INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 12, numeral 2, del Reglamento de la Contingencia Sanitaria, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 11 de abril de 2023 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.– Diputado Santiago Creel Miranda (rúbrica), presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que adiciona el artículo 420 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Pedro Armentía López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Pesca, para opinión.

2. Que reforma los artículos 81, 105 y 111 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

3. Que reforma el artículo 17 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Brasil Alberto Acosta Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

4. Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, suscrita por las diputadas Laura Lorena Haro Ramírez, Cristina Ruiz Sandoval y Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

5. Que reforma los artículos 3o., 109 y 111 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Olga Leticia Chávez Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

6. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Educación, de la Ley Reglamentaria del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación y de la Ley General de Salud, en materia de programas de prevención, identificación y atención oportuna a problemas de salud mental de los educandos en las escuelas públicas de nivel básico y media superior, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y de Educación, para dictamen, y a la Comisión de Salud, para opinión.

7. Que reforma el artículo 111 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Elva Agustina Vigil Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

8. De Decreto por el que se declara el 23 de febrero de cada año como Día Nacional de los Rotarios de México, a cargo de la diputada Marcia Solórzano Gallego, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

9. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de acoso escolar, a cargo de la diputada Mariana Erandi Nassar Piñeyro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisiones Unidas de Educación, y de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

10. Que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Adriana Bustamante Castellanos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

11. Que reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Deuda Pública, a cargo de la diputada Karla Ayala Villalobos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

12. Que reforma los artículos 37 y 80 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

13. Que reforma el artículo 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Seguridad Social, para dictamen, y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para opinión.

14. Que reforma los artículos 6o. y 9o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

15. Que reforma los artículos 9o., 10 y 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

16. Que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a cargo de la diputada Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

17. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de teleconsulta médica, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades educativas competentes de Oaxaca, a respetar y hacer efectivos los derechos humanos a la educación, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad de la niña Paola; y al Conapred, a iniciar de oficio un procedimiento de queja para atender, investigar y determinar medidas de reparación en este caso, así como a hacer públicos los avances y resultados, a cargo del diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exige el pronto deslinde de responsabilidades ante los hechos suscitados el 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, a la reparación del daño a las personas víctimas y la renuncia de las personas servidoras públicas y autoridades responsables, suscrito por las diputadas Rosa María González Azcárraga y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la FGR, a la SFP y al INM, a realizar una serie de acciones en torno al trágico fallecimiento de personas migrantes y solicitantes de asilo en instalaciones del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua el 27 de marzo del 2023, a cargo de la diputada Sofía Carvajal Isunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a emitir y publicar las disposiciones reglamentarias que permitan implementar lo dispuesto en el Decreto en materia de salud mental y adicciones, publicado en el DOF el 16 de mayo de 2022, a cargo del diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFT y a la SICT, a hacer público el Proyecto de Título de Concesión Habilitante para la Prestación de los Servicios Respectivos Derivados de la Prórroga de la Concesión a Teléfonos de México S.A.B. de C.V., a cargo del diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, a publicar un informe de la adquisición de las 13 centrales eléctricas compradas a la empresa española de Iberdrola, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Chiapas, a instalar una mesa de diálogo con vecinos para analizar la suspensión de la construcción del circuito interior Chiapas de Corazón, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México, a instruir a funcionarios de su gobierno abstenerse de utilizar el programa social Salario Rosa para coaccionar y condicionar el voto de los mexiquenses bajo la falsa promesa de depósitos de dinero, cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH, a intervenir y apoyar a las y los migrantes que sufren violación y discriminación de sus derechos humanos, a cargo de la diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SICT, a promover la capacitación del personal que labora en los filtros de revisión de equipaje de los aeropuertos del país y éste adquiera los conocimientos necesarios para que permita a las mujeres en periodo de lactancia, viajen o no en compañía del infante, transportar leche materna en su equipaje de mano, a cargo del diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud de Baja California, a implementar programas de visibilización y difusión durante los meses siguientes sobre el Día Mundial de la Concientización del Autismo, a cargo del diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la SEP, a implementar diversas acciones y políticas públicas para garantizar los derechos humanos de las personas con trastornos del espectro autista en México, suscrita por diputadas y diputados, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la FGR, a atraer la investigación por desaparición forzada de Jorge Luis de León Velázquez, sustanciada en la Causa 125/2016 en Sinaloa, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y a diversas autoridades, a informar a la opinión pública sobre las razones por las que el Banco del Bienestar dejó de recibir remesas por señalamientos de autoridades estadunidenses con respecto a que dicha institución haya sido utilizada presuntamente para actividades ilícitas, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la SHCP y a la SICT, a ejercer acciones conjuntas en favor de las y los pobladores de Baja California y de la rehabilitación del libramiento Rosas Magallón ante el riesgo de deslaves en el Cañón del Matadero, a cargo del diputado Fausto Gallardo García, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, a reactivar la construcción de proyectos de vivienda del INVI, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Poder Judicial de Chihuahua, a garantizar el acceso a la justicia y debido proceso en el caso de Mireya Rodríguez Lemus, a cargo de la diputada Jéssica Ortega de la Cruz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a investigar las irregularidades de la carpeta de investigación abierta en contra del primer Regidor de Ixtapan de la Sal, Raúl Flores Díaz, cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

19. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a conducirse con estricto apego a la legalidad y no revictimizar a los migrantes fallecidos el pasado lunes 27 de marzo del 2023 en el centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada Itzel Josefina Balderas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

20. Con punto de acuerdo, por el que se condena la actuación de los servidores públicos del INM, por el incumplimiento de protocolos que garanticen el respeto de los derechos humanos de los migrantes que se encuentren en los centros migratorios de dicho instituto, a cargo de la diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

21. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMPI, a estudiar la viabilidad y, en su caso, iniciar con los trámites conducentes a efecto emitir la declaración de protección de la denominación de origen del Pan El Marquesote de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, a cargo de la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

22. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua, a presentar un informe a la opinión pública, sobre la contaminación del río Zula, ubicado en Jalisco, así como especificar cuáles son las medidas y acciones llevadas a cabo para dicho mantenimiento, a cargo de la diputada Ana Laura Sánchez Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

23. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al FOVISSSTE, a implementar programas que faciliten la liquidación de los créditos hipotecarios, otorgándoles su carta de liberación a la derechohabencia, a cargo del diputado Irán Santiago Manuel, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Vivienda, para dictamen.

24. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, el Insabi y la Cofepris, a implementar las acciones necesarias para atender el desabasto de medicamento en los hospitales psiquiátricos a nivel nacional, suscrito por los diputados Carmen Rocío González Alonso y Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

25. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a emitir el Decreto por el que se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de Aguas Nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expirado a partir del 1 de enero de 2004, a cargo de la diputada Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

26. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SRE, a investigar y realizar las diligencias correspondientes ante los hechos ocurridos el pasado 25 de marzo, derivado de la entrada de una patrulla estadounidense, quien realiza un arresto dentro del territorio nacional, a cargo de la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

27. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobierno de Guanajuato, a promover y generar políticas públicas, que permitan mejorar e impulsar el transporte público y la creación de nuevas rutas y unidades, con enfoque inclusivo para garantizar el derecho a la movilidad de la población guanajuatense, a cargo del diputado Pedro David Ortega Fonseca, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Movilidad, para dictamen.

28. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INM, a separar del cargo al personal adscrito al centro ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras se desarrollan las investigaciones sobre la tragedia mortal a personas migrantes el 27 de marzo de 2023, a cargo del diputado Óscar de Jesús Almaraz Smer, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

29. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Guanajuato, a adoptar las medidas y políticas públicas necesarias para dejar de privilegiar solamente a las grandes empresas transnacionales e implementar una política pública basada en la gente, que impulse el bienestar y el progreso social, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

30. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno federal, a articular una estrategia de carácter interinstitucional, intersectorial y de los distintos niveles de gobierno que garantice la impartición de contenidos específicos de educación basados en valores universales, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Educación, para dictamen.

31. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades de Oaxaca y de la escuela Telesecundaria José Vasconcelos de la comunidad de San José Manialtepec, municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, a cumplir con las obligaciones de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de la menor de edad, Paola Hernández, particularmente en lo relativo a la prohibición de toda discriminación motivada por su expresión de género y a la violación de su derecho a la educación, a cargo de la diputada María Clemente García Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

32. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SICT y a sus homólogas de las 32 entidades federativas, a fortalecer las medidas de vigilancia en el cobro de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos, con el fin de regular los costos excesivos en el servicio de grúas y corralones, a cargo del diputado Raymundo Atanacio Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

33. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la FGR, a esclarecer el caso de las tres mujeres no localizadas: Maritza Trinidad Pérez Ríos, Marina Pérez Ríos y Dora Alicia Cervantes Sáenz, asimismo, se otorgue respuesta pronta y expedita a los familiares de las víctimas, a cargo de la diputada Rosa María González Azcárraga, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

CÓDIGO PENAL FEDERAL

«Iniciativa que adiciona el artículo 420 del Código Penal Federal, a cargo del diputado Pedro Armentía López, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito el diputado Pedro Armentía López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXV Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción II Ter al artículo 420 del Código Penal Federal en materia de Pesca Ilegal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. México es el país número 16 en cuanto a la producción de pescados y mariscos a nivel mundial, pero ciertamente, con un pequeño esfuerzo, podría situarse entre los primeros 10 lugares en relativamente poco tiempo. La pesca ribereña genera entre 250 y 300 mil empleos directos y aporta el 23 por ciento de la producción pesquera nacional —alrededor de 800 mil toneladas de productos marinos—, lo que contribuye al desarrollo económico de numerosas familias y comunidades costeras del país.

2. En México, la pesca es una actividad importante en términos de generación de empleos y desarrollo de comunidades costeras; más de 2 millones de mexicanos dependen económicamente de esta actividad. La pesca es considerada una actividad rentable y con importantes contribuciones sociales para las comunidades, factores como los riesgos relacionados con la disminución de los recursos pesqueros, la falta de derechos de uso y de acceso, la exposición a riesgos meteorológicos y climáticos, la falta de acceso a la seguridad social, entre otros, las mantienen en un círculo vicioso de pobreza y estancamiento.

3. La disponibilidad de recursos pesqueros en las zonas de pesca de cada comunidad determina el nivel de ingresos y desarrollo socioeconómico del pescador ribereño. Cuando hay acceso a recursos pesqueros de mayor valor comercial, es posible alcanzar un mejor ingreso, lo cual implica una importante derrama socioeconómica para la comunidad y la región.

4. La protección de los derechos de los pescadores y sus comunidades es un tema fundamental para desarrollar las condiciones de infraestructura y bienestar social que necesitan las localidades costeras.

5. La pesca ilegal, de acuerdo con un proyecto elaborado por Environmental Defense Fund of México, es un fenómeno que tiene como una de sus más graves consecuencias la reducción de la competitividad de un sector cuyo aporte a la actividad económica del país es aún pequeño (0.06%) pero con un importante potencial de crecimiento.

6. La sobrepesca, el poco valor agregado que tienen los productos del mar en México y la pesca ilegal le han restado competitividad a la actividad pesquera en comparación con otros países. Por lo tanto, esta situación arriesga la riqueza de los mares y costas mexicanas, junto con el crecimiento económico del sector y el empleo de millones de mexicanos.

7. La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables contiene las bases para la ordenación, conservación, la protección, la repoblación y el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas. Asimismo, establece las acciones que se deben llevar a cabo en relación a la vigilancia de las zonas marinas mexicanas y sobre las inspecciones que se requieran para verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de pesca, de conformidad con la legislación nacional, así como los Tratados Internacionales vigentes en los que México es parte.

8. El 19 de enero de 2023 se actualizaron las sanciones administrativas de los preceptos establecidos en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, sus reglamentos y las normas oficiales que derivan de esta. Las multas se actualizadas son de 10 hasta 30,000 veces la Unidad de Medida Actualizada. Las sanciones son las siguientes: amonestación con apercibimiento; imposición de multa;  imposición de multa adicional por cada día que persista la infracción; arresto administrativo hasta por treinta y seis horas; clausura temporal o definitiva, parcial o total, de la instalación o instalaciones en las que se hayan cometido las infracciones; el decomiso de embarcaciones, vehículos, artes de pesca y/o productos obtenidos de la acuacultura y la pesca directamente relacionada con las infracciones cometidas, y suspensión o revocación de los permisos, concesiones y autorizaciones correspondientes.

9. La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables determina que la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) es la entidad encargada de los actos de inspección y vigilancia; de establecer y modificar o suprimir y fijar las épocas y zonas de veda y de las infracciones y/o las causas de extinción de las concesiones y permisos. Si bien es cierto que a la Sader le compete la función primordial sobre la salvaguarda de los recursos pesqueros y acuícolas, la prevención de infracciones administrativas; además de las sanciones administrativas, es importante y necesario definir los tipos de pesca ilegal no establecidos en la Ley antes mencionada:

Pesca ilegal o irregular: Es la pesca que se realiza en contravención de las disposiciones legales y administrativas aplicables; cualquier actividad de pesca realizada sin el permiso de las autoridades competentes o incumpliendo la normatividad vigente de un territorio, en contravención de las medidas de administración, ordenación o conservación adoptadas en el mismo;

Pesca ilegal por cantidad: Cuando la cantidad de la pesca excede las cantidades permitidas;

Pesca ilegal por condición de embarcación: Cuando la embarcación no es la adecuada, no se encuentra en buenas condiciones o está prohibida para practicar la pesca en un periodo o zona específica;

Pesca ilegal por especie aprovechada:Cuando no está permitida la pesca de una determinada especie o no se compruebe la legal procedencia de los recursos pesqueros;

Pesca ilegal por permiso o concesión: Cuando personas físicas o morales no cuentan con el permiso o concesión que otorga la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para llevar a cabo actividades de pesca;

Pesca ilegal por reporte de la actividad:Cuando el reporte de la pesca no se hace conforme a derecho y resulta discorde con lo permitido o autorizado, con las capturas obtenidas por especie, con el en número de ejemplares o con el volumen;

Pesca ilegal por sistema o artes de pesca: Cuando las embarcaciones, métodos de pesca, artes de pesca, actividades y propósitos de captura no se encuentran permitidas en la actividad pesquera;

Pesca ilegal por veda o zona prohibida de pesca: Cuando no se respetan vedas o se violentan acuerdos o normas oficiales que determinan la pesca prohibida en un periodo o zona específica,

10. La pesca ilegal es un lastre con un tamaño potencial estimado del 60% de la producción, por lo tanto, debe haber un cambio urgente, para revertir la incapacidad para agregar valor a la cadena comercial de los productos pesqueros y el riesgo potencial de pérdida de algunas de las principales. Una de las recomendaciones para avanzar en el combate a la pesca ilegal de forma práctica es: Adecuar las penas y las sanciones, y la segunda recomendación consiste en tipificar los tipos de pesca ilegal como delito penal.

Con base en todo lo anterior, propongo que se adicione una fracción en el Artículo 420 del Código Penal Federal una fracción II Ter para tipificar como delito los tipos de pesca ilegal y así, imponer penas de uno a nueve años de prisión a quien realice actividades de pesca en zonas no permitidas o en periodo de veda; no cuente con permiso o concesión para practicar la pesca; utilice artes de pesca o embarcaciones no permitidas; durante la pesca, capture una especie no permitida; no compruebe la legal procedencia de los recursos pesqueros; exceda la cantidad de pesca permitida; el reporte de pesca resulte discorde a las capturas obtenidas por especie, a lo permitido, a lo autorizado, al número de ejemplares o al volumen.

Esta medida permitiría posicionarnos entre los primeros 10 lugares en cuanto a la producción de pescados y mariscos a nivel mundial, combatir la sobreexplotación de especies, recuperar la competitividad en el sector pesquero, agregar valor a las cadenas comerciales y poco a poco terminar con la pesca furtiva que daña a los productores del sector que si practican la pesca de manera legal y permitiría dar certeza y confiabilidad a los pescadores ribereños y de altura.

Para una mejor visión de la propuesta de modificación se presenta el siguiente cuadro comparativo del Artículo 420 del Código Penal Federal:

Por las razones expuestas, someto a su consideración de esta Honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona una fracción II Ter al artículo 420 del Código Penal Federal, en materia de pesca ilegal

Artículo Único. Se adiciona una fracción II Ter al artículo 420 del Código Penal Federal en materia de pesca ilegal.

Artículo 420. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:

I. ...II.

II Bis...

II Ter. Realice actividades de pesca en zonas no permitidas o en periodo de veda, no cuente con permiso o concesión, exceda la cantidad permitida; utilice artes de pesca o embarcaciones no permitidas; practique la pesca de una especie no permitida, no compruebe la legal procedencia de los recursos pesqueros; el reporte de la pesca que elabore no lo haga conforme a derecho, resulte discorde a lo permitido, autorizado, con las capturas obtenidas por especie, con el volumen o con el número de ejemplares;

III. ... V.

Se aplicará una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área natural protegida, o cuando se realicen con fines comerciales.

En los casos previstos en la fracción IV del presente artículo y la fracción X del artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se impondrá la pena de cinco a quince años de prisión y el equivalente de tres mil a seis mil días multa cuando se trate de algún ejemplar, partes, derivados, productos o subproductos de la especie Totoaba macdonaldi.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se realizarán las adecuaciones necesarias a las leyes y reglamentos derivadas del presente decreto en un plazo no mayor a 180 días, contados a partir de su entrada en vigor.

Tercero. Los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de la presente modificación relacionados a los preceptos legales contempladas en el mismo, se resolverán de conformidad con las disposiciones que le dieron origen.

Cuarto. A partir de la entrada en vigor se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente modificación de ley.

Notas

1 Pesca y Economía del Océano: Sustentabilidad y rentabilidad a nuestro alcance. (2015, 15 noviembre). Environmental Defense Fund de México. Recuperado 8 de febrero de 2023, de

https://mexico.edf.org/sites/mexico/files/pesca_y_economia_del_o ceano_2015_0_0.pdf

2 Impacto social de la pesca ribereña en México: Propuestas para impulsar el bienestar social en el sector pesquero. (2019, julio). Environmental Defense Fund. Recuperado 8 de febrero de 2023, de

https://mexico.edf.org/sites/mexico/files/ImpactoSocialdelaPesca enMexico.pdf

3 Environmental Defense Fund de México. (2015, 24 noviembre). Pesca y economía del océano: sustentabilidad y rentabilidad a nuestro alcance vía Environmental Defense Fund de México. IMCO Centro de Investigación en Política Pública. Recuperado 8 de febrero de 2023, de

https://imco.org.mx/pesca-y-economia-del-oceano-sustentabilidad- y-rentabilidad-a-nuestro-alcance-via-environmental-defense-fund-de-mexico/

4 Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. (2007, 24 julio). Cámara de Diputados. Recuperado 8 de febrero de 2023, de

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPAS.pdf

5 Centro de Colaboración Cívica, A.C., Comunidad y Biodiversidad, A.C., Fundación Idea, A.C., & Sociedad de Historia Natural Niparajá, A.C. (2013). La Pesca Ilegal e Irregular en México: Una barrera a la competitividad. Environmental Defense Fund de México A.C. Recuperado 8 de febrero de 2023, de

https://mexico.edf.org/sites/mexico/files/pescailegalfinal-07-06 -17.pdf

Bibliografía

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• Código Penal Federal. (s. f.). Cámara de Diputados. Recuperado 8 de febrero de 2023, de

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• Environmental Defense Fund de México. (2015, 24 noviembre). Pesca y economía del océano: sustentabilidad y rentabilidad a nuestro alcance vía Environmental Defense Fund de México. IMCO Centro de Investigación en Política Pública. Recuperado 8 de febrero de 2023, de

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• Impacto social de la pesca ribereña en México: Propuestas para impulsar el bienestar social en el sector pesquero. (2019, julio). Environmental Defense Fund. Recuperado 8 de febrero de 2023, de

https://mexico.edf.org/sites/mexico/files/ImpactoSocialdelaPesca enMexico.pdf

• Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. (2007, 24 julio). Cámara de Diputados. Recuperado 8 de febrero de 2023, de https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPAS.pdf

• Pesca y Economía del Océano: Sustentabilidad y rentabilidad a nuestro alcance. (2015, 15 noviembre). Environmental Defense Fund de México. Recuperado 8 de febrero de 2023, de

https://mexico.edf.org/sites/mexico/files/pesca_y_economia_del_o ceano_2015_0_0.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de febrero de 2023.– Diputado Pedro Armentía López (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen, y a la Comisión de Pesca, para opinión.

LEY DE MIGRACIÓN

«Iniciativa que reforma los artículos 81, 105 y 111 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Olga Juliana Elizondo Guerra, diputada federal de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Migración al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El exiliado mira hacia el pasado, lamiéndose las heridas; el inmigrante mira hacia el futuro, dispuesto a aprovechar las oportunidades a su alcance.

Isabel Allende

El fenómeno migratorio se ha convertido a lo largo de la historia en uno de los más importantes en el proceso de globalización, ya que, si bien los flujos migratorios son alentados principalmente por personas que buscan mejorar su nivel de vida, también son impulsados por condiciones adversas como la violación a derechos humanos, la inseguridad, el cambio climático, así como los desplazamientos forzados debido a razones políticas, étnicas, religiosas y raciales, entre otros aspectos.

De acuerdo con datos proporcionados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el informe 2022, se registraron cerca de 281 millones de migrantes en todo el orbe que representan 3.6 por ciento de la población mundial, de los cuales, 135 millones son hombres y 146 millones son mujeres. Del total, 164 millones son personas que buscan residir en un país distinto al de nacimiento principalmente con el objetivo de mejorar su vida económica y laboral.

A escala continental, Europa representa 30.9 por ciento de la migración internacional, Asia 30.5 por ciento, América del Norte 20.9 por ciento y África 9 por ciento. Cabe destacar que, entre ellos, existen 38 millones de niñas, niños y adolescentes migrantes que viajan con o sin compañía, los cuales, son mayormente vulnerables ante los peligros que hoy en día representa la migración.

En el caso específico de América del Norte el número de migrantes internacionales procedentes de América latina y el Caribe se han duplicado durante los últimos 15 años, pasando de 7 millones de personas en movilidad a 15 millones. Siendo Estados Unidos de América el principal lugar de destino a nivel mundial con 50 millones de personas con intenciones de ingresar ha dicho territorio.

A través de la historia la ruta México-Estados unidos se ha convertido en la más recorrida en el mundo con cerca de 11 millones de personas, seguida del corredor República Árabe Siria-Turquía con 4 millones de refugiados que han sido desplazados por la guerra civil que se vive en el territorio y en tercer lugar de los corredores más grandes del mundo se encuentra el que va de la India hacia los Emiratos Árabes Unidos con más de 3 millones de personas.

El territorio mexicano se ha convertido en un lugar de tránsito para los migrantes Centroamericanos que buscan mejorar su calidad de vida al emigrar a Estados Unidos de América; sin embargo, durante los últimos años, nuestro país ha pasado de ser únicamente un lugar de tránsito para convertirse en uno de estancia permanente, principalmente, a causa del endurecimiento de las políticas migratorias implementadas por el gobierno norteamericano.

Datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, señalan que, en el lapso de enero a noviembre de 2022, se registraron 388,611 eventos de personas en situación migratoria irregular en México, lo que representó un aumento de 34.3 por ciento en comparación con el año 2021. Destacando Chiapas con más de 132 mil eventos, seguido de Baja California con 40 mil 731, Tabasco 39 mil 589, Veracruz 32 mil 013, Coahuila 27 mil 155, Sonora 21 mil 150, Nuevo León 17 mil 95 y Tamaulipas con 14 mil 800. Del total, el 50.9 por ciento representaron hombres y 54.6 por ciento mujeres, así como se contabilizaron 60 mil 020 niñas, niños y adolescentes de entre 0 y 17 años de edad. Las nacionalidades que representaron mayor prevalencia fueron: venezolanos, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, cubanos y salvadoreños.

Desafortunadamente las personas migrantes no solo enfrentan la violencia de sus países de origen y los peligros que conlleva el largo recorrido hacia otras naciones, sino que, en los lugares de destino o estancia provisional, también son objeto de innumerables violaciones a sus derechos humanos como violencia, falta de acceso a servicios básicos, atención médica, acceso a la justicia, detenciones arbitrarias y privación ilegal de la libertad, e incluso a percibir remuneraciones distintas a las que reciben otras personas no migrantes por hacer el mismo trabajo.

Tal es el caso de la diáspora Centroamericana que recorre nuestro país y que se encuentran en estado de vulnerabilidad al enfrentarse a una situación de marginación, desconocimiento de las leyes nacionales, temor a ser detenidos por las autoridades migratorias, así como por las condiciones en que viajan. Situación que se agrava cuando se presenta una discriminación interseccional, a la que se le puede sumar la edad, el sexo, el género, la identidad étnica, aunado a que las personas migrantes viajan sin documentación, lo que las hace víctimas de delitos fácilmente.

Como, por ejemplo, la presentación de extranjeros que se realiza por parte de personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional como medida para determinar su situación migratoria en territorio mexicano y, la cual, consiste en dictar un alojamiento temporal de una persona extranjera adulta en una estación migratoria cuando no acredite su permanencia legal, regularización de estancia o asistencia para el retorno. Este procedimiento administrativo permite a las autoridades resolver la situación migratoria del alojado en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de su presentación. Asimismo, otorga la facultad de prorrogar el plazo por 45 días hábiles más cuando se acredite alguna de los siguientes supuestos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Migración:

I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje;

II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje;

III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final;

IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y

V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país.

Es decir que, una persona con estancia irregular en nuestro país puede pasar hasta 60 días hábiles detenida y, cuando se interpone un recurso administrativo o judicial, el tiempo es indefinido, tal y como lo establece la fracción V del referido artículo; siendo que el alojamiento de personas en estaciones migratorias debiera de tener una connotación de utilidad y finalidad distinta al arresto o a una pena, toda vez que su naturaleza es de una medida precautoria tendente a asegurar la presencia de las personas migrantes en procesos administrativos migratorios.

Las y los migrantes que ingresan de manera ilegal al territorio mexicano pueden ser privados de su libertad durante un breve periodo inicial con el fin de documentar su entrada, dejar constancia de sus alegaciones y determinar su identidad si hay dudas de esta; no obstante, extender la privación de su libertad por más de 36 horas mientras se resuelve su situación resulta violatorio de los derechos humanos de no existir razones particulares relacionadas con esa persona, como: la probabilidad concreta de fuga, el peligro de que cometa un delito, o el riesgo de que lleve a cabo actos violatorios de la seguridad nacional.

En otras palabras, la aplicación de sanciones por infracciones de naturaleza administrativa, únicamente constituirán sanciones que van desde una multa hasta un arresto por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad como se establece en el artículo 21 de la Constitución. Lo que da sustento a la inconstitucionalidad de las detenciones administrativas si las mismas no corresponden al arresto por el plazo máximo de 36 horas.

Entonces, resulta evidente que el plazo otorgado por la Ley de Migración es excesivo y violatorio del artículo 21 constitucional si rebasa el tiempo establecido para detenciones administrativas; sin embargo, en la práctica, la autoridad ha intentado argumentar que al no tratarse de una detención si no de un alojamiento, este no se encuentra limitado por las 36 horas que establece la Constitución. A pesar de lo anterior, dicho argumento resulta inoperante ya que los alojamientos son voluntarios y no obligatorios, tal y como la autoridad migratoria y la Ley de la materia lo establecen con el carácter de forzosos e indispensable para poder investigar la estancia legal de personas migrantes.

Ahora bien, la política migratoria mexicana como un conjunto de decisiones estratégicas establece el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas migrantes sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad, situación migratoria y fundamentalmente establece que en ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito, tal y como lo establece en el tercer párrafo del artículo 2o. de la Ley de Migración.

En tal virtud, la presente iniciativa reconoce que los límites a la libertad personal por razones migratorias son legítimos, de ahí que deben encontrarse previstos en ley, ser de carácter excepcional y cumplir con los requisitos de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Las personas migrantes no deben de ser calificadas o tratadas como criminales, ni exclusivamente desde la perspectiva de seguridad nacional y/o de salud pública.

De acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por México en 1948 y consolidada en 1990 con la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, establece entre sus preceptos que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y, dotados de conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, así como:

“Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado; y tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.”

Por su parte la Constitución federal mexicana acompaña estos principios conforme a lo establecido en el artículo 1o., el cual indica:

“Queda prohibida todo tipo de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

El artículo 67 de la Ley de Migración establece que:

“Todos los migrantes en situación migratoria irregular tienen derecho a ser tratados sin discriminación alguna y con el debido respeto a sus derechos humanos.”

Ahora bien, la “Comisión de Derechos Humanos del Sistema Universal de Derechos Humanos” ha sostenido que la libertad personal es fundamental y protege a las personas en todo momento y en toda circunstancia, incluyendo migrantes y solicitantes de asilo, independientemente de su ciudadanía, nacionalidad o estatus migratorio, de ahí que ha establecido que buscar asilo es un derecho humano universal, y su ejercicio no debe de ser criminalizado. En tal razón, la entrada irregular a un país no debe de ser considerado como un acto delictivo, por lo tanto, la criminalización de la migración irregular siempre excederá los intereses legítimos de un Estado para la protección de sus territorios y la regulación de los flujos de migración irregular.

Es de vital importancia destacar que la presente iniciativa encuentra firme sustento legal no solo en el marco jurídico nacional y en los Instrumentos Internacionales de los que México es Parte, sino también en el amparo en revisión 388/2022 emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a la resolución que se dictó el catorce de julio de dos mil veintidós por el juzgado de Distrito en materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas con relación a la detención y/o alojamiento de migrantes por más de 36 horas en la estación migratoria de Matamoros, Tamaulipas 5.

En razón de lo antes expuesto, la presente propuesta legislativa tiene por objeto armonizar la Ley de Migración, ya que los artículos 81 y 105 hacen referencia a la Policía Federal, la cual fue extinta con la entrada en vigor de la Ley de la Guardia Nacional el 27 de mayo de 2019 y que surtió efectos con la desaparición formal del cuerpo policial el 1 de enero de 2020.

La modificación planteada encuentra su fundamento legal en el artículo 9, fracción trigésima quinta, en donde se establece como una atribución y obligación: la coordinación de la Guardia Nacional con el Instituto Nacional de Migración, a efecto de inspeccionar los documentos migratorios de personas extranjeras, con la finalidad de verificar su estancia regular y, en su caso, proceder a presentar a quienes se encuentren en situación irregular para los efectos previstos en la Ley de Migración.

No omito mencionar que reconozco plenamente la loable labor que la actual administración encabezada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador realiza y que ha plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 desde el inicio de su gobierno, cuya finalidad es erradicar la migración por hambre o violencia, atendiendo así las causas desde la raíz.

Hago énfasis en la política migratoria que ha mantenido el gobierno actual hacia la gran tradición de México como tierra de asilo y refugio, distinguiendo del texto referido la aseveración de que a los extranjeros que llegan a nuestro territorio se les debe garantizar el respeto pleno a sus derechos, hospitalidad y la posibilidad de que construyan aquí una nueva vida. Asimismo, es de destacar que el Ejecutivo Federal en su participación dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el pasado 9 de noviembre de 2021, dejó en claro su propuesta de una nueva forma de enfrentar el fenómeno migratorio, sin ignorar la necesidad de ordenar el flujo, así como evitar el descontrol, la violencia y garantizar los derechos humanos, lo cual ha reiterado en diversos escenarios como en la reciente Cumbre de Líderes de América del Norte.

A efecto de ilustrar de mejor manera la reforma propuesta, se presenta el siguiente:

Cuadro comparativo

Por lo antes expuesto se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto.

Decreto por el que se reforman los artículos 81, 105 y 111 de la Ley de Migración

Único. Se reforman los artículos 85, 105 y 111 de la Ley de Migración, para quedar como siguen:

Artículo 81. Son acciones de control migratorio, la revisión de documentación de personas que pretendan internarse o salir del país, así como la inspección de los medios de transporte utilizados para tales fines. En dichas acciones, la Guardia Nacional actuará en auxilio y coordinación con el instituto.

Artículo 105. En los traslados de extranjeros presentados o en proceso de retorno voluntario, el instituto podrá solicitar el apoyo de la Guardia Nacional de conformidad con el artículo 96 de esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 111. El Instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 36 horas, contadas a partir de su presentación.

El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de las 36 horas a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos:

I. a V. ...

En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de 30 días naturales.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://publications.iom.int/system/files/pdf/WMR-2022-ES_0.pd

2 Ídem.

3 Ídem.

4 Ídem.

5 https://www.scjn.g,ob.mx/sites/default/files/listas/documento_dos/ 2022-10/AR-388-2022-20102022.pdf

6 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019#gsc .tab=0

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2023.– Diputada Olga Juliana Elizondo Guerra (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que reforma el artículo 17 de la Ley General de Salud, a cargo del diputado Brasil Alberto Acosta Peña, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Brasil Alberto Acosta Peña, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la Sexagésima Quina Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 77 numeral 1; y 78 Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, me permito someter a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 17 de la Ley General de Salud, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Desde el último registro oficial de enfermedades raras en 2018, sólo se tienen oficialmente enlistadas 20 enfermedades en México. Esto a pesar de que en otros países el registro asciende a 1,000. El registro tiene sentido ya que, según datos internacionales, se estima que existen a rededor de 10,000 enfermedades raras, por lo que, resulta pensable que en México el registro se quede corto.

La falta de actualización constante de los casos de pacientes con enfermedades raras propicia a su vez que estos sean atendidos de manera deficiente y que muchas veces se vulnere su derecho a la salud.

En el pasado, el Consejo de Salubridad General propuso impulsar un censo nacional de pacientes con enfermedades raras, según las autoridades el censo se llevaría a cabo entre octubre del 2021 a enero del 2022, sin embargo, el censo no se llevó a cabo. La falta de actualización repercute en la calidad de las políticas públicas que se generan en la materia.

En días pasados el suscrito presentó un punto de acuerdo que llama a distintas instituciones del Sistema Nacional de Salud a tomar medidas necesarias para dar la atención adecuada al problema actual de las enfermedades raras. En síntesis, lo que se ha solicitado es lo siguiente:

En consecuencia, de estos antecedentes, el suscrito procede con la siguiente:

1. Exhorto para que los principales actores del sector salud tomaran medidas para la realización del derecho a la salud de personas con enfermedades raras de acuerdo con los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.

2. Exhorto a que el Consejo de Salubridad retome las medidas y acciones pertinentes para ejecutar el Censo Nacional de Pacientes con Enfermedades Raras; y

3. Exhorto para que, de manera coordinada, las instituciones que conforman el Sistema Nacional de salud habiliten clínicas en cada entidad de la República para el tratamiento de las enfermedades raras.

Tomando en consideración estos antecedentes, y temiendo la omisión al llamado de las organizaciones que se preocupan por atender a los pacientes con enfermedades de baja prevalencia, procedemos a la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a la salud consagrado tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte tiene dimensiones que aplican, como toda norma, de forma general, es decir, para todas las personas, aunque estas sean de baja prevalencia. La obligación de la garantía de los Derechos Humanos es del Estado para con todos. En este sentido, y conociendo el problema al que se enfrentan los pacientes con enfermedades raras, consideramos que es necesario tomar un paso a la legislación de los grupos minoritarios que a veces se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El Estado debe preocuparse por ser lo más garantista posible, y consideramos que hay ciencia y tecnología, así como recursos humanos y presupuestales suficientes para avanzar con el acceso al derecho a la salud de todas las personas.

Si bien es necesario que el Sistema de Salud tome en consideración ejecutar las siguientes acciones bajo un esquema de derechos humanos:

1. Incluir servicios de atención medica integral, es decir, que respondan a las necesidades físicas y mentales.

2. Financiar los servicios del numeral anterior, así como las investigaciones para el avance en el tratamiento de las enfermedades raras.

3. Combatir la estigmatización y abandono de los servicios para las personas con enfermedades raras, incluyendo la especulación del sector farmacológico.

4. Fortalecer mecanismos para que los profesionales de la salud garanticen el derecho de información al paciente, así como una visión que reduzca los prejuicios al respecto.

5. Implementar políticas públicas que fortalezcan al sector salud en su atención a las enfermedades raras.

6. En estas medidas se deberá usar un enfoque de derechos humanos y atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

También es cierto que debemos comenzar con los métodos científicos y estadísticos para atender el problema de manera más eficiente. Ahí recae el sentido de esta iniciativa. A través del censo será posible conocer realmente cuántas enfermedades raras existen en México y mejorar la atención para estas personas. Al respecto, en 2021, la Secretaría de Salud admitió que existe un subregistro de casos, pues por cada paciente que es diagnosticado hay siente que no.

El censo también podría mejorar la entrada de mecanismos huérfanos en México.

Es pues, necesario establecer los mecanismos para encontrar mejores resultados, precisión en las políticas públicas de salud orienten y normen la atención de estos pacientes.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto y fundado, ponemos a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que adiciona una fracción al artículo 17 y recorre la fracción IX de la Ley General de Salud

Artículo Único. Se reforma el artículo 17 de la Ley General de Salud para quedar como sigue:

Artículo 17.- Compete al Consejo de Salubridad General:

I...

IX. Llevar a cabo, periódicamente según su reglamento, el Censo Nacional de Pacientes con Enfermedades Raras, así como proponer u opinar respecto a las políticas públicas que emprendan las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud.

X. Las demás que le correspondan conforme a la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta ley.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las autoridades correspondientes tendrán 90 días para adecuar sus reglamentos a efecto de hace cumplir este decreto.

Notas

1 En Argentina, por ejemplo, se tiene registro de 1000 padecimientos.

2 En la Gaceta Parlamentaria, año XXVI, número 6231-III, jueves 9 de marzo de 2023;

http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/65/2023/mar/20230309-III.h tml

3 Ibídem

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2023.– Diputado Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

CÓDIGO DE COMERCIO

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio, suscrita por las diputadas Laura Lorena Haro Ramírez, Cristina Ruiz Sandoval y Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

LEY DE MIGRACIÓN

Iniciativa que reforma los artículos 3o., 109 y 111 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Olga Leticia Chavez Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 3 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MEJORA CONTINUA DE LA EDUCACIÓN, Y LEY GENERAL DE SALUD

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Educación, de la Ley Reglamentaria del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación y de la Ley General de Salud, en materia de programas de prevención, identificación y atención oportuna a problemas de salud mental de los educandos en las escuelas públicas de nivel básico y media superior, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y de Educación, para dictamen, y a la Comisión de Salud, para opinión.

LEY DE MIGRACIÓN

«Iniciativa que reforma el artículo 111 de la Ley de Migración, a cargo de la diputada Elva Agustina Vigil Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Elva Agustina Vigil Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas tienen derecho a gozar y ejercer los derechos humanos sin distinción alguna basada en categoría sospechosa, es decir, motivada por origen étnico o nacional, de género, edad, preferencia, condición social, religión, salud, etcétera.

Así, el artículo 21 de la Constitución federal establece en el párrafo cuarto:

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

(...)

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.

(...)

El artículo anterior establece que las privaciones de la libertad por cuestiones administrativas serán por un plazo no mayor a 36 horas. Así, resulta inconstitucional que el actual 111 de la Ley de Migración establezca plazos mayores que los constitucionales, para resolver la situación migratoria de las personas extranjeras detenidas o alojadas en estaciones migratorias.

Así, se afirma que las detenciones o alojamientos migratorios son de naturaleza administrativa, por lo que no resulta admisible tener a las personas por plazos mayores a 36 horas, dado que esto sería vedarles sus derechos humanos con base a una cuestión de nacionalidad, es decir, por tratarse de extranjeros. Por tanto, se demuestra también que el artículo materia de reforma es discriminatorio.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 388/2022, determinó que el artículo 111 de la Ley de Migración devenía inconstitucional por vulnerar el derecho humano a la tutela jurisdiccional efectiva reconocido en el diverso 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que una persona privada de la libertad se encuentra formal y materialmente impedida para accionar la función de los tribunales para defender sus derechos. A lo anterior se suma lo relativo a que el plazo establecido actualmente es superior a las 36 horas marcadas en el diverso 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así, nos corresponde hacer los cambios legales pertinentes a fin de acabar con las injusticias que viven muchas personas extranjeras. México se ha destacado como un país fraterno, abierto y sensible a las necesidades y dolencias de todas y todos. Por lo tanto, debemos ajustar el marco normativo con la finalidad de que los extranjeros no se vean lesionados en sus derechos por disposiciones contrarias a nuestro marco constitucional.

Por ello pongo a consideración de esta soberanía la presente iniciativa. A fin de otorgar mayor claridad, se incluye el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de este Congreso la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración

Único. Se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración, para quedar como sigue:

Artículo 111. El instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de treinta y seis horas, contadas a partir de su presentación.

Transcurrido dicho plazo, el Instituto deberá poner en libertad a los extranjeros y les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2023.– Diputada Elva Agustina Vigil Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

SE DECLARA EL 23 DE FEBRERO DE CADA AÑO COMO DÍA NACIONAL DE LOS ROTARIOS DE MÉXICO

«Iniciativa de decreto por el que se declara el 23 de febrero de cada año “Día Nacional de los Rotarios de México”, a cargo de la diputada Marcia Solórzano Gallego, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Marcia Solórzano Gallego, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se declara el 23 de febrero de cada año como Día Nacional de los Rotarios de México, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Rotary es una organización internacional, integrada por mujeres y hombres quienes comparten la pasión y el compromiso de mejorar comunidades y vidas alrededor del mundo, en este tenor de ideas existen Clubes Rotarios en casi todos los países del mundo, por tanto, México no es la excepción y tiene el agrado de especificar más de un centenar de dichos clubes. Actualmente, los Clubes Rotarios de México cuentan con más de 9,000 socios, distribuidos en más de 600 Clubes Rotarios a lo largo y ancho de la República Mexicana.

Las y los Rotarios tienen la oportunidad de actuar y lograr un cambio positivo, directo y perdurable, lo cual produce satisfacciones personales, profesionales y amistades duraderas. Las y los socios transforman vidas por el bien común, se conectan con otros clubes para trabajar en proyectos de diversa magnitud, ya sean de tipo local, nacional y/o internacional, los cuales en conjunto abordan las dificultades más apremiantes en la actualidad.

Rotary Internacional es una red mundial compuesta por más de 1,400,000 personas, gente de acción dedicada a resolver los problemas que más aquejan al mundo y buscan hacer trabajo comunitario para generar un cambio perdurable y positivo en el mundo, en sus sociedades y en sí mismos.

Rotary, llamado así porque en su origen no tenían sede fija y celebraban sus reuniones en diferentes ubicaciones físicas. Fue fundado el 23 de febrero de 1905 en Chicago, teniendo su origen en la visión del abogado norteamericano Paul Harris, junto a tres amigos: Silvester Schiele, Gustavus H. Loehr e Hiram E. Shorey.

El objetivo de estos cuatro hombres fue “forjar relaciones de camaradería entre profesionales de diversos entornos” y poner su talento al servicio del bien común, intercambiar ideas y formar lazos de amistad perdurables, todo ello en una época en la que los programas asistenciales públicos, eran prácticamente inexistentes.

El nombre Rotario denota la práctica inicial de rotar o alternar las reuniones en las oficinas de los socios. Su lema es: “Dar de Sí antes de Pensar en Sí”. A más de 117 años de su creación, los Clubes Rotarios continúan su dedicación a la mejora de las comunidades y a la promoción de la Paz Universal, en este tan apesadumbrado Siglo XXI.

Con sus más de 46,000 clubes en todo el mundo, los rotarios se enfocan en acciones que: promuevan la paz, combatan enfermedades, proporcionen acceso a agua salubre, provean saneamiento y fomenten buenos hábitos de higiene, protejan a madres e hijos, fomenten la educación, desa-rrollen economías locales y cuiden del medio ambiente.

Los valores fundamentales de los rotarios son: integridad, diversidad, servicio, liderazgo y compañerismo. La misión de los rotarios es: brindar servicio a los demás, promover la integridad y fomentar la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones a través de actividades de compañerismo entre líderes: empresariales, profesionales y cívicos.

En Rotary se cultiva una cultura: diversa, equitativa e inclusiva, para hacer realidad su visión de un mundo donde las personas se unen y toman acción para generar un cambio positivo y perdurable.

En Rotary se valora las contribuciones de personas de todas las procedencias, independientemente de su: edad, etnia, raza, color, capacidades, estilo de aprendizaje, religión, estatus socioeconómico, cultura, estado civil, idioma, sexo, orientación sexual e identidad de género, así como las diferencias en: ideas, pensamientos, valores y creencias.

Rotary, está compuesto de tres partes: los Clubes Rotarios, Rotary Internacional y la Fundación Rotaria. Los Clubes Rotarios unen a personas dedicadas que intercambian ideas, construyen relaciones y actúan en favor de sus comunidades y de la paz. Rotary Internacional apoya a los Clubes Rotarios en todo el mundo al coordinar programas e iniciativas globales. La Fundación Rotaria ayuda a fondear las actividades humanitarias que emprenden los rotarios, desde proyectos locales hasta iniciativas globales.

El 23 de febrero de 1905, se llevó a cabo la primera reunión del primer club de servicio, el Club Rotario de Chicago. En 1910, 5 años después, ya existían 16 clubes quienes entonces formaron la Asociación Nacional de Clubes Rotarios, en Estados Unidos.

Para 1912, al contar con clubes en distintos países del mundo, se adopta el nombre de Asociación Internacional de Clubes Rotarios y en 1922, se convierte en Rotary International. A veinte años de su creación, en julio de 1925, Rotary ya contaba con más de 2,000 clubes y aproximadamente 108,000 socios.

La historia de los rotarios en México data de 1919, cuando el entonces presidente de Rotary Internacional Arch Klumph visitó nuestro país con la finalidad de establecer un club. En México hizo contacto con un grupo de empresarios importantes y con una reunión inicial de 30 socios se fundó en el University Club de la Ciudad de México, el Club Rotario de la Ciudad de México.

El Club de la Ciudad de México recibió su admisión el 21 de abril de 1921, con el registro 885. Por iniciativa de este club, se constituyeron los clubes de: Veracruz, Tampico, Monterrey, Guadalajara y Chihuahua.

México ha acogido cuatro Convenciones de Rotary International, cabe mencionar que, a cada una de estas convenciones, asistieron los presidentes en funciones de los Estados Unidos Mexicanos: En 1935 Lázaro Cárdenas del Río, en 1952 Miguel Alemán Valdés, en 1968 Gustavo Díaz Ordaz y en 1991 Carlos Salinas de Gortari.

Los Clubes Rotarios de México, le han regalado tres presidentes mundiales a Rotary International: en 1928-1929 I. B. Tom Sutton, del Club Rotario de Tampico; en 1984-1985, el médico Carlos Canseco González, del Club Rotario de Monterrey; y en 2000-2001, el empresario Frank J. Devlyn, del Club Rotario Anáhuac.

Las obras que realizan los Clubes Rotarios, tanto en México como en el mundo, atienden a las necesidades de la comunidad. Sus acciones han permitido la construcción de una infinidad de espacios públicos como: parques, jardines, escuelas, la donación de despensas, artículos escolares, comida, tanques de agua y bebederos, han participado en programas a favor de la salud: campañas de prevención y detección de enfermedades, campañas de intervenciones quirúrgicas, equipamiento médico, donaciones de equipo tanto de movilidad como auditivo y visual, entre muchas otras actividades que realizan a favor de la población mexicana más vulnerable.

Según su acta fundacional, los rotarios deberían cultivar el conocimiento mutuo y la amistad, observar altas estándares éticos en el desempeño de sus profesiones, procurar que su trabajo redundase en el bien común y fomentar la paz entre las naciones a través del ejercicio de sus actividades diarias.

Cabe mencionar a uno de los proyectos globales rotarios más importante que se realiza en este momento, el de Polio-Plus, un proyecto de vacunación masiva que está contribuyendo y busca lograr la erradicación de la poliomielitis (polio). Dicho proyecto fue propuesto por Carlos Canseco, doctor mexicano quien orgullosamente presidió Rotary Internacional, en 1984-1985.

Desde 1985 los rotarios en todo el mundo han servido dentro de las comunidades como movilizadores para la erradicación de la polio, motivando a grupos internacionales, gobiernos, organizaciones privadas, comunidades e individuos a unirse al esfuerzo global para liberar al mundo de ésta terrible enfermedad.

Rotary y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comparten una historia de trabajo en favor de la paz y de ayuda humanitaria alrededor del mundo. Rotary fue precursor de la creación de la ONU y en la actualidad, sin ser país, cuenta con un asiento permanente, ostentando la categoría consultiva más alta otorgada a una organización no gubernamental por el Consejo Económico y Social de la ONU.

Las acciones de Rotary son reconocidas en todo el mundo, conmemorándose en noviembre el Día de Rotary en la ONU, celebrando de esta manera, la visión de paz que comparten tanto Rotary como la Organización de las Naciones Unidas y pone de manifiesto las actividades humanitarias que ambas organizaciones emprenden en todo el mundo.

Los Centros de Rotary Pro-Paz ubicados en diferentes partes del mundo, ofrecen un programa de estudios personalizado para capacitar a personas dedicadas a la construcción de la paz y la resolución de conflictos, sin importar el lugar donde desempeñen su labor.

Rotary responde ante la creciente pérdida de vidas y las dificultades humanitarias provocadas por la guerra en Ucrania, utilizando sus vastas redes de contactos y décadas de experiencia para tomar acción urgentemente en la región, proporcionando ayuda humanitaria, haciendo llegar a las personas afectadas artículos esenciales como: agua, alimentos, refugio, medicamentos y ropa.

Las aportaciones que los Clubes Rotarios han realizado a la población mexicana a lo largo de sus 117 años son considerables y es el propósito de esta Iniciativa reconocer la importancia y la gran labor que los Clubes Rotarios realizan en nuestro país en favor de las personas más vulnerables.

Las invaluables aportaciones de las y los rotarios, han dado a muchas comunidades de nuestro país las oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. Por ello consideramos importante reconocer su labor a nivel nacional al denominar el 23 de febrero de cada año como Día Nacional de los Rotarios de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se declara el 23 de febrero de cada año como Día Nacional de los Rotarios de México

Artículo Único. Por el que se declara el 23 de febrero de cada año como Día Nacional de los Rotarios de México.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Referencias utilizadas

https://www.rotary.org/es

https://www.rotary.org/es/about-rotary

https://www.rotary.org/es/about-rotary/history

https://www.rotary.org/es/about-rotary/our-structure

https://www.rotary.org/es/about-rotary/rotary-foundation

https://www.rotary.org/es/about-rotary/our-leaders

https://www.rotary.org/es/about-rotary/diversity-equity-and-incl usion

https://www.rotary.org/es/about-rotary/partnerships

https://www.rotary.org/es/news-features

https://www.rotary.org/es/our-causes

https://www.rotary.org/es/our-programs

https://www.endpolio.org/es

https://www.endpolio.org/es/rotary-y-la-lucha-contra-la-polio

https://www.rotary.org/es/un-day

https://www.rotary.org/es/history-rotary-and-united-nations

https://www.rotary.org/es/promoting-peace-rotary%E2%80%99s-peace building-history-around-world

https://www.rotary.org/es/rotary-responds-ukraine-crisis

https://rotarybloges.org/2021/04/16/cien-anos-de-rotary-en-mexic o/

The Rotary Club: el club en el que no entra quien quiere, sino quien puede | GQ España (revistagq.com)

https://www.rotary.org/es/get-involved

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de marzo de 2023.– Diputada Marcia Solórzano Gallego (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de acoso escolar, a cargo de la diputada Mariana Erandi Nassar Piñeyro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Se turna a las Comisiones Unidas de Educación, y de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

«Iniciativa que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la diputada Adriana Bustamante Castellanos, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita Adriana Bustamante Castellanos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Primera. El informe Contribución del Grupo de Trabajo dos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático: impactos, adaptación y vulnerabilidad manifiesta que el cambio climático representa una amenaza para el bienestar de la humanidad y para la salud de nuestro planeta, y que además nos encontramos transitando una breve ventana de oportunidad que se está cerrando rápidamente para lograr un futuro sustentable. No hay duda, hoy, de que el cambio climático es una de las amenazas más importantes a las que nos enfrentamos como humanidad.

México es particularmente vulnerable al cambio climático debido a su diversidad climática y las desigualdades socioambientales. De acuerdo con la OCDE, alrededor de 68 por ciento de la población y 71 del producto interno bruto están sumamente expuestos a los efectos negativos del cambio climático: ya en los últimos 100 años hemos sufrido las afectaciones por el incremento de la temperatura en ciertas zonas con promedios superiores al mundial: de entre 1.2 y 1.5 grados Celsius.

Por ello es muy importante trazar una ruta para la implementación de acciones en el territorio, que aporten a la disminución de la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático que incluya la participación activa de los gobiernos locales y subnacionales, no sólo como entes de consulta, sino, cómo actores activos en la planeación y ejecución de las políticas y acciones de adaptación y mitigación contra el cambio climático.

Segunda. El cambio de uso de suelo por procesos de urbanización en México ha sido una tendencia importante en las últimas décadas. El crecimiento de la población y el aumento de la demanda de vivienda y servicios urbanos han impulsado la urbanización y el cambio de uso de suelo. Por otro lado, el crecimiento acelerado de las ciudades en las últimas décadas ha implicado una expansión significativa de la infraestructura gris.

Según ONU-Hábitat, casi 8 de cada 10 latinoamericanos vivimos en zonas urbanas y el efecto de las ciudades sobre los recursos naturales es desproporcionado en relación con su número de habitantes. El sexto informe del Grupo de Expertos de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en ingles), asegura que es fundamental tener en cuenta los impactos y riesgos del cambio climático en el diseño y la planificación de los asentamientos e infraestructuras urbanas y rurales, así como en la prestación de los servicios públicos. También insta a los Estados a tomar decisiones urgentes y medidas integradas para la resiliencia climática que cuenten con total apoyo de los gobiernos nacionales tomando en cuenta las circunstancias socioeconómicas, la adaptación y acciones de desarrollo sostenible ya que pueden proporcionar múltiples beneficios para la salud y el bienestar.

Actualmente no hay una cifra precisa del porcentaje de infraestructura gris en México, ya que se trata de una categoría amplia que incluye infraestructuras como edificios, carreteras, puentes, redes de energía, agua y alcantarillado, entre otros. Además, la cantidad de infraestructura gris varía considerablemente en función de factores como la densidad poblacional, el nivel de urbanización y la ubicación geográfica, sin embargo si se sabe que el crecimiento de las ciudades en México se ha desarrollado con base en este tipo de infraestructura, lo que ha generado problemas ambientales y sociales, como la fragmentación de hábitats naturales, la contaminación del aire y del agua y la generación de desechos y residuos, factores principales que exacerban el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad.

Tercera. La evidencia sugiere cada vez más que la infraestructura verde, podría contribuir enormemente a minimizar los impactos derivados de la acelerada urbanización basada en infraestructura gris; de hecho, la investigación demuestra que la infraestructura verde y las soluciones de infraestructura basadas en la naturaleza y el sector terrestre en general podrían contribuir hasta con 30 por ciento de la mitigación climática necesaria para 2050, cumpliendo así el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global.

La infraestructura verde se refieren a un conjunto de proyectos, acciones y políticas públicas que aprovechan el poder de la naturaleza para abordar algunos de nuestros de-safíos sociales más urgentes, la infraestructura verde se podría definir cómo la “Estrategia de planificación que requiere posicionar al territorio como un sistema en el que interactúan escalas como el barrio, la ciudad y la región con sus respectivas infraestructuras, y en el que los espacios verdes desempeñen un papel necesario como punto de ordenamiento”

La infraestructura verde y las soluciones basadas en la naturaleza además de integrar la conectividad de los ecosistemas, su protección y la provisión de servicios ecosistémicos abordan la mitigación y la adaptación al cambio climático. Contribuyen a minimizar los riesgos de desastres naturales, a través de enfoques basados en los ecosistemas al tiempo que aumentan su resiliencia, apoyando en la resolución de los problemas relacionados con la gestión de cuenca, la contaminación del aire y la acelerada emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, entre otros.

La infraestructura verde y las soluciones basadas en la naturaleza, pueden incluir :

• Acciones enfocadas a contribuir en la disminución del colapso en los sistemas de drenaje y aparición de inundaciones, así como fomentar el tratamiento, captación y distribución del agua.

• Promover la movilidad sustentable: sistemas peatonales, ciclistas y transporte público) a través de la inducción de calles que permitan la formación de corredores de infraestructura verde (calles completas y verdes).

• Representa los hábitos, puntos de encuentro social, diseño urbano, paisaje urbano, que pretenden aminorar la ine-quidad en la accesibilidad y calidad del espacio público.

Para hacer frente a los desafíos de la creciente mancha urbana y los problemas socioambientales que esta conlleva, en México se han desarrollado políticas y estrategias que buscan promover un enfoque más sostenible y resiliente en la planificación y gestión de la infraestructura gris. Algunos ejemplos de estas políticas son el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, que contemplan la promoción de infraestructuras más limpias y eficientes, así como la mejora de la calidad de vida de la población.

Además, el Gobierno mexicano ha establecido la meta de alcanzar 30 por ciento de áreas verdes por habitante en las zonas urbanas para el año 2030. Esta meta se enmarca en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que busca promover el desarrollo urbano sostenible y mejorar la calidad de vida de la población.

Por otro lado, algunas ciudades mexicanas han implantado estrategias y planes a fin de transitar a modelos sustentables que cuentan con infraestructura verde, como

1. Ciudad de México: La capital mexicana cuenta con el Programa Especial de Infraestructura Verde, que establece pautas para la planificación y el diseño de espacios verdes y naturales en la urbe, con el objetivo de mejorar la calidad ambiental y la biodiversidad urbana.

2. Hermosillo, Sonora: cuenta con el Manual de Lineamientos de Diseño de Infraestructura Verde para los Municipios Mexicanos.

3. León, Guanajuato: cuenta con el Manual para la Gestión de Infraestructura Verde.

4. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: cuenta con el Manual de Infraestructura Verde.

Es importante destacar que estos son solo algunos ejemplos de municipios en México que cuentan con este tipo de sistema de ordenamiento y planeación territorial, sin embargo a fines de asegurar que cada vez más municipios implementen acciones de este tipo en sus demarcaciones territoriales, es necesario que existan las condiciones y disposiciones presupuestarias necesarias para implantar las herramientas ante el cambio climático antes descritas (infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza), en este sentido, el Ramo 33 es una de las principales fuentes de financiamiento para los gobiernos municipales en México, ya que permite a los municipios acceder a recursos federales para la construcción y mejora de infraestructura social básica, cómo la construcción de carreteras, vivienda y servicios básicos. Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 2021 se destinaron más de 56 mil millones de pesos al Ramo 33 para distribuir entre los estados y municipios del país.

Es por ello que se propone que la Secretaría en función integre en los Lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social ergo el cátalo de proyectos aplicables, acciones orientadas a la construcción de infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza en el ejercicio de dichos recursos, debido a que este forma parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que conforman el Ramo 33 y tiene como objetivo fundamental, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el financiamiento de obras y acciones sociales básicas que beneficien directamente a sectores de población en condiciones de pobreza extrema, población que habita en localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y población que se encuentre dentro de las zonas de atención prioritaria.

Al margen de lo referido, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa, que propone reformar el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de lo siguiente:

Fundamento legal

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 6, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de este pleno la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un párrafo sexto al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal

Único. Se adiciona un párrafo sexto al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:

Artículo 33.

...

A. Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se destinarán a los siguientes rubros:

...

...

Asimismo, las obras y acciones que se realicen con los recursos del fondo a que se refiere este artículo, se deberán orientar preferentemente conforme al Informe anual de la situación de pobreza y rezago social de las entidades y sus respectivos municipios o demarcaciones territoriales que realice la Secretaría de Desarrollo Social, mismo que se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el último día hábil de enero.

Las entidades, municipios y demarcaciones territoriales podrán orientar las obras y acciones que se realicen con los recursos del fondo a que se refiere este artículo a infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza.

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La Secretaría de Bienestar incluirá en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social correspondientes a 2024 proyectos de infraestructura verde, de manera enunciativa, mas no limitativa: jardines de lluvia, muros verdes, pavimento permeable, humedales artificiales y baños secos.

Notas

1 https://www.unep.org/es/resources/informe/sexto-informe-de-evaluacion-del-ipcc- cambio-climatico-2022

2 https://cambioclimatico.gob.mx/sexta-comunicacion/material/economia.pdf

3 https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0 186-72102007000100101

4 https://www.cepal.org/notas/73/Titulares2

5 https://apps1.semarnat.gob.mx: 8443/dgeia/informe15/tema/pdf/Cap 2_Ecosistemas.pdf

6 https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/reportajes/cinco-ecosistemas-dond e-las-soluciones-basadas-en-la-naturaleza

7 https://www.redalyc.org/journal/3692/369246715003/html/

8 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/394115/Hoja_de_ ruta_IV_Infraestructura_Verde.pdf

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.– Diputada Adriana Bustamante Castellanos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY FEDERAL DE DEUDA PÚBLICA

«Iniciativa que reforma el artículo 10 de la Ley Federal de Deuda Pública, a cargo de la diputada Karla Ayala Villalobos, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Karla Ayala Villalobos, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 10 de la Ley Federal de Deuda Pública, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene por objeto proporcionar datos concretos y contundentes sobre los índices de la deuda pública aprobada años tras año, para que así, la Cámara de Diputados, que es quien aprueba el monto de endeudamiento anual sea quien determine el monto de endeudamiento siguiente, analizando y verificando que ésta se haya aprovechado de una manera eficiente y eficaz, aunado a que, con el objetivo de aprobar montos de endeudamiento adicional, se tendrá un control extra sobre la contratación de la deuda anual.

Sin embargo, la deuda pública ha sido un tema que requiere de mayor seguimiento, no podemos dejar pasar los años y que la deuda crezca anualmente y, aun así, permitir más y más endeudamiento para nuestro país sin obtener los resultados esperados.

La deuda pública son todas las obligaciones insolutas que contrae el sector público de forma directa o a través de sus agentes financieros. Es una herramienta con la que cuenta el gobierno para diferir sus gastos y así cumplir el conjunto de funciones que le son encomendadas.

Existen dos tipos de deuda: deuda bruta y deuda neta. La deuda neta es igual a la deuda bruta menos los activos financieros del país (nacionales e internacionales). La deuda bruta representa las obligaciones pendientes del gobierno derivadas de la necesidad de financiar déficits mediante préstamos. Los gobiernos acumulan deuda para financiar gastos por encima de sus ingresos, por ejemplo, para el desarrollo de infraestructura que fomente el crecimiento económico a largo plazo.

Mientras que la deuda neta muestra la suma de todos los pasivos del gobierno y todo el dinero que debe. Esto incluye no sólo las deudas a corto plazo que se deben pagar antes de un año, sino también a las deudas a largo plazo que se extienden más años en el futuro. Esta cifra se compara con la capacidad para pagar todo lo que debe con las deudas referenciadas al tiempo presente. El cálculo muestra cómo sería la situación financiera del gobierno si tuviera que pagar todas sus deudas de inmediato.

La deuda pública puede clasificarse de la siguiente manera:

Por su origen: puede ser interna o externa, de acuerdo a la residencia del poseedor de la deuda (en función de la ubicación y no de la nacionalidad del acreedor).

La deuda interna son todos aquellos financiamientos obtenidos en el mercado doméstico, mediante la colocación de valores gubernamentales y de créditos directos con otras instituciones que son pagaderos dentro del país y en la moneda nacional, en nuestro caso, pesos mexicanos.

La deuda externa son los créditos contratados por el sector público con entidades financieras del exterior y pagaderos en el extranjero en moneda diferente a la moneda nacional, dólares, euros, libras, franco, yen, real, rubro, etcétera.

Por periodo de contratación: a corto o largo plazo. La primera se obtiene a plazo menor de un año, la segunda a un plazo mayor a un año.

Por la fuente de financiamiento: según la naturaleza de los acreedores financieros. Para la deuda externa: mercado de capitales, organismos financieros internacionales, mercado bancario, comercio exterior, deuda reestructurada y pasivos Proyecto de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público (Pidiregas). Para la deuda interna: valores gubernamentales, banca comercial, Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (Siefores), entre los más importantes.

Por moneda de contratación: esto, según la divisa con la cual se contrató el crédito.

Por país: partir del origen de la institución financiera acreedora.

Por instrumento: en función de las características jurídicas de los instrumentos que describen la relación que existe entre el acreedor y el deudor (pagarés, bonos, valores gubernamentales y los contratos o líneas de crédito).

Así como es posible identificarla mediante tres indicadores básicos, como nos lo indica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

1) La del Gobierno federal, que comprende las obligaciones de los Poderes Legislativo y Judicial, las dependencias del Poder Ejecutivo federal y sus órganos desconcentrados, así como las obligaciones contraídas por entidades que formaron parte de la Administración Pública Federal paraestatal y que fueron transformadas en órganos autónomos, en particular, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT);

2) La del sector público, que está integrada por la deuda del Gobierno federal más las obligaciones de las entidades de control presupuestario directo, de las empresas productivas del estado (EPE) y sus subsidiarias, y de la Banca de Desarrollo; y,

3) El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, que está integrado por la deuda del Sector Público Presupuestario más las obligaciones que, por diversos ordenamientos jurídicos y prácticas presupuestarias, no se incluyen en la deuda pública (IPAB, PIDIREGAS, FARAC, FONADIN, etcétera).

Siendo así, la Cámara de Diputados la responsable de aprobar el monto de endeudamiento anual, mediante lo cual el Gobierno federal adquiere deuda pública, externa o interna a través de todo lo anteriormente mencionado, viendo fundamentadas sus atribuciones en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

En materia de deuda pública, al Congreso de la Unión le corresponde autorizar:

1) Montos de endeudamiento neto para el financiamiento del estado, municipios, entidades paraestatales y paramunicipales;

2) La contratación de endeudamiento cuando los plazos de amortización de los créditos rebasen el término de la gestión;

3) Montos de endeudamiento adicionales y,

4) Verificación de las operaciones de deuda.

Siendo nuestro artículo 73 constitucional el fundamento legal donde se plasman las facultades con las que cuenta el Congreso en materia de deuda pública.

“CPEUM, Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

VII. En materia de deuda pública, para:

1o. Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado; así como los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29.

2o. Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el jefe de Gobierno le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El jefe de Gobierno informará igualmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al rendir la cuenta pública.

3o. Establecer en las leyes las bases generales, para que los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan; la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de manera oportuna y transparente; un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones. Dichas leyes deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados conforme a lo dispuesto por la fracción H del artículo 72 de esta Constitución.

4o. El Congreso de la Unión, a través de la comisión legislativa bicameral competente, analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados, planteada en los convenios que pretendan celebrar con el Gobierno federal para obtener garantías y, en su caso, emitirá las observaciones que estime pertinentes en un plazo máximo de quince días hábiles, inclusive durante los periodos de receso del Congreso de la Unión. Lo anterior aplicará en el caso de los estados que tengan niveles elevados de deuda en los términos de la ley. Asimismo, de manera inmediata a la suscripción del convenio correspondiente, será informado de la estrategia de ajuste para los municipios que se encuentren en el mismo supuesto, así como de los convenios que, en su caso, celebren los estados que no tengan un nivel elevado de deuda”.

Es importante recalcar que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) ascendió a 13 billones 376.1 mil millones de pesos, al tiempo que la deuda neta del sector público se ubicó en 13 billones 387.9 mil millones de pesos.

De acuerdo con datos de la SHCP, ese Saldo Histórico en diciembre de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador tomó posesión del gobierno, era de 10 billones 551 mil 718 millones de pesos (mdp).

Así, en 2022, el saldo superó los 13 billones de pesos, es decir. 2.6 billones más que en el inicio de la actual administración.

En términos reales, el incremento de la deuda pública, al cuarto año de la administración, habrá aumentado 7 por ciento desde la base de diciembre de 2018.

En relación con el PIB, la deuda en 2018 representó 44.9 por ciento, mientras que para 2021 fue 49.9 por ciento. Es decir, a pesar de las declaraciones matutinas del presidente, la deuda sí aumentó 5 puntos porcentuales.

Y, de hecho, en 2020, en medio de la pandemia y la contracción del PIB, México alcanzó el máximo histórico del que se tiene registro, el SHRFSP fue 51.6 por ciento del PIB.

El Paquete Económico cada año nos presenta cifras de ensueño pero que, como cada año, no son visibles a la realidad que vivimos las y los mexicanos.

De un año a otro es evidente el aumento presupuestal, tan sólo en la deuda pública, para el 2022 fue un monto de 580,638,169,858 mdp, mientras que para este 2023, el monto de endeudamiento represento 840,943,348,930 mdp.

La presente propuesta vela por finanzas públicas verdaderamente sanas para nuestro país, que el presupuesto y endeudamiento del país no sea para beneficio de una sola persona, la contratación de deuda pública debe ser para el bienestar de las y los mexicanos.

De permitir que sea posible adquirir más y más deuda, fácilmente seguirán 5 generaciones posteriores a la nuestra pagando los actos populistas y corruptos por los que nos estamos ahogando en una deuda gigantesca.

Es por ello que buscamos que la contratación de deuda adicional a lo presupuestado para cada año, sea externa o interna, sea aprobada por el Congreso de la Unión, como una medida para detener el incontrolado endeudamiento al que está recurriendo el Gobierno de la República.

Es necesario poner límites, y que mediante la aprobación o desaprobación del Congreso se haga valer la voluntad del pueblo mexicano sobre las decisiones que pretender tomar el Ejecutivo federal y de las excusas que pretenda exponer para adquirir dinero para sus programas, o bien, para sus actos de campaña anticipados.

El Grupo Parlamentario del PRI sí está a favor de un mejor manejo de nuestros recursos, de nada sirve una la deuda pública adquirida si se ocupa para programas populistas y no en pro del desarrollo de México y de sus habitantes.

Debemos velar siempre por el avance de nuestro país, y la presente iniciativa es un primer paso hacia una posible solución.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente

Propuesta

Decreto por el que se modifica el artículo 10 de la Ley Federal de Deuda Pública

Único. Se modifica el artículo 10 de la Ley Federal de Deuda Pública, para quedar como sigue:

Artículo 10. El Ejecutivo federal, al someter al Congreso de la Unión las iniciativas correspondientes a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá proponer los montos del endeudamiento neto necesario, tanto interno como externo, para el financiamiento del Presupuesto Federal del ejercicio fiscal correspondiente, proporcionando los elementos de juicio suficientes para fundamentar su propuesta. El Congreso de la Unión al aprobar la Ley de Ingresos, podrá autorizar al Ejecutivo federal a ejercer montos adicionales de financiamiento cuando, a juicio del propio Ejecutivo y con la mayoría simple del Congreso, se presenten circunstancias económicas extraordinarias que así lo exijan. Cuando el Ejecutivo federal haga uso de esta autorización informará de inmediato al Congreso.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.– Diputada Karla Ayala Villalobos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS

«Iniciativa que reforma los artículos 37 y 80 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a cargo de la diputada Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Araceli Celestino Rosas, diputada en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en relación con el artículo 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 37 y 80, fracción X, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en relación con el Artículo 6 numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 37 y 80, fracción X, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Artículo Único. Se reforman los artículos 37 y 80, fracción X, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; para quedar como sigue:

Artículo 37. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, integrarán el Sistema de Información sobre la Gestión Integral de Residuos, que contendrá la información relativa a la situación local, los inventarios de residuos generados, la infraestructura disponible para su manejo, las disposiciones jurídicas aplicables a su regulación y control y otros aspectos que faciliten el logro de los objetivos de esta Ley y los ordenamientos que de ella deriven y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; la Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables.

Artículo 80. ...

I.  a IX. ...

X. Copia de los permisos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y

XI. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.– Diputada Araceli Celestino Rosas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

«Iniciativa que reforma el artículo 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 6, numeral 1, fracción I; artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La fracción XI del Apartado B del artículo 123 de nuestra Constitución política, establece la seguridad social de los trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión y entre otras cosas señala que serán cubiertos los accidentes y enfermedades profesionales.

Ahora bien, el artículo 58 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, señala que los riesgos de trabajo serán calificados técnicamente por el Instituto. Sin embargo, el artículo 60 de la ley en comento, en su primer párrafo, establece un plazo de tres días para que las dependencias y entidades, el trabajador o sus familiares, avisen por escrito al Instituto de los riesgos de trabajo que hayan ocurrido y en el último párrafo del mismo artículo indica que no procederá la solicitud de calificación, ni se reconocerá un riesgo del trabajo, si éste no hubiere sido notificado al Instituto en los términos de este artículo.

Esta disposición claramente inconstitucional ya que viola la garantía a la seguridad social, ya que el plazo de los tres días que establece el presente ordenamiento, en la práctica pocas veces se cumple, lo que genera un alto porcentaje de calificaciones de riesgo de trabajo rechazadas; sin siquiera revisar a fondo el accidente, todo por esta incongruente disposición.

Lo que se traduce en un perjuicio para el trabajador, al cual se le generan grandes afectaciones en su sueldo, ya que, al prolongarse las incapacidades, éste se ve disminuido a 50 por ciento a partir de los 60 días de incapacidad y a cien por ciento a partir de los 120 días de incapacidad.

El 25 de febrero del año 2017, entró en vigor el Reglamento para la Dictaminación en Materia de Riesgos del Trabajo e Invalidez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que emitió la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, el cual fue expedido por el Acuerdo 43.1356.2016, y que en el tercer párrafo de su artículo 5, manifiesta que la omisión, respecto al aviso del riesgo o presunción del mismo, no puede tener como consecuencia jurídica la improcedencia de la solicitud de la calificación del probable riesgo del trabajo.

Con lo que el trabajador, al verse en la necesidad de que le sea reconocida su solicitud de calificación del probable riesgo de trabajo, tiene que entablar un proceso judicial, invocando un precepto jurídico, emanado de un reglamento administrativo, por la discrepancia que presenta la ley de la materia.

Por lo anterior, es urgente beneficiar a los trabajadores al servicio del Estado, eliminando este precepto inconstitucional de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cual nunca debió haber sido así plasmado, en dicho ordenamiento y mejor armonizar el artículo 60 con lo preceptuado en el Reglamento para la Dictaminación en Materia de Riesgos del Trabajo e Invalidez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Es por esto, que esta iniciativa propone las siguientes modificaciones:

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el presente

Decreto por el que se reforma el artículo 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Único. Se reforma el artículo 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Artículo 60. Para los efectos de este capítulo, las dependencias y entidades deberán avisar por escrito al Instituto, dentro de los tres días siguientes al de su conocimiento, en los términos que señale el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables, los accidentes por riesgos del trabajo que hayan ocurrido. El Trabajador o sus familiares también podrán dar el aviso de referencia, así como el de presunción de la existencia de un riesgo del trabajo.

Al servidor público de la dependencia o entidad que, teniendo a su cargo dar el aviso a que se refiere este artículo, omitiera hacerlo, se le fincarán las responsabilidades correspondientes en términos de ley.

El Trabajador o sus familiares derechohabientes deberán solicitar al Instituto la calificación del probable riesgo de trabajo dentro de los treinta días hábiles siguientes a que haya ocurrido, en los términos que señale el reglamento respectivo y demás disposiciones aplicables.

La omisión de no presentarse en tiempo y forma el aviso antes mencionado, no puede tener como consecuencia jurídica la improcedencia de la solicitud.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.– Diputada Ma. de Jesús Aguirre Maldonado (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen, y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para opinión.

LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma los artículos 6o. y 9o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Araceli Celestino Rosas, diputada en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con el 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6o. y 9o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La presente iniciativa con proyecto de decreto por la que propongo la reforma a los artículo 6o. y 9o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el caso del artículo 6o., segundo párrafo, propongo que se establezcan de manera expresa que las multas serán en Unidad de Medida y Actualización. De igual forma en el caso del artículo 9o. propongo se sustituya la palabra “salario mínimo y Distrito Federal” por las razones que a continuación se enlistan.

El 27 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman los Artículos 26 Apartado B, 41y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la Unidad de Medida y Actualización como instrumento para cubrir obligaciones.

Al respecto el artículo transitorio tercero establece: “A la fecha de entrada en vigor del presente decreto todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuesto previstos en las Leyes Federales, Estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización”.

Asimismo, es oportuno mencionar que el Artículo Transitorio Cuarto, obligó a las Cámaras del Congreso de la Unión y a los Órganos Legislativos de las Entidades Federativas a hacer los cambios correspondientes en un plazo no mayor de un año, contado a partir del inicio de vigencia de esta reforma constitucional. Como se aprecia, según el mandato del artículo transitorio cuarto, el Poder Legislativo de la Federación y de los estados tenían un año para realizar las reformas legales correspondientes sin que, en el caso particular de esta Ley, se hayan dado dichos cambios.

Adicionalmente la reforma constitucional citada otorgó en el artículo 26 Apartado B, la facultad al Instituto Nacional de Estadística y Geografía la facultad de determinar el valor anual de dicha Unidad de Medida y Actualización.

Y para el caso del artículo 9o., propongo que se elimine la referencia tanto al salario mínimo como al Distrito Federal. En el caso de salario mínimo por las consideraciones ya expuestas y para la eliminación de la palabra Distrito Federal debemos tener presente lo mandatado en el decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016.

En dicho decreto se transformó la naturaleza política del Distrito Federal en Ciudad de México, razón por la cual son procedentes los ajustes legales aquí propuestos.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en relación con el artículo 6 numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 6o. y 9o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman los artículos 6o. y 9o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6o. ...

Las notificaciones que no fueren hechas en la forma establecida en este Título serán nulas. Declarada la nulidad se impondrá multa de uno a diez veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización al responsable, quien en caso de reincidencia será destituido de su cargo.

Artículo 9o. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón del valor de la Unidad de Medida y Actualización, que determina anualmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.– Diputada Araceli Celestino Rosas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma los artículos 9o., 10 y 11 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Araceli Celestino Rosas, diputada en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en relación con el 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa de reformas a la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La iniciativa que someto a la consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados tiene el propósito de adecuar la Ley General en Materia de Secuestro a los cambios normativos que se han producido con posterioridad a su inicio de vigencia.

Tal es el caso delos artículos 9, 10 y 11 donde propongo la sustitución del pago de multas en salarios mínimos, como se dispone actualmente. Para que sean cubiertas en Unidades de Medida y Actualización que es como corresponde.

Debemos tener en consideración que el 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo.

En dicha reforma constitucional se estableció en el artículo 26, Apartado B, párrafo sexto, se estableció que la Unidad de Medida y Actualización será utilizada como medio para cumplir obligaciones.

Más aún, en el artículo transitorio tercero de dicho decreto de reformas constitucionales se estableció que: “A la fecha de entrada en vigor del presente decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización”.

En consecuencia, son procedentes y atendibles las reformas a los artículos de la ley referida que aquí se proponen.

Decreto que reforma la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se reforman los artículos 9o., fracción I; 10 Fracciones I y II; y 11 de la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para quedar como sigue:

Artículo 9o. ...

I. De cuarenta a ochenta años de prisión y multa de mil a cuatro mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de:

a) a d)...

Artículo 10. ...

I. De cincuenta a noventa años de prisión y multa de cuatro mil a ocho mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes:

a) a f)...

II. De cincuenta a cien años de prisión y multa de ocho mil a dieciséis mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, si en la privación de la libertad concurren cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) a e)...

...

Artículo 11. Si la víctima de los delitos previstos en la presente ley es privada de la vida por los autores o partícipes de los mismos, se impondrá a estos una pena de ochenta a ciento cuarenta años de prisión y multa de doce mil a veinticuatro mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.– Diputada Araceli Celestino Rosas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO

«Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, a cargo de la diputada Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Araceli Celestino Rosas, diputada en la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con el 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 27, fracción II, 30, 47, tercer párrafo, 52, tercer párrafo, 58 y 59 Bis, párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y octavo de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La iniciativa que someto a la consideración del Honorable pleno de la Cámara de Diputados tiene el propósito de que se armonicen varias de sus disposiciones vigentes a los cambios legales que se han producido con posterioridad a su inicio de vigencia.

Tal es el caso de lo previsto en el artículo 27, fracción II, donde se hace mención a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, cuando la denominación de dicha dependencia fue modificada por el decreto de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018.

Entre los artículos reformados destacan el 26 y 35, para establecer la nueva denominación de la dependencia que es Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Para el caso del contenido del artículo 30, donde se prevé Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, propongo que se sustituya por:

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, bajo los argumentos mencionados para el caso de la reforma planteada de artículo 27, fracción II.

En la reforma propuesta al artículo 47, párrafo tercero se propone sustituir la denominación de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental, por Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que es publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo del 2015, dicha Ley entra en vigor al siguiente día de su publicación el 5 de mayo del 2015.

Para el caso de la reforma propuesta al artículo 52, párrafo tercero y 59 Bis párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y séptimo, propongo la sustitución de multas en días salario mínimo para ser sustituida por la Unidad de Medida y Actualización que es la que corresponde de conformidad con el mandato derivado del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2017.

Por lo que hace a donde se hace mención a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos hay que sustituirla por, Ley General de Responsabilidades Administrativas, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016 y que, conforme a lo previsto en el artículo tercero, último párrafo, con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas queda abrogada la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Los artículos reformados son artículo 26, Apartado B, párrafos sexto, y séptimo, 41 y 123. En el artículo 26, Apartado B, se crea la Unidad de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales.

A su vez, el artículo transitorio tercero estableció: “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización”.

Y en el transitorio cuarto se otorgó a las Cámaras del Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y las Administraciones Públicas Federal, Estatales y Municipales, un plazo máximo de un año, contado a partir del inicio de vigencia del decreto de reformas constitucionales para eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización.

Por lo que hace a los artículos 52, párrafo 3o., y 59 Bis, párrafo octavo, donde se hace referencia al Distrito Federal esta referencia hay que eliminarla porque el Valor de Medida y Actualización es el mismo para todo el país

Artículo 58, Ley General de Responsabilidades Administrativas, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016 y que, conforme a lo previsto en el artículo tercero, último párrafo, con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas queda abrogada la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En consecuencia, resultan procedentes las reformas propuestas.

Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en relación con el 6, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman los artículos 27, fracción II, 30, 47, tercer párrafo, 52, tercer párrafo, 58 y 59 Bis, párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y octavo de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

Artículo Único. Se reforman los artículos 27, fracción II, 30, 47, tercer párrafo, 52, tercer párrafo, 58 y 59 Bis, párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y octavo de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; para quedar como sigue:

Artículo 27. El Consejo estará integrado por los siguientes consejeros:

I. ...

II. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural;

III. a V. ...

VI. El subsecretario de Fomento a los Agronegocios de la Secretaría de Agricultura;

VII. a XIV. ...

...

Artículo 30. El secretario de Hacienda y Crédito Público será el presidente del consejo. En su ausencia, presidirá el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. En ausencia de ambos, lo hará el subsecretario de Hacienda y Crédito Público o el suplente del secretario de Hacienda y Crédito Público en ese orden, y a falta de todos los anteriores, quien designen los consejeros presentes.

Artículo 47. ...

...

A la Financiera le será aplicable la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo 52. ...

...

El incumplimiento o violación a la presente ley se sancionará con multa que impondrá la Comisión equivalente de cien a cincuenta mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Para la imposición de las multas se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 110 de la Ley de Instituciones de Crédito, cargando su importe contra el patrimonio líquido de la Financiera.

...

...

Artículo 58. Las infracciones administrativas que se cometan en violación a lo previsto en la presente ley y demás ordenamientos aplicables, serán sancionadas conforme a lo señalado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo 59 Bis. Se sancionará con prisión de tres meses a dos años y multa de treinta a dos mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, no exceda del equivalente a dos mil  días de salario.

Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, exceda de dos mil y no de cincuenta mil días de salario; se sancionará con prisión de dos a cinco años y multa de dos mil a cincuenta mil días de valor de la Unidad de Medida y Actualización.

Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial según corresponda, exceda de cincuenta mil, pero no de trescientos cincuenta mil días de salario, se sancionará con prisión de cinco a ocho años y multa de cincuenta mil a doscientos cincuenta mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.

Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial según corresponda, exceda de trescientos cincuenta mil días de salario, se sancionará con prisión de ocho a quince años y multa de doscientos cincuenta mil a trescientos cincuenta mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.

...

I. a IV. ...

...

...

Para determinar el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, previstos en este artículo, se considerará como el valor de la Unidad de Medida y Actualización, la que determine anualmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía vigente en el momento de cometerse el delito de que se trate.

...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.– Diputada Araceli Celestino Rosas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY GENERAL DE SALUD

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de teleconsulta médica, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Emmanuel Reyes Carmona, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de teleconsulta médica, con base en el siguiente

Planteamiento del problema

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en el año 2019 recomendaciones para los países sobre diversas maneras de mejorar la salud de la población y los servicios básicos mediante las tecnologías digitales (teléfonos móviles, tabletas, ordenadores, etcétera). En dicho documento señala «es fundamental aprovechar el potencial de las tecnologías digitales para alcanzar la cobertura sanitaria universal. Al fin y al cabo, estas tecnologías no son un fin en sí mismas, sino herramientas esenciales para promover la salud, preservar la seguridad mundial y servir a las poblaciones vulnerables».

Menciona también que la implementación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en materia de salud servirán no solo a los pacientes sino también al personal de salud a quien permitirá tomar decisiones sobre el paciente sin importar la distancia, así como mejorar la comunicación entre ambas partes.

La OMS se esfuerza por que las TIC en la salud se empleen con la mayor eficacia posible, es decir, que aporten nuevas soluciones para los trabajadores sanitarios y las personas que los utilizan, que se tengan en cuenta las limitaciones infraestructurales y que se consiga una buena coordinación para que las personas que viven en zonas remotas accedan a los servicios sanitarios mediante teléfonos móviles, sitios web u otras herramientas digitales.

No obstante, la OMS advierte que el éxito de la llamada “telemedicina” a través de “teleconsultas” «depende mucho del contexto y de que su diseño sea adecuado. Por ejemplo, hay que tener en cuenta aspectos estructurales de los lugares donde se utilizan, la infraestructura disponible, las necesidades sanitarias que se pretenden satisfacer y la facilidad de uso de la propia tecnología». Por esta razón es necesario formar a los trabajadores sanitarios para motivarlos a que empiecen a adoptar esta nueva forma de trabajar y se familiaricen con la tecnología, así como a los pacientes de que esta forma de atención es muy útil y ventajosa.

De igual forma, su implementación requiere resolver cuestiones como la inestabilidad de las infraestructuras, aplicar políticas de protección de la privacidad de las personas, y garantizar la gobernanza y la coordinación a fin de evitar la fragmentación de estos instrumentos en el sistema de salud. Esta última cuestión nos refiere a la importancia de contar con un marco legislativo para su la adecuada implementación de estos modelos, especialmente después de la pandemia de Covid-19 que significó un aumento en el uso de estas tecnologías. La presente iniciativa pretende atender esta cuestión con base en los siguientes:

Argumentos

Telemedicina y TeleSalud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la telemedicina como “la prestación de servicios de atención de la salud, donde la distancia es un factor crítico, por todos los profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y de la comunicación para el intercambio de información válida para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades y lesiones, la investigación y la evaluación, todo en aras de avanzar en la salud de los individuos y sus comunidades”.

Es una disciplina que se basa en la utilización de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) para la prestación de servicios médicos a distancia. A través de la misma, los profesionales de salud pueden llevar adelante actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los usuarios del sistema de salud, especialmente a quienes no pueden acceder a la atención de forma presencial.

Es importante entender que la telemedicina es un proceso, no una tecnología. Sin embargo, este proceso ha sido más factible y viable en los últimos años gracias a los avances tecnológicos. La telemedicina puede ser tan simple como dos profesionales de la salud discutiendo un caso por teléfono, hasta la utilización de avanzada tecnología en telecomunicaciones e informática para realizar valoraciones, consultas, diagnósticos, cirugías a distancia, prescripción de recetas, etc. en tiempo real.

Resulta importante destacar el rol que la telemedicina ha cumplido durante la pandemia del Covid-19, ya que permitió mantener el vínculo entre profesionales de la salud y pacientes minimizando el contacto físico. Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la telemedicina hizo posible que muchos de los servicios clínicos clave siguieran operando durante la pandemia (OPS y BID, 2020). En la actualidad, la telemedicina permite brindar servicios de teleradiología, teledermatología, y telepsiquiatría, así como el para el cuidado del paciente en el hogar a través del monitoreo de parámetros biológicos.

Por su parte, los avances en la robótica, realidad virtual e inteligencia artificial han permitido el desarrollo de servicios de cirugía a distancia (telecirugía), entre otros servicios, por lo que últimamente está dándose lugar a una revisión conceptual del término “telemedicina”, en dónde se entiende que el término “TeleSalud” es mucho más apropiado, pues abarca un campo de actuación más amplio, y algunos especialistas empiezan a considerar la telemedicina como un pilar de ésta.

Es importante destacar que la telemedicina no sustituye la atención presencial y que deben desarrollarse en forma complementaria y coordinada. Las estrategias de implementación deben asegurar que el resultado final tiene que tener la misma calidad y las mismas características que un acto médico presencial. Los servicios de telemedicina siempre deben está centrado en el paciente y tener como objetivo el beneficio del mismo.

Los servicios de telemedicina se pueden clasificar según los actores que interactúan y la modalidad de la interacción, tal como se observa en el siguiente cuadro:

Beneficios de la TeleSalud

• Disponibilidad. La TeleSalud permite prestar asistencia médica a distancia a los pacientes que están en las regiones remotas. También la TeleSalud facilita la vigilancia de los pacientes con una movilidad reducida.

• Reducción de los gastos de salud pública. El monitoreo a distancia de los pacientes con ayuda de las tecnologías móviles puede disminuir la necesidad de visitas de ambulatorio y garantizar la verificación a distancia de las recetas y el control de prescripción de medicamentos. Así que, se reduce significativamente el coste total de asistencia médica.

• Intercambio de experiencia entre profesionales de la salud. Las tecnologías móviles permiten a los trabajadores sanitarios realizar consultas e intercambiar de experiencia, observar a los peritos e interactuar con ellos estando a una distancia unos de otros.

• Reducción del riesgo de propagación de las enfermedades infecciosas. La tele-salud excluye la posibilidad de transmisión de las enfermedades infecciosas o los parásitos entre los pacientes y el personal médico.

• Reducción de estigma y comodidad para los pacientes. Algunos pacientes se sienten incómodos durante consulta, o se les dificulta el trasladarse a la unidad de salud.

• Como servicio, puede beneficiar a todos los pacientes de un sistema sanitario, pero sobre todo a las personas mayores y los pacientes crónicos.

Experiencias de TeleSalud en otros países de América Latina

La telemedicina es una realidad en diversos países en el mundo, como lo es la región de América Latina, proceso que se aceleró durante la pandemia del Covid-19. En este espacio se cuenta con varias experiencias como a continuación se señala:

En Argentina, la Asociación Mutual de Protección Familiar (AMPF) Implementó un sistema integral de teleconsulta (llamadas de voz y videollamadas) que permite de forma simple y efectiva la solicitud de un turno a través de una plataforma virtual y su posterior consulta médica por el mismo medio, manteniendo la calidad en la relación médico-paciente.

También se optimizaron los tiempos de atención de los recursos profesionales prescribiendo recetas de medicamentos, estudios de diagnóstico y/o análisis clínicos en línea, así como realizando el monitoreo a distancia del resultado de los estudios y el seguimiento en forma remota.

En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el enfoque implementado apunta dar una solución de atención a través de una computadora o dispositivo inteligente para aquellos usuarios que estén agendados a través del centro de atención telefónica pero que no puedan asistir en forma presencial. Se apunta a lograr que la mayor parte de la población reciba consulta médica virtual asistida desde su domicilio en todo el territorio, aunque se da prioridad a pacientes y usuarios que formen parte de grupos vulnerables. De esta forma se busca evitar que los pacientes acudan en forma presencial disminuyendo el riesgo de contagio Covid-19.

Por otro lado, dentro de los desafíos identificados, se encuentran las dificultades de acceso al sistema por parte de poblaciones que vive en zonas rurales y con limitaciones en la conexión a internet.

En Perú, EsSalud — Seguro Social de Salud, implementó la solución de telemedicina como respuesta directa a Covid-19 para pacientes crónicos, luego que el Ministerio de Salud recomendó suspender la consulta externa y exámenes de ayuda al diagnóstico para evitar exponer a la población al contagio de Covid-19.

La forma de implementación fue a través del diseño de un proceso para la atención de pacientes maximizando el uso de tecnologías de la información. Este proceso incluye aspectos como el análisis de la demanda, acceso remoto a historias clínicas, otorgamiento de citas en línea, y telemonitoreo, así como la prescripción de recetas con firma digital.

De esta forma, EsSalud pudo mantener servicios a pacientes con enfermedades crónicas, incluyendo niños.

En Uruguay el Banco de Previsión Social (BPS), está dando sus primeros pasos en telemedicina. El enfoque en este caso apunta a dos universos diferentes, por un lado, la teleconsulta médica a través de mecanismos de videoconferencia y por otro para los casos en que se debe determinar la incapacidad de un trabajador para continuar en actividad.

A raíz de la aprobación de la Ley 19689 del 2 de abril de 2020 donde se aprueban los lineamientos generales para la aplicación de la telemedicina en la atención y de la aprobación por parte del Ministerio de Salud Pública para aplicar la teleconsulta en la atención, el Círculo Católico de Obreros del Uruguay Mutualista implementa teleconsultas en la atención ambulatoria.

La TeleSalud se está consolidando como una modalidad de servicios de valor agregado. Tal como lo demuestran las buenas prácticas presentadas por diferentes organizaciones a nivel internacional, es claro que la incorporación de tecnología en los procesos de atención médicos a través de herramientas como la TeleSalud es un camino que muchas organizaciones han comenzado a transitar con éxito.

En el marco de la emergencia sanitaria de la Covid-19, la TeleSalud en general y particularmente las teleconsultas han constituido una herramienta fundamental ya que han permitido a las personas recibir atención médica de calidad sin salir de sus casas y sin importar su ubicación geográfica, protegiendo a los propios pacientes y a la sociedad de posibles contagios. De esta forma, mostró su capacidad para brindar atención a personas mayores y pacientes de enfermedades crónicas, permitiendo el control y seguimiento remoto de sus parámetros biológicos y en conexión con otras herramientas de eSalud tales como los registros médicos.

Por otro lado, la aplicación de prácticas de TeleSalud plantea desafíos relevantes en aspectos tecnológicos, legales, sociales y éticos. En particular, la inclusión digital de los usuarios, tanto en el acceso a herramientas y a una adecuada conectividad, como en su capacidad para usarlas, tiene un impacto crucial en el éxito de dichas prácticas.

Las instancias de capacitación a los profesionales de salud y la generación de instructivos para los usuarios son fundamentales en la implantación de servicios de TeleSalud, ya apuntan a generar un ambiente de confianza y seguridad el cual es esencial para asegurar la calidad de la atención.

Experiencias de TeleSalud en México

Afortunadamente en nuestro país se cuenta también con varias experiencias sobre el uso de la TeleSalud, y en algunos casos se cuenta con varios años de experiencia en este sentido. En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado (ISSSTE), las primeras experiencias de telemedicina datan de la década de 1990. A partir de los años 2000 se introducen nuevas tecnologías, en particular de comunicaciones satelitales.

Esta extensa experiencia al momento de enfrentar la crisis sanitaria producto del Covid-19, disponiendo de los procesos implementados, resultó una fortaleza para dar respuesta a los servicios de salud, manteniendo una atención médica oportuna, evitando traslados de pacientes y permitiendo ampliar la cobertura de servicios médicos especializados.

El abordaje en el ISSSTE consiste de un modelo operativo multired con tres niveles de atención médica. Telemedicina ISSSTE es una plataforma de consulta médica a distancia a través de un sistema de videoconferencia de alta resolución, que enlaza pacientes y médicos. Este mecanismo permite el acceso a pacientes de zonas geográficas remotas con los médicos de la especialidad que requieran, así como minimizar el tiempo de espera de atención médica, llegando en muchos casos a 24 horas o menos.

En el Estado de Morelos, se implementó el programa “Salud para Todos” dónde se da asesoría y valoración a través de videollamada por profesionales de la salud a la población abierta sobre temas relacionados con Covid-19 y padecimientos generales; y en caso de detectar un caso sospechoso de Covid-19 o que requiera atención presencial el paciente es canalizado a la unidad de salud correspondiente.

Como podemos observar a partir de lo hasta aquí dicho, la TeleSalud no sustituye el modelo de asistencia tradicional, sino que lo complementa, permitiendo mejorar la accesibilidad y universalidad del servicio, así como la atención de los pacientes en situaciones de crisis como la actual emergencia sanitaria. El uso de los diferentes modelos y técnicas de asistencia debe contribuir a la mejora de la calidad del proceso asistencial, teniendo en cuenta la evolución de las necesidades de la sociedad. En un contexto postpandemia, la TeleSalud se posiciona como una disciplina de alto valor agregado para mejorar los niveles de salud de la población y la calidad de los servicios asistenciales especialmente en un contexto de envejecimiento de la población.

Con el fin de materializar la TeleSalud en todo país, en beneficio de la salud de las y los mexicanos, es que se presenta la siguiente iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Para mayor claridad sobre la propuesta a continuación se presenta un cuadro comparativo de la misma:

La TeleSalud se está consolidando como una modalidad de servicios de valor agregado en todo el mundo y México no es la excepción. Tal como lo demuestran los ejemplos presentados, es claro que la incorporación de tecnología en los procesos de atención médicos a través de herramientas como la TeleSalud es un camino que se debe buscar transitar, y sobretodo, hacerlo con éxito.

En el marco de la emergencia sanitaria de la Covid-19, la TeleSalud en general y particularmente las teleconsultas han constituido una herramienta fundamental ya que han permitido a las personas recibir atención médica de calidad sin salir de sus casas y sin importar su ubicación geográfica, protegiendo a los propios pacientes y a la sociedad de posibles contagios. De esta forma, mostró su capacidad para brindar atención a personas mayores y pacientes de enfermedades crónicas, permitiendo el control y seguimiento remoto de sus parámetros biológicos y en conexión con otras herramientas de Salud tales como los registros médicos.

Con base en lo antes expuesto, se somete a consideración de esta Honorable soberanía la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de teleconsulta médica

Artículo Único.  Se adicionan la fracción IX, del artículo 6, la fracción VIII Bis y el párrafo primero del artículo 32; y se agrega un Capitulo II Bis, denominado “Teleconsulta Médica”, adicionando los artículos 32 Bis 1, 32 Bis 2, 32 Bis 3, 32 Bis 4, 32 Bis 5, 32 Bis 6, 32 Bis 7 y 32 Bis 8, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

I. a X. ....

IX. Promover el desarrollo de los servicios de salud con base en la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención a la salud, incluida la teleconsulta médica;

X. a XII. ...

Artículo 7o.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

I a VIII. ...

VIII Bis. Promover la incorporación, uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en los servicios de Salud, incluida la teleconsulta médica;

IX. a XV. ...

Artículo 32. Se entiende por atención médica el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, incluyendo la teleconsulta médica, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud.

...

Capítulo II BisTeleconsulta Médica

Artículo 33 Bis 1. Se entenderá por teleconsulta médica a la prestación de servicios de atención de la salud, donde la distancia es un factor crítico, por todos los profesionales de la salud que utilizan tecnologías de la información y de la comunicación para el intercambio de información válida para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades y lesiones, la investigación y la evaluación, de conformidad con la normatividad que al efecto emita la Secretaría.

Las instituciones del Sistema Nacional de Salud y prestadores de servicios de salud a los que se refiere la presente ley podrán brindar el servicio de teleconsulta médica en el ámbito de su competencia, bajo la rectoría de la Secretaría de Salud y en términos de los lineamientos que expida.

Artículo 33 Bis 2. Toda persona tiene derecho al acceso y uso igualitario de las tecnologías de la información y comunicación que sean necesarias para recibir los servicios de teleconsulta médica, mismos que deberán de prestarse en condiciones de seguridad, calidad, eficacia, equidad e inclusión.

Artículo 33 Bis 3. La teleconsulta médica no sustituye la atención presencial, sino que debe desarrollarse en forma complementaria y coordinada.

En todos los casos, para brindar un servicio de teleconsulta médica deberá haber una autorización previa por parte del paciente.

En todo momento, los usuarios de los servicios de salud podrán decidir que la consulta se realice de manera presencial.

Los profesionales de la salud que brinden el servicio de teleconsulta médica, tendrán la obligación de determinar cuando el paciente requiera una atención médica presencial y referirlo de manera inmediata al establecimiento de salud más cercano en caso de urgencia.

Artículo 33 Bis 4. La Secretaría determinará los servicios que pueden ser prestados por medio de teleconsulta médica.

Artículo 33 Bis 5. La Secretaría garantizará la atención preferente a servicios de teleconsulta médica para los grupos vulnerables, comunidades indígenas, pacientes adultos mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónico-degenerativas o con movilidad limitada.

Artículo 33 Bis 6. La Secretaría de Salud emitirá los lineamientos correspondientes para la prestación de servicios de teleconsulta médica, en los que se incluirá:

I. El desarrollo de estándares de calidad para la teleconsulta médica;

II. La formación y capacitación de los profesionales de la salud en materia de teleconsulta médica;

III. El listado de servicios de salud que pueden ser proporcionados por medio de teleconsulta médica;

IV. La atención preferente a servicios de teleconsulta médica para los grupos vulnerables, comunidades indígenas, pacientes adultos mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónico-degenerativas o con movilidad limitada;

V. El desarrollo de la infraestructura tecnológica necesaria;

VI. Las instancias de certificación profesional y acreditación de establecimientos que brinden servicios de teleconsulta médica;

VII. Los mecanismos para la confidencialidad y el resguardo de los datos personales;

VIII. El establecimiento de un régimen de responsabilidad para los profesionales de la salud que ejerzan la teleconsulta médica; y

IX. Además de los que determine la Secretaría.

Artículo 33 Bis 7. La información que derive de la teleconsulta médica deberá ser registrada en el expediente clínico del paciente.

Artículo 33 Bis 8. Los establecimientos de salud que presten servicios de teleconsulta médica deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen la confidencialidad, seguridad, integridad y disponibilidad de la información derivada de dicho proceso.

El responsable de la prestación de servicios de salud o el profesional de la salud que realice teleconsulta médica, deberá obtener el consentimiento informado del paciente o de su representante o tutor, e informarle cómo funcionará la prestación de los servicios de teleconsulta, el alcance, los beneficios, las responsabilidades, el manejo de la privacidad, confidencialidad y el manejo de sus datos personales.

Artículos Transitorios

Artículo primero. Para la implementación de lo establecido en el presente decreto, las instituciones tendrán un plazo de 5 años contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo. La Secretaría de Salud emitirá los li-neamientos en materia de teleconsulta médica a los que se refiere el presente decreto en los 360 días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

Artículo tercero. El cumplimiento del presente decreto se realizará de manera progresiva, con cargo a los presupuestos autorizados para el ejercicio fiscal que corresponda, por lo que no se autorizarán nuevos conceptos de gasto.

Notas

1 https://www.who.int/es/news/item/17-04-2019-who-releases-first-guideline-on-dig ital-health-interventions

2 Op. cit.

3 https://cimt.uchile.cl/telemedicina-2/

4 https://cimt.uchile.cl/telemedicina-2/

5 «Technology and managed care: patient benefits of telemedicine in a rural health care network». Onlinelibrary.Wiley (en inglés).

6 «The mobile wave: how mobile intelligence will change everything». Perseus Books/Vanguard Press. página 153 (en inglés).

7 «Telemedicina, una herramienta también para el médico de familia». Elsevier.

8 «What is Telepsychiatry and How Do You Apply It?». BlendedCare (en inglés).

9 Asociación Mutual de Protección Familiar. 2020. Sistema de optimización de acceso a consultas médicas (Buenas prácticas de seguridad social). Ginebra, Asociación Internacional de la Seguridad Social.

10 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 2020. Consulta Médica Virtual Asistida: Teleconsulta (Buenas prácticas de seguridad social). Ginebra, Asociación Internacional de la Seguridad Social.

11 EsSalud - Seguro Social de Salud. 2020. Teleconsulta en EsSalud: la construcción de un proceso clave para la atención del paciente con enfermedad crónica en el contexto de la pandemia Covid-19 (Buenas prácticas de seguridad social). Ginebra, Asociación Internacional de la Seguridad Social.

12 https://saludparatodos.ssm.gob.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.– Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

EXHORTO A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DE OAXACA, A RESPETAR Y HACER EFECTIVOS LOS DERECHOS HUMANOS DE LA NIÑA PAOLA, Y AL CONAPRED, A INICIAR UN PROCEDIMIENTO DE QUEJA PARA ATENDER, INVESTIGAR Y DETERMINAR MEDIDAS DE REPARACIÓN EN ESTE CASO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades educativas competentes del estado de Oaxaca, a respetar y hacer efectivos los derechos humanos a la educación, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad de la niña Paola; y al Conapred, a iniciar de oficio un procedimiento de queja para atender, investigar y determinar medidas de reparación en este caso, así como a hacer públicos los avances y resultados, a cargo del diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 62, numeral 2; 65, numeral 4; 79, numeral 2, fracción III y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con punto de acuerdo que exhorta a las autoridades educativas competentes del estado de Oaxaca, a respetar y hacer efectivos los derechos humanos a la educación, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad de la niña Paola; y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a iniciar de oficio un procedimiento de queja para atender, investigar y determinar medidas de reparación en este caso, así como a hacer públicos los avances y resultados, en atención a las siguientes

Consideraciones

1. El pasado 23 de enero de 2023, autoridades de la Escuela Telesecundaria “José Vasconcelos” ubicada en la comunidad de San José Manialtepec, en el municipio de Villa de Tututepec, Oaxaca, prohibieron el acceso a las instalaciones y actividades escolares a la niña Paola, de 12 años, quien previamente solicitó acudir a tomar clases usando camisa blanca y pantalón, en lugar de falda.

2. La señora Paula Hernández, madre de Paola, señala que en enero la directora de la escuela admitió que la niña acudiera usando pantalón, sin embargo, se retractó de esta decisión por presiones del Consejo Técnico y del comité de padres de familia que se oponían, por considerar que se viola el reglamento interno de la escuela.

3. Desde entonces, la niña y su madre han tenido que emprender distintas acciones legales en contra de la decisión de profesores, autoridades escolares, madres y padres de familia de la comunidad escolar, quienes sostienen que Paola debe cumplir con el reglamento escolar que indica que las niñas deben tomar clases con falda y los niños con pantalón.

4. Paola y su madre promovieron una demanda de amparo para lograr la inscripción e ingreso a clases de la menor. El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca otorgó una suspensión en este caso, para el efecto de que las autoridades escolares permitieran el acceso de Paola a la escuela, usando el uniforme de su preferencia.

Sin embargo, aun con dicha resolución jurisdiccional, el pasado 10 de marzo autoridades escolares y miembros del consejo de padres de familia impidieron a Paola acceder y permanecer en la escuela, incluso ejerciendo violencia física contra ella y su madre. Dicho acto habría sido presenciado también por autoridades municipales, sin que intercedieran en favor de la menor.

Lejos de llegar a una resolución del problema, las autoridades escolares determinaron la suspensión de clases en el centro escolar a partir de esa fecha, con la finalidad de llevar el caso ante la asamblea general del pueblo para que éste resuelva en definitiva.

Consideramos que la decisión de suspender clases no solo refuerza la violación de los derechos humanos de Paola, sino que afecta injustificadamente el derecho a la educación de otras niñas y niños.

5. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (Ddhpo) ya ordenó una medida cautelar para que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca realice la inscripción de la menor y garantice su acceso al plantel educativo sin condicionamiento alguno.

6. Paola ha solicitado también la intervención y apoyo de distintas autoridades en Oaxaca, incluido el gobernador Salomón Jara Cruz y diputadas y diputados locales. La Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo (CADH) del Gobierno de Oaxaca ha señalado que ya atiende el caso de Paola, y ha establecido comunicación con su madre para ofrecer acompañamiento legal, psicológico y social para ambas.

En una carta enviada al gobernador Jara, Paola manifiesta que se siente triste por el trato que ha recibido por su comunidad, y que prefiere el uniforme que usan los niños por sentirse más cómoda y segura con él. Asimismo, señala que no le gusta haber sido expuesta ante los padres y madres de familia por sentir vulnerada su intimidad, y que no está de acuerdo con que una asamblea del pueblo decida cómo debe vestirse.

7. El pasado jueves, 23 de marzo, se llevó a cabo una reunión entre autoridades estatales, municipales, escolares y representantes de padres de familia, sin que se llegara a un acuerdo para permitir a Paola acceder a la escuela. En cambio, se planteó la posibilidad de reubicarla en un plantel distinto o de brindarle clases particulares.

A la fecha, autoridades y padres de familia se han negado a atender la suspensión emitida por el juez de amparo, y la recomendación emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

La suspensión de clases en la escuela continuó hasta el pasado viernes, 24 de marzo.

8. El caso de Paola pone de manifiesto una realidad que frecuentemente se percibe como erradicada. El machismo y violencia estructural que enfrentan niñas y mujeres en nuestro país, en cuestiones tan elementales como el respeto a su identidad, a no ser discriminadas y a vivir en un entorno libre de violencia, reflejan que la lucha por la igualdad sustantiva aún no está ganada.

9. Este caso es una representación fiel de la cultura patriarcal que se encuentra enraizada en muchas de nuestras comunidades, debido a que se impide a una niña con plena consciencia sobre su autonomía e identidad, ejercer sus derechos humanos por considerar que su decisión no encuadra dentro del estereotipo de cómo debe verse o vestirse una niña o una mujer. La ropa, algo que en apariencia es accesorio dentro de esta situación, es en realidad una expresión de género que no debería emplearse para obstaculizar el derecho a la educación de Paola.

10. Y es que, simultáneamente, tanto autoridades escolares, como madres y padres de familia de la comunidad escolar — que en los hechos están asumiendo funciones de autoridad — no solo están violando el derecho a la educación de Paola, sino también, de manera evidente, su derecho a la igualdad y la no discriminación, a la identidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad, a una vida digna y libre de violencia, y a la garantía del interés superior de la niñez.

La exclusión que se ha ejercido en contra de Paola la coloca en un ambiente sumamente hostil para su adecuado desarrollo, orillándola al ostracismo y sometiéndola al juicio de la comunidad en la que vive. Lo anterior repercute en su bienestar emocional, mental y físico, y constituye una clara violación a su dignidad, intimidad y libertad.

11. El artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que México es parte. Estos derechos no pueden restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que nuestro marco constitucional y convencional establecen. En este sentido, queda prohibida toda restricción de derechos y toda forma de discriminación basada, entre otras categorías, en razones como el género, la condición social o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Está demás decir que la ropa no es ni puede ser un motivo válido para restringir o limitar los derechos humanos de Paola. Ningún reglamento, norma, práctica o disposición impuesta por la autoridad escolar o por la comunidad de padres de familia de la Escuela “José Vasconcelos”, puede sujetar el ejercicio del derecho a la educación de Paola al uso de una prenda de ropa determinada.

Una restricción de este tipo no solo resulta desproporcionada e injustificada, sino que es directamente violatoria de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es parte.

Esta restricción, además, es lesiva de la dignidad de Paola, por estar basada en un prejuicio de género que supone que las niñas y mujeres deben usar falda — o, en sentido contrario, los varones solo pueden usar pantalón. Una concepción de este tipo está fincada en estereotipos que asignan formas de comportamiento y roles que mujeres y hombres deben cumplir, salvo que quieran ser excluidos y sometidos al juicio de la comunidad que ahora enfrenta Paola.

12. A la luz de los hechos conocidos en este caso, puede considerarse que Paola sufre distintos tipos de violencia en los ámbitos institucional, docente y en la comunidad. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define estas modalidades de violencia, como a continuación se señala:

Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.

Son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público.

Aquellas conductas que dañen la autoestima de las}alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y/o características físicas, que les infligen maestras o maestros.

13. Como antes señalamos, ningún reglamento, norma, práctica o disposición interna de la escuela pueden estar por encima de la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por nuestro país. Máxime, si dicha norma o práctica resulta violatoria de derechos humanos elementales como la dignidad, la libertad, la privacidad y la autonomía.

14. En el presente caso, la exigencia respecto a los uniformes considerados idóneos para niñas y para niños resultan en una violación directa a la Constitución; también lo es la decisión de autoridades escolares y padres de familia de someter el caso de Paola a la autoridad de una asamblea comunitaria, ignorando un mandato judicial y una recomendación de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca que ordenaba restituir a la menor en el goce y ejercicio de sus derechos.

El artículo 2o de la CPEUM, en su apartado A, fracción II, establece que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la libre determinación y, en consecuencia, autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales establecidos en la Constitución, y respetando los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres.

15. Los derechos humanos de Paola no pueden condicionarse por reglamento escolar alguno que le impida libremente ejercer su autonomía y desarrollar su personalidad e identidad y, por supuesto, no puede condicionar su acceso a la educación. Ningún particular, en este caso, los padres de familia de la comunidad escolar, pueden restringir dichos derechos con base en categorías discriminatorias basadas en prejuicios y estereotipos de género pues, como su madre afirma, “la ropa no tiene género”.

Por las consideraciones antes expuestas, se propone a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a las autoridades educativas competentes en el estado de Oaxaca, a respetar y hacer efectivos los derechos humanos a la educación, a la no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad e identidad de la niña Paola, garantizando en todo momento el principio del interés superior de la niñez y la adolescencia;

Segundo.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a las autoridades escolares, cuerpo directivo y docente, así como al comité, consejo u órgano de representación de padres de familia de la Escuela Telesecundaria “José Vasconcelos”, a dar cumplimiento a las resoluciones jurisdiccionales y recomendaciones de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en el caso de la niña Paola, y a no obstaculizar su efectividad, con el fin de garantizar la inscripción y acceso a clases de la menor, usando el uniforme de su preferencia;

Tercero.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a las autoridades escolares competentes del estado de Oaxaca, a garantizar la incorporación y desarrollo de la niña Paola en las actividades escolares en un entorno sano y libre de discriminación y violencia para su adecuado desarrollo, así como a prevenir y sancionar todo acto de hostigamiento, acoso o exclusión en su contra;

Cuarto.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión reconoce y exhorta al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, a continuar y agotar el diálogo con autoridades escolares y padres de familia de la Escuela Telesecundaria “José Vasconcelos”, a fin de garantizar el derecho a la educación de la niña Paola, respetando en todo momento el ejercicio de su autonomía y libre desarrollo de su personalidad, identidad y expresión de género, en condiciones de igualdad y no discriminación;

Quinto.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a que, en términos del artículo 46 y las demás disposiciones aplicables de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, inicie oficiosamente un procedimiento de queja para conocer, atender, investigar y determinar las medidas de reparación en el caso de la niña Paola, así como a hacer públicos los avances y resultados de dicho procedimiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.– Diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

SE EXIGE EL DESLINDE DE RESPONSABILIDADES ANTE LOS HECHOS SUSCITADOS EL PASADO 27 DE MARZO EN LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se exige el pronto deslinde de responsabilidades ante los hechos suscitados el 27 de marzo de 2023, en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, a la reparación del daño a las personas víctimas y la renuncia de las personas servidoras públicas y autoridades responsables, suscrita por las diputadas Rosa María González Azcárraga y Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Rosa María González Azcárraga, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura, así como diputadas y diputados de la misma fracción, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración esta proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, aproximadamente a las 21 horas del 27 de marzo del 2023, dentro de una de las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración ubicada en el Puente Internacional Stanton-Lerdo, Ciudad Juárez, Chihuahua, se encontraban 68 hombres mayores de edad de Centro y Sudamérica, quienes comenzaron a protestar ante el desabasto de insumos de primera necesidad, como el agua.

Alrededor de las 21: 30 horas las personas migrantes decidieron prender fuego a diferentes objetos en la entrada de dicha estación, esperando a que sus demandas fueran atendidas por las autoridades presentes, quienes fueron negligentemente omisas ante la situación; por lo que el fuego se expandió rápidamente y las personas quedaron atrapadas ante la negativa de abrir inmediatamente la puerta de la estación.

Medios de comunicación reportaron que 41 personas fallecieron, de las cuales 37 murieron en el lugar y 4 mientras recibían atención médica. El resto se mantiene hospitalizada en una situación grave.

La Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, interpuso una denuncia y se dio vista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aunque, la Fiscalía General de la República no ha emitido un comunicado oficial, se presume que en realidad las protestas iniciaron tras un operativo que realizó el propio Instituto para remover de las calles a las personas que pedían limosna o trabajaban ambulantemente.

Durante la Conferencia Matutina del 28 de marzo de este año, el presidente de la República señaló que las protestas comenzaron debido a que las personas migrantes fueron informadas de que serían deportadas. Además, mencionó que el incendio fue provocado por la quema de colchonetas dentro de la estación.

Es importante enfatizar que, si bien es cierto que es de orden público la presentación de los extranjeros adultos en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional; el artículo 107 de Ley de Migración prevé que estas instalaciones deberán cumplir al menos los siguientes requisitos:

I. Prestar servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica;

II. Atender los requerimientos alimentarios del extranjero presentado, ofreciéndole tres alimentos al día. El instituto deberá supervisar que la calidad de los alimentos sea adecuada. Las personas con necesidades especiales de nutrición, como personas de la tercera edad y mujeres embarazadas, recibirán una dieta adecuada, con el fin de que su salud no se vea afectada en tanto se define su situación migratoria.

Asimismo, cuando así lo requiera el tratamiento médico que se haya prescrito al alojado, se autorizarán dietas especiales de alimentación. De igual manera se procederá con las personas que por cuestiones religiosas así lo soliciten;

III. Mantener en lugares separados y con medidas que aseguran la integridad física de las personas extranjeras, a hombres y mujeres;

IV. Promover el derecho a la preservación de la unidad familiar;

V. Garantizar el respeto de los derechos humanos del extranjero presentado;

VI. Mantener instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento;

VII. Contar con espacios de recreación deportiva y cultural;

VIII. Permitir el acceso de representantes legales, o persona de su confianza y la asistencia consular;

IX. Permitir la visita de las personas que cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. En caso de negativa de acceso, ésta deberá entregarse por escrito debidamente fundado y motivado, y

X. Las demás que establezca el reglamento.

El instituto facilitará la verificación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del cumplimiento de los requisitos señalados en este artículo, y el acceso de organizaciones de la sociedad civil, conforme a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas aplicables.

Adicionalmente, el artículo 8 de la ley en comento señala que a fin de lograr una convivencia armónica y preservar la seguridad de los extranjeros alojados en las estaciones migratorias, el orden y la disciplina se mantendrán con apego a las disposiciones administrativas que emita la Secretaría y respetando en todo momento sus derechos humanos.

Como se aprecia, la tragedia que tuvo lugar responde al incumplimiento de obligaciones de las autoridades correspondientes; así como a la negligencia y violación sistémica de derechos humanos de las personas en situación de movilidad que se encuentran en territorio nacional. Tomando la palabra al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, exigimos que todas las personas responsables sean sancionadas, iniciando por los titulares de las instituciones responsables: Adán Augusto López Hernández y Francisco Garduño Yáñez.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de este pleno, el presente

Punto de Acuerdo

Único. — La LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exige el pronto deslinde de responsabilidades ante los hechos suscitados el 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, a la reparación del daño a las personas víctimas y la renuncia de las personas servidoras públicas y autoridades responsables, empezando por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez.

Notas

1 Comunicado No. 201/2023, Secretaría de Gobernación, Prensa, 28 de marzo de 2023. Recuperado en:

https://www.gob.mx/segob/prensa/instituto-nacional-de-migracion- informa-330096

2 Atrapados en incendio, 41 migrantes mueren en estación del INM en Ciudad Juárez, Periódico La Verdad Juárez, 28 de marzo de 2023, recuperado de:

https://laverdadjuarez.com/2023/03/28/atrapados-en-incendio-41-m igrantes-mueren-en-estacion-del-inm-en-ciudad-juarez/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.– Diputadas: Rosa María González Azcárraga, Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

EXHORTO A LA FGR, A LA SFP Y AL INM, RESPECTO AL FALLECIMIENTO DE PERSONAS MIGRANTES EN INSTALACIONES DEL INM EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, EL PASADO 27 DE MARZO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR, a la SFP y al INM a realizar una serie de acciones en torno al trágico fallecimiento de personas migrantes y solicitantes de asilo en instalaciones del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo del 2023, a cargo de la diputada Sofía Carvajal Isunza, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, diputada Sofía Carvajal Isunza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, así como diversas diputadas y diputados de distintos Grupos Parlamentarios, con fundamento en los artículos 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del honorable Congreso de la Unión, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

El pasado 27 de marzo del presente año se registró un incendio alrededor de las 9: 30 p.m. en un centro de detención para personas migrantes del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua donde fallecieron cerca de 40 personas migrantes y 29 quedaron gravemente heridos, de acuerdo con cifras del propio Instituto Nacional de Migración (INM).

Lo que se sabe respecto a su estancia en las instalaciones del INM a través de testimonios de sus familiares es que iban a abandonar el centro el día 27 de marzo desde la 1 de la tarde. Sin embargo, esto no sucedió.

En el lugar de los hechos estaban alojados 68 hombres mayores de edad originarios de Centro y Sudamérica, principalmente procedentes de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras.

Gracias a los medios de comunicación digitales se pudo conocer un video del momento del incendio que revela y prueba la suma negligencia por parte de los agentes encargados del centro, donde estos son omisos en abrir las puertas del centro a pesar de que las llamas y el humo están consumiendo las instalaciones, la falta de compasión, humanidad y dignidad condujeron al inminente fallecimiento masivo de las personas migrantes que se encontraban bajo el resguardo del Estado mexicano en dicho centro de detención migratoria.

Las reacciones de los organismos y asociaciones nacionales internacionales de derechos humanos no se hicieron esperar. La Asociación de Venezolanos en México AC, Venemex, emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por los hechos acontecidos. De igual forma hace un llamado a las autoridades a realizar las investigaciones correspondientes para clarificar la situación. En él se expresa que los migrantes se encontraban detenidos en contra de su voluntad, bajo custodia y responsabilidad del Estado mexicano.

La Organización de las Naciones Unidas ONU en conjunto con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) exigieron realizar una investigación exhaustiva de la tragedia ocurrida con los migrantes, recordándole a México su compromiso internacional acorde al Objetivo 13 del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular por el que se comprometió a que “cualquier detención en el contexto de la migración internacional cumpla las garantías procesales, no sea arbitraria, se base en la ley, la necesidad, la proporcionalidad y la evaluación individual; esté a cargo de funcionarios autorizados y dure lo menos posible.”

Por su parte ONU México hizo expreso su compromiso en coadyuvar con las autoridades mexicanas para implementar las acciones correspondientes para evitar la repetición de hechos similares en el futuro.

Amnistía Internacional señaló mediante un comunicado de prensa que estos hechos son consecuencia de las restrictivas y crueles políticas migratorias que comparten los gobiernos de México y Estados Unidos. Además, mencionó que la tragedia se dio en un contexto en el que las personas se han visto forzadas a buscar protección internacional, al enfrentar riesgos a su vida y a otras violaciones a derechos humanos, tanto en sus países de origen como en los de tránsito y destino. Ante esta situación, los países de la región, encabezados por Estados Unidos, han establecido políticas migratorias compartidas que son cada vez más inhumanas, haciendo casi imposible el acceso al derecho a solicitar asilo y obligando a las personas a buscar rutas más peligrosas y que las ponen en una mayor situación de vulnerabilidad.

En este comunicado, Amnistía Internacional hace un recuento sobre la forma en qué México ha abordado el tema migratorio, expresando para buscar frenar la migración en colaboración con Estados Unidos y Canadá, las autoridades mexicanas han establecido facultades a la Guardia Nacional en materia migratoria y han militarizado las fronteras. Adicionalmente, han utilizado la detención migratoria de manera sistemática. Señalando que en tan solo en 2022, las autoridades migratorias recluyeron al menos a 318,660 personas en estaciones migratorias y expulsaron a más de 106,000, entre las que se siguen encontrando niños, niñas y adolescentes.

La organización internacional es enfática en señalar que estas detenciones se realizan sin cumplir con los estándares de excepcionalidad, proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la detención, ni con los más altos estándares relativos a condiciones de detención dignas, incluyendo la prohibición de hacinamiento y el contar con agua y alimentos suficientes, haciendo énfasis en que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México estableció el 15 de marzo de 2023 que la reclusión de personas migrantes en centros de detención migratoria no debe exceder de 36 horas, periodo en el cual las personas deben llevar sus procesos en libertad.

Contrasta con estas reacciones, las reacciones del titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, el cual el 28 de Marzo de 2023 en su conferencia matutina comentó lo siguiente con respecto a lo sucedido:

“Quiero informar algo muy lamentable, muy triste. Anoche como a las 9: 30 se produjo un incendio en un albergue de migrantes en la frontera en Ciudad Juárez y tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que iniciaron, a partir suponemos de que se enteraron que iban a ser deportados y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego.”

A través de sus declaraciones el presidente trató de minimizar los hechos, al disfrazarlo de un accidente, pero no solo eso, sino que también revictimiza a los afectados haciendo ver culpables del hecho, aun sin tener investigaciones oficiales que pudieran asegurar que ellos iniciaron el incendio. Por otro lado, el presidente mintió al señalar que se encontraban en un albergue, realmente dicha instalaciones servían de facto como un centro de detención mediante el cual se restringía la libertad y movilidad de las personas migrantes.

Al encontrarse bajo resguardo de autoridades mexicanas, era responsabilidad del Estado Mexicano garantizar su vida e integridad, sin embargo, esto no fue así. Diversas fuentes de comunicación señalan que las protestas de las personas migrantes se dieron por no tener acceso a agua potable, no contar con alimentos suficientes ni aire acondicionado, encontrarse hacinados y bajo condiciones poco dignas.

Estos hechos no son aislados, es un común denominador de la política migratoria mexicana. En el Informe Final “Personas en detención Migratoria en México” realizado por el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración en 2017. Se visibiliza la violencia a la que están expuestos los migrantes.

“Un número significativo de las entrevistas realizadas a personas detenidas reflejan quejas por maltrato físico y verbal, insultos frecuentes y, en ocasiones, amenazas que llegan a ser de muerte. Los perpetradores de estos actos abarcaban personal de los centros, agentes federales de migración y personal de seguridad.” Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración”

De toda la información presentada llama la atención uno de los testimonios realizado por un migrante en un centro en Iztapalapa en el que hace énfasis a los malos tratos a los que están expuestos al llegar.

“Yo tengo amenazas de muerte por personas que están aquí, he recibido como cinco de la guardia y también de migración (...) Nos maltratan, nos dicen malas palabras... Yo soy muy discriminado porque no sé leer (...) hay veces que voy a ingerir mis alimentos y el guardia me dice que no puedo pasar. Me agreden bien feo, me tiran, me empujan... (Hombre, Iztapalapa)”

La Ley de Migración establece en su artículo 6 que: El Estado mexicano garantizará a toda persona extranjera el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de su situación migratoria. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de hacer efectivos dichas garantías a toda persona extranjera mediante políticas públicas encaminadas a ello.

Por otro lado, el artículo 11 de la misma Ley reconoce el derecho al debido proceso al que debieran tener acceso las personas migrantes así como las garantías y herramientas para defenderse jurídicamente dentro del territorio nacional. Sin embargo, esto no sucede de forma sistemática. La política migratoria actual impide que las personas migrantes ejerzan sus derechos y puedan ser oídos y vencidos en un procedimiento en forma de juicio.

Recientemente, Grupo Fórmula, dio a conocer que la empresa de Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA) S.A. de C.V., encargada de la seguridad en el centro de detención donde fallecieron las cerca de 40 personas migrantes, pertenece al cónsul Elías Gerardo Valdés Cabrera, de acuerdo con un documento del Registro Público de Comercio en manos de Grupo Fórmula en donde se señala a este cónsul como el “administrador único” de la empresa que ha tenido contratos con el Instituto Nacional de Migración (INM) desde hace años. Siendo el cónsul general, el socio mayoritario.

El personal de seguridad perteneciente a esta empresa y a cargo de custodiar a las personas migrantes que fallecieron no estaba capacitado ni sensibilizado para responder correctamente a sus funciones, tal es el caso, que en el vídeo se aprecia como no hacen el más mínimo esfuerzo por ayudar a las personas migrantes.

Pese a ser una empresa de índole privada, al ejercer una actividad responsabilidad del Estado, esta debe responder ante él como responsable, junto con las autoridades y funcionarios que le asignaron la responsabilidad sin garantizar que contaba con el personal especializado para atender dicha encomienda.

En ese sentido, es importante que la Fiscalía General de la República investigue exhaustivamente los hechos y evalúe la probable responsabilidad de los custodios y agentes migratorios que por su acción u omisión pueden ser imputados por un delito.

El artículo 28 en su fracción IV de la Ley de Migración establece la obligación de la Fiscalía General de la República a realizar en el ámbito de sus atribuciones, las acciones necesarias para lograr una eficaz investigación y persecución de delitos de los que son víctimas u ofendidos los migrantes. En ese sentido, dicha autoridad es la responsable de realizar las investigaciones pertinentes de manera eficaz para garantizar la seguridad y los derechos humanos de los migrantes que estén en tránsito en nuestro país.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Migración las estaciones migratorias deben contar con la capacidad de:

- Prestar servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica.

- Atender los requerimientos alimentarios del extranjero, ofreciéndoles tres alimentos al día.

- Mantener en lugares separados y con medidas que aseguren la integridad física de las personas, a hombres y mujeres.

- Promover el derecho a la preservación de la unidad familiar.

- Garantizar el respeto de los derechos humanos del extranjero.

- Mantener instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento.

Por otra parte, en artículo 109 de la multicitada Ley de Migración se establecen los derechos que deberán ser garantizados en una estación migratoria para las personas migrantes, tales como el derecho a:

—A recibir durante su estancia un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal y atención médica en caso de ser necesario.

—Recibir un trato digno y humano durante toda su estancia en la estación migratoria.

En este sentido, la Secretaría de la Función Pública debe investigar las probables responsabilidades administrativas de los servidores públicos que por su negligencia o corrupción incumplieron con los requisitos de instalaciones y de garantía de derechos de las personas migrantes en el centro de detención de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Por otra parte, al encontrarnos ante víctimas de las que el Estado mexicano es responsable, debemos responder conforme a lo establece la Ley General de Víctimas y garantizar una reparación integral del daño a los familiares de las personas fallecidas y heridas, entre ellas, establecer garantías de no repetición, las cuales, de acuerdo con la ONU, tienen un papel fundamental en la prevención de futuras violaciones de los derechos humanos y contribuyen al mantenimiento de la paz y el desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto fundado, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. - Se exhorta a la Fiscalía General de la República a realizar las investigaciones pertinentes entorno a los hechos acontecidos en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua en donde el pasado 27 de marzo fallecieron cerca de cuarenta personas migrantes, así como a transparentar en versión pública los resultados de sus investigaciones.

Segundo. - Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno federal a investigar la presunta responsabilidad de los servidores públicos encargados de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua en donde el pasado 27 de marzo fallecieron cerca de cuarenta personas migrantes. Así como investigar la presunta responsabilidad administrativa de la empresa de Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA) S.A. de C.V, encargada de la seguridad en las instalaciones.

Tercero. - Se exhorta al Instituto Nacional de Migración a revisar y garantizar el estado de las instalaciones destinadas a la detención, albergue y recepción de personas migrantes, a fin de que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 107 de la Ley Migración, así como que cuenten con los elementos necesarios para garantizar los derechos de las personas migrantes establecidos en el artículo 109 de la misma ley.

Cuarto. - Se exhorta al Instituto Nacional de Migración a evitar la detención o retención de personas migrantes por períodos que excedan las 36 horas, posterior a ese periodo se le exhorta a permitir a las personas migrantes llevar sus procesos en libertad.

Dado en el Salón de Sesiones del honorable Congreso de la Unión, a los 11 días del mes de abril de 2023.– Diputadas y diputados: Sofía Carvajal Isunza, Reynel Rodríguez Muñoz, Eduardo Enrique Murat Hinojosa, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Ma. Elena Serrano Maldonado, Marco Antonio Mendoza Bustamante, Raúl Mario Méndez Reyes, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, Paloma Sánchez Ramos, Cristina Ruiz Sandoval, Laura Lorena Haro Ramírez, Xavier González Zirión, Karla Ayala Villalobos, José Guadalupe Fletes Araiza, Alma Carolina Viggiano Austria, Augusto Gómez Villanueva, Eduardo Zarzosa Sánchez, José Luis Garza Ochoa, Maribel Guadalupe Villaseñor Dávila, Pedro Armentía López, Yerico Abramo Masso, Eufrosina Cruz Mendoza, Carlos Iriarte Mercado, Oscar Gustavo Cárdenas Monroy, Rodrigo Fuentes Ávila, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Montserrat Alicia Arcos Velázquez, Lázaro Cuauhtémoc Jiménez Aquino, Javier Casique Zárate, Cynthia Iliana López Castro, Lorena Piñón Rivera, Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda, Ricardo Aguilar Castillo, Melissa Estefanía Vargas Camacho, Jaime Bueno Zertuche, Roberto Carlos López García, Norma Angélica Aceves García, María José Sánchez Escobedo, Mariana Erandi Nassar Piñeyro, Rosa María González Azcárraga, Enrique Godínez del Rio, Carlos Humberto Quintana Martínez, Rodrigo Sánchez Zepeda, Berenice Juárez Navarrete, Carlos Alberto Valenzuela González, Ana Teresa Aranda Orozco, Mariela López Sosa, Ana Maria Esquivel Arrona, Claudia Gabriela Olvera Higuera, Gurza Mariana Gómez del Campo, Gabriel Ricardo Quadri de la Torre, Edna Gisel Díaz Acevedo, Adriana Campos Huirache, Gabriela Sodi, Laura Barrera Fortoul, Sue Ellen Bernal Bolnik, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, Carlos Madrazo Limón, Ismael Alfredo Hernández Deras, Mariano González Aguirre (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL A EMITIR Y PUBLICAR LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS QUE PERMITAN IMPLEMENTAR LO DISPUESTO EN EL DECRETO EN MATERIA DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a emitir y publicar las disposiciones reglamentarias que permitan implementar lo dispuesto en el decreto en materia de salud mental y adicciones, publicado en el DOF el 16 de mayo de 2022, a cargo del diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley General de Salud tuvo una importante reforma que fue resultado del esfuerzo de varios legisladores que en su momento manifestaron su preocupación por el tema de las adicciones y el manejo de los centros de rehabilitación clandestinos que existen en toda la República.

Los centros de rehabilitación para adicciones deberían tener como objetivo el cuidado y la rehabilitación integral que requieren las personas que luchan contra el uso y abuso de las drogas, el alcohol y otras sustancias. Estos centros deberían estar enfocados en proporcionar ayuda para que las personas que sufren con las adicciones reduzcan y luego eliminen su dependencia de manera segura.

Desgraciadamente y a pesar de los esfuerzos que ha hecho el Gobierno de la República para dar atención integral a los casos de adicciones en el país, habilitando diversos instrumentos institucionales como la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), seguimos teniendo un alto índice de los mismos. Tan sólo en 2021, según el Informe sobre salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas en México, la Conadic atendió a 101 mil 142 personas a través de los centros de atención primaria en adicciones, de integración juvenil y de instituciones no gubernamentales.

La falta de campañas de difusión respecto al trabajo de los centros de atención primaria en adicciones y de integración juvenil o, en su caso, el poco acercamiento con las familias que tienen a uno de sus miembros en situación de adicción les obliga a buscar sitios atendidos por particulares donde puedan ayudarles en su proceso de desintoxicación y rehabilitación, llamados comúnmente “anexos o granjas”, los cuales tienen un alto costo de ingreso y permanencia para las familias y no siempre se garantiza el trato digno a los internos.

La reforma que se hizo a la Ley General de Salud en materia de adicciones busca mitigar los problemas que se dan en los centros de rehabilitación atendidos por particulares, muchos de ellos clandestinos, ya que no cuentan con un protocolo de manejo y atención, operan sin verificación y supervisión de sus actividades y casi siempre están dirigidos y atendidos por adictos “rehabilitados”, quienes no cuentan con capacitación legal, psicológica o médica, por lo que las prácticas a las que son sometidos los internos son inhumanas y humillantes, pues los someten a condiciones de presión y presunta privación de la libertad, hacinamiento, precariedad y poca sanidad.

En este contexto, la reforma referida fue de gran relevancia, ya que obliga a tener y adecuar la normatividad existente para crear los registros y cumplir con los requisitos señalados en la norma para tener procesos de verificación y supervisión de las instalaciones, protocolos de manejo y atención de los centros de rehabilitación atendidos por particulares, con el fin de salvaguardar la integridad física y emocional de los usuarios y sus familias, además de desincentivar la realización de actividades fuera de la ley.

El decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental y Adicciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2022, establece en el artículo tercero de su régimen transitorio lo siguiente:

Tercero. El Ejecutivo Federal tendrá un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para emitir las disposiciones reglamentarias que permitan proveer en la esfera administrativa lo previsto en el presente Decreto y actualizar las ya existentes con el fin de su armonización incluidas las normas oficiales mexicanas en la materia.

Han pasado casi 11 meses desde la entrada en vigor de la reforma sin que la autoridad responsable haya emitido las disposiciones reglamentarias que permitan implementarla, lo cual es de suma importancia ya que la salud mental y la prevención de las adicciones tienen el carácter prioritario dentro de las políticas de salud y deben brindarse conforme a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en donde el Estado garantizará el acceso universal, igualitario y equitativo a la atención de la salud mental y de las adicciones a todas las personas en el territorio nacional.

Atender el problema de las adicciones es un tema de interés fundamental para la agenda pública y las personas con esta enfermedad deben ser tratadas con respeto a sus derechos humanos y de manera integral.

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a efecto de que emita y publique las disposiciones reglamentarias que permitan implementar lo dispuesto en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental y Adicciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2022, de conformidad con el artículo tercero transitorio del mismo.

Nota

1 Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5652074&fecha =16/05/2022#gsc.tab=0

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.– Diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

SE HAGA PÚBLICO EL PROYECTO DE TÍTULO DE CONCESIÓN HABILITANTE PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RESPECTIVOS DERIVADOS DE LA PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN A TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al IFT y a la SICT a hacer público el proyecto de título de concesión habilitante para la prestación de los servicios respectivos derivados de la prórroga de la concesión a Teléfonos de México, SAB de CV, a cargo del diputado Gerardo Fernández Noroña, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, diputado José Gerardo Fernández Noroña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, así como numeral 2, fracciones III y VI, y 82, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a hacer público el proyecto de título de concesión habilitante para la prestación de los servicios respectivos derivados de la prórroga de la concesión a Teléfonos de México, SAB de CV, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Considerando

Que el artículo 6o. constitucional establece que: “el derecho a la información será garantizado por el Estado.”

Que “toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.”

Que “el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.”

Que el artículo 25 de la Carta Magna señala que:

“ Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.” La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

Que el “Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución” y,

Que “ podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.”

De igual manera, la Constitución en su artículo 28 párrafo IV señala que:

“... La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.”

Asimismo, en sus párrafos XVII y XVIII del artículo anterior se establece lo siguiente:

“El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que este artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites, garantizando lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.”

Además:

“Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto notificará al secretario del ramo previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de esta Constitución . El instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria. Las opiniones a que se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán emitirse en un plazo no mayor de treinta días; transcurrido dicho plazo sin que se emitan las opiniones, el Instituto continuará los trámites correspondientes.”

Gran parte de lo anterior, se deriva de la contrarreforma neoliberal de 2013, llevada a cabo por el gobierno de Peña Nieto por la cual nuestra Ley Fundamental crea y le otorga al IFT, diversas facultades que anteriormente estaban asignadas a la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transporte creando una superestructura sobre la ahora SICT para salvaguardar los intereses privados nacionales y extranjeros, y que estos prevalecieran sobre los intereses públicos en el ámbito de las concesiones estratégicas y el control del mercado, al cual se le cambió la denominación de “estratégico” por la de “prioritario”, para permitir la inversión privada y extranjera y cediendo de manera efectiva el control de este sector de toral importancia para nuestro país, si tomamos en cuenta diversos avances tecnológicos como el surgimiento de la Internet y su impacto actual en la vida cotidiana de las y los mexicanos.

De igual manera la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), establece lo siguiente:

“ Artículo 2. Las telecomunicaciones y la radiodifusión son servicios públicos de interés general.”

...

“ El Estado, al ejercer la rectoría en la materia, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación y garantizará la eficiente prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y para tales efectos establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.”

“En todo momento el Estado mantendrá el dominio originario, inalienable e imprescriptible sobre el espectro radioeléctrico”

...

“Los funcionarios del Instituto deberán guiarse por los principios de autonomía, legalidad, objetividad, imparcialidad, certeza, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas. Desempeñarán su función con autonomía y probidad.”

Aunado a lo anterior, y con base en el artículo 9 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, corresponde a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, los siguiente:

I. Emitir opinión técnica no vinculante al Instituto, en un plazo no mayor a treinta días naturales sobre el otorgamiento, la prórroga, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión;

II. Planear, fijar, instrumentar y conducir las políticas y programas de cobertura universal y cobertura social de conformidad con lo establecido en esta ley;

III. Elaborar las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del Gobierno federal;

IV. Coordinarse con el Instituto para promover, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, el acceso a las tecnologías de la información y comunicación y a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, en condiciones de competencia efectiva;

En cuanto al Instituto Federal de Telecomunicaciones el artículo 15 de la LFTR determina que para el ejercicio de sus atribuciones corresponde al Instituto:

V. Otorgar las concesiones previstas en esta Ley y resolver sobre su prórroga, modificación o terminación por revocación, rescate o quiebra, así como autorizar cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones;

XXVII. “Vigilar el cumplimiento a lo dispuesto en los títulos de concesión otorgados en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y ejercer facultades de supervisión y verificación, a fin de garantizar que la prestación de los servicios se realice con apego a esta ley y a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, a los títulos de concesión y a las resoluciones expedidas por el propio instituto;”

XXX. “Imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas; o por incumplimiento a lo dispuesto en los títulos de concesión o a las resoluciones, medidas, lineamientos o disposiciones emitidas por el Instituto, dictar medidas precautorias y declarar, en su caso, la pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la nación;”

XLII. “Llevar y mantener actualizado el Registro Público de Telecomunicaciones, que incluirá la información relativa a las concesiones en los términos de la presente ley;”

Artículo 17. Corresponde originariamente al Pleno el ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 15 y de manera exclusiva e indelegable:

I. Resolver los asuntos a los que se refieren las fracciones: I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXXI, XL, XLI, XLIII, XLV, XLVIII, XLIX, LI, LIII, LIV, LVI, y LXII de dicho artículo.

Artículo 47. Los acuerdos y resoluciones del pleno del instituto serán de carácter público y sólo se reservarán las partes que contengan información confidencial o reservada.

Las sesiones también serán de carácter público excepto aquellas en las que se traten temas con información confidencial o reservada.

Respecto de los dos párrafos anteriores, sólo será considerada información confidencial o reservada la declarada como tal bajo los supuestos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables.

Por lo que actualmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones, se encarga de otorgar, revocar, así como autorizar las cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en su materia de radiodifusión y telecomunicaciones.

Es importante resaltar que, para el buen desarrollo de cualquier nación, una empresa como Teléfonos de México, la cual ha sido concesionaria por casi cincuenta años de la construcción, instalación, mantenimiento, operación y explotación de la más importante red pública telefónica que existe en nuestro país y que sirvió de puntal para crear la mayor fortuna privada en México, resulta de importancia vital y estratégica garantizar su correcto funcionamiento por el bienestar de la población.

En esa tesitura, es menester observar las razones que en el apartado de “antecedentes” de la modificación al título de concesión de Teléfonos de México, SA de CV, se estipulan como “argumentos” para la privatización del sector:

• “Las telecomunicaciones constituyen una actividad de gran importancia para impulsar todos los renglones del desarrollo nacional...”

Es de llamar la atención, que actualmente con las condiciones del servicio ofrecido por la empresa concesionaria, se podría aplicar el mismo razonamiento expuesto en la cita anterior, con el que se justificó la privatización de la empresa paraestatal en 1990, pero ahora para cuestionar que continúe vigente.

Lo anterior, porque en 1990 se planteó lo siguiente:

• Telmex logró expandir su red (...) de forma importante, pero aún de forma insuficiente frente a las necesidades de la sociedad y los propósitos de crecimiento y modernización del país. La red pública de telefonía requiere de una expansión y modernización acelerada, además de mejorar sustancialmente la calidad y diversidad de sus servicios, lo cual implica realizar grandes inversiones.

Con base en los resultados de la Encuesta Nacional sobe Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), realizada en 2020, respecto al porcentaje de población en México que tiene acceso a internet, arrojó datos que permiten dilucidar que la empresa concesionaria no está cumpliendo cabalmente con los compromisos adquiridos, pues el 28 por ciento de la población total en México no cuenta con acceso a internet (2020). Asimismo, arrojo que el 21.7 por ciento de la población que habita en zonas urbanas y cercanas a grandes ciudades tampoco son usuarios beneficiados con el servicio, por lo tanto, compromiso de trabajar por la cobertura, suficiente y de calidad, para garantizar el derecho humano del acceso a la información estipulado por el artículo 6o. en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos Tratados Internacionales no está siendo satisfecho.

En resumen, han pasado más de treinta años desde la privatización, y la situación no ha cambiado para bien, actualmente:

“ 20 millones de mexicanas y mexicanos están sometidos a una marginación, siendo las y los niños, así como las y los adolescentes los más afectados, por no contar con una herramienta fundamental para el conocimiento por el sólo hecho de vivir en lugares donde el acceso es considerado antieconómico o no rentable”.

Ha tenido que ser el Gobierno federal quien realice el esfuerzo a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para buscar la cobertura total a través del proyecto “CFE internet para el bienestar”.

Para lograr este objetivo, la CFE aprovechará los 50 mil kilómetros de fibra óptica instalada en la red de transmisión para conectar a la población a un nodo de internet; asimismo, se prevé que se construirán 32 mil kilómetros para garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.

En el proyecto también participa Altán Redes, empresa que cuenta con una concesión para cubrir la conectividad de más del 90 por ciento de la población mexicana, con infraestructura que conecta a comunidades de menos de 5 mil habitantes.

A la fecha, tiene desplegadas 7 mil 446 torres de telecomunicaciones y gracias a las que construye la CFE, al finalizar el sexenio habrá 12 mil 601, que darán cobertura a 118 millones de usuarios.

Gracias a este esfuerzo “CFE internet para el bienestar tiene [actualmente] una cobertura a nivel nacional de 91.9 por ciento” y este mismo año llegará a 94 por ciento.

Vale la pena hacer el recuento de todo el proceso legal referente a esta trascendental concesión que está a horas de definirse nuevamente, y con ella el futuro del servicio que será brindado a las y los mexicanos por treinta años más; así como el rumbo que tomarán gran parte de las telecomunicaciones y su desarrollo en México. En conclusión, las nuevas condiciones que regirán a Teléfonos de México, SAB de CV, y bajo las cuales debe someterse para que sea aplicable la prórroga concedida por el órgano regulador, deberían contener, en opinión del que suscribe, acciones enfocadas a garantizar al cien por ciento la cobertura universal en el país, en condiciones de competencia y calidad efectivas, ya que es esa la forma en que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación que establecen las leyes de la materia y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Antecedentes de la concesión y tipo de inscripción

(Folio electrónico: FET053287CO-102992).

• Fecha de inicio y de vigencia: 10 de marzo de 1976.

- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a la entonces empresa de participación estatal mayoritaria denominada Teléfonos de México, SA, un título de concesión para construir, instalar, mantener, operar y explotar una red de servicio público telefónico, con una vigencia de 30 (treinta) años contados a partir de su otorgamiento, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 31 de marzo de 1976”.

• Modificación del título de concesión: El 10 de agosto de 1990, el Gobierno federal por medio de la SCT modificó el título de concesión otorgado en 1976, con el argumento de que la expansión alcanzada en los catorce años resultaba “insuficiente frente a las necesidades de la sociedad mexicana y los propósitos de crecimiento y modernización del país en el sector telecomunicaciones.” El objetivo real, era privatizar esta industria estratégica, por lo que el Gobierno federal dejó de tener la participación mayoritaria en el capital social de Teléfonos de México, SA de CV, y otorgó una concesión por 50 (cincuenta) años contados a partir del 10 de marzo de 1976.

• Permiso para prestar el servicio de valor agregado de transmisión de datos con conmutación de paquetes. El 19 diciembre de 1990, la Secretaría otorgó a Teléfonos de México, SA de CV, un permiso para prestar el servicio de valor agregado de transmisión de datos por conmutación de paquetes, mediante la conducción de señales a través de la red pública telefónica, la red digital integrada y la de estaciones terrenas autorizadas a dicha empresa, o por medio de cualquier otra red autorizada por la citada dependencia.

• Permiso para conducir señales de televisión a través de la red pública telefónica de Teléfonos de México, SA de CV. El 3 de septiembre de 1993, la SCT otorgó a Teléfonos de México, SA de CV, un permiso para la prestación del servicio de conducción de señales de televisión, a través de la red pública telefónica concesionada, a empresas autorizadas por dicha dependencia para prestar servicios de televisión al público.

• Modificación de estatutos sociales y cambio de régimen. Con oficio número 2.1.102.-3749 de fecha 6 de noviembre de 2007, la Secretaría informó a Teléfonos de México, SA de CV, que no existía inconveniente para que dicha concesionaria llevara a cabo, tanto la reforma a diversas cláusulas de sus estatutos sociales como el cambio de régimen, para quedar como Teléfonos de México, SAB de CV, (“Telmex”).

• Decreto de reforma constitucional. Con fecha 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones” (el “decreto de reforma constitucional”), mediante el cual se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como un órgano autónomo que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones.

• Resolución de preponderancia en el sector de telecomunicaciones. Mediante acuerdo P/IFT/EXT/060314/76 de fecha 6 de marzo de 2014, el Instituto emitió la “Resolución mediante la cual el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones determina al grupo de interés económico del que forman parte América Móvil, SAB de CV, Teléfonos de México, SAB de CV, Teléfonos del Noroeste, SA de CV, Radiomóvil Dipsa, SAB de CV, Grupo Carso, SAB de CV, y Grupo Financiero Inbursa, SAB de CV, como agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones y les impone las medidas necesarias para, evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia” (sic) (la “Resolución de Preponderancia”), misma que le es aplicable a Telmex.

• Decreto de Ley. El 14 de julio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión” (el “decreto de ley”), que entró en vigor el 13 de agosto de 2014.

• Estatuto Orgánico. El 4 de septiembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones” (el “Estatuto Orgánico”), mismo que entró en vigor el 26 de septiembre de 2014 y fue modificado por última vez el 17 de octubre de 2016.

• Solicitud de prórroga de vigencia de la concesión. El 7 de marzo de 2016, el apoderado legal de Telmex solicitó al Instituto la prórroga de vigencia de la concesión (la “solicitud de prórroga”).

• Opinión en materia jurídica respecto de la solicitud de prórroga. Con fecha 25 de octubre de 2016, la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto, mediante oficio IFT/227/UAJ/163/2016, emitió opinión respecto de la Solicitud de Prórroga.

• Opinión en materia de competencia económica respecto de la Solicitud de Prórroga. Mediante oficio IFT/226/UCE/DG-CCON/451/2016 de fecha 22 de noviembre de 2016, la Unidad de Competencia Económica del Instituto, a través de la Dirección General de Concentraciones. y Concesiones, emitió opinión en materia de competencia económica respecto de la Solicitud de Prórroga.

• Opinión en materia de política regulatoria respecto de la Solicitud de Prórroga. Mediante oficio IFT/221/UPR/663/2016 de fecha 22 de noviembre de2016, la Unidad de Política Regulatoria del Instituto emitió opinión respecto de la Solicitud de Prórroga.

• Dictamen en materia de cumplimiento de obligaciones respecto de la solicitud de prórroga. Con fecha 23 de noviembre de 2016, mediante oficio IFT/225/ UC/296 l /2016, la Unidad de Cumplimiento del Instituto emitió dictamen sobre el cumplimiento de obligaciones relativo a la Solicitud de Prórroga.

• Opinión de la Secretaría. Mediante oficio 2.1.-687/2016 de fecha 24 de noviembre de 2016, la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión de la Secretaría, remitió el oficio 1.-287 emitido por el secretario del Ramo, mismo que contiene la opinión en sentido favorable con respecto de la Solicitud de Prórroga.

• Prórroga de la concesión. Mediante la inscripción 016215 del Registro Público de Concesiones de fecha 20 de enero de 2017 quedó registrada la Resolución de Prórroga de fecha 1 de diciembre de 2016 por 30 años a partir del 11 de marzo de 2026, aprobada por el pleno del IFT mediante el acuerdo P/IFT/EXT/011216/50.

Una resolución con la trascendencia de la prórroga de la concesión multicitada, debe garantizar que toda la información contenida, sea pública y accesible a cualquier persona, además de contener oportunamente los dictámenes que avalen las razones técnicas y jurídicas, y que éstos, no dejen lugar a dudas que las nuevas condiciones tendrán como objetivo principal el bienestar de las mayorías, que no será posible sin el cabal cumplimiento de las obligaciones y compromisos adquiridos por la empresa concesionaria en comento.

En virtud de los antecedentes referidos y con base en los resolutivos del acuerdo P/IFT/EXT/011216/50 someto a esta soberanía la siguiente proposición de urgente resolución con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y con el objetivo de salvaguardar el principio de máxima publicidad, a hacer público el proyecto de título de concesión habilitante de la concesión inscrita en el Registro Público de Concesiones con folio electrónico FET053287CO-102992 otorgada a Teléfonos de México, SAB de CV, antes de que cause efectos legales.

Segundo. Se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones elabore o dé a conocer un dictamen de cumplimiento de las obligaciones de Teléfonos de México, SAB de CV, establecidas en su título de concesión, disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables del periodo que comprende del 1 de diciembre de 2016, al 28 de febrero de 2023.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a hacer públicas sus opiniones emitidas respecto al proyecto de título de concesión habilitante de la concesión inscrita en el Registro Público de Concesiones con folio electrónico FET053287CO-102992 otorgada a Teléfonos de México, SAB de CV, antes de que el proyecto cause efectos legales.

Cuarto. Se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a hacer del conocimiento público del grado de cumplimiento y de las acciones de revisión de las diversas concesiones otorgadas a Teléfonos de México, SAB de CV; así como de las sanciones impuestas en caso de existir.

Notas

1 Énfasis añadido

2 Énfasis añadido

3 Énfasis añadido

4 Énfasis añadido

5 Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión

6 Énfasis añadido

7 Modificación al Título de Concesión de Teléfonos de México, SA de CV, del 3 de agosto de 1990. Énfasis añadido.

8 Modificación al Título de Concesión de Teléfonos de México, SA de CV, del 3 de agosto de 1990. Énfasis añadido.

9 Usla, H. (2023) “CFE internet para el bienestar tiene una cobertura a nivel nacional de 91.9 por ciento” El Financiero. Febrero 2023, Recuperado en:

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/02/15/cfe-internet -para-el-bienestar-tiene-una-cobertura-a-nivel-nacional-de-919/

10 Bartlett Díaz, Manuel (2023) “Palabras dentro de la conferencia de prensa matutina del 15 de febrero de 2023”.

11 Usla, H. (2023) “CFE internet para el bienestar tiene una cobertura a nivel nacional de 91.9 por ciento” El Financiero. Febrero 2023, Recuperado en:

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2023/02/15/cfe-internet -para-el-bienestar-tiene-una-cobertura-a-nivel-nacional-de-919/

12 Registro Público de Concesiones

https://rpc.ift.org.mx/vrpc consultado el 27 de marzo de 2023.

13 Resolución de la prórroga. 10 de agosto de 1990.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.– Diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

SE PUBLIQUE UN INFORME DE LA ADQUISICIÓN DE LAS 13 CENTRALES ELÉCTRICAS COMPRADAS A LA EMPRESA ESPAÑOLA IBERDROLA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a publicar un informe de la adquisición de las 13 centrales eléctricas compradas a la empresa española de Iberdrola, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Jorge Álvarez Máynez integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El pasado 4 de abril de este año, el Ejecutivo Federal anunció la compra de 13 plantas de generación eléctrica a la empresa española de energía Iberdrola. La adquisición de las centrales tuvo un costo total de 6 millones de dólares, es decir poco más de 109 mil millones de pesos.

Las 13 plantas adquiridas equivalen al 80 por ciento de la infraestructura de Iberdrola y los activos que forman parte de la transacción son los ciclos combinados de gas Monterrey I y II, Altamira III y IV, Altamira V, Escobedo, La Laguna, Tamazunchale I, Baja California y Topolobampo II y III, además del parque eólico terrestre La Venta III; estas centrales operan bajo el régimen de Productores Independientes de Energía, lo cuales eran contratados por CFE.

Asimismo, la adquisición también incluye los ciclos combinados de gas privados Monterrey III y IV, Tamazunchale II y Enertek.

De acuerdo al Gobierno federal, los recursos para la compra fueron obtenidos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), mismos que son administrados por México Infrastructure Partners (MIP), la cual es una administradora privada de fondos de inversión que opera con apoyo del Gobierno Federal. Dicha operación, será concretada en un lapso de 5 meses y será la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la que se encargue de la operación de las centrales eléctricas. Además, con las plantas adquiridas, se espera que CFE controle el 55 por ciento de generación eléctrica del mercado nacional.

II. De las 13 centrales que se adquirieron 12 centrales son de ciclo combinado (generan electricidad mediante la utilización de gas para producir vapor); y una central eólica. De estas 10 operan como Productores Independientes, es decir que son centrales que venden toda su producción a CFE mediante un contrato que puede durar hasta 30 años; las tres plantas eléctricas restantes compiten en el Mercado Eléctrico Mayorista.

Si bien las plantas de generación eléctrica fueron adquiridas mediante financiamiento público, la realidad es que la propiedad de las mismas, así como la gestión del fideicomiso continuará siendo privada, pues de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el fideicomiso con el que se adquirieron es de carácter privado con participación mayoritaria de entidades públicas, por lo que CFE no será el dueño.

Asimismo, de acuerdo con la información pública de Fonadin, los recursos de dos fondos del MIP, en los que el Fonadin es inversionista mayoritario, ya están invertidos al 100 por ciento, además de que estos únicamente cubrirían 2.7 mil millones de pesos, por lo que será necesario encontrar un canal para complementar los 6 mil millones de dólares que se requieren para pagar la transacción.

Por otra parte, la mayor parte de las centrales adquiridas ya se encuentran bajo el control de CFE, puesto que, como mencionamos, 10 de estas plantas operan como Productores Independientes, mismas que se encuentran dentro de la matriz de generación de la Empresa por medio de la subsidiaria CFE Generación V, la cual se encarga de administrar los contratos de estas centrales; esto quiere decir que, los activos que se adquirieron forman parte jurídica contable y económica de Comisión Federal de Electricidad.

Al ser esto así, las centrales eléctricas que operan como productores independientes, vendían toda la energía producida a CFE, esto sin que la Comisión invirtiera en la construcción de las plantas o en los costos operativos que implica la producción de electricidad.

III. De las 13 plantas adquiridas, dos terceras partes tienen entre 10 y 25 años en operación y las restantes fueron construidas entre 2017 y 2019.

El tiempo de vida con el que cuentan las centrales eléctricas en comparación con el precio de adquisición ha sido una de las fuertes críticas por parte de expertos, ya que el pago de los más de 6 mil millones de dólares no tiene sentido cuando el costo de la generación de activos nuevos tendría un costo aproximado de 8 mil millones de dólares, es decir que, con dos mil millones de dólares más se pudo contar con un equipo mejor y más moderno, cuya vida útil sobrepasará en gran medida la adquisición actual y sin ningún tipo de inversión en su modernización a mediano plazo. Por su parte, el gobierno mediano informó que la vida útil de las plantas adquiridas ronda en promedio de los 18 años, los cuales podrían extenderse entre 10 a 28 años.

Por otro lado, solo 1 de las 13 centrales eléctricas que se compraron, opera con energía renovable, además de que contar con una vida en operación de 25 años; mientras que, las 12 plantas restantes cuentan con un sistema de cogeneración, por lo que para su operación utilizan gas natural como fuente energética para la generación de electricidad. Esto resulta contradictorio ante el manteniendo de la seguridad y la soberanía energética, pues tan solo en 2022, de los 1,125.5 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) de gas natural vendidos en promedio en el país, 532.1 MMpcd son de importación, es decir más del 47 por ciento del gas consumido en México se trae de otro país para garantizar electricidad a la ciudadanía.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que informe de manera pública la participación de las entidades públicas y la composición del capital del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) en la adquisición de las 13 plantas eléctricas compradas a la empresa española Iberdrola.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que haga público un informe detallado acerca de la relación costo beneficio de la adquisición de las 13 plantas eléctricas compradas a la empresa española Iberdrola.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que haga público un informe detallado del origen de los recursos que se utilizaran para consolidar la compra de las 13 centrales eléctricas a la Empresa española Iberdrola.

Notas

1 “AMLO olvida discrepancias con Iberdrola y acuerda la compra de 13 plantas de energía eléctrica que operaban en México”, Animal Político, 2023Recuperado de:

https://www.animalpolitico.com/politica/amlo-iberdrola-compra-de -plantas-energia-electrica

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 “La compra de centrales de Iberdrola no nacionaliza la industria eléctrica”, Instituto Mexicano para la Competitividad, 2023Recuperado de:

https://imco.org.mx/la-compra-de-centrales-de-iberdrola-no-nacio naliza-la-industria-electrica/

6 Ibídem.

7 “Nacionalización de mentiras”, El Economista, 2023Recuperado de:

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Nacionalizacion-de-menti ras-20230405-0081.html

8 Ibídem.

9 “Compran a Iberdrola plantas viejas y caras”, Reforma, 2023Recuperado de:

https://www.reforma.com/compran-a-iberdrola-plantas-viejas-y-car as/ar2582519

10 Ibídem.

11 Ibídem.

12 “Volumen de las ventas internas de productos petrolíferos y gas natural”, Petróleos Mexicanos, 2023Recuperado de:

https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Indicadores%20Petroleros/ evolumenventas_esp.pdf

13 “Volumen de las importaciones de productos petrolíferos, gas natural y petroquímicos”, Petróleos Mexicanos, 2023Recuperado de:

https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Indicadores%20Petroleros/ eimporpetro_esp.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.– Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

INSTALACIÓN DE UNA MESA DE DIÁLOGO CON VECINOS PARA ANALIZAR LA SUSPENSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO INTERIOR CHIAPAS DE CORAZÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Chiapas a instalar una mesa de diálogo con vecinos para analizar la suspensión de la construcción del circuito interior Chiapas de Corazón, a cargo de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Olga Luz Espinosa Morales, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Parido de la Revolución Democrática de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. De acuerdo con la organización “Menos puentes, más ciudad”; el proyecto conocido como “Chiapas de Corazón” es una mega obra de puentes viales en los parques Joyyo Mayu, Caña Hueca y Tuchtlán.

Esta organización señala que se conoce de esta obra:

• Que hay mil 500 millones de pesos de presupuesto del Ramo 33 para obra pública, y que se planea usar para puentes vehiculares.

• Que licitaron un proyecto ejecutivo en marzo 2022, y lo terminaron en noviembre a cargo de la empresa Soctón.

• Que han realizado más de 30 solicitudes de información a 8 dependencias. Y que no han recibido respuesta alguna. Que no hay coordinación entre dependencias del estado y el ayuntamiento.

Los vecinos afirman que con poco menos del presupuesto de “Corazón Chiapas, se podría hacer toda la ampliación de autopista a San Cristóbal.

Lo que sí señalan los vecinos es que la obra pretende construir un puente vehicular que abarcará libramiento norte, 5ª norte poniente, boulevard laguitos, prolongación Quinta Norte y Boulevard Belisario Domínguez y que generará un profundo impacto social y medioambiental con el recorte de los parques Joyo Mayu, Caña Hueca y Tuchtlán. Que la obra abarca una zona que ya no es un periférico, con múltiples áreas habitacionales, comercios, escuelas y espacios recreativos.

La autoridad ha justificado que los puentes son para “mover mercancías”, sin embargo, para mover mercancías el Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible establece: Conectar mejor el sur poniente con el libramiento sur y conectar el aeropuerto con Chiapa de Corzo.

“Menos puentes, más ciudad” ha señalador que la Secretaría de Obras Públicas del estado no ha brindado la información necesaria para sustentar el proyecto, ocultando:

• El trazo exacto de dónde pasarán los puentes: proyectos conceptuales, ejecutivos, catálogos de conceptos, rénders, planos, topografías, estudios de mecánica de suelos, cotizaciones y planes de mantenimiento a largo plazo

• Diagnósticos: movilidad y tráfico, seguridad vial, conflictos con utilidades públicas como el agua, la luz, etc., nivel de servicio de intersecciones, simulación y modelación de flujos de tráfico resultantes.

• Plan de trasplante de árboles.

• Plan de inversión en transporte público, seguridad vial, movilidad no motorizada, infraestructura verde, en esos puentes.

• Opiniones del Consejo Metropolitano, (son Secretaría Técnica).

• Comunicaciones oficiales con Movilidad y Transporte estatal, Hacienda estatal y Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

• En qué plan o programa se determina la necesidad de los puentes:

• Presentaciones del contenido de las presentaciones que difunden en redes sobre el proyecto.

• Análisis financiero, económico y de costo beneficio, qué alternativas analizaron y por qué las descartaron.

• Análisis de escurrimientos y el riesgo de inundaciones, medidas de mitigación y control de agua.

• Eventos de difusión, participación y consulta a actores comunitarios y expertos locales en materia de transporte y planeación urbana, y residentes.

• Análisis de circulación vehicular en las calles cercanas con planes de transporte, de circulación o planes maestros existentes locales y regionales.

Por lo que los vecinos de “Menos puentes, más ciudad” han identifican cinco tipos de afectaciones consecuencia de las obras:

1. Las barreras urbanas provocan inundaciones.

En las inmediaciones hay 5 cinco escorrentías al río Sabinal. Además de que la zona de Los Laguitos tiene mantos acuíferos importantes.

2. Tráfico: los puentes viales lo empeoran.

Es evidente el tránsito saturado en un sistema vial que produce el efecto de “cuello de botella”, los vecinos afirman que ampliar carriles no resuelve el problema de sobresaturación vehicular; ellos proponen que se desincentive el uso de autos particulares.

3. Con las obras, más de mil 300 negocios estarían en riesgo de quiebre.

4. Pérdida de plusvalía

Los predios junto a autopistas urbanas tienen menos valor por el ruido, polvo, huella de calor y calidad del aire. Limita las opciones de desarrollo (bodegones, cargas y descargas y no usos de alta plusvalía; y

5. Recorte de parques

• En agosto aparecieron etiquetas que no corresponden al inventario del ayuntamiento en joyyo mayu.

• Solo están en el perímetro de los parques adentro y afuera, en camellones, y en el trazo de la obra.

• Estiman recorte de entre 9 a 12 metros al interior.

• Jugar o hacer deporte junto a puentes vehiculares es un riesgo para la salud.

• Ir caminando a los parques cruzando un puente vial es un riesgo.

“Menos puentes, más ciudad” ha señalado que no se necesitan puentes para mejorar el flujo vehicular, y proponen, entre otras medidas, las siguientes:

• Sincronización semáforos

• Cambios de ubicación de semáforos

• Límites de anchos de carri

• Gestores de velocidad

• Carriles confinados para transporte

• Esquema de priorización diferente

• Señalización vertical y horizontal

Segunda. La Constitución General de la República otorga a todas las personas el derecho a un ambiente sano; la Carta Magna lo expresa de la siguiente manera:

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Por lo que se refiere a la norma secundaria, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que uno de sus objetivos es garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar y el ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, bajo el principio de concurrencia.

Luego entonces, el asunto que nos ocupa se trata de la afectación del medio ambiente en deterioro por una obra que implica tala de árboles de una comunidad.

Además, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es materia federal la evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el artículo 28 de esta Ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes.

La pregunta, es este caso, sería: ¿Los puentes en Tuxtla, cuentan con todos los permisos ambientales para iniciar esa obra?, ¿el cabildo municipal, está por encima de autoridades estatales y federales?

Por lo que se refiere al derecho humano a un ambiente sano en la Constitución del Estado Libre y soberano de Chiapas, se encuentra establecido en los artículos 9 y 18:

Artículo 9. El Estado de Chiapas impulsará políticas dirigidas a garantizar el derecho de toda persona a:

I. Un medio ambiente adecuado que garantice su bienestar en un entorno de desarrollo sustentable.

Artículo 18. Son habitantes del Estado quienes residan de manera permanente o temporal dentro de su territorio, sea cual sea su nacionalidad o estado migratorio; sus obligaciones son:

V. No cometer actos que atenten contra el medio ambiente y participar en las actividades para su preservación y manejo responsable. La ley establecerá la responsabilidad por daño al medio ambiente.

Por lo que podemos con toda certeza señalar que la solicitud del colectivo en mención con todo el respaldo constitucional y legal para pedir que en la obra no se talen cerca de 500 árboles.

Tercera. En la sesión extraordinaria nnúmero 58 celebrada el miércoles 22 de marzo, fue propuesto a consideración por la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático: el dictamen procedente respecto a autorizar lo solicitado por la Secretaría de Obras Públicas del Estado, relativa al proyecto denominado “Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo del Circuito Interior Chiapas de Corazón en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez.

En ese dictamen se autorizó de tala de 500 árboles de los parques Tuchtlán, Joyyoo Mayyu y Caña Hueca. Con la obra del circuito interior y la aprobación del cabildo: 542 se conservarán, 98 podrían ser trasplantados y 485 serán derribados, es decir, 42 por ciento del total de los ejemplares censados.

Las obras, como se puede apreciar además de los impactos expresados, se agregan los ambientales derivados de la tala de los árboles.

Por lo expuesto, que es resultado de información proporcionada por el colectivo “Menos Puentes, Más Ciudad; y con fundamento con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que dentro del marco de sus atribuciones, verifique que la obra denominada Circuito Interior Chiapas de Corazón cumple con las medidas de protección del medio ambiente y cuenta con los permisos necesarios para poder ejecutar la obra.

Segundo. La Cámara de Diputados, respetuosa de la soberanía del estado de Chiapas exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal a instruir, a quien competa, instale a la brevedad una mesa de diálogo resolutivo con vecinos del colectivo Menos puente más ciudad, para analizar la suspensión de la construcción del circuito interior “Chiapas de Corazón”.

Tercero. La Cámara de Diputados, respetuosa de la soberanía del honorable ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez Chiapas le exhorta a valorar la posibilidad de modificar el dictamen respecto a autorizar la petición por la Secretaría de Obras Públicas del estado, relativa al proyecto denominado “Elaboración de Estudio y Proyecto Ejecutivo del Circuito Interior Chiapas de Corazón”.

Notas

1 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2 https://www.poderjudicialchiapas.gob.mx/archivos/manager/24761 477-1E3E-437E-9B2E-7BD594C6D541.pdf

3 De la nota: “Ayuntamiento aprueba la tala de casi 500 árboles, circuito interior avanza” de Andrés Domínguez publicado en Chiapas Paralelo el 22 marzo, 2023; disponible en:

https://www.chiapasparalelo.com/noticias/2023/03/ayuntamiento-ap rueba-la-tala-de-casi-500-arboles-circuito-interior-avanza/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de marzo de 2023.– Diputada Olga Luz Espinosa Morales (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, A INSTRUIR A FUNCIONARIOS DE SU GOBIERNO ABSTENERSE DE UTILIZAR ELECTORALMENTE EL PROGRAMA SOCIAL SALARIO ROSA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del Estado de México a instruir a funcionarios de su gobierno abstenerse de utilizar el programa social Salario Rosa para coaccionar y condicionar el voto de los mexiquenses bajo la falsa promesa de depósitos de dinero, cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Manuel Alejandro Robles Gómez del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los demás aplicables.

Someto a consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por la que se exhorta al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, instruir a funcionarios de su gobierno abstenerse de utilizar el programa social denominado “Salario rosa” para coaccionar y condicionar el voto de los mexiquenses bajo la falsa promesa de depósitos de dinero, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. El programa social conocido coloquialmente como “salario rosa”, instituido por el actual gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza, es, en esencia, un programa clientelar y de coacción. Pero además, es un programa social machista y misógino que cosifica a la mujer y perpetua estereotipos de género.

Segundo. El supuesto objetivo de dicho “programa social” es el de: “ contribuir a elevar el ingreso económico de las mujeres de 18 a 59 años de edad que habitan en el Estado de México, que se encuentren en condición de pobreza, se dediquen al trabajo del hogar, no perciban remuneración y que se encuentren en estado de gestación o sean madres de uno o más hijos/as en edad de lactancia, mediante el otorgamiento de transferencias monetarias, capacitación para el desarrollo humano, actividades de desarrollo comunitario y actividades para propiciar el emprendedurismo.” (Programa de Desarrollo Social Salario Rosa por la vulnerabilidad, s.f.)

Tercero. Sin embargo, en el contexto de la actual campaña por la gubernatura del Estado de México, no son pocos los vecinos que se han quejado del uso faccioso que se está realizando de este programa, pues se les amenaza, coacciona y condiciona el voto.

Cuarto. Aunado a lo anterior, se les promete que, al recibir la “tarjeta rosa”, deberán votar de manera obligatoria por el PRI en el Estado de México, y una vez que su candidata obtenga la victoria, se les otorgará el beneficio económico que se contempla con el programa social multicitado.

Quinto. Estamos viendo en el Estado de México las prácticas más obscenas, burdas y delictivas de la política mexicana, prácticas que considerábamos desterradas, sin embargo, el PRI está tratando a toda costa ganar una elección que ya tiene perdida, violando la ley electoral y con ello los derechos humanos de los electores del Estado de México.

Es en este tenor que solicitamos al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, instruir a funcionarios de su gobierno abstenerse de utilizar el programa social denominado “Salario Rosa” para coaccionar y condicionar el voto de los mexiquenses bajo la falsa promesa de depósitos de dinero.

Por lo tanto, fundado y motivado en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, instruir a funcionarios de su gobierno abstenerse de utilizar el programa social denominado “Salario Rosa” para coaccionar y condicionar el voto de los mexiquenses bajo la falsa promesa de depósitos de dinero.

Bibliografía

- Programa de Desarrollo Social Salario Rosa por la vulnerabilidad. (s.f.). Obtenido de Gobierno del Estado de México:

https://difem.edomex.gob.mx/salario-rosa-vulnerabilidad

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.– Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Reforma Política-Electoral, para dictamen.

EXHORTO A LA CNDH, A INTERVENIR Y APOYAR A LAS Y LOS MIGRANTES QUE SUFREN DISCRIMINACIÓN Y VIOLACIÓN DE SUS DERECHOS HUMANOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la CNDH a intervenir y apoyar a las y los migrantes que sufren violación y discriminación de sus derechos humanos, a cargo de la diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Ana Laura Valenzuela Sánchez, y las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXV legislatura del honorable Congreso de la Unión y diputadas y diputados federales del PAN, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, a que, a través de la instancia y en el ámbito de sus atribuciones, intervenga y apoye a las y los migrantes que sufren violación y discriminación de sus derechos humanos, lo anterior de acuerdo a lo siguiente:

Antecedentes

Las violaciones e incluso muertes de migrantes cada día van en aumento. La última cifra impactante fue la muerte de 40 migrantes en incendio dentro de albergue en Ciudad Juárez en un albergue del Instituto Nacional de Migración (INM). La protección a los migrantes es necesaria y es por ello, que exijo que la CNDH ntervenga y apoye a las y los migrantes que sufren violación y discriminación de sus derechos humanos.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México tiene entre sus funciones la protección de los derechos humanos de los migrantes. En particular, la CNDH está encargada de recibir y atender quejas de violaciones a los derechos humanos de los migrantes, así como de investigar y emitir recomendaciones a las autoridades competentes para prevenir y reparar dichas violaciones.

La CNDH ha emitido acciones en materia de derechos humanos de los migrantes en México. Entre estas se encuentran: la protección de migrantes en situación de vulnerabilidad como las mujeres, los niños y niñas, las personas con discapacidad, los enfermos y los ancianos. También protegen el derecho al debido proceso tomando en cuenta el derecho a la defensa, el acceso a la justicia y la no criminalización de la migración. De igual forma, protege su acceso a servicios básicos como la salud, la educación, la vivienda y el trabajo, sin discriminación. Por último, brinda protección contra la violencia y la discriminación e incluye la violencia de género para atacar los delitos contra las mujeres y la discriminación por motivos de nacionalidad, etnia, género u orientación sexual que ambos sexos sufren.

La CNDH debe recibir y atender quejas de violaciones a los derechos humanos de los migrantes y realizar investigaciones y emitir recomendaciones a las autoridades competentes para prevenir y reparar las violaciones. Se debe brindar capacitación, difusión y sensibilización para que se fomente la protección. Inclusive puede establecer alianzas con el fin de colaborar en la promoción de políticas y prácticas que garanticen el respeto y la protección de los derechos humanos de los migrantes.

Según cifras reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la causa por la que más migra la población mexicana es por temas familiares; esto representa el 45.8 por ciento del porcentaje de la población de 5 y más años migrante estatal. La segunda causa por la que más migra la población es por cuestiones laborales y representa por el 28.8 por ciento de esta población. Sin embargo, también hay otros problemas por los que migran como la cuestión educativa y la inseguridad delictiva o violencia.

Delitos que sufren los hombres migrantes

1. Discriminación: a menudo discriminados por su origen, nacionalidad, etnia, género, orientación sexual, religión, entre otros factores.

2. Explotación laboral: trabajan en condiciones precarias, sin protección legal, y son vulnerables a la explotación laboral y la trata de personas.

3. Riesgo de violencia: son víctimas de violencia física, psicológica o sexual, tanto por parte de autoridades migratorias como de criminales.

4. Falta de acceso a servicios básicos: barreras para acceder a servicios básicos como atención médica, educación y vivienda.

5. Dificultades en el camino: peligros en el camino, como la falta de agua y alimentos, el clima extremo y el riesgo de ser robados o secuestrados.

Delitos que sufren las mujeres migrantes

Actualmente la mujer ha adquirido un papel más activo en el fenómeno migratorio y se ha insertado en el mercado laboral para mejorar su calidad de vida, pero esto implica que sean las que más sufren índices de violencia y delitos. Enfrentan desafíos específicos en comparación con los hombres migrantes, así como también a menudo sufren de manera diferente.

Las mujeres envían aproximadamente la misma cantidad total de remesas que los hombres, enviando una mayor cantidad en proporción a sus ingresos, a pesar de que generalmente ganan menos que los hombres, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La mayor parte de las mujeres han sufrido violencia. Del total de mujeres de 15 años y más, el 70.1 por ciento ha experimentado al menos un incidente de violencia.

En México según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre marzo de 2015 y marzo de 2020, las entidades con mayor expulsión de mujeres son Jalisco (8.4 por ciento), Ciudad de México (7.5 por ciento) y Michoacán (6.0 por ciento).

De igual forma, las mujeres migrantes sufren diversas violaciones a sus derechos humanos.

1. Feminicidios: ocurren por una serie de factores como la discriminación de género, la violencia y por el simple hecho de ser mujer.

2. Violaciones: por las personas que las guían en su trayecto o incluso por los migrantes que las acompañan.

3. Violencia de género: violencia con: abuso físico, sexual, psicológico o económico por parte de las personas que las llevan a cruzar la frontera o los mismos migrantes.

4. Robos y secuestros: víctimas por parte de bandas criminales como los maras o narcos que operan en las rutas migratorias.

5. Tráfico de personas y de órganos: por las fronteras a veces son secuestradas para explotación sexual o trata de blancas.

6. Abusos por parte de las autoridades: las autoridades encargadas de vigilar las fronteras pueden abusar de su poder y maltratar a las migrantes durante el traslado o chantajearlas para poder cruzar la frontera.

Es importante que los gobiernos y organizaciones internacionales trabajen juntos para proteger los derechos humanos de las y los migrantes. Es necesario implementar políticas migratorias más humanitarias que garanticen la protección a ellos.

Por estas violaciones a los derechos humanos de las y los migrantes, se exhorta a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, a que, a través de la instancia y en el ámbito de sus atribuciones, intervenga y apoye a las y los migrantes que sufren violación y discriminación de sus derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. — La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, a que, a través de la instancia y en el ámbito de sus atribuciones, intervenga y apoye a las y los migrantes que sufren violación y discriminación de sus derechos humanos.

Notas

1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2023). Migrantes. Recuperado el 22 de marzo de 2023 de

https://www.cndh.org.mx/

2 INEGI. (2023). Porcentaje de la población de 5 y más años migrante estatal según su causa. Recuperado el 02 de marzo de 2023 de

https://www.inegi.org.mx/temas/migracion/

3 INEGI. (2023) Migración internacional. Recuperado el 21 de febrero de 2023 de

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021 /EAP_POBLAC21.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.– Diputada Ana Laura Valenzuela Sánchez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para dictamen.

CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE LABORA EN LOS FILTROS DE REVISIÓN DE EQUIPAJE DE LOS AEROPUERTOS PARA QUE SE PERMITA A LAS MUJERES EN PERIODO DE LACTANCIA QUE TRANSPORTEN LECHE MATERNA EN SU EQUIPAJE DE MANO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a promover la capacitación del personal que labora en los filtros de revisión de equipaje de los aeropuertos del país y que adquiera los conocimientos necesarios para que permita a las mujeres en periodo de lactancia, viajen o no en compañía del infante, transportar leche materna en su equipaje de mano, a cargo del diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) indica que la leche materna es el mejor alimento para niñas y niños durante sus primeros 6 meses de vida.

Como lo expone en sus investigaciones, “La lactancia materna les proporciona a los bebés todos los nutrientes que necesitan para crecer y que su sistema inmunológico se desarrolle plenamente”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF recomiendan que la lecha materna sea el alimento exclusivo de los bebés recién nacidos hasta los 6 meses de edad y que hasta los 2 años se alimenten con una combinación de la misma con alimentos adecuados y nutritivos para su edad. Así mismo, sugieren que la lactancia materna inicie en la primera hora de vida después del parto, que sea a libre demanda y se evite el uso de fórmulas infantiles.

Muchas mujeres optan por darle a sus bebés exclusivamente en los primeros años de vida leche materna, que es un tipo de alimentación consistente en que el menor solo reciba leche materna y ningún otro alimento sólido o líquido, a excepción de soluciones rehidratantes, vitaminas, minerales o medicamentos.

La lactancia materna es un tema complejo en su implementación, más aún con los roles económicos y profesionales que tienen las mujeres en esta época, así como los cambios socioculturales, los cuales han llevado a que en México solamente 1 de cada 3 bebés reciba leche materna como alimento exclusivo hasta los 6 meses de vida.

Lo anterior impacta en que los bebés sean alimentados con líquidos y fórmulas lácteas desde los primeros meses de vida, afectando con ello su adecuado desarrollo.

Es importante señalar que, en México, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2020 había un total de 35,221,314 madres, reportándose que el 72 por ciento de las mujeres de 15 años y más del país eran madres. La misma fuente arrojó que las madres en México tenían un promedio de 2.2 hijas o hijos en 2020.

Según datos del Instituto Nacional de las Mujeres, cuatro de cada diez mujeres de 25 a 49 años de edad en el país que forman parte de hogares con hijas e hijos menores de 3 años de edad desempeñan una actividad económica en el mercado laboral (40.9 por ciento).

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2018, indicó y precisó que entre los 0 y seis meses de vida solo 28.6 por ciento de los menores es amamantado y que solo una de cada 10 mujeres trabajadoras amamanta a sus hijos en México.

La lactancia materna es pues una práctica que, si bien ha logrado incrementarse en el país, sigue registrando niveles muy bajos. Esta situación se agrava cuando las mujeres por sus trabajos tienen que salir de viaje y la madre está en periodo de lactancia.

Durante la lactancia materna hay muchas situaciones o circunstancias en las que es necesaria la extracción de leche: niños prematuros; bebés a los que no se les puede ofrecer pecho materno y se deben alimentar de otra forma; cuando existe una separación madre-hijo y no se quiere destetar al bebé; o, el más común de todos, cuando la madre inicia su actividad laboral y desea conservar el alimento de su bebé para emplearlo en otras ocasiones, creando su propio banco de leche.

El reto que enfrentan las madres trabajadoras y que están en periodo de amamantar y que por motivos laborales tienen que salir de viaje es el de recolectar y almacenar la leche materna.

Cuando la madre en periodo de lactancia sale de viaje, en la mayoría de las ocasiones lo hace sin el infante, por lo cual debe extraer y recolectar la leche para hacer su banco de leche y seguir dándole de comer a su bebé, sin embargo, las mujeres se encuentran con el problema de que, al viajar, las reglas que operan en los aeropuertos nacionales e internacionales respecto a la leche materna y al dispositivo de extracción no son claras y abren la puerta a la discrecionalidad, criterio y conocimiento de los agentes de seguridad que no están debidamente capacitados o desconocen la importancia de la leche materna por lo que piden a las madres que ésta se coloque en el maletero del avión o se deseche la leche extraída.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos indica que el reconocimiento de la lactancia materna como un derecho de niñas y niños implica que estos tienen derecho a recibir una alimentación nutritiva que les asegure un desarrollo integral y saludable.

A ninguna mujer debe impedírsele, por ninguna causa, la posibilidad de brindar a su bebé una alimentación adecuada, nutritiva y saludable.

Es por lo anterior que resulta necesario capacitar al personal que se encuentra en los filtros de revisión de equipaje en los aeropuertos a fin de que puedan ampliar su criterio en la inspección del mismo y permitan que sean transportados en el equipaje de mano la leche materna y los dispositivos de extracción de la misma que utilizan las mujeres que están amamantando y éstas dejen de tener experiencias desagradables en los puntos de revisión.

Debemos facilitar la trasportación de la leche materna y quitar cualquier dificultad a la que se enfrentan las mujeres al llegar a los filtros de seguridad de los aeropuertos nacionales; los agentes de seguridad deben estar capacitados y entender que la leche materna es vital para la alimentación y desarrollo de los infantes.

La actual normatividad en los aeropuertos nacionales vulnera los derechos de las mujeres a continuar con la lactancia exclusiva y el derecho de la niñez a una alimentación nutritiva y de calidad, pues expone a las primeras a situaciones incómodas y discriminatorias, lo cual puede cambiar con una adecuada capacitación a los operadores de la norma.

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que promueva la capacitación del personal que labora en los filtros de revisión de equipaje de los aeropuertos del país y éste adquiera los conocimientos necesarios para que permita a las mujeres en periodo de lactancia, viajen o no en compañía del infante, transportar leche materna en su equipaje de mano.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.– Diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA, A IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE VISIBILIZACIÓN SOBRE EL DÍA MUNDIAL DE LA CONCIENTIZACIÓN DEL AUTISMO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa de Baja California a implementar programas de visibilización y difusión durante los meses siguientes al Día Mundial de la Concientización del Autismo, a cargo del diputado Armando Reyes Ledesma, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, Armando Reyes Ledesma, diputado federal de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 2 de abril se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, una fecha instaurada por Naciones Unidas para visibilizar a las personas con trastorno del espectro del autismo (TEA) y contribuir a promover el ejercicio efectivo de sus derechos.

Al respecto de esta fecha tan importante, António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas menciona lo siguiente:

“Durante el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo debemos reafirmar nuestro compromiso con esos valores, que incluyen la igualdad, la equidad y la inclusión, y nuestra determinación de promover la plena participación de todas las personas con autismo, asegurándonos de que dispongan de las herramientas necesarias para ejercer sus derechos y libertades fundamentales.”

Primero hemos de comenzar por definir qué es el autismo y se considera que es “... una afección neurológica permanente que se manifiesta en la primera infancia, independientemente del género, la raza o la condición social y económica.”

Las personas que sufren este padecimiento tienen algunas de las siguientes características en su comportamiento:

• Peculiaridades en la esfera de la interacción social y dificultades en situaciones comunicativas comunes.

• Modos de aprendizaje atípicos.

• Especial interés por ciertos temas, predisposición a actividades rutinarias.

• Particularidades en el procesamiento de la información sensorial.

• Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades.

Cabe señalar que el autismo no es una enfermedad, y las personas que padecen esta condición solo tienen una manera diferente de interpretar las palabras, los colores, las formas y los sonidos del mundo, frecuentemente en diferentes grados; asimismo con el diagnóstico, tratamiento y terapias especializadas el paciente puede obtener una calidad de vida mejor. Debido a esta condición se generan muchas causas de discriminación y sufrimiento para los jóvenes y niños.

Asimismo y al respeto de este tema que debe ser un punto de partida para sensibilizar a muchos mexicanos se obtuvieron los datos siguientes:

1. La Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su resolución A/RES/62/139, designa el 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se observará todos los años a partir de 2008.

2. De acuerdo a cifras de 2019 emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) uno de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista (TEA). Aunque algunas personas con TEA pueden vivir de manera independiente, hay otras con discapacidades graves que necesitan constante atención y apoyo durante toda su vida.

3. El índice de autismo en todas las regiones del mundo es alto y la falta de comprensión produce fuertes repercusiones sobre las personas, sus familias y las comunidades.

4. Cada año, muchos gobiernos e instituciones y asociaciones promueven una campaña de sensibilización con el objetivo de que la ciudadanía conozca mejor la especificidad del autismo, empatice con las personas en el espectro y sus familias, y contribuya así a mejorar su calidad de vida y a participar en la sociedad en igualdad de condiciones.

5. Respecto a México, existe un único estudio impulsado por Autism Speaks (2016) estima que 1 de cada 115 niños tiene autismo, es decir, casi 1% de la población infantil, sin embargo, la incidencia en la vida adulta, así como el conocimiento de su situación en la adolescencia se desconoce.

6. Conforme a esto, en 2008 entró en vigor la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que reafirmó el principio fundamental de los derechos humanos universales para todos. El objetivo de la Convención es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”. Llamada de igual forma una herramienta eficaz para fomentar una sociedad inclusiva que cuide a todos sus miembros y garantizar que todos los niños, niñas y adultos con autismo puedan llevar una vida plena y gratificante.

Este es un tema que nos compete a todos, debido a que nuestro país debe actuar conforme a los acuerdos adoptados en la Agenda 2030 donde la comunidad internacional reafirmó su firme compromiso con el desarrollo inclusivo, accesible y sostenible, y prometió que nadie se quedaría atrás. En este sentido, que las personas con autismo participen como agentes y beneficiarios es fundamental para la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En el Partido del Trabajo reiteramos nuestro compromiso con todas las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, por lo anterior daremos visibilidad a quienes la necesitan

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud de Baja California para que en el ámbito de sus atribuciones implemente programas de visibilización y difusión durante los meses siguientes sobre el día mundial de la concientización del autismo

Notas

1 Día mundial de concienciación sobre el Autismo; Naciones Unidas Guatemala, Consultado en:

https://onu.org.gt/fechas-onu/dias-internacionales/abril/dia-mun dial-de-concienciacion-sobre-el-autismo/

2 Naciones unidas, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, 2 de abril; Consultado en:

https://www.un.org/es/observances/autism-day/background#:~: text=El%20autismo%20es%20una%20afecci%C3%B3n,a%20una%20serie%20de%20particulari dades.

3 Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo; CNDH México; Consultado en:

https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-mundial-de-concienciacion-so bre-el-autismo-1

4 Ídem

5 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, Universidad Anáhuac; consultado en:

https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/2-de-abril-dia-mundial-de -concienciacion-sobre-el-autismo#:~: text=El%20%C3%ADndice%20de%20este%20trastorno,%C3%BAnico%20para%20todos%20los%2 0pacientes.

6 https://www.gob.mx/conadis/articulos/dia-mundial-de-concienciacion-sobre-el-aut ismo-2019

7 Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, CNDH MEX

https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-mundial-de-concienciacion-so bre-el-autismo-1ICO;

https://www.cndh.org.mx/noticia/dia-mundial-de-concienciacion-so bre-el-autismo-1

8 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad Guía de formación; Serie de capacitación profesional número 19; Publicación de las Naciones Unidas;

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications /CRPD_TrainingGuide_PTS19_sp.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, al cuarto día del mes de abril del 2023.– Diputado Armando Reyes Ledesma (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LA SEP, A GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y a la SEP a implementar diversas acciones y políticas públicas para garantizar los derechos humanos de las personas con trastornos del espectro autista en México, suscrita por diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las suscritas diputadas y los suscritos diputados, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados , sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los trastornos del espectro autista (TEA) son un grupo de afecciones diversas, que se caracterizan por presentar un grado de dificultad para la interacción social y la comunicación de las personas que los padecen, así como otras características que se reflejan mediante patrones atípicos de actividad y comportamiento.

Las capacidades y las necesidades de las personas con autismo, son distintas y varían de acuerdo al grado de espectro que presenten, las cuales pueden evolucionar con el paso del tiempo. Asimismo, es importante resaltar que algunas personas con autismo pueden vivir de manera independiente y desarrollar una vida sin mayor problema, sin embargo, hay otras personas con dificultades graves que necesitan una constante atención y apoyo durante toda su vida, esto debido a que presentan afecciones como epilepsia, depresión, ansiedad, trastorno de déficit de atención, hiperactividad, comportamientos problemáticos, como dificultad para dormir y autolesiones.

Por otro lado, el nivel intelectual varía mucho de un caso a otro, y va desde un deterioro profundo hasta casos con aptitudes cognitivas altas con gran atención a los detalles y a la perfección de las cosas y situaciones.

Lamentablemente, en muchas ocasiones el autismo influye de manera negativa en la educación, oportunidades de empleo, inclusión y acceso oportuno a servicios de salud, además, impone exigencias considerables a las familias y personas cercanas que prestan atención y apoyo.

De acuerdo a académicos de la Facultad de Medicina de la UNAM, las características del autismo, en su mayoría se detectan desde la primera infancia, por lo que un diagnóstico y atención oportuna y dentro de los primeros 18 meses de vida puede hacer la diferencia y ayudar a los menores a desarrollar su lenguaje y a tener aptitudes de interacción social básica, sin embargo, a menudo, el autismo no se diagnostica hasta mucho más tarde lo que implica complicaciones.

II. Se estima que, a nivel mundial, uno de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista. Esta estimación representa una cifra media, pues la prevalencia observada varía considerablemente entre los distintos estudios. No obstante, en algunos estudios bien controlados se han registrado cifras notablemente mayores. La prevalencia de TEA en muchos países de ingresos bajos y medios es hasta ahora desconocida.

En México, no existen datos actuales sobre la incidencia del autismo, sin embargo, se proyecta que esta discapacidad afecta a uno de cada 115 niños, lo que significa que al año nacen aproximadamente 6 mil 200 personas con esta condición.

Por tal motivo, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo (A/RES/62/139) para poner de relieve la necesidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo, para que puedan llevar una vida plena y gratificante como parte integrante de la sociedad.

Asimismo, en mayo de 2014, la 67 Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución titulada «Medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro autista», que fue apoyada por más de 60 países. La resolución insta a la OMS a colaborar con los Estados Miembros y organismos asociados en el fortalecimiento de las capacidades nacionales para abordar los TEA y otros problemas del desarrollo.

Por lo anterior, la OMS y sus asociados han reconocido la necesidad de fortalecer la capacidad de los países para promover una salud y un bienestar óptimos para todas las personas con autismo.

Los esfuerzos de la OMS se centran en:

• Aumentar el compromiso de los gobiernos con la adopción de medidas que mejoren la calidad de vida de las personas con autismo.

• Proporcionar orientación sobre políticas y planes de acción que aborden el autismo en el marco más general de la salud, la salud mental y las discapacidades.

• Contribuir a fortalecer la capacidad de los cuidadores y del personal de salud para proporcionar una atención adecuada y eficaz a las personas con autismo.

• Fomentar los entornos inclusivos y favorables para las personas con autismo y otras discapacidades del desarrollo.

III. En México, a pesar de que existen instituciones que atienden a personas con autismo, éstas son insuficientes o incosteables para la mayoría de la población, y han sido las Organizaciones de la Sociedad Civil, las cuales han impulsado diversas campañas en apoyo a las personas con autismo y sus familias para que tengan acceso a diagnóstico y atención posterior y con esto mejorar su calidad de vida.

Es por lo anterior, que es importante que las autoridades de salud en sus tres órdenes de gobierno, ofrezcan a la persona con autismo información, diagnóstico, servicios pertinentes, atención, rehabilitación y derivación a especialistas de acuerdo con sus necesidades, y con esto reforzar el acceso a la salud que actualmente es precario y complejo.

Por otro lado, el involucramiento de diversos sectores, en particular los relacionados con la educación, el empleo y la asistencia social es fundamental para la construcción de políticas públicas dirigidas a las personas con autismo, mismas que deben ser implementadas, diseñadas y realizadas con la participación de personas que presentan estos trastornos y sus familias, para lograr mayor accesibilidad, inclusión y una red consolidada de apoyo.

En materia de educación, es relevante reconocer los problemas que atraviesan las personas con autismo, entre los que destacan el riesgo que estas personas corren de ser excluidos de las escuelas, así como una discriminación constante por parte de compañeros y autoridades educativas, que por falta de información y capacitación no cuentan con las bases suficientes para convivir y atender a las personas con autismo.

Incluso, familiares han expresado que las escuelas han decepcionado y afectado a las personas estudiantes con autismo, ya que las instituciones educativas no reconocen los retos que estos pasan y no los apoyan, por lo que dar visibilidad a este sector de la población y fortalecer la capacitación de profesores puede representar una mejora en la educación de las personas que sufren esta condición.

IV. Cabe señalar, que el marco jurídico mexicano contempla la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, misma que en su artículo 10 dice lo siguiente:

“Artículo 10. Se reconocen como derechos fundamentales de las personas con la condición del espectro autista y/o de sus familias, en los términos de las disposiciones aplicables, los siguientes:

I. Gozar plenamente de los derechos humanos que garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes aplicables

II. Recibir el apoyo y la protección de sus derechos constitucionales y legales por parte del Estado Mexicano, Federación, entidades federativas y municipios;

III. Tener un diagnóstico y una evaluación clínica temprana, precisa, accesible y sin prejuicios de acuerdo con los objetivos del Sistema Nacional de Salud;

IV. Solicitar y recibir los certificados de evaluación y diagnóstico indicativos del estado en que se encuentren las personas con la condición del espectro autista;

V. Recibir consultas clínicas y terapias de habilitación especializadas en la red hospitalaria del sector público federal, de las entidades federativas y municipios, así como contar con terapias de habilitación;

VI. Disponer de su ficha personal en lo que concierne al área médica, psicológica, psiquiátrica y educativa, [al igual que de los certificados de habilitación de su condición,] al momento en que les sean requeridos por autoridad competente;

VII. Contar con los cuidados apropiados para su salud mental y física, con acceso a tratamientos y medicamentos de calidad, que les sean administrados oportunamente, tomando todas las medidas y precauciones necesarias;

VIII. Ser inscritos en el Sistema de Protección Social en Salud, conforme a lo establecido en la Ley General de Salud;

IX. Recibir una educación o capacitación basada en criterios de integración e inclusión, tomando en cuenta sus capacidades y potencialidades, mediante evaluaciones pedagógicas, a fin de fortalecer la posibilidad de una vida independiente;

X. Contar, en el marco de la educación especial a que se refiere la Ley General de Educación, con elementos que faciliten su proceso de integración a escuelas de educación regular;

XI. Acceder a los programas gubernamentales para recibir alimentación nutritiva, suficiente, de calidad, y de acuerdo a las necesidades metabólicas propias de su condición;

XII. A crecer y desarrollarse en un medio ambiente sano y en armonía con la naturaleza;

XIII. Ser sujetos de los programas públicos de vivienda, en términos de las disposiciones aplicables, con el fin de disponer de vivienda propia para un alojamiento accesible y adecuado;

XIV. Participar en la vida productiva con dignidad e independencia;

XV. Recibir formación y capacitación para obtener un empleo adecuado, sin discriminación ni prejuicios;

XVI. Percibir la remuneración justa por la prestación de su colaboración laboral productiva, que les alcance para alimentarse, vestirse y alojarse adecuadamente, así como también para solventar cualquier otra necesidad vital, en los términos de las disposiciones constitucionales y de las correspondientes leyes reglamentarias;

XVII. Utilizar el servicio del transporte público y privado como medio de libre desplazamiento;

XVIII. Disfrutar de la cultura, de las distracciones, del tiempo libre, de las actividades recreativas y deportivas que coadyuven a su desarrollo físico y mental;

XIX. Tomar decisiones por sí o a través de sus padres o tutores para el ejercicio de sus legítimos derechos;

XX. Gozar de una vida sexual digna y segura;

XXI. Contar con asesoría y asistencia jurídica cuando sus derechos humanos y civiles les sean violados, para resarcirlos, y

XXII. Los demás que garanticen su integridad, su dignidad, su bienestar y su plena integración a la sociedad de acuerdo con las distintas disposiciones constitucionales y legales.”

Por eso, la Bancada Naranja considera necesario que se realicen de manera constante campañas de concienciación y visibilización respecto al trastorno del espectro autista y promover la inclusión a la sociedad las personas con esta condición con la finalidad de prevenir y eliminar toda discriminación y falta de acceso a oportunidades.

De la misma forma, consideramos que el Gobierno federal, mediante la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, deben garantizar el acceso a los derechos humanos de las personas con autismo mediante políticas públicas bajo los principios de autonomía, dignidad, igualdad, inclusión, justicia, libertad, respeto y transparencia para mejorar su calidad de vida.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a realizar de manera constante campañas de concienciación y visibilización del trastorno del espectro autista; a promover la inclusión de las personas con autismo en México a la sociedad, con la finalidad de prevenir y eliminar toda discriminación y falta de acceso a oportunidades, así como a garantizar el derecho humano a la salud, a través del acceso a un diagnóstico oportuno y cobertura a servicios de salud especializada como terapias y atención psicológica a las personas con autismo en México.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación a crear programas especializados de educación a nivel preescolar, educación básica primaria, educación básica secundaria y educación media superior, con la finalidad de garantizar el derecho a la educación de las personas con autismo en México.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud. “Trastornos del Espectro Autista”. Recuperado de:

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spect rum-disorders

2 UNAM. “En México, uno de cada 115 niños padece autismo”. Recuperado de:

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_291.html

3 Organización Mundial de la Salud. “Trastornos del Espectro Autista” Recuperado de:

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spect rum-disorders

4 Gobierno Federal. “Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.2019” Recuperado de: dia-mundial-de-concienciacion-sobre-el-autismo-2019

5 Ídem.

6 Ídem.

7 Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. Recuperado de:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAPPCEA_270516.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.– Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO A LA FGR, A ATRAER LA INVESTIGACIÓN POR DESAPARICIÓN FORZADA DE JORGE LUIS DE LEÓN VELÁZQUEZ, SUSTANCIADA EN LA CAUSA 125/2016 EN SINALOA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a atraer la investigación por desaparición forzada de Jorge Luis de León Velázquez, sustanciada en la causa 125/2016 en Sinaloa, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los demás aplicables.

Someto a consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por la que se exhorta a la Fiscalía General de la República atraer la investigación por desaparición forzada de Jorge Luis de León Velázquez, sustanciada en la causa 125/2016 en el Estado de Sinaloa, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. En 5 de julio de 2016 el ciudadano Jorge Luis de León Velázquez fue víctima de secuestro, al sur del municipio de Mazatlán, en una comunidad llamada Urías, sobre la carretera 15, enfrente de “la sirena”, una colonia habitada por el ejército, aproximadamente a las 7 de la tarde.

Segundo. A la fecha se desconoce su paradero.

Tercero. A raíz del secuestro, a mediados de diciembre de 2016 se entregó el rescate que los secuestradores exigieron, sin embargo, no regresaron al ciudadano Jorge Luis de León Velázquez con su familia.

Cuarto. Con motivo de este delito, se tiene abierta la causa penal número 125/2016 y carpeta de investigación 2207/2016, en el Juzgado de Primera Instancia de control y enjuiciamiento penal de la región sur.

Quinto. Hasta ahora han resultado inculpados los ciudadanos Juan Gabriel Cañedo Raygoza, Luis Manuel Bernal Raygoza y Víctor Galindo Coronado, por el delito de secuestro agravado.

Sexto. Este delito se agrava aún más pues uno de los inculpados es militar, con lo que se podría configurar el delito de desaparición forzada de personas.

Por lo tanto, fundado y motivado en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de diputados, exhorta, de manera respetuosa, a la Fiscalía General de la República para atraer la investigación por desaparición forzada de Jorge Luis de León Velázquez, sustanciada en la causa 125/2016 en el Estado de Sinaloa

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.– Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

SE INFORME A LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LAS RAZONES POR LAS QUE EL BANCO DEL BIENESTAR DEJÓ DE RECIBIR REMESAS POR SEÑALAMIENTOS DE AUTORIDADES ESTADOUNIDENSES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y a diversas autoridades a informar a la opinión pública sobre las razones por las que el Banco del Bienestar dejó de recibir remesas por señalamientos de autoridades estadounidenses respecto a que dicha institución haya sido utilizada presuntamente para actividades ilícitas, a cargo del diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado federal en la LXV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través de la unidad de inteligencia financiera, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y al Banco del Bienestar, a que en uso de sus facultades y atribuciones informen a la opinión pública sobre las razones por las que el Banco del Bienestar dejó de recibir remesas por señalamientos de autoridades estadunidenses con respecto a que dicha institución haya sido utilizada presuntamente para actividades ilícitas, así mismo, se explique los indicios de corrupción y el retraso de expansión de dicho banco, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Banco del Bienestar antes Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), fue al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) uno de los proyectos insignia, y uno de los pilares donde se cimentaría el apoyo de los programas sociales.

Con la promesa de la ampliación de sucursales de los bancos del bienestar, primordialmente en zonas de difícil acceso o comunidades con grados medios y altos de marginación, para que de esta manera se hicieran llegar los servicios financieros a aquellas personas que carecen de ellos.

De acuerdo con el Programa Institucional 2020-2024 Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, la misión y visión del banco son las siguientes:

Misión: Crear una banca ética y social para hacer efectivo el derecho de acceso al desarrollo, a la inclusión económica, social y financiera, así como garantizar el acceso a los apoyos, pensiones y becas constitucionales, principalmente a la población excluida.

Visión: Ser la institución de banca social del Estado mexicano que promueva el acceso universal a servicios financieros para la inclusión, el desarrollo y el pleno ejercicio de los derechos humanos de toda la población, con la mayor cercanía territorial en las regiones del país.

En dicho documento se establece que se brindarán a los usuarios una amplia cobertura geográfica, particularmente, en las zonas de difícil acceso, a través de la expansión de la red de sucursales en áreas rurales del país para generar una mayor inclusión financiera de la gente con cercanía física y cultural, para garantizar el ejercicio y respeto de los derechos humanos, la dignidad, la igualdad democrática y financiera, así como puntos de servicio y atención, cajeros automáticos, corresponsales y medios de pago digitales.

Asimismo, robustecer el acceso a la educación y formación financiera para potenciar la productividad, el ahorro y la generación de patrimonio de las familias en sus propias comunidades es otro de los objetivos que busca el banco.

Y finalmente se busca asegurar el ejercicio efectivo del derecho constitucional a los apoyos económicos, pensiones, becas y demás programas sociales a través de la ampliación de mecanismos para la dispersión de dinero a través del impulso y crecimiento en el uso de cuentas bancarias.

Todo lo anterior con el afán de disminuir la corrupción, los costos de distribución de efectivo y mejorando la seguridad de las personas en el manejo de sus recursos.

Sin embargo, la corrupción es uno de los males que más han aquejado a nuestro país a lo largo de la historia, inclusive la lucha contra la corrupción ha sido uno de los pilares para promover el proyecto político de quienes prometían tener la solución a todos los problemas de México.

Bajo el lema de que la corrupción se barría como las escaleras, “de arriba para abajo”, el presidente López Obrador asumió el compromiso de erradicar la problemática generada por la corrupción, hoy en los hechos solo vemos que fueron palabras vacías.

Han pasado más de 3 años del gobierno de AMLO, y por cuestiones de corrupción el Banco del Bienestar ha tenido ya tres directores generales; el primero fue Rabindranath Salazar Solorio, que estuvo desde el inicio del sexenio. Durante el tiempo que duró su encargo se vio involucrado en diversas polémicas.

Una de ellas, el tema de los cajeros que ha sido el principal talón de Aquiles de este proyecto estratégico de López Obrador; crucial porque el Banco del Bienestar es la arteria por donde fluyen los dineros de todos sus programas sociales de esta administración.

En el arranque del sexenio la institución tenía 120 cajeros, los que eran del extinto Bansefi, y se anunció con bombo y platillo la adquisición de hasta ocho mil para apuntalar el proyecto.

Fue ese contrato que ganaron Alejandro del Valle y Carlos Cabal y que después la Secretaría de Hacienda de Arturo Herrera canceló por falta de presupuesto.

Posteriormente se celebró un contrato que buscaba ampliar la red de cajeros del banco, donde se asignaba de forma directa a Saque y Pague un cambio de los cajeros que el banco tenía originalmente con otra compañía llamada PROAC.

Salazar introdujo una cláusula en el contrato para que se instalaran los mismos 180 cajeros con la posibilidad de un crecimiento de hasta mil dispositivos. Fue una asignación que no autorizó la entonces oficial mayor Raquel Buenrostro.

Al final la Secretaría de la Defensa, que comanda Luis Cresencio Sandoval, también echó para abajo este otro contrato que a todas luces era irregular: Saque y Pague iba a ser financiado por Grupo Carpio, de Saúl Carpio. El contrato para la adquisición de esos mil cajeros representaba una inversión de mil 300 millones de pesos.

El 22 de junio del 2020 se realizaron cambios en el gabinete, Rabindranath Salazar pasaría a la Subsecretaría de Gobernación y sería sustituido por Diana Álvarez Maury, ella sería la encargada de seguir llevando a cabo la expansión del banco y acercarlo a las comunidades más marginadas.

Pero en el año y medio en el que estuvo lo único que se logró fue que los planes de apertura de las nuevas sucursales e instalación de los cajeros automáticos se viera estancado.

Ahora bien, en el Tercer Informe de Gobierno, el presidente propuso la meta física de alcanzar 2 mil 700 sucursales para inicios del 2022. Al respecto, hoy en día, únicamente se encuentran en funcionamiento mil 342 de acuerdo con el último directorio publicado en la página oficial, es decir, apenas el 49 por ciento del objetivo.

Ante esta situación, hay que destacar que el Banco del Bienestar en el lapso de 2020 a 2023, se le ha aprobado presupuesto por 29 mil 085 millones de pesos, de los cuales, 22 mil 190 millones de pesos han sido utilizados para gasto operativo, sin embargo, los resultados han sido nulos.

Además, hay que destacar que las sucursales que “funcionan” actualmente, muchas de ellas no cuentan con sistema, no hay equipos suficientes para operar y la mayoría se encuentran en lugares inaccesibles, por lo que termina siendo contraproducente para muchas personas que buscan cobrar los apoyos que reciben al ser beneficiarios de programas sociales.

Esto se ve reflejado, ya que los adultos mayores beneficiarios de programas sociales reportaron que para ser atendidos en una sucursal del Banco de Bienestar tardan hasta tres horas. Para varios de ellos, es difícil esperar tantas horas, ya que algunos se presentan con bastón, andadera o silla de ruedas.

De igual manera, trabajadores del banco reportaron fallas en los cajeros automáticos, por lo que todos quienes busquen cobrar su pensión de la tercera edad, Becas Benito Juárez, pensiones por discapacidad y de madres solteras tienen que formarse por horas para recibir el apoyo.

De conformidad con la ASF de 2020 a 2021, el Banco del Bienestar ha tenido observaciones por 190 millones 404 mil pesos, destacando irregularidades en los procesos de construcción y adquisición de mobiliario para algunas sucursales, y que además estos procesos no contaron con estudios suficientes para la elaboración del proyecto ejecutivo.

Asimismo, en el 2020 tuvo observaciones por un software que no fue instalado y por ende nunca operó, asimismo, los empleados del banco desconocían la ubicación y la existencia de dicho software.

De acuerdo a una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en septiembre del 2022, el Banco del Bienestar ha sufrido 82 robos en 20 estados, que representan pérdidas por al menos 143 millones de pesos.

El primer lugar de robos en sucursales lo ocupó Oaxaca, con 12 hechos delictivos, seguido del Estado de México con 10, y en tercer sitio Michoacán, con 9 robos a sucursales.

Los robos más importantes se han dado en Michoacán, el 28 de marzo de 2020 por 13.4 millones de pesos; en Cuautla, Morelos, por 21.6 millones el 12 de marzo de 2022; en Oaxaca, el 11 de julio de 2020 por 9 millones de pesos; en Puebla, el 26 de septiembre de 2021 por 8.6 millones; y el del 29 de noviembre de 2021, por 8.5 millones, en el Estado de México.

Es decir, si sumamos las irregularidades observadas por la ASF y estos robos, se tienen perdidas comprobables por 333 millones 404 mil pesos.

Y para cerrar con broche de oro sobre el Banco del Bienestar, sale a relucir que dejó de recibir remesas antes de que instituciones como Wells Fargo anunciaran a sus clientes que lo dejarían de hacer a partir del 21 de abril.

Lo anterior, ya que diversos medios de comunicación reportaron que hay dudas fundadas por parte de las autoridades estadounidenses con respecto a que el Banco haya sido utilizado para operaciones ilícitas.

Asimismo, se difundió que el banquero Charles Charf indicó que la entidad estatal mexicana no tiene los mecanismos requeridos contra el lavado de activos, esto ya que tan solo el año pasado México recibió más de 55 mil millones de dólares en remesas, y este flujo comenzó a encender advertencias dentro y fuera del país sobre si en México existen los mecanismos de control adecuados.

Se advierte también que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, han cobrado al Banco del Bienestar diversas multas por fallas de procedimientos y manuales para evitar operaciones indebidas.

El riesgo crediticio es el que más significado le da a cualquier institución que otorga un crédito, la cual, en primera instancia, se protegerá con políticas crediticias que han resultado ser efectivas para evitar el riesgo de liquidez o, en otras palabras, la morosidad. Ante lo elemental, el Banco del Bienestar, sacudió de estas prácticas fundamentales de cualquier operación bancaria. Con el fin de alimentar el crédito de manera electoral, el banco dejó de otorgar este servicio pocos meses después de su creación ya que los “créditos a la palabra” generaron altas tasas de morosidad. Para 2021 llegaron a tener una cartera vencida de 36 por ciento respecto a una cartera total de 2 mil 500 millones.

Para el cierre de 2022, el Gobierno federal implementó un programa para castigar cartera vencida y dejarla en 0 por ciento. Fue una operación donde sacó de sus balances la morosidad por refinanciamiento con efectos contra sus estados de resultados; en otras palabras, echó mano de un mecanismo muy parecido al ejecutado en 1995 con el Fobaproa.

En despropósito de lo anterior, a pesar de ser un banco de segundo piso, el Banco del Bienestar ya no otorga crédito financiero, préstamos ni capta dinero por cuentas de ahorro o nómina; queda casi exclusivamente su operación en la dispersión de recursos de apoyos gubernamentales.

Lo anterior sugiere no sólo una muy mala gestión, sino una manera de operar vaga y llena de opacidad. Lo anterior se funda en el comunicado que realizaron para explicar por qué dejaron el servicio de remesas.

En un comunicado explicaron que este servicio sería administrado por Financiera Bienestar, bajo la Ley Federal de Austeridad Republicana (LFAR), la cual expresa que queda prohibida la duplicidad de funciones en las unidades que conforman la administración pública federal (APF), por lo que, en sus palabras, el Banco del Bienestar tomó la decisión de salir del mercado de remesas y no por presuntas acusaciones por compañías como Wells Fargo de Estados Unidos.

Si bien no se ha iniciado un proceso formal de investigación por actos ilícitos de Estados Unidos contra el Banco del Bienestar, el gobierno mexicano debe dar certidumbre jurídica a los principales bancos norteamericanos, para que, en función de seguir garantizando la transmisión de dinero hacia México, no tomen acciones de-risking, es decir, eliminar el riesgo de, hasta posible lavado de dinero, a través de la eliminación de vínculos.

En resumen, esta institución no ha abonado en nada en la bancarización del país, no cuenta con mecanismos fiables de seguridad, no hay suficientes sucursales ni cajeros, hay diversas irregularidades comprobables, y un sinfín de desaciertos que dan pie a afirmar que es de los peores fracasos de esta administración.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, investiguen e informen a la opinión pública sobre las razones que han originado el incremento de la relación entre las remesas y la delincuencia organizada, así como, las multas por fallas de procedimientos y manuales para evitar operaciones indebidas al Banco del Bienestar.

Segundo. — La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al director del Banco del Bienestar a que informe a la opinión pública, el destino y ejercicio de los recursos asignados y el por qué estos no han sido destinados para la construcción de las sucursales faltantes. Además de informar las acciones que se llevarán a cabo para mejorar la infraestructura con la que cuentan las sucursales que operan actualmente, los mecanismos para acercar los servicios financieros a la población que carece de ellos, así como las acciones que llevarán a cabo para la dispersión de apoyos sociales a lo largo del año 2023.

Tercero.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a que inicie una investigación respecto a la falta de transparencia de los recursos asignados al Banco del Bienestar, así como de los contratos otorgados desde sus inicios a la fecha, y se informe a la opinión pública sobre sus resultados.

Cuarto.- Se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de la Función Pública, con el objeto de que realice una auditoría interna detallada al Programa de Inclusión Financiera del Banco del Bienestar, así como del desempeño del director y ex directores Rabindranath Salazar Solorio y Diana Álvarez Maury, relacionados y encargados de llevar a cabo la dirección, operación, supervisión, administración y la asignación de recursos públicos, con la finalidad de informar a la opinión pública, si no existieron irregularidades administrativas durante su encargo, de conformidad con el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Nota

1 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5612609&fecha=03/03/2021&print=true

Bibliografía

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/dario-celis/el-complejo- caso-del-banco-del-bienestar/

https://www.forbes.com.mx/politica-empresario-costarricense-cobr ara-18313-mdp-por-operacion-banco-del-bienestar/

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de-mola/el-b anco-del-bienestar-no-existe-pero-ya-devoro-50-mil-millones-de-pesos?utm_source =web&utm_medium=social_buttons&utm_campaign=social_sharing&utm_cont ent=twitter

Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 11 días del mes de abril de 2023.– Diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

EXHORTO A DIVERSAS AUTORIDADES A EJERCER ACCIONES CONJUNTAS EN FAVOR DE LA POBLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA Y DE LA REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO ROSAS MAGALLÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a la SHCP y a la SICT a ejercer acciones conjuntas en favor de las y los pobladores de Baja California y de la rehabilitación del libramiento Rosas Magallón ante el riesgo de deslaves en el Cañón del Matadero, a cargo del diputado Fausto Gallardo García, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado Fausto Gallardo García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante el año 2022 y desde principios del presente ejercicio se han registrado diversos deslaves en el Cañón del Matadero, ubicado en el libramiento Rosas Magallón, en el Municipio de Tijuana, Baja California, lo cual ha generado preocupación y ha puesto en alerta, tanto a la población como a los gobernantes de dicha entidad.

Tal situación no es menor, ya que por dicha vialidad circulan a diario poco más de 55 mil vehículos, entre particulares y de carga, los cuales transitan ante un gran riesgo de un deslave repentino a un acantilado de poco más de 35 metros de altura, hecho que se agudiza debido al afluente vehicular y las intensas lluvias registradas en últimos días.

La autoridad estatal, en voz de la gobernadora Marina del Pilar Ávila “explicó que es prioritaria la seguridad de la población, por lo que se tomó la decisión de restringir la circulación de los dos carriles con dirección del Centro a Playas de Tijuana, sobre la prolongación de la Calle Segunda, en tanto que se adecúan otros dos carriles, para que fluya el tráfico vehicular en ambos sentidos.”

Asimismo, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, anunció el pasado 26 de marzo de 2023 el desvío de carriles y contra flujo como ruta alterna en la carretera hacia Playas de Tijuana a la altura del Cañón del Matadero, lo cual se implementó el pasado lunes 27 de marzo.

Por lo anterior es claro que la situación que prevalece es de urgente atención debido a que, como se ha mencionado, la vialidad representa una arteria fundamental en las comunicaciones para el Estado y para los miles de familias que se movilizan en la zona metropolitana de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito.

Por otra parte, es importante señalar que tal coyuntura se agrava no solo debido a la necesidad de dicha vía de comunicación, sino al riesgo que han señalado geólogos y expertos, como Javier Franco Casas, integrante del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, quien ha señalado el “inminente colapso de la vialidad que se encuentra sobre el Cañón del Matadero” ante las condiciones como “la altura de lo que es el piso del tubo hasta el libramiento, es de 35 metros, y es una pared completamente vertical, por lo que la inestabilidad es recurrente... por lo que es necesario tomar acciones emergentes.”

Si bien, diversas voces han descartado que tales deslaves hayan ocurrido por alguna negligencia cometida por autoridades locales, lo cierto es que el terraplén para acceder a Playas de Tijuana ha sido, es y será muy útil para la movilidad de la zona, por lo cual resulta indispensable efectuar la obra correctiva en dicha vialidad, ya que la obra original data de 1963, año en el que se construyó ese talud.

Ahora bien, desde la puesta en marcha de las acciones gubernamentales en favor de la movilidad de las y los tijuanenses por dicha vialidad, y ante el cierre de múltiples carriles para evitar alguna complicación por derrumbe, según diversos medios de comunicación local, los vecinos de Playas de Tijuana reportaron que tardaron hasta cuatro horas para llegar del centro de la ciudad a su casa en el lapso de las seis de la tarde a los ocho de la noche del jueves 23 de marzo, lo cual se derivó del congestionamiento vial de la zona del Cañón del Matadero” hecho que trastoca la vida económica de la región, lo cual coloca en mayor riesgo la situación existente.

Para esta representación es urgente que tanto la Federación como el resto de los órdenes de gobierno coadyuven en beneficio de las y los tijuanenses, no solo por las afectaciones económicas por el congestionamiento de la citada vialidad, sino ante el riesgo latente del colapso y la posible pérdida de vidas humanas.

Por lo anterior, y toda vez que es urgente atender la situación que se presenta en el libramiento Rosas Magallón sobre el Cañón del Matadero, y ante la imperiosa necesidad de salvaguardar la integridad de las y los bajacalifornianos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Ejecutivo federal, del gobierno del estado de Baja California y del municipio de Tijuana a impulsar acciones conjuntas que garanticen la integridad de las personas que transitan la vialidad del Cañón del Matadero.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a destinar recursos presupuestales extraordinarios con el propósito de solventar los trabajos de reparación del Cañón del Matadero y los desvíos de Playas de Tijuana y mitigar el riesgo presente por colapso de dicha vialidad.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a que considere la viabilidad de emitir dispensa temporal en el cobro del peaje de la caseta en Playas de Tijuana para que la autopista pueda utilizarse como vía alterna durante los trabajos de reparación ocasionados por el deslave en el Cañón del Matadero, ubicado en libramiento Rosas Magallón, Tijuana, Baja California.

Notas

1 Véase, Braulio Serrano Ruíz, Marina Del Pilar... Atiende Situación en Cañón Del Matadero; El Mexicano; 25 de marzo 2023; Disponible en:

https://www.el-mexicano.com.mx/Noticia/Pol%C3%ADtica%20y %20Pol%C3%ADticos/45351/Marina-del-Pilar...-Atiende-situación-en-Cañon-del-Mata dero-

2 Véase, Inminente el colapso de vialidad en el Cañón del Matadero: geólogo Javier Franco; Agencia Fronteriza de Noticias; 27 de marzo 2023. Disponible en:

https://afntijuana.info/informacion_general/137770_inminente_el_ colapso_de_vialidad_en_el_canon_del_matadero_geologo_javier_franco

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.– Diputado Fausto Gallardo García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REACTIVAR LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA DEL INVI

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a reactivar la construcción de proyectos de vivienda del Invi, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que reactive la construcción de proyectos de vivienda del INVI, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El derecho a la vivienda da estabilidad emocional, económica y seguridad a los individuos y sus familias ya que brinda seguridad y dignidad, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en su artículo 25 numeral 1 que a la letra dice:

“Artículo 25.

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”

También es reconocido en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 en su artículo 11 primer párrafo en donde dice:

“reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”

Este derecho a la vivienda abarca la libertad de ser protegidos contra desalojos, destrucción u demoliciones, injerencias arbitrarias contra las viviendas, da libertad de elegir donde vivir, a la libertad de circulación, así como la seguridad de la tenencia, el acceso no discriminatorio en igualdad de condiciones a elegir y determinar dónde vivir, así como participar en la toma de decisiones en la creación de planos.

De igual manera en nuestra Constitución se encuentra inmerso en el artículo 4, párrafo 6, que a la letra dice:

“Artículo 4o. ...

...

...

...

...

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.”

En junio de 2006 se promulgó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Vivienda, la cual obedece justo el artículo 4 Constitucional párrafo sexto en materia de vivienda por considerar la vivienda un área prioritaria para el desarrollo nacional por lo que impulsa y organiza las actividades inherentes a la materia con la participación de los sectores sociales y privados conforme establece esta ley en donde se refiere a la Política Nacional de Vivienda, el Sistema Nacional de Vivienda, de la Comisión Nacional de Vivienda, el Consejo Nacional de Vivienda, del Financiamiento a la Vivienda, la Producción Social de Vivienda y de la denuncia popular y las responsabilidades, además de que regula las actividades de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi)

Cabe mencionar que en el caso de los trabajadores del Apartado A, es decir del sector privado tienen derecho al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) creado desde 1972, con el objetivo de atender las necesidades de vivienda, el desarrollo de mejores soluciones habitacionales y financieras, así como abatir el rezago habitacional existente, los créditos que este instituto otorga son para comprar, construir o remodelar.

En el caso de los trabajadores del Apartado B, los trabajadores al servicio del Estado tienen acceso al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (Fovissste) quien se encarga de otorgar créditos para vivienda a los trabajadores al servicio del Estado para compra, construcción y remodelación.

Además de que las Fuerzas Armadas también cuentan con sus propios créditos de vivienda para Ejército, Marina y Fuerza área.

Sin embargo, existe un gran grupo de personas que por la naturaleza de sus trabajos no tienen acceso a un crédito de vivienda, en México se calcula que son alrededor de 6 millones, para estas personas existen otras opciones que son los créditos hipotecarios que otorgan los bancos, además de que en los gobiernos estatales crearon sus propios institutos de vivienda o Comisiones quienes se hacen cargo de estos temas en su demarcación para apoyo a la ciudadanía.

Estas instituciones estatales apoyan a sus residentes que quieren adquirir una vivienda pero que no tienen seguridad social para ser derechohabientes a los créditos que otorgan el Infonavit y el Fovissste.

En este sentido en la Ciudad de México en INVI ha representado un gran apoyo, ya que tiene por objeto entre los más importantes el de promover y ejecutar el otorgamiento de créditos con tasa cero para la adquisición de viviendas para los sectores más vulnerables con ayudas de beneficio social.

Dentro de los programas que ofrecen y que están publicados en su página oficial se encuentran los siguientes:

“Vivienda nueva terminada: Se puede financiar integralmente con recursos del INVI o con otras fuentes de financiamiento. Esta modalidad corresponde a la construcción de vivienda nueva realizada en predios con uso habitacional y con factibilidad de servicios, en un proceso único de edificación que cumpla con las necesidades de área construida, seguridad estructural, instalaciones, servicios, áreas privativas y áreas de uso común.

Adquisición y rehabilitación de vivienda en inmuebles catalogados: Esta modalidad corresponde a la adquisición de vivienda por parte de sus ocupantes, siempre que el inmueble esté en buenas condiciones estructurales, o bien, cuando las obras de rehabilitación garanticen que el inmueble tendrá una vida útil y duradera, que contribuya a la conservación del patrimonio histórico o artístico. La característica particular de estos inmuebles es que están catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes o la Dirección de Sitios Patrimoniales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Puede combinarse parcialmente con la modalidad de Vivienda Nueva Terminada cuando en el inmueble donde se desa-rrolle un proyecto de vivienda sea necesario conservar parte de la construcción existente por tratarse de un inmueble catalogado.

Adquisición y rehabilitación de vivienda en inmuebles no catalogados: Esta modalidad consiste en la adquisición de vivienda por parte de sus ocupantes cuando el inmueble requiere de rehabilitación o mejoras mediante obras estructurales o en instalaciones sanitarias o eléctricas, o requiere acciones de mantenimiento con las que se pueda garantizar una vida útil, duradera y segura del inmueble.

Vivienda progresiva: Esta modalidad corresponde a la edificación de vivienda individual o plurifamiliar, a través de un proceso de construcción paulatina o en etapas, en proyectos de tipo horizontal o vertical. Considera la construcción de vivienda con espacios habitables mínimos que den prioridad a elementos estructurales, instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, que en conjunto consoliden gradualmente el inmueble y brinden seguridad y bienestar a sus ocupantes.

Adquisición de vivienda: Esta modalidad consiste en adquirir una vivienda propiedad de terceros, ya sea nueva o en uso.

Arrendamiento con opción a compra: Esta modalidad corresponde a la adquisición de vivienda sujeta a un período de pago de rentas mediante un contrato de arrendamiento que combine obligaciones condicionales de venta, en plazo y precio determinado, considerando las rentas o parte de éstas como aportación anticipada en favor de sus beneficiarios o arrendatarios al ejercer el financiamiento para compra de vivienda.

Condominio familiar: Es un crédito inicial o complementario para cubrir los gastos del proceso de constitución del régimen de propiedad en condominio de un inmueble, con objeto de escriturar las unidades privativas existentes. Cubre estudios, proyectos, trámites legales, gastos notariales o administrativos y, en términos de lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Vivienda de la Ciudad de México, se tendrán por satisfechos en su aplicación los requisitos administrativos, urbanos y sanitarios por tratarse de una disposición que tiene como único y exclusivo destinatario a este Instituto. Los propietarios de vivienda de interés social y popular podrán ser beneficiarios de las facilidades administrativas y estímulos fiscales vigentes, aun cuando no soliciten el otorgamiento del crédito, siempre y cuando cumplan los requisitos que se establezcan.”

Los beneficiarios a estos programas son la población de bajos recursos económicos en condición de vulnerabilidad entre las que refiere a indígenas, adultos mayores, madres solteras, mujeres jefas de familia y personas con discapacidad o que habitan en zonas de alto riesgo, así como a la población asentada en campamentos o inmuebles con valor patrimonial.

El problema surge cuando las construcciones que ya se empezaron son suspendidas para atender emergencias consideradas así por la jefa de gobierno, cuando debería de existir por parte del Instituto un fondo previsto para atención de emergencias que no interfieran con las construcciones que son consideradas como ya previstas, en diferentes alcaldías de la Ciudad de México que comenzaron antes de la pandemia y que no se han podido concluir debido a que se suspenden los recursos para atender otras construcciones, por lo que existe inconformidad por parte de algunos beneficiarios por un atraso de más de 3 años cuando se habían comprometido en entregar estos departamentos nuevos en un año y medio.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente           

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México para que, aunque se presenten emergencias en caso de vivienda, no descapitalice los proyectos que ya se están construyendo para poder terminarlos y que no se sigan atrasando.

Bibliografía

- https://www.invi.cdmx.gob.mx/programas/programa/pvc

- ONU, (1948) Declaración Universal de Derechos Humanos. Recuperado de

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-ri ghts

- ONU, La vivienda es un derecho, no una mercancía. Recuperado de:

https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-housing/human-rig ht-adequate-housing

- ONU, (1991) El derecho a una vivienda adecuada (Art.11, párr. 1) Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Recuperado de:

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3594.pdf

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917)

- Ley de Vivienda (2006)

- Página Oficial del Infonavit.

https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal/infonavitmx/mx2/der echohabientes/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizdwNDDycTQz9LMIsHA0C_Sz9 jLzNjI28HM31w_ErMNOPIka_paWLiaG3hYFRgKGfgUFgWKChi6eLuYGpgQlx-g1wAEcD4vTjURCF3_h w_Sj8VphBFeDzIiFLCnJDQ0MjDDI9HRUVAQuFQYM!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

- Página Oficial del Fovissste.

https://www.gob.mx/fovissste

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.– Diputada Margarita García García (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

EXHORTO AL PODER JUDICIAL DE CHIHUAHUA, A GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO EN EL CASO DE MIREYA RODRÍGUEZ LEMUS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Judicial de Chihuahua, a garantizar el acceso a la justicia y debido proceso en el caso de Mireya Rodríguez Lemus, a cargo de la diputada María Guadalupe Ortega de la Cruz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Jéssica María Guadalupe Ortega de la Cruz integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Judicial del Estado de Chihuahua, a garantizar el acceso a la justicia y debido proceso en el caso de Mireya Rodríguez Lemus, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. Contexto del transfeminicidio en México

1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado a los países “Adoptar campañas de prevención y combate contra la homofobia, transfobia y discriminación basada en orientación sexual, garantizando la protección a los derechos de identidad de género, dirigidas especialmente a personal de salud y de seguridad del Estado que tenga a su cargo medidas de atención y contención de la pandemia”. Este tipo de acciones afirmativas ayudaría a la disminución de casos de asesinatos a las personas LGBT en México.

2. Las personas trans corren un riesgo mucho mayor de sufrir acoso y agresiones y de ser asesinadas. Cuando los medios de comunicación y los líderes comunitarios y políticos tratan el tema con un tono incendiario, el entorno se vuelve aún más hostil. Esta hostilidad hacia las personas trans muchas veces llega a codificarse en leyes que les prohíben ejercer derechos básicos.

3. De 2017 a 2021, 270 mujeres trans fueron asesinadas. Destaca que 40 de las víctimas fueron sometidas a múltiples violencias: golpes, sexual, indicios de tortura y ensañamiento con cuerpos sin vida.

20 de los 32 Estados de la República siguen sin tipificar las agresiones y asesinatos contra la población de la diversidad sexual como crímenes de odio, a pesar de que la violencia contra la comunidad es una constante en el país. Baja California 1 (2.32 por ciento), Chihuahua 6, Ciudad de México 3 (6.97 por ciento), Guerrero 3 (6.97 por ciento), Jalisco 3 (6.97 por ciento), Michoacán 5 (11.62 por ciento), Nuevo León 1 (2.32 por ciento) y Veracruz 21 (48.83 por ciento), siendo esto una muestra de que los crímenes de odio, de los cuales son víctimas las personas lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales (LGBTI).

II. Caso Mireya Rodríguez Lemus

1. Mireya Rodríguez Lemus, originaria del Estado de Chihuahua, fue la fundadora y presidenta de la organización Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses, y realizaba actividades de defensa y promoción de los derechos de las personas de la comunidad LGBTI, además de promover campañas de prevención del VIH SIDA.

En conjunto con sus compañeras, el Consultorio Virtual Arturo Díaz Betancourt de Letra S y otras organizaciones logró que se emitiera la primera recomendación 58/2016 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua en la que se reconocía los derechos humanos de las mujeres Trans y de las trabajadoras sexuales para que las autoridades municipales de Chihuahua cesaran sus operativos arbitrarios en las zonas de trabajo sexual, en los cuales se les forzaba a aplicarse pruebas de VIH o eran sancionadas con varias horas de prisión, e implementaran el Programa “Acceso integral a la salud y bienestar para las personas trabajadoras sexuales del municipio de Chihuahua”

2. Conforme al medio periodístico regional Presentes, el 2 de septiembre de 2020 fue encontrada sin vida y con huellas de violencia en su casa, en el municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua, siendo confirmada el martes 8 la identidad del cuerpo por las autoridades.

El 11 de septiembre de 2020, la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos y Desaparición Forzada, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua acusó por homicidio agravado por razón de género y robo con penalidad agravada a Arturo “N”, a quien se le dictó prisión preventiva.

Sin embargo, el 8 de julio de 2022, el órgano colegiado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua absolvió y puso en libertad a Arturo “N”.

La abogada de la familia de Mireya Rodríguez Lemus, Laura Hernández García, consideró que la sentencia muestra inconsistencias, que se desestimaron más de 70 pruebas que se presentaron por la fiscalía y la Comisión Estatal de Atención a víctimas en el juicio, que no se juzgó con perspectiva de género, derechos humanos y enfoque diferenciado y, además, la redacción de la resolución revictimizó a Mireya.

Por lo anterior, Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones de Derechos Humanos y Desaparición Forzada, informó que apelaría la resolución emitida por el Tribunal.

1. En septiembre de 2020, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, condenó el asesinato de Mireya Rodríguez Lemus, en el Estado de Chihuahua y realizó los siguientes llamados:

• A investigar de forma exhaustiva y de conformidad con los estándares internacionales de debida diligencia y perspectiva de género;

• agotar todas las líneas de investigación, incluyendo la posible vinculación de este ataque contra Mireya Rodríguez con su labor de defensa de los derechos humanos, así como la posibilidad de que se trate de un crimen de odio por cuestiones de género;

• A fortalecer el conjunto de medidas necesarias para prevenir asesinatos motivados por el odio, así como para contrarrestar las actitudes transfóbicas y promover el respeto hacia la población LGBTI, atendiendo a sus obligaciones de derechos humanos;

• Mantener el acompañamiento y el contacto con la familia de la defensora, así como con sus compañeras de la comunidad LGBTI.

III. Reforma constitucional en materia de derechos humanos

1. El 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en materia de derechos humanos.

Dicha reforma tuvo como objetivo reconocer a nivel constitucional los derechos humanos de las personas, así como establecer las garantías para lograr su apropiada protección.

2. De las modificaciones realizadas al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), se destaca el reconocimiento de los derechos humanos, mediante el principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de la norma jurídica y, en segundo lugar, la prohibición de todo tipo de discriminación.

En ese sentido, de conformidad con los artículos 1 y 133 de la CPEUM, el Estado Mexicano tiene la obligación de observar los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que sea parte.

IV. Acceso a la justicia y debido proceso

1. El acceso a la justicia es un derecho humano protegido por diversos instrumentos internacionales de los que México es Estado parte. Asimismo, se encuentra garantizado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El acceso a la justicia se puede definir como “... la obligación del Estado consistente en garantizar que todas las personas que lo requieran puedan someter sus conflictos a los tribunales, en condiciones de equidad, y que las respuestas que obtengan de estos últimos resuelvan los conflictos en forma efectiva, tanto para los individuos involucrados como para la sociedad en general.”

Es un derecho fundamental que se considera la piedra angular para la protección de los derechos humanos que permite a las personas acudir a los tribunales para hacer valer y respetar los mismos.

En ese sentido, el Poder Judicial es el depositario de la confianza de todas las personas y la última instancia para que sus derechos sean garantizados a través de una tutela judicial efectiva.

2. De la misma forma, se trata de un asunto que trasciende del ámbito normativo y que incide directamente en la conformación de la democracia constitucional como régimen político. El acceso efectivo a la justicia establece mecanismos a través de los cuales puede garantizarse la normalidad democrática, así como sancionarse cualquier hecho ilícito. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la siguiente interpretación sobre el Derecho Humano referido a través de la siguiente jurisprudencia:

“Por otro lado, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han precisado que la obligación de los Estados no sólo es negativa —de no impedir el acceso a esos recursos—, sino fundamentalmente positiva, esto es, a través de la organización del aparato institucional, de modo que todos los individuos puedan acceder a esos recursos. De igual manera, han reconocido como componentes del debido proceso el derecho a contar con una decisión fundada relativa al fondo del asunto, así como el derecho al plazo razonable del proceso. Con base en esos estándares constitucionales y convencionales, es de suma relevancia que los Estados remuevan cualquier obstáculo que limite la posibilidad de acceso a la justicia completa”

Esto significa que la consolidación de la justicia como Derecho Humano depende no sólo de eliminar cualquier obstáculo ejercido desde el Estado, sino de una promoción activa de esta norma fundamental.

En el caso del derecho humano de acceso a la justicia, México forma parte de diversos instrumentos internacionales para su protección, entre ellos:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos. (1948)

• Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966)

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)

3. Este derecho fundamental se encuentra consagrado en el párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Artículo 17. ...

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

[...]”

V. Poder Judicial del Estado de Chihuahua

1. La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua establece en su artículo 15 que el Poder Judicial se integrará y ejercerá en sus respectivos ámbitos de competencia, entre otros, por el Pleno de Tribunal Superior de Justicia y por el Consejo de la Judicatura.

Asimismo, en su artículo 48 establece que “El Consejo de la Judicatura es el órgano del Poder Judicial que tendrá a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial, en los términos que indique esta ley. Contará con independencia presupuestal, técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.”

Conforme al artículo 131 de la Ley Orgánica, entre las atribuciones del Pleno del Consejo de la Judicatura, se encuentra:

• Dictar las medidas que exijan el buen servicio y la disciplina en las oficinas de los tribunales, órganos y áreas auxiliares del Consejo;

• Conocer y resolver de las responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, así como lo relativo a las quejas y denuncias que presenten las personas usuarias de los servicios del Poder Judicial;

• En su caso, aplicar las sanciones que correspondan, así como conocer de los medios de impugnación, en los términos que establece la presente Ley.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta Honorable soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Poder Judicial del Estado de Chihuahua, para que la Sala que conozca del Recurso de Apelación promovido por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en el asunto de Mireya Rodríguez Lemus, al momento de resolver, actúe con perspectiva de género conforme al “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género” y se garantice el acceso a la justicia efectiva y el debido proceso.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Poder Judicial del Estado de Chihuahua, para que a través del Consejo de la Judicatura y de sus demás instancias competentes, investiguen las actuaciones y determinaciones de los Jueces Aram Delgado García, Ricardo Márquez Torres y la Jueza Lucero Moreno Navarrete, en el proceso penal de Mireya Rodríguez Lemus y determinar si se actuó con perspectiva de género y se garantizó el acceso a la justicia efectiva y el debido proceso.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al Poder Judicial del Estado de Chihuahua, para que a través del Consejo de la Judicatura y de sus demás instancias competentes, aplique las sanciones correspondientes en caso de acreditarse que los Jueces Aram Delgado García, Ricardo Márquez Torres y la Jueza Lucero Moreno Navarrete, vulnerado los Derechos Humanos de Mireya Rodríguez Lemus.

Notas

1 Fundación Arcoiris. Informe de crímenes de odio contra LGBT. Disponible en:

http://www.fundacionarcoiris.org.mx/wp-content/uploads/2020/12/I nforme-de-Cri%CC%81menes-de-odio-contra-lgbt-panorama2020.pdf Consultada: 29 de marzo de 2023.

2 Libres e Iguales — Naciones Unidas. Visibilidad Trans. Disponible en:

https://www.unfe.org/es/transvisibility-2/ Consultada: 29 de marzo de 2023.

3 Letra Ese. Muertes violentas de personas LGBT+, Resumen ejecutivo. Disponible en:

https://letraese.org.mx/crimenes-de-odio-archivo/Consultada: 29 de marzo de 2023.

4 Ibídem.

5 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos México. Comunicado: ONU-DH México condena el asesinato de la defensora Mireya Rodríguez Lemus en Chihuahua. Disponible en:

https://hchr.org.mx/comunicados/onu-dh-mexico-condena-el-asesina to-de-la-defensora-mireya-rodriguez-lemus-en-chihuahua/ Consultada: 29 de marzo de 2023.

6 Letra Ese, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, AC, Consultorio Virtual de Derechos Humanos y Servicios Legales “Arturo Díaz Betancourt”, Unión y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses, AC, y Grupo de Estudios sobre Derechos, Géneros y Diversidades, A.C. Comunicado de Prensa. Disponible en:

https://letraese.org.mx/sobre-el-transfeminicidio-de-mireya-rodr iguez/ Consultada: 29 de marzo de 2023

7 Medio periodístico “Presentes”. Transfeminicidio de Mireya: la justicia en México deja impune el caso que podía marcar un cambio. Disponible en:

https://agenciapresentes.org/2022/07/25/transfemicidio-de-mireya -la-justicia-de-mexico-deja-impune-el-caso-que-podia-marcar-un-cambio/#:~: text=El%2011%20de%20septiembre%20de,penalidad%20agravada%20al%20presunto%20resp onsable. Consultada: 29 de marzo de 2023.

8 Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Comunicado: Apelará FGE fallo absolutorio del presunto homicida de Mireya R. Disponible en

http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/apelara-fge-fallo-absolutorio-d e-presunto-homicida-de-mireya-r/ Consultada: 29 de marzo de 2023.

9 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos México. Comunicado: ONU-DH México condena el asesinato de la defensora Mireya Rodríguez Lemus en Chihuahua. Disponible en:

https://hchr.org.mx/comunicados/onu-dh-mexico-condena-el-asesina to-de-la-defensora-mireya-rodriguez-lemus-en-chihuahua/ Consultada: 29 de marzo de 2023.

10 Cámara de Diputados. Reforma 194: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_194_10 jun11.pdf Consultada: 01 de febrero de 2023.

11 Cappelletti, mauro y Brian Garth. “General Report”, en Mauro Cappelletti y Brian Garth (eds.), Access to Justice. A World Survey. Milán: Dott. A. GiuffréEditore. 1978 citado por Caballero, José Antonio. 2016. Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus constituciones, coords. Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión, LXIII Legislatura; Suprema Corte de justicia de la Nación; Senado de la República, LXIII Legislatura; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Instituto Nacional Electoral; y Comisión Nacional de los Derechos Humanos. México: Miguel Ángel Porrúa. Consultado: 01 de febrero de 2023.

12 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: PC.III.A. J/10 A (11a.), disponible en:

https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2024104 Consultada: 23 de enero de 2023.

13 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2022. México: Cámara de Diputados. Disponible en

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf Consultada: 29 de marzo de 2023.

14 Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. 2020. México: H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. Disponible en

https://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosL eyes/1522.pdf Consultada el 29 de marzo de 2023.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.– Diputada Jéssica María Guadalupe Ortega de la Cruz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

SE INVESTIGUEN LAS IRREGULARIDADES DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN ABIERTA EN CONTRA DEL PRIMER REGIDOR DE IXTAPAN DE LA SAL, RAÚL FLORES DÍAZ

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a investigar las irregularidades de la carpeta de investigación abierta en contra del primer regidor de Ixtapan de la Sal, Raúl Flores Díaz, cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Manuel Alejandro Robles Gómez del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los demás aplicables.

Someto a consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por la que se exhorta al licenciado José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, a investigar las irregularidades de la carpeta de investigación abierta en contra del primer regidor de Ixtapan de la Sal, Raúl Flores Díaz, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. El 23 de septiembre de 2022, fue detenido el primer regidor de Ixtapan de la Sal, Raúl Flores Díaz acusado de extorsión. Tres días después, la síndico municipal y tres regidores más señalaron al alcalde Edgar Misael Ocampo Ayala de hacer uso indebido de recursos públicos y encabezar una persecución política. (Villavicencio, 2022)

Segundo. El primer regidor es acusado de extorsión al alcalde Edgar Misael Ocampo. “Raúl Flores Díaz quedó bajo prisión preventiva en el centro de readaptación de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, donde enfrentará el proceso legal y la autoridad de justicia correspondiente fijará su situación jurídica conforme a derecho.” (Ángeles, 2022)

Tercero. El 16 de marzo de esta anualidad, en conferencia de prensa de este servidor, se dio un respaldo a Raúl Flores Díaz, pues fue llevado a prisión “por no prestarse a las corruptelas del alcalde Misael Ocampo Ayala” (Comunicación Social, 2023)

Cuarto. Queremos que este caso se investigue a profundidad y si existen irregularidades salgan a la luz, como se manifestó en la conferencia de prensa aludida y lo ha dicho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en ‘las mañaneras’: no somos iguales y no podemos estar haciendo lo que hacían los gobiernos del PRI y PAN para llevar a prisión a los oponentes políticos”. (Comunicación Social, 2023)

Quinto. Es en este tenor que solicitamos al licenciado José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, a investigar las irregularidades de la carpeta de investigación abierta en contra del primer regidor de Ixtapan de la Sal, Raúl Flores Díaz.

Por lo tanto, fundado y motivado en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa, al licenciado José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, a investigar las irregularidades de la carpeta de investigación abierta en contra del primer regidor de Ixtapan de la Sal, Raúl Flores Díaz.

Bibliografía

- Ángeles, V. P. (23 de septiembre de 2022). sdp noticias. Obtenido de Raúl Flores Díaz, primer Regidor de Ixtapan de la Sal, es detenido y le dictan prisión preventiva:

https://www.sdpnoticias.com/estados/edomex/raul-flores-diaz-prim er-regidor-de-ixtapan-de-la-sal-es-detenido-y-le-dictan-prision-preventiva/

- Comunicación Social. (16 de marzo de 2023). Respalda Alejandro Robles denuncia contra injusta aprehensión de Raúl Flores, primer regidor del Ixtapan de la Sal, Estado de México. Obtenido de Cámara de Diputados:

https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/notilegis/ respalda-alejandro-robles-denuncia-contra-injusta-aprehension-de-raul-flores-pr imer-regidor-del-ixtapan-de-la-sal-estado-de-mexico

- Villavicencio, G. (29 de septiembre de 2022). Estas son las claves para entender el conflicto en Ixtapan de la Sal. Obtenido de AD Noticias:

https://adnoticias.mx/estas-son-las-claves-para-entender-el-conf licto-en-ixtapan-de-la-sal/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.– Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL A CONDUCIRSE CON LEGALIDAD Y NO REVICTIMIZAR A LOS MIGRANTES FALLECIDOS EL PASADO 27 DE MARZO EN EL CENTRO DE DETENCIÓN DE MIGRANTES EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a conducirse con estricto apego a la legalidad y no revictimizar a los migrantes fallecidos el pasado lunes 27 de marzo del 2023 en el centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada Itzel Josefina Balderas Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Itzel Josefina Balderas Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El día lunes 27 de marzo del año en curso se dio a conocer el lamentable fallecimiento de al menos 40 personas dentro de una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Durante “La Mañanera” el día martes 28 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, argumentó que la muerte de los 40 migrantes en “un albergue”, término que decidió utilizar para deslindar de responsabilidades a su administración, fue causada por un incendio provocado por ellos mismos al intentar protestar para no ser deportados.

Por su parte, medios de comunicación locales recogieron testimonios de personas migrantes que fueron desalojadas durante el incendio, quienes explicaron que la protesta se dio al exigir agua para beber ya que llevaban todo el día sin este líquido vital.

Un video captado por las cámaras de seguridad reveló cómo los guardias que se encontraban en ese momento al cuidado de las personas migrantes se percatan del incendio y salen corriendo del lugar sin intención de abrir la estación migratoria para que pudieran salir, dejando ver su nula capacidad de actuación y falta de humanidad.

El Instituto Nacional de Migración es un órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) por lo que resultan indignantes las declaraciones de su titular, Adán Augusto López Hernández en Radio Fórmula con Joaquín López Dóriga, deslindando su responsabilidad con el argumento de que este asunto es competencia del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón.

La realidad es que la política migratoria del gobierno actual es violatoria a los derechos humanos, muestra de ello es la violación al artículo 107 de la Ley de Migración mismo que establece el derecho de los alojados migrantes en las estaciones migratorias de recibir tres alimentos al día y en realidad, los migrantes fallecidos llevaban todo el día sin poder beber agua.

Además, las autoridades violentaron lo establecido por el artículo 109 fracción XII del mismo cuerpo normativo de no otorgar un trato digno y humano durante toda su estancia en la estación migratoria.

Las decisiones en materia migratoria por parte de la administración actual han sido lamentables; solo se ha fortalecido una política migratoria criminal sin protocolos de atención y una continua violación a los derechos humanos de las personas.

Desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional exigimos una pronta reparación del daño, un castigo ejemplar a las autoridades involucradas y, la destitución inmediata del comisionado Francisco Garduño Yáñez frente a las continuas omisiones y políticas violatorias a los derechos humanos para las personas migrantes.

Ante lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. - Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, por su conducto, se destituya inmediatamente al doctor Francisco Garduño Yáñez como comisionado del Instituto Nacional de Migración en virtud de que ha demostrado su incapacidad para garantizar, proteger, promover y hacer cumplir los derechos humanos de todas y todos los migrantes en el país.

Segundo. - Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a conducirse con estricto apego a la legalidad y no revictimización de los migrantes fallecidos en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Tercero. - Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y, a la Secretaría de Relaciones Exteriores para esclarecer de manera pronta, oportuna y expedita, la responsabilidad de los funcionarios y autoridades involucradas en los hechosocurridos este lunes 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez Chihuahua y aplicar las sanciones correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 31 días del mes de marzo del 2023.– Diputada Itzel Josefina Balderas Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

SE CONDENA LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INM, POR EL INCUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS QUE GARANTICEN LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES EN LOS CENTROS MIGRATORIOS DE DICHO INSTITUTO

«Proposición con punto de acuerdo, por el que se condena la actuación de los servidores públicos del INM, por el incumplimiento de protocolos que garanticen el respeto de los derechos humanos de los migrantes que se encuentren en los centros migratorios, a cargo de la diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada federal Elvia Yolanda Martínez Cosío, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 20 de diciembre de 2018, bajo la gestión del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, se anunció a través del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), una acción para enfrentar la crisis de inmigración irregular que encaraba Estados Unidos. En ese sentido, el gobierno estadounidense comenzó el proceso de invocar la Sección 235(b)(2)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, bajo los Protocolos de Protección Migratoria (MMP, por sus siglas en ingles), también conocido como “ Permanecer en México” ( Remain in Mexico), el que consistía en que, las personas que llegan o entran a los Estados Unidos desde México, de manera irregular o sin la documentación adecuada, podían ser devueltas a México durante el tiempo de sus procedimientos de inmigración.

Esta acción, desató una crisis humanitaria y de violación de derechos humanos en nuestro país. De acuerdo con un informe de Human Rights Watch (HRW), publicado en enero de 2021, menciona que, bajo el programa “Permanecer en México”, los solicitantes de asilo enfrentaron secuestros, agresiones sexuales, explotación, falta de necesidades básicas, abuso y otros peligros en México. Además, muchos de los solicitantes no tuvieron acceso significativo al debido proceso en Estados Unidos.

En su mismo informe, Human Rights Watch menciona que, el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU, ha colocado a más de 69 mil personas en su programa “Permanecer en México” desde enero de 2019. Esta cifra incluye familias con niños y niñas de todas las edades, algunos de ellos con discapacidades, incluidos recién nacidos, bebés, y niños pequeños.

De acuerdo con datos de organizaciones no gubernamentales (ONG), han contabilizado a 71 mil migrantes que se vieron obligados a permanecer en México en sus casos de asilo, hasta antes de la suspensión ordenada por el gobierno de Biden; 42 mil casos fueron procesados bajo la administración del presidente Trump; 10 mil tuvieron autorización de ingresar a EU y esperar ahí tras la llegada de Biden, y 25 mil aún esperan en México. Es decir, que solo el 1.7 por ciento de los casos de asilo bajo este programa han sido aceptados.

No obstante ello, el 13 de agosto de 2021, el juez federal del estado de Texas, Matthew Kacsmaryk, nominado por Trump, resolvió dos demandas a favor de los gobiernos estatales de Missouri y Texas que solicitaban la restauración del programa “Permanecer en México”, cuyo fallo ordenó al gobierno de Biden a restaurar dicho programa al menos hasta que este encontrara una forma de “rescindirlo de forma legal”, y hasta que el Ejecutivo tenga la capacidad necesaria para detener a todos los solicitantes de asilo que, en ausencia de esa política, puedan entrar a Estados Unidos. En ese tenor, el Gobierno de los Estados Unidos reactivó el programa “Permanecer en México” el 05 de diciembre de 2021.

En ese sentido, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador mencionó durante su conferencia matutina del pasado 26 de agosto de 2021, que seguirán ayudando al gobierno de Estados Unidos en el tema migratorio.

Con la complacencia del actual gobierno de México de convertirse en “Tercer País Seguro”, los solicitantes de asilo (en la mayoría de los casos provenientes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Haití, Venezuela y algunas de Cuba, Ecuador y Perú) permanecerán en México, para esperar sus citas ante jueces migratorios, trámite que en la mayoría de los casos tomará meses y más, en ciudades como Nuevo Laredo, Matamoros, Tijuana y Ciudad Juárez, entre otros.

El que el Estado Mexicano haya aceptado ser “Tercer País Seguro”, es decir, el filtro migratorio de Estados Unidos, implica para México como lo ha señalado la Agencia de la ONU para Refugidados “ACNUR” al menos garantizar los derechos salud, acceso a la educación y empleo para cualquier refugiado (como se citó en Alianza Américas) yo agregaría contar con la infraestructura adecuada para darles un lugar que les permita tener un alojamiento adecuado, seguridad, alimento, entre otros. Además, como lo señala Gretchen Khner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) “México -debería- ampliar su sistema de protección a solicitantes de asilo y refugio, sin embargo, el país no ofrece condiciones de seguridad para estar personas ‘ni para muchos mexicanos en muchas zonas del país’” (como se citó en Alianza Américas).

Lamentablemente lejos de que disminuya la migración de paso por México y que el Gobierno Federal mejore las condiciones para recibir y alojar a los migrantes de Centroamérica y Sudamérica principalmente. Los medios de comunicación han dado cuenta del incremento del flujo migratorio por el país, para muestra la BBC (2022), dio a conocer que “un total de 33.000 venezolanos llegaron a la frontera solo en septiembre —del 2022—”. Al respecto el Instituto Nacional de Migración (INM), ha señalado que “si bien la migración venezolana ha sido constante en los últimos años, en el periodo fiscal 2022 registró un incremento en la llegada de venezolanos de un 293 por ciento con respecto al año previo”.

Ahora bien, si a todas luces es palpable el incremento de migrantes de paso por el territorio nacional en los centros migratorios de nuestro país, entonces, ¿Por qué el Gobierno federal no ha propuesto un incremento presupuestal responsable y realista que vaya dirigido a la atención oportuna en el marco del respeto de los derechos humanos de los migrantes de paso?

Los centros de migración del INM, han sido escenario de protestas y disturbios ocasionales, sobre todo en momentos de gran flujo migratorio y cuando las instalaciones de detención estaban más llenas. No obstante, nada de gravedad como lo ocurrido el pasado lunes 27 de marzo de 2023 por la noche, donde hubo un incendio en las instalaciones del centro de migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, derivado de una protesta de los migrantes que se salió de control y donde los diversos medios informativos han dado cuenta que fallecieron al menos 38 migrantes y otros se encuentran heridos de gravedad, procedentes principalmente de Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia y Ecuador.

Tragedia de la que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina del día siguiente, informó que “...tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron que iban a ser deportados y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les prendieron fuego y no imaginaron que causaría esta terrible desgracia”. No obstante, estos migrantes que lamentablemente perdieron la vida no se encontraban en un albergue, sino que estaban encerrados bajo cadena en un Centro Migratorio del INM, como se puede observar en videos que circulan en las redes sociales, que indican murieron ante la negligencia de los servidores públicos de dicho Centro Migratorio.

Las y los mexicanos estamos consternados por dicha tragedia, e indignados por la irresponsabilidad, la poca visión y la falta de sensibilidad del Gobierno Federal para garantizar los derechos humanos de los migrantes de paso por el territorio nacional. Por la actuación del Instituto Nacional de Migración, por no tener un protocolo para salvaguardar la vida de quiénes se encuentran en los centros de migración de nuestro país; y, por la falta de políticas públicas de este Gobierno, y su corta visión que no contempla un presupuesto de egresos responsable y que atienda las necesidades mínimas y primordiales de los mexicanos y los extranjeros que se encuentran en el territorio nacional.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados condena la actuación de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración por el incumplimiento de protocolos que garanticen el respeto de los derechos humanos de los migrantes que se encuentren en los centros migratorios de dicho Instituto, sobre todo aquellos que salvaguarden la vida y la integridad de las personas resguardadas en ellos, como se constató en la tragedia ocurrida en el Centro Migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado lunes 27 de marzo de 2023 por la noche, derivada de una protesta de los migrantes que se salió de control, ocurrió un incendio y donde al momento se ha informado fallecieron al menos 38 migrantes y otros se encuentran heridos de gravedad, procedentes principalmente de Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia y Ecuador.

Segundo. La Cámara de Diputados, exhorta al Titular de la Secretaría de Gobernación a formular y conducir una política migratoria y de movilidad humana responsable y que garantice los derechos humanos de los migrantes de paso por el territorio nacional, tal y como lo establece el artículo 27, fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General de la República, a llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial que permita que los responsables por acción u omisión de la tragedia ocurrida en el Centro Migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, del pasado lunes 27 de marzo de 2023, sean llevados ante la justicia.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que lleve a cabo su responsabilidad en defensa de los derechos humanos de los migrantes de paso por el territorio nacional.

Notas

1 Reforma. (2021). “Ordenan reinstalar “Quédate en México”, Reforma (Washington D.C.). 24 de agosto de 2021.

2 Alianza Américas. (2023). “México, ¿Tercer País seguro?”. Chicago. Disponible en

https://www.alianzaamericas.org/blog-3/mexico-tercer-pais-seguro /

3 Ídem

4 BBC News. Norberto Paredes (13 octubre 2022). “Qué cambia para los venezolanos que quieran llegar a EE.UU. con el acuerdo de Biden y México y la nueva vía legal para entrar al país”. Disponible en

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63230294

5 Instituto Nacional de Migración (2022). “Tarjeta migratoria 27 de diciembre de 2022. Disponible en

https://www.inm.gob.mx/gobmx/word/wp-content/uploads/2022/12/Tar jeta-Migratoria-271222.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 11 de abril de 2022.– Diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

EXHORTO AL IMPI, A ESTUDIAR LA VIABILIDAD Y, EN SU CASO, INICIAR CON LOS TRÁMITES DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DEL PAN EL MARQUESOTE DE LA REGIÓN DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, OAXACA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al IMPI a estudiar la viabilidad y, en su caso, iniciar con los trámites conducentes a efecto emitir la declaración de protección de la denominación de origen del pan El Marquesote, de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, a cargo de la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Rosalinda Domínguez Flores, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 y 79 numeral 1 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados.; somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo

Consideraciones

Que, en el año 2010, un día 16 de noviembre, la Cocina Tradicional de México fue inscrita por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Ello por considerarla un modelo cultural completo que comprende actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas culinarias y costumbres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales.

Es meritorio enaltecer que la UNESCO manifestó que la cocina tradicional mexicana tiene una fuerte identidad cultural misma que conserva su historia al transmitirse de generación en generación, lo que le da un valor mayor a nivel cultural y tradicional.

Tomando como referente la declaratorio de la UNESCO en nuestro país se decretó el 16 de noviembre de cada año como el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana, con ello se pretende preservar el patrimonio cultural y fomentar el desarrollo cultural impulsar su riqueza natural, y ubicar a México como un destino de clase mundial.

Adicional a ello como parte de un proceso integral que revestiría de gran apoyo a la cultura y tradición mexicana, así como al turismo, se crearon 18 rutas gastronómicas, que cubren los 32 estados de la República.

La Cocina Mexicana ha funcionado como un componente de identidad cultural y factor de desarrollo comunitario.

Por ello no es de extrañar que nuestro país aporta un buen número de productos con Denominación de Origen como el tequila, mezcal, café de Veracruz, charanda y café de Chiapas.

Que, la denominación de origen DO, está sustentada en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, misma que en su artículo 264 a la letra dice;

Se entiende por denominación de origen, el producto vinculado a una zona geográfica de la cual éste es originario, siempre y cuando su calidad, características o reputación se deban exclusiva o esencialmente al origen geográfico de las materias primas, los procesos de producción, así como los factores naturales y culturales que inciden en el mismo.

Una vez emitida la declaratoria de protección de una denominación de origen, ésta deberá contar con una Norma Oficial Mexicana específica.

Por su parte el Estado de Oaxaca ha sido un gran representante de la gastronomía mexicana, sus sabores impregnan muchos platillos que son base de nuestra alimentación, con sus famosas recetas de mole, tlayudas, y marquesotas, realizados con base en las técnicas y procesos de cocina que se han transmitido de generación en generación, que le dan identidad y cultura al estado.

En el año 2008 se expidió en el Estado de Oaxaca el decreto No. 56 mediante el cual la LX Legislatura local declaró la gastronomía de la entidad como Patrimonio Cultural Intangible del Estado.

Entre esa gran variedad de caracteriza a la cocina oaxaqueña se tiene el llamado “ el marquesote” que es un pan típico del Istmo de Tehuantepec, este alimento es preparado de forma tradicional y se da mayor realce en las fechas de día de muertos.

Entre la población de Tlacolula se cree que en Oaxaca llamaron marquesote a este pan en honor a Hernán Cortés.

Es un pan de dulce de color amarillo, de masa sumamente porosa, en general para prepararlo se baten claras de huevo a punto de turrón y se les añaden las yemas (que aportan el color amarillo), azúcar y harina de trigo. Se hornean en moldes, redondos o cuadrados, que se forran con papel de estraza para que el pan no se pegue. En algunos casos la harina de trigo se reemplaza por fécula de maíz o pinole.

Este manjar se tiene como preparativo de las fiestas patronales que se llevan a cabo del 31 de julio al 6 de agosto, por ello, el día 24 de julio desde temprano se reúnen las marquezoteras con sus ollas y pala depositándolos frente al altar de los mayordomos para ser bendecidos por el sacerdote.

Posteriormente acompañados de la banda de música, incienso y agua bendita se distribuyen a las marquezoteras en los diferentes hornos de la población donde se baten los ingredientes y se hornea para obtener este delicioso pan.

El día 25 de julio a primeras horas se distribuye a toda la población con un vaso de leche y ramos de esparras y rosas como invitación (cariño) a la asistencia a todas las fiestas.

También en las fiestas de boda, quince años y bautizos se ofrece días antes del festejo a los padrinos como muestra del compromiso.

Es por ello que mediante la presente propuesta se busca dotar al marquesote de la región del istmo de su denominación de origen.

Partiendo de que la Denominación de Origen es una figura jurídica de protección en materia de Propiedad Industrial, con la cual se protegen productos que cuentan con características propias de una región, como son los factores naturales y humanos que determinen su calidad o características peculiares.

La petición la referiremos con base en el artículo 273 fracción V de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que a la letra reza;

La declaración de protección de una denominación de origen o indicación geográfica, se hará de oficio o a petición de:

I... IV...

V.- Las Cámaras del Congreso de la Unión, siempre y cuando la propuesta haya sido aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes.

Por lo anteriormente citado y en alcance de fortalecer la gastronomía oaxaqueña la suscrita propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa y colaborativa al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial IMPI, para que estudie la viabilidad y, en su caso, inicie con los trámites conducentes a efecto emitir la declaración de protección de la denominación de origen, determinado en el artículo 264 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, del “Pan El Marquesote” de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Notas

1. https://ich.unesco.org/es/

2. https://www.gob.mx/agricultura/

3. https://www.diputados.gob.mx/

4. https://www.soyoaxaca.com/

5. https://embamex.sre.gob.mx/

6. https://www.diputados.gob.mx/

Dado en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a 11 de abril de 2023.– Diputada Rosalinda Domínguez Flores (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

EXHORTO A LA CONAGUA, A PRESENTAR UN INFORME A LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO ZULA, EN JALISCO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a presentar un informe a la opinión pública, sobre la contaminación del río Zula, ubicado en Jalisco, así como especificar cuáles son las medidas y acciones llevadas a cabo para dicho mantenimiento, a cargo de la diputada Ana Laura Sánchez Velázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Ana Laura Sánchez Velázquez, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de está soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, (Conagua) a presentar un informe actual y detallado a la opinión pública sobre la contaminación del Río Zula, ubicado en el estado de Jalisco, así como especificar cuáles son las medidas y acciones llevadas a cabo para dicho mantenimiento; a Profepa a fin de garantizar que las industrias cumplan con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021 que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación; de la misma forma a las autoridades municipales y estatales, a implementar acciones de limpieza y saneamiento, así como supervisar de forma constante la autorización de los permisos y licencias para la descarga de aguas residuales a dicho río, a cargo de la diputada Ana Laura Sánchez Velázquez, del Grupo Parlamentario del PAN, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El medio ambiente, como elemento indispensable para la conservación de la especie humana, tiene un carácter colectivo y, por lo tanto, se trata de un bien público cuyo disfrute o daños no sólo afectan a una persona, sino a la comunidad en general. Por lo cual, su defensa y titularidad debe ser reconocida en lo individual y en lo colectivo. En cuanto al acceso de las personas al derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, el derecho mexicano ha ido reconociendo gradualmente que para el goce y disfrute de este derecho, es necesario contar con condiciones y un marco legal que reconozcan los servicios individuales y colectivos, y el valor tangible e intangible que el entorno ambiental provee a los seres humanos y que inciden en su calidad de vida, protegiendo tanto a las generaciones presentes como las generaciones futuras.

Tanto es así que, nuestra carta magna dice en su artículo cuarto que; Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Sin embargo, esta afirmación constitucional ha quedado de lado, ya que, por varios años, habitantes de distintas comunidades de Jalisco, han denunciado a las autoridades afectaciones a viviendas y cultivos, incluso han declarado de diferentes maneras, está terrible situación que vive hoy día, el Río Zula, ubicado en el estado de Jalisco, por su alto índice de contaminación, y afectando de alguna manera a municipios como Atotonilco, Tototlán, Poncitlán, Ocotlán, y Zapotlán del Rey.

Este problema de contaminación ha persistido durante años sin respuesta por parte de las autoridades, ya que vecinos de las comunidades contiguas al río, han manifestado afectaciones directas a la salud de sus familias.

Incluso, en meses pasados, en medios locales se redactaba que “La contaminación en el Río Zula, en el municipio de Ocotlán, afecta a los vecinos y comerciantes que colindan la zona. Los habitantes han declarado a las autoridades municipales las repercusiones y daños a sus viviendas y negocios desde septiembre del 2022 a la actualidad.

A pesar de las denuncias, los residentes no han obtenido respuesta por parte de la administración pública. Y al no poder resolver el problema, la polución en el agua ha ido en aumento, trayendo consigo un mal olor, plaga de mosquitos y reproducción de lirio”.

Esta contaminación es señalada por ciudadanos, responsabilizando a las descargas de agua residual, a las granjas porcícolas de la zona, a la industria tequilera, a plantas de tratamiento industrial, a plantas industrializadoras de basura; ya que según su dicho vierten sus residuos en el Río Zula.

Es por ello, que resultado de sus atribuciones y misión de “Administrar y preservar las aguas nacionales y sus bienes inherentes, para lograr su uso sustentable, con la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y la sociedad en general” se solicita a la Comisión Nacional del Agua, un informe actualizado, y detallado sobre la contaminación del Río Zula, así como especificar cuáles son las medidas y acciones llevadas a cabo para dicho mantenimiento.

Así mismo extendemos una cordial participación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la cual tiene como tarea principal incrementar los niveles de observancia de la normatividad ambiental, a contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes en materia ambiental.

De igual manera solicitamos garanticen que las industrias cumplan con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021 que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación.

Finalmente, solicitar su solidaridad a esta causa, a las autoridades municipales y estatales pidiendo Implementar a la brevedad, acciones de limpieza y saneamiento, así como supervisar de forma constante la autorización de los permisos y licencias para la descarga de aguas residuales a dicho río.

En Acción Nacional siempre exigiremos un trabajo serio y a conciencia en la tarea de proteger el medio ambiente, porque debemos preservar un adecuado medio ambiente para nuestras futuras generaciones, por lo tanto, es necesario que la autoridades señaladas, resalten los intereses vitales de la comunidad, frente a cualquier otro tipo de intereses.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este pleno la presente proposición en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua, (Conagua) a presentar un informe actual y detallado a la opinión pública sobre la contaminación del Río Zula, ubicado en el estado de Jalisco, así como especificar cuáles son las medidas y acciones llevadas a cabo para dicho mantenimiento.

Segundo. — La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Profepa a fin de garantizar que las industrias cumplan con lo establecido en la norma oficial mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021 que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación, particularmente por lo que está ocurriendo con la contaminación del Río Zula.

Tercero. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las autoridades municipales, y estatales a implementar acciones de limpieza y saneamiento, así como supervisar de forma constante la autorización de los permisos y licencias para la descarga de aguas residuales a dicho río.

Notas

1 http://ceja.org.mx/IMG/El_Derecho_Humano_al_Medio_Ambiente_en_Mexico.pdf

2 https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

3 https://decisiones.com.mx/zmo/ocotlan/rio-zula-contaminacion-latente-en-ocotlan /

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.– Diputada Ana Laura Sánchez Velázquez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

EXHORTO AL FOVISSSTE, A IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE FACILITEN LA LIQUIDACIÓN DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Fovissste a implementar programas que faciliten la liquidación de los créditos hipotecarios, otorgándoles su carta de liberación a la derechohabiencia, a cargo del diputado Irán Santiago Manuel, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Irán Santiago Manuel, integrante del grupo parlamentario de Morena de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y en las fracciones IV y V del numeral 2, del artículo 79 del reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El derecho a la vivienda, es un derecho humano que se encuentra reconocido en nuestro ordenamiento jurídico mexicano a nivel constitucional. Es precisamente dentro del artículo 4o que se establece el derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, así mismo se hace mención que la ley establecerá los instrumentos y apoyos a fin de alcanzar dicho objetivo.

El derecho a la vivienda está íntimamente ligado a la seguridad social. En México existen diversas instituciones encargadas de brindar seguridad social a la ciudadanía, sin embargo 2 son las instituciones fundamentales de la seguridad social: El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sus beneficios están limitados a las personas trabajadoras afiliadas y sus familiares.

El IMSS es la institución quien brinda atención a las personas trabajadores que se encuentran su relación laboral conforme al artículo 123, Apartada A constitucional. Dentro de las prestaciones y servicios previsto por el IMSS se tiene acceso a créditos de vivienda el cuál es administrado y proporcionado por el “Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Uno de los objeticos del Infonavit es el establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para: a) La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas; b) La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones; c) El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores, y d).- La adquisición en propiedad de suelo destinado para la construcción de sus habitaciones; lo cual está contemplado en el artículo 3o de la Ley del Infonavit.

En otro sector de la población están los trabajadores del estado, los cuales están regulados por el apartado B constitucional. Para este sector de la población el ISSSTE es quien atienda sus necesidades y derechos en materia de seguridad social, que a su vez por medio del Fovissste obtiene acceso a créditos de vivienda.

En México el Infonavit otorga cerca de 300 a 350 mil créditos de vivienda al año, con cifras de hasta 2.4 millones de pesos como tope máximo para ofrecer créditos a la derechohabiencia.

En el año 2022, el Infonavit otorgó 295,206 créditos, esta cifra es inferior en 22.60% (86,184 créditos hipotecarios menos) con respecto a la meta programada para el cierre del 2022. Sin embargo existe una realidad en materia de créditos de vivienda y ello es que un gran número de personas se ven comprometidos con el pago mensual a su crédito por diferentes circunstancias, pérdida del empleo o de los ingresos lo que los pone en una situación de riesgo, porque aumenta el monto de la deuda y en algunos casos se ven rebasados en el incremento del adeudo que pierden su vivienda.

Afortunadamente, durante el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se han realizado diversas acciones en materia de vivienda con el Infonavit que permiten: a) concluir de manera anticipada el pago del crédito, b) cambiar de veces salario mínimo a pesos el valor del crédito y c) restructuras (borrón y cuenta nueva).

En conferencia de prensa, el director general del Infonavit Carlos Martínez, informó que desde 2019 se han hecho descuentos totales por 100 mil millones de pesos. Se ha apoyado a más de 1.7 millones de trabajadores, de los cuales 100 mil acreditados han aplicado al programa “ 90 Diez y Liquidación Anticipada”, el cual es el medio por el que se hacen condonaciones a quienes ya habían pagado al menos 90% de su crédito y también aplicados descuentos por pago anticipados.

Dichos programas dejan en evidencia la preocupación de este gobierno, donde existe una legítima preocupación porque la gente pueda pagar sus créditos, y que en el Infonavit, el objetivo es buscar que las personas trabajadoras sean propietarias de su casa cuando quieran comprar.

Por su parte Fovissste en mayo de 2022 implementó un programa similar, programa Liquidación de 10, con el propósito de ofrecer más facilidades a las y los derechohabientes interesados en liberar su crédito hipotecario. Sin embargo, el programa no ha dado el mismo alcance que el Infonavit y no ha sido tan amplio en las facilidades como en descuentos de pagos anticipados. Por ello es importante que las y los trabajadores del Estado, tengan acceso a las mismas facilidades y programas de terminación anticipada y descuentos en créditos hipotecarios otorgados por el Fovissste, como lo hacen los trabajadores del apartado A que cuentan con subcuentas de vivienda ante el Infonavit.

Por lo anterior se somete a consideración del pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Fovissste para que implemente programas que faciliten la liquidación de los créditos hipotecarios, que beneficie y reconozca el pago puntual y oportuno de los créditos otorgados a la derechohabiencia otorgándoles su carta de liberación.

Notas

1. https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/6a67d800-58-47-4db2-9baa-f30e 57e73a48/Estados_financieros_septiembre_2019_%28Definitivos%29.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mWUrub3#:~: text=Por%20otra%20parte%2C%20para%20el,del%20cuarto%20trimestre%20de%202022.

2. https://www.capital21.cdmx.gob.mx/noticias/?p=13236

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.– Diputado Irán Santiago Manuel (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Vivienda, para dictamen.

ACCIONES PARA ATENDER EL DESABASTO DE MEDICAMENTO EN LOSHOSPITALES PSIQUIÁTRICOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la Ssa, el Insabi y la Cofepris, a implementar las acciones necesarias para atender el desa-basto de medicamento en los hospitales psiquiátricos a nivel nacional, suscrita por los diputados Carmen Rocío González Alonso y Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados Carmen Rocío González Alonso y Éctor Jaime Ramírez Barba, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera enérgica al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Salud, el Insabi y la Cofepris, para que en el ejercicio de sus facultades implementen con urgencia las acciones necesarias para atender el desabasto de medicamento en los hospitales psiquiátricos a nivel nacional, para el tratamiento de las enfermedades de trastorno mental, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental como «un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y puede aportar algo a su comunidad».

De acuerdo con dicho organismo internacional, en 2019, casi 1, 000 millones de personas se veían afectadas por un trastorno mental. Asimismo, esto reflejaba que el 14 por ciento eran adolescentes.

Los pacientes con trastornos mentales suelen suicidarse, lo que representa una de cada cien muertes y el 58 por ciento de ellos ocurrían cuando el paciente tenía menos de 50 años de edad. Por otra parte, de acuerdo con la OMS, la esperanza de vida de los pacientes que presenta algún trastorno mental grave tienen una esperanza de vida de 10 a 20 años.

El trastorno mental tiene que ver con abusos sexuales, acoso, intimidación e incluso por el consumo de sustancias ilícitas, los cuales les puede provocar depresión y otros trastornos, que, al no ser tratados de manera adecuada puede llevar al paciente al suicidio o presentar comportamientos autodestructivos.

Las desigualdades sociales y económicas también son un factor importante que ha llevado a los individuos a empeorar su salud mental. También el más reciente suceso sanitario por pandemia covid-19, aumentó los casos de pacientes con trastornos de ansiedad y depresión, al grado de llegar hasta un 25 por ciento a nivel mundial.

Ante dicho aumento de casos de pacientes con algún trastorno mental, llevó a que más del 90 por ciento de los países implementarán acciones para incluir la atención a la salud mental y el apoyo psicosocial a sus planes de respuesta pos pandemia.

La OMS asegura que las personas jóvenes y mujeres son los más afectados, pues ha subrayado que el riesgo de suicidio y comportamientos autodestructivos, afecta en mayor parte a este grupo de personas.

Por ello, dicho organismo considera indispensable la necesidad de que los Estados parte cuenten con los instrumentos necesarios para ofrecer tratamientos a aquellos pacientes que sean diagnosticados y que ya padecen de algún trastorno mental.

Ahora bien, desde el contexto latinoamericano, no hay una cifra aproximada, que refleja el número total de la población que padece de problemas de trastorno, pero de acuerdo con datos de 2015, publicados por el Banco Mundial (BM), arrojan que la población que vive en América latina, el 5 por ciento de la población adulta sufre de depresión y la mayoría de estas personas no busca atención o recibe tratamiento. Lo anterior, derivado de la falta de instituciones médicas mentales, así como no contar con los medicamentos necesarios para el tratamiento.

Las pérdidas humanas por depresión en América latina, según datos del BM (2015), superaban las 63 mil personas que se quitaban la vida durante los años previos al estudio. Asimismo, dicho organismo señala que, aun cuando el problema de la depresión como un trastorno mental leve, este provoca al individuo problemas en su vida diaria, el trabajo y las relaciones personales.

Por otra parte, el BM señala que este problema de salud afecta la productividad del individuo y de la de su país:

“ Es un tema que afecta a mucha gente, y tiene un impacto importante sobre la productividad”, señala Roberto Iunes, economista del Banco Mundial. “Mucha gente pierde tiempo de trabajo o produce menos”. Agrega que se habla muchas veces del impacto sobre la productividad de los problemas “físicos”, pero muy poco de la salud mental.

En el mismo orden de ideas, la organización manifiesta su preocupación en aquellos países en el que solo se asigna el 2 por ciento del presupuesto en salud para atender las enfermedades producto de los trastornos mentales. También dentro de los problemas que visualiza la organización, es la poca atención que se le da a las personas de escasos recursos, quienes en ocasiones no cuentan con centros médicos psiquiátricos cercanos de su residencia y si tiene el acceso a ellos el otro reto es la disponibilidad de los medicamentos para su tratamiento.

En el contexto nacional, de acuerdo con datos del censo de 2020, publicados por el Inegi, identificó la cantidad de un millón 590, 583 de personas con algún tipo de problema o condición mental. De este número, el 54 correspondía a hombres y el 46 por ciento de mujeres.

Bajo la misma lógica, uno de los retos que tienen estos pacientes a los que se les ha diagnosticado o ya padecen alguna enfermedad que atenta contra su salud mental, que a su vez buscan las atenciones necesarias para su tratamiento, se ven superadas por diversos factores; 1) El poco presupuesto público que se asigna para atender el problema de salud; 2) La falta de hospitales psiquiátricos y, en caso de existir, falta de personal especializado para atender y dar el tratamientos adecuado al paciente; y 3) la falta de medicamentos.

En este contexto, México no ha invertido lo suficiente para atender la situación. De acuerdo con datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestal (CIEP), durante el periodo 2013 — 2021, el país sólo asignó 2.1 por ciento del presupuesto de la Secretaría de Salud (SSA) para atender este subsector. Durante 2021, el gobierno destinó 3, 031 millones de pesos para atender los problemas de salud derivado de los trastornos mentales, lo que representó solo el 2.1 por ciento del presupuesto para la SSA y 0.1 por ciento menos que lo designado en 2020.

Bajo esta tesitura, en la actualidad el país pasa por un severo problema para proporcionar los medicamentos adecuados para la atención de los problemas de salud mental.

Este problema no se veía desde 2016, cuando del abasto de medicamentos estaba cerca de 98 por ciento en las instituciones de salud públicas, sin embargo, en 2022, el abasto cayó hasta el 64 por ciento, esto derivado de la pandemia, en la cual se concentran en controlar, dejando de lado otras enfermedades como el caso que se aborda aquí.

Asimismo, el Gobierno federal se ha excusado que, ante tal falta de medicamentos para atender el problema multicitado de salud, se debe a que la farmacéutica Psicofarma estaba concentrando todos los medicamentos psiquiátricos para el sector público. Además, señaló que, desde hace poco más de un año, la empresa comenzó a incumplir con la entrega de fármacos, por lo que la Secretaría de la Función Pública la vetó como proveedora del Gobierno federal.

Asimismo, han señalado que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), al realizar dos visitas de inspección a la farmacéutica, encontraron diversas anomalías e irregularidades que no cumplían con los criterios de calidad suficientes. Ante ello, la Cofepris implementó medidas de suspensión parcial de actividades y el aseguramiento de materia prima y medicamentos controlados hasta que la empresa solventara las observaciones, con el objeto de reanudar las actividades.

Ante tal situación, diversas instituciones y organizaciones civiles que ayudan en el tratamiento de las enfermedades que debilitan la salud mental de la población, se han pronunciado para que el Gobierno federal realice las acciones pertinentes para abastecer a las instituciones y hospitales psiquiátricos con los medicamentos necesarios para tratar a los pacientes, al respecto tenemos lo siguiente:

“Con fecha del 21 de febrero del 2023, en la Ciudad de Chihuahua, el Colegio de Psiquiatría de Chihuahua, emitió un comunicado que reprueba el comportamiento de las diferentes Instituciones que se han visto involucradas ante el desabasto de medicamentos psiquiátricos y las responsabiliza de la mala regulación, distribución y el ineficiente acceso a estos medicamentos.

Es por ello que, se pide la pronta solución ante este tema, ya que es un asunto urgente para miles de personas que dependen de este tipo de medicamentos, ya que de suspender su medicación pueden sufrir recaídas, episodios psicóticos e incluso llegar hasta el suicidio.”

“El Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso (Cisne México), se ha unido también al reclamo para dar una pronta solución ante este tema, toda vez que son más de 30 medicamentos, como lo son los hipnóticos, ansiolíticos, estabilizadores del Estado de ánimo, antidepresivos, etc. Que se encuentran fuera del mercado. Algunos de estos son de uso indefinido, lo cual ha generado mucha preocupación por parte de los médicos encargados de pacientes con enfermedades mentales, ya que estas patologías son difíciles de controlar sin la ayuda de estos medicamentos.”

“El día 20 de febrero del 2023, la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, se sumó a las acciones tomadas para resolver la escasez de medicamentos de uso psiquiátrico y neurológico. Recalcando la importancia que tiene la salud mental de todas las personas.”

“Del mismo modo, el Colegio de Psiquiatría de Jalisco, A.C y la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, han manifestado su inconformidad ante la escasez de medicamentos especializados en psiquiatría. Mencionado que la interrupción de estos medicamentos pone en riesgo a la población en diferentes etapas de su desarrollo.”

“La Asociación Psiquiátrica Mexicana AC. Ha expresado su más grande preocupación, haciendo un llamado a las autoridades competentes en este tema, solicitando su acción urgente para resolver en el menor tiempo posible los escasez de medicamentos de prescripción especializada en todo el país.”

Bajo esta tesitura, necesaria es la respuesta del Gobierno federal para atender la situación que amerita intervención de la Secretaría de Salud, la Cofepris e Insabi, cuyas instituciones son las encargadas de la administración, revisión y compras consolidadas de los medicamentos que adquiere la federación para suministrar a las unidades médicas, desde las unidades del primer nivel de atención, hasta los hospitales de tercer nivel de atención.

De conformidad en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de mayo de 2022 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental y Adicciones, artículo 72, la salud mental y la prevención de las adicciones tendrán carácter prioritario dentro de las políticas de salud y deberán brindarse conforme a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. El Estado garantizará el acceso universal, igualitario y equitativo a la atención de la salud mental y de las adicciones a las personas en el territorio nacional.

Así, de conformidad con el Artículo 72 Bis del mismo decreto, el propósito último de los servicios de salud mental es la recuperación y el bienestar, el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.

Además, el Artículo 74 Ter, establece que la población usuaria de los servicios de salud mental tendrá derecho a un diagnóstico integral e interdisciplinario y a un tratamiento basado en un plan prescrito individualmente con historial clínico, revisado periódicamente y modificado de acuerdo con la evolución del paciente, que garantice el respeto a su dignidad de persona humana y sus derechos humanos.

Por otro lado, vale la pena señalar que, pese a un amparo a favor de Psicofarma, la Cofepris, ha frenado la entrega de fármacos para tratar padecimientos mentales como los mencionados anteriormente. En este sentido, la federación debería de estar trabajando en nuevas opciones para contrarrestar el desabasto de los diversos medicamentos para combatir los trastornos mentales.

Lo anterior, toda vez que no solo representa un problema para el Gobierno federal y las instituciones médicas del país, sino que también se traduce en aspectos negativos para los pacientes y sus familias, como el aspecto económico y las recaídas que pueda tener el paciente, así como los efectos que produce la enfermedad que padece el paciente.

El Gobierno federal al no actuar de manera rápida y eficaz, vulnera el derecho a salud, los cuales se concentran íntegros en el artículo 4 constitucional, párrafo cuarto. Además, vulnera lo estipulado en los artículos 27 fracción VII, 74 Bis y 74 Ter de la Ley General de Salud.

Por las razones anteriormente expuestas, se somete a la consideración de este honorable pleno, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. - La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera enérgica al titular del Ejecutivo federal y a las instituciones del sistema nacional de salud, para que, en el ejercicio de sus facultades, ejecuten con urgencia las medidas necesarias para suministrar de medicamentos para atender la salud mental y las adicciones en todas las unidades médicas, desde las unidades del primer nivel de atención, hasta los hospitales de tercer nivel de atención, toda vez que la falta de los medicamentos violenta el derecho a la salud plasmado en el artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. - La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera enérgica al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud, Insabi y la Cofepris, presenten un informe detallado a la opinión pública, sobre las acciones y planes para atender el desabasto de medicamentos para el tratamiento de las enfermedades de la salud mental y las adicciones.

Notas

1 Por qué la salud mental debe ser una prioridad al adoptar medidas relacionadas con el cambio climático. (2022, 3 junio).

https://www.who.int/es/news/item/03-06-2022-why-mental-health-is -a-priority-for-action-on-climate-change

2 La OMS subraya la urgencia de transformar la salud mental y los cuidados conexos. (2022, 17 junio).

https://www.who.int/es/news/item/17-06-2022-who-highlights-urgen t-need-to-transform-mental-health-and-mental-health-care

3 Ibídem

4 La pandemia de COVID-19 aumenta en un 25% la prevalencia de la ansiedad y la depresión en todo el mundo. (2022, 2 marzo).

https://www.who.int/es/news/item/02-03-2022-covid-19-pandemic-tr iggers-25-increase-in-prevalence-of-anxiety-and-depression-worldwide

5 Ibídem

6 Banco Mundial. (2015, 13 julio). La mala salud mental, un obstáculo al desarrollo de América Latina. World Bank.

https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2015/07/13/bad-ment al-health-obstacle-development-latin-america

7 Ibídem

8 «En México se ignora a ocho de cada 10 personas con algún problema o condición mental». (2022, 3 abril). El Economista. Recuperado 29 de marzo de 2023, de

https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-Mexico-se-ignora-a-o cho-de-cada-10-personas-con-algun-problema-o-condicion-mental-20220401-0064.htm l

9 Ibídem

10 DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental y Adicciones.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5652074&fecha =16/05/2022#gsc.tab=0

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de abril de 2023.– Diputada y diputado: Carmen Rocío González Alonso, Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, A EMITIR EL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL OTORGAMIENTO DE NUEVAS CONCESIONES O ASIGNACIONES DE AGUAS NACIONALES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a emitir el decreto por el que se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de Aguas Nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expirado a partir del 1 de enero de 2004, a cargo de la diputada Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita diputada Juanita Guerra Mena, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 numeral 1, fracción II y demás relativos aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los demás relativos y aplicables, someto a consideración de esta Honorable Cámara, la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo federal, a emitir el Decreto por el que se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expedido a partir del 1 de enero de 2004 a fin de apoyar a los concesionarios que no renovaron sus títulos con motivo de la pandemia global de Covid 19, con base en los siguientes

Antecedentes

I. De acuerdo con lo que se establece en el artículo 27, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Nación tiene en todo tiempo el derecho de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de cuidar su conservación y lograr el desarrollo equilibrado del país y, en consecuencia, dictar las medidas necesarias para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de aguas de propiedad nacional, entre las que se encuentran las previstas en el párrafo quinto del mencionado precepto constitucional, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, preservar y restaurar el equilibrio ecológico, y evitar la destrucción de los elementos naturales;

En ese mismo sentido, el párrafo quinto del citado precepto constitucional faculta al Ejecutivo federal para reglamentar la extracción y utilización de las aguas superficiales de propiedad nacional, cuando lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos.

II. Por su parte, el artículo 6, fracción III de la Ley de Aguas Nacionales, prevé la expedición, modificación o supresión de zonas de reserva de aguas nacionales superficiales, como una atribución que el Ejecutivo federal puede ejercer siempre que existan causas de utilidad pública, por lo que en congruencia con ello, el mismo ordenamiento en su artículo 7, fracciones I, II, IV, V y VI considera que es de utilidad pública, entre otras, la gestión integrada de los recursos hídricos, superficiales y del subsuelo, a partir de las cuencas hidrológicas en el territorio nacional, como prioridad y asunto de seguridad nacional; la protección, mejoramiento, conservación y restauración de las mismas; el restablecimiento del equilibrio hidrológico de las aguas nacionales superficiales, incluidas las reservas; el restablecimiento del equilibrio de los ecosistemas vitales vinculados con el agua, así como las acciones para hacer eficientes y modernizar los servicios de agua domésticos y públicos urbanos para contribuir al mejoramiento de la salud y el bienestar social;

A mayor precisión, en el mismo ordenamiento legal se señala en su artículo 7 Bis, fracciones I, VII, VIII y XI como causa de interés público, la cuenca como unidad territorial básica para la gestión integrada de los recursos hídricos; el control de la extracción y de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas superficiales; la incorporación plena de la variable ambiental en acciones en materia de gestión de los recursos hídricos, y la sustentabilidad ambiental.

III. En su momento, el pasado 7 de abril de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “Decreto por el que se otorgan facilidades administrativas a los usuarios de aguas nacionales”, con objeto de beneficiar a los usuarios que contaban con títulos de concesión o asignación y cuya vigencia expiró a partir del 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2014, así como de aquellos que contando con títulos vigentes, no solicitaron su prórroga en los términos que establece la Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, mismo que estableció en un artículo de carácter transitorio su vigencia de dos años.

IV. Como consecuencia de la finalización de la vigencia del Decreto expedido en el año 2014, el 17 de mayo de 2016, se publicó nuevamente en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expirado a partir del 1 de enero de 2004”, con el objeto de que un mayor número de usuarios estuviera en posibilidad de obtener nuevamente las concesiones o asignaciones de aguas nacionales vencidas, a partir del 1 de enero de 2004, mismo que finalizó su vigencia en el año 2018.

V. El 23 de marzo del año 2018 se expidió un tercer “Decreto por el que se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expirado a partir del 1 de enero de 2004” con la finalidad de establecer de manera coordinada los mecanismos para que los concesionarios pudiesen, por tercera ocasión, renovar sus títulos de concesión, sin embargo dicho Decreto finalizó su vigencia el 31 de diciembre del 2018 sin que a la fecha se hubiese emitido uno nuevo.

VI. En el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2019, se expidió “Decreto por el que se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales”, para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos para uso doméstico o público urbano cuya vigencia hubiere expirado a partir del 1 de enero de 2019, así como respecto de dichos títulos vigentes cuya prórroga no se solicitó en los plazos señalados en la Ley de Aguas Nacionales. Sin embargo, en su artículo Primero Transitorio, señala que el mencionado Decreto tendrá una vigencia hasta el 30 de noviembre de 2021.

VII. Lamentablemente la falta de emisión de un Decreto que renovara el que ha quedado sin vigencia coincidió con la pandemia global de SARS-CoV-2 que afectó y prácticamente frenó la operación del gobierno y la posibilidad de que un número importante de ejidatarios concesionarios se vieran imposibilitados a realizar los trámites de renovación de su concesión. Cabe señalar que estos ejidatarios no recibieron respuesta favorable por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que, simplemente cerró y dio por concluidos los trámites para la renovación de las concesiones bajo el argumento de que el plazo se venció, a pesar de que la llegada de la pandemia a nuestro país, tuvo como consecuencia, la actividad limitada del gobierno en lo que respecta a trámites de carácter administrativo.

Consideraciones

Primera. Para esta H. Cámara de Diputados, los esfuerzos por construir mecanismos gubernamentales de apoyo y cercanía a la ciudadanía transita por generar las condiciones para que accedan sin obstáculos a los servicios básicos a fin de desarrollar plenamente sus actividades.

En el caso de ejidatarios tenedores de concesiones de agua, es claro que realizan una actividad preponderante para el país, su actividad relacionada con los usos del agua implica que desde el gobierno se les dote de certeza jurídica ya que sus actividades impactan en la vida del país.

Segunda. Para las y los legisladores, resulta fundamental brindar apoyo y certeza jurídica a quienes de buena voluntad buscan regularizar sus títulos de concesión o asignación para uso, explotación o aprovechamiento de las aguas nacionales; sobre todo porque considerando que los volúmenes registrados en los títulos de concesión y asignación de aguas nacionales vencidos se encuentran considerados en los estudios de actualización de la disponibilidad de agua en cuencas y acuíferos, resulta factible que la Autoridad del Agua los otorgue nuevamente, en términos de las disposiciones aplicables, a efecto de proteger y conservar cuencas hidrológicas y acuíferos, cuidar y preservar el medio ambiente para un desarrollo sustentable, así como promover el uso eficiente de los recursos hídricos.

Tercera. Que para esta H. Cámara de Diputados resulta fundamental brindar apoyo y dar seguimiento a la realización de acciones de política pública, a fin de que los sectores productivos del país cuenten con las herramientas legales que les permitan la plena realización de sus actividades; en el caso de los tenedores de los títulos de concesión hídrica que pretenden ser renovados, es fundamental que sea el propio gobierno quien no obstaculice y permita la regularización de los mismos sin invocar artilugios legales.

Por lo anteriormente expuesto, la que suscribe, somete a consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo federal, a que en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, emita el Decreto por el que se establecen facilidades administrativas para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expedido a partir del 1 de enero de 2004, a fin de apoyar a los concesionarios que no renovaron sus títulos con motivo de la pandemia global de Covid 19.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el 11 de abril de 2023.– Diputada Juanita Guerra Mena (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

SE INVESTIGUEN LOS HECHOS OCURRIDOS EL PASADO 25 DE MARZO, DERIVADO DE LA ENTRADA DE UNA PATRULLA ESTADOUNIDENSE, QUIEN REALIZA UN ARRESTO DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y a la SRE a investigar y realizar las diligencias correspondientes ante los hechos ocurridos el pasado 25 de marzo, derivado de la entrada de una patrulla estadounidense, quien realizó un arresto dentro del territorio nacional, a cargo de la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Daniela Soraya Álvarez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Nuevamente a través de un video difundido en redes sociales, así como en noticieros nacionales y escritos se dio a conocer cómo una patrulla de la corporación estadounidense quien perseguía a un conductor cruzó la frontera de El Paso a Ciudad Juárez, Chihuahua, realizando un arresto ante la mirada de los agentes de la Guardia Nacional.

En el video se puede observar la persecución desde territorio estadounidense del agente de seguridad, tras solicitarle al conductor se detuviera este hace caso omiso, por lo que la persecución se prolonga hasta nuestro territorio, sin que se advierta algún protocolo conjunto para cruzar y detener al conductor que perseguía.

De manera vergonzosa nuevamente la Guardia Nacional no realiza su trabajo, simplemente dejan pasar sin ninguna orden, sin siquiera intervenir, solo se quedan observando las acciones del policía estadounidense, quien saca ya en territorio nacional, un arma de fuego apuntando y arrestando a la persona antes mencionada.

Es así que, una patrulla del departamento de policía estadounidense traspasando la frontera realiza una detención, con lo que se da cuenta de cómo transgrede la ley, violentando la soberanía nacional.

No podemos permitir que estas acciones pasen ni que se vuelvan recurrentes toda vez que existen una clara falta a nuestra Constitución, a leyes y tratados internacionales. No puede haber pasividad por parte del Gobierno federal ante estos casos, distrayendo a los ciudadanos a través de discursos populistas que solo busca el aplauso fácil.

Nuestro grupo parlamentario pugna por la importancia de seguir manteniendo los lazos de amistad y solidaridad con el país vecino, no sin dejar claro, que se deben realizar las observaciones pertinentes ante una falta tan evidente como la que se muestra en el video, traspasando nuestro territorio para realizar un arresto cuando existen protocolos y leyes que mandatan la actuación de las personas responsables de la seguridad.

Como lo señala nuestra Constitución Política, en su artículo 21 relativa a la función de Estado de garantizar la seguridad dentro del territorio nacional, señalando lo siguiente:

Artículo 21: “La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia.”

Como señala Kaiser (2019) “La soberanía tiene un fuerte elemento geográfico... Uno de los elementos es el territorio. Sólo dentro de la jurisdicción de su ámbito, principalmente en su territorio, los estados pueden ejercer su soberanía. “Esta soberanía no puede ser ejercida fuera del territorio excepto en virtud de una norma que lo permita, derivada de la costumbre internacional o de un convenio”.

Además, señala que “La soberanía denota el derecho legal exclusivo, supremo e inalienable y la autoridad de los estados para ejercer el poder dentro de su área de jurisdicción. La soberanía está intrínsecamente conectada con la calidad de ser de un Estado”.

Es importante destacar los esfuerzos que se han considerado en el marco del denominado Plan de Acción 2022-2024 del Entendimiento Bicentenario: México y Estados Unidos enfrentan organizaciones criminales de manera conjunta iniciativa que reitera el compromiso de los dos países para tomar acciones concretas en ambos lados de la frontera para atender los retos compartidos en materia de seguridad que afectan a nuestras comunidades, incluyendo el tráfico y trata de personas, violencia y armas ilícitas, así como la adicción a las drogas y drogas ilícitas, sin embargo, ello no es suficiente, por lo que se deben establecer reglas claras sobre la actuación de los agentes de seguridad entre ambas naciones.

En el mismo orden de ideas, el gobierno mexicano señaló en 2022 que habían dado seguimiento del Diálogo de Alto Nivel en Seguridad (DANS), instaurado en octubre de 2021, México y Estados Unidos, donde mencionan que “dieron inicio a un nuevo capítulo en la cooperación guiados por los principios de responsabilidad compartida y respeto a la soberanía nacional”, por lo que en los hechos es necesario analizar los protocolos de actuación que permitan un mejor entendimiento sobre seguridad.

El alcance político, social y económico entre México y los Estados Unidos es de suma relevancia, porque no solo comparten frontera, comparten lazos de amistad, comerciales y de interés común, yendo más allá de las relaciones diplomáticas, por ello la importancia de fomentar el respeto irrestricto entre ambas naciones, con estricto apego a las leyes y tratados internacionales. Es innegable las relaciones que se han establecido entre ambas naciones, sin embargo, vemos con preocupación acciones como las aquí expuestas no deben considerarse como un hecho deliberado.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de este pleno, el presente

Punto de Acuerdo

Primero. — La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que se investigue y se dé puntual seguimiento a los hechos ocurridos el pasado 25 de marzo, difundidos a través de un video en donde se observa la entrada de una patrulla estadounidense a territorio nacional realizando un arresto.

Segundo. - La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que, en el ejercicio de sus facultades, se establezca un diálogo de confianza y respeto con las autoridades de los Estados Unidos de América, a fin de trabajar en los protocolos que se deben seguir en temas de seguridad nacional, con el objetivo de diseñar e implementar las mejores políticas en materia de seguridad.

Notas:

1 Kaiser, S. (2019) El ejercicio de la Soberanía de los Estados. UNAM. Recuperado de

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2790/6.pdf

2 Gobierno de México (2023, enero 31) Plan de Acción 2023.2024 del Entendimiento Bicentenario: México y Estados Unidos. Recuperado de

https://www.gob.mx/semar/prensa/plan-de-accion-2022-2024-del-ent endimiento-bicentenario-mexico-y-estados-unidos-enfrentan-organizaciones-crimin ales-de-manera-conjunta-293668

3 Gobierno de México (2023, enero 31) Plan de Acción 2023.2024 del Entendimiento Bicentenario: México y Estados Unidos. Recuperado de

https://www.gob.mx/sre/prensa/plan-de-accion-2022-2024-del-enten dimiento-bicentenario-mexico-y-estados-unidos-enfrentan-organizaciones-criminal es-de-manera-conjunta

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril del 2023.– Diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores, para dictamen.

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE GUANAJUATO, A MEJORAR E IMPULSAR EL TRANSPORTE PÚBLICO Y LA CREACIÓN DE NUEVAS RUTAS Y UNIDADES, CON ENFOQUE INCLUSIVO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Gobierno de Guanajuato a promover y generar políticas públicas que permitan mejorar e impulsar el transporte público y la creación de nuevas rutas y unidades con enfoque inclusivo, para garantizar el derecho a la movilidad de la población guanajuatense, a cargo del diputado Pedro David Ortega Fonseca, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Pedro David Ortega Fonseca, integrante de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario del Morena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La movilidad urbana es un determinante importante de la calidad de vida, el bienestar y el goce de derechos de las personas que habitan en las ciudades y sus alrededores, así como en el funcionamiento y sostenibilidad de éstas. A su vez, los sistemas de movilidad urbana son centrales para la convivencia cotidiana y la cohesión social en dichos espacios.

De hecho, la movilidad urbana facilitada por el transporte público es un componente importante para el bienestar y el goce de derechos humanos de las personas de manera cotidiana.

No obstante, existe un gran desafío para alcanzar las condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad en el transporte público.

En México, la mayor parte de la población se traslada mediante el transporte público; en particular en el estado de Guanajuato, ha sido un reto alcanzar una movilidad digna, ya que la falta de modernización, la adquisición de nuevas unidades con enfoque inclusivo y la generación de nuevas rutas ha imposibilitado ejercer plenamente el derecho a la movilidad.

De acuerdo con el Diagnóstico la Movilidad en el Estado de Guanajuato menciona que existen las siguientes situaciones en dicha materia:

“...

• Debilidad Estructural de las Instituciones en los Municipios.

• Congestión Vial.

• Accidentes.

• Mala calidad del Medio Ambiente.

• Creciente motorización y la intensidad en el uso del automóvil particular, impulsadas por la prioridad de la inversión en infraestructura vial para el transporte motorizado.

• La red vial se ha diseñado y pensado principalmente en función de las necesidades del transporte privado sin fomentar otras formas de movilidad.

• Deficiencia y baja calidad del transporte público de ruta fija; flota con menor crecimiento, innovación tecnológica y sistemas de administración y operación.

• Transporte Público de pasajeros con bajos niveles de servicio reflejado en: tiempos de recorrido del viaje, costos sociales, costos energéticos, cantidad de transbordos, demoras, incomodidad, seguridad y contaminación ambiental.

• Las personas con discapacidad y las personas adultas mayores enfrentan serios obstáculos para trasladarse, ya sea como pasajeros o peatones, además de sufrir maltrato y discriminación.

• El gasto en transporte es la segunda variable en la que los hogares ocupan sus ingresos.

• El trasporte público de ruta fija es calificado como deficiente, es necesario modernizar las unidades y adecuarlas al tamaño y uso de la ciudad, es necesario capacitar a los choferes, ampliar el horario de servicio y reordenar las rutas.”

Dicho lo anterior, es necesario que, la Secretaría de Gobierno del Estado de Guanajuato, realice todas las acciones necesarias para garantizar el derecho a la movilidad de la población guanajuatense, así como, incentivar los convenios correspondientes con los municipios, ya que en muchas localidades el transporte público es muy poco seguro y no cuentan con las unidades suficientes para cubrir la alta demanda de toda la población que ocupan el transporte para dirigirse a sus destinos.

Asimismo, sin considerar que la tarifa de pasaje del transporte público en Guanajuato oscila entre los 13 pesos, un costo considerablemente alto, a comparación de otros estados que se encuentran desde los 8 pesos. Por ejemplo, en el municipio de Salamanca, “ Habitantes de las colonias Las Américas, Cipreses, Lázaro Cárdenas, Francisco Villa, denuncian la falta de transporte público para esta zona del municipio, salmantino, ya que al ser una zona de la cual se encuentra en crecimiento de viviendas, es importante que se presente una ruta de transporte público en la zona.”

Otro de los problemas que se debe contemplar es la falta de mantenimiento en las unidades de transporte público, “existen algunas unidades del transporte público que ya rebasaron su vida útil y tienen que salir de circulación, los concesionarios y permisionarios pretenden seguir prestando el servicio sin importar poner en riesgo la seguridad de los usuarios.”

Además, la falta de supervisión y atención de las autoridades hacia las empresas concesionarias del transporte público referente a modernizar las unidades es obsoleto porque siguen circulando y prestando el servicio de mala calidad.

No obstante, a pesar de las diversas normatividades internas como los reglamentos municipales y de la Secretaria de Gobierno en dicha materia; las políticas públicas de movilidad e infraestructura han sido nulas para mejorar el transporte público, ya que los altos costos en el pasaje no se ven reflejados con la calidad de tales servicios básicos para la población.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara Diputados de la Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Gobierno del estado de Guanajuato a fin de que promueva y genere políticas públicas, que permitan mejorar e impulsar el transporte público, la creación de nuevas rutas y unidades con enfoque inclusivo para garantizar el derecho a la movilidad de la población guanajuatense.

Notas

1. Martínez Rodrigo, Ciudades Inclusivas, Sostenibles e Inteligentes (CISI). Naciones Unidas (CEPAL)

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47974/1/S22 00483_es.pdf

2. Ídem

3. Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato. Diagnóstico de Movilidad en el Estado de Guanajuato.

https://iplaneg.guanajuato.gob.mx/ped2040/wp-content/uploads/202 1/01/30.Present.diagnostico.Movilidad.pdf

4. https://www.elsoldesalamanca.com.mx/local/denuncian-falta-de-transporte-publico -9468780.html periódico virtual el sol de salamanca, fecha de consulta 30/03/2023

5. http://www.pasajero7.com/unidades-transporte-publico-en-guanajuato-estan-supera ndo-vida-util/ Periódico virtual pasajero7, fecha de consulta 30/03/2023

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.– Diputado Pedro David Ortega Fonseca (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Movilidad, para dictamen.

EXHORTO AL INM, A SEPARAR DEL CARGO AL PERSONAL ADSCRITO AL CENTRO, UBICADO EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, MIENTRAS SE INVESTIGA LA TRAGEDIA MORTAL A PERSONAS MIGRANTES EL PASADO 27 DE MARZO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al INM a separar del cargo al personal adscrito al centro, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras se desarrollan las investigaciones sobre la tragedia mortal a personas migrantes el 27 de marzo de 2023, a cargo del diputado Óscar de Jesús Almaraz Smer, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Óscar de Jesús Almaraz Smer, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 79 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México el tema migratorio es muy complejo, al desarrollarse en él diversos tipos o flujos migratorios como son: la migración de origen, tránsito, destino y retorno. Según información de la Organización Internacional para la Migraciones, el corredor migratorio México-Estados Unidos es el más transitado del mundo, al ser Estados Unidos de América el principal destino de la migración mundial actualmente.

De acuerdo con lo reportado por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación durante el año 2018: 138 mil 612 personas de distintas nacionalidades estuvieron detenidas en estaciones o estancias migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM), cifra que, en el año 2017, era de 93 mil 846. Además, durante el año 2018: 112 mil 317 personas extranjeras fueron deportadas o acogidas al beneficio de retorno asistido desde México a otros países, mientras que, en el año anterior, la cifra alcanzó a 82 mil 237 personas extranjeras.

La noche del lunes 27 de marzo, se tiene conocimiento por diversos medios de comunicación, que al menos 39 personas migrantes perecieron y otras 29 resultaron gravemente heridas al desatarse un incendio en un centro de migración del gobierno en Ciudad Juárez Chihuahua frente a El Paso, Texas, cerca de la frontera con Estados Unidos, informaron las autoridades.

El incendio mortal se sabe que fue provocado en un momento que las personas migrantes llegan a estados de la frontera norte en grandes cantidades ante la incapacidad de las autoridades federales y los recortes presupuestales para asistir a los gobiernos locales.

Las personas migrantes que se encuentran en los estados del norte son en su mayoría devueltos desde Estados Unidos, y de otros países, muchos de ellos con la esperanza de cruzar luego de que en mayo concluyan disposiciones migratorias impuestas por la Unión Americana durante la época de la pandemia.

Compañeros y compañeras, por mandato del artículo 1 constitucional toda persona que entra a territorio nacional alcanza la protección de la esfera de derechos que ésta contempla, incluyendo desde luego el abanico de derechos humanos.

La Secretaría de Gobernación expone en su comunicación institucional que actualmente los procesos migratorios se configuran como uno de los principales retos a nivel mundial; enfrentado por el Estado mexicano a partir de la implementación de una nueva política migratoria que parte del respeto pleno de los derechos humanos. Agrega que la política migratoria del gobierno de México (2018-2024) se constituye sobre la base de un paradigma, cuyo centro es la persona migrante y el desarrollo social y económico como sustento de la movilidad humana de una manera regular, ordenada y segura.

Se trata de una política que en la práctica es completamente opuesta a lo que manda la Constitución y a los postulados que difunde, tal como se ha venido acusando desde diferentes foros, representando, un problema que se señala y el Gobierno federal luce por su omisión, incapacidad e indolencia.

Todos hemos atestiguado por medio de las redes sociales los diferentes abusos y malas condiciones en que las personas migrantes se encuentran durante su tránsito en nuestro país, que engloban diversas adversidades a quienes se vieron obligados a dejar sus países y hogares. Por decir lo menos, basta recordar a los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) que los expusieron por golpear migrantes patear a uno de ellos en el rostro.

México aceptó ante Estados Unidos ser el tercer país seguro, sin siquiera considerar si tenía las capacidades, el Gobierno federal empeñado en recortar el presupuesto sin inteligencia financiera debilitó aún más la infraestructura migratoria. La dolosa asignación presupuestal a las obras faraónicas económicamente inviables ha venido reduciendo las capacidades institucionales, con el INM entre sus víctimas, es una consecuencia de todas las innumerables advertencias y reclamos.

Compañeros y compañeras, México es un país de tradición hospitalaria y humanista, si la migración en la relación bilateral con Estados Unidos forzó al Gobierno federal a servir de muro y de residencia a las y los migrantes, elevemos la voz para que las más altas esferas del gobierno vengan a rendir cuentas. Se trata de una tragedia sin precedentes, todos tenemos en nuestros estados personas que han tenido que migrar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, ninguna entidad puede asumirse ajena a esta sensibilidad.

De acuerdo con la información disponible, no se puede conocer si se trató de una muerte evitable, pues de ser así, debe haber consecuencias penales a quienes resulten responsables.

Tiene que atender la investigación la fiscalía general de la República, para que se deslinden responsabilidades, pero los funcionarios de las instalaciones donde perecieron las personas migrantes, deben ser separados de sus encargos mientras se realizan las investigaciones, de preferencia una investigación independiente.

Compañeras y compañeros, llamemos a que exponga ante el pleno de esta soberanía al máximo encargado de la política migratoria en el país, por la magnitud de la tragedia. Se trata, de una muerte de personas inhumana y presuntamente con la dolosa omisión de las autoridades.

Por lo anteriormente expuesto, un servidor junto con las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Instituto Nacional de Migración, doctor Francisco Garduño Yáñez, a separar temporalmente a los funcionarios del Centro de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras se deslindan responsabilidades respecto de la tragedia de migrantes detenidos en sus instalaciones que perecieron calcinados mientras se encontraban detenidos.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, convoca a una reunión de trabajo al secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, para que de manera pormenorizada se den a conocer las medidas adoptadas por la dependencia a su cargo respecto de la política migratoria y todas las previsiones para el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.

Notas

1 CNDH. Contexto de la Migración en México.

https://www.cndh.org.mx/introduccion-atencion-a-migrantes

2 Ibid.

3 Segob. Nueva Política Migratoria.

http://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/Nueva_Politic a_Migratoria

4 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-58388234

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de abril de 2023.– Diputado Óscar Almaraz Smer (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Asuntos Migratorios, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO DE GUANAJUATO, A DEJAR DE PRIVILEGIAR A LAS GRANDES EMPRESAS TRANSNACIONALES E IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA PÚBLICA BASADA EN LA GENTE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Guanajuato a adoptar medidas y políticas públicas necesarias para dejar de privilegiar solamente a las grandes empresas transnacionales e implementar una política pública basada en la gente, que impulse el bienestar y el progreso social, a cargo del diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo; conforme a los siguientes

Antecedentes

El Índice de Progreso Social.

Desde hace mucho tiempo, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha sostenido que medir el crecimiento económico no es suficiente para conocer el bienestar del pueblo.

Esta afirmación ha sido criticada por muchas personas que creen que solo se puede medir a un país o un estado a través de variables macroeconómicas, el producto interno bruto, las exportaciones, la inversión extranjera directa, u otro tipo de indicadores meramente económicos.

Pero lo que no miden esos indicadores y, esto es lo que observan esos críticos, son las variables que muestran cómo está la población de un determinado lugar y qué tanto esas personas pueden acceder a un mejor nivel de vida.

Guanajuato es, probablemente, el caso paradigmático por excelencia. En Guanajuato, desde hace más de 30 años se ha implementado una política cruda y dura, que ha privilegiado la inversión extranjera por encima del bienestar de la población y eso ha tenido serias consecuencias. Es cierto, Guanajuato hoy es la sexta economía a nivel nacional y es públicamente reconocido como un estado en el que se promueve la inversión y la apertura de grandes empresas transnacionales, pero lo que no se dice por parte del Gobierno del Estado es que Guanajuato vive, en el otro lado de la moneda, con una población sumida en condiciones de atraso, discriminación y marginación.

De poco sirve abrir grandes empresas en Guanajuato si el pueblo guanajuatense se ve relegado de progreso. Esto puede acreditarse fehacientemente a través de estudios serios que miden no solamente los indicadores económicos, sino otro tipo de indicadores que permiten conocer el nivel de bienestar de la gente.

Uno de estos estudios es el Índice de Progreso Social que ha sido desarrollado en los últimos años y que es una “de las primeras mediciones integrales del desempeño social de un país, entidad o región, independientemente de los ingresos y egresos de sus gobiernos. El Índice se basa en un rango de indicadores sociales y ambientales que capturan tres dimensiones del progreso social: Necesidades Humanas Básicas (que incorpora muerte materna, muerte infantil, muerte por enfermedades infecciosas como el Covid, pero también el acceso a servicios básicos como agua, drenaje y seguridad pública), Fundamentos del Bienestar (cuidados preventivos de la salud, enrolamiento y calidad educativa, acceso a información y a un entorno limpio), y Oportunidades (derechos y libertades para tener movilidad social)”. A continuación, puede verse el mapa de las entidades federativas de acuerdo con el Índice de Progreso Social 2021:

Como se aprecia claramente, Guanajuato, a pesar de ser la sexta economía del país y de sostener un discurso claramente pro empresarial y de jactarse de ser un referente en materia de inversión privada, no está ni siquiera cerca de la media tabla a nivel nacional en materia de progreso social: Está en el lugar 22, mucho más cerca de estados con alta pobreza y marginación como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz o Puebla, que de las entidades punteras, como la Ciudad de México, Aguascalientes, Nuevo León, Querétaro o Jalisco.

Katia Guzmán Martínez afirma que “al analizar la relación entre progreso social y PIB per cápita estatal, encontramos que si bien un nivel alto de PIB per cápita es una condición necesaria para el progreso social, no es suficiente si no se acompaña de políticas públicas cuyo objetivo sea aprovechar los recursos económicos disponibles de una forma sostenible para impulsar el desarrollo social incluyente.”

Guanajuato tiene un pobre desempeño en el Índice en El Bajío.

Al llevar a cabo el análisis regional, el Índice de Progreso Social muestra que el Bajío tiene el cuarto PIB más alto del país, pero por entidad, Guanajuato tiene un pobre desempeño.

De acuerdo con Regina Isabel Medina, “en 2021, las entidades del Bajío alcanzaron un promedio 64.2 de puntos, de un máximo de 100, en el Índice de Progreso Social. Al igual que con el PIB per cápita, este puntaje la coloca como la cuarta región con mejor desempeño. El desempeño varía entre entidades: Aguascalientes, la segunda entidad con IPS más alto a nivel nacional en 2021, tuvo IPS más alto de la región, pues alcanzó 71.5 puntos, seguida por Querétaro con 69.2 puntos, Zacatecas con 62, Guanajuato con 61.1 y San Luis Potosí con 59.9 (el cual ocupó la posición 24 a nivel nacional). Estos resultados del IPS demuestran que el desempeño económico no se traduce automáticamente en bienestar para la población. En este caso, Aguascalientes y Zacatecas tienen mejor desempeño que sus vecinos con mayor PIB. Aunque implican una mejoría, los puntajes del IPS en la región siguen siendo menores a los que se tenían antes de la pandemia. De hecho, el puntaje de 2021 es similar al de 2017, cuando la región obtuvo 66.1 puntos. Esto indica que el Bajío no ha logrado recuperarse de los costos económicos y sociales de la pandemia.”

La radiografía que hace Regina Isabel Medina es muy clara y deja muy mal parado al Gobierno del Estado de Guanajuato y su discurso, pues demuestra que prácticamente todos los estados de El Bajío tienen mejores indicadores de progreso social, a pesar de que todos tienen un PIB más bajo que la entidad guanajuatense.

No basta abrir armadoras, maquiladoras y fábricas para llevar bienestar a la población, y eso es algo que debe entenderse en Guanajuato si se quiere mejorar las condiciones de vida de la población y no solo la de los empresarios.

A continuación, se reproduce textualmente el diagnóstico resumido:

“La región del Bajío tiene el mejor desempeño en la primera dimensión del IPS: Necesidades Humanas Básicas (NHG), que evalúa “la calidad y disponibilidad de servicios y condiciones necesarias para otorgar un nivel de vida adecuado a la población”. La dimensión incluye los componentes de: nutrición y cuidados médicos básicos, vivienda, seguridad personal, así como agua y saneamiento. En 2021, las entidades del Bajío alcanzaron un promedio de 73.3 puntos en esta dimensión, lo que la convierte en la segunda región con mejor desempeño. Aguascalientes tuvo el puntaje más alto, tanto dentro de la región como a nivel nacional, en esta dimensión, con 83.4 puntos. Zacatecas tuvo el puntaje más bajo con 65.3 puntos. En términos concretos, esto implica que la población del Bajío cuenta con acceso a vivienda de calidad, cobertura de servicios básicos de agua y saneamiento, así como buena nutrición y cuidados médicos básicos. Aunque sigue siendo en la que tiene el mayor desempeño, esta dimensión también es en la que el Bajío tuvo su peor caída después de la pandemia.

La segunda dimensión del IPS, Fundamentos del Bienestar (FB) mide “la calidad de la educación y la información disponible al igual que componentes ambientales relevantes para la salud de sus habitantes”. Se compone por acceso a conocimientos básicos, acceso a información y comunicaciones, calidad medioambiental y salud y bienestar. El Bajío alcanzó 65.2 puntos para esta dimensión en 2021, dejándolo en la cuarta posición de las nueve regiones. Querétaro cuenta con el mejor desempeño dentro de la región, con 71.8 puntos y San Luis Potosí el más bajo con 59.5. El puntaje en esta dimensión se debe a un buen desempeño en componentes como calidad medioambiental y un mal desempeño en otros como incidencia de suicidios.

El Bajío tiene su peor desempeño en la dimensión de Oportunidades del IPS, la cual “evalúa las posibilidades y herramientas a las que las y los habitantes de cada estado pueden acceder para lograr un mayor desarrollo personal y profesional”. Esta dimensión se compone por derechos personales, libertad personal y de elección, inclusión y acceso a la educación superior. El Bajío tuvo apenas 55.7 en 2021 y ocupó la séptima posición entre las distintas regiones del país. Aguascalientes conserva el primer lugar dentro de la región, con 60.8 puntos, pero desciende al séptimo lugar a nivel nacional. A su vez, Guanajuato ocupa el último lugar de la región y el 28 a nivel nacional, con solo 49.1 puntos. Esto indica que las entidades del Bajío tienen un bajo desempeño en inclusión, derechos personales, libertad de elección y acceso a la educación superior. Por ejemplo, Aguascalientes ocupa el lugar 29 a nivel nacional en inclusión de personas LGBT+. Aun así, es la única dimensión donde ha habido un progreso a través del tiempo, pues el Bajío ha subido su puntaje de 46.8 en 2015 a 56.5 en 2020.”

(El énfasis es añadido)

Al ver las dimensiones graficadas, podemos apreciar cómo, Guanajuato, aparece en todas las mediciones, en la parte con peores calificaciones entre los estados de El Bajío.

Guanajuato tiene que cambiar el rumbo de la política pública

En este año 2023, Guanajuato debe cambiar el rumbo de la política pública porque si el Gobierno del Estado continúa implementando políticas depredadoras que se basan en el bienestar empresarial, la población del estado va a seguir perdiendo calidad de vida.

El acceso a derechos y la garantía de la inclusión de todos los segmentos sociales debe ser una guía para una nueva política que se base en la persona humana y no en las empresas.

Los números y los indicadores son claros y son irrefutables. Podrán seguir diciendo que Guanajuato es un estado de progreso, pero la realidad es que la gran mayoría de su población vive en la marginación y bajo condiciones discriminatorias y poco inclusivas.

A continuación se reproducen textualmente los resultados de Guanajuato por dimensión, a fin de que quede claro en qué rubros es necesario que el Gobierno del Estado mejore su política pública para centrarse en la gente:

No hace falta mucho para darse cuenta que en la gran mayoría de los indicadores, Guanajuato está por debajo del lugar 15 a nivel nacional, lo que implica que en todos esos rubros se encuentra por debajo de la media nacional.

Pero destacan negativamente los rubros de inclusión en el que ocupa el lugar 29 a nivel nacional; el de libertad personal y de elección, lugar 26; el de derechos personales, en el lugar 29 y el de oportunidades, en el lugar 28 nacional.

Esto es claramente un reflejo de la política pública guanajuatense que se olvidó de su gente.

Propuesta

Por ello, esta proposición con punto de acuerdo pretende que esta Soberanía emita un respetuoso exhorto al Gobernador del Estado de Guanajuato, a fin de que, de manera urgente, adopte las medidas y políticas públicas necesarias para dejar de privilegiar solamente a las grandes empresas transnacionales e implemente una política pública basada en la gente, que impulse el bienestar y el progreso social, atendiendo fundamentalmente a los rubros más retrasados en esta materia.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, con el siguiente resolutivo

Punto de Acuerdo

Único. El Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del Estado de Guanajuato para que, de manera urgente, adopte las medidas y políticas públicas necesarias para dejar de privilegiar solamente a las grandes empresas transnacionales e implemente una política pública basada en la gente, que impulse el bienestar y el progreso social, atendiendo fundamentalmente a los rubros más retrasados en esta materia detectados en el Índice de Progreso Social 2015-2021, en especial, los siguientes:

1. Carencia por acceso a la alimentación (% de la población)

2. Hogares con disponibilidad de agua dentro de la vivienda (%)

3. Hogares con dotación diaria de agua (%)

4. Hogares en hacinamiento (%)

5. Homicidios (tasa por cada 100 mil habitantes)

6. Índice de crimen violento

7. Índice de crimen organizado

8. Percepción de inseguridad en la entidad (% de la población)

9. Matriculación educación preescolar (tasa neta de escolarización)

10. Analfabetismo (% de la población)

11. Matriculación educación primaria (tasa neta de escolarización)

12. Matriculación educación secundaria (tasa neta de escolarización)

13. Paridad de género en educación secundaria (% de mujeres)

14. Usuarios de telefonía móvil (% de la población)

15. Hogares con computadoras (%)

16. Hogares con conexión a internet (%)

17. Tasa de agresión a periodistas (tasa por cada 10 mil habitantes)

18. Esperanza de vida (años)

19. Suicidios (tasa por cada 100 mil habitantes)

20. Mortalidad por enfermedades circulatorias (tasa por cada 100 mil habitantes)

21. Mortalidad por diabetes (tasa por cada 100 mil habitantes)

22. Hogares que usan focos ahorradores (%)

23. Emisiones de CO2 (toneladas)

24. Hogares con título de propiedad (%)

25. Participación electoral (% de lista nominal

26. Interacción con gobierno electrónico (% de la población)

27. Total de espacios de participación ciudadana en el gobierno local

28. Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan (% de la población en ese rango de edad)

29. Embarazo adolescente (% de nacimientos registrados de mujeres menores de 20 años)

30. Tasa de incidencia de corrupción

31. Tasa de informalidad laboral (TIL2)

32. Porcentaje de la población ocupada que tarda más de dos horas en el traslado a su trabajo

33. Confianza en los vecinos (% de la población)

34. Paridad de género en congresos locales (% de mujeres)

35. Inclusión personas LGBT+ (% de la población que aprueba el matrimonio igualitario)

36. Tasa de analfabetización en personas indígenas

Notas

1. Guzmán Martínez, Katia. Índice de Progreso Social: un recorrido por las entidades federativas. Nexos. Enero 18, 2023. Disponible en

https://federalismo.nexos.com.mx/2023/01/indice-de-progreso-soci al-un-recorrido-por-las-entidades-federativas/

2. Ídem

3. Ibidem

4. Medina, Regina Isabel. Progreso social y desempeño económico en el Bajío. Nexos. 1 de febrero de 2023. Disponible en:

https://mexicocomovamos.mx/nexos/2023/02/progreso-social-y-desem peno-economico-en-el-bajio/

5. Ídem

6. Ibidem

7. Índice de Progreso Social 2015-2021. Fichas por Estado. Guanajuato. México, ¿Cómo Vamos? Disponible en

https://mexicocomovamos.mx/indice-de-progreso-social/#:~: text=63,en%20los%20%C3%BAltimos%206%20a%C3%B1os.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de abril de 2023.– Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO FEDERAL, A GARANTIZAR LA IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN BASADOS EN VALORES UNIVERSALES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Gobierno federal a articular una estrategia de carácter interinstitucional, intersectorial y de los distintos niveles de gobierno, que garantice la impartición de contenidos específicos de educación basados en valores universales, a cargo de la diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno federal para que como medida preventiva del delito en la sociedad, se articule una amplia estrategia de carácter interinstitucional, intersectorial y de los distintos niveles de gobierno que promueva las acciones, programas, mecanismos y servicios, que garanticen la impartición de contenidos específicos de educación basados en valores universales, de acuerdo con las siguientes:

Consideraciones

Primera. Que es ampliamente reconocido que la educación es un derecho básico de todos los niños, niñas y adolescentes, que les proporciona habilidades y conocimientos necesarios para desarrollarse como adultos y además les da herramientas para conocer y ejercer sus otros derechos, que en este contexto, es reto de todos lograr que todos los niños y niñas accedan a educación de calidad, permanezcan en ella y la concluyan con los aprendizajes esperados para su edad y nivel educativo, especialmente los niños, niñas y adolescentes más vulnerables.

Paralelamente, es menester traer a colación, que los adultos también cuentan con distintas facilidades para lograr una educación de calidad y esta se desarrolla normalmente de forma extraescolar, ya sea en sus áreas de trabajo, en los círculos de estudio o en las plazas comunitarias, con enfoque mayoritario hacia el autodidactismo y en la solidaridad social como los medios más adecuados para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura y fortalecer la conciencia de unidad entre los distintos sectores que componen la población.

Segunda. Que por otro lado, resulta indudable y existe coincidencia entre los diversos autores que tienen que ver con la materia, en el sentido de que la educación se constituye como una excelente herramienta para promover una vida totalmente civilizada, detonada e impulsada con el aprendizaje y puesta en marcha de los valores universales, considerando que para que el individuo pueda desarrollarse plenamente, éstos deben llegar a ser parte fundamental en los diferentes ámbitos de la vida, incluyendo por supuesto el individual, el familiar, el grupal, el comunitario, etc.

Tercera. Bajo esta tónica, es preciso recordar que cuando se educa, consciente o inconscientemente, se encuentra implícito el hecho de que se está trasmitiendo al receptor una escala determinada de valores. De ahí se desprende la importancia de educar con miras hacia lograr una nación ordenada, generosa y en condiciones de paz permanente, esto porque se presupone que la ayuda en la construcción de valores y actitudes determinados, tales como la justicia, la libertad, la cooperación, el respeto, la solidaridad, la actitud crítica, el compromiso, la autonomía, el diálogo, la participación, trae aparejados enormes beneficios, sin olvidar que al mismo tiempo se pueden llegar a revisar o a cuestionar los valores que son contrarios a la paz, como pueden ser la discriminación, la intolerancia, la violencia, el etnocentrismo, el indiferencia, el conformismo, etc. En el contexto de que su utilización es nocivos para la población en general.

Así, la construcción de una cultura de la paz fundamentada en los valores que de forma definitiva abonan hacia ese objeto, debe traducirse necesariamente en la aceptación de que resulta plausible que exista un verdadero compromiso social, desde todas las esferas de la vida pública, generando políticas e intervenciones que los refuercen.

Cuarta. En este orden de ideas, es irrefutable la utilidad de enseñar los valores fundamentales y fomentar el respeto de la identidad propia y de las características culturales del niño, de los valores sociales del país en que vive el niño, de las civilizaciones diferentes de la suya y de los derechos humanos y libertades fundamentales.

Complementariamente a esta aseveración, es conveniente acotar para efectos del presente ocurso, que la prevención de la delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención del delito en la sociedad. Si los jóvenes se dedican a actividades lícitas y socialmente útiles, se orientan hacia la sociedad y enfocan la vida con criterio humanista, porque pueden adquirir actitudes no criminógenas, de ahí la pertinencia de educar a la juventud con un estrategia direccionada hacia los valores universales.

Quinta. Que específicamente para el marco jurídico del caso mexicano, la Ley General de Educación señala en su artículo 13 , que se fomentará en las personas una educación basada entre otros aspectos en la responsabilidad ciudadana, sustentada en valores como la honestidad, la justicia, la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la libertad, entre otros.

Por otro lado, en su artículo 14, se precisa que para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación, la Secretaría promoverá un Acuerdo Educativo Nacional que considerará entre diversas acciones, concebir a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario en el que se construyen y convergen saberes, se intercambian valores, normas, culturas y formas de convivencia en la comunidad y en la Nación;

Paralelamente en su artículo 15, señala que la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, persigue entre otros fines, el fomentar el amor a la Patria, el aprecio por sus culturas, el conocimiento de su historia y el compromiso con los valores, símbolos patrios y las instituciones nacionales;

Por lo que hace al artículo 16, se menciona también en la LGE que promover la vida civilizada, en tanto fomente valores como justicia, igualdad, equidad, probidad, responsabilidad, solidaridad, respeto, tolerancia, pluralidad, libertad, deben ser parte esencial de la vida escolar, de las prácticas escolares cotidianas.

Refiere también que la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así como personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, debiendo implementar políticas públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos criterios en los tres órdenes de gobierno.

Además, hace especial hincapié en que responderá a los siguientes criterios:

I. al IV. ...

V. Inculcará los conceptos y principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la prevención y combate a los efectos del cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, la biodiversidad, el consumo sostenible y la resiliencia; así como la generación de conciencia y la adquisición de los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro sostenible, como elementos básicos para el desenvolvimiento armónico e integral de la persona y la sociedad;

Por lo que atañe al rubro de la responsabilidad ciudadana y social, refiere en su artículo 18 , que la orientación integral, en la formación de la mexicana y el mexicano dentro del Sistema Educativo Nacional, considerará lo siguiente:

XI. Los valores para la responsabilidad ciudadana y social, como el respeto por los otros, la solidaridad, la justicia, la libertad, la igualdad, la honradez, la gratitud y la participación democrática con base a una educación cívica.

Y continuando con esta directriz, se detalla en las temáticas que tienen que ver con los planes y programas de estudio, específicamente en el artículo 30 del mismo ordenamiento, que los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes:

XVIII. El fomento de los valores y principios del cooperativismo que propicien la construcción de relaciones, solidarias y fraternas.

Otro aspecto muy importante, es el de la estrecha relación que existe entre los centros escolares y las familias, por lo que para el caso de artículo 78, el ordenamiento que nos ocupa, refiere que las madres y padres de familia o tutores serán corresponsables en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años para lo cual, además de cumplir con su obligación de hacerlos asistir a los servicios educativos, apoyarán su aprendizaje, y revisarán su progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo.

Y se refuerza de forma contundente, cuando se señala que en el ámbito de sus respectivas competencias, las autoridades educativas desarrollarán actividades de información y orientación para las familias de los educandos en relación con prácticas de crianza enmarcadas en el ejercicio de los valores, los derechos de la niñez, buenos hábitos de salud, la importancia de una hidratación saludable, alimentación nutritiva, práctica de la actividad física, disciplina positiva, prevención de la violencia, uso responsable de las tecnologías de la información, comunicación, lectura, conocimiento y aprendizaje digital y otros temas que permitan a madres y padres de familia o tutores, proporcionar una mejor atención a sus hijas, hijos o pupilos.

Adicionalmente, será conveniente también, el que se brinde información oportuna a los jóvenes y a sus familias sobre la ley, sus derechos y obligaciones con respecto a la ley, en el ámbito del sistema de valores universales.

Sexta. Que es menester señalar, que para que la educación en valores, no se quede en la curricula de estudios como una propuesta diseñada con muy buenas intenciones, pero con muy poca practicidad, ni como un elemento residual o de relleno, que se aborde de manera superficial en cuanto alguno de los profesores lo considere relevante, de vez en cuando en clase, es necesario lograr una muy eficiente planificación de la estrategia propuesta, con criterios definidos, formales y con objetivos claros y precisos, por lo que una posible organización en este temática puede tomarse como el eje principal, sobre el cual giren una serie de temas muy diversos, de forma transversal, todo esto con base en una investigación científica, que pueda ser supervisada y evaluada para efecto de medir sus resultados.

Séptima. Que los distintos niveles de gobierno, las instituciones y los sectores de nuestro país que tienen que ver con el tema de la educación y específicamente los de la educación en valores, están totalmente dispersos y que resulta apremiante el diseñar una estrategia al interior de la Administración Pública Federal, que los integre, los articule y los coordine, respetando los ámbitos de competencia que actualmente cada uno de ellos; por lo que debe ser una prioridad y un objetivo toral del Estado Mexicano, el impulsar acciones, productos y servicios, a través de sus instituciones que tienen que ver con la materia, con los sectores público, privado y social, incluidos los medios de comunicación, para que se puedan ofertar opciones serias que logren resultados de máxima eficiencia, en la implementación práctica de la educación en valores.

Octava. Por lo que concierne al tema de la interinstitucional , en el ámbito de la gran estrategia de gobierno que se propone, se pretende que las estructuras que la integran, promuevan de forma definitiva la conexión existente entre los distintos actores que forman parte de ella, tendientes a favorecer el intercambio necesario de datos duros y de interés, esto con miras a lograr una excelente coordinación que esté presente en el momento de que se genere la toma de decisiones entre más importantes entre sus miembros, misma que invariablemente es directamente proporcional a los objetivos comunes que seguramente fueron planteados de manera inicial, o en cuanto se presente la necesidad de cambiar alguna parte de la estrategia.

Novena. En el rubro del ámbito Intersectorial, se entiende para efectos de esta propuesta como la coordinación entre distintos sectores, destinada a obtener alguna solución para un asunto determinado o un problema o serie de problemas, permitiendo intercambiar recursos humanos, técnicos o materiales, conocimientos, metodologías, cursos alternativos de acción, así como acciones dirigidas a la participación de los diferentes actores en el proceso de toma de decisiones, por lo que esta forma de organizarse resultará de gran utilidad, a la hora de conjuntar los distintos esfuerzos en la estrategia por lograr permear los valores a la sociedad en su conjunto, con especial énfasis en los jóvenes y los niños.

Décima. Por lo que se refiere al ámbito de aplicación, resulta de interés mencionar, que se precisa que sea en los tres niveles niveles de gobierno que se manejan en la estructura organizacional y política de nuestro país, toda vez que contamos para su puesta en marcha, con la atención del Gobierno federal, del estatal y del municipal, que contribuyen a la realización de los fines y las tareas del estado, como lo es el garantizar el respeto a los derechos humanos, el brindar los servicios públicos necesarios, mantener el orden público, etc.

En cuanto a su división política, se pretende que ninguna entidad federativa de las 31 que lo conforman junto con la ciudad de México, se quede atrás, puesto que precisamente es ahí en donde radica su importancia, en que participen todos los que constituyen la federación que dicho sea de paso, está basada en la división, el equilibrio y los pesos y contrapesos que fueron incorparados a partir de los ideales democráticos, entre los 3 ámbitos de gobierno.

Por su lado, es de resaltar que la responsabilidad más amplia de la puesta en marcha de la estrategia, debe inscribirse en el marco de actuación del Gobierno federal, suponiento que el legislativo, y el judicial podrán participar también de forma colateral. Así será más fácil diseñar la forma en que podrán interactuar los 3 poderes de gobierno, puesto que son independientes entre sí. Aunado a esto, se tiene que contemplar, la forma en que podrá participar el nivel del gobierno estatal, puesto que los estados libres y soberanos tienen su propio gobierno, sus propias leyes y su autonomía, pero se rigen por la constitución y el Gobierno federal, aunado esto a que la Federación no puede intervenir en asuntos que sean exclusivamente estatales.

Por lo que se refiere al gobierno municipal, es de resaltar la importancia que este nivel guarda para efectos de considerar la implementación de los diferentes programas, mecanismos y servicios, puesto que el jefe del gobierno municipal es el presidente municipal, además de la ayuda que puede recibir de los síndicos que son los que resuelven los conflictos y de los regidores que son quienes revisan las leyes municipales que después se aprueban por los integrantes del ayuntamiento.

Por otro lado, hay que considerar el hecho de que los ayuntamientos en los estados se encargan de forma más directa de los servicios, la convivencia de las personas y las comunidades, porque de forma simultánea atienden las necesidades de las áreas rurales de sus territorios, todo esto porque es precisamente este nivel de gobierno, el más cercano a la población.

La idea de presentar estos niveles como parte integrante de la estrategia que se propone, es que en los lineamientos que para tal efecto se propongan en su oportunidad, deberán encontrarse con la mayor eficiencia posible las actividades que necesariamente deberá encabezar cada uno de ellos.

Es por los motivos anteriormente expuestos, me permito someter a esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal, para que como medida preventiva del delito en la sociedad, se articule una amplia estrategia interinstitucional, intersectorial, y de los distintos niveles de gobierno, de carácter permanente, de investigación, de asesoría y de apoyo técnico, direccionada hacia la promoción de acciones, programas, mecanismos y servicios que garanticen la integración de contenidos específicos de educación basados en los valores universales -enfocada especialmente hacia los jóvenes y niños- que abarquen no solamente su planeación y vinculación, sino su consolidación, fortalecimiento e impulso efectivo, que invariablemente se traduzcan en la consecución de un país más libre, seguro, solidario y subsidiario.

Notas:

1 S.a. Educación y Aprendizaje, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF, México, s.a. consultable en

https://www.unicef.org/mexico/educación-y-aprendizaje, revisado el 13 de Marzo del 2023.

2 Idem.

3 Esquivel M. Cristela y García B. Myrna G, la Educación para la paz y los Derechos Humanos en la Creación de Valores para la Solución de Conflictos Escolares. Educacíon

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S 0124-74412018000100256.

4 Cfr. S.a. Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) Naciones Unidas, Derechos Humanos, Oficina del Alto Comisionado. EUA, s.a.

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/ united-nations-guidelines-prevention-juvenile-delinquency-riyadh

5 Idem.

6 S.a, En que consiste la educacion en valores, Universidad Internacional de Valencia, España. VIU, 2022, España. Consultable en

https://www.universidadviu.com/es/actualidad/nuestros-expertos/e n-que-consiste-la-educacion-en-valores, página revisada el 12 de Marzo del 2023.

7 Para mayor referencia, se puede consultar la siguiente fuente:

https://cte.seebc.gob.mx/proyectos/derechos2021/fase2/formas-de- gobierno.pdf sitio revisado el 22 de Marzo del 2023.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 11 de abril de 2023.– Diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Educación, para dictamen.

EXHORTO A DIVERSAS AUTORIDADES DE OAXACA, A GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MENOR DE EDAD, PAOLA HERNÁNDEZ

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades de Oaxaca y de la escuela telesecundaria José Vasconcelos, de la comunidad de San José Manialtepec, municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, a cumplir con las obligaciones de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de la menor de edad Paola Hernández, particularmente en lo relativo a la prohibición de toda discriminación motivada por su expresión de género y a la violación de su derecho a la educación, a cargo de la diputada María Clemente García Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada María Clemente García Moreno, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 10 de marzo del año 2023, un grupo de padres de alumnos, maestros y la Directora de la Escuela Telesecundaria “José Vasconcelos”, en la comunidad de San José Manialtepec, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, en el Estado de Oaxaca, llevaron a cabo diversas acciones discriminatorias vinculadas con la expresión de género de Paola Hernández, menor de edad a quien le ha sido negado el acceso al plantel educativo mencionado por vestir pantalón en lugar de falda, lo cual resulta en una violación a su derecho a la educación, entre otros, así como al principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Los hechos descritos derivaron a la postre en una suspensión de las actividades académicas al interior de la escuela para todas y todos los estudiantes, hasta que el día 22 de marzo las personas que se oponen a que Paola pueda utilizar pantalones para asistir a la telesecundaria, determinaron que se retomarían las clases, pero que a la alumna le prohibirían la entrada a la institución educativa mientras no utilice ropa “para mujeres”, lo que significa una revictimización para la menor, bajo la única explicación de que el reglamento interno de la escuela establece que las mujeres deben presentarse uniformadas con falda y los hombres con pantalón.

Es menester resaltar que esta situación constituye un acto de discriminación sancionado por la ley y prohibido, fundamentalmente, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Cpeum), la cual es –junto con las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte– Ley Suprema de toda la Unión, por lo que ningún reglamento puede considerarse jerárquica ni jurídicamente superior a ésta.

El párrafo quinto del artículo 1o. constitucional determina que: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como “Pacto de San José”, de la cual México es parte, contiene en su artículo 1 la disposición relativa al compromiso que adquieren los Estados que la suscriben para respetar los derechos y libertades reconocidos en dicho documento y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. De igual forma, su artículo 24 determina que todas las personas son iguales ante la ley y que, en consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a recibir igual protección de ésta.

En la misma tesitura, el Artículo 4 de la Ley de Educación para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca prevé que la discriminación es “toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, los antecedentes penales o cualquier otro motivo”.

Por su parte, la Ley General de Educación (LGE) contempla que la rectoría de la educación corresponde al Estado –el cual se integra por la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los Municipios, de acuerdo con el artículo 3o. de la Cpeum– y que la impartida por éste, además de ser obligatoria extenderá sus beneficios sin discriminación alguna, luchando y eliminando esta práctica, así como toda forma de exclusión y las demás condiciones estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje. Asimismo, en la prestación de los servicios educativos se deberá impulsar el desarrollo humano integral para combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones del país, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres.

También la LGE mandata que el Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia adoptando medidas dirigidas de manera prioritaria a quienes pertenezcan a grupos y regiones de mayor rezago educativo, que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas o bien relacionadas con aspectos de género. Además dicha ley considera que con el ejercicio del derecho a la educación, “inicia un proceso permanente centrado en el aprendizaje del educando, que contribuye a su desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad; es factor determinante para la adquisición de conocimientos significativos y la formación integral para la vida de las personas con un sentido de pertenencia social basado en el respeto de la diversidad, y es medio fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria”.

Finalmente, es importante mencionar que la LGE contempla que la adquisición de uniformes no puede condicionar la prestación de los servicios educativos, pues hacerlo constituye una infracción sancionada con multa de cien hasta mil veces la Unidad de Medida y Actualización.

En otro orden de ideas resulta oportuno hacer la precisión sobre ¿Qué es lo que se entiende por expresión de género? De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), “la expresión de género es la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona como masculina o femenina conforme a los patrones considerados propios de cada género por una determinada sociedad en un momento histórico determinado. La expresión de género puede incluir, por ejemplo, el atuendo, los ademanes, los adornos, el arreglo personal, el uso particular del vocabulario, etcétera. Tal expresión individual puede o no coincidir, puede o no aproximarse o alejarse de los códigos socioculturales respectivos”.

“(...) la expresión de género impuesta culturalmente varía espacio-temporalmente. Recordemos, a título ilustrativo, que en el mundo occidental, hasta principios del siglo XX, el pantalón era privativo de los hombres y la falda de las mujeres. Pero a partir de las dos grandes guerras mundiales, la mujer fue adoptando el pantalón al grado de que ahora su uso predomina sobre el de la falda. Por otro lado, la capacidad identitaria de esta indumentaria se invertía en la corte de los mandarines chinos, donde los hombres portaban una túnica equiparable a una falda y las mujeres un pantalón”.

Con base en lo anteriormente dicho, es posible establecer la innegable premisa de que restringir, suspender, excluir, anular o cancelar de manera definitiva el acceso y ejercicio pleno al derecho a la educación (especialmente cuando se trata de la impartida por el Estado) por motivos de expresión de género, como lo es en lo relativo a preferir utilizar pantalones en vez de faldas, son acciones claras de discriminación que transgreden la dignidad humana y, por lo tanto, deben combatirse a través de las instituciones de gobierno facultadas para tales fines, en el ámbito de sus respectivas competencias.

La adopción de uniformes escolares neutros es una alternativa que busca promover la igualdad, la inclusión y la no discriminación de las personas en el ámbito educativo, eliminando las distinciones de género en la vestimenta escolar. Ello implica la eliminación del uso privativo de faldas para las niñas y pantalones para los niños, mediante la adopción de prendas neutrales o “unisex” para todas y todos los estudiantes. Propuestas como ésta se han vuelto cada vez más populares en todo el mundo y México no es la excepción, donde ha sido impulsada por organizaciones civiles y educativas que buscan erradicar la discriminación y la violencia de género en las escuelas, promoviendo un ambiente inclusivo y diverso.

Un ejemplo de la implementación de este tipo de medidas son los lineamientos para el uso de uniformes neutros en las escuelas públicas de educación básica de la Ciudad de México, emitidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP) el 3 de junio de 2019, mediante los cuales el uso de falda o pantalón es de libre elección, no solo con base en el clima o las actividades recreativas, físicas o deportivas que vayan a realizar las y los educandos, sino también en la decisión personal de cómo manifestar su identidad y expresión de género, las cuales en ningún caso pueden restringirse, siempre y cuando sigan lo determinado por las asociaciones de padres de familia y las autoridades educativas en lo relativo a cromática, escudos y distintivos, sin que ello represente una orientación de género para las y los estudiantes.

Es de destacar que, en el caso concreto que esta Proposición busca atender, Paula Hernández, madre de Paola, ha hecho público que la menor ha decidido vestirse utilizando pantalones desde que cursaba el nivel de educación preescolar. Asimismo, la señora posee documentación mediante la cual acredita la existencia de resoluciones judiciales a través de juicios de amparo y recomendaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitidas en favor de su hija, sin que hasta el momento esto haya impedido las restricciones impuestas en su contra.

Como puede observarse, la violación al derecho a la educación de la cual es víctima Paola Hernández, en razón de su expresión de género por vestir pantalón en lugar de falda para asistir a la institución educativa, constituye un acto discriminatorio que infringe la ley, la Constitución nacional y diversos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- El Pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca; al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; al Presidente Municipal de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca; así como a las autoridades educativas correspondientes de la Escuela Telesecundaria “José Vasconcelos” en la comunidad de San José Manialtepec, municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca; a cumplir con las obligaciones constitucionales de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de la adolescente Paola Hernández de 12 años de edad y, en general, de todas las y los estudiantes del plantel educativo mencionado, en particular en lo relativo a la prohibición de toda discriminación motivada por la expresión de género, así como el derecho a la educación, con base en el principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, la legislación general y estatal, así como la jurisprudencia aplicables.

Notas

1. CONAPRED. El Derecho a la No Discriminación por Identidad y Expresión de Género. Textos del Caracol. Núm. 4. México. 2008. p. 12. de 46 pp.

2. IDEM.

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 11 de abril de 2023.– Diputada María Clemente García Moreno (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

FORTALECIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE VIGILANCIA EN EL COBRO DE LOS SERVICIOS DE ARRASTRE, ARRASTRE Y SALVAMENTO Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS, A FIN DE REGULAR LOS COSTOS EXCESIVOS EN EL SERVICIO DE GRÚAS Y CORRALONES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT y a sus homólogas de las 32 entidades federativas a fortalecer las medidas de vigilancia en el cobro de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos, con la finalidad de regular los costos excesivos en el servicio de grúas y corralones, a cargo del diputado Raymundo Atanacio Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe diputado Raymundo Atanacio Luna, integrante del grupo parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1 , fracción I y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a sus homologas de las 32 Entidades federativas, fortalecer las medidas de vigilancia en el cobro de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos, con el fin de regular los costos excesivos en el servicio de grúas y corralones.

Exposición de Motivos

Que un Servicio de Grúas consiste en llevar a un vehículo regularmente a un taller mecánico para ser reparado, o bien, consiste en darles apoyo para ser rescatados de sitios en donde no exista una superficie adecuada para conducirlos. Normalmente estos servicios de remolque habitualmente están provistos por un operador de emergencias vehiculares.

Es así que los vehículos que sean remolcados a causa de un accidente son trasladados a un lugar seguro para ser reparados.

Que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes es la encargada de establecer la base tarifaria de servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos en el autotransporte federal.

Y que las tarifas autorizadas por dicha Secretaría, son las máximas autorizadas y los permisionarios están obligados a respetarlas.

Sin embargo algunos permisionarios de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito, han dado paso a la generación de mafias y monopolios en dichos servicios, ya que incurren en constantes abusos en los cobros, que exceden desde un 200 hasta 1000 por ciento en las tarifas establecidas en reglamentos y cargos por servicios no prestados e incluso permiten el desmantelamiento de unidades y robo de mercancías en los corralones, datos emitidos por la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, A.C, la Unión de Propietarios de Autobuses de Turismo, Pasaje y Carga A. C., la Asociación Nacional del Transporte Privado, y la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga.

Que dicha base tarifaria se dio a conocer en el año 2017 en el Diario Oficial de la Federación.

Ante estos hechos, los transportistas y automovilistas resultan ser los más afectados en los cobros excesivos por los usos que llegan a requerir por parte de las grúas.

En México es un tema que todos los días afecta a las y los mexicanos en sus bolsillos, pues es un problema que a pesar de contar con tabuladores establecidos por parte de la SICT no se da paso a un cobro parejo.

Y la inconformidad no sólo es por el cobro excesivo sino también por la prestación del servicio auxiliar de arrastre, arrastre y salvamento, y/o depósito de vehículos especialmente en los traileros que son quienes sufren de mayores percances que no les dejan otra opción más que la de acudir al servicio de las grúas.

Es por ello que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes establece las siguientes generalidades en relación a la Base de Tarifa de los servicios de arrastre:

1. El servicio de arrastre consiste en llevar a cabo las maniobras necesarias para enganchar a una grúa, vehículos que, estando sobre sus propias ruedas, deban ser trasladados por caminos y puentes de jurisdicción federal.

2. Cuando el vehículo se desplace por su propia fuerza motriz, sólo se realizará el cobro del banderazo de salida, así como de las maniobras de abanderamiento y del personal utilizado, en su caso.

3. Los vehículos que utilicen el servicio de arrastre, deberán encontrarse descargados. Si el arrastre se realiza a vehículos que transportan mercancías, las maniobras de descarga correrán por cuenta del usuario o bien, podrán ser efectuadas por el permisionario de grúas, siempre y cuando medie acuerdo y/o autorización previa por escrito sobre el precio de éstas.

4. En cobros por kilómetro, las fracciones mayores a quinientos metros se consideran como un kilómetro y, las fracciones en distancias menores a quinientos metros, no se cobrarán.

5. En los servicios de arrastre en que sea indispensable utilizar caminos y puentes de cuota para la ejecución del servicio, los pagos serán a cargo del permisionario en lo que respecta a las cuotas aplicables a la grúa, y en las correspondientes al vehículo objeto del servicio, serán a cargo del propietario del mismo, previo acreditamiento con los comprobantes correspondientes.

El costo del servicio de arrastre se integra por:

•Cobro fijo por unidad de servicio (“banderazo”).

• Factor de cobro por vehículo-kilómetro recorrido materialmente.

6. El arrastre de los vehículos tractocamión de configuración articulada sencilla con un semirremolque, se cobrará como una sola unidad, salvo que por los daños que sufra el tractocamión no sea factible articularlo, el remolque o semirremolque, en este caso, se cobrará el arrastre en forma independiente cada uno de ellos.

7. En el supuesto de arrastre de los tractocamiones de configuración doblemente articulados, se cobrará como un solo vehículo el tractocamión y el primer remolque o semirremolque; en tanto, el segundo remolque o semirremolque se cobrará en forma independiente.

8. En el caso de que por los daños que sufra el tractocamión no sea factible articular el primer remolque o semirremolque, se cobrará cada uno de éstos en forma independiente, así como el segundo remolque o semirremolque, con independencia de que sea factible o no su articulación.

Por lo que este punto de acuerdo tiene la finalidad de regular los cobros excesivos que se dan en los servicios de grúas y corralones como lo establece el Artículo 1o del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares.

Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a esta Honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y a sus homologas de las 32 Entidades federativas, fortalecer las medidas de vigilancia en el cobro de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos, con el fin de regular los costos excesivos en el servicio de grúas y corralones.

Referencias

- www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/GRUAS/BT_ Arrastre.pdf

- DOF - Diario Oficial de la Federación

- https://www.milenio.com/estados/gruas-concesion-corralones-automovilistas

- Base Tarifaria de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento y Depósito de Vehículos en el Autotransporte Federal I. Aspectos Generales Un usuario es toda persona física o moral que utilice los servicios auxiliares de arrastre, arrastre y salvamento (sct.gob.mx)

- https://www.quadratin.com.mx/justicia/atiende-profeco-inconformidades-por-costo s-irregulares-de-gruas/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de Abril de 2023.– Diputado Raymundo Atanacio Luna (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

EXHORTO A LA FGR, A ESCLARECER EL CASO DE LAS TRES MUJERES NO LOCALIZADAS: MARITZA TRINIDAD PÉREZ RÍOS, MARINA PÉREZ RÍOS Y DORA ALICIA CERVANTES SÁENZ

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR a esclarecer el caso de las tres mujeres no localizadas: Maritza Trinidad Pérez Ríos, Marina Pérez Ríos y Dora Alicia Cervantes Sáenz; asimismo, se otorgue respuesta pronta y expedita a los familiares de las víctimas, a cargo de la diputada Rosa María González Azcárraga, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Rosa María González Azcárraga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Se estima que alrededor de 26 personas desaparecen al día en México, lo que coloca a nuestro país entre los diez primeros lugares de desapariciones forzadas en América Latina, esto de conformidad con datos que emitió la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tan sólo en 2022, se alcanzó una cifra histórica de 109 mil 516 personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) siendo las entidades con mayor registro: Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Sinaloa, Ciudad de México y Michoacán.

Por otro lado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), insiste en que esta problemática hace referencia a una cuestión estructural derivada de múltiples factores como lo son: corrupción, impunidad, violencia, inseguridad y complicidad de diversas personas servidoras públicas que se encuentra coludidas con la delincuencia organizada, misma que se agudiza con las condiciones de desigualdad y pobreza extrema que impiden el desarrollo social en el país.

En este sentido, es preciso señalar que el pasado 27 de febrero del año en curso, la Comisión local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, emitió una alerta por la desaparición de tres mujeres en el municipio de China, Nuevo León bajo los nombres: Maritza Trinidad Pérez Ríos y Marina Pérez Ríos, hermanas de 47 y 48 años y una tercera, Dora Alicia Cervantes Sáenz, de 53 años respectivamente, todas originarias de Doctor Coss, Nuevo León, pero ciudadanas norteamericanas de Mc Allen, Texas.

De acuerdo con información periodística, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, informó que las tres mujeres cruzaron hacia México, el viernes 24 de febrero, en una camioneta Pick Up Chevrolet Silverado, cabina y media, modelo 1996, color verde, con placas de Texas, con destino al municipio de Montemorelos, ubicado aproximadamente a 122 Kilómetros de doctor Coss, con la intención de vender ropa; sin embargo, se desviaron de ruta y tomaron la carretera hacia Méndez, Tamaulipas; al respecto, se dio a conocer que “La última vez que se obtuvo información en relación a su paradero fue a las 5: 40 horas del sábado 25 de febrero, cuando se encontraban en el centro de China, a 30 kilómetros de Peña Blanca en el municipio de General Bravo, colindante con Tamaulipas, donde se suscitó un enfrentamiento entre dos grupos armados, con saldo de cuatro personas calcinadas”.

Sin embargo, algunos familiares denunciaron ante diversos medios de comunicación la falta de apoyo por parte del gobierno estatal y federal para obtener información relacionada con la búsqueda de estas tres mujeres, exponiendo que los primeros días en que se reportaron como desaparecidas, las autoridades intentaron localizarlas, pero a partir del cuarto día cesaron con la búsqueda.

Aunado a este hecho, el caso se hizo tomó relevancia derivado del secuestro de cuatro jóvenes más estadounidenses: Shaeed Woodard, Zindell Brown, Eric Williams y Latavia Washington McGee, en Matamoros, Tamaulipas, el pasado 3 de marzo, quienes presuntamente fueron privados de su libertad por un grupo del crimen organizado; periodo en que la Casa Blanca se pronunció respecto a este asunto, calificándolo como inaceptable; asimismo, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado, a través del cual, se ofrecía una recompensa de 50.000 dólares, a quien otorgara alguna pista que pudieran llevar a la ubicación de los ciudadanos americanos.

En respuesta, las autoridades mexicanas activaron la alerta de búsqueda de estos jóvenes, de los cuales más tarde, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, confirmó la muerte de dos de los cuatro jóvenes, uno herido y otro más que se encontró con vida.

Por otro lado, el FBI informó que a más de dos semanas de su desaparición no se tenía ninguna pista relacionada con su paradero, existiendo una gran preocupación por la falta de información en cuanto a la búsqueda.

Contrasta la poca atención mediática que ha recibido este caso en comparación con el de los cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados la semana pasada en el norte del país, asimismo, la premura con la que el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, otorgó resultados en dicha búsqueda al gobierno de Joe Biden, máxime frente la creciente ola de desapariciones que se sufre en todo el país, con más de 112,000 personas no localizadas.

Es por lo antes expuesto; que exhortó, respetuosamente, a la Fiscalía General de la República para que se esclarezca el caso de las tres mujeres no localizadas: Maritza Trinidad Pérez Ríos y Marina Pérez Ríos y Dora Alicia Cervantes Sáenz, asimismo, se otorgue respuesta pronta y expedita a los familiares de las víctimas.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta a la Fiscalía General de la República para que se esclarezca el caso de las tres mujeres no localizadas: Maritza Trinidad Pérez Ríos y Marina Pérez Ríos y Dora Alicia Cervantes Sáenz, asimismo, se otorgue respuesta pronta y expedita a los familiares de las víctimas.

Notas

1 Análisis Situacional de los Derechos Humanos de las Personas Desaparecidas.-

http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=30062

2 ¿Qué ocurrió con las tres mujeres desaparecidas en China, Nuevo León? Esto se sabe hasta el momento.-

https://www.milenio.com/politica/comunidad/tres-mujeres-desapare cidas-en-china-nl-esto-sabemos

3 ¿Qué ocurrió con las tres mujeres desaparecidas en China, Nuevo León? Esto se sabe hasta el momento.

https://www.milenio.com/politica/comunidad/tres-mujeres-desapare cidas-en-china-nl-esto-sabemos

4 Las autoridades encuentran a los cuatro estadounidenses desaparecidos en Tamaulipas, dos vivos y dos muertos. -

https://elpais.com/mexico/2023-03-07/las-autoridades-encuentran- vivos-a-dos-de-los-cuatro-estadounidenses-desaparecidos-en-tamaulipas.html

5 EU investiga la desaparición de tres mujeres que viajaron a Nuevo León.-

https://politica.expansion.mx/estados/2023/03/11/eu-investiga-la -desaparicion-de-tres-mujeres-que-viajaron-a-nuevo-leon

6 Las autoridades encuentran a los cuatro estadounidenses desaparecidos en Tamaulipas, dos vivos y dos muertos.-

https://elpais.com/mexico/2023-03-07/las-autoridades-encuentran- vivos-a-dos-de-los-cuatro-estadounidenses-desaparecidos-en-tamaulipas.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 16 de marzo de 2023.– Diputada Rosa María González Azcárraga (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.