprendimiento como las dismcirimacion, están disminuyendo la probabilidad de que las mujeres tengan éxito o hagan crecer su empresa a gran escala.

Emprender en México es algo difícil para todos, pero cuando eres mujer se vuelve aún más difícil por diversas barreras socioeconómicas; además, se enfrentan a la falta de condiciones equitativas en el mercado laboral y la brecha salarial que persiste en prácticamente todas sus economías.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Competitividad, tan sólo en 2021, en México, la brecha entre mujeres y hombres que emprenden es mínima ya que estas ocupan 12 por ciento del mercado emprendedor y, ellos 14 por ciento (apenas dos puntos porcentuales). Sin embargo, un estudio realizado por la organización para el emprendimiento a escala global, Endeavor, menciona que, en México, 22 por ciento de las empresas con más de 50 empleados fueron creadas por mujeres.

El emprendimiento femenino muchas veces surge de la necesidad de hacerle frente al desempleo o los bajos ingresos que perduran hoy en los centros de trabajo, especialmente durante la situación que se vivió en pandemia, que ocasionó miles de despidos en nuestro país. Un claro ejemplo, y según indica la Comisión para Prevenir y Erradicar la discriminación las Mujeres, tan solo en la Ciudad de México se perdieron alrededor de 300 mil empleos por la pandemia, frente a los 340 mil de los hombres. Lo que representó el 18.5 por ciento de los empleos de las mujeres frente al 17.8 de los hombres.

La violencia, exclusión y discriminación que viven millones de mujeres en México es un problema estructural que afecta a toda la sociedad. Asumir las causas del feminismo debe orientarnos hacia la construcción de un nuevo pacto social en donde todas las mujeres sean libres y ejerzan plenamente sus derechos; es por ello que en Movimiento Ciudadano ponemos a las mujeres al centro, y su causas al frente, y legislamos en favor de que exista igualdad salarial entre hombre y mujeres.

Por ello, resulta indispensable: 1) Precisar los elementos necesarios para que los patrones fijen el valor de cada puesto de trabajo, y se asegure que el proceso carezca de sesgos, es decir, que “en función de una serie de criterios neutros, en particular, calificaciones y competencias, responsabilidades, esfuerzo y condiciones de trabajo”, los patrones garanticen el establecimiento de “remuneraciones iguales por trabajos de igual valor”; y, 2) Establecer medidas que permitan impulsar proyectos de emprendimiento de mujeres, a fin de garantizar su desarrollo personal y profesional.

Así, la presente iniciativa pretende, entre otras cosas, establecer que, a fin de garantizar que a trabajo igual corresponda salario igual, los salarios se fijen con base en factores objetivos, en términos de lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo: las calificaciones, esto es, conocimientos profesionales, destreza y aptitudes para las relaciones interpersonales; los esfuerzos, mental y físico; las responsabilidades, vinculadas a los objetivos del patrón, con independencia del nivel jerárquico del empleo y del número de personas a cargo; y, las condiciones en que se realiza el trabajo, esto es, del entorno físico y el clima psicológico en que se realiza el trabajo.

Por lo expuesto someto a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la la Ley Federal del Trabajo, Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Ley del Impuesto sobre la Renta

Primero. Se reforma la fracción X del artículo 5o., el artículo 82 y el artículo 86, de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 5o. Las disposiciones de esta ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:

I. a IX....

X. Un salario menor que el que se pague a otro trabajador o trabajadora en la misma empresa o establecimiento por trabajo de igual eficiencia o productividad, en la misma clase de trabajo o igual jornada, por consideración de edad, sexo o nacionalidad, debiéndose respetar la igualdad salarial o de remuneración, estableciendo los mismos criterios, calificaciones, y oportunidades jerárquicas que atribuya por el trabajo o actividad realizada en el ámbito de valor, competencias, responsabilidades, esfuerzos y condiciones de trabajo en igualdad, asociadas a la condición de sexo o que pueda atribuirse como actos discriminatorios y a la exclusión o discriminación de las mujeres trabajadoras en el mercado laboral, el cual deberá considerar el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor.

XI. a XV. ...

...

Artículo 82. Salario es la retribución que debe pagar el patrón o patrona al trabajador o trabajadora por su trabajo por el cual debe pagarse en igualdad y equidad salarial por las actividades o funciones en el ámbito de su valor de competencias, calificaciones, responsabilidades, esfuerzos y condiciones de trabajo asociadas a un pago inferior por condición de sexo o de género o actos tendientes a la discriminación asociadas por su sexo o género.

Artículo 86. A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual sin condicionar el valor y desempeño de su trabajo por su condición de sexo o de género, el cual deberá considerar el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor.

Segundo. Se reforma el párrafo segundo del artículo 11; se adiciona una fracción II Bis al artículo 11; y un párrafo tercero, cuarto y quinto, al artículo 11, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 11. Para la ejecución de las políticas y acciones contenidas en el artículo anterior, deberán considerarse los siguientes Programas:

I. y II. ...

II Bis. Fomentar el emprendimiento a través de la creación de plataformas digitales para la venta de servicios y productos elaborados por mujeres.

VIII. ...

Adicionalmente, la Secretaría promoverá esquemas para facilitar el acceso al financiamiento público y privado a las MIPYMES, en igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres. Poniendo especial énfasis en garantizar el acceso a dicho financiamiento para las mujeres.

En el caso de los esquemas de financiamiento público y privado para las mujeres, la Secretaría establecerá mecanismos que permitan el otorgamiento de tasas de interés preferenciales.

Asimismo, la Secretaría establecerá mecanismos y programas para generar redes de inversionistas de capital para la creación y desarrollo de Mipyme constituidas por mujeres.

La Secretaría propondrá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el otorgamiento de estímulos fiscales a las personas físicas o morales que realicen inversiones de capital para la creación o consolidación de Mipyme constituidas por mujeres.

Tercero. Se adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada capítulo de esta ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

I. a VIII. ...

IX. Las inversiones realizadas en la creación o consolidación de micro, pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas y desarrolladas por mujeres, consistente en deducir el equivalente a 15 por ciento del capital invertido hasta por un monto total de 200 mil pesos.

...

...

...

...

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A la entrada en vigor del presente decreto la Secretaría de Economía contará con un plazo de 60 días naturales para la adecuación de su normatividad correspondiente.

Tercero. A la entrada en vigor del presente decreto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contará con un plazo de 60 días naturales para la adecuación de su normatividad correspondiente.

Cuarto. El Ejecutivo federal a través de la Secretaría del Trabajo y en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres diseñará e implementará los programas o instrumentos o reglamentación necesaria para dar cumplimiento a las presentes modificaciones en un plazo no mayor a 180 días a la entrada en vigor.

Notas

1 Informe mensual del comportamiento de la economía, 2022, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, 2022. Recuperado de:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/723868/Informe_Ab ril_2022.pdf

2 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición 1 Cuarto Trimestre de 2021, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2022. Recuperado de:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/ enoe_ie/enoe_ie2022_02.pdf

3 Ibidem.

4 Ibidem.

5 La puerta de la formalidad: una oportunidad para el emprendimiento femenino; Instituto Mexicano para la Competitividad; pág. 4. Recuperado de

https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2021/07/202100708_El-empr endimiento-femenino_Documento-1.pdf

6 Ibídem, página 17.

7 Población sin ingresos propios por sexo; Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Recuperado de

https://oig.cepal.org/es/indicadores/poblacion-sin-ingresos-prop ios-sexo

8 “El poder de la autonomía económica”; Fernanda Masse; 10 de marzo de 2022. Recuperado de

https://imco.org.mx/el-poder-de-la-autonomia-economica/

9 Entre los retos relativos a la financiación se encuentran la falta de acceso a servicios financieros y falta de aval; mientras que en los retos relativos al ecosistema del mercado laboral destacan las restricciones a la movilidad, escasa red de contactos y falta de herramientas digitales. Confróntese “Las 10 barreras del emprendimiento femenino”; El País; 8 de marzo de 2022. Recuperado de

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/03/07/fortunas/16466 77202_304568.html

10 “Acceso a financiamientos, reto para las mujeres emprendedoras”, Camila Ayala Espinosa; 24 de agosto de 2022. Recuperado de

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Acceso-a-financiamientos -reto-para-las-mujeres-emprendedoras-20220824-0114.html

11 “Radiografía del emprendimiento en México 2021”. Edición Mujeres; Asociación de Emprendedores de México; 12 de septiembre de 2022. Recuperado de

https://asem.mx/asem-presenta-radiografia-emprendimiento-mexico- edicion-mujeres-sobre-mujeres-emprendedoras/

12 La puerta de la formalidad: una oportunidad para el emprendimiento femenino; Instituto Mexicano para la Competitividad; página 27. Recuperado de

https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2021/07/202100708_El-empr endimiento-femenino_Documento-1.pdf

13 Ocho de cada 10 emprendedoras son informales en México; Imco Staff; 08 de julio de 2021. Recuperado de

https://imco.org.mx/ocho-de-cada-10-emprendedoras-son-informales -en-mexico/

14 “La puerta de la formalidad: una oportunidad para el emprendimiento femenino”, Instituto Mexicano para la Competitividad, 2021. Recuperado de:

https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2021/07/202100708_El-empr endimiento-femenino_Documento.pdf

15 Ibídem.

16 Ibídem.

17 Mexicanas sacrifican negocio por hogar; Elizabeth Maza Rodríguez; 12 de septiembre de 2022. Recuperado de

https://www.eleconomista.com.mx/el-empresario/Mujeres-emprendedo ras-sacrifican-negocio-por-hogar-Asem-20220909-0074.html

18 Ibídem.

19 Ibídem.

20 Urge incentivar el emprendimiento en México. El Financiero. Recuperado de:

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/colaborador-invitado/202 1/11/18/urge-incentivar-el-emprendimiento-en-mexico/ #:~: text=M%C3%A9xico%20tiene%20un%20esp%C3%ADritu%20emprendedor,los%20empleos%20for males%20(IMCO)

21 Resultados del estudio sobre la demografía de los negocios. Inegi. Recuperado de:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/ OtrTemEcon/EDN2020.pdf

22 El emprendimiento femenino. Imco. Recuperado de:

https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2021/07/202100708_El-empr endimiento-femenino_Documento-1.pdf

23 Diagnóstico sobre las desigualdades laborales de las mujeres en la Ciudad de México. Copred. Recuperado de:

https://www.copred.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/copred-presenta -diagnostico-sobre-las-desigualdades-laborales-de-las-mujeres-en-ciudad-de-mexi co-dos-anos-de-la-pandemia#:~: text= Las%20mujeres%20en%20Ciudad%20de%20M%C3%A9xico%20perdieron%20alrededor%20de%203 00,forma%20consistente%2C%20aunque%20m%C3%A1s%20lenta.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputadas y diputado: Jéssica María Guadalupe Ortega de la Cruz, Elizabeth Pérez Valdez, Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, Jorge Álvarez Máynez (rúbricas).»

«Iniciativa de decreto por el que se declara el día 22 de febrero como “Día Nacional del Guerrero B’otzanga Otomi”, a cargo de la diputada Celestina Castillo Secundino, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Celestina Castillo Secundino, del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto, bajo la siguiente:

La iniciativa que hoy presento ante ustedes parte de un homenaje a un personaje que ha permanecido en el anonimato por ser de origen indígena, pero que en la cultura otomí es recordado año con año. Por lo que en la historia se ha vuelto invisible y se conoce poco, pero fue un hombre indígena que dio su vida por su pueblo otomí.

El nombre de este gran guerrero otomí, tanto en náhuatl Tlilcuetzpalin, como en otomí B’otzanga, significan lo mismo; B’otzanga significa Lagartija Negra, proviene de los vocablos otomíes

Mb’oti- Negro.

Zanga- Lagartija o Lagarto.

Todo comienza por el año 12- conejo (1478), en aquel año Axayacatl (Hmidehe en idioma hñä-hñü) acompañado de Nezahualpilli, rey de Texcoco, y del rey de Tlacopan, comenzó su campaña militar contra los reinos matlatzincas asentados en valle de Toluca; tenía a su mando un ejército de más o menos 40 mil hombres, incluidos mercenarios otomíes, mazahuas y matlatzincas.

Respecto de la batalla que aconteció entre el máximo guerrero del pueblo otomí Botzanga- (lagartija, negra- Tlilcuetzpalin) y el rey de los mexicas Axayácatl, la historiadora Noemí Quezada, en su libro: Los matlatzincas, época prehispánica y época colonial hasta 1650, nos cuenta la siguiente historia:

“Un día que el rey Axayácatl iba victorioso tocando un tambor de oro le salió al pasó el jefe de los Xiquipilcas llamado Tlilcuetzpalin quien acompañado de dos de sus jefes llamados Itacuicuani y Tlamaca, lo reto a combatir; ambos lucharon con gran valor y fue Tlilcuetzpalin quien derribó Axayácatl y lo hirió en un muslo, herida que lo dejaría cojo para el resto de sus días, Axayácatl desesperado le dijo: ¿cómo te llamas? Que tú desde luego serás gran señor... y él le respondió: Llámome Tlilcuetzpalin. Díjole Axayácatl: mirad, bellaco, que si me quitas la vida será vuestro México Tenochtitlan, pero al ver caído a Axayácatl, el capitán general de Tezcoco llamado Quetzalmamalitzin, intervino y en unión de otros muchos capitanes de valía apresó a Tlilcuetzpalin y sus dos jefes”

Como era costumbre se enviaron mensajeros hacia México para que se diera la noticia a Tlacaélel de las conquistas y de lo sucedido con Axayacatl, en dicho mensaje se incluyen los detalles de la campaña en el valle de Toluca y lo acontecido en Xiquipilco.

Al llegar a Tenochtitlan, Axayacatl esperó hasta que sanaran sus heridas en el muslo, entonces hizo junta de los señores y principales de Texcoco, Tacuba y de las demás comarcas, y en un gran convite durante la fiesta del Tlacaxipehualiztli fueron muertos B’otzanga y sus capitanes, todo frente a las esposas de Axayacatl, pues lo quiso así para demostrar mayor grandeza y virilidad. Unos aseguran que B’otzanga luchó amarrado hasta ser herido y sacrificado.

De esta forma quedó consolidado el poderío azteca sobre los pueblos matlatzincas, otomí y mazahua del valle de Toluca. Ningún grupo étnico mantenía su independencia y posiblemente Xiquipilco quedó desmantelado desde los tiempos de la lucha entre Axayacalt y Tlilcuetzpalin.

A la llegada de los españoles, los otomíes vieron la posibilidad de liberarse del imperio azteca, razón por la cual muchos otomíes les dieron todo su apoyo a los conquistadores. Quienes no quisieron hacerlo se retiraron hacia las montañas, desplazamiento que se acentuó cuando brotó una epidemia de viruela.

El pueblo otomí fabrica diversas artesanías, entre las que podemos destacar la producción de tapetes de lana, molcajetes y metates de piedra negra, sombreros de palma, sillas de tule, ayates de fibra de maguey, textiles elaborados en telar de cintura. Se utiliza el carrizo para fabricar macetas, canastos, sonajas en forma de paloma y cantaros para el pulque.

Es de hacer notar que el reconocimiento a nuestros pueblos originarios se realiza de forma genérica, por ejemplo, el día internacional de los pueblos indígenas, o el decreto aprobado por está Cámara de Diputados el 25 de marzo de 2021 para declarar el 9 agosto Día Nacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas y el 10 de agosto Día Nacional de la Afromexicanidad.

Actualmente es conmemorado localmente con una ceremonia indígena en el municipio de Temoaya, estado de México, estando una estatua del guerrero B’otzanga en la entrada del Centro Ceremonial Otomí, celebrando el 22 de febrero de 2022 su 45 aniversario.

Es por ello que se considera pertinente hacer un reconocimiento al pueblo otomí y su historia de valor.

-No se omite mencionar que el 22 de febrero en México se conmemora el Día del Agrónomo, fecha en que se fundó en México la primera universidad dedicada a la agricultura, la Escuela Nacional de Agricultura, hoy conocida como la Universidad Autónoma Chapingo.

-También, el 22 de febrero de 1913 fueron asesinados Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, por órdenes de Victoriano Huerta.

Por lo antes expuesto se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto por el que se declara el 22 de febrero de cada año como el Día del“ Guerrero B’otzanga Otomí”

Artículo Único. El Congreso de la Unión declara el 22 de febrero de cada año como Día Nacional del “Guerrero B’otzanga Otomí”

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Noemí Quezada . (1996). Los matlatzincas, época prehispánica y época colonial hasta 1650. Pag 49. México: UNAM.

2 http://sic.gob.mx/ficha.php?table=grupo_etnico&table_id=2

3 https://www.gob.mx/siap/articulos/conmemoramos-el-mes-de-febrero#:~: text=El%2022%20de%20febrero%20se,como%20la%20Universidad%20Aut%C3%B3noma%20Chap ingo.&text=Febrero%20es%20el%20segundo%20mes%20del%20a%C3%B1o%20en%20el%20c alendario%20gregoriano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2022.– Diputadas y diputados: Celestina Castillo Secundino, Ángel Miguel Rodríguez Torres, Beatriz Dominga Pérez López, Catalina Díaz Vilchis, Eduardo Zarzosa Sánchez, Irma Juan Carlos, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Karla Estrella Díaz García, María de Jesús Aguirre Maldonado, María Eugenia Hernández Pérez, Marisela Garduño Garduño, Susana Cano González, Verónica Collado Crisolia (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Sierra Damián, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita diputada federal, María Sierra Damián, integrante del Grupo Parlamentario Morena en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, numeral 1, fracción IX; 6, numeral 1, fracción I; y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la iniciativa con proyecto decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión preventiva oficiosa para aquellos delitos en contra de la biodiversida d, al tenor de lo siguiente:

México es considerado como un país megadiverso, pues cuenta con casi el 70 por ciento de la variedad de plantas, y animales en el mundo, por ello, se encuentra en el quinto lugar entre 12 países megadiversos del planeta. Distintos factores convergen para que el capital natural de México sea tan vasto y generoso; una extensión territorial de 1,972,550 km2 que lo coloca en el sitio 14 entre los países con mayor superficie; su posición geográfica entre los 32º y los 14º Norte del Trópico de Cáncer, franja que abarca desde Baja California hasta Chiapas, donde existe la mayor diversidad de especies. A lo anterior se agrega la compleja orografía del territorio nacional que le confiere una diversidad de ambientes, suelos y climas, y también los mares y océanos que lo circundan.

Así, nuestro país cuenta con aproximadamente 64 millones de hectáreas de bosques de clima templado y selvas que abarcan el 32 por ciento del territorio nacional. Adicionalmente, el país cuenta con 56 millones de hectáreas de matorrales y cerca de 2 millones de hectáreas de vegetación hidrófila; tales recursos son de gran importancia para nuestro país desde el punto de vista social, económico y ambiental. Por ello, no sólo se han generado acciones encaminadas a la preservación de los mismos, sino que, además, se ha creado normatividad encaminada a la protección y preservación del ambiente y sus recursos naturales. Sin embargo, en la actualidad, la tala ilegal de árboles es un problema que afecta seriamente a los bosques mexicanos, ya que, en el aprovechamiento de los recursos forestales, algunas actividades ilegales que contribuyen al deterioro y desgaste del potencial ecológico, productivo y económico de los bosques mexicanos.

Considerando los datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, las actividades ilícitas en materia forestal son:

Cambio de uso de suelo sin autorización: Las políticas agrícolas ganaderas y de ocupación poblacional han provocado la deforestación de grandes superficies arboladas a través de la influencia de incentivos para el cambio de uso de suelo hacia estas actividades.

Tala Ilegal: Para hacer frente a esta problemática la Profepa implementó en 2007 el programa denominado inicialmente “Cero Tolerancia a la Tala Clandestina”, con especial énfasis en dos entidades: Michoacán y estado de México, con el fin de fortalecer acciones de impacto en la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca. Poco después se extendió al estado de Morelos y al entonces Distrito Federal y posteriormente a todo el país.

Actualmente, el programa se instrumenta a nivel nacional y se denomina “Programa Nacional para Abatir la Tala Ilegal y el Contrabando Forestal” en cada una de sus Delegaciones en los estados, privilegiando acciones que permitan obtener resultados cualitativos y de alto impacto en las 122 zonas críticas forestales del país, que Profepa tiene identificadas.

Ahora bien, es importante señalar que en el Programa Nacional Forestal 2020-2024, en su numeral 6.2, determinado como “Relevancia del Objetivo prioritario 2”, se establece lo siguiente:

“Proteger los ecosistemas forestales de factores que deterioran la cobertura vegetal para mantener el patrimonio natural y contribuir a la mitigación del cambio climático para el bienestar de la población que habita en las zonas forestales y de la sociedad en general, a través de una gestión territorial”.

Ese mismo numeral determina lo siguiente:

“La pérdida de cobertura forestal en México continúa siendo alarmante, debido a las consecuencias que esto representa en el corto, mediano y largo plazo, tales como la reducción de especies de flora y fauna; actualmente existen 3 mil 524 especies de plantas y animales de México incluidas en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La disminución de capacidad de absorción de CO2, la degradación de suelos y capacidad productiva, el detrimento de la capacidad de infiltración de agua a los mantos acuíferos y con ello la reducción de la capacidad de regulación de los ciclos hidrológicos, ha provocado inundaciones y desastres con cuantiosas pérdidas materiales y humanas en centros de población con mayor vulnerabilidad, así como el impacto en la variabilidad climática

En materia de especies, México alberga una de las biotas más diversas del planeta. Por ello está en el grupo de países “mega diversos”. La cifra de especies se estima entre las 180 mil y las 216 mil, que significan entre 10 y 12 por ciento de las especies descritas en el mundo. Además de su elevada diversidad, muchas especies se distribuyen exclusivamente en México, son endémicas. Ejemplo de ello es que entre 50 y 60 por ciento de las especies conocidas de plantas del mundo se encuentran solamente en nuestro territorio, entre ellas 21 especies de pinos, 146 de agaves y 715 de cactáceas. Además, hay 163 especies endémicas de peces de agua dulce (42 por ciento del total mundial), 174 de anfibios (48 por ciento del total), 368 de reptiles (45 por ciento del total), 125 de aves (11 por ciento del total) y 169 de mamíferos (31 por ciento del total).

La principal causa de la deforestación es el cambio de uso del suelo para convertir los ecosistemas forestales en áreas agropecuarias, práctica que ha sido fomentada por la inadecuada aplicación de las políticas públicas de los tres niveles de gobierno a través de incentivos con deficiente coordinación, acompañamiento y supervisión”.

La tala ilícita se considera una actividad ilegal silenciosa e irregular en México que produce ganancias millonarias para los talamontes y genera una afectación al ambiente natural.

La conservación y preservación de la biodiversidad de todos los ecosistemas es de suma importancia y un tema de urgencia, ya que no es solo vegetación la que se pierde, pues como ha explicado la Organización Mundial de la Salud, la comunidad global debe reexaminar y hacer conciencia en todos los niveles sobre relación con el mundo natural, ya que poca gente se da cuenta que los avances tecnológicos dependen por completo de ecosistemas saludables, y hace hincapié en que la diversidad biológica sería mayormente apreciada si se tuviera conciencia que de ella depende aspectos tan básicos para el ser humano como la salud.

En ese sentido, vale mencionar que la Comisión Nacional Forestal publica de manera anual las cifras del “Sector Forestal Mexicano”, que en su edición 2020 manifestó lo siguiente:

“En términos de la mitigación del cambio climático, la degradación forestal se refiere a la reducción del contenido de carbono en la vegetación forestal (tierras forestales), debida principalmente a la intervención humana, aunque una disminución en los almacenes de carbono de un ecosistema puede ser ocasionada también por perturbaciones naturales. Para estimar la superficie de degradación forestal en el país, se utilizaron las Series de Uso de Suelo y Vegetación del Inegi. Se calculó la superficie de tipos de vegetación que pasaron de un estado sucesional primario a uno secundario entre cada mapa de cobertura del Inegi (que incluyó un análisis de los errores de los mapas). Mediante este enfoque, es posible conocer la superficie anual de los tipos de vegetación que tenían más carbono (estado primario) en un mapa de cobertura, y que luego perdieron carbono (al pasar a un estado secundario) en el año base del mapa subsecuente. Para conocer la cantidad de carbono perdido en cada tipo de vegetación, se usó la información del Inventario Nacional Forestal y de Suelos”

En el Programa Nacional Forestal 2020-2024 se señala que uno de los factores que atenta contra los bosques es la tala ilegal, un problema grave en nuestro país, pues se estima que el 70 por ciento del mercado nacional de madera tiene procedencia ilegal. De modo que en respuesta ante tan grave problemática se implementa el “Programa Nacional para Abatir la Tala Ilegal y el Contrabando Forestal”, con la concurrencia de dependencias y entidades para combatir la ilegalidad, frenar el deterioro de los recursos forestales y evitar la competencia desleal a los productores y silvicultores del país.

Aunado a lo anterior, en el Código Penal Federal se ha establecido en el Capítulo Segundo “De la Biodiversidad” del Título Vigésimo Quinto denominado “Delitos contra el ambiente y la gestión ambiental”, tipos penales que están encaminados a sancionar la destrucción de la vegetación natural, tala, transporte, comercio, acopio, y almacenamiento o transformación de recursos maderables en el país; acciones que son ejercidas de manera frecuente por grupos de delincuencia organizada y que, en consecuencia, generan daños a los bosques mexicanos, así como a los recursos maderables.

En este tenor, la presente iniciativa tiene por objeto incluir dentro del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa las acciones tendientes a la destrucción de la vegetación natural, tala, transporte, comercio, acopio, y almacenamiento o transformación de recursos maderables, con el objetivo de disminuir el índice delictivo del mismo y evitar así la propagación de un mercado negro de materiales maderables emanados de hechos ilícitos.

De lo anterior, se propone modificar el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 19. (...)

El Ministerio Público sólo podrá solicitar a la o el juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de la o el imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de las y los testigos o de la comunidad, así como cuando la o e l imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. La o el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos contra la biodiversidad en su modalidad de desmonte, destrucción de la vegetación natural, tala, transporte, comercio, acopio, almacenamiento o transformación de recursos maderables, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas, explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para los efectos del presente Decreto, el Congreso de la Unión, en un lapso que no exceda de 90 días naturales siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, deberá realizar las adecuaciones normativas necesarias al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás ordenamientos correspondientes a la hipótesis delictiva a que se refiere el artículo 19 del presente Decreto.

Notas

1 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/mexico-biodiversidad-que-asombra

2 https://www.fao.org/3/j2215s/j2215s06.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre del 2022.– Diputadas y diputados: María Sierra Damián, Ana Laura Huerta Valdovinos, Ángel Miguel Rodríguez Torres, Angélica Ivonne Cisneros Luján, Beatriz Dominga Pérez López, Catalina Díaz Vilchis, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, Dionicia Vázquez García, Eunice Monzón García, Flor Ivone Morales Miranda, Jaime Humberto Pérez Bernabe, José Guadalupe Ambrocio Gachuz, José Miguel de la Cruz Lima, Judith Celina Tanori Córdova, Karla Estrella Díaz García, María Eugenia Hernández Pérez, Marina Valadez Bojórquez, Martha Alicia Arreola Martínez, Martha Nabetse Arellano Reyes, Pedro David Ortega Fonseca, Raymundo Atanacio Luna, Salvador Caro Cabrera, Saúl Hernández Hernández, Steve Esteban del Razo Montiel, Susana Cano González (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 8o. y 10 de la Ley Federal de Derechos, suscrita por la diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Ana Laura Valenzuela Sánchez, y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 76, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar para su análisis y dictamen la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8 y 10, fracciones VI y VII, de la Ley Federal de Derechos, en materia de pagos de derechos para la expedición del documento migratorio que acredite la condición de estancia, al tenor de lo siguiente:

Planteamiento del problema

Se calcula que unos 281 millones de personas, aproximadamente el 3,6 por ciento de la población mundial, residen actualmente fuera de sus países de origen. Esta migración se caracteriza por diversos grados de compulsión. Un número cada vez mayor de migrantes se ven obligados a abandonar sus hogares debido a una compleja combinación de factores. Entre las violaciones de derechos humanos que padecen los migrantes figuran la denegación de derechos civiles y políticos, en forma de detención arbitraria, tortura o ausencia del debido proceso judicial, así como la vulneración de derechos económicos, sociales y culturales, tales como los derechos a la salud, la vivienda o la educación.

La denegación de derechos a los migrantes suele estar estrechamente vinculada a leyes discriminatorias y prejuicios y actitudes xenófobas muy arraigados.

Algunos países aplican tasas de salario mínimo especiales para los trabajadores migrantes. En ciertos casos, la utilización de estas tasas de salarios por debajo del mínimo se fundamenta en que los trabajadores reciben en especie una parte de su remuneración, sobre todo en el sector del trabajo doméstico (véase el capítulo sobre trabajo doméstico y pagos en especie).

En otros casos, aun cuando no se establezcan salarios mínimos explícitamente destinados a los trabajadores migrantes, estas personas pueden estar considerablemente sobrerrepresentadas en los sectores donde se aplican los salarios mínimos más bajos. Ambos tipos de situación son motivo de gran inquietud por cuanto se prestan para posibles violaciones del principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

Los niveles de desarrollo que han alcanzado los distintos estados que conforman la geografía de la economía mexicana, así como sus dinámicas de crecimiento y trayectorias de empleo, son factores que han incidido en el bienestar social de los hogares y que han condicionado la migración interna, regional y local. Esta dinámica migratoria ha implicado cambios residenciales definitivos, dependiendo del desempeño de los mercados laborales y las estructuras productivas locales.

La migración interna se puede entender como parte de una movilidad territorial, que comprende la circulación temporal o estacional de los individuos y que no necesariamente implica un cambio de residencia ni una transformación de su entorno de vida. Aunada a la migración interna interestatal, existe la llamada movilidad residencial intrametropolitana, que en realidad es otra arista del fenómeno. Si bien ambos procesos podrían tener relación, lo cierto es que los flujos intra metropolitanos de personas no suponen de modo obligado un cambio residencial o del lugar de trabajo, pues tal vez se deben a cuestiones relativas al mercado inmobiliario u obedecer a desplazamientos laborales de retorno.

En la literatura internacional acerca de los impactos económicos de la migración, tradicionalmente se han analizado de manera independiente dos enfoques: por un lado, el que surge de forma natural e inmediata, centrado en el análisis de los efectos positivos en el país de origen de los migrantes, proveniente principalmente de los beneficios de las remesas y, por otro lado, el correspondiente a los efectos negativos que se perciben en el país de destino. Son menos frecuentes y de menor profundidad los trabajos que examinan los efectos benéficos que la migración conlleva al país receptor. En ese sentido, el estudio de la migración ha sido frecuentemente desarrollado con una visión parcial, sin reconocer que no debe reducirse únicamente a una revisión de efectos para uno u otro país. Un enfoque más apropiado y equilibrado, es aquél que considere todos estos elementos

Comúnmente se argumenta que la migración tiende a elevar en el país de destino las tasas de desempleo y reducir los salarios de los trabajadores nativos. Lo primero debido a que los migrantes incrementan la oferta laboral y compiten por los puestos de trabajo con los trabajadores nativos y con ello algunos de éstos pueden ser desplazados.

También se argumenta que los migrantes en general están más dispuestos a aceptar condiciones laborales inferiores, entre ellas, menos prestaciones laborales y menores remuneraciones, con lo que los trabajadores en el país de destino también pueden verse obligados a aceptar menores ingresos, lo cual ocasiona que en general los salarios se reduzcan.

Por tanto, los migrantes elevan la productividad al incrementar uno de los factores productivos relevantes: la fuerza laboral. Un resultado benéfico de esto para el país receptor es que se aprovecha el capital humano de los migrantes sin que se haya hecho algún gasto en él, puesto que la educación y la experiencia laboral con la que llegan los migrantes fueron adquiridas en el lugar de origen. Los migrantes también elevan la productividad al facilitar que los trabajadores nativos se desplazan de áreas poco productivas o improductivas a áreas con mayor productividad. Por ejemplo, los migrantes, al emplearse como trabajadores domésticos reducen las actividades del hogar que los trabajadores nativos realizan, permitiéndoles desempeñarse en otros sectores laborales.

En primer lugar, comparamos el desempleo en México y la migración mexicana en Estados Unidos entre 1990 y 2009. Aunque parece existir cierta correlación ésta no es fuerte, se hubiera esperado, en la mayoría de los casos, que cuando el desempleo se incrementa en México la migración hacia Estados Unidos también lo hace y viceversa; no obstante, son pocos los años donde se presenta tal relación. Las diferencias salariales entre Estados Unidos y México se obtuvieron considerando todos los pagos en dinero y especie que reciben los trabajadores, se incluyen sueldos, prestaciones, gratificaciones adicionales, etc. tanto en México como en Estados Unidos a partir de las cifras de la OCDE (2010). En las últimas dos décadas dichas diferencias salariales han sido crecientes, la inmigración mexicana debería serlo también si esta variable fuera el determinante principal en el comportamiento de la migración.

No obstante, la migración mexicana a EEUU ha mostrado periodos tanto de disminución como de crecimiento; así, aunque las diferencias salariales pueden motivar la emigración de mexicanos a Estados Unidos, no parece ser un factor fuertemente determinante.

Miles de migrantes centroamericanos y haitianos ven en la capital el único destino posible ante la represión estadounidense en la frontera. Pero los bajos salarios, el alto precio de la vivienda y la falta de una respuesta a su solicitud de asilo los ha dejado varados en el país.

Lo propuesto va en concordancia a los principios de derechos humanos de universalidad, progresividad e interdependencia señalados por el primer artículo de la Constitución e interpretado por órgano judicial y constitucional competente en el país.

Por lo anteriormente expuesto, es que a continuación y para un mejor entendimiento de lo que se propone, me permito exponer un cuadro comparativo con el texto normativo vigente y la propuesta de modificación:

Fundamento legal de la iniciativa

Lo constituyen los artículos 71 fracción II y 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), así como los artículos 6 numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, mismos que quedaron precisados desde el inicio de este documento.

En virtud de lo anterior, se somete a consideración del pleno:

Decreto por el que se reforman los artículos 8 y 10, fracciones VI y VII de la Ley Federal de Derechos

Único. Se reforman dos fracciones al artículo 8 y se reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue...

Artículo 8o. Por la recepción, estudio de la solicitud y, en su caso, la expedición del documento migratorio que acredita la condición de estancia se pagarán derechos conforme a las siguientes cuotas:

...

...

...

...

...

VI. Residente Temporal:

a). Hasta un año............................ $3,000.00

b). Dos años.................................. $5,500.44

c). Tres años.................................. $7,000.00

d). Cuatro años............................. $8,000.00

VII. Residente Permanente.............. $4,600.00

Artículo 10. Por la recepción y estudio de la solicitud y, en su caso, la regularización de la situación migratoria en los términos de las disposiciones migratorias se pagará el derecho conforme a la cuota de $1,000.00

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 OHCHR. (s. f.). ACNUDH | Migración y derechos humanos. Recuperado 1 de septiembre de 2022, de

https://www.ohchr.org/es/migration

2 OIT. Recuperado 1 de septiembre de 2022, de

https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/rates/WCMS _535659/lang–es/index.htm

3 Varela Llamas, Rogelio, Ocegueda Hernández, Juan Manuel, & Castillo Ponce, Ramón A. (2017). Migración interna en México y causas de su movilidad. Perfiles latinoamericanos, 25(49), 141-167.

https://doi.org/10.18504/pl2549-007-2017

4 BBVA

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/ mult/WP_1117_Mexico_tcm346-257505.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe Alma Carolina Viggiano Austria integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI y se reforma el segundo párrafo del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales

La reforma constitucional sobre procuración e impartición de justicia significó un parteaguas en el desarrollo de la justicia en México. Con ella, dejamos atrás un sistema penal inquisitivo para introducirnos a uno de corte acusatorio y oral. Ello significó un cambio de paradigma en la concepción del derecho penal. Hoy, más que castigar al culpable, se busca, primeramente, proteger a la víctima y reparar el daño.

En este sentido, una de las grandes novedades fue que la víctima comenzó a ser considerada como parte del proceso penal. Todo ello trajo como consecuencia la creación de diversas figuras novedosas y el fortalecimiento de otras ya existentes. Tal es el caso de las medidas cautelares.

Históricamente, las medidas cautelares surgieron para garantizar y proteger el proceso penal. Así, de acuerdo con Francisco Chamorro, estas medidas implican que se logre el desarrollo de las siguientes directrices: I. Acceso a la Justicia; II. Garantía del derecho de defensa; III. Derecho a obtener un pronunciamiento sobre el fondo que ponga fin al proceso y IV. El derecho a la efectividad de la tutela jurisdiccional”.

Uno sus inicios lo más importante era permitir que la persona imputada pudiera ser procesado y condenado por una falta delictiva. Sin embargo, hoy, ya no sólo funcionan para ello, sino que también se busca proteger a la víctima y a los testigos. Así, surgieron las medidas de protección como mecanismos específicos que permiten garantizar la integridad física, emocional de las víctimas, a la par que buscan salvaguardar sus derechos humanos.

En México, estas medidas quedaron consagradas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales que a la letra refiere:

Artículo 137. Medidas de protección

El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes:

I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido;

II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre; III. Separación inmediata del domicilio;

IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable;

V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos;

VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido;

VII. Protección policial de la víctima u ofendido;

VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo;

IX. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes, y

X. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad.

Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en las fracciones I, II y III deberá celebrarse audiencia en la que el juez podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes.

En caso de incumplimiento de las medidas de protección, el Ministerio Público podrá imponer alguna de las medidas de apremio previstas en este Código.

En la aplicación de estas medidas tratándose de delitos por razón de género, se aplicarán de manera supletoria la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

De acuerdo con la redacción del Código Nacional de Procedimientos Penales, estas medidas son impuestas por el Ministerio Público. Es de destacar que cuando se trata de acciones o medidas que limitan la libertad del imputado, estas deberán ser ratificadas por juez en audiencia.

Estas medidas desde su creación han sido fundamentales para la atención y el cuidado de las mujeres que se encuentran en situación de violencia, pues han permitido garantizar la seguridad de las víctimas en tanto se desarrolla el proceso en libertad. A diferencia de las órdenes judiciales de protección previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, estas medidas son impuestas por el Ministerio Público en situación de urgencia y por tanto, las únicas que requieren de ratificación ante un juez son aquellas que prevén la limitación de la libertad personal.

Las órdenes de protección de la Ley de Acceso son importantes (además de ser supletorias a las que se presentan en el Código Nacional), éstas pueden ser más eficaces en situaciones de peligro de la víctima. En este respecto, si bien han permitido generar un espacio de seguridad, es necesario implementar más y mejores medidas que permitan hacer frente a la situación de violencia a la que se enfrentan las mujeres en la actualidad.

En este sentido, si bien es cierto que las medidas permiten el desarrollo de una mejor protección a las víctimas, en el caso de la violencia laboral todavía queda mucho por hacer, pues muchas veces, el agresor sigue trabajando junto a la víctima, lo cual dificulta la debida defensa a las mujeres. De acuerdo con el estudio “Violencia laboral, una realidad incómoda. Estudios de caso desde una perspectiva de género”, cerca del 30.1% de las mujeres de 15 años que son empleadas, obreras o jornaleras en México, afirman haber padecido algún tipo de violencia en el trabajo.

Este acoso puede consistir en violencia psicológica, física, verbal o incluso sexual, utilizada para intimidar a las trabajadoras quienes muchas veces son obligadas a renunciar. En este sentido si bien es cierto que las mujeres pueden iniciar una denuncia penal contra este tipo de violencia, la realidad es que muchas mujeres desisten porque el agresor continúa trabajando con la víctima y la sigue intimidando.

Por tales motivos, la presente iniciativa de ley busca reformar el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos penales a efecto de establecer mecanismos de protección más efectivos para todas aquellas mujeres que desean denunciar situaciones de violencia y que requieren del apoyo de las autoridades para vivir seguras.

Por lo anteriormente expuesto se presenta la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XI y se reforma el segundo párrafo del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue:

Artículo único. Se adiciona una fracción XI y se reforma el segundo párrafo del artículo 137.

Artículo 137. Medidas de protección El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes:

I a X ...

XI. La suspensión de la persona agresora del centro laboral o educativo según corresponda, en forma temporal y de carácter preventivo a efecto de garantizar la integridad de la mujer en situación de violencia y el cumplimiento de otras medidas otorgadas, cuando la conducta constitutiva de algún tipo de violencia se desarrolle en los ámbitos laboral y docente.

Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en las fracciones I, II, III y XI deberá celebrarse audiencia en la que el juez podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes. No será impedimento para ratificar la medida de protección, la falta de notificación de misma al denunciado.

...

...

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1. MONROY PALACIOS, J. Bases para la Formación de una Teoría Cautelar. Comunidad, Lima, 2002, p.104.

2. http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/ias/ Doc_ 28.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 1 de septiembre del 2022.– Diputadas y diputados: Alma Carolina Viggiano Austria, Eduardo Zarzosa Sánchez, Enrique García de la Parra, Eufrosina Cruz Mendoza, Frinné Azuara Yarzábal, Jaime Bueno Zertuche, Jaqueline Hinojosa Madrigal, Johana Montcerrat Hernández Pérez, Karla Ayala Villalobos, Marcela Guerra Castillo, Marco Antonio Mendoza Bustamante, María de Jesús Aguirre Maldonado, Melissa Estefanía Vargas Camacho, Miguel Sámano Peralta, Norma Angélica Aceves García, Roberto Carlos López García, Sayonara Vargas Rodríguez, Yeimi Yazmín Aguilar Cifuentes (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 35 Bis de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a cargo del diputado Pedro David Ortega Fonseca, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Pedro David Ortega Fonseca, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 35 Bis de la Ley Nacional de Ejecución Penal, conforme a la siguiente:

Un grupo de población que históricamente ha sido vulnerado e invisibilizado son las personas con discapacidad, no obstante, actualmente se han realizado acciones para avanzar en la armonización normativa respecto a sus derechos en igualdad de condiciones y oportunidades de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin duda, algunas personas con discapacidad, sufren una discriminación múltiple, la cual “ hace referencia a la discriminación que tiene lugar por diversos motivos que intervienen por separado.” Es por ello que, las personas con discapacidad privadas de la libertad, pertenecen simultáneamente a un grupo en doblemente en desventaja, por lo que, es propenso a sufrir formas agravadas y específicas de discriminación.

Es por ello que, existe una obligación por parte del Estado de velar por las personas con discapacidad privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios de México, debido a que las condiciones en las que se encuentran están invisibilizadas y desprotegidas en la normatividad mexicana.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hace mención que “... Las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad en la sociedad se magnifican en prisión, dada la naturaleza del entorno de reclusión y restricción y la violencia resultante de la sobrepoblación, de la falta de una correcta diferenciación y supervisión del preso, entre otras.”

En México, según con los datos del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2022 que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hacia finales de 2021 había 219 mil 27 personas recluidas en todos los centros penitenciarios del país, con un total de 9 mil 461 personas con discapacidad (9 mil 105 hombres y 356 mujeres). En los centros de internamiento para adolescentes había una población total de mil 393, donde únicamente 13 manifestaron vivir con alguna discapacidad (12 hombres y una mujer).

Gráfica del Instituto Nacional de Estadística y Geogrfía

Por lo anterior, para comprender el rezago que existe en el sistema penitenciario mexicano en la atención a las personas con discapacidad basta con un dato: de cada 10 cárceles estatales y federales sólo tres tienen espacios adaptados (sólo 89 de 266 cárceles en el país).

Ahora bien, en el caso de los penales federales, conocidos como Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso), ninguno de los 15 que hay en México está adaptado para personas con discapacidad, a pesar de que en ellos viven viven 3 mil 608 con discapacidad (3 mil 601 hombres y 7 mujeres).

De manera similar, una de las afectaciones que sufren las personas con discapacidad privadas de su libertad es la violencia, según algunos datos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señalan que:

“Durante 2021 hubo 42 registros de abusos cometidos contra la población en reclusión, de los que 20 tuvieron como víctimas a personas en situación de especial vulnerabilidad, incluida una persona con discapacidad mental. Además de abusos físicos, están documentados algunos de índole sexual, violencia colectiva, negligencia, maltrato, cobros y extorsiones, humillaciones y amenazas. De los 39 homicidios cometidos dentro de centros penitenciarios en 2021, hubo una víctima con discapacidad psicosocial, en el Centro de Reinserción Social Tepexi de Rodríguez en Puebla”

Desafortunadamente, la violencia, el abandono y los abusos se multiplican e intensifican hacia las personas con discapacidad privadas de su libertad, por lo que es indispensable se transversalice el enfoque de derechos humanos e interseccionalidad en beneficio de este grupo poblacional.

Dicho lo anterior, existe una obligación por parte del Estado Mexicano de generar las acciones correspondientes para asegurar el goce y disfrute de sus derechos humanos al interior de los Centros Penitenciarios de las personas con discapacidad, de conformidad con el artículo 14, numeral 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, el cual señala que: “Los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad que se vean privadas de su libertad en razón de un proceso tengan, en igualdad de condiciones con las demás, derecho a garantías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratadas de conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención, incluida la realización de ajustes razonables”.

Consecuentemente, la dimensión de ajustes en el aparato institucional en favor de las personas con discapacidad privadas de su libertad, deben considerarse como aspectos de suma importancia para su protección máxima de sus derechos humanos, teniendo en cuenta que las personas en reclusión, el único derecho que se pierde es su libertad, más no el goce de sus demás derechos, por lo que, es necesaria la implementación de buenas prácticas, así como la aplicación de estándares internacionales que favorezcan un trato digno y una progresiva reinserción social.

En razón de lo anterior, se somete a consideración de esta Cámara el siguiente proyecto de

Único. Se adiciona el artículo 35 Bis de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de acuerdo con lo siguiente:

Artículo 35 Bis. Personas con discapacidad privadas de la libertad

La autoridad penitenciaria debe adoptar las medidas necesarias para que las personas con discapacidad privadas de la libertad puedan ejercer plenamente sus derechos de manera efectiva de conformidad con las siguientes consideraciones:

I. La ubicación y las instalaciones destinadas a las personas con discapacidad deberán contar con los elementos de accesibilidad, identificando y eliminando los obstáculos y barreras de acceso que limiten su desarrollo integral e independencia.

II. Establecer los mecanismos necesarios para que las personas con discapacidad accedan a una educación inclusiva, de calidad y gratuita, que facilite su formación y desarrollo académico.

III. Realizar las medidas pertinentes para promover un entorno favorable, en materia de salud, bienestar y autonomía, a fin de prevenir casos de explotación, violencia y abuso hacia las personas con discapacidad.

IV. Promover las oportunidades de empleo y laborales en condiciones de trabajo justas, seguras, saludables y asequibles, que permitan su desarrollo pleno.

Único. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Observatorio estatal de la Discapacidad. Personas con discapacidad y discriminación múltiple en España: situación y propuestas.

https://www.observatoriodeladiscapacidad.info/wp-content/uploads /2017/12/DISCRIMINACION-MULTIPLE-OED.pdf

2 Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y Delito.

3 Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 202. Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/cnspef/2021/doc/cn sipef_2021_resultados.pdf

4 Ídem.

5 Ídem.

6 Informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=113

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputados y diputadas: Pedro David Ortega Fonseca, Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Ana Karina Rojo Pimentel, Beatriz Dominga Pérez López, Brenda Ramiro Alejo, Catalina Díaz Vilchis, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, Celestina Castillo Secundino, Fernando Marín Díaz, Héctor Ireneo Mares Cossío, Jesús Fernando García Hernández, José Guadalupe Ambrocio Gachuz, Karla Estrella Díaz García, María Eugenia Hernández Pérez, María Guadalupe Román Ávila, María Magdalena Olivia Esquivel Nava, María Sierra Damián, Marisela Garduño Garduño, Marisol García Segura, Martha Alicia Arreola Martínez, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Norma Angélica Aceves García, Pedro David Ortega Fonseca, Shirley Guadalupe Vázquez Romero, Steve Esteban del Razo Montiel, Susana Cano González (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el diputado Anuar Roberto Azar Figueroa y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Anuar Roberto Azar Figueroa, en nombre de las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente

Universalmente, la familia es considerada como la unidad básica de la sociedad, cuyo núcleo es indispensable para el desarrollo del ser humano, ya que es ahí donde se educa, se aprenden valores, se desarrollan las funciones de socialización temprana, de desarrollo de la afectividad y de satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos, entre otras. De esta forma, la vivencia, prácticas o experiencias dentro de la familia definen a los individuos de cara a la sociedad.

Además, la familia también es considerada como un elemento de vital importancia para el desarrollo social, económico, político y cultural de cada nación, ya que posee una función social determinada e insustituible que garantiza la perpetuación y estabilización de la sociedad.

Además de su función social, en opinión de los mexicanos, la familia es la institución que brinda más confianza, es el principal apoyo cuando se presentan problemas económicos extraordinarios, cuando se trata de atender a personas con discapacidad y de cuidar a los niños pequeños. Es la principal fuente de apoyo emocional, así como el espacio más importante de sociabilización política.

Por ello, el contar con familias fuertes, saludables y sostenibles, permite tener sociedades fuertes, saludables y sostenibles. Por el contrario, al presentarse un debilitamiento de las estructuras y dinámicas familiares conllevará un impacto negativo en la sociedad, al provocar problemáticas que afectan los indicadores de bienestar en los miembros de los hogares, especialmente de los menores de edad y las personas adultas mayores.

Lo anterior se da, ya que existen diversos problemas relacionados con la dinámica familiar, como los que ejemplifica Fernando Pliego Carrasco, en su libro Familias y bienestar en sociedades democráticas. El debate cultural del siglo XXI, tales como la violencia en la vida de pareja, abusos sexuales contra niños y adolescentes, delincuencia juvenil, deserción escolar, consumo de drogas y depresión, entre otros, los cuales hacen más difícil alcanzar el desarrollo pleno e integral de las personas, así como del que puedan gozar plenamente de sus derechos y libertades fundamentales, vulnerando la dignidad de cada uno de los integrantes de la familia.

En este mismo sentido, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ha señalado que la pobreza y la inequidad colocan a numerosas familias en serias dificultades para poder dar a sus hijos la infancia que necesitan y a la que tienen derecho. La interdependencia de la familia de otros sectores sociales es cada vez mayor y, por tanto, cada vez es mayor el impacto de los diferentes problemas de la sociedad como el desempleo, la exclusión escolar y ciudadana, la carencia de servicios, las viviendas insalubres, la violencia social y política.

Es tal la importancia de la familia para la sociedad que, a nivel internacional, se han desarrollado diversos instrumentos en los cuales se reconoce su importancia, así como sus funciones y los derechos que los miembros de las familias ejercen con base en su rol dentro de ellas, y con ello, garantizar el ejercicio de los derechos a la vida, integridad, salud, alimentación, vivienda, educación y, en general, del bienestar de los integrantes de cada familia.

Así, la familia es definida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el numeral 3 de su artículo 16, como “el elemento natural y fundamental de la sociedad” y, por tanto, “tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”.

Además, el numeral 1 del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala que “se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo...”.

Por su parte, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos o Pacto de San José establece, en el numeral 1 de su artículo 17, que “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado”.

Sumado a los instrumentos internacionales ante mencionados, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su resolución A/RES/47/237 del 20 de septiembre de 1993, proclamó el 15 de mayo de cada año como el Día Internacional de la Familia, con el propósito de invitar a los Estados miembros a promover el estudio, la reflexión, la protección y el fortalecimiento de la familia en sus respectivos países, además de reconocer, identificar y analizar cuestiones sociales, económicas y demográficas que afectan a su desarrollo y evolución.

En nuestro país, acorde con lo establecido a nivel internacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala, en el primer párrafo de su artículo 4o., que “La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”, de esta forma, el Estado Mexicano tiene la obligación de defender, procurar, garantizar y promover los derechos de la familia dado el interés público que representa.

A pesar de que, tanto tratados internacionales como en nuestra Carta Magna, reconocen el derecho fundamental a la familia y que el interés público de preservar la familia obedece a que ésta es su fundamento de subsistencia, aún hace falta establecer que todas las acciones que el Estado emprenda deberán ir encaminadas a proteger su interés superior, no como suma de individuos, sino como una institución.

El mismo Inmujeres ha señalado que “es obligación de los Estados tomar medidas económicas, sociales y legales tendientes a contrarrestar los efectos que las medidas de ajuste económico, el modelo de desarrollo vigente y la globalización tienen sobre las familias y sus hijos. La familia en toda su diversidad debe ser considerada como unidad y eje de las acciones de protección y prevención, superando la atención segmentada sobre algunos de sus miembros”.

En este orden de ideas, al hablar del interés superior de la familia nos referimos al conjunto de normas jurídicas, así como la totalidad de planes, programas y políticas públicas, que deben contemplar el interés de que la familia sea el mejor y mayor soporte del Estado.

Lo anterior cobra mayor importancia ya que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el Censo de Población y Vivienda de 2020, en nuestro país existen 35 millones 219 mil 141 hogares, de los cuales, 87 de cada 100 son hogares son familiares.

El mismo Inegi señala que el 71 por ciento de los hogares son nucleares, es decir, integrado por mamá, papá e hijos; o bien también puede ser por mamá o papá con hijos; o incluso una pareja sin hijos que vive en el mismo hogar también es considerada como un hogar nuclear; el 28 por ciento son ampliados, lo que significa que además del hogar nuclear, también residen otros familiares como tíos, abuelos o tíos, mientras que el 1 por ciento es compuesto, es decir, constituido por un hogar nuclear o ampliado y al menos con una persona sin parentesco con la jefa o jefe del hogar.

En este sentido, ya se han pronunciado voces de algunos magistrados, entre ellos el Mtro. Marco Polo Rosas Baqueiro, magistrado en el Noveno Tribunal Colegiado, en Materia Civil del Primer Circuito, en la Ciudad de México, quien ha expresado que no sólo debe ser considerado el interés superior del menor, sino de toda la institución familiar; ya que “en la familia adecuada, vemos que, si cada quien cumple su papel, se logra una estabilidad increíble”.

Así, el magistrado Rosas Baqueiro ha dicho que “el artículo cuarto constitucional que habla del interés superior del menor debería modificarse, para también incluir, el interés superior de la familia. Las políticas del estado entonces en lugar de empoderar a cada individuo por su lado, lo entendería como un conjunto, como una sociedad”.

Lo anterior se observa toda vez que en nuestra legislación ya establece, de manera individual y aislada, la observancia del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, que sin duda son parte importante de la familia, las políticas públicas dirigidas a este sector sin tomar en cuenta a los demás miembros de nuestras familias, cuya realidad es cambiante con el tiempo.

Por ello es necesario observar a la familia, no como la suma de individuos, sino como una entidad superior cuyo rol es constitutivo de la sociedad, por lo que debe ser apoyada con interés público, sobre todo porque en su seno se satisface buena parte de los derechos individuales de desarrollo integral de sus miembros, debiéndose destacar que son, al mismo tiempo, integrantes del grupo familiar y también ciudadanos dentro de la sociedad.

En este orden de ideas, la presente iniciativa tiene como propósito establecer, a nivel constitucional, el interés superior de la familia y con ello, establecer la obligación del Estado de que las leyes y normas que se expidan, así como los programas y políticas públicas que implemente estén encaminadas de garantizar el acceso y pleno goce de los derechos de cada uno de sus integrantes, ya no de manera individual, sino como parte de una familia.

Derivado de lo expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue

Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia . El Estado, en sus decisiones y actuaciones velará por el principio del interés superior de la familia garantizando el pleno goce de sus derechos.

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Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Vida SV, “La familia es la institución más relevante de la sociedad” consultado en:

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/ProtectionFam ily/CivilSociety/VidaSV.pdf

2 Pliego Carrasco, Fernando. 2013. Tipos de familia y bienestar de niños y adultos. El debate cultural del siglo XXI en 13 países democráticos.México. Consejo Editorial honorable Cámara de Diputados. Página 11.

3 Rosales, Jesús, Enfoque a la Familia, “La importancia de la familia y de su función en la sociedad”, 22 de agosto de 2016, consultado en:

https://www.enfoquealafamilia.com/sin-categoria/la-importancia-d e-la-familia-y-de-su-funcion-en-la-sociedad/

4 Pliego Carrasco, Fernando. 2012. Familias y bienestar en sociedades democráticas. El debate cultural del siglo XXI.

5 Inmujeres, “15 de mayo: Día Internacional de las Familias”, consultado en:

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100552.pdf

6 OACNUDH, “Declaración Universal de Derechos Humanos” consultado en:

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf

7 OACNUDH, “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, consultado en:

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

8 IIJ, UNAM, “Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)”, consultado en:

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2113/27.pdf

9 CNDH, “Día Internacional de la Familia”, consultado en:

https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-internacional-de-la-familia

10 Inmujeres Op. Cit.

11 Guitrón Fuentevill, Julián, El Sol de Cuautla, 6 de enero de 2019, consultado en:

https://www.elsoldecuautla.com.mx/analisis/trascendencia-del-der echo-familiar.-sus-elementos-e-instituciones-que-lo-integran-2882801.html

12 Inegi, “Cuéntame de México. Población”, consultado en:

https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/hogares.aspx?tema=P

13 CDN, “Elevar a rango constitucional el interés superior de la familia, propone magistrado del Noveno Tribunal Colegiado”, 22 de marzo de 2019, consultado en:

https://www.cdnoticias.com.mx/articulos/elevar-rango-constitucio nal-interes-superior-la-familia-propone-magistrado-del-noveno-tribunal-colegiad o/uruapan

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2022.– Diputado Anuar Roberto Azar Figueroa (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, suscrita por los diputados Moisés Ignacio Mier Velazco y Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, Moisés Ignacio Mier Velazco y Juanita Guerra Mena, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ponens a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, al tenor de la siguiente

Las organizaciones delictivas se encuentran conformadas por personas que se reúnen con la finalidad de orientar sus esfuerzos de manera colectiva, en actividades ilícitas, transformando sus esfuerzos individuales en torno de un objetivo ilícito y evolucionando en prácticas, procedimientos y acciones, para convertirse en el gran problema que involucra a la seguridad pública de prácticamente todos los países del mundo.

Su meta principal -más no la única- es la de generar un control de carácter exclusivo sobre un mercado o actividad de carácter delictiva en particular y tiene prácticamente las mismas consecuencias para el individuo, la comunidad y la sociedad que cualquier otro delito, sin embargo, el impacto de la delincuencia organizada es mayor y más corrosivo que el crimen individual, principalmente por los métodos utilizados.

Depende en el ejercicio de sus actividades del uso de la violencia, así como de la comisión de otro tipo de medidas ilícitas y represivas a fin de generar un mecanismo de control operacional estrecho que les permita un orden jerárquico que no se encuentra apegado al cumplimiento de las normas sino de sus códigos internos.

La delincuencia organizada vulnera la percepción de certeza y presencia de Estado de derecho pero además, afecta la dinámica social y por ende, la vida de prácticamente todas las personas, algunos de los métodos usados por organizaciones criminales para cumplir sus objetivos y mantener el poder son la extorsión, el soborno, el secuestro, el lavado de dinero, el traslado de bienes y valores ajeno a mecanismos de transparencia tributaria y formalidad, lo que genera graves consecuencias de tipo económico no solo para las víctimas directas de la comisión de un delito relacionado con estas organizaciones sino del Estado mismo ya que muchas de sus actividades son vinculadas al sostenimiento de mecanismos informales de carácter financiero.

El crimen organizado representa, una de las más importantes amenazas a la estabilidad de las instituciones democráticas y del Estado en sí, al comprometer y poner en duda el funcionamiento de las instituciones gubernamentales que ejercen el poder coactivo pues para su combate eficaz y erradicación, exige la cooperación entre diferentes órdenes de gobierno y dependencias en un régimen diseñado bajo mecanismos de división de poderes, respeto al federalismo y contrapesos al poder.

El crimen erosiona la percepción individual y colectiva de seguridad, sin embargo, esta percepción negativa se recrudece cuando se da en su modalidad más evolucionada de delincuencia organizada, pues las percepciones de inseguridad tienen como consecuencia una reducción de la legitimidad y la credibilidad de las instituciones democráticas, aminora la inversión directa y demanda el gasto de recursos para su combate y prevención con pocos o nulos resultados inmediatos.

Adicionalmente, en las democracias tal apreciación sobre la inseguridad puede magnificar los peligros en detrimento de los esfuerzos gubernamentales para resolverlos, pues se erogan importantes recursos financieros y se destinan valiosos elementos de las corporaciones policiales para su control, con pocos resultados inmediatos y palpables para la sociedad.

Aunque es un fenómeno global el descrédito del combate gubernamental contra el crimen organizado debido a su peculiar naturaleza, este último se ha valido de la debilidad institucional y de la falta de estrategias de largo plazo por parte de los gobiernos que le han declarado una guerra sin planeación (México 2006), lo cual se evidencia en acciones descoordinadas, revela la corrosión de las instituciones locales y municipales de seguridad ciudadana y, por ende, la incapacidad para hacer valer el Estado de derecho, lo que tiene como consecuencia, los altos niveles de impunidad y la incapacidad de los órganos jurisdiccionales para hacer valer su peso de manera objetiva en sus resoluciones.

Asimismo, la implementación de políticas públicas que no enfrentan las causas económicas, sociales, culturales y regionales del crimen organizado deja en una situación de desventaja al Estado ya que se combate el síntoma y no la enfermedad que lo propicia; la sola construcción de “parches” puede en un momento dado, generar estridentes y pintorescas acciones dignas de un noticiario pero que a la postre resultan poco eficaces en el combate a los orígenes conductuales del delito.

El crimen organizado —señala Juan Carlos Montero— “no se refiere a una actividad específica; tal como señala John Bailey (2010), este fenómeno puede entenderse como una asociación de tipo empresarial con ocupaciones delictivas que no se reducen al tema del narcotráfico, sino que involucran actividades cuya persecución hasta hace poco era exclusiva del gobierno federal”.

Actualmente el combate en contra de las diversas modalidades delictivas, particularmente las de carácter organizado resulta insuficiente si se utilizan los medios del uso de la violencia legitimada por parte del Estado, ya no es posible erradicar el progreso de las grandes bandas delincuenciales convertidas en verdaderos consorcios criminales a partir del ejercicio del poder coactivo en donde sin estrategia, planeación e inteligencia se defina como política, lanzarse a una guerra sin cuartel esperando que por si solo el problema desaparezca.

Todo gobierno que combata sin estrategia, inteligencia, sin el uso de la tecnología y sin recursos económicos a la delincuencia organizada puede ser medianamente exitoso en incrementar el número de decomisos de drogas, armas y piratería o en detener criminales. Sin embargo, con “rating noticioso” no se combaten las causas pues mientras siga habiendo actividades ilícitas que signifiquen una utilidad para estas organizaciones, las mismas continuarán existiendo y mientras no se combatan los factores transversales o complementarios que les hacen llegar cuantiosos recursos como consecuencia de estas actividades, seguirá habiendo semilleros de la delincuencia organizada en los municipios y regiones más pobres del país, listos para ser reclutados a cambio de una esperanza de éxito financiero que se termina casi siempre de manera prematura y desafortunada, truncando la vida de quienes ven en su incorporación a la delincuencia como la única manera de escalar en el complejo sistema económico occidental.

En nuestro país, el crimen organizado pasó de conflicto policial a uno de seguridad nacional debido al aumento de la violencia que se le relaciona al narcotráfico. El número de homicidios violentos o “ejecuciones” lo convirtieron en un problema “saliente” o “emergente” en la agenda de gobierno, pero las políticas públicas no han mostrado efectividad para resolverlo debido a que a lo largo de la década de los 80, el problema creció producto de redes de corrupción, complicidad e impunidad promovidas por los vínculos entre criminales y autoridades, generando una alta infiltración en las estructuras gubernamentales, las policías estatales y municipales; situación que creció de manera exponencial por la omisión de políticas públicas que atacaran las raíces del problema: las crisis económicas y la falta de alternativas de desarrollo económico y social.

La violencia como el síntoma más evidente de la actividad delictiva, ha hecho del crimen organizado un fenómeno emergente que a principios del nuevo milenio se ha integrado a la agenda de gobierno de manera desarticulada y desorganizada incrementando su gravedad y al mismo tiempo, favorecido por los nexos de las organizaciones criminales con una violencia irracional expresada en ejecuciones, torturas y masacres; la intimidación a través de la tortura y las decapitaciones; el uso de armamento más sofisticado, capaz de responder a las fuerzas armadas y superar las capacidades de la policía; el ataque a oficiales públicos, particularmente integrantes de los cuerpos policiacos de los diferentes órdenes de gobierno; y el asesinato de civiles inocentes, producto de los fuegos cruzados entre los propios grupos criminales o de éstos contra las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el diagnóstico contenido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la situación de nuestro país respecto al crecimiento de la delincuencia es el siguiente:

La sociedad mexicana se encuentra actualmente lastimada por la violencia, nuestro país es víctima del crecimiento exponencial de la delincuencia en sus diferentes modalidades. Todos los ámbitos de la vida social y económica están siendo afectados por la delincuencia. En esta circunstancia de violencia e inseguridad confluyen factores muy diversos, empezando por los de índole económica y social como la falta de empleos de calidad y la insuficiencia del sistema educativo, la descomposición institucional, el deterioro del tejido social, la crisis de valores cívicos, el fenómeno de las adicciones, disfuncionalidades y anacronismos del marco legal, etc.

De lo anterior, se desprende la necesidad de formular nuevos paradigmas de seguridad que permitan sustentar estrategias de recuperación de la paz, restablecimiento de la seguridad pública, prevención del delito, procuración e impartición de justicia, restablecimiento del estado de derecho y reinserción de infractores. Tales estrategias deben ser multidimensionales, transversales, incluyentes y radicales, deben ir dirigidas a la raíz de la crisis que enfrenta el país en estas materias.

Paradigmas que tienen que ver de manera obligada con el fortalecimiento institucional, tecnológico y financiero de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En este sentido, las estrategias específicas, como temas prioritarios, se establece en el inciso G) lo siguiente:

G) Estrategia para agilizar los procedimientos de extinción de dominio y utilización social de los bienes confiscados a la delincuencia.

El procedimiento actual de extinción de dominio es muy largo ya que puede durar años para que un Juez Penal Federal competente, dicte sentencia e instruya el destino de los bienes asegurados.

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) es la Institución del Gobierno Federal que administra bienes que no son del Estado. En la actualidad, el SAE tiene, en bodegas y patios, diversos bienes asegurados que fueron transferidos por la entonces Procuraduría General de la República hace más de 14 años, sin que la autoridad competente se pronuncie respecto a su destino. Se generarán los acuerdos correspondientes con la Fiscalía General de la República para que los agentes del Ministerio Público de la Federación agilicen los procedimientos de abandono ante las instancias judiciales y se agilice su destino.

Adicionalmente se propondrán reformas a la Ley de la materia, a la Ley de Instituciones de Crédito, a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y su Reglamento, así como al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Se propone que los recursos de los bienes confiscados cuyo dominio haya sido declarado extinto mediante sentencia ejecutoriada después de la intervención del SAE, se destinen en partes iguales a tres fondos: 1. para la reparación del daño causado a la víctima u ofendido de los delitos; 2. a Programas Sociales y 3. al fortalecimiento de la estrategia de la seguridad.

De esta manera, la antes citada estrategia establece una serie de acciones de carácter legislativo que tienen que ver con la posibilidad de que el Estado mexicano pueda fortalecerse en sus finanzas públicas a partir de la utilización de los propios recursos de la delincuencia organizada, obtenidos de fuentes diversificadas, a saber:

a) De los recursos obtenidos por la aplicación de los procedimientos de extinción de dominio, para lo que habría que reformar la ley general en la materia, así como el Código Nacional de Procedimientos Penales;

b) De los recursos decomisados y que obran en las bodegas y almacenes del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes para lo que sería necesario reformar la Ley Federal para Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; y

c) De los recursos abandonados en las instituciones de crédito para lo que sería necesario revisar el andamiaje jurídico que rige la Ley de Instituciones de Crédito.

De estos tres aspectos que marca la Estrategia, resulta indispensable abordar cada uno de ellos de manera diferenciada, de tal manera que se realicen las correspondientes reformas legales a fin de consolidarlas en el marco normativo.

Particularmente, los tres puntos de la Estrategia buscan una doble finalidad, por un lado, el debilitamiento de los grandes grupos criminales desde su vertiente financiera y por el otro, el fortalecimiento del estado de fuerza de las instituciones de seguridad pública con énfasis en lo municipal, a partir del aprovechamiento de diversas fuentes de ingreso.

En este último aspecto, el del fortalecimiento institucional de la seguridad pública a partir de aumentar las fuentes de recursos financieros, es preciso señalar que, el pasado 10 de marzo del 2022, se dio a conocer el Informe global de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), respecto del uso de las instituciones bancarias y mecanismos de moneda virtual por parte de la delincuencia organizada en el mundo; en dicho informe, se menciona que aunque los grupos delictivos han diversificado sus operaciones financieras en el mundo a través del uso de monedas virtuales, como las denominadas criptomonedas o bitcoins, esquemas Ponzi, testaferros y mini inversionistas, son los ahorros ordinarios establecidos en los bancos tradicionales los que continúan siendo el mecanismo favorito de la delincuencia organizada para mover sus recursos financieros.

El documento cita un ejemplo del banco HSBC como retrato del comportamiento del sistema bancario ante estos criminales: la entidad admitió en 2012 haber lavado 881 millones de dólares provenientes del cartel de Sinaloa. Los fiscales desistieron de acusar penalmente al banco y permitieron que acordara el pago reparatorio de 1.900 millones. Un comportamiento que quedó registrado como patrón en los FinCen Files, la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre las alertas internas de los bancos:

“Estos archivos mostraron que, a pesar de los supuestos regímenes de cumplimiento y mandatos contra el lavado de dinero, los bancos continuaron brindando servicios a presuntos delincuentes, estafadores del esquema Ponzi, compañías fantasmas vinculadas a fondos gubernamentales saqueados e intermediarios financieros de narcotraficantes”. Para la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes está claro que “las instituciones financieras más grandes son cómplices en el movimiento y lavado de flujos financieros ilícitos”.

Sin embargo, disponer de los recursos de la delincuencia organizada, que se encuentran en las instituciones de crédito no es sencillo pues, de acuerdo con el estatus actual de la legislación en materia de instituciones de crédito, los intentos por disponer de recursos de la delincuencia organizada ubicados en la banca han quedado opacados en los últimos años en un contexto en que los grupos del narcotráfico se han fortalecido, como consecuencia de que éstos son parte de un proceso judicial y en tanto no exista una sentencia firme que hubiese causado ejecutoria, no es posible disponer de los mismos.

Ejemplo de ello es que, en el mes de septiembre del año pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas bancarias de 186 personas vinculadas a 5 cárteles.

Sin embargo, poco se conoce acerca de si estas investigaciones derivaron en procesos judiciales, así como del destino de los recursos, mismos que probablemente se encuentren aún en alguna de las cuentas concentradoras del banco, sin que se pueda disponer de ellos ya que son parte de una carpeta de investigación aún en proceso y que como tales no verán la luz hasta que no exista sentencia definitiva.

Por lo tanto, bajo el esquema actual, las expectativas no se podrán cumplir si lo que se pretende es disponer de recursos bancarios de las cuentas de la delincuencia organizada, en un corto plazo.

Sin embargo, una ruta poco explorada que posibilita el fortalecimiento financiero de las instituciones de seguridad pública es la de poder echar mano de recursos que obran en las denominadas “Cuentas Centrales” de las instituciones bancarias y que constituyen recursos que no han sido reclamados por los usuarios de los servicios financieros en un término de seis años.

De acuerdo con información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, una cuenta global es aquel repositorio bancario en el que son depositados los recursos de las cuentas de los usuarios que no reportaron movimiento alguno en un lapso de tres años.

En dichas cuentas globales se deposita el dinero de cuentas inactivas de tres años generando intereses y sin cobro de comisiones; previamente y una vez que el recurso ha sido depositado en esa cuenta, las instituciones bancarias tienen la obligación de informar al usuario a fin de que, de ser ubicado y requerir de sus recursos, puedan serle restituidos previo proceso establecido para tales efectos.

Sin embargo, cuando han transcurrido otros tres años y el recurso no ha sido reclamado, este precluye en favor de la beneficencia pública, siempre y cuando se trate de cuentas que no rebasen los 51 mil pesos o los 300 salarios mínimos vigentes en la Ciudad de México.

La Ley de Instituciones de Crédito establece que los recursos depositados en la cuenta global no son susceptibles del cobro de comisiones bancarias por lo que el monto no se reduce, por el contrario, los recursos generan un interés mensual equivalente al aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Por ello, los promoventes de la presente iniciativa, proponemos que, ante la complejidad de disponer en el corto plazo de recursos depositados en las instituciones bancarias por parte de la delincuencia organizada -ya que para ello deberán haberse desahogado todas y cada una de las etapas del proceso penal del que son objeto-, y ante la urgencia de generar un flujo de recursos constante, se disponga del monto total que resulte de restarle los recursos que hayan prescrito en favor de la beneficencia pública y se encuentren en la cuenta global, a fin de que precluyan en favor de la seguridad pública y sean destinados para lo que se establece en la estrategia nacional de seguridad pública y el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad tanto a nivel federal como de las entidades federativas y municipios.

Cabe dejar claro que no se está proponiendo disponer de los recursos de usuarios de servicios financieros con posibilidades de ser reclamados, sino de aquellos recursos cuyo derecho a ser reclamados han prescrito, es decir, que habiendo transcurrido los seis años que marca la ley, no fueron ni podrán ser reclamados por lo que no se afectan las garantías constitucionales ya que por ser la figura de la prescripción una institución de orden público, no existe poseedor originario cierto, se agotan las relaciones jurídicas entre el particular, se extinguen las obligaciones sobre el bien financiero depositado y un recurso que actualmente se encuentra ocioso se convierte en un valioso y poderoso mecanismo de fortalecimiento institucional de las corporaciones encargadas del combate a la delincuencia y el mantenimiento de la paz y la estabilidad social.

Los recursos ubicados en la cuenta global son cuentas en abandono, se originan de una suerte de bien bancario de carácter “mostrenco” y pueden ser debidamente orientados para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las áreas del Estado encargadas de la protección y el restablecimiento de las condiciones de estabilidad y cohesión.

No se omite mencionar que el procedimiento para disponer de dichos recursos, aunque no es objeto de regulación de la norma a modificar, deberá ser el mismo que actualmente existe para la transferencia de aquellos que precluyen en favor de la Beneficencia Pública en donde también opera la figura de la prescripción, por lo que las formalidades, los mecanismos y reglas para transferir dichos recursos serán las mismas que se regulan por medio de los correspondientes convenios y procedimientos y podrán ser verificados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la misma forma en que los son aquellos cuyo destino es la Beneficencia Pública.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Único. Se reforma el cuarto y el penúltimo párrafos y se adiciona un quinto párrafo, recorriéndose los subsecuentes, al Artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:

Ley de Instituciones de Crédito

Artículo 61.- ...

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Los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses a que se refiere este artículo, sin movimiento en el transcurso de tres años contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta global, cuyo importe no exceda por cuenta, al equivalente a quinientas cuarenta Unidades de Medida y Actualización en la Ciudad de México, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública.

Los recursos, así como los intereses y rendimientos acumulados, generados por todos los depósitos e inversiones en la cuenta global con excepción de aquellos previamente destinados a la beneficencia pública, prescribirán en favor de la Seguridad Pública y se deberán destinar para las políticas y acciones de combate a la delincuencia en los porcentajes que para tal efecto se establezcan.

Las instituciones estarán obligadas a enterar los recursos correspondientes tanto a la beneficencia pública como a la dependencia responsable de la seguridad pública, dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se cumpla el supuesto previsto en este párrafo.

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Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A efecto de disponer de los recursos que prescriben en favor de la seguridad pública, estos serán considerados como excedentes en términos del artículo 19 de la Ley de Ingresos de la Federación.

Tercero. El Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de su Consejo Nacional, deberá instrumentar los mecanismos de coordinación, así como los convenios y acuerdos idóneos, con las instituciones que conforman el sistema bancario, así como con sus órganos reguladores, a fin de estar en posibilidades de realizar el traslado de los recursos financieros a que se hace referencia en el párrafo quinto del artículo 61 del presente Decreto, para el año 2022, en un plazo que no exceda los 180 días a partir de la entrada en vigor del presente y sean integrados al presupuesto de la dependencia responsable de la seguridad pública.

Cuarto. EL Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá establecer de manera anual, los mecanismos de distribución de los recursos, atendiendo a las necesidades y prioridades establecidas en los correspondientes instrumentos, así como en la legislación correspondiente, el cual deberá establecer un porcentaje de 30 por ciento para las entidades federativas y un 70 por ciento para los municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

Cuarto. Los recursos financieros a los que se hace referencia en el presente decreto, al formar parte del presupuesto, serán objeto de fiscalización y revisión de la cuenta pública en términos de la legislación aplicable.

Notas

1 Montero, Juan Carlos. La estrategia contra el crimen organizado en México: Análisis del diseño de la política pública. Revista Perfiles Latinoamericanos número 39. Enero de 2012, en

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid= S0188-76532012000100001

2 Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2018-2024. Consultada el1 de junio del 2022, en:

https://comisiones.senado.gob.mx/seguridad_publica/docs/SP/ESPR. pdf

3 INCB International Narcotics Control Board Report 2021 ONU. Consulta en

https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2021 /Annual_Report/E_INCB_2021_1_eng.pdf

4 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputadas y diputados: Juanita Guerra Mena, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Ana Karina Rojo Pimentel, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, Fernando Marín Díaz, Héctor Ireneo Mares Cossío, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Judith Celina Tánori Córdova, Karla Estrella Díaz García, María de Jesús Aguirre Maldonado, María Eugenia Hernández Pérez, María Guadalupe Román Ávila, María Magdalena Olivia Esquivel Nava, Marisela Garduño Garduño, Marina Valadez Bojórquez, Marisol García Segura, Moisés Ignacio Mier Velazco, Pedro David Ortega Fonseca, Raymundo Atanacio Luna, Susana Cano González, Susana Prieto Terrazas (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federales del Trabajo, y de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, suscrita por la diputada Karen Michel González Márquez y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Karen Michel González Márquez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1; 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Cámara, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional. Lo anterior, al tenor de la siguiente

La presente iniciativa tiene el objetivo principal de erradicar el acoso sexual en el ámbito laboral en contra de las mujeres. Se propone poder transitar por la vía administrativa y por la vía penal. Ello, ante la dificultad que representa actualmente que una denuncia por acoso sexual proceda. La triste realidad es que la mujer que se atreve a denunciar al acosador es despedida injustificadamente.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, por sus siglas en inglés CEDAW, identifican el acoso sexual como una manifestación de la discriminación de género y una forma específica de violencia contra las mujeres.

Específicamente, la OIT define el acoso sexual como un comportamiento en función del sexo, de carácter desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre.

En el mismo tenor, la CEDAW lo define como el comportamiento de tono sexual tal como contactos físicos e insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, verbales o de hecho.

El acoso sexual es una violación de los derechos fundamentales de las trabajadoras; constituye un problema de salud y seguridad en el trabajo y es una situación laboral inaceptable.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención Belem do Para” establece en su artículo 2º:

Artículo 2

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica:

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.

El acoso sexual es una forma de violencia en la que, puede o no, existir subordinación laboral; ocurre un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

El acoso sexual puede presentarse de distintas maneras:

1. Como chantaje: cuando se condiciona a la víctima con la consecución de un beneficio laboral aumento de sueldo, promoción o incluso la permanencia en el empleo para que acceda a comportamientos de connotación sexual.

2. Como ambiente laboral hostil en el que la conducta da lugar a situaciones de intimidación o humillación de la víctima. Los comportamientos que se califican como acoso sexual pueden ser de naturaleza:

• Física: violencia física, tocamientos, acercamientos innecesarios.

• Verbal: comentarios y preguntas sobre el aspecto, el estilo de vida, la orientación sexual, llamadas de teléfono ofensivas.

• No verbal: silbidos, gestos de connotación sexual, presentación de objetos pornográficos.

La OIT ha señalado que, si bien, el acoso sexual puede darse hacia cualquier persona, siempre es más vulnerable la mujer joven, y que, la persona acosadora puede ser una mujer o un hombre. Además, debe tenerse presente que acosar sexualmente a una persona, es un delito.

La violencia que se ejerce contra las mujeres, por el hecho de serlo, constituye discriminación en razón de género, situación que es tolerada, ocasionando consecuencias sociales, económicas y políticas para toda la sociedad, al reproducir y perpetuar sistemas de desigualdad y subordinación, lo que representa una violación a los derechos humanos.

Las siguientes conductas, se consideran como acoso sexual:

Físico: Violencia física, tocamientos, acercamientos innecesarios.

Verbal: Comentarios y preguntas sobre el aspecto, el estilo de vida, la orientación sexual, llamadas de teléfono ofensivas.

No verbales: Silbidos, gestos de connotación sexual, presentación de objetos pornográficos.

El 3 de enero de 2020, las Secretarías de Gobernación y Función Pública, así como la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, publicaron en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.

En el referido documento se precisa que, el protocolo tiene como propósito establecer las bases de actuación para la implementación uniforme, homogénea y efectiva de los procedimientos para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento sexual y acoso sexual en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Después de analizar el Protocolo de la APF, se advierte que en realidad no hay sanciones para las personas acosadoras. En el numeral 57 se dispone lo siguiente: Los Órganos Internos de Control fincarán las responsabilidades administrativas a que haya lugar e impondrán las sanciones administrativas respectivas. Esa es la única disposición que se refiere a posibles sanciones por acoso sexual. Lo anterior desvela la razón por la que prevalece la impunidad.

Mi propuesta tiene la finalidad de dar un paso más en el logro de la paridad de género y en el empoderamiento de las mujeres en el ámbito laboral. El acoso sexual debe erradicarse porque es una forma de violencia contra las mujeres y sus efectos perniciosos trascienden el mundo laboral.

El trabajo es un derecho humano, por lo que, en ese tenor, el Estado mexicano, incluido el Poder Legislativo, tiene la obligación de garantizar su óptimo ejercicio. Por ello debemos legislar para crear las mejores condiciones para que la mujer desarrolle todo su potencial en el mundo laboral.

En consecuencia, propongo reformas a la Ley Federal del Trabajo para establecer que el acoso sexual también será sancionado administrativamente, independientemente de las sanciones penales correspondientes. También propongo que los procedimientos administrativos sean ágiles, claros y precisos, toda vez que las denuncias por acoso sexual en la actualidad, generalmente se pierden en medio de un mar burocrático.

La reforma a la fracción XXXI al artículo 132 tiene la finalidad de que los protocolos establecidos en la ley deberán incluir procedimientos ágiles, claros y precisos para sancionar dentro de la organización la comisión de las conductas previstas en esta fracción. También propongo que se otorguen las facilidades conducentes para realizar las diligencias correspondientes a los trabajadores que denuncien ante las autoridades competentes alguna de estas acciones.

El texto vigente de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado omite en sus disposiciones hacer alguna referencia al acoso sexual. Por ello, propongo que se establezca expresamente que es obligación del servidor público y del empleado, el abstenerse de expresar o realizar conductas de naturaleza sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo. Propongo precisar que en caso de que dichas conductas se realicen y de que el trabajador presente la denuncia correspondiente, los titulares facilitarán las diligencias correspondientes.

A continuación, presento el cuadro comparativo que explica de manera detallada mi propuesta:

Por todo lo antes expuesto, someto a la consideración del pleno de esta honorable Cámara, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el inciso b) del artículo 3o. Bis, la fracción XXXI al artículo 132, todos de la Ley Federal del Trabajo, y adiciona la fracción I Bis al artículo 43; y la fracción I Bis al artículo 44, todos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional

Artículo Primero. Se reforman: el inciso b) del artículo 3º Bis, la fracción XXXI al artículo 132. Todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue:

Artículo 3o. Bis. Para efectos de esta Ley se entiende por:

a) ....

b) Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. El acoso sexual será sancionado administrativamente, independientemente de las sanciones penales procedentes. Los procedimientos administrativos para sancionar el acoso sexual, establecidos en el artículo 132 de esta Ley, serán ágiles, claros y precisos.

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones:

I a XXX. ...

XXXI. Implementar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil. Dichos protocolos deberán incluir procedimientos ágiles, claros y precisos para sancionar dentro de la organización la comisión de las conductas previstas en esta fracción. Asimismo, deberá otorgar las facilidades conducentes para realizar las diligencias correspondientes a los trabajadores que denuncien ante las autoridades competentes alguna de estas acciones.

XXXII y XXXIII. ...

Artículo Segundo. Se adicionan: la fracción I Bis al artículo 43; y la fracción I Bis al artículo 44. Todos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 43. Son obligaciones de los titulares a que se refiere el Artículo 1o. de esta Ley:

I. ....

I Bis. Abstenerse de expresar o realizar conductas de naturaleza sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo. En caso de que dichas conductas se realicen y de que el trabajador presente la denuncia correspondiente, los titulares facilitarán al trabajador la realización de las diligencias correspondientes;

II a X. ....

Artículo 44. Son obligaciones de los trabajadores:

I. ....

I Bis. Abstenerse de expresar o realizar conductas de naturaleza sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo. En caso de que dichas conductas se realicen y se presente la denuncia correspondiente, los titulares facilitarán al trabajador la realización de las diligencias correspondientes;

II a VIII. ....

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los Congresos de los estados y la Legislatura de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, contarán con un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las adecuaciones legislativas que correspondan.

Notas

1 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–-ed_norm/–-declaration/documents/publ ication/wcms_decl_fs_115_es.pdf

2 https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/INT_CED AW_GEC_3731_S.pdf

3 https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

4 https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/revista/index.php/a- profundidad/prioritario-eliminar-expresiones-de-violencia-dentro-y-fuera-de-las -instituciones

5 INVESTIGACI%C3%93N%20Protocolo%20Actuaci%C3%B3n% 20 Acoso%20Sexual%20y%20Laboral%20.pdf

6 https://www.eeoc.gov/es/acoso-sexual#: El%20acoso%20puede% 20incluir%20%22acoso,el%20sexo%20de%20una%20persona

7 https://www.gob.mx/inin/documentos/protocolo-para-la-prevencion-atencion-y-sanc ion-del-hostigamiento-sexual-y-acoso-sexual-265719

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2022.– Diputada Karen Michel González Márquez (rúbrica).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a cargo del diputado Ángel Miguel Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado federal Ángel Miguel Rodríguez Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena en la LXV Legislatura de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en uso de las facultades que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y en los términos de los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVII al articulo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura, al tenor de la siguiente

La perspectiva de género es un tema que se puede apreciar cada vez más en diferentes ámbitos de la vida, para la inclusión de un determinado grupo de personas que anteriormente no se tomaba en cuenta en la toma de decisiones.

Es por ello que la presente iniciativa se enfoca en la problemática que se presenta en el país respecto a la desigualdad que hasta el día de hoy a pesar de los esfuerzos por eliminar cualquier tipo de discriminación se sigue ejerciendo, un tema que debemos trabajar y erradicar por completo, con el fin de que haya igualdad y mejores oportunidades para cada uno de nosotros.

En ese contexto, la perspectiva de género, no es solamente el sexo, el género u orientación sexual, se trata también de que no exista discriminación hacia los hombres por no cumplir con las cualidades que la sociedad les exige: como la rudeza, el gusto por los deportes, etcétera; así como no discriminar ni excluir a las mujeres por no dedicarse al cuidado de los hijos, a ser amas de casa, guardar silencio y en pleno uso de su libertad, dedicarse a actividades que se consideraban reservadas al género masculino. La iniciativa persigue que la desigualdad y la discriminación no sean un impedimento para que tanto hombres y mujeres, del género que ellos mismos se asuman, se dediquen y se expresen de la forma que ellos deseen en pleno uso de los derechos humanos y garantías que México y la Constitución garanticen.

De tal suerte que, la presente exposición de motivos toma base en el “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género”, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de la investigación de Alejandra Perea Blázquez y Fátima Flores Palacios en su texto Participación de las mujeres en la pesca: nuevos roles de género, ingresos económicos y doble jornaday de las estadísticas tomadas de la “FAO. 2017. Towards gender-equitable small-scale fisheries governance and development. Roma”.

Este tipo de casos son una muestra más de cómo nuestra comprensión sobre el sexo y el género pueden tener afectaciones graves en la esfera jurídica de las personas, al grado de requerir la intervención de las autoridades jurisdiccionales para garantizar y tutelar sus derechos humanos:

La igualdad se manifiesta tanto en el ámbito normativo, como en las prácticas sociales y, por tanto, se concibe como un derecho humano que los estados están obligados a garantizar y que se encuentra reconocido en distintos instrumentos internacionales, destacando: Declaración Universal de Derechos Humanos (1948); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948); y Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), entre otros.

A lo largo de los años, en México se han suscrito diversos documentos que tienen como objetivo eliminar todas las formas de discriminación, y violencia contra la mujer, así como para promover la igualdad entre los géneros y la participación de las mujeres en los ámbitos del poder público. La desigual es una problemática que se puede apreciar no solo en el territorio mexicano sino también a nivel internacional por lo cual diferentes naciones han estado trabajando en conjunto para implementar estrategias que puedan incluir la perspectiva de género en sus leyes.

Convención Sobre la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 18 de diciembre de 1979 esta convención, suscrita por México en 1980, compromete a los Estados parte a erradicar la discriminación contra la mujer en todas sus formas, mediante la consagración, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada del principio del principio de la igualdad entre los géneros y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de éstos principios, así también, establece la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantiza la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación.

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer

Este instrumento fue ratificado en México el 19 de julio de 1998, en él los Estados se comprometen a abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres y velar para que los agentes del Estado cumplan con esta obligación, así como actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, incluyendo en su legislación y política interna, normas que aseguren el cumplimiento de los objetivos de la Convención. Así mismo los Estados se comprometieron también a adoptar medidas jurídicas para salvaguardar a todas las mujeres de sus agresores, aboliendo ó modificando normas y prácticas jurídicas que perpetúan la violencia contra las mujeres.

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing

En septiembre de 1995, en el marco de la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, la representación de 189 países, incluido México, que se llevó a cabo en Beijing, China. Como resultado de esta conferencia acordaron una serie de compromisos de alcance histórico para garantizar los derechos de las mujeres y avanzar hacia la igualdad de género, conocidos como Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.

En ella se comprometieron a promover el adelanto y la potenciación del papel de la mujer en todo el mundo, y reafirmaron el compromiso de defender los derechos y la dignidad humana intrínseca de las mujeres, garantizando la plena aplicación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas como parte inalienable, integral e indivisible de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

La mujer en la pesca

Una vez desarrollada la teoría en los puntos anteriores, ejemplificaremos la problemática de la ausencia de la perspectiva de género, a través del estudio de lo sucedo en San Felipe, ubicado en lzona húmeda costera de Yucatán donde el 50 por ciento de su actividad productiva es la pesca, la pesca deportiva y el turismo.

Las mujeres de esta región han desarrollado alternativas pesqueras para generar ingresos económicos, sin embargo, se enfrentan a problemas como no contar con un estatus en la comunidad, trabajo físico, presión y rechazo de los hombres, los cuales se agudizan cuando la subordinación laboral hacia los hombres y sus cooperativas es un requisito cuando el acceso a los recursos naturales depende de medios tecnológicos y los permisos comunitarios que solamente ellos pueden conceder. Esto último comprueba lo dicho en puntos anteriores: las mujeres de acuerdo con su rol de género deben ser calladas, y solo el hombre puede alzar la voz, es decir, un acto de discriminación consentido por la costumbre.

El trabajo de los legisladores con perspectiva de género, es establecer un suelo parejo para la igualdad de oportunidades, el cual no es el caso en esta comunidad que usamos como punto de estudio, ya que las mujeres tienen un limitado acceso a incentivos como créditos y permisos para pescar, además que las mujeres no son legalmente elegibles para recibir ayuda o financiamiento por parte del gobierno para reparar equipo de pesca o lanchas que hayan sufrido daños en un huracán, a diferencia de las cooperativas o asociaciones que integran los hombres, quienes sí tienen acceso a estos apoyos (Chuenpagdee et al., 2006)

Mujeres trabajadoras del mar

La cooperativa “Mujeres trabajadoras del mar” es el ejemplo de lo que la perspectiva de género y esta iniciativa pretenden regular, no estamos hablando de sexo, orientación sexual o gustos, estamos haciendo referencia a cómo la situación social propiciada por la inmigración temporal o total del género masculino, así como la incapacidad del hombre por accidentes que los han orillado a dejar de trabajar o por la viudez de dichas mujeres, ha desencadenado que una actividad propia del hombre ahora puede ser desempeñada por mujeres. En la teoría este es un trabajo rudo y de valentía, características propias de los varones, sin embargo, a través de la necesidad esas características fueron adoptadas por las mujeres quienes han sabido llevar a cabo dicha tarea sin que su género sea un impedimento.

Citando a la suprema corte de justicia de la nación, quienes ya poseen un protocolo para juzgar con perspectiva de género: “esta cuestión sobre la forma en la que está articulado el género, sus consecuencias en la vida de las personas y la influencia que logra en los distintos ámbitos sociales nos da una idea de por qué resulta tan relevante que se incluya como categoría de análisis en el derecho y, en especial, en la labor jurisdiccional. En primer lugar, el derecho no puede ser indiferente al escenario de desigualdad y discriminación que deriva de la construcción cultural de la diferencia sexual; por el contrario, el derecho y particularmente la práctica jurídica deben ser una herramienta primordial para combatir esa realidad y asegurar que las personas gocen y ejerzan sus derechos en un plano de igualdad y sin discriminación. En segundo lugar, se debe reconocer que existen normas jurídicas que se encuentran influidas por las concepciones tradicionales sobre el género; por ende, existe la responsabilidad de reflexionar en torno a ellas y de cuestionar su validez a la luz de los derechos humanos, tratando de erradicar todas aquellas prácticas que derivan en un trato diferenciado injusto, motivado por esa categoría. Por último, es importante tener presente que, aun cuando la igualdad entre mujeres y hombres está reconocida en nuestra Constitución Federal, lo cierto es que, en los hechos, las mujeres todavía se enfrentan a múltiples barreras y obstáculos para ejercer sus derechos de manera igualitaria, muchos de ellos ocasionados por la concepción que prevalece respecto al género.”

En ese orden de idas, se busca hacer conciencia en incluir en el trabajo de la pesca a las mujeres para un mejor desarrollo en esta industria y así para potenciar la igualdad, y mejorar el desarrollo económico de determinadas poblaciones que se dediquen a este tipo de actividades. Las mujeres asumen un rol importante en la pesca, pero lamentablemente persisten desigualdades de género que impiden su participación plena en las oportunidades económicas y la toma de decisiones, lo que restringe el potencial del sector.

Con base en lo anterior, la iniciativa que hoy presento tiene por objeto que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables armonice con las modificaciones hechas a la Constitución y se actualice con base a dichos cambios en cuanto a la perspectiva de género e igualdad. Lo anterior obedece a que la ley debe evolucionar a la par de la comunidad que pretende regular, y dado que la sociedad es un ente cambiante y en constante evolución, corresponde a los legisladores hacer lo propio y adecuarlo al fenómeno social actual.

Por lo anteriormente expuesto, se proponen las siguientes modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se por el adiciona una fracción XVII al artículo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables

Artículo Único: Se adiciona una fracción XVII al articulo 17 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para quedar como sigue:

Artículo 17.- Para la formulación y conducción de la política nacional de pesca y acuacultura sustentables, en la aplicación de los programas y los instrumentos que se deriven de esta ley, se deberán observar los siguientes principios:

I. a XVI. ...

XVII. Perspectiva de género que establezca metodología y mecanismos que permitan identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, asi como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputados y diputadas: Ángel Miguel Rodríguez Torres, Héctor Ireneo Mares Cossío, Jaime Humberto Pérez Bernabe, José Guadalupe Ambrocio Gachuz, Karla Estrella Díaz García, Pedro David Ortega Fonseca, Raymundo Atanacio Luna, Steve Esteban del Razo Montiel (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 74 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo del diputado Steve Esteban del Razo Montiel, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Steve Esteban del Razo Montiel, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de su derecho de iniciativa y formación de leyes, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política De Los Estados Unidos; y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 74 la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, considerando la siguiente

Diputados y diputadas que integran la LXV legislatura, durante el segundo periodo ordinario del primer año legislativo, el diputado federal Carlos Augusto presentó al pleno de esta honorable asamblea iniciativa de adición del artículo 73 Bis a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, misma iniciativa que fue retirada el 18 de abril de 2024. Ahora bien, como es de conocimiento el diputado Carlos Augusto Pérez, solicitó licencia al cargo y un servidor asume como diputado federal en funciones y con la intención de dar seguimiento a la iniciativa presentada, me he permitido después de un análisis, retomarla y presentarla, como una adición de un párrafo al artículo 74 de la ley en comento.

El contenido de la presente iniciativa retoma parte de la exposición de motivos que el primer promovente realizó y que a la letra dice:

“Es crucial repensar la forma en que diseñamos, gestionamos y planificamos nuestras ciudades, para permitirles funcionar de una manera que contribuya a cumplir el objetivo de un mundo libre de carbono. El desafío de ciudades climáticamente inteligentes proporciona una plataforma para la colaboración y la creación conjunta, para encontrar soluciones innovadoras que contribuyan a un mejor futuro urbano” , Maimunah Mohd Sharif, directora ejecutiva de ONU-Hábitat.

...

Asimismo, menciona que “... bien sabido la flora urbana juega un importante papel en la mitigación de los impactos medioambientales, la de gran tamaño puede absorber hasta 150 kilos de CO2 al año. Las actividades humanas acaban cada año con 15 mil millones de árboles. El número de árboles del planeta se ha reducido en un 46 por ciento. Al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que el 92 por ciento de la población mundial está expuesta a niveles peligrosos de contaminación del aire.”

Asimismo, se plantea en la iniciativa primigenia lo siguiente: “La FAO (La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) afirma que una ciudad con una infraestructura verde bien planificada y bien manejada se vuelve más resistente y sostenible. Y asegura que, a lo largo de su vida, los árboles urbanos pueden proporcionar unos beneficios que valen dos o tres veces más que la inversión en su plantación y cuidado. Se calcula que plantar un 20 por ciento más de árboles en las megaciudades duplicaría los beneficios de los bosques urbanos, como la reducción de la contaminación. (Diario el País, mayo 2018)

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) menciona que en las ciudades donde hay menos arboles sube la temperatura, hay más acontecimientos meteorológicos extremos y una continua contaminación del aire. Por eso el bienestar de nuestros árboles urbanos es hoy más importante que nunca.

Por lo anterior los árboles en las urbes y enverdecer las ciudades pueden ayudar a rebajar la temperatura entre 2 y 8°C, también ejercen un efecto calmante y hacen más agradable la vida en las urbes. Fomentan la biodiversidad urbana al atraer pájaros e insectos, absorben dióxido de carbono y ayudan a limpiar el aire contaminado. (Instituto Tecnológico de Massachusetts, 2020)

Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, y que se prevé que en 2050 aumentará hasta el 66 por ciento. Un porcentaje que en algunas áreas del planeta será mucho mayor. Según el Banco Mundial, nueve de cada 10 latinoamericanos vivirán en una ciudad en las próximas cuatro décadas. (Diario el País, mayo 2018).

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas publicó en noviembre de 2018 lo siguiente: “Hoy en día, en las ciudades de nuestro país, es común observar una inadecuada planeación urbana, lo que ha generado un crecimiento desordenado, la vulnerabilidad de las áreas verdes y su distribución limitada a espacios reducidos.

Las áreas verdes en los espacios urbanos desempeñan servicios muy importantes. Por ejemplo, funciones biológicas como proporcionar oxígeno, capturar contaminantes y regular la temperatura. Además, contribuyen a disminuir y amortiguar los niveles del ruido, así como a incrementar la biodiversidad.

Las áreas verdes también son espacios medicinales para la sociedad, pues vivir cerca de la vegetación reduce el estrés y la depresión. Fomentan la convivencia social y motivan a los habitantes a ejercitarse, mejorando su estado de salud.

Es importante que valoremos y consideremos a las áreas verdes como una estrategia para mejorar la calidad de vida en las ciudades. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se requieren de al menos 16m2 de áreas verdes por habitante para garantizar su bienestar. Actualmente, en las ciudades, se tienen 5 m2, lo que está muy por debajo de lo recomendado por la OMS.

El urbanismo actual pretende generar un ambiente confortable en las ciudades, con espacios verdes que promuevan la continuidad de las funciones ecológicas que brinda la vegetación.

Es importante la participación de la población, el fomento de una conciencia ambiental y conservacionista, y la adopción de hábitos que promuevan el cuidado y mantenimiento de los espacios verdes.

Aquí te ofrecemos algunas acciones que ayudan a recuperar y mantener las áreas verdes de nuestra localidad:

• Plantar árboles y plantas nativas.

• Establecer zonas de vegetación en bulevares, calles y avenidas.”

Aunado a lo anterior, es importante hacer referencia al Manual de Calles, documento que publica la Sedatu, en el cual se plantea un método de urbanización, por su parte el gobierno federal publica para consulta pública el proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-001-SEDATU-2020, “Espacios públicos en los asentamientos humanos”, en el cual sugiere metodología como una referencia para la urbanización sin embargo no obliga a la autoridad que las vías urbanas contengan vegetación.

El planteamiento de la adición a la ley en comento es por la necesidad de que la autoridad federal, estatal y/o municipal al llevar a cabo acciones de urbanización, deban considerar plantación de árboles o sus semejantes, es decir, vegetación que permita crear un ambiente más sano y amigable con la naturaleza.

Entrando en materia el contenido de la ley observamos que se deberá hacer la adición de un párrafo al artículo 74, donde planteo adicionar un párrafo al mismo, tal y como lo podemos observar en el siguiente cuadro:

En razón de lo expuesto y fundamentado, me permito someter a consideración de esta honorable Cámara el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 74 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Artículo Único. Se adiciona un párrafo al artículo 74 la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar como sigue:

Artículo 74.

...

...

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno plantarán árboles o sus semejantes, es decir, vegetación de acuerdo con el espacio y tipo de suelo de la zona o región, cuando realice obras de construcción, remodelación y ampliación de calles, parques, banquetas, bulevares, plazas, explanadas y en cualquier espacio público.

...

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. En un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán crear o adecuar todas las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los contenidos de este instrumento.

Notas

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/509173/Manual_de_ calles_2019.pdf

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5608336&fecha =21/12/2020#gsc.tab=0

http://gaceta.diputados.gob.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputados y diputadas: Steve Esteban del Razo Montiel, Ángel Miguel Rodríguez Torres, Héctor Ireneo Mares Cossío, José Guadalupe Ambrocio Gachuz, Karla Estrella Díaz García, Marisela Garduño Garduño, Pedro David Ortega Fonseca (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 13 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo de la diputada Karla Estrella Díaz García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Karla Estrella Díaz García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Sexagésima Quinta Legislatura Federal, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I; y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones XII y XIII del artículo 13 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en materia de atribuciones de los municipios, respecto a la protección, conservación y saneamiento de los ecosistemas forestales urbanos , bajo la siguiente

La importancia, el respeto y cuidado del medio ambiente, hoy en día es innegable y esto tiene que ver a consecuencia con el abuso desmesurado y el desgaste que el ser humano genera de manera fuerte y cada vez más notoria, siendo la política ambiental mexicana, un claro ejemplo de los objetivos por resolver para evitar con ello un futuro en el cual nos veamos limitados y escasos, ante la posibilidad de tener un medio ambiente limpio y sobretodo sano; dentro de dicha perspectiva es preocupante que en la actualidad las grandes ciudades se encuentran con la presencia de componentes nocivos, ya sean químicos, físicos o biológicos, que perjudican nuestra salud y sobre todo el ambiente natural.

Por lo expuesto con anterioridad, resulta sumamente importante aportar y poner de nuestra parte para contrarrestar esta situación que aqueja a nuestro planeta y nos daña como seres humanos. Así mismo la OMS (Organización Mundial de la Salud), nos indica en un estudio realizado y publicado el 25 de marzo de 2014 en Ginebra, donde informa que en el 2012 unos 7 millones de personas murieron, una de cada ocho del total de muertes en el mundo como consecuencia de la exposición a la contaminación atmosférica.

Esta conclusión duplica con creces las estimaciones anteriores y confirma que la contaminación atmosférica constituye en la actualidad, por sí sola, el riesgo ambiental para la salud más importante del mundo. Si se redujera la contaminación atmosférica podrían salvarse millones de vidas.

Con lo antes descrito, cabe precisar en estas líneas no hay que dejar pasar por alto este problema de vital importancia para la humanidad, como lo es nuestra salud. Es por ello que la Conafor y Profepa en su página, para atender el problema operan el Programa de Combate a la Tala Clandestina y el Programa Nacional Forestal con la participación de cada una de sus delegaciones en los estados, realizando acciones operativas que han permitido obtener resultados cualitativos y de alto impacto.

Al remitirnos a lo expuesto dentro del Informe Nacional de Calidad del Aire 2021 en México, nos muestra el diagnóstico de la calidad del aire. Se presenta el diagnóstico de la calidad del aire en la Ciudad de México y su zona conurbada para el año 2021, tomando como base los indicadores desarrollados sobre el cumplimiento de las NOM en la materia y la distribución del número de días con calidad del aire buena, regular y mala, por estación de monitoreo. Asimismo, se incluye una descripción, a nivel de toda la zona metropolitana, sobre las tendencias del año 2000 a 2020 respecto al promedio, mínimo, máximo y percentiles 10 y 90 de las concentraciones diarias, número de días con concentraciones superiores a los límites normados vigentes para cada contaminante y número de días en que se rebasa cualquier norma de calidad del aire.

En lo correspondiente a las acciones contra la tala, estas se orientan principalmente a la inspección y vigilancia de la cadena productiva en materia forestal (aprovechamiento, transporte, transformación y almacenamiento de materias primas forestales) de la que se derivan diversos ilícitos ambientales.

Con lo anterior cabe señalar que los árboles son una fuente vital de servicios ambientales, como son la captación de agua y producción de oxígeno; contribuyen a evitar la erosión del suelo y a disminuir los escurrimientos e inundaciones; capturan y almacenan dióxido de carbono (CO2), con lo que contribuyen a mitigar el cambio climático; también proporcionan alimento; y son fundamentales para la vida en el planeta, de ahí la importancia de proteger las superficies arboladas.

Desde un punto de vista ecológico la protección de los arboles es importante porque intervienen en la regulación hídrica, protegen los suelos, ayudan a mantener la biodiversidad y contribuyen a reducir los gases de efecto invernadero; contribuyen además, a evitar la erosión del suelo y a disminuir los escurrimientos e inundaciones; capturan y almacenan dióxido de carbono (CO2), con lo que contribuyen a mitigar el cambio climático; también proporcionan alimento; y son fundamentales para la vida en el planeta, de ahí la importancia de proteger las superficies arboladas.

La conservación forestal, desde el ámbito del poder público municipal, es un proceso que intenta mejorar las actividades que se realizan, para conservar valores ambientales, económicos, culturales y sociales de forma que perduren en el tiempo.

Llevar a cabo una protección forestal urbana adecuada, permite la conservación de los valores ambientales y sociales además de aumentar el beneficio económico.

Los árboles urbanos proporcionan múltiples beneficios para las ciudades y sus habitantes por lo que es indispensable cuidarlos y protegerlos. Un árbol maduro puede absorber hasta 150 kg de gases contaminantes por año.

En las ciudades con altos niveles de contaminación, los árboles pueden mejorar la calidad del aire, haciendo que las ciudades sean lugares más saludables para vivir.

Son excelentes filtros para contaminantes urbanos y partículas finas como el polvo, la suciedad o el humo del aire atrapándolos en las hojas y la corteza.

Los árboles y bosques urbanos contribuyen a hacer que las ciudades sean socio-económica y ambientalmente más sostenibles.

De hecho, la explotación forestal es fundamental para la economía de diversas regiones y a través de una apropiada gestión se puede obtener el mejor provecho sin perjudicar el entorno.

Por lo tanto, es necesario planificar antes de comenzar la gestión forestal de modo que se garantice la estabilidad forestal y la multiplicidad del entorno.

Una ciudad con una infraestructura verde bien planificada y bien administrada se vuelve más sostenible, mejora la calidad de vida, se adapta mejor al cambio climático, reduce el riesgo de desastres y conserva los ecosistemas.

Las ciudades tienen la oportunidad de mejorar su cobertura y densidad de árboles urbanos a través de métodos de plantación y mantenimiento más deliberados y estratégicos. Si bien la densidad de cobertura está disminuyendo, los esfuerzos estratégicos para reemplazar los lugares de plantación de árboles en alcorques vacíos podrían incluir un enfoque en políticas que guíen la plantación y la poda apropiada en las áreas de mayor necesidad primero, dónde se prioriza la plantación de árboles callejeros en base a datos geoespaciales compilados para las áreas de mayor vulnerabilidad al calor, islas de calor y dosel de árboles existente.

La investigación ha demostrado que las áreas con políticas intencionales de cuidado y protección de árboles son capaces de mitigar las temperaturas del efecto de isla de calor en hasta 3.9 ° C en comparación con las áreas sin políticas de protección de árboles y esto es muy importante en una ciudad turística, con altas temperaturas durante los meses de verano y sequía.

Siendo esta una de las principales razones por las que se torna de suma importancia aprovechar los espacios públicos propios de los estados, municipios y Ciudad de México, promover la construcción, mantenimiento y reforestar áreas verdes pertenecientes de los mismos, dado que hay casos que estos espacios verdes son utilizados para otros fines de los cuales solo dañan más el suelo y no se usan para beneficio de la población.

Atender y darle su debido cumplimento a lo ordenado por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a lo referido en el artículo 3, en sus fracciones IV y VIII que a la letra nos indica:

Artículo 3. Son objetivos específicos de esta ley:

IV. Fortalecer la contribución de la actividad forestal a la conservación del medio ambiente y la preservación del equilibrio ecológico.

VIII. Fortalecer y mejorar los servicios forestales;

Armonización legislativa:

Ahora bien, en ese mismo orden de ideas, para tal efecto, se propone reformar las fracciones XII y XIII del artículo 13, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en materia de atribuciones de los Municipios, respecto a la protección, conservación y saneamiento de los ecosistemas forestales urbanos, que a la letra dice:

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Único. Se reforman las fracciones XII y XIII del artículo 13 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, en materia de atribuciones de los Municipios, respecto al saneamiento de los ecosistemas forestales , para quedar como sigue:

Artículo 13. Corresponde a los Municipios y a las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, de conformidad con esta Ley y las leyes locales en la materia, las siguientes atribuciones:

I. a XI. (...)

XII. Llevar a cabo, en coordinación con los gobiernos de las Entidades Federativas, municipios y de la Ciudad de México, acciones de protección, conservación y saneamiento forestal urbano, desde el ámbito de sus atribuciones y ayudar en la conservación de los ecosistemas forestales dentro de su ámbito de competencia;

XIII. Promover la construcción y mantenimiento y aprovechar e utilizar la infraestructura forestal, rural y urbana de los municipios o Demarcación Territorial;

XIV. a XXV. (...)

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas bibliográficas

1 https://www.whoint/mediacentre/news/releases/2014/airpollution/es/

2 http://www.gob.mx/profepa/prensa/combate-profepa-con-firmeza-tala-clandestina-a l-verificar-legalidad-dela- madera-que-se-utiliza-en-el-pais

3 https://sinaica.inecc.gob.mx/archivo/informes/Informe2017.pdf

4 https://sinaica.inecc.gob.mx/archivo/informes/Informe2017.pdf

5 https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2019_484.html

6 https://www.gaceta.unam.mx/los-arboles-fundamentales-para-la-vida-en-el -planeta/

7 https://jardinessinfronteras.com/2018/08/21/importancia-de-las-politicas-urbana s-sobre-los-arboles-en-la-ciudad/

8 https://onuhabitat.org.mx/index.php/siete-grandes-beneficios-de-los-arboles-urb anos#:~: text=Como%20resultado%2C%20los%20% C3%A1rboles%20juegan,lugares%20m%C3%A1s%20saludables%20para%20vivir

Palacio Legislativo, a 21 de septiembre de 2022.– Diputadas y diputados: Karla Estrella Díaz García, Ángel Miguel Rodríguez Torres, Beatriz Dominga Pérez López, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, Brenda Ramiro Alejo, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, Héctor Ireneo Mares Cossío, José Guadalupe Ambrocio Gachuz, José Miguel de la Cruz Lima, María Magdalena Olivia Esquivel Nava, Marina Valadez Bojórquez, Melissa Estefanía Vargas Camacho, Olimpia Tamara Girón Hernández, Pedro David Ortega Fonseca, Raymundo Atanacio Luna, Steve Esteban del Razo Montiel (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 99 de la Ley General de Educación, suscrita por la diputada Yesenia Galarza Castro y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Yesenia Galarza Castro, diputada federal integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6o., fracción I, 65, numeral 1, fracciones I y II, 76, numeral 1, fracción II, 78, numeral 1, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, quien presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona un párrafo al artículo 99 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

1. El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que la educación es un derecho humano, su rectoría recaerá en el Estado y se impartirá y garantizará la educación en todos sus niveles (inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior), además de que priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para el acceso, curso y conclusión, así como su participación y permanencia.

Y en el párrafo decimo, señala, lo que se pretende plantear en esta iniciativa, refiriéndose a que los planteles educativos “constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación”.

Mientras, en el artículo 4o. se establece que,

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral...”

Con la entrada en vigor de la nueva la Ley de Educación, el 30 de septiembre de 2019, se traspasa lo relacionado con la Infraestructura Física Educativa a la Secretaría de Educación Pública, debido a la abrogación de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

Lo referente a la Infraestructura queda plasmado en el Titulo Quinto. De los Planteles Educativos. Capítulo I. De las condiciones de los planteles educativos para garantizar su idoneidad y la seguridad de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que señala la importancia de los inmuebles educativos, de conformidad y acuerdo con entre todos los involucrados en la Educación, que forman parte del Sistema Educativo Nacional, de los requisitos que deben acatar para su óptimo funcionamiento y cumpliendo una serie de condiciones para ello.

También se refiere a la obtención de licencias para que un inmueble pueda prestar servicios de educación, así como la prioridad de las escuelas que estén es zonas de alta y muy alta marginalidad, sobre la inclusión se señalan varios aspectos a cubrir que busca mejorar las condiciones de la infraestructura educativa.

Se resalta que, en dicho Título, en el artículo 99 señala, que la Secretaría de Educación Pública operara el Sistema Nacional de Información de la Infraestructura Física Educativa:

“...a fin de realizar sobre ésta diagnósticos y definir acciones de prevención en materia de seguridad, protección civil y de mantenimiento. Dicho Sistema contendrá la información del estado físico de los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la prestación del servicio público de educación, mismo que se actualizará de manera permanente en colaboración y coordinación con las autoridades de la materia. Su operación estará determinada en los lineamientos previstos en el artículo 103 de esta Ley y será de observancia general para todas las autoridades educativas”.

Otro artículo a destacar, 103, es el que señala la emisión de lineamientos, por parte de la Secretaría de Educación Pública, “para para los procesos de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, certificación, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la prestación del servicio público de educación”.

Debiendo contener los siguientes criterios.

I. Especificaciones y normas técnicas para la elaboración de estudios, proyectos, obras e instalaciones y supervisión en materia de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la prestación del servicio público de educación;

II. Procedimientos mediante los cuales se certifique a los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la prestación del servicio público de educación;

III. Mecanismos de inversión, financiamiento alterno y participación social en la planeación, construcción y mantenimiento de los espacios educativos a los que se refiere esta Ley; IV. Acciones de capacitación, consultoría, asistencia y servicios técnicos en materia de elaboración de proyectos, ejecución y supervisión de los espacios educativos;

IV. Esquemas de seguimiento técnico y administrativo en los casos que corresponda respecto a la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o habilitación de los inmuebles;

V. Programas para la prevención y atención de los daños causados a los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la prestación del servicio público de educación por desastres naturales o fenómenos antropogénicos, y

VI. Todos aquellos necesarios para que los espacios educativos destinados a la prestación del servicio público de educación cumplan con los requisitos señalados en el artículo 100 de la presente Ley.

2. El entorno escolar, como y donde estudia la niñez en México, es una pregunta que muchas generaciones se hacen y que pocas veces encuentra respuestas satisfactorias, puesto que el lugar escolar influye de manera importante en los procesos educativos.

No son pocos los teóricos que afirman que hay una influencia funcional, esto porque que “hay un elemento indispensable para una adecuada enseñanza”. Por otra parte, al ser la educación un derecho, el derecho a la infraestructura digna deberá de imperar como una necesidad a satisfacer por parte del Estado, ya que este debe de garantizar, como se menciona párrafos arriba, como una estrategia útil que contribuya a los fines educativos.

Para Katarina Tomasevski, “la realización del derecho a la educación es un proceso continuo, por ello requiere de medición también continua”, así mismo considera 4 tipos de indicadores de derecho para su cumplimiento, los cuales son:

I. Asequibilidad (disponibilidad), alude a garantizar, para toda la población y con independencia de la ubicación geográfica, la existencia de planteles con los insumos necesarios para su atención;

II. Accesibilidad, significa que “las instalaciones, las condiciones de los muros, techos y pisos, permitan que los estudiantes ingresen y habiten los planteles escolares”;

III. Aceptabilidad, implica tomar en cuenta las necesidades y características de niñas, niños y adolescentes, tales como la edad, la cantidad de estudiantes, entre otros, con el fin de que los estudiantes se sientan cómodos en el aula y

IV. Adaptabilidad, esto es, que la escuela esté adaptada a las necesidades de los estudiantes, tanto físicas como educativas, es decir, la enseñanza y los materiales deben ser adecuados a sus características.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en extinción, señalaba en 2019,

“La evidencia disponible señala que la infraestructura escolar influye positivamente en la motivación de los estudiantes, en la mejora de sus prácticas de higiene y su salud, incrementa su sensación de seguridad y sus niveles de asistencia, lo que en conjunto repercute en su logro académico.”

Y continua,

“No obstante, la relevancia de los inmuebles educativos para apoyar las actividades académicas, el desarrollo de la INFE* del país ha sido deficiente, insuficiente e inadecuado, situación que vulnera el cumplimiento del derecho a una educación de calidad para todas las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA).”

De conformidad con el plan institucional del Inifed señala que, por la abrogación de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, publicado el 30 de septiembre de 2019 en el DOF,

“que conforme a su artículo transitorio Tercero se abroga la LGIFE, señalando que hasta que se expidan los Lineamientos previstos en el artículo 103 de la LGE y se realicen las adecuaciones normativas en esta materia de infraestructura educativa, seguirán en vigor aquellas disposiciones que se hayan emitido con anterioridad, en lo que no contravengan al propio Decreto.”

También destaca la importancia que tiene la infraestructura educativa en la enseñanza,

“Se ha reconocido que la INFE influye positivamente en la motivación de los estudiantes, en la mejora de sus prácticas de higiene y su salud, incrementa su sensación de seguridad y los niveles de asistencia, lo que en conjunto repercute en su logro académico, además de que propicia la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por lo que es primordial en el quehacer educativo, contar con una INFE integrada por espacios dignos, iluminados, ventilados y con el equipamiento suficiente para desarrollar las dinámicas educativas cotidianas.”

La importancia de la infraestructura física educativa, radica principalmente, en el acceso a servicios básicos (luz, agua potable, instalaciones hidrosanitarias, conectividad a Internet, entre otros), al igual que a la dotación de mobiliario, equipo y materiales didácticos.

Pese a la importancia de los expuesto anteriormente, se sigue sin cumplir con una infraestructura escolar de calidad, teniendo como consecuencia la precariedad en la mayoría de los planteles públicos, y la mayoría de estos, ubicados en zonas de alta y muy alta marginación, así como en zonas indígenas y rurales; esto provocado, por el uso intensivo de los inmuebles, por la falta de un mantenimiento adecuado, que en época reciente debido a la pandemia por Covid-19, su antigüedad y la regionalización, asimismo, por fenómenos naturales a los que están expuestos.

3. Continuando con el plan institucional del Inifed, señala que, “actualmente existen cerca de 217,611 escuelas públicas de todos los niveles, los cuales, dada la diversidad de turnos y servicios educativos, operan en un número no determinado con exactitud de inmuebles educativos, distribuidos en toda la República.”

Por su parte el Inegi, con datos del año 2021 al 2022, señala que hay en el país, 255,535 escuelas, desde donde 2,017,591 maestras y maestros imparten clases, de estos planteles, 87,038 pertenecen a preescolar, 95,854 al nivel primaria, 40,963 a secundaria, 20,886 a educación media superior y 5,846 a nivel superior.

Con respecto a los educandos, el Inegi, contabiliza que hay un total de 32,978,888 estudiantes en todo el país, de los cuales 16,418,094 son hombres y 16,560,794 son mujeres. Con respecto al nivel educativo tenemos que, del nivel inicial se contabilizan 190,740; de preescolar 4,153,558; de nivel primaria tenemos 13,464,424; del nivel secundaria hay 6,305,013; de medio superior 4,861,091 estudiantes y para el nivel superior se tienen 4,004,062.

Con los datos anteriores el Inegi señala que, hay un promedio de grado escolar de 9.74 a nivel nacional, esto es que la mayoría de los estudiantes apenas comienzan el nivel medio superior y abandonan la escuela.

Del total de la población mexicana, que es de 126,014,024 de habitantes, el Inegi contabiliza que la población de 3 años y más con algún grado escolar son 119,976,584; de estas personas, con nivel preescolar hay 6,110,435; con primaria 33,253,208; con secundaria 29,426,059; con estudios técnicos o comerciales con primaria terminada 354,724; con estudios técnicos o comerciales con secundaria terminada 1,244,138; con preparatoria o bachillerato 21,149,168; con normal básica 123,608; con estudios técnicos o comerciales con preparatoria terminada 1,453,857; con licenciatura o equivalente 16,777,488; con posgrado 2,055,605.Las personas que no cuentan con ningún grado escolar asciende a 7,701,507.

Otro dato importante que se reporta es el de la asistencia escolar, de un total de 119,976,584 mexicanos, mayores de 3 años, 33,795,678 asiste a alguna institución educativa, mientras que el 86,037,103 no asiste a ninguna.

4. Con la llegada de la pandemia por Covid-19, en marzo de 2020, el Sistema Educativo Nacional tuvo que parar en sus clases presenciales, que lo llevo al cierre temporal de las escuelas, e instituyo un sistema educativo a distancia, teniendo que lidiar con la falta de una infraestructura en telecomunicaciones, llevando a que muchos educandos abandonaran la escuela, por falta de recursos en los requerimientos de conectividad.

Para conocer el impacto que ha tenido la pandemia en la educación, tomaremos la encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (Ecovid-ED), realizada por el Inegi, correspondientes al ciclo escolar 2019-2020 y 2020-2021, señalando los siguientes datos.

Dicha encuesta establece que hay 54.3 millones de estudiantes de 3 a 29 años de edad, de los cuales 32.4 millones están en la educación básica, 10.2 en educación media superior, 7.1 millones en educación superior y 4.5 millones no tiene escolaridad. Con relación a la distribución por sexo, se tiene que 26.8 millones son mujeres y 27.4 millones son hombres.

Del total de la población estudiantil mencionada, el porcentaje de inscritos en algún grado escolar y no inscritos es el siguiente, de 3 años 3.6% está inscrito mientras que el 96.4% no lo está; de 4 a 5 años 64.4% está inscrito y el 35.6% no lo está; de 6 a 12 años está inscrito 98.7% y el 1.3% no lo está; de 13 a 15 años el 95.9% está inscrito y 4.1% no lo está; de 16 a 18 años el 75.5% está inscrito y 24.5% no lo está; de 19 a 24 años el 38.4% está inscrito y el 61.6% no lo está y por último de 25 a 29 años 10.4% está inscrito y el 89.6% no lo está.

De esto se concluye que 97.8% de los inscritos concluyeron el ciclo escolar y 2.2 no lo hizo. En termino de personas se traduce que los que no concluyeron el ciclo escolar son 738.4 mil estudiantes.

De los que no concluyeron el ciclo escolar, 435 mil estudiantes no lo hizo por Covid-19. Y entre esta relación y asociación, especifica la encuesta, 28.8% fue porque perdió contacto con la o el maestro o no entrego las tareas, 22.4% porque alguien de la vivienda perdió su trabajo o se redijeron los ingresos, y este dato considero es importante, 20.2% fue porque la escuela cerro definitivamente, 17.7% fue por no tener computadora u otro dispositivo con internet, 16.6% por cierre de escuela temporalmente u otra razón, 15.4% fue porque considera las clases a distancia poco útiles y 14.6% fue porque los padres o tutor no pudo estar al pendiente del estudiante.

5. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación señala que los recursos otorgados para la Infraestructura Física Educativa, son insuficientes, así como poco eficientes y transparentes, y dado que, en los últimos presupuestos de egresos, propuestos por el Ejecutivo Federal, se refleja estos supuestos. Señalaremos la distribución de recursos focalizados para lo mencionado.

Las reglas de operación 2022, del Programa Nacional de Reconstrucción, para la infraestructura física educativa, señala que todavía hay un total de 11 estados con algún rezago en la infraestructura, como se observa en el cuadro siguiente

En cuanto al presupuesto otorgado a la Secretaría de Educación Pública específicamente para la Infraestructura Física Educativa, tomaremos de referencia lo publicado en el estudio del Presupuesto Público Federal para la Función Educación, 2021-2022, elaborado por el Dr. Reyes Tépach M., de la Subdirección de Análisis Económico, dependiente de la Coordinación de Servicios de Información, Bibliotecas y Museo, de esta Cámara de Diputados.

En el siguiente cuadro observamos, que, en infraestructura, para el ejercicio fiscal del año 2022 se otorgaron recursos por 30,600.87 mdp, mientras que para el 2021, los recursos fueron por 27,057.61 mdp, esto hace una diferencia de 3,543.26 mdp. más para este año.

6. La facultad exclusiva de la Cámara de Diputados en el tema del presupuesto, es a decir de James Madison, “el presupuesto debería estar a cargo del Congreso pues es el arma más efectiva de los diputados para aliviar los agravios y necesidades de la población”.

Anteriormente el presupuesto tenía serios defectos que impactan en la decisión del Poder Legislativo, en específico de la Cámara de Diputados, para la conformación del Presupuesto, una de las principales causas y que, si bien es facultad del Ejecutivo iniciar la propuesta del presupuesto de egresos, por medio de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, señalado en el artículo 90 fracciones I, II y IV, de nuestra constitución. Por lo que respecta a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sobre la Secretaría de Hacienda, el artículo 31 fracción XV, dice, “Formular el programa del gasto público federal y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y presentarlos a la consideración del Presidente de la República;”.

Retomando el inicio del párrafo anterior, y continuando con Manuel González Oropeza, el principal defecto en el tema del presupuesto es, “El predominio del presidente de la República en la formación del presupuesto lo ha convertido en un plan más del ejecutivo, anulando la participación política y decisoria de la Cámara de Diputados”, desafortunadamente, en la época actual se pretende continuar con este tipo de prácticas, queriendo convertir a la Cámara de Diputados solo en una mera formalidad de un acto administrativo.

Por lo que respecta a la facultad de la Cámara de Diputados para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, se señala en el artículo 74 fracción IV, de la carta magna. Para dicha aprobación, se observa en dicho artículo, se deberá realizar un examen previo, esto es que se tomaran en consideración toda la información con la que se cuente de todas las finanzas públicas.

Pero muchas veces no hay información actualizada o exacta que pueda dar una visión amplia de los diversos retos que enfrenta el país, para eficientar el gasto público. Y que si bien las distintas dependencias de gobierno, órganos autónomos y todas aquellas que están en la estructura de la administración pública federal, remiten un informe de actividades, muchas veces no está completa, ocasionando que la labor de las y los legisladores se vea entorpecida por la falta de información cabal y veras, lo que lleva a no conocer de forma profunda la problemática y por consecuencia no eficientar el gasto público.

El tema de presupuesto no solo es enumerar los tipos de ingresos y en que se van a gastar, sino que es el instrumento que da forma a las políticas sociales en el país y de cómo se determina la distribución de estos recursos, cuál sería el que necesita mayor inversión y cual menor, priorizar y eficientar el gasto público, es una responsabilidad de todas y todos los diputados, por lo que al tener un amplio conocimiento de cómo se está distribuyendo y como gastan las dependencias gubernamentales su presupuesto, y si cumplen con los requerimientos que por Ley deben de cumplir para ese gasto, debe de ser un conocimiento constante de nuestros legisladores.

A continuación, se detalla en un cuadro comparativo la propuesta de modificación.

Por lo expuesto y fundado, Quien suscribe Yesenia Galarza Castro, Diputada Federal, integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforma y adiciona un párrafo al artículo 99 de la Ley General de Educación

Único. Se reforma y adiciona un párrafo al artículo 99 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 99. ...

...

...

La Secretaría remitirá a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, para su revisión y conocimiento, la información actualizada de la Infraestructura Física Educativa señalada en el párrafo anterior, a más tardar el 8 de septiembre de cada año. La Cámara de Diputados, por su parte, deberá tenerla en cuenta en el proceso de análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de los Ramos que correspondan.

La información a que hace referencia el párrafo anterior deberá incluir, entre otros, los siguientes requisitos:

I. Situación actual, acreditación o legitima posesión del inmueble;

II. Estado detallado que guarda el inmueble;

III. Responsable directivo y Personal operativo;

IV. Autorización y/o reconocimiento de validez oficial de estudios;

V. Certificación de calidad de la infraestructura física educativa;

VI. Tipo de escuela;

VII. Modalidad de la Escuela;

VIII. Tipo de servicios con los que cuenta.

IX. Presupuesto asignado;

X. Presupuesto ejercido;

XI. Equipamiento y estado del mismo.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2 Ídem.

3 Véase:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf

4 Ídem

5 Ídem

6 Miranda López, Francisco. Infraestructura escolar en México: brechas traslapadas, esfuerzos y límites de la política pública. Revista Perfiles Educativos, vol. XL, núm. 161, 2018. IISUE-UNAM.

7 Tomasevski, Katarina. Indicadores del derecho a la educación. Véase:

http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/i ndicadores-del-derecho-a-la-educacion.pdf

8 Ídem.

9 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Documentos ejecutivos de política educativa. Políticas para fortalecer la infraestructura escolar en México. 2019.

10 Ídem

• Infraestructura Física Educativa.

11 Acuerdo por el que se aprueba el Programa Institucional 2021-2024 del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. Diario Oficial de la Federación. 01 de enero de 2021.

12 Ídem

13 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Características educativas de la población. 2021-2022. Véase:

https://www.inegi.org.mx/temas/educacion/#Tabulados

14 Referencia del último censo de población año 2020. Inegi.

15 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (ECovid-ED). Presentación de Resultados. Segunda edición. 23 de abril de 2021.

16 The Federalist Papers, New American Library, 1961, p. 359, en González Oropeza, Manuel. Facultades Exclusivas de la Cámara de Diputados. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Cámara de Diputados. 2013. P. 109.

17 Véase:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOAPF.pdf

18 González Oropeza, Manuel. Facultades Exclusivas de la Cámara de Diputados. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Cámara de Diputados. 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputada Yesenia Galarza Castro (rúbrica).»

«Iniciativa que reforma el artículo 154 de la Ley General de Bienes Nacionales, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Carlos Alberto Puente Salas, en representación de las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, integrantes de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Bienes Nacionales, al tenor de la siguiente:

Mucho se habla de la importancia de México por su privilegiada ubicación geográfica y por su riqueza natural compuesta de una amplia diversidad biológica de especies de flora y fauna.

Una de sus carcterísticas ecosistémicas más relevantes son las costas; 17 de las 32 entidades federativas que conforman nuestro país cuenta con un litoral costero, lo que nos posiciona como uno de los destinos turísticos predilectos tanto a nivel nacional como internacional.

De acuerdo a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la extensión de las costas mexicanas estimada es de 12 mil 18 kilómetros.

Dicha característica nos ha brindado la oportunidad de aprovechar nuestros recursos para generar ingresos como lo hace, por ejemplo, la industria turística. En esta materia, hoy ocupamos el segundo lugar, solo por detrás de Francia, dentro de los 10 destinos turísticos más visitados a nivel mundial, tal y como se muestra en la siguiente tabla elaborada por el portal “Entorno turístico” con datos de la Organización Mundial del Turismo para el pasado 2021:

En el mismo sentido, de acuerdo al portal “Visit México”, nuestro país es uno de los destinos turísticos favoritos de viajeros de todo el mundo, no solo por su historia, tradiciones, cultura, la calidez de su gente y la gastronomía, sino por la belleza y variedad de playas con las que cuenta nuestro territorio desde el norte hasta el sur. Tal es el caso de las icónicas playas del mar Caribe, las cuales se caracterizan por el azul turquesa de sus aguas y son ideales para nadar o explorar los mares como las playas de Cancún y Playa del Carmen; por lo que hace al mar de Cortés, se encuentran playas que ofrecen paisajes desérticos y son hábitat de un gran número de especies marinas, lo cual las hace propicias para la práctica de deportes acuáticos, como sucede, por ejemplo, en Los Cabos.

A pesar de ello, en años recientes la situación se tornó compleja para muchas industrias, incluida la turística, debido a la emergencia sanitaria que tuvo lugar a nivel internacional, paralizando la mayoría de las actividades económicas con especial énfasis en el sector turístico que se vio obligado a parar por completo ante la necesidad de establecer el distanciamiento social como medida de conteción a los crecientes contagios por Covid-19.

Al paso de dos años, el sector turístico ha podido recuperarse, muestra de ello son las cifras reportadas para las vacaciones de semana santa de este 2022, registrando un crecimiento de 20 por ciento en sus ganancias en comparación al año inmediato anterior, lo cual significó una importante derrama económica, de acuerdo a los datos referidos por las Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco).

Se señaló que los destinos de sol y playa fueron los preferidos por los turistas en semana santa, estimando una ocupación hotelera de más de 85 por ciento, seguidos de una afluencia muy importante en la Ciudad de México, las ciudades coloniales y los Pueblos Mágicos.

Indudablemente, esto evidencia la importancia que tiene para el país el sector turístico, para el cual nuestros recursos naturales representan una de las principales atracciones para los vistantes de otras naciones, lo que nos obliga a tomar acciones para hacer un uso sustentable y sostenible de dichos recursos y evitar con ello que su explotación irracional los lleve a su degradación o desaparición.

En nuestro país hoy contamos con un marco regulatorio sólido en materia de cuidado del medio ambiente, destacando que el derecho ambiental fue creado bajo el principio de prevención, buscando que las acciones de los seres humanos se desarrollen con absoluto respeto al entorno natural, evitando en la medida de lo posible un impacto ambiental que ponga en peligro su preservación. Desafortunadamente, la realidad es otra, con el paso de los años nos hemos enfrentado a una dinámica que nos muestra cómo las acciones dolosas de los seres humanos han llevado a la degradación de nuestros recursos, generando la necesidad de establecer leyes y políticas públicas que buscan no solo prevenir, sino sancionar aquellas actividades que ponen en peligro la subsistencia y el equilibrio ecológico de nuestro planeta.

Respecto a los bienes de la nación, la Ley General de Bienes Nacionales señala lo siguiente:

“ Artículo 3. Son bienes nacionales:

I.- Los señalados en los artículos 27, párrafos cuarto, quinto y octavo; 42, fracción IV, y 132 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II.- Los bienes de uso común a que se refiere el artículo 7 de esta Ley;

III.- Los bienes muebles e inmuebles de la Federación;

IV.- Los bienes muebles e inmuebles propiedad de las entidades;

V.- Los bienes muebles e inmuebles propiedad de las instituciones de carácter federal con personalidad jurídica y patrimonio propios a las que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía, y

VI.- Los demás bienes considerados por otras leyes como nacionales.”

Para efectos de la iniciativa que nos ocupa, son precisamente los bienes de uso común aquellos respecto a los cuales consideramos pertinente hacer una revisión de su regulación. De acuerdo al artículo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales se consideran bienes de uso común los siguientes:

“I.- El espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el derecho internacional;

II.- Las aguas marinas interiores, conforme a la Ley Federal del Mar;

III.- El mar territorial en la anchura que fije la Ley Federal del Mar;

IV.- Las playas marítimas, entendiéndose por tales las partes de tierra que por virtud de la marea cubre y descubre el agua, desde los límites de mayor reflujo hasta los límites de mayor flujo anuales;

V.- La zona federal marítimo terrestre;

VI.- Los puertos, bahías, radas y ensenadas;

VII.- Los diques, muelles, escolleras, malecones y demás obras de los puertos, cuando sean de uso público;

VIII.- Los cauces de las corrientes y los vasos de los lagos, lagunas y esteros de propiedad nacional;

IX.- Las riberas y zonas federales de las corrientes;

X.- Las presas, diques y sus vasos, canales, bordos y zanjas, construidos para la irrigación, navegación y otros usos de utilidad pública, con sus zonas de protección y derechos de vía, o riberas en la extensión que, en cada caso, fije la dependencia competente en la materia, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables;

XI.- Los caminos, carreteras, puentes y vías férreas que constituyen vías generales de comunicación, con sus servicios auxiliares y demás partes integrantes establecidas en la ley federal de la materia;

XII.- Los inmuebles considerados como monumentos arqueológicos conforme a la ley de la materia;

XIII.- Las plazas, paseos y parques públicos cuya construcción o conservación esté a cargo del gobierno federal y las construcciones levantadas por el gobierno federal en lugares públicos para ornato o comodidad de quienes los visiten, y

XIV.- Los demás bienes considerados de uso común por otras leyes que regulen bienes nacionales.

En este sentido, vemos que la importancia de los bienes de uso común, además de patrimonial, resulta ser ambiental, por lo que su uso debe ser definido, autorizado y supervisado por las autoridades.

Hoy en día, las playas y la zona federal marítimo terrestre retoman especial relevancia, pues en su mayoría se encuentran en uso al amparo de una autorización emitida por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la cual, mediante una concesión, permite a los poseedores hacer un uso responsable y sustentable de dicha superficie, tal y como lo establece la referida Ley General:

“ Artículo 8. (...)

Para aprovechamientos especiales sobre los bienes de uso común, se requiere concesión, autorización o permiso otorgados con las condiciones y requisitos que establezcan las leyes.”

Dicha concesión o autorización establece limitantes y obligaciones que tendrán que ser cumplidas por los titulares de las mismas; remitiendo para este fin al Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar que en su artículo 29 señala:

“Artículo 29. Los concesionarios de la zona federal marítimo terrestre, de los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito que se forme con aguas marítimas, están obligados a:

I. Ejecutar únicamente el uso, aprovechamiento o explotación consignado en la concesión;

II. Iniciar el ejercicio de los derechos consignados en la concesión, a partir de la fecha aprobada por la Secretaría;

III. Iniciar las obras que se aprueben, dentro de los plazos previstos en la concesión, comunicando a la Secretaría de la conclusión dentro de los tres días hábiles siguientes;

IV. Responder de los daños que pudieran causarse por defectos o vicios en las construcciones o en los trabajos de reparación o mantenimiento;

V. Cubrir los gastos de deslinde y amojonamiento del área concesionada;

VI. Mantener en óptimas condiciones de higiene el área concesionada;

VII. Cumplir con los ordenamientos y disposiciones legales y administrativas de carácter federal, estatal o municipal;

VIII. Coadyuvar con la Secretaría en la práctica de las inspecciones que ordene en relación con el área concesionada;

IX. Realizar únicamente las obras aprobadas en la concesión, o las autorizadas posteriormente por la Secretaría;

X. Desocupar y entregar dentro del plazo establecido por la Secretaría las áreas de que se trate en los casos de extinción de las concesiones; y

XI. Cumplir con las obligaciones que se establezcan a su cargo en la concesión.”

El Reglamento referido señala como sanción por el incumplimiento a lo anterior la procedencia de la revocación del correspondiente título de concesión, tal como se indica en el artículo 47 del mismo.

De lo anterior se desprende que existe un marco normativo para la correcta administración de dichos bienes, sin embargo, debemos ser responsables al analizar que son precisamente las playas y la zona federal marítimo terrestre uno de los ecosistemas más impactados por la actividad humana, especialmente por la contaminación proveniente de los residuos sólidos urbanos.

De acuerdo a la organización ambientalista Greenpeace, no sólo turistas, sino también toneladas de basura plástica llegan cada año a las playas de México.

En el mismo sentido, la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales señala que con el inicio de la temporada de verano, para el mes de julio, en las playas de Cancún la contaminación por residuos sólidos aumentó a 10 toneladas, alrededor de 44 mil kilogramos, cifra que al finalizar dicho mes alcanzó la suma de alrededor de tres toneladas de basura.

Lo anterior nos muestra la realidad de una sola entidad de las 17 que tienen costas en nuestro país y experimentan dicha problemática ambiental, por este motivo resulta necesario y urgente hacer una reforma que no sólo vea a estas superficies como un bien desde la óptica patrimonial, sino desde la concepción ambiental y no pierda de vista su importancia para el equilibrio ecológico y los servicios ambientales que brindan tanto para su propia subsistencia, como para el mantenimiento de la salud de las personas.

En el Partido Verde estamos convencidos de que el turismo juega un papel fundamental en la estabilidad económica de nuestro país, especialmente en aquellas entidades cuya economía depende en gran medida de dicha actividad. No obstante, tenemos que hacer un ejercicio responsable al reconocer que los bienes naturales que representan el principal atractivo de muchos destinos turísticos en nuestro país son la piedra angular para lograr esas visitas y la consecuente derrama económica, por lo que su protección hoy más que nunca requiere del robustecimiento de los mecanismos que así lo garanticen.

La limpieza de las superficies consideradas como bienes de la nación hoy se encuentra delegada a los municipios por tratarse de residuos sólidos urbanos, no obstante, consideramos necesario fortalecer aquellas disposiciones reglamentarias que establecen la obligación de los concesionarios para adoptar conjuntamente esta obligación con la finalidad de garantizar que nuestras playas y mares se conserven limpias en beneficio de todas las manifestaciones de vida en el planeta.

Como lo referimos en esta iniciativa, hoy el uso de dichas superficies se encuentra limitado a la obtención de una autorización o concesión en donde se definen las obligaciones para sus titulares, llamando especialmente la atención lo referido en la fracción VII del artículo 29 del citado Reglamento, respecto a “Mantener en óptimas condiciones de higiene el área concesionada” y cuyo incumplimiento será una causal de revocación de los títulos de concesión, como ya se mencionó.

En este tenor, creemos que resulta pertinente indicar, además, una sanción económica para aquellos quienes haciendo uso de estas superficies no generen las condiciones para el mantenimiento de las mismas, pues no sólo se trata de una obligación hoy vigente en el Reglamento, sino de una medida necesaria para coadyuvar a combatir la contaminación que tanto afecta la salud de nuestro entorno natural.

Para mayor claridad respecto a lo propuesto se presenta a continuación el siguiente cuadro comparativo:

Estamos convencidos que con dicha modificación robustecemos nuestra legislación en materia de bienes nacionales que garantice su adecuada conservación, refrendando nuestro compromiso como legisladores con el diseño de propuestas que atiendan las principales problemáticas a nivel nacional, una de ellas la contaminación por residuos y la degradación de los ecosistemas costeros.

La contaminación de nuestros mares es una tarea urgente y pendiente de atender, es por ello que sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 154 de la Ley General de Bienes Nacionales

Artículo único. Se reforma el primer párrafo del artículo 154 de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 154. Se sancionará con multa de entre tres mil y hasta doce mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente a los propietarios de terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre o los titulares de concesiones, permisos, autorizaciones y acuerdos de destino respecto del aprovechamiento de la zona federal marítimo terrestre que por cualquier medio o acto impidan, inhiban, restrinjan, obstaculicen o condicionen el acceso a la zona federal marítimo terrestre y a las playas marítimas, así como por el incumplimiento de la obligación de mantener en óptimas condiciones de higiene el área concesionada.

(...)

Único. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase, “Conabio genera nueva cartografía de la línea de costa de México”, Conabio, 21 de noviembre de 2019. Disponible en:

https://www.gob.mx/conabio/prensa/conabio-genera-nueva-cartograf ia-de-la-linea-de-costa-de-mexico?idiom=es#:~: text= La%20extensi%C3%B3n%20de%20las%20costas,sin%20considerar%20a%20las%20islas

2 Véase, “10 países con más turistas internacionales en el 2021”, Entorno turístico, 28 de marzo de 2022. Disponible en:

https://www.entornoturistico.com/10-paises-con-mas-turistas-inte rnacionales-en-el-2021/

3 Véase, “Turismo aumenta 20% su derrama económica durante Semana Santa”, El Economista, 21 de abril de 2022. Disponible en:

https://www.eleconomista.com.mx/el-empresario/Turismo-aumenta-20 -su-derrama-economica-durante-Semana-Santa-20220421-0157.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputados y diputadas: Juan Carlos Natale López, Alfredo Porras Domínguez, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Ana Karina Rojo Pimentel, Ana Laura Huerta Valdovinos, Angélica Peña Martínez, Antonio de Jesús Ramírez Ramos, Armando Antonio Gómez Betancourt, Carlos Alberto Puente Salas, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, Claudia Delgadillo González, Consuelo del Carmen Navarrete Navarro, Daniel Murguía Lardizábal, Eunice Monzón García, Fátima Almendra Cruz Peláez, Fausto Gallardo García, Gilberto Hernández Villafuerte, Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle, Janine Patricia Quijano Tapia, Jasmine María Bugarín Rodríguez, Javier Joaquín López Casarín, José Antonio Estefan Gillessen, Juan Carlos Natale López, Juan Pablo Montes de Oca Avendaño, Karen Castrejón Trujillo, Kevin Ángelo Aguilar Piña, Luis Alberto Martínez Bravo, Luis Arturo González Cruz, Luis Edgardo Palacios Díaz, Marco Antonio Natale Gutiérrez, María del Carmen Pinete Vargas, María del Rocío Corona Nakamura, María Sierra Damián, Marisela Garduño Garduño, Mario Xavier Peraza Ramírez, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Roberto Alejandro Segovia Hernández, Roberto Antonio Rubio Montejo, Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, Santy Montemayor Castillo, Sonia Mendoza Díaz, Tomás Gloria Requena, Valeria Santiago Barrientos (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo de la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Lilia Aguilar Gil, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa, al tenor de la siguiente

La vivienda es una necesidad humana indispensable no sólo para la supervivencia, sino para el desarrollo y ejercicio de otros derechos humanos como elemento previo, por lo que el estado mexicano debe garantizar esta prerrogativa reconocida a nivel nacional e internacional.

El derecho humano a la vivienda en nuestro país haya su fundamento en el párrafo séptimo del artículo 4º constitucional que establece a la letra que “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa...”. Sin embargo, al hablar de derechos humanos se debe tomar en cuenta el marco jurídico convencional que emana de los tratados internacionales de los que México es parte.

Así, de acuerdo con el derecho internacional, de la evolución del derecho humano a la vivienda a lo largo del tiempo y de sus diversas interpretaciones se tiene que no se limita sólo a tener un lugar donde vivir, sino que, para que pueda considerarse adecuada para sus moradores, debe cubrir determinados elementos cualitativos y objetivos.

Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de las Naciones Unidas, en su observación general número 4 realizó una amplia interpretación en materia de vivienda adecuada en la que destacó que se trata de un derecho humano fundamental para el ejercicio de todos los derechos económicos, sociales y culturales.

El Comité observa que existen considerables problemas de vivienda inadecuada en algunas de las sociedades más desarrolladas económicamente y reporta que las Naciones Unidas calculan que hay más de 100 millones de personas sin hogar y más de 1000 millones alojadas en viviendas inadecuadas en el mundo.

La instancia señala también, que el concepto de adecuación es relevante en relación con el derecho a la vivienda, puesto que subraya una serie de factores para determinar si algunas formas de vivienda constituyen una “vivienda adecuada” a los efectos del PIDESC. Aun cuando la adecuación viene determinada en parte por factores sociales, económicos, culturales, climatológicos, ecológicos y de otra índole, el Comité considera que, es posible identificar algunos aspectos que deben valorarse como elementos de la vivienda adecuada y que han sido determinados y ampliamente difundidos por ONU Hábitat:

i. Seguridad de la tenencia. Condiciones que garantizan a sus ocupantes protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas.

ii. Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura. Contempla la provisión de agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energía para la cocción, la calefacción y el alumbrado, así como para la conservación de alimentos y eliminación de residuos.

iii. Asequibilidad. El costo de la vivienda debe ser tal que todas las personas puedan acceder a ella sin poner en peligro el disfrute de otros satisfactores básicos o el ejercicio de sus derechos humanos. Se considera que una vivienda es asequible si un hogar destina menos del 30 por ciento de su ingreso en gastos asociados a la vivienda.

iv. Habitabilidad. Condiciones que garantizan la seguridad física de sus habitantes y les proporcionan un espacio habitable suficiente, así como protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros riesgos para la salud y peligros estructurales.

v. Accesibilidad. El diseño y materialidad de la vivienda debe considerar las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados, particularmente de personas con discapacidad.

vi. Ubicación. La localización de la vivienda debe ofrecer acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, y estar ubicada fuera de zonas de riesgo o contaminadas.

viii. Adecuación cultural. La construcción de la vivienda y las políticas en que se apoyan deben permitir adecuadamente la expresión de la identidad cultural y la diversidad de la vivienda de modo que no se sacrifiquen las dimensiones culturales de la vivienda y que se aseguren, además, los servicios tecnológicos modernos.

A pesar de que los elementos anteriores se han incorporado al marco jurídico nacional desde que México es parte de diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, se afirma que en nuestro país la urbanización, en general; y el sector vivienda, en particular; han representado un desafío constante para las autoridades, pues, aunque en las últimas dos décadas se impulsó un modelo de financiamiento y subsidio que permitió la construcción de más de 9 millones de viviendas para combatir el rezago habitacional, existen diversas problemáticas que han impedido alcanzar la inclusión social, y una adecuada coordinación interinstitucional.

Aunado a lo anterior, durante los últimos 70 años, la población en México ha crecido poco más de cuatro veces. En 1950 había 25.8 millones de personas; en 2020 se registraron 126 millones. De 2010 a 2020, la población se incrementó en 14 millones de habitantes lo que ha repercutido invariablemente en la demanda de vivienda.

En este contexto, la urbanización y el crecimiento de la población y de las ciudades mexicanas ha sido descontrolado y carece de planificación; los intereses privados y políticos han prevalecido sobre los intereses sociales lo que ha permitido que la especulación inmobiliaria agote una gran cantidad de tierra de costo accesible para los mexicanos de bajos ingresos.

El urbanismo y arquitectura de las ciudades en México se ha basado en los intereses de pocos sin considerar el bienestar de la población y desde la óptica de la vivienda como un bien comercial y no como un bien social; no se ha visto tampoco como un derecho inherente a la dignidad humana, pues la especulación inmobiliaria ha influido directamente en la forma en que se perciben y conforman las urbes generando división social del espacio en beneficio de aquellos que ya son propietarios y de los agentes económicos implicados en la producción inmobiliaria.

Por lo anterior, el costo de la vivienda en México ha rebasado el límite superior que establece la ONU, topado en 30% del ingreso de las personas, lo que pone en peligro el disfrute de otros satisfactores básicos y el ejercicio de otros derechos humanos y hace incompatible el elemento de asequibilidad con el acceso a una vivienda adecuada.

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se considera que el alto costo de la vivienda en México y la percepción de bajos ingresos, genera la incapacidad de adquirir una vivienda a través de un financiamiento público o privado, es por ello que el ingreso familiar es uno de los principales factores asociados al rezago habitacional ya que 69.10 por ciento de los hogares recibe menos de cinco veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) mensual vigente.

Aunado a ello, la Encuesta Nacional de Vivienda del Inegi, 2020, señala que de las 5.8 millones de viviendas rentadas, 51.4 por ciento se alquilan debido a que sus habitantes no tienen acceso a créditos o no tienen recursos suficientes y 9.7 por ciento más debido a que la mensualidad es menor a una hipoteca.

Por lo tanto, aunque la vivienda no ha dejado de representar el principal bien patrimonial de la familia y es en lo que más se invierte, aquella que se adquiere depende principalmente de la capacidad económica de las personas, que no deja de ser determinante, pues el ingreso familiar se compromete dependiendo del país, por un periodo de varios años para lograr su adquisición; por ejemplo, en España serán de 7 a 12 años y en México de 20 a 30 años.

Como ha quedado establecido, la inaccesibilidad a una vivienda adecuada es consecuencia, básicamente, de los bajos niveles de ingreso; sin embargo, se ha agravado al grado de hacerse imposible el ejercicio de este derecho humano debido a la especulación inmobiliaria, fenómeno que requiere de un tratamiento específico por parte de las autoridades para abatir los diversos factores que la generan.

Cabe señalar que el suelo urbano tiende a incrementar su precio de manera normal y real en función de la escasez, monopolización, infraestructura, ubicación, etcétera; sin embargo, este incremento, conocido como plusvalía, no se compara con el que se deriva de la especulación que “consiste en negociar conscientemente con el incremento potencial de la renta urbana, por medio de la sustracción de terrenos del mercado o por la anticipación de posibles rentas diferenciales debidas a inversiones en construcciones que inciden en la tierra”.

Sobre este escenario, el encarecimiento inmobiliario se apoya también muy a menudo en las políticas urbanísticas y económicas gubernamentales, por lo que la especulación inmobiliaria se ha convertido en un recurso de los particulares e incluso de los órdenes de gobierno locales para obtener ganancias muy superiores en un futuro, derivadas de la renta o venta de un inmueble o suelo que se mantiene en desuso o subutilizado previendo una mejora en la infraestructura o incluso considerando factores naturales de las ciudades o el crecimiento demográfico, a cambio de una inversión que no justifica la utilidad y que genera encarecimiento de la vivienda y el desplazamiento de aquellos que dejan de tener la capacidad económica de vivir en una determinada zona o la imposibilidad de acceder a una vivienda para aquella población de menores ingresos.

Por lo anterior resulta necesario emprender acciones legislativas que permitan combatir y erradicar la especulación inmobiliaria en México, donde la vivienda se caracteriza por la inadecuada localización de aquella que pudiera considerarse económica y, por otro lado, la no asequibilidad de la vivienda intraurbana, privilegiando los procesos de crecimiento de las ciudades que se rijan por principios lógicos de proximidad, preservando el suelo y su uso eficiente disminuyendo con ello los desplazamientos y propiciando cohesión social.

Cabe señalar que la estrategia nacional de vivienda no es exclusiva de los órganos del Estado, sino que se hace extensiva a los integrantes de los sectores privado y social que participan en la promoción y desarrollo inmobiliario; máxime que, por regla general, éstos lo hacen con objeto de lucro. En este tenor, es conveniente que los estados y los municipios erradiquen por completo el desuso, la inutilización o subutilización del suelo apto para el desarrollo urbano con fines especulativos y promuevan su uso eficiente; al tiempo que limitan los cambios de uso de suelo que carece de vocación o aptitud para el desarrollo urbano, con fines especulativos y que imponen costos crecientes en términos ambientales, sociales, económicos y urbanos.

Es importante considerar que la especulación del valor del suelo tiene efectos negativos relevantes sobre la capacidad del gobierno (municipal, estatal y federal) para financiar la instalación y mantenimiento de infraestructuras, y proveer servicios públicos básico de calidad, además de los efectos negativos sobre el ambiente, el ordenamiento territorial, la estructura urbana, la movilidad y, en general, sobre la sustentabilidad, competitividad, inclusividad y resiliencia de las zonas urbanas.

La especulación inmobiliaria, ya sea por el desuso, inutilización o subutilización del suelo apto para el desarrollo urbano; así como la derivada de cambios de uso de suelo de no urbano a urbano en suelo que carece de vocación urbana o no es apto para la urbanización; genera costos crecientes para el acceso a los benefactores de la ciudad como son las infraestructuras, equipamientos urbanos, servicios básicos de calidad y oportunidades de trabajo, además de procesos de encarecimiento artificial del valor del suelo, expulsión de la población de menores ingresos a suelo mal localizado, pérdida de zonas de valor ambiental, productivo, patrimonial, histórico y paisajístico, imponiendo elevados costos a la sociedad que con capturados por actores particulares. Además, en el largo plazo, se pueden generar condiciones adversas y riesgos sobre los mercados de suelo y vivienda, al propiciar el surgimiento de mercados netamente especulativos que ponen en riesgo la viabilidad ambiental y económica de las ciudades, pudiendo traducirse en crisis inmobiliarias e hipotecarias como la observada a nivel mundial en 2008-2009, y potencialmente en China en tiempos presentes.

En este orden de ideas, la presente iniciativa plantea el establecimiento de un predial progresivo que tome en consideración el valor comercial del inmueble y de una tasa más alta para los propietarios de suelo de uso habitacional en desuso o sin construcción, con el objetivo de desincentivar la especulación y acabar con los suelos ociosos en aras de la atención de las necesidades de desarrollo habitacional y de la utilidad pública en general.

Igualmente, este iniciativa plantea el establecimiento de un impuesto a la valorización del suelo vinculada a procesos especulativos para aquellos predios que, para su aprovechamiento, impliquen un cambio de uso de suelo de no urbano a urbano, y en los que, por sus características, no tengan por objeto atender las necesidades de vivienda del promovente, sino la captura de rentas derivadas del fraccionamiento o lotificación de suelo cuya vocación es distinta a los usos urbanos, o no es apto para el desarrollo urbano.

Lo anterior tomando en cuenta que el predial es un impuesto directo con amplio potencial recaudatorio y distributivo debido a que su base (propiedad inmobiliaria) es altamente visible y no móvil; el valor de los predios no fluctúa como los ingresos y lo pagan únicamente los propietarios de los inmuebles por lo que de tener tasas que aumenten conforme incremente el valor del predio pueden ser altamente progresivos.

Al respecto, debe tomarse en cuenta que nuestra Constitución Política establece en su artículo 31, fracción IV, que los mexicanos tienen la obligación de contribuir “para los gastos públicos, así de la federación, como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.”

De conformidad con lo anterior, se establece que la imposición de tasas progresivas o diferenciadas por tipo de predio no constituye un trato diferenciado que pudiera reclamarse inconstitucional, sino que, por el contrario, se trata de una contribución que toma como base la propiedad inmobiliaria y que se considera proporcional y equitativa en función de ésta última.

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 115, fracción IV, párrafo primero inciso a) y párrafo segundo, el municipio administra libremente su hacienda y percibirá “las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.”

De igual manera, el numeral que antecede, en su párrafo tercero, establece que los ayuntamientos, deberán proponer a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Es así como el predial se convierte en una de las fuentes de ingresos más importantes del municipio, por su administración relativamente sencilla y por el financiamiento que representan respecto del desarrollo urbano, entendido como la contribución de carácter local que tiene injerencia sobre el derecho de propiedad, posesión y/o la tenencia de un bien inmueble, que grava tanto el terreno como lo que en él se edifique, a cargo de personas físicas o morales titulares de dichos derechos, independientemente del uso. Es decir, es el impuesto gravamen a la propiedad raíz y a todo tipo de construcción permanente que se encuentre sobre un predio.

Destaca también la función fiscal y extrafiscal del impuesto predial, toda vez que los propietarios que cubren esta contribución al municipio donde se encuentra el inmueble, aportan también para costear el gasto público municipal; tratar de regularizar la tenencia de la tierra; así como, darle seguridad jurídica a los propietarios o poseedores de los inmuebles.

A pesar de ser la principal fuente de ingresos de algunos estados, la recaudación del impuesto predial ha representado, en promedio, el 0.2 por ciento del producto interno bruto (PIB) durante las últimas tres décadas; además, la Administración Tributaria competente en la materia ha contribuido de manera importante a los escasos resultados recaudatorios, siendo algunos de sus principales motivos, la ausencia de mecanismos efectivos de control y seguimiento de obligaciones fiscales y el no llevar, hasta el final, el ejercicio de sus facultades recaudatorias y de cobranza que las leyes fiscales le confieren.

Derivado de lo anterior, se considera de suma importancia incluir en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano la posibilidad de que los municipios realicen ajustes anuales al impuesto predial, con criterios de progresividad y tomando como base del cálculo de manera enunciativa más no limitativa la zonificación, extensión de la propiedad, uso de suelo y tipo de construcción, así como el valor comercial, calculado mediante valuación de autoridades en la materia o personas certificadas para ello.

Además, se establecerán tasas más altas a los propietarios de predios, que luego de un plazo razonable para su construcción, los mantengan en desuso o sin construcción, con el objetivo de desincentivar la especulación y acabar con los suelos ociosos, además de avanzar en el cumplimiento de la normatividad urbano y ambiental. De modo similar, se establecerán tasas más altas y con incrementos progresivos a los propietarios de predios cuyo aprovechamiento implique cambios de uso de suelo de no urbano a urbano, a partir del fraccionamiento o lotificación de dicho predio, destinado a lotes conocidos como de “inversión”, lotes campestres, para segunda vivienda o vivienda ocasional.

Con ello será posible combatir la especulación inmobiliaria de una manera eficiente, pues los propietarios, promoventes, empresarios de la construcción y los desarrolladores inmobiliarios de nuestro país merecen justas ganancias; sin embargo, esas ganancias se deben realizar después de internalizar los costos que imponen a la sociedad, por lo que deben sumarse al compromiso de los tres órdenes de gobierno para combatir el rezago habitacional y generar vivienda económica que cumpla, además, con los demás elementos para considerarse adecuada.

Cabe destacar que las sobretasas que se proyectan podrían considerarse excesivas; sin embargo, el contenido de la norma permite que éstas sólo se apliquen a aquellos que han hecho de la especulación inmobiliaria su fuente de ingresos en perjuicio de la población pues, como se establece, serán aplicables en inmuebles que se hallen en desuso, inutilizados o subutilizados de acuerdo con la normatividad urbana; y en los que no tengan como fin último el de satisfacer necesidades de vivienda primaria del promovente del fraccionamiento o la lotificación como sucede en los lotes de inversión, lotes campestres y los destinados a segunda vivienda o vivienda ocasional.

A efecto de lograr una mejor comprensión de la propuesta se inserta el siguiente cuadro comparativo:

Con esta reforma, se pretende comenzar a construir el andamiaje legal necesario para abatir la especulación inmobiliaria y lograr ciudades más ordenadas, diversas y con una menor cantidad de predios en desuso, dando un uso eficiente al suelo.

Por lo anteriormente expuesto, acudo a esta soberanía a presentar, iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona una fracción al artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

Único. Se adiciona una fracción XXVII al artículo 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar como sigue:

Artículo 11. Corresponde a los municipios:

I. a XXVI. ...

XXVII. Cobrar el impuesto predial y actualizar anualmente el valor catastral para su cálculo, con criterios de progresividad y tomando como base el valor comercial de la propiedad. La actualización del valor catastral podrá utilizar avalúos emitidos por instancias municipales, peritos valuadores e instituciones públicas con atribuciones para ello u organizaciones privadas certificadas por la autoridad estatal o federal para este fin.

También establecerán sobretasas del impuesto predial progresivas en el tiempo, con una tasa máxima de 20 por ciento para predios que, de acuerdo con la normatividad aplicable, estén en desuso, inutilizados o subutilizados. Esta sobretasa será aplicable si, transcurrido un plazo de tres años a partir de su notificación, los propietarios no realizan acciones conducentes al aprovechamiento de sus predios según la legislación urbana. Si se realizan acciones comprobables, la tasa del impuesto será la ordinaria aplicable a otro predio de características similares que cumpla con la normatividad.

Por otra parte, impondrán sobretasas del impuesto predial a los fraccionamientos o lotificaciones que impliquen cambios de uso de suelo de no urbano a urbano, siempre que cumplan con la normatividad urbana y ambiental y cuyo fin no sea satisfacer necesidades de vivienda primaria del promovente de la lotificación o fraccionamiento. Independientemente de que el fraccionamiento o lote resultante sea construido o se mantenga en desuso, la tasa no podrá ser menor al 25 por ciento, durante al menos cinco años a partir de la formalización del fraccionamiento o lotificación y decrecerá progresivamente hasta llegar a la ordinaria aplicable al predio.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de los estados ajustarán la normatividad local relacionada en los siguientes 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. Los municipios podrán solicitar al Congreso local correspondiente los ajustes debidamente justificados a la ley de ingresos municipal, o similar, en los 90 días siguientes a la aprobación del presente decreto.

Notas

1 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU. Observación general 4: El derecho a una vivienda adecuada (párrafo 1 del artículo 11 del Pacto). Páginas 31-36.

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r34177.pdf

2 Elementos de una vivienda adecuada.

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3594.pdf

3 Cuéntame de México, Inegi.

https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P

4 México compacto: Las condiciones para la densificación urbana inteligente en México.

https://www.senado.gob.mx/comisiones/vivienda/docs/mexico_compac to.pdf

5 8.5 millones de viviendas en rezago habitacional: Conavi.

https://www.gob.mx/sedatu/prensa/8-5-millones-de-viviendas-en-re zago-habitacional-conavi

6 Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020, Inegi.

https://www.inegi.org.mx/programas/envi/2020/

7 Ídem.

8 Venegas A, Sonia. La reserva para la vivienda protegida, un límite jurídico a la especulación inmobiliaria.

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2735/24.pdf

9 Registro digital: 2006170. Derecho fundamental a una vivienda digna y decorosa. El Estado mexicano está obligado a implementar las medidas para cumplir con la estrategia nacional de vivienda, pero su cumplimiento no es exclusivo de los órganos del estado, sino que se hace extensivo a los sectores privado y social que participan en la promoción y desarrollo inmobiliario. SCJN; 10ª. Época; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; 1a. CXLVII/2014 (10a.); TA; Publicación viernes 11 de abril de 2014, 10: 09 horas.

https://sjf2.scjn.gob_y potencialmente-en-China-en-tiempo-resentes.mx/detalle/tesis/2006170

10 Unda, M. Los límites de la recaudación predial en los municipios urbanos de México: un estudio de casos. 2018.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S 0186-72102018000300601#fn25

11 Rodríguez H. El entorno jurídico del impuesto predial en México. Revista Praxis de la Justicia Fiscal y Administrativa.

http://cesmdfa.tfja.gob.mx/investigaciones/pdf/r27_trabajo-5.pdf

12 2. Registro digital: 161079 Fines fiscales y extrafiscales. SCJN; 9a. Época; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; 1a./J. 107/2011; J consultada en

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/161079

13 Rodríguez H. El entorno jurídico del impuesto predial en México. Revista Praxis de la Justicia Fiscal y Administrativa.

http://cesmdfa.tfja.gob.mx/investigaciones/pdf/r27_trabajo-5.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputadas y diputado: Lilia Aguilar Gil, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Ana Karina Rojo Pimentel, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, Daniel Murguía Lardizábal, Flor Ivone Morales Miranda, Karla Estrella Díaz García, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, María de Jesús Rosete Sánchez, Marisela Garduño Garduño, Martha Alicia Arreola Martínez, Susana Cano González, Susana Prieto Terrazas (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputadas y diputados, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, fracción I, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, conforme a la siguiente

En México, la educación es un derecho básico de todas las niñas, niños y adolescentes, misma que debe ser universal, de calidad, con equidad y excelencia, para que ésta contribuya al respeto a su dignidad humana, el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.

Tal y como lo refieren diversos expertos en educación; “educar es central en el desarrollo social, en la construcción de sociedades más justas y en el sostenimiento de la vida democrática. Se afirma que sin educación de calidad no será posible la democracia ni el crecimiento económico

Desafortunadamente, hay varios aspectos que provocan que el acceso a la educación se vea limitada para distintos grupos vulnerables o por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria, así como los relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual o prácticas culturales.

Un nuevo aspecto que provocó un rezago educativo importante no solo en México, sino a nivel global, fue el surgimiento de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), misma que fue informada a nivel mundial en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan de la República Popular de China, misma que se extendió a diversas regiones de otros países. Ante ello, el 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró emergencia sanitaria internacional por dicho brote, por el cual, hasta ese momento, se tenían más de 200 muertes en China. Derivado del incremento en el número de casos y la rapidez con que el virus se extendía a varias naciones, el 11 de marzo de 2020, la OMS declaró como pandemia a la Covid-19; y el 16 de marzo de 2020 informa que se tienen casos confirmados en 151 países.

Para el 30 de marzo del 2020, el Consejo de Salubridad General publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el “Acuerdo por el que se declara emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19)”, y posteriormente, el 31 de marzo del 2020, se publica el “Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por covid-19. De manera general, dichas medidas establecían que el confinamiento de una parte de la población más vulnerable, la cancelación de actividades no esenciales del sector público, así como del privado y social.

Lamentablemente para el 16 de septiembre del 2021, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins, muestran que se han contagiado de coronavirus 226, 219, 705 personas en todo el mundo, de las cuales han fallecido 4,663,851. En el caso de México, los datos oficiales indican que el número de casos positivos, hasta esta misma fecha, asciende a 3, 755, 667 y han fallecido 269, 913 personas.

En nuestro país, la llegada de la Covid-19 comenzó en febrero de 2020, donde se detectaron los primeros contagios, sin embargo, como se documentó en el libro “La Gestión de la Pandemia en México”, entre los suscritos nuestro compañero legislador de la Bancada Naranja Salomón Chertorivski, donde se señala un estrategia para hacer frente al escenario catastrófico que había dicho el encargado de salud meses antes y que negó por semanas que esto no ocurriría. Hoy somos testigos de las víctimas mortales y las consecuencias por la toma de decisiones a la ligera, una de ellas es en materia educativa, por la pérdida de empleo o de ingresos del núcleo familiar.

La educación en nuestro país actualmente presenta una situación poco favorable para quienes tuvieron que abandonar sus estudios por falta de recursos económicos por la falta de ingresos derivado de la falta de políticas públicas que acompañarán a los sectores de la sociedad más vulnerables. Hasta la fecha se han publicado una serie de informes y documentos que sustentan los daños ocasionados hacia los estudiantes de todos los niveles educativos por el cierre de actividades, es decir rezago educativo o hasta la deserción escolar.

En este sentido vale la pena destacar que, de acuerdo al secretario académico del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la deserción escolar a nivel superior se debió a múltiples factores como problemas económicos, familiares y emocionales, así como la falta de orientación vocacional o de motivación familiar los cuales desencadenaron que de los tres millones y medio de alumnos en nivel superior el 7 por ciento desertara. Por su parte, la deserción escolar que se dio durante las clases virtuales se debió por la falta de insumos tecnológicos, ya que no todos los alumnos cuentan con una computadora propia o acceso a internet, todo ello en el año 2020.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su Encuesta para la Medición del Impacto Covid-19 en la Educación (Ecovid-ED) 2020, expone que 33.6 millones de niños, niñas y jóvenes estuvieron inscritos en el ciclo escolar 2019-2020, sin embargo, 740 mil de ellos no lo concluyeron por razones asociadas a la pandemia o por falta de dinero o recursos; para el ciclo escolar 2020-2021, el número de inscripciones disminuyó a 32.9 millones y 5.2 millones no se inscribieron por complicaciones económicas.

Un estudio realizado por México Evalúa y el Tecnológico de Monterrey reveló que luego del cierre de escuelas, más de medio millón de estudiantes abandonaron sus estudios escolares y México perdió aproximadamente un año de aprendizaje.

De acuerdo al mismo estudio, la mayor deserción escolar se vio a nivel preescolar, cuya matrícula disminuyó 13%. El segundo sector más afectado fue el nivel medio superior, con un 7% en la reducción de su matrícula. Por otro lado, las escuelas privadas enfrentaron la mayor reducción de su matrícula, -26%, con una pérdida de más de 250 mil estudiantes.

Asimismo, México Evalúa asegura que el fenómeno de deserción social no es nuevo; sin embargo, la pandemia lo agudizó, y en la actualidad se tiene un 10% menos de estudiantes hombres y un 5% de mujeres en las aulas de México, que al inicio de la administración actual.

Los alumnos más afectados fueron los que ya presentaban problemas escolares previo a la pandemia, además de los estudiantes quienes se encontraban en una situación de vulnerabilidad económica fueron los primeros que tuvieron que abandonar sus estudios, asimismo la digitalización de clases recrudeció las condiciones de desigualdad por no contar con equipos y nos expuso las limitantes que aún tiene nuestro país para el acceso universal de internet.

Por otro lado, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la pandemia de Covid-19 ha ocasionado un incendio en el sector educativo alrededor del mundo, y además de los efectos que provocó en los aprendizajes del alumnado y dado que las escuelas también son fuente de salud, nutrición y servicios psicosociales, sus cierres prolongados han ocasionado graves afectaciones en el bienestar integral de la niñez.

Una de las prioridades planteadas por la UNESCO para mejorar la educación, luego de la pandemia de Covid 19, es la de recuperar el aprendizaje perdido ya que se asegura que una gran parte del alumnado necesitará algún tipo de refuerzo educativo, por lo que recomienda que las autoridades correspondientes tomen decisiones administrativas creativas para establecer prioridades en los planes de estudio, adaptar los días lectivos y los calendarios escolares y contratar a más personal según sea necesario.

El derecho a la educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos que les permite adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social plena, y es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las sociedades. Sin embargo, continúa siendo inaccesible para miles de personas en todo el mundo

En cuanto al marco jurídico cabe apuntar que el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se refiere al derecho a la educación, que a la letra dice lo siguiente:

“ Artículo 3.

Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado - Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios - impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia”.

Por su parte, en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, refiere lo siguiente:

“ Artículo 26

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

Por lo tanto, es necesario señalar que en México la educación es un derecho fundamental de todas y todos los mexicanos. La pandemia trajo consigo elevar las condiciones de desigualdad social que impera en nuestro país, la distribución inequitativa de los servicios educativos, ya que hasta la fecha no se ha podido garantizar el acceso digital, la permanencia de estudiantes cuando se presentan eventualidad y logro de aprendizajes por lo que las brechas a superar son grandes e importantes, como son en algunos casos espacios dignos y de calidad.

El regreso a clases de este ciclo escolar 2022-2023 no solo conlleva que las escuelas de niñas, niños y adolescentes en las comunidades retomen las clases presenciales, pues se tienen que combatir problemas de fondo, como es la inversión de infraestructura sanitaria adecuada que evite la propagación del virus, puesto que estas comunidades rurales las escuelas no cuentan con equipamiento para garantizar un regreso seguro, por ello, resulta necesario destinar recursos suficientes de cara a la aprobación del presupuesto de Egresos de la Federación 2023 para establecer condiciones sanitarias seguras, abastecimiento de agua, que les procuren su salud al tiempo que retoman sus actividades educativas.

Son las niñas, niños y adolescentes de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como las rurales, indígenas, de alta marginación, los pertenecientes al nivel de ingreso más bajo, o de personas con alguna discapacidad quienes han visto vulnerado dicho derecho, como consecuencia una infraestructura inadecuada, materiales educativos insuficientes, docentes con falta de preparación entre otros factores que impiden que estos reciban una educación de calidad.

Asimismo, es pertinente advertir sobre las afectaciones a la salud mental y al bienestar emocional de las niñas, niños y adolescentes, a causa del confinamiento, y las complejidades de vivir una pandemia como la actual. De igual manera, la interacción familiar por el encierro trajo consigo el aumento de violencia familiar o doméstica; tan solo en el año 2020 aumentaron en un 45.8 por ciento las llamadas a los teléfonos de emergencia por dicha situación de violencia. Por ello, la importancia de poner atención a este fenómeno que dejó el confinamiento para un estudio más a fondo por parte de las autoridades educativas que acompañen a las y los estudiantes para evitar que se repliquen dichos actos en un futuro.

Al respecto, México Evalúa ha advertido que las autoridades mexicanas han sido omisas ante la situación de emergencia que enfrenta la educación pública en nuestro país y que hace falta implementar un plan de acción basado en evidencia para atender las afectaciones en los aprendizajes y los problemas de desigualdad educativa y advierte que de no ser así se podría perpetuar un ciclo de desigualdad y pobreza para los estudiantes del país.

En la Bancada Naranja estamos convencidos de que México tiene opción de garantizar a plenitud el derecho a la educación, la igualdad sustantiva y el respeto a la dignidad de todas las personas. Consideramos que la educación se debe dar bajo el principio de inclusión y son las niñas, los niños y adolescentes la prioridad en toda política pública en la materia.

Es por eso que el objetivo de esta iniciativa es impulsar que el Estado adopte las medidas pertinentes en los servicios educativos, para que el alumnado que se vea afectado por la suspensión de actividades escolares derivada de la declaratoria de emergencia sanitaria o por causas fortuitas y de fuerza mayor no se vean obligados a abandonar sus estudios.

Asimismo, buscamos que luego de una suspensión de actividades escolares por los motivos antes referidos, las autoridades educativas realicen una evaluación diagnóstica al alumnado a fin de regularizar y fortalecer su aprendizaje y estudio, que permita enmendar las afectaciones provocadas por determinadas situaciones de emergencia.

Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación digna

Único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 8, la fracción XII y XIII del artículo 9, el último párrafo del artículo 72, se adiciona la fracción XIV del artículo 9 y la fracción VIII Bis del artículo 72, todos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 8. El Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia.

Las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas, de manera prioritaria, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual o prácticas culturales, o bien, dirigidas a aquellos educandos que se vean afectados por la suspensión de actividades escolares derivada de declaratorias de emergencia sanitaria, o por causas fortuitas y de fuerza mayor. Asimismo, implementar las acciones necesarias para evitar el abandono o la falta de continuidad de sus estudios a fin de prevenir el rezago educativo de las niñas, niños y adolescentes, dando prioridad a las escuelas de alta marginación pertenecientes a las poblaciones rurales, indígenas o en situación de vulnerabilidad.

Artículo 9. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada persona, con equidad y excelencia, realizarán entre otras, las siguientes acciones:

I. a XI....

XII. Proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos y materiales educativos impresos o en formatos digitales para la educación básica, garantizando su distribución ;

XIII. Fomentar programas que coadyuven a la mejora de la educación para alcanzar su excelencia ; y

XIV. En caso de suspensión de actividades escolares a causa de una Declaratoria de emergencia sanitaria o por causas fortuitas y de fuerza mayor, una vez que éstas sean superadas y restablecidas, las autoridades educativas deberán realizar una evaluación diagnóstica a los educandos a fin de regularizar lo más pronto posible el aprendizaje y estudio de los mismos, mediante la adopción de medidas que permitan enmendar las afectaciones provocadas por la suspensión; y, evitar todo rezago en el avance educativo.

Artículo 72. Los educandos son los sujetos más valiosos de la educación con pleno derecho a desarrollar todas sus potencialidades de forma activa, transformadora y autónoma.

Como parte del proceso educativo, los educandos tendrán derecho a:

I. a VIII. ...

VIII Bis. Acceso constante a evaluaciones diagnósticas que permitan establecer las medidas necesarias para el fortalecimiento de su aprendizaje y estudio; y evitar el rezago educativo,

IX. Participar en los Comités Escolares de Administración Participativa en los términos de las disposiciones respectivas, y

X. Los demás que sean reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley y demás disposiciones aplicables.

El Estado establecerá los mecanismos que contribuyan a su formación integral, tomando en cuenta los contextos sociales, territoriales, económicos, lingüísticos, culturales, declaratorias de emergencia sanitaria, específicos en la elaboración y aplicación de las políticas educativas en sus distintos tipos y modalidades.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A la entrada en vigor del presente decreto, los Congresos de las entidades federativas contarán con un plazo de 90 días naturales para realizar las adecuaciones a su normatividad correspondiente.

Tercero. A la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Educación Pública contará con un plazo de 180 días naturales para realizar las adecuaciones a su normatividad correspondiente o el reglamento que así determine la autoridad educativa.

Cuarto. Una vez que se publique el presente decreto en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Educación Pública deberá realizar un diagnóstico de la situación actual de la educación a nivel nacional, estatal y municipal, sobre el conocimiento y aprendizaje efectivo con el que cuentan los educandos en el nivel de educación básica y media superior, que permitan conocer el rezago educativo tras la pandemia, a fin de implementar los planes y programas necesarios para fortalecer la educación en México.

Notas

1 Bradley A.U. Levinson y Juan G. Berumen. “Educación para una ciudadanía democrática en los países de América Latina: una mirada crítica” Recuperado de:

http://www.rinace.net/arts/vol5num4/art1.pdf

2 Coronavirus de China: la OMS declara el brote de neumonía de Wuhan emergencia internacional”, BBC News Mundo, 2020: recuperado de:

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51318222

3 Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV 2.” Diario Oficial de la Federación, 2020, recuperado de

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&fecha =31/03/2020

4 La Gestión de la Pandemia en México, análisis preliminar y recomendaciones urgentes, Coronavirus Resource Center, Johns Hopkins, consultado el 16 de septiembre 2021, recuperado de:

https://www.coronavirus.jhu.edu

5 https://www.razon.com.mx/uploads/files/2020/09/09/La%20ges-tion%20de%20la%20pan demia%20en%20Mexico.%20Analisi%20preliminar%20y%20recomendaciones%20urgentes.pd f

6 La deserción escolar en Educación Superior alcanza el siete por ciento de la matrícula”, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, 2020 recuperado de:

https://www.sectei.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/la-desercion-es colar-em-educacion-superior-alcanza-el-siete-por-ciento-de-la-matricula

7 Inegi presenta resultados de la encuesta para la medición del impacto Covid-19 en la educación (Ecovid-ED) 2020, INEGI 2021. Recuperado de:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/ OtrTemEcon/ECOVID-ED_2021_03.pdf

8 México Evalúa. “Educación pos pandemia”, México Evalúa. Recuperado de:

https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/202 2/06/taller-educacion-pospandemia.pdf

9 ídem.

10 Ídem

11 UNESCO. “Misión: Recuperar la educación en 2021” UNESCO. Recuperado de

https://es.unesco.org/news/mision-recuperar-educacion-2021

12 Ídem.

13 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuperado de:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

14 Declaración Universal de los Derechos Humanos. CNDH. Recuperado de:

https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/Discapacidad/Dec laracion_U_DH.pdf

15 Redacción Animal Político. “Educación en México: Medio millón de estudiantes dejó la escuela tras la pandemia de Covid-19” Animal Político. Recuperado de:

https://www.animalpolitico.com/2022/06/mexico-medio-millon-de-es tudiantes-dejo-la-escuela-tras-pandemia/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2022.– Diputadas y diputado: Taygete Irisay Rodríguez González, Elizabeth Pérez Valdez, Jorge Álvarez Máynez, Melissa Estefanía Vargas Camacho, Olga Luz Espinosa Morales (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, en materia de animales urbanos y de compañía, a cargo de la diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72, inciso H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y artículo 77, numerales 1 y 3, 78 y 102, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta H. Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se el que se adiciona un párrafo séptimo, un párrafo noveno y un párrafo nonagésimo sexto al artículo 4, una fracción XXIV Bis al artículo 6 y los artículo 23 Bis, 23 Ter, 23 Quáter y 23 Quintus; y se reforma el artículo 19, todos de la Ley Federal de Sanidad Animal, bajo el siguiente

Planteamiento del problema

Cada día, la importancia de los animales urbanos y de compañía resulta fundamental para más personas. Ya sea por adopción o por compra, muchos hogares tienen, como parte de su familia, a un animal de compañía, lo cual genera que las personas presten mayor atención a su salud debido a la gran interacción que se produce entre ellos, por lo cual la importancia de los servicios médico veterinarios ha crecido en la misma proporción.

En este sentido, los requerimientos de las personas en relación con la atención que se recibe en un consultorio médico veterinario para los animales de compañía ha generado múltiples conflictos, ya sea por actos de negligencia que derivan en la muerte de la mascota o por falta de atención por parte de los propietarios. Es por ello que se han producido múltiples controversias que no tienen un lugar para dirimirse por autoridades imparciales, vulnerando los derechos de médicos veterinarios y de propietarios.

Para resolver estas controversias es que estamos proponiendo la conformación de una Comisión Nacional de Arbitraje Médico Veterinario que, con base en criterios científicos, profesionales y autónomos, dirima las responsabilidades que tengan tanto los profesionales de la medicina veterinaria como las y los propietarios de las mascotas.

Argumentación

Con la revalorización de los animales de compañía se ha abierto una nueva exigencia en materia de sanidad animal para contar con altos estándares de gestión en materia de medicina veterinaria. Sin embargo, como una disciplina, la práctica de la medicina veterinaria se basa en el conocimiento científico. No obstante, los conflictos entre quienes se ostentan como propietarios de los animales de compañía y las y los profesionales médicos veterinarios pueden presentarse cuando alguna de las partes no actúa éticamente y, al menos en nuestro país, no existe un órgano gubernamental que permita dirimir estas controversias de manera imparcial.

Debemos señalar que los conflictos que se presentan con mayor frecuencia en la medicina veterinaria, podemos englobarlos en dos bloques, un 80 por ciento están ligados a la mala comunicación entre los propietarios y las y los médicos, el otro 20 por ciento por cierto es la falta o ineficacia de liderazgo, falta de clarificación de tareas, de protocolos, no tener bien establecidos los roles dentro del equipo, valores personales, entre otros, factores que deben ser superados a través de la profesionalización del quehacer del médico veterinario.

En la práctica de la medicina veterinaria,

los médicos veterinarios suelen enfrentarse en la práctica profesional a dilemas éticos que con frecuencia implican estrés emocional y moral. Una encuesta realizada en el Reino Unido reveló que los veterinarios se enfrentan regularmente a dilemas éticos estresantes (Batchelor y McKeegan, 2011). En dicha encuesta, el 57% de los encuestados reportaron que enfrentan uno o dos dilemas éticos por semana y otro 34% informa que se enfrentan entre 3 y 5 dilemas por semana.

La Asociación Mundial de Veterinaria de Pequeños Animales (WSAVA) se refiere a los problemas éticos y morales de la profesión en el documento Pautas de Bienestar Animal para clínicos de animales de compañía y equipos veterinarios. Entre los aspectos señalados se incluyen:

- Cría selectiva de animales de compañía,

- Eutanasia,

- Cirugías estéticas y de conveniencia,

- Tratamiento veterinario avanzado,

- Confidencialidad del cliente,

- Crueldad animal, maltrato y abandono,

- Esterilización (castración) y

- Problemas de bienestar relacionados con la nutrición.

Si bien la ética veterinaria ahora se incluye a menudo en los planes de estudio de la escuela veterinaria, para muchos practicantes es esencial contar con capacitación adicional para desarrollar sus habilidades de toma de decisiones éticas (Animal Ethics Dilemma, 2018).

Es en este sentido que proponemos la creación de una Comisión Nacional de Arbitraje Médico Veterinario que dirima las controversias que se puedan presentar entre las personas propietarias y quienes prestan servicios médico-veterinarios. Es por ello que resulta indispensable integrar la definición de Animales Urbanos y de Compañía, como aquellos animales que han pasado un proceso de domesticación, que conviven cotidianamente con el ser humano y que no podrían tener una existencia digna fuera de la sociedad humana.

Adicionalmente, resulta muy importante establecer la creación de una Autoridad Nacional Veterinaria, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que actuará como supervisor de todos los profesionales de la medicina veterinaria, para certificar sus servicios y observar la aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas relativas a la salud y bienestar animal.

Dependiente de esta Autoridad Nacional, se crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico Veterinario, cuyas funciones serán las de brindar asesoría tanto a los prestadores de servicios de medicina veterinaria como a los usuarios, dirimir las controversias y atender las quejas que presenten los usuarios y proponer medidas de conciliación que se deriven de ellas. Este órgano estará conformado por un Consejo, conformado por diez consejeras y consejeros y por el Comisionado Nacional, quien lo preside. Las y los Consejeros serán nombrados, de manera honorífica, por el Presidente de la República de entre distinguidas personalidades de la sociedad civil, el presidente de la Academia Veterinaria Mexicana y la o el Director de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Con la finalidad de garantizar que las y los usuarios de servicios médico-veterinarios accedan a los más altos estándares de profesionalismo, pongo a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Único. Se adiciona un párrafo séptimo, un párrafo noveno y un párrafo nonagésimo sexto al artículo 4, una fracción XXIV Bis al artículo 6 y los artículos 23 Bis, 23 Ter, 23 Quáter y 23 Quintus; y se reforma el artículo 19, todos de la Ley Federal de Sanidad Animal, para quedar como sigue:

Artículo 4. Para los efectos de la ley se entiende por:

...

...

...

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...

Animales urbanos y de compañía. Son todos aquellos que han atravesado un proceso de domesticación, que han aprendido a convivir con el ser humano y que les costaría llevar una existencia alejada de la sociedad humana.

...

...

Autoridad Nacional Veterinaria. Es el órgano desconcentrado de la Secretaría que reúne a los veterinarios y demás profesionales y paraprofesionales, cuya responsabilidad es la de supervisar la aplicación de las medidas de protección de la salud y el bienestar de los animales, los procedimientos nacionales e internacionales de certificación veterinaria y las demás normas oficiales mexicanas que tienen que ver con la salud y bienestar animal.

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Servicios de Medicina Veterinaria. Designa a las personas u organizaciones, públicas o privadas, que aplican las medidas de protección de la salud y el bienestar de los animales. Los Servicios de Medicina Veterinaria actúan bajo la supervisión y tutela de la Autoridad Nacional Veterinaria.

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Artículo 6. Son atribuciones de la Secretaría:

I. a XXV. ...

XXVI. Regular, inspeccionar, verificar y certificar las actividades en materia de sanidad animal o servicios veterinarios que desarrollen o presten los particulares;

XXVI Bis. Contribuir a resolver los conflictos suscitados entre los usuarios de los servicios médico-veterinarios y los prestadores de dichos servicios.

XXVII. a LXXI. ...

Artículo 19. La Secretaría establecerá mediante disposiciones de sanidad animal, las características y especificaciones que deberán observarse para procurar el bienestar que todo propietario o poseedor de animales debe proporcionarles, a fin de que los inmunice contra las enfermedades y plagas transmisibles que los afecten y les proporcione la alimentación, higiene, transporte y albergue y en su caso entrenamiento apropiados conforme a las características de cada especie animal, con el objeto de evitar su estrés y asegurar su vida y su salud. La Autoridad Nacional Veterinaria será la encargada de supervisar el cumplimiento de estas disposiciones.

Artículo 23 Bis. La Autoridad Nacional Veterinaria tendrá a su cargo a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico Veterinario, la cual tendrá por objeto contribuir a resolver los conflictos suscitados entre los usuarios de los servicios médicos veterinarios y los prestadores de dichos servicios.

La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

I. Brindar asesoría e información a los usuarios y prestadores de servicios médicos veterinarios sobre sus derechos y obligaciones;

II. Recibir, investigar y atender las quejas que presenten los usuarios de servicios médicos veterinarios, por la posible irregularidad en la prestación o negativa de prestación de servicios a que se refiere esta Ley;

III. Recibir toda la información y pruebas que aporten los prestadores de servicios médicos veterinarios y los usuarios, en relación con las quejas planteadas y, en su caso, requerir aquéllas otras que sean necesarias para dilucidar tales quejas, así como practicar las diligencias que correspondan;

IV. Intervenir en amigable composición para conciliar conflictos derivados de la prestación de servicios médicos veterinarios por alguna de las causas que se mencionan:

a) Probables actos u omisiones derivadas de la prestación del servicio;

b) Probables casos de negligencia con consecuencia sobre la salud del usuario, y

c) Aquéllas que sean acordadas por el Consejo;

V. Fungir como árbitro y pronunciar los laudos que correspondan cuando las partes se sometan expresamente al arbitraje;

VI. Emitir opiniones sobre las quejas de que conozca, así como intervenir de oficio en cualquier otra cuestión que se considere de interés general en la esfera de su competencia;

VII. Informar del incumplimiento por parte de los prestadores de servicios, de sus resoluciones, de cualquier irregularidad que se detecte y de hechos que, en su caso, pudieran llegar a constituir la comisión de algún ilícito;

VIII. Elaborar los dictámenes o peritajes médico-veterinarios que le sean solicitados por las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia;

IX. Convenir con instituciones, organismos y organizaciones públicas y privadas, acciones de coordinación y concertación que le permitan cumplir con sus funciones;

X. Asesorar a los gobiernos de las entidades federativas para la constitución de instituciones análogas a la Comisión Nacional;

XI. Orientar a los usuarios sobre las instancias competentes para resolver los conflictos derivados de servicios médico-veterinarios prestados por quienes carecen de título o cédula profesional, y

XII. Las demás que determinen otras disposiciones aplicables.

Artículo 23 Ter. Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión Nacional contará con:

I. Un Consejo;

II. Un Comisionado;

III. Dos Subcomisionados, y

IV. Las Unidades Administrativas que determine su Reglamento Interno.

Artículo 23 Quáter.- El Consejo se integrará por diez Consejeros o Consejeras y por la o el Comisionado, quien lo presidirá. Las y los Consejeros serán designados por el Titular del Ejecutivo Federal. La designación recaerá en distinguidas personalidades de la sociedad civil de reconocida trayectoria profesional. El presidente en turno de la Academia Veterinaria Mexicana y la o el Director de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México serán invitados a participar como Consejeros. El cargo de Consejero será honorífico y durará cuatro años.

El Consejo sesionará por lo menos una vez cada tres meses; las decisiones se tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, el Comisionado Nacional tendrá voto de calidad.

Artículo 23 Quintus. El Comisionado será nombrado por el presidente de la República.

Para ser nombrado Comisionado se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de su derechos políticos y civiles;

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación, y

III. Haberse distinguido por su probidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de las actividades que se vinculen a las atribuciones de la Comisión Nacional.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría contará con el plazo improrrogable de 90 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para crear la Autoridad Nacional Veterinaria.

Tercero. El titular del Poder Ejecutivo Federal contará con 120 días para la designación del Comisionado Nacional y las y los integrantes del Consejo, el cual deberá quedar instalado en un plazo no mayor de 150 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Notas

1 Dilemas éticos y morales en la práctica veterinaria - Vet Market (vetmarketportal.com.ar)

2 https://concepto.de/animales-domesticos/#ixzz7c3nOSgzx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2022.– Diputadas y diputados: Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, Ana Laura Huerta Valdovinos, Elizabeth Pérez Valdez, Enrique García de la Parra, Héctor Ireneo Mares Cossío, María Macarena Chávez Flores, Melissa Estefanía Vargas Camacho, Olga Luz Espinosa Morales, Rommel Aghmed Pacheco (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo del diputado Saúl Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Saúl Hernández Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte, de acuerdo a la siguiente:

Como necesidad a los nuevos retos y eventos de inseguridad en la actualidad del año 2022, es importante adicionar la coordinación de trabajo en los caminos y carreteras de México, con la Guardia Nacional y coadyuvar para lograr la armonía y la seguridad en el traslado de dichas vías.

Derivado de la pandemia y la menor movilidad significó la caída de las actividades económicas en 2020, tuvieron como consecuencia una caída de los índices delictivos, incluyendo el asalto al autotransporte de carga, en el catalogado de fuero común como federal, en 29.3 por ciento en los primeros 5 meses de ese año, al inicio de la emergencia sanitaria y respecto a 2019; sin embargo, los datos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, mencionan que consistente aumento de esos delitos en casi 3 por ciento en los primeros 5 meses de 2022 respecto al mismo período de 2021.

Los operativos de vigilancia efectuados por las policías estatales y la Guardia Nacional y servicios de seguridad privada contribuyen en atajar un crecimiento más acelerado, no son pocos los 5 mil 290 robos registrados entre enero y mayo del año en curso. De hecho, el robo de mercancías en tránsito es la segunda preocupación tanto de empresas estadounidenses asentadas en México y de formas nacionales, según la más reciente encuesta de seguridad efectuada por la American Chambers of Commerce of México, que preside Vladimiro de la Mora.

El mayor componente de los robos (67 por ciento) son los de fuero común, y de ellos el mayor y preocupante suceso es el asalto con violencia que representó a mayo 87 por ciento de los delitos del fuero común, arriba del 82 por ciento que representó en 2018.

Es un modus operandide los delincuentes, donde se concentran en los tramos; del libramiento Sur de Celaya, autopista Salamanca Celaya y Pénjamo, Irapuato, Guanajuato; y en carretera Orizaba, Veracruz, carretera La Antigua, Veracruz a Sayula de Alemán y Autopista Córdoba, Veracruz; la autopista México a Querétaro y Querétaro a Celaya, por ello que el 93.3 por ciento de esos delitos se concentren en 10 entidades.

Sin embargo, hay dos autopistas que tienen mayor riesgo, una por robos y otra por percances, la primera es la carretera 150D en el tramo de Puebla a Córdoba, y de acuerdo con datos de la Guardia Nacional en 2020, ese año se registraron 22 denuncias de asaltos; en segundo lugar está la carretera 37D de Uruapan a Lázaro Cárdenas, Michoacán, con 17 denuncias en 2020. Otra autopista, la 97 de Matamoros a Reynosa, después Querétaro a Irapuato y finalmente la carretera 150D en el entronque Morelos a Pachuca.

Los productos favoritos de los asaltantes son alimentos y abarrotes 16.51 por ciento, materiales de construcción 8.1 por ciento y un largo catálogo de productos 72 por ciento que van desde hidrocarburo, productos de limpieza, medicamentos y material de curación, ropa y calzado, cartón, plástico y químicos.

Se registraron un total de 1 mil 121 denuncias por robos a vehículos en las carreteras federales del país, según datos oficiales de la Guardia Nacional obtenidos por transparencia pública.

El aumento es considerable en el número de asaltos, como ejemplo, en diciembre de 2019 con motivo de las vacaciones decembrinas, la autoridad federal reportó que entre enero y octubre de ese año había registrado un total de 590 asaltos, un promedio de 59 cada mes, la estadística más reciente de 2020 apunta que en ese mismo periodo de tiempo se interpusieron 966 denuncias; hasta un 64 por ciento al alza, arrojando un promedio de 96 al mes.

Sobre los asaltos a camiones de carga en 2020, el tramo más peligroso para los transportistas es la 150D México-Puebla-Córdoba, con 93 denuncias, este dato se traduce en que en los 388 kilómetros de longitud total de la carretera 150D que une la Ciudad de México con el estado de Veracruz, pasando por Puebla, hubo un promedio de un asalto por apenas 4 kilómetros de pista; o una media de ocho asaltos al mes.

En el tramo Puebla-Córdoba es especialmente riesgoso, de nuevo, el municipio poblano de Esperanza, con 15 robos a camiones de carga, mientras que en el corredor Orizaba-Fortín de las Flores a Córdoba, en Veracruz, se registraron otros nueve casos.

En segundo lugar está la carretera 57 Querétaro a San Luis Potosí, con 44 casos, de los cuales 13 se cometieron en las inmediaciones del municipio guanajuatense de San José de Iturbide; y ocho en la cabecera municipal de San Luis Potosí.

En tercer lugar, la carretera 45D Querétaro-Irapuato acumuló 34 robos a transportistas, siendo especialmente riesgoso el tramo que transcurre por el municipio guanajuatense de Apaseo El Grande, con 17 casos. Le sigue Celaya, con otros seis casos.

En cuarto lugar está la carretera número 57D, México-Querétaro, también con 34 robos, de los cuales 12 se cometieron en las inmediaciones del municipio queretano de San Juan del Río.

En quinto lugar está la carretera Querétaro-León, con 29 asaltos, destacando de nuevo el municipio de Apaseo El Grande, con 11 casos.

Las entidades donde ocurren más asaltos en total, incluyendo carga, particular y de pasaje son las siguientes:

1. Puebla, con 177 denuncias en 2020

2. Guanajuato con 153 casos;

3. Veracruz, con 116;

4. Estado de México, con 92;

5. Michoacán, con 87;

6. Jalisco, 78;

7. San Luis Potosí, 71;

8. Querétaro, 55;

9. Hidalgo, 45;

10. Guerrero y Tlaxcala con 38 casos cada una.

De esta estadística llama la atención el caso de Guanajuato, entidad que en los últimos dos años ha visto cómo se dispararon sus índices delictivos debido a las disputas de grupos del crimen organizado por el control del huachicoleo en la entidad, principalmente.

El incremento de inseguridad de carreteras federales, se necesita reformar en la ley derivado que nuestra carta magna, señala en su artículo 21 noveno párrafo a le letra dice lo siguiente en la seguridad:

“...La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución...”

Por tal motivo, al existir un peaje en las casetas caminos en territorio mexicano, debe ser seguro, para su vialidad y al mismo tiempo en sus vehículos, camiones y tráiler, en la vinculación de la Ley de la Guardia Nacional en su artículo 103 a la letra dice:

“...Artículo 103. La intervención preventiva de comunicaciones a que se refiere esta Ley, se autorizará únicamente en relación con los delitos previstos en los ordenamientos legales que a continuación se enlistan:

I. En el Código Penal Federal:

h) El de asalto en carreteras o caminos, previsto en el artículo 286, segundo párrafo;...”

Considerado un delito penal federal, el asalto en carreteras o caminos debe de existir de manera permanente la vigilancia en los lugares focalizados con aumento de inseguridad para distintos tramos carreteros, derivado de aumentos en la inseguridad asaltos, robos y lesiones.

Cuando existe operativos en determinados momentos de necesidades en caminos y tramos carreteros como “Los operativos de la Policía Federal en estas vacaciones de verano” son llamados el Operativo Carrusel regula la velocidad con que se conduce en las carreteras del boletín número 20 - 5 de agosto de 2014, con miles de elementos de la Policía Federal tienen a su cargo garantizar la seguridad de todas las personas y sus bienes, en la red federal de carreteras, aeropuertos, centrales de autobuses, puertos, centros turísticos y fronteras.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se adiciona el artículo 70 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Artículo Único. Se adiciona, en el primer párrafo del artículo 70, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 70. La Secretaría tendrá a su cargo la inspección, verificación y vigilancia de los caminos y puentes, así como de los servicios de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, en sus aspectos técnicos y normativos, para garantizar el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas que expida de acuerdo con la misma. Para tal efecto, podrá requerir en cualquier tiempo a los concesionarios y permisionarios informes con los datos técnicos, administrativos, financieros y estadísticos, que permitan a la Secretaría conocer la forma de operar y explotar los caminos, puentes, los servicios de autotransporte federal y sus servicios auxiliares. En cuanto a la vigilancia se coordinará con las autoridades pertinentes, una vez focalizados los tramos carreteros federales con mayor inseguridad, se solicitará la concentración de manera permanente de elementos policíacos.

La Secretaría inspeccionará o verificará en centros fijos de verificación de peso y dimensiones, que tanto el autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado que operen en los caminos y puentes, cumplen con las disposiciones sobre pesos, dimensiones y capacidad de los vehículos, de acuerdo con lo establecido en las normas oficiales mexicanas respectivas. Lo anterior sin perjuicio de las atribuciones que tiene conferidas la Secretaría de Seguridad Pública en la materia, cuando los vehículos circulen en los caminos y puentes.

Para los efectos del presente artículo, la Secretaría podrá comisionar a servidores públicos a su servicio, quienes, en su caso, impondrán las sanciones respectivas.

La Secretaría podrá autorizar a terceros para que lleven a cabo verificaciones de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Primero. Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas

1 https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/vez-violencia-miedo-c arreteras-488517https://obras.expansion.mx/infraestructura/2022/04/11/carretera s-mas-peligrosas-de-mexico

2 https://www.animalpolitico.com/2021/03/asaltos-carreteras-federales-2020-puntos -peligrosos/

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

4 Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2022.– Diputados y diputadas: Saúl Hernández Hernández, Alma Delia Navarrete Rivera, José Guadalupe Ambrocio Gachuz, Karla Estrella Díaz García, Maria Sierra Damián, Marina Valadez Bojórquez, Martha Alicia Arreola Martínez, Martha Barajas García, Norma Angélica Aceves García, Sonia Rincón Chanona (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre, a cargo de la diputada Sonia Rincón Chanona, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Sonia Rincón Chanona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de protección de la flora y fauna silvestre, al tenor de la siguiente

Como toda especie, la humanidad forma parte de la biodiversidad que habita en el planeta. Al igual que otros seres vivos, nosotros somos huéspedes instalados en diversos hábitats que a lo largo del tiempo han sido transformados debido a la evolución, expansión y el desarrollo de las culturas alrededor del mundo.

El medio ambiente y la vida silvestre son, sin duda alguna, factores indispensables para asegurar la subsistencia, alimentación y el bienestar de nuestra especie; sin embargo, contrario al sentido común, los seres humanos somos los responsables de la sobreexplotación de los recursos naturales, así como del daño ocasionado a la fauna y flora silvestres, cuyas consecuencias ponen en riesgo el equilibrio ecológico, nuestra propia vida y la de las generaciones venideras.

México es un territorio privilegiado, reconocido como un país megadiverso, pues alberga una amplia variedad de ecosistemas, y por supuesto, una diversa gama de fauna y flora silvestres, e incluso, de acuerdo con información publicada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), nuestra nación se posiciona en el quinto lugar de los países con mayor biodiversidad, sólo por debajo de Brasil, Colombia, China e Indonesia.

De acuerdo con dicha información, en México habita 10 por ciento de la biodiversidad mundial, 564 especies de mamíferos, de mil 123 a mil 150 especies de aves, 864 especies de reptiles, 376 especies de anfibios, y de 21 mil 989 a 23 mil 424 especies de plantas vasculares; es decir, aquellas que se componen por raíz, tallo, hojas y flores.

Pese a que México es un país megadiverso, la transformación de los hábitats generada por la manipulación humana, la sobreexplotación, las interacciones con especies invasoras y los efectos de la contaminación han ocasionado que se registren 48 especies catalogadas como probablemente extintas en el medio silvestre, 535 en peligro de extinción, 912 amenazadas y mil 183 sujetas a protección especial, esto de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 059 (NOM-059).

El tráfico ilícito de dichos ejemplares es el agravante principal que impide avanzar hacia la preservación de las especies silvestres y marinas. A pesar de los esfuerzos emprendidos por las autoridades ambientales, en México se registra una alta incidencia de estas prácticas debido a la enorme demanda y beneficios económicos que genera la comercialización ilícita de ejemplares, así como de sus partes y derivados en el mercado negro.

Los traficantes de fauna silvestres someten a ejemplares a condiciones deplorables durante su captura, transporte y venta, lo que provoca que los animales sufran lesiones y contraigan enfermedades trayendo como consecuencia una alta tasa de mortandad.

El tráfico ilegal de especies es el detonante de un grave ciclo de desequilibrio ecológico debido a que tiende a desestabilizar a las poblaciones de flora y fauna silvestre, pues en dichas prácticas prevalece la extracción de ejemplares jóvenes, además de provocar la alteración a las cadenas alimenticias de otros organismos que habitan en el mismo entorno, disminuyendo así la tasa de reproducción de todas las especies.

De acuerdo con el estudio Tráfico ilegal de la vida silvestre, publicado en 2018 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), entre las especies de fauna más comercializadas ilegalmente en México destacan el perico cabeza amarilla ( Amazona oratrix), la guacamaya roja ( Ara macao), la guacamaya verde (Ara militaris), el tucán pecho amarillo ( Ramphastos sulfuratus), el mono araña ( Ateles geoffroyi), el mono aullador ( Aulluata palliata), la tarántula rodillas rojas ( Brachypelma smithi), la iguana negra ( Ctenosaura pectinata), la iguana verde ( Iguana iguana), las víboras de cascabel ( Crotalus sp.) y el halcón de Harris ( Parabuteo unicinctus).

En el caso de la flora, dicho estudio refiere que las especies de cactáceas del género Mammilaria, especies de palmas del género Chamaedora, así como un gran número de especies de la familia de las orquídeas, son las que más son sustraídas de su lugar de origen.

Por otro lado, el comercio ilegal de las partes y derivados de diversas especies de flora y fauna silvestre y marina es otra amenaza que urge erradicar, pues la demanda de estos productos ha sido impulsada por los consumidores quienes, cegados por sus valores sociales y culturales profundamente arraigados, estatus social e incluso el valor medicinal que les atribuyen a estos productos, los adquieren sin importarles las consecuencias que esto representa.

Este negocio ilícito resulta ser demasiado lucrativo, pues de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) es de los más redituables en el mundo, después del contrabando de drogas y el de armas, con ganancias que se estiman hasta en 100 mil millones de dólares anuales.

De acuerdo con Elsy Angélica Cabrera Baz, licenciada en medicina veterinaria y zootecnia, con diplomado en manejo de fauna silvestre y, maestría en manejo y conservación de recursos naturales tropicales, en 2020 el decomiso por el tráfico ilegal de especies silvestres en el país aumentó mil por ciento. Como ejemplo, en sólo tres operativos realizados en el aeropuerto de la Ciudad de México, en la alcaldía de Iztapalapa y en Chiapas, se aseguraron 31 mil 168 ejemplares de especies silvestres.

A fin de contrarrestar el tráfico de especies, partes y derivados, México cuenta con legislación en materia de protección de las especies de flora y fauna silvestres y marinas.

La Ley General de Vida Silvestre tiene como objeto establecer la concurrencia del Gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y de su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las zonas en donde la nación ejerce su jurisdicción.

Es en este marco jurídico donde se prevé el concepto de aprovechamiento extractivo, el cual se define como la utilización de ejemplares, partes o derivados de especies silvestres, mediante colecta, captura o caza. De acuerdo con dicho ordenamiento, estas actividades solamente podrán realizarse bajo ciertas condiciones de sustentabilidad prescritas en la ley, con el objetivo de garantizar su preservación y aprovechamiento sustentable.

Cabe mencionar que el aprovechamiento extractivo de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre requiere de una autorización previa de la Semarnat, en la que se establecerá la tasa de aprovechamiento y su temporalidad, mismos que podrán autorizarse para actividades de colecta, captura o caza con fines de reproducción, restauración, recuperación, repoblación, reintroducción, traslocación, económicos o educación ambiental.

La Ley General de Vida Silvestre establece un amplio catálogo de conductas ilícitas acreedoras a diversas sanciones de carácter administrativo, entre las que destacan:

“ Artículo 122. Son infracciones a lo establecido en esta Ley:

I. ...

II. Realizar actividades de aprovechamiento extractivo o no extractivo de la vida silvestre sin la autorización correspondiente o en contravención a los términos en que ésta hubiera sido otorgada y a las disposiciones aplicables.

III. Realizar actividades de aprovechamiento que impliquen dar muerte a ejemplares de la vida silvestre, sin la autorización correspondiente o en contravención a los términos en que ésta hubiera sido otorgada y a las disposiciones aplicables.

IV. Realizar actividades de aprovechamiento con ejemplares o poblaciones de especies silvestres en peligro de extinción o extintas en el medio silvestre, sin contar con la autorización correspondiente.

V. a VI. ...

VII. Presentar información falsa a la Secretaría.

VIII. Realizar actos contrarios a los programas de restauración, a las vedas establecidas, a las medidas de manejo y conservación del hábitat crítico o a los programas de protección de áreas de refugio para especies acuáticas.

IX. ...

X. Poseer ejemplares de la vida silvestre fuera de su hábitat natural sin contar con los medios para demostrar su legal procedencia o en contravención a las disposiciones para su manejo establecidas por la Secretaría.

XI. ...

XII. Trasladar ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre sin la autorización correspondiente.

XIII. a XIV. ...

XV. Marcar y facturar ejemplares de la vida silvestre, así como sus partes o derivados, que no correspondan a un aprovechamiento sustentable en los términos de esta Ley y las disposiciones que de ella derivan.

XVI. Alterar para fines ilícitos las marcas y facturas de ejemplares de la vida silvestre, así como de sus partes o derivados.

XVII. a XX. ...

XXI. Poseer colecciones de especímenes de vida silvestre sin contar con el registro otorgado por la Secretaría en los términos previstos en esta Ley y demás disposiciones que de ella se deriven.

XXII. Exportar o importar ejemplares, partes o derivados de la vida silvestre, o transitar dentro del territorio nacional los ejemplares, partes o derivados procedentes del y destinados al extranjero en contravención a esta Ley, a las disposiciones que de ella deriven y a las medidas de regulación o restricción impuestas por la autoridad competente o, en su caso, de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre.

XXII Bis. Importar, exportar, reexportar y comercializar marfil, cuando no cumplan con los tratados internacionales de los que México es parte y con la legislación aplicable.

XXIII. a XXIV. ...

Se considerarán infractores no sólo las personas que hayan participado en su comisión, sino también quienes hayan participado en su preparación o en su encubrimiento”

“ Artículo 127. La imposición de las multas a que se refiere el artículo 123 de la presente Ley, se determinará conforme a los siguientes criterios:

I. Con el equivalente de 20 a 5000 veces la Unidad de Medida y Actualización a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones XII, XVII, XXI y XXIII del artículo 122 de la presente Ley;

II. Con el equivalente de 50 a 50000 veces la Unidad de Medida y Actualización a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXII, XXII Bis y XXIV del artículo 122 de la presente Ley, y

III. Con el equivalente de 200 a 75000 veces la Unidad de Medida y Actualización a quien cometa la infracción señalada en la fracción III del artículo 122 de la presente Ley.

La imposición de las multas se realizará con base en la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse la infracción.

En el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por dos veces del monto originalmente impuesto”.

La agenda contra el tráfico ilegal de especies, partes y derivados, no debe limitarse únicamente al fortalecimiento de las acciones de inspección y vigilancia que llevan a cabo las autoridades ambientales responsables, sino también es indispensable fortalecer la legislación que castiga estas conductas, especialmente en las sanciones en materia administrativa, toda vez que no son proporcionales al daño a los ecosistemas ni a las ganancias que estas actividades generan en el mercado negro.

Por esta razón es que en México los criminales dedicados a estas actividades ilícitas quedan impunes o reinciden, pues es posible se les aplique el pago de multas endebles que son pagadas con facilidad mediante los ingresos exorbitantes que estas actividades crueles generan.

De ahí que la presente iniciativa tiene como objeto, incrementar las sanciones administrativas en materia de tráfico y daño de las especies. Se requiere realizar diversos ajustes legislativos que permitan prever y castigar con severidad las actividades ilícitas que se cometan o posibiliten la comisión de cualquiera de las infracciones previstas en la Ley General de Vida Silvestre.

A efecto de tener mayor claridad de la reforma propuesta, se ofrece el siguiente cuadro comparativo:

Por lo antes expuesto y fundado, se somete a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman el artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre

Único. Se reforman las fracciones I, II y III del artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar como sigue:

Artículo 127. La imposición de las multas a que se refiere el artículo 123 de la presente Ley, se determinará conforme a los siguientes criterios:

I. Con el equivalente de 40 a 10000 veces la Unidad de Medida y Actualización a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones XII, XVII, XXI y XXIII del artículo 122 de la presente Ley;

II. Con el equivalente de 100 a 100000 veces la Unidad de Medida y Actualización a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXII, XXII Bis y XXIV del artículo 122 de la presente Ley, y

III. Con el equivalente de 400 a 150000 veces la Unidad de Medida y Actualización a quien cometa la infracción señalada en la fracción III del artículo 122 de la presente Ley.

...

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/quees.html

2 Ibidem

3 https://www.ecologiaverde.com/plantas-vasculares-que-son-caracteristicas-y-ejem plos-2770.html

4 https://www.biodiversidad.gob.mx/especies/catRiesMexico

5 https://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros2013/CD001601.p df

6 Ibidem

7 https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2020/12/durante-este-ano-el-tr afico-de-especies-ha-incrementado-un-1000/

8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/146_200521.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de septiembre de 2022.– Diputadas y diputados: Sonia Rincón Chanona, Alma Delia Navarrete Rivera, Brenda Ramiro Alejo, Celestina Castillo Secundino, José Guadalupe Ambrocio Gachuz, José Miguel de la Cruz Lima, Karla Estrella Díaz García, María Sierra Damián, Marina Valadez Bojórquez, Martha Alicia Arreola Martínez, Martha Barajas García, Melissa Estefanía Vargas Camacho, Olimpia Tamara Girón Hernández, Salma Luévano Luna, Saúl Hernández Hernández, Shirley Guadalupe Vázquez Romero (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Norma Angélica Aceves García, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Sexagésima Quinta Legislatura Federal, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, en materia de discriminación en contra de las personas con discapacidad, de acuerdo con la siguiente:

1. De conformidad con la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se entiende por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud física o mental, jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.

En México y de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2017, 20.2 por ciento de los 84 millones de personas de 18 y más años se han sentido discriminadas. Los motivos más frecuentes de percepción de la encuesta. discriminación son la forma de vestir o el arreglo personal con 30 por ciento; la complexión física (peso o estatura) 29.1 por ciento; y con 28.7 por ciento, las creencias religiosas, que son la tercera causa más común de percepción de discriminación.

2. Lamentablemente la discriminación es un fenómeno que históricamente ha estado presente en nuestro país, por lo que se han implementado diversas acciones legislativas para hacerle frente.

Ejemplo de ello, lo tenemos con la reforma al artículo 1° constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001, en donde se estableció en su tercer párrafo: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes (SIC), la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Con base en dicho artículo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación el 11 de junio de 2003, la cual tiene como objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan, contra cualquier persona, en los términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

Posteriormente, a la entrada en vigor de la citada ley, inició un proceso de armonización en donde las legislaturas incluyeron el concepto y reconocimiento de la “no discriminación” en diversas legislaciones, particularmente en aquellas que regulan derechos humanos.

Asimismo, como una acción complementaria que refuerce la política antidiscriminatoria en nuestro país, el 14 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, entre otras, la siguiente adición al Código Penal Federal:

Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas:

I. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho;

II. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o embarazo; o límite un servicio de salud, principalmente a la mujer en relación con el embarazo; o

III. Niegue o restrinja derechos educativos.

Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y además se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.

No serán consideradas discriminatorias todas aquellas medidas tendentes a la protección de los grupos socialmente desfavorecidos.

Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas por persona con la que la víctima tenga una relación de subordinación laboral, la pena se incrementará en una mitad.

Asimismo, se incrementará la pena cuando los actos discriminatorios limiten el acceso a las garantías jurídicas indispensables para la protección de todos los derechos humanos.

Este delito se perseguirá por querella.”

De acuerdo con el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, y de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal; y de las Leyes General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Orgánica de la Administración Pública Federal, y Orgánica de la Procuraduría General de la República, de 13 de diciembre de 2011, que fue el instrumento en donde se abordó la citada adición al Código Penal Federal, “(L) la creación de un tipo penal de discriminación, resulta de gran relevancia, toda vez que la Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993, define la violencia contra las mujeres como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino [...]”. “Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1o. y 4o., indica que mujeres y hombres son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo o religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

De la lectura del artículo 149 Ter del Código Penal Federal se desprende que el mismo retoma, casi en su totalidad, la redacción del artículo 1o. de la Constitución federal y de la fracción III, del artículo 1, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, con la diferencia de que en su redacción no contempla la “discapacidad” como uno de sus elementos a regular, situación que no es coincidente con el marco normativo de la “no discriminación”, generando incertidumbre jurídica y representando una omisión en detrimento de uno de los sectores poblacionales más discriminados a nivel mundial, como son las personas con discapacidad.

3. La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad reconoce que la discriminación contra las persona con discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano, entendida ésta, de conformidad con su artículo 2, como cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables.

En México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía hay un total de 6,179,890 (seis millones ciento setenta y nueve mil ochocientas noventa) personas con discapacidad, más 13,934,448 (trece millones novecientas treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho) personas que dijeron tener alguna limitación para realizar actividades de la vida diaria (caminar, ver, oír, autocuidado, hablar o comunicarse, recordar o concentrarse), que en suma se traducen en un segmento de más de 20 millones de personas.

De conformidad con el citado censo poblacional, el tipo de discapacidad reportado con mayor frecuencia es la motriz (39.2 por ciento), seguida de la visual (14 por ciento), intelectual (9.5 por ciento), auditiva (5.3 por ciento) y psicosocial (4.6 por ciento). Por otra parte, 27.4 por ciento de las personas con discapacidad declaró tener dos o más discapacidades.

Por su parte, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, las personas con discapacidad en México enfrentan las siguientes situaciones:

-Más de la mitad de las personas con discapacidad tiene 60 años y más.

-Tres de cada 10 personas con discapacidad tienen dos o más condiciones que dan origen a su discapacidad.

-Una de cada cinco personas con discapacidad se percibe indígena.

-Una de cada 10 personas con discapacidad carece de servicios básicos en su vivienda.

-Siete de cada 10 personas con discapacidad se encuentran en los estratos socioeconómicos medio bajo y bajo.

-Una de cada dos personas con discapacidad intelectual no sabe leer ni escribir.

-Una de cada dos personas con discapacidad en edad escolar asiste a la escuela.

-Las personas con discapacidad enfrentan mayores obstáculos para incorporarse al mercado de trabajo.

-Una de cada 10 personas de 18 años y más no estaría de acuerdo en que su hijo(a) se casara con una persona con discapacidad.

-El problema declarado con mayor frecuencia por las personas con discapacidad es la falta de transporte y calles adecuadas para su condición.

-Casi nueve de cada 10 personas con discapacidad enfrentan barreras de accesibilidad cuando buscan información sobre algún trámite, servicio o programa gubernamental.

-Tres de cada 10 mujeres de 18 años o más con discapacidad no tienen libertad para decidir si pueden salir de su casa.

-Tres de cada 10 personas con discapacidad de 18 años y más consideran que se les ha negado sin justificación al menos un derecho básico en los últimos cinco años.

De igual manera, “(D) de acuerdo con el Anexo Estadístico de Pobreza en México del Coneval 2010-2016, el 49.4 por ciento de las personas con discapacidad –alrededor de 4.3 millones de mexicanos– se encuentra en situación de pobreza y las principales brechas entre la población con y sin discapacidad se ubican en rubros de suma importancia.

4. El derecho a ser incluido en la comunidad, se refiere al principio de inclusión y participación plenas y efectivas en la sociedad que incluye llevar una vida social plena y tener acceso a todos los servicios que se ofrecen al público, así como a los servicios de apoyo proporcionados a las personas con discapacidad para que puedan ser incluidas y participar plenamente en todos los ámbitos de la vida social, en todos los ámbitos y servicios, tales como vivienda, transporte, educación, empleo, actividades recreativas y acontecimientos de la vida política y cultural de la comunidad, como reuniones públicas, eventos deportivos, festividades culturales y religiosos y cualquier otra actividad en la que la persona con discapacidad desee participar.

El Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas afirma que a lo largo de la historia se ha negado a las personas con discapacidad la posibilidad de tomar opciones y ejercer el control de manera personal e individual en todas las esferas de su vida, al suponerse que muchas de ellas eran incapaces de vivir de forma independiente la comunidad.

Lo anterior, entre otras razones, debido a que los Estados no cuentan con mecanismos de apoyo o su prestación está vinculada a determinados sistemas de vida y la infraestructura no se ajusta al diseño universal, aunado a que los recursos se invierten generalmente de manera directa en instituciones y no en el desarrollo de las posibilidades que tienen las personas con discapacidad de vivir de forma independiente, lo que ha dado lugar al abandono, la dependencia de los familiares, la institucionalización, el aislamiento y la segregación.

5. Con base a las problemáticas descritas y a la obligación que tenemos desde mayo de 2008, como Estado mexicano, de cumplir con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su enfoque que nos invita a impulsar todas las medidas legislativas para asegurar la inclusión de las personas con discapacidad, para lo que debemos garantizar, como mínimo, igualdad en el trato, es que se propone reformar el primer párrafo del artículo 149 Ter del Código Penal Federal.

Lo anterior, con la finalidad de adicionar como supuesto del delito de discriminación, a quien atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas con discapacidad.

Con esta reforma se pretende fortalecer el marco jurídico, en favor de la inclusión de los derechos de las personas con discapacidad, y reafirmar que en nuestro país el aseguramiento de los derechos de las personas con discapacidad debe evolucionar a una nueva etapa, en la que no basta su reconocimiento y es obligatorio su cumplimiento.

El fin de esta Iniciativa no es generar beneficios adicionales, sólo es asegurar que las personas con discapacidad disfrutarán de todo lo que por derecho les corresponde. De no comenzarlo a hacer de esta manera, a 14 años de la entrada en vigor de la Convención en materia de discapacidad y a 11 años de la publicación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad estarán destinados a ser sólo un catálogo de buenas intenciones, que dependerá de voluntades para poderse materializar, y continuará sin entenderse que son un conjunto de deberes que como país estamos obligados a cumplir.

Bajo ese contexto, por lo anteriormente descrito, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto que reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, en materia de discriminación en contra de las personas con discapacidad

Único. Se reforma el párrafo primero del artículo 149 Ter del Código Penal Federal, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 149 Ter. Se aplicará sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, discapacidad, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas:

I. a III...

...

...

...

...

...

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en su artículo 1, fracción III.

2 Visto en:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020 /DISCRIMINAC_NAL.pdf Consultado el 24 de agosto de 2022.

3 Visto en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=762221&fecha= 14/08/2001#gsc.tab=0 Consultado el 24 de agosto de 2022.

4 Visto en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5253274&fecha =14/06/2012#gsc.tab=0 Consultado el 24 de agosto de 2022.

5 Visto en:

http://gaceta.diputados.gob.mx/ Consultado el 24 de agosto de 2022.

6 Artículo 2 Definiciones A los fines de la presente Convención:

[...]

Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables;

7 Visto en:

http://www.cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tem a=P Consultado el 24 de agosto de 2022.

8 Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Resultados sobre personas con discapacidad.

9 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

10 Aceves García Norma Angélica, C. (2019). Incertidumbre y contradicción en las políticas para la inclusión. Revista Nexos (agosto 4 de 2019), visto en: Incertidumbre y contradicción en las políticas para la inclusión | (Dis)capacidades (nexos.com.mx)

11 Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, “Observación general núm. 5 (2017) sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad”, CRPD/C/GC/5. 27 de octubre de 2017.

12 Ibidem

13 Ibid

14 Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2011

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2022.– Diputada y diputado: Norma Angélica Aceves García, Enrique García de la Parra (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 78 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo de la diputada Norma Angélica Aceves García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Norma Angélica Aceves García, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura federal, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 78 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de enfoque de inclusión de las personas con discapacidad, de acuerdo con la siguiente:

1. Con el advenimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD) en 2006, los Estados parte adoptaron la obligación de promover medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales, programáticas, promocionales y cualquiera que proceda para garantizar la plena efectividad del derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad, en favor de las personas con discapacidad, bajo un enfoque con perspectiva de género, atendiendo la complejidad adicional que significa para las mujeres con discapacidad lograr su inclusión en un presente en donde el empoderamiento y desarrollo personal de la mujer debe ser el eje rector de cualquier medida.

En México, con la ratificación en el 2008 de la CDPCD, se abrió un nuevo paradigma sobre la concepción de la discapacidad y el modelo que los países y las sociedades deben adoptar para promover, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos de este sector de la sociedad.

La incorporación de este instrumento internacional en el marco jurídico nacional tuvo como consecuencia directa la promulgación, en el año de 2011, de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPCD) que dispuso la creación de una institución encargada del diseño de las políticas públicas, así como la distribución de competencias en los tres niveles de gobierno destinadas a la inclusión de las personas con discapacidad a través del acceso a sus derechos humanos, en igualdad de condiciones, a través de las acciones afirmativa necesarias y suficientes que permitan a dichos grupos acceder sin restricciones a sus derechos humanos, las cuales deben ser medidas temporales que tengan como finalidad promover y garantizar progresivamente la inclusión de las personas con discapacidad de manera autónoma, que es a lo que debe aspirar todo Estado que se precie de ser garantista, como debe ser nuestro país.

Sin embargo, en la actualidad, las personas con discapacidad continúan enfrentándose a diversas desventajas que les impiden el disfrute y ejercicio de sus derechos más fundamentales, por lo que es impostergable que desde todo el marco jurídico nacional se establezca la inclusión de las personas con discapacidad como un eje.

2. El derecho a ser incluido en la comunidad se refiere al principio de inclusión y participación plenas y efectivas en la sociedad que incluye llevar una vida social plena y tener acceso a todos los servicios que se ofrecen al público, así como a los servicios de apoyo proporcionados a las personas con discapacidad para que puedan ser incluidas y participar plenamente en todos los ámbitos de la vida social, en todos los ámbitos y servicios, tales como vivienda, transporte, educación, empleo, actividades recreativas y acontecimientos de la vida política y cultural de la comunidad, como reuniones públicas, eventos deportivos, festividades culturales y religiosos y cualquier otra actividad en la que la persona con discapacidad desee participar.

El Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas afirma que a lo largo de la historia se ha negado a las personas con discapacidad la posibilidad de tomar opciones y ejercer el control de manera personal e individual en todas las esferas de su vida, al suponerse que muchas de ellas eran incapaces de vivir de forma independiente la comunidad.

Lo anterior, entre otras razones, debido a que los estados no cuentan con mecanismos de apoyo o su prestación está vinculada a determinados sistemas de vida y la infraestructura no se ajusta al diseño universal, aunado a que los recursos se invierten generalmente de manera directa en instituciones y no en el desarrollo de las posibilidades que tienen las personas con discapacidad de vivir de forma independiente, lo que ha dado lugar al abandono, la dependencia de los familiares, la institucionalización, el aislamiento y la segregación.

3. La dinámica social ha obligado al Congreso de la Unión a materializar el tema de discapacidad, en donde desde 2005 se han expedido dos leyes generales que han buscado ser el marco normativo a nivel nacional.

Antecedentes

a. Ley General de Personas con Discapacidad

En 2005, existían alrededor de 32 leyes que trataban el tema de la discapacidad de manera diferente, situación que generó confusión, trato diferenciado y discriminación, por lo que fue necesario desarrollar una Ley General de Personas con Discapacidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2005.

El objeto de esta ley consistía en establecer las bases que permitieran la plena inclusión de las personas con discapacidad, dentro de un marco de igualdad, en todos los ámbitos de la vida, reconociendo de manera enunciativa y no limitativa a las personas con discapacidad, sus derechos humanos, mandatando el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.

Su aplicación debía ser reconocida a todas las personas con discapacidad, sin distinción por origen étnico o nacional, género, edad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil, o cualquiera otra que atente contra su dignidad, con base en los principios de equidad, justicia social, igualdad, respeto por la diferencia, respeto a la dignidad y a la autonomía individual, la independencia de las personas con discapacidad, la integración a través de la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el reconocimiento y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas, la accesibilidad y la no discriminación.

Para lograrlo, mandataba la creación del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad como el instrumento permanente de coordinación intersecretarial e interinstitucional que tiene por objeto contribuir al establecimiento de una política de Estado en la materia, así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas en materia de discapacidad, canalizado en la Secretaría de Salud.

En conclusión, esta Ley pretende garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los planes, proyectos, programas y actividades del Gobierno Federal, y a la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades tales como empleo, transporte, comunicaciones, vivienda, recreación, educación, deporte y acceso a la justicia. Para cumplir con su finalidad, la citada Ley se estructuraba de la siguiente forma:

Ley General de las Personas con Discapacidad

Título Primero

Capítulo Único: Disposiciones generales.

Artículos 1-6.

Título Segundo:

De los Derechos y Garantías para las Personas con Discapacidad

Capítulo I: De la salud.

Artículos 7-8.

Capítulo II: Del trabajo y la capacitación.

Artículo 9.

Capítulo III: De la educación.

Artículos 10-12.

Capítulo IV: De las facilidades arquitectónicas, de desarrollo urbano y de vivienda.

Artículos 13-16.

Capítulo V: Del transporte público y las comunicaciones.

Artículos 17-18.

Capítulo VI: Del desarrollo y la asistencia social.

Artículos 19-20.

Capítulo VII: Del deporte y la cultura.

Artículos 21-23.

Capítulo VIII: De la seguridad jurídica.

Artículos 24-25.

Capítulo IX: De la concurrencia.

Artículos 26-27.

Título Tercero: Del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad.

Capítulo I: De su objeto y atribuciones.

Artículos 29-34.

Capítulo II: Del Consejo Consultivo para las Personas con Discapacidad.

Artículo 35.

Título Cuarto: “De las responsabilidades y sanciones.

Artículo 36.

Transitorios

Artículos Primero-Octavo.

b. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

El 13 de diciembre de 2006 la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, convirtiéndose el primer tratado de derechos humanos en materia de discapacidad.

El propósito de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es promover, proteger y garantizar el disfrute pleno del conjunto de los derechos humanos por las personas con discapacidad, retomando una serie de ámbitos fundamentales como la accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la educación, el empleo, la rehabilitación, la participación en la vida política, la igualdad y la no discriminación, sin necesidad de crear algún derecho nuevo y únicamente expresando los derechos existentes que deberán atender íntegramente las necesidades y la situación de las personas con discapacidad.

Asimismo, exige la ejecución progresiva de la mayor parte de sus disposiciones en función de las posibilidades financieras de cada país.

Finalmente, México al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se comprometió a armonizar su marco jurídico. En resumen, la Convención es un paso importantísimo para lograr cambiar la percepción de la discapacidad, además de que asegura que las sociedades reconocerán que es necesario proporcionar a todas las personas, la oportunidad de vivir con la mayor plenitud posible, y se conforma con la siguiente estructura:

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Preámbulo

Artículo 1. Propósito

Artículo 2. Definiciones

Artículo 3. Principios generales

Artículo 4. Obligaciones generales

Artículo 5. Igualdad y no discriminación

Artículo 6. Mujeres con discapacidad

Artículo 7. Niños y niñas con discapacidad

Artículo 8. Toma de conciencia

Artículo 9. Accesibilidad

Artículo 10. Derecho a la vida

Artículo 11. Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias

Artículo 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley

Artículo 13. Acceso a la justicia

Artículo 14. Libertad y seguridad de la persona

Artículo 15. Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

Artículo 16. Protección contra la explotación, la violencia y el abuso

Artículo 17. Protección de la integridad personal

Artículo 18. Libertad de desplazamiento y nacionalidad

Artículo 19. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad

Artículo 20. Movilidad personal

Artículo 21. Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información

Artículo 22. Respeto de la privacidad

Artículo 23. Respeto del hogar y de la familia

Artículo 24. Educación

Artículo 25. Salud

Artículo 26. Habilitación y rehabilitación.

Artículo 27. Trabajo y empleo

Artículo 28. Nivel de vida adecuado y protección social

Artículo 29. Participación en la vida política y pública

Artículo 30. Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte

Artículo 31. Recopilación de datos y estadísticas

Artículo 32. Cooperación internacional

Artículo 33. Aplicación y seguimiento nacionales

Artículo 34. Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad

Artículo 35. Informes presentados por los Estados Partes

Artículo 36. Consideración de los informes

Artículo 37. Cooperación entre los Estados Partes y el Comité

Artículo 38. Relación del Comité con otros órganos

Artículo 39. Informe del Comité

Artículo 40. Conferencia de los Estados Partes

Artículo 41. Depositario

Artículo 42. Firma

Artículo 43. Consentimiento en obligarse

Artículo 44. Organizaciones regionales de integración

Artículo 45. Entrada en vigor

Artículo 46. Reservas

Artículo 47. Enmiendas

Artículo 48. Denuncia

Artículo 49. Formato accesible

Artículo 50. Textos auténticos

Por último, el 27 de septiembre de 2007, el Senado de la República aprobó le Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, con lo que se dio un paso importante y fundamental en cuanto al respeto y fomento de sus derechos, al erigirse como medio para alcanzar el respeto a la dignidad y a la oportunidad de un desarrollo sano e integral de las personas con discapacidad.

c. Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad

Debido al cambio paradigmático que representó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la forma en que se debe abordar el tema de discapacidad, en el Congreso de la Unión se tomó la decisión de elaborar una nueva ley en la materia capaz de establecer las bases para la armonización de la legislación nacional.

Para ese efecto, la citada Ley General contempla las directrices necesarias para que las personas con discapacidad logren ejercer sus derechos en circunstancias de igualdad, a través de 60 artículos distribuidos en cuatro Títulos y 20 capítulos.

Dentro de ellos, se comprenden aspectos como el objeto de la Ley, sus definiciones, así como el reconocimiento, cumplimiento y aplicación de los derechos de las personas con discapacidad.

También, define de forma integral sus derechos en materia de salud y asistencia social, trabajo y empleo, educación, accesibilidad y vivienda, transporte público y comunicaciones, desarrollo social, recopilación de datos y estadística, deporte, recreación, cultura y turismo, acceso a la justicia, libertad de expresión, opinión y acceso a la información, así como los lineamientos para el establecimiento de un “Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad” y un “Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad”.

Así, en conclusión, la citada Ley brinda una mayor amplitud y sentido garantista, que permite la plena inclusión de las personas con discapacidad dentro de un marco de igualdad en todos los ámbitos, siendo necesaria la inclusión en el goce de derechos humanos y libertades.

A partir de este momento, se han impulsado diversas reformas que tienen como finalidad armonizar el marco jurídico nacional. Leyes en materia de salud, educación, trabajo, transparencia y acceso a la información, telecomunicaciones, entre otras, han sido modificadas o, en su caso, creadas tomando en cuenta elementos específicos en favor de la inclusión de las personas con discapacidad.

A pesar de estos esfuerzos, aún hay un gran número de legislaciones que deben ser reformadas con el enfoque de inclusión y, las que al día de hoy ya cuentan con especificaciones, deben ser fortalecidas para que puedan garantizar a las personas con discapacidad el acceso y disfrute de sus derechos.

4. En México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía hay un total de 6,179,890 (seis millones ciento setenta y nueve mil ochocientas noventa) personas con discapacidad, más 13 millones 934 mil 448 personas que dijeron tener alguna limitación para realizar actividades de la vida diaria (caminar, ver, oír, autocuidado, hablar o comunicarse, recordar o concentrarse), que en suma se traducen en un segmento de más de 20 millones de personas.

De conformidad con el citado Censo poblacional, el tipo de discapacidad reportado con mayor frecuencia es la motriz (39.2 por ciento), seguida de la visual (14 por ciento), intelectual (9.5 por ciento), auditiva (5.3 por ciento) y psicosocial (4.6 por ciento). Por otra parte, 27.4 por ciento de las personas con discapacidad declaró tener dos o más discapacidades.

Por su parte, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, las personas con discapacidad en México enfrentan las siguientes situaciones:

• Más de la mitad de las personas con discapacidad tiene 60 años y más.

• Tres de cada 10 personas con discapacidad tienen dos o más condiciones que dan origen a su discapacidad.

• Una de cada cinco personas con discapacidad se percibe indígena.

• Una de cada 10 personas con discapacidad carece de servicios básicos en su vivienda.

• Siete de cada 10 personas con discapacidad se encuentran en los estratos socioeconómicos medio bajo y bajo.

• Una de cada dos personas con discapacidad intelectual no sabe leer ni escribir.

• Una de cada dos personas con discapacidad en edad escolar asiste a la escuela.

• Las personas con discapacidad enfrentan mayores obstáculos para incorporarse al mercado de trabajo.

• Una de cada 10 personas de 18 años y más no estaría de acuerdo en que su hijo(a) se casara con una persona con discapacidad.

• El problema declarado con mayor frecuencia por las personas con discapacidad es la falta de transporte y calles adecuadas para su condición.

• Casi nueve de cada 10 personas con discapacidad enfrentan barreras de accesibilidad cuando buscan información sobre algún trámite, servicio o programa gubernamental.

• Tres de cada 10 mujeres de 18 años o más con discapacidad no tienen libertad para decidir si pueden salir de su casa.

• Tres de cada 10 personas con discapacidad de 18 años y más consideran que se les ha negado sin justificación al menos un derecho básico en los últimos cinco años.

De igual manera, “(D)de acuerdo con el Anexo Estadístico de Pobreza en México del Coneval 2010-2016, el 49.4 por ciento de las personas con discapacidad —alrededor de 4.3 millones de mexicanos— se encuentra en situación de pobreza y las principales brechas entre la población con y sin discapacidad se ubican en rubros de suma importancia.

Estas cifras permiten ver el tamaño del reto que tiene que hacer frente nuestro país para asegurar la inclusión de las personas con discapacidad en un marco de igualdad, ya que contar con un piso parejo es el primer paso sobre el cual podremos apoyarnos y construir la tan anhelada sociedad incluyente. Y ese piso parejo, sólo podrá tenerse si contamos con un marco jurídico con un enfoque de inclusión de discapacidad.

No hay que dejar de lado, que además de las cifras señaladas en los apartados anteriores, la discapacidad es la condición humana, después del género, que más impacta en la sociedad, dado a que se presenta en todos los grupos poblacionales y en todas las etapas de vida: niñas, niños y adolescentes, personas jóvenes, adultas, personas mayores, de comunidades indígenas, afrodescendientes y en cualquier grupo social, está presente la discapacidad.

De ese tamaño es el compromiso que tenemos las legisladoras y los legisladores, por lo que debemos impulsar todas las acciones que nos permitan fortalecer nuestro trabajo y perfeccionar sus resultados.

En ese sentido, una de las grandes áreas de oportunidad que existen en este trabajo de armonización legislativa, la tenemos en el Reglamento de la Cámara de Diputados, que de acuerdo con su artículo 1, tiene por objeto normar la actividad parlamentaria en la Cámara de Diputados, así como establecer los procedimientos internos que hagan eficiente su estructura y funcionamiento, a partir del cual podemos establecer acciones que al entrar al análisis, discusión y aprobación de las propuestas en materia de discapacidad, nos permitan tener las mejores y mayores herramientas para tomar las decisiones adecuadas y suficientes para impulsar que las persona con discapacidad tengan acceso a todos sus derechos en un marco de igualdad.

Para ello, se propone reformar el Reglamento de la Cámara de Diputados para establecer como elementos indispensables, tanto de las iniciativas que contengan propuestas en materia de discapacidad, como de los dictámenes que de ellas se emitan, que debe destacarse la importancia de las modificaciones en favor de las personas con discapacidad.

Bajo ese contexto, por lo anteriormente descrito, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma los artículos 78 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de enfoque de inclusión de las personas con discapacidad

Único. Se adiciona una fracción III Bis al artículo 78 y se reforma la fracción IV del artículo 85, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 78.

1. ...

I. a III. ...

III Bis. Problemática desde el enfoque de inclusión de las personas con discapacidad, en su caso;

IV. a XII. ...

Artículo 85.

1. ...

I. a III. ...

IV. Contenido del asunto o asuntos, destacando los elementos más importantes, entre ellos el planteamiento del problema, así como la perspectiva de género y el enfoque de inclusión de las personas con discapacidad, en su caso;

V. a XV. ...

2. ...

3. ...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Aceves García Norma Angélica, C. (2018). Reseña al estudio: Hablemos sobre Discapacidad y Derechos Humanos. Revista de Administración Pública 145. Volumen LIII, Nº 1 (enero-abril 2018), p.p. 231 a 234.

2 Ibidem.

3 Artículo 4...

...

Las acciones afirmativas positivas consisten en apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural.

...

4 Obra citada en la nota 9.

5 Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, “Observación general núm. 5 (2017) sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad”, CRPD/C/GC/5. 27 de octubre de 2017.

6 Ibidem.

7 Ibid.

8 Ley abrogada con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad el 30 de mayo de 2011.

9 Visto en:

https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/convencion-s obre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-2.html consultado el 30 de noviembre de 2021.

10 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2011.

11 Visto en:

http://www.cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tem a=P Consultado el 24 de agosto de 2021.

12 Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Resultados sobre personas con discapacidad.

13 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

14 Aceves García Norma Angélica, C. (2019). Incertidumbre y contradicción en las políticas para la inclusión. Revista Nexos (agosto 4 de 2019), visto en: Incertidumbre y contradicción en las políticas para la inclusión | (Dis)capacidades (nexos.com.mx)

15 Artículo 1.

1. El presente Reglamento tendrá por objeto normar la actividad parlamentaria en la Cámara de Diputados, así como establecer los procedimientos internos que hagan eficiente su estructura y funcionamiento.

2. Lo no previsto en este Reglamento se ajustará a las disposiciones complementarias que sean aprobadas por el Pleno de la Cámara de Diputados.

Dado en el pleno de la honorable Cámara de Diputados, el 21 de septiembre de 2022.– Diputada y diputado: Norma Angélica Aceves García, Enrique García de la Parra (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma el artículo 39 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la diputada Olimpia Tamara Girón Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada federal Olimpia Tamara Girón Hernández, integrante de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 1 fracción I del artículo 6, y artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona una disposición a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de protocolos de primer respondiente, al tenor de la siguiente:

El marco regulatorio del sistema acusatorio adversarial dio pie a la construcción de normativa secundaria para complementar las atribuciones y funciones de figuras que, por su marco de actuación, requerían de normativa complementaria, tal es caso de la figura del primer respondiente como una autoridad que ejerce funciones relacionadas directa o indirectamente con la comisión de un ilícito y que estas pueden ser de seguridad pública o fuerza armada.

Por lo que los procesos y acciones que la autoridad debe realizar al momento de responder a la comisión de un delito son diversos y variados pues dependen de quién y de en qué etapa del proceso se encuentra.

El primer respondiente en el sistema de justicia penal es la autoridad con funciones de seguridad pública que llega primero al lugar de los hechos delictivos o al sitio del hallazgo de pruebas, objetos o instrumentos relacionados con un delito. Normalmente se trata de la policía de seguridad pública, aunque también puede ser cualquier servidor público a quien competa ejercer atribuciones relacionadas directa o indirectamente a propósito de la comisión de algún delito, como ocurre con los elementos de las policías de investigación o de las fuerzas armadas. (Díaz, 2019) (vlex.com.mx/vid/)

En realidad, se trata de una figura de facto, a diferencia de las categorías jurídicas de los sujetos del procedimiento penal definidos normativamente (SNSP, 2015). A pesar de ser una figura que ha existido siempre, pues invariablemente ha habido una autoridad con funciones de seguridad pública que llegue primero al lugar de los hechos o del hallazgo, el sistema tradicional de justicia omitió regularla taxativamente pues, en dicho sistema, la cadena de custodia -instrumento por excelencia del primer respondiente- era desconocida en lo procesal, al menos hasta los últimos años. No obstante, su existencia y necesaria regulación ha sido una obviedad desde la reforma constitucional de 2008 que introduce un sistema acusatorio en México, uno de cuyos principios es el debido proceso y, por ende, la protección de la prueba para su producción en el juicio oral. (vlex.com.mx/vid/).

Las autoridades que actúan como primer respondiente adquieren relevancia dado que son las primeras en conocer la noticia criminal para dar inicio a la investigación; por tal motivo, un factor determinante de éxito en el sistema de justicia penal recae en las acciones que realice oportunamente el primer respondiente.

Por tanto, a partir de la emisión del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) resultaba necesario establecer los alcances de las actuaciones de estas autoridades y generar las condiciones apropiadas para la intervención de los actores en el proceso, complementando las actividades realizadas por el primer respondiente (Díaz, 2019).

Tomando en consideración que el artículo Décimo Primero Transitorio del CNPP, que ordena la emisión de protocolos de actuación necesarios para la instrumentación del procedimiento penal, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, integrada por las instituciones de procuración de justicia del país, en 2015 tomó la iniciativa de elaborar y aprobar un protocolo de actuación del primer respondiente y someterlo a la consideración del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el que, ese mismo año, por acuerdo 04/XXXVIII/15, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 15 de octubre de 2015, ratificó el acuerdo CNPJ/XXXIII/11/2015 de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que aprueda el protocol nacional del primer respondiente (Secretariado Ejecutivo, 2015).

No obstante es preciso puntualizar que existen publicaciones de expertos que analizan a fondo, la problemática que representa la falta de capacitación en el primer respondiente como parte de la trilogía investigadora en el sistema acusatorio adversarial, lo anterior en virtud de que la falta de capacitación en el primer respondiente, no es un problema simple, por el contrario, se considera una cuestión de amplio espectro.

Es un problema en la función de la estructura del sistema de justicia, lo anterior en virtud de que el primer respondiente, debe ser profundamente perfilado, el perfeccionamiento de sus habilidades y competencias debe ser una acción estructural, en extrema vinculación con el sistema educativo, en especial, con las instituciones de educación superior y los centros de investigación que orientan sus capacidades a la formación con amplio rigor cognitivo en la materia jurídica, criminológica, criminalística y forense.

En el mismo sentido, el sistema de justicia debe articular mayores contenidos a los producidos por la secretaría técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema Penal (Setec), ya que este órgano actúa desde el mero marco jurídico otorgado por los documentos legales producto de la reforma de 2008. Pero no desde los intersticios académicos, epistémicos y de investigación de las academias o grupos de investigación que promueven el desarrollo científico, tecnológico y de innovación de las instituciones mencionadas.

Por ello, se considera que el enfoque de la capacitación para el actor en comento debe obedecer a un enfoque socio-jurídico que implica una acción estructural. En razón de que su actividad se encuentra imbricada dentro de la impartición de justicia, y el único ente que agradecerá la externalidad producto de esclarecimiento de hechos o de delitos implícita en su actuación es la sociedad, investigación que promueveel desarrollo científico, tecnológico y de innovación de las instituciones mencionadas.

Sin duda, el primer respondiente, como figura jurídica, transita el camino arduo de ser un rol en el proceso de investigación a convertirse en una figura controvertida, criticada, tanto por los sabedores particulares como por los órganos de procuración e impartición de justicia.

Existen diversas opiniones que cuestionan el desempeño de esta trilogía investigadora. Detractores y escépticos arguyen imposible lograr un cambio cuando se encuentran tan arraigados problemas como la corrupción. Sin embargo y aun cuando pareciera ser cierto, se omite que existen ministerios públicos, policías y examinadores forenses (peritos) cuyo desempeño profesional en el proceso penal cumple con la finalidad principal de hacer justicia; por ello, si no se reconoce la importancia de su trabajo y la evidente necesidad de su fortalecimiento —compréndase capacitación, se continuará atentando contra la justicia misma.

El posicionamiento del primer respondiente detenta no solo una importancia relevante, sino determinante para la consecución del proceso de investigación y una correcta determinación; logrando una perfecta vinculación a proceso en los casos que así lo requieran.

En la mayoría de los casos, éstos desconocen las actividades necesarias a realizar para la preservación del lugar de intervención, a fin de efectuar las diligencias necesarias para la conservación de los indicios que en la zona se encuentren o en la forma que se encuentren.

A pesar de que se cuenta con un protocolo de actuación, no queda claro quién es el servidor público que se constituirá en dicho primer respondiente; observando el apartado relacionado con los roles de los servidores que podrán intervenir; se encuentra al ministerio público como órgano administrador de la investigación; al perito como el experto en la materia, el policía con capacidad para procesar la escena, el policía de investigación y al primer respondiente, señalando que:

“Le compete corroborar la denuncia, localizar, descubrir o recibir aportaciones de indicios o elementos materiales probatorios y realizar la detención en caso de flagrancia, dejando en claro que puede ser cualquiera de los mencionados”

En cuanto a los cuerpos policiales, la reforma implica mayores facultades de investigación de las policías -siempre bajo la conducción y el mando del Ministerio Público-, en una tendencia clara a lograr, en el momento oportuno, la creación de una policía científica. Sin embargo, no se debe olvidar que la modificación de las leyes no puede ser operativa si no se acompaña de acciones congruentes a dichos cambios.

Por otra parte, un punto olvidado es el papel fundamental que desempeñan los peritos en la investigación del delito. Por ello, es preponderante fijar la atención en los servicios periciales, ya que su intervención en el proceso penal producirá un cambio significativo en los juicios orales.

La capacitación, entonces, debe ensanchar un ethos y logos cognitivo en la trilogía investigadora que la convierta en analítica, crítica, sintética, sistémica, compleja, explicativa, aclaradora y argumentadora de hechos con carácter probatorio según los procesos propios de la actividad respondiente. Las secretarías de seguridad pública, las procuradurías y los servicios periciales deben enfocarse a construir acuerdos sobre esta nueva capacitación y estandarizarla de forma que no exista, en ningún momento, una invasión de esferas de competencias ni una falta de comunicación adecuada.

Atendiendo el contexto anterior, los elementos para la capacitación, entrenamiento o profesionalización del primer respondiente deberán entonces aglutinar aspectos jurídicos, criminalísticos, argumentativos, dictivos y axiológicos, a partir de fundamentos jurídicos y casos empíricos, como se sugiere a continuación. Considerando el hecho, de que, el primer respondiente no está capacitado para intervenir en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, se arguye, que éste, por ejemplo, no sabe cómo requisitar de forma correcta las dos formas de Informe Policial Homologado (IPH) sobre Infracciones Administrativas y de Hecho Probablemente Delictivo, que contienen aspectos de información un tanto complejos, a saber.

Si bien, se cuenta con un Protocolo Nacional de Actuación, que es la pauta general de la federación, se considera pertinente, establecer la obligación de la Federación, a las entidades federativas y a los municipios, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, de que en torno a este se generen protocolos específicos, así como la actualización y capacitación constante a los integrantes del sistema respecto a dichos protocolos.

Por lo anteriormente motivado, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforma y se adiciona una disposición a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de protocolos de primer respondiente

Único. Se reforma el apartado B del artículo 39 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, adicionando la fracción XV, recorriéndose en su orden las subsecuentes, para quedar como sigue:

Artículo 39. La concurrencia de facultades entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A. ...

B. ...

I. a la XIV...

XV. Generar Protocolos de actuación de primer respondiente, así como la realización de acciones de capacitación permanente sobre su aplicación, para garantizar la observancia permanente de la normatividad, en beneficio de la ciudadanía; y

XVI. Las demás atribuciones específicas que se establezcan en la Ley y demás disposiciones aplicables.

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 DOF 5 de octubre del 2015 (SNSP, 2015).

2 2 Secretariado Técnico para la implementación del Sistema Acusatorio Adversarial:

http://www.setec.gob.mx/ y para efectos de análisis y críticas sobre las limitaciones de los contenidos. El ideal es que se requiere de verdaderos saberes jurídicos, criminológicos, criminalìsticos, axiológicos para un idóneo desempeño del rol de actor denominado primer respondiente.

3 Ana Pamela Romero, Guerra. La importancia de la etapa de investigación del delito en el sistema acusatorio. 2016. [Disponible en el sitio:

http://www.inacipe.gob.mx/investigacion/INACIPE_opina/memorias_i nacipe/memorias_pamela_romero/La%20im portancia%20de%20la%20etapa%20de%20investigacion%20del%20delito%20en%20el%20sis tema%20acusatorio.p hp].

4 Primer Respondiente. Protocolo Nacional de Actuación. Edit. Gobierno de la Republica- Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal- Procuraduría General de la República. 2017. Ciudad de México, México

5 Jerónimo Leonardo Ortega Flores. La debida intervención de la policía de investigación en el Sistema Penal Acusatorio en México. [Tesis Doctoral]. Centro Integral de Estudios Profesionales, SC-IUP. 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de septiembre de 2022.– Diputadas y diputados: Olimpia Tamara Girón Hernández, Ángel Miguel Rodríguez Torres, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, Gustavo Contreras Montes, Irma Juan Carlos, Javier Huerta Jurado, José Guadalupe Ambrocio Gachuz, José Miguel de la Cruz Lima, Karla Estrella Díaz García, Marisela Garduño Garduño, Raymundo Atanacio Luna, Salvador Caro Cabrera (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 4o. y 5o. de la Ley General de Comunicación Social, suscrita por el diputado Miguel Ángel Varela Pinedo y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputado Miguel Ángel Varela Pinedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en ejercicio de la facultad conferida por los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma las fracciones II y V, del artículo 4, así como el inciso j) del artículo 5, de la Ley General de Comunicación Social, en materia de contenido de las campañas de comunicación social y del informe anual de labores o de gestión de comunicación social, con base en la siguiente

En una democracia participativa como la nuestra, el derecho a la información y la rendición de cuentas son dos de las principales obligaciones que tienen los gobernantes ante sus representados, ambas tienen como objetivo evaluar el desempeño de la gestión gubernamental.

Pero para que pueda realizarse una evaluación efectiva, el ciudadano debe contar con los elementos necesarios para conocer y evaluar las acciones gubernamentales, en este sentido, es indispensable que los servidores públicos proporcionen información veraz y detallada acerca de sus actos y decisiones y la justificación de las mismas, ello fomentará la participación ciudadana y generará credibilidad y legitimidad en los órganos y dependencias gubernamentales.

Entre los instrumentos utilizados por los gobernantes para rendir cuentas a sus ciudadanos se encuentran la propaganda gubernamental y los informes de labores y actividades, los cuales son difundidos a través de las campañas de comunicación social.

La regulación de la comunicación social en nuestro país comienza en el año 2007, derivado de diversos acontecimientos sucedidos en procesos electorales en los que los servidores públicos en funciones utilizaban su posición para realizar promoción personalizada, en la búsqueda de nuevos cargos públicos, aprovechando las acciones y programas sociales que realizaban desde sus encargos como gobernadores, diputados, senadores, alcaldes, para promocionarse electoralmente, utilizando además recursos públicos para ello.

En ese sentido es que en el año 2007 se crea un nuevo modelo de comunicación social en nuestro país, dicha reforma constitucional a los artículos 41 y 134 tuvo el principal objetivo de evitar la promoción personalizada de los servidores públicos y el uso de recursos públicos para posicionarse electoralmente, así también para regular los tiempos oficiales en radio y televisión, evitando así un gasto en publicidad de hasta de 60 por ciento del financiamiento de los partidos en estos rubros.

A pesar de los esfuerzos por impedir el cumplimiento de la ley, muchos actores políticos, desde servidores públicos hasta candidatos, han realizado conductas con la clara intención de evitar el cumplimiento de la ley, por lo que han sido denunciados ante las autoridades electorales, las cuales han determinado sanciones para infractores y han sentado precedentes importantes en las sentencias emitidas para clarificar los alcances de la ley en cuanto al tema.

Respecto a los informes de gobierno, también se ha ido regulando su presentación conforme los acontecimientos políticos han ocurrido, actualmente el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, deberán de presentarse una vez al año y no exceder de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe, además que en ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales, ni realizarse dentro del periodo de campaña electoral.

En el caso específico del Presidente de la República éste debía acudir al Congreso de la Unión a presentar su informe por escrito del estado que guardaba la administración pública, darle lectura y responder algunas preguntas de los grupos parlamentarios, sin embargo y derivado de una reforma constitucional en el año 2008 que modificó el artículo 69 constitucional, actualmente el titular del Ejecutivo ya sólo tiene la obligación de enviar su informe al Congreso de forma escrita y ya no acudir de manera presencial al recinto parlamentario, para que con posterioridad, se analice y los secretarios de Estado y los directores de las entidades paraestatales acudan a comparecer ante los legisladores al respecto, así como solicitar una ampliación de la información mediante la denominada “pregunta parlamentaria”.

Sin embargo, y a pesar de los avances alcanzados en la actualidad, la propaganda gubernamental e institucional, así como los informes de labores, aún carecen de una regulación en cuanto a la su contenido, por ello no se exige que lo manifestado en ellos tenga la obligación de ser verídico y contar con un soporte técnico, la mayoría sólo se limitan a ser una relación de frases triunfalistas, falacias, demagogia, acusaciones y difamaciones a sus adversarios políticos o excusas del porqué no han cumplido con sus promesas de campaña.

Ejemplo de ello han sido los múltiples informes del Presidente de la República, porque recordemos que, a parte del Informe Presidencial al que se encuentra obligado constitucionalmente y debe rendir el 1 de septiembre de cada año de su mandato, se encuentran los más de 10 informes de labores que ha presentado con motivo de celebrar sus cien días, los aniversarios de sus triunfos electorales y de conmemoración por inicio de su mandato, los cien días de su segundo y tercer año, etcétera.

Pero lo grave del asunto no es que hayan sido muchos, sino que se utilicen recursos públicos y, sobre todo, que no sean meramente informes de labores, sino exaltaciones a su persona, falacias, mentiras, descalificaciones a opositores y “otros datos”, incumpliendo con su obligación de informar de manera veraz acerca del estado que guarda la administración pública del país. Sumado a lo anterior, en los mensajes de difusión de su cuarto Informe Presidencial, muestra a la ciudadanía datos inexactos, miente de forma dolosa, además de que 80 por ciento de lo manifestado son frases populistas y triunfalistas, sin mencionar de forma veraz acerca del cumplimento de sus promesas de campaña, tal y como lo han reportado diversas investigaciones y reportajes periodísticos.

Aunado a lo anterior, el titular del Poder Ejecutivo federal hace uso de la comunicación social en sus conferencias matutinas llamadas “Conferencias mañaneras”, las cuales se trasmiten de lunes a viernes de 7: 00 de la mañana a las 8: 30 horas, aproximadamente y en las cuales día a día se narran medias verdades, datos no verificables, injurias, calumnias y denostaciones en contra de sus opositores políticos y discursos demagógicos para tratar de justificar el incumplimiento de sus promesas de campaña, ello sin contar el montaje que se efectúa con las preguntas a modo que le realizan la mayoría de reporteros, todo ello con cargo al Erario público.

Cabe señalar que desde el primer informe de titular del Ejecutivo federal, especialistas, grupos de expertos, académicos, periodistas, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil organizada, han señalado que lo informado tanto en sus informes de labores como en sus mañaneras, mensajes a la nación y en toda la propaganda institucional de la Presidencia de la República, existen discordancias con los datos que instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, o las mismas dependencias del gobierno federal, además que en diversas ocasiones inclusive ha sido sancionado por la autoridad electoral por intervenir en los procesos electorales haciendo mención a candidatos o a programas sociales en los tiempos establecidos como prohibidos por la ley.

Por ello, es de suma importancia legislar respecto al contenido tanto de la propaganda gubernamental o institucional, los informes de labores de los servidores públicos y la comunicación social de los entes públicos en el sentido de establecer que lo manifestado deba ser verídico y comprobable, que la información sea detallada, tenga un soporte técnico y documental, así como que los datos estadísticos que se presenten sean emanados de instituciones con credibilidad y basados en estudios metodológicos, no sólo cifras al aire, inventadas y sin sustento, además, debe señalarse acerca del cumplimiento real de metas, objetivos, políticas públicas implementadas y promesas de campaña, ello, con la finalidad de que los ciudadanos tengan la información certera que les permita evaluar el ejercicio de los servidores públicos en comento, y pueda servir para premiar o castigar a sus representantes.

En consecuencia, considero pertinente y necesario reformar las fracciones II y V, del artículo 4o., así como el inciso j) del artículo 5o., de la Ley General de Comunicación Social, para establecer que la comunicación social y los informes de labores que emanen de los órganos gubernamentales deba ser verídica, contar con un soporte técnico y documental y con ello evitar que se sigan utilizando los recursos públicos para mentir, distorsionar la realidad, promocionarse de manera personalizada, utilizar los programas sociales para posicionar candidatos o partidos afines, y justificar promesas incumplidas de servidores públicos incapaces que utilizan la comunicación social como instrumento de manipulación.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado someto ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman las fracciones II y V, del artículo 4, así como el inciso j) del artículo 5, de la Ley General de Comunicación Social

Único. Se reforman las fracciones II y V, del artículo 4, así como el inciso j) del artículo 5, de la Ley General de Comunicación Social, para quedar como sigue:

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

II. Campañas de Comunicación Social: Aquéllas que difunden el quehacer gubernamental, acciones o logros de Gobierno o estimulan acciones de la ciudadanía para acceder a algún beneficio o servicio público y que deberán realizarse con información comprobable y, en su caso, contar con soporte técnico y documental de lo informado.

II. - IV.

V. Informe anual de labores o de gestión: Aquél a que se refiere la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y que deberá realizarse con información comprobable y, en su caso, contar con soporte técnico y documental de lo informado.

VI a XVI. ...

Artículo 5. En el ejercicio del gasto público en materia de Comunicación Social, los Entes Públicos deberán observar con los siguientes principios rectores:

a) a i)

j) La veracidad de la información que se difunde, garantizando que no se difundan datos no comprobables o sin soporte técnico o documental.

...

...

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 “Spots del cuarto informe de AMLO: Los dichos engañosos y verdaderos sobre salud, AIFA y agua”, Animal Político, mismo que puede ser consulado en la siguiente página de internet:

https://www.animalpolitico.com/elsabueso/spots-cuarto-informe-de -amlo-dichos-enganosos-y-verdaderos/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2022.– Diputados: Miguel Ángel Varela Pinedo, José Elías Lixa Abimerhi (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 2448-F del Código Civil Federal, a cargo de la diputada Marisol García Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La proponente, Marisol García Segura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, fracción I, y 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la asamblea una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 2448 F del Código Civil Federal, al tenor de la siguiente

De acuerdo con ONU Hábitat, la vivienda adecuada fue reconocida como parte del derecho a un nivel de vida adecuado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. A pesar de ello, más de 1000 millones de personas alrededor del mundo no tienen acceso a una vivienda adecuada.

En ese sentido, se calculó que a principios de 2020 nuestro país demandó un neto de 19 millones de viviendas nuevas, pues actualmente 75 por ciento de su población (130 millones de personas) tiene menos de 40 años. Tan sólo en la Ciudad de México se calcula una demanda anual de por lo menos 700 mil unidades.

En consecuencia, en las grandes ciudades del mundo, el reto por el acceso a la vivienda se exacerba por la demanda y la escasa oferta que existe a precios asequibles. Es decir, el precio para adquirir una vivienda no corresponde al ingreso de los habitantes de las ciudades, por lo que hacerse de un bien inmueble está siendo cada vez más complejo. Por lo tanto, la alternativa con la que cuentan las personas que viven en los grandes centros urbanos es la de arrendar un inmueble.

Figura 1. Ejemplo de requisitos de renta para un inmueble en la Ciudad de México.

En México, actualmente existen poco más de 5 millones de viviendas arrendadas, lo que representa tan sólo el 15 por ciento de la vivienda en México, esta cifra significa un incremento de 1.6 por ciento con respecto a 2000, donde se tenían 4 millones de casas o departamentos alquilados. En la Ciudad de México se calcula que 22 por ciento de los hogares pagan una renta. Cabe destacar que dicha cifra corresponde únicamente a los acuerdos de renta que se han formalizado a través de un contrato.

Es decir, la informalidad para rentar un inmueble afecta al propio mercado de inmobiliario y no resuelve el mayor reto que implica lograr cubrir la demanda. Además de esos dos desafíos, se suman los requisitos que no garantizan un acceso equitativo y en igualdad de condiciones para poder rentar un inmueble.

No es ajeno a los habitantes de la Ciudad de México que lograr la renta de un bien inmueble muchas veces resulta una travesía principalmente por los requisitos que se solicitan ya sea través de agencias inmobiliarias o bien por medio de particulares. En muchos casos se solicitan referencias personales o laborales, fiador, poliza jurídica, estados de cuenta e inclusive que se logre comprobar que se supera hasta por 3 veces el monto total de la renta.

Todo lo anterior, no está contemplado en los requisitos de arrendamiento que se estipulan en el artículo que contempla como único requisito de garantía un depósito, como se detalla en el artículo 2448 F que se reproduce a continuación:

Artículo 2448 F.- Para los efectos de este Capítulo el contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito, la falta de esta formalidad se imputará al arrendador.

El contrato deberá contener, cuando menos las siguientes estipulaciones:

I. Nombres del arrendador y arrendatario.

II. La ubicación del inmueble.

III. Descripción detallada del inmueble objeto del contrato y de las instalaciones y accesorios con que cuenta para el uso y goce del mismo, así como el estado que guardan.

IV. El monto de la renta.

V. La garantía, en su caso.

VI. La mención expresa del destino habitacional del inmueble arrendado.

VII. El término del contrato.

VIII. Las obligaciones que el arrendador y arrendatario contraigan adicionalmente a las establecidas en la ley.

Es decir, en el Código Civil Federal no se contemplan las referencias personales, los estados de cuenta, el estado del buró de crédito, el estado civil o la orientación sexual como requisitos para acceder a la renta de un inmueble.

Es por ello que la presente iniciativa busca que los requisitos de renta de los inmuebles disponibles en nuestro país no sean discriminatorios a fin de garantizar el acceso equitativo para los habitantes de las zonas urbanas o bien de las personas que decidan radicar en la misma.

Problemática desde la perspectiva de género

Para las mujeres el acceso a la vivienda es aún más complejo, de acuerdo con datos de ONU Hábitat, la seguridad de la tenencia de las mujeres es desproporcionadamente inferior a la de los hombres. Esto se debe, entre otras cosas, a la pobreza y la vulnerabilidad de la mujer a la violencia, así como a las leyes, políticas y programas discriminatorios que contribuyen a la desigualdad en general.

A nivel mundial y cada vez con más frecuencia, las mujeres son desalojadas de sus hogares a causa de la violencia familiar o doméstica, las leyes de sucesión discriminatorias, las costumbres, las tradiciones y la falta de medios económicos provocada por políticas estatales que desfavorecen a la mujer.

Aunado a lo anterior, las mujeres que viven en condiciones de pobreza y precariedad corren un riesgo mayor de retrasarse en los pagos y ser desalojadas. Puesto que los ingresos familiares no siempre tienen en cuenta el hecho de que las mujeres no siempre tienen control sobre los gastos del hogar.

Particularmente en el caso de nuestro país, de acuerdo con datos de 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, menos mujeres son propietarias de viviendas que hombres: 35 por ciento de las casas escrituradas en México se encuentran a nombre de mujeres, y en 2020, en Infonavit reporta que sólo 34 por ciento de los créditos se otorgan a mujeres contra 66 por ciento a hombres. Es decir, el acceso a la vivienda es una de las brechas en donde se hace más patente la inequidad que existe entre hombres y mujeres en ámbito laboral, dado que muchas veces las mujeres no cuentan con el ingreso o el tiempo laborando necesario para lograr ser propietarias de un inmueble.

Además de las mujeres, las personas lésbicas, gay, bisexuales, trans más (LGBT+) también sufren grandes afectaciones porque al no poder comprar una vivienda además de enfrentar requisitos excesivos cuando se desea rentar algún inmueble y en ocasiones sufren de discriminación. Citando a Sergio Orihuela colaborador en LLECA-Escuchando la calle:

“Hay una concepción muy marcada sobre la comunidad LGBT+. Pueden decirte los arrendadores: es que no queremos a personas gay porque no queremos fiestas o no queremos a mujeres trans porque son muy escandalosas o porque son usuarias de alguna sustancia y todas esas prácticas atentarían contra las normas de convivencia o podrían provocar un problema con los vecinos.

Se trata de ideas que, pese a no tener fundamento, llevan a los caseros a rechazar rentar un espacio a quienes pertenecen a la comunidad LGBT+, incluso si el proceso de entrega de documentos y depósito ya comenzó. Muchas veces argumentan que el lugar ya fue rentado o que los interesados no cumplen con el perfil solicitado, sin embargo generalmente esto es mentira”.

Y particularmente para en el caso de las mujeres trans, Orihuela comenta que:

“Nos han compartido que muchas chicas habían tenido problemas de acoso con los vecinos por este desconocimiento, por esta idea de que transgreden las normas tradicionales de convivencia.

...

No tienen los documentos suficientes para cumplir con los requisitos, muchas veces no han hecho el cambio de identidad porque no tienen el tiempo necesario o no se les ha dado el acompañamiento. Entonces a veces esos arrendadores por desconocimiento de todo este proceso que pasan las personas trans de pronto las pueden cuestionar por su identidad”.

Es decir, la falta de claridad con respecto a los requisitos así como la omisión con respecto a lo que marca el código civil sobre la garantía para poder rentar un bien inmueble hace que el acceso a la vivienda a través de la posibilidad de rentar un inmueble para las mujeres así como para la población de la diversidad sexual sea más compleja.

Contenido de la iniciativa

Por lo expuesto, se propone una Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VII al artículo 2448 F del Código Civil Federal, para incluir que los requisitos para la renta de un bien inmueble deben de ser libres de discriminación.

Que, para un mayor entendimiento, se presenta el cuadro comparativo:

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona la fracción VI al artículo 2448 F del Código Civil Federal

Único. Se adiciona la fracción VII al artículo 2448 F del Código Civil Federal. Para quedar como sigue:

Artículo 2448 F. Para los efectos de este capítulo el contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito, la falta de esta formalidad se imputará al arrendador. El contrato deberá contener, cuando menos las siguientes estipulaciones:

I. Nombres del arrendador y arrendatario.

II. La ubicación del inmueble.

III. Descripción detallada del inmueble objeto del contrato y de las instalaciones y accesorios con que cuenta para el uso y goce del mismo, así como el estado que guardan.

IV. El monto de la renta.

V. La garantía, en su caso.

VI. La garantía en ningún caso podrá establecerse con requisitos sean considerados discriminatorios, de acuerdo con la normatividad vigente aplicable.

VII. La mención expresa del destino habitacional del inmueble arrendado.

VIII. El término del contrato.

Las obligaciones que el arrendador y arrendatario contraigan adicionalmente a las establecidas en la Ley.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 ONU Hábitat, El derecho a una vivienda adecuada, Folleto Informativo número 21, en

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications /FS21_rev_1_Housing_sp.pdf

2 Nieto, María, “La vivienda en renta: un mercado atractivo en medio de la pandemia” en Revista Expansión, México, 20 de julio de 2020 en

https://obras.expansion.mx/inmobiliario/2020/07/20/vivienda-rent a-mercado-avante-atractivo-medio-pandemia

3 Ibid.

4 Davin, Sophie, “Mujeres y vivienda adecuada”, ONU Hábitat por un mejor futuro urbano, 17 de junio de 2022 en

https://onuhabitat.org.mx/index.php/mujeres-y-vivienda-adecuada# :~: text=La%20situaci%C3%B3n%20desfavorable%20en%20el,Junio%2017%2C%202021.

5 Ibid.

6 Terreros, Brenda, “Altos costos, requisitos imposibles y discriminación: los retos de rentar una vivienda en México” en Infobae, 1 de junio de 2022 en

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/06/01/altos-costos-r equisitos-imposibles-y-discriminacion-los-retos-de-rentar-una-vivienda-en-mexic o/

7 Ibid .

Dado en el Palacio de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2022.– Diputadas y diputado: Marisol García Segura, Ángel Miguel Rodríguez Torres, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, José Guadalupe Ambrocio Gachuz, Karla Estrella Díaz García, Lilia Aguilar Gil, Marisela Garduño Garduño, Olimpia Tamara Girón Hernández, Susana Cano González (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma los artículos 74 y el décimo cuarto transitorio de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, suscrita por los diputados Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Rommel Aghmed Pacheco Marrufo y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados Cecilia Anunciación Patrón Laviada y Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 76; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados presentan para su análisis y dictamen iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 74 y el décimo cuarto transitorio de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en materia de asesoría técnica pedagógica, de conformidad con la siguiente

I. En 1966 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), emitieron la recomendación relativa a la situación del personal docente donde se “establecen los derechos y las responsabilidades de los docentes, las normas para su capacitación inicial y su formación ulterior, y sus condiciones de contratación, empleo, enseñanza y aprendizaje. También contiene numerosas recomendaciones sobre la participación de los docentes en las decisiones relativas a la educación mediante la consulta y la negociación con las autoridades educativas”.

En lo que se refiere a la contratación y carrera profesional dice:

Ingreso en la profesión docente

38. La política de contratación del personal docente debería definirse claramente en el nivel apropiado, en colaboración con las organizaciones de educadores y convendría establecer normas que definan las obligaciones y los derechos del personal docente.

Seguridad del empleo

45. La estabilidad profesional y la seguridad del empleo son indispensables tanto para el interés de la enseñanza como para el personal docente y deberían estar garantizadas incluso cuando se produzcan cambios en la Organización tanto del conjunto como de una parte del sistema escolar.

46. El personal docente debería estar protegido eficazmente, contra los actos arbitrarios que atenten contra su situación profesional o su carrera.

II. La educación es la base del futuro, son los cimientos de una nación en proceso. La educación en un país, y alrededor del mundo, tiene la capacidad de transformar la mente y las capacidades de las personas para lograr cosas inimaginables. En este proceso de educación, se encuentran dos principales actores: quienes aprenden y quienes enseñan.

Quienes aprenden son las y los alumnos y quienes enseñan son las y los maestros. Ambos actores son sumamente relevantes, porque las y los maestros son los encargados de difundir el conocimiento y hacer que aprendan a aprender. Por otro lado, las y los alumnos son los encargados de recibir dicho conocimiento y transformarlo en algo positivo. Cabe recalcar que los maestros no son las y los únicos que difunden el conocimiento, porque este mismo es un proceso que se da entre ambas partes: de maestros a estudiantes y también de estudiantes hacia maestros.

Por otro lado, la pandemia evidenció que en México la educación es sumamente desigual, ya que mientras unos tomaron clases por internet, otros las toman desde la televisión, la radio, o simplemente, no pueden tomar clases. Es inaceptable que el acceso a la educación no se cumpla en su totalidad, y que, con ello se frene el futuro de nuestra nación.

Como comentamos anteriormente, la crisis sanitaria provocó una grave crisis económica que golpeó fuertemente a las familias mexicanas. Y consecuencia de ello, miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes tuvieron que dejar sus estudios. Tal caso fue sumamente similar con maestros, ya que, al haber menos estudiantes, también habrá menos profesores.

En México, en nuestra Constitución política en su artículo 3, se consagra el derecho a la educación, y en ello, también se enmarca la importancia de las y los maestros.

“Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la trasformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional” (artículo 3, CPEUM).

Por ende, nuestra propia Constitución establece que las y los maestros son agentes fundamentales, por ello, en el proceso legislativo se reconoce su contribución a la transformación social con base en el conocimiento y en la educación.

En México existe la figura de Asesoría Técnica Pedagógica, que tiene su origen desde la década de 1960. Las y los asesores técnico-pedagógicos, también llamados ATP por sus siglas, son básicamente profesores que apoyan profesores; que les acompañan y proporcionan estrategias pedagógicas para fortalecer la práctica educativa y que también fungen como mediadores entre directores de centros educativos y los propios maestros. Para ampliar más en su definición y explicación, se ofrece la siguiente explicación:

¿Cómo se define a un asesor técnico pedagógico? La Secretaría de Educación Pública, lo define como:

“El asesor técnico pedagógico es el docente especializado en pedagogía que, en la educación básica, su labor fundamental es proporcionar apoyo técnico, asesoría y acompañamiento, así como herramientas metodológicas a otros docentes para la mejora continua de la educación”.

Además, la asesoría y el acompañamiento considera que la mejora educativa se alcanza cuando toda la comunidad educativa se compromete con el logro de los aprendizajes de todos los alumnos, donde busca potenciar las capacidades internas de la comunidad educativa en cada escuela, esto es de las maestras, los maestros y los directivos escolares; así como conjuntar los esfuerzos del supervisor y los asesores para revitalizar el trabajo educativo en los planteles.

Como antes mencionamos, el origen de los ATP se enmarca en 1960, donde se empezó a ofrecer orientación y apoyo técnico a las escuelas desde: mesas técnicas; jefaturas de sector; equipos técnicos pedagógicos y jefaturas de enseñanza. Posteriormente, en la década de 1990, empiezan los docentes en servicio a funciones de ATP, como comisiones o invitaciones temporales a profesores relevantes en su labor. Lo anterior implica que por más de 20 años fueron docentes comisionados como apoyo o asesores técnicos. Sin nombramiento ni plaza específica, sirviendo y contribuyendo a la mejora de la educación de nuestro país. No obstante, anteriormente se comisionó a profesores sin participar en un proceso de selección, lo que propició que no se lograra el propósito de la misma.

En este sentido, en el año 2015 se realizó el primer concurso oposición, donde los profesores pudieron concursar de manera libre y legítimamente por una clave y nombramiento en la función de asesoría técnica pedagógica, así, dicho concurso sucedió por tres años más: 2016, 2017 y 2018. Esto debido, que en la abrogada Ley General del Servicio Profesional Docente, los ATP, eran considerados como una “promoción” en cuanto a su nombramiento.

“El nombramiento como personal docente con funciones de asesoría técnica pedagógica será considerado como una promoción. La selección se llevará a cabo mediante concurso de oposición de conformidad con lo señalado en el Título Segundo, Capítulo IV de esta Ley. El personal seleccionado estará sujeto a un periodo de inducción con duración de dos años ininterrumpidos, a cursos de actualización profesional y a una evaluación para determinar si cumple con las exigencias propias de la función” (LGSPD, artículo 41).

Sin embargo, estos actores fundamentales para el logro de la excelencia en la educación han sufrido de los efectos de una falta de certeza laboral en la función de asesoría, donde manifiestan que no se han respetado sus convocatorias y lo que éstas implican, así como sus mismos derechos como docentes en funciones de asesoría técnica pedagógica; esto por la falta de la armonización legal.

III. Nuestra Constitución establece lo siguiente:

“La ley establecerá las disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en sus funciones docentes, directiva o de supervisión. Corresponderá a la federación su rectoría y, en coordinación con las entidades federativas, su implementación, conforme a los criterios de la educación previstos en este artículo” (artículo 3, CPEUM).

Asimismo, también establece lo siguiente:

“La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los nombramientos derivados de estos procesos sólo se otorgarán en términos de dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. A las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo no les serán aplicables estas disposiciones” (artículo 3, CPEUM).

Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019, dispone:

“Artículo 73. La asesoría técnica pedagógica es una función en la que los docentes participantes proporcionan apoyo técnico, asesoría y acompañamiento a otros docentes y a la escuela en su conjunto, para facilitar la reflexión sobre la práctica profesional y la mejora de ésta, en su relación con el entorno social y personal del educando. Artículo 74. La designación del personal docente con funciones de asesoría técnica pedagógica será un reconocimiento, que dará lugar a un movimiento lateral, con el correspondiente incentivo económico, en tanto ejerza las actividades propias de la función”.

Lo anterior significa que en lo que respecta a los asesores técnicos pedagógicos, hubo un cambio sustancial al transformar la naturaleza de su nombramiento de un “ reconocimiento” a diferencia de una “ promoción”, lo que indica que no tienen clave definitiva los ATP de tercera y cuarta generación y algunos de la segunda (respecto al año que entraron al programa).

Derivado de atender la convocatoria emitida por la Secretaría de Educación Pública de las diferentes entidades; en los años 2017, 2018 y algunos desde 2016, para realizar un proceso de evaluación y obtener la promoción a funciones de dirección, asesoría técnica pedagógica y supervisión, con la abrogada LGSP; las dos primeras funciones son quienes debían cursar un periodo de inducción con duración de dos años y al término del mismo ratificar. En el caso de ATP con el incentivo correspondiente; sin embargo, con la abrogación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) y con la expedida la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM). Ninguna de las funciones pudo concluir el mencionado periodo de inducción.

Consiguiente a ello, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió lineamientos administrativos para que los participantes en los procesos de promoción obtuvieran el nombramiento y clave definitiva, de ese modo se consideraron a las figuras de docentes de nuevo ingreso, subdirector y director para otorgarles la clave definitiva en la función. A pesar de, a los ATP no se les brindó el mismo beneficio; siendo excluidos para la obtención de la clave.

IV. Dicha situación ha llevado a diversos ATP a lo largo del país a generar movimientos por sus derechos.

Tal es el caso en la plataforma www.change.org, donde se recolectan firmas por el siguiente enunciado: “Por una igualdad de derechos para los ATP. Clave definitiva para tercera y cuarta generación y parte de la segunda”, donde su petición se basa en expresar que sus derechos laborales han sido vulnerados tras la implementación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM), dado que se les está coartando su derecho a la superación profesional ya que, mientras a docentes y directores que se encontraban en proceso de inducción sí se les otorgó en automático la base definitiva, a los ATP en el mismo proceso se les excluyó, aunque ambos cumplieron con los mismos requerimientos.

Todo lo anterior significa diversas implicaciones para los ATP, tales como:

- Falta de certeza laboral en la función.

- Limitación del proyecto de vida laboral.

- Al no contar con clave ni nombramiento definitivo, no se dispone de derechos de ATP como quienes tienen clave, por ejemplo: cambiar de centro de trabajo, trabajo igual salario igual.

- Actualmente la promoción vertical de personal con categoría docente y función de ATP, en algunos casos es para promover a la supervisión escolar y en otros hacia dirección. Esto responde a una cuestión de percepción económica y no de función educativa.

En Yucatán, nuestro estado natal y el cual representamos en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la XLV Legislatura, también ya hubo diversos acercamientos y solicitudes de ATP hacia la maestra Delfina Gómez Álvarez, actual titular de la SEP del Gobierno federal.

Se reveló el 24 de febrero que la secretaria de Educación Pública asistió a Yucatán, donde fue “interceptada” por 60 maestros ATP, mostrando su inconformidad con la SEP por diversos aspectos, principalmente, pedían la regularización de su trabajo, ya que muchos de ellos no cuentan con los certificados legales de ser ATP, tal como su clave definitiva.

En Yucatán hay aproximadamente 100 ATP, de los cuales 60 trabajan bajo la informalidad y con un sueldo de entre 25 y 50 por ciento menor a aquellos con la formalidad de ser ATP. Es por ello que piden se les cumpla su total derecho para que puedan tener su clave definitiva de ATP y poder gozar de los mismos derechos laborales que los demás docentes.

V. No debemos perder de vista la importancia de una educación de excelencia, la cual recae sobre los hombros de las y los docentes que constantemente enfrentan el complejo desafío de brindar conocimientos adecuados a sus alumnos que se preparan día con día para ser personas de bien y que puedan cumplir sus sueños y metas sin problemas que trunquen su propio progreso.

Ahora bien, debemos tener en cuenta que al colocar a la comunidad como centro del sistema educativo hace énfasis en el trabajo pedagógico que se lleva a cabo; significa que el sistema y los actores educativos deben buscar una educación de excelencia, a través de escuelas que posibiliten la formación integral de los alumnos. Para cumplirse, debe descargarse el trabajo administrativo y fortalecerse la supervisión escolar. La carga administrativa se contrapone en la mayoría de las ocasiones al trabajo pedagógico de las escuelas y se enfoca en diversas actividades como el llenado de oficios y documentación diversa y, en ocasiones, está relacionada con actividades de los programas que implementa la SEP. Esta situación lleva años presentándose en el trabajo de docentes, directores y autoridades educativas como el ATP, convirtiéndose en una labor extra, que hace su trabajo más pesado.

Estamos ante un grave problema para las y los docentes y ATP de México, misma situación que se ve reflejada en la petición de www.change.org, donde diversos ATP del país declaran lo siguiente:

“Estamos siendo afectados, porque nos inscribimos a un proceso de superación profesional que culminaría con la promoción definitiva, un aumento salarial y la oportunidad de dar mejor calidad de vida a nuestras familias, sin embargo, seguimos con incertidumbre al no recibir nuestra clave y nombramiento definitivo, el cual hasta el momento ha quedado una promesa de solución. Nos afecta en lo económico porque hemos acumulado hasta cuatro años esperando el movimiento definitivo, en tanto únicamente tenemos un bono compensatorio sin impacto en prestaciones y del cual se nos descuenta el ISR a pesar de que no se considera como parte del ingreso base, además nos deja muy lejos de la percepción económica de los compañeros que ya recibieron el alta definitiva. En algunos casos afecta en lo familiar, debido a que accedimos a separarnos de nuestras familias para luchar y ofrecerles un futuro mejor fuera del lugar de origen, con los consecuentes gastos que esto implica, sin embargo, con las nuevas leyes emitidas no hemos logrado los anhelos que nos planteamos como crecimiento profesional y de proyecto de vida”.

Por lo cual, los asesores técnicos pedagógicos, mediante la plataforma www.change.org, solicitan lo siguiente:

1. Que los legisladores nos consideren dentro del paquete fiscal y lograr la certeza laboral justa para los ATP que quedamos truncados y excluidos en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM).

2. Que la Autoridad Educativa Federal nos otorgue el nombramiento definitivo con la clave y categoría de Asesor Técnico Pedagógico.

3. Que se ubique la función en la estructura ocupacional, a la par de un director para que una promoción vertical sea un “ascenso” y no un “descenso”.

4. Que mientras el bono compensatorio KW no incida en sueldo base y prestaciones no sea grabado con el ISR.

Los asesores técnico pedagógicos no están pidiendo nada fuera de la ley ni nada extraordinario de cumplir, simplemente quieren que se les respeten sus derechos y que puedan tener su clave definitiva para gozar de los mismos beneficios que los demás. Ellas y ellos solamente están pidiendo lo que se merecen por ley, porque están laborando en funciones de un ATP, sin tener los derechos laborales del mismo con clave definitiva, lo cual es completamente una bofetada hacia ellos, a sus familias y nuestras leyes.

Los asesores técnico pedagógicos se han caracterizado por su compromiso e incansable trabajo de la mano con las autoridades educativas y demás docentes para contribuir con la mejora de los aprendizajes de niñas, niños y adolescentes. Las funciones del ATP inciden directamente en la educación de cada estudiante y de todo México; su labor es indispensable para un país, porque la educación es la base de nuestro México y debemos garantizar que tanto alumnas, alumnos y todo el sistema docente, tengan las mejores oportunidades y los mismos derechos.

VI. Por lo anteriormente expuesto es que presento la siguiente iniciativa para que las y los asesores técnicos pedagógicos, obtengan, sin distinción alguna y sin exclusiones, sus respectivas claves definitivas y que se les respete y garantice sus derechos laborales que por ley deberían tener.

Fundamento legal de la iniciativa

Lo constituye el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 76; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, y demás disposiciones aplicables, mismos que quedaron precisados desde el inicio de este documento.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para quedar como sigue:

Único. Se reforman el artículo 74 y el décimo cuarto transitorio de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros para quedar como sigue...

Artículo 74. La designación del personal docente con funciones de asesoría técnica pedagógica será un reconocimiento, que dará lugar a un movimiento lateral, con el correspondiente incentivo económico y derechos laborales, en tanto ejerza las actividades propias de la función, sin exclusión de los que participen en otros procesos de promoción.

Dentro de la Estructura Ocupacional del Asesor Técnico Pedagógico que se ubica en la Supervisión Escolar, debería estar al menos al mismo nivel del director para que, al cumplir con los requisitos de antigüedad y los requisitos para el ascenso, puedan ser promovidos a la función de supervisión.

...

...

Décimo Cuarto. ...

El personal docente que, habiendo participado en un proceso de promoción para ejercer funciones de asesoría técnica pedagógica en educación básica, términos de la Ley General del Servicio Profesional Docente y que al momento de su abrogación se encontraban en el periodo de inducción, se le expedirá el nombramiento y clave definitiva en la función de asesoría técnica pedagógica a la brevedad posible y, tanto ello suceda continuará recibiendo el incentivo que le fue asignado, en tanto se les otorgue el nombramiento y la clave de manera permanente, sin menoscabo de que puedan participar en otros procesos de promoción establecidos en la presente Ley.

El personal docente que, habiendo participado en un proceso de promoción para ejercer funciones de asesoría técnica pedagógica en educación básica, en términos de la abrogada Ley General del Servicio Profesional Docente y que al momento de su abrogación se encontraban en periodo de inducción, continuará recibiendo el incentivo que le fue asignado de manera permanente, sin menoscabo de que puedan participar en otros procesos de promoción establecidos en la presente Ley.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría deberá emitir y adecuar los reglamentos, acuerdos, lineamientos y demás disposiciones de carácter general conforme a lo establecido en este decreto, en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles siguientes contados a partir de su entrada en vigor.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Nota

1 Secretaría de Educación Pública. (2020). Lineamientos generales para la operación del Servicio de Asesoría y Acompañamiento a las Escuelas en Educación Básica. México, p. 11.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 septiembre de 2022.– Diputados y diputada: Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Pedro Salgado Almaguer (rúbricas).»

«Iniciativa que adiciona el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena

Irma Juan Carlos, diputada a la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone adicionar un párrafo al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Para el diccionario de Real Academia de la Lengua Española, Eutanasia significa “la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura” o “Muerte sin sufrimiento físico”. Por su parte, para el diccionario Oxford Languages es el “acto de provocar intencionadamente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra”. Países como Bélgica, Luxemburgo, o España, entre otros han reconocido el derecho a una muerte digna a través de la vía de la eutanasia. México lo prohíbe pues la Ley General de Salud es muy clara cuando dispone en su artículo 166 Bis 21 lo siguiente “Queda prohibida, la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por piedad, así como el suicidio asistido conforme lo señala el Código Penal Federal, bajo el amparo de esta ley. En tal caso se estará a lo que señalan las disposiciones penales aplicables”.

Y es lamentable que México aún no haya reconocido el derecho a la muerte digna a pesar de que existen poderosas razones para incorporar dicho derecho a nuestro sistema jurídico mexicano.

Aunque todas las enfermedades producen dolor y angustia, hay algunas que multiplican dichas situaciones. Se trata de las terminales y que generan síntomas intensos, múltiples, y son plataforma para otras enfermedades oportunistas.

Para enfrentar lo angustiante de estas, se ha optado por crear una aplicación de paliativos; sin embargo, no siempre esta medida resulta eficaz. En primer lugar, porque hay escases de los mismos. Por ejemplo, se dice que “40 millones de personas en todo el mundo precisan cada año cuidados paliativos debido a enfermedades oncológicas y no oncológicas. Sin embargo, a nivel mundial, solo el 14% de las personas que los necesitan reciben estos cuidados”. Por lo que se refiere a México, el Atlas de Cuidados Paliativos en Latinoamérica, estudio México, se afirma lo siguiente: “No hay presupuesto específico para el desarrollo de los Cuidados Paliativos a nivel nacional” y se agrega lo siguiente: “El estado de México y el gobierno del Distrito Federal son los únicos que cuentan con una coordinación de Cuidados Paliativos con recursos estatales”.

En segundo lugar, porque hay enfermedades tan complejas que ningún paliativo logra contrarrestar los dolores y angustias ocasionadas por la enfermedad. Comprender el dolor de los pacientes terminales es casi inaccesible. Por ejemplo, para el investigador J. Sánchez Jiménez, en su documento con el título Tratamiento integral del dolor explica que “El dolor es un síntoma frecuente en los enfermos con cáncer y su prevalencia aumenta a medida que progresa la enfermedad; un 60-80% de los enfermos en fase terminal presenta dolor y en el 35% será grave o muy grave en las etapas finales. En varios estudios epidemiológicos se ha indicado que sólo la mitad de los enfermos terminales con dolor recibe tratamiento correcto, de forma que un 25 a un 30% de los pacientes muere con dolor intenso en el enfermo terminal”. Por su parte el profesor Carlos Celedón explica que, en las enfermedades incurables avanzadas, “Se produce un deterioro gradual en lo somático y psíquico, con respuesta variable al tratamiento específico. Su autonomía se pierde lentamente y va a la muerte en mediano plazo. Este tipo de paciente tiene, por lo general, plena conciencia”. Por su parte, en la etapa de la enfermedad terminal hay “Acentuación de los síntomas de agravamiento de su situación con respuesta nula al tratamiento y grave impacto emocional. Muerte en mediano plazo”. Finalmente, continua el mismo autor, en la situación de agonía “Precede a la muerte cuando ésta es gradual, deterioro físico intenso con debilidad extrema, alta frecuencia con trastorno cognitivo y de la conciencia, dificultad en la ingesta de alimentos. La muerte se produce en días u horas”.

A pesar de ello, el derecho a una muerte digna y en consecuencia al acceso a la eutanasia aun no es reconocido en México. Y no ha sido reconocido porque diversas causas que, a los criterios de la actualidad, no encuentran soporte.

Una primera causa es el temor a la muerte. Se piensa, equivocadamente que no hablar de la muerte es una forma de evitarla. También se piensa, equivocadamente, que reconocer el derecho a una muerte digna es promover la muerte. No es así. Solo se trata de reconocer un suceso natural inevitable y en el cual debemos procurar, hasta lo humanamente posible, el evitar el dolor. Una segunda causa es la fuerte influencia religiosa en nuestro sistema jurídico. La mayor parte de las religiones consideran que el dolor forma parte de nuestra humanidad y debemos aceptar dicho dolor con resignación.

Sin embargo, en la actualidad dichas causas han dejado de tener sustento y efectos en la conciencia ciudadana. En diversas encuestas que se han realizado en México, tales como la realizada por Consulta Mitofsky en el año 2005 o la de parametría en el año 2006, o la de 2008 realizada por parametría y el colegio de México se comprueba que la ciudadanía cada vez más está de acuerdo en promover una muerte digna. Recientemente la Universidad del Valle de México dio a conocer que “72% de los mexicanos piensa que la eutanasia debería legalizarse en el país” y “86% está de acuerdo con la frase las personas que tienen una enfermedad terminal deberían tener derecho a solicitar voluntaria y libremente la muerte. Un porcentaje similar, 85%, está de acuerdo en que los enfermos terminales deben tener derecho a decidir cómo y cuándo morir”. La ciudad de México ha monitoreado el tema en su propio contexto y con base al Portal Oficial del Gobierno del Estado de México se tienen las siguientes cifras; “En la Ciudad de México las mujeres, los solteros y las personas mayores son los más interesados en tener una muerte digna si padecen alguna enfermedad terminal. El 60% de las solicitudes de voluntad anticipada son firmadas por personas que tienen de 61 a 80 años, y el 64% de las personas que otorgan su voluntad anticipada son mujeres”

Ante estas exigencias ciudadanas, se ha flexibilizado la normatividad y tenemos por caso que en el año 2008 y para la Ciudad de México existe una Ley de voluntad anticipada. Este ejemplo lo han tomado, entre otros estados, como Nayarit, el estado de México, o Oaxaca. Sin embargo, no es lo mismo una ley de voluntad anticipada que el reconocimiento a la muerte digna y al derecho a la eutanasia, pues la primera tiene por objeto regular la negativa a recibir tratamientos médicos por un paciente y lo segundo consiste precisamente en respetar su voluntad para lograr la muerte.

Por todo ello, vengo a proponer con esta iniciativa que se reconozca el derecho constitucional a una muerte digna y en consecuencia se garantice la posibilidad de que se practique la eutanasia en los pacientes que así lo deseen. La propuesta consiste en adicionar un último párrafo al artículo 1º de la para que todos los gobernados pertenecientes a nuestro país tengan derecho a una muerte digna, mediante la práctica de la eutanasia.

El texto que se propone es el que aparece a continuación en el siguiente cuadro comparativo.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Por lo expuesto, con fundamento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 55 fracción II y 179 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona un párrafo al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 1o. ...

...

...

...

...

El derecho a la vida y muerte digna se reconocen en México. Por lo tanto, estará permitida la eutanasia en los términos que establezca la Ley.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un término de 300 días naturales, se deberán hacer las reformas necesarias a las Leyes secundarias para la homologación de la presente reforma constitucional.

Notas

1 https://dle.rae.es/eutanasia

2 https://languages.oup.com/google-dictionary-es/

3 Vid.

https://www.deustosalud.com/blog/salud/enfermedades-terminales-e jemplos-cuidados

4 https://paliativossinfronteras.org/wp-content/uploads/ATLAS-CUIDADOS-PALIATIVOS -LATIN-MEXICO.pdf

5 http://semg.info/mgyf/medicinageneral/abril2000/395-402.pdf

6 Celedón L, Carlos. (2012). Sufrimiento y muerte en un paciente terminal. Revista de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, 72(3), 261-266.

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-48162012000300008

7 Ídem

8 Ídem.

9 Ídem.

10 Para consultar los resultados de estas encuestas puede verse el artículo de Asunción Álvarez del Río Miembro del Colegio de Bioética, A.C. de la Facultad de Medicina de la UNAM, Julieta Gómez Ávalos de la Facultad de Medicina de la UNAM, Isaac González Huerta de la Facultad de Medicina de la UNAM. Con el título “Eutanasia y suicidio asistido: una visión global sobre decidir el final de la vida. Actitudes y políticas en México” que puede leerse en el siguiente link:

https://dmd.org.mx/wp-content/uploads/2018/06/libro-muerte-asist ida.pdf

11 https://laureate-comunicacion.com/prensa/debe-legalizarse-la-eutanasia-en-mexic o-opina-72-de-los-ciudadanos/#.YmotFtrMKUk

12 https://www.gob.mx/inapam/articulos/ley-de-voluntad-anticipada-el-derecho-a-una -muerte-digna

Dado en el recinto legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre del año 2022.– Diputadas y diputado: Irma Juan Carlos, Héctor Ireneo Mares Cossío, José Guadalupe Ambrocio Gachuz, María Clemente García Moreno (rúbricas).»

«Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 8o. y 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en materia de discurso de odio en contra de las personas de la población LGBTTTIQA+, a cargo de la diputada Salma Luévano Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Salma Luévano Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción I del numeral I del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputaciones la iniciativa con proyecto de decreto por la que se adicionan los artículos 8 y 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en materia de discurso de odio en contra de las personas de la población LGBTTTIQA+, al tenor de la siguiente:

Los discursos de odio o hate speech de acuerdo con la doctora Yéssica Esquivel, encierran la deliberada intención de provocar una afectación en la dignidad de un grupo de personas a través de “expresiones hirientes”.

En México, son cada vez más comunes los discursos de odio en contra de la población LGBTTTIQA+, particularmente por personas integrantes de las asociaciones o cultos religiosos, sin que ello tenga consecuencias penales ni administrativas.

El 28 de junio de 2020, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, en pronunciamiento público, señaló que los mensajes religiosos con connotaciones de odios hacia la población LGBTTTIQA+, representan un ultraje a la dignidad humana, toda vez que incitan a la violencia y la discriminación sistemática que se ha simbolizado a lo largo de la historia.

Lo anterior resultado de que en una misa dominical un obispo de la Diócesis de Cuernavaca Morelos aseguró que el Covid-19 es un llamado de Dios por el aborto, la violencia, la corrupción y la homosexualidad.

Resultado de denuncias a estos discursos de odio, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación hizo un llamado para que, en el contexto de la emergencia sanitaria, las personas líderes de opinión, diversas iglesias y comunidades religiosas, evitaran discursos basados en prejuicios y estereotipos que confundan y dividan a la población.

De lo anterior, podemos advertir que el discurso de odio, en palabras de la citada autora Esquivel Alonso, pretende difundir animadversión hacia un grupo determinado, que utiliza expresiones de odio que intentan esencialmente provocar una especie de “dolor lingüístico”, en este caso a la población LGBTTTIQA+.

Los ejemplos documentados en notas periodísticas dan cuenta de los discursos de odio en contra de la población con orientaciones sexuales e identidades y/o expresiones de género no normativas.

Dada la necesidad de comprender la terminología de la comunidad de la diversidad sexual y de género, replicamos un listado enunciativo de términos que son utilizados por los organismos internacionales como la CIDH, necesarios para comprender la riqueza en la conformación de este sector poblacional, organismo que, en la opinión consultiva OC-24/17, consideró oportuno establecer un glosario mínimo de conceptos y definiciones derivado de la falta de consenso entre organismos nacionales, internacionales, organizaciones y grupos que defienden sus respectivos derechos, por lo que adoptamos los que hace de suyo en el instrumento normativo, adoptando otro más que nos parece conveniente y que se señalan a continuación:

a) Sexo: En un sentido estricto, el término sexo se refiere a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, a sus características fisiológicas, a la suma de las características biológicas que define el espectro de las personas como mujeres y hombres o a la construcción biológica que se refiere a las características genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas sobre cuya base una persona es clasificada como macho o hembra al nacer. En ese sentido, puesto que este término únicamente establece subdivisiones entre hombres y mujeres, no reconoce la existencia de otras categorías que no encajan dentro del binario hombre/mujer;

b) Sexo asignado al nacer: Esta idea trasciende el concepto de sexo como masculino o femenino y está asociado a la determinación del sexo como una construcción social. La asignación del sexo no es un hecho biológico innato; más bien, el sexo se asigna al nacer con base en la percepción que otros tienen sobre los genitales. La mayoría de las personas son fácilmente clasificadas pero algunas personas no encajan en el binario hombre/mujer;

c) Sistema binario del género/sexo: modelo social y cultural dominante en la cultura occidental que “considera que el género y el sexo abarcan dos, y sólo dos, categorías rígidas, a saber, masculino/hombre y femenino/mujer. Tal sistema o modelo excluye a aquellos que no se enmarcan dentro de las dos categorías (como las personas trans o intersex);

d) Intersexualidad: Todas aquellas situaciones en las que la anatomía sexual de la persona no se ajusta físicamente a los estándares culturalmente definidos para el cuerpo femenino o masculino. Una persona intersexual nace con una anatomía sexual, órganos reproductivos o patrones cromosómicos que no se ajustan a la definición típica del hombre o de la mujer. Esto puede ser aparente al nacer o llegar a serlo con los años. Una persona intersexual puede identificarse como hombre o como mujer o como ninguna de las dos cosas. La condición de intersexual no tiene que ver con la orientación sexual o la identidad de género: las personas intersexuales experimentan la misma gama de orientaciones sexuales e identidades de género que las personas que no lo son;

e) Género: Se refiere a las identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente de la mujer y el hombre y al significado social y cultural que se atribuye a esas diferencias biológicas;

f) Identidad de Género: La identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar —o no— la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. La identidad de género es un concepto amplio que crea espacio para la auto identificación, y que hace referencia a la vivencia que una persona tiene de su propio género. Así, la identidad de género y su expresión también toman muchas formas, algunas personas no se identifican ni como hombres ni como mujeres, o se identifican como ambos;

g) Expresión de género: Se entiende como la manifestación externa del género de una persona, a través de su aspecto físico, la cual puede incluir el modo de vestir, el peinado o la utilización de artículos cosméticos, o a través de manierismos, de la forma de hablar, de patrones de comportamiento personal, de comportamiento o interacción social, de nombres o referencias personales, entre otros. La expresión de género de una persona puede o no corresponder con su identidad de género autopercibida;

h) Transgénero o persona trans: Cuando la identidad o la expresión de género de una persona es diferente de aquella que típicamente se encuentran asociadas con el sexo asignado al nacer. Las personas trans construyen su identidad independientemente de un tratamiento médico o intervenciones quirúrgicas. El término trans, es un término sombrilla utilizado para describir las diferentes variantes de la identidad de género, cuyo común denominador es la no conformidad entre el sexo asignado al nacer de la persona y la identidad de género que ha sido tradicionalmente asignada a éste. Una persona transgénero o trans puede identificarse con los conceptos de hombre, mujer, hombre trans, mujer trans y persona no binaria, o bien con otros términos como hijra, tercer género, biespiritual, travesti, fa’afafine, queer, transpinoy, muxé, waria y meti. La identidad de género es un concepto diferente de la orientación sexual;

i) Persona transexual: Las personas transexuales se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico y optan por una intervención médica —hormonal, quirúrgica o ambas— para adecuar su apariencia física—biológica a su realidad psíquica, espiritual y social;

j) Persona travesti: En términos generales, se podría decir que las personas travestis son aquellas que manifiestan una expresión de género —ya sea de manera permanente o transitoria— mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes del género opuesto que social y culturalmente son asociadas al sexo asignado al nacer. Ello puede incluir la modificación o no de su cuerpo;

k) Persona cisgénero: Cuando la identidad de género de la persona corresponde con el sexo asignado al nacer;

l) Orientación sexual: Se refiere a la atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como a las relaciones íntimas y/o sexuales con estas personas. La orientación sexual es un concepto amplio que crea espacio para la auto identificación. Además, la orientación sexual puede variar a lo largo de un continuo, incluyendo la atracción exclusiva y no exclusiva al mismo sexo o al sexo opuesto. Todas las personas tienen una orientación sexual, la cual es inherente a la identidad de la persona;

m) Homosexualidad: Se refiere a la atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un mismo género, así como a las relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Los términos gay y lesbiana se encuentran relacionados con esta acepción;

n) Persona Heterosexual: Mujeres que se sienten emocional, afectiva y sexualmente atraídas por hombres; u hombres que se sienten emocional, afectiva y sexualmente atraídos por mujeres;

o) Lesbiana: es una mujer que es atraída emocional, afectiva y sexualmente de manera perdurable por otras mujeres;

p) Gay: se utiliza a menudo para describir a un hombre que se siente emocional, afectiva y sexualmente atraído por otros hombres, aunque el término se puede utilizar para describir tanto a hombres gais como a mujeres lesbianas;

q) Homofobia y transfobia: La homofobia es un temor, un odio o una aversión irracional hacia las personas lesbianas, gay o bisexual; la transfobia denota un temor, un odio o una aversión irracional hacia las personas trans. Dado que el término “homofobia” es ampliamente conocido, a veces se emplea de manera global para referirse al temor, el odio y la aversión hacia las personas LGBTI en general;

r) Lesbofobia: es un temor, un odio o una aversión irracional hacia las personas lesbianas;

s) Bisexual: Persona que se siente emocional, afectiva y sexualmente atraída por personas del mismo sexo o de un sexo distinto. El término bisexual tiende a ser interpretado y aplicado de manera inconsistente, a menudo con un entendimiento muy estrecho. La bisexualidad no tiene por qué implicar atracción a ambos sexos al mismo tiempo, ni tampoco debe implicar la atracción por igual o el mismo número de relaciones con ambos sexos. La bisexualidad es una identidad única, que requiere ser analizada por derecho propio;

t) Cisnormatividad: idea o expectativa de acuerdo a la cual, todas las personas son cisgénero, y que aquellas personas a las que se les asignó el sexo masculino al nacer siempre crecen para ser hombres y aquellas a las que se les asignó el sexo o femenino al nacer siempre crecen para ser mujeres;

u) Heterormatividad: sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales, las cuales son consideradas normales, naturales e ideales y son preferidas por sobre relaciones del mismo sexo o del mismo género. Ese concepto apela a reglas jurídicas, religiosas, sociales, y culturales que obligan a las personas a actuar conforme a patrones heterosexuales dominantes e imperantes;

v) LGBTTTIQ+: Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersex, Queer y más. Las siglas LGBTTTIQ+ se utilizan para describir a los diversos grupos de personas que no se ajustan a las nociones convencionales o tradicionales de los roles de género masculinos y femeninos. Sobre esta sigla en particular, la Corte recuerda que la terminología relacionada con estos grupos humanos no es fija y evoluciona rápidamente, y que existen otras diversas formulaciones que incluyen a personas Asexuales, Travestis, Transexuales, entre otras. Además, en diferentes culturas pueden utilizarse otros términos para describir a las personas del mismo sexo que tienen relaciones sexuales y a las que se auto identifican o exhiben identidades de género no binarias (como, entre otros, los hijra, meti, lala, skesana, motsoalle, mithli, kuchu, kawein, queer, muxé, fa’afafine, fakaleiti, hamjensgara o dos-espíritus). No obstante, lo anterior, si la Corte no se pronunciará sobre cuales siglas, términos y definiciones representan de la forma más justa y precisa a las poblaciones analizadas, únicamente para los efectos de la presente opinión, y como lo ha hecho en casos anteriores, así como ha sido la práctica de la Asamblea General de la OEA, se utilizará esta sigla de forma indistinta sin que ello suponga desconocer otras manifestaciones de expresión de género, identidad de género u orientación sexual.

v) Diversidad Sexual y de Género: Hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones e identidades sexuales. Parte del reconocimiento de que todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse, sin más límites que el respeto a los derechos de las otras personas.

En 2014, el obispo de Aguascalientes, señaló que los legisladores católicos tienen el deber moral de votar en contra de los proyectos sobre uniones homosexuales, porque este tipo de uniones afectan el bien común; además en otro discurso de odio, manifestó que, de aprobarse las uniones entre personas del mismo sexo, se abriría el camino para que más adelante se permita que las personas se casen con animales; luego en 2015, el mismo obispo, afirmó que las preferencias de la comunidad homosexual son una enfermedad como la sífilis y la gonorrea.

En el año 2016, las iglesias católica y evangélica se unieron en una cruzada contra las bodas homoparentales, señala la Conferencia Episcopal mexicana que el matrimonio o es heterosexual o no lo es; y que designar a una unión homosexual con el nombre de matrimonio es empobrecedor y ocasiona confusión, ya que designa con el mismo término a realidades diferentes, además que uno de los peligros del matrimonio homosexual es que los niños puedan cambiar de género.

En el caso Mexicano la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el discurso discriminatorio, y especialmente el discurso de odio, es contrario a valores fundamentales en que se asientan los derechos humanos y la democracia constitucional, como son la igualdad y la dignidad.

En esa línea, la Corte ha considerado que no todo discurso discriminatorio, no todo discurso de odio debe ser reprimido, y que su censura debe ser gradual en función de una pluralidad de circunstancias que deben ser ponderadas por el legislador y por los jueces, entre las que cabe mencionar el contexto en que es expresado, si se expresa en un foro de deliberación pública o en un ámbito privado en que están ausentes las razones de interés público que dotan a la libertad de expresión de un peso especial, si su expresión implica, o no, apología del odio o incitación a la discriminación o a la violencia, si su expresión genera un riesgo inminente de violencia o ruptura del orden público.

Para la Corte en pleno, la respuesta del sistema jurídico mexicano, puede ir desde la no protección de esos discursos, para evitar su reproducción y fortalecimiento, desalentándolo mediante la educación o la no protección del Estado frente a la reacción crítica o la atribución de responsabilidades civiles posteriores o, excepcionalmente, su represión mediante el derecho sancionador en casos especialmente graves en función de las circunstancias mencionadas.

Al resolver el Amparo Directo en Revisión 2806/2012, la Primera Sala de la Corte señaló que los discursos de odio son aquellos que incitan a la violencia —física, verbal, psicológica, entre otras- contra los ciudadanos en general o contra determinados grupos caracterizados por rasgos dominantes históricos, sociológicos, étnicos o religiosos. Que tales discursos se caracterizan por expresar una concepción mediante la cual se tiene el deliberado ánimo de menospreciar y discriminar a personas o grupos por razón de cualquier condición o circunstancia personal, étnica o social. La problemática radica en que, mediante las expresiones de menosprecio e insulto que contienen, generan sentimientos sociales de hostilidad contra personas o grupos. Sostuvo también que se encuentran encaminados en generar un clima de hostilidad, discriminación y violencia. Se dijo que la protección contra estos no puede generarse únicamente de forma implícita, sino que se requiere la intervención activa del Estado para asegurar que el contenido del discurso del odio sea confrontado y se demuestre su incompatibilidad con un Estado democrático.

Por otra parte, en el ámbito internacional, se ha prestado atención a la problemática que general el discurso de odio, por lo que en el artículo 20, numeral 2, del Pacto Internacional del Derechos Civiles y Políticos, se determinó que “toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”.

Ahora bien, una vez que hemos puesto en contexto la situación en el caso mexicano de los discursos de odio profesados por líderes religiosos, se pone en evidencia que su trascendencia va más allá que el discurso de una persona con menor liderazgo, es decir, las personas pertenecientes a asociaciones o cultos religiosos, gozan de un reconocimiento social mucho más amplio en comparación con otra persona, además, sus posturas trascienden en la colectividad y en ocasiones son irrefutables, por lo que pueden llegar a exceder los límites de la libertad de expresión.

A como lo expresé en otra iniciativa que presenté y que se relaciona también con el tema de los discursos de odio, quiero reproducir aquí lo que ya se ha dicho sobre las consecuencias de la permisión de estas expresiones, para lo que retomamos lo expresado por Amnistía Internacional en el sentido de que las personas LGBTTTIQ+ sufren de forma diaria discriminación y crímenes de odio en la forma de discursos homofóbicos de muchos gobernantes, políticos, religiosos y medios de comunicación, lo que alienta la violencia y promueve un clima de intolerancia y discriminación.

A ese respecto, la CNDH también se ha pronunciado sobre las repercusiones que el discurso de odio tiene sobre las personas a las que va dirigido:

-Daño directo, emocional o psicológico por las amenazas, el acoso y otros ataques; puede devenir en afectación emocional intensa y derivar en dolor, humillación y violencia en menoscabo de la dignidad de la persona a la que va dirigido.

-Daño indirecto, ya que socava la dignidad de la persona y daña su reputación.

-Se contribuye a la perpetuación de estereotipos discriminatorios, estigmatización de grupos y abona en su marginación.

-Deshumaniza a determinados grupos a los que se trata de negar su pertenencia a la ciudadanía en condiciones de igualdad y en este sentido constituye un mensaje que divide y segrega a la sociedad.

La proliferación de los discursos de odio y el hecho de que sean emitidos por personas que tienen una situación de ventaja respecto a las audiencias que alcanzan no es un asunto menor, el discurso de odio motiva la estigmatización de individuos o grupos de individuos, segregándoles de la sociedad a la que pertenecen, lo que los hace blanco de ataques que buscan desaparecerlos; no está de más decir que a lo largo de la historia los discursos de odio han generado y siguen generando violencia y crímenes atroces contra diversos grupos sociales al considerárseles diferentes.

Justo en este punto, es que la iniciativa que hoy se presenta, parte de la premisa fundamental, que, en el siglo XXI, los discursos de odio deben ser castigados sobre todo en aquellos casos en que son expresados por líderes religiosos cuando exceden la libertad de expresión y van en contra de la población LGBTTTIQA+, porque tienen mayor impacto que los expresados por personas sin liderazgo social.

Es en consideración de lo anterior, que esta propuesta de reforma se centra en modificar la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público para que, mediante la adición de dos fracciones a diferentes artículos, se establezca primero que las asociaciones religiosas deberán abstenerse de proferir discursos de odio (identificando plenamente cuáles serán entendidos como tales) y segundo, que cuando así se profieran tales discursos será considerado como una infracción a la Ley.

A efecto de promover un mejor entendimiento de la propuesta, se agrega un cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputaciones, la iniciativa con proyecto de:

Decreto que adiciona los artículos 8 y 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en materia de discurso de odio en contra de las personas de la población LGBTTTIQA+

Único. Se adicionan una fracción V al artículo 8 y una fracción XIV al artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, para quedar como sigue:

Artículo 8. Las asociaciones religiosas deberán:

I. al IV...

V. Abstenerse de proferir discurso de odio, entendiéndose por estos los que se caracterizan por expresar una concepción mediante la cual se tiene el deliberado ánimo de menospreciar y discriminar a personas o grupos por razón de cualquier condición o circunstancia personal, étnica, social, orientación sexual, identidad y/o expresión de género.

Artículo 29. Constituyen infracciones a la presente ley, por parte de los sujetos a que la misma se refiere:

I al XIII...

XIV. Proferir discursos de odio en el ejercicio de los actos amparados por esta ley o en medios de comunicación con el deliberado ánimo de menospreciar y discriminar a personas o grupos por razón de cualquier condición o circunstancia personal, étnica, social, orientación sexual, identidad y/o expresión de género.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión realizará las adecuaciones necesarias al marco jurídico nacional conforme al presente Decreto dentro de los ciento ochenta días siguientes a su entrada en vigor.

Notas

1 Esquivel Alonso, Yéssica. El discurso del odio en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Disponible para su consulta en la URL:

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid= S1405-91932016000200003

2 Disponible para consulta en la URL:

https://cdhcm.org.mx/2020/06/la-fmopdh-respalda-labor-de-la-comi sion-de-derechos-humanos-del-estado-de-morelos-contra-los-discursos-de-odio-hac ia-personas-lgbtttiqa/

3 CIDH. Opinión Consultiva OC-24/17.

https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf

4 Segob-Conapred, Glosario de la Diversidad Sexual, de Género y Características Sexuales. 2016.

http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Glosario_TDSyG_WEB.p df

Aun cuando la definición de diversidad sexual y de género no se encuentra dentro del glosario que se retoma de la CIDH, se considera que su inclusión es relevante para efectos de comprensión de la terminología de la diversidad sexual.

5 Nota periodística disponible para su consulta en la URL:

https://www.facebook.com/heraldoags/photos/a.338523789505772.884 53.335611129797038/802174959807317/?type=1

6 Nota periodística disponible para su consulta en la URL:

https://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/obispo-avalan-bodas-ga y-despues-habra-animales-369361-noticia/

7 Nota periodística disponible para su consulta en la URL:

https://ultimasnoticiasenred.com.mx/nacional/obispo-de-aguascali entes-de-nuevo-arremete-contra-homosexuales/

8 Nota periodística disponible para su consulta en la URL:

https://elpais.com/internacional/2016/06/08/mexico/1465341251_ 807120.html

9 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Límites a la libertad de expresión. Disponible para su consulta en la URL:

https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/ sentencias-emblematicas/resumen/2020-12/Resumen%20ADR% 204865-2018%20DGDH.pdf

10 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Disponible para su consulta en la URL:

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/inte rnational-covenant-civil-and-political-rights

11 Amnistía Internacional Op cit.

12 Op cit. El discurso de Odio y el Deterioro de los Derechos Humanos. CNDH

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de 2022.– Diputadas y diputados: Salma Luevano Luna, Alfredo Porras Domínguez, Alma Delia Navarrete Rivera, Ana Cecilia Luisa Gabriela Sodi Miranda, Ana Elizabeth Ayala Leyva, Ana Karina Rojo Pimentel, Ana Laura Huerta Valdovinos, Ángel Domínguez Escobar, Ángel Miguel Rodríguez Torres, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, Catalina Díaz Vilchis, Cecilia Márquez Alkadef Cortés, Celestina Castillo Secundino, Daniel Murguía Lardizábal, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, Eunice Monzón García, Flor Ivone Morales Miranda, Frinné Azuara Yárzabal, Gustavo Contreras Montes, Héctor Ireneo Mares Cossío, Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle, Jacqueline Hinojosa Madrigal, Jaime Humberto Pérez Bernabe, Javier Huerta Jurado, Joaquín Zebadúa Alva, José Miguel de la Cruz Lima, Juan Carlos Natale López, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Juanita Guerra Mena, Judith Celina Tanori Córdova, Karla Estrella Díaz García, Laura Imelda Pérez Segura, Leonel Godoy Rangel, Lilia Aguilar Gil, Luis Edgardo Palacios Díaz, Manuel Vázquez Arellano, Marcelino Castañeda Navarrete, Marco Antonio Natale Gutiérrez, María Clemente García Moreno, María Eugenia Hernández Pérez, María Guadalupe Chavira de la Rosa, María Magdalena Olivia Esquivel Nava, María Sierra Damián, Marina Valadez Bojórquez, Marisela Garduño Garduño, Marisol García Segura, Martha Alicia Arreola Martínez, Martha Bajaras García, Miguel Torruco Garza, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Noemí Salazar López, Norma Angélica Aceves García, Raymundo Atanacio Luna, Saúl Hernández Hernández, Sonia Rincón Chanona, Susana Prieto Terrazas, Yeidckol Polevnsky Gurwitz (rúbricas).»