INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO Y PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

«Comunicación de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con fundamento en los artículos 100, numeral 1, y 102, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 12, numeral 2, del Reglamento de la Contingencia Sanitaria, se informa a la honorable asamblea los turnos dictados a diversas iniciativas con proyecto de decreto y proposiciones con punto de acuerdo, registradas en el orden del día del 14 de febrero de 2023 y que no fueron abordadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023.– Diputado Santiago Creel Miranda (rúbrica), presidente.»

«Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que adiciona un artículo 15-B a la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por los diputados Carlos Alberto Puente Salas, Nayeli Arlen Fernández Cruz y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

2. Que adiciona el artículo 43 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por los diputados Carlos Alberto Puente Salas, Nayeli Arlen Fernández Cruz y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

3. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de representación efectiva y paridad, a cargo de la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión.

4. Que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, a cargo del diputado Marcelino Castañeda Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen, y a la Comisión de Defensa Nacional, para opinión.

5. Que reforma el artículo 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen, y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para opinión.

6. Que reforma y adiciona el artículo 9o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

7. Que reforma y adiciona el artículo 10 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

8. Que reforma y adiciona el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

9. Que reforma el artículo 44 de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Turismo, para dictamen.

10. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

11. De Decreto por el que se declara el 26 de septiembre de cada año como el Día Nacional del Relacionista Público, suscrita por la diputada Paulina Rubio Fernández y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

12. Que deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por el diputado Paulo Gonzalo Martínez López y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

13. Que reforma los artículos 43 y 47 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo de la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

14. Que deroga el quinto párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por el diputado Paulo Gonzalo Martínez López y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

15. Que reforma el artículo 69 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo de la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

16. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, suscrita por la diputada Carmen Rocío González Alonso y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

17. Que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lidia Pérez Bárcenas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

18. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, de la Ley de Puertos y de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, a cargo de la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisiones Unidas de Economía, Comercio y Competitividad, y de Marina, para dictamen.

Proposiciones con punto de acuerdo

1. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Jalisco, a publicar en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la justificación de la devolución parcial del presupuesto asignado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en dicha entidad en el Ejercicio Fiscal 2021, a cargo de la diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

2. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno y a la Fiscalía de Jalisco, con relación a los feminicidios cometidos en contra de Alondra "N" y Liliana "N" en instalaciones de esa Fiscalía en el municipio de Poncitlán y por las diversas denuncias de agresiones en contra de mujeres en la entidad, a cargo de la diputada Ana Laura Sánchez Velázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

3. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno y a la Secretaría de Seguridad, de Nuevo León, a implementar estrategias y acciones para combatir los índices de inseguridad que se registran en dicha entidad, a cargo de la diputada Karina Marlene Barrón Perales, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

4. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS, a revisar, analizar y cotejar los registros de los productores de caña de azúcar en los ingenios azucareros y productores de alcohol, relacionados a descuentos por cuotas para el pago del seguro social, con base en lo estipulado en el convenio IMSS-Uniones cañeras, a cargo de la diputada Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Turno: Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

5. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF y a la FGR, a publicar las denuncias que constituyen un daño al erario público, así como a dar seguimiento y sancionar a todos los servidores públicos ligados a los actos de corrupción en el caso Segalmex, a cargo de la diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

6. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sader, a la SHCP y a la SE, a diseñar e implementar programas emergentes de apoyo dirigidas tanto a los productores de tortilla de maíz, como a la población en general, para complementar el ingreso de los pequeños y medianos productores agropecuarios y los consumidores, a cargo del diputado Marcelino Castañeda Navarrete, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Turno: Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

7. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a hacer público el destino del presupuesto aprobado en el año 2022, así como a las comisiones locales de búsqueda de las 32 entidades federativas, a hacer público el destino del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, a cargo de la diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

8. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la Segob y a la FGR, a promover e instrumentar una política nacional eficaz de prevención, atención y erradicación de las desapariciones cometidas por particulares y de las desapariciones forzadas, a cargo de la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

9. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SICT, a cancelar el incremento en la actualización de tarifas en autopistas de cuota federal, así como a efectuar un constante y mejor mantenimiento a las carreteras, suscrito por los diputados Laura Lorena Haro Ramírez, Cristina Ruiz Sandoval y Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

10. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a hacer público un informe sobre el plan de respaldo del Gobierno de México hacia Pemex, en lo referente a su deuda y la garantía que ofrece el Estado mexicano al respecto, a cargo de la diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

11. Con punto de acuerdo, relativo al homicidio de la diputada local de Morelos, Gabriela Marín Sánchez, a fin de que se esclarezcan estos lamentables hechos, así como para emprender acciones dirigidas a combatir la inseguridad en el estado, a cargo del diputado Klaus Uwe Ritter Ocampo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

12. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a instaurar una campaña nacional de salud mental en favor de niñas, niños y adolescentes, a cargo de la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

13. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Guardia Nacional y a diversas autoridades, a fortalecer la seguridad de Guanajuato, en torno a la violencia sistemática que ha sufrido dicha entidad durante los últimos meses, a cargo de la diputada Sofía Carvajal Isunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

14. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE y al estado de Morelos, a fortalecer los esquemas de coordinación e implementar acciones a solucionar el corte del suministro de agua, a cargo de la diputada Jéssica Ortega de la Cruz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Turno: Comisión de Energía, para dictamen.

15. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía, a incluir a las minorías en la convocatoria para elegir Consejeros Electorales a fin de que, por lo menos, alguna persona consejera provenga de algún grupo históricamente excluido, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Junta de Coordinación Política, para su atención.

16. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a instruir al Sipinna, a implementar una estrategia para establecer una adecuada política de estado para la infancia, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

17. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a cumplir con el compromiso presidencial de descentralizar el gobierno y con ello reubique Pemex en Ciudad del Carmen, a cargo del diputado Pedro Armentía López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

18. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno de Hidalgo, a la SHCP y al INPI, a implementar el programa pavimentación de caminos rurales en diversos municipios de Hidalgo, a cargo del diputado Otoniel García Montiel, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

19. Con punto de acuerdo, relativo a la integración de la Comisión Intersecretarial de Fomento a la Industria Vitivinícola, a cargo del diputado José Luis Báez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

20. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las fiscalías de los estados, a brindar especial protección a las madres y padres de personas víctimas de desaparición que se involucran en las labores de búsqueda de sus hijas e hijos, a cargo de la diputada Sofía Carvajal Isunza, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

21. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía de Jalisco, a realizar una competente y exhaustiva revisión de la carpeta de investigación que involucra a la ciudadana Laura Lucía Bervera Rivera por el delito de fraude, así como a garantizar el cumplimiento y respeto a sus derechos humanos, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

22. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la SICT, a revisar y actualizar el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, con el objetivo de dar certidumbre jurídica y proteger la seguridad de las personas en el sector de transportes, a cargo del diputado José Luis Báez Guerrero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

23. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a suspender los incrementos anunciados por la SICT a las tarifas en 2023 en autopistas de cuota federal, así como los anunciados a las tarifas eléctricas y de gas LP, a cargo de la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz. del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

24. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la FGR y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a investigar de manera exhaustiva y expedita los contratos celebrados entre el Gobierno de la ciudad y las empresas de Genaro García Luna durante la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Justicia, para dictamen.

25. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Colegisladora, a realizar las acciones que sean necesarias, para designar a las personas Consejeras que ocuparán las vacantes que actualmente hay en el INAI, a cargo del diputado Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

26. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las treinta y dos entidades federativas, a difundir material gráfico que contenga la clasificación de la Jerarquía de la Movilidad, a cargo de la diputada Alma Delia Navarrete Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Movilidad, para dictamen.

27. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales, a la Secretaría de Salud y la FGR, a investigar y fortalecer los programas para la atención en los Centros de Rehabilitación, a cargo de la diputada Mónica Becerra Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Turno: Comisión de Salud, para dictamen.

28. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y el IMPI, a iniciar el proceso de registro para que los tacos de canasta cuenten con una denominación de origen, a cargo de la diputada Dulce María Silva Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

29. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas dependencias federales, a tomar las medidas necesarias a fin de que prohíban y eviten todo tipo de acciones y experimentos de geoingeniería en el territorio nacional, a cargo de la diputada Adriana Bustamante Castellanos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

30. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SICT y Capufe, a revisar la posible cancelación de la concesión de la autopista Mazatlán-Culiacán, a cargo de la Concesionaria Autopistas y Libramientos Pacífico Norte, SA de CV, por el aumento desmedido en la cuota de peaje, a cargo de la diputada Nancy Yadira Santiago Marcos, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

31. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SICT, a verificar con base a lo establecido en el Programa Maestro de Desarrollo 2021-2025, los tiempos de los entregables de avance de la obra relativa a la ampliación del Aeropuerto Internacional Abraham González de Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del diputado Daniel Murguía Lardizábal, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

32. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y su homóloga en Puebla, a implementar coordinadamente las acciones necesarias para combatir la deforestación y la tala ilegal en la zona boscosa de Mexcaltepec, municipio de Ixtacamaxtitlán, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

33. Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Policía Cibernética Federal y sus unidades homólogas de las 32 entidades federativas, a realizar patrullajes web de manera permanente, con el fin de identificar y denunciar los retos virales que están poniendo en riesgo la vida de los niños y adolescentes, a cargo del diputado Raymundo Atanacio Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.

Turno: Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.»

INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

Iniciativa que adiciona un artículo 15-B a la Ley de Coordinación Fiscal, suscrita por los diputados Carlos Alberto Puente Salas, Nayeli Arlen Fernández Cruz y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Iniciativa que adiciona el artículo 43 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, suscrita por los diputados Carlos Alberto Puente Salas, Nayeli Arlen Fernández Cruz y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de representación efectiva y paridad, a cargo de la diputada Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario del PRD

Elizabeth Pérez Valdez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea, iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de representación efectiva y paridad, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Planteamiento del problema

La democracia es, sin duda, el régimen político que tiene mayor vocación por el diálogo. Como valor ético de la política y como método para lograr consensos, el diálogo es consustancial a la democracia; permite la comunicación, el conocimiento, la comprensión, la empatía y los acuerdos entre actores políticos. Es también una forma de articulación dinámica entre la mayoría y las minorías, ya que en el proceso de toma de decisiones todos los actores políticos tienen el derecho de expresar sus puntos de vista para ser tomados en cuenta. De ese modo, el diálogo norma las relaciones entre los actores políticos, y entre éstos y la ciudadanía.

Tal y como lo refiere el artículo 40 de nuestra Constitución, el Estado mexicano está constituido como "...República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental".

El Dictionnaire Universel de Furetière (1690) se define a la democracia como: "clase de gobierno donde el pueblo tiene toda la autoridad. La democracia sólo floreció en las repúblicas de Roma y Atenas".

La democracia política moderna es un sistema de gobierno en el que los ciudadanos pueden llamar a cuentas a los gobernantes por sus actos en el dominio público, a través de la competencia y cooperación de sus representantes electos.

El concepto de democracia ha tenido un avance paulatino y constante desde su concepción inicial, el cual podemos dividir en dos aristas para su concepción más profunda indirecta o representativa y deliberativa.

a) La democracia indirecta o representativa, surge de representación del derecho civil. En donde diversas personas actúan en nombre de otras para la toma de decisiones políticas, los cuales son elegidos mediante elecciones periódicas.

b) La democracia deliberativa busca un procedimiento de toma de decisiones mediante la discusión colectiva, cuya participación busca que se garantice la participación de todas las personas interesadas, que todas pueden expresar su punto de vista y se acepte un consenso mayoritario.

Si bien es cierto, el ejercicio democrático no solo se circunscribe a la elección de las y los representantes populares. Para efectos de la presente, lo circunscribiremos al Poder Legislativo, mediante el cual las y los ciudadanos, delegan parte de su soberanía a favor de las y los legisladores que eligieron en elecciones libres, periódicas y transparentes, ya sea por ser afines a sus principios ideológicos (tratándose de partidos políticos) o bien por las propuestas legislativas o de campaña que las y los respectivos legisladores realizaron en un momento determinado, por lo que indistintamente del origen que motivo a las y los ciudadanos al favorecer a una o un legislador determinado, lo cierto, es que las o los votantes consintieron su representación dentro de una Cámara (Diputados o Senadores), por lo que al omitir en la integración o conformación de un Congreso o Comisión Permanente, a un partido político que ya acreditó su legal tenencia a conformarse como grupo parlamentario, se estarían violentando no solo los derechos partidarios o políticos del grupo político. La importancia trasciende en la esfera política de los derechos de las y los ciudadanos que representan, porque ello les impide el ejercicio pleno del cargo para el que fueron electas y electos.

Resultando necesario, observar lo señalado en la jurisprudencia 02/2022, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, el cual entre otras cosas refiere: "Por tanto, el derecho a ser votado no se agota con el proceso electivo, pues también comprende permanecer en él y ejercer las funciones que le son inherentes, por lo que la naturaleza y tutela de esta dimensión está comprendida en la materia electoral.

Atendiendo a las consideraciones precisadas con anterioridad, circunscribiremos la presente a la integración de la Comisión Permanente, el cual es un órgano legislativo, constitucional, bicameral y temporal, misma que de conformidad con el artículo 78 constitucional federal, está compuesta por diecinueve diputaciones y dieciocho senadurías, designadas por las respectivas cámaras mediante voto secreto y que desempeña sus funciones durante los recesos del Congreso.

La Comisión Permanente se constituye como un órgano de decisión, ya que asume funciones de las Cámaras y el Congreso de la Unión durante sus recesos, de ahí que su integración bajo los principios de máxima representación y paridad bajo los criterios de proporcionalidad y pluralidad resulta fundamental.

Al referirnos a la proporcionalidad, atañe a un "balance o ponderación entre dos principios que compiten en un caso concreto para determinar si la medida legislativa es razonable y proporcional", es decir que "persigue proveer soluciones para resolver adecuadamente los conflictos entre los derechos fundamentales y otros derechos fundamentales o bienes constitucionales, a través de un razonamiento que contrasta intereses jurídicos opuestos".

Mientras que la pluralidad, "ha sido entendido como uno de los conceptos clave en la visión postmoderna del derecho, en la cual se da la coexistencia de espacios legales superpuestos interconectados e interrelacionados".

Por lo que, al adminicular los anteriores criterios a la luz de los principios de máxima representación, es decir, a través del cual se le da a la democracia el más alto nivel de investidura; el cual junto con el principio de paridad, mismo que tras la reforma constitucional se convirtió en una regla permanente para la integración de los órganos de elección popular y de los órganos representativos que pretende garantizar la representación de la pluralidad de la sociedad mexicana y que constituye una de las expresiones más tangibles de la igualdad de género vulneraría a la propia Constitución, por lo que su aplicación y respeto irrestricto deben de ser garantizados en todas las legislaciones máxime si se trata de los ordenamientos que regulan a este poder legislativo.

Por lo que en concordancia a lo expuesto me permito referirme a lo determinado por la Sala Superior del TEPJF en las resoluciones SUP-JE-281/2021 y acumulado y SUP-JE-93/2022, cuyas determinaciones resolvieron que la integración de la Comisión Permanente debe ser proporcional, plural y paritaria acorde a la máxima representación efectiva.

No obstante, sé que como máximo órgano legislativo que busca consensos y que se ha consolidado como impulsor de la inclusión, la diversidad y de la paridad no necesitaremos la intervención de un poder diverso para dar cumplimiento a los principios que nos rigen, por lo que someto a su consideración la siguiente:

Para un mejor entendimiento presentamos el siguiente cuadro comparativo:

Por lo expresado, se somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma y adiciona el numeral 1 adicionándole un párrafo segundo, tercero y cuarto, las fracciones I, II, III y IV, recorriendo el numeral subsecuente del artículo 117; se adiciona un artículo 117 Bis y un artículo 117 Ter y se reforma el artículo 118 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma y adiciona el numeral 1 adicionándole un párrafo segundo, tercero y cuarto, las fracciones I, II y III, recorriendo el numeral subsecuente del artículo 117; se adiciona un artículo 117 Bis y un artículo 117 Ter; y se reforma el artículo 118 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 117.

1. La Comisión Permanente se compone de treinta y siete miembros, de los que diecinueve serán diputados y diputadas, y dieciocho senadores y senadoras, quienes serán designados mediante voto secreto por las respectivas Cámaras, durante la última sesión de cada periodo ordinario. Para suplir en sus ausencias a los titulares, las Cámaras nombrarán de entre sus integrantes en ejercicio el mismo número de sustitutos.

La Comisión Permanente se integrará observando los principios de paridad y máxima representación efectiva, sustentado en los criterios de proporcionalidad y pluralidad.

2. ...

Artículo 117 Bis.

1. A fin de cumplir con el principio de paridad, al inicio de cada periodo legislativo los grupos parlamentarios de cada Cámara entregará una lista de las legisladoras y legisladores que podrán integrar la Comisión Permanente.

La integración final de las y los titulares y sustitutas deberá realizarse en un 50% de hombres y mujeres tanto de las personas titulares como sustitutas.

Por lo que, cada periodo de instalación de la Comisión Permanente deberá realizarse de manera que si en el periodo inmediato anterior correspondió su integración a un género en el siguiente corresponderá al otro, en pro del ejercicio de la igualdad sustantiva y la paridad.

Artículo 117 Ter.

1. En la distribución de los espacios en la Comisión Permanente deberá aplicarse la siguiente formula:

I. Corresponderá por asignación directa a cada grupo parlamentario al menos un integrante titular y sustituto en cada una de las Cámaras de lista que previamente fue entregada.

II. Para la distribución de los espacios restantes se aplicará una fórmula de representación proporcional, de conformidad con las siguientes:

a) Cociente natural: Es el resultado de dividir el número de integrantes restantes posterior a la asignación directa de la Comisión Permanente que corresponda por cada Cámara entre el número de legisladores a cada grupo parlamentario.

b) Resto mayor: Es el remanente de cada grupo parlamentario, una vez hecha la distribución de integrantes mediante el cociente natural. El resto mayor se utilizará cuando hubiese integrantes por distribuir, una vez aplicada la asignación directa y el cociente natural, comenzando por el resto mayor más alto, continuando en decreciente hasta que ya no existan más espacios por asignar.

En la integración final de las y los legisladores, se realizará con la suma de la asignación directa y por la vía de la representación proporcional.

Artículo 118.

1. El mismo día en que las Cámaras acuerden su respectiva clausura de sesiones ordinarias, las diputadas, los diputados, las senadoras y los senadores que hubieren sido nombrados como miembros de la Comisión Permanente, se reunirán a efecto de elegir a su Mesa Directiva en el recinto que corresponda conforme al artículo anterior.

2. La Mesa Directiva de la Comisión Permanente, deberá elegirse de manera paritaria conforme al siguiente procedimiento:

a)...

b)...

c) Los diputados y senadores elegirán por mayoría, en votación por cédula un presidente o presidenta, un vicepresidente o vicepresidenta y cuatro secretarios o secretarias; de estos últimos, dos deberán ser diputados o diputadas y dos senadores o senadoras.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para efectos de la paridad y progresividad en el derecho, en la integración de la Comisión Permanente siguiente a la publicación del presente decreto, las listas deberán encabezarse por mujeres, previendo que cuando menos ésta se integre por 19 mujeres y 18 hombres, de manera que si en el periodo inmediato anterior correspondió su integración a un hombre en el siguiente corresponderá a una mujer, lo que se realizará de manera subsecuente.

Notas

1 https://portalanterior.ine.mx/documentos/DECEYEC/dialogo_y_democracia.htm, Dialogo y Democracia

2 Philippe Schmittery y Terry Lyn Karl, What is democracy ... and is not, en Larry Diamond y Marc Plattner (editores), The Global Resurgence of Democracy, Baltimore y Londres, The John Hopkins University Press, 1993, página 40, citada en Elecciones y Democracia, IFE.

3 https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=2/2022&tpoBusqueda=S&sWord=representacion,efectiva

4 Artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.

5 SUP-JE-93/2022, pág. 10

6 https://www.corteidh.or.cr/tablas/r28319.pdf

7 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3875/24.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2022.– Diputada Elizabeth Pérez Valdez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión.

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL

«Iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, a cargo del diputado Marcelino Castañeda Navarrete, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Marcelino Castañeda Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La reforma constitucional publicada el 10 de junio de 2011, en la cual se garantiza e incorpora la protección y el reconocimiento de los derechos humanos, se constituyó como un paso fundamental en el sistema jurídico mexicano, el cual debe crear los ordenamientos necesarios para dar cumplimiento a este gran compromiso.

El artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece:

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

“Los derechos humanos protegen a quienes hacen del trabajo lícito su modo de subsistencia y posibilitan su ejercicio para que las personas laborantes realicen su actividad en plena libertad. Estos derechos humanos constituyen un catálogo de prerrogativas que al desarrollarse derivan en lo que podemos identificar como justicia del trabajo.

Los derechos humanos laborales se encuentran íntimamente ligados a la seguridad social, al derecho a la permanencia en un empleo, al derecho a ser indemnizado en caso de despido sin justa o legal causa, a un salario, a una vivienda, a capacitación y adiestramiento, a una jornada máxima laboral, a la seguridad social, al reparto de utilidades, el derecho a la asociación profesional, entre otros”.

Planteamiento del problema

“El derecho al trabajo es esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. El derecho al trabajo sirve, al mismo tiempo, a la supervivencia del individuo y de su familia y contribuye también, en tanto que el trabajo es libremente escogido o aceptado, a su plena realización y a su reconocimiento en el seno de la comunidad”.

Sin embargo y pese a que tanto nuestra Constitución Política como los diversos tratados internacionales suscritos por México, reconocen y protegen el derecho al trabajo, la realidad es que no todas las trabajadoras y trabajadores en México gozan y ejercen plenamente de este derecho y las prerrogativas que se contemplan dentro de esto, como lo son la estabilidad laboral y los derechos a la seguridad social.

“La estabilidad en el empleo es un derecho de los trabajadores para conservar su trabajo durante todo el tiempo pactado o determinado en la ley para la duración de la relación de trabajo puede perderse sólo si existe una causa legalmente justificada para la recisión sin responsabilidad para el patrón. Por tanto, este derecho se adquiere desde el momento mismo del nacimiento de la relación de trabajo”.

La Organización Internacional de Trabajo define a la seguridad social “como la protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos e hijas”.

La construcción de las medidas constitucionales y convencionales son no sólo una garantía de los derechos y libertades del ser humano, sino también una oportunidad del Estado Mexicano para desarrollar con eficacia sus deberes nacionales e internacionales.

“Conforme al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de toda persona a la seguridad social, para lo cual podrá implementar regímenes de seguridad social diferenciados que atiendan las circunstancias y necesidades de los distintos sectores de la población.”

No obstante, somos nosotros, la propia Cámara de Diputados quienes violentamos los derechos antes mencionados a nuestras y nuestros trabajadores colocándolos en un estado de incertidumbre y en una situación desventajosa, violentándoles el derecho a la seguridad jurídica.

Actualmente la Cámara de Diputados, tiene una amplia contratación de personal por honorarios, es decir, no gozan ni de estabilidad en el empleo ni de la protección de la seguridad social, desde el momento en que empiezan a laborar con nosotros.

Y entre ellas y ellos, se encuentran nada más y menos que a nuestras y nuestros asesores que se encargan de coadyuvar en los procesos parlamentarios más indispensables, quienes gozan de nuestra confianza, sin embargo, no han contado con nuestra reciprocidad, por lo que resulta fundamental que, así como hemos legislado en que otros trabajadores tengan derecho a la seguridad social también gocen de estos derechos todos y cada uno de los trabajadores de esta Cámara y de toda la Federación que son contratados por honorarios.

Sirviendo de apoyo a lo señalado la tesis con registro digital: 2023771, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Laboral

Tesis: I.14o.T.54 L (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, noviembre de 2021, Tomo IV, página 3345, la cual a la letra señala:

Derecho humano a la seguridad social. La exclusión de los trabajadores eventuales que tengan celebrado un contrato menor a un año contenida en el artículo 7 del reglamento en materia de relaciones laborales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, resulta inconstitucional e inconvencional por impedir su incorporación al régimen de seguridad social.

Hechos: A un trabajador eventual del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) se le negó la incorporación al régimen de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, porque celebró un contrato de trabajo por menos de un año, al aplicársele la primera parte del segundo párrafo del artículo 7 del Reglamento en Materia de Relaciones Laborales de ese organismo, que establece que sólo se debe incorporar al citado régimen a los trabajadores que tengan celebrado un contrato por más de un año.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el artículo 7, párrafo segundo, primera parte, del Reglamento en Materia de Relaciones Laborales del Instituto Electoral de la Ciudad de México viola los artículos 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución General y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque excluye de manera irrazonable el derecho a la seguridad social de los trabajadores con nombramiento menor a un año, sin una justificación objetiva.

Justificación: Ello es así, pues los derechos humanos en materia de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado fueron reconocidos a partir de la reforma a la Constitución General, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1960, en la que no se hizo distinción alguna entre los trabajadores burocráticos (ya sean de raya, temporales o con nombramiento definitivo). Asimismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), en la Observación General Número 19, indicó que los Estados Parte deben tomar medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para que los sistemas de seguridad social incluyan a los trabajadores insuficientemente protegidos por la seguridad social, incluidos los trabajadores a jornada parcial u ocasionales. Por ende, la previsión normativa que impide incorporar a los trabajadores eventuales que tengan un contrato menor a un año, afecta desproporcionadamente sus derechos para gozar de asistencia médica, prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez, sobrevivencia, así como en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, crédito a la vivienda y ahorro para el retiro, durante la vigencia de la relación laboral, sin que dicho reglamento justifique tal restricción. Máxime que la obligación de afiliar y pagar cuotas de seguridad social sólo se mantiene durante la vigencia de la relación laboral; de esta manera, el trabajador sólo cotizará el tiempo efectivamente laborado y no más, lo que de manera alguna pueda afectar en forma relevante los recursos económicos asignados para el funcionamiento del instituto de seguridad social.

De la anterior tesis se colige, que el señalamiento de temporalidad para impedir la incorporación a la seguridad social de las y los trabajadores al Servicio del Estado es inconstitucional e convencional, dado que justamente lo que se pretende es asegurar el trabajo no el tiempo de contratación el cual dependerá de las funciones específicas para el que fue contratado indistintamente que el origen de estos sea por honorarios, lo que categoriza en un subnivel a los profesionistas que son contratados bajo dicha tesitura quienes en lo particular en esta Cámara colaboran de manera activa en la reformas de trascendencia de este país, y en el resto de las dependencias federales de este país, por lo que se merecen nuestro reconocimiento total, por lo que resulta imperante asegurarles que gocen de todos los derechos que la ley les proporciona el tiempo que dure su contratación, lo anterior en un ejercicio de congruencia y reciprocidad con el trabajo que desempeñan.

En el Grupo Parlamentario del PRD creemos que el derecho humano al trabajo, la seguridad social y la estabilidad en el trabajo son principios fundamentales de los cuales todas las personas deben gozar sin excepción, por lo que someto a su consideración la siguiente:

Por las consideraciones antes expuestas, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional

Único. Se reforma el artículo 8 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para quedar como sigue:

Artículo 8o. Quedan excluidos del régimen de esta ley los Trabajadores de confianza a que se refiere el artículo 5o.; los miembros del Ejército y Armada Nacional con excepción del personal civil de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina y el personal militarizado o que se militarice legalmente; los miembros del Servicio Exterior Mexicano; el personal de vigilancia de los establecimientos penitenciarios, cárceles o galeras.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficiala de la Federación.

Segundo. Todas las disposiciones legales que contravengan al presente Decreto se entienden como derogadas.

Tercero. La Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros Dirección General de Finanzas de esta Cámara de Diputados tiene 30 días a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto para realizar las modificaciones pertinentes a fin de otorgar los beneficios establecidos en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a los trabajadores que hasta ese momento fueron considerados como de “honorarios”, así como los beneficios a la misma de manera retroactiva.

Cuarto. Las áreas correspondientes de la Administración Pública Federal, contarán con 90 días a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto para realizar las modificaciones pertinentes a fin de otorgar los beneficios establecidos en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, a los trabajadores que hasta ese momento fueron considerados como de “honorarios”, así como los beneficios a la misma de manera retroactiva.

Notas

1 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/ Cartilla-DH-trabajo.pdf

2 https://www.escr-net.org/es/recursos/observacion-general-no-18-derecho-al-traba jo

3 https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social/article/ view/16324

4 Citado en https://www.gob.mx/profedet/articulos/seguridad-social

5 https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2019900

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de febrero de 2023.– Diputado Marcelino Castañeda Navarrete (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen, y a la Comisión de Defensa Nacional, para opinión.

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL

«Iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de la diputada Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Sonia Mendoza Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federa l, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La huella ecológica en el mundo actualmente ya es muy notoria, pues hoy es común observar alteraciones a nivel climático, así como conductual al hablar de especies, degradación de espacios naturales y, en general, cambios notables en el paisaje a nuestro alrededor.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la huella ecológica “es una herramienta para determinar cuánto espacio terrestre y marino se necesita para producir todos los recursos y bienes que se consumen, así como la superficie para absorber los desechos que se generan, usando la tecnología actual. La huella ecológica de cada ser humano es de 2.7 hectáreas, sin embargo, nuestro planeta tan sólo es capaz de otorgar a cada uno de sus habitantes cerca de 1.8 hectáreas (WWF2012). Esta diferencia indica que cada uno de nosotros utiliza más espacio para cubrir sus necesidades de lo que el planeta puede darnos, es decir, nuestro desarrollo como seres humanos está sobrepasando a la propia naturaleza.

En ese sentido, un aspecto que sobresale en cuanto a impacto humano sobre el ambiente, lo es la comunicación y transporte terrestre, pues para nosotros es vital el contar con infraestructura que nos garantice por un lado la comunicación ya sea a través de la instalación de antenas o artefactos que sirvan para tal efecto, así como la construcción de carreteras.

Este último aspecto en particular afecta en gran medida a la biota que se desarrolla en las zonas donde se construye infraestructura carretera, afectando no solamente sus ciclos de reproducción, sino simplemente obstaculizando sus pasos o cursos naturales en la búsqueda de agua o comida, causando con ello un impacto negativo en cuanto al sostenimiento de las especies endémicas en nuestro país.

Lamentablemente, es común observar en los medios de comunicación la fragmentación de ecosistemas, casos de atropellamiento de especies, así como alteraciones en los patrones conductuales de las mismas que ahora recurren a los hogares cercanos a las zonas serranas o boscosas en búsqueda de alimento, con el riesgo que ello implica.

Tal como mencionan Arroyave y otros (2006), cada año se presentan multitud de casos reportados de atropellamiento de especies alrededor del mundo.

La tabla anterior refleja solo los casos documentados y, lamentablemente, estos muchas veces ni siquiera se reportan.

Ahora bien, al hablar de la fragmentación del hábitat pueden crearse dos fenómenos: el efecto borde y el efecto barrera. El primero es aquel que se causa al crear dos fragmentos de un espacio, cambiando las características bióticas y abióticas del mismo, mientras el segundo es aquel en el que se limita la movilidad de los organizamos evitando su dispersión y colonización, por otro lado, también se alteran los patrones reproductivos de las especies debido al ruido, la presencia humana, el volumen de la vía, el tráfico, etcétera.

En concatenación con lo anterior, estamos de acuerdo en que las vías de comunicación son necesarias, pero debemos tomar medidas, sean éstas estructurales o no estructurales, para que no se afecte a la biota cercana a donde se genera esta infraestructura. Podemos citar ejemplos que mitigan el impacto de la infraestructura en los ecosistemas, tales como sistemas de cercado, reflectores, barreras para evitar el ruido, pasos subterráneos, pasos elevados, repelentes olfatorios, ultrasonido, sistemas de iluminación, etcétera, es decir, contamos con muchas opciones para poder causar un menor impacto en el ambiente cuando se desarrolla infraestructura, pero actualmente no esto está plasmado en ninguna norma, por este motivo, resulta importante contar con dichas medidas en nuestro marco jurídico.

Por lo aquí expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal

Artículo Único. Se reforma el párrafo quinto del artículo 6o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como sigue:

Artículo 6o. ...

...

...

...

Para otorgar las concesiones a las que el presente artículo se refiere, la Secretaría podrá requerir la utilización de materiales reciclados, así como el uso de energías renovables, y en general, toda clase de medidas sustentables y que contribuyan con la protección al medio ambiente, incluyendo las medidas y estrategias técnicas o constructivas, estructurales o no estructurales, necesarias para garantizar la prevalencia de especies animales endémicas, promoviendo su movilidad natural, evitando la fragmentación de ecosistemas, el atropellamiento y los cambios en patrones reproductivos de dichas especies.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/que-es-la-huella-ecologica? idiom=es

2 Arroyave, María del Pilar et. al., Impactos de las carreteras sobre la fauna silvestre y sus principales medidas de manejo. Rev. EIA. Esc. Ing. Antioq [online]. 2006, n.5 [citado 2022-08-03], pp.45-57. Disponible en:

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S 1794-12372006000100004&lng=en&nrm=iso

3 Ibidem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero del 2023.– Diputada Sonia Mendoza Díaz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen, y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para opinión.

LEY DE AGUAS NACIONALES

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 9o. de la Ley de Aguas Nacionales, a cargo de la diputada Sonia Mendoza Díaz, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Sonia Mendoza Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El 12 de julio pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de carácter general de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema o excepcional en cuencas para el año 2022 atendiendo a las condiciones climatológicas que prevalecen en nuestro país y a que, derivado de los efectos del cambio climático y la huella ecológica causada por la acción humana, se reconoce la prevalencia de las tres modalidades de sequía, siendo éstas: severa, extrema y excepcional.

En razón de lo anterior se estableció en el texto del instrumento referido lo siguiente:

“Entre las medidas transitorias concertadas, se prevé la limitación temporal a los derechos de agua existentes, a través de la reducción provisional de volúmenes a los usuarios de las cuencas que se encuentren en condición de sequía severa, extrema o excepcional, a fin de abastecer agua para uso doméstico y público urbano a las poblaciones que se encuentren sin este recurso natural por efecto de dicho fenómeno, en términos de lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales y atendiendo a las condiciones generales establecidas en los títulos de concesión”.

Lo anterior refleja que se están tomando medidas para tratar de mitigar los efectos de la sequía en nuestro país ya que no solamente estamos hablando de afectaciones en materia de cultivos, áreas naturales y zonas boscosas, sino de afectaciones en general a la biota que se encuentra de manera natural a lo largo y ancho de nuestro territorio.

Cabe destacar que el efecto en materia hídrica es devastador, pues no somos ajenos a la escasez de agua potable en el estado de Nuevo León, situación que provocó que, de manera histórica, se publicara en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio del año pasado el Decreto por el que se establece el plan de acción inmediata para atender la emergencia por el desabasto de agua potable para uso público urbano y doméstico en los municipios afectados por baja disponibilidad en sus fuentes de abastecimiento y por sequía en el estado de Nuevo León, es decir, la afectación que se vive actualmente en materia hídrica está yendo cada vez más lejos no solamente por las condiciones naturales de estas épocas, las cuales se sabe son de sequía, sino porque están presentándose situaciones atípicas que jamás habíamos presenciado.

Derivado de lo anterior y en atención precisamente a las acciones que se están tomando por parte del Ejecutivo federal para atender esta problemática es tan imprescindible como urgente contar con acciones de carácter permanente que nos permitan garantizar el acceso al vital líquido no solo de manera emergente o temporal, pues sabemos que al final el abatimiento de los mantos freáticos es muy difícil de resarcir, razón por la debemos comenzar a tomar medidas atinentes a tal problemática mediante la implementación de programas de fomento para la instalación obligatoria de sistemas de captación de lluvia (SCALL) y, en particular, de sistemas de capación de agua pluvial en techos (SCAPT) ya que estas técnicas permiten el aprovechamiento del agua de lluvia para uso doméstico y de actividades de aseo, evitando así el abatimiento de los mantos que contienen el agua potable a fin de garantizar el derecho de acceso al agua por parte de la población.

Los sistemas referidos no son nuevos ya que, de acuerdo a Torres (2019), se han usado desde los siglos III y IV antes de nuestra era y la ventaja es que el uso de agua pluvial puede remplazar prácticamente el 50 por ciento del consumo diario de una persona tal como se evidencia a continuación:

Fuente: La captación del agua de lluvia como solución en el pasado y el presente.

En otras palabras, si se comienzan a usar de manera obligatoria y progresiva los sistemas de captación de agua de lluvia estaremos hablando de un impacto mucho menor al subsuelo, propiciando que la áreas que actualmente se encuentran afectadas por desabasto puedan recargarse al sufrir menor estrés y con ello estaríamos abonando a garantizar el acceso al agua potable por parte de la población, pues sabemos que la solución para ello no será jamás seguir perforando pozos y extrayendo el agua irracionalmente y de modo poco sustentable.

Ahora bien, como se señaló previamente, los sistemas de captación de agua de lluvia no son nuevos pues hay ejemplos como el de Venecia que “es una ciudad que por varios siglos ha venido practicando esta forma de abasto y almacenamiento de agua, en donde existen más de 6 mil 700 cisternas subterráneas filtrantes, llamadas pozos, las cuales fueron construidas en la Edad Media.

El sistema partía de recolectar la lluvia desde los tejados de las casas y conducirla por canales hacia estos depósitos. En su interior se encontraba un lecho de arena para mantener el agua fresca y pura, que era extraída por un pozo, bordeando la cisterna se hallaba una capa de arcilla, la cual servía para impedir la intrusión del agua salada (Gnadlinger 2015)”.

Fuente: La captación del agua de lluvia como solución en el pasado y el presente.

Pero ese no es el único ejemplo en términos históricos, sino que existen datos de otros casos como el de la basílica de Constantinopla, Abandar, Irán, en el pueblo de Isfahan, Sri Lanka, el imperio maya, Namibia y Botswana. En tiempos contemporáneos existen ejemplos en Bangladesh, Alemania, China, Tailandia, Canadá y Estados Unidos, siendo Texas uno de los estados con más sistemas y con hasta 50 compañías especializadas en SCALL.

En México contamos con el “Centro Internacional de Demostración y Capacitación en Aprovechamiento del Agua de Lluvia del Colegio de Postgraduados de la Universidad Autónoma Chapingo (México), CIDECALLI-CP, constituido en 2003, el cual ha dirigido sus actividades para el consumo doméstico, cría de peces de ornato y comestibles en sistemas de producción libre y de jaulas flotantes con uso alternativo en el cultivo de hortalizas en huerto familiar, planta purificadora de agua de lluvia, abrevadero para pequeñas explotaciones ganaderas, riego en invernaderos, producción intensiva de conejos y riego de auxilio y cultivo comercial de peces” (Duran et al. 2010).

Cabe mencionar que para la implementación de este tipo de sistemas no se requiere una gran inversión pues se puede implementar con materiales tan simples como tubos de PVC, una llave y un contenedor plástico de la dimensión deseada, tal como se muestra más adelante, pero también los hay muy costosos en los que se pueden incorporar sistemas de filtración y bombeo. La cuestión es que lo verdaderamente importante es tomar acciones ya sea a pequeña o gran escala a efecto de garantizar la prevalencia de agua para nuestras actividades comunes y, por ende, para nuestra sobrevivencia, siendo una opción muy rentable y sustentable el establecimiento de estos sistemas de captación ya sean de tipo SCALL o SCAPT.

Fuente: Captación pluvial en Chihuahua, una alternativa sustentable.

Por lo aquí expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el se reforma y adiciona el artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales

Artículo Único. Se reforma la fracción LVIII y se adiciona una nueva fracción LIV, recorriéndose las siguientes en el orden subsecuente, todas del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 9. ...

...

...

a. y b. ...

...

Son atribuciones de “la Comisión” en su Nivel Nacional, las siguientes:

I. a LII. ...

LIII. Adquirir los bienes necesarios para los fines que le son propios ;

LIV. Promover e incentivar la cultura del agua a través de la implementación de sistemas de captación de agua pluvial en techos, ya sean de tipo doméstico o industrial, en coordinación con los estados y los municipios. Así mismo, deberá promoverse el establecimiento de estos sistemas en las dependencias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno, y

LV. Realizar las demás que señalen las disposiciones legales o reglamentarias.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5657697&fecha=12/ 07/2022#gsc.tab=0

2 Ibidem

3 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5659827&fecha=29/07/2022#gsc .tab=0

4 La captación del agua de lluvia como solución en el pasado y el presente. Disponible en:

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1680 -03382019000200125

5 Ibidem

6 Ibidem

7 Ibidem

8 Ibidem

9 https://www.researchgate.net/publication/279203906_Captacion_ Pluvial_Una_alternativa_sustentable

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero del 2023.– Diputada Sonia Mendoza Díaz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, para dictamen.

LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENA-MIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 10 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a cargo de la diputada María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada María del Rocío Corona Nakamura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 10 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En la actualidad, todos coincidimos en que los servicios de telefonía móvil son imprescindibles no solo para estar comunicados, sino también para acceder a una serie de servicios adicionales y complementarios de intercomunicación, acceso a la información e incluso comercialización de bienes y diversos servicios, entre otros beneficios.

Por ello, su expansión, crecimiento y su cada vez mayor cobertura se ha convertido en un asunto de interés general tanto para la sociedad como para el gobierno. De hecho, la valía del avance en la capacidad y cobertura de la telefonía móvil en el país fue indispensable para hacerle frente a los retos de la todavía prevaleciente pandemia sanitaria a la que la Covid-19 nos enfrentó.

Lo anterior no solo en lo relacionado con la comunicación y contacto a través de llamadas, sino también en materia de prestación de servicios cuando la economía se paralizó a consecuencia de las medidas de confinamiento para evitar la propagación de los contagios.

Asimismo, también fue imprescindible en materia laboral ya que por medio de los dispositivos de telefonía móvil y su capacidad de interconexión a nivel mundial fue posible mantener funcionando durante los peores momentos de la contingencia sanitaria algunas actividades laborales de manera remota.

Además, en materia educativa la telefonía móvil fue determinante ya que se pudo dar continuidad a los planes de estudio y de enseñanza a través de clases virtuales y del envío de las tareas, así como para la búsqueda de información relacionada con las actividades escolares cotidianas.

En temas de comunicación nuevamente la telefonía móvil fue fundamental, no únicamente para mantenernos en contacto con nuestros seres queridos cuando nos encontrábamos en confinamiento, sino también para que la información fluyera de manera efectiva e inmediata, condición indispensable para salir adelante en la emergencia sanitaria.

Como reflejo de lo anterior, podemos señalar un dato revelador, en años pasados se daba cuenta que durante la pandemia los usuarios de telefonía móvil aumentaron significativamente, dada la relevancia y facilidades que estos equipos ofrecen.

En este orden de ideas, podemos darnos cuenta cómo el sector de telefonía móvil es imprescindible para el funcionamiento de la economía nacional; de acuerdo con cifras oficiales, entre marzo del año 2020 y marzo del año 2021, la inversión total de los operadores de telecomunicaciones en nuestro país tuvo una variación notable ya que se registró un 9.8 por ciento de crecimiento en dicha inversión.

Asimismo, en lo que respecta específicamente a la inversión en infraestructura de este sector, la variación entre el mismo periodo de tiempo, marzo 2020 a marzo 2021, fue de un 25 por ciento de crecimiento, lo cual es realmente significativo para nuestro país.

Ahora bien, en lo que respecta a su crecimiento en materia de usuarios basta mencionar que en nuestro país se tiene el registro de que contamos con al menos 123 millones 377 mil 078 líneas de telefonía móvil.

Este número total de líneas de servicio móvil de telefonía, entre el año 2020 y el año 2021 tuvo un crecimiento de al menos 1 por ciento, de acuerdo con cifras oficiales, lo cual representa un crecimiento importante para el sector.

Como consecuencia de este destacado comportamiento del sector de telefonía móvil, en nuestro país de cada 100 habitantes al menos 98 tienen una línea de servicio de telefonía móvil, lo cual es una tasa que está al mismo nivel de las más altas internacionalmente y vale la pena destacar que, además, presentó entre el año 2020 y el año 2021 una tasa de crecimiento anual del 0.4 por ciento.

En el mismo orden de ideas, en lo que se refiere a líneas de servicio móvil que cuentan con el servicio de acceso a internet, para el año 2022 existía un total de 104 millones 006 mil 582 líneas de servicio móvil de telefonía con acceso a internet, lo cual representó un crecimiento anual de al menos un 6.6 por ciento de este tipo de líneas.

Con este dato se puede afirmar que, por cada 100 habitantes en nuestro país, al menos 83 de ellos cuentan con una línea de servicio móvil con acceso a internet, una tasa sumamente alta y equivalente la que presentan economías más desarrolladas; destacando en este punto que su variación de crecimiento registrado entre el año 2020 y el 2021 fue notable al alcanzar 7.8 por ciento.

Es preciso señalar un dato significativo el cual refleja la dinámica de este sector y de la población en cuanto se refiere a disponer del servicio de telefonía móvil con acceso a internet; e acuerdo con estadísticas del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del total de líneas de servicio móvil con acceso a internet que hay en todo el país, el 79.1 por ciento son contratadas mediante el esquema de prepago, en comparación con un 17.8 por ciento de estas líneas que son contratadas mediante el esquema de pospago.

En este sentido, podemos observar no solo la importancia del sector de telefonía móvil para la economía nacional, sino la gran relevancia y penetración que ha alcanzado entre los diversos sectores de la población.

Por todo lo anterior resulta fundamental proteger el referido sector a fin de que no pierda su rentabilidad ni su eficiencia, así como para vigilar el uso adecuado del mismo y que no pierdan su propósito de comunicación e interacción social.

Ante ello, es preciso señalar que actualmente existe un problema el cual no podemos asumir como totalmente ajeno a las compañías proveedoras del servicio de telefonía móvil en nuestro país, sino que más bien existe corresponsabilidad de éstas con las autoridades encargadas de garantizar el resguardo de nuestra información personal, sobre todo, de mantenerla al margen de instituciones bancarias y compañías de marketing a las que no autorizamos acceder a las misma.

Actualmente, es muy común que la mayoría de los usuarios de telefonía móvil reciban constantemente llamadas a través de las cuales les ofrecen servicios o productos financieros por parte de distintas instituciones bancarias.

Muchas de estas llamadas son realizadas por medio de sistemas automatizados mejor conocidas como llamadas robotizadas o robocall, las cuales, la mayoría de las veces, son hechas de manera recurrente a los dispositivos móviles a cualquier hora y, por supuesto, en casi todos los casos, sin haber obtenido el consentimiento y permiso que las justifique.

A pesar de lo constante de esta actividad, no existen estadísticas precisas sobre dicha problemática, únicamente se tiene conocimiento de que durante 2018 México fue el sexto país a nivel mundial con mayor cantidad de este tipo de llamadas recibidas entre la población, las cuales en la mayoría de los casos fueron para la difusión de spots políticos y aplicación de encuestas.

Sin embargo, a pesar de carecer de cifras precisas que muestren la dimensión de la problemática, es innegable la percepción negativa sobre estas llamadas entre la población pues generan incomodidad, molestia, rechazo e incluso, la sensación de vulneración tanto a la tranquilidad como a la privacidad de los usuarios.

Lo anterior deriva de que, en la mayoría de las ocasiones, quienes realizan las llamadas, además, de contar con el número telefónico del usuario tienen su nombre completo, lo cual puede constituir un delito en la operación de las empresas que realizan este tipo de servicios y en la forma de adquirir estas bases de datos.

En este punto es preciso señalar que son innumerables las empresas que ofrecen realizar este tipo de llamadas, sin embargo, el asunto se torna aún más grave cuando éstas provienen de una institución financiera, seamos o no sus clientes, porque significa que no solo están expuestos nuestros datos personales, sino también nuestra información financiera, con todos los riesgos y peligros que eso conlleva.

Por ello, considero que este tipo de llamadas y manejo de información personal no la pueden estar realizando instituciones bancarias o entidades financieras de manera directa ni a través de terceras personas y el que así se haga constituye una situación grave y peligrosa, la cual no podemos menospreciar.

Esta práctica nociva de hacer llamadas indiscriminadamente a cualquier persona para ofrecer algún servicio o producto financiero por parte de las propias instituciones bancarias no solo facilita otro tipo de delitos en materia de acceso y resguardo de la información personal de la gran mayoría de la población, sino que también los motiva.

El asunto no es menor, basta señalar que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, realizada en el 2021, en nuestro país existen aproximadamente 56.7 millones de usuarios de la banca, en otras palabras, casi el 68 por ciento de toda la población cuenta con acceso a un producto financiero.

Aunado a lo anterior, el número de usuarios de la banca por internet en nuestro país entre el año 2010 al 2021 registró un incremento cercano a los 56 millones de usuarios, gracias a lo cual en 2021 se contaba con al menos 70.28 millones de usuarios de la banca en línea. La evolución en el número de usuarios se presenta a continuación:

-Año 2010 - 14.42 millones de usuarios.

Año 2011 - 16.61 millones de usuarios.

-Año 2012 - 19.75 millones de usuarios.

-Año 2013 - 21.4 millones de usuarios.

-Año 2014 - 24.72 millones de usuarios.

-Año 2015 - 27.75 millones de usuarios.

-Año 2016 - 32.47 millones de usuarios.

-Año 2017 - 43.72 millones de usuarios.

-Año 2018 - 49.29 millones de usuarios.

-Año 2019 - 47.35 millones de usuarios.

-Año 2020 - 56.24 millones de usuarios.

Año 2021 - 70.28 millones de usuarios.

Como se puede observar, la cantidad de usuarios de servicios financieros ha crecido de manera importante, por ello, estamos expuestos sistemáticamente al a ser molestados con llamadas realizadas sin nuestro consentimiento, lo cual significa que éstas llamadas no autorizadas y que, además, pueden significar una fuente de exposición a otros delitos graves en materia no solo patrimonial, sino también de afectación a la integridad física, ya sea la del titular del servicio financiero, o bien, la de su familia.

Este tipo de servicios de llamadas robotizadas sin duda alguna pueden ser útiles para muchos otros fines, sin embargo, cuando provienen de una entidad financiera vulneran el derecho a la privacidad de los datos personales y financieros.

Por ello, quienes integramos esta soberanía debemos atender esta problemática que atenta en contra de la población en general. Por lo antes expuesto resulta necesario realizar una reforma a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros a fin de establecer, por un lado, que las entidades financieras de nuestro país solo podrán contactar a las personas, sean o no sus clientes, para ofrecerles algún servicio o producto financiero cuando tengan el consentimiento expreso que así lo autorice.

Por otro lado, se propone establecer que el otorgamiento de dicho consentimiento no podrá ser tomado como condicionamiento para recibir algún servicio o producto que ofrezcan las entidades financieras y, además, que el consentimiento expreso podrá darse por terminado en el momento en que se desee, de modo tal que podrá cancelarse de inmediato mediante las vías que para el efecto dispongan las entidades financieras.

Estamos ante un problema aparentemente menor, pero que lamentablemente está incrementándose de manera considerable, afectando directamente la privacidad de los datos personales de la ciudadanía que cuenta con algún tipo de servicio financiero. Es urgente que hagamos algo al respecto y coadyuvemos con las autoridades correspondientes para hacerle frente a esta amenaza que se presenta en el país y que agravia a la población.

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 10 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo y se adicionan dos párrafos al artículo 10 Bis 2 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, para quedar como sigue:

Artículo 10 Bis 2. Las Entidades solo podrán contactar a las personas, sean o no sus clientes, para ofrecer algún servicio o producto financiero cuando tengan el consentimiento expreso que así lo autorice, únicamente en su lugar de trabajo, directamente o por vía telefónica y en el horario acordado.

El otorgamiento de ese consentimiento no podrá ser tomado como condicionamiento para recibir algún servicio o producto que ofrezcan las Entidades.

El consentimiento expreso podrá darse por terminado en el momento en que se desee y podrá cancelarse de inmediato mediante las vías que para el efecto dispongan las Entidades.

Las entidades en todo caso deberán verificar el registro de usuarios a que se refiere el tercer párrafo del artículo 8 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Usuarios-de-telefonia-movil- aumentaron-su-uso-durante-la-pandemia-IFT-20210425-0046.html

2 https://bit.ift.org.mx/SASVisualAnalyticsViewer/VisualAnalyticsViewer_guest.jsp ?reportSBIP=SBIP%3A%2F%2FMETASERVER%2FShared%20Data%2FSAS%20Visual%20Analytics% 2FReportes%2FResumen%20de%20Indicadores%20Trimestrales(Report)&page=vi1568&sso_guest=true&informationEnabled=false&commentsEnabled=false&a lertsEnabled=false&reportViewOnly=true&reportContextBar=false&share Enabled=false

3 Ibidem

4 Ibidem

5 Ibidem

6 https://bit.ift.org.mx/SASVisualAnalyticsViewer/VisualAnalyticsViewer_guest.jsp ?reportSBIP=SBIP%3A%2F%2FMETASERVER%2FShared%20Data%2FSAS%20Visual%20Analytics% 2FReportes%2FResumen%20de%20Indicadores%20Trimestrales(Report)&page=vi1568&sso_guest=true&informationEnabled=false&commentsEnabled=false&a lertsEnabled=false&reportViewOnly=true&reportContextBar=false&share Enabled=false

7 Ibidem

8 https://bit.ift.org.mx/SASVisualAnalyticsViewer/VisualAnalyticsViewer_guest.jsp ?reportSBIP=SBIP%3A%2F%2FMETASERVER%2FShared%20Data%2FSAS%20Visual%20Analytics% 2FReportes%2FResumen%20de%20Indicadores%20Trimestrales(Report)&page=vi1568&sso_guest=true&informationEnabled=false&commentsEnabled=false&a lertsEnabled=false&reportViewOnly=true&reportContextBar=false&share Enabled=false

9 https://bit.ift.org.mx/SASVisualAnalyticsViewer/VisualAnalyticsViewer_guest.jsp ?reportSBIP=SBIP%3A%2F%2FMETASERVER%2FShared%20Data%2FSAS%20Visual%20Analytics% 2FReportes%2FResumen%20de%20Indicadores%20Trimestrales(Report)&page=vi1568&sso_guest=true&informationEnabled=false&commentsEnabled=false&a lertsEnabled=false&reportViewOnly=true&reportContextBar=false&share Enabled=false

10 https://tecreview.tec.mx/2018/06/01/tecnologia/las-llamadas-spam-se-pueden-evit ar-incluso-las-encuestas-politicas/

11 https://mx.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&ei= UTF-8&p=ususarios+de+la+banca+en+mexico&type=E214MX662G 91649#id=1&vid=fa44ec90f0fdb39ca609517b489f3359&action=click

12 https://es.statista.com/estadisticas/1186233/numero-usuarios-banca-internet-mex ico/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023.– Diputada María del Rocío Corona Nakamura (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

«Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El sector indígena en México forma parte de las clases más pobres y desfavorecidas de nuestra sociedad, los niveles de vida en estas comunidades están por debajo de los promedios nacionales y regionales y afectan en mayor medida a las mujeres por su género y principalmente por su origen étnico. Es preciso mencionar que mientras las prácticas discriminatorias y racistas no sean erradicadas y siga habiendo simulación respecto a su combate, estas mujeres no podrán ejercer plenamente sus derechos fundamentales, pues el abismo entre lo que señala la ley y lo que sucede en la práctica es enorme.

Las mujeres indígenas han sido parte muy importante en las luchas de sus pueblos, de igual forma son conocidas como garantes de la cultura y juegan un papel fundamental en sus familias y sus comunidades, tanto en el ámbito nacional como internacional, lamentablemente, siguen enfrentando múltiples obstáculos para desarrollarse en condiciones de igualdad con los demás, por ejemplo, para ingresar al mercado laboral, para tener acceso a los servicios de salud y educación, para participar en procesos políticos y acceder a la justicia, para acceder a la alimentación y al agua en condiciones de suficiencia, etcétera. Además, las mujeres indígenas enfrentan violencia doméstica, así como subordinación política, social y económica, lo cual contribuye a una situación constante de discriminación, que las vuelve particularmente susceptibles a sufrir diversos actos de violencia.

Actualmente, se calcula que en Latinoamérica existen alrededor de 522 pueblos indígenas y que en total la población que los conforma sumaría 42 millones de personas, de esa cifra, el 59 por ciento son mujeres, es decir, más de la mitad, y sin embargo son el sector más oprimido de la sociedad tanto al exterior como al interior de sus propias comunidades.

Se estima que la mujer indígena sufre una triple discriminación, la primera se debe a su género, porque la mayoría de los pueblos indígenas son machistas, razón por la cual les privan a las niñas de la posibilidad de acceder a la educación e incluso, muchas de las prácticas reproductivas en algunas de estas comunidades contemplan la violación. La segunda discriminación que sufren las mujeres indígenas se debe precisamente a su condición de indígenas, pues muchos países ven a los indígenas como ciudadanos de segunda clase y, por ende, los tratan como tal. La tercera discriminación se debe a la pobreza; en pleno Siglo XXI muchas mujeres indígenas no pueden ser dueñas de la tierra donde viven y trabajan, sino que esta pertenece al hombre de la casa, al que deben pedir permiso para trabajarla e incluso para tomar lo que en ella se produce.

A las mujeres indígenas se les ha estigmatizado como un subsegmento de las mujeres, sin embargo, todas ellas deben gozar de los mismos derechos que cualquier persona de su género.

La Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en su informe de junio de 2018, plantea diversas áreas de oportunidad para desarrollar políticas públicas de atención a la problemática de los pueblos originarios en relación con los temas generales de “Tierras, Territorios y Recursos Naturales”, “Autonomía, Libre Determinación y Participación Política”, “Violencia, Impunidad y Acceso a la Justicia”, y “Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. A partir de ello se tendría que revisar las diferentes circunstancias que inciden en el respeto, protección y vigencia de los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas, con énfasis en la protección de los derechos de personas indígenas desplazadas de manera forzosa; niñas, niños y adolescentes indígenas; personas migrantes indígenas, y mujeres indígenas y afromexicanas que se ven particularmente afectadas por la situación de violencia y pobreza extrema, así como por diversas formas de discriminación e impunidad.

Para asegurar la igualdad sustantiva de las mujeres indígenas con el resto de las y los mexicanos es imprescindible diseñar leyes y políticas públicas cercanas a su propio entorno, contexto y forma de interpretar la realidad. Las políticas públicas, deben diseñarse de forma inclusiva, informada, consultada y contextualizada con la participación de sus destinatarios, su sentir y su pensar, apegadas al buen vivir y en armonía con sus identidades.

Es importante seguir generando espacios de participación específica para los pueblos indígenas, en donde se escuche la voz de las mujeres, se recuperen sus agendas y se garantice la participación de las mismas en el ámbito público; sin esta interacción será complicado que exista una auténtica inclusión en los espacios de toma de decisiones.

El Estado debe continuar velando por la plena vigencia de los derechos de la mujer indígena, especialmente en cuanto respecta al acceso a los servicios de salud, educación, cultura, vivienda, justicia y libre ejercicio de la sexualidad, así como el derecho a ocupar cargos al interior de la comunidad y a participar en espacios públicos de elección popular.

Las Organizaciones y Movimientos de América, reunidas en Tiwanaku, Bolivia, en 1983, eligieron el 5 de septiembre de cada año como fecha para instaurar el Día Internacional de la Mujer Indígena. La idea era dar reconocimiento a todas las mujeres indígenas valientes que han jugado y seguirán jugando un rol importante en la continuidad de la cultura de sus pueblos, así como a su lenguaje y fuerza de carácter.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) conmemoró el 5 de septiembre de 2019 haciendo un llamado a “las autoridades de los tres niveles de gobierno a revisar la agenda pendiente respecto del acceso de ese sector poblacional al ejercicio pleno de sus derechos, particularmente los que de manera directa representan una afectación relacionada con su situación de género, falta de acceso a los servicios de salud, participación política y toma de decisiones, educación y eliminación de las violencias, tanto en las comunidades como en las instituciones públicas”.

Como puede verse, el 5 de septiembre tiene un contenido cívico de relevancia para un sector importante de la población de nuestro país, el cual, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), asciende a 11.9 millones de mujeres. Con la finalidad de seguir fortaleciendo la consciencia de las mujeres indígenas sobre la relevancia del respeto a sus derechos y conmemorar la importancia de la mujer indígena en todos los ámbitos de la vida en nuestro país, me permito proponer que el 5 de septiembre de cada año sea considerado como día de descanso obligatorio en el país.

Por lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo

Artículo Único. Se adiciona una nueva fracción V al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo y se recorre la numeración de las que siguen en el orden subsecuente, para quedar como sigue:

Artículo 74. Son días de descanso obligatorio:

I. a IV. (...)

V. El 5 de septiembre en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena;

VI. El 16 de septiembre;

VII. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre;

VIII. El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo federal;

IX. El 25 de diciembre, y

X. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-mujer-indigena

2 https://hchr.org.mx/relatorias_grupos/informe-del-grupo-de-trabajo-sobre-la-cue stion-de-la-discriminacion-contra-las-mujeres-y-las-ninas-sobre-los-derechos-en -materia-de-salud-sexual-y-reproductiva-de-las-mujeres-y-las-ninas-en-situacion e/

3 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-09/ 339-2019.pdf

4 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/ EAP_PueblosInd22.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023.– Diputada Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para dictamen.

LEY GENERAL DE TURISMO

«Iniciativa que reforma el artículo 44 de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 44 de la Ley General de Turismo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En el mundo actual el turismo es uno de los sectores económicos más importantes y dinámicos por su enorme nivel de inversión, participación en el empleo, aportación de divisas y por la contribución al desarrollo regional, nacional y mundial.

Nuestro país tiene una amplia variedad de climas y riquezas naturales, cuenta con una historia que nos une con todas las comunidades y todos nuestros pueblos, mismos que son depositarios de un enorme patrimonio cultural; asimismo, sus raíces de identidad y sentimiento nacional se han convertido en grandes polos de atracción y desarrollo turístico. Dicho sector tiene gran relevancia gracias a la diversidad de sus comunidades, las cuales son auténticas, únicas y verdaderamente maravillosas.

Diversos lugares del país han sido distinguidos con la declaratoria de “Pueblos Mágicos y Pueblos con Encanto”, esto es una valoración y reconocimiento a los atributos y características de estos majestuosos lugares; sobre todo a la generosidad y hospitalidad tan representativa de su gente, lo que se ha convertido en un atractivo más para los turistas, tanto nacionales como internacionales, por lo cual es indispensable continuar vigorizando estas localidades y a todas aquellos que tengan vocación y potencial turístico en nuestro país; para ello se requiere apoyar el desarrollo de su infraestructura para provecho de las distintas regiones de México con la participación solidaria de los sectores público y privado y de la propia ciudadanía comprometida con estos propósitos.

Nuestro país cuenta con una superficie total cercana a los 2 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el quinto país con mayor superficie del continente americano y el 14 a nivel mundial. Se encuentra en el corazón de América, con una condición geográfica privilegiada que lo ubica en América del Norte y, a la vez lo integra a América Latina por medio del idioma, las raíces históricas y la cultura. Adicionalmente, México es un puente natural entre el Atlántico y la región Asia-Pacífico gracias a su extensa línea costera. Se caracteriza por ser un país rico en recursos naturales, en su mayoría necesarios para el desarrollo productivo de cualquier país, convirtiéndolo en un atractivo importante para invertir.

La población ocupada en el sector turístico en nuestro país ascendió a 4 millones 552 mil personas para el periodo julio-septiembre de 2022, con este resultado se observó un incremento anual de 108 mil 729 personas empleadas en dicho sector, particularmente en la producción de bienes y servicios turísticos, lo anterior se traduce en un crecimiento de 14.3 por ciento respecto al segundo trimestre de 2021.

En este sentido, los empleos generados por el turismo representaron aproximándome el 8.8 por ciento del empleo a nivel nacional.

El Consejo Mundial del Viaje y el Turismo estima que durante la próxima década el sector generará 5.5 millones de nuevos puestos de trabajo en Latinoamérica, con una tasa de crecimiento promedio anual de 3.2 por ciento.

Asimismo, se pronostica que el sector crezca a una tasa promedio de 4 por ciento, más del doble del crecimiento de la economía total de la región, la cual se estima sea de 2.3 por ciento para el mismo periodo.

La importancia del turismo para la economía nacional es incuestionable, sus beneficios no sólo se reflejan en ser una industria generadora de empleos y detonante del desarrollo regional, sino que además es factor de difusión de atractivos culturales y naturales.

Nuestro país ofrece una extensa variedad de atractivos turísticos como la incomparable belleza de sus playas, el encuentro de los vestigios de culturas milenarias conjugadas con grandes urbes y extensas áreas naturales con elementos históricos que lo hacen único en el mundo, así como una infraestructura turística de vanguardia internacional.

Mediante el Padrón Nacional de Proyectos de Inversión se puede estimar el desarrollo y crecimiento de la oferta del sector turístico nacional y lograr, con el apoyo de empresarios y gobiernos estatales, dimensionar la importancia trascendental de las inversiones en el sector turístico como palanca de desarrollo regional, generación de empleos y captación de divisas.

En este contexto, la Secretaría de Turismo federal cuenta con un proceso de recopilación y actualización de información referente a los proyectos de inversión turística que se están construyendo o se tiene programado construir durante periodos de análisis anuales en las diferentes localidades turísticas del país.

Para ello, se deberán implementar medidas oportunas para proteger los ingresos de familias y empresas del sector de servicios, dar prioridad y enfocar recursos federales de apoyo hacia las zonas turísticas, considerar descuentos en el pago de impuestos e impuestos sobre la nómina, especialmente a micro, pequeñas y medianas empresas y generar planes de reactivación económica turística después de la contingencia generada por la Covid-19.

El Programa Sectorial de Turismo establece una política turística articulada en cuatro ejes: garantizar un enfoque social y de respeto de los derechos humanos en la actividad turística del país; impulsar el desarrollo equilibrado de los destinos turísticos de México, fortalecer la diversificación de mercados turísticos en los ámbitos nacional e internacional; y fomentar el turismo sostenible en el territorio nacional.

Las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas representan el 98.9 por ciento de empresas del sector, de las cuales 80 por ciento son consideradas micro, lo que significa una clara muestra del papel protagónico que juegan en la actividad turística en nuestro país, por lo que su fortalecimiento, en términos de capacitación y modernización, es fundamental.

Derivado de lo anterior, resulta de suma importancia orientar esfuerzos a fin de impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas para que se constituyan como entes competitivos, para ello la Secretaría de Turismo ha impulsado acciones para apoyar a los empresarios turísticos a fin de conducir la administración de sus negocios hacia la modernización, mediante la adopción de sistemas de gestión, estándares de calidad y servicio de clase mundial, a fin de satisfacer las necesidades de sus clientes internos y externos, traduciéndose esto en mayor rentabilidad y competitividad para las empresas.

La enorme oferta turística nacional nos obliga a prepararnos desde todos los órdenes planeando, regulando y gestionando las reglas del juego turístico con base en criterios de sustentabilidad ambiental, social y económica.

En este sentido, para fortalecer y propiciar el desarrollo turístico nacional e internacional, la creatividad e innovación de todos los municipios turísticos que conforman este país, someto a consideración del pleno la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 44 de la Ley General de Turismo

Artículo Único. Se reforma la fracción VII del artículo 44 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 44. El Fondo tendrá las siguientes funciones:

I. a VI...

VII. Participar con los sectores público, social y privado en la constitución, fomento, desarrollo y operación de fideicomisos o empresas dedicadas a la actividad turística, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, promoviendo el otorgamiento de créditos para la construcción, ampliación o remodelación de instalaciones turísticas, que contribuyan al fomento de la actividad turística, privilegiando a las comunidades indígenas.

Transitorio

Único. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ResultadosITET.aspx #:~: text=Con%20este%20resultado%20se%20observ%C3%B3,el%208.8%25%20del%20empleo%20na cional.

2 https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ResultadosITET.aspx #:~: text=Con%20este%20resultado%20se%20observ%C3%B3,el%208.8%25%20del%20empleo%20na cional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023.– Diputada Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Turismo, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los diputados Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Rommel Aghmed Pacheco Marrufo y Cecilia Anunciación Patrón Laviada, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Sexagésima Quinta Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, así como las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I; 77 numeral 1; 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, someten a consideración de esta soberanía iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 55, las fracciones VI y VII y se adicionan las fracciones VIII y IX, el 82, las fracciones VI y VII y se adicionan las fracciones VIII y IX, el 91, 95, las fracciones V y VI y se adicionan las fracciones VII y VIII y se adiciona un párrafo al 102, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Para” define la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (artículo 1).

En ese sentido los tipos de la violencia contra las mujeres, que menciona la Convención de Belém Do Para, incluyen la violencia física, sexual y psicológica:

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dice que la violencia contra las mujeres es “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”.

El artículo 6 de la Ley en comento enumera los tipos de violencia, que son:

I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio;

II. La violencia física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma, objeto, ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable o cualquier otra sustancia que, en determinadas condiciones, pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas;

III. La violencia patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima;

IV. Violencia económica.- Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral;

V. La violencia sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto, y

VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2021, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, define otros tipos de violencia:

1. Escolar: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad.

2. Laboral: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad.

3. Comunitario: Son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión, se ejerce por personas de la comunidad.

4. Familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuya persona agresora tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad.

5. Pareja: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuya persona agresora tenga o haya tenido relación de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.

II. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, del Instituto Nacional Estadística y Geografía, muestra las siguientes cifras:

• En México, 70.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de la vida. La violencia psicológica fue la de mayor prevalencia (51.6 por ciento), seguida de la violencia sexual (49.7 por ciento).

• En el ámbito comunitario es donde viven mayor violencia (45.6 por ciento), seguido de la relación de pareja (39.9 por ciento).

• Entre octubre de 2020 y octubre de 2021, 42.8 por ciento de las mujeres de 15 años y más experimentó, al menos, una situación de violencia. Destaca la violencia psicológica como la más alta (29.4 por ciento), seguida de la violencia sexual (23.3 por ciento). La violencia contra las mujeres se presentó en mayor porcentaje en el ámbito comunitario (22.4 por ciento), seguido del laboral (20.8 por ciento).

• 41.8 por ciento de las mujeres de 15 años y más experimentó algún incidente de violencia en la infancia. La principal persona agresora fue un tío o tía.

• De octubre 2020 a octubre de 2021, 14.6 por ciento de las mujeres de 60 años y más experimentó algún incidente de violencia, mientras que 41.5 por ciento de las mujeres con algún tipo de discapacidad experimentó algún incidente de violencia.

• Alrededor de 5.2 por ciento de las mujeres de 15 años y más percibió que los conflictos en su relación de pareja iniciaron o aumentaron durante la emergencia sanitaria por la Covid-19. En el ámbito familiar, la cifra ascendió a 8.5 por ciento.

III. El 12 de agosto de 2022, se publicaron en el Diario Oficial del Estado de Yucatán las reformas a la Constitución Política del Estado de Yucatán los requisitos legales a la ciudadanía para ocupar los cargos de Gobernador, Diputado, Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral del Estado, Consejera o Consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de no ser persona deudora alimentaria morosa ni contar antecedentes penales por violencia en sus diferentes modalidades, como se muestra a continuación:

Artículo 22.- Para ser diputada o diputado, se requiere:

...

IX.- No ser deudor alimentario moroso;

X.- No tener antecedentes penales por violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres, violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio, y

Artículo 46.- Para ser gobernadora o gobernador del estado se requiere, además de lo dispuesto en la fracción I del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

...

XII.- No ser deudor alimentario moroso;

XIII.- No tener antecedentes penales por violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres, violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio, y

Artículo 65.- Para ser designada magistrada o magistrado del Poder Judicial del Estado se deberá:

...

VIII.- No tener antecedentes penales por violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres, violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio.

Artículo 72.- El Consejo de la Judicatura es el órgano del Poder Judicial del Estado, dotado de autonomía técnica y de gestión, al que corresponde conocer y resolver todos los asuntos sobre la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, que no estén reservados de manera exclusiva a la competencia del Tribunal Superior de Justicia, de conformidad con lo que dispongan esta Constitución y la ley.

El Consejo de la Judicatura se integrará por cinco miembros de los cuales, uno será la presidenta o presidente del Tribunal Superior, quien también lo será del Consejo y no recibirá remuneración adicional por el desempeño de tal función; dos consejeros nombrados por el Pleno del Tribunal Superior, de entre los miembros de la carrera judicial; un consejero designado por la mayoría de los diputados del Congreso del Estado, presentes en la sesión en que se aborde el asunto y un consejero designado por el titular del Poder Ejecutivo. No podrá haber más de tres miembros del mismo género.

Para ser consejera o consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado se requiere:

...

VIII.- No ser deudor alimentario moroso, y

IX.- No tener antecedentes penales por violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres, violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio.

IV. Por lo anterior, se propone establecer los requisitos para los diputados federales, senadores, presidente de la República, secretario de Despacho, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros de la Judicatura de la Federación y Fiscal General de la República para no ser deudores alimentarios ni tener antecedentes de violencia familiar y/o violencia contra las mujeres en cualquiera de sus modalidades, quedando de la siguiente forma:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Por el que se reforman los artículos 55, las fracciones VI y VII y se adicionan las fracciones VIII y IX, el 82, las fracciones VI y VII y se adicionan las fracciones VIII y IX, el 91, 95, las fracciones V y VI y se adicionan las fracciones VII y VIII y se adiciona un párrafo al 102, Apartado A. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 55. ...

I. a V. ...

VI. No ser ministro de algún culto religioso;

VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59 ;

VIII. No encontrarse con inhabilitación por sentencia firme y vigente por delitos de violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral, violencia política de género, violencia por parentesco, acoso laboral, abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, estupro, violación o feminicidio, conforme se disponga en la ley; y

IX. No tener resolución judicial firme y vigente, en materias penal o familiar, por incumplimiento inexcusable de obligaciones alimentarias.

Artículo 82....

I. a V. ...

VI. No ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección ;

VII. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83 ;

VIII. No encontrarse con inhabilitación por sentencia firme y vigente por delitos de violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral, violencia política de género, violencia por parentesco, acoso laboral, abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, estupro, violación o feminicidio, conforme se disponga en la ley; y

IX. No tener resolución judicial firme y vigente, en materias penal o familiar, por incumplimiento inexcusable de obligaciones alimentarias.

Artículo 91. ...

No encontrarse con inhabilitación por sentencia firme y vigente por delitos de violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral, violencia política de género, violencia por parentesco, acoso laboral, abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, estupro, violación o feminicidio, conforme se disponga en la ley así como no tener resolución judicial firme y vigente, en materias penal o familiar, por incumplimiento inexcusable de obligaciones alimentarias.

Artículo 95. ...

I. a IV. ...

V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación ;

VI. No haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento ;

VII. No encontrarse con inhabilitación por sentencia firme y vigente por delitos de violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral, violencia política de género, violencia por parentesco, acoso laboral, abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, estupro, violación o feminicidio, conforme se disponga en la ley; y

VIII. No tener resolución judicial firme y vigente, en materias penal o familiar, por incumplimiento inexcusable de obligaciones alimentarias.

Artículo 102....

A. ...

...

No encontrarse con inhabilitación por sentencia firme y vigente por delitos de violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral, violencia política de género, violencia por parentesco, acoso laboral, abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento sexual, estupro, violación o feminicidio, conforme se disponga en la ley así como no tener resolución judicial firme y vigente, en materias penal o familiar, por incumplimiento inexcusable de obligaciones alimentarias.

...

I. a VI....

...

...

...

...

...

B....

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Transitorio

Único. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023.– Diputados: Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, Cecilia Anunciación Patrón Laviada (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

SE DECLARA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL DÍA NACIONAL DEL RELACIONISTA PÚBLICO

«Iniciativa de decreto por el que se declara el 26 de septiembre de cada año “Día Nacional del Relacionista Público”, suscrita por la diputada Paulina Rubio Fernández y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Paulina Rubio Fernández, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se declara el 26 de septiembre de cada año como el Día Nacional del Relacionista Público, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

Las relaciones públicas constituyen la función administrativa que evalúa las actitudes del público, identifica las políticas y los procedimientos de una organización con el interés público, y ejecuta un programa de acción (y comunicación) para ganar la comprensión y la aceptación del público.

“Desde el origen del hombre, éste ha sentido la necesidad de comunicarse para expresar o manifestar los pensamientos y emociones. Afirma Aristóteles que “el hombre es un animal social por naturaleza”, porque desde los inicios de la civilización se comunicaba a través de sonidos, señales o movimientos corporales hasta el surgimiento del lenguaje y la escritura. En el momento en que nace hasta el último de sus días el hombre ha permanecido en constante contacto y relación con el mundo y uno de los medios que más ha utilizado es la palabra, con la cual puede someter al otro o mediar en cualquier campo político, religioso, cultural, económico o social, realizando el papel de relacionista público sin tener intención.

Existen antecedentes históricos de antaño sobre relaciones públicas, tanto en el continente europeo como en el mundo prehispánico.

En Europa se vincula a los emisarios de sectores sociales para con otros de la misma rama, en la construcción de acuerdos comerciales, y ante las representaciones monárquicas que regulaban este tipo de actividades.

En México precolombino los aztecas se percataron de la importancia de escuchar la opinión de los demás y del cuidado de una buena imagen. Existían los tecuhtli, quienes oían las quejas y las opiniones del pueblo, representándolo ante las autoridades.

Sin embargo, es en el Siglo XX donde encontramos antecedentes claros de esta actividad, con mayor formalidad, y su evidente importancia.

“En 1949 es posible ubicar los primeros antecedentes del ejercicio profesional de las relaciones públicas en México. En ese año, Federico Sánchez Fogarty, infatigable pionero y promotor de las relaciones públicas en nuestro país, inauguró la primera agencia dedicada a las relaciones públicas llamada Agencia Mexicana de Relaciones Públicas”.

En agosto de 1978, México encabezó la primera Asamblea Mundial de Asociaciones de Relaciones Públicas y adoptaron lo que denominaron “La Declaración de México”. Esta declaración es en realidad, una definición de relaciones públicas.

La declaración de México asentó que: “La práctica de las relaciones públicas es el arte y la ciencia social de analizar tendencias, predecir sus consecuencias, asesorar a los líderes de organizaciones y poner en práctica programas planificados de acción que servirán a los intereses de la organización y del público”.

Otros profesionistas destacados en México por su contribución y trabajo en el área son:

Señor Carlos Bonilla Gutiérrez, consultor, catedrático y autor de varios libros del área.

Señor Gabriel Guerra Castellanos, presidente de Guerra Castellanos y Asociados, ha sido comentarista de televisión y director de información internacional de la República Mexicana, entre otros importantes cargos.

Señor Federico Sánchez Fogarty, quien inauguró la primera agencia de relaciones públicas llamada Agencia Mexicana de Relaciones Públicas.

El 26 de septiembre de 1960, en la Ciudad de México, se funda la Federación Interamericana de Asociaciones de Relaciones Públicas (FIARP), la cual, impulsando el respeto mutuo en el ejercicio de la profesión en los pueblos de América, tuvo vigencia por 25 años. En 1985, en Asunción, Paraguay, se aprobó su conversión institucional en Confederación, dotando a su organismo rector de una estructura más operativa y funcional, convirtiéndolo en un organismo consultor no gubernamental de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Actualmente, según datos estadísticos de la Asociación Mexicana de Profesionales de las Relaciones Públicas, las tres áreas más demandadas en México en materia de relaciones públicas son:

• Relación con medios y media training con 76 por ciento.

• Relaciones públicas como parte de la campaña de marketing con 65 por ciento.

• Programas de comunicación interna con 62 por ciento.

Por otro lado, México cuenta con la Asociación Mexicana de Profesionales de las Relaciones Públicas (Prorp) o con Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas (Alarp), organizaciones que reúne a los profesionales de las relaciones públicas y que algunos de sus principales objetivos son:

• Promover el conocimiento y la profesionalización de las relaciones públicas en México.

• Abrir nuevos mercados para las relaciones públicas en el país.

• Facilitar el intercambio de experiencias profesionales.

• Asegurar la ética profesional de los asociados.

En 1960, en México, el pionero y destacado miembro del ámbito de las comunicaciones corporativas, Federico Sánchez Fogarty, vislumbró la necesidad de una institución que reúna a todas las asociaciones, consejos y colegios profesionales del continente americano para formular respuestas a los nuevos paradigmas comunicacionales, regular un ejercicio cabal de la profesión y colaborar con el desarrollo de las naciones.

Convoca con ese fin a todas las instituciones del continente y el 26 de septiembre de ese mismo año, en la Ciudad de México, y se funda la Federación Interamericana de Relaciones Públicas (FIARP), en presencia de los países asistentes:

• Brasil (Paulo Einhorn)

• Chile (Ángel C. Sanlueza)

• Colombia (doctor Andrés Samper).

• Cuba (doctor Arnaldo Sehwerert Ferrer).

• Estados Unidos de América (EUA) mediante la American Public Relations Association (Louis García) y la Public Relations Society of América (Kenneth Youel).

• Panamá (Luis Raúl Fernández).

• Puerto Rico (Ramón Casablanca).

• Venezuela (Tery J. León).

Posteriormente, este día fue instituido como Día Interamericano de las Relaciones Públicas.

Gracias a esta reunión, los países del continente americano que participaron en la fundación de FIARP, así como las demás naciones que se adhirieron, participan y celebran el 26 de septiembre de cada año, como el Día Interamericano del Profesional de las Relaciones Públicas.

Actualmente las relaciones públicas son un área laboral y académica fundamental para el desempeño empresarial y de otras áreas en el mundo. En México, diversas universidades imparten carreras y especializaciones en la materia, como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores (ITESM), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Iberoamericana, la Universidad Veracruzana, la Universidad del Valle de México (UVM), la Universidad Autónoma de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara, por citar algunas.

En 2019, la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas, a través de sus representantes en México, buscó un diálogo con diversos legisladores locales, para exponer una propuesta de creación del Día Nacional y Estatal del Relacionista Público.

Señala la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas que las relaciones públicas son una disciplina esencial para el desarrollo de la humanidad hoy en día, en un mundo inmerso en el neoliberalismo y la libertad de mercado nos percatamos que materias de estudio como son la anteriormente mencionada son esenciales para cualquier empresa o institución en este mundo.

“El conocer, dominar y diferenciar las relaciones públicas y la comunicación organizacional en las organizaciones son una gran oportunidad para lograr resultados exitosos en los procesos que se desarrollen en ellas, teniendo infinidad de retos debido a los constantes cambios y al enfoque que se le dé al manejo de la información y a las relaciones interpersonales y grupales en las áreas, departamentos, empresas, proveedores y productores, entre otros”.

En esta lógica, la LXII Legislatura del honorable Congreso del estado de Jalisco, aprobó el 9 de octubre de 2019, el acuerdo legislativo número 647-LXII-19 mediante el cual se elevó a consideración del honorable Congreso de la Unión una iniciativa de decreto que declara el 26 de septiembre de cada año como el Día Nacional del Relacionista Público, de cual, debemos señalar, retomamos parte de la presente exposición de motivos.

Dicho acuerdo se publicó en la Gaceta Parlamentaria esta Cámara de Diputados, año XXII, número 5392-I, el 22 de octubre de 2019, siendo turnada a la Comisión de Gobernación y Población, sin que cuente a la fecha con dictamen.

Declarar un día conmemorativo de una profesión u oficio nos permite evidenciar su valor para la sociedad, por ello, en el Partido Acción Nacional consideramos importante consagrar un día a los relacionistas públicos de nuestro país, que, de manera armónica con otras naciones, se celebra el 26 de septiembre de cada año, una actividad basada en la comunicación, la comprensión y la más sana convivencia en un orden social.

Por las consideraciones anteriormente expuestas, es que se somete a la consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto que declara el 26 de septiembre de cada año como el Día Nacional del Relacionista Público

Único. Se declara el 26 de septiembre de cada año como el Día Nacional del Relacionista Público.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase:

https://prezi.com/p/0xb0jlcvwhk7/relaciones-publicas/?frame= 5e7412b3eec 2005a238363dc8cc3b2b6304f3d5c Consultado el 5 de noviembre de 2021.

2 Fajardo Valencia Gloria Consuelo y Nivia Flórez Adriana Marcela, Relaciones públicas y comunicación organizacional. Ejes de la comunicación “Guías de conceptos y saberes”. Universidad de Bogotá UTADEO, Colombia, 2016

3 Véase:

https://prezi.com/ym_lthkeebdf/relaciones/ Consultado el 5 de noviembre de 2021.

4 Muñoz Delgado, Laura Vanesa, “Relaciones públicas en la era de los escépticos”, Tecnológico de Monterrey, México, 2014. Véase:

http://prod77ms.itesm.mx/podcast/EDTM/ID159.pdf Consultado el 5 de noviembre de 2021.

5 Véase:

https://marleenfp.wordpress.com/2015/02/01/tratado-de-mexico-aso ciado-a -las-relaciones-publicas/ Consultado el 5 de noviembre de 2021.

6 Véase:

http://www.confiarpoficial.com/hitos-de-la-historia-de-confiarp/ Consultado el 5 de noviembre de 2021.

7 Iniciativa de decreto del Congreso de Jalisco que declara el 26 de septiembre de cada año como el “Día Nacional del Relacionista Público” publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, año XXII, número 5392-I, el 22 de octubre de 2019. Véase:

http://gaceta.diputados.gob.mx Consultado el 03 de noviembre de 2021

8 Ídem.

9 Fajardo Valencia y Nivia Flórez Op. Cit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023.– Diputada Paulina Rubio Fernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

«Iniciativa que deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por el diputado Paulo Gonzalo Martínez López y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Paulo Gonzalo Martínez López, diputado federal de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con el aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad uno de los artículos que más afectan a los trabajadores y a los patrones generadores de mano de obra, es la limitante prevista en el artículo 28 fracción XXX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que sólo permite la deducción parcial de determinadas prestaciones laborales. Dicho fundamento expresamente señala lo siguiente:

Artículo 28. Para los efectos de este Título, no serán deducibles:

XXX. Los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53 al monto de dichos pagos. El factor a que se refiere este párrafo será del 0.47 cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores, en el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior.

La limitante a la deducibilidad de las prestaciones laborales está afectando aquellos pagos que el patrón realiza en beneficio de sus empleados, que a la vez son ingresos exentos para éstos, prestaciones que se encuentran enlistadas en el artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, entre las cuales señalamos entre otras las siguientes:

1. Las prestaciones distintas del salario únicamente para los casos en que el trabajador perciba un salario mínimo general (SMG) para una o varias áreas geográficas, cuando no excedan de los mínimos señalados por la legislación laboral;

2. Las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de prestación de servicios que se realice en los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución:

a. Hasta el límite establecido en la legislación laboral, para los trabajadores que perciben únicamente un SMG.

b. Tratándose de los demás trabajadores, el 50 por ciento de dichas remuneraciones, que no exceda el límite previsto en la legislación laboral y sin que esta exención exceda de 5 SMG del área geográfica del trabajador por cada semana de servicios;

3. Las indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades, que se concedan de acuerdo con las leyes;

4. Los subsidios por incapacidad, becas educacionales, guarderías, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga;

5. Los ingresos obtenidos por fondos de ahorro;

6. Las primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación;

7. Las gratificaciones anuales (aguinaldo y otros), hasta el equivalente de 30 SMG del área geográfica del trabajador, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general;

8. Las primas vacacionales, hasta por el equivalente a 15 SMG del área geográfica del trabajador;

9. La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta por el equivalente a 15 SMG del área geográfica del trabajador;

10. Las primas dominicales hasta por el equivalente a 1 SMG del área geográfica del trabajador por cada domingo que se labore.

La referida fracción XXX, limita la deducción de erogaciones por remuneraciones otorgadas a los trabajadores que están total o parcialmente exentos del Impuesto Sobre la Renta, acotando la deducción de hasta el 47 por ciento o en su caso el 53 por ciento según sea el caso.

Esta disposición fiscal es desproporcional, ya que se limita al derecho del contribuyente de deducir aquellos gastos necesarios e indispensables para la generación de sus ingresos, como algunas prestaciones relacionadas con la mano de obra, por lo que afecta gravemente la base del impuesto a pagar.

Lo anterior se traduce en una tributación que no se basa en la verdadera capacidad contributiva del patrón afectado, sino en una capacidad contributiva alterada por la limitante establecida en la ley, la cual vulnera la esfera legal de los derechos fundamentales de los contribuyentes.

Adicionalmente, esta limitante está encaminada a desincentivar el otorgamiento de ese tipo de prestaciones a favor de los trabajadores, afectándolos en la mejora de su calidad de vida y en la de su familia, sin que se aprecie una causa que justifique una limitante en la deducción del concepto para el empleador.

El hecho de que sólo se permita la deducción del 47 o el 53 por ciento, según sea el caso, tendrá hoy en día está teniendo diversos efectos negativos, tanto a los patrones como a los trabajadores, entre los principales son:

1. Mayor pago de Impuesto Sobre la Renta anual y mensual para las empresas. Al no poder deducir una gran parte de pagos a trabajadores, generará un pago mayor de ISR, pero además las empresas verán afectado su flujo de efectivo mensual, ya que la Ley del Impuesto Sobre la Renta obliga a la realización de pagos mensuales de ISR, mismos que se determinan con base en un coeficiente de utilidad y como ese coeficiente es mayor por no permitir la deducción de diversos conceptos, se verá afectada la operación normal de las empresas al verse mermado su capital de trabajo.

2. Eliminación de prestaciones adicionales a los trabajadores. Lo más sencillo para el patrón al ver limitadas sus deducciones es no pagar prestaciones sociales y demás conceptos y por consecuencia los trabajadores verán mermado directamente su sueldo. Hoy en México existen empresas en las que más del 30 por ciento de los sueldos de los trabajadores son prestaciones sociales.

3. Mayor pago de Impuesto Sobre la Renta por parte de los Trabajadores. Si el patrón quita las prestaciones sociales y los demás conceptos por los cuales el trabajador no paga impuestos y sustituirlos por el concepto de sueldo, traería como consecuencia que directamente el trabajador pagará un mayor ISR, ya que todos sus ingresos serán gravados y por consecuencia recibirá menos monto de sueldo. ¿Quién va a resarcir a los trabajadores por la disminución del monto de sus sueldos y salarios?

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 28. Para los efectos de este Título, no serán deducibles:

I. a XXIX...

XXX. Se deroga

XXXI. a XIII...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2023.– Diputado Paulo Gonzalo Martínez López (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

«Iniciativa que reforma los artículos 43 y 47 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo de la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 43 y 47 de la Ley de los Sistemas del Ahorro para el Retiro, en materia de desarrollo e inversión en Pymes, al tenor de la siguiente

Propuesta legislativa

Para coadyuvar con el crecimiento económico del país, se propone facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) a los recursos financieros que se ofertan en el sector de las sociedades de inversión de los fondos del ahorro para el retiro.

Exposición de Motivos

Desde la promulgación de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro se estableció que los fondos de pensiones de los trabajadores deberían manejarse de manera que tuvieran retornos positivos para ellos, garantizándoles de esta manera una vejez con recursos que les permita una vida en el retiro digna; pero también que los fondos se invirtieran coadyuvando con en el desarrollo económico del país, impulsando la actividad productiva nacional, la generación de empleo, el desarrollo regional, la infraestructura estratégica del país y la construcción de vivienda; esto es, desde el origen de la ley uno de sus objetivos centrales ha sido la creación de un círculo virtuoso entre los fondos y las industrias mexicanas.

No obstante lo anterior, a la fecha y después de más de veinte años de aplicación de la ley, se advierte que la redacción actual relativa al fomento de la industria nacional es más una “carta de buenos deseos” que un mandato legal, en razón a los magros resultados que hoy se advierten en términos de apoyo a la empresa mexicana, los cuales no responden al potencial impacto que los fondos tienen en las cuentas individuales de los trabajadores ni en la economía nacional.

En opinión de la proponente, esto se debe a que, si bien es cierto que se ha buscado tener una estrategia de inversión balanceada entre inversiones conservadoras en bonos de gobierno e instrumentos de alta estabilidad en el largo plazo con instrumentos de inversiones de mayores rentabilidad, no menos cierto es que éstos últimos no han dado los resultados esperados en el impulso a la economía nacional debido a que no se han canalizado a inversiones nacionales ni han alcanzado a las pequeñas y medianas empresas que son las que mayores potencialidades de crecimiento y generación de empleo tienen, mucho menos han contribuido a impulsar el emprendimiento ni la creación de nuevos mercados y sectores industriales.

Ello, debido a que las inversiones que se orientan directamente a los proyectos de mayor potencial de crecimiento, innovación y desarrollo se van al extranjero a través de los Certificados Bursátiles de Proyectos de Inversión, a los cuales, de acuerdo a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro se les permite invertir en el extranjero hasta el 90 por ciento de los recursos, y en el país apenas el 10 por ciento.

Otra limitante se encuentra en la acotada posibilidad de participación de las pequeñas y medianas empresas, así como de los emprendimientos nuevos, en la obtención de los recursos de los fondos, ya que el mecanismo de aceptación para las empresas, condicionado a cumplir con los requisitos establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), hace prohibitivo el acceso de las Pymes a la obtención de este tipo de fondos, debido principalmente a:

1) costos,

2) requisitos administrativos, y

3) temporalidad en realización de trámites.

Situación que contrasta con lo que a nivel mundial se presenta; por ejemplo, en Europa desde 2014 el 95 por ciento de los fondos de pensiones tenían o habían comenzado un programa de inversión en capital privado y emprendedor.

Por otro lado, los fondos de capital privado recibieron recursos de los fondos de pensiones en diversas proporciones, siendo significativa en EE.UU. que ronda en el 65 por ciento mientras que en Europa correspondió alrededor del 18 por ciento y en Reino Unido, el 12 por ciento.

En este sentido, se ha demostrado que el capital privado y emprendedor genera mayores retornos que cualquier otro instrumento para los fondos de pensiones públicos en EE.UU., ya que apenas en un periodo de 10 años, generó un retorno anualizado medio de 12.30 por ciento.

También, se ha demostrado que se fomenta la innovación, el desarrollo tecnológico y la productividad. En Europa, 12 por ciento de la innovación industrial se atribuye a empresas financiadas por capital privado y emprendedor; y las empresas financiadas con estos tipos de fondos mejoran su productividad entre 4.5 por ciento y 8.5 por ciento en los tres primeros años posteriores a la inversión.

De manera que se estima necesario invertir más, al menos una pequeña porción, de los recursos de los fondos de pensión en fondos de capital privado y emprendedor en México, ya que se considera que ello tendría un impacto significativo en la disponibilidad de capital para Pymes con altos grados de innovación y crecimiento, no sólo en industrias nuevas como las de tecnología financiera y las de tecnologías inmobiliarias, sino también en el desarrollo de soluciones de impacto social y medioambiental.

Así, para dirigir al sector mexicano en el mismo sentido que la tendencia internacional, se propone detonar el crecimiento y desarrollo de las Pymes e impulsar la innovación, el desarrollo tecnológico y el emprendimiento nacional a través de movilizar el poder de los fondos de pensiones, lo que dará efectivo cumplimiento a los propósitos ya establecidos en ley y aumentará los rendimientos positivos de los trabajadores cumpliendo el círculo virtuoso que siempre estuvo destinado a ser.

Contenido de la propuesta

Al tenor de las consideraciones presentadas, se propone incluir un inciso f al artículo 43, a fin de integrar el fomento a las pequeñas y medianas empresas y al emprendimiento nacional como una de las áreas objetivo a fomentar de las inversiones realizadas con recursos de los fondos de pensión.

Asimismo, se reforma el artículo 47, a fin de aumentar la participación de los valores de oferta privada en las carteras de inversión de las sociedades de inversión, con el fin de ampliar la presencia de los recursos de las pensiones en el mercado real y nacional.

Por último, se establecen cuatro transitorios que señalan las acciones necesarias para darle operatividad a la reforma propuesta.

Para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo antes expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Decreto por el que se reforman los artículos 43 y 47 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro

Artículo Único. Se adiciona un inciso f) al primer párrafo del artículo 43 y se reforma el segundo párrafo del artículo 47, ambos de la Ley de los Sistemas del Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:

Artículo 43.- ...

a) a c) ...

d) El desarrollo de infraestructura estratégica del país ,

e) El desarrollo regional , y

f) El impulso a la pequeña, mediana empresa y al emprendimiento nacional.

...

...

...

...

...

Artículo 47.- ...

Sin perjuicio de lo anterior, las administradoras estarán obligadas a operar, en todo caso, una sociedad de inversión cuya cartera estará integrada fundamentalmente por los valores cuyas características especificas preserven el valor adquisitivo del ahorro de los trabajadores, así como por aquellos otros que a juicio de la Junta de Gobierno se orienten al propósito mencionado. Asimismo, las administradoras estarán obligadas a operar, en todo caso, al menos una sociedad de inversión básica o adicional cuya cartera se integre, en al menos un punto porcentual, por valores de oferta privada.

...

...

...

...

Transitorios

Artículo primero. Las administradoras tendrán 12 meses para incorporar en la cartera de al menos una de sus sociedades de inversión al menos un punto porcentual de valores de oferta privada.

Artículo tercero. La Consar tendrá 90 días naturales para realizar las adecuaciones necesarias a la normatividad emitida para el buen cumplimiento del presente decreto.

Artículo cuarto. La Consar establecerá los criterios de gobierno corporativo, presentación de informes temporales, transparencia y mecanismos de supervisión para las empresas pequeñas y medianas, fondos de capital privado y fondos de capital emprendedor, a fin de generar las reglas de participación de ellas en el acceso a los recursos de las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro.

Notas

1 Disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro. Diario Oficial de la Federación, 31 de mayo de 2019.

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561636&fecha =31/05/2019#gsc.tab=0

2 Invest Europe, (2016), Guide to private equity and venture capital for pension funds, Bélgica

https://www.investeurope.eu/media/1222/invest-europe-pension-fun d-guide-to-private-equity-and-venture-capital.pdf

3 Adamkiewicz, Karolina, 6 Aug. 2022, Irish Venture Capital Association calls for pension funds to back Irish enterprises, Impact Investor,

https://impact-investor.com/irish-venture-capital-association-ca lls-for-pension-funds-to-back-irish-enterprises/

4 American Investment Council (2022), Private equity delivers the strongest returns for retirees across America, 2021 Public Pension Study, Washington, Estados Unidos de América.

https://www.investmentcouncil.org/wp-content/uploads/2021/ 07/2021_pension_report.pdf

5 Invest Europe, (2016), Guide to private equity and venture capital for pension funds, Bélgica

https://www.investeurope.eu/media/1222/invest-europe-pension-fun d-guide-to-private-equity-and-venture-capital.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023. – Diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

«Iniciativa que deroga el quinto párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por el diputado Paulo Gonzalo Martínez López y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Paulo Gonzalo Martínez López, diputado federal de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con el aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga el quinto párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), más de 13 millones de personas con ingresos medios y altos cayeron al grupo de menores ingresos. Se trata de población que, en general, ganaba lo suficiente para vivir bien, sin apuros graves, pero tampoco en la riqueza, y que ahora “pasó a la pobreza laboral”, indicó Rodolfo de la Torre, director especialista en desarrollo social con equidad de ese organismo. La pandemia empujó a 13 millones de personas de la clase media a la pobreza laboral, La suspensión de actividades económicas llevó a millones de personas de ingresos medios y altos a las filas del 40 por ciento de la población que está en pobreza laboral.

Por lo anterior es necesario implementar incentivos fiscales para que este sector económico pueda seguir siendo una de las anclas económica en nuestro país, por eso es muy importante cambiar algunos artículos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por lo que uno de ellos que más afectan a las Personas Físicas y sobre todo aquellas que perciben ingresos por sueldos, es la limitante prevista en el artículo 151 quinto párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que sólo permite la deducción parcial de determinadas deducciones personales y que desafortunadamente afecta directamente a aquellos contribuyentes que con el afán de tener mejores servicios de salud acuden a clínicas y médicos particulares, o contratan primas de seguros de gastos médicos para una posible eventualidad de salud, o que accedan a créditos hipotecarios para comprar una casa con condiciones superiores a las de interés social, entre otros.

El mencionado artículo 151 señala expresamente lo siguiente:

Artículo 151

Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

Quinto párrafo (Límite a las deducciones personales)

El monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes en los términos de este artículo no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco salarios mínimos generales elevados al año, o del 15 por ciento del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no se pague el impuesto. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de las fracciones III y V de este artículo.

Conforme a lo anterior, las deducciones personales con límite son:

• Los pagos por honorarios médicos y dentales, así como los gastos hospitalarios, efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que dichas personas no perciban durante el año de calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año.

• Los gastos de funerales en la parte en que no excedan del salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, efectuados para las personas señaladas en el párrafo que antecede.

• Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de su casa habitación contratados con las instituciones integrantes del sistema financiero, siempre que el monto total de los créditos otorgados por dicho inmueble no exceda de setecientas cincuenta mil unidades de inversión.

• Las primas por seguros de gastos médicos, complementarios o independientes de los servicios de salud proporcionados por instituciones públicas de seguridad social, siempre que el beneficiario sea el propio contribuyente, su cónyuge o la persona con quien vive en concubinato, o sus ascendientes o descendientes, en línea recta.

• Los gastos destinados a la transportación escolar de los descendientes en línea recta cuando ésta sea obligatoria en los términos de las disposiciones jurídicas del área donde la escuela se encuentre ubicada o cuando para todos los alumnos se incluya dicho gasto en la colegiatura.

La limitación a las deducciones personales está encaminada a desincentivar que los contribuyentes que puedan realizar estos gastos personales no soliciten el comprobante fiscal, ya que no lo podrán deducir en su totalidad y por consecuencia la persona que preste el servicio no acumule el ingreso y por ende no se pague el ISR correspondiente, lo que automáticamente genera una economía informal, ¿que no es esto lo que quiere evitar el Gobierno federal?, adicionalmente, habrá personas que si podrán llevar a cabo los gastos mencionados anteriormente, pero opten por no hacerlo, debido a que ya no podrán hacer deducible ese gasto personal y prefieran acudir a los servicios de salud que otorga el gobierno, lo que generaría costos adicionales al sector y por consecuencia un menoscabo muy grave a la economía de los organismos de salud del sector público, lo anterior aunado al grave deterioro que guardan las pensiones en dichos organismos de salud en el País.

Otro punto que es muy importante es que la inmensa mayoría que lleva a cabo las deducciones personales es la clase media, ya que el impacto por la limitante a las deducciones personales es una disminución en la capacidad de ahorro y compra de bienes patrimoniales de este gran sector.

Por lo anterior es necesario otorgándoles el estímulo fiscal de poder deducir en su declaración anual las deducciones personales sin tope alguno, como se venía realizando antes del 2014 y con esto resarcir en cierta medida el impacto adverso que la pandemia ha hecho a este sector, ya que con esto podrán obtener devolución de ISR anual y generarles flujo de efectivo.

Hoy en día el país se mantendrá con un bajo crecimiento económico y con una constante alza en los precios de los alimentos, por encima de los salarios; provocando que los índices de pobreza se mantengan o incluso se incrementen. Y es que, de los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el que tiene la mayor desigualdad en la distribución del ingreso.

Por otra parte, el informe “La movilidad económica y el crecimiento de la clase media en América Latina”, publicado por el Banco Mundial, señala que en México un gran porcentaje de la población es vulnerable a regresar a condiciones de pobreza. Asimismo, hace hincapié en que la movilidad social es “un componente del desarrollo económico” porque mitiga la desigualdad estática y contribuye a la equidad social en el largo plazo.

Hoy, la mayor parte de la población mexicana se mantiene rezagada y al margen de la movilidad social, por ello urge diseñar políticas fiscales para impulsar el empleo y el crecimiento, esto en aras de impulsar una auténtica clase media que se convierta en el motor de la expansión del mercado interno, para así transformar gradualmente nuestra sociedad y sistema productivo para garantizar el acceso a educación, salud, empleo y seguridad.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de

Decreto

Artículo Único. Se deroga el quinto párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

I. a VIII...

...

...

...

Se deroga

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2023.– Diputado Paulo Gonzalo Martínez López (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

«Iniciativa que reforma el artículo 69 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo de la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 69 de la Ley de los Sistemas del Ahorro para el Retiro, en materia de sociedades de inversión, al tenor de la siguiente

Propuesta legislativa

Para coadyuvar con el crecimiento económico del país, se propone facilitar el acceso de la pequeñas y medianas empresas (Pymes) a los recursos financieros que se ofertan en el sector de las sociedades de inversión de los fondos del ahorro para el retiro.

Exposición de motivos

Una de las funciones del Estado es sentar las bases para el bien común a través del desarrollo económico; para ello se establecen leyes e instituciones, que reglamentan la actividad económica de las personas, permitiéndoles desarrollarse conforme a un marco de libertades y derechos, pero también conforme a los límites que garanticen un crecimiento balanceado, incorporando las necesidades de la sociedad para garantizar que sus frutos no solo beneficien a las empresas, sino a la comunidad en la que se establecen.

Asimismo, para que la regulación de una empresa sea justa y efectiva, los Estados deben tomar en cuenta aspectos como el tamaño de la organización, la capacidad económica o el volumen de sus ingresos, con el objeto de fomentar la legalidad y permitir ese balance entre el fortalecimiento y competitividad de las empresas y el cumplimiento de sus obligaciones legales para incrementar los niveles de bienestar a través de la generación de riqueza.

De manera que los sistemas jurídicos, además de dinámicos, deben implementar reglas diferenciadas que permitan la evolución orgánica del entramado legal, conforme a las necesidades de las empresas, para avanzar en el camino del desarrollo económico; en el caso de México, por su potencial de crecimiento, las Pymes representan una de las mayores fuerzas laborales del país, ya que conforman el 4.9 por ciento del total de empresas del país y generan el 37.7 por ciento de los empleos nacionales.

A pesar de lo positivo de sus números, al día de hoy, este tipo de negocios tienen una esperanza de vida fuertemente limitada, que se ha estimado en 8.4años y que afecta no solo a la idea de negocio, sino a las personas y familias que hacen de ellos sus proyectos de vida.

El desconocimiento del mercado, la mala gestión administrativa y la falta de acceso a financiamientoson hoy por hoy algunos de los obstáculos que enfrentan este tipo de negocios para acceder a mejores condiciones de mercado.

De ellos, la falta de financiamiento se posiciona como una de las principales imitantes que afecta la consolidación de los negocios; de acuerdo a cifras de la Asociación de Emprendedores de México (ASEM), en México, durante los primeros tres años de vida del negocio, la principal fuente de financiamiento de este tipo de empresas provino de ingresos propios en el 90 por ciento de los casos; a través de recursos de familiares o amigos en el 28 por ciento de los casos; mientras que apenas el 11 por ciento provenían de un crédito tradicional y en proporción menor a 5 por ciento a través de otros medios.

Después de los 3 años, los porcentajes apenas varían, no obstante, en el caso del crédito tradicional, la proporción incrementa al 20 por ciento, demostrando que una vez consolidadas, las empresas buscan mayores fuentes de financiamiento; sin embargo, los altos intereses, los requisitos excesivos y en general la falta de fuentes alternativas de financiamiento impiden el crecimiento de sus negocios, lo que limita la escala de sus operaciones, el acceso a mercados o la capitalización de la empresa, solo por mencionar algunos.

Ante tal panorama, parte de este sector económico considera como prioridad incrementar el acceso a mercado y fondos para emprendedoras, así como incentivar la inversión en el emprendimiento de alto impacto.

En ese sentido, la proponente considera que los fondos de ahorro para el retiro tienen la capacidad de convertirse en un instrumento de inversión que permita un círculo virtuoso en el que se beneficie a las Pymes nacionales y se generen incrementos patrimoniales para dichos fondos, lo que permitiría no solo atender la demanda de este sector emprendedor, sino además, incrementaría las opciones de inversión hoy existentes, flexibilizando el esquema actual, para permitir el fomento a empresas con probado potencial de crecimiento; en razón de que actualmente, la Ley del Sistema del Ahorro para el Retiro, ya contempla que la inversión de recursos de este tipo de fondos se realice para fomentar la actividad productiva nacional, tal y como se desprende del contenido del artículo 43 que establece lo siguiente:

“Artículo 43.- El régimen de inversión deberá tener como principal objetivo otorgar la mayor seguridad y rentabilidad de los recursos de los trabajadores. Asimismo, el régimen de inversión tenderá a incrementar el ahorro interno y el desarrollo de un mercado de instrumentos de largo plazo acorde con el sistema de pensiones. A tal efecto, proveerá que las inversiones se canalicen preponderantemente, a través de su colocación en valores, a fomentar:

a) La actividad productiva nacional;

b) La mayor generación de empleo;

c) La construcción de vivienda;

d) El desarrollo de infraestructura estratégica del país; y

e) El desarrollo regional.”

En ese sentido y de acuerdo a información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), las Afores ya realizan financiamiento a empresas mexicanas; para el segundo trimestre de 2022 se habían invertido en ellas 1.6 billones de pesos, equivalentes al 5.8 por ciento del PIB, siendo la principal forma de esta inversión la deuda privada nacional, seguida por los estructurados, la inversión en renta variable nacional y las Fibras, tal y como se desprende de la siguiente gráfica:

Sin embargo, es importante recalcar que estos recursos no llegan a las Pymes, ya que son acaparados por las grandes empresas, lo que agranda la ventaja económica y comercial que estas tienen sobre las pequeñas. Algunos efectos económicos de esta asimetría en el otorgamiento del financiamiento son el freno al potencial de innovación, pues al tener garantizadas su cuotas de mercado las grandes empresas tienen pocos incentivos para desarrollar nuevos productos, lo que hace que la innovación que llegan a realizar se concentre en cuestiones internas de la empresa y sus procesos o se haga más lenta en relación al potencial de innovación social; un segundo efecto efecto es que las grandes empresas pueden utilizar el financiamiento para realizar apalancamientos financieros, lo que puede no fomentar el crecimiento económico o la creación de empleos nuevos de manera directa; un tercer efecto es que el fomento al crecimiento es menor en función al potencia de los recursos financieros, ya que al ser menos el universo de empresas que se apoyan, son menos y más concentrados los efectos multiplicadores de la inversión hecha en relación a lo que se puede lograr de financiar más y más diversas empresas pequeñas y medianas, entre otros.

Uno de los motivos para que esto suceda, se encuentra en la propia Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que en su artículo 69 establece que los recursos provenientes de fondos de ahorro para el retiro solo se pueden invertir en acciones de oferta pública; de manera que para la mayoría de Pymes, el acceso a estos recursos se hace imposible, en razón de que lograr lanzar ofertas públicas requiere no solo la realización de trámites y gestiones administrativas que conllevan una importante inversión para las empresas, sino que además, exige el establecimiento de montos de capital que en la mayoría de ocasiones son prohibitivos para el nivel de madurez de la empresa y de su inversión, lo que de ninguna manera debería restarle valor a las compañías que demuestran ofrecer productos de valor para el mercado y que por el contrario, debería permitirles la oportunidad de escalar su producción para fomentar el desarrollo de la actividad productiva nacional de manera equitativa.

De manera que, en esta iniciativa se propone flexibilizar el esquema actual para permitir que las sociedades de inversión puedan adquirir valores que sean objeto tanto de oferta pública como de oferta privada. Esto permitirá que los costos de las emisiones bajen, haciendo más atractivas a las pequeñas y medianas empresas que participen en el sector.

Asimismo, para evitar poner en riesgo los fondos de ahorro para el retiro de los trabajadores, se propone que cuando se trate de ofertas privadas, las mismas se sujeten a las reglas de carácter general que para tal efecto emita la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, manteniendo así la regulación y la supervisión institucional de las inversiones, a fin de mantener la salud y garantía de los fondos de ahorro para el retiro de los trabajadores.

Contenido de la propuesta

Se propone una reforma al artículo 69 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para permitir la inversión en oferta privada, con la finalidad de ampliar el abanico de posibles empresas a financiar, principalmente de Pymes manteniendo la supervisión institucional toda vez que las adquisiciones de valores de oferta privada deberán sujetarse a las reglas de carácter general que para tal efecto emita la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

En línea con lo anterior, se plantea que la Consar establezca las reglas generales para la adquisición de la oferta privada emitidos por empresas y fondos de capital privado y capital emprendedor, por ser la autoridad encargada de vigilar que se resguarden adecuadamente los recursos de los trabajadores, lo que permitirá dar flexibilidad a la autoridad administrativa para el establecimiento y modificación de dichas reglas, permitiendo al mismo tiempo que los fondos de los trabajadores se inviertan de manera oportuna, responsable y con las mejores condiciones de rentabilidad, riesgo y sustentabilidad.

Para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo antes expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 69 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 69 de la Ley de los Sistemas del Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:

Artículo 69.- Las sociedades de inversión podrán adquirir valores que sean objeto de oferta pública, a través de colocaciones primarias o a través de operaciones de mercado abierto, y de oferta privada, emitidos por empresas y fondos de capital privado y capital emprendedor con operaciones en México. Las adquisiciones de valores de oferta privada deberán sujetarse a las reglas de carácter general que para tal efecto emita la Comisión.

I. ...

II. ...

...

...

Transitorios

Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro contará con un plazo de 180 días hábiles para la expedición y publicación en el Diario Oficial de la Federación de las reglas de carácter general que den cumplimiento a este Decreto, oyendo previamente la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Artículo tercero. Quedan sin efectos las disposiciones legales que contravengan o se opongan a lo dispuesto en este decreto.

Notas

1 Censos Económicos 2019. Micro, pequeña, mediana y gran empresa, estratificación de establecimientos, Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenid os/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825198657.pdf

2 Demografía de los negocios, Esperanza de vida, Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

https://www.inegi.org.mx/temas/dn/

3 Radiografía del emprendimiento en México 2020, Asociación de emprendedores de México,

https://asem.mx/wp-content/uploads/2021/06/Radiografia-del-Empre ndimiento-en-Mexico-2020.pdf

4 Ídem.

5 Informe trimestral al honorable Congreso de la Unión sobre la situación del SAR, segundo trimestre 2022, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023.– Diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.

LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, suscrita por la diputada Carmen Rocío González Alonso y legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, diputada Carmen Rocío González Alonso, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II; 72 y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 55, fracción II y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Hoy en día, alrededor de 55 por ciento de la población mundial, 4 mil 200 millones de habitantes, vive en ciudades. Se cree que esta tendencia continuará. En 2050, la población urbana se duplicará, y casi 7 de cada 10 personas vivirán en ciudades. Actualmente más de 80 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial se genera en las ciudades, si la urbanización se gestiona adecuadamente puede contribuir al crecimiento sostenible, aumentando la productividad y facilitando la innovación y el desarrollo económico, no solo de los estados, sino también del país.

Según el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU Hábitat), en las próximas décadas buena parte del crecimiento demográfico en México será urbano. Esto significa que el país pasará de contar con 384 ciudades a 961 en 2030, en las que se concentrará 83.2 por ciento de la población nacional, esto conllevará grandes retos a las autoridades, porque es en las ciudades donde se concentran las fuerzas productivas, políticas, científicas y culturales, al grado que la prosperidad del país está depositada en ellas. Por ello es fundamental ordenarlas a través de formulación de instrumentos de planeación urbana hacerlas más productivas y competitivas, reduciendo sensiblemente la inequidad y desigualdad social y su huella ambiental.

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano es el instrumento jurídico por el cual se establecen y fijan las normas básicas e instrumentos de gestión para ordenar el uso del suelo y los asentamientos humanos en nuestro país, establece la concurrencia de la federación, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales para la planeación, ordenación y regulación de los Asentamientos Humanos en el territorio nacional.

Es a través de esta ley por la cual se fijan los criterios para que exista una definición de competencias, así como una efectiva congruencia, coordinación y participación entre los distintos órdenes de gobierno para la planeación del territorio.

Este instrumento jurídico fue promulgado el 28 de noviembre de 2016, dentro de las disposiciones transitorias de este se establecía un plazo de un año para que, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán crear o adecuar todas las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los contenidos de este instrumento.

Fue dentro de esta armonización a la legislación en materia de desarrollo urbano durante mi periodo como diputada local, en la cual se establecieron mesas interinstitucionales para el estudio de la Ley General, en la que detectamos una serie de regulaciones y criterios que la Ley General establece traslado a las atribuciones de las autoridades municipales y estatales en la materia, dificulta su actuar en la regulación del tema del desarrollo urbano y no hace posible realizar las adecuaciones establecidas en la legislación general a las leyes locales y/o reglamentos, además se detectaron ciertos conceptos que por su importancia o naturaleza deberían encontrar una definición desde la legislación general, sin embargo no se encuentran debidamente reglamentados en este instrumento.

Con base en lo anterior, buscando contar con un instrumento robustecido en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, el cual permita a las autoridades municipales y estatales, en cuyas atribuciones recae la totalidad de la aplicación de esta ley, llevar a cabo de mejor manera sus atribuciones, permitiendo un ordenamiento del territorio que garantice el cumplimiento de los principios de un desarrollo urbano sustentable y efectivo, cumpliendo con esta primicia es que propongo realizar una serie de adecuaciones en los siguientes puntos:

• Se propone dotar como facultad del municipio, a través de las leyes locales en la materia, que al momento de expedir las licencias de usos de suelo para las distintas acciones urbanísticas que involucren la instalación de estaciones de servicio que comercialicen, expendan, almacenen o resguarden productos derivados de petróleo o aquellos que por sus características puedan constituir un riego para la población, estos puedan establecer requisitos y distancias específicas para el otorgamiento de dicho instrumento, esto como una medida para planear, organizar, controlar, vigilar y regular ordenadamente la utilización del suelo en los centros de población, así como prevenir de riesgos a la población y garantizar la seguridad del entorno urbano, soy consciente que este tipo de regulación ha sido materia de diversas controversias jurisdiccionales; entre las que se ven involucrados el derecho a la libertad de comercio; la libre competencia y concurrencia; así como las facultades exclusivas de la federación en materia de hidrocarburos a partir de la reforma energética del año 2013; bajo ese contexto, la regulación que se plantea se encuentra enfocada a que dichas acciones urbanísticas deban ser congruentes con el uso de suelo previsto en los planes y programas de desarrollo urbano, para lo cual los municipios deberán cumplir con bases mínimas establecidas en la ley, con el objeto de que exista una correcta planeación y regulación del ordenamiento territorial y el crecimiento de los centros de población, garantizando así la seguridad del entorno urbano, lo cual es compatible con lo dispuesto por el artículo 115, fracción V, inciso d), de la Constitución federal.

Es importante hacer mención, que actualmente algunas entidades federativas han incluido este tipo de restricciones a través de la regulación de un uso de suelo y la zonificación de este tipo de establecimientos, específicamente de las gasolineras, determinando distancias mínimas entre estos.

Dichas restricciones han encontrado una validez constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los juzgados y tribunales colegiados de circuito del Poder Judicial de la Federación en diversas ocasiones, por lo que la pretensión que hoy plasmamos en la iniciativa es compatible y congruente con la legislación en materia de hidrocarburos, ya que no se invade una esfera competencial exclusiva de la Federación.

Lo anterior puede corroborarse en diversas controversias constitucionales y amparos interpuestas contra reglamentos municipales en los cuales se plasman regulaciones que buscan normar distancias mínimas entre estaciones donde se expenden hidrocarburos los cuales, aún y cuando la legislación en materia de hidrocarburos aprobada en 2013 entró en vigor, el máximo órgano jurisdiccional del país, a través de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), avaló la competencia de los municipios en materia de uso de suelo y zonificación, inclusive aún y cuando estos disponían de distancias mínimas entre estaciones de servicio que expenden hidrocarburos.

Como ejemplo de esto, tenemos la controversia constitucional promovida en 2006 por la Presidencia de la República, donde se intentó dejar sin validez el Reglamento para la Ubicación y Operación de Estaciones de Servicio en el Municipio de Juárez, Chihuahua, argumentando que dicho municipio no contaba con atribuciones para expedir reglamentos en materia de zonificación, uso de suelo y ecología, siendo reconocidas dichas atribuciones por la SCJN, esto con base en lo establecido por el artículo 115 de la Constitución, donde ésta avaló que los municipios sí contaban con facultades para expedir reglamentos en las materias mencionadas con anterioridad.

Con la reforma en materia energética de 2013, donde la competencia en materia de hidrocarburos pasó a ser exclusiva de la federación, la SCJN reconoció la jurisdicción exclusiva de esta en la materia, incluyendo el expendio al público en general que se hace en las estaciones de servicio, sin embargo, copta esta jurisdicción únicamente a las disposiciones medio ambientales, entendiéndose por esto a la protección del medio ambiente, equilibrio ecológico y desarrollo sustentable, quedando prohibido para las entidades federativas legislar en estos temas, pero quedando vigentes las atribuciones en materia de zonificación y uso de suelo, las cuales buscan regular y controlar las reservas, usos y destinos de predios y áreas en los centros de población de su ámbito territorial.

Conforme a lo anterior y bajo el estudio de los criterios emitidos por la SCJN, se puede concluir lo siguiente: los municipios tienen la facultad de regular, con base en protección civil, zonificación y uso de suelo la ubicación de construcciones, establecimientos y negocios en su territorio, incluyendo aquellos que expendan hidrocarburos, sin que esto se entienda como una invasión a la competencia federal, esto como sus atribuciones concurrentes en materia de asentamientos humanos, con los cuales estos regulan el ordenamiento de sus territorios y controlan el crecimiento de los centros urbanos.

Similar criterio ha prestablecido en la resolución de diversos amparos por parte de los tribunales colegiados los cuales, al resolver impugnaciones a diversos ordenamientos de algunas entidades federativas y sus municipios los cuales buscan establecer ciertas distancias mínimas en el otorgamiento de las licencias de uso de suelo, quedaba validada la competencia de estos en materia de desarrollo urbano.

Con base en esto, la iniciativa que hoy se pone a consideración propone dotar a las autoridades estatales y municipales en la materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y asentamientos humanos, con la facultad de que éstos puedan determinar distancias mínimas para la expedición de las licencias de uso de suelo para la instalación de estaciones de servicio que comercialicen, expendan, almacenen o resguarden productos derivados de petróleo o aquellos que por sus características puedan constituir un riesgo para la población convirtiéndose en los responsables de la revisión y autorización de la planeación, organización, ejecución, control y evaluación, esto en atención a sus facultades legislativas en la materia respetando la autonomía del estado y los municipios conforme a las facultades exclusivas que le otorga a estos la Constitución.

En virtud de los expuesto, se propone que los municipios tengan la facultad para resguardar la seguridad de los ciudadanos, pero sobre todo se siga a pie de la letra los planes y programas de desarrollo urbanos municipales, por ello, los municipios de conformidad con lo señalado, puedan tener las capacidades para establecer las distancias mínimas, para que los estacionamientos expendedoras de los derivados del petróleo, no queden establecidos dentro de un perímetro que vulnera la integridad de otros establecimientos, así como de escuelas, centros recreativos, hospitales, centros de trabajos de varios ciudadanos.

Ahora bien, como se abordó al comienzo de este documento, dentro del multicitado ordenamiento que da origen a este proyecto, encontramos que dentro de la acción urbanística se adhirió el término de “ Condominio”. En este orden de ideas, se considera que el término no encaja de manera correcta en la ley general, debido a que se considera, según su definición, como un régimen de propiedad el cual otorga a su titular, el derecho exclusivo de propiedad, uso, goce y disfrute respecto de su unidad privativa y, a la vez, un derecho porcentual de copropiedad sobre las áreas de uso común, difiriendo a la conceptualización que se le da en la ley general, donde se engloba como acción urbanística las cuales son las actividades tendientes al uso o aprovechamiento del suelo dentro de áreas urbanizadas o urbanizables.

Por ello, consideramos reformar este apartado de la ley general, para adecuar de una manera más legible, lo que es una acción urbanística, y cambiar el término de “Condominio”, por una de acción de constitución de desarrollo de unidades habitacionales y abiertos. Por lo que, el término de condominio se estaría empleado de manera posteriori, una vez que se haya realizado la edificación y que el término vigente sea empleado de una manera más jurídica a comparación de una acción urbanística.

De igual forma, para sustentar lo expuesto, la misma Real Academia de la Lengua Española, descartar el término propio como una propiedad y no como una acción urbanística.

Dando paso a otro tema, vemos que, dentro de la ley general, cabría un concepto del cual poco se ha abordado, pero que el mismo ha cobrado mucha relevancia en aquellos países desarrollados.

Cuando se habla de contigüidad en el desarrollo urbano, se hace referencia a la expansión continua de las zonas rurales, ciudades y zonas metropolitanas, es decir, que la expansión siga contribuyendo al avance urbano tal y como se dio de origen, y no de manera desordenada, que el avance sea interrumpido por manchas de poblaciones distribuidores de manera irregular.

Lo anterior afecta de manera directa y negativa en los servicios básicos con los que debe contar una población, pues cuando la expansión de los asentamientos humanos es irregular, sin planes y programas urbanos, difícilmente pueden seguir desarrollándose. Además de la dificultad para dotarlos de servicios públicos, también es difícil asegurar el crecimiento económico, seguido de no generar empleos y de falta de oportunidades para la población.

Por ello, se plantea incluir dentro del glosario de la ley, el término de Contigüidad, como un principio que permita orientar el crecimiento o consolidación de la mancha urbana de forma tal que los desarrollos y las acciones urbanas inherentes sean dirigidas a establecerse contiguas a otras áreas que cuenten con infraestructura y equipamiento consolidado.

Como parte de la propuesta se plantea reformar los artículos 3o., fracción I, y adicionar una fracción X, recorriéndose las subsecuentes en su orden; se adiciona un párrafo segundo a la fracción XI del artículo 1; y se reforma el artículo 60, fracción VII.

Para ilustrar de mejor manera las propuestas de reforma y adición a diversas disposiciones de la ley en comento, se muestra un cuadro comparativo para quedar como sigue:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, a efecto armonizar y actualizar diversas disposiciones en la materia

Artículo Único. Se reforman los artículos 3o., fracción I; 60, fracción VII; se adiciona una fracción X al artículo 3, recorriéndose las subsecuentes en su orden; se adiciona un segundo párrafo a la fracción XI del artículo 11, para quedar redactados de la siguiente manera:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Acción Urbanística: actos o actividades tendientes al uso o aprovechamiento del suelo dentro de Áreas Urbanizadas o Urbanizables, tales como subdivisiones, parcelaciones, fusiones, relotificaciones, fraccionamientos, constitución de desarrollos habitacionales y abiertos, conjuntos urbanos o urbanizaciones en general, así como de construcción, ampliación, remodelación, reparación, demolición o reconstrucción de inmuebles, de propiedad pública o privada, que por su naturaleza están determinadas en los planes o programas de Desarrollo Urbano o cuentan con los permisos correspondientes. Comprende también la realización de obras de equipamiento, infraestructura o Servicios Urbanos;

II. a IX. ...

X. Contigüidad: Acción que permite continuar con el crecimiento o expansión de un asentamiento a partir de su límite o limites permitiendo la consolidación de un espacio o mancha urbana definida y delimitada;

XI. Crecimiento: acción tendente a ordenar y regular las zonas para la expansión física de los Centros de Población.

XII. a XLIV. ...

Artículo 11. Corresponde a los municipios:

I. a X. ...

XI. Expedir las autorizaciones, licencias o permisos de las diversas acciones urbanísticas, con estricto apego a las normas jurídicas locales, planes o programas de Desarrollo Urbano y sus correspondientes Reservas, Usos del Suelo y Destinos de áreas y predios.

Con el objeto de planear, organizar, controlar, vigilar, evaluar y regular ordenadamente la utilización del suelo en los centros de población, así como prevenir los riesgos a la población y garantizar la seguridad del entorno urbano, las normas jurídicas locales, podrán determinar requisitos y distancias específicas en la expedición de licencias de uso de suelo o permisos para la instalación de estaciones de servicio que comercialicen, expendan, almacenen o resguarden productos derivados de petróleo o aquellos que por sus características puedan constituir un riego para la población;

XII. a XXVI. ...

Artículo 60. La legislación local, en las materias objeto de esta Ley, establecerá los requisitos para las autorizaciones, licencias o permisos de uso del suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones, condominios y para cualquier otra acción urbanística, en los siguientes términos:

I. a VI. ...

VII. Deberá definir los casos y condiciones para la suspensión y clausura de las obras en ejecución, por parte de la autoridad en materia de desarrollo urbano, los medios de impugnación y defensa que el particular tiene y la resolución definitiva de estas;

VIII. a IX. ...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán adecuar todas las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los contenidos de este instrumento.

Nota

1 Amparo en revisión 19/2018 resuelto por unanimidad de votos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. Amparo indirecto 1592/2019Amparo en Revisión 18/2020

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023.– Diputada Carmen Rocío González Alonso (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para dictamen.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Iniciativa que reforma el artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada Lidia Pérez Bárcenas, del Grupo Parlamentario de Morena.

Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para dictamen.

LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA, LEY DE PUERTOS Y LEY DE NAVEGACIÓN Y COMERCIO MARÍTIMOS

«Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Inversión Extranjera, de Puertos, y de Navegación y Comercio Marítimos, a cargo de la diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley de Puertos y Ley de Navegación y Comercio Marítimos, en materia de cabotaje marítimo extranjero, al tenor de la siguiente

Propuesta legislativa

Facilitar el comercio internacional marítimo y reducir sus costos mediante la regulación del cabotaje realizado con medios extranjeros.

Exposición de motivos

Consideraciones del comercio marítimo internacional

El comercio internacional históricamente ha sido el impulsor del desarrollo de los Estados, en razón de que gracias a dichos intercambios ha sido posible la conectividad entre las partes y la integración de las economías mundiales, al brindar condiciones óptimas de cooperación, estabilidad y empleabilidad; por cuanto hace al transporte marítimo, se destaca que acapara el 90 por ciento del total de las interacciones comerciales globales, lo que se traduce en la movilización de más de 11 mil millones de toneladas anualmente, develando así la importancia global de esta industria para el impulso de las cadenas de suministro.

A pesar de lo anterior, durante la pandemia de Covid-19, los niveles del comercio marítimo internacional descendieron de manera histórica por diversas restricciones de los gobiernos, especialmente, para la región de América Latina y el Caribe, las importaciones y exportaciones fueron a la baja un 12.2 por ciento adicionalmente, la subida de los precios de los fletes marítimos hasta 2021 alcanzaron precios de $10,377 dólares.

Con todo, el panorama actual en el que de manera paulatina las economías mundiales atraviesan procesos de recuperación muestran un panorama optimista, pues se han comenzado a estabilizar los precios en los fletes marítimos; asimismo, la costa pacífica mexicana durante el 2021 resistió a la caída del comercio internacional por lo que sus importaciones y exportaciones de enero a diciembre de 2021 fueron de 29.5 por ciento del total de los movimientos marítimos de Latinoamérica.

No obstante lo anterior, durante la pandemia nuestros puertos perdieron rentabilidad y capacidad de mantenimiento, aumentando significativamente los costos públicos para mantenerlos operacionales. Permitir el cabotaje le devolverá rentabilidad a nuestros puertos y disminuirá significativamente el gasto público para su mantenimiento.

Un área de oportunidad para México

En el pasado el Estado mexicano ha limitado la participación de las compañías navieras extranjeras para realizar movimientos, actividades e inversiones en los puertos de cabotaje.

Por lo que, en la celebración de tratados internacionales comerciales en materia de transporte por agua, se ha incurrido en el establecimiento de excepciones a principios como Trato Nacional y Trato a la Nación Más Favorecida, lo cual ha impedido el desarrollo de un escenario en el que diversos competidores navieros tengan la oportunidad de competir en igualdad de condiciones. En mi opinión, esta política significa dispararnos en el pie ante las condiciones actuales de una mayor necesidad de uso de nuestros puertos, como es el caso de Puerto Chiapas, que se favorecería con que empresas navieras internacionales pudieran mejorar su comercio y nivel de operaciones para permitirle un desazolve indispensable y rentable.

En el ámbito nacional, las limitantes son reguladas principalmente a través de tres ordenamientos jurídicos: la Ley de Inversión Extranjera, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos; en las cuales se han establecido esquemas diferenciados que limitan las opciones disponibles para la satisfacción de las necesidades portuarias, particularmente cuando para ello se busca recurrir a navieras, embarcaciones o artefactos navales extranjeros para transportar carga entre puntos y puertos nacionales.

Aunque válida, dicha práctica comercial proteccionista obstaculiza el crecimiento del comercio internacional en México y en última instancia la tan necesaria recuperación económica en un contexto post pandemia; además, la falta de competencia e incentivos para la participación de otros actores en el comercio marítimo mexicano acerca al Sistema Portuario Mexicano a un escenario de saturación respecto a la capacidad de sus puertos de altura, ya que a pesar de que nuestro sistema cuenta con 103 puertos, en los cuales –y si las condiciones técnicas y operativas lo permiten– se podría depositar parte del comercio nacional e internacional, en los hechos, la limitante de establecer únicamente 16 como puertos de altura, así como la restricción para que embarcaciones extranjeras puedan trasladar carga entre puertos nacionales, propicia que los operadores logísticos enfrenten cuellos de botella que se traducen en un incremento a los costos de las empresas, los clientes y los consumidores finales.

Como consecuencia de lo anterior, medios especializados en el ámbito logístico han señalado que compañías navieras internacionales como Hapag-Lloyd en 2021, han sufrido retrasos de hasta 72 horas en puertos como Ensenada y Veracruz.

Asimismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ha documentado que debido a las restricciones de la legislación mexicana en materia de cabotaje marítimo, las embarcaciones extranjeras que realizan navegación de altura, deben realizar viajes sin carga para trasladarse entre puertos nacionales, lo que reduce el tránsito portuario en determinadas zonas y puertos y desa-provecha el potencial náutico marino de México, que podría significar un incremento para la derrama económica local e incentivar zonas que hoy por hoy se encuentran olvidadas a pesar de contar con infraestructura suficiente para dinamizar su vida portuaria.

Como resultado de la limitación a la liberalización de la navegación de cabotaje realizado por navieras extranjeras, para el ejercicio de enero a diciembre de 2022, el movimiento nacional de carga para los puertos de altura acaparaba el 81.4 por ciento; mientras que para los puertos de cabotaje solamente fueron del 18.86 por ciento, cifra que puede incrementarse si se comprende el momento crucial que el mundo atraviesa y se permite continuar con los procesos de apertura con el mundo para posicionar a México como una potencia portuaria.

Contenido de la propuesta

Atendiendo a las consideraciones presentadas, se propone modificar los procesos actuales para permitir que navieras extranjeras o embarcaciones extranjeras puedan realizar cabotaje entre puertos y puntos nacionales cuando se encuentren en territorio nacional como consecuencia de la navegación entre puertos o puntos nacionales e internacionales y transporten personas o bienes entre puertos o puntos nacionales.

Para ello, se establece la obligación de contar con un permiso expedido por la Secretaría de Marina, respetuoso de la libre competencia, y permitirá operar a navieras y embarcaciones o artefactos navales extranjeros en determinadas rutas nacionales, cuando no existan embarcaciones mexicanas disponibles en igualdad de condiciones técnicas o bien cuando impere una causa de interés público o la ruta sea de interés estratégico para el desarrollo de la infraestructura portuaria del Estado mexicano y siempre que esta última cuente con la capacidad técnica y operativa necesaria.

El permiso otorgará a su titular el trato de nacional en las embarcaciones y rutas autorizadas por la Secretaría y le impondrá las mismas obligaciones que el marco legal respectivo impone para el cabotaje realizado por navieras mexicanas en puertos y puntos nacionales.

Se establece asimismo la posibilidad de que la Secretaría determine, de acuerdo a las capacidades técnicas y operativas de cada lugar, los puertos aptos para recibir cabotaje realizado por medios extranjeros, lo que le permitirá tener el control sobre las rutas autorizadas y fomentar el crecimiento de determinadas zonas y regiones del país, agilizando el comercio nacional e internacional.

Por último, se estima necesario establecer la obligación de requerir resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Economía para incluir a las sociedades navieras dedicadas a la explotación de embarcaciones que realicen cabotaje utilizando medios extranjeros.

Para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo antes expuesto, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, la Ley de Puertos y la Ley de Navegación y Comercio Marítimos

Artículo Primero. Se reforma la fracción II del artículo 8 de la Ley de Inversión Extranjera, para quedar como sigue:

Artículo 8o.-...

I.- ...

II.- Sociedades navieras dedicadas a la explotación de embarcaciones exclusivamente en tráfico de altura y que realicen cabotaje utilizando medios extranjeros;

Artículo Segundo. Se adiciona un inciso c) a la fracción I del artículo 9 y una fracción III Bis. al artículo 16 y se reforma el inciso b) de la fracción I del artículo 9 de la Ley de Puertos para quedar como sigue:

Artículo 9o.- ...

I. ...

a) De altura, cuando atiendan embarcaciones, personas y bienes en navegación entre puertos o puntos nacionales e internacionales ;

b) De cabotaje, cuando sólo atiendan embarcaciones, personas y bienes en navegación entre puertos o puntos nacionales , y

c) De cabotaje apto para medios extranjeros, cuando los puertos o terminales de cabotaje señalados en el inciso b) de esta fracción, cuenten con los elementos técnicos y operativos que a juicio de la Secretaría sean necesarios para recibir una embarcación o artefacto naval extranjero que se encuentre en territorio nacional como consecuencia de la navegación entre puertos o puntos nacionales e internacionales y que transporte personas o bienes entre puertos o puntos nacionales conforme a lo dispuesto en esta Ley y la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Artículo 16.- ...

I a III. ...

III. Bis. Determinar los puertos y terminales aptos para cabotaje realizado a través de medios extranjeros, atendiendo a las dimensiones de la embarcación o artefacto naval, a la capacidad técnica y operativa del puerto o terminal de que se trate, así como a los Tratados Internacionales de los que la Nación mexicana forme parte;

IV. a XIV. ...

Artículo Tercero. Se reforma la fracción II del artículo 38, los artículos 40 y 41, el inciso d) de la fracción I del artículo 42 y su último párrafo, el último párrafo del artículo 44, el artículo 65, la fracción IV del artículo 328 y se adiciona un apartado C al artículo 39 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, para quedar como sigue:

Artículo 38.- La navegación que realizan las embarcaciones se clasifica en:

I. ...

II. De cabotaje.- Por mar entre puertos o puntos situados en zonas marinas mexicanas y litorales mexicanos, incluyendo el realizado a través de medios extranjeros; y

III. ...

...

Artículo 39.- ...

A. ...

...

...

B. ...

...

C. La utilización de embarcaciones en navegación de cabotaje realizado a través de medios extranjeros estará abierta para los navieros y las embarcaciones de todos los Estados y requerirá de autorización de la Secretaría, previa opinión positiva de la Comisión Federal de Competencia Económica en los términos de esta ley.

Artículo 40.- Sin perjuicio de lo previsto en los Tratados Internacionales y a las excepciones previstas en el artículo 41 de esta Ley, la operación y explotación de embarcaciones en navegación interior y de cabotaje estará reservada a navieros mexicanos con embarcaciones mexicanas

...

La operación y explotación de embarcaciones en navegación interior y de cabotaje, destinadas a servicios turísticos, deportivos y recreativos, así como la operación y explotación de aquellas destinadas a la construcción y mantenimiento portuario, y el dragado distintas a la señalada en el artículo 41 de esta Ley podría realizarse por navieros mexicanos o extranjeros con embarcaciones mexicanas o extranjeras, previa autorización de la Secretaría, y siempre y cuando exista reciprocidad con el país de que se trate, procurando dar prioridad a las empresas nacionales y cumpliendo con las disposiciones legales aplicables.

...

En caso de no existir embarcaciones mexicanas disponibles en igualdad de condiciones técnicas o bien cuando impere una causa de interés público o la ruta sea de interés estratégico para el desarrollo de la infraestructura portuaria del Estado mexicano y siempre que esta última cuente con la capacidad técnica y operativa necesaria, la Secretaría estará facultada para otorgar permisos para navegación de cabotaje realizado a través de medios extranjeros, de acuerdo con la siguiente prelación:

I. Naviero mexicano con embarcación extranjera, bajo contrato de arrendamiento o fletamento a casco desnudo;

II. Naviero mexicano con embarcación extranjera, bajo cualquier contrato de fletamento , y

III. Naviero extranjero con embarcación extranjera.

Cada permiso de navegación de cabotaje tendrá una duración de cinco años, renovables de ser autorizados.

La Secretaría estará impedida para otorgar renovaciones o permisos adicionales para la misma embarcación, ni para otra embarcación similar que pretenda contratar el mismo naviero para prestar un servicio igual o similar al efectuado en caso de incumplimiento a las obligaciones señaladas en esta Ley. Para la aplicación de esta disposición se considerará que tiene la categoría de naviero la persona o entidad que tiene el control efectivo sobre la embarcación de que se trate.

Salvo el caso del contrato de arrendamiento o fletamento a casco desnudo, mismo que deberá contar de modo exclusivo con tripulación mexicana, cuando la embarcación extranjera para la cual se solicite el permiso de navegación o su renovación, esté contratada por un naviero mexicano bajo cualquier contrato de fletamento, por lo que, en los permisos de navegación y sus renovaciones, que otorgue la Secretaría, se dará prioridad al naviero cuya embarcación cuente con el mayor número de tripulantes mexicanos, de conformidad con el certificado de dotación mínima respectivo.

Artículo 41.- Los navieros extranjeros se sujetarán a las siguientes disposiciones para navegación de cabotaje:

I. Requerirán previo permiso de la Secretaría, que contendrá:

a) La vigencia del permiso;

b) La o las rutas autorizadas;

c) Los límites de transporte atendiendo a las dimensiones de la embarcación o artefacto naval, así como a la capacidad técnica y operativa del puerto o terminal de que se trate;

d) Los medios de identificación que a juicio de la Secretaría sean necesarios para la correcta operación de la embarcación o artefacto naval en territorio nacional;

e) Los derechos a cubrir en términos de esta ley y demás disposiciones aplicables, y

f) El domicilio en territorio nacional registrado ante la Secretaría por el solicitante para la realización de cualquier diligencia en los términos de esta ley.

II. Su operación se sujetará en todo momento a las obligaciones y limitantes que esta Ley y las leyes en la materia establecen para las navieras, embarcaciones y artefactos navales mexicanos.

La sola presentación de la solicitud para obtener el permiso a que hace referencia este artículo conlleva la aceptación expresa e inmediata del solicitante, para someterse a la jurisdicción mexicana, así como al cumplimiento de la legislación nacional durante su estancia y operación en territorio nacional.

Las embarcaciones o artefactos navales extranjeros que cumplan con lo previsto en este artículo y que cuenten con permiso expedido por la Secretaría serán consideradas como embarcaciones nacionales y serán tratadas en igualdad de condiciones en los términos de esta ley y la legislación en la materia dentro de las rutas autorizadas en su permiso.

Artículo 42.- ...

I. ...

a) a c) ...

d) Las embarcaciones extranjeras para prestar el servicio de cabotaje en los términos de esta Ley y del permiso respectivo.

II. ...

III. ...

a) a d) ...

...

El requisito de obtención de un permiso para la prestación de servicios, de conformidad con lo dispuesto en este artículo o bien la ausencia de tal requisito, no prejuzga sobre la necesidad de contar con el permiso de navegación de cabotaje o el deber de abanderamiento, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley.

Artículo 44.- ...

...

...

...

Los plazos señalados en este artículo no serán aplicables al otorgamiento de los permisos a que hacen referencia los artículos 40 y 41 de esta Ley.

Artículo 65. El servicio de inspección es de interés público. La Secretaría inspeccionará y certificará que las embarcaciones y artefactos navales mexicanos y los señalados en el artículo 41 de esta Ley, así como las instalaciones de servicios y receptoras de desechos, cumplan con la legislación nacional y con los Tratados Internacionales en materia de seguridad en la navegación y de la vida humana en el mar, así como de prevención de la contaminación marina por embarcaciones.

Artículo 328.- ...

I. a III. ...

IV. Los solicitantes de permisos de navegación a que hacen referencia los artículos 40 y 41 de esta Ley, que de cualquier manera realicen actos u omisiones con el propósito de obtener aquél de modo ilícito;

Transitorios

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Artículo Tercero.- Dentro del término de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, el Ejecutivo Federal publicará las modificaciones reglamentarias que correspondan.

Artículo Cuarto.- Los permisos y autorizaciones otorgadas con anterioridad a la fecha de publicación de este Decreto, continuarán en vigor hasta el término de su vigencia .

Artículo Quinto.- Las solicitudes de permisos para cabotaje realizado con embarcación extranjera, que se encuentren en proceso de trámite al entrar en vigor este Decreto, quedarán sujetas al régimen y condiciones previstos en éste último .

Notas

1 International Chamber of Shipping. Annual overview on maritime trade policy by the international Chamber of Shippng. 2022. Página 3. Consultado en:

https://www.ics-shipping.org/wp-content/uploads/2022/09/ICS-Trad e-Policy-Review-2022.pdf

2 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Informe Portuario 2021: las primeras señales de recuperación en el transporte marítimo internacional de contenedores de América Latina y el Caribe. Páginas 3 y 16. Consultado en:

https://perfil.cepal.org/l/es/pub/2021_ES.pdf

3 Íbid. Página 5.

4 Ver documento en donde se enlistan los puertos mexicanos de altura y cabotaje:

https://carnet-ata.org/documentos/Puertos.pdf

5 Secretaría de Marina. Informe Estadístico Mensual. Movimiento de carga, buques y pasajeros en los Puertos de México. Enero-diciembre 2021-2022. Consultado en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/796040/12_Diciemb re_2022.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023.– Diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra (rúbrica).»

Se turna a las Comisiones Unidas de Economía, Comercio y Competitividad, y de Marina, para dictamen.

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO

EXHORTO PARA QUE SE PUBLIQUE LA JUSTIFICACIÓN DE LA DEVOLUCIÓN PARCIAL DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS EN JALISCO, EN 2021

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco a publicar, en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la justificación de la devolución parcial del presupuesto asignado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el ejercicio fiscal de 2021, a cargo de la diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés, del Grupo Parlamentario de Morena

Cecilia Márquez Alkadef Cortés, diputada integrante del grupo parlamentario de Morena en la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 numeral 1, fracción I y artículo 79 numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Cámara de Diputados exhorta al gobierno de Jalisco para qué en coordinación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, a hacer pública, la justificación de la devolución parcial del presupuesto asignado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el estado de Jalisco, respecto del ejercicio fiscal 2021. Así mismo, a hacer público el plan de trabajo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, donde se detalle la forma en que se emplean los recursos para la búsqueda de las personas desaparecidas y no localizadas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

“ Hijo mientras no te entierre, te seguiré buscando”.

Madre de un desaparecido.

A la fecha del 31 de diciembre de 2022 según el sistema de información sobre víctimas de desaparición, existe un registro de 13,866 personas desaparecidas de los cuales 11, 993 son hombres y 1,873 son mujeres en el estado de Jalisco, entidad federativa que ocupa el primer lugar en desa-pariciones en México según expertos de la Universidad de Guadalajara.

La desaparición forzada de personas representa una violación grave a los derechos humanos, el derecho a la vida y a la libertad. Dicho acto tiene repercusiones de alto impacto en nuestra sociedad, provocando múltiples afectaciones sociales y en las familias de las desaparecidas, tan solo en lo que va del actual gobierno en el estado de Jalisco se han registrado 6,419 personas desaparecidas en los últimos cuatro años.

La creación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda en el 2017 y con ella el nacimiento de diversas instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda y sus homologas en cada estado del país, así como el Banco Nacional de Datos Forenses institución, institución que lleva más de tres años de retraso en ejercer sus atribuciones, han traído consigo un rezago en la atención de los miles y miles de casos de desaparecidos y personas no localizadas registrados en todo el territorio nacional.

Faltando a los principios tales como el de efectividad y exhaustividad, debida diligencia, enfoque humanitario, presunción de vida, y derecho a la verdad, directrices que según esta ley deben regir las actuaciones de las instituciones antes mencionadas.

A causa de que las instituciones no terminan de conformarse, la necesidad de los familiares de las personas desaparecidas de recibir apoyo en la ardua lucha que implica emprender la búsqueda de sus seres queridos, sigue aumentando hasta llegar a un punto de inflexión, en donde la responsabilidad que debería coordinar el estado en sus diferentes ambos de competencia, son las familias quienes deciden emprender la búsqueda y afrontar la situación con recursos y medios propios.

El Gobierno federal desde la creación de la Ley la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema de Búsqueda ha asignado gran parte del presupuesto anual para la prevención, aplicación y persecución del delito de desaparición forzada. Tan solo en 2021 el presupuesto entregado a la Comisión Nacional de Búsqueda y distribuido entre las 31 entidades federativas y la Ciudad de México fue de 581,941.5 millones de pesos.

Según datos de la Auditoria Superior de la Federación, se comprobó que, de los recursos transferidos para la búsqueda de personas desaparecidas, en 9 entidades no ejerció el total de los recursos asignados para este fin, sin justificación expresa, reintegrando la cantidad de 121,721.5 millones de pesos.

Entre las entidades que devolvieron parte del presupuesto transferido por el Gobierno federal, se encuentran: Guanajuato, Nuevo León, Aguascalientes, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Estado de México y Jalisco, siendo este último el estado número uno en cifras de desaparición de personas.

Según el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, el gobierno de Jalisco hizo la devolución, sin causa justificada, de $12,182.5 millones de pesos, de los $ 33,400.6 millones transferidos por el Gobierno federal, esto representa un porcentaje de 36.5% del monto total, cantidad que se empleó en las jornadas de búsqueda.

Es indignante que la entidad que encabeza la lista de estados con mayor índice de casos de desaparición, y a la cual la Cámara de Diputados, a través de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, destino recursos específicamente para emprender acciones de localización de las víctimas, en coordinación de los familiares y bajo la dirección de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco y su gobierno estatal hayan devuelto más de la tercera parte de presupuesto sin justificación.

Para este 2023, se contemplan 253 millones de pesos que representa un 28% de incremento, destinados a la estrategia interinstitucional, en materia de búsqueda de personas y atención a víctimas, con este aumento se busca incrementar el número de personas identificadas.

Es necesario un plan de trabajo con directrices definidas y prácticas de búsqueda homologadas, que garanticen la investigación y localización de los desaparecidos, así mismo la participación de personal altamente capacitado en la materia.

La pérdida de la confianza puesta en las autoridades por parte de las familias de los desaparecidos es cada vez es más frecuente, es por ello que, ante la ineficacia de las autoridades locales, las organizaciones civiles se están organizando para conformar múltiples colectivos. Durante el 2022, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, mediante un comunicado informó que solamente tuvo presencia, en 29 de los 125 municipios del estado. Esto a pesar de que el Sistema de información Sobre Victimas de Desaparición (SISOVID), informó la existencia de denuncias o reportes de desaparición en al menos 85 municipios de la entidad.

No podemos ser indiferentes ante esta situación, para nuestro actual gobierno el combate a la corrupción es una prioridad, la rendición de cuentas de las autoridades es fundamental y la obligación de ser transparentes y publicar los planes de trabajo y sus avances debe cumplirse a cabalidad. Es por ello que, como diputada federal preocupada por esta situación tan alarmante en el estado de Jalisco, me permito proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Gobierno de Jalisco para qué en coordinación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, a hacer pública, la justificación de la devolución parcial del presupuesto asignado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en el Estado de Jalisco, respecto del ejercicio fiscal 2021.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Gobierno de Jalisco a hacer público el plan de trabajo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, donde se detalle la forma en que se emplean los recursos para la búsqueda de las personas desaparecidas y no localizadas.

Bibliografía:

http://cedhj.org.mx/articulos%20de%20opinion/La%20desaparici%C3% B3n%20de%20personas.pdf

https://sisovid.jalisco.gob.mx/

https://www.cepad.org.mx/infodh/desaparicion-de-personas/

https://jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/151181#:~: text=Para%20el%20fortalecimiento%20de%20temas,Interinstitucional%2C%20En%20Jali sco%20estamos%20buscando.

https://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2021_0068_a.pdf

https://www.udg.mx/es/noticia/jalisco-primer-lugar-en-desaparici ones-y-fosas-clandestinas-en-mexico#:~: text=Jalisco%2C%20primer%20lugar%20en%20desapariciones%20y%20fosas%20clandestin as%20en%20M%C3%A9xico,COVID%2D19%20Acad%C3%A9micos&text=Durante%20el%20gobi erno%20de%20Enrique,600%20personas%20reportadas%20desde%201964.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP.pdf

Ciudad de México, Palacio Legislativo, a 14 de febrero de 2023.– Diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

EXHORTO CON RELACIÓN A LOS FEMINICIDIOS COMETIDOS EN CONTRA DE ALONDRA "N" Y LILIANA "N" EN INSTALACIONES DE LA FISCALÍA DE JALISCO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno y a la Fiscalía de Jalisco, con relación a los feminicidios cometidos en contra de Alondra N y Liliana N en instalaciones de esa fiscalía, en el municipio de Poncitlán, y por las diversas denuncias de agresiones en contra de mujeres en la entidad, a cargo de la diputada Ana Laura Sánchez Velázquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Ana Laura Sánchez Velázquez, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de está soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Jalisco y a la Fiscalía de ese estado con motivo de los feminicidios cometidos en contra de Alondra “N” y Liliana “N” en instalaciones de esa Fiscalía en el Municipio de Poncitlán y por las diversas denuncias de agresiones en contra de mujeres en ese estado.

Consideraciones

El derecho a la vida es un derecho fundamental, tal como se establece en nuestra Carta Magna, sin embargo, parece que la realidad ha superado la ficción y nos hemos quedado muy cortos al tratar de pensar lo que nos puede suceder al momento de ir a denunciar con la convicción y finalidad de salvaguardar nuestra vida.

El pasado 31 de enero dentro de instalaciones pertenecientes a la Fiscalía del Estado de Jalisco ubicadas en el municipio de Poncitlán, Cristopher “N” de 38 años, asesinó a su esposa de nombre Alondra “N” y a su suegra la señora Liliana “N” quienes se habían presentado a denunciarlo por cometer violencia intrafamiliar.

De acuerdo con la nota informativa proporcionada por la Fiscalía de ese estado, Cristopher “N” amagó al personal del Ministerio Público para posteriormente disparar contra de Alondra “N” y Liliana “N”.

Es incompensable el actuar del victimario, pero aún más el accionar de autoridades quienes por su acción u omisión han producido las consecuencias señaladas.

Es de advertirse que las autoridades estatales, municipales, así como de la Fiscalía en el municipio de Poncitlán tenían conocimiento de anteriores agresiones en contra de Alondra “N” y Liliana “N” cometidas por Cristopher “N” y no les fue brindada la atención o protección debidas.

Es por ello la importancia de solicitar al gobierno estatal de Jalisco, la implementación de protocolos, mecanismos, y programas eficaces que permitan a las mujeres vivir de manera segura.

En lo que va del año se han registrado 25 muertes de mujeres que deberían atenderse bajo el protocolo de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género, en cuanto a llamadas al 911 por violencia intrafamiliar el año pasado se registraron casi 600 mil, lo que ubica a Jalisco en los primeros lugares en el país en este tipo de violencias y aseguran que no se ha hecho nada para frenarlas.

De la misma forma se le hace un exhorto a la Fiscalía del estado de Jalisco, a salvaguardar en todo momento los derechos de las víctimas e implementar mecanismos que garanticen la vida de los denunciantes dentro de cualquier proceso judicial, y revisar sus protocolos de seguridad, así mismo no dejar impune dicho acontecer.

De igual manera nos unimos al llamado del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) sobre la condena que refiere a la Fiscalía de Jalisco, a que se realicen las investigaciones correspondientes y garantizar justicia con perspectiva de género como lo establece la legislación.

Dicho lo anterior, se solicita respetuosamente a las autoridades correspondientes y que se exhortan en este punto de acuerdo, a que no haya impunidad ante lamentable suceso ocurrido por el feminicidio de Alondra “N” Y Liliana “N” y que caiga todo el peso de la ley en contra de los funcionarios responsables por sus accione u omisiones que permitieron se llevara a cabo dicho crimen.

De enero a noviembre de 2022, al menos 199 mujeres fueron asesinadas de manera violenta en el estado de Jalisco; sin embargo, solo 31 de los casos son investigados como feminicidio, de acuerdo con estadísticas del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Lamentablemente, Jalisco también ocupa uno de los primeros lugares como la entidad con mayor número de presuntos delitos de feminicidio en el país. Hasta 2020, era la sexta entidad nacional con 66 casos, lo que representa el 7.02 por ciento de los 940 casos nacionales registrados.

Con dicha intención se busca garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos dentro del estado de Jalisco mediante la atención ágil, integral y efectiva, encaminada a la reparación integral del daño, a través de la aplicación de los servicios especializados, con la finalidad de asegurar el acceso a la justicia de conformidad con la Ley de Atención a Víctimas del estado de Jalisco.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura condena los feminicidios cometidos en contra de Alondra “N” y Liliana “N” en instalaciones de la Fiscalía del estado de Jalisco ubicadas en el municipio de Poncitlán.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta al gobierno del estado de Jalisco a instrumentar y articular sus políticas públicas y acciones con perspectiva de género y en términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y se les permita vivir de manera segura.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en su LXV Legislatura exhorta a la Fiscalía del estado de Jalisco a salvaguardar en todo momento los derechos de las mujeres víctimas de violencia en ese estado, así como implementar las medidas de protección, providencias precautorias y medidas cautelar pertinentes que garanticen su vida e integridad.

Notas

1 https://udgtv.com/noticias/omisiones-activistas-presentan-denuncias-tras-femini cidio-alondra-liliana/

2 https://www.zonadocs.mx/2022/10/31/jalisco-es-la-cuarta-entidad-del-pais-con-ma yor-numero-de-mujeres-jovenes-y-ninas-desaparecidas-imdhd/#:~: text=Lamentablemente%2C%20Jalisco%20tambi% C3%A9n%20ocupa%20uno,los%20940%20casos%20nacionales%20registrados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de febrero de 2023.– Diputada Ana Laura Sánchez Velázquez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO Y A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD, DE NUEVO LEÓN, A IMPLEMENTAR ACCIONES PARA COMBATIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno y a la Secretaría de Seguridad, en el estado de Nuevo León, a implementar estrategias y acciones para combatir los índices de inseguridad, a cargo de la diputada Karina Marlene Barrón Perales, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Karina Marlen Barrón Perales, integrante de la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador constitucional del estado de Nuevo León y al secretario de Seguridad del estado, para que en la decisión y ejecucíon de los recursos que se reciben a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 2023 en la entidad, por la suma de 308. 2 millones de pesos, se apliquen en la elaboración e implementación de una verdadera estrategia integral de seguridad y se publiquen en el Periódico Oficial del Estado, de manera trasparente, la ejecución que involucre cada peso que se asigne de este fondo, ya que este debe emplearse como prioridad, en la protección y seguridad de la población del estado, en la profesionalización de los elementos policiales, la prevención de la violencia y del delito en general, la atención y prevención de la violencia contra las mujeres con perspectiva de género, el fortalecimiento del sistema penitenciario, la ejecución de medidas para adolescentes y la rendición de cuentas, resulados y logros de los encargados de la seguridad pública, todo ello, con acciones contundentes y efectivas para combatir los altos indices de inseguridad que se siguen registrando en el estado y afectan considerablemente a la población regia, a con base en las siguientes

Consideraciones

El problema de la inseguridad en el estado Nuevo León, no es nuevo, pero estas cifras se incrementaron duramente en el año 2022, en comparación a los datos que se registraron durante el 2020 y 2021, donde la Fiscalía General de Justicia, señala que 2022, ha sido uno de los más violentos que se han vivido en el estado.

Tal como lo publican diferentes medios de comunicación impresos y digitales, “las cifras de las autoridades estatales revelan que en 2020 se registraron 155 homicidios dolosos entre enero y febrero. En ese lapso, pero de 2021, se cometió la misma cantidad de homicidios y para 2022 se registraron 207” y que además “a decir de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, la ola de violencia en la ciudad aumentó tras la detención de un presunto líder criminal, durante el mes de enero de ese año”, pero acaso se trata de un hecho aislado que por si solo, incrementa la comisión de delitos en el estado, la situación de inseguriada que se registra actualmente, nos tiene rebasados.

Y que, las incipientes acciones que se realizan desde el gobierno local, no ha servido de mucho y tampoco tranquilizan a la población, un simple anuncio del ciudadano Samuel García, gobernador de Nuevo León, donde “señala que los índices de inseguridad van mejorando” cuando las cifras que informó la Fiscalía General de Justicia del estado denotan todo lo contrario y en agosto lo delitos de alto impacto incrementaron tanto anuales como mensualmente durante 2022 y que decir, cuando señala que “la seguridad van mejorando los índices, hemos creado un Plan Maestro para 2050 y se hizo una inversión de 2 mil 100 millones de pesos para patrullas nuevas, del tipo black mambas, conectar los C4 con los C5, nuevas alas de penales seguros y adquirir helicópteros, lo que generará un clima general más seguro”; pregúntele señor gobernador, si su “Plan maestro” ha cambiado la realidad de inseguridad que vivimos a diario, donde la comisión de los delitos, no les importa la hora, el dia, el momento ni las personas de quien se trate.

La Fiscalía no dejara mentir, ya que publicó que “se cometieron un total de cuatro mil 464 delitos, lo que implicó un alza anual de 18 por ciento, mientras que respecto al mes previo el incremento fue de 13.41 por ciento. Los homicidios dolosos, que es el delito que más impacto tiene en la percepción de inseguridad, sumaron 163 en agosto, 48.18 por ciento más que los 110 cometidos en el mismo mes del año pasado. Prácticamente todos los delitos repuntaron de manera significativa tanto en su comparación anual, como mensual y en el acumulado de los primeros ocho meses del año, con alzas de dos dígitos”, por lo que el trabajo que se ha realizado solo muestra una deficiencia sobre la prevención en la comisión de los delitos y la nula persecución de los delitos del fuero común (homicidio, robo con violencia, etcétera) y nuestra percepción de inseguridad, esta en las calles, en la vida diaria, en las actividades que regularmente hacemos, en los lugares cotidianos que visitamos, porque las cifras no mientes y estamos inseguros en su lugar en que vivimos.

Nuevo León registro al concluir 2022, con mil 430 homicidios señalando que “ este ha sido el año más violento en esta década” y que, durante el primer mes de 2023, ya se contabilizan 84 homicidios del año.

Es urgente y prioritario que, como gobierno estatal, se coordine con los gobiernos municipales, y se trabaje en la elaboración de una verdadera estrategia integral de seguridad, que privilegie el bienestar de la población regia con acciones de inteligencia, con herramientas de prevención en la comisión de los delitos, que los servidores públicos conozcan su trabajo para garantizar y proveer de seguridad a nuestra población.

estamos agotados, vivimos con incertidumbre y zozobra porque cada día, suceden delitos como es el robo a casa habitación, homicidios, robo a negocios, asaltos, secuestros, robo a de vehículos, etcétera, y todo ello, a plena luz del día. Necesitamos contar con mayor seguridad no solo en los lugares más peligrosos sino en aquellos de mayor afluencia de la población regia, ya sea en hospitales, en paraderos de servicio público, a fuera y alrededor de las de las escuelas de manera indistinta del nivel de educación que se imparta, en supermercados, cines o plazas, o lugares donde se concentran, por su actividad, un mayor número de madres, de niños, de mujeres, de gente que padece alguna discapacidad o de adultos mayores, por ser el foco principal por su vulnerabilidad, porque solo al contar con una verdadera estrategia efectiva en seguridad y su ejecución en estos lugares como de sus alrededores, se prodra propiciar un mayor bienestar y tranquilidad para nuestras familias y los ciudadanos regios.

Recordemos que como autoridades, debemos implementar acciones inmediatas y comprometidas para salvaguardar la integridad de nuestros pequeños y de cada integrante de nuestra familia sin excepción. Los nuevolense merecemos vivir en paz y con tranquilidad, por lo que hoy es el momento de actuar.

Por lo expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobernador constitucional del estado de Nuevo León y al secretario de Seguridad del Estado, para que en la decisión y ejecucíon de los recursos que se reciben a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de 2023 en la entidad, por la suma de 308. 2 millones de pesos, se apliquen en la elaboración e implementación de una verdadera estrategia integral de seguridad y se publiquen en el Periódico Oficial del estado, de manera trasparente, la ejecución que involucre cada peso que se asigne de este fondo, ya que este debe emplearse como prioridad, en la protección y seguridad de la población del estado, en la profesionalización de los elementos policiales, la prevención de la violencia y del delito en general, la atención y prevención de la violencia contra las mujeres con perspectiva de género, el fortalecimiento del sistema penitenciario, la ejecución de medidas para adolescentes y la rendición de cuentas, resulados y logros de los encargados de la seguridad pública, todo ello, con acciones contundentes y efectivas para combatir los altos indices de inseguridad que se siguen registrando en el estado y afectan considerablemente a la población regia.

Notas

1 En Nuevo León, aumenta inseguridad durante los primeros meses de 2022-Grupo Milenio.

2 “Repunta inseguridad en NL; crecen homicidios 48%” El Financiero

3 Ibídem.

Ensu_Ficha_informativa_jun2022.pdf (iieg.gob.mx)

4 https://lasillarota.com/estados/2023/1/25/nl-cerro-2022-como-el-mas-violento-en -10-anos-llego-2023-mas-sangriento-411567.html

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el 14 de febrero de 2023.– Diputada Karina Marlen Barrón Perales (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

EXHORTO AL IMSS A COTEJAR LOS REGISTROS DE LOS PRODUCTORES DE CAÑA DE AZÚCAR RELACIONADOS A DESCUENTOS POR CUOTAS PARA EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS a revisar, analizar y cotejar los registros de los productores de caña de azúcar en los ingenios azucareros y productores de alcohol, relacionados a descuentos por cuotas para el pago del seguro social, con base en lo estipulado en el convenio IMSS-Uniones cañeras, a cargo de la diputada Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle, del Grupo Parlamentario del PVEM

La que suscribe, diputada Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La caña de azúcar es un elemento importante de la economía en más de 130 países y en México su cultivo es una significativa fuente de ingreso desde la época colonial. Esta agroindustria es una gran palanca de desarrollo económico para nuestro país, ya que se estima genera un valor aproximado entre 40 y 50 mil millones de pesos anuales, esto en función del precio que se esté manejando para la caña. Por este motivo la industria azucarera es considerada como una de las más relevantes para la economía nacional.

La primera plantación de caña tuvo lugar en el estado de Veracruz, entidad que actualmente sigue ocupando el primer lugar con más de la tercera parte de la producción nacional, ya que aporta el 38 por ciento del total nacional, le sigue Jalisco con el 13 por ciento y finalmente San Luis Potosí con el 7 por ciento. En México se cultivan más de 800 mil hectáreas de caña de azúcar en 267 municipios de 15 entidades federativas. De esta industria agrícola dependen aproximadamente 500 mil familias, cerca de 200 mil abastecedores de caña, 155 mil jornaleros, 70 mil cortadores, 32 mil transportistas, 35 mil trabajadores sindicalizados, 7 mil 689 trabajadores de confianza y 11 mil 822 jubilados. En términos generales, se estima que esta cadena de valor genera 500 mil empleos directos y 2.4 millones de empleos indirectos.

La caña es utilizada principalmente para la obtención de azúcar, pero también se emplea como abono orgánico, alimento animal y para la fabricación de papel. Otro derivado es el jugo de caña de azúcar, el cual se emplea en la elaboración de alcohol industrial y de bebidas alcohólicas.

La caña de azúcar también es considerada como una de las fuentes energéticas más baratas para las familias y uno de los cultivos con mayor capacidad para convertir la energía solar en biomasa, lo cual permite ayudar a mantener limpios los bosques y favorece el desarrollo rural cuando se genera electricidad.

La producción de caña en el país aproximadamente es de 56 millones de toneladas, lo que da origen a una producción de azúcar de 6 millones de toneladas, de las cuales en México se consumen cuatro millones y las otras dos se mandan al mercado internacional.

Para que esto siga siendo posible, la Secretaría de Agricultura apoya a productores de caña de azúcar que cuenten con hasta 20 hectáreas de temporal o hasta cinco de riego con una cuota por productor de siete mil 300 pesos, sin embargo, los pequeños productores de caña atraviesan por una profunda crisis, económica y laboral. Por un lado, el mercado de edulcorantes ha crecido de manera muy importante, a ritmos de 33 por ciento en los últimos años y muchos consumidores procuran ahora la compra de sustitutos de azúcar, por otro, la industria refresquera ha desplazado la compra de azúcar en sus bebidas, no porque procuren reducir los efectos negativos en sus consumidores, sino porque la fructosa les representa mejores resultados en su margen de utilidad, lo cual ha reducido el valor de la tonelada de caña de azúcar.

De fructosa se registra un consumo anual de un millón setecientas mil toneladas y cada año; ésta se obtiene del maíz, una fructosa que la industria refresquera nacional consume para imprimir el endulzante en sus productos gaseosos y en el cual, desde luego, México no es autosuficiente, motivo por el cual, para satisfacer la demanda, se tiene que importar este jarabe y las dos empresas que la producen en territorio nacional son de origen estadounidense.

En la zafra de 2020-2021 la producción de azúcar fue de cinco millones setecientas mil toneladas. Esta producción resulta de gran relevancia para los productores cañeros porque son cerca de 500 mil familias las que viven directamente de su trabajo, obteniendo un nivel promedio de cosecha de 7.5 toneladas por hectárea.

A pesar de ser el sector cañero uno de los más importantes para la economía de México, los pequeños productores son los más perjudicados por no tener el subsidio completo para su afiliación al Seguro Social y estar siempre expuestos a contraer diferentes enfermedades durante el año, pero principalmente durante la cosecha cuando se inicia la zafra, por lo que es necesaria su afiliación a la referida institución.

Es importante mencionar que los productores de caña de azúcar reciben un subsidio para el pago de su seguridad social por parte del Gobierno federal el cual cuenta con recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación por la Cámara de Diputados y fiscalizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se refleja el monto aprobado para pago de las cuotas de seguridad social de cada año.

No obstante, el recurso referido resulta insuficiente ya que cada ejercicio fiscal hay reducción, lo anterior sin considerar el uso indebido que algunas uniones cañeras locales le dan al mismo, pues pagan con ese subsidio a productores de caña a quienes en su liquidación anual se les descuenta al 100 por ciento de su cuota del IMSS, haciéndolos pasar como pequeños productores subsidiados, afectando así a quienes verdaderamente son pequeños productores.

En este contexto, es imperativo que el IMSS verifique con los ingenios azucareros el correcto ejercicio del recurso referido para comprobar que realmente se esté pagando lo que se les descuenta a los cañeros en su hoja de liquidación.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social a revisar, analizar y cotejar los registros de los productores de caña de azúcar en los ingenios azucareros y productores de alcohol relacionados a descuentos por cuotas para el pago del seguridad social, con base en lo estipulado en el convenio IMSS-Uniones Cañeras, con la finalidad de identificar el manejo del subsidio que el gobierno Federal aporta para el pago de las cuotas de cada pequeño productor de caña.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023.– Diputada Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen.

EXHORTO A LA ASF Y A LA FGR, A PUBLICAR LAS DENUNCIAS Y SANCIONAR A TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS LIGADOS A LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN EN SEGALMEX

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF y a la FGR a publicar las denuncias que constituyen un daño al erario público, así como a dar seguimiento y sancionar a todos los servidores públicos ligados a los actos de corrupción en el caso Segalmex, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

La corrupción representa un problema y un obstáculo para el crecimiento de un país, además de que tiene un efecto perjudicial en la capacidad de los gobiernos de generar desarrollo. En el caso mexicano, la corrupción es uno de los principales males que aquejan a la sociedad y es reconocido que la confianza ciudadana en el gobierno y la percepción social sobre las instituciones del Estado se han puesto en duda.

En la evaluación del Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, México sigue siendo el país peor evaluado entre los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y por tercer año consecutivo, México obtuvo 31 puntos, donde 100 sería la mejor calificación posible y cero la peor, es decir que con 31 puntos México se encuentra en la posición 126 de los 180 países evaluados por Transparencia Internacional.

Los resultados del IPC en 2019 y 2020 para México representaban una tendencia positiva en cuanto al control efectivo de la corrupción sin embargo, la falta de sanciones para los involucrados en grandes redes de corrupción, como lo son el caso de Segalmex, entre otros, han puesto en duda la capacidad de las autoridades de ir más allá de la denuncia y llevar a los responsables a juicio.

Con relación a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde 2019 señaló anomalías, actos de corrupción y desvíos por miles de millones de pesos. Dicha situación ha provocado que la Secretaria de la Función Pública (SFP) abriera 618 expedientes de investigación por presuntas responsabilidades administrativas, y que hasta el momento ha dejado alrededor de 11 mil millones de pesos como daños al erario.

De ahí que, en 2020, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, asociación civil dedicada a prevenir, denunciar, sancionar y erradicar la corrupción e Impunidad que prevalecen en los sistemas público y privado, descubrió una red de corrupción ligada a la entrega de convenios multimillonarios irregulares, así como el extravío de estados financieros y el otorgamiento de contratos a empresas fachadas vinculadas con empresarios que actualmente construyen desarrollos inmobiliarios de lujo.

Conviene subrayar que a Segalmex se le detectaron las mayores anomalías, por 5 mil 640 millones principalmente en rubros de inventarios, ingresos, pagos por bienes y servicios, así como su registro contable y presupuestal, mientras que en Diconsa las observaciones fueron por mil 413.4 millones y en Liconsa por mil 583.2 millones así pues extraviando estados financieros correspondientes a cinco meses y operando una red de corrupción.

Por tanto y según el artículo 214, fracción III, del Código Penal Federal establece que:

“Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal centralizada, organismos descentralizados, empresa de participación estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, de empresas productivas del Estado, de órganos constitucionales autónomos, del Congreso de la Unión o del Poder Judicial, por cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades”

De modo que, se estaría cometiendo el delito de ejercicio ilícito de servicio público y por tal delito, se impondrán de dos a siete años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días de multa.

Por otro lado y a pesar de que en el artículo 18 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública menciona que: ¨los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones¨. Desde el 2019 en su primer año de operaciones de Segalmex, no se pudieron comprobar el destino de 3 mil millones de pesos y en su evaluación de la Cuenta Pública 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que Segalmex no pudo comprobar el destino de 8 mil millones de pesos, por tanto, dicha dependencia no ha podido acreditar el destino de más de 11 mil millones de pesos desde su creación.

Con relación a las empresas, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló en 2021 que Segalmex otorgó 797 millones de pesos a una red de empresas fachadas. Las empresas que fueron involucradas son: Fruverloz, Properloz, Gentsai Hoon y Denoter, Soluservicios Globales NXK. Professional Bright XRW, las cuales recibieron contratos por parte de Segalmex para compra de tarimas, insecticidas, raticidas, costales de polipropileno, cubrebocas y lonas blancas.

De igual manera, se indica que cuatro de las seis empresas comenzaron sus actividades entre 2015 y 2019 y no habían recibido contratos gubernamentales hasta los otorgados por Segalmex, según lo consultado de Compranet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Por lo cual, algunas de las empresas al verse involucradas y por su presunta participación se han presentado de manera voluntaria a devolver el dinero para evitar lo estipulado en el artículo 164 del Código Penal Federal:

“Al que forme parte de una asociación o banda de tres o más personas con propósito de delinquir, se le impondrá prisión de cinco a diez años y de cien a trescientos días multa”.

En efecto, hay 38 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y la propia Fiscalía a Segalmex, Diconsa y Liconsa.

Por otra parte, la Secretaria de Función Pública realizó 84 actos de fiscalización desde la creación de Segalmex en 2019, que incluyeron auditorias, visitas y verificaciones con montos de 6 mil 052.3 millones de pesos, y para dar continuidad a estos actos, se ejecutan diversas revisiones a los programas de abasto rural, de abasto social de leche y de precios de garantía, así como a las adquisiciones, arrendamientos, servicios e inventarios.

Cabe señalar que, a inicios de 2022, el Gobierno federal anunció la destitución de sus cargos y denunció ante la FGR a tres funcionarios de Segalmex entre los que se encontraban el director de Comercialización, Manuel Lozano Jiménez; el director de Operaciones, Bernardo Fernández Sánchez y el director Jurídico, Carlos Dávila Amerena.

Las denuncias están en etapa de investigación con miras a su judicialización por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada. No obstante, y a pesar de las acciones legales, hasta ahora sólo hay un detenido por estos hechos. Se trata de René Gavira Segreste exdirector de la Unidad de Administración y Finanzas, la FGR lo vinculó a proceso por la compra de certificados bursátiles con dinero público.

Ya que, para la concreción de esta compra recurrió al uso de recursos públicos pertenecientes al patrimonio de Segalmex a través de una Casa de Bolsa, por lo que se calificó como ilícita, toda vez que contradice a lo estipulado en los Lineamientos para el Manejo de las Disponibilidades Financieras y al artículo 223, fracción I, del Código Penal Federal el cual menciona que:

“Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral, distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otra causa”.

Por tal razón, se consideró que los datos presentados de prueba acreditan la existencia de los hechos que la ley señala como delito y, en definitiva, todo parece indicar la formación de una red de corrupción institucionalizada para cometer dichas irregularidades, operando en complicidad y pese a las inconsistencias encontradas, pruebas y señalamientos el caso Segalmex se ha tratado con indiferencia.

De ahí que, no se ha cumplido el objetivo principal de Segalmex y no ha sido referente para el fomento a la producción y el abasto eficiente de alimentos básicos, además de la incapacidad institucional, irregularidades financieras, corrupción y falta de transparencia desde su creación. Por esto, es importante señalar que para las personas relacionadas con estos delitos sean castigadas.

Por lo expuesto propongo ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a hacer públicas todas las denuncias que constituyan un delito por daño al erario público y se deslinden las responsabilidades jurídicas de todos los servidores públicos ligados a los actos de corrupción del caso Seguridad Alimentaria Mexicana.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República a dar seguimiento a las denuncias presentadas y sancionar a los servidores públicos ligados a los actos de corrupción del caso Seguridad Alimentaria Mexicana.

Notas

1 Transparencia Mexicana (2023). Se estanca México en percepción de la corrupción: Transparencia Mexicana. En Línea. Disponible en Internet:

https://www.tm.org.mx/ipc2022/

2 SFP. (2022). Secretaria de la Función Pública presenta informe sobre Segalmex. En línea. Disponible en internet:

https://www.gob.mx/segalmex/prensa/secretaria-de-la-funcion-publ ica-presenta-informe-sobre-segalmex-311784

3 Uno más uno. (2022). “Descubre ASF en Segalmex múltiples anomalías por 8.6 mil millones de pesos”. En línea. Disponible en Internet:

https://unomasuno.com.mx/descubre-en-segalmex-multiples-anomalia s-por-8-6-mil-mdp/#:~: text=Descubre%20ASF%20en%20 Segalmex%20m%C3%BAltiples%20anomal%C3%ADas%20por%208.6%20mil%20mdp,-21%20febrer o%202022&text= La%20ASF%20public%C3%B3%20la%20%C3%BAltima,Liconsa%20de%20mil%20583%20millones.

4 Código Penal Federal (2021) Código Penal Federal. En línea. Disponible en Internet:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf

5 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En línea. Disponible en internet:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP_200521.pdf

6 SFP (2022) Secretaría de la Función Pública presenta informe sobre Segalmex. En línea. Disponible en Internet:

https://www.gob.mx/segalmex/prensa/secretaria-de-la-funcion-publ ica-presenta-informe-sobre-segalmex-311784

7 Mexicanos Contra la Corrupción (2021). Segalmex adjudicó 797 millones a red operada por “facturero”. [En línea] Disponible en Internet:

https://contralacorrupcion.mx/segalmex-adjudico-797-millones-a-r ed-operada-por-facturero/

8 Mexicanos Contra la Corrupción (2021). Segalmex adjudicó 797 millones a red operada por “facturero”. En línea. Disponible en Internet:

https://contralacorrupcion.mx/segalmex-adjudico-797-millones-a-r ed-operada-por-facturero/

9 Código Penal Federal (2021) Código Penal Federal. En línea. Disponible en Internet:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf

10 SFP (2022) Secretaría de la Función Pública presenta informe sobre Segalmex. En línea. Disponible en Internet:

https://www.gob.mx/segalmex/prensa/secretaria-de-la-funcion-publ ica-presenta-informe-sobre-segalmex-311784

11 SFP (2022) Secretaría de la Función Pública presenta informe sobre Segalmex. En línea. Disponible en Internet:

https://www.gob.mx/segalmex/prensa/secretaria-de-la-funcion-publ ica-presenta-informe-sobre-segalmex-311784

12 Código Penal Federal (2021) Código Penal Federal. En línea. Disponible en Internet:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo, a 14 de febrero de 2023.– Diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

EXHORTO A DIVERSAS AUTORIDADES, A DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS EMERGENTES DE APOYO DIRIGIDOS TANTO A LOS PRODUCTORES DE TORTILLA DE MAÍZ COMO A LA POBLACIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader, a la SHCP y a la SE a diseñar e implementar programas emergentes de apoyo dirigidos tanto a los productores de tortilla de maíz como a la población en general, para complementar el ingreso de los pequeños y medianos productores agropecuarios y los consumidores, a cargo del diputado Marcelino Castañeda Navarrete, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputado Marcelino Castañeda Navarrete, a la LXV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; y 79, numeral 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Datos revelados por el programa de las Naciones Unidas y organismos internacionales de economía revelan que entre 75 y 95 millones de personas podrían vivir en la pobreza extrema en 2022. Fenómenos como la inflación inducida por el precio de los alimentos puede tener un impacto particularmente devastador en las familias pobres. Una persona común que vive en un país con bajos ingresos invierte alrededor de dos tercios de sus recursos en alimentos, en comparación con una persona típica de un país de ingreso alto que gasta cerca de un 25 por ciento.

Las circunstancias mundiales no han sido ajenas a nuestro país, y este también se encuentra enfrentando una de las peores crisis en materia de Pobreza, pues datos arrojados por el Consejo Nacional de Evaluación de la política Social, Coneval, revelan que en febrero de 2022 el incremento en las Líneas de pobreza extrema por ingresos en el ámbito rural fue de 13.9 por ciento y de 12.8 por ciento en el urbano.

Lo anteriormente citado revela que existe una gran problemática en materia de pobreza en nuestro país, circunstancia que nos aleja de los principios y derechos plasmados en nuestra Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su legislación reglamentaria comprenden un amplio abanico de derechos humanos, dentro de los cuales encontramos los asociados a las necesidades cuya satisfacción depende de recursos económicos, particularmente lo derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que están más directamente relacionados con las políticas públicas frente a la pobreza.

Partir de las reflexiones anteriores nos orilla a comprender dos elementos fundamentales en la Problemática de la pobreza En nuestro país; por un lado tendríamos la dimensión de reconocimiento de los derechos fundamentales como mecanismos frente a esta circunstancia y en segundo lugar la políticas públicas encaminadas a enfrentar dichas condiciones.

En la actualidad nuestro país enfrenta una severa crisis en materia de pobreza y fundamentalmente Sin duda, el relativamente alto nivel de pobreza alimentaria en México continúa siendo uno de los grandes desafíos del país. De acuerdo con el Coneval entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población con ingreso inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (valor monetario de la canasta alimentaria) aumentó de 14.0 por ciento a 17.2 por ciento a nivel nacional. El valor de esta línea de pobreza corresponde al costo de adquirir una serie de bienes alimenticios básicos.

El incremento en la línea de pobreza por ingresos rural es la más alta que se ha tenido desde diciembre de 1999 (11.1 por ciento) mientras que en el ámbito urbano desde agosto de 2017 (8.5 por ciento). Los rubros de gasto que más incidieron en el cambio anual de la línea de pobreza por ingresos, en el ámbito rural, fueron: la canasta alimentaria; cuidados personales; y, limpieza y cuidados de la casa.

Profundamente ligado a los incrementos en los datos de pobreza debemos ubicar los incrementos en la inflación que repercuten de manera directa en la posibilidad de accesos a los productos de la canasta alimentaria. Datos proporcionados por el Instituto de la Competitividad indican que la inflación durante julio de 2022 alcanzó su mayor nivel desde 2000. Con un incremento en los precios de 8.15 por ciento respecto al año previo, esta tasa es la más alta desde diciembre de 2000, cuando la inflación anual registrada fue de 8.96 por ciento.

El aumento en los precios de la canasta básica golpea duramente a los deciles con menores ingresos de la población, pues caso concreto el aumento den el precio de la tortilla que es un elemento indispensable en la alimentación de las y lo mexicanos, pues se calcula que el consumo de cada mexicano por año, es de 75 kilogramos, datos de pobreza revelan que existen mexicanas y mexicanos de los cuales muchos son niñas y niños de los deciles más bajos que sobreviven comiendo solo tortilla y chile. La importancia de la tortilla, en la dieta de las y los Mexicanos se sustenta no solo en una cuestión cultural y económica, sino también en una necesidad biológica ya que un kilogramo de tortilla aporta dos mil 240 kilocalorías, 59 gramos de proteínas, además de calcio, fósforo y fibra, que son nutrientes indispensables en la dieta diaria de las personas.

Entre enero de 2021 y junio de 2022, el precio de las tortillas se ha disparado 26.45 por ciento, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor del Inegi.

La Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla señala que “habrá un incremento de mil 250 pesos por tonelada de harina, es decir 48 por ciento más, lo cual aunado al 100 por ciento en aumento en el costo de la tonelada de maíz, que se ha producido desde el inicio de la pandemia a la fecha, compromete aún más a nuestro sector, esto sin dejar de lado los incrementos en nuestros demás insumos”.

Rusia y Ucrania son importantes productores de maíz, en conjunto representan 19 por ciento de las exportaciones mundiales de maíz. Grumab es uno de los principales fabricantes de harina de maíz a nivel mundial, y en febrero de este año incrementó 5 por ciento sus precios en México para compensar la inflación, un ajuste que seguirá aplicando en caso de ser necesario.

La Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla, mencionó el pasado 29 de julio que a partir del 1 de agosto se hará un fuerte incremento del 15 por ciento, lo que representa un peso en cada kilo de tortillas y el maíz también subirá 50 centavos por cada kilo.

El Gobierno de México través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y de diversas acciones y programas debe fomentar el ejercicio de las libertades, el crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución de la riqueza. En la Ley de Planeación se establecen las disposiciones a partir de las cuales se implementarán las actividades de planeación con la participación de los tres niveles de gobierno y las diferentes instancias que lo conforman.

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, establece ejes generales con la finalidad de acceder a los objetivos de la nación mediante la participación de la Administración Pública Federal y la definición de las probables medidas de coordinación y mecanismos de cooperación de los diferentes niveles de gobierno.

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece en el artículo 4o. que, para lograr el desarrollo rural sustentable, el Estado, en conjunto con los diversos agentes organizados, impulsará un proceso de transformación social y económica que reconozca la vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural. El artículo 5o. señala que el Estado, a través del gobierno de México en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, es el responsable de impulsar políticas, acciones y programas en las zonas rurales del territorio nacional con la prioridad del desarrollo del país.

El maíz es uno de los cereales más importantes del mundo y un cultivo fundamental para nuestro país, además de ser el grano con mayor consumo entre los mexicanos representa en términos económicos un tema fundamental para los productores, la economía y la política pública, dada la proporcionalidad de superficie sembrada con este grano, que haciende a más de 7.5 millones de hectáreas.

Durante los últimos años, el proceso de cultivo y producción de maíz nativo se encuentra en riesgo producto de una variedad de amenazas. El abandono del campo y de los pueblos rurales por falta de apoyo económico es patente, al primer semestre de 2020 México importó 8.7 millones de toneladas de maíz (amarillo y blanco), lo que significa un aumento de, 14 por ciento adicional.

Diversas organizaciones campesinas han denunciado que los programas de apoyo y fomento a la producción de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, han disminuido más de 30 por ciento, pasando de los 72 mil 125 millones de pesos en 2018, a 47 mil 576 millones de pesos, en 2020.

La tortilla de maíz es parte de la dieta de las familias mexicanas y en especial lo es de familias con menores ingresos, si tomamos en cuenta que 68 por ciento de la población económicamente activa tienen ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos, dadas las condiciones y aumentos en el precio de la tortilla, esta población pronto se verá en serias dificultades para acceder al contenido de la canasta básica. Los gobiernos pueden mitigar el impacto del aumento de la inflación en las familias pobres a través de políticas de protección social.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, de Hacienda y Crédito Público, y de Economía para que, en el ejercicio de sus respectivas facultades, diseñen e implementen programas y políticas emergentes de apoyo dirigidas, tanto a los productores de tortilla de maíz, como a la población en general, para complementar el ingreso de los pequeños y medianos productores agropecuarios y los consumidores, con la finalidad de garantizar el derecho humano a la alimentación, a través garantizar el precio al consumidor final de 10.00 pesos (diez pesos 00/100 moneda nacional) por kilogramo de tortilla.

Notas

1 Banco mundial, Pobreza 2022, abril 2022,

https://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/overview#:~: text=Aunque%20la%20pobreza%20mundial%20ha,la%20pandemia%2C%20la%20guerra%20en

2 Líneas de Pobreza por Ingresos, Coneval, febrero 2022,

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Lineas_de_Pobreza_ por_Ingresos/Lineas_de_Pobreza_por_Ingresos_COVID_feb_2022.pdf

3 Estudio derechos humanos y pobreza. Políticas públicas frente a la pobreza con la perspectiva de derechos del artículo 1.o constitucional, junio, CNDH,

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Informes/Especia les/Pobreza_DH_SE_082018.pdf

4 Coneval, Dirección de Información y Comunicación Social 1 Comunicado número 9, Ciudad de México, 5 de agosto de 2021,

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Document s/2021/COMUNICADO_009_MEDICION_POBREZA_2020.pdf

5 Imco, ¿Cómo afecta la inflación a los hogares?, Julio de 2022

6 https://politica.expansion.mx/mexico/2022/08/03/precio-tortilla-2022-por-que-su bio-donde

7 https://www.bloomberglinea.com/2022/03/04/precio-de-la-tortilla-en-mexico-se-ve ra-presionado-por-guerra-en-ucrania/

8 https://www.am.com.mx/leon/2022/7/31/el-aumento-en-el-precio-de-las-tortillas-h a-provocado-una-baja-en-sus-ventas-616495.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023.– Diputado Marcelino Castañeda Navarrete (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

EXHORTO A LA COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA Y A LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS, A HACER PÚBLICO EL DESTINO DEL PRESUPUESTO APROBADO EN 2022

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a hacer público el destino del presupuesto aprobado de 2022, así como a las comisiones locales de búsqueda de las 32 entidades federativas, a hacer público el destino del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, a cargo de la diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés, del Grupo Parlamentario de Morena, diputada a la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a hacer público el destino del Presupuesto Aprobado en el año 2022, Así como a las Comisiones Locales de Búsqueda de las 32 Entidades federativas a hacer público el destino del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, al tenor de las siguientes consideraciones

Consideraciones

“ ¿Quién te buscará cuando yo ya no esté?

Anónimo

Uno de los países considerados con mayor inseguridad es nuestro país, de acuerdo al ranking de Paz Global del año 2022, México se ubica en el número 137 de los países más peligrosos en todo el mundo. Así mismo, con datos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) México ocupa el segundo lugar en los países más peligrosos y violentos de América Latina, seguido de Colombia, Perú, Honduras y Guatemala.

Diariamente escuchamos en los medios informativos sobre el aumento de robos, secuestros, violaciones, personas desaparecidas, y asesinadas, la mayoría tienen que ver con feminicidios, la guerra contra el crimen organizado, y los hallazgos de cementerios y/o fosas clandestinas.

De acuerdo con el artículo 3o de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Sin embargo, en nuestro país este derecho se ve vulnerado debido al aumento de violencia e inseguridad, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana Tercer Trimestre de 2022, elaborada por el INEGI, sólo tres de cada 10 mexicanos se sienten seguros en la entidad en la que actualmente residen, mientras que más de seis de cada diez refieren sentirse inseguros.

La inseguridad al salir a las calles, obliga a los ciudadanos a cambiar sus estilos de vida y privar de su total libertad. La desaparición forzada se ha convertido en un problema que ha ido en aumento durante los últimos años, y tristemente nuestro país ocupa el segundo lugar a nivel mundial en desapariciones, donde el primer lugar lo ocupa Irak.

Al respecto, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) informó el pasado 31 de diciembre de 2022 que:

“ Se registraron 109,516 personas desaparecidas en el país, de los cuales el estado de Jalisco fue el estado con mayor incidencia con 15,038 personas desaparecidas, seguido del estado Tamaulipas con 12,467, el Estado de México con 11,868, el estado Veracruz con 7,438, el estado Nuevo León con 6,250, Sinaloa con 5,664, la Ciudad de México con 5,163 y Michoacán con 4,803, por mencionar algunos”.

Según las estadísticas, son los hombres los que desaparecen con mayor frecuencia, el rango de edad aproximado es de 30 a 44 años, por otro lado, las mujeres desaparecidas están en un rango de edad de 12 a 17 años. Esto significa que existen rangos de edad más vulnerables que otros, en el caso de las mujeres se encuentran en mayor peligro cuando son adolescentes y jóvenes, y los hombres cuando son adultos jóvenes.

Las personas desaparecidas, son detenidas y recluidas sin una orden de detención, y a menudo nunca vuelven a ser puestas en libertad, por el contrario, son víctimas de tortura o privados de la vida con un alto grado de violencia, dejando en estado de indefensión e incertidumbre y angustia a sus familiares que desconocen el paradero de la persona desaparecida.

Después de diversos diálogos con familiares y colectivos de búsqueda, se logró la creación de “Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, que tiene como objetivo de prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.

La Comisión Nacional de Búsqueda tuvo como presupuesto aprobado para el año del 2022 la cantidad de 747 millones 427 mil 839 pesos, y la Comisión Ejecutiva de Atención a víctimas (CEAV), la cantidad de 958 millones 219 mil 471 pesos. Cantidad que se le destino a las Comisiones Locales de Búsqueda de las 32 entidades federativas de nuestro país, para brindar: asistencia médica, asistencia psicológica especializada, orientación y asesoría jurídica, así como gestoría de asistencia social para las víctimas o familiares de las víctimas.

Al respecto, las personas víctimas de este delito, y sus familiares, así como diversos colectivos han expresado su preocupación por el mal uso, del “Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral”. Los principales cuestionamientos son saber el destino de este recurso, pues la gran mayoría de los asuntos no han tenido un gran avance. Sumado a lo anterior, el retraso para notificar tarda meses incluso años y la respuesta por parte de las autoridades es el exceso de casos y que la Comisión ha perdido parte de los documentos que integran los expedientes, obligando a las víctimas o a los familiares a realizar nuevamente los tramites.

Las víctimas requieren y tienen derecho a contar con asesoría jurídica que les de acompañamiento durante todo el proceso; sin embargo, la Comisión no cuenta con suficientes asesores, dejando en estado de indefensión a las víctimas.

En particular, en el año 2022, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) canceló la compra de agua para el suministro de todos los Centros de Atención Integral a víctimas del país, al considerar que no era un gasto esencial, mientras que utilizaba el recurso para la compra de chalecos para algunos trabajadores.

De acuerdo con el periódico Excélsior, uno de los funcionarios declaró que:

“

Por lo anteriormente expuesto y como diputada federal preocupada por esclarecer y ayudar a las víctimas, y siempre comprometida con la cuarta transformación elabore este punto de acuerdo.

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), a hacer público el destino del Presupuesto Aprobado en el año 2022.

Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente las Comisiones Locales de Búsqueda de las 32 Entidades Federativas para hacer público el destino del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Bibliografía

Legisladoras: Beatriz Elena Paredes Rangel (senadora PRI), Andrea Chávez Teviño (diputada Morena), M. Citlali Hernández Mora (senadora Morena), Susana Prieto Terrazas (diputada Morena)

- Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, URL:

https://www.gob.mx/ceav/documentos/fondo-de-ayuda-asistencia-y-r eparacion-integral, Consultado el 26 de enero del presente año.

- Coordinación General de los Centros de Atención Integral URL:

https://www.gob.mx/ceav/acciones-y-programas/coordinacion-genera l-de-centros-de-atencion-integral?state=published, Consultado el 27 de Enero del presente año.

- Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas URL:

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP.pdf

- México cerró 2022 con cifra histórica de personas desaparecidas; Jalisco es la entidad con más casos URL:

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/31/mexico-cerro-2 022-con-cifra-historica-de-personas-desaparecidas-jalisco-es-la-entidad-con-mas -casos-2/#:~: text=Jalisco%2C%20lugar%20 de%20desaparecidos&text=A%20esta%20le%20siguen%20Tamaulipas,Michoac%C3%A1n% 20con%204%20mil%20803, Consultado el 28 de enero del presente año.

- México-Índice de Paz Global, Datos Macro.com URL:

https://datosmacro.expansion.com/demografia/indice-paz-global/me xico#:~: text=M%C3%A9xico%20no%20est%C3%A1%20en%20un,estaba%20en%20el%20puesto%20140. Consultado el 28 de enero del presente año.

- En la comisión para víctimas se quedan sin agua, pero compran 610 chalecos; se quedan sin recursos, Periódico Excélsior URL:

https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-la-comision-para-victim as-se-quedan-sin-agua-pero-compran-610-chalecos-se-quedan-sin Consultado el 29 de enero del presente año.

- México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en desapariciones seguido de Irak, Periódico Debate, URL:

https://www.debate.com.mx/mundo/Mexico-ocupa-el-segundo-lugar-a- nivel-mundial-en-desapariciones-seguido-de-Irak-20220819-0012.html Consultado el 30 de enero del presente año.

- Nuevo Registro Nacional de Personas Desaparecidas Cívica, URL:

https://registros-desaparecidos.datacivica.org/#:~: text=En%20promedio%2C%20las%20mujeres%20desaparecidas,16%25%20de%20este%20mismo %20total. Consultado el 31 de enero del presente año.

- Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana Tercer Trimestre 2022, URL:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/ ensu/ensu2022_10.pdf Consultado el 31 de diciembre del presente año.

- CEAV Y CNB DEBEN SER REFORMADAS, NO DESTRUIDAS: MPJD, URL:

https://www.mugsnoticias.com.mx/politica/ceav-y-cnb-deben-ser-re formadas-no-destruidas-mpjd/. Consultado el 31 de diciembre del presente año

Ciudad de México, Palacio Legislativo, a 14 de febrero de 2023.– Diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortés (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, A LA SEGOB Y A LA FGR, A INSTRUMENTAR UNA POLÍTICA NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LAS DESAPARICIONES FORZADAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a la Segob y a la FGR a promover e instrumentar una política nacional eficaz de prevención, atención y erradicación de las desapariciones cometidas por particulares y de las desapariciones forzadas, a cargo de la diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal Daniela Soraya Álvarez Hernández, y suscrito por las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La impunidad y la corrupción son lo que viven miles de familias día a día en nuestro país. Los escalofriantes números de desaparición forzadas en México no tiene precedentes, un hecho que ha sido minimizado por las autoridades, mientras miles de familias viven una tragedia, que sigue creciendo exponencialmente.

Las familias de las personas desaparecidas han sido dejadas a su suerte ante el escaso o nulo apoyo del Estado, pese a que es su obligación. Principalmente son las madres, padres, hermanos e hijos quienes los buscan a través de sus propios medios, vinculándose en su mayoría con organizaciones de la sociedad civil, quienes son las que se encuentran realizando en trabajo de las autoridades y a quienes también se les ha descalificado su apoyo.

Atendiendo la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda De Personas, señala que “Los delitos de Desaparición Forzada de Personas y de Desaparición cometida por Particulares serán perseguidos de oficio y tienen el carácter de permanentes o continuos...”

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda “En México existe una crisis de desaparición de personas, que asciende a más de 110 mil personas, de vidas y de familias sufriendo la ausencia y la grave violación de derechos humanos que implica la desaparición”, sin embargo, los subregistros hablan el triple de personas.

Si bien, con el impulso de las familias de personas desaparecidas, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en la materia se logró concretar en 2017 la creación de la Ley General en Materia de Desaparición, no se ha logrado que las búsquedas sean más rápidas, profesionales y con resultados positivos. Los constantes recortes en el presupuesto han permeado en su aplicación, pero, sobre todo, por la apatía y falta de compromiso de muchas de las autoridades responsables.

De acuerdo con el artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se entenderá por “desaparición forzada” el trata del arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado, o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, firmada en 2007 y ratificada en 2008 por nuestro país “es un instrumento internacional jurídicamente vinculante que busca prevenir este fenómeno y reconocer el derecho de las víctimas y sus familiares a la justicia, la verdad y a una reparación”.

Dentro del preámbulo determina: el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, así como el respeto del derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones a este fin,” Y son los Estados Parte los que deben hacer cumplir todos los derechos. Mientras tanto, nuestro país es exhortado de manera reiterada para su cumplimiento dado que estos crímenes siguen creciendo al amparo de la corrupción y negligencia.

Los principales puntos de la Convención son:

• Prohíbe expresamente que cualquier persona sea sometida a una desaparición forzada

• Establece garantías en cuanto a la prohibición de la detención clandestina de cualquier persona en cualquier lugar.

• Confirma que la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad.

• Incluye un concepto amplio de víctima –que puede extenderse a familiares de las personas desaparecidas- y se reconoce su derecho a la justicia, a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada y el destino final de la persona desaparecida, a la reparación en sus múltiples dimensiones, y a recuperar los restos de las personas desaparecidas.

• Permite el uso de la jurisdicción universal para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las desa-pariciones forzadas.

• Establece un órgano de vigilancia independiente (Comité contra las Desapariciones Forzadas).

De la visita a nuestro país del Comité contra la Desaparición Forzada llevada a cabo del 15 al 26 de noviembre de 2021, el Informe relativo a México al amparo del artículo 33 de la Convención, “Información sobre la visita, hallazgos y primera parte de las recomendaciones (artículo 33, párrafo 1)”, destaca lo siguiente:

“... el Comité recibió información preocupante tanto de autoridades como de víctimas sobre la existencia de diversos patrones en la comisión de desapariciones forzadas que afectan a la gran mayoría de las entidades federativas”. Señalan que “Las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal. Además, la delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos.”

En 2021, los datos arrojaron que las desapariciones afectaban mayoritariamente a hombre de entre 15 y 40 años, sin embargo, para 2023, la desaparición forzada de mujeres y niñas aumentaron de manera preocupante, una tendencia que ya se veía desde el informe, principalmente afectando a niños y niñas a partir de los 12 años. Hacen ver, que durante la pandemia se agudizó el problema en adolescentes y mujeres. Para el caso de las mujeres se ha documentado que la desaparición forzada tiene mucho que ver con fines de trata de personas, feminicidios, entre otros.

A ello, se suma la victimización de las familias y más de las mujeres que en su mayoría se quedan a cargo de su hogar, señalando puntualmente, que son las que afrontan con sus propios medios la búsqueda de sus seres queridos, afectando gravemente su patrimonio y economía por lo que ello implica, quienes a su vez viven violencia, persecución, estigmatización, extorsión y represalias. Como se ha documentado, hoy en día viven la falta de apoyo e interés de muchas autoridades, quienes a su vez las humillan y minimizan.

Es por lo anterior, que urge la existencia de una política nacional eficaz de búsqueda y acompañamiento de las familias que sufren la desaparición de un familiar.

En el Informe destacan las siguientes observaciones y recomendaciones:

• Prioridades que debe atender la política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones.

• Fortalecer las instituciones y los procesos de búsqueda e investigación.

• Garantizar la coordinación sistemática y efectiva de las instituciones.

• Remover los obstáculos que impiden la judicialización de los casos de desaparición forzada.

• Atender debidamente a las desapariciones ocurridas en el contexto migratorio.

• Facilitar los procesos de búsqueda, investigación, reparación y memoria relacionados con los casos de larga data.

• Atender la crisis forense.

• Facilitar el acceso a la búsqueda, verdad, justicia y reparación con enfoque diferencial.

• Reconocer el papel de las víctimas y atender debidamente sus necesidades de atención y protección Proteger a los servidores públicos involucrados en las búsquedas e investigaciones.

• Atender las deficiencias de los registros como estrategia de prevención y erradicación de las desapariciones.

Es por ello que el Comité insta a nuestro país a atender la política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones que sea eficaz, a fin de terminar con un hecho que lacera a nuestra sociedad.

De las conclusiones del informe, destacan dos muy relevantes:

La prevención debe ser el centro de la política nacional y se debe concebir como una política de Estado que aborde todos los puntos resaltados en el presente informe con una perspectiva de corto, mediano y largo plazo basada en la identificación de las causas estructurales que subyacen en las desapariciones forzadas.

 La política nacional de prevención y de erradicación no debe limitarse a la prevención operativa, destinada únicamente a evitar amenazas concretas de las desapariciones y otras violaciones de los derechos humanos, o tan solo a reducir las desapariciones en curso. Se trata de impedir las violaciones sistémicas y combatir la impunidad de las desapariciones forzadas, tanto de las presentes como de las del pasado.

Los ciudadanos piden y merecen justicia. No debemos dejar pasar más tiempo en donde día a día se están violentando sus derechos humanos, por lo que exhortamos a combatir la impunidad de manera decidida y eficaz, misma que se vive en todo el país. Ante ello, se insta a que se trabaje de forma coordinada los tres órdenes de gobierno en lo que la ley les mandata.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de este pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. - La Cámara de Diputados exhorta al titular del poder Ejecutivo federal, al titular de la Secretaría de Gobernación y al titular de la Fiscalía General de la República para que promuevan e instrumenten una política nacional eficaz de prevención, atención y erradicación de las desa-pariciones cometidas por particulares y de las desapariciones forzadas, derivado del alarmante aumento de personas desaparecidas y que se atiendan las observaciones y recomendaciones emitidas en 2021 por el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas.

Notas

1 https://comisionacionaldebusqueda.gob.mx/que-es-la-comision-nacional-de-busqued a/

2 https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-conve ntion-protection-all-persons-enforced

3 https://indicators.ohchr.org/

4 https://hchr.org.mx/cajas_herramientas/comite-contra-la-desaparicion-forzada/

5 https://hchr.org.mx/wp/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-visita-a-MX-del-Co mite-contra-la-Desaparicion-Forzada-abril-2022.pdf

Dado en el Palacio Legislativo, a 14 de febrero del 2023.– Diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

EXHORTO A LA SICT, A CANCELAR EL INCREMENTO DE TARIFAS EN AUTOPISTAS DE CUOTA FEDERAL, ASÍ COMO A EFECTUAR UN CONSTANTE Y MEJOR MANTENIMIENTO A LAS CARRETERAS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a cancelar el incremento en la actualización de tarifas en autopistas de cuota federal, así como a efectuar un constante y mejor mantenimiento a las carreteras, suscrita por los diputados Laura Lorena Haro Ramírez, Cristina Ruiz Sandoval y Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRI

Las que suscriben, Laura Lorena Haro Ramírez, Cristina Ruiz Sandoval y Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel, diputadas de la LXV Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que cancele el incremento en la actualización de tarifas en autopistas de cuota federal, así como a efectuar un constante y mejor mantenimiento a las carreteras de todo el país, considerando los siguientes:

Antecedentes

El martes 7 de febrero de 2023, el Gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, emitió el comunicado 027 titulado Informa SICT actualización de tarifas 2023 en autopistas de cuota federal luego de un año sin incremento:

En este documento, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes menciona que después de un año sin aumentos en el costo de las tarifas de la Red de Autopistas de Cuota Federal, se efectuará una actualización a partir del 7 de febrero, con un ajuste de 7.82 por ciento, producto de la inflación del periodo diciembre de 2021 a diciembre de 2022.

Asimismo, acota que los Concesionarios de la Red de Autopistas de Cuota Federal, previa autorización de la SICT, ajustan sus montos anualmente en los primeros meses del año, como se estipula en los Títulos de Concesión. Por lo que la modificación en las tarifas de la red de autopistas concesionadas al Fonadin y Capufe iniciará el 1 de marzo de 2023.

Esta decisión la justifican en el sostenimiento de un equilibrio económico, pues los ingresos aparentemente serán empleados en la administración, operación, conservación y mantenimiento de las autopistas. Asegurando que la Secretaría reforzará la supervisión para que los concesionarios ofrezcan las mejores condiciones de seguridad, comodidad y atención en la Red de Autopistas Federales.

Al respecto, diversos medios de comunicación han publicado que estos incrementos se han venido dando hasta en 6 veces más de lo que costó en un inicio.

Como fue el caso de las autopistas urbanas poniente, sur y norte de la Ciudad de México. Que, en el caso de la autopista urbana poniente, que une Santa Fe y el Anillo Periférico el alza ha sido de 96.8 por ciento.

Durante el 2022, por el mismo periodo de febrero Caminos y Puentes Federales informó que las tarifas tendrían un aumento de 7.36 por ciento, igualmente justificando la decisión en la inflación entre diciembre de 2020 y 2021.

Acotando que el corredor México-Acapulco tendría un incremento adicional de un 10 por ciento por el aplazamiento en el incremento de cuotas.

Sin embargo, producto del descontento social que generó esta decisión, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como Caminos y Puentes Federales anunciaron que no se efectuarían los incrementos.

Al respecto, un artículo denominado Infraestructura carretera y crecimiento económico en Méxicomenciona que la disponibilidad de infraestructura carretera tiene una influencia positiva en el crecimiento económico municipal a través de la producción.

Por lo que debe estar vinculada con proyectos y políticas públicas que fomenten la explotación, uso económico y beneficio social de la infraestructura, relocalice la actividad económica y el desarrollo urbano.

Es importante que en esta ocasión la SICT evalúe nuevamente la decisión de aumentar el costo del peaje, pues eso significaría afectaciones directas a la economía de las familias mexicanas.

Ciertamente se debe invertir en el mantenimiento y la mejora de la infraestructura de las carreteras y autopistas federales. Sin embargo, así como se ha hecho en diversas ocasiones, conviene ponderar un reajuste presupuestario en lugar de perjudicar directamente a las y los usuarios.

Por lo anteriormente expuesto, presento:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que, en el marco de su competencia, realice las gestiones necesarias e instruya que no se actualicen al alza las tarifas para 2023 en autopistas de cuota federal, toda vez que estas medidas elevan el precio de los alimentos y mercancías y ello impacta en la economía de las familias mexicanas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que, en el marco de su competencia, efectúe constante mantenimiento a la infraestructura que conforman las carreteras federales, así como a realizar un ajuste presupuestal que permita tener un constante y mejor trabajo de mantenimiento.

Notas

1 https://www.gob.mx/sct/prensa/informa-sict-actualizacion-de-tarifas-2023-en-aut opistas-de-cuota-federal-luego-de-un-ano-sin-incremento?idiom=es

2 https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/autopistas-urbanas-suben-de-precio-has ta-10-veces

3 https://www.forbes.com.mx/negocios-capufe-informa-aumento-de-7-36-en-cobro-de-p eajes-de-caminos-y-puentes/

4 https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/capufe-suspende-aumento-de-peaje-en-a utopistas-7870147.html

5 https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0 301-70362019000300145

6 ibid.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023.– Diputadas: Laura Lorena Haro Ramírez, Cristina Ruiz Sandoval y Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel (rúbricas).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, A INFORMAR SOBRE EL PLAN DE RESPALDO DEL GOBIERNO DE MÉXICO HACIA PEMEX, EN LO REFERENTE A SU DEUDA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a hacer público un informe sobre el plan de respaldo del gobierno de México hacia Pemex, en lo referente a su deuda y la garantía que ofrece el Estado mexicano al respecto, a cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En este sexenio se han agudizado los problemas financieros de Petróleos Mexicanos (Pemex), por la ayuda continua que recibe del gobierno. De acuerdo con su plan anual de financiación de Pemex debe mantener endeudamiento neto de cero en términos reales. Sin embargo, no se cumple y además ya no tiene grado de inversión, lo que complica la emisión de deuda en mercados internacionales; por lo que para acceder a financiamiento tiene que sujetarse a tasas de interés altísimas.

En el tercer trimestre del año pasado, Pemex reportó una pérdida neta de 52 mil millones de pesos según el reporte enviado por la petrolera a la Bolsa Mexicana de Valores; lo cual se contrapone al desempeño de sus competidores estadounidenses Exxon Mobil y Chevron; que en conjunto registraron una utilidad superior a 30 mil millones de dólares.

El 27 de enero de 2023; el presidente López Obrador indicó que el gobierno mexicano está dispuesto a asumir la deuda de Pemex a nivel soberano. No reveló si el gobierno cubrirá por completo o parcialmente estas cantidades, pero comentó que hay un “respaldo total” de la Secretaría de Hacienda.

No es la primera vez que vislumbra la intención de utilizar el presupuesto federal para apoyar a Petróleos Mexicanos. En un comunicado de prensa de diciembre de 2021, a través de la Secretaría de Hacienda, el gobierno de México anunció que se brindará a los tenedores de bonos en dólares de la paraestatal, la opción de intercambiar bonos con vencimiento entre 2024 y 2030 por una combinación de un nuevo bono a 10 años y efectivo, además de recomprar bonos con vencimiento entre 2044 y 2060. En el mismo comunicado, indica que tal medida no tendría un impacto en el gasto público o en el Presupuesto de Egresos, sin embargo, el Gobierno federal estaría llevando a cabo una aportación patrimonial hasta por 3 mil 500 millones de dólares.

El pasado 4 de enero, el propio director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, fue cuestionado sobre el pago de las responsabilidades de la petrolera, a lo que se limitó a explicar que el pago se realizó desde meses atrás y ya se está en pláticas con Hacienda para hacer frente a sus deudas, pese a ser considerada una de las empresas petroleras más endeudas del mundo.

Queda de manifiesto las intenciones de trasladar parte de la deuda de Pemex a la cuenta pública, sin embargo, en la legislación vigente, no hay posibilidad de realizar tal adecuación. En la Ley de Petróleos Mexicanos en la fracción V, del artículo 106, indica sobre la deuda que:

“Las obligaciones constitutivas de deuda pública de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias no constituyen obligaciones garantizadas por el Estado mexicano.”

Actuar por encima de la ley, por mas noble que fuera el propósito implicaría un retroceso en el estado de derecho, es por ello que el titular del Ejecutivo debe brindar respuestas claras a la ciudadanía, puesto que Pemex representa un apoyo clave en la economía nacional. Este exhorto urgente debe ser atendido dejando de lado cuestiones partidistas y populismos.

Hay cuatro cuestionamientos que es imperativo abordar de manera seria e inmediata al considerar dar el apoyo a Pemex:

• ¿Qué va a pasar con el apoyo que se está comprometiendo la actual administración cuando cambie el titular del Poder Ejecutivo federal el próximo año?

• ¿Con que mecanismo se pretende respaldar este apoyo hacia Pemex, dado que la legislación vigente indica que la deuda pública de Pemex no constituye obligaciones garantizadas por el Estado mexicano?

• Además del apoyo financiero que el gobierno de México pudiera prestar a Pemex, ¿Qué medias administrativas y operativas está llevando a cabo la paraestatal para sanear sus finanzas y que compromisos adquiere para no acumular gasto ineficiente?

• ¿Qué sanciones administrativas y penales va a emprender el gobierno de México hacia funcionarios, ex funcionarios y Cargos públicos involucrados en el incremento desmedido de los gastos de Pemex y que han hecho que actualmente la empresa paraestatal este al borde de la quiebra?

Por lo expuesto se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a hacer público un informe sobre el plan de respaldo del Gobierno de México hacia Petróleos Mexicanos en lo referente a su deuda y la garantía que ofrece el Estado mexicano al respecto, así como la sostenibilidad financiera a largo plazo.

Notas

1 Secretaría de Hacienda y Crédito Publico. (2023). Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2023. Estrategia Programática. Disponible:

https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/8uLX2rB7/PPEF2023/m o2h2PK/docs/52/r52_tyy_ep.pdf

2 Grupo BMV. (2022) Retransmisión de reporte trimestral 2022-3. Resultados Financieros Pemex. Disponible:

https://www.bmv.com.mx/docs-pub/eventemi/eventemi_ 1242782_1.pdf

3 Santiago, Judith. (2023). Bonos de Pemex suben tras anuncio de AMLO. El economista (29/01/2023). Disponible:

https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Bonos-de-Pemex-suben-tr as-anuncio-de-AMLO-20230129-0063.html

4 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2021) Comunicado número 74. Hacienda anuncia estrategia de apoyo en favor de la sostenibilidad de Pemex. Comunicado de Prensa. Gobierno de México. Disponible:

https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-74-hacienda-anuncia -estrategia-de-apoyo-en-favor-de-la-sostenibilidad-de-pemex?idiom=fr

5 Jardinez, Rocío. (2023). “Apoyo a Pemex continuará para su rescate: AMLO. Reducción de impuestos y pasar su deuda a soberana, plan de la actual administración”. W radio Actualidad. (27/01/2023). Disponible:

https://wradio.com.mx/radio/2023/01/27/nacional/16748415 69_136716.html

6 Ley de Petróleos Mexicanos. Texto Vigente

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023.– Diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

SE ESCLAREZCA EL HOMICIDIO DE LA DIPUTADA LOCAL DE MORELOS, GABRIELA MARÍN SÁNCHEZ

«Proposición con punto de acuerdo, relativo al homicidio de la diputada local de Morelos, Gabriela Marín Sánchez, a fin de que se esclarezcan estos lamentables hechos, así como para emprender acciones dirigidas a combatir la inseguridad en el estado, a cargo del diputado Klaus Ritter Ocampo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Klaus Ritter Ocampo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6o, numeral 1, fracción I, 79 numeral 2, fracción III y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Cámara, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión hace una enérgica condena respecto del homicidio de la Diputada local del Congreso del Estado de Morelos, Gabriela Marín Sánchez, y se realicen las investigaciones correspondientes a fin de que se esclarezcan estos lamentables hechos, así como para emprender acciones dirigidas a combatir la inseguridad en el Estado, con base en las siguientes

Consideraciones

1. La Seguridad Pública es una función coordinada a cargo de la Federación, las Entidades federativas y los Municipios, y tiene por objeto el mantenimiento del orden, la paz, la estabilidad y la preservación de los derechos fundamentales de los gobernados, generando con ello las condiciones idóneas que permitan el cumplimiento de la ley y, por ende, la preservación del Estado de Derecho en un entorno social determinado.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, define a la Seguridad Pública en el párrafo noveno del Artículo 21 de la siguiente manera:

“ Artículo 21...

(...)

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

(...)

De esta manera, la Seguridad Pública implica de manera clara, la conformación de acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, y la participación de los sectores público, privado y social, en la definición de las acciones tendientes a la salvaguarda de la vida y las libertades de los mexicanos.

2. El pasado mes de julio del año 2022, en el Congreso del Estado de Morelos, rindió protesta de ley la diputada Gabriela Marín Sánchez, ante la LV Legislatura Local, luego de que el pasado 13 de julio el Tribunal Estatal Electoral determinara revocar el Acuerdo Parlamentario por el cual se asignaba a Roberto Carlos Yáñez Moreno la curul que dejara vacante el diputado Juan José Yáñez Vázquez al fallecer, y fue nombrada Coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Morelos Progresa.

La diputada local, originaria del municipio de Jantetelco, Morelos, contaba con las licenciaturas en Derecho y en Educación, y se desempeñó como funcionaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

3. El día 5 de octubre del 2022, la legisladora fue asesinada en el Municipio de Cuernavaca, Morelos, tras ser atacada por un grupo de sicarios a bordo de una motocicleta, quienes lograron darse a la fuga; fuentes locales informaron que la diputada fue interceptada en la colonia “El Empleado”, sobre la avenida “Poder Legislativo”, alrededor de las dieciocho horas, específicamente en el exterior de un estacionamiento. Dicho crimen fue realizado a plena luz del día, en un sitio público y conocido; a pesar de ello, y de que el ataque fue captado por cámaras de video vigilancia, los perpetradores lograron huir con total impunidad del lugar de los hechos; al momento, se sabe que la Fiscalía General del Estado cuenta con una línea de investigación derivada de su cargo político.

4. El cobarde y artero asesinato de la diputada Gabriela Marín Sánchez, es muestra de la problemática de violencia e inseguridad que afecta diversas regiones de nuestro país, lamentablemente ese clima de violencia se intensifica cuando las víctimas son mujeres que, en este caso, participan de manera activa en política.

Para esta Cámara de Diputados, el cobarde asesinato de la Diputada Marín Sánchez no puede quedar impune; la violencia no debe ser jamás el costo que las mujeres deban de pagar por el ejercicio activo de sus derechos políticos, ya que en el caso que nos ocupa, se trata del ataque directo perpetrado a una representante de la ciudadanía en el ejercicio del cargo público y en una región que cuenta desde hace tiempo con alerta de género.

Este hecho evidencia la misoginia, la violencia política y de todo tipo en contra de las mujeres y su avance en la toma de decisiones, así como en la ocupación de espacios estratégicos de toma de decisiones, al tiempo que deja en entredicho las fallas del sistema de procuración de justicia, abonando a una cultura de impunidad.

Por esta razón, es urgente que desde el Congreso de la Unión se tomen cartas en el asunto, debido a que los lamentables hechos son muestra clara del clima de inseguridad y de la falta de mecanismos de coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno, aunado al recrudecimiento de un clima de inseguridad que afecta y pone en riesgo la tranquilidad de todas y todos los habitantes del Estado de Morelos.

5. Que siendo la Seguridad Pública una función coordinada entre los tres órdenes de gobierno, se vuelve indispensable que las autoridades competentes en la investigación de estos lamentables hechos, investiguen a fondo, se establezcan todas y cada una de las líneas de investigación, y desde la perspectiva y protocolos especializados en materia de feminicidios y delitos relacionados de género, se activen los procedimientos a que haya lugar a fin de que se ubique y castigue de manera ejemplar a los responsables, ya que se trata de un ataque directo en contra de una persona que ostento una representación social, mientras con los hechos suscitados, se afecta a la totalidad de la sociedad.

Es fundamental que, en la investigación de los hechos, las autoridades agoten todas las etapas y líneas de investigación, especialmente las que correspondan a las del desempeño de su cargo público.

Finalmente, estos lamentables acontecimientos dan muestra de la necesidad de establecer mecanismos de coordinación interinstitucional que permitan recuperar la tranquilidad y la paz social, enviando un mensaje claro de trabajo para lograr la estabilidad social, la seguridad y la paz pública; en este sentido, para esta Cámara de Diputados resulta determinante que, en el ejercicio de sus atribuciones y con pleno respeto a su autonomía constitucional y legal, las autoridades municipales lleven a cabo las acciones que permitan una fluida y eficaz coordinación con las autoridades Locales y Federales, y en su caso se solicite la presencia de los elementos de las corporaciones que conforman la Guardia Nacional a fin de brindar soporte y apoyo en el estado de fuerza de este importante municipio y sus habitantes.

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, se presenta la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión condena enérgicamente el cobarde y artero crimen perpetrado en contra de la diputada Gabriela Marín Sánchez, integrante del Congreso del Estado de Morelos.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a las autoridades del Estado de Morelos, con el objeto de establecer los mecanismos correspondientes de colaboración y coordinación con la Federación, a fin de que se esclarezcan estos lamentables hechos que afectan la estabilidad y tranquilidad de los habitantes del Estado, así como para emprender acciones dirigidas a combatir la inseguridad.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión hace un exhorto a las autoridades Municipales y Estatales de Morelos, con el objeto de llevar a cabo inmediatamente los procedimientos y acciones tendientes a contar con el apoyo del estado de fuerza de los elementos de las corporaciones integrantes de la Guardia Nacional, a fin de efectuar una intensa labor de pacificación de la región y no se afecte la tranquilidad y la calidad de vida de los habitantes de esta entidad.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el 14 de febrero del 2023.– Diputado Klaus Ritter Ocampo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD, A INSTAURAR UNA CAMPAÑA NACIONAL DE SALUD MENTAL EN FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a instaurar una campaña nacional de salud mental en favor de niñas, niños y adolescentes, a cargo de la diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de está soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno federal, a efecto de instaurar una Campaña Nacional de Salud en favor de niñas, niños y adolescentes, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Censo de Población y Vivienda del 2020 indica que en México residen 31.8 millones de niñas y niños de 0 a 14 años, que en términos relativos representan 25.3 por ciento de la población total (Inegi, 2021).

En el 2021, el Gobierno federal informó que la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut) reveló que, durante 2020, mil 150 niñas, niños o adolescentes en México decidieron suicidarse, es decir, un promedio de tres casos por día, casi el triple que los registrados por covid-19, que ascendieron a 392 casos durante el mismo periodo (Gobierno federal, 2021).

La UNICEF destaca que la inversión en salud mental es clave. Cada año casi 46.000 adolescentes se suicidan, una de las cinco principales causas de muerte para este grupo de edad.

Pese a ello, los gobiernos están invirtiendo muy poco para atender estas necesidades esenciales de los niños y adolescentes. No se está dando suficiente importancia a la relación entre la salud mental y las consecuencias que se producen más adelante en la vida.

En su informe Estado Mundial de la Infancia concluye que tan solo alrededor del 2 por ciento de los presupuestos de salud de los gobiernos se destinan a la salud mental en todo el mundo.

Asimismo, menciona que, a largo plazo, esto tiene un coste para la sociedad. Los problemas mentales diagnosticados, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ansiedad, autismo, trastorno bipolar, trastorno de la conducta, depresión, trastornos alimentarios, discapacidad intelectual y esquizofrenia, pueden perjudicar considerablemente la salud, la educación, las condiciones de vida y la capacidad para obtener ingresos de los niños y los jóvenes.

Uno de cada siete adolescentes tiene un problema de salud mental diagnosticado. (UNICEF, 2021).

Sin embargo, la existencia de legislación de salud mental no garantiza por sí misma el respeto y la protección de los derechos humanos. Irónicamente, en algunos países, en particular cuando la legislación no ha sido actualizada por muchos años, la legislación de salud mental ha resultado en la violación –en lugar de en la promoción– de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales. Esto se debe a que mucha de la legislación de salud mental adoptada originalmente tenía el propósito de proteger a la sociedad en general de pacientes considerados “peligrosos”, y de aislarlos, más que el de promover los derechos de las personas con trastornos mentales como personas y como ciudadanos.

La legislación que protege los derechos humanos de niños y adolescentes debe tomar en consideración las particularidades de su vulnerabilidad. Específicamente, debería estar orientada a respetar, proteger y satisfacer sus derechos, en línea con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1990) y otros instrumentos relevantes.

En muchos países no existen servicios de salud mental especializados para niñas y niños, y por ello la legislación puede jugar un papel importante en la promoción del establecimiento de estos servicios y el acceso a ellos (OMS, 2006).

Hace casi 10 años; en el 2013, la doctora Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud, en el Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020, hablaba sobre la problemática de la salud mental: “El bienestar mental es un componente fundamental de la definición de salud según la OMS. La buena salud mental hace posible que las personas materialicen su potencial, superen el estrés normal de vida, trabajen de forma productiva y hagan aportaciones a su comunidad. La salud mental es importante, pero queda un largo camino por recorrer hasta que se consiga. Quedan muchos aspectos por resolver, como el descuido de los servicios y la atención a la salud mental o las violaciones de los derechos humanos y la discriminación de las personas con trastornos mentales y discapacidades psicosociales”.

Y qué razón tenía: ¡Aún, nos queda mucho camino por recorrer! En México, no hay avances significativos.

En nuestro país, la ley se está incumpliendo. El artículo 73, fracción VIII de la Ley General de Salud mandata que “Para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán: VIII. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente niñas, niños y adolescentes...”, conforme a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2015.

Claramente podemos constatar que no se está cumpliendo. Sin embargo, tenemos aliados para proteger a nuestra niñez. En el país, 307 mil 592 psicólogas y psicólogos ejercen su profesión, de los cuales 69.7 por ciento son mujeres y 30.3 por ciento hombres, según información del Observatorio Laboral de la STPS (Azteca Noticias, 2021).

Pero... Para el Presidente de México, la atención psicológica y psiquiátrica de los niños, niñas y adolescentes que así lo requieren, previa autorización de sus papás, mamás y tutores, no es una prioridad.

El pasado 5 de febrero de 2020, en conferencia matutina el Mandatario Federal detalló que “la contratación de psicólogos no sería posible porque “presupuestalmente no es viable”, ya que en educación básica hay cerca de 200 mil escuelas y eso significaría el mismo número de especialistas (Milenio, 2020).

Es una burla. Han pasado casi 20 años de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) abordó el tema de la Ley de Salud Mental en Niños y Adolescentes, y en México, aún no hemos hecho nada.

“Según el informe de Legislación sobre Salud Mental y Derechos Humanos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado el 2003, el 25 por ciento de los países no presenta una legislación sobre Salud Mental (SM); y en los países en los que podría existir una, no son lo suficientemente claras e inclusivas.

Una ley de Salud Mental es altamente necesaria debido a que, principalmente, la persona afectada se encuentra vulnerable y enormemente expuesta a los estigmas sociales, discriminación y marginación de la sociedad; en consecuencia, de la escaza educación que existe acerca del tema de salud mental.

En distintos países existen Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que se dedican a ayudar y tratar a personas que puedan o efectivamente presenten trastornos mentales, además de también brindar ayuda a amigos y familia y a educar acerca de salud mental. Ejemplos son la Suicide Action Montreal en Canadá, la Depression and Bipolar Support Alliance en Estados Unidos, y la Mental Health Foundation en el Reino Unido, todas con resultados efectivos” (OMS, 2006).

En México existen algunos avances en el orden legislativo que, pese a sus buenas intenciones, no han logrado llegar a buen puerto. Tal es el caso del proyecto de Ley General de Salud Mental, cuyo dictamen fue aprobado por la comisión de Salud, del Senado de la República, en marzo del 2020, cuyo objetivo plantea “garantizar el derecho a la población a recibir servicios de calidad en esta rama de la medicina y establecer mecanismos para promoción, prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y fomento de la salud mental.

La legislación faculta al Ejecutivo federal para que, por conducto de la Secretaría de Salud, organice y opere las atenciones en esta materia, así como vigilar su funcionamiento en coordinación con dependencias y entidades del sector.

Además, señala que el Consejo Nacional de Salud Mental tendrá como objetivo planear, programar y evaluar los servicios de salud mental que brinda el Gobierno federal, dentro de los cuales se encuentra el Plan Nacional de Salud Mental.”

Del mismo modo, la iniciativa por la que se expide la Ley Nacional de Salud Mental, presentada en la LXIII Legislatura por nuestra compañera panista, la diputada Leticia Amparo Gámez, de abril de 2017; o la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley General de Salud Mental, suscrita por la propia diputada Leticia Amparo Gámez y el diputado del PVEM, José Antonio Arévalo Gonzáles, mismas que descansan en la congeladora legislativa.

Si ya en el transcurso de las anteriores legislaturas el tema era apremiante, ahora lo es aún más. El acaecimiento de la pandemia por covid-19 ha venido a revelar la imperiosa necesidad que nuestro Estado se haga cargo, de forma inmediata, de los problemas de salud mental, particularmente respecto de nuestras niñas, niños y adolescentes quiénes, con el cierre sostenido y prolongado de los centros educativos a los largo y ancho de nuestro país, y de la modalidad online, se han visto especialmente afectados en su salud mental.

Todas y todos tenemos la obligación de trabajar para que nuestras niñas, niños y adolescentes tengan una mejor salud mental y, consecuentemente, una mejor calidad de vida.

Diputados y diputadas, en atención a las consideraciones manifestadas precedentemente, es que hoy vengo a presentar a esta honorable Cámara de Diputados, esta proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud del Gobierno federal, con el fin que instaure una Campaña Nacional en materia de salud mental a favor de niñas, niños y adolescentes, que se realice año con año, sin importar quién ocupe la Presidencia de la República, sin importar colores partidistas, porque nuestros niños, niñas y adolescentes no saben de partidos. El dolor no tiene color partidista. Es nuestro trabajo legislar a favor de la niñez y adolescencia.

Se deja constancia que, dado la trascendencia de la materia y, encontrándose el asunto precedente sin resolver por la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados (desechado el 16 de enero de 2023, conforme a lo prescrito en el artículo 184 N°2 del Reglamento de la Cámara de Diputados), se reingresa a proceso legislativo la presente Proposición con Punto de Acuerdo.

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración del pleno, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud del Gobierno federal, a las instituciones de salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, a efecto de diseñar y promover con especialistas en salud mental, tales como psicólogos y psiquiatras, anualmente una Campaña Nacional de Salud Mental a favor de la niñez y adolescencia a fin de que existan acciones de prevención, detección y atención oportuna, psicológica y psiquiátrica necesarias, con el acompañamiento de los padres de familia o tutores de los niños, niñas y adolescentes.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Salud del Gobierno federal que, por orden práctico, se promueva la Campaña Nacional de Atención a la Salud Mental para niñas, niños y adolescentes los días 20 de mayo, en el Día del Psicólogo, y el día 10 de octubre, en el Día Mundial de la Salud Mental.

Nota

1 http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/47939-ley-gen eral-de-salud-mental-garantizara-servicios-de-calidad-y-protegera-derechos-huma nos.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023.– Diputada Diana Estefanía Gutiérrez Valtierra (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO A LA GUARDIA NACIONAL Y A DIVERSAS AUTORIDADES, A FORTALECER LA SEGURIDAD DE GUANAJUATO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Guardia Nacional y a diversas autoridades a fortalecer la seguridad del estado de Guanajuato, en torno a la violencia sistemática que ha sufrido la entidad durante los últimos meses, a cargo de la diputada Sofía Carvajal Isunza, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada Sofía Carvajal Isunza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del honorable Congreso de la Unión, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

Guanajuato atraviesa uno de los momentos más violentos de su historia. Pese a los grandes esfuerzos del gobierno del estado, el crimen organizado y sus luchas internas generan un ambiente de violencia permanente y sistemática en la entidad.

Desde noviembre de 2022 y hasta lo que va de enero de 2023 no han cesado de ocurrir masacres dentro del estado, todas ellas vinculadas al crimen organizado.

• El miércoles 9 de noviembre entre las 2: 00 y 3: 00 horas de la madrugada se registraron diversas quemas de vehículos e inmuebles por parte de grupos armados en cinco municipios del estado de Guanajuato: Villagrán, Celaya, Tarimoro, Juventino Rosas y Comonfort. Estos hechos coinciden con el informe del Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, respecto de la detención de Juan Rodolfo Yépez Ortiz “El Rudy”, hermano de “El Marro” ex líder del cártel Santa Rosa de Lima, la madrugada del 8 de noviembre de 2022, ambos originarios de Santa Cruz de Juventino de Rosas, en Guanajuato, y cuya detención se llevó a cabo en Tecate, Baja California. Uno de los siniestros se registró en la carretera Celaya-Comonfort donde testigos afirman haber visto como un comando armado bajó de su unidad a un taxista para después bañar el vehículo en combustible y prenderle fuego. Simultáneamente, en el municipio de Villagrán se suscitó la quema de una tienda de autoservicio denominada Oxxo así como una balacera por parte de un grupo de hombres armados que abrieron fuego al interior del fraccionamiento Real de Villagrán.

• También el 9 de noviembre, en el municipio de Tarimoro, vecinos del municipio denunciaron la quema de un camión de transporte de personal y de un vehículo particular en la comandancia de Tarimoro, en donde un grupo armado abrió fuego dejando el saldo de un oficial herido.

• El mismo 9 de noviembre, en Celaya, una clínica fue baleada durante la madrugada. El atentado se atribuye al cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), enemigo del cartel de Santa Rosa de Lima, supuestos dueños del inmueble afectado. Los siniestros fueron controlados durante la madrugada por personal del cuerpo de bomberos y de protección civil, no se reportan pérdidas humanas, pero si materiales a vehículos e inmuebles.

• El 10 de noviembre se registró un ataque al interior de un bar ubicado sobre la carretera Panamericana, en el municipio de Apaseo El Alto con el lamentable saldo de 9 personas muertas y al menos 7 heridos.

• El 11 de noviembre, grupos armados volvieron a alterar la paz en el estado a consecuencia de un operativo realizado en la comunidad de Pelavacas, Celaya. Zona conocida por ser presunto refugio para los líderes del cartel de Santa Rosa de Lima. Los bloqueos comenzaron con una emboscada contra policías que se encontraban realizando labores de vigilancia. Al ser atacados con armas de alto calibre, un elemento de policía falleció y dos resultaron heridos. Como consecuencia de estos hechos se desplegó un operativo para detener a los atacantes, lo que generó una serie de bloqueos y quema de automóviles en varios puntos de Celaya y localidades aledañas.

• Entre el 2 y 4 de diciembre de 2022 se registraron al menos 12 homicidios en el estado, en Celaya, Irapuato, León y San Francisco del Rincón. Alrededor de las 23: 00 horas del viernes un comando irrumpió en una casa de la colonia Morelos, municipio de San Francisco del Rincón, y disparó contra varios hombres que se encontraban dentro, dos menores de edad y tres adultos resultaron heridos, algunos de gravedad; horas después se reportó la muerte de dos de ellos. La madrugada del sábado 3 de diciembre se registró el ataque armado contra dos hombres que platicaban afuera de una vivienda en el barrio Calzada de Guadalupe de Irapuato. Ambos murieron. El mismo 3 de diciembre, horas más tarde, un hombre fue asesinado al interior de una casa en Celaya. De igual forma, pero en la colonia Loma Dorada de León, se reportó el homicidio de una mujer al interior de su casa. Más noche, también en Celaya, dos hermanos y el dueño de una tapicería fueron acribillados a disparos dentro de su negocio en el Barrio San Miguel. Por último, tres hombres armados fueron abatidos por la Policía Municipal en un enfrentamiento armado en la carretera Celaya-Comonfort.

• El 5 de diciembre, ocho personas fueron ejecutadas en cuatro viviendas durante la madrugada en Irapuato y Celaya, además en tres casos los asesinos incendiaron los inmuebles. Entre las víctimas se encontraba un niño de 11 años que fue alcanzado por una bala perdida durante un tiroteo en Celaya.

• El 7 de diciembre dos mujeres murieron luego de ser atacadas a balazos dentro de una casa, en el municipio de Jaral del Progreso, Guanajuato.

• El 26 de diciembre una oficial de la policía municipal de San Francisco del Rincón, Guanajuato, fue asesinada a tiros. Fue identificada como Erika Aleida Barragán Sánchez, y de acuerdo con las primeras versiones fue atacada mientras se encontraba de turno.

• Un efectivo de la policía preventiva del municipio de Pueblo Nuevo, Guanajuato, fue ejecutado a tiros el miércoles 28 de diciembre cuando se encontraba realizando labores de patrullaje. Los estados con más policías asesinados son Zacatecas (con 55 crímenes), Guanajuato (47), Michoacán (24), Guerrero (24), y Veracruz (23), ocupando la quinta posición nacional.

• En tan sólo las dos primeras semanas de 2023, México rebasó las mil víctimas de homicidios dolosos. De estas cifras, el estado con mayor cantidad de asesinatos fue Guanajuato, que en 13 días contabilizó 101 personas asesinadas en su territorio. Según cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, México cierra con mil 3 víctimas por delito de homicidio doloso. Los estados que más abonaron a este resultado fueron Guanajuato (con 101), Estado de México (con 86), Chihuahua (75), Michoacán y Baja California (73 cada uno) y Jalisco (67). En el reporte con información de las Fiscalías Estatales y dependencias federales constata que el día más violento para Guanajuato fue el 8 de enero. Para este día se registraron hasta 12 víctimas de homicidios dolosos, que habrían derivado de Irapuato, León, Celaya, Cortázar y Salvatierra.

En la última década, el crimen rebasó cualquier estrategia de seguridad dando como resultado, los altos niveles de violencia que han situado a la entidad como la más violenta por homicidios en dos ocasiones este año; mayo y octubre. En general, durante el año pasado se tuvo conocimiento de cerca de 595 hechos violentos con un total 644 víctimas de delitos que incluyen agresiones a civiles, casos de desaparición forzada, asesinatos y masacres. Todo esto, derivado de la presencia en la entidad del CJNG y su constante pelea con el Cartel de Santa Rosa de Lima, así como los enfrentamientos que tienen con la autoridad. Misma que no cuenta con las capacidades para hacer frente a grupos del crimen organizado, los cuales ya cuentan con tecnología y armamento que sobrepasa las capacidades de las policías locales.

El catálogo de armamento con que cuenta el crimen organizado rebasa la capacidad armamentística de los elementos municipales y estales, pues aquellos cuentan incluso con minas antipersona y drones armados con bombas, armamento de guerra superior al de las policías locales.

Caso contrario, la Guardia Nacional la cual cuenta con mayores recursos y una mayor capacidad institucional y armamentística. En 2019 la Guardia Nacional no contaba con un presupuesto aprobado, sin embargo, ejerció $941.7 millones de pesos. Posteriormente, en 2020, contaban con un presupuesto aprobado de $4,082 millones de pesos y terminaron ejerciendo 21 mil 731 millones de pesos hasta llegar al monto de 60 mil 578 millones de presupuesto aprobado para el año en curso, es decir, casi el doble de lo que recibió el año anterior.

Además de contar con un presupuesto sumamente relevante, que incrementa exponencialmente, la Guardia Nacional cuenta con facultades que le permite actuar en tareas de procuración de justicia y seguridad. Mismas que se encuentran establecidas en el artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, en especifico las referidas en sus fracciones primera y segunda, las cuales a la letra establecen:

I. Prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determine la legislación aplicable;

II. Salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio; garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos...

En este sentido, es necesario fortalecer y solicitar una mayor presencia de la Guardia Nacional en el Estado de Guanajuato, pues cuenta con capacidades presupuestales y facultades legales para ello.

Una mayor presencia de la Guardia Nacional en Guanajuato, especialmente en los municipios donde se ha detectado la presencia del crimen organizado, como lo son los municipios de Villagrán, Celaya, Tarimoro, Juventino Rosas y Comonfort, podría impactar en la disminución de la violencia en el estado, así como fortalecer las labores de inteligencia coordinada entre los elementos de la Guardia Nacional y las instituciones de seguridad y procuración de justicia de Guanajuato cuando se realicen operativos de detención de objetivos de alto nivel que pudieran ocasionar o detonar actos de violencia en los municipios del estado.

Las acciones de prevención y vigilancia coordinada permanente entre los elementos de policía municipal y estatal podrían detener el espiral de violencia al que se encuentra sometido Guanajuato. El conocimiento y experiencia de la policía local, combinado con la capacidad institucional y de equipamiento de la Guardia Nacional, podrían ser elementos exitosos para recuperar la paz y orden del estado.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Guardia Nacional a establecer un protocolo de actuación preventivo durante la realización de operativos de detención de miembros del crimen organizado, que proteja y blinde a la ciudadanía de posibles actos de violencia generalizados como represalia de estas detenciones.

Segundo. Se exhorta a la Guardia Nacional a reforzar las acciones de prevención, vigilancia e inteligencia en el Estado de Guanajuato, principalmente en los municipios de Irapuato, Villagrán, Celaya, Tarimoro, Juventino Rosas y Comonfort, a fin de salvaguardar la seguridad y orden al interior de estos municipios y prevenir los homicidios dolosos.

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a 14 días de febrero de 2023.– Diputada Sofía Carvajal Isunza (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.

EXHORTO A LA CFE Y AL ESTADO DE MORELOS, A FORTALECER LOS ESQUEMAS DE COORDINACIÓN E IMPLEMENTAR ACCIONES A SOLUCIONAR EL CORTE DEL SUMINISTRO DE AGUA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE y al estado de Morelos a fortalecer los esquemas de coordinación e implementar acciones a solucionar el corte del suministro de agua, a cargo de la diputada Jéssica María Guadalupe Ortega de la Cruz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Jéssica María Guadalupe Ortega de la Cruz integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal de Eletricidad, al gobierno del estado de Morelos, así como a los diversos gobiernos municipales de la entidad, a fortalecer los esquemas de coordinación e implementar acciones relativas a solucionar el corte del suministro de agua, así como para garantizar este derecho humano y su libre acceso”, en los siguientes términos:

Antecedentes

1. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha definido los derechos humanos como: “ Derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición” .

Los Derechos Humanos se rigen bajo los principios de universalidad, inalienabilidad (no se pueden enajenar), irrenunciabilidad, imprescriptibilidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

2. En México, los derechos humanos están consagrados en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que es Estado parte. Entre estos, se encuentra el derecho al agua, considerado dentro de la clasificación de segunda generación con un contenido social de carácter colectivo.

3. De acuerdo con el artículo 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento vinculante ratificado por el Estado mexicano, los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar un nivel de vida adecuado, que nos asegure, entre otras, la salud y el bienestar.

Para lograr este objetivo, es fundamental garantizar el acceso al agua potable, como medio indispensable para su cumplimiento.

4. El agua es un recurso natural necesario para tener un nivel de vida digno y con salud que coadyuva a las condiciones de existencia.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha señalado que “el derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica”.

5. Mediante decreto publicado el 8 de noviembre de 1995 en el Periódico Oficial del Estado de Morelos, se creó el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, Morelos (en adelante SAPAC), como un organismo público descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Dicho organismo se encuentra incorporado al Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua del Estado de Morelos, en términos del Convenio de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Desarrollo Ambiental Estatal y el ayuntamiento de Cuernavaca.

6. De 2017 a 2022 se ha acumulado un adeudo histórico del SAPAC con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) superior a los 280 millones de pesos por consumo de energía eléctrica.

Como parte de los acuerdos, la Directora General del SAPAC se comprometió a pagar en tiempo y forma, el consumo de energía electríca que se genere en la actual administración.

Asimismo, en marzo de 2022, en cumplimiento de los acuerdos sostenidos, SAPAC realizó un pago de 18 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad con la finalidad de evitar el corte de energía electríca y así evitar una crisis de agua.

7. El 27 de enero de 2023, al SAPAC tuvo que cubrir un pago de 9 millones de pesos a la CFE, sin embargo, solo se recaudaron 3 millones de pesos. Dada esta situación CFE se ha pronunciado en suspender de energía eléctrica al SAPAC.

Consideraciones

1. Por lo que respecta a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales para un nivel de vida adecuado y medios de subsistencia, se encuentra el Derecho Humano al Agua, México forma parte de diversos tratados internacionales en los que se reconoce:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 25, numeral 1).

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XI).

• Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 11 y 12).

2. En noviembre de 2002, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptó la observación general número 15, en la que se estableció que el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna.

3. El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, estableciendo que el agua limpia y el saneamiento, son esenciales para la realización de los demás derechos humanos.

La resolución 64/292, a través de la que se hace este reconocimiento, exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a propiciar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos, por medio de recursos financieros, capacitación y transferencia de tecnologías.

4. El 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “decreto por el que se modifica la denominación del capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en materia de derechos humanos.

Dicha reforma tuvo como objetivo reconocer a nivel constitucional los derechos humanos de las personas, así como establecer las garantías para lograr su apropiada protección.

De las modificaciones realizadas al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se destaca el reconocimiento de los derechos humanos, mediante el principio pro persona como rector de la interpretación y aplicación de la norma jurídica, y en segundo lugar, la prohibición de todo tipo de discriminación.

En ese sentido, el Estado mexicano tiene la obligación de observar los tratados internacionales en materia de derechos humanos, en los que sea parte.

5. El párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”

Como ya ha quedado establecido, el derecho humano al agua debe de ser garantizado por el estado para asegurar, entre otras: a) un nivel de vida adecuado; b) satisfacer las necesidades básicas de consumo e higiene; y c) reducir el riesgo de enfermedades.

6. En 2015, nuestro país se comprometió a cumplir con los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible, contenidos en la Agenda 2030.

Dentro del Objetivo 6 denominado “Agua Potable y Saneamiento”, las instituciones del Estado Mexicano están comprometidas con lograr que todas las personas tengan accesos al agua potable, que contribuya a tener una mejor calidad de vida, con salud digna y reduzca las condiciones de pobreza.

7. Actualmente, en el municipio de Cuernavaca se ha vulnerado el libre acceso al suministro de agua potable a través del corte del citado suministro de dicho recurso natural.

Estos cortes se han dado por la falta de suministro de energía eléctrica a los pozos y otras fuentes de abastecimiento, por la falta de pago de las administraciones municipales anteriores, situación que vulnera el derecho de los cuernavaquenses a disfrutar de un sistema de abastecimiento y una adecuada gestión del agua.

8. Existen antecedentes de la implementación de mecanismos para la condonación de deudas históricas por concepto de consumo de energía eléctrica:

a) Convenio entre el gobierno del estado de Tabasco y la CFE para reducir la deuda de usuarios domésticos, impulsado por intervención de legisladores federales de distintos grupos parlamentarios de 2018 a 2021.

b) Artículo Decimocuarto de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2020, en el que se establece la condonación de adeudos a los organismos públicos prestadores de servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales que dependan de éstos.

Por lo expuesto, fundado y motivado, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad, a implementar los mecanismos y programas necesarios para condonar al cien por ciento el adeudo histórico por consumo de energía eléctrica del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca, estado de Morelos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno municipal de Cuernavaca, Morelos, a través del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, a continuar explorando la implementación de mecanismos y acciones en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad, relativas a solucionar el corte del suministro de agua, garantizar el derecho humano al agua y su libre acceso, a través de la reanudación del servicio de suministro de energía eléctrica a los pozos y otras fuentes de abastecimiento.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso del Unión exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad; al gobierno del estado de Morelos, a traves del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua del Estado de Morelos, y; a los gobiernos municipales de Morelos, en su caso, a través de sus Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, a fortalecer los esquemas de coordinación e implementar acciones que garanticen el derecho humano al agua y su libre acceso.

Notas

1 Naciones Unidas. Disponible en:

https://www.un.org/es/global-issues/human-rights#:~: text= Los%20derechos%20humanos%20son%20derechos,religi%C3%B3n%20o%20cualquier%20otra% 20condici%C3%B3n. Consultada: 08 de febrero de 2023.

2 Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Disponible en

https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/inte rnational-covenant-economic-social-and-cultural-rights Consultada: 12 de febrero de 2023.

3 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2002). Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Observación general N° 15 (2002). El Derecho al agua. Disponible en

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8789.pdf Consultada: 12 de febrero de 2023.

4 Rubicela Morelos Cruz. Diciembre, 2022. Periódico La Jornada. Disponible en

https://www.jornada.com.mx/2022/12/04/estados/022n1est Consultada: 08 de febrero de 2023.

5 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca. Marzo, 2022. Comunicado disponible en

https://www.jornada.com.mx/2022/12/04/estados/022n1est Consultada: 08 de febrero de 2023.

6 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2002). Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Observación general N° 15 (2002). El Derecho al agua. Disponible en

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8789.pdf Consultada: 12 de febrero de 2023

7 Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución 64/292 emitida el 28 de julio de 2010.

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S Consultado: 08 de febrero de 2023.

8 Diario Oficial de la Federación. Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/ 06/2011#gsc.tab=0 Consultada: 12 de febrero de 2023.

9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Disponible en

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf Consultada: 12 de febrero de 2023.

10 Organización de las Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible en

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ Consultada: 13 de febrero de 2023.

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023.– Diputada Jéssica María Guadalupe Ortega de la Cruz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Energía, para dictamen.

EXHORTO A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTA SOBERANÍA, A INCLUIR A LAS MINORÍAS EN LA CONVOCATORIA PARA ELEGIR CONSEJEROS ELECTORALES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Junta de Coordinación Política a incluir a las minorías en la convocatoria para elegir consejeros electorales, a fin de que, por lo menos, alguna persona consejera provenga de algún grupo históricamente excluido, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los demás aplicables.

Someto a consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por la que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados, incluir a las minorías en la Convocatoria para elegir Consejeros Electorales a fin de que, por lo menos, alguna persona consejera provenga de algún grupo históricamente excluido, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. Por grupo minoritario, en los que podemos incluir a los históricamente excluidos, se entiende a “ ... aquellos colectivos más vulnerados en sus derechos y a quienes históricamente se les han coartado oportunidades económicas, educativas, en salud y trabajo, que afectan la posibilidad de llevar una vida con dignidad.” (Alzate, 2017)

Segundo. En México, entre los grupos históricamente excluidos podemos mencionar a los indígenas, afromexicanos, discapacitados, LGBTTTIQ+, mujeres, migrantes. Por ello, es urgente nivelar las oportunidades para todos los sectores y tengan las mismas oportunidades de participación en la política de nuestro país.

Respecto de los indígenas, es necesario señalar que para 2015 existían aproximadamente “ ...7.2 millones de mexicanas y mexicanos hablan una lengua indígena y casi 25.7 millones (21.5 por ciento de la población nacional) se identifican como indígenas.” (Conapred, s.f.)

De la exclusión de los grupos indígenas, el Conapred señala lo siguiente:

“ ... han sido históricamente relegadas en ámbitos tan diversos como la salud, la educación, la justicia y el empleo.

Los estereotipos que asocian a las comunidades indígenas con la pobreza o con falta de disposición y capacidad para trabajar han reforzado esta exclusión, tanto en lo público como en lo privado.”

Por otro lado, respecto de la población afromexicana, el INEGI señala que en 2020 vivían en México “ ...2,576,213 personas que se reconocen como afromexicanas y representan 2% de la población total del país. De los cuales 50% son mujeres y 50% hombres.” (INEGI, s.f.) De este universo, el “... 40% de la población afrodescendiente tiene entre 30 y 59 años de edad.” (INEGI, s.f.).

Otro grupo de capital importancia es el de las mujeres, las cuales también han sido históricamente excluidas, sobre este grupo, el Conapred otorga los datos que a continuación se enumeran:

La discriminación hacia las mujeres es estructural. Este 51.4 por ciento de la población mexicana (INEGI 2015a) históricamente ha sido víctima de exclusión en México: en la escuela, en el trabajo, en el hogar, en las calles, en la política, en los medios, en la academia y en las actividades científicas y tecnológicas, entre muchos otros espacios.

En ese sentido, más de la mitad de la población del país es o ha sido discriminada debido a su sexo. Los estereotipos de género en otras palabras, las ideas sobre lo que “deben ser” los hombres y las mujeres han permanecido por generaciones.

(...)

Esto significa que la discriminación hacia las mujeres no es aislada ni fortuita: sucede diariamente en todos los ámbitos y se refleja en patrones de trato desiguales, discriminatorios, generalizados y masivos. (Conapred, s.f.)

El colectivo LGBTTTIQ+ ha sido también excluido y discriminado a lo largo de la historia de nuestro país. Es en recientes fechas que, tras una larga lucha, se le han empezado a reconocer sus derechos. Conapred aporta los siguientes datos terribles:

“ Las mujeres transgénero tienen muy pocas opciones de ser empleadas en el mercado del trabajo formal dada la discriminación y el estigma al que se enfrentan.

Independientemente del nivel educativo que tengan, muchas veces quedan reducidas a pedir limosna o al trabajo sexual.” (Conapred, s.f.)

Por otro lado, el IMCO menciona que la “ ... discriminación que las personas LGBT enfrentan comienza en su entorno familiar. El 92% de los adolescentes LGBT tuvieron que esconder su orientación sexual y/o identidad de género de su familia, (...) La discriminación por orientación sexual o identidad de género se extiende a los lugares de trabajo. En México, seis de cada diez personas LGBT consideran que su orientación sexual ha sido un obstáculo para acceder a un empleo. Aun cuando obtienen un trabajo, el 70% de los mexicanos LGBT perciben que no reciben el mismo trato que sus compañeros heterosexuales. Incluso, algunos estudios han encontrado que el trato desigual dentro del espacio laboral crea un ambiente hostil que disminuye la productividad de los trabajadores e incrementa las probabilidades de que dejen su trabajo. Esto obstaculiza que las personas LGBT gocen de autonomía económica y desarrollen su carrera profesional. (Clark, 2021)

Tercero. Como es de conocimiento público, está por dejar su cargo los consejeros del INE Lorenzo Córdova Vianello, además de Adriana Margarita Favela Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña y Ciro Murayama Rendón. Los nuevos consejeros asumirán sus cargos el 4 de abril de 2023, para un periodo de nueve años, hasta 2032.

“ ... el procedimiento tiene cuatro etapas e incluye un mecanismo mixto que contempla tanto la opinión de integrantes de la sociedad civil, como la de los diputados, en la fase de evaluación y selección de perfiles. Pero sólo los diputados elegirán, mediante sus votos.

Y sólo ante la posibilidad de diferencias irreconciliables entre las bancadas que impidan los votos necesarios para los nombramientos, se prevé el escenario de hasta dos insaculaciones o “tómbolas”, una en la Cámara de Diputados o, en caso extremo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues el INE no puede quedar incompleto o acéfalo.” (García, 2023)

Cuarto. Independientemente de cuál sea el método de elección de los nuevos consejeros, se habla de que podría terminar en la Corte con la insaculación mediante tómbola, es imperativo que, por lo menos un perfil de esos cuatro, es decir, el 25%, sea parte de uno de estos grupos históricamente excluidos.

Es imperativo que la Junta de Coordinación Política envíe una señal clara y contundente de inclusión y respeto a los derechos político-electorales de los grupos y la mejor manera de hacerlo es haciendo lo que se propone en el párrafo inmediato anterior.

Por lo tanto, fundado y motivado en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa, a la Junta de Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados, incluir a las minorías en la Convocatoria para elegir Consejeros Electorales a fin de que, por lo menos, alguna persona consejera provenga de algún grupo históricamente excluido.

Bibliografía

- Alzate, J. I. (2017). researchgate. Revista Senderos Pedagógicos , 141-153. Obtenido de Historicidad de procesos de exclusión y discriminación para grupos minoritarios en educación superior.:

https://www.researchgate.net/profile/Jorge-Correa-Alzate/publica tion/329115839_Historicidad_de_procesos_de_exclusion_y_discriminacion_para_grup os_minoritarios_en_educacion_superior/links/5bf6153292851c6b27d1741f/Historicid ad-de-procesos-de-exclusion-y-dis

- Clark, P. (28 de junio de 2021). IMCO. Obtenido de La discriminación hacia la comunidad LGBT le cuesta a todos:

https://imco.org.mx/la-discriminacion-hacia-la-comunidad-lgbt-le -cuesta-a-todos/

- Conapred. (s.f.). Obtenido de La exclusión de personas LGBTI obstaculiza el desarrollo de Latinoamérica:

https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id= 6076&id_opcion=446&op=447

- Conapred. (s.f.). Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Obtenido de Discriminación Pueblos y Comunidades Indígenas:

https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=10 9&id_opcion=42&op=42#:~: text=En%20principio%2C%20han%20sido%20hist%C3%B3ricamente,p%C3%BAblico%20como%2 0en%20lo%20privado.

- Conapred. (s.f.). Grupos en Situación de Discriminación. Obtenido de Discriminación mujeres:

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=121 &id_opcion=44&op=44

- García, C. (03 de enero de 2023). Expansión política. Obtenido de Relevo de cuatro consejeros del INE, un proceso con riesgo de tropiezos:

https://politica.expansion.mx/mexico/2023/01/03/relevo-consejero s-ine-un-proceso-lleno-de-momentos-clave

- INEGI. (s.f.). Cuéntame de México. Población. Obtenido de Población afromexicana o afrodescendiente:

https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/afromexicanos.aspx?tema= P

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023.– Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (rúbrica).»

Se turna a la Junta de Coordinación Política, para su atención.

INSTRUIR AL SIPINNA, A IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA PARA ESTABLECER UNA ADECUADA POLÍTICA DE ESTADO PARA LA INFANCIA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a instruir al SIPINNA a implementar una estrategia para establecer una adecuada política de Estado para la infancia, a cargo de la diputada Gina Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Gina Gerardina Campuzano González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo conforme a las siguientes:

Consideraciones

En México, viven casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes, que representan el 35 por ciento de la población y de cuyo bienestar hoy, depende el desarrollo presente y futuro del país.

Sin embargo, de acuerdo con el Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana, 2021, muestra que México sigue siendo un país en el que existen condiciones generalizadas de incumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Con base en la información oficial disponible, puede sostenerse que no existe un solo ámbito de derechos en el que el país haya tenido un buen desempeño. Lo más preocupante de esta situación, se encuentra en que se trata de una cuestión histórica, estructural y sistémica.

Los hallazgos que se tienen en la investigación, se muestra cómo, al menos desde el 2008, cuando se llevó a cabo la primera medición multidimensional de la pobreza y hasta el año 2020, de forma constante, el 50 por ciento o más de la población menor de 18 años en el país se identificó en esa condición.

En este nuevo cálculo del Índice de los derechos de la niñez mexicana, se construye una estimación que permite mostrar el estancamiento que se registra en todas las dimensiones para las que existe información desagregada a nivel estatal, construyendo un comparativo para los últimos cinco años completos para los que se dispone de datos: 2016-2020.

Este Índice muestra claramente las dramáticas condiciones en que vivía la niñez mexicana, justo al inicio de la pandemia de la covid-19 y del confinamiento obligado; por lo que en posteriores mediciones, podrá compararse con toda precisión cuál fue el impacto que tuvo la pandemia en el grado de cumplimiento de sus derechos.

Sin duda, todos los gobiernos en al menos las últimas cuatro décadas han sido omisos o han tenido fallas graves en esta materia. Sin embargo, en la actual administración, la niñez es simplemente inexistente, tanto en el discurso como en las acciones de gobierno. La oferta pública se ha reducido, por un lado, al otorgamiento de becas, que han mostrado su ineficacia en el combate a la pobreza, reducción de desigualdades o incremento de la matrícula y permanencia escolar; y por el otro, a acusar a las niñas y niños de ser peligrosos golpistas por exigir sus medicamentos y no morir por enfermedades que podrían ser curables.

Los datos del Coneval relativos a la medición de la pobreza en 2020 muestran uno de los efectos más perversos -quizás no deseados y por supuesto no previstos- de la política de transferencias monetarias que ha implementado el gobierno de la República: entre los años 2018 y 2020, el porcentaje de personas adultas mayores en condiciones de pobreza se redujo de 43.2 por ciento a 37.9 por ciento, es decir, poco más de cinco puntos porcentuales. Sin embargo, entre la población infantil, el porcentaje pasó, en los mismos años, de 50.3 por ciento a 52.6 por ciento, es decir, 2.3 puntos porcentuales más.

Sin duda alguna, en México la pobreza tiene rostro de infancia. Y es que, además, debe considerarse que desde el 2008 y hasta el 2020, no ha habido un solo año en que al menos el 50 por ciento de quienes eran niños o adolescentes en ese periodo, se encontraban en condiciones de pobreza. Más doloroso aún es que, según los propios datos oficiales, puede estimarse que el 90 por ciento de las niñas y niños que hablan alguna lengua indígena están en condiciones de pobreza.

Siendo todas las dimensiones que se miden en este instrumento graves, hay tres que quizá revelan las condiciones más atroces que enfrenta la niñez mexicana. La primera de ellas es la relativa al hambre. De acuerdo con los datos del Inegi, en el 2020 había casi un millón de hogares donde, en los últimos tres meses previos al levantamiento de la información, una niña o niño comió solo una vez al día o no comió en todo el día.

El segundo de los datos dolorosísimos del Índice es el relativo a la tasa de mortalidad por homicidios intencionales. Para dimensionarla hay que ponerla en perspectiva: en México los feminicidios son una emergencia nacional, cada día se registran al menos tres casos, que implican una tasa de 1.3 feminicidios por cada 100 mil mujeres. Pues bien, para el caso de las niñas, niños y adolescentes, el promedio diario es de 3.8 asesinatos; pero dado el tamaño de la población infantil y adolescente, la tasa es de 3.6 casos por cada 100 mil en el grupo de edad, es decir, prácticamente tres veces más que la tasa de feminicidios, frente a lo que es sintomático que el país no haya visibilizado la magnitud de la tragedia y que no haya reaccionado en consecuencia.

El tercero de los indicadores que muestran la crisis por la que atraviesa nuestro país, es el relativo al trabajo infantil. Según la medición ampliada del INEGI, habría alrededor de 3 millones de niñas y niños que trabajan en México. De esa cifra, prácticamente el 90 por ciento lo hace en condiciones peligrosas para su edad y prohibidas por la ley.

No tenemos tiempo que perder. Y mientras en la mayoría de los espacios públicos la agenda diaria es sobre cómo se modifica o no la ley para tener mayor rentabilidad electoral para unos u otros partidos, la niñez mexicana literalmente se desangra, muere de hambre, de enfermedades evitables o es explotada y víctima de la violencia.

“Otro de los problemas es que hay un castigo en el presupuesto para las infancias. Si a las niñas, los niños y los adolescentes los siguen castigando con la falta de presupuesto y políticas públicas, qué podemos esperar de un país como el nuestro que los abandona de manera cotidiana”

Es entonces, que no se puede dejar a la niñez desamparada, en todos los sectores, sin hacer nada, sin presupuesto, sin programas, es necesario más presupuesto. Como sabemos en diciembre de 2014 se publicó la Ley General para los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que ordena la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), como la instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes (artículo 125, LGDNNyA).

En México hay casi 1 millón de hogares donde las niñas o niños comen una sola vez al día, la tasa de homicidio en su contra es de 3.6 x cada 100 mil (la de feminicidio 1.3), hay 3 millones en trabajo infantil 90 por ciento en condiciones peligrosas.

De acuerdo con, el Balance Anual de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), la organización destacó una falta de acciones efectivas para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes del país, quienes conforman el 30.4 por ciento de la población mexicana.

Otra de las violencias a las cuales están expuestas las niñas, niños y adolescentes es al reclutamiento por parte de organizaciones criminales, expuso la titular de Redim. Cuestionada sobre un video que circula en redes sociales donde se observa a menores de edad armados en el marco del operativo militar realizado el pasado jueves 5 de enero en Culiacán, Sinaloa –que culminó en la detención del capo Ovidio Guzmán López–, la organización apuntó que entre 250 y 400 mil personas menores de 17 años están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado.

En este último punto, la Redim sumó los efectos que la presencia del crimen organizado y el incremento generalizado de la violencia en México ha tenido en la niñez: durante los primeros 11 meses de 2022 se registraron mil 116 asesinatos de niñas, niños y adolescentes en México (257 feminicidios y homicidios dolosos de niñas y mujeres adolescentes, 859 homicidios dolosos de niños y adolescentes hombres), un incremento del tres por ciento con respecto al año anterior. La cifra total de homicidios de personas menores de 17 años fue de dos mil 330, lo cual también representó un aumento del 4.1 por ciento en un año.

Asimismo, de acuerdo con el Balance Anual 2022 analiza el caso particular del Estado de México, donde se identificó que el feminicidio, la trata de personas y/o el secuestro con fines de explotación, explotación sexual o explotación sexual con fines comerciales, se convirtió en la principal causa de las desapariciones de niñas y adolescentes mujeres. En estos casos impera la impunidad, pues sólo el seis por ciento de las personas procesadas por este delito obtuvieron sentencia, recuperó el reporte.

Es entonces, que hacen falta acciones efectivas y presupuesto, de acuerdo con el análisis de Redim, el presupuesto asignado para 21 programas federales para la atención de niñas, niños y adolescentes –un monto total de 899.5 mil millones de pesos– no incrementó por el porcentaje de inflación estimado para el mismo periodo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “lo cual implica que en estos programas se podría observar un decremento en términos reales de los recursos asignados”.

Es por ello, que presento el presente exhorto que para que las autoridades competentes, implementen una estrategia eficaz y realizar las acciones necesarias a fin de establecer una adecuada política de Estado para la infancia, fortaleciendo los instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Por lo antes expuesto y fundamentado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes para garantizar una política nacional adecuada de Estado para la infancia, por lo que me permito proponer, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, instruya al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para implementar una estrategia eficaz y realizar las acciones necesarias a fin de establecer una adecuada política nacional de Estado para la infancia, fortaleciendo los instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para la adecuada formulación, ejecución e instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones en materia de protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes; a fin de prevenir, disminuir y erradicar cualquier forma de violencia contra este grupo de población, y de sensibilizar a la sociedad sobre la magnitud, alcances y efectos de este lacerante problema.

Notas

1 Mauricio Ramos, Agenda de la Infancia y la Adolescencia 2019-2024, UNICEF, México, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Saúl Arellano, Índice de los Derechos de la Niñez, 2022, México Social La Cuestión Social en México, consultado por última vez el 03 de enero de 2022 en

https://www.mexicosocial.org/indice-de-los-derechos/

5 Ibídem.

6 Ibídem.

7 Saúl Arellano, Investigador del PUED-UNAM, Urge una política de Estado para la infancia, México Social La Cuestión Social en México, consultado por última vez el 10 de enero de 2023 en

https://www.mexicosocial.org/politica-de-estado-para-la-infancia /

8 Ibídem.

9 Ibídem.

10 Saúl Arellano, Investigador del PUED-UNAM, Urge una política de Estado para la infancia, México Social La Cuestión Social en México, consultado por última vez el 10 de enero de 2023 en

https://www.mexicosocial.org/politica-de-estado-para-la-infancia /

11 Ibídem.

12 Ibídem.

13 Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República, Menores Migrantes, Problema “Invisible”, Reporte Índigo, consultado por última vez el 31 de octubre de 2021 en

https://www.reporteindigo.com/reporte/infancias-y-jovenes-migran tes-los-eternos-olvidados/

14 Ibídem.

15 Tamara Mares Rivera, Periodista por la UNAM, Crecen homicidios, extorsiones, lesiones y trata de menores en un año, alerta Redim, Sin Embargo, consultado por última vez el 10 de enero de 2023 en

https://www.sinembargo.mx/06-01-2023/4308511

16 Ibídem.

17 Ibídem.

18 Tamara Mares Rivera, Periodista por la UNAM, Crecen homicidios, extorsiones, lesiones y trata de menores en un año, alerta Redim, Sin Embargo, consultado por última vez el 10 de enero de 2023 en

https://www.sinembargo.mx/06-01-2023/4308511

19 Ibídem.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de febrero de 2023.– Diputada Gina Gerardina Campuzano González (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para dictamen.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, A CUMPLIR CON EL COMPROMISO PRESIDENCIAL DE DESCENTRALIZAR EL GOBIERNO Y CON ELLO REUBIQUE A PEMEX, EN CIUDAD DEL CARMEN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a cumplir con el compromiso presidencial de descentralizar el gobierno y con ello reubique Pemex en Ciudad del Carmen, a cargo del diputado Pedro Armentía López, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Pedro Armentía López, diputado de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a la brevedad cumpla el compromiso presidencial de descentralizar el gobierno y con ello reubique Petróleos Mexicanos en Ciudad del Carmen, Campeche e implemente un programa de planificación y financiación para reubicar de Petróleos Mexicanos en Ciudad del Carmen, a fin de urbanizar de manera sostenible a la entidad al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

A una semana de que ganó las elecciones como presidente, el titular del Ejecutivo aseguró que la descentralización de las secretarías comenzaría desde el inicio del sexenio 2018-2024.

El lunes 9 de julio de 2018, tras reunirse en privado con empresarios de la Confederación de Cámaras Indistriales (Concamin), el candidato presidencial electo dio una conferencia de prensa y prometió ubicar Petróleos Mexicanos en Ciudad del Carmen, Campeche.

Sostuvo que su plan para descentralizar las dependencias federales, busca que haya desarrollo en todo el territorio, no solamente en el centro de México. Declaró lo siguiente:

“¿Qué queremos con la descentralización y con otras acciones? Que todo el territorio nacional pueda crecer parejo. No es justo ni recomendable que la inversión pública o la inversión privada se concentren sólo en algunas regiones del país”.

El 1 de diciembre de 2018, tras asumir formalmente la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, dio su primer discurso en el Zócalo capitalino frente a miles de personas. Reiteró ahí sus 100 compromisos.

Uno de los 100 compromisos sexenales que enunció en este discurso fue el siguiente:

“Se descentralizará el gobierno y las secretarías van a estar en distintos estados”.

El anterior corresponde al compromiso número 54, es importante señalar que siempre que se hace mención de la descentralización del gobierno, Petróleos Mexicanos, está considerada.

En julio de 2019, el Ejecutivo federal reconoció que el proceso de descentralización se encontraba pendiente e informó que no se había cumplido este compromiso, argumentó que el enfrentar la pandemia por covid fue un motivo que causó daño y se retrasó su cumplimiento, pero nuevamente reiteró avanzar en este propósito. Asimismo, de acuerdo con el titular del Ejecutivo, esta acción permitiría reactivar la economía del en las regiones del país.

Durante una visita del mandatario federal a Campeche, desde donde se llevó a cabo la conferencia matutina, la gobierno estatal a solicitud del gobierno municipal, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador, que revalore el traslado de las oficinas de Petróleos Mexicanos (Pemex) a Ciudad del Carmen, Campeche; debido a que se presentaría una saturación de la zona.

El titular del Ejecutivo respondió que sí hay forma para que Pemex se mude al estado, ya que es en el sureste mexicano donde se concentran los pozos petroleros, además de que tiene una deuda con el estado.

López Obrador indicó que la mudanza de Pemex a Campeche había quedado en espera debido a una caída en la producción de petróleo.

“...En lo de Ciudad del Carmen, falta que se vaya Pemex, pero estamos invirtiendo bastante en su fortalecimiento.” Declaró el presidente.

Existen las siguientes ventajas para considerar y hacer justicia a un estado petrolero como lo es Campeche:

• El potencial de crecimiento económico se expande con efectos positivos en el ingreso y nivel de vida de las personas,

• Elevar el nivel de vida de los ciudadanos,

• Existen mayores oportunidades laborales,

• Mejora la prestación de servicios por el sector público,

• Mejora la planificación y prestación de servicios públicos,

• Hay una mayor eficiencia administrativa y económica en la asignación de recursos escasos, ya que hay una mejor comprensión de las necesidades locales,

• Aumenta la recaudación de impuestos debido a un incremento en el número de contribuyentes,

• Puede atraer inversión extranjera.

Mudar Petróleos Mexicanos a Ciudad del Carmen, Campeche, permitiría mejorar las condiciones de los carmelitas y tendría beneficios para todo el estado.

Pero es necesario que el Gobierno federal y el gobierno estatal lleven a cabo una urbanización sostenible, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “la urbanización es un proceso que tiene que ver con los tres pilares de desarrollo sostenible: el económico, el social y el ambiental”.

La ONU señala que los gobiernos deben emprender políticas públicas que mejoren la calidad de vida y que el aumento de la población implica prestar atención a aspectos como el alojamiento, el transporte, la energía, los servicios educativos y sanitarios para poder satisfacer las necesidades.

Asimismo, ONU Hábitat resalta que el valor de la urbanización sostenible solo se puede desbloquear siempre que se den diversas condiciones de planificación, financiación y gobernanza.

Teniendo en cuenta lo anterior, y lo planteado por el alcalde del Carmen, es primordial que los titulares de los gobiernos federal y estatal colaboren entre sí, y de manera coordinada ejecuten un Programa de Planificación y Financiación para reubicar de Petróleos Mexicanos en Ciudad del Carmen.

El Programa de Planificación y Financiación para reubicar Petróleos Mexicanos en Ciudad del Carmen, Campeche; deberá contener los compromisos siguientes:

1. Fortalecer la movilidad y el transporte sostenibles y las redes e infraestructura de tecnología y comunicaciones. Incluir la conectividad entre las ciudades y sus alrededores, y entre las zonas periurbanas y rurales, así como una mayor interrelación entre la tierra y el mar, cuando proceda. (Deberá ser implementado sobre la base de instrumentos de planificación fundados en un enfoque urbano y territorial integrado).

2. Promover el financiamiento de la vivienda para que los nuevos residentes cuenten con viviendas asequibles y sostenibles.

3. Garantizar el acceso equitativo a las oportunidades y los beneficios que puede ofrecer la urbanización, que a su vez permitan a los residentes y a los nuevos habitantes, llevar una vida decente, digna y plena.

4. Promover la creación de espacios públicos seguros, integradores, accesibles, verdes y de calidad que fomenten el desarrollo social y económico, con el fin de aprovechar de manera sostenible su potencial para generar mayores valores sociales y económicos el acceso al agua potable, a la energía eléctrica, al drenaje y a la eliminación de los desechos.

5. Fortalecer la infraestructura de salud pública y garantizar su acceso y servicio de calidad.

6. Garantizar el acceso a espacios educativos que contribuyan al desarrollo pleno de la familia. El sistema educativo que se implante en Campeche deberá considerar por lo menos los niveles capacitación, medio básico y medio superior.

7. Generar las condiciones necesarias para que micro, pequeñas y medianas empresas se integren en cadenas de valor de los residentes y los nuevos habitantes con el propósito de mejorar la productividad, la cohesión social, económica y territorial; y la seguridad y la sostenibilidad ambiental.

Por lo expuesto y fundamentado, presento ante esta soberanía, la siguiente proposición, de obvia y urgente resolución, con:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a la brevedad cumpla el compromiso presidencial de descentralizar el gobierno y con ello reubique Petróleos Mexicanos en Ciudad del Carmen, Campeche.

Segundo. Se solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo implementar un Programa de Planificación y Financiación para reubicar de Petróleos Mexicanos en Ciudad del Carmen, que atienda la movilidad, el transporte sostenible, las redes e infraestructura de tecnología y comunicaciones; el financiamiento de la vivienda asequible y sostenible; el acceso equitativo a las oportunidades y los beneficios que puede ofrecer la urbanización; los espacios públicos seguros, integradores, accesibles, verdes y de calidad; la infraestructura de salud pública y garantía en su acceso al servicio y de calidad; el acceso a espacios educativos que considere por lo menos los niveles de capacitación, medio básico y medio superior y las condiciones necesarias para que micro, pequeñas y medianas empresas se integren en cadenas de valor con el propósito de mejorar la productividad, la cohesión social, económica y territorial; y la seguridad y la sostenibilidad ambiental.

Notas

1 ADNPolítico. (2018a, julio 9). “La descentralización de secretarías arrancará desde inicio de sexenio: AMLO”.

https://politica.expansion.mx/presidencia/2018/07/09/la-descentr alizacion-de-secretarias-arrancara-desde-inicio-de-sexenio-amlo

2 ADNPolítico. (2018b, diciembre 2). “Estos son los 100 puntos del plan de gobierno de López Obrador”.

https://politica.expansion.mx/presidencia/2018/12/02/estos-son-l os-100-puntos-del-plan-de-gobierno-de-lopez-obrador

3 Redacción. (2021, 22 julio). AMLO no se olvida del compromiso de descentralizar secretarías; afirma que se irá avanzando. El Financiero. Recuperado 5 de enero de 2023, de

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/07/22/amlo-no-se-o lvida-del-compromiso-de-descentralizar-secretarias-afirma-que-se-ira-avanzando/

4 Redacción. (2021, 12 octubre). A todo esto, ¿cómo va la descentralización de secretarías de Estado que propuso AMLO?El Financiero. Recuperado 5 de enero de 2023, de

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/10/12/a-todo-esto- como-va-la-descentralizacion-de-secretarias-de-estado-que-propuso-amlo/

5 Con información de El Heraldo de México. (2022, 5 diciembre).”Pide Layda Sansores a AMLO que revalore traslado de Pemex a Campeche”. Universidad de Colima. El Comentario. Recuperado 9 de enero de 2023, de

https://elcomentario.ucol.mx/pide-layda-sansores-a-amlo-que-reva lore-traslado-de-pemex-a-campeche/

6FAO. (2004). Descentralización e impuesto predial rural. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación Roma, 2004. Recuperado 9 de enero de 2023, de

https://www.fao.org/3/y5444s/y5444s04.htm#TopOfPage

7 Las ciudades seguirán creciendo, sobre todo en los países en desarrollo. (s/f). Www.un.org. Recuperado el 16 de enero de 2023, de

https://www.un.org/development/desa/es/news/population/2018-worl d-urbanization-prospects.html

8De las Naciones Unidas, O. (2017). Nueva agenda urbana. Habitat3.org.

https://habitat3.org/wpcontent/uploads/NUA-Spanish.pdf

9 De las Naciones Unidas, O. (2017). Nueva agenda urbana. Habitat3.org.

https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Spanish.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 14 de febrero de 2023.– Diputado Pedro Armentía López (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para dictamen.

EXHORTO AL GOBIERNO DE HIDALGO, A LA SHCP Y AL INPI, A IMPLEMENTAR EL PROGRAMA PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS RURALES, EN HIDALGO

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Hidalgo, a la SHCP y al INPI a implementar el programa Pavimentación de Caminos Rurales en diversos municipios del estado, a cargo del diputado Otoniel García Montiel, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Otoniel García Montiel, del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como de las demás aplicables, someto a consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Hidalgo, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas bajo las siguientes

Consideraciones

El pasado 6 de noviembre de 2022, como parte de los trabajos que realiza su servidor en el Estado de Hidalgo, se efectuó una recolección de peticiones y firmas, a consideración de habitantes de diversos municipios del estado, a fin de solicitar ante las autoridades correspondientes el programa Pavimentación de Caminos Rurales, ya que, para comunicar y trasladare a municipios y comunidades ha resultado ser un obstáculo para los ciudadanos que día a día salen de sus casas y se trasladan a la capital del estado o a diversas zonas de la entidad a desarrollar sus actividades diarias.

La respuesta por parte de la ciudadanía de municipios circunvecinos ha sido nutrida, ya que se han recibido 72 solicitudes de las cuales 40 cuentan con un expediente completo, incluyendo estudios técnicos de municipios como Zimapán, Tecozautla, Tasquillo, Santiago de Anaya, San Salvador, Nicolás Flores, Jacala entre otros próximos a sumarse.

Si bien, el tener respuesta es un síntoma de voluntad de colaboración entre sociedad y gobierno, tampoco no es motivo de orgullo, sino de vergüenza y preocupación puesto que los gobiernos anteriores dejaron en el olvido los caminos y por ende el bienestar de las y los hidalguenses.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), arroja que en 2020 la población del estado de Hidalgo se conformaba por un 57% en localidades urbanas, mientras que el 43% en comunidades rurales; mientras que la población en los municipios que anteriormente se menciona es la siguiente:

Población que se considera indígena en los municipios anteriormente mencionados.

Mientras que las lenguas indígenas en el Estado son las siguientes:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2, inciso B menciona:

“ La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos”

Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I. ...

II. ...

III. ...

IV. ...

V. ...

VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.

Por lo anteriormente expuesto, es imperativo no sólo apoyar a los habitantes de los municipios mencionados, sino también de municipios como Alfayucan, La Misión Cardonal, Chapulhuacán, Chilcuautla, Ixmiquilpan, Pacula, Pisaflores y Progreso de Obregón; mediante el programa Pavimentación de Caminos Rurales que beneficie su calidad de vida, ya que el aplicar este programa permitirá reducir los tiempos de traslado, así como la mejora en seguridad en sus traslados a sus centros de trabajo, estudio y conexión entre estos municipios.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones señaladas en el proemio, llevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del Estado de Hidalgo, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, e Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para implementar el programa Pavimentación de Caminos Rurales en los municipios de Zimapán, Tecozautla, Tasquillo, Santiago de Anaya, San Salvador, Nicolás Flores, y Jacala de Ledezma; Alfayucan, La Misión Cardonal, Chapulhuacán, Chilcuautla, Ixmiquilpan, Pacula, Pisaflores y Progreso de Obregón, pertenecientes al estado de Hidalgo.

Notas

1. https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/hgo/poblacion/

2. https://www.inpi.gob.mx/indicadores2020/

3. https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/hgo/poblacion/diversidad. aspx?tema=me&e=13

4. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023.– Diputado Otoniel García Montiel (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

RELATIVO A LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL DE FOMENTO A LA INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

«Proposición con punto de acuerdo, relativo a la integración de la Comisión Intersecretarial de Fomento a la Industria Vitivinícola, a cargo del diputado José Luis Báez Guerrero, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado José Luis Báez Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 numeral 1, fracción I; y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

El 23 de mayo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federal la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola.

Esta ley tiene por objeto impulsar, fomentar, promover y difundir las actividades relacionadas al sector; además en concordancia con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y demás ordenamientos legales aplicables, se propone impulsar una mayor productividad y competitividad de la actividad. Además de establecer las bases para el impulso y desarrollo de la industria vitivinícola mexicana.

Por su parte, el artículo 4o. de la Ley hace referencia que las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán el desarrollo y participación del Sector en el mercado, incluyendo la promoción de esquemas de participación de productores.

En el diverso Título II de la ley en cita, refiere sobre la creación de la Comisión Intersecretarial de Fomento a la Industria Vitivinícola, su objeto, funciones, sesiones a celebrar, facultades del presidente y secretario, entre otras.

En el capítulo III del mismo título se habla sobre la coordinación de dicha comisión con diversas dependencias de la Administración Pública Federal y señala los puntos sobre los cuales cada dependencia realizará el apoyo.

Así tenemos a la hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; Secretaría de Economía; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Salud; Secretaría de Turismo; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Energía; e incluso el Ejecutivo federal.

De la revisión a los informes de labores de dichas dependencias encontramos que la Secretaría de Relaciones Exteriores, refiere en la página 119 que:

“Por su parte, tan solo en un par de décadas, el vino mexicano ha sido merecedor de reconocimientos y galardones, incluso en los mercados más competitivos. En noviembre de 2022, Ensenada será sede del 43 Congreso Mundial de la Viña y el Vino. Se trata de un esfuerzo conjunto de la Secretaría de Agricultura, la SRE, las RME, el estado de Baja California y el Consejo Mexicano Vitivinícola, como claro ejemplo de diplomacia pública que posiciona al vino mexicano ante el mundo, para difundir con ello tradiciones y conocimientos de un importante sector económico de nuestro país.”

Dicho señalamiento cumple la obligación precisada en el diverso artículo 26 de la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola:

“La Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con la comisión, apoyará al Sector promocionando al Vino Mexicano a través de todas sus representaciones, embajadas y consulados, dentro y fuera del territorio nacional, promoviendo la oferta y calidad del vino mexicano en el extranjero.”

Sin embargo, en los diversos informes de labores de las demás autoridades, no se advierte que las mismas hayan cumplido las obligaciones que específicamente se señalan en los diversos artículos 20 al 25 y 27 a 29 de la Ley en cita. Ni en las páginas oficiales de las mismas se advierte alguna información relacionada con las presiones que marca la regularidad legal.

Por ello y en aras de que se oriente, promueva, apoye y se propongan políticas públicas para el fomento de la industria vitivinícola nacional, es importante que dichas dependencias busquen coordinarse con la Comisión Intersecretarial de Fomento a la Industria Vitivinícola, a efecto de que las mismas, cumplan son las obligaciones establecidas en la ley y que en este año 2023 que comienza, el impulso, apoyo al sector vitivinícola se encuentre dentro de los planes y programas de estas secretarías y/o Ejecutivo federal.

Por lo anterior, se propone el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural; de Economía; de Hacienda y Crédito Público; de Educación Pública; de Salud; de Turismo; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Energía y al Ejecutivo federal para que integren la Comisión Intersecretarial de Fomento a la Industria Vitivinícola y se dé cumplimiento a las atribuciones establecidas en la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola, a fin de impulsar, fomentar y promover las actividades del sector en favor de una mayor productividad y competitividad de la actividad que permita el desarrollo de la industria.

Notas

1 Artículo 1o. de la Ley de Fomento a la Industria Vitivinícola

2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/755312/4toILSRE_FINAL_WEB_.pdf

3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/756577/AGRICULTURA_4IL_270922_w. pdf

https://www.economia.gob.mx/files/gobmx/uppe/1_cuarto_informe_de _labores_economia_2021_2022.pdf

https://www.sipot.hacienda.gob.mx/work/models/transparencia/docs /planes_programas_e_informes/4IL_SHCP.docx.pdf

https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/informes/labores/2018-2024 /4to_informe_de_labores.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/756549/4to_INFORM E_DE_LABORES_2022.pdf;

https://drive.google.com/file/d/1nil9mYi7azYbJ1Av73IWn1tJSGK4z8E G/view;

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/756773/MEDIO-AMBI ENTE_4to_InformeLabores_web.pdf;

https://base.energia.gob.mx/IL/4-Informe-de-labores-SENER.pdf;

https://presidente.gob.mx/wp-content/uploads/2022/09/4to-INFORME -DE-GOBIERNO-PRESIDENTE-AMLO-01092022.pdf;

Dado en el salón de sesiones, el día 14 de febrero de 2023.– Diputado José Luis Báez Guerrero (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen.

SE BRINDE PROTECCIÓN A LAS MADRES Y PADRES DE PERSONAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN QUE SE INVOLUCRAN EN LAS LABORES DE BÚSQUEDA DE SUS HIJAS E HIJOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a las fiscalías de los estados a brindar especial protección a las madres y padres de personas víctimas de desaparición que se involucran en las labores de búsqueda de sus hijas e hijos, a cargo de la diputada Sofía Carvajal Isunza, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada Sofía Carvajal Isunza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del honorable Congreso de la Unión, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

Durante el último bimestre de 2022 se dio a conocer el asesinato de cinco madres buscadoras en diferentes entidades de la República. Madres buscadoras es como se autodenominan las madres de familia que se dedican a buscar a sus hijos e hijas víctimas de la desaparición forzada. Esta información se dio a conocer en un informe dado por el entonces subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, en donde detalla que se están realizando investigaciones sobre los feminicidios de madres buscadoras, las cuales a continuación se mencionan:

• Ana Luis Garduño (Madre de Ana Karen Huicochea)

La activista Ana Luisa Garduño fue asesinada en el bar Apolo XI (de su propiedad) en el municipio de Temixco, Morelos, el 27 de enero de 2022. Ana Luisa era madre de Ana Karen Huicochea, asesinada presuntamente por su novio, quien tiene una orden de aprehensión. Ana Luisa Garduño se sumó al colectivo de familias de búsqueda de personas desaparecidas con su organización civil “Ana Karen Vive”.

• Gladys Aranza Ramos (Esposa de Bryan Omar)

El feminicidio de Gladys Aranza Ramos se suscitó el 15 de julio de 2022 en el ejido Ortiz, perteneciente a Guaymas, Sonora, al ser agredida por un arma de fuego afuera de su domicilio. Gladys Aranza buscaba a su esposo desaparecido desde finales de 2020, por ello se unió al colectivo Madres y Guerreras Unidas de Sonora.

• Blanca Esmeralda Gallardo (madre de Betzabé Alvarado Gallardo)

Blanca Esmeralda fue privada de la vida en la ciudad de Puebla el 4 de octubre de 2022. Elementos de la policía de Puebla lograron detener a dos sujetos por estos hechos, quienes, de acuerdo con la investigación, dispararon contra la activista en 8 ocasiones. Ambos sujetos fueron vinculados a proceso penal y se descubrió que ambos pertenecían a un grupo de narcomenudeo. Blanca Esmeralda había denunciado la desaparición de su hija, la cual sigue desaparecida.

• Rosario Lilián Rodríguez Barraza (madre de Fernando)

Rosario Lilián fue hallada sin vida el 31 de agosto de 2022 en La Cruz de Elota, Sinaloa. La víctima se dirigía a su casa luego de la misa celebrada en honor de Fernando, su hijo desaparecido, cuando fue interceptada por hombres armados a bordo de una camioneta blanca y se la llevaron a la fuerza.

• María del Carmen Vázquez (madre de Osmar Zúñiga Vázquez)

María del Carmen Vázquez, integrante del colectivo Personas Desaparecidos en Pénjamo y madre de Osmar Zúñiga Vázquez fue asesinada el 6 de noviembre de 2022 en Abasolo, Guanajuato. Elementos de seguridad hallaron su cuerpo con lesiones de armas de fuego.

El asesinato de estas mujeres que luchaban por encontrar a sus hijas e hijos, justicia y acceso a la verdad no es solo culpa de quienes las ejecutaron, sino también de las autoridades que por sus omisiones y falta de debida diligencia en sus funciones, orillaron a las madres a realizar labores de búsqueda por sí mismas.

De acuerdo con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas corresponde a las Fiscalías Especializadas Federales y de los Estados la investigación y persecución de los delitos de Desaparición Forzada de Personas y la cometida por particulares, así como a la Comisión Nacional de Búsqueda organizar grupos de búsqueda para realizar las labores de localización en campo, los cuales deben estar integrados por personas especializadas en materia de búsqueda de personas. Por otro lado, corresponde a las instituciones de seguridad pública coadyuvar y proteger a quienes realizan labores de búsqueda de personas.

Pese a lo anterior, los colectivos activistas que se dedican a la búsqueda de personas, alegan que no han tenido la atención debida por parte de las autoridades responsables; aun cuando el Estado cuenta con las herramientas forenses necesarias proporcionadas y distribuidas por la Comisión Nacional de Búsqueda, las autoridades deciden no hacer uso de estas.

Las y los integrantes de estos colectivos viven con el pánico permanente de ser asesinados luchando por el acceso a la justicia. Las madres buscadoras encuentran fuerza con otras madres buscadores, las cuales han encontrado consuelo por medio de la empatía con otras mujeres que no han podido tener tranquilidad en su vida por la búsqueda incesante de sus hijos y encima de eso, son asesinadas por la casi inexistencia al derecho al acceso a la justica.

Estas mujeres incluso han propuesto trabajar de manera coordinada con las fiscalías generales especializadas por medio de los colectivos, sin embargo, las autoridades se niegan a cooperar de manera coordinada con ellas, además obstaculizan los procesos de búsqueda.

Inmersas en la vorágine de violencia que acecha al país, estas mujeres no solo ponen el cuerpo para realizar una labor que corresponde al Estado sino que son doblemente víctimas. Por una parte, al perder a sus seres queridos, una parte esencial de sus vidas y por otra parte, cuando son amenazadas, perseguidas, acechadas o incluso asesinadas.

Desde que comenzó el seguimiento de este tipo de delitos en 2010, al menos 15 madres buscadoras han sido asesinadas, de estas, siete en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, según datos de InSight Crime, un centro de pensamiento que busca profundizar el debate sobre el crimen organizado y la seguridad ciudadana en las Américas.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República y a las Procuradurías y Fiscalías Especializadas en materia de desaparición forzada de los estados a que en conjunto con la Comisión Nacional de Búsqueda creen un programa especial de acompañamiento y protección para familiares activistas involucrados en la búsqueda de personas desaparecidas, así como a brindar todo el apoyo institucional y presupuestal necesario que requieran para realizar sus labores de búsqueda.

Segundo. Se exhorta a las instituciones de seguridad pública de los tres ordenes de gobierno, a establecer protocolos de vigilancia y protección permanente a los familiares víctimas de amenazas o agresiones por parte de las autoridades o particulares que obstaculizan o buscan inhibir las labores de búsqueda o la persecución de justicia, así como el acceso a la verdad.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 14 de febrero de 2023.– Diputada Sofía Carvajal Isunza (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

EXHORTO A LA FISCALÍA DE JALISCO, A REVISAR DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN QUE INVOLUCRA A LA CIUDADANA LAURA LUCÍA BERVERA RIVERA POR EL DELITO DE FRAUDE

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía de Jalisco a realizar una competente y exhaustiva revisión de la carpeta de investigación que involucra a la ciudadana Laura Lucía Bervera Rivera por el delito de fraude, así como a garantizar el cumplimiento y respeto a sus derechos humanos, a cargo de la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Laura Imelda Pérez Segura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta a la Fiscalía del Estado de Jalisco a realizar una competente y exhaustiva revisión de la carpeta de investigación que involucra a la ciudadana Laura Lucía Bervera Rivera por el delito de fraude, así como a garantizar el cumplimiento y respeto a sus derechos humanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. INTRODUCCIÓN.

En el estado de Jalisco los delitos relacionados con la violencia de género se han mantenido constantes durante los últimos años, especialmente aquellos asociados con el acoso sexual y el hostigamiento sexual. Los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reflejan la incidencia de los delitos antes referidos.

Fuente. Elaboración propia con datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Añadiendo que, de acuerdo con información obtenida vía transparencia por el sitio web “Informador MX”, durante la última década se han presentado 2 mil 407 denuncias ante la Fiscalía del Estado de Jalisco por parte de mujeres víctimas de acoso, no obstante, solo se han presentado tres sentencias en la materia durante el 2012 al 2021.

Lo anterior expuesto refleja que, a pesar de la incidencia que tienen estos delitos, no se ve reflejado en la misma proporción las sentencias que condenan a los mismos, por lo que las instituciones encargadas de recibir, investigar y sancionar estos crímenes no están actuando con la eficacia requerida.

Para ejemplificar lo antes señalado, podemos referirnos al caso de la ciudadana Laura Lucía Bervera Rivera, suscitado en el estado de Jalisco.

II. CASO LAURA LUCÍA BERVERA RIVERA.

Durante el año pasado, la ciudadana Laura Lucía presentó una denuncia por acoso y hostigamiento sexual ante la Unidad para la Investigación de Delitos en contra de las Mujeres y en Razón de Género de la Fiscalía del Estado de Jalisco en contra de Ignacio Javier “N”, director general de “Operadora de Servicios Mega S.A de C.V, SOFOM, E.R” conocida como “Grupo Mega”, empresa para la que Laura Lucía trabajó por más de una década y donde comenzó a ser acosada desde el año 2018 por Ignacio Javier.

No obstante, la denuncia hecha por la ciudadana no solo no prosperó, ya que la carpeta de investigación iniciada en contra de Ignacio Javier fue archivada, lo anterior debido a que el delito denunciado presuntamente ya había prescrito.

Posteriormente y de acuerdo con el testimonio de Lucía Bervera, una vez que su agresor fue notificado del procedimiento legal que la afectada inició en su contra, la intimidación se incrementó, en sus palabras:

“ Cuando se enteró de la existencia de una causa legal en su contra de mi parte, las represalias no tardaron en llegar, subiendo de intensidad, llegando hasta expresar amenazas como que me arrepentiría, porque tenía contactos y los utilizaría para destruir mi vida”.

Consecuentemente, para septiembre del año pasado, posterior a la presentación de la denuncia por acoso, fue acusada de presunta administración fraudulenta en la empresa antes referida.

Durante el mismo mes de septiembre, Bervera fue detenida y, de acuerdo con su testimonio obtenido por ZonaDocs, que es un diario enfocado al periodismo documental y de investigación con sede en Jalisco, los agentes que la detuvieron nunca mostraron la orden de aprehensión en su contra. Una vez dentro de las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco, se le exigió desvestirse sin mediar explicación y sin permitirle llamar a su familia o a un representante legal.

Añadiendo que, en la zona de juzgados la obligaron a desvestirse por segunda vez, e inclusive le golpearon la cabeza para que bajara la mirada con la excusa de que no podía ver a nadie. Lo anterior, más otros abusos durante el proceso legal, como privarla de alimento o impedirle ir al baño a cambiar su toalla sanitaria, deja en evidencia las agresiones en contra del debido proceso y sobre todo en contra de los derechos humanos de Lucía Bervera.

Desde entonces, se mantiene en prisión preventiva en el Penal Femenil de Puente Grande, en Jalisco.

Ante ello, diversas organizaciones se han pronunciado al respecto debido a la irregularidad del caso y, sobre todo, por las transgresiones hechas a los derechos humanos de la ciudadana. Esto debido a que fue revictimizada, al pasar de ser víctima de acoso sexual a estar en una prisión femenil por el presunto abuso de poder y las influencias de la persona que previamente había denunciado.

III. PRONUNCIAMIENTOS DE ORGANIZACIONES RESPECTO AL CASO DE LAURA LUCÍA BERVERA.

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres.

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), es una organización internacional no gubernamental enfocada a la vigilancia y protección de los derechos humanos de las mujeres. Por ello, el pasado 11 de enero del presente año emitió un pronunciamiento con respecto al caso de Laura Lucía, mismo donde se señala que la afectada no tenía las facultades dentro de la empresa para llevar a cabo actividades de notaria legal o administrativa, por lo que no es posible que haya cometido el delito de fraude.

Señalando, además, ciertas inconsistencias en el proceso, por ejemplo, que los oficios de audiencia respecto a la denuncia de acoso presentada por Bervera del Centro de Justicia para las Mujeres, no llegaron al domicilio solicitado por la afectada, sino que fueron enviados directamente a la dirección de la empresa donde ella laboraba junto con Javier Ignacio, su agresor. Añadiendo que el juez dictó prisión preventiva a Laura Lucía cuando el delito por el que es acusada no amerita esta medida cautelar.

Concluyendo dicho pronunciamiento exigiendo la liberación inmediata de la afectada, además de exhortar a diversas instancias a garantizar la protección de los derechos humanos de la ciudadana.

Colectivo Fortaleza.

El Colectivo Fortaleza, integrado por activistas en contra de la violencia ejercida hacia mujeres, emitió un pronunciamiento el pasado mes de diciembre, donde señala que, el agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres no sólo no atendió la denuncia presentada por Lucía Bervera, alegando que los delitos ya habían prescrito, sino que también notificó a Ignacio Javier que Bervera lo había denunciado, a pesar de que la afectada había solicitado que las notificaciones en el caso se dieran por medio de su abogado.

Dicho pronunciamiento concluye exigiendo la liberación inmediata de Bervera, así como la inspección de la carpeta de investigación en su contra, garantizando el total respeto a los derechos humanos de la ciudadana.

Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias.

El Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME), que es una organización que promueve la colaboración entre mujeres líderes empresariales de organismos, asociaciones civiles y sociedad civil organizada para potencializar la participación de mujeres en el ámbito público y privado, realizó un pronunciamiento el pasado mes de diciembre, en el cual se exige claridad en los procesos legales en torno al caso, llevando un proceso jurídico adecuado de manera imparcial, transparente y honesto.

Centro para la Paz y el Desarrollo.

Por otra parte, Denisse Montiel, codirectora del Centro para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), que es una organización de la sociedad civil que impulsa procesos de acceso a la verdad, justicia y reparación integral, mediante el acompañamiento a víctimas de tortura y desaparición de personas en Jalisco, señala que:

“Lo sucedido a Laura Lucía deja en evidencia “la institucionalización de la violencia” dentro de los procesos de investigación, detención e, incluso, de fabricación de culpables que prevalecen en las dependencias de procuración de justicia y seguridad pública, en este caso de la Fiscalía del Estado de Jalisco, la Secretaría de Seguridad Pública y la Dirección de Prevención y Reinserción Social del mismo estado.”

IV. OBJETIVO.

Primeramente, conociendo lo anterior expuesto, el presente Punto de Acuerdo tiene como objetivo exhortar a la Fiscalía del Estado de Jalisco a realizar una eficiente y exhaustiva revisión de la carpeta de investigación que involucra a la ciudadana Laura Lucía Bervera por el delito de fraude, a fin de esclarecer su caso y garantizar el acceso a la justicia pronta y expedita a la ciudadana antes referida, terminando la revictimización a la cual se ha visto expuesta.

En segundo lugar, se exhorta a la Fiscalía del Estado de Jalisco a garantizar el eficiente cumplimiento y respeto a los derechos humanos de la ciudadana Laura Lucía Bervera Rivera en el proceso legal que lleva a cabo actualmente.

En tercer lugar, se exhorta a la Fiscalía del Estado de Jalisco a realizar una pronta y eficaz revisión de la carpeta de investigación derivada de la denuncia presentada por la ciudadana Laura Lucía Bervera por los delitos de hostigamiento y acoso sexual. A fin de garantizar su derecho de acceso a la justicia.

Por último, se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a brindar seguimiento en el caso de la ciudadana Laura Bervera, a fin de garantizar la correcta protección de sus derechos humanos. Una vez establecidas estas consideraciones, es que atentamente pongo a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Fiscalía del Estado de Jalisco para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, implemente una eficiente y exhaustiva revisión de la carpeta de investigación que involucra a la ciudadana Laura Lucía Bervera Rivera por el delito de fraude, a fin de esclarecer su caso y garantizar su acceso a la justicia pronta y expedita, garantizando, además, la reparación del daño a la ciudadana antes referida, terminando la revictimización a la cual se ha visto expuesta.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Fiscalía del Estado de Jalisco para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, implemente acciones que garanticen la eficiente protección de los derechos humanos de la ciudadana Laura Lucía Bervera Rivera en el proceso legal que lleva a cabo actualmente.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Fiscalía del Estado de Jalisco para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, realice una pronta y eficaz revisión de la carpeta de investigación derivada de la denuncia presentada por la ciudadana Laura Lucía Bervera Rivera por los delitos de hostigamiento y acoso sexual. A fin de garantizar su pleno derecho de acceso a la justicia.

Cuarto. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, brinde seguimiento en el caso de la ciudadana Laura Lucía Bervera Rivera, a fin de garantizar una eficiente protección y respeto a los derechos humanos de la ciudadana antes referida.

Notas

1. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2023) Disponible en:

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delict iva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published

2. Informador MX. Acoso sexual en Jalisco: La simulación de una batalla. (2023) Disponible en:

https://www.informador.mx/Dia-de-la-Mujer-2022-8M-Acoso-sexual-e n-Jalisco-la-simulacion-de-una-batalla-l202203070001.html

3. La Jornada. Jalisco: Mujer que denunció acoso sexual está en prisión preventiva. (2023) Disponible en:

https://www.facebook.com/lajornadaonline/videos/jalisco-mujer-qu e-denunci%C3%B3-acoso-sexual-est%C3%A1-en-prisi%C3%B3n-preventiva/8437561867354 03/

4. ZonaDocs. Periodismo en Resistencia. Laura fue privada de su libertad tras denunciar a su agresor. Dalia Souza. (2023) Disponible en:

https://www.zonadocs.mx/2022/12/11/laura-fue-privada-de-su-liber tad-tras-denunciar-a-su-agresor/

5. MILENIO. Mujer fue encarcelada después de denunciar acoso sexual por parte de su jefe. (2023) Disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=C6GGq6Vz_kI

6. Ibidem.

7. CLADEM Jalisco. Pronunciamiento CLADEM Jalisco caso: Laura Lucía Bervera Rivera. (2023) Disponible en:

https://www.facebook.com/photo?fbid=542041981295935&set=pcb. 542042507962549&locale=es_LA

8. Comité Fortaleza. Pronunciamiento en el caso de Laura, denunció hostigamiento sexual de Ignacio Javier «N», el director gral. de Operadora d Servicios Mega, SA. de CV, SOFOM, ER y el AGRESOR lo revirtió con un FALSO fraude. (2023) Disponible en:

https://twitter.com/fortalezamh/status/1602490774142197760?ref_s rc=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1602490774142197760%7Ctwgr%5Eef 6d724e68f3ce8b6a9b8a916d7b5542ff3b4aad%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=

https%3A%2F%2Fd-26044935202053269548.ampproject.net%2 F2301112346000%2Fframe.html

9. NTR Guadalajara. Mujeres empresarias exigen proceso imparcial para Laura. (2023) Disponible en:

https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=191498

10. Zona Docs. Laura fue privada de su libertad tras denunciar a su agresor. Dalia Souza. (2023) Disponible en:

https://www.zonadocs.mx/2022/12/11/laura-fue-privada-de-su-liber tad-tras-denunciar-a-su-agresor/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023.– Diputada Laura Imelda Pérez Segura (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SICT, A REVISAR Y ACTUALIZAR EL REGLAMENTO PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, a través de la SICT, a revisar y actualizar el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, con el objetivo de dar certidumbre jurídica y proteger la seguridad de las personas en el sector de transportes, a cargo del diputado José Luis Báez Guerrero, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado José Luis Báez Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 numeral 1, fracción I; y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

Los reglamentos permiten proveer la exacta observancia de las leyes en la esfera administrativa. Este ejercicio se manifiesta en la facultad conferida al presidente de la República y a los gobernadores de los estados, en sus respectivos ámbitos competenciales, para la expedición de disposiciones generales, abstractas e impersonales que tienen por objeto la ejecución de la ley, desarrollando y completando en detalle sus normas, pero sin que, pueda excederse el alcance de sus mandatos, contrariarse o alterarse sus disposiciones, por ser precisamente la ley su medida y justificación.

Los reglamentos se distinguen de los actos legislativos porque provienen de un órgano distinto e independiente del Poder Legislativo, como es el Poder Ejecutivo y, porque son, como ya se dijo, normas subordinadas a las disposiciones legales que reglamentan y no son leyes, sino actos administrativos generales cuyos alcances se encuentran acotados por la misma Ley.

Dicho lo anterior el 18 de enero de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, misma que es reglamentaria de las disposiciones de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos, en el territorio nacional.

Tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación, entre otras cuestiones.

Asimismo, en el artículo 7 fracción II de la ley refiere que son facultades de la Federación expedir reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas para regular el manejo integral de los residuos peligrosos, su clasificación, prevenir la contaminación de sitios o llevar a cabo su remediación cuando ello ocurra.

Por su parte en el título quinto referente al Manejo Integral de Residuos Peligrosos, en su Capítulo I, artículo 40 precisa que los residuos peligrosos deberán ser manejados conforme a lo dispuesto en la presente ley, su reglamento, las normas oficiales mexicanas y las demás disposiciones que de este ordenamiento se deriven.

El diverso artículo 45 indica que los generadores de residuos peligrosos, deberán identificar, clasificar y manejar sus residuos de conformidad con las disposiciones contenidas en esta Ley y en su reglamento, así como en las normas oficiales mexicanas que al respecto expida la secretaría.

Ante las precisiones antes apuntadas es necesario que la normatividad reglamentaria se encuentre debidamente modificada, a efecto de una precisa y correcta aplicación legal.

Cabe precisar que el diverso numeral sexto transitorio de la Ley General en cita, refiere que:

“La Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitirá en un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales a partir de la publicación del presente Decreto, las modificaciones a que haya lugar al Reglamento de Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos” .

Queda claro que el lapso de tiempo que tenía la hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a efecto de expedir las modificaciones a que haya lugar del multicitado reglamento ya transcurrió en exceso.

Esta falta de emisión de las modificaciones a que hubiera lugar del Reglamento de Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos por parte de la hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para su posterior expedición por el Ejecutivo federal repercute en la exacta observancia de la Ley General en cita.

Por ello, es importante contar con un marco jurídico sólido en materia de transporte de materiales y residuos peligrosos acorde a las modificaciones realizadas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.

Por lo anterior, se propone el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un atento exhorto al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que revise y actualice el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos con el objetivo de dar certidumbre jurídica y proteger la seguridad de las personas en el sector de transportes .

Notas

1 Tesis: 2a. I/2015 (10a.), Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 15, febrero de 2015, Tomo II, página 1770, del rubro: “Principio de subordinación jerárquica. se vulnera cuando un reglamento contraría una ley distinta a la que desarrolla, complementa o detalla, pero con la cual guarda vinculación.”

2 Tesis: 2a. CXV/99, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, septiembre de 1999, página 266, del rubro: “Facultad reglamentaria. Los conceptos de violación que se refieran a su infracción, deben establecer una contrariedad o exceso de los mandatos legales por la disposición reglamentaria, como condición para revelar una violación directa a la constitución federal”.

3 Tesis: P./J. 79/2009, Pleno, Novena Época, Materias(s): Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, agosto de 2009, página 1067, del rubro: “Facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo federal. Sus principios y limitaciones.”

4 Artículo 1º de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Dado en el salón de sesiones, el día 14 de febrero de 2023.– Diputado José Luis Báez Guerrero (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

EXHORTO AL EJECUTIVO FEDERAL, A SUSPENDER LOS INCREMENTOS ANUNCIADOS POR LA SICT A LAS TARIFAS EN AUTOPISTAS DE CUOTA FEDERAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a suspender los incrementos anunciados por la SICT a las tarifas en 2023 en autopistas de cuota federal, así como los anunciados a las tarifas eléctricas y de gas LP, a cargo de la diputada Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Blanca Alcalá Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la LXV Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Durante 2021 y 2022, la economía mexicana ha enfrentado una creciente inflación que ha derivado en una importante pérdida de bienestar y poder adquisitivo en todas las familias, en especial las de menores ingresos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el crecimiento de los precios se ubicó durante el año pasado en 7.82 por ciento el dato más alto de los últimos 22 años. Lo más grave en este contexto inflacionario, de acuerdo con el Inegi, es que el índice de precios de la “canasta de consumo mínimo” alcanzó un crecimiento interanual de 8.54 por ciento y un crecimiento de 14 por ciento en los alimentos en general.

Para enfrentar lo anterior, en el mes de mayo del año pasado el Gobierno federal puso en marcha el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), que a decir del gobierno fue un acuerdo voluntario entre el Gobierno federal y el sector empresarial para garantizar “precios justos” en algunos productos de la canasta básica con el propósito de proteger el bolsillo de las mexicanas y los mexicanos.

Además de lo anterior, el gobierno anuncio 16 medidas adicionales para estabilizar los precios de 24 productos de la Canasta Básica, entre los que destacan:

- El mantenimiento “estable” de los precios del gas LP, y la electricidad.

- El desarrollo de acciones para mantener “estable” de los precios de las gasolinas y el diésel.

- El no incremento en el costo del peaje de carreteras federales, operadas por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe).

Desafortunadamente los resultados muestran que las acciones llevadas a cabo hasta el momento por el gobierno han sido insuficientes.

En este contexto, cabe señalar que el titular del Ejecutivo federal anunció, en diciembre del año pasado, que durante 2023 continuarían las acciones para contener la inflación. En el mismo sentido, la propia Secretaría de Economía anuncio que se sumarian más productos al “Pacic 3.0” durante el presente año.

Contrario a lo anterior, durante lo que va del presente año el gas LP ha registrado un incremento promedio de 6.21 por ciento al pasar de 10.62 pesos por litro a 11.28 pesos.

En el mismo sentido, recientemente la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunció un incremento de 7.1 por ciento en las tarifas de energía eléctrica para 2023, el cuál es el más alto de los últimos 6 años e incluye al consumo básico. Al respecto, cabe recordar que esta Cámara de Diputados aprobó para 2023 un presupuesto de poco más de 76 mil millones de pesos para subsidiar las tarifas eléctricas durante este año, a fin de controlar el precio de la luz, en beneficio de las familias mexicanas.

El pasado 7 de febrero, a través de un comunicado, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, publicó la actualización de tarifas en 2023 en autopistas de cuota federal, que implica un incremento del 7.82, aplicable a partir de este día.

Dicho incremento se sustenta, de acuerdo con la inflación del periodo diciembre de 2021 a diciembre de 2022.

En el mismo documento, se comunica que la modificación de tarifas correspondiente a la red de autopistas concesionada al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y Capufe, iniciará a partir del 1 de marzo de 2023.

Resulta lamentable y refleja la falta de sensibilidad y visión por parte de la administración pública federal, en su conjunto, pues en tanto se convoca a las grandes, medianas y pequeñas empresas a mantener el precio de productos de la canasta básica, se le impone un incremento al transporte de bienes y productos.

Cabe tener presente que, en mayo de 2022, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó el Pacic, acuerdo entre el gobierno de México, productores, distribuidores y comerciantes, a través del cual se busca garantizar precios justos en los productos de la canasta básica.

Dicho acuerdo contempla la implementación de las siguientes estrategias de acción:

1. Estrategia de producción (incremento de la oferta de alimentos)

2. Estrategia de distribución (medidas de distribución)

3. Estrategia de comercio exterior (Medidas de Comercio Exterior)

4. Otras medidas

Como parte de las medidas de producción, el gobierno asumió el compromiso de estabilizar el precio de la gasolina y el diésel, así como el establecimiento de precios de referencia del gas LP y electricidad.

Como parte de la estrategia de distribución, el Gobierno federal, asumió los siguientes compromisos:

- Fortalecimiento de la estrategia de seguridad en carreteras más de 12 mil elementos y 2 mil 300 vehículos garantizarán la seguridad en carreteras.

- No incremento en peajes de carreteras (Capufe) Carreteras de Capufe y Fonadin no incrementarán las tarifas en 2022.

- Exención de Carta Porte (básicos e insumos) Hasta el 1° de octubre de 2022, de ser necesario se prolongaría por otro periodo.

- No incremento de tarifas ferroviarias ni de contraprestación por interconexión Medida por 6 meses, aplica para transporte de alimentos, fertilizantes e hidrocarburos

Si bien el acuerdo precisa el no incremento en peajes en 2022, es importante tener presente que las condiciones que dieron lugar a su implementación siguen vigentes y más aún se vienen agudizando por múltiples factores, entre otros, la necesaria inversión de las empresas en el ámbito de la seguridad, el incremento a los precios de los combustibles gasolinas, diésel y gas, el aumento a los salarios de los trabajadores, entre otros gastos que siguen generando presión a las empresas e industrias nacionales que, por cierto, siguen luchando por recuperarse de la crisis provocada por el Virus SARS Covid 19.

Los incrementos anunciados impactarán negativamente en los precios de productos de la identificada como canasta básica alimentaria (CBA), la cual se refiere, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, al grupo de productos que deben aportar los mínimos para la nutrición esencial de un individuo adulto.

Es importante destacar que una familia tiene otras necesidades esenciales, como lo son, el vestido, gastos inherentes a la educación, servicios médicos, servicios básicos del hogar tales como agua, electricidad, gas, los cuales exigen de esfuerzos adicionales para que las familias puedan disfrutar de ellos.

En este contexto es importante analizar en su justa dimensión, como se desprende del concepto citado, que la canasta básica contempla productos mínimos, apenas suficientes para la nutrición de una persona y que su acceso, de ninguna manera representa un nivel mínimo de bienestar, pues muchas familias tendrán que hacer esfuerzos adicionales para poder cubrir otras necesidades, por cierto, también básicas, como las enunciadas en el párrafo anterior.

Asimismo, cabe señalar que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, ha elaborado una lista de 40 productos que comprenden la canasta básica, en tanto el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), apenas contempla 21 de 24 productos de la canasta básica y 5 insumos estratégicos.

En el Grupo Parlamentario del PRI, consideramos necesario posponer los aumentos anunciados tanto por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como por la Comisión Federal de Electricidad a efecto de crear las condiciones para mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas.

Es importante revisar el concepto de canasta básica y valorar si su acceso implica realmente generar condiciones de bienestar de las familias que menos tienen.

Asimismo, es imprescindible revisar el funcionamiento de las carreteras de peaje, toda vez que no obstante los altos costos de estas, las condiciones de inseguridad prevalecen en muchas de éstas, asimismo, el deterioro de la infraestructura en las casetas en meses recientes se ha visto reflejado en el aumento de los tiempos tan sólo para circular estas, incumpliendo uno de sus objetivos principales, la reducción de los tiempos y ahorro de combustibles. Por lo anteriormente expuesto y fundado pongo a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal suspenda los incrementos anunciados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a las tarifas en 2023 en autopistas de cuota federal, que implica un incremento del 7.82, aplicable a partir del día 7 de febrero; así como los relativos a las tarifas correspondientes a la red de autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, programadas a partir del 1 de marzo 2023.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal suspenda los incrementos anunciados por la Comisión Federal de Electricidad, así como los relativos a los precios máximos de gas LP.

Nota

1 La canasta básica ¿qué es y para qué sirve?|Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural|Gobierno|gob.mx (www.gob.mx)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023.– Diputada Blanca Alcalá Ruiz (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

SE INVESTIGUEN LOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS EMPRESAS DE GENARO GARCÍA LUNA, DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a investigar de manera exhaustiva y expedita los contratos celebrados entre el gobierno de la ciudad y las empresas de Genaro García Luna durante la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa, a cargo del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Manuel Alejandro Robles Gómez del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como los demás aplicables.

Someto a consideración de esta Honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por la que se exhorta a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a investigar de manera exhaustiva y expedita los contratos celebrados entre el Gobierno de la Ciudad de México y las empresas de Genaro García Luna durante la administración del entonces Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero. En los últimos días, el tema de mayor trascendencia ha sido el de Genaro García Luna y su red criminal que orquestó bajo las órdenes de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y que pusieron al servicio del cártel de Sinaloa.

Segundo. En días pasados, Édgar Veytia, exfiscal de Nayarit declaró que [... la instrucción del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de García Luna era proteger a Joaquín El Chapo Guzmán y al Cartel de Sinaloa. “La línea era (proteger a) El Chapo”] (Camhaji, 2023)

Tercero. Como puede apreciarse, por órdenes de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se creó un Estado corrupto que se convirtió también en un narco estado, puesto al servicio de un cártel y utilizaron a las instituciones de seguridad de la República para perseguir, encarcelar y en algunos casos, acribillar, a los enemigos del cártel de Sinaloa.

Cuarto. Como nunca en la historia de México, se utilizaron a las instituciones del Estado Mexicano para volverlo un instrumento criminal, perdió su imparcialidad y se transformó en un ente parcial al servicio de un grupo de criminales y persecutor de las bandas rivales.

Quinto. En los últimos días se ha revelado que, durante la corrupta gestión del entonces -ahora Senador- Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa, se celebraron contratos entre empresas de Genaro García Luna y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Sexto. En una nota del diario La Jornada, del pasado 10 de febrero, se señala que la Jefa de Gobierno reveló:

“ que son cuatro los contratos a Glac Security Consulting, Technology, Risk Management SC, empresa relacionada con el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, signados con la entonces Procuraduría General de Justicia de la ciudad de México que están bajo investigación.

En conferencia de prensa, la mandataria detalló que en total se giraron órdenes de pago a dicha empresa por un monto de 58 millones de pesos entre el 2016 y diciembre de 2017.” (Alvarado, 2023)

Séptimo. Por su parte, la revista Contra línea refiere:

“ Al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno calderonista, Genaro García Luna tejió una red de corrupción y lavado de dinero compuesta por al menos ocho personas físicas y 44 morales.” (Flores, 2023)

En dicha nota también se menciona que en el gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa, desde la entonces Procuraduría General de Justicia, Genaro García Luna obtuvo contratos millonarios.

Octavo. En consecuencia, es imperioso que se realicen las investigaciones y no debe dejarse en la impunidad la estela de corrupción que dejó Miguel Ángel Mancera Espinosa a su paso por la Ciudad de México.

Por lo tanto, fundado y motivado en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa, a la Fiscalía General de la República a investigar de manera exhaustiva y expedita los contratos celebrados entre el Gobierno de la Ciudad de México y las empresas de Genaro García Luna durante la administración del entonces Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa, a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a investigar de manera exhaustiva y expedita los contratos celebrados entre el Gobierno de la Ciudad de México y las empresas de Genaro García Luna durante la administración del entonces Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Bibliografía

- Alvarado, R. G. (10 de febrero de 2023). La Jornada. Obtenido de Ex PGJ y empresa de García Luna firmaron cuatro contratos: Sheinbaum:

https://www.jornada.com.mx/notas/2023/02/10/capital/ex-pgj-y-emp resa-de-garcia-luna-firmaron-cuatro-contratos-sheinbaum/

- Camhaji, E. (07 de febrero de 2023). El País. Obtenido de Édgar Veytia asegura que Calderón y García Luna ordenaron proteger a El Chapo frente al resto de narcos:

https://elpais.com/mexico/2023-02-07/edgar-veytia-asegura-que-ca lderon-y-garcia-luna-ordenaron-proteger-a-el-chapo-frente-al-resto-de-narcos.ht ml

- Flores, N. (2023). En gobiernos de Calderón y Peña, García Luna robó 745 MDD del erario: UIF. Contra línea, 6.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023.– Diputado Manuel Alejandro Robles Gómez (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Justicia, para dictamen.

EXHORTO A LA COLEGISLADORA, A DESIGNAR A LAS PERSONAS CONSEJERAS QUE OCUPARÁN LAS VACANTES QUE ACTUALMENTE HAY EN EL INAI

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la colegisladora a realizar las acciones que sean necesarias, para designar a las personas consejeras que ocuparán las vacantes que actualmente hay en el INAI, a cargo del diputado Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Juan Carlos Romero Hicks, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República para que realice las acciones que sean necesarias, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, para designar a las personas consejeras que ocuparán las vacantes que actualmente hay en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al tenor de la siguiente:

Consideraciones

1. Según el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción VII señala que la Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.

El mismo precepto constitucional señala que:

a) El organismo garante se integra por siete comisionados.

b) Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley de la materia.

c) El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República.

En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos constitucionales, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante.

d) Los comisionados durarán en su encargo siete años.

e) Los comisionados deberán cumplir con los requisitos previstos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de la Constitución General de la República, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos del título cuarto de esta Constitución y serán sujetos de juicio político.

f) En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género.

1. Actualmente, la composición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) está en riesgo de volverse inoperante, ya que desde el pasado 15 de noviembre del 2022, el Instituto tiene 229 días con un pleno incompleto, ya que por ley debe contar con 7 comisionados, encontrándose integrado actualmente solo por 5.

En este sentido, debemos recordar que en el artículo 33 de la ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establece que para que las sesiones del pleno del Inai sean válidas, se necesita de cuando menos cinco Comisionados, incluyendo a la persona comisionada presidenta.

Es por ello que la actual situación del Inai se complica más, ya que para el mes de marzo del 2023 el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas concluirá su encargo. Por lo que, de no darse por la Cámara de Senadores los nombramientos de los comisionados que debieron llegar en abril de 2022, el Inai quedaría con cuatro integrantes, lo que lo dejaría inoperante.

Para una mejor idea de lo que esta Proposición con Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución pretende, se muestra un cuadro que representa la situación que vive el Inai en su máximo órgano de gobierno:

1. El Senado de la República tiene la importante misión de designar a las personas consejeras faltantes, a efecto de que el Inai pueda cumplir con las obligaciones inherentes a sus cargos.

Dichas funciones o atribuciones son las que establecen las leyes general y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Éstos son los artículos de ambos cuerpos normativos que señalan las obligaciones del Inai y de sus consejeras y consejeros:

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Artículo 41. El Instituto, además de lo señalado en la ley federal y en el siguiente artículo, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Interpretar, en el ámbito de sus atribuciones, esta ley;

II. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito federal en términos de lo dispuesto en el Capítulo I del Título Octavo de la presente ley;

III. Conocer y resolver los recursos de inconformidad que interpongan los particulares, en contra de las resoluciones emitidas por los organismos garantes de las Entidades Federativas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información en términos de lo dispuesto en el Capítulo II, del Título Octavo de la presente ley;

IV. Conocer y resolver de oficio o a petición de los organismos garantes de las Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en el Capítulo III del Título Octavo de la presente ley;

V. Encabezar y coordinar el Sistema Nacional de Transparencia;

VI. Interponer, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal o del Distrito Federal, así como de los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho de acceso a la información;

VII. Promover, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, las controversias constitucionales en términos del artículo 105, fracción I, inciso l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VIII. Establecer y ejecutar las medidas de apremio y sanciones, según corresponda, de conformidad con lo señalado en la presente ley;

IX. Suscribir convenios de colaboración con los organismos garantes de las entidades federativas o con los sujetos obligados, con el objeto de vigilar el cumplimiento de la presente ley y promover mejores prácticas en la materia;

X. Elaborar y presentar un informe anual de actividades y de la evaluación general en materia de acceso a la información pública en el país, así como del ejercicio de su actuación y presentarlo ante la Cámara de Senadores, dentro de la segunda quincena del mes de enero, y hacerlo público, y

XI. Las demás que le confieran esta ley y otras disposiciones en la materia.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo 21. El instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Interpretar, en el ámbito de su competencia, la presente ley y la Ley General;

II. Conocer, sustanciar y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito federal; así como las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia a que se refieren los Capítulos I y II del Título Tercero de esta ley, en términos de lo dispuesto en la Ley General y la presente ley;

III. Conocer, sustanciar y resolver los recursos de inconformidad que interpongan los particulares, en contra de las resoluciones emitidas por los Organismos garantes de las Entidades Federativas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información en términos de lo dispuesto en la Ley General;

IV. Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de las Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en la Ley General;

V. Establecer y ejecutar las medidas de apremio y sanciones previstas en el Título Sexto de la presente ley, según corresponda;

VI. Promover, previa aprobación del pleno, las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales en términos de lo establecido en la Constitución, la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás disposiciones aplicables;

VII. Promover y difundir el ejercicio de los derechos de acceso a la información de conformidad con el programa nacional que en la materia emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la normatividad en la materia;

VIII. Promover la cultura de la transparencia en el sistema educativo en el ámbito federal;

IX. Promover la digitalización de la Información Pública en posesión de los sujetos obligados y la utilización de las tecnologías de información y comunicación, conforme a las políticas que establezca el Sistema Nacional;

X. Capacitar a los Servidores Públicos y brindar apoyo técnico a los sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información;

XI. Establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las condiciones económicas, sociales y culturales del país, de conformidad con el Capítulo II del Título Cuarto de la Ley General;

XII. Elaborar y presentar un informe anual de actividades y de la evaluación general en materia de acceso a la información en el país, así como del ejercicio de su actuación, y presentarlo ante la Cámara de Senadores, dentro de la segunda quincena del mes de enero, y hacerlo público;

XIII. Promover la igualdad sustantiva en el ámbito de sus atribuciones;

XIV. Coordinarse con las autoridades competentes para que en los procedimientos de acceso a información, así como en los medios de impugnación, se contemple contar con la información necesaria en lenguas indígenas para que sean sustanciados y atendidos en la misma lengua;

XV. Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, el derecho de acceso a la información;

XVI. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento sobre la materia de esta ley;

XVII. Promover la participación y colaboración con organismos internacionales, en análisis y mejores prácticas en materia de acceso a la Información Pública y protección de datos personales;

XVIII. Fomentar los principios de gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, accesibilidad e innovación tecnológica en la materia;

XIX. Determinar y, en su caso, hacer del conocimiento de la probable responsabilidad por el incumplimiento de esta ley en caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley, la Ley General y en las demás disposiciones aplicables;

XX. Elaborar su Estatuto Orgánico y demás normas de operación;

XXI. Promover condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho de acceso a la información;

XXII. Denunciar ante las autoridades competentes las presuntas infracciones a esta ley, la Ley General y en su caso, aportar las pruebas con las que cuente;

XXIII. Coadyuvar con el Archivo General de la Nación en la elaboración y aplicación de los criterios para la catalogación y conservación de los documentos, así como la organización de archivos de las dependencias y entidades, y

XXIV. Las demás que le confiera esta ley, la Ley General y otras disposiciones aplicables.

1. La ley federal antes mencionada, establece, de manera general, en los artículos que va del 18 al 20, el proceso para la designación de las consejeras y los consejeros. Para mayor ilustración del pleno de esta soberanía, se transcriben dichos preceptos legales:

Artículo 18. El Instituto estará integrado por siete Comisionados; para su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios y con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al Comisionado que deba cubrir la vacante; garantizando la imparcialidad, independencia y transparencia del proceso.

Este proceso de nombramiento se hará de conformidad con lo establecido en la Constitución, esta ley y el Reglamento del Senado de la República. Deberá iniciarse en un plazo no mayor a sesenta días anteriores a la fecha en que concluya su periodo el comisionado que deje su puesto.

En caso de ocurrir una vacante por alguna circunstancia distinta a la conclusión del periodo para el que fue designado, el nombramiento se hará dentro del improrrogable plazo de sesenta días posteriores a ser comunicada la ausencia.

El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días hábiles. Si el presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de comisionado la persona nombrada por el Senado de la República.

En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del primer párrafo de este artículo, pero deberá obtenerse una votación de al menos tres quintas partes de los miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de al menos las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante.

En la conformación del Instituto se procurará la experiencia en materia de acceso a la información y protección de datos personales, así como la equidad de género.

Artículo 19. Para el nombramiento de las y los comisionados del instituto, el Senado de la República deberá emitir una convocatoria, con el objeto de realizar una amplia consulta pública nacional dirigida a toda la sociedad en general, para que presenten sus postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo.

Artículo 20. El Senado de la República, deberá acordar el procedimiento que se deba llevar a cabo, los plazos que se deban cumplir y en general todos los pormenores del proceso de selección; en donde deberá considerar al menos las siguientes características:

I. Acordar el método de registro y evaluación de los aspirantes;

II. Hacer pública la lista de las y los aspirantes a comisionada o comisionado;

III. Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción en versiones públicas;

IV. Hacer público el cronograma de audiencias;

V. Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a participar a investigadores, académicos y a organizaciones de la sociedad civil, especialistas en las materias de acceso a la información, transparencia, datos personales, fiscalización y rendición de cuentas, y

VI. El dictamen que se presente al pleno a propuesta de los grupos parlamentarios, deberá hacerse público al menos un día antes de su votación.

1. El Reglamento del Senado de la República, en su artículo 230, numeral 1, fracción VIII establece que

Artículo 230

1. En el marco de las atribuciones exclusivas del Senado, son procedimientos especiales los que se refieren al desahogo de las siguientes funciones:

I. a VII. ...

VIII. Realizar las designaciones y conocer de las renuncias y licencias que le competen en términos de la Constitución y las leyes;

IX. a XI. ...

De este numeral parte toda sección del referido reglamento, el cual se transcribe para conocimiento del pleno y que atañe a la designación de los consejeros del Inai de manera tácita y no expresa, ya que no se encuentra contenida en los supuestos del artículo 255, y entonces, conforme al artículo 256 se tiene que hacer la designación conforme a la Sección Séptima que, a continuación, se transcribe:

Sección séptimaDe las designaciones, renuncias y licencias

Artículo 255

1. Conforme lo disponen los artículos relativos de la Constitución, el Senado realiza los nombramientos para los siguientes cargos:

I. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

II. Magistrados de las salas Superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

III. Dos integrantes del Consejo de la Judicatura Federal;

IV. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos e integrantes del Consejo Consultivo de la misma; y

V. Magistrados del Tribunal Superior Agrario y de los Tribunales Unitarios Agrarios.

2. Al Senado le corresponde hacer los demás nombramientos o pronunciarse sobre ellos, conforme lo disponen las leyes respectivas.

3. Cuando en ejercicio de sus facultades el Senado considere la ratificación o no de servidores públicos en un cargo determinado, la comisión o comisiones encargadas deben solicitar la comparecencia de dichos servidores, a efecto de respetar su garantía de audiencia y conocer su interés jurídico respecto a su posible permanencia en el cargo y las razones para ello, a fin de contar con elementos objetivos de juicio para determinar la procedencia o no de las respectivas ratificaciones. En todo caso, el dictamen que se emita deberá fundar y motivar adecuadamente la decisión correspondiente, la que deberá ser notificada a los interesados una vez aprobada por el pleno.

Artículo 256

1. Cuando corresponde al Senado nombrar directamente algún servidor público y no existen disposiciones expresas en la Constitución o las leyes que regulen el procedimiento correspondiente, se está a lo dispuesto por el presente Reglamento.

2. Si así es pertinente, cuando el nombramiento de que se trata se refiere a la sustitución de un servidor público cuyo encargo termina en una fecha específica, la Mesa y las comisiones pueden realizar anticipadamente los procedimientos conducentes para cubrir en tiempo y forma la vacante.

3. Cuando finaliza un período de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, sin que el Senado concluya el trámite de algún nombramiento que sea también competencia de la Comisión Permanente, la Mesa le remite el expediente relativo para los efectos procedentes.

Artículo 257

1. Una vez que se recibe la comunicación oficial sobre una vacante o se actualiza el supuesto jurídico para que el Senado ejerza sus facultades de nombramiento respecto de un determinado cargo público, el Presidente da cuenta al pleno y se procede conforme a lo siguiente:

I. En caso de que la facultad de nombramiento se ejerza a partir de la presentación de propuestas, ya sean uninominales, por ternas o por listas, del Ejecutivo federal o de otro ente público, se turnan junto con los expedientes relativos a la comisión o comisiones a las que por materia les compete dictaminar;

II. Si conforme a la ley las propuestas corresponden a los grupos parlamentarios, se presentan al Presidente de la Mesa para el trámite correspondiente; y

III. En los casos en que una comisión del Senado es la competente para presentar una propuesta, la remite directamente al presidente para que la ponga a consideración del pleno.

2. En todo caso, la comisión o comisiones revisan que las personas que se proponen cumplen los requisitos para el cargo y que se integre debidamente la documentación que lo acredita.

3. De requerirse para integrar una propuesta la consulta a otros entes públicos o la auscultación a sectores u organizaciones de la sociedad, las comisiones responsables las realizan, sea por escrito, mediante convocatoria pública, o cualquiera otra modalidad que se determine pertinente en el acuerdo respectivo.

4. Las comisiones responsables remiten al Presidente la información básica sobre cada persona a considerar, para su publicación en la Gaceta por lo menos veinticuatro horas antes de la sesión en la que el dictamen se someta al pleno.

Artículo 258

1. Cuando un nombramiento lo emite directamente el Senado en los términos del presente Capítulo, el servidor público designado rinde ante el pleno en la misma sesión la protesta constitucional al cargo.

Artículo 259

1. Cuando la Constitución o las leyes prevén la intervención del Senado para aprobar o negar solicitudes de licencia o las renuncias de servidores públicos, el procedimiento se sujeta al ordenamiento relativo y, en lo conducente, a lo que establece este capítulo.

De lo anterior se desprende que el Senado de la República tiene las facultades y atribuciones necesarias para hacer esas designaciones sin que exista impedimento legal alguno.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Senado de la República para que realice las acciones que sean necesarias, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, para que sean designados los consejeros del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta cordial y respetuosamente al Senado de la República para que, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, realice las acciones necesarias para designar a las Personas Consejeras que ocuparán las vacantes que actualmente hay en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Nota

1 Para ilustración del pleno citamos el artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita: Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y no haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento.Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a los trece días del mes de febrero del 2023.– Diputado Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, para dictamen.

EXHORTO A LOS GOBIERNOS DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS, A DIFUNDIR MATERIAL GRÁFICO QUE CONTENGA LA CLASIFICACIÓN DE LA JERARQUÍA DE LA MOVILIDAD

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos de las treinta y dos entidades federativas a difundir material gráfico que contenga la clasificación de la “Jerarquía de la Movilidad”, a cargo de la diputada Alma Delia Navarrete Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, la diputada Alma Delia Navarrete Rivera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguientes

Consideraciones

Históricamente en México y en el mundo, el diseño y planeación de las ciudades han compartido desde siempre una característica en común, que hoy se ha convertido en uno de los más grandes problemas para la seguridad de las personas. Y esto es gracias a la inadecuada planeación de las áreas urbanas que ha favorecido en todo momento a la circulación de los vehículos motorizados. Dejando en segundo término la seguridad de los peatones, proporcionándoles mínimo espacio para llevar a cabo sus desplazamientos.

Hoy la realidad que enfrenta nuestro país es más que delicada, pues debido a este problema se han desencadenado consecuencias que han cobrado la vida de miles de personas. Tan sólo en el año 2021 se reportaron 4 mil 066 víctimas por atropellamientos en todo en México.

En este tenor, se busca dejar en claro que el fenómeno de la movilidad es un tema que nos compete a todos por igual, impactando directamente en la cotidianidad de las y los mexicanos. Por ello, al ser parte de todo un sistema de movilidad, representamos ya sea un riesgo, o una oportunidad para la seguridad y convivencia con otros usuarios.

Si bien es cierto, existen innumerables limitaciones estructurales para los distintos usuarios del sistema de movilidad, que en su mayoría son enfrentados por peatones, ciclistas, motociclistas y qué decir de los grupos en situación de vulnerabilidad; que van desde mujeres embarazadas, infantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Todos ellos expuestos a sufrir algún tipo de siniestro vial, dadas las condiciones físicas, viales, urbanas y hasta culturales, que generan un riesgo al llevar a cabo cualquier tipo de desplazamiento que implique ejercer su derecho a la movilidad.

En este mismo sentido, de acuerdo al informe “Ni una muerte vial 2021” las víctimas fallecidas en México corresponden a 2,579 personas peatonas, 436 a ciclistas y 1,051 motociclistas. Poniendo en tela de juicio, no sólo el erróneo y fallido diseño de nuestras calles, sino también el comportamiento que como usuarios de la vía pública adquirimos al no respetar los reglamentos viales, señalamientos y velocidades, dando pie a este tipo de acontecimientos lamentables.

Asimismo, de los 4 mil 066 víctimas por atropellamiento, se detectó que el 47.2 % de vehículos conducidos por las personas responsables de estos incidentes corresponde a automóviles y camionetas particulares.

Donde el 25% corresponde a camionetas, 22% a autos compactos, 17% a transporte de carga y el 12% a transporte de pasajeros.

Fuente: niunamuertevial.mx

Mostrando así que los vehículos motorizados en sus distintas modalidades reflejan un alto riesgo al salir a las calles. En este sentido, todos los estados de la república han reportado algún tipo de atropellamiento en su territorio a peatones, pero también a ciclistas. Dato que nos permite visualizar lo preocupante y alejado que nos encontramos de la línea de respeto a la movilidad de los peatones y ciclistas.

Como ejemplo, los estados con el alto número de atropellamientos a ciclistas durante el año 2021 corresponden a Guanajuato con 53 casos, Puebla con 31 casos y Tamaulipas con 26 casos.

Mientras que los estados que reportaron un menor número de ciclistas atropellados fueron Nayarit con 2 casos, Guerrero con 3 casos y Morelos con 4 casos, tal como lo expone el siguiente gráfico.

Fuente: niunamuertevial.mx

La figura 2 deja notar la presencia de este tipo de lamentables sucesos en todos los estados del país, reflejando la alarmante situación que enfrenta el territorio que comprende a México. En este sentido resulta importante hacer hincapié en que, lo verdaderamente preocupante es que sigan presentándose este tipo de fenómenos al salir de casa. Y, que el propósito de las acciones y políticas encaminadas a la movilidad y seguridad vial, es lograr 0 siniestros de tránsito que continúen cobrando la vida de miles de personas. Porque todo siniestro vial es prevenible y ninguna muerte más admisible.

Hoy México se encuentra sumando esfuerzos para brindarle a las y los mexicanos sistemas de movilidad más seguros y eficientes, capaces de cubrir las necesidades que dan alcance al cumplimiento de sus derechos humanos.

Tan es así que en año 2020 se logró publicar en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 4o constitucional para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Logrando dar un paso muy importante en materia de movilidad para todas y todos, sin embargo, las acciones encaminadas a este propósito no son suficientes con grabarlo en nuestra Carta Magna, pues se requieren nuevas acciones de manera continua que sustenten su garantía y protección.

Y en este sentido para dotar de formalidad e interés social, se publicó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial el 17 de mayo del 2022. Al interior de esta se pueden encontrar todas las bases y principios que coadyuvarán al cumplimiento del derecho a la movilidad.

En la citada Ley se establece en su artículo 1o fracción I que su objetivo será:

Sentar las bases para la política de movilidad y seguridad vial, bajo un enfoque sistémico y de sistemas seguros, a través del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial y la información proporcionada por el Sistema de Información Territorial y Urbano para priorizar el desplazamiento de las personas, particularmente de los grupos en situación de vulnerabilidad, así como bienes y mercancías, con base en la jerarquía de la movilidad señalada en esta Ley, que disminuya los impactos negativos sociales, de desigualdad, económicos, a la salud, y al medio ambiente, con el fin de reducir muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales, para lo cual se debe preservar el orden y seguridad vial.

Respecto a este objetivo, las y los legisladores tenemos ante nosotros la posibilidad de ofrecer distintas acciones que encaminen la proliferación de esta importante Ley, en las 32 entidades federativas.

En coherencia con lo anteriormente expuesto, existe una medida gráfica que explica de manera categórica, la preferencia que tienen los distintos componentes y medios de transporte que conviven en los sistemas de movilidad. Misma que se divide en 5 niveles descendentes.

De acuerdo al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) los peatones ocupan la parte más alta de la pirámide ya que representan “el modo de desplazamiento más universal y de menor impacto ambiental”.

En segundo término se encuentran aquellos usuarios de la bicicleta y aquellos que optan por mecanismos de transporte no motorizados, como patines, patinetas, etc...

Continúa con el tercer nivel que corresponde al transporte colectivo, o también denominado transporte público, que debido a su capacidad y eficiencia genera distintas opciones para la movilidad de los usuarios.

En cuarto nivel se sitúan los transportes de mercancías, bienes y servicios. Mientras que en el último nivel, se encuentran los vehículos motorizados particulares siendo estos los que representan el modo de transporte menos sostenible de toda la jerarquía de la movilidad.

Toda esta esquematización fue adoptada y adaptada en el artículo 6 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, misma que tiene por objeto ser plasmada en las estrategias de movilidad para mejorar la convivencia de los distintos modos de transporte, así como promover el respeto a peatones, ciclistas y grupos vulnerables. Y de esta manera, permear en el comportamiento de las personas al hacer uso de la vía, y acercar a todas y todos distintas fuentes que nos instruyan a una cultura vial.

LEY GENERAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL

Artículo 6. Jerarquía de la movilidad.

La planeación, diseño e implementación de las políticas públicas, planes y programas en materia de movilidad deberán favorecer en todo momento a la persona, los grupos en situación de vulnerabilidad y sus necesidades, garantizando la prioridad en el uso y disposición de las vías, de acuerdo con la siguiente jerarquía de la movilidad:

Personas peatonas, con un enfoque equitativo y diferenciado en razón de género, personas con discapacidad y movilidad limitada;

Personas ciclistas y personas usuarias de vehículos no motorizados;

Personas usuarias y prestadoras del servicio de transporte público de pasajeros, con un enfoque equitativo pero diferenciado;

Personas prestadoras de servicios de transporte y distribución de bienes y mercancías, y

Personas usuarias de vehículos motorizados particulares.

Siendo el artículo 6o uno de los ejes rectores de la Ley citada, pues a través de esta jerarquía se busca cambiar la realidad inmediata de las y los mexicanos, pues solo con acciones compartidas se podrán materializar los resultados en cada calle, vía y espacio público del país.

Sin embargo, esta y otras metas contenidas en la ley representan un reto para el país, dado que con la reciente aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial aún no se han presentado las condiciones adecuadas para su difusión y conocimiento público, y en este sentido resulta una nueva tarea para las y los legisladores comprometidos con esta materia, pues debemos asumir el compromiso de encaminar y continuar sumando esfuerzos para el establecimiento de esta nueva Ley General, en la realidad de todos los estados del país.

Por ello, esta propuesta exhorta de manera respetuosa a los 32 estados de México para que, a través de la difusión de esta importante herramienta, se disminuyan los siniestros de tránsito y adoptemos el respeto a peatones y grupos prioritarios por encima de los automóviles, en todo momento.

Hoy la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano hace uso de este importante esquema de diseño y planeación llamado “Jerarquía de la movilidad” para transformar las ciudades del país, convirtiéndolas en ciudades sustentables, accesibles, inclusivas y de vanguardia.

Esto sucede a través del Manual de Calles (Diseño vial para ciudades mexicanas) que, de acuerdo al Maestro Román Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, es “El primer documento en México que contiene los ejes rectores para construir calles más humanas que integren las necesidades urbanas, basándose en los criterios de inclusión, resiliencia, seguridad y sustentabilidad” (Meyer, 2019, p.7).

Sin excepción, el objetivo es claro; garantizar el derecho a la movilidad. Porque solo a través de este se podrá asegurar que todas las personas puedan realizar sus trayectos en las condiciones que la Constitución y la Ley General lo demandan.

La jerarquía de la movilidad es una clasificación que facilita determinar el modo de transportarse que tendrá prioridad en el diseño de la calle (al ser más deseable) y cómo se dará la interacción con los otros modos menos deseables. Bajo esta clasificación todas las personas pueden realizar sus viajes en condiciones inclusivas, de seguridad, sustentabilidad y resiliencia; se debe otorgar prioridad a los peatones y conductores de vehículos no motorizados para propiciar un uso más eficiente e incluyente del espacio vial. (SEDATU, 2019, p.62)

En conclusión, con el impulso y difusión de la Jerarquía de la Movilidad estaremos dando un paso más para el reconocimiento público de nuestro nuevo derecho a la movilidad, así como también, se fomentará una cultura de respeto a los usuarios que por décadas han sido desplazados a hacer uso de espacios mínimos y deplorables que solo ponen en riesgo sus vidas en cada trayecto.

De este mismo modo, las personas comenzarán a considerar de forma más seria llevar a cabo sus trayectos con opciones más sustentables para la humanidad y el medio ambiente, con la seguridad de que cualquier modo de transporte le permitirá concluir sus trayectos bajo las condiciones adecuadas.

Pero, sobre todo, con la difusión de la Jerarquía de la Movilidad se pretende lograr sensibilizar a la población en general, para que ningún otro siniestro de tránsito arrebate una vida más, ya que en una sociedad en donde impera la información, el conocimiento y la educación vial, el respeto a los peatones y a grupos vulnerables, estaremos más cerca de entornos sanos y seguros en materia de movilidad.

El respeto y cuidado al desplazamiento de los usuarios de la vía, es tarea de todos; gobierno y ciudadanía.

Y en razón de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las treinta y dos entidades federativas, para que en el marco de sus atribuciones se fortalezcan las acciones de atención y cuidado del derecho a la movilidad, a través de la difusión de la “jerarquía de la movilidad” de manera física, digital u otro medio viable dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, con el objetivo de fomentar la cultura vial y respeto hacia los peatones y grupos vulnerables.

Notas

1. Ni Una Muerte Vial (NUMV) Proceso de conteo de personas atropelladas por siniestros de tránsito. 2021. p.7

2. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. IDAE, ha ilustrado los diferentes actores de la movilidad urbana en forma de pirámide invertida 2021.

a) Archivo UDEM. (12 diciembre 2019). Conoce la pirámide de la movilidad y su importancia. México. Universidad de Monterrey Recuperado de

https://www.udem.edu.mx/es/institucional/noticia/conoce-la-pira mide-de-la-movilidad-y-su-importancia

b) Guerra X. (marzo 2020). Movilidad Sostenible. Ecuador. Escuela Superior Politécnica del Chimborazo Recuperado de

http://cgt.espoch.edu.ec: 8080/moodle/pluginfile.php/1380/mod_resource/content/2/M%C3%93DULO%20MOVILIDAD% 20SOSTENIBLE.pdf

c) Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. (13 abril 2021). La pirámide de la movilidad urbana. España. Es movilidad Recuperado de

https://esmovilidad.mitma.es/noticias/la-piramide-de-la-movilid ad-urbana

d) Ni una muerte vial. (2019). Informe de peatones y ciclistas fallecidos en México. México. Céntrico. Recuperado de

http://www.niunamuertevial.mx/wp-content/uploads/ 2020/11/informe-NUMV-2019.pdf

e) Portal Automotriz. (14 enero 2020). ¿Sabes qué es la Pirámide de la Movilidad? México. Portal Automotriz Recuperado de ¿Sabes qué es la Pirámide de la Movilidad? (portalautomotriz.com)

f) Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2019). Manual de calles. Diseño vial para ciudades mexicanas. México. BID. SEDATU. Recuperado de

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/509173/Manual_de _calles_2019.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a los trece días del mes de febrero del 2023.– Diputada Alma Delia Navarrete Rivera (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Movilidad, para dictamen.

FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PARA LA ATENCIÓN EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos estatales, a la Ssa y la FGR a investigar y fortalecer los programas para la atención en los centros de rehabilitación, a cargo de la diputada Mónica Becerra Moreno, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Mónica Becerra Moreno, y las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II; y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al a los gobiernos estatales, a la Secretaría de Salud y la Fiscalía General de la República para que se investiguen y fortalezcan los programas para la atención en los centros de rehabilitación, al tenor de lo siguiente:

Consideraciones

En nuestro país, el tema de las adicciones se ha convertido en uno de los principales problemas de salud en todas las edades y los diversos sectores de la población.

Aunque se cuentan con diversas políticas de salud en materia de adiciones, únicamente se enfocan en la prevención, aunque han servido de apoyo para reducir el número de personas afectadas por estas cuestiones, es importante que se le den seguimiento a los centros de rehabilitación clandestinos que existen en toda la República. Hoy en día, existe un gran problema por parte de todos los estados pues la falta de supervisión y la poca importancia que se les da, ocasionan diversos delitos como tortura, violaciones, lesiones y en el peor de los casos, homicidios.

Muchas de las personas que internan a sus familiares no cuentan con los recursos económicos, ni información o un listado para saber si son clínicas clandestinas u oficiales, por lo tanto, los dejan con toda la confianza creyendo que se les brindará el tratamiento médico adecuado, sin pensar que esos lugares no cuentan con instalaciones apropiadas, seguimiento médico profesional, servicios y necesidades básicas para las personas y solamente van a recibir malos tratos y diversas violaciones a sus derechos humanos.

Al momento en que las autoridades competentes no le dan seguimiento a los centros de rehabilitación, las instalaciones empiezan a tener falta de higiene, sobrepoblación, falta de capacitación de los operadores y diversos problemas adicionales que hacen que exista un incremento en el precio.

En México, existe la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) misma que tiene como misión poder contribuir a la protección de la salud de los mexicanos, a través de la conducción de la política nacional en materia de prevención y tratamiento de las adicciones que garantice el acceso a un sistema de salud integrado y universal dirigido a prevenir y atender los problemas derivados del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas.

La misma Comisión se encarga de darle seguimiento a las denuncias presentadas por los ciudadanos y cuentan con la línea telefónica del Centro de Atención Ciudadana contra las Adicciones (Ceciadic) 01800 911 2000, el mismo tiene como fin conocer y darles seguimiento a quejas sobre el manejo médico, científico, higiene, conducta, capacidad y calidad en las denominadas “granjas”.

Para todo lo anterior, es importante que los ciudadanos sepan que existe este teléfono, que se le dé la promoción adecuada y con ello, garantizaríamos que las personas sean internadas en centros de rehabilitación registrados ante la Secretaría de Salud y que cuenten con todos los lineamientos para dar los tratamientos adecuados.

Es importante la promoción de dicha línea telefónica para que los centros clandestinos sean clausurados y se eviten mayores violaciones a derechos humanos.

De igual manera, se tiene que hacer mayor promoción sobre el Directorio de los Centros de Atención Primaria en Adicciones y residenciales, el último directorio fue publicado el 30 de noviembre de 2022, sin embargo, en los municipios y comunidades muchas veces no cuentan con acceso a internet para saber cuáles son los centros que cumplen con lo dispuesto en la Norma Oficial NOM-028-SSA2-2009 para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, la normatividad vigente y aplicable, y, si las personas tienen acceso a dicha información, podrían internar a sus familiares en los lugares adecuados.

Supervisar detalladamente las denuncias, los informes, las clínicas, así como el ingreso, egreso y tratamiento de los usuarios, servirá para que estos tengan un trato digno y realmente podamos hablar sobre una reinserción social y una rehabilitación, para dar cumplimiento a todo lo anterior, es importante que las autoridades competentes realicen las actividades y actuaciones correspondientes para garantizar los derechos de las personas.

Por lo anteriormente descrito, y con fundamento en las disposiciones señaladas, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. - La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los titulares de la Secretaría de Salud Federal y de las entidades federativas para que fortalezcan los programas que existen con relación a los centros de rehabilitación tanto clandestinos como oficiales y que se garanticen los derechos de las personas internadas.

Segundo. - La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al titular de la Secretaría de Salud para que, en conjunto con la Comisión Nacional contra las Adicciones realicen una mayor promoción a la línea telefónica para denunciar las irregularidades en los centros de rehabilitación clandestinos y que tengan el seguimiento correspondiente de dichas denuncias.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, y garantizando el principio de división de poderes, al titular de la Fiscalía General de la República, para que, en el ámbito de su competencia, realice las gestiones necesarias para que todas las denuncias presentadas por algún delito ocurrido dentro de los centros de rehabilitación clandestinos sigan el proceso penal correspondiente.

Notas

1 https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/que-hacemos

Palacio Legislativo de San Lázaro, febrero de 2023.– Diputada Mónica Becerra Moreno (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Salud, para dictamen.

EXHORTO A LA SE Y EL IMPI, A INICIAR EL PROCESO DE REGISTRO PARA QUE LOS TACOS DE CANASTA CUENTEN CON UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SE y el IMPI a iniciar el proceso de registro para que los tacos de canasta cuenten con una denominación de origen, a cargo de la diputada Dulce María Silva Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe diputada Dulce María Silva Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena de la Cámara de Diputados, en la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79 y de más aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados. someto a consideración de este Pleno de la H. Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que inicien el proceso de registro para que los tacos de canasta cuenten con una denominación de origen, al tenor de las siguientes

Exposición de Motivos

Los tacos de canasta son una popular preparación culinaria mexicana y dentro de las variedades que existen, hay una que se distingue en particular, el recipiente y el vehículo en que son transportados, los tacos de canasta.

El Estado de Tlaxcala es famoso por ser lugar de origen de esta variedad de tacos que tienen origen por los años 50, el municipio de san Vicente es conocido como la cuna del taco de canasta; el municipio de San Vicente cada año se celebra anualmente la “Feria del Taco de San Vicente Xiloxochitla” cada primer domingo de diciembre desde hace 12 años.

Como primera edición de este festival se presentó al ciudadano Marcial Balderas como el taquero más antiguo de la localidad, ya que fue uno de los iniciadores de este distinguido oficio portando la tradicional canasta, recipiente de salsa a los costados y su bicicleta, trasportando su mercancía dio inicio a una de las más grandes tradiciones que caracteriza la zona centro de la República Mexicana.

El 80 por ciento de las familias se dedican a este oficio, que desde hace más de 30 años se ha dedicado a la elaboración y venta de este típico alimento, para los mexicanos los tacos son una tradición que tenemos arraigada en el corazón, suaves, fritos, chicos, y rellenos, nuestro país toma la tortilla y la transforma en un manjar.

En el año 2010, la gastronomía mexicana fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Gracias a esto, se enalteció que la cocina en México sea considerada elemento crucial de identidad nacional, debido a su historia, creatividad, diversidad y trascendencia.

En este tenor, como originaria y representante del Estado de Tlaxcala, se realice el debido proceso para otorgar la denominación de origen a los tacos de canasta, así como el tequila, café, mezcal, el pan de Acámbaro Guanajuato cuyas características propias debidas al medio geográfico en el que se producen se les otorgo dicha denominación.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La H. Cámara de Diputados exhorta, respetuosamente a la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que inicien el proceso de registro para que los tacos de canasta cuenten con una denominación de origen.

Segundo.- Que una vez concluido el proceso de denominación de origen, se reconozca el Estado de Tlaxcala como creador de los famosos tacos de canasta y que sean una tradición culinaria de nuestro país.

Bibliografía

https://foodandtravel.mx/tacos-de-canasta-tradicion-sobre-ruedas /

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/10/cual-fue-el-or igen-de-los-tacos-de-canasta-en-mexico/#:~: text=La%20venta%20 de%20los%20tacos,capital%20del%20taco%20de%20canasta.

https://www.gob.mx/epn/es/articulos/la-cocina-mexicana-patrimoni o-cultural-inmaterial-de-la-humanidad#:~: text=La%20Cocina%20Tradicional%20de%20M%C3%A9xico,un%20factor%20de%20desarrollo %20comunitario

Dado en el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero del 2023.– Diputada Dulce María Silva Hernández (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, para dictamen.

SE PROHIBAN Y EVITEN TODO TIPO DE ACCIONES Y EXPERIMENTOS DE GEOINGENIERÍA EN EL TERRITORIO NACIONAL

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a distintas dependencias federales a tomar las medidas necesarias a fin de que prohíban y eviten todo tipo de acciones y experimentos de geoingeniería en el territorio nacional, a cargo de la diputada Adriana Bustamante Castellanos, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Adriana Bustamante Castellanos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXV legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta Honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas Dependencias federales para tomen las medidas necesarias para que prohíban y eviten todo tipo de acciones y experimentos de geoingeniería en el territorio nacional, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera.- La geoingeniería o ingeniería climática es un conjunto de prácticas que buscan la modificación deliberada del clima terrestre bajo pretexto de combatir los efectos del calentamiento global. Los promotores de estas prácticas afirman que es posible contrarrestar los efectos del cambio climático, por ejemplo, en la geoingeniería solar, a través de la emisión de gases a la atmósfera como: dióxido de azufre y sulfato de aluminio, entre otros, para con ello bloquear la entrada de los rayos solares disminuyendo supuestamente la temperatura de una determina región. Sin embargo, no existen estudios sólidos que respalden su eficiencia y al contrario hay suficientes estudios que demuestran impactos negativos y contraproducentes, asociados con la liberación de dichos componentes.

Un escaneo de impactos realizado a un selecto grupo de expertos identificó siete cambios potenciales en la biodiversidad y los ecosistemas como los de mayor riesgo y complejidad. Los cambios identificados se asocian con las técnicas de gestión de la radiación solar, las cuales están dirigidas a restringir la entrada de radiación de onda corta con el fin de reducir la temperatura superficial promedio a escala global; sin embargo, argumentan los expertos, éstas producirían cambios en las condiciones climáticas regionales cuyos efectos ecológicos son complejos y difícilmente predecibles.

Segunda.- Si bien, la experimentación científica es necesaria para el progreso de la humanidad esta debe hacerse en estricto apego a la legalidad y a la ética. No puede realizarse sin pensar en los efectos tanto a corto como largo plazo que puede tenerse en contra de las poblaciones y el medio ambiente en general. No hay hasta el momento ningún sustento científico sólido que nos permita considerar que se trata de elementos que efectivamente permitirán reducir los impactos del Cambio Climático y que además no provocan impactos ambientales negativos o que sus consecuencias podrían ser más dañinas que benéficas.

La experimentación en materia de geoingeniería pareciera más bien otra trampa del neoliberalismo y los peores intereses capitalistas para continuar contaminando el planeta y lavar sus culpas a través de una falsa promesa de que a través de estas tecnologías se ha encontrado la solución a los problemas que su ambición ha ocasionado al planeta.

Tercera.- Es profundamente inquietante que en pasados días se realizaron dos experimentos en Baja California, México, en las que se liberó dióxido de azufre desde globos meteorológicos, para impedir que el calor del sol llegue a la tierra. Este experimento estuvo a cargo de los empresarios de Make Sunsets, quienes operaron sin haber solicitado ningún permiso a las autoridades nacionales y de las comunidades de los alrededores. ni para sus actividades empresariales, ni mucho menos para desarrollar experimentos de geoingeniería solar.

Esto, más allá de los hechos de ilegalidad y del injusticia ambiental muestra una actitud neocolonialista por parte de los responsables de emplear territorios del sur global para que sean ellos quienes carguen con los costos asociados a posibles fallas y riesgos de la experimentación científica, ya que la misma experimentación no cuenta con todas las autorizaciones para realizarse en el país de origen de dicha empresa. Esta actitud de soberbia y ventajismo recuerda a las prácticas de experimentación racial realizadas durante la era de la segregación racial o era Jim Crow a principios del Siglo XX.

Cuarta.- Es menester mencionar que los mecanismos internacionales como el Protocolo de Montreal se oponen a la realización de dichos experimentos y que, al contrario, instan a seguir los principios de máxima protección y precaución al tratarse de la liberación deliberada de aerosoles a la atmósfera.

Así mismo, el Convenio de la Biodiversidad Biológica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estableció en 2010 una moratoria aún vigente contra el despliegue de la geoingeniería; porque a la fecha, no existen acuerdos internacionales que permitan o supervisen estas manipulaciones climáticas. Tampoco existe sustento científico alguno que las avale como tecnologías alternativas para enfrentar los impactos del cambio climático.

Por último, el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo dispone que con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Asimismo se consideran medidas que se adoptan en casos donde no existe certeza científica sobre el impacto que pueda tener una actividad en el medio ambiente.

Como legisladores conscientes y comprometidos con el bienestar sustentable de nuestro país hay que sumarnos a las acciones emprendidas por el gobierno para garantizar la protección al medio ambiente y a las comunidades que hoy viven los efectos adversos al cambio climático, no siendo presas del oportunismo y falsas promesas de un supuesto avance tecnológico que encubre las responsabilidades de la mayor crisis existencial de nuestra humanidad, la cual es el cambio climático.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que se realicen los estudios y las investigaciones pertinentes; así como, su divulgación a la población, sobre los riesgos e impactos ambientales que representa la implementación de la geoingeniería y su experimentación.

Segundo.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que, en colaboración con el Conacyt, hagan públicos los riesgos sanitarios y ambientales de la experimentación con geoingeniería en nuestros centros de educación superior y en nuestro territorio nacional.

Tercero.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Judicial de la Federación a que, con respeto a su autonomía sensibilice a los Magistrados y jueces sobre los riesgos e impactos ambientales que representa la implementación de la geoingeniería en nuestro territorio, para que prevalezcan los derechos y el bienestar de las comunidades del país.

Cuarto.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que dentro de sus atribuciones legales, realice las acciones necesarias a fin de evitar futuras experimentaciones con la geoingeniería solar, toda vez que comprometen la seguridad, el medio ambiente y la salud de los mexicanos.

Quinto.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Medio ambiente y Recursos naturales en conjunto con la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados, para que convoquen a distintos foros de parlamento abierto con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los riesgos ambientales de los proyectos de geoingeniería; además, de que permita legislar de forma urgente a fin de prohibir su indebida experimentación en el territorio nacional.

Notas

1. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0 188-45572012000200008

2. https://www.revistaciencia.amc.edu.mx/online/IngenieriaClimatica.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a 14 de febrero de 2023.– Diputada Adriana Bustamante Castellanos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

SE REVISE LA POSIBLE CANCELACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LA AUTOPISTA MAZATLÁN-CULIACÁN, A CARGO DE LA CONCESIONARIA AUTOPISTAS Y LIBRAMIENTOS PACÍFICO NORTE, SA DE CV

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT y a Capufe a revisar la posible cancelación de la concesión de la autopista Mazatlán-Culiacán, a la concesionaria Autopistas y Libramientos Pacífico Norte, SA de CV, por el aumento desmedido en la cuota de peaje, a cargo de la diputada Nancy Yadira Santiago Marcos, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Nancy Yadira Santiago Marcos, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar atentamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), para que en el ámbito de sus respectivas facultades y competencias revisen la posible cancelación de la concesión de la autopista Mazatlán-Culiacán a cargo de la concesionaria “Autopistas y libramientos Pacífico Norte, S. A. de C.V” por el aumento desmedido en la cuota de peaje para el presente año o en su caso implementar mecanismos de supervisión para que el concesionario cumpla con mantener en óptimas condiciones la autopista, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El derecho humano a la movilidad y seguridad vial, es un derecho humano que recientemente se reconocido en nuestro país. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce este derecho en su artículo 4o:

“Artículo 4o.-

...

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.”

El 17 de mayo de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, misma que en su artículo 1o considera las condiciones de inclusión e igualdad como principios rectores:

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto en el párrafo décimo séptimo del artículo 4o. y 73, fracción XXIX-C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad vial, y tiene por objeto establecer las bases y principios para garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Como parte de la política pública del gobierno mexicano y con el objetivo de construir una mejor y eficiente red carretera que brinde servicio a los ciudadanos, existen carreteras públicas y concesionadas. Las carreteras concesionadas están avaladas por una concesión, de la cual podemos entender lo siguiente: “un acto mediante el cual el Estado otorga a un particular el derecho a prestar un servicio público y a explotar bienes del dominio público, durante un tiempo determinado, sujeto a diversas condiciones que pretenden preservar el interés público”

Dentro de los servicios de movilidad, la movilidad terrestre es de las más utilizadas por las y los mexicanos, a lo largo y ancho del territorio nacional. En México, la red nacional de autopistas y carreteras está construida por 407,959 km, de las cuales 51,197 pertenecen a la red federal, 10,614 son de cuota y 356.762 son caminos alimentadores o estatales, caminos rurales o brechas.

En este sentido, en el Estado de Sinaloa una de las autopistas con mayor tránsito en el estado es la autopista Culiacán – Mazatlán, que tiene 181.500 km y está a cargo de CAPUFE.

Recientemente, la SICyT publicó el comunicado en el que se anunció el aumento de las cuotas de peaje para las autopistas concesionadas, el comunicado explica que el aumento corresponderá a el 7.82% correspondiente a la inflación anual, mismo que será aplicado a partir del 1o de marzo de 2023.

Sin embargo, para la carretera Culiacán – Mazatlán el incremento llegó sorpresivamente el mismo 7 de febrero del presente año y con un porcentaje de incremento de 40.47%.

Ante la inconformidad de los sinaloenses por el incremento desmedido, se pone en tela de juicio la capacidad de la empresa concesionaria al elevar los costos y no dar el mantenimiento adecuado, ya que por años la carretera presenta graves problemas de baches. Por lo que se incluyen algunos testimonios:

En 2019: El chófer Gamaliel Barajas, de Autotransportes Unidos de Sinaloa, aseguró que desde que sale de Culiacán o de Mazatlán, tiene que esquivar los hoyos que presenta la cinta asfáltica de la carretera de cuota.

En 2021: La autopista Mazatlán-Culiacán, tras las lluvias, está llena de baches.

Es conocido que uno de los principales problemas de las autopistas de cuota involucra procesos de reequilibrio financiero motivados por sobrecostos e inversiones adicionales a las previstas en la fase de construcción, sin embargo, los impactos de estos procesos se trasladan de manera injustificada al usuario, dejándolo sin la posibilidad de hacer valer el derecho a la movilidad en condiciones de igualdad e inclusión.

Por ello se pide a la SICyT y a la titular de CAPUFE una revisión del título de concesión para determinar si la empresa concesionaria ha realizado los cambios necesarios y suficientes en su proceso de gestión, que se traduzca en beneficio a los usuarios.

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley de Caminos, puentes y Autotransporte Federal, las concesiones y permisos podrán revocarse por causa de no cumplir con los términos de la concesión y reincidir en la aplicación de tarifas superiores a las autorizadas o registradas.

“Artículo 17.- Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes:

I. No cumplir, sin causa justificada, con el objeto, obligaciones o condiciones de las concesiones y permisos en los términos establecidos en ellos;

II. a IV. ...

V. Reincidir en la aplicación de tarifas superiores a las autorizadas o registradas;

...”

Lo que ha sucedido tras el conocimiento del comunicado 027-2003, en donde se anuncia un aumento de 7.82% y lo que se aplica anticipadamente es un incremento desmedido, lo que da un indicio de abuso en prejuicio de los usuarios.

Actualmente la autopista se encuentra en malas condiciones, por lo que la propia empresa concesionaria (Autopistas y Libramientos Pacífico Norte, S.A. de C.V o IDEAL), no ha cumplido con las condiciones de seguridad, confort y costos de operación razonables.

Aunado a lo anterior, en el artículo 38 de la Ley General de Movilidad y Seguridad vial, establece las auditorías e inspecciones a la infraestructura y seguridad vial, para identificar que se cumplan los principios establecidos en la Ley en comento.

El incremento registrado desde el 7 de febrero, es una condición que lacera la economía de las y los sinaloenses, implica un alza en los servicios que afecta a los miles de usuarios que utilizan la autopista.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de la Secretaría de Infraestructura y Transportes y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que revisen la posible cancelación de la concesión de la autopista Mazatlán-Culiacán a cargo de la concesionaria “Autopistas y libramientos Pacífico Norte, S. A. de C.V” por el aumento desmedido en la cuota de peaje para el presente año o en su caso implementar mecanismos de supervisión para que el concesionario cumpla con mantener en óptimas condiciones la autopista.

Notas

1. CPEUM.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

2. DOF (2022). Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5652187&fecha=17/ 05/2022#gsc.tab=0

3. Infraestructura carretera. (2022)

https://www.revistainfraestructura.com.mx/infraestructura-carret era-en-mexico/#:~: text=En%20el%202020%2C%20la%20extensi%C3%B3n,y%2010%2C614%20km%20son%20autopist as.

4. https://www.elsoldesinaloa.com.mx/incoming/en-mal-estado-autopista-mazatlan-cul iacan-3324526.html

5. https://www.noroeste.com.mx/mazatlan/la-autopista-mazatlan-culiacan-tras-las-ll uvias-esta-llena-de-baches-YC1352515

6. Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/27_011220.pdf

7. https://www.gob.mx/sct/prensa/informa-sict-actualizacion-de-tarifas-2023-en-aut opistas-de-cuota-federal-luego-de-un-ano-sin-incremento

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023.– Diputado Nacy Yadira Santiago Marcos (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

EXHORTO A LA SICT, A VERIFICAR LOS TIEMPOS DE LOS ENTREGABLES DE AVANCE DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ABRAHAM GONZÁLEZ DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la SICT a verificar con base a lo establecido en el Programa Maestro de Desarrollo 2021-2025, los tiempos de los entregables de avance de la obra relativa a la ampliación del Aeropuerto Internacional Abraham González, de Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del diputado Daniel Murguía Lardizábal, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Daniel Murguía Lardizábal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1 y el artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones1

Las instalaciones de los aeropuertos siempre deben estar en condiciones óptimas, máxime porque prestan servicios fundamentales para traslado de las personas y de las mercancías que fomentan y agilizan el comercio exterior. A medida que las economías locales, regionales o nacional se van expandiendo es necesario que los servicios aeroportuarios se expandan simétricamente.

El aeropuerto Internacional Abraham González de Ciudad Juárez, Chihuahua entró desde hace algunos años, en un proceso de ampliación, y en donde las obras de la misma, al momento, presentan pocos avances.

Es importante mencionar que, la concesión del aeropuerto en comento se otorgó en el año de 1998, al Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A. de C.V., Grupo OMA, por un periodo de 50 años, donde el objeto de la concesión es administrar, operar y explorar el aeropuerto. Este Grupo Aeroportuario informó que para las ampliaciones del aeropuerto se aprobó su Programa Maestro de Desarrollo para el periodo 2021.2025 por parte de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el objeto de que se pudiera contar con una expansión del aeropuerto. No obstante, en abril del 2022, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) hizo alusión a que la ampliación del Aeropuerto Internacional Abraham González, obra que está realizando el Grupo Aeroportuario del Norte, conocido como Grupo OMA, y en la cual a la fecha de hoy se han invertido cerca de 294 millones de pesos, se encuentra en muy mal estado . Además, comentó que la inversión para el Aeropuerto de Ciudad Juárez para el periodo de 2021-2025 es de 1,184 millones de pesos, de los cuales 428 serán destinados a la ampliación y remodelación del Edificio terminal. Los avances, señaló, sólo representan el 54% de la obra. Asimismo, el presidente de la Canacintra, se manifestó por abrir a la competencia una concesión para otro aeropuerto.

Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Juárez, también hizo referencia a la mala imagen que da a los inversionistas y turistas que arriban a la ciudad para hacer negocios “el trato que están recibiendo los pasajeros y también nuestros visitantes, que están viniendo por intereses de inversión y de hacer negocio, se llevan una muy mala imagen, es el peor aeropuerto en ese sentido administrado por OMA”.

Aunado a lo anterior, el pasado 24 de enero del presente, el Grupo Aeroportuario del Centro Norte, publica en el Diario Oficial de la Federación las nuevas tarifas de Uso de Aeropuerto (TUA) Nacional e Internacional para los usuarios que hagan uso las concesionarias que opera a partir del 4 de febrero; siendo la del aeropuerto de Ciudad Juárez una de las tarifas más caras de los trece que enlistan en el mismo decreto.

Tarifas de uso de aeropuerto nacional e internacional aplicables a partir del 4 de febrero de 2023 para el Aeropuerto de Cd. Juárez

Notas

Estos precios no incluyen IVA

La Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) internacional está expresada en dólares de los Estados Unidos de América

Lo anterior, ha provocado un malestar general de parte de los usuarios mismos que manifiestan que las condiciones actuales del aeropuerto no son las adecuadas y que la actualización de tarifas tanto del TUA como las del propio estacionamiento son desproporcionadas al servicio prestado.

La demora en la obra es indiscutible. En una declaración del año 2021 de parte del Grupo Aeropuerto multicitado, señalaba que la obra tenía un retraso considerable y que sería hasta mediados del 2022 que cuando el aeropuerto funcionaría plenamente, lo que no ha sucedido.

Las recurrentes quejas sobre los espacios y los tiempos de espera son una constante dentro de los usuarios y que la misma OMA reconoce, pero que evade pese a sus declaraciones de que “el proyecto contempla desarrollar una nueva imagen con una estructura funcional y agradable, con nuevos y amplios espacios, nuevas fachadas, con el objetivo de mejorar la experiencia del pasajero”.

En ese sentido, un grupo de asociaciones civiles han sugerido que se apliquen las fracciones X y XVI de la Ley de Aeropuertos y se le retire la concesión al Grupo Aeroportuario del Norte. Dichas fracciones señalan lo siguiente:

Art. 27.- Serán causas de revocación de las concesiones y permisos, las siguientes:

I. a IX. ...

X.- No cumplir con las obligaciones de conservación y mantenimiento del aeródromo civil;

XI. a XV. ...

XVI. En general, incumplir cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta Ley, sus reglamentos y en el título de concesión o permiso respectivos, siempre que por el incumplimiento se haya impuesto una sanción y ésta haya quedado firme en términos de ley

Es por lo anterior y por el beneficio de las y los usuarios nacionales e internacionales que se debe contar con un informe claro y trasparente que dé certeza en cuanto a los avances y plazos establecidos para terminar los trabajos de obra relativos a la ampliación del Aeropuerto Internacional Abraham González de Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del Grupo Aeroportuario del Norte, OMA; y que en el caso de ser necesario se aplique lo que en la legislación se establece.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto a la consideración de esta Honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a que, de conformidad con sus facultades, tenga a bien verificar con base a lo establecido en el Programa Maestro de Desarrollo 2021-2025, los tiempos de los entregables de avance de la obra relativa a la ampliación del Aeropuerto Internacional Abraham González de Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del Grupo Aeroportuario del Norte, OMA; toda vez que se han manifestado diversas inconformidades de parte de los usuarios por las condiciones actuales en las que opera el Aeropuerto.

Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para que, se revise y en su caso, se apliquen las disposiciones conducentes en la Ley de Aeropuertos y demás correlativas al incumplimiento de las obligaciones establecidas para las concesiones o permisos otorgados por el Estado.

Notas

1. Se toma sustancialmente información del Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Daniel Murguía Lardizábal publicado en Gaceta Parlamentaria, año XXV, número 6140-III, martes 25 de octubre de 2022

2. Visto en

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/archivos- may-a-dic-2016/aeropuerto-de-cd-juarez.pdf octubre de 2022

3. Visto en

https://ir.oma.aero/wp-content/uploads/2021/10/OMA_ PMD_2021_2025_vf.pdf octubre de 2022

4. El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el 20 de octubre de 2021 decreto que modifica la denominación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por el de Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

5. Visto en

https://diario.mx/juarez/al-54-trabajos-en-aeropuerto-20220405-1 916359.html octubre de 2022

6. Visto en

https://netnoticias.mx/juarez/buscan-ejercer-presion-a-oma-por-r emodelacion-de-aeropuerto/ octubre de 2022.

7. Visto en:

https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5677669

8. Visto en

https://netnoticias.mx/juarez/se-retrasa-remodelacion-del-aeropu erto-de-ciudad-juarez/ octubre de 2022

9. Visto en

https://nortedigital.mx/exigen-empresarios-cancelacion-de-conces ion-de-aeropuerto-a-oma-por-atrasos-en-remodelacion/ octubre 2022

10. Visto en

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/15_200521.pdf Octubre 2022

Dado el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023.– Diputado Daniel Murguía Lardizábal (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para dictamen.

SE IMPLEMENTEN ACCIONES PARA COMBATIR LA DEFORESTACIÓN Y LA TALA ILEGAL EN LA ZONA BOSCOSA DE MEXCALTEPEC, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y a su homóloga en el estado de Puebla a implementar coordinadamente las acciones necesarias para combatir la deforestación y la tala ilegal en la zona boscosa de Mexcaltepec, municipio de Ixtacamaxtitlán, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la Honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y de la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla, a implementar coordinadamente las acciones necesarias para combatir la deforestación y la tala ilegal en la zona boscosa de Mexcaltepec, en el Municipio de Estado de Puebla, a fin de garantizar la protección del ecosistema y el derecho de la población a un medio ambiente adecuado, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Proteger los ecosistemas y biodiversidad de nuestro planeta es incuestionablemente prioritario, en la visión de un escenario de calidad de vida básico para la humanidad y en aras de un futuro sostenible, o quizás de la posibilidad misma de un futuro, para las siguientes generaciones.

Consciente de ello, la población de la zona boscosa de Mexcaltepec y Tepexoxuca, en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, viene advirtiendo desde hace ya varios años y con mayor alarma hoy en día sobre la problemática que representa la tala clandestina de árboles en estas localidades.

La preocupación y el fuerte descontento social no son para menos: denuncian que la tala irregular de miles de árboles, realizada en la comunidad de Mexcaltepec, comenzó desde hace 15 años, lo que ha provocado la merma del agua, pues hasta el año pasado se cortaron más de 14 mil pinos que eran indispensables para generar el líquido... así mismo que ha desencadenado la sequía de tres manantiales que abastecían a las juntas auxiliares aledañas y que de seguir así los siete manantiales que hay en este municipio se secarán y será perjudicial, ya que no cuentan con pozos o ríos que abastezcan a los ciudadanos a parte de estas fuentes.

Pese a que también existen permisos para realizar esta actividad de manera regulada en el área, lugareños manifiestan que los procesos de tala clandestina tienen al menos diez años, y es preocupante pues en la región también hay numerosas concesiones mineras que amenazan el medio ambiente, siendo concretamente hace al menos un año que los defensores del bosque empezaron a reconocer una intensificación de la tala, tanto legal como ilegal.

La situación está trascendiendo de un problema medioambiental a uno también de carácter social, pues en hechos más recientes, se han suscitado incluso enfrentamientos entre defensores del bosque y quienes realizan ilícitamente dicha actividad.

La deforestación y la tala ilegal constituyen un profundo daño contra la naturaleza, contra el medio ambiente y los ecosistemas, recursos cada vez más preciados ante la inminente amenaza de la pérdida de biodiversidad.

De acuerdo con la organización no gubernamental WWF, tan solo en los últimos 13 años, la deforestación ha arrasado 43 millones de hectáreas en todo el mundo, acabando con bosques y selvas de forma masiva y causando un inmenso daño a la calidad de los suelos. Los bosques todavía cubren alrededor del 30 por ciento de las regiones del mundo, pero franjas del tamaño de Panamá se pierden indefectiblemente cada año, señala en su último informe Frentes de deforestación; causas y respuestas en un mundo cambiante, publicado en 2021 por esta organización internacional independiente dedicada a la defensa de la naturaleza y el medio ambiente.

Autoridades ambientales líderes en el mundo también alertan, en el estudio denominado El estado de los bosques del mundo (FAO-PNUMA, 2020), que la crisis de la Covid-19 ha puesto de relieve la importancia de conservar y utilizar de manera sostenible los recursos naturales, reconociendo que la salud de las personas está vinculada a la salud de los ecosistemas.

Proteger y salvaguardar los recursos naturales y forestales es tema crucial en la agenda de las naciones, en el pacto mundial contra el cambio climático en cuyo marco, el Estado Mexicano, a través de los diferentes órdenes de gobierno, tiene el compromiso de trabajar; esto es, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, metas globales que se espera que guíen las acciones de la comunidad internacional entre 2016 y 2030, en los cuales los bosques son importantes para la sostenibilidad de los ecosistemas terrestres.

Además de garantizar a los habitantes de las diferentes comunidades afectadas el cuidado de su entorno ambiental, urge hacer valer el estado de legalidad, que se castigue la tala clandestina y se hagan efectivos los mecanismo para salvaguardar los derechos de la población, por lo que desde este espacio se hace un llamado a las instancias dedicadas al cuidado y protección del medio ambiente, para que se vigile la actividad de tala en la zona boscosa del municipio de Ixtacamaxtitlán, en el Estado de Puebla; que se castigue a los responsables de la actividad ilegal que está repercutiendo en la deforestación de la zona y se evite un mayor conflicto social.

No puede prevalecer esta situación en la que por el beneficio económico de unos cuantos, quede empeñado el bienestar y futuro del ecosistema y de comunidades enteras.

Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y de la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla, a intensificar y fortalecer las acciones coordinadas necesarias para la protección del ecosistema, el combate a la deforestación y a la tala ilegal en el Bosque de Mexcaltepec, así como para la sanción de los responsables de esta última en el Municipio de Ixtacamaxtitlán, Estado de Puebla.

Notas

1. https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/tala-clandestina-seca-manantiales-de-ixt acamaxtitlan-puebla-9507756.html

2. https://www.ladobe.com.mx/2023/02/defensores-del-bosque-denuncian-tala-clandest ina-en-ixtacamaxtitlan/

3. https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/deforestacion

4. https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/informe-de-l a-onu-medida-que-los-bosques-del-mundo

5. https://www.fao.org/3/ca9825es/ca9825es.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023.– Diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para dictamen.

EXHORTO A REALIZAR PATRULLAJES WEB, PARA IDENTIFICAR Y DENUNCIAR LOS RETOS VIRALES QUE PONEN EN RIESGO LA VIDA DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

«Proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Policía Cibernética Federal y sus unidades homólogas de las 32 entidades federativas, a realizar patrullajes web de manera permanente, a fin de identificar y denunciar los retos virales que están poniendo en riesgo la vida de los niños y adolescentes, a cargo del diputado Raymundo Atanacio Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe diputado Raymundo Atanacio Luna, integrante del grupo parlamentario de Morena en la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la a la Policía Cibernética federal así como a sus Unidades homologas de las 32 Entidades federativas, realizar patrullajes web de manera permanente, con el fin de identificar y denunciar los retos virales, que están poniendo en riesgo la vida de los niños y adolescentes.

Exposición de Motivos

Que la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, estimó que el año pasado había 88.6 millones de personas usuarias de internet, lo que representó 75.6 por ciento de la población de seis años o más.

Que el grupo que concentró el mayor porcentaje de personas usuarias de internet fue el de la edad de 18 a 24 años, con una participación de 93.4 por ciento.

Que en el año 2022, la Guardia Nacional, identificó alrededor de 500 incidentes de menores mexicanos, derivados de este tipo de retos.

Ante estas cifras, se requiere poner mayor atención de las autoridades cibernéticas así como de los padres y madres en el ámbito digital, ya que no existe en internet un riesgo con más impacto negativo en los niños y adolescentes que los retos virales.

El impacto social que están causando estos retos a través de las redes sociales se deben hacer del conocimiento de las autoridades y ciudadanía para estar al tanto de este tipo de hechos y otras actividades inadecuadas realizadas a través de medios tecnológicos, redes sociales y plataformas digitales.

Los retos online que están teniendo mayor participación de los niños y adolescentes bajo la apariencia de simples juegos entre amigas y amigos, se han convertido en situaciones de enorme riesgo que producen lesiones graves o incluso la muerte.

Como el reto más reciente conocido como el reto clonazepam o el que se duerma al último, gana. Un desafío convertido en viral en las redes de TikTok desde principios de enero, mismo que ha puesto en riesgo la vida de las y los menores, pues consiste en que los jóvenes toman estos ansiolíticos y esperan a que se produzcan sus efectos, el ganador del reto, como indica el propio nombre del desafío, es el último que se duerme.

Pero así como este, existen más retos virales para niños y adolescentes, muy conocidos por los graves daños e impacto que han causado como lo son:

1. La ballena azul

Uno de los juegos virales que más conmoción y alarma social han causado. Los administradores dan una serie de tareas a completar por los jugadores. Algunas de ellas incluyen hacerse cortes. La última misión de este juego es el suicidio.

2. Momo

Igual que la ballena azul, consiste en superar pruebas que en ocasiones llevan al menor a autolesionarse e incluso inducen al suicidio, a la vez que aterroriza a los más pequeños.

3. Balconing

Este reto es, quizás, el más conocido. Se trata de lanzarse a una piscina desde un balcón o terraza. Arriesgando la integridad física e incluso la vida por superar a otros. Cada año se contabiliza alguna muerte a causa de este reto.

4. Tide Pod Challenge

Consiste en comer, cocinar o morder cápsulas de detergente como si fueran dulces.

5. The Shell Challenge

Se basa en comer cualquier alimento o producto con su propio envoltorio o cáscara. Como por ejemplo, un huevo, naranja...

6. Juego de la asfixia

Consiste en inducirse el desmayo por medio de la asfixia intencionada. El objetivo es conseguir una sensación placentera de verdadera euforia.

7. Train surfing

Juego extremo en el que el objetivo es grabarse mientras se viaja por fuera de un tren. Sujetándose en los costados, debajo de las ruedas, en el techo...

8. El juego de la muerte

Consiste en asfixiar a otra persona hasta que esta cae inconsciente, grabarlo en video y subirlo a redes sociales. Es uno de los retos virales de moda entre los adolescentes. Dejar sin oxígeno un cerebro puede ocasionar convulsiones, daños neuronales irreparables e incluso la muerte.

9. Vodka en el ojo

Consiste en verter vodka dentro del ojo por la creencia de que el alcohol llega antes al torrente sanguíneo a través de las venas oculares. El objetivo es embriagarse lo más rápido posible.

Esta teoría, además de ser absurda, provoca inflamación y coagulación de los vasos sanguíneos oculares. Ya que el ojo no tiene un revestimiento, como el estómago, para protegerse.

10. Hot water challenge

Consiste en arrojar agua ardiendo a alguien mientras está totalmente desprevenido.

Un joven de 15 años resultó herido gravemente cuando su amigo le lanzó agua hirviendo mientras dormía.

11. Flaming cactus challenge

Se trata de comerse un cactus en llamas. A la vez puedes beber cerveza para evitar el sabor y sobre todo para no quemarte.

12. Cockroach challenge

Es otro de los retos de moda que invita a los usuarios a fotografiarse con cucarachas en la cara.

13. El abecedario del diablo o abecedario chino

Consiste en que un niño rasca el dorso de la mano a otro mientras este recita las letras del abecedario de la A a la Z y dice una palabra que comienza con cada letra. A cada palabra la ‘rascada’ es mas fuerte, acabando la mayoría de las veces con heridas graves que dejan marcas y cicatrices para toda la vida.

Además de los retos virales en redes sociales, existen otros riesgos en el ámbito digital como son:

1. In My Feelings Challenge

Reto que incita a bajarse de un coche en marcha y bailar. Miles de personas se sumaron a este desafío, entre ellas decenas de famosos, que ayudaron a viralizarlo. Sin duda una práctica peligrosa para la seguridad vial

2. Knockout

Consiste en atacar a un peatón cualquiera por la calle, golpearlo y dejarlo inconsciente mientras se graba. Todo ello con el objetivo de compartirlo en redes sociales.

3. Reto de la canela

En 2012 se puso de moda tragar una cucharada de canela en polvo. ¿El resultado? Jóvenes sufriendo colapsos pulmonares, irritaciones de garganta y problemas respiratorios. El objetivo es expulsar la canela por boca y nariz, una acción llamada “el aliento del dragón”. El problema es que al consumir esta especia sin ningún líquido y de manera acelerada, provoca daños en los pulmones y otros órganos.

4. Neknomination

El objetivo es emborracharse con licor, realizar alguna acción peligrosa y luego retar a otra persona a hacerlo. Una competición para ver quién supera a quién. Fue muy popular hasta que varias personas fallecieron por su causa.

5. Ice and salt Challenge

Consiste en poner sal en la piel para luego presionarlo con hielo. La combinación produce una reacción química que hace descender la temperatura del hielo provocando quemaduras de segundo y tercer grado.

6. Reto del fuego

¿Qué hay más peligroso que unir alcohol y fuego? Este reto consiste en rociarse alcohol por el cuerpo y prenderse fuego cerca de una piscina o bañera para poder apagarlo pronto. Varios jóvenes han sufrido quemaduras graves.

7. Condom Challenge

Quizás hayáis visto algún vídeo donde arrojan sobre la cabeza de algún joven un condón lleno de agua. Al no romperse, la cara se queda atrapada dentro del condón como si fuera una pecera. Es como ponerse una bolsa de plástico y asfixiarse solo.

Temeridad y ganar notoriedad, son los factores principales que llevan a los jóvenes a participar en este tipo de retos que se viralizan a través de las plataformas digitales.

Los retos se presentan en forma de juegos online, unos juegos para grabar en video y compartirlos en internet.

Un camino rápido para integrarse y adquirir fama y popularidad dentro del mundo digital y su entorno social.

Algo que en muchas ocasiones ciega a los menores de edad y no les deja ver los riesgos reales que asumen al hacerlo.

Es en ese sentido la necesidad de que la Policía Cibernética, monitoreé y realice de manera permanente patrullajes web, con el fin de preservar un entorno digital seguro y resiliente para los niños y jóvenes al tiempo de promover una cultura de la denuncia de posibles delitos cibernéticos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a esta Honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único.- la Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Policía Cibernética federal así como a sus Unidades homologas de las 32 Entidades federativas, realizar patrullajes web de manera permanente, con el fin de identificar y denunciar los retos virales que están poniendo en riesgo la vida de los niños y adolescentes.

Referencias

https://gaptain.com/blog/retos-virales-peligros-en-internet/

https://www.infoem.org.mx/es/contenido/noticias/regulaci%C3%B3n- de-redes-sociales-es-tarea-que-se-debe-de-atender-en-conjunto

https://ciberseguridad.ift.org.mx/reporte_ciudadano.php

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2023.– Diputado Raymundo Atanacio Luna (rúbrica).»

Se turna a la Comisión de Seguridad Ciudadana, para dictamen.